Comunicaciones oficiales
De la Comisión Permanente, por el que se convoca a periodo de sesiones extraordinarias
Declaratoria de apertura del periodo de sesiones extraordinarias
Informe del presidente de la Comisión Permanente, sobre los motivos del periodo extraordinario
Oficio de la Mesa Directiva, con turno de la minuta de telecomunicaciones y radiodifusión
De la Comisión Permanente, con licencias concedidas
Dictamen de las Comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión
Declaratoria de publicidad y dispensa de trámites
Presentación de mociones suspensivas
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
María Sanjuana Cerda Franco, PNA
Luisa María Alcalde Luján, PMC
Federico José González Luna Bueno, PVEM
Agustín Miguel Alonso Raya, PRD
Eligio Cuitláhuac González Farias, PRI
Votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados
Votación de los artículos reservados, todos en términos del dictamen
Declaratoria de clausura del periodo de sesiones extraordinarias
El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 377 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado José González Morfín (11:39 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José González Morfín: Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Orden del día
Oficio de la Comisión Permanente.
Declaratoria de instalación de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para funcionar durante el periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.
Himno Nacional.
Informe del Presidente de la Comisión Permanente.
Comunicaciones Oficiales
De la Mesa Directiva
De la Comisión Permanente
Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno
Declaratoria de publicidad de dictamen
De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión, con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Comisión Permanente y a la Convocatoria para celebrar el periodo de sesiones extraordinarias.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Para los efectos correspondientes, remito a ustedes copia de decreto aprobado por la Comisión Permanente en sesión de esta fecha, por el que se convoca a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a celebrar sesiones extraordinarias, mismas que iniciarán el martes 8 de julio de 2014.
Firma, senador Raúl Cervantes, presidente.
Decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a celebrar un periodo de sesiones extraordinario.
Artículo primero. Con fundamento en los artículos 67 y 78, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, que funciona durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, convoca a la Cámara de Diputados a celebrar un periodo de sesiones extraordinarias.
Artículo Segundo. Las sesiones extraordinarias a que se refiere el presente decreto se realizarán a partir del 8 de julio de 2014. La apertura de las mismas se efectuará a las 11 horas del mismo día.
Artículo tercero. Durante el periodo de sesiones extraordinarias, la Cámara de Diputados se ocupará de resolver los siguientes asuntos:
1. Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Y que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
2. Protesta de ciudadanas diputados y ciudadanos diputados.
3. Acuerdos de los órganos de gobierno.
Artículo cuarto. La Presidencia de la Mesa Directiva convocará a sesiones en las fechas que sean necesarias, a fin de atender los asuntos previstos en el artículo tercero del presente decreto.
Artículo quinto. La Cámara de Diputados realizará la correspondiente clausura del periodo de sesiones extraordinarias una vez que se haya resuelto el procesamiento legislativo del proyecto de decreto, motivo de esta convocatoria, en los términos de lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo sexto. Conforme a lo dispuesto en el artículo quinto de este decreto, la declaratoria de clausura podrá realizarse mediante notificación del presidente de la Mesa Directiva dirigida a las diputadas y diputados.
Artículo séptimo. De conformidad con el artículo 72, inciso j), párrafo último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, DF, a 7 de julio de 2014. Firma senador Raúl Cervantes Andrade, presidente. Y el diputado Juan Pablo Adame Alemán, secretario. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente diputado José González Morfín: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, hoy, 8 de julio de 2014 se declara legalmente instalada para funcionar durante el periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura a que fue convocada por la Comisión Permanente.
El Presidente diputado José González Morfín: Procederemos a entonar nuestro Himno Nacional.
(Himno Nacional)
El Presidente diputado José González Morfín: La Mesa Directiva comunicará por escrito al Ejecutivo federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores y a la Comisión Permanente que esta Cámara ha quedado legalmente instalada para funcionar durante el periodo de sesiones extraordinarias.
El Presidente diputado José González Morfín: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la segunda parte del artículo 69 constitucional, pido a la Secretaría dar lectura al informe del senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Comisión Permanente, sobre los motivos y razones que originaron la convocatoria al periodo de sesiones extraordinarias.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Informe del presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a que obliga el párrafo primero del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Con fundamento en lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por su digno conducto, me dirijo a la Cámara de Diputados para informar acerca de los motivos y razones que originaron la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados que inician el 8 de julio de 2014, lo que manifiesto en los siguientes términos:
1. Durante la sesión del 7 de julio de 2014, la Comisión Permanente recibió de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, una comunicación sobre el acuerdo alcanzado en la construcción de una agenda de asuntos a abordar, con la solicitud a esa asamblea de convocar a la Cámara de Diputados a un segundo periodo de sesiones extraordinarias durante el segundo receso del segundo año de la LXII Legislatura.
El acuerdo de referencia establece el desahogo del procedimiento legislativo de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión; así como la toma de protesta a ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados y aprobación de acuerdos de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados.
2. En la sesión de la Comisión Permanente de fecha 7 de julio de 2014, se aprobó la convocatoria a un periodo de sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados a partir del 8 de julio del año en curso.
3. El decreto aprobado por la Comisión Permanente establece que durante el periodo de sesiones extraordinarias la Cámara de Diputados se ocupará de los siguientes asuntos.
Primero. Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Segundo. Protesta de ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados.
Tercero. Acuerdos de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados.
4. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados convocará a sesiones en las fechas que considere oportunas, a fin de atender los asuntos antes descritos.
5. La Cámara de Diputados realizará la correspondiente clausura del periodo de sesiones extraordinarias una vez que se haya resuelto el procesamiento legislativo del proyecto de decreto que motiva la convocatoria en los términos de lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
6. La declaratoria de clausura se podrá realizar mediante notificación del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dirigida a las diputadas y los diputados integrantes de la LXII Legislatura.
Con lo anterior, doy cumplimiento a lo que me obliga el primer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Atentamente, senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Comisión Permanente.
Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Insértese en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado José González Morfín: Le pido a la Secretaría dar lectura al oficio de la Mesa Directiva por el que se comunica el turno de la minuta con proyecto de decreto.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Honorable asamblea. Esta Presidencia informa que con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el día 5 de julio del año en curso turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión, para dictamen; y, a las Comisiones Especiales de Agenda Digital y Tecnologías de la Información y Comunicación, para opinión, la siguiente
Minuta con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría con la comunicación de las licencias concedidas por la Comisión Permanente.
La Secretaría diputada Merilyn Gómez Pozos: Secretarios de la Cámara de Diputados, para los efectos correspondientes hago de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha el pleno de la Comisión Permanente aprobó el siguiente
Acuerdo
Único. Se concede licencia a la diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, para separarse de sus funciones legislativas a partir del 26 de junio del 2014.
Firma el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, Vicepresidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Llámese a la suplente.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Secretarios de la Cámara de Diputados, presentes, para los efectos correspondientes hago de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha el pleno de la Comisión Permanente aprobó el siguiente
Acuerdo
Único. Se concede licencia a la diputada Leonor Romero Sevilla, para separarse de sus funciones legislativas a partir del 26 de junio del 2014.
Firma el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, Vicepresidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Llámese a la suplente.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules el dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión con el proyecto de decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad. En virtud de que se ha cumplido con el requisito de declaratoria de publicidad, consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si autoriza que el dictamen antes referido se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Se autoriza.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión...
El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (Desde la curul): Pido la palabra.
El Presidente diputado José González Morfín: Déjeme continuar con el trámite, ahorita le doy la palabra.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Le están solicitando la palabra, Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es el dictamen con proyecto de decreto por el que expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Dígame, diputado Martínez Rojas, con qué objeto.
El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (desde su curul): Muchas gracias, Presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Se trata de lo siguiente: quisiera leerle un pequeño oficio que le voy a hacer llegar, una solicitud de excusa en esta discusión y votación por conflicto de interés.
Dice así este oficio: “Las telecomunicaciones y la radiodifusión son un medio estratégico para el crecimiento y desarrollo de México, ya que representan un sector fundamental en el crecimiento y avance tecnológico de nuestro país.
“Por tal razón, no debe de ser un tema menor y muchos menos que deba ser abordado en menoscabo del deber y la integridad de todos los actores quienes estamos involucrados intrínsecamente con dicha tarea.
“Es así como, siendo congruente con los principios que demanda el Partido de la Revolución Democrática y haciendo eco del mismo y para evitar incurrir en conflicto de interés que se deriva de actividades profesionales de negocios y/o familiares ajenas a la función legislativa y con base en lo dispuesto por el artículo 8, fracción XI, párrafo primero de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el artículo 8, fracciones VI y VII del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito se me excuse de participar en la discusión, votación y en su caso aprobación de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones.
“Esto a razón de que al provenir de una familia integrada al sector de la radiodifusión en el estado de Morelos, no veo prudente participar por motivo de mi cargo como legislador en cualquier forma en la resolución de asuntos en los que tenga interés personal y/o familiar, pero también.
Pero también a su vez solicito pueda exhortar de manera atenta a aquellos legisladores que se encuentran en situaciones similares, y que bueno, ya se han ventilado a medios de comunicación, pero que considero necesario volver a señalar como el diputado Federico José González Luna Bueno, quien tiene un currículum impresionante en medios de comunicación, como es representante de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la CIRT; asesor jurídico de la CIRT, accionista de algunas empresas.
También la diputada Laura Ximena Martel Cantú, quien en 2011 fungió como prosecretaria del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
O el diputado Antonio Cuéllar Sttefan, quien es ex director jurídico de Televisa.
El diputado Javier Orozco Gómez, del Partido Verde, quien es abogado general de Televisa y en 2002 fungió como presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
El diputado Enrique Cárdenas del Avellano, presidente del Consejo de Administración; director general y accionista de la Organización Radiofónica Tamaulipeca.
El diputado Patricio Flores Sandoval, quien es secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, similares y conexos, Sitatyr de la República Mexicana, con plaza además en Televisa.
El diputado Rubén Acosta, quien de 2001 al 2004 fungió como director general ejecutiva de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Cofetel, y en 2010 fue apoderado legal de Pegaso Movistar.
O la diputada Mónica García de la Fuente, asesora jurídica del Grupo Televisa; protesorera del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
El diputado Jorge Mendoza Garza, quien del 94 al 2006 fue vicepresidente ejecutivo de información, asuntos públicos de Televisión Azteca; del 2002 al 2004 presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
O el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera, quien en el 2008-2009 fue director de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación.
Abrevié algunos de los currículum de estos compañeros diputados para no hacer tan larga esta exposición, pero sí le pediría que siendo congruente, precisamente con lo que este Reglamento de la Cámara de Diputados marca en cuestión de conflictos de interés para legislar, hagan lo propio como un servidor que va a tener que, muy a mi pesar, a no participar en esta discusión tan importante en un sector estratégico para el desarrollo del país, y que como yo adelantaba, durante la aprobación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones en mi participación, se está convirtiendo en una tomadura de pelo gigantesca como se ha venido demostrando en estos últimos días.
Entonces, presidente, le pediría que hiciera ese exhorto de la manera más respetuosa y que, siendo congruentes con lo que marca la Constitución, pues los compañeros se retiraran también de la misma discusión, para que esto estuviera lo más neutral posible y se vieran intereses de los ciudadanos, intereses de la comunicación en México, de los grupos que han sido marginados en la reforma de telecomunicaciones, y no el interés corporativo y empresarial de algunas empresas que van a ser beneficiadas, especialmente Televisa, tal y como va a pasar –y como se ve que va a pasar– en esta reforma de telecomunicaciones. Presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Por lo que se refiere a su escusa quedará asentado que así fue en el Diario de los Debates. A las otras se les dará el trámite que se les ha dado, a todas las que se han recibido.
La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Roxana Luna Porquillo. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?
La diputada Roxana Luna Porquillo (desde la curul): Diputados y diputadas, buenos días. El día de ayer en la reunión de Comisiones Unidas de Radio y Televisión, y de Comunicaciones, en uso de la voz solicité a los compañeros diputados que ya mencionaron se excusarán de la discusión para dar certeza y además no se violente lo que establece el Reglamento de la Cámara y la ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Y lo planteé en el sentido de que no era una situación que tenía que ponerse a discusión, sino una cuestión de ética y de responsabilidad que tienen todos los diputados, como el derecho de garantizar que se transparenten todos los procedimientos de la Cámara de Diputados.
Es por eso que nuevamente le hago el llamado a mis compañeros diputados, para que puedan reflexionar y además garantizar que no sigan representando con quienes han venido trabajando y reconocer la posición que asume mi compañero en excusarse de esta discusión. Esto debieran hacer todos, y todos los diputados, los 13 que ya fueron mencionados. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Su intervención formará parte del Diario de los Debates. Para fundamentar el dictamen por la comisión se concede el uso de la tribuna al diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado. ¿Sí está anotado? Dígame, diputado Manuel Huerta, ¿con qué objeto?
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sí, presidente. Gracias. Es para preguntarle públicamente de la gestión que realicé ayer, porque conociendo las leyes y conociendo la falta de la ética de algunos ciudadanos diputados de la telebancada, de Televisa, que he denunciado a 13 de ellos de esta Cámara, yo sé la ley y le he solicitado a usted y usted es hombre de leyes, que se interviniera conforme la Ley de Servidores Públicos para que la Contraloría investigue, según es lo que pienso.
Yo quisiera que usted me informara el trámite que le ha dado a la gestión que he hecho. Es el momento en que yo puedo saber de su voz qué es lo que está ocurriendo.
El Presidente diputado José González Morfín: Sí, diputado. Las dos solicitudes que se recibieron formalmente en la Mesa Directiva al respecto fueron turnadas a la Contraloría de la Cámara de Diputados. Una de ellas es la de usted.
Tiene la palabra el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, para fundamentar el dictamen por las Comisiones.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Con su venia, diputado presidente. Antes de iniciar el posicionamiento con relación y la presentación de este dictamen, quisiera nada más antes de que inicie este reloj solicitar la tolerancia, dado que se trata, desconocía que sólo de cinco minutos y creo que es una legislación secundaria en la que además me brindan la oportunidad de hablar a nombre de ambas Comisiones. Por lo tanto apelo a la tolerancia de esta Presidencia.
El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto, diputado, y también le anticipo que esta Presidencia será tolerante con todos los demás que intervengan en el debate.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, presidente. Quisiera recordar hace un poco más de un año, en el que como Congreso de la Unión aprobamos una reforma constitucional. Era junio de 2013, en el que con la solidaridad como Constituyente Permanente; es decir, en plena conjunción de Senado de la República y Cámara de Diputados y la mayoría de las Legislaturas locales rompíamos un paradigma, con la intención de llegar a una competencia efectiva en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión.
Fuimos tan explícitos en aquella reforma constitucional, en la que los transitorios nos marcaban la guía de la legislación secundaria. Hemos tenido oportunidad de trabajar sobre ella. No quisiera hablar de que el plazo para la emisión de esta legislación feneció desde el pasado 9 de diciembre de 2013.
En representación de las comisiones unidas nos gusta ver las cosas en el buen sentido, en cómo poder avanzar y cómo seguir construyendo.
Hoy presentamos ante este pleno un dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Comunicaciones, en la que me honro presidir, y la Comisión de Radio y Televisión, que preside nuestro compañero Federico González Luna. De igual modo, este dictamen recibe las dos opiniones de las comisiones especiales, ambas favorables, tanto la presidida por el diputado Juan Pablo Adame, como por la diputada Ana Lilia Garza.
Agradezco a todos los integrantes de las comisiones mencionadas por el esfuerzo realizado, no el día de ayer en la aprobación de este dictamen, sino el esfuerzo realizado posterior a la reforma constitucional para tratar de llegar a lo que el día de hoy presentamos: una ley convergente de telecomunicaciones y de radiodifusión.
Quisiera recordar que con la aprobación del día de hoy vamos a abrogar una Ley Federal de Telecomunicaciones que tiene 19 años de haberse publicado, y una Ley Federal de Radio y Televisión de 54 años de haber estado en vigor. Obvio, sobra decir, que las comunicaciones en este país y la manera de transmitir los mensajes se ha modificado, sería cerrar los ojos ante una realidad.
¿Cómo aprovechar las nuevas tecnologías para ser más justo este país? ¿Cómo aprovechar las nuevas tecnologías para generar una equidad en la educación? ¿Cómo generar estas nuevas tecnologías para que tengamos más competidores?
Reconocimos en ese momento que había simetrías entre los agentes económicos. Facultamos al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que en un plazo de 180 días realizara determinadas acciones, entre ellas, la determinación de cuáles serían los agentes económicos preponderantes.
En marzo de este año, el Instituto Federal de Telecomunicaciones que, cabe mencionar, sin excusas de esperar una ley secundaria convergente, tomando como base el mandato constitucional, derivado tanto de la fortaleza del propio decreto como de los transitorios que lo componen, tomó una determinación y tenemos dos agentes económicos preponderantes en este país, en este momento.
Ése es el primer reflejo de que lo realizado por este Constituyente Permanente lleva una misión, el tratar de terminar con esas asimetrías que se tienen en este país y generar una competencia efectiva, como tenían que realizarse las cosas.
Quisiera recordar, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de igual modo, tendrá atribuciones para la determinación de aquellos agentes económicos que tienen poder sustancial, eso sí conforme al análisis de los mercados relevantes.
La Ley de Amparo precisa de manera muy clara cuáles son las atribuciones que se tienen sobre el particular, y los agentes económicos que se han sentido afectados por las resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones se han pretendido defender conforme a las propias atribuciones que nosotros les mandatamos, pero obvio, sin suspensión, porque así fue el acuerdo de este Congreso de la Unión, pero eso no significa que no estén impugnadas las resoluciones y que tenemos que ser muy cuidadosos en que la norma secundaria, efectivamente, fortalezca las decisiones, que con toda valentía ha tomado el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Una de las grandes conquistas es la creación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, organismo público descentralizado de la administración pública federal y no sectorizado. Este nuevo ente no está sectorizado a ninguna de las Secretarías de Estado, es no sectorizado con la independencia que todos estamos buscando en su conformación.
En el mismo proceso requeríamos determinar beneficios inmediatos para los ciudadanos, para todos aquellos que nos trajeron aquí a defenderlos.
La reforma constitucional hablaba, de manera general, de los derechos de los usuarios. Parecía simple y sencillamente una buena intención, una intención de avanzar, había que ponerlo en blanco y negro.
Hemos fortalecido en esta ley convergente, indiscutiblemente, los derechos de los usuarios, para que conozcan qué derechos tienen. Pero podemos ejemplificar todos y cada uno de ellos en los que los ciudadanos pueden analizar a detalle los beneficios que reciben, pudiendo dentro, sobre todo, de la telefonía móvil, el poder generar una dinámica que les ayude a cada uno de ellos.
De manera muy general podemos hablar, la portabilidad numérica que será gratuita y podrá realizarse en un plazo de 24 horas. O en su caso, que el agente preponderante debe dar a los usuarios, sus competidores, roaming obligatorio.
Se impulsa la producción nacional de contenidos. Se establecen medidas para combatir la discriminación, principalmente de género.
Una lucha que tuvimos aquí es el cuidado a la niñez. No me dejarán mentir que fueron horas y horas de debate pensando en el cuidado y la protección de la población infantil de este país.
Fuimos sumamente claros y enfáticos en el cuidado de los contenidos de telecomunicaciones y radiodifusión para proteger el daño que se causa a la población infantil.
Por tal motivo, hay la posibilidad de la suspensión precautoria por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones cuando se violente el derecho de los usuarios o se afecte la población infantil.
Ése sí es un cambio de fondo, un cambio que está, primero, fortaleciendo al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que proteja debidamente lo que consume la niñez.
Quisiera, por último, señalar que el día de hoy va a haber oportunidad de un gran debate. Sé y estoy convencido que será un debate honesto. Un debate que piensa primero en el país y primero en los mexicanos. Un debate que lucha por tener una competencia efectiva en telecomunicaciones y radiodifusión. Un debate que construya. Un debate que efectivamente luche contra los monopolios. Un debate que busque que exista una verdadera competencia en este país que nos ayude a crecer, pero que al mismo tiempo el ciudadano tenga la oportunidad de recibir beneficios inmediatos.
Eso es lo que el día de hoy las Comisiones de Comunicaciones y Radio y Televisión ponemos a consideración de todos ustedes y del cual pedimos su apoyo. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen.
El Presidente diputado José González Morfín: Le informo a la asamblea que se han presentado cuatro mociones suspensivas; les voy a dar el uso de la voz a los cuatro y después consultaremos a la asamblea si se admiten a discusión.
En primer término tiene la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, para presentar su moción suspensiva.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Legislar sin reflexión, sin un debate exhaustivo es perder la oportunidad histórica de reivindicar el papel del Estado como regulador del desarrollo nacional, es renunciar a los preceptos constitucionales y debilitar al Estado en lugar de fortalecerlo.
La reforma constitucional del 11 de junio de 2013 constituyó en su momento un paso trascendental para regular los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como para generar las bases de un marco regulatorio que además de fomentar la competencia en esos mercados, promoviera el respeto de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información.
Con la reforma a nuestro texto constitucional, el Estado mexicano recuperó la capacidad de rectoría económica de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, hasta entonces controlados por dos conglomerados que por décadas han explotado un bien de la nación, las telecomunicaciones.
La minuta enviada por el Senado de la República para su discusión en comisiones dictaminadoras de Comunicaciones y de Radio y Televisión da cuenta de la manera en que se pretenden violentar los derechos fundamentales de los mexicanos. Es lamentablemente un completo retroceso a esta reforma constitucional de la que hablamos.
Hoy presentamos una moción suspensiva por considerar el procedimiento violentado y que la Junta de Coordinación Política sin dejar de reconocer que en su momento hizo un acuerdo para hacer valer que el Senado respetara a esta Cámara y no cerrara su sesión hasta no tener la minuta o el dictamen aprobado de la Cámara de Diputados; ahora se extralimita en sus funciones y en sus facultades haciendo un acuerdo en donde norma la vida interna el proceso parlamentario de las comisiones e impone una camisa de fuerza al debate.
El acuerdo de la Junta de Coordinación Política publicado el viernes 4 de julio del año en curso, viola los artículos 70, párrafos primero, segundo y cuarto; 71, fracción IV, párrafo segundo y 72, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación con los artículos 188, 189, 190 y 191 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Dicho acuerdo, con la fundamentación que contiene en los artículos 70, párrafo tercero de la Constitución Federal; 31 numeral 1, 33 y 34 numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, no acredita de ninguna manera la facultad de normar el proceso parlamentario de las comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados. En estas condiciones el Congreso de la Unión tiene facultades legislativas abstractas, amplias, impersonales e irrestrictas consignadas en la Constitución.
La expedición de leyes y el procedimiento para hacerlo es facultad del órgano legislativo y no de la Junta de Coordinación Política que, con nula fundamentación, pretende normar la vida parlamentaria de lo que ya está reglamentado y es de observancia obligatoria.
El acuerdo multicitado, además de no cumplir con una fundamentación, tampoco cumple con la aprobación de la mayoría de sus integrantes –lo explico-. De dicho documento se desprende que de los siete miembros que supuestamente lo suscriben, tres lo firman por ausencia y uno no lo firma, por lo que la mayoría de los coordinadores parlamentarios no estuvieron presentes para poder tomar una determinación que evidentemente es indebida y viola la Constitución, las leyes que rigen el Congreso General y la Cámara de Diputados. Es decir, se comete una arbitrariedad con falta de quórum.
La Jucopo carece de funciones legislativas y, por consiguiente, no está facultada para establecer procedimientos para el trámite que se le debe dar a una minuta proveniente del Senado de la República en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
En efecto, las facultades que se le otorgan en los artículos 70, párrafo tercero de la Constitución Federal; 31 numeral 1, 33 y 34 numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, no la facultan para expedir acuerdos reglamentarios sino su facultad atañe a aquéllas cuestiones que permiten el adecuado ejercicio de su función como órgano conformador de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios.
En este orden de ideas, la Junta de Coordinación Política –insisto- no está facultada para normar tareas parlamentarias de las comisiones ordinarias. Más aún en el trámite de asuntos que son de su competencia, por lo que los miembros de las comisiones se encuentran constreñidos a observar las disposiciones legales aplicables, pero de ninguna manera subordinados a la Jucopo en el desarrollo de su actividad.
Se reitera que la Jucopo no debe alterar el procedimiento establecido en las leyes y reglamentos que rigen la vida interna del funcionamiento de las comisiones ordinarias, asumiendo funciones de orden legislativo que no le corresponden.
Lo que implica cancelar la discusión en lo particular en comisiones, es impedir la confrontación de ideas de la minuta, pues aun cuando la ley secundaria se recupera,–como se dijo en la Colegisladora letra por letra la definición de preponderancia, quedan en omisión absoluta las reglas que permitirían –ésa es la gran ausencia de esta norma secundaria- que el órgano regulador estableciera límites a la concentración de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica.
Son tres aspectos los que estaban llamados a ser los instrumentos idóneos para una regulación eficiente de los mercados que están ausentes en esta ley secundaria que se nos quiere presentar como un gran avance en los derechos de la información cuando no tiene estos tres aspectos fundamentales.
No se quiso entender que la preponderancia es una figura que se introdujo en el texto constitucional para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pudiera, en lo inmediato, meter en cintura a los consorcios en ambos sectores mediante la imposición de medidas asimétricas.
Al introducir en la ley el concepto de preponderancia se ratifica el inadecuado criterio del órgano regulador de medir la preponderancia por sectores y no por servicios, y se fortalece la presunción jurídica que ha sostenido el agente económico preponderante en radiodifusión ante los tribunales federales cuyo riesgo es que se declare la inconstitucionalidad de la medida impuesta por el instituto.
Además con la propuesta que se nos manda desde el Senado de la República, quedará al garete la regulación del servicio de televisión de paga.
Tampoco se resuelve –como se dijo– con imponerle al instituto la obligación de iniciar en corto plazo una investigación sobre poder sustancial de mercado. En ese servicio las declaratorias de la llamada dominancia se formulan en largo plazo, dadas las características del procedimiento establecido en la Ley que aquí también se discutió, Federal de Competencia Económica.
Por ello más allá de la discusión sobre la idoneidad de regular la preponderancia por sectores o por servicios, resulta indispensable que la ley secundaria introduzca hipótesis normativas que limiten el actuar poder que detentan los monopolios en telecomunicaciones y radiodifusión mediante reglas específicas en límites a la concentración y la propiedad cruzada que permitan que el instituto pueda, en un siguiente paso, ordenar la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento a estos límites.
Hay que ser congruentes con el texto constitucional en el artículo 28 de nuestra carta fundamental. Sólo de esta manera podrá enfrentarse el poder de los monopolios en nuestro país.
La desinversión debe de ser la herramienta a utilizar por el Estado mexicano para lograr el equilibrio de los mercados en beneficio de los principios a que se refieren los artículos 6o., y 7o., de nuestra Constitución.
Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, se somete a consideración del pleno la siguiente moción suspensiva. Y solicito se inserte el texto íntegro al Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada; así se hará. Se inserta el texto íntegro al Diario de los Debates.
Tiene ahora la palabra también para presentar su moción suspensiva el diputado Fernando Belaunzarán.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputado presidente. Tiene razón la diputada Aleida Alavez sobre las fallas de procedimiento.
También pudiera yo decir lo obvio, el poco tiempo que tenemos; el Senado tuvo tres meses y medio, nosotros tenemos 24 horas para analizar una minuta tan importante y estoy convencido de que cada uno de nosotros quiere que este Congreso, que esta Cámara de Diputados asuma sus funciones de colegisladora en este punto y que las asuma a cabalidad.
Pero la razón por la que subo a pedir la moción suspensiva es por algo mucho más apremiante, mucho más importante y trascendente. Subo a esta tribuna a pedir la moción suspensiva para que recuperemos el consenso, para que recuperemos el espíritu de esa reforma de Estado que hicimos al modificar la Constitución.
En la reforma constitucional fuimos la inmensa mayoría de este Congreso; ahora no va a ser así. Pero lo podemos solucionar.
Mi petición, lo que dije ayer y lo que reitero ahora, es que podamos hacer un receso y establecer una mesa de negociación para ver los puntos clave y poder mejorar esta minuta y encontrar salidas a los diferendos que tenemos.
Para eso podemos llevar a cabo un debate de altura, sin descalificarnos, porque es terrible que se hable como si hubiera dos metapartidos en este país y toda la clase política tenga que pertenecer a uno de estos dos metapartidos: o eres de Televisa o eres de Telcel. Perdón, no.
La intención de la reforma constitucional es ponernos por encima. Recordemos que éste fue el primer producto, y por cierto el más presumido, del Pacto por México. Y en ese Pacto por México se decía explícitamente: “Es para limitar la influencia de los poderes fácticos”. Veamos cómo hacemos para que esto verdaderamente responda a eso.
La verdad es que sería absurdo negar avances importantes que tiene esta ley producto de la reforma constitucional. Estamos perfectamente a favor yo creo que todos en las ventajas en telefonía, en que no se pague la larga distancia, en que puedan desbloquearse los teléfonos celulares, en que puedan recuperar el dinero de su prepago cuando acabe el mes. Todas estas ventajas están bien. Pero la ley es mucho más que eso.
La ley también es televisión. Hay ventajas en internet y hay algunas cosas que mejorar sobre la neutralidad de la red, sobre la localización, sobre los bloqueos, sobre el manejo de datos personales. Pero también hay grandes avances.
Pero qué pasa en la televisión. Mientras en telefonía les podemos decir a los consumidores: ustedes van a ahorrar dinero y van a ser los 20 mil millones de pesos famosos que se va a ahorrar la gente muy necesitada, qué les podemos decir a los televidentes.
Los televidentes no van a gastar menos ahora, va a haber mayor acaparamiento en must carry y must offer, que se presume que está en la ley Telecom extraordinariamente bien redactado en el espíritu con el que lo hicimos, pero resulta que la Ley de Derechos de Autor lo hace nugatorio y entonces no se va a pagar por retransmitir, pero se tienen que pagar los derechos de autor al retransmitir y no va a haber must carry y must offer gratuito, es una simulación.
Pero eso sí, qué va a ver el televidente. Va a ver más anuncios. El único cambio para el televidente es que va a tener más comerciales porque, insisto, el must carry y must offer se anula cobrando los derechos de autor por retransmisión.
Hago esta propuesta de moción suspensiva con las ganas de construir acuerdos, con el ánimo de encontrar puntos de acuerdo. Por ejemplo en el asunto de la preponderancia. Estoy convencido de que tenemos que cumplir el espíritu de la Constitución que está en el segundo transitorio que dice: “Las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos deberán aplicarse en todos los segmentos de forma que se garantice en su conjunto la competencia efectiva en la radiodifusión y telecomunicaciones”. Ése es el espíritu constitucional.
Para eso es importante la preponderancia que inventamos en México y que no tiene ningún otro país. Es la medida expedita. Pero nos dicen: momento, es que no sólo existe la preponderancia, existe el agente con poder sustancial en mercado relevante; esa es la figura que está en la Ley de Competencia Económica y esa sirve también para poner medidas asimétricas, sí, pero ésta, a diferencia de que sea expedita como la preponderancia, es incierta, etcétera.
Podríamos llegar a un acuerdo. Qué tal si en el artículo transitorio 39, en el cual se le pone al Ifetel un plazo de 30 días para que inicie los estudios para establecer los agentes económicos con poder sustancial en los mercados que tendrían que iniciar en 30 días, le ponemos un plazo final y le decimos: en 180 días o en seis meses resuelve quiénes son los que tienen poder económico con poder sustancial en el mercado. Esa sería una solución si es que no nos queremos jugar con el dedo en la boca diciendo: esto va a pasar, para que el litigio dure años y años y todo siga.
En el asunto del noveno transitorio, que es muy polémico porque permite acaparar a quien ya tiene 60 por ciento de la audiencia, más televisiones de cable, sin necesidad de que sean ni siquiera aprobadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por qué no decimos o amarramos ese transitorio a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones haya resuelto ya quiénes son los agentes con poder sustancial en el mercado relevante, en ese mercado relevante, y entonces no simulamos.
Yo creo que podemos llegar a acuerdos, podemos hablar también de cómo fortalecer la televisión pública que era importantísima en nuestro proyecto constitucional y que sin embargo está prácticamente dejada a su suerte. Otros temas, las radios comunitarias, la intervención de la Secretaría de Gobernación, incluso para sancionar a los concesionarios, algunos puntos que podamos resolver.
Hago esta propuesta de buena fe para que la Cámara de Diputados actúe a la altura de su responsabilidad constitucional y pueda ser, efectivamente, colegisladora. Hago esta propuesta, que se haga la moción suspensiva, establezcamos una mesa y recuperemos el consenso y que ésta sea efectivamente, la reforma de Estado con la que se lanzó, porque me parece –y con esto concluyo- que nuestra concepción es muy diferente.
Si uno ve la ley, parece ser que el objetivo o que la concepción que se tiene al país que se quiere construir, es detener dos grandes titanes, porque en algún momento el titán de la telefonía, el titán de las telecomunicaciones va a pasar a la televisión restringida, y entonces cuidado, porque tiene ventajas asimétricas muy fuertes y se va a comer el mercado –dicen.
Entonces, la solución que plantean es fortalecer al otro, y que siga acaparando en el mercado de la televisión restringida. Pero la pregunta es: nuestra imagen es entre dos grandes competidores.
Mejor saben qué, que nunca entra la televisión de paga, el gigante de la telefonía, y mejor establezcamos que haya diversidad, pluralidad, etcétera, que además quiero decir no es nada personal contra ninguna de las empresas, las respeto. Sé, han estado en la historia, están en el presente y estarán en el futuro de este país; tengo amigos en las dos empresas, pero no es nada personal.
Los monopolios por sí mismos son perniciosos, porque concentran mucho poder, lo que es correcto, lo que es virtuoso es la competencia. Esa es la que tenemos que generar en todas las ramas, esa es la intención con la que presento esta moción suspensiva. Ojalá se tome esto, establezcamos la mesa de negociación y recuperemos el consenso y, por supuesto, recuperemos la esencia de esta reforma que empezó siendo de Estado y que si no lo corregimos, va acabar siendo facciosa y con dedicatoria. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
Tiene la palabra para presentar su moción suspensiva, la diputada Loretta Ortiz Ahlf.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores, en estricto sentido no hay dictamen, habida cuenta de que la sesión del día de ayer en las comisiones unidas antes citadas, se presentaron aproximadamente 200 reservas a diferentes artículos que se contienen en el dictamen.
Es pertinente destacar que el artículo 84 de Reglamento establece en su numeral primero: el dictamen será válido sólo cuando la comisión o comisiones discutan un asunto en reunión y éste se apruebe por mayoría absoluta. Es el caso que en las comisiones unidas y habida cuenta del número de reservas presentadas sólo muy pocos artículos fueron aprobados, pero la parte medular de los ordenamientos legales que en el dictamen se contienen por estar reservados no fueron aprobados y en consecuencia no pueden ser conocidos por esta soberanía.
También se debe mencionar que la Junta de Coordinación Política aprobó un acuerdo parlamentario, a efecto de regular la discusión y votación de la minuta enviada por el Senado de la República, en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el procedimiento de análisis y dictaminación de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones derivadas de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
En dicho resolutivo, en el apartado tercero, fracción II, inciso b), numeral b.1, se estableció, previo al inicio de la discusión en lo particular, que los presidentes de ambas comisiones valorarán el número de propuestas de adición o modificación recibidas conforme a lo establecido en el inciso b) de la fracción I del resolutivo tercero del presente acuerdo y determinarán si su pronto y oportuno despacho ameritan que sean conocidos directamente por el pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y votación. De ser este el caso, se consultará al planeo de la reunión de comisiones unidas para acordar lo conducente.
Como se puede apreciar, la propuesta anterior contraviene al contenido del artículo 189, numeral 4, del Reglamento, que otorga a los diputados el derecho para poder presentar reservas a artículos del dictamen para su discusión en lo particular. Sin embargo, esta modalidad de discusión, que no es la primera vez a la que se ha recurrido a ella en esta Legislatura, y votación de las reservas no se dio en las comisiones unidas.
Ha sido una práctica recurrente que a través de acuerdos parlamentarios casuísticos se regulen los procedimientos de discusión y votación de las comisiones en algunos temas, sin embargo esta práctica es contraria a lo que dispone el artículo 285, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que establece que este Reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos parlamentarios.
Cabe recordar que nuestro artículo 133 constitucional, que establece la jerarquía normativa de todas nuestras disposiciones del derecho interno mexicano, establece en primer lugar a la Constitución, en segundo lugar o igual a las leyes y los tratados internacionales, y posteriormente se establecen las llamadas normas y leyes, entre ellos los reglamentos, y está ubicado ahí el Reglamento de la Cámara de Diputados.
No se establece dentro de una calidad normativa o que nos rija un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, entonces no hay posibilidad alguna de que se pueda primar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre un reglamento de esta soberanía.
No es violando nuestras normas internas como se construye la legalidad con que miden las leyes que aquí se aprueban, la violación al Reglamento de la Cámara de Diputados, que –reitero– en su artículo 285 establece claramente que los acuerdos parlamentarios no pueden modificar el Reglamento de la Cámara.
Por si ello no fuera suficiente, estamos legislando violando nuestras propias disposiciones que nos deberían de regular para actuar, y bajo un estado de derecho se está violando, de aprobarse como parece ser que va a ser, esta normatividad secundaria, se están violando varias normas constitucionales en materia de derechos humanos y varios tratados internacionales en materia de derechos humanos, los cuales de conformidad con el artículo 1 constitucional también tienen una jerarquía superior al mismo nivel de la propia Constitución.
Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento y de conformidad con el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito al pleno de esta soberanía se apruebe lo siguiente.
Único. El pleno de la Cámara de Diputados aprueba sea devuelto el dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, a las Comisiones Unidas que dictamine, a efecto de que ante ellas sean sustanciadas todas las reservas que presentaron los diputados en la reunión del lunes 7 del mes en curso, y que una vez que sea sustanciado debidamente el procedimiento legislativo se remita el dictamen a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para el trámite correspondiente. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
La última moción suspensiva la presentará el diputado Ricardo Monreal Ávila. Tiene el uso de la tribuna.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, vengo a presentar una moción suspensiva al dictamen por distintas razones jurídicas que expondré a continuación.
La reglamentación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que contiene el dictamen representa una contradicción y una regresión al espíritu legislativo, trasgrede la letra de la Constitución. Podemos destacar un sinnúmero de ejemplos de eso. Entre las disposiciones de esta legislación habremos de mencionar algunas.
Por cierto, qué bueno que no se pague el servicio de larga distancia nacional a partir del 1 de enero de 2015, qué malo que se hayan tardado y que con la Ley secundaria se desapruebe que el órgano regulados, el Instituto Federal de Telecomunicaciones emita declaraciones por sector y no por servicio. Esto es, la declaración de preponderancia que deberá hacer el Ifetel, o sea la determinación por agente con poder sustancial en el mercado de las telecomunicaciones se hará por sector de manera general, no por servicios, como lo establece la Constitución. Lo cual indica que no se desagregarán todos los servicios ofrecidos por cada operador de telecomunicaciones o radiodifusión, tales como Internet, telefonía, televisión de paga, servicios de venta y publicidad, entre otros.
¿Qué implica esto? Que en la aplicación y observancia de la norma jurídica con la declaración de preponderancia no se tocará el monopolio o duopolio televisivo, concretamente en televisión de paga cuyo crecimiento está en expansión y en la que Televisa concentra en estaciones el 47 por ciento y en audiencia el 54 por ciento. Tales porcentajes podrán aumentar sin restricción. Ello representa un privilegio inadmisible en cualquier democracia moderna.
Sin embargo, lo más grave es que en la práctica esta ley crea el más poderoso y peligroso poder fáctico, el cual podría tornarse ingobernable en algún momento.
Qué bueno que puedas cambiar de compañía celular de manera gratuita en menos de 24 horas y sin condiciones. Qué malo que se haya fortalecido el predominio privado sobre el espectro radioeléctrico, con la amenaza de que se perpetúe. Ello evidencia a un Estado claudicante y sometido, que renuncia a su obligación de tener instrumentos que garanticen los derechos y libertades de los gobernados.
Qué bueno que reciba bonificaciones o descuentos de las compañías de telecomunicaciones, que no te presten servicios de calidad. Qué malo que se subordine lo público a lo privado. Es un error histórico que enfrenta la posibilidad de eternizar la violación del derecho a la información, a la libertad de expresión, sometiéndolo al poder económico, al sentido mercantilista y a su comercialización al mejor postor.
Esta medida, además de ser contraria a la reforma constitucional, significa que los actuales oligopolios que concentran el espectro radioeléctrico no serán tocados para efectos de diversificar la oferta y abrir el mercado.
La Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión es un proyecto confeccionado a la medida de los concesionarios, que son actores preponderantes en México. No es una regulación auténtica que otorgue beneficios a los nuevos competidores y mejores ofertas de servicio y contenido a usuarios y audiencia. Ninguna de las 24 fracciones para regular la radiodifusión es asimétrica, se trata de un rosario de obligaciones generales que no modifican la concentración que genera un oligopolio de este sector.
Al no establecer medidas efectivas para la desconcentración, no habrá reducción en las tarifas de servicio de Internet, telefonía ni televisión de paga, tampoco se mejorarán los contenidos audiovisuales que se ofrecen a la sociedad. Qué bueno que te conectes a Internet gratuitamente en 250 mil parques y sitios públicos. Qué malo que el acceso a Internet no sea un derecho universal gratuito y que ahora, como siempre, las comunidades más pobres estarán privadas de esta posibilidad.
Y es que en la legislación secundaria a Telecom fue ofrecido con las mismas promesas engañosas que otras reformas de reciente aprobación: mejores servicios a precios más baratos, y nació vinculada con otra ley de contenido económico, que busca combatir los monopolios.
No fue diseñada preponderantemente para mejorar el servicio final o reducir las tarifas de manera significativa, sino para repartir el mercado económico de las telecomunicaciones en el país, que en el 2013 facturó en sus tres segmentos más importantes: telefonía fija, móvil y televisión restringida, un total de 430 mil millones de pesos.
Una de las propuestas que los defensores de la reforma abanderan es que es un beneficio para los ciudadanos y radica en las figuras de must carry, must offer dichos mecanismos ponen que las televisoras de señal restringida estarían obligadas por ley a la retransmisión de las emisiones de las televisoras de señal abierta, a su vez, éstas deben de proporcionar, en primera, dicha señal y de manera gratuita. En ambos procedimientos no puede haber pago alguno ni las televisoras de cable ni por satélite pueden cobrar a sus suscriptores las señales de la televisión abierta.
Ésta sola posibilidad de apertura generó reacciones inmediatas de parte de las televisoras, que alegó supuestas violaciones a derechos de autor, y con diversas acciones atrasó la deliberación sobre los lineamientos de must carry, must offer, con el afán de incidir en la reglamentación secundaria.
El resultado es, que si bien se mantuvieron las condiciones de estas figuras, ahora éstas carecen de sentido, debido a las reformas que se pretenden realizar a la Ley Federal de Derechos de Autor, en las cuales se estipulan que los organismos de radio y difusión tendrán el derecho de autorizar o prohibir, respecto de sus omisiones la retransmisión, la transmisión directa y la distribución, con ello se cobrarán derechos de autor por programa y por contenido, una verdadera simulación y una traición a la Constitución y a la población que creyó ingenuamente que esto pasaría.
Según datos de IFT, la televisión de paga la constituyen 15 millones 185 mil suscriptores, con un crecimiento del 10 por ciento anual, ésta se convertirá en el instrumento más poderoso de comunicación al que se le ha autorizado el aumento de publicidad por hora.
Qué bueno que haya más competencia en servicios de telecomunicación y radiodifusión para que tengan más opciones y mejores precios. Qué malo que esto sea sólo un discurso retórico porque en la práctica habrá más publicidad.
Es sólo un argumento engañoso y simulado, usado como señuelo en la aprobación de todas las reformas. Ninguno de los potenciales beneficios de la Ley Telecom, que tanto se han aclamado en los medios masivos se equipará con los elementos perniciosos para la vida pública, que traerá consigo, entre ellos, la requisa de los medios de comunicación, la legalización del espionaje, generalizado, indiscriminado, con fines de colaboración con la justicia y la censura de contenidos audiovisuales, a cargo de la Secretaría de Gobernación, así como la inhibición de señales y la geolocalización.
No les parece extraño que todos aquellos que insultaron y repudiaron a Hugo Chávez, aquella derecha dogmática que lo cuestionó, ahora vote a favor de disposiciones en materia de telecomunicaciones, que parecieran copiar la letra de la Ley de Requisa, que en su momento promulgara el ex presidente de Venezuela. Es un Estado totalmente de sitio electrónico.
Qué bueno que puedas consultar el saldo de tu teléfono sin costo. Qué malo que la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculta el Ministerio Público pueda ahora intervenir sus comunicaciones.
La formación e improvisación de nuestros ministerios públicos es alarmante. Imaginémonos a los ciudadanos en sus manos, sin ningún control judicial. Esto es un exceso, una limitación de garantías y derechos individuales, un retroceso en materia de derechos humanos. Aquí hay un claro intento de restauración del viejo régimen.
También en tiempos oficiales hay regresión. En bloqueo de pautas en campañas políticas, así como sanciones descafeinadas, light, que no hay defensores de audiencia con fuerzas o reglas claras. Las concesiones comunitarias e indígenas están limitadas y sobre reguladas. La voluntad política del gobierno nos impide independencia editorial y pluralidad en la información. Existen suficientes elementos para regresar este dictamen a comisiones.
Si las televisoras fueron capaces de imponer al presidente de la República, con este poder que ahora les otorga la ley podrán hacer prácticamente lo que quieran, al estarles ustedes concediendo este rasgo y este rango de supremacía constitucional. Pero será la historia la que se los demande.
Nunca en la historia de México se había dado tal paso para esta desnaturalización jurídica y política de tener un instrumento privado, situado por encima del Estado.
Nunca el Estado había claudicado y renunciado voluntariamente a la responsabilidad constitucional. Tenemos en los hechos un poder Ejecutivo y un Legislativo pusilánimes, medrosos, temerosos y al servicio de los poderes fácticos.
La aprobación de esta legislación, así como de las todas llamadas reformas estructurales, traerán una profundización de la crisis de representatividad que vive la vida pública del país.
Ahora más que nunca los legisladores serán considerados por la población como representantes de todo tipo de intereses, desde personales hasta corporativos y de los poderes fácticos pero no de los ciudadanos.
Concluyo, presidente. Los que aprueben esta ley no tienen idea del daño que le están causando a la patria. Están creando un supra poder que será una amenaza a la libertad de expresión, a la democracia y al derecho a la información y se equivocan quienes ahora acuden, solícitos y obsequiosos a los llamados de los altos ejecutivos de las televisoras, pensando en que éstas son indispensables para su promoción política.
Con su voto están dando vida a un monstruo que tomará decisiones políticas fundamentales, sin contrapesos, sin equilibrios, sin regulación que podrá acabar con todos ustedes sin el menor pudor, ya que solo los mueve el interés económico.
No tengan temor. Regresemos a comisiones este desatino legislativo, corrijámoslo, otorguémosle congruencia constitucional. Actúen por una vez, por una sola vez en beneficio de la población. No tengan miedo a los poderes fácticos. No los van a destruir, a menos que ustedes estén buscando su protección y su complicidad a sus fechorías.
Por si no fuera así, actúen con principios. Las televisoras, los medios de comunicación no podrán hacerles daño. No, si les ponemos freno aquí y ahora. De otro modo, enfrenten el juicio que les harán la historia y la patria. Gracias, presidente.
Un recuerdo anecdótico me traslada a este acto y a esta posición de regreso a comisión. Hace unos dos años en una celebración futbolera, un alto ejecutivo con un gran júbilo se quitó el saco y en su playera decía: para que me odien más. Esa frase ahora se remueve, pero ahora se hará realidad: para que me odien más. Ahora los legisladores, los ciudadanos van a odiarles más por su incongruencia, por haberse hincado, por haberse subordinado a los poderes fácticos. Allá ustedes; la historia se los demandará.
El Presidente diputado José González Morfín: Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea en votación económica, si se admiten a discusión las mociones suspensivas presentadas.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se toman en consideración inmediatamente para su discusión las mociones suspensivas. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene la palabra la diputada María Sanjuana Cerda Franco.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Buenas tardes a todas, a todos. Con su permiso, diputado presidente. Señoras, señores legisladores, México vive momentos de grandes desafíos, el insuficiente crecimiento económico, la imbatible desigualdad social y la erosión de la seguridad pública, entre otros problemas nacionales plantean la necesidad de tomar decisiones con altura de miras, pensando más en las futuras generaciones y en la viabilidad del país que en intereses partidistas o rentas económicas particulares.
La LXII Legislatura ha asumido el reto de abordar las reformas estructurales largamente pospuestas. En materia de telecomunicaciones existe el consenso de que es necesario recuperar la rectoría del Estado en ese sector, de manera que ningún poder económico, por grande que sea, concentre privilegios y distorsione el desarrollo nacional. Los cambios implican riesgos pero si los asumimos con el compromiso democrático de buscar una mejor distribución de los bienes y del poder seguramente saldremos adelante.
Hoy, menos de la mitad de la población nacional tiene acceso a Internet y solamente el 1.5 por ciento del comercio se realiza por vía electrónicas. Estos datos nos indican que existe una brecha digital que reproduce las desigualdades y la marginación social, que en gran medida se debe a las prácticas monopólicas que concentra los beneficios en unas cuantas manos, en detrimento de la calidad de los servicios, de la cobertura y la formación de ciudadanía.
Desde la reforma constitucional planteamos que se debe garantizar la competencia efectiva en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, porque de esa manera se generan condiciones para mejorar la calidad de los servicios y bajar sus precios y tarifas. Debe haber competencia efectiva sin elusión alguna en todos los sectores, en todos los servicios y en todos los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, en apego al espíritu de la Constitución.
Nueva Alianza considera que al expedir la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Pública de Radiodifusión del Estado Mexicano, se cumple el mandato de crear una ley que regule de manera convergente las telecomunicaciones y la radiodifusión.
La nueva legislación secundaria es un avance importante porque incluye aspectos positivos entre los que destacan un órgano regulador autónomo, la eliminación del pago por larga distancia en telefonía, dos nuevas cadenas televisoras, retransmisión sin costo de las señales de televisión abierta, medidas asimétricas contra los agentes preponderantes y con poder substancial de mercado, acciones afirmativas para facilitar el acceso de personas con discapacidad, un sistema público de radiodifusión sin fines de lucro, entre otros.
En este punto Nueva Alianza reconoce que algunas propuestas que hicimos llegar a las instancias de negociación del Senado de la República fueron retomadas en la minuta que hoy revisamos, como nuestra propuesta de que el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano se constituyera como un organismo descentralizado no sectorizado, a fin de evitar la influencia directa de la Secretaría de Gobernación y que pueda así mantener una línea editorial independiente.
Con esta modificación, el sistema público de radiodifusión está más obligado a generar una televisión pública de Estado, no una televisión de gobierno. De igual forma, se retomaron nuestras propuestas de que los contenidos de radio, televisión e Internet promuevan la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y a la no discriminación. También se incorporó nuestra inquietud de que los contenidos estimulen el respeto y la igualdad entre géneros.
Debo mencionar responsablemente también que se retomó nuestra inquietud de que se ratificara el mandato constitucional de que las resoluciones del Ifetel no serán objeto de suspensión. Esto es muy relevante porque se trata de uno de los pilares de la reforma constitucional.
No obstante lo anterior, la legislación secundaria tiene pendientes importantes. En materia de contenidos hay que incrementar el número, la calidad y la diversidad de los programas de televisión, radio e Internet. Hay que fortalecer aún más que los contenidos deben basarse en principios de tolerancia, de la no discriminación, de la inclusión social, respeto a las diferencias, fortalecimiento de las instituciones a la integración familiar, apego en sí a los valores democráticos.
La defensoría de la audiencia debe también fortalecerse con mayores atribuciones que incluyan la participación ciudadana en la configuración de los contenidos de radio, televisión e Internet. Pero también debemos comprometernos a que las audiencias tengan más calidad, más diversidad y menos publicidad. La vigilancia de los contenidos debe realizarse sin incurrir bajo ninguna circunstancia en prácticas de censura, acoso e interrupción de la libertad de expresión.
Por lo tanto, es indispensable que el Ifetel gane en fortaleza y credibilidad para lo cual es necesario que su autoridad investigadora tenga definidos expresamente tiempos de duración, cláusulas de salida y reglas de contacto. De otro modo las resoluciones del órgano regulador podrían ser cuestionadas.
Para mi grupo parlamentario la reforma en telecomunicaciones tiene como referente fundamental que el espectro radioeléctrico es un bien público del dominio de la nación, por lo que debe administrarse a partir de objetivos de beneficio social.
En un esquema donde los grandes concesionarios asuman que se les está concediendo el uso y aprovechamiento de un bien que es propiedad de todos los mexicanos y que las rentas particulares tienen como límite la necesidad de garantizar beneficios generales.
Por ello es muy importante destacar que la Constitución define a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como servicios públicos de interés general.
Esto implica que el Estado debe garantizar que esos servicios se presten en condiciones de competencia, de calidad, de pluralidad, de continuidad y de cobertura universal y un acceso libre y sin injerencias arbitrarias.
Por esta razón ese precepto debe incluirse de forma textual en los primeros artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
En conclusión y para terminar, Nueva Alianza vota a favor del dictamen en lo general con la convicción de que debemos impulsar que temas como los antes referidos se corrijan y se supervise su cumplimiento. Solamente así entraremos al camino de democratizar las telecomunicaciones y la radiodifusión. Es cuanto, señor presidente y gracias por su tolerancia.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Ahora para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente y con la venia de la asamblea. Nosotros en el PT no entraremos a la discusión del blanco y negro; no nos engañaremos en esta supuesta discusión entre dos poderes económicos. Hablaremos de nuestras responsabilidades y nuestras expectativas, y eso sí, luego cómo afecta a estos poderes económicos.
El objetivo de la reforma constitucional se suponía era generar más competencia y calidad en los servicios para las personas; obligaba al Estado a generar las condiciones de competencia que permitieran el aumento de los proveedores; a fortalecer los medios públicos y otorgarle el derecho a las audiencias y a los usuarios.
Desgraciadamente esta reforma secundaria no cumple con el espíritu de la reforma constitucional.
Reconocemos y en esto seremos muy claros en el PT, el avance en que se desaparezcan las largas distancias nacionales.
No es posible que en un país como México, se estén pagando largas distancias en un espacio regional y que se siguiera apoyando esta determinación.
Estamos y nos pronunciamos a favor definitivamente de esta medida; pero decimos ¿por qué hasta 2015? ¿Por qué no aplicar esta medida ahora?
Reconocemos sí, las cuestiones positivas. Reconocemos que existen finalmente algunos avances para los usuarios: los acuerdos de roaming para la cobertura, el mantener el número y poderlo cambiar en 24 horas, el desbloqueo de equipos a la hora de contratar un servicio de telecomunicaciones y aquello que se ha cacareado tanto que es la nueva creación de dos canales de televisión.
Pero compañeros, no nos engañemos, ni telmexbancada ni telebancada. El objetivo real de esta reforma era generar competencia y el debate de la misma se centra en la preponderancia. La preponderancia por sector o la preponderancia por servicios. Por qué. Porque entonces es éste el elemento y el vehículo para poder determinar si este control del mercado puede democratizarse o no por la gran importancia que tienen la radio, la televisión y las telecomunicaciones en nuestra sociedad.
Desgraciadamente creemos que esta figura, que finalmente no tiene ningún referente internacional y que se ha vuelto el centro de la discusión, también ayuda a uno si la pone por sector y ayuda a otro si la pone por servicios.
Entonces la gran discusión aquí para los legisladores es cómo generamos competencia. ¿Nos estamos equivocando con esta reforma secundaria? Yo creo que sí, creo que finalmente el tema de la preponderancia y copiar el artículo constitucional tal cual en las leyes secundarias no resuelve de ninguna manera qué actores pequeños económicos vengan y entren a la competencia en telecomunicaciones.
Insisto –y lo dijimos ayer en la comisión– esta Cámara de Diputados no puede por decreto apoyar o pegarle a un actor económico; no es nuestro objetivo, no es nuestro objetivo desaparecer actores económicos. Nuestro objetivo debería ser generar la competencia para que los usuarios tuvieran resultados positivos y apoyar la democratización de los medios.
Cómo vamos a apoyar la democratización de los medios cuando esta reforma plantea, en sus artículos 189 y 190, el bloqueo de señales, que no contempla medidas de abuso, no hay reglas de aplicación y tampoco dice cómo no se aplicará de manera autoritaria este bloqueo.
Hace un reconocimiento –y lo digo entre comillas– de las radiodifusoras indígenas, pero las deja en la ignominia porque no les permite que puedan recibir ni apoyos y les da el área más difícil de la radio AM.
La retención de datos. A los ciudadanos hay que decirles: estamos permitiendo que en nombre de la seguridad los concesionarios puedan retener información de datos, de llamadas, de los ciudadanos, y no marca ni cómo ni con qué objeto, ni con qué fin. El tema de la geolocalización que está en manos de los procuradores y que ya se había incluido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, finalmente nos da vicios de un estado autoritario que podrá ser controlado ahora el ciudadano a través del control de sus datos y de la localización de su persona.
Qué garantías de derechos humanos estamos respetando si aprobamos estas tres figuras que nos parecen no solamente retrógradas, sino que nos parecen que volvemos a un estado que solamente se dibujaba en el libro George Orwell, en 1986 donde el Estado era el vigilante de todo y el Estado era el que tenía toda la información, ¿dónde queda el derecho a la privacidad de los ciudadanos?
Hay muchas cosas por discutir, hay muchas cosas por mejorar en este dictamen, pero la esencia, lo central que debíamos haber cuidado era la pluralidad, la democracia y la competencia.
Esta figura de preponderancia que ha sido el gran debate donde aparentemente se ha polarizado el debate y pone a unos de un lado y a otros de otro, nosotros lo negamos. Nosotros venimos aquí a decir que nuestra posición es a favor de los ciudadanos y que creemos que hay cuestiones graves que no solamente no les garantiza la democratización, sino que no garantiza la apertura de mercado.
Ni telmexbancada, ni telebancada, solamente ciudadanos. Por eso nuestro voto es en contra. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Lilia Aguilar Gil.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Tiene el uso de la voz la diputada Luisa María Alcalde Luján para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Gracias, presidente. Empezamos esta discusión con un resultado ya anunciado. Estamos frente a la derrota de lo social sobre lo privado, el triunfo de una televisora sobre el derecho de 120 millones de mexicanos.
Estamos encerrados en el escenario del cinismo aplaudiendo la aprobación de una reforma con las migajas que los grandes intereses nos concedieron modificar. Detengámonos unos minutos a imaginar lo que pudimos haber hecho si nos hubiéramos comportado como legisladores, con miras altas que actúan con independencia.
Pudimos haber logrado que prendiendo la televisión gratuita pudiéramos escoger entre ver una telenovela o una película o un programa de reciclaje. Pudimos haber creado un instituto fuerte que nos protegiera de los abusos, de los excesivos costos de la telefonía y la televisión de paga.
Pudimos haber fortalecido nuestros canales públicos para permitirle generar más contenidos propios, como es el caso de la BBC o la Televisión Española.
Hubiéramos podido tener radios que incentivarán comunidad en las colonias, preparatorias, universidades, entre grupos de literatos, de científicos, de críticos de cine, donde hicieran sus entrevistas, invitaran a grupos musicales locales, felicitaran al mejor promedio de la primaria y pidieran plaquetas para un enfermo. En lugar de ello nos quedamos con lo que ya teníamos, un monopolio televisivo que manipula la información.
Hemos escuchado un sinfín de tecnicismos y pataleos para justificar posiciones durante los últimos días, pero fuera de los discursos todo se reduce a cuestiones de sentido común. Veamos a cada uno de los temas.
Preponderancia por sector y no por servicio. A ver, les pregunto, si queremos examinar el poder monopólico de una cementera debemos analizar el mercado del cemento o todo el sector de la construcción, incluyendo varillas, ladrillos, etcétera. O si queremos analizar el poder monopólico de una refresquera debemos hacerlo en el mercado del refresco o en todo el sector de alimentos y bebidas.
Así, si queremos analizar el poder monopólico de una cablera lo debemos hacer en el mercado de la televisión por cable o en todo el sector de telecomunicaciones, que incluye Internet, telefonía fija, móvil, etcétera.
Bueno, pues por muy lógico que suene los monopolios no serán determinados por cada uno de los servicios que nos prestan. Televisa, aunque controla el 61 por ciento de la televisión por cable y 70 por ciento de la televisión satélite, no será declarado monopolio porque no controla el mercado de la telefonía ni del Internet. ¿Alguien de ustedes se atreve a negar que Televisa es un monopolio?
Presidente, le pido que por favor le pida a los legisladores que guarden silencio, porque se escucha aquí un ruido, que no me dejan continuar, que respeten a los oradores, porque por poco que les guste esta es la realidad.
Segundo. Medidas asimétricas con efectividad nula en radiodifusión. Suponiendo que lográramos establecer los grupos empresariales monopólicos estos se tendrán que ver sujetos a una serie de obligaciones específicas que permitieran emparejar el terreno para que otros prestadores del servicio pudieran competir. Es como si pusieras a competir a la selección de Alemania de futbol contra el equipó de la colonia, para que hubiera una real competencia y se mejorara el espectáculo tendrán que haber reglas distintas para ambos, como por ejemplo dar cinco goles de ventaja o permitirles meter más jugadores.
De la misma manera, si queremos competencia en televisión debemos establecer reglas diferenciadas para los monopolios, como sería brindar acceso a contenidos audiovisuales realizados por productores independientes en términos no discriminatorios.
Bueno, pues por muy lógico que suene esto también las medidas asimétricas que se establecieron para los monopolios en radiodifusión no los tocan ni con el pétalo de la molestia, son obligaciones que prácticamente todos deben cumplir, ¿y quién concentra el 70 por ciento de la televisión abierta? Adivinaron, Televisa.
Tercero. Desincorporación de activos como medida voluntaria. Cuando se aprobó la reforma constitucional y se dijo a todas voces que se acabarían los monopolios, algunos de nosotros nos atrevimos a pensar que las empresas que concentraran más del 50 por ciento se les obligaría a vender sus acciones excedentes para disminuir su participación en el mercado, como sucedió con AT&T en Estados Unidos o Microsoft en Europa, pues nada de eso.
La desincorporación de activos no se contempla ni siquiera como sanción por incumplimiento de las medidas asimétricas, es una medida voluntaria para las empresas preponderantes.
Cuarto. El colmo del descaro, la cláusula Cablecom. Se establece el artículo noveno transitorio como un traje a la medida para que Televisa, que no fue declarada preponderante en televisión de paga, aunque concentra el 60 por ciento, pueda continuar con la compra de cableras independientes sin siquiera pedir autorización al IFT.
Quinto. Menosprecio de medios sociales, lo privado por encima de lo social. Países como Uruguay reservan el 33 por ciento del espacio radioeléctrico para medios sociales, su ley establece que el espacio radioeléctrico es patrimonio común de la humanidad sujeto a administración de los Estados, y por tanto el acceso equitativo a las frecuencias de todos los uruguayos constituye un principio general de la administración.
En México nuestra Constitución también establece que el espacio radioeléctrico es propiedad de la nación, pero aunque el espacio es de todas y todos la Ley reserva a medios sociales únicamente el 10 por ciento de radio FM en alta frecuencia, es decir en el espacio de menor calidad donde se dificulta agarrar señal. Por si fuera poco, los limitan excesivamente en sus fuentes de financiamiento que les permitan sobrevivir y operar, condenándolas a prácticamente todas a desaparecer.
Sexto. Aumento de publicidad. Todos sabemos que en México no hay contenidos acompañados de publicidad, hay publicidad acompañada de contenidos. La Ley establece para comerciales 12 minutos por hora, es decir el 20 por ciento, con la posibilidad de aumentarlos si se tiene producción nacional.
Obviamente en ello no se contemplan los fondos de La Costeña o de Coca Cola mientras hablan los presentadores, las infinitas referencias a productos que aparecen continuamente de manera espontánea. Habría que incluir pinta tu raya con Comex en los árbitros, los infomerciales de Lolita Ayala, los programas matutinos como Hoy, donde sus conductores se dedican exclusivamente a promocionar productos.
O sea que ante la pregunta de, ¿qué obtenemos los ciudadanos dueños del espacio radioeléctrico?, la respuesta es más publicidad.
Séptima. La cereza del pastel; colaboración con la justicia. Recordarán que cuando Peña presentó su iniciativa la sociedad reaccionó indignada al saber que permitirían que cualquier instancia de seguridad y procuración de justicia, llámese Ministerio Público, PGR, procuradurías locales, Policía Federal, Segob, Ejército, Marina y Cisen, pudieran brincarse la Constitución y ordenar la geolocalización en tiempo real, el bloqueo de señales y el almacenamiento de datos personales sin mediar una investigación previa ni requerir la autorización de un juez.
Y que en un intento por calmar las aguas, Lozano y el PRI prometieron dar marcha atrás y eliminar del dictamen estas medidas autoritarias. Pues no fue así. En un insulto a la inteligencia ciudadana maquillaron lo evidente, dejando todas estas figuras en el artículo 189 y 190.
¿En qué país existen leyes en materia de telecomunicaciones con técnicas de investigación aún más intrusivas que la propia ley penal? Sólo en México.
Aquí concluyo, aquí estamos parados hoy, alardeando el único beneficio de la reforma, que es el no pago de larga distancia para evitar enfrentarnos a los enormes intereses y democratizar los medios de comunicación. Después de todas las expectativas en este tema quedamos como estábamos: ni competencia ni pluralidad ni diversidad de medios ni derechos de las audiencias ni radios comunitarias. Gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Alcalde Luján.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Tiene el uso de la voz el diputado Federico José González Luna Bueno, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta por cinco minutos.
El diputado Federico José González Luna Bueno: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados, el día de hoy discutiremos una iniciativa fundamental en el cambio estructural de nuestro país, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Como todos sabemos, en México prevalece la desigualdad y la falta de oportunidades en muchos aspectos de nuestra realidad, uno de ellos, de los más acusados, se encuentra precisamente en los servicios de telecomunicación. En razón de sus precios, la canasta básica de telefonía fija en México es la cuarta más cara de la OCDE, integrada por 34 países.
En México solamente contamos con 15 millones de usuarios de banda ancha móvil, lo que significa que 102 millones de mexicanos carecen de este servicio. Sólo existen 52 millones de internautas, lo que deja fuera del servicio de Internet a 66 millones de mexicanos.
En cuanto a teléfonos inteligentes existen 31 millones de usuarios, lo que implica que 86 millones de personas carecen de esta herramienta básica de comunicación moderna.
La penetración de los servicios móviles es una de las más rezagadas de la OCDE y Latinoamérica, ocupamos el lugar 23 de la OCDE y en América Latina estamos en el lugar 14, sólo por encima de Bolivia, Costa Rica, Nicaragua y Cuba.
La radiodifusión muestra la necesidad de pluralidad y diversidad, tanto en televisión abierta como en radiodifusión sonora. De ahí la importancia de las dos nuevas cadenas de televisión nacional y del reconocimiento legal pleno de las estaciones sociales, comunitarias e indígenas.
La inercia es enemiga de las telecomunicaciones y por ello la reforma constitucional y su legislación secundaria serán claves para un cambio que beneficiará a decenas de millones de mexicanos.
La legislación secundaria que hoy discutimos, deriva de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, del 11 de junio de 2013, sigue lealmente sus principios y objetivos.
La minuta está centrada en tres aspectos básicos. La promoción de la competencia; la atención de la persona o el individuo como protagonista de las telecomunicaciones y la radiodifusión; y el papel promotor y subsidiario del Estado, para que exista más infraestructura y acceso a las tecnologías de la información y el conocimiento, en educación, salud, gobierno digital, comercio electrónico y, sobre todo, en favor de los grupos sociales más vulnerables.
La minuta está centrada en la persona, cualquiera que sea su denominación: usuarios, suscriptor, consumidor o audiencia.
El proyecto de ley que hoy nos ocupa no busca la aniquilación de operadores ni de competidores en los mercados. Está hecha sin fobia ni mala fe. No se trata de acabar con tales operadores, sino solamente de regularlos mejor vía mayor competencia en los mercados en que operan, vía la apertura de mercados y vía la limitación de prácticas contrarias a la competencia y libre concurrencia.
La iniciativa regula por igual a las telecomunicaciones y a la radiodifusión. No busca la prevalencia de un servicio sobre el otro, tal propósito, además, sería absurdo por el simple hecho de que se trata de mercados evidentemente separados.
La iniciativa no favorece empresas, favorece el funcionamiento de los mercados en beneficio de la gente.
Concretamente, qué beneficios traerá esta nueva legislación para la población, incluyendo desde su punto de origen que es la reforma constitucional. Traerá beneficios más bajos de los servicios de telecomunicaciones; mejor cobertura y mayor calidad.
Dos nuevas cadenas de televisión; una nueva cadena nacional estatal de radio y televisión; el acceso garantizado y gratuito a los contenidos de televisión abierta a través de las redes de televisión de paga.
Mayor diversidad y pluralidad de contenidos de radio y televisión; contenidos más plurales en radio y televisión a través del fomento de los productores y programadores independientes.
La posibilidad de que por virtud de la multiprogramación se multiplique cinco, seis, siete veces la oferta de televisión abierta en nuestro país; la entrega de televisores digitales con acceso a Internet para 15 millones de hogares.
La incorporación plena de las estaciones de radio y televisión comunitarias indígenas al quehacer de la radiodifusión; la regulación estricta de los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión, destacadamente los de mayor tamaño, a fin de que su conducta no se convierta en contraria a los intereses de los usuarios o de las audiencias; la neutralidad de los operadores en el acceso que hagan los usuarios a los contenidos de Internet.
A la actuación más eficaz de los órganos del Estado que combaten los delitos, como el de secuestro, amenazas, delincuencia organizada, pornografía infantil y fraude cibernético.
A la eliminación de los cobros de larga distancia; a consultar gratuitamente el saldo, en el caso de servicios móviles de prepago; a la protección de los datos personales en términos de las leyes aplicables.
A la portabilidad del número telefónico en 24 horas de manera gratuita. A que exista auténticamente una autoridad que defienda sus intereses como consumidor. A rescindir el servicio contratado, cambiar de paquete o plan en forma anticipada, pagando únicamente el costo remanente.
Al desbloqueo de equipo terminal móvil. A la bonificación o descuento por fallas en el servicio o cargos indebidos. A que en los servicios móviles de prepago el saldo no consumido a la fecha de su expiración le sea abonado en las recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha.
A la incorporación de un catálogo, por primera vez en la historia de México, de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones con discapacidad. A la existencia de acceso a Internet en 250 mil puntos del país que actualmente carecen de servicios.
A que los contenidos de la televisión abierta y restringida respeten los derechos de las niñas, niños y adolescentes. A la equidad de género, a que se cuide el desarrollo sustentable y se evite fomentar la discriminación en cualquier forma.
Al establecimiento, por primera vez en la historia de México, de un catálogo de derechos de las audiencias, tales como el recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico en la nación.
A la incorporación, por primera vez, de los derechos especiales de las audiencias con discapacidad. A la existencia de un defensor de las audiencias. A que los grandes operadores de comunicaciones y de radiodifusión, ya sea por ser preponderantes o por tener poder sustancial de mercado, estén regulados de manera simétrica en los aspectos más importantes de sus operaciones, cada uno en atención a las características propias de cada servicio, a fin de que su comportamiento en el mercado no sea perjudicial para la gente a través de prácticas monopólicas absolutas o relativas.
A que la infraestructura más importante de los grandes operadores esté disponible para los demás operadores y competidores, a fin de promover la competencia y mayor oferta de servicios.
El catálogo de beneficios es amplísimo, se trata de una de las legislaciones más avanzadas en el mundo. En esta materia podríamos extendernos mucho más en el tema.
La nueva legislación se traduce también en la primera concreción de la legislación secundaria de las grandes reformas estructurales en las que se ha comprometido el país a través del titular del Ejecutivo federal, el presidente Peña Nieto y las principales fuerzas políticas, incluyendo, por supuesto, al Partido Verde Ecologista de México.
Hago un llamado a que todas las fuerzas políticas se sumen responsablemente a la votación a favor de esta minuta.
Esta legislación es fruto de los acuerdos entre todas las fuerzas políticas. Rechacemos las posiciones reduccionistas del todo o nada. La democracia también es construir acuerdos, respetando el derecho del oponente para hacer valer sus puntos de vista.
No solamente existe democracia cuando todos los puntos de vista prevalecen. Estamos ante un cambio de gran profundidad en beneficio de los mexicanos de hoy y que dará mucho mejores oportunidades de desarrollo humano para las nuevas generaciones.
Por todo lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México votará a favor de esta trascendente iniciativa del presidente Peña Nieto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado González Luna.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Tiene el uso de la voz el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, para fijar postura en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Señor presidente; compañeras, compañeros. Casi todos los aquí presentes coincidimos que era necesario reformar la Constitución en los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78. 94, 105 para que el Estado mexicano recuperará su responsabilidad en el manejo de un bien público y con un altísimo potencial para detonar el desarrollo nacional y nos referimos al espectro radioeléctrico y las redes de telecomunicaciones y radiodifusión.
Coincidimos en que era necesario fortalecer y ampliar los derechos de todas y todos los mexicanos para estar bien informados, haciendo posible su acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, utilizando eficientemente la infraestructura ya creada para fortalecer y ampliar la banda ancha, solicitar dos televisoras abiertas, ya era una pública, y abaratar los servicios de telefonía, Internet y televisión de paga.
Todos coincidimos en abrir los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a la competencia real, con reglas parejas para todas las empresas, para fomentar la pluralidad en los contenidos, dar canales de expresión a la producción nacional independiente, recibir servicios de calidad a precios adecuados y poder frenar a los poderes fácticos que desde su posición de privilegio constituyen barreras al avance democrático de nuestro país.
En general todos estamos de acuerdo en que no es posible continuar con los niveles de desigualdad que tenemos en nuestro país, en donde unos cuantos tienen todo y la gran mayoría batalla mucho para tener condiciones aceptables de vida y desgraciadamente un porcentaje muy importante de la población vive en rezago y la marginación, luchando por servir entre ellos los pueblos originarios que son la parte constitutiva de nuestra nación.
Creamos el Ifetel, y le dimos autonomía para que cumpliera funciones, por estas razones se incorporaron a la Carta Magna el derecho al acceso a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión cuya prestación el Estado deberá garantizar que se dé en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia y acceso libre y continuidad.
A pesar de los grandes acuerdos que materializaron, se concretaron en una reforma constitucional, estamos ante una reforma a la legislación secundaria que retrase estos cambios o se opone francamente a los mismos. Es una legislación secundaria que regresa, que obstaculiza, que hace, que nulifica la reforma constitucional que aprobamos en esta Cámara y en el Constituyente Permanente.
Nos plantea medidas de fomento a los medios sociales, en especial a las radios indígenas y comunitarias que tendrán que disputar un espacio en el espectro en condiciones desiguales con los medios comerciales, por ejemplo, sin derecho a acceder a publicidad y con topes irrisorios de acceso a la publicidad oficial.
En la minuta no se desmonta el monopolio televisivo al limitar las declaraciones de preponderancia a sectores y no a servicios. Miren, una cuestión aquí importante. El Ifetel declaró en radiodifusión a Televisa como preponderante por servicios, porque si lo hubiera hecho por sector no hubiese sido o no hubiera podido declararlo preponderante porque en el conjunto de la radio y la televisión, Televisa no tendría el 50 por ciento más uno.
Lo declara preponderante utilizando lo que le dimos en el octavo transitorio en la Constitución por servicio y lo que hoy se está haciendo al establecer que se califique al preponderante por sector, es sentar las bases para que el amparo que metió Televisa contra esa resolución del Ifetel, tenga a final de cuentas posibilidades de realización y le quiten el carácter de preponderante a Televisa en radiodifusión. Eso es lo que está aconteciendo con lo que estamos discutiendo hoy aquí.
También, por si fuera poco, se establece un noveno transitorio en la legislación para darle manga ancha a que Televisa pueda comprar todo lo que quiera en la televisión restringida a pesar de ser o tener más del 60 por ciento de la cobertura en televisión de paga o restringida con la cláusula cablecom.
Mantiene disposiciones autoritarias en el control de contenido y limita las funciones del Ifetel por parte el Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación al intervenir en los contenidos y al intervenir y limitar las funciones del instituto, como también al tener que recibir las opiniones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para efectos de las concesiones que deba otorgar.
Se mantienen disposiciones que resultan violatorias de los derechos humanos en el tema de la colaboración con la justicia, la protección de datos personales y el libre acceso a la información. Carecen de normas para hacer exigible el derecho constitucional de acceso a las tecnologías de la información y comunicación y reducir la brecha digital. Mantiene la gratuidad en las tarifas de interconexión, lo que inhibiría el desarrollo de infraestructura y las inversiones en el sector.
Indebidamente en la minuta se establecen candados o controles a la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones que se reduce a una dependencia del gobierno federal, que debe pedir opinión para realizar labores sustantivas que le mandata la Constitución.
Puede constituir avances la reducción de tarifas o clausulas menos desventajosas en los contratos de telefonía, pero aun así siguen siendo limitados. Por ejemplo se cancela el pago de larga distancia nacional, pero sin ningún argumento técnico se pospone hasta 2015.
¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no se cancela el pago de larga distancia vinculado a la publicación del decreto que aquí discutimos en estos momentos, para que no se vincule con el inicio del proceso electoral en el 2015?
Por la gran expectativa ya descrita por la reforma constitucional, es traicionada en el dictamen a la minuta del Senado que expide la legislación secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión.
La única reforma aceptable para el PRD, es aquella que promueva la genuina competencia en las comunicaciones y en la radiodifusión, los derechos de las audiencias, el derecho de réplica, la plena vigencia de la libertad de expresión, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos, el impulso a los medios públicos, sociales, comunitarios e indígenas que brinde acceso universal a las tecnologías de la comunicación, incluyendo Internet para todos. Sin estas condiciones, compañeras y compañeros, lo demás es una farsa. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Agustín Miguel Alonso Raya.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Tiene el uso de la voz el diputado Juan Pablo Adame Alemán, para fijar postura hasta por cinco minutos en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan Pablo Adame Alemán: Compañeras y compañeros diputados, hoy se somete a nuestra consideración una de las leyes más importantes de la vida moderna de nuestro país, una ley que generará un impulso económico en el corto plazo, que traerá grandes beneficios a los mexicanos, sobre todo en un momento en que nos hemos visto afectados enormemente por la implementación de una pésima reforma fiscal que sólo ha provocado una desaceleración de nuestra economía.
El PAN ha sido un partido comprometido con la sociedad y lucha a diario por garantizar acceso a servicios básicos de calidad en un ambiente de competencia efectiva. Es por ello que este partido impulsó decididamente la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y en su momento logró en la negociación de la misma que se reconocieran derechos que hoy vemos plasmados en este proyecto de ley.
Hay que reconocer que nuestro marco jurídico sin duda está obsoleto. Estamos a 20 años de distancia de la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Ahora tenemos más líneas móviles que fijas; ahora los sistemas de televisión por cable pueden dar telefonía y los mexicanos pueden observar contenidos de cualquier parte del mundo desde su tablet, celular o computadora.
También tenemos las redes sociales, un nuevo modelo de comunicación que no necesita concesión ni está atado a límites geográficos.
La tecnología seguirá avanzando. Nuestra legislación se debe de actualizar para lidiar con esos vertiginosos cambios tecnológicos, pero también con la realidad que actualmente vive nuestro país.
En el PAN no estamos de acuerdo por el cobro excesivo y por el costo de bienestar que tienen los mexicanos y que sufren por la elevada concentración en las telecomunicaciones.
Dentro de los 34 países de la OCDE México es de los pocos en los que aún se mantiene el cobro por servicios de larga distancia o bien tarifas tales que nos colocan en el último lugar de los países de la OCDE en este rubro.
En lo que corresponde al sector de la radiodifusión, en acción nacional no estamos de acuerdo en que en 19 años no se haya entregado una sola nueva estación comercial de radio o televisión, lo que hace de esto una industria oligopólica.
De tal suerte que este proyecto es congruente con la reforma constitucional y que reitera en su contenido la obligatoriedad de que se lleven a cabo las siguientes acciones:
La licitación de dos nuevas cadenas de televisión nacional a fin de garantizar la competencia efectiva en este sector.
La puesta en marcha de una cadena de televisión pública que regula la multiprogramación en radio y televisión, asegurando que se pague contraprestación por su autorización, que ésta no esté exenta de tiempos de Estado y, muy importante para abonar a la pluralidad el preponderante en radio difusión, que no se le autoricen nuevos canales adicionales. Además se promueven condiciones para que los productores nacionales independientes puedan transmitir sus contenidos.
Como último ejemplo y muy importante para todas las audiencias, se establecen sus derechos desde la Constitución en esta ley y se crea la figura del defensor de las audiencias, algo que ha sido una lucha por años y que hoy se manifiesta en esta ley.
En lo que corresponde al sector de las telecomunicaciones, se establecen grandes beneficios a favor de los usuarios tales como la eliminación de la larga distancia para el 1o de enero del 2015, sea por teléfonos fijos o sea por teléfonos móviles. Con este beneficio dejaremos de gastar 40 millones de pesos diarios todos los mexicanos.
Un capítulo completo de derechos de los usuarios que establece que podremos cambiarnos de compañía de manera gratuita y sin perder nuestro número telefónico en un plazo no mayor a 24 horas. Que tenemos derecho a que en nuestros contratos de prestación de servicios se nos desglose el precio del servicio y el valor del equipo que en su caso nos está vendiendo y la forma en cómo se amortiza el pago del mismo a fin de que, si consideramos cancelar el contrato o migrar a otra compañía, se pague sólo la diferencia que exactamente corresponda y que nuestro saldo no se pierda después de que expire el límite de consumo hasta después de un año.
Hay que ser enfáticos que tanto para las telecomunicaciones como para la televisión hay capítulos específicos para atender a la población con alguna discapacidad. La ley regula desde los equipos a los que tendrán derecho estas personas, así como portales especializados para atender sus inquietudes.
En televisión ya estaremos a la vanguardia pues la nueva tecnología permite el subtitulado a lo largo de toda la programación. Todos estos son innegables avances.
Por último quiero destacar que el fomento de las tecnologías de la información y la promoción de su acceso universal son líneas rectoras del Estado. Hoy abatir la brecha digital es tan importante como eliminar el analfabetismo. El acceso al conocimiento global a través de las tecnologías de la información es hoy tan importante como los métodos tradicionales de educación, y desde luego, por la importancia que este nuevo ecosistema tiene para nuestro futuro, en Acción Nacional hemos manifestado nuestra preocupación sobre el capítulo de colaboración con la justicia y presentaremos algunas reservas al respecto.
Se trata, compañeras y compañeros, de darle una oportunidad a millones de mexicanos para incorporarse al uso de los servicios de telecomunicaciones, al uso de la banda ancha, a la sociedad de la información. En una línea se trata de darles oportunidades para mejorar de manera permanente sus condiciones de bienestar y poder competir con un mundo globalizado e hiperconectado.
En el Partido Acción Nacional estamos convencidos y orgullosos de haber forjado una ley para que los servicios que demanda la sociedad puedan llegar más rápido y a precios más accesibles a los mexicanos, esta ley que hoy discutimos tiene paternidad, es orgullosamente construida por el PAN.
Cuando el año entrante los mexicanos vean que su recibo telefónico baja de precio, cuando noten que ya no les roban su saldo telefónico no usado, cuando vean que tienen acceso a cambiar con rapidez de compañía telefónica, cuando sientan el apoyo del Estado en cuanto a los concesionarios les incumplan, y cuando vean que tiene más canales de televisión a su alcance, sabrán que Acción Nacional pensó en todos los mexicanos, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, de Tijuana a Mérida y de Oaxaca a Tampico, estará todos mejor comunicados y con más opciones de información y de entretenimiento.
Por ello, y porque sabemos el cambio tan importante que hará esta ley en millones de mexicanos, es que hemos decidido dar nuestro voto a favor. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias diputado Adame Alemán.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Tiene el uso de la voz el diputado Eligio Cuitláhuac González Farias, para fijar postura en representación del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado Eligio Cuitláhuac González Farias: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy votaremos es producto de un largo y muy intenso proceso de debate en el que todos, todos hemos participado, y al que la sociedad ha estado muy atenta, en espera de que concretemos los cambios que habrán de darnos un sistema de telecomunicaciones y radiodifusión moderno, abierto a la competencia que atraiga inversiones, que genere empleos y que al mismo tiempo sea accesible para los ciudadanos acorde con nuestras aspiraciones democráticas.
En ese sentido es fiel en letra y espíritu a la reforma constitucional que le dio origen y que fue producto del más amplio consenso emanado de una exigencia social. Consenso y debate, en el que incluso la izquierda de este país ha sido actuante, su urgencia y necesidad son innegables para darle a México las oportunidades de desarrollo que no pueden seguirse posponiendo más. Por eso, el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen.
Durante los últimos años hemos presenciado la transformación de economías modestas en protagonistas a nivel nacional, gracias a su dinamismo y a su capacidad de innovación. Mientras esto ha ocurrido nuestro país se ha movido de forma lenta, sin poder insertase adecuadamente a la interdependencia que en materia de comunicaciones distingue al siglo XXI.
Es por ello que necesitamos construir una economía que nos permita atemperar la desigualdad social, pero buscando aprovechar las fuerzas existentes de nuestra sociedad. Requerimos de un mayor crecimiento que fomente el empleo y fortalezca el salario, de un cambio de rumbo que vaya dirigido a mejorar la productividad y la competitividad, y las telecomunicaciones son motor para hacer crecer exponencialmente dichos conceptos.
Nos referimos a un instrumento legislativo que tiene como eje central a los usuarios, a las audiencias, a la competencia económica efectiva en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Una herramienta parlamentaria que busca llevara la realidad el imperativo contenido en el artículo 28 constitucional, el cual prohíbe la existencia de monopolios.
El dictamen por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es producto de un importante, importantísimo, consenso político destinado a proyectar la reforma constitucional publicada el 11 de junio de 2013, para sí establecer un marco regulatorio en este ámbito tan importante y necesario para el desarrollo económico y la gobernabilidad del país.
El dictamen refleja el sentir del constituyente permanente en un tema tan debatido, como es la preponderancia, el cual fue definido en el artículo octavo transitorio del decreto antes referido, estableciendo que el Ifetel deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, e impondrá las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia, y con ello por supuesto a los usuarios finales, circunstancia que adicionalmente se corrobora con lo señalado en las motivaciones del proceso legislativo derivado de la reforma constitucional.
Pretender lo contrario es buscar limitar las decisiones que ya inició el Ifetel y beneficiar a los actuales agentes económicos preponderantes, que han sido declarados con esta característica, que no nos confundan, diputados, en suma se daría un duro golpe a lo que el constituyente persigue con la reforma constitucional.
Este dictamen constituye pues un correlato fiel a nuestra Carta Magna en este rubro, también contiene disposiciones expresas sobre aquellos concesionarios o que por su poder sustancial en el mercado específico impongan barreras a la competencia en un mercado relevante, tal y como lo contempla el articulado transitorio.
Más aún, establece un plazo fatal para el Ifetel para que inicie procesos de investigación para determinar agentes con poder sustancial en el mercado, incluido por supuesto la televisión de paga.
El dictamen contiene temas importantes que se reflejan en beneficios inmediatos y a largo plazo para todos los mexicanos. Por ejemplo, la portabilidad numérica será gratuita y se realizará en no más de 24 horas. Todos tendremos la cobertura de roaming con independencia del proveedor del servicio. Tendremos el derecho a consultar nuestro saldo de forma gratuita; a que no sea congelado el saldo acumulado en las tarjetas de prepago; a cancelar el contrato de servicios en caso de que los operadores cambien las condiciones pactadas, entre muchos otros que ya mis compañeros han de manera muy acertada enumerado.
El respeto a la libre manifestación de las ideas en la información permanece en el decreto fiel al espíritu del artículo 6o constitucional, pues gracias a las contribuciones realizadas por diversos grupos parlamentarios no se incluyen en el decreto normas tendientes a la censura o a la intromisión discrecional por parte de las autoridades.
El apego del presente dictamen al espíritu de la Constitución se acredita nuevamente cuando leemos de manera armónica el contenido del artículo 4o de la Constitución con lo ahora establecido en los artículos 161 y 200 de la Ley Reglamentaria, ya que mientras el primero se previene la proscripción de la discriminación por razones de discapacidad, en lo segundo se establecen las medidas tendientes a fortalecer y a favorecer a un sector desprotegido de la población, tales como las siguientes.
Las páginas de internet o portales de internet de los entes federales, estatales y municipales deberán contar con funcionalidades de accesibilidad para personas con discapacidad. Los números telefónicos y los centros de atención al púbico de los concesionarios deberán contar con funcionalidades de accesibilidad para discapacitados. Los canales de televisión deberán contar con servicios de subtitulaje y doblaje al español en lenguas de señas mexicana, para accesibilidad de las personas.
Concluyo, presidente. Son muchas las bondades que tiene esta reforma y quiero recalcar la perfecta correspondencia que existe entre lo aprobado por el Constituyente Permanente y el legislador, y que estas diferencias es válido que las tengamos, que podamos disentir en la manera de ver nuestra realidad social. Disentir en este rubro no nos vuelve enemigos ni algo parecido; la diferencia de opiniones constituye por supuesto un rasgo distintivo de toda democracia y en ello, en vez de entorpecer a la nuestra la enriquece y la vigoriza.
Nuestra invitación está dirigida a procesar las divergencias en el marco de las instituciones y el derecho. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado González Farias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Esta Presidencia informa a la asamblea que con esta intervención concluye el plazo para la presentación de propuestas de modificación para el dictamen que se está discutiendo. Igualmente, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes diputados.
En contra: diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, diputado Ricardo Mejía Berdeja, diputada Roxana Luna Porquillo, diputada Lilia Aguilar Gil, diputada Zuleyma Huidobro González, diputado Fernando Belaunzarán Méndez.
En pro: diputada Cristina Olvera Barrios, diputado Heriberto Galindo Quiñones, diputado Damián Zepeda Vidales, diputada Ana Lilia Garza Cadena, diputado Homero Niño de Rivera Vela, diputado Carlos Reyes Gámiz. Tiene la palabra, hasta por tres...
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Ya está registrado, diputado. Tiene la palabra, hasta por tres minutos para hablar en contra, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: En diversos medios han publicado un desplegado con el logotipo del PRI, en el que puntualizan nueve supuestos beneficios de la reforma de telecomunicaciones aprobada en el Senado, entre ellos el no pagar servicio de larga distancia en telefonía fija y móvil, cambiar de compañía celular en menos de 24 horas.
Varios de lo que ya han venido a decir aquí y que inclusive otros compañeros, con un poco de miedo, dicen que es de lo positivo que trae esta reforma.
De nueva cuenta la demagogia para justificar reformas que benefician a los que más tienen. No se engañen, diputados, diputadas, los supuestos beneficios que señalan para los usuarios finales son los que determina el mercado internacional, pues algunos de estos supuestos beneficios ya se aplican en paquetes que ofrecen las empresas. Usan de nueva cuenta el clásico trueque de cuentas de vidrio por oro.
La manipulación mediática de los alcances de la reforma de telecomunicaciones encubre los negocios multimillonarios en favor del duopolio televisivo y del monopolio en telefonía, que han abusado durante décadas de los bienes nacionales y hecho de las telecomunicaciones un factor de negociación y presión con gobiernos y partidos políticos, que de nueva cuenta se subordinan a sus intereses.
Miren, nada más el valor de mercado de las telecomunicaciones es de alrededor de 50 mil millones de dólares, de los cuales el generar las comunicaciones móviles contribuyen con más de 60 por ciento de los ingresos del sector, seguido de los accesos fijos 32 y la TV de paga el 12 por ciento.
Ya un estudio del CIDE y de la desaparecida Cofetel reportan el valor del mercado de la publicidad en la televisión abierta, equivale al 4 por ciento del producto interno bruto. Y esto equivale a cerca de 60 mil millones de pesos, de los cuales Televisa tiene el 70 por ciento, TV Azteca el otro 30 por ciento, es obvio que esto se refleja en el 95 por ciento de las concesiones, el 96 por ciento de la audiencia y en el 99 por ciento de los ingresos por publicidad.
Estos datos anteriores, sin lugar a duda, determinan las posturas del PRI, del PAN, y también hay que decirlo, aunque el PRD proyecta votar en contra, la clase política al igual que el Poder Ejecutivo y los gobernadores se subordinan a lo que ellos mismos llaman poderes fácticos.
Esta reforma no sólo no cumple con los compromisos del mal llamado Pacto por México, cuyo padre Enrique Peña Nieto, ¿verdad?, una vez más miente y no los cumple. Eso no es novedad, eso ya lo saben la mayoría de los mexicanos. Pero yo nada más quiero recordar que el compromiso 40, donde él habla de reforzar la autonomía y la capacidad decisoria de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que opere con reglas de transparencia, independencia, no se cumple.
Ni el 43, que habla sobre la licitación de más cadenas nacionales de televisión abierta. Y miren, por qué. En el proyecto que hoy se discute, se propone que los actos del Comité de Evaluación de aspirantes a ser designados como comisionados del Instituto serán inatacables, por lo que no procederá medio de defensa algún ordinario o extraordinario, incluyendo el juicio de amparo ni podrá ser modificado o revocado por autoridad alguna; en el artículo 11.
Aunado a ello, se determina que la información y documentación relativa a los exámenes y reactivos de evaluación, la metodología de calificación de dichos exámenes y demás información sobre la calificación obtenida por los respectivos aspirantes, tendrá carácter confidencial, por lo que los servidores públicos y particulares que intervengan, en ningún caso podrán revelar dicha información a persona alguna.
Dicha confidencialidad legaliza la opacidad en un proceso que por su propia naturaleza debería de contar con la máxima transparencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, con el fin de evitar que intereses políticos o económicos de las partes que la ley que hoy regula, se sobrepongan al interés público general.
El artículo 28 de la Constitución determina que este Comité de Evaluación por cada vacante enviará al Ejecutivo un mínimo de tres y un máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las más altas calificaciones aprobatorias, dentro de las cuales el presidente hará una propuesta al Senado.
Por eso, cabe preguntar, ¿cuál es la razón por lo que en la ley secundaria se determine confidencialidad y reserva de los exámenes, evaluaciones y resultados de los aspirantes a comisionados del Ifetel? Encuentro solamente una, la subordinación del Estado a los intereses de las empresas de telecomunicaciones, lo que aconteció con la actual integración de comisionados del Ifetel, en cuyo procedimiento se coló a última hora un comisionado a modo.
El control atiende intereses fácticos puesto que se establece que el Ifetel es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. Es la autoridad competente para el otorgamiento y revocación, así como autorización de cesiones o cambios de control, accionarios, titularidad, operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
Este acotamiento a la autonomía constitucional del Ifetel, entre otros temas que se desahogarán durante la discusión del proyecto que nos ocupa, obliga en forma razonada a votar en contra del proyecto.
Culmino, presidente. Los procedimientos y competencias establecidas en el artículo 6, apartado B, fracción III de la Constitución determinan que la radiodifusión deberá ser un servicio público de interés general. Que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde beneficios a la cultura de la población, preservando pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines del artículo 3 de la misma Constitución.
Y de igual forma se incumple con lo dispuesto en la fracción V, sobre la autonomía técnico-operativa de decisión y de gestión del Ifetel, cuyo objeto es proveer el servicio de radiodifusión, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica. La igualdad entre mujeres y hombres. La difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y
dar espacio a las obras de producción independiente, así como la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.
Demagogia legislativa que justifica la distribución del mercado de telecomunicaciones a las empresas privadas, las cuales se confabulan con la clase política violentando derechos fundamentales. Culmino, presidente, como el derecho a la información y al de réplica. Legislación que permite un sistema de comunicación política y social enajenante y parcial, en beneficio de empresas que lucran con las telecomunicaciones, lo que violenta los principios de un Estado democrático de derecho.
Miren, presidente, culmino. Es cierto lo que dijo la diputada Puri, como le dicen ahora. Pero no fue un gol, fue un golazazo, fue más que el penalti de Holanda lo que le están haciendo a los mexicanos. Ya nada más falta que pronto ustedes traigan una iniciativa de ley, sí, los del PRI y sus alcahuetes, que aquí hay bastantes de ellos.
¿Y qué van a venir a proponer? Esto, miren, que pongan ahí en letras de oro, en lugar de “La patria es primero”, “Televisa es primero”. Eso ya nada más falta para que acaben con su tarea que les mandaron aquí estas empresas, estos sectores privados a los que ustedes están protegiendo. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Huerta Ladrón de Guevara. Tiene el uso de la voz la diputada Cristina Olvera Barrios para hablar en pro, hasta por cinco minutos.
La diputada Cristina Olvera Barrios: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputados y diputadas, para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza el nuevo marco jurídico para regular el sector de telecomunicaciones y radiodifusión representa un avance significativo respecto a las leyes que anteriormente regulaban estos mercados.
Además de permitir una mayor competencia en ambos sectores, la nueva ley plantea beneficios para los usuarios de telefonía fija al eliminar la larga distancia; así como mecanismo de defensa frente a los proveedores de telefonía móvil; de esta manera las y los usuarios de telefonía quienes mes a mes tienen que lidiar con los contratiempos que surgen por los abusos de los proveedores, ahora contarán con mecanismos de defensa para exigir servicios de mejor calidad.
Las nuevas reglas de competencia en telecomunicaciones y radiodifusión permiten no solo la participación de más operadores, sino también una mayor inversión nacional y extranjera misma que deberá traducirse en más y mejores empleos para las y los mexicanos.
La participación de nuevos operadores de la telefonía fija y móvil, así como de proveedores de servicio de Internet, como mejores condiciones de interconexión permitirá además de disminuir las tarifas que las y los usuarios accedan al servicio de mejor calidad.
En materia de radiodifusión es pertinente señalar que el ingreso de tres nuevas cadenas de televisión abierta, dos privadas y una pública permitirán una mayor diversidad de información la cual garantiza el derecho humano a la información.
Además de ello, la ley establece los derechos de audiencia que obligará a los concesionarios a tomar en cuenta la opinión de los televidentes y radioescuchas para mejorar sus contenidos. Existe un pleno reconocimiento de las concesiones de uso social y comunitario, incluso estableciendo formas financieras para que puedan ejercer sus derechos a transmitir y difundir las distintas expresiones sociales, políticas o culturales que existen en nuestro país.
En términos de derecho consideramos que la minuta presenta una regularización importante sobre los derechos que tiene nuestra infancia al contenido de calidad que fomentan su desarrollo armónico.
Podemos seguir señalando los aciertos que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza observa en el dictamen de la minuta enviada por nuestra colegisladora, misma que contará con nuestro voto a favor; sin embargo, es necesario señalar que este cuerpo normativo como toda ley es perfectible y por ello no deben de ser sujetas a la inmovilidad.
Nuestro aval no es un cheque en blanco, velaremos porque estas leyes, como en todas circunstancias en el sector, que demanda una acción legislativa prevalezca lo que mejor le convenga a la nación.
Estamos construyendo el desarrollo y modernización de las telecomunicaciones y radiodifusión en el país; por ello todas las fuerzas políticas en este Congreso que representa la voluntad popular no debemos dar marcha, y acuerdos que beneficien a todos los mexicanos para así tener lo que ellos se merecen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias a todos ustedes.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Olvera Barrios. Tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Mejía Berdeja, hasta por cinco minutos, para hablar en contra.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, presidente. En todas las reformas estructurales promovidas por el titular del Ejecutivo Enrique Peña Nieto y los partidos del Pacto por México, se ha venido consolidando un modelo autoritario legislativo en el cual las leyes, las reformas se construyen en espacios ajenos a las Cámaras. Ha habido un autoritarismo parlamentario y ha habido una postración y un sometimiento vergonzante de los grupos mayoritarios el Ejecutivo del país.
Pero en el colmo de este servilismo parlamentario, tenemos que prácticamente dos funcionarios de la Presidencia de la República, el director Jurídico Humberto Castillejos y el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República Aurelio Nuño, prácticamente intervinieron el Senado, suplantaron a las comisiones e incluso enviaron ya los dictámenes elaborados para que se votaran en comisiones.
Este es un hecho reprobable en la historia parlamentaria del país. Eso pasó en el Senado de la República donde se llevaron meses de discusión. Y aquí, en la Cámara de Diputados, que se ha convertido en el traspatio del Senado, quieren que saquemos esta reforma apenas en horas.
Es un sometimiento total no sólo al Poder Ejecutivo sino a nuestra Colegisladora. Los coordinadores parlamentarios de los grupos mayoritarios bailan al son que les tocan en el Senado. Ya ni siquiera, compañeras y compañeros, es un asunto de partidos. Es un asunto de una Cámara del Poder Legislativo de la Unión. Es el colmo que el Senado se dé el lujo de cerrar periodos cuando se le antoja y ahora nos mandan una minuta para que en horas esté aprobada.
Por otro lado, no es cierto que se hayan escuchado todas las voces, porque incluso el colectivo Internet para todos, que hizo uso del derecho a la iniciativa legislativa, presentó desde el 5 de marzo de 2013 una iniciativa en la materia y esa iniciativa no ha sido dictaminada. Entonces es mentira que se haya escuchado a todas las voces.
Nosotros en Movimiento Ciudadano estuvimos en contra de esta reforma desde la reforma constitucional hace un año.
Se vendía como la gran reforma contra los monopolios, contra los poderes fácticos, y nosotros no caímos en el canto de las sirenas. Advertíamos que era pura simulación, como hoy se confirma con este remedo de legislación secundaria.
Y lo tenemos muy claro, porque quien llega a la presidencia de la república por el poder televisivo, jamás va a hacer nada para afectar sus intereses. Sólo desde la ingenuidad o la complicidad se podría haber pensado que el propio titular del Ejecutivo, que le debe la presidencia a Televisa, iba a acotar el poder económico y político de este grupo empresarial.
Y hoy hemos también caído en el vergonzoso espectáculo que hay senadores y diputados que más que representar a sus partidos, representan o a Telmex o a Televisa o TV Azteca o a las empresas oligopólicas que se reparten el pastel de las telecomunicaciones en el país.
Nosotros representamos a los ciudadanos, ciudadanos que no se ven reflejados en esta reforma, porque esta reforma endurece el papel de policía informática de la Secretaría de Gobernación, porque esta reforma sigue planteando el bloqueo de señales, de manera disfrazada pero sigue prevaleciendo; porque esta reforma atenta contra los datos personales al pedir a las empresas que mantengan esta información por 24 meses.
Se está creando un Estado policiaco que va a controlar las telecomunicaciones en detrimento de los ciudadanos y a poner los grandes negocios del sector en manos de unos cuantos empresarios que les deben el favor el actual gobierno federal.
Nosotros advertimos también que en este tema del sector o de los servicios, el problema viene desde la redacción confusa de la Constitución. Se habla de preponderancia por sectores pero también se habla de preponderancia por servicios.
Y el Ifetel ya determinó que sea por sector. Y nosotros no tenemos ninguna confianza en estos comisionados porque los pusieron el PRI y el PAN, y porque responden también a los intereses oligopólicos del sector de telecomunicaciones.
Por eso auguramos que seguirán los malos servicios, que seguirán los servicios caros, como el Internet.
Por ahí se ha dicho que ya se afectó a Telmex, a América Móvil con algunas medidas, pero pregúntenle a los usuarios de banda ancha, de servicios de Internet que de meses a la fecha han venido viendo cómo hoy pagan más por los servicios de Internet.
Siempre tienen maniobras para cobrarse a costa de los usuarios de los servicios. Y bien decía por aquí el diputado Huerta, esto de los espejitos, de las largas distancias, ya lo ofrecían desde antes.
No es cierto que se esté legislando para los ciudadanos; se está legislando para los oligopolios y por esa razón, compañeras diputadas, compañeros diputados, vamos a votar en contra de esta reforma para los poderes fácticos y en contra de los ciudadanos. Y vamos a votar también porque no podemos permitir que se legisle desde Los Pinos en este gran desaseo parlamentario. Es cuanto.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Mejía Berdeja. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el diputado Heriberto Galindo Quiñones para hablar en pro.
El diputado Heriberto Galindo Quiñones: Con su venia, Presidente. A los priistas nos llena de orgullo el avance de la vida democrática de México, a los priistas nos agrada la discusión y el debate porque enriquece la vida de la sociedad mexicana.
En el Senado de la república escuchamos debates y observamos aportaciones que las distintas senadoras y los distintos senadores de diferentes fuerzas políticas aportaron para tener una aprobación mejor sustentada y más completa.
Qué bueno que se disienta, qué bueno que se coincida, qué bueno que en una legislación como ésta podamos aprobar reformas de gran calado, reformas transformadoras como las que viene impulsando el presidente de México Enrique Peña Nieto.
Para la bancada del PRI es un orgullo respaldar con todo vigor, con todo patriotismo la iniciativa de reformas en materia de telecomunicaciones que el presidente Peña Nieto ha impulsado y que recibió ya el respaldo del Senado de la república de manera mayoritaria y que deseamos hoy, y a ello los convoco, a que la mayoría de las compañeras y los compañeros diputados federales respalden, porque se trata de una reforma transformadora, porque se trata de una reforma patriótica, valiente, visionaria que pondrá de nuevo a México en el umbral del crecimiento y en la senda del desarrollo que tanto estamos anhelando.
Hemos permanecido en un estancamiento económico lamentable. Por eso Enrique Peña Nieto ha tomado la estafeta del crecimiento, de la inversión, de la generación de empleos para hacer que nuestro país tenga mayor justicia distributiva.
Esta es una reforma con sustento técnico, sí; que significa que avances tecnológicos, sí; que pondrá a México a la altura de las naciones más desarrolladas, sí; pero también es una reforma profundamente de contenido social.
¿Quién puede oponerse, compañeras y compañeros diputados? ¿Quién puede oponerse en su sano juicio a las ventajas que le traerá esta reforma a la sociedad en general? No solamente en el aspecto de la telefonía, no solamente en el aspecto de la televisión y del internet, sino que permitirá el acceso a los mexicanos que menos tienen con mayor facilidad para avanzar.
Por eso les pido a conciencia la aprobación para el dictamen que aprobó las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión, porque se trata de una propuesta avanzada, perfectible, claro que sí.
Se hace lo que se puede en función de lo que se debe y pensando en lo que se tiene, y lo que se debe es impulsar el avance de México en este orden, y de lo que se trata es de respaldar a un presidente valiente y patriota que está poniendo por encima de su imagen personal su mejor empeño por servir a los mexicanos.
Por eso, compañeras y compañeros diputados de todas las fuerzas políticas, los convoco, como priista de corazón y con sentido patriótico, a votar a favor del dictamen que estamos discutiendo. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Galindo Quiñones. Tiene el uso de la voz la diputada Roxana Luna Porquillo, hasta por cinco minutos para hablar en contra.
La diputada Roxana Luna Porquillo: Compañeros y compañeras, buenas tardes. La reforma constitucional de junio del 2013, en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, asentó los principios fundamentales de lo que parecía concretarse en avances de derecho a la información y la democratización de los medios de comunicación de nuestro país.
Sin embargo, el dictamen que hoy se presenta, está totalmente ajeno a lo que se aprobó, teniendo como resultado una legislación desequilibrada entre los agentes económicos de las telecomunicaciones y radiodifusión con los usuarios y con las audiencias, debilitando a los medios comunitarios indígenas lo mismo que a los productores independientes, aumentando las facultades a la Secretaría de Gobernación sobre el sector de la radiodifusión a costa de una supuesta autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano autónomo, y entre lo más grave, asienta las bases para la violación de los derechos humanos como la libertad de expresión, la libertad de información y el derecho a la privacidad.
Todo lo anterior permite claramente vislumbrar que esta ley representa preocupantes omisiones, pérdidas y retrocesos frente a la reforma constitucional aprobada en el 2013, lo que me permite fijar mi postura en contra de este dictamen, ya que se trata de una ley disfrazada, que además pretende sorprendernos con algunos tintes de beneficio que más bien representan migajas de lo que verdaderamente representa el sector de telecomunicaciones.
Basta decir que este sector crece dos o tres veces más rápido que el resto de la economía y que nuestro país ocupa el segundo lugar del mercado a nivel Latinoamérica en materia de telecomunicaciones con un valor de mercado de más de 28 mil millones de dólares, razón que explica la paradoja de que en México podemos encontrar a una de las personas consideradas como las más ricas del mundo en desproporción con el enorme porcentaje de pobreza y marginación.
Por eso se entiende lo rentable que le resulta este negocio a concretamente a América Móvil y a Televisa, y evidentemente no quieren dejar escapar la fuente que les ha otorgado el poder en México. Tan es así que esta ley permite entender el poder de influencia que ha tenido y que se ha demostrado en la política de este país.
Señores legisladores y señoras legisladoras, lo que verdaderamente nos debería preocupar y tener aquí es quitar el poder de influencia a los monopolios que todos conocemos. Y de no contar con una reglamentación adecuada día a día todos los ciudadanos acrecentamos su fortuna, tan simple como prender el televisor y ver más publicidad que contenidos, tan simple como hacer una llamada por celular, tan simple como eso.
Los gigantes monopólicos de la comunicación no se han hecho gigantes solos, nosotros ahora mismo, al votar a favor, estamos abonando aún más a este poder que sigue concentrando. Lo más grave es que estamos perdiendo la oportunidad de cambiar la historia del rumbo de nuestro país y de generaciones completas.
Pero no se trata de optar por uno o por otro monopolio, como pagan a favores pasados o favores futuros que se hacen presentes en las campañas electorales y en la votación de leyes que favorezcan, se trata de buscar un mercado justo que beneficie el desarrollo del país, se trata de velar por el beneficio colectivo y no sólo de un grupo.
¿Qué perdemos con lo que supuestamente ganamos? Ésa es la verdadera pregunta. Esta ley contempla que se dejará de cobrar la larga distancia, que tenderemos la posibilidad de cambiar de compañía telefónica en menos de 24 horas, que los equipos telefónicos se entregarán desbloqueados para que puedan ser utilizados por cualquier compañía, finalmente los usuarios recibiremos bonificaciones o descuentos cuando los proveedores de servicio no cumplan con el servicio de calidad o lo estipulado en el contrato de servicio.
No nos dejemos sorprender con estos beneficios, que lo único que se pretende es jugar con nuestra inteligencia para ocultar el panorama de retroceso al que invita este dictamen. Estos beneficios son verdaderamente minúsculos ante la afectación e implicaciones que debería aprobar este dictamen, como son los siguientes: los derechos de audiencia y publicidad.
Lejos de democratizar los medios audiovisuales y promover las mejoras de sus contenidos, la nueva Ley permitirá a los concesionarios comerciales de radio, televisión abierta y restringida, trasmitir publicidad en más de la tercera parte de su tiempo.
Se advierte que estas disposiciones violentan el derecho a recibir información de calidad y programación equilibrada entre contenidos y publicidad. Estos beneficios en publicidad se traducen como un tremendo regalo a Televisa, que los legisladores impulsan este dictamen hacen como un pago de favores recibidos de esta televisora en procesos electorales.
Medios de uso social. El dictamen privilegia el modelo comercial y asfixia a los medios de uso social contraviniendo lo establecido en la propia Constitución. Varios legisladores han venido a posicionar a favor y a decir que esta reforma por fin forma parte y que se toma en cuenta a los medios sociales, y reconoce la actuación de los medios indígenas haciendo indispensable aclarar que dicho reconocimiento es inevitable ante lo que han establecido tratados internacionales en la materia.
Pero no se señala, no señalan los legisladores en su discurso que de aprobar esta ley no se le garantiza ni la independencia editorial ni su autonomía de gestión ni las reglas clara para la transparencia y la rendición de cuentas, y lo más importante y lo más irónico es que se les quitan las opciones de financiamiento, es decir se les reconoce un derecho pero no se les dan los medios ni la posibilidad de subsistir ni de ejercer este derecho.
El dictamen sínicamente permite el abasto porcentaje de publicidad a los medios comerciales, lo cual los hace más fuertes ya que les permite invertir en los servicios, mientras que a los medios sociales les prohíbe explotar ese derecho bajo el argumento de propiciar una competencia desleal, lo cual es absolutamente falso porque no puede haber competencia desleal cuando en primer lugar no son competidores.
La Organización de Estados Americanos, a través de la Relatoría de la Libertad de Expresión en los estándares para la radiodifusión libre e incluyente, en 2012, refiriéndose a los medios de comunicación comunitarios reiteró que la legislación debería prever los procedimientos sencillos para la obtención de licencias, la exigencia de los requisitos tecnológicos severos que les impida acceder a ella la posibilidad de que utilicen distintas fuentes de financiamiento.
La situación laboral de los trabajadores y operadores de telecomunicaciones y radio difusión, esto es importante debido a la pretensión de empresas como Telmex, de transferir los costos de la Ley secundaria a sus trabajadores por medio de la disminución de sus derechos adquiridos y prestaciones.
Lo anterior quedó de manifiesto en su más reciente revisión contractual de Telmex y la Compañía de Teléfonos y Bienes Raíces, SA de CV, con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, en donde el consorcio planteó la modificación a la baja de 40 cláusulas de los contratos del trabajo. Lo anterior es evidente, pone en desventaja a los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión, de no fijarse la situación laboral en que quedarán estos operadores, ya que en busca de beneficiar a los usuarios de telecomunicaciones podrá afectarse a los empleos y derechos de los trabajadores y de no considerarlo en esta Ley.
Estas son algunas de las argumentaciones y consecuencias que se van a aprobar en este momento. Escuchen bien lo que ya saben, si votamos por este dictamen sin modificaciones indispensables, la Cámara de Diputados estará tirando a la basura una responsabilidad histórica e irrepetible, que no se ostentaba desde 1960 y que consiste en sentar las bases sólidas para determinar con influencia del poder que ejercen los monopolios mediáticos, que tanto han frenado el desarrollo de nuestro país, que es México. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Luna Porquillo. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos para hablar en pro, el diputado Damián Zepeda Vidales.
El diputado Damián Zepeda Vidales: Con su permiso, señor presidente. En el Grupo Parlamentario del PAN estamos comprometidos a abonarle y ayudar a construir un nuevo rostro al futuro de este país. Así lo hemos hecho y con esta visión hemos centrado el debate de cada una de las reformas que se nos han puesto a consideración y que por años —no de hoy, por años— hemos impulsado como parte de nuestra plataforma política. Creemos en estas reformas, creemos en este cambio que se debe de dar y lo hemos impulsado hoy y siempre.
Una vez más, celebramos que exista en esta Cámara de Diputados el ambiente de acuerdo. Creemos que construir acuerdos fortalece y ayuda a tener un mejor desarrollo en este país. Así lo hicimos, juntos, para sacar adelante una reforma, un plan de reformas o un conjunto de reformas muy ambicioso, que están ayudando a tener un mejor futuro: la reforma educativa, la reforma energética, la reforma en materia político-electoral, la reforma en materia de competencia económica, la financiera y la de telecomunicaciones.
Pocas reformas dejan ver de manera tan concreta los beneficios que se van a tener para el ciudadano, como la reforma en materia de telecomunicaciones. Cuando estamos hablando de reforma en telecomunicaciones, estamos hablando del libre acceso a información plural y oportuna, estamos hablando de acceso a tecnología de información y de comunicaciones. Estamos hablando de facilitar que los ciudadanos se puedan comunicar mejor, a que se puedan comunicar mejor entre ellos, a que se puedan comunicar mejor con el gobierno y a que se puedan comunicar mejor las empresas. Estamos hablando de televisión, estamos hablando de radio, estamos hablando de telefonía fija, estamos hablando de telefonía móvil, estamos hablando de Internet, principalmente.
En México no cabe ninguna duda, existen monopolios en el tema y estos monopolios no han dejado avanzar en materia de telecomunicaciones. Y por eso hicimos esta reforma en materia de telecomunicaciones, acompañada o como parte de una reforma integral de competencia económica. No nos olvidemos de ello, no fue sola la reforma, fue en un concepto integral para darle herramientas tanto a Ifetel como a la Cofeco, para que pudiera combatir los monopolios en los diferentes sectores y servicios, y asegurar que se puedan prestar u ofrecer mejores productos y servicios a los mexicanos.
Esto necesita verse plasmado en nuestras leyes secundarias. Se dio el gran paso en la reforma constitucional, pero necesitamos después reformas que vengan a explicar el cómo, quién, cuándo y dónde se van a respetar estos derechos que ofrecimos a la ciudadanía a través de la reforma constitucional, y eso estamos haciendo aquí, eso estamos haciendo aquí.
Nos estamos asegurando que la gente, que el ciudadano pueda tener acceso a mejor telecomunicación y radiodifusión, de eso se trata la reforma en materia de telecomunicaciones y por eso el PAN la está respaldando. La está respaldando porque ofrece beneficios concretos, como, ¿cuáles?
En televisión, por ejemplo, el más caro y el must offer, que ofrece o que garantiza a los ciudadanos a que tengan acceso a los contenidos que tienen las principales televisoras a nivel nacional.
Se crean tres nuevas cadenas: dos comerciales, una pública. ¿Qué es lo que esto hace? Pues incrementa la oferta, incrementa la competencia, posibilita que los ciudadanos tengan acceso a mejor información.
En radio y en televisión se fortalecen los derechos de las audiencias. ¿Cómo? Especialmente enfocados a tener mejores contenidos. Dígame, diputado.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Diputado Belaunzarán, ¿con qué objeto?
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Si el diputado me acepta una pregunta.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Diputado Damián Zepeda, ¿acepta la pregunta?
El diputado Damián Zepeda Vidales: Si, con mucho gusto. Dígame, diputado.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Mire, compañero diputado, tanto su partido como el mío sostuvimos, y no sólo nosotros como partidos, también otros y distintas voces de la sociedad civil, sostuvimos que hacia el 2012, tanto para promover lo de candidato como para luego ser presidente de la república, la televisión cargó los dados a favor del actual presidente Enrique Peña Nieto. Eso lo sostuvo tanto su partido como el mío y distintas voces.
Quiero preguntarle, si usted considera que en esta reforma que hicimos o que, más bien, esta reforma, esta Ley Telecom, este dictamen que ustedes están apoyando a favor, si hay algo que usted considera va a evitar que suceda lo mismo hacia el 2018. Es decir, que hay algo ahí que impida que en 2018 se carguen los dados a favor de otro gobernante o gobernador o político, como sucedió en el 2012 y que sostuvimos tanto su partido como el mío.
El diputado Damián Zepeda Vidales: Bueno, diputado, yo espero, más bien, que la reforma político-electoral que usted y nosotros aprobamos se encargue de establecer o se encargó, más bien, de establecer las reglas claras para la competencia electoral.
La regulación en materia electoral le corresponde a otro cuerpo normativo, no le corresponde a la reforma en materia de telecomunicaciones que el día de hoy estamos analizando.
Lo que le corresponde a la reforma en materia de telecomunicaciones es, de manera obviamente indirecta, si el acceso que cualquier persona puede tener a telecomunicaciones y radiodifusión. Así es que yo creo que ése es debate de otro lado.
Y sí, por supuesto espero, sin ejemplificar en específico, que toda contienda electoral sea justa, sea democrática y sea equitativa. Por eso el PAN ha insistido tanto en la homologación a nivel nacional de la reforma político-electoral.
Como iba diciendo, continúo con el tema, a sus órdenes diputada. Bueno, si tiene una pregunta concreta se la recibo con mucho gusto, diputada. Como venía diciendo, la reforma que estamos hoy en día aprobando asegura o fortalece los derechos que tienen las audiencias mexicanas. Cómo. Principalmente enfocándonos a que los contenidos sean de calidad y protegiendo, precisamente, a los niños y a los adolescentes.
En telefonía fija y en telefonía móvil ya se ha dicho mucho y lo reiteramos. El beneficio concreto que el ciudadano recibe es la eliminación de la larga distancia. ¿Cuándo? Casi de inmediato. A partir del 1 de enero. Lo que genera que ese cobro injusto que se estaba haciendo, que ha representado poco menos de 20 mil millones de pesos se genere de ahorro para los bolsillos de los ciudadanos.
Ése es un beneficio concreto que el ciudadano va a tener, derivado de esta reforma. Por eso decimos que pocas reformas se pueden explicar tan en concreto con el beneficio directo que va recibir el ciudadano.
Reglas claras para que se comparta la red, a rescindir el contrato cuando se están cambiando las cláusulas o se están cambiando las condiciones en las que éste fue efectuado. A dar la posibilidad de demandar y que se bonifique cuando no se reciben servicios de calidad cuando se ha abusado una y otra vez, en este país, en contra de los intereses de los ciudadanos.
En Internet, y qué decir en Internet, una sociedad informada es una sociedad que tiene por delante un mejor futuro. No vamos a mejorar nuestro país si no le damos, de manera equitativa, a todos los mexicanos acceso a la información que existe en el mundo.
No tiene un por qué existir que una persona por tener mayores recursos económicos tenga acceso a mejor información que otra.
Es por eso que todos juntos, en la reforma constitucional, y hoy la mayoría de esta Cámara en materia secundaria, nos vamos a asegurar de que llegue el acceso a la información a través de Internet a todos los mexicanos, principalmente a través de una red pública que se va a asegurar que 250 mil sitios puedan tener, de manera gratuita y de libre acceso a Internet, junto a los 37 mil aproximadamente, que hoy tenemos.
¿De qué estamos hablando? De edificios públicos. De oficinas públicas. De escuelas y de principales plazas públicas. Esto es una realidad. De hecho esto ya se está implementando el día de hoy porque todos aquí en la Cámara de Diputados le aprobamos recursos para que se arrancara con el programa a través del gobierno federal y de SCT.
Bien hecho. Así deben ser pensadas las reformas, con beneficios concretos como darle acceso a Internet a todos los mexicanos. No tener mexicanos de primera y mexicanos de segunda en acceso a información.
Se detuvo, y ahí sí qué bueno, en conjunto, se detuvo la intentona del gobierno, y hay que decirlo, de abusar y censurar la libertad de expresión y la libertad en Internet. Eso jamás iba a ser apoyado por el PAN; no lo fue y pusimos dura nuestra postura, y gracias a ello y a posturas igualmente duras de otros partidos políticos evitamos lo que hubiese sido una tragedia y una desgracia para el acceso a información para todos los mexicanos.
Le dijimos claramente no al gobierno, le dijimos no a la censura y hoy este dictamen se asegura que no exista ese tipo de censura en el Internet. Sin lugar a dudas tenemos espacio para la mejora; no decimos que no, por supuesto que hay espacio para la mejora, nosotros mismos presentaremos varias iniciativas. ¿En qué? En evitar que el medio público sea utilizado para publicitarse el gobierno; en regular de mejor manera las radios comunitarias, en asegurarnos que se tengan procedimientos claros judiciales para el tema de compartir información de los ciudadanos con las autoridades, para el tema de seguridad, y en muchos temas más; así lo haremos y lo haremos en lo particular.
Pero sin lugar a dudas en términos generales esta legislación es por demás positiva. ¿Por qué? Porque hace que los mexicanos tengan acceso de mejor forma a la información, porque promueve mayor competencia, porque mejora los productos y mejora los servicios que van a recibir los ciudadanos, pero sobre todo porque contribuye a que tengamos una sociedad más informada y una sociedad más informada es una sociedad más democrática y es una sociedad que da mayores oportunidades para su futuro.
Por todo esto el PAN, hoy dice sí a la reforma en telecomunicaciones y tendrá nuestro voto a favor. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Zepeda Vidales. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos para hablar en contra, la diputada Lilia Aguilar Gil.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente; y con la venia de la asamblea. Cuando se aprobó la reforma constitucional, y yo lo he dicho con toda claridad, hubo algunos ingenuos –entre ellos yo– que creíamos que esta reforma constitucional realmente vendría a valorar la democratizar de los medios en este país y acabar con los monopolios o con los oligopolios, se crearon grandes expectativas, grandes expectativas.
Pero la realidad nos dice que el día de hoy lo que tenemos es leyes secundarias o una ley secundaria y adecuaciones a otras que solamente redistribuyen el mercado de las telecomunicaciones. Es decir, así como en algún momento la concesión de la telefonía fue dada a Carlos Slim y hoy tenemos al hombre más rico del planeta en este país a costa de los bolsillos de los mexicanos, la redistribución de este mercado se dará sin cumplir con los objetivos constitucionales centrales, la generación de competencia, acabar con los monopolios y la democratización.
Yo no voy a repetir lo que ya se ha dicho en esta tribuna. Simplemente diré –a lujo de detalle– por qué creemos que no se cumple con estos objetivos constitucionales y por qué la desilusión de lo que representaba esta reforma constitucional, que hay que decirlo, parecía que de tajo acababa con el duopolio televisivo al otorgar dos nuevas concesiones televisivas, hoy nos viene y nos da una bofetada de realidad en la cara.
Se dice que se promoverá la competencia. Yo les pregunto a quienes vendrán después de mí a esta tribuna, que nos digan con certeza cómo se permitirá la entrada de pequeños competidores al mercado de telecomunicaciones de radio y televisión.
¿Cómo –de verdad- se democratizarán los medios? Porque por ahí los malpensados dicen que aquí el nombre del juego se llama Triple play, y que el nombre del juego se trata de fortalecer a un actor económico u a otro. La pregunta es: dígannos, de verdad, en qué parte de la ley se permite la entrada de pequeños competidores para que entren y compitan con estos gigantes económicos.
Porque también los malpensados dicen por ahí que éstas dos cadenas de televisión que se aprobaron en la reforma constitucional y de la que todos nos deleitábamos, ya tiene nombre y apellido. Y no, no va a ser la democratización de este país, sino que la generación de opinión pública, que es donde reside la importancia de la radio y la televisión, recaerá en los mismos hombres de poder. Algunos dicen que empresarios del estado de México, otros inclusive se atreven a señalar a Vázquez Raña como dueños ya de éstas concesiones.
No hay competencia porque tampoco hay creación de contenidos independientes. No hay atribuciones del IFT para resolver controversias entre los operadores y, más allá de eso, hay barreras de entrada en el tema de cable y la televisión de paga sobre la gran discusión que es esta reforma, que es el mercado del cable o la televisión de paga en telecomunicaciones y que se relaciona directamente con el tema de la preponderancia.
Para aquéllos que pensamos que se acababa, pues, con el monopolio y el duopolio en radio y televisión y en telecomunicaciones, nos damos cuenta que simplemente lo están convirtiendo en un oligopolio y que no hay democracia, que hay facturas que pagar y que finalmente todo mundo tiene rienda.
En el tema de la preponderancia, que ya se ha hablado mucho, simplemente diré lo siguiente. La creación de una figura que no tiene antecedentes internacionales ni referentes, debía de tener como objeto frenar la acumulación de servicios, no tirar la balanza hacia un competidor u otro, porque lo he dicho con mucha claridad, aquí no se trata de defender a un gigante frente a otro. Se trata de que demos la entrada a los pequeños empresarios para que puedan competir en este mercado.
Sobre el tema de la democratización, el día de ayer se decía en la mesa de discusión que uno de los grandes logros era la democratización de los medios de comunicación. Y pongo a discusión y reto a quien venga a hablar a favor de este dictamen a que nos diga cómo.
Porque en efecto, hay siete artículos que hablan sobre los medios sociales, siete de 315 artículos y 44 transitorios que hablan sobre los medios comunitarios, las radios indígenas y los medios públicos.
¿Qué es lo que hacen? Burocratizarlo, poner en desventaja a las concesiones cuando en los medios comunitarios solamente se darán por 15 años, para los medios públicos o privados será por 20 años; se les niega la facultad de que puedan obtener recursos y finalmente entorpece y acaba con las iniciativas comunitarias. El día de ayer se decía en la mesa.
No permiten que los pueblos indígenas puedan tener una autodeterminación en el tema porque el 1 por ciento para poder financiarse no será suficiente y a pesar de que algún senador dijo que el IST levaría de la mano a las radios comunitarias, eso me parece que no es nada más que aclarar y decirnos que en efecto se entorpecerá el procedimiento para las concesiones para su otorgamiento y para que puedan funcionar.
El tema de los controles de contenidos de la Secretaría de Gobernación en efecto se modificó y eso hay que decirlo, pero ¿pegó? Sigue manteniendo y regulará los medios del Estado.
Voy a poner un ejemplo claro, el PRD solicitó que precisamente en los medios del Estado se pudiera someter a consulta la reforma energética y que se llevara a discusión objetiva del Estado la misma.
Segob se negó. Cómo nos dicen que no hay un control autoritario de los contenidos de la televisión pública y de los espacios públicos si ellos seguirán manteniendo el control sobre lo que se dice y no se dice por parte del Estado.
El fortalecimiento de los medios públicos es una falacia y a mí me gustaría aquí que alguien me dijera que no y por qué no.
En el derecho de las audiencias que tanto se ha dicho aquí, sería bueno saber, aparte del defensor de las audiencias, que ya mencionó el diputado Federico González Luna ¿qué otro derecho de las audiencias se genera para poder decirle a quien ahora transmitirá y generará todos estos contenidos, que no estamos de acuerdo con los contenidos que se tiene en radio o en televisión?
Hay otras cosas de preocupación. El tema de la publicidad que se aumenta en un 20 por ciento pero que además no incluye los icomerciales, que no incluye los contenidos de marcas en programas de televisión, en telenovelas y muchos otros.
Los usuarios discapacitados en efecto tendrán un mensaje de señas ya en los noticieros, pero se da un plazo de 36 meses para que puedan distribuirse en todos los canales locales y para que se determine en un horario específico, es decir, los concesionarios determinarán qué es lo que ven y qué es lo que no ven los usuarios con discapacidad.
En el tema de Internet –y con esto terminaré con mis dos últimos temas– se dice que el internet es para todos; lo estaba diciendo quien me antecedió en la palabra. Pero en realidad la calidad del servicio de internet dependerá de quien preste el servicio y de la capacidad económica que tenga el usuario para contratar el servicio. Entonces cuál democratización si al final todo depende de la capacidad económica del usuario.
Sobre el apoyo a la justicia –lo he comentado en el posicionamiento del PT– nos parece que no solamente se fortalece un Estado autoritario, sino que además es inconstitucional. Lo hemos discutido con el diputado Ricardo Monreal; él lo ha dicho ya en esta tribuna. Cómo puede ser que violemos derechos humanos, cómo puede ser que los concesionarios, sin ningún control, puedan mantener contenidos, cómo puede ser que el Estado pueda bloquear la señal de los ciudadanos y nosotros estemos aprobando y apoyando eso. Eso lo único que nos dice es el fortalecimiento de un Estado que se meterá a los derechos de los ciudadanos y que nosotros lo estamos permitiendo.
Reflexionemos sobre el tema y no vengamos a decir a esta tribuna que todo es perfectible; ese mensaje lo hemos oído desde que empezaron las reformas estructurales y lo único que quiere decir es: ésta es la negociación que logramos y aquí los agentes económicos están ganando. No, no todo es perfectible. Lo que digo es que debemos hacerlo mejor, podemos hacer una mejor ley. Hagámosla y démonos tiempo para hacerlo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Diputado Monreal, con qué objeto.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde su curul): Por alusiones personales.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Diputado, tiene el uso de la voz hasta por tres minutos.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano Presidente. Me parece pertinente aclararles varias cosas que ha comentado la diputada preopinante. Lo que subyace en el fondo de la discusión, lo que debemos analizar de por qué la regresión, por qué la contradicción que ahora se observa en la ley reglamentaria con respecto a la Constitución, es verdaderamente muy claro.
Ustedes recordarán que nosotros votamos en contra de la reforma constitucional. Se los advertimos a todos aquellos que votaron a favor, les dijimos que era una simulación, era una tomadura de pelo y que en la reglamentación o en la ley secundaria iban a regresar, iban a asumir una actitud conservadora porque, frente a los poderes fácticos, el Estado y el Poder Legislativo habrían de hincarse.
Pero repito, qué es lo que subyace en el fondo. Lo que subyace es que el partido, el gobierno y sus aliados decidieron entre los dos gigantes de la radiodifusión y de la telecomunicación. Ellos decidieron por uno de los dos. Por eso no le demos tanta vuelta, es un tema de definición política. El gobierno optó, frente a los dos gigantes que conforman: uno, telecomunicaciones, América Móvil, Telcel; y el otro, Televisa, duopolio, decidió por estos últimos.
El gobierno decidió pagarle la factura a Televisa, pero sobre todo pagarle por adelantado el futuro, ya lo veremos. Pero lo que sucede también es que hay distintos privilegios en esta ley, el aumento de la publicidad comercial en la televisión restringida.
Por eso la corrección inconstitucional de las facultades del Ifetel, ahora atribuidas a la Secretaría de Gobernación, y por eso debemos de aclarar que esta ley no es la panacea que aquí se esmeran los voceros de los poderes fácticos en atribuible, eso es falso; son pequeños avances que incluso llegan tardíamente al país frente a otras naciones, pequeños avances frente a una ley ominosa de retrocesos y claroscuros.
Uno de ellos es la requisa, la requisa que casi copia la ley de requisa de Venezuela, aquella por la que se escandalizaban muchos medios de comunicación y sus voceros, y ahora la aplauden.
Otro tema de gran importancia que no puede pasar desapercibido para los abogados, para los aficionados al derecho, para los turistas, es la intervención telefónica ahora a petición del ministerio público solamente, porque contradice el artículo 16 constitucional: la autoridad judicial, a petición del ministerio público, y tratándose precisamente de delitos distintos, es el único que puede autorizar intervenciones telefónicas.
Hoy se ha retrocedido en un derecho elemental de libertades públicas o de libertades individuales. Imagínese ustedes, los que han litigado, los que están frente al ejercicio de la función pública jurisdiccional o aquellos que a diario se enfrentan al ministerio público, imagínenselo ahora solicitando intervenciones telefónicas o redes privadas de cada ciudadano.
Va a ser un desorden, además de que es anticonstitucional, va a ser una violación de derechos humanos ineludible, inevitable, inadmisible, por eso debemos corregir.
Miren, el control jurisdiccional sobre intervenciones telefónicas debe persistir, no se debe permitir la requisa como está planteada, no se deben permitir privilegios como los que están planteados, para un grupo televisivo o para un duopolio, y no puede afectarse a la población de esta manera tan alarmante y verdaderamente tan poco seria de los legisladores.
Por esa razón quise expresar por la vía de alusiones personales, porque en efecto –como decía la diputada– el control constitucional está alejándose de las libertades individuales. Con esta reforma se está regresando a la etapa más obscura del autoritarismo mexicano.
Con esta reforma estamos dando paso a una actitud fuera de serie, el Legislativo actúa con docilidad, el Legislativo actúa sin reflexión, el Legislativo actúa con temor a los poderes fácticos y tarde que temprano este frankenstein que ustedes están creando se revertirá en su contra, pero sobre todo en contra de la población que vive en este país. Presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Monreal. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Ana Lilia Garza Cadena para hablar en pro.
La diputada Ana Lilia Garza Cadena: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, es un honor para mí hablar a favor de esta minuta porque adelantamos que el Partido Verde Ecologista va a votar a favor de esta minuta.
Sé que es un debate, es una discusión que sin lugar a dudas genera puntos de vista muy encontrados, sin embargo no perdamos de vista que ésta es una oportunidad para generar un antes y un después en la regulación de las telecomunicaciones, basta recordar que la ley que rige actualmente a la radio y a la televisión tiene origen en el año de 1960 y si bien se han generado algunas reformas nunca antes de esta trascendencia. Lo mismo ocurre con la Ley de Telecomunicaciones, la cual fue expedida en 1995, es decir, hace ya 20 años.
Lo anterior no significa que el Legislativo haya estado en una parálisis en sus funciones, sino que hoy tenemos la oportunidad de legislar sobre servicios de una nueva realidad en torno a los sectores que antes simplemente no existían. Nadie hubiera imaginado, hoy tenemos la oportunidad de modernizar la Ley y no debemos, pero no debemos olvidar que esta legislación será dinámica.
Es cierto, toda Ley es perfectible, ninguna Ley es estática y mucho menos lo va a ser una Ley que regula sectores como los de telecomunicaciones y la radiodifusión. Eso es cierto, pero no por lo anterior podemos dejar de ver, vamos a ignorar los objetivos positivos que por primera vez se han alcanzado con esta legislación, ya que por primera vez se está reconociendo a las radios comunitarias, sí, por primera vez. Por primera vez se les está dando un espacio y un esquema de financiamiento.
Por primera vez también se le está ofreciendo beneficios directos y tangibles a la comunidad. Como cuáles. Es bien sabido que gracias a esta nueva legislación se generarán ahorros de entre 19 a 22 mil millones de pesos anuales y esto sólo con la eliminación de tarifas que hoy en día, gracias a la tecnología resultan innecesarias, como el pago de la larga distancia. Ése es un beneficio tangible que va a apoyar a la economía mexicana.
Por primera vez se están reconociendo los derechos de los usuarios y de las audiencias, ¿cómo?, estableciendo la creación del defensor de la audiencia, que regula su actuar en un código de ética aprobado por el Ifetel. Estableciéndose, igual por primera vez, beneficios para los consumidores como son el que los equipos de telefonía celular se entreguen desbloqueados.
¿Pero qué significa eso?, que será el usuario el que podrá seleccionar qué prestador de servicios desea sea su proveedor, sin que éste le pueda negar el derecho de que el aparato de telefonía pase, si él lo desea, a un proveedor diferente sin costos adicionales o trámites engorrosos. Éste es un beneficio también, es un beneficio real, es un beneficio tangible.
Cómo no creer positiva una Ley que es incluyente, ya que por primera vez se toca el tema de la discapacidad, y toca el tema de la discapacidad más allá del acceso del discapacitado a los espacios físicos, ya que estos cambios, si alguno pudiera considerarlos como pequeños, abren el mundo de la información a las personas con capacidades diferentes.
En el caso de la telefonía, se deberán de ofrecer equipos con funcionalidades para personas con debilidad motriz, visual y auditiva. Las páginas de internet de las entidades gubernamentales deberán ofrecer funcionalidades de accesibilidad, ayudando a que la personas con capacidades diferentes logren ser cada día más autosuficientes en la realización de sus trámites.
El Presidente diputado José González Morfín: Diputada, ¿me permite un momento por favor? Dígame, diputada Alfa Eliana, ¿con qué objeto?
La diputada Alfa Eliana González Magallanes (desde la curul): Gracias, presidente. Para preguntarle a la oradora si me permite una pregunta.
El Presidente diputado José González Morfín: ¿Le permite una pregunta, diputada?
La diputada Ana Lilia Garza Cadena: No.
El Presidente diputado José González Morfín: No la acepta. Adelante, diputada.
La diputada Ana Lilia Garza Cadena: Los concesionarios de los servicios de televisión deberán ofrecer un subtitulaje, o bien en lenguaje de señas.
¿Cómo no agradecer que estos temas, que sí son incluyentes, se introduzcan por primera vez en una ley? Estos eran temas que anteriormente nunca habían sido tocados y claro que lo que hacen es apoyar al bolsillo y las necesidades directas de la comunidad.
Hablando en materia económica. No olvidemos que se han realizado las reformas necesarias para fortalecer a la competencia de los mercados. Y me refiero en concreto a la Ley Federal de la Competencia Económica, ¿buscábamos apertura de mercados? Pues hoy con esta nueva legislación tendremos dos nuevas cadenas de televisión abierta.
Sé que existen criterios muy diversos sobre los beneficios de estas dos cadenas y cuál va a ser la forma en que se van a concesionar, pero no olvidemos, va a haber un procedimiento y hoy existe un organismo con la fortaleza y las facultades para regularla.
Podríamos seguir hablando mucho de los beneficios que tiene esta ley; sin embargo, con estos pocos ejemplos quiero decir que a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista y a nombre propio, no puedo más que invitarlos a no perder la oportunidad que tenemos hoy de marcar un antes y un después de la regulación de las telecomunicaciones. No nos perdamos en un debate negativo, recordemos que ninguna ley es estática y que la de telecomunicaciones y radiodifusión, por su propia naturaleza es imposible de que lo sea.
Hoy en esta Legislatura tenemos la oportunidad de darle a estos sectores leyes que corresponden a sus necesidades actuales y que seguramente en unos años las Legislaturas siguientes tendrán que abordar nuevamente. Sin embargo, creo que después de la reforma constitucional este es el segundo punto para una transformación completa de estos sectores tan importantes para el desarrollo del país.
Esta legislación es un paso trascendente y necesario para llevar a México a ese México digital de oportunidades económicas y beneficios tecnológicos, que estoy segura todos deseamos y que es una necesidad apremiante en un mundo globalizado, donde ya la realidad lamentablemente nos ha rebasado. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra para hablar en contra la diputada Zuleyma Huidobro González.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Esperemos que así sí me van a poner atención en esta ocasión y si no, por lo menos van a estar volteando para acá.
En Movimiento Ciudadano tenemos claro lo delicado y la importancia que tiene en la agenda nacional el tema de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que nos resulta inaceptable la profunda subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, permitiendo y votando privilegios inadmisibles para cualquier democracia.
Cuando la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión fue aprobada hace apenas un año causó euforia entre algunos sectores que creyeron tenía la intención de ceñir a los grandes consorcios de las telecomunicaciones al imperio de la ley. Sin embargo, tal como nosotros señalamos entonces, con el documento que está en discusión el día de hoy, los anunciantes ganan injerencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones pierde importancia.
Con estas leyes los grandes perdedores serán los medios y radios públicas. Se estará firmando la sentencia a este tipo de medios, pues estarán restringidos a vivir de la publicidad oficial. Se impedirá que las radios públicas puedan obtener los recursos necesarios para poder enfrentar la digitalización a las que están obligadas.
Ya se dijo que esta reforma limita el derecho de los pueblos a la comunicación, ya que se acorta el espectro de transmisión, se violentan los derechos de los pueblos indígenas a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica, así como al derecho de los pueblos a tener sus propios medios de comunicación enmarcados en la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Pero algo que no se ha dicho aquí, es que además esta reforma impide que instituciones que se dedican a fomentar la cultura en nuestro país, como Canal 11, Canal 22, TV UNAM, Radio Educación no reciban presupuesto adicional para enfrentar los retos de la digitalización o la modernización tecnológica, pero eso sí, ya veremos a los diputados defendiendo sus proyectos culturales en el próximo presupuesto.
Por otra parte, un elemento que queda corto de miras es el de las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual tiene un mandato constitucional que claramente en la ley secundaria se lo niegan.
Las condiciones imperantes en nuestro país exigen el fortalecimiento del Instituto, pero no se le concedió autonomía ni tampoco facultades para la toma de decisiones sobre regular a las empresas monopólicas en este sector.
Es una embustera contradicción contar con un órgano constitucional autónomo como el Ifetel, cuando las concesiones seguirán siendo ámbito de la competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al tiempo que los contenidos de los medios serán vigilados por la Secretaría de Gobernación, por lo que se trata de otro regulador de ornato.
Como órgano autónomo, técnico y capacitado en este rubro, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es quien debería determinar cuándo un tema es particularmente importante para el país y deba ser transmitido en cadena nacional, por lo que no se debe permitir que se otorguen dichas facultades a una secretaría que a lo largo de la historia ha desempeñado un papel de control político, como la Secretaría de Gobernación.
Y sí, qué bueno que ya no se van a pagar largas distancias o que no se va a cobrar por consultar un saldo en un teléfono móvil. Pero no estamos de acuerdo en que a todos los ciudadanos nos traten como delincuentes, porque estas reformas establecen la intervención de comunicaciones, aplicaciones y contenidos sin orden judicial, porque las corporaciones policiacas y agencias de seguridad del gobierno tendrán acceso total a la geolocalización de los ciudadanos, porque cualquier autoridad puede instruir a bloquear accesos de Internet sin justificar los motivos de la orden o sin la obtención de una autorización judicial, y porque obviamente limita arbitrariamente el acceso de Internet, inclusive las empresas estarán obligadas a retener los datos de todos los usuarios. Es decir, a conservar un registro y control de las comunicaciones que se realizan desde cualquier dispositivo.
Este registro contendrá el origen y destino de las comunicaciones, la fecha, la hora y duración de la comunicación, el nombre del titular y de una línea, y no la ubicación geográfica del dispositivo de comunicación, entre otros.
Y por si fuera poco, como ya se dijo, la Secretaría de Gobernación podrá censurar contenidos en radio y televisión, pues se le otorga la facultad de monitorear, vigilar y sancionar los contenidos en estos medios.
Lo más alarmante es que se permitirá que Televisa y TV Azteca sigan controlando el 95 por ciento de la televisión abierta. Está en sus manos, diputados, en su voto, romper con esta dinámica perniciosa. En el Senado se les olvidó la petición de más de 119 mil ciudadanos que firmaron para que no fuésemos geo localizados o para bloquear el Internet para comunicarnos.
Firmas de ciudadanos apartidistas, hartos de la criminalización, de la protesta, de las reformas estructurales, de los gasolinazos.
Al Movimiento Ciudadano no se nos olvida esto, claro que tomamos en cuenta estas firmas. Y tampoco somos ingenuos o nos tomaron el pelo. Y así como votamos en contra de la reforma constitucional, así votaremos en contra las leyes secundarias en telecomunicaciones. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Homero Niño de Rivera, para hablar a favor del dictamen.
El diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela: Gracias, presidente. Con su venia. Hablando de telecomunicaciones entiendo que el rating no está aquí sino en el juego de Brasil-Alemania.
Voy a ser muy breve. Compañeras y compañeros, yo estoy convencido que esta reforma de telecomunicaciones es, sin duda, la reforma que más tiempo hemos discutido en esta soberanía. Llevamos más de un año y medio discutiendo en foros, en eventos, en el pleno, en comisiones.
Hoy estamos terminando con este proceso. No es hoy la discusión más importante. Tenemos más de año y medio discutiendo y debatiendo esta reforma trascendental. ¿Por qué es tan trascendental? Porque es una reforma que impacta directamente en los bolsillos de las familias mexicanas, como pocas. Impacta como pocas en los ingresos de las familias mexicanas, por eso genera tanto debate.
El objetivo, el espíritu de este constituyente permanente, en marzo del año pasado, fue una cosa con una premisa muy sencilla: lograr apertura y competencia en un sector relevante, que sin duda alguna estaba muy concentrado.
Yo estoy convencido que tanto la reforma constitucional como la que estamos votando el día de hoy va en ese sentido.
Y hace un año, hace un año, en marzo, por supuesto que todos los actores políticos festejamos enormemente este logro. Solo 50 votos de esta Cámara, 50 votos de esta Cámara votaron en contra de la reforma constitucional.
Ya se ha hablado mucho de los beneficios que trae esta reforma. Lo que les quiero decir es que son beneficios que impactan directamente a los ciudadanos y son logros que debimos haber legislado desde hace más de 19 años.
Con estos cambios van a dejar de ganar miles de millones de pesos muchas empresas y esto va a ir directamente en beneficio de los mexicanos.
Estamos votando por primera vez a favor de los derechos y la protección de las audiencias en televisión, por primera vez a favor de las audiencias de los niños, de los discapacitados. Estamos creando –y esto era un tabú– más cadenas de televisión abierta. Y estamos también, ya se ha dicho mucho, subiendo la señal de televisión abierta a la televisión de paga sin costo alguno.
En materia de telefonía la interconexión es importantísima, eliminar los costos de interconexión va a traer inmediatamente la reducción de las tarifas telefónicas, la portabilidad, el desbloqueo, la vigencia de los saldos de las tarjetas de prepago son logros importantísimos.
Les quiero recordar que la OCDE nos pone con las tarifas más altas y con el peor servicio en telefonía, y por si fuera poco estamos eliminando por completo y totalmente la larga distancia en todo el país. ¿En verdad, alguien de aquí cree que estos son pocos logros?
Una cosa más –y esto fue a propuesta del PAN–, la intentona de censurar el Internet quedó en el olvido, no hay censura en Internet en lo que estamos votando el día de hoy. Aquí nosotros fijamos las reglas para el regulador, ¿de verdad alguien de aquí cree que ya lo cooptaron los poderes fácticos? ¿Alguien cree que el regulador ya nos falló? Sinceramente yo no lo creo.
Por último hago referencia a este gran debate en torno a las dos figuras regulatorias, ya se ha hablado mucho, solo les quiero decir una cosa: hay un debate –y lo entiendo–, un debate jurídico entre las dos figuras regulatorias que nosotros constituimos y que pusimos en la Constitución; pero yo no puedo creer que alguien esté dispuesto a votar en contra de toda la reforma por ese debate jurídico, que en todo caso lo van a dirimir los tribunales que nosotros creamos también para eso.
Por último, presidente, quiero comentar que a mí me da mucha tristeza que insistan una vez más en esta tribuna a traer una discusión y una postura maniquea de los buenos y los malos. No puede ser que una vez más suban algunos compañeros a decir que unos son los buenos y otros son los malos. Yo creo más bien que hay alguien aquí intentando sacar raja política en un debate y en una discusión donde saben que no tienen la razón, no tienen los votos y no tienen la verdad jurídica. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar en contra, el diputado Carlos Reyes Gámiz.
El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz: Dice el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que el rating no está aquí; y es verdad. No obstante estoy convencido que en avenida Chapultepec y en Grupo Carso tienen bien prendida la televisión mirando lo que aquí acontece.
Compañeras y compañeros, esta batalla es piedra angular de la gran lucha por la democratización de nuestra vida pública.
Quiero, al señor Azcárraga y al señor Slim, dejar clara la posición del PRD. El PRD no pretende juicios sumarios ni lapidaciones inútiles a los altos muros de los poderes económicos del sector. Con toda claridad quiero decir que para nosotros sería absurdo pretender la extinción del duopolio Televisa-Telmex.
El PRD –lo digo enfáticamente– busca que la lucha por la reglamentación y la transparencia en ese sector se haga posible, porque nosotros creemos que esos poderes económicos no deben de estar al margen de la ley ni por encima de ella, y porque el PRD quiere que las leyes sean verdaderas representantes del interés general.
No es Televisa ni Telmex quienes determinan nuestras posiciones. Son los ciudadanos y el interés nacional el que guía nuestros pasos. La palabra monopolio no ha sido borrada del sector de las telecomunicaciones como habían prometido los impulsores de esta reforma. Está ahí en cada uno de los detalles de esta legislación secundaria y permea todos los aspectos regulatorios del uso del espectro radioeléctrico nacional.
Es claro que la maquinaria política de la dominación es aplastante. Que las mayorías y sus acuerdos subrepticios están por encima de los intereses legítimos nacionales, y que los legisladores de oposición pocas vías tenemos para echar atrás esta legislación que en cada cláusula, en cada detalle llevan sembradas argucias para beneficiar a los grupos de poder que han manejado los hilos de este debate.
Los legisladores del PRD no claudicaremos de nuestro papel histórico en este debate. Somos responsables de levantar la voz en medio de la simulación que se nos impone, así como también será importante levantar en la resistencia las conquistas que en esta reforma hemos logrado impulsar.
Hay puntos a favor, hay puntos a favor y no vamos a minimizarlos. Están contenidos dentro de esta ley largas batallas que la izquierda ha planteado aún y a pesar de los resultados limitados.
Por ello, diputadas y diputados, asumiremos el costo de llevar hasta las últimas consecuencias este debate.
Tenemos la tarea de demostrar con argumentos y razones, en el detalle, cuáles son los riesgos, las condiciones nocivas para la libertad que se pretenden imponer a un sector sustancial para el desarrollo y las libertades nacionales.
Ha quedado claro, no serán los votos de la izquierda los que aprobarán esta ley; son las manos de la derecha quienes la han creado a imagen y semejanza.
El único tiempo por el que deberíamos de reclamar es el tiempo donde este Congreso honrara la representación popular y no entregarnos a intereses lesivos que poco se corresponden con la representación que la democracia efectiva, que es dignidad legislativa, nos otorgó. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Fernando Belaunzarán.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputado presidente. Voy a decirlo con todas sus letras, para que haya mucha claridad. ¿Por qué el grupo parlamentario del PRD va a votar en contra de esta minuta? Porque la mayoría de este Congreso no está en disposición de moverle una sola coma a la minuta del Senado.
El grupo parlamentario del PRD está abierto a la negociación, al acuerdo, el grupo parlamentario del PRD quiere que esta Cámara de Diputados efectivamente cumpla su responsabilidad constitucional y legisle y n sólo avale lo que otros decidan.
Respeto el trabajo de los senadores, pero ellos no nos leen el pensamiento. Tenemos criterio propio y hubiéramos podido enriquecer esta minuta para beneficio de los mexicanos.
Nosotros hubiéramos querido votar a favor porque hicimos o somos promotores de la reforma constitucional, porque entendemos los avances y la importancia que tiene, pero desgraciadamente hubo cerrazón y no hay manera de entrar a una negociación en donde pudiéramos hacer que esta minuta fuera aceptable en puntos fundamentales.
Por supuesto se dice “ya está en la lucha de quién se pone, quién se levanta el cuello hacia el 2015, quién se abroga la medallita de las ventajas en telefonía”. Disculpen que haga cierta memoria, pero en el dictamen que presentó el senador Javier Lozano originalmente no venía lo de las largas distancias; eso se logró gracias a la negociación que hicieron algunos senadores y obviamente fue un éxito colectivo, pero algunos senadores del PRD que consideraban que habían –en mi opinión con acierto– mejorado el dictamen.
Por qué no es suficiente. Está bien la telefonía, pero falta la televisión y faltan algunas cosas de internet como la neutralidad de la red y otras cosas, pero hubiéramos podido llegar a acuerdos.
Por ejemplo en el tema tan debatido de preponderancia. Estoy convencido de que el espíritu de la Constitución es por servicios para que nadie se escape, esa es mi convicción. Pero entiendo que eso está a debate. Pues aquí puse sobre la mesa una propuesta para zanjar el diferendo. OK, quieren irse con agentes con peso sustancial en mercado relevante, de acuerdo, vámonos por esa vía de la Ley de Competencia Económica, pero pongámosle plazo para que no se vaya a un año, dos años, tres años o a las calendas. Pongámosle un plazo, seis meses para que puedan resolver. Ahí está una propuesta, estamos dispuestos a movernos para llegar a acuerdos. Desgraciadamente no hay disposición para hablar.
Otro punto clave. Hagamos efectivo el must carry y must offer. ¿Entienden el ridículo que vamos a hacer, el ridículo monumental que vamos a hacer poniendo el must carry y must offer perfecto en la ley de comunicaciones pero negándolo en la Ley de Derechos de Autor poniendo ahí el costo? Es decir, escribiendo con una mano y borrando con la otra lo que hacemos. Esas cosas me parece que pudieran ser salvables.
El asunto de la cláusula Telecom del artículo noveno transitorio. Ahí también tenemos propuesta. Que esperen a aplicar eso a que el Ifetel establezca si hay un agente con poder sustancial de mercado en televisión restringida, que lo decida, que ponga las medidas asimétricas si es el caso, y entonces pueda operar. Pero como ven, hay una intención de llegar a acuerdo.
Nosotros hubiéramos querido ir por los avances; porque somos promotores de la reforma constitucional hubiéramos querido tener una minuta que mereciera nuestro voto a favor, pero no lo podemos hacer porque votar así como está la minuta es votar una ley facciosa y con dedicatoria, y eso no es correcto.
Telefonía muy bien, internet lo podemos mejorar y falta la televisión. Hubiera sido bueno con ánimo de llegar a acuerdos. Ojalá que eso así se refleje. Preguntan por qué se vota en contra de la gratuidad a larga distancia. Es que no estamos votando contra eso. Ojalá el reglamento nos permitiera hacer compartimientos y entonces decir: en esto estamos a favor y en esto no, pero no es manera.
Y falta la parte de la televisión y nuestro compromiso era limitar a los monopolios, limitar la influencia de los monopolios, no sólo de un monopolio, sino de los monopolios y generar la competencia en todas las ramas de la industria, no sólo generar en las de ese monopolio, sino en las de todos. Por eso es que, muy a nuestro pesar, vamos a votar en contra.
Ojalá hubiera habido apertura del grupo parlamentario del PRI, del verde, el Panal, que tienen una gran alianza, y nos hubieran ayudado nuestros compañeros del PAN a establecer una mesa para que la Cámara de Diputados ejerciera plenamente su labor como colegisladora y para modificar esta minuta hubiéramos podido reconstruir el acuerdo, y esos votos que mencionó Niño de Rivera, el diputado, que se dieron en la reforma constitucional, se hubieran vuelto a dar en la ley secundaria si hubiera habido apertura para establecer la mesa de negociación y para que llegáramos a los acuerdos para poder hacer un minuta aceptable.
¿Por qué votamos en contra? Por la cerrazón de quienes no quieren hacer que esta Cámara de Diputados ejerza plenamente sus facultades y pueda legislar, y no sólo avalar y no sólo ser Oficialía de Partes de la otra Cámara.
Si quieren convertir este país en un país unicameral, presenten la iniciativa y debatimos, pero en los hechos, nos están borrando. Ojalá, si le hubiéramos dado el espacio a esta Cámara, hubiéramos podido construir los acuerdos para rescatar el consenso perdido.
Lamento que no haya habido apertura, que se haya cerrado toda posibilidad de negociación, porque nosotros estábamos dispuestos a llegar a esos acuerdos. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Aunque en los términos del 104 del Reglamento se ha cumplido con los seis oradores a favor y seis en contra, también en los términos del propio reglamento vamos a abrir otra ronda de oradores, de tres a favor y tres en contra.
En consecuencia tiene la palabra para hablar en contra, la diputada Gloria Bautista Cuevas, hasta por cinco minutos.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor presidente. Es impresionante el ultimátum que se les da a los pueblos y comunidades indígenas el día de hoy. Reducir al 1 por ciento del presupuesto de las entidades públicas de la Federación, entidades federativas y municipios, el 1 por ciento señoras y señores diputados, es nada. Al parecer, estamos de vuelta a la época de La Colonia, donde existía una separación jurídica y territorial entre la república de indios y la república de los españoles.
Hoy, en la época que se dice moderna, los pueblos estamos todavía segregados, abandonados a nuestra suerte, en una total exclusión de los medios para fomentar, transmitir y afianzar nuestra cultura.
El mensaje de esta contrarreforma, es que los indígenas nos quedemos ahí, encerrados a nuestra suerte, sin un estado que garantice oportunidades, que establezca la acción afirmativa sin facilidades para que podemos ejercer efectivamente nuestros derechos en la autonomía que mejor reconocen los tratados internacionales que nuestro propio orden jurídico interno. Esto es muy grave y ofensivo.
Nos tenemos que valer de nuestros propios recursos financieros, materiales y humanos, para aspirar a contar con instrumentos de comunicación como si no existieran opciones para que las normas garantizaran nuestra inclusión en la modernidad, como si la existencia de una nación pluricultural no fuera norma suprema, sino tan sólo letra muerta, como si no existiera gobierno para nosotros.
¿Cómo interpretar este ninguneo, esta discriminación de hecho y de derecho? La deuda histórica con los pueblos indígenas ahora resulta impagable, mayoritariamente estamos excluidos, siete de cada 100 mexicanos son hablantes de una lengua indígena, de estos ocho de cada 10 son pobres y la mitad vive en la pobreza extrema.
Para revertir esta injusta situación se establecerá una política de Estado para que los indígenas ejerzan en la práctica los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos. Eso decía esa cosa llamada Pacto por México, que también resultó un engaño. Pero, aclaro, nunca estuve de acuerdo, la izquierda democrática nacional siempre votó en contra, nunca le creímos a ese gracioso Pacto por México.
Señoras legisladoras y señores legisladores, les pregunto –y ojalá alguien pueda responder–, ¿destinar el 1 por ciento de publicidad oficial a las radios indígenas y comunitarias no es una política de Estado? No. Ésa es una pichicatería, una mezquindad, una sordidez, una indecencia del Estado, del gobierno para con los pueblos originarios.
Y les pregunto a las diputadas y a los diputados indígenas del PAN y del PRI, ¿están de acuerdo con eso? ¿Están convencidos en dar una migaja del presupuesto público a la comunicación indígena?
A los pueblos indígenas de México les hago un llamado desde esta tribuna de la nación, tomen nota de esta afrenta. Nuestro futuro está en peligro, es momento de poner en juego toda nuestra inteligencia y toda nuestra capacidad para resistir esta avalancha de contrarreformas que afectarán a nuestras futuras generaciones.
Somos demasiado pueblo para nuevas derrotas, las y los diputados que están hincados al poder de los monopolios nos presentan como una belleza apologética una reforma que afecta a todos los mexicanos. Son unos adversarios abiertos a toda esta iniciativa, a toda iniciativa que proteja y dote de derechos a las y los indígenas.
Teníamos grandes expectativas, pero fueron truncadas. Un gran muro de la ignominia se construye en México para partir en dos una vez más a México; la república de los potentados y la república nuevamente de los sin voz; la república de los de arriba y la república de los de abajo. Esto es inexplicable.
La estrecha visión se impone, los enemigos recalcitrantes de México están como truchas enjabonadas, legislando leyes lesivas y retrógradas. Cualquier propuesta que intente mejorar las condiciones indígenas choca con una virtual indiferencia de la gran mayoría de los 500 legisladores, sobre la situación y el destino de al menos 15 millones de mexicanos considerados indígenas. Esto es por falta de voluntad política.
Termino, señor presidente. La pasividad y el desinterés manifiesto aquí están exhibiendo una actitud discriminatoria evidente, esta realidad está constatada. No hay voto razonado sino una mayoría mecánica. Nuestra propuesta es muy sencilla; quitar ese tope del 1 por ciento y transitemos en condiciones de igualdad para lograr el desarrollo de los pueblos indígenas.
Quitemos el proceso engorroso para adquirir una concesión, dotarle de derechos y contenidos a las iniciativas de comunicación indígena y comunitaria. Estamos primero por los intereses de los pueblos y comunidades y no por esos intereses mezquinos y pichicatos.
Dejen esa intransigencia y práctica antidemocrática que se vuelve uso y costumbre en ustedes, y vayamos juntos por reconocer a los pueblos indígenas como dice la Constitución, adquirir, operar y administrar medios de comunicación.
De nuestra parte sólo nos asisten razones de carácter estrictamente históricas y de reconocimiento de derechos, no de disminuirlos.
Hoy tenemos la oportunidad. Les hago un llamado a que reflexionen. Es cuanto, señor presidente, gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, para hablar en pro del dictamen.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su permiso, señor presidente. Si el sentido de esta soberanía es poner en el centro al ciudadano en su carácter de usuario; si el sentido de esta soberanía es promover mayor competencia económica en telecomunicaciones, el impulsar la licitación de dos cadenas nuevas de banda de televisión abierta; si el sentido de esta soberanía es reconocer el derecho a la banda ancha, se dispone de un proyecto en el cual se precisan ámbitos muy específicos, como la competencia de las autoridades, el espectro radioeléctrico y recursos orbitales, el régimen de concesiones, el control accionario, el control de las redes y los servicios de telecomunicación y de acceso a la interconexión, los derechos plenos de los usuarios, del sistema nacional de información de infraestructura, entre otros temas.
En consecuencia, se dispone de un nuevo modelo en el ámbito de las telecomunicaciones.
Habría que precisar también que este proyecto de reformas, a través de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, crea un sistema público de radiodifusión con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, operativa y de gestión y cuyo objeto es el de proveer el servicio de la radiodifusión sin fines de lucro, asegurando el acceso a un mayor número de personas en las entidades federativas, donde se deberá promover la integración nacional, la formación educativa, la formación cultural y la formación cívica.
Las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones tratan de promover mayor competencia y, por consiguiente, tendrá una mayor cantidad de oferentes del servicio cualquier ciudadano, tratando de todo tiempo y en todo momento de abaratar los costos de los servicios con mayor facilidad de acceso, con mayor calidad.
En un tema de suyo complejo, que ha sido discutido ampliamente, como lo es el de la preponderancia, se considera como una participación nacional en la prestación de servicios de radiodifusión o telecomunicaciones mayor al 50 por ciento.
Se debe considerar que sigue tajantemente las normas que dictó este Congreso en cuanto a la reforma constitucional y deja en claro que la preponderancia debe determinarse por sector.
Bajo la perspectiva de una competencia económica podría aquí argumentarse que esta medida representa un avance en materia de competencia, aunque al parecer lo mejor hubiera sido declarar la preponderancia por servicio, ya que con esta declaratoria por sector se podría tener en el mercado de telecomunicaciones un actor grande y varios pequeños, a diferencia de que por servicio se verían más desglosados, situación que es muy debatible y discutible.
Sin embargo, lo que aquí debe subrayarse, es que al margen del debate sobre la definición de la preponderancia se advierte en esta reforma a las leyes secundarias diversos cambios que próximamente caracterizarán al sistema de telecomunicaciones nacional y que muchos de ellos tendrán relevancia positiva y directa en todos y cada uno de los consumidores.
Señoras y señores legisladores, hoy, con datos del Inegi, se estima que 13 millones de hogares, el 44.1 por ciento del total nacional que tienen teléfono fijo no pagaran a partir del 1 de enero de 2015 el costo por servicio de llamadas de larga distancia, beneficio que también ejercerán los usuarios de telefonía celular, que en conjunto tendrán un ahorro anual en dicho servicio que fluctuará entre 19 mil y 22 mil millones de pesos.
Tomando en cuenta el total de hogares mexicanos donde al menos se tiene un teléfono celular, es decir, en 14.6 millones de hogares, este sector de la población mexicana ejercerá el beneficio de la portabilidad, que consiste en trasladar el número de teléfono celular o móvil de una compañía a otra, en un plazo máximo de 24 horas, y además en estos mismos hogares, la población mexicana se beneficiará al no verse obligados a cubrir costos por consulta de saldos y recibirán bonificaciones o descuentos por fallas en el servicio.
En casi 30 millones de los hogares mexicanos, en el 94.7, el total nacional, donde se tiene al menos un equipo de televisión, en los canales que sintonicen podrán tener subtítulos y traducciones a señas en su principal noticiario. También este mismo universo de hogares recibirá la señal de dos nuevas cadenas de televisión abierta que serán operadas por empresas que no tengan concesiones actuales.
Según cifras disponibles, el 23.3 de los hogares mexicanos tienen acceso a Internet, 7.4 millones de hogares, indicador muy por debajo de países como Corea del Sur con el 96.8, de los Estados Unidos con el 71.1 por ciento, incluso, de Chile con el 30 por ciento.
Este bajo porcentaje de hogares mexicanos con Internet podría incrementarse con la promoción y regulación contenida en la ley, por el cual se establece que los concesionarios que presten este servicio se sujetarán a los lineamientos de carácter general que expida el Ifetel conforme a la libre elección del usuario, la no discriminación, la privacidad, la transparencia de la información, calidad y desarrollo sostenido en la infraestructura.
Con el objeto de garantizar la integración de la población a la sociedad de la información y del conocimiento, se reglamenta lo relativo a la estrategia digital nacional, donde se abordan con mayor precisión temas de infraestructura y conectividad, tecnologías de la información y la comunicación, habilidades digitales, programas de gobierno digital y datos abiertos. El fomento a la inversión en tele salud, tele medicina y el expediente clínico electrónico y el desarrollo de aplicaciones, sistemas y contenidos digitales.
En materia de derechos de usuario y sus mecanismos de protección, se refuerza el libre acceso a la información mediante la edición de párrafos que especifican el derecho a recibir y difundir información e ideas por cualquier medio de expresión, teniendo, además ya, rango constitucional el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la banda ancha y al Internet.
Concluyo, señor presidente. Señoras y señores, esta ley, como cualquiera es una ley perfectible, que puede tener algunos temas que podrán verse en la aplicación y corregirse en su implementación, pero es un ámbito necesario que ponga a la vanguardia a este país de un tema tan necesitado. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar en contra del dictamen el diputado Carlos de Jesús Alejandro.
El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Sin duda, con esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiocomunicación se está a punto de consumar el pago por el favor que el gran poder fáctico llamado Televisa le dio a Enrique Peña Nieto para lograr ser el inquilino de Los Pinos como presidente de la República.
De ese tamaño son las cosas en este país, donde se aplica a secas el principio del gatopardismo, cambiar para no cambiar nada.
Nos dieron a elegir dos cárteles, el de Televisa o el de Telmex. Y la mayoría mecánica e irracional decidió por el de las estrellas, el soldado fiel del sistema priista.
Tenemos a dos monopolios que buscan controlar de forma única el mercado. La mayoría de esta representación soberana claudica ante los intereses y la embestida de Televisa.
Es claramente anticonstitucional la definición de la preponderancia por el sector en el cuerpo del articulado del dictamen. Porque como lo hemos dicho, está contra la definición constitucional que señala que los agentes económicos preponderantes deben determinarse con base en su participación en la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones medidos por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, tráfico de redes o por la capacidad utilizada de las mismas en cada mercado y no en los sectores agregados.
Todo es contrario a lo que se pactó en la Constitución, y es un golpe grave a la, de por sí endeble, libertad de expresión de nuestro país.
Las concesiones sociales vía medios indígenas y comunitarios son discriminadas por la vía legal en este dictamen, para obtener recursos propios por la vía de la publicidad comercial, y solo se entrega una migaja del financiamiento del 1 por ciento de recursos federales para la publicidad. Lo absurdo que no deja a la simulación, la discriminación hacia los pueblos indígenas radica en los requisitos para lograr una concesión social, indígena o concesión comunitaria, se pide autonomía financiera, se pide también capacidad técnica-jurídica y esto es como pedirle sangre a las piedras; creo que a lo imposible nadie está obligado.
La reforma que está por consumarse va en contra de los propios principios y postulados de la Constitución federal de la República, que dice con claridad en su artículo 2o. constitucional que los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a adquirir, operar y administrar sus medios de comunicación; pero esto al parecer poco nos interesa, todo está a la medida que lo solicita el monopolio televisivo, se solicita al Ifetel al trasladar competencias a la Secretaría de Comunicación y Transportes y a la Secretaría de Gobernación en materia de contenidos.
Estoy en contra de este dictamen, como lo está la mayoría de mi grupo parlamentario, porque no garantiza con plenitud los derechos establecidos en la Constitución en materia de telecomunicaciones, que viola principios básicos de igualdad y no discriminación y favorece la concentración de los medios.
Lamentablemente persiste el abierto rechazo a las personas y comunidades indígenas y un agudo desprecio a su opinión y voz, a sus pensamientos y a sus ideas, contrario –repito– a lo que establece la propia Constitución y nuestra realidad de una nación pluricultural y multiétnica.
La comunicación y los medios son un pilar fundamental para la sensibilización, para el intercambio de conocimientos sobre la cultura, valores y saberes indígenas en un mundo de respeto pluricultural e intercultural, pero eso al parecer tampoco a nadie le importa.
La comunicación indígena intercultural es una herramienta insoslayable para la supervivencia y desarrollo de las comunidades indígenas, un mecanismo para infundir valores y sentido de pertenencia para fortalecer las identidades nacionales y regionales, pero parece que esto igual a nadie le importa.
El muro de la incomunicación indígena con el resto de la sociedad nacional lo hicieron mucho más grande e intransitable. La súper carretera de la comunicación que nos habían anunciado en la reforma constitucional solo fue una demagogia. Las radios indígenas y comunitarias necesitan desarrollarse, por lo que, si tienen un poco de sensibilidad, propongo el quitar el nudo para que los medios indígenas tengan ingresos por publicidad y se eliminen los tortuosos requisitos para obtener una concesión.
Ahora la ley les prohíbe comercializar sus espacios, porque los grandes concesionarios afiliados en la Cámara de la Industria de Radio y Televisión se oponen bajo el falso argumento de que son competencias desleal, competencia desleal de los marginados y de los discriminados de este país; ¿cómo? ¿De dónde? Yo no me explico. Competencia desleal de los rarámuris, por poner un ejemplo, que sufren una hambruna histórica y que necesitan mecanismos para comunicarse en sus agrestes tierras que puede ser a través de la radio, esto es ofensivo y es una burla.
Lo más absurdo y que atenta contra la inteligencia de las y los mexicanos, es que nos vendan como un gran logro de esta reforma secundaria, el decir que hoy se exentan las llamadas de larga distancia como si en verdad le preocupara el hombre más rico de este mundo que se mermen un poco sus ganancias.
La concentración de medios no es propio de un estado democrático. Estamos perdiendo una oportunidad histórica para acabar con el modelo monopólico y favorecer la pluralidad y la competencia libre y democrática. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Tomás Torres Mercado, para hablar en pro del dictamen.
El diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, ciudadano presidente. Debo, si no a nombre de mi grupo parlamentario, o no a nombre de alguno que pueda sentir que la voz de un servidor es suya, con una plena lealtad de lo que diga y de lo que anticipo. Me llama la atención que hay quienes quieren arrogarse materias que lo que suene a social, a comunitario; tiene propietarios y es incuestionable ese título de propiedad.
Quiero, a manera de anécdota y con la venia de ustedes, decir que habrá partes que se cuestionen del contenido del dictamen, pero en la historia personal -algunos seguramente la vivieron- había que ir a la caseta telefónica a esperar la oportunidad para hacer una llamada a nuestro padre o a nuestros hermanos a Estados Unidos. Y a las cinco de la tarde decía el comerciante del lugar: ya no contestan en el 09. Ya no aceptan llamadas por cobrar.
Y lo mismo, hay quienes celebran ahora goles del fútbol, pero hay quienes ni en el 60 ni en el 70 tuvimos oportunidad de ver la señal de televisión por lo recóndito de nuestros lugares de origen. Pero eso no es un motivo de dolor, es de orgullo.
Yo lo que digo es que esta ley contempla aspectos que ayudan al bienestar de la gente que ha estado esperando y yo no sé por qué descalificar, si finalmente a quienes salimos a la calle la gente nos dice, los padres de familia: trabajamos y vivimos para pagar servicios, para pagar servicios de energía eléctrica o telefónicos, que todos los jóvenes tienen ahora; de que repercute en el importe y en el poder adquisitivo de las familias, por qué no, para reducir el pago del servicio telefónico de larga distancia.
Pero no es esa la bondad central, sino que se haya podido dar un cambio cualitativo a reglas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente.
He escuchado que se descalifica la geolocalización o la georreferencia para ubicar las unidades de donde se realiza una llamada.
Qué bueno que esté el gobierno de la república superando en este momento problemas tan severos como el del secuestro.
Pedí al coordinador de mi grupo parlamentario la oportunidad de hacer uso de la palabra porque fue un servidor el que presentó la iniciativa, para contemplar en el Código Federal de Procedimientos Penales y en la Ley Federal de Telecomunicaciones, la geolocalización.
Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos llevó a discusión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la constitucionalidad de esta figura contemplada en estos dos ordenamientos.
Estimados diputados y diputadas, el asunto de la geolocalización no es una institución nueva, es una institución contemplada en el Código Federal de Procedimientos Penales y abrogado por el Código Nacional de Procedimientos Penales, que por cierto establece la violación del derecho humano a la privacidad cuando se utilice una prueba violentando tal principio es nulo.
Asumo y debemos asumir que la ilícita obtención de una grabación y sus consecuencias, por su contenido o por el mecanismo para obtenerla debe de ser castigado.
Pero que esas disposiciones que no son, insisto, de este ordenamiento, sino que ya tienen vigencia, han sido justamente para combatir el flagelo más terrible y la crisis peor que haya pasado este país, vinculada con delincuencia organizada y particularmente con el secuestro y con otras figuras que contempla la ley penal en estas disciplinas.
Quiero, presidente, con su autorización también decirle y no en incongruencia personal, sino en congruencia con una expresión política de izquierda, desde otro momento, un servidor también presentó una iniciativa que decía establecer sólo un número telefónico para los llamados de emergencia, para las denuncias, para información a migrantes.
Quién de aquí, díganme qué diputado o qué diputada conoce todos los números puestos por la autoridad a disposición de la ciudadanía para una denuncia anónima o para pedir auxilio; hay el 066, el 089 y no sé cuántos números. Hoy esta ley, en el apartado telecomunicaciones, establece la obligación para los concesionarios de ir superando esos aspectos. Sólo diré que vienen los argumentos que sostienen apartados específicos.
El que les habla dirá: votaremos a favor no por la razón del procedimiento legislativo de tener a la vista un conjunto de dictámenes, sino porque estamos convencidos de su utilidad para nuestra población y que finalmente la disputa no es de nombre, la disputa no es de empresas, no de contrarios, sino de llevarle un beneficio a la población mexicana. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar en contra el diputado Carlos Angulo Parra.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, tenemos que tomar en cuenta que nuestra responsabilidad como legisladoras y legisladores es para con el pueblo de México. Esa responsabilidad es una alta responsabilidad y lo más importante de esa responsabilidad es que tenemos que estar dando para el pueblo de México una digna representación.
Me pregunto si después de haber aprobado en esta Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la mayoría de las legislaturas de los estados, como Constituyente Permanente, una gran reforma en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, qué nos pasa, compañeras y compañeros, por qué ahora tenemos que hacer una reforma mocha, por qué no podemos bajar cabalmente la reforma constitucional que aprobamos a nivel de implementación en leyes secundarias.
Qué nos pasa, amigas y amigos. No lo entiendo. Nuestra responsabilidad como legisladores es ser congruentes en todos los sentidos con la legislación que aprobamos y más si esa legislación es de índole constitucional.
Cuál es la explicación, me pregunto, de tener una ley de telecomunicaciones y radiodifusión en donde en un lado se cumplen las cosas y en el otro no. Debemos de visualizar la integralidad de la reforma constitucional aprobada. No entiendo esta incongruencia verdaderamente, compañeras y compañeros.
Sí, efectivamente el día de ayer tuvimos una gran discusión en nuestro grupo parlamentario, y respeto a las compañeras y compañeros del PAN respecto del sentido del voto a favor que van a emitir. Su servidor y otras legisladoras y legisladores vamos a votar en contra por congruencia, por congruencia, y esa congruencia es que no es posible que si nos regalan una ley que tiene grandes virtudes que no desconozco y ya se han anunciado en múltiples ocasiones, la tenemos que dar en otra parte de la ley en el sentido negativo respecto de que vamos a mantener monopolios activos, monopolios vivos y coleando y, sobre todo, esos monopolios que vamos a mantener activos son monopolios que inciden en el pueblo de México, en las conciencias de los mexicanos, son monopolios que inciden en ese sentir del alma mexicana y no tienen límite, no tienen límites esos monopolios.
Hay ciertas regulaciones que se agregaron ahí, pero los contenidos inconstitucionalmente están de lado de Gobernación, en gran parte en las medidas que hemos adoptado. Gobernación tiene en la parte importante ese cometido, cuando creamos conforme a la reforma constitucional un órgano independiente, un órgano autónomo, para los efectos de que tuviese una transparencia en las discusiones que deben de ser pública en el Ifetel, un balance de poderes en esos órganos autónomos que con grandes esfuerzos los legisladores hemos designado sus comisionados, etcétera.
La congruencia, compañeros, debe de regir nuestras vidas como legisladores. La congruencia, la verticalidad en nuestro actuar, en nuestro accionar debe de ser así. ¿Qué explicación de esa digna representación que le debemos a nuestros electores le vamos a dar, de que en una parte de ley estamos congruentes con la Constitución y en la otra no?
Entonces me pregunté yo a mí mismo, ¿voy a ser congruente si la voto a favor aunque haya reservas? No voy a ser congruente si lo hago de esa manera. Invito a mis compañeros de todos los partidos políticos que en conciencia analicemos esa gran incongruencia que tenemos, y votemos en contra y hagamos las cosas bien.
El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, la diputada Patricia Lugo deseaba hacerle una pregunta, diputado.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Ah, con todo gusto, compañera.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Patricia Lugo Barriga (desde la curul): No, en realidad, más bien quiero ahondar en lo que está diciendo mi compañero Carlos, con el cual...
El Presidente diputado José González Morfín: Ah, no pues entonces está fuera de lugar, diputada.
La diputada Patricia Lugo Barriga (desde la curul): Es acerca de lo establecido en lo transitorio 41, en donde se ordena que las actuales permisionarias de instituciones de educación superior, como el Canal 11, del Politécnico, o la TV UNAM, no tendrán presupuesto adicional para el cambio digital...
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, compañera.
La diputada Patricia Lugo Barriga (desde la curul): Es una obvia negación del derecho de los mexicanos...
El Presidente diputado José González Morfín: Diputada, ¿va a formular una pregunta?
La diputada Patricia Lugo Barriga (desde la curul): ... a beneficiarse de una oferta televisiva de calidad mayor.
El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un segundo.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Lo acepto como pregunta, diputado presidente...
El Presidente diputado José González Morfín: No es pregunta, pero si quiere dar respuesta, adelante.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Sí, quiero dar respuesta, gracias, presidente. Esa es una –precisamente compañera- una de las grandes incongruencias de nuestra Constitución, que un artículo transitorio de una ley secundaria atenta contra nuestro derecho constitucional, de dar una digna representación, de fijar los presupuestos de la Federación, una ley secundaria en un artículo transitorio nos lo está negando.
Esa es uno de los múltiples incongruencias de inconstitucionalidad que tiene esta ley, compañero. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra... No, pero ya se había terminado el tiempo. Es que ya había terminado el tiempo del orador, diputado. Tiene la palabra para hablar a favor la diputada Martha Gutiérrez Manrique.
La diputada Martha Gutiérrez Manrique: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy votaremos es resultado de un largo y muy intenso proceso de debate, en el que hemos participado y en el cual la sociedad ha estado muy atenta.
La sociedad espera que concretemos los cambios que habrán de darnos un sistema de telecomunicaciones moderno, abierto a la competencia, que atraiga inversiones, que cree empleos y que sea accesible para los ciudadanos.
Es fiel en letra y espíritu a la reforma constitucional, que le dio origen y que fue producto del más amplio consenso emanado de una exigencia social. Su urgencia y necesidad son innegables para darle a México las oportunidades de desarrollo que no deben postergarse más. Y, por ello, el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor del dictamen.
Durante los últimos años hemos observado cómo diversos países han crecido vertiginosamente gracias a su dinamismo y capacidad de innovación, y hemos presenciado la transformación de economías modestas en protagonistas a nivel mundial.
En México necesitamos construir una economía que permita acotar la desigualdad social, incentivar la productividad y la competitividad, fomentar el empleo, fortalecer el salario; es decir, necesitamos un mayor crecimiento.
Ahora se nos presenta la gran oportunidad de dar a México una de las más grandes herramientas que tienen el potencial de detonar el desarrollo económico y social de nuestro país, las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Es así que el dictamen que nos ocupa promueve la competencia económica y la defensa de los derechos de los usuarios y de las audiencias, de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, es una herramienta que refrenda la prohibición de la existencia de monopolios prevista en el artículo 28 constitucional, así como el libre e irrestricto acceso a información veraz y oportuna.
La columna vertebral de la ley son los usuarios receptores de los servicios de telecomunicaciones y las audiencias que reciben el servicio de radiodifusión, por ello observamos mecanismos muy claros a través de la Profeco y del Instituto Federal de Telecomunicaciones para defender los derechos de los usuarios que establecen en la Ley de Telecomunicaciones, en la Ley del Consumidor y en la figura de los defensores de las audiencias.
Cabe destacar que la minuta que proviene del Senado contiene adicionalmente dos capítulos muy específicos, que establecen derechos para las personas con discapacidad, tanto en telecomunicaciones y como en radiodifusión. Ya se han citado varios ejemplos, pero no se ha dicho que los operadores deberán ofrecer disponibilidad a dispositivos terminales que contengan funcionalidades que permitan la accesibilidad para este importante sector de la población.
Una de las principales preocupaciones de esta legislatura ha sido la de combatir la delincuencia para lograr un México completamente en paz. Por...
El Presidente diputado José González Morfín: Diputada, ¿me permite un momento por favor? Dígame, diputada Alfa Eliana González. Sonido en su curul, por favor. Sonido en la curul de la diputada Alfa Eliana González.
La diputada Alfa Eliana González Magallanes (desde la curul): Gracias, presidente. Para preguntarle a la compañera diputada cómo es que cree que se van a llevar a cabo estas...
El Presidente diputado José González Morfín: ¿Aceptaría una pregunta, le aceptaría una pregunta, diputada?
La diputada Martha Gutiérrez Manrique: No, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: No acepta la pregunta, diputada. Adelante, diputada, continúe.
La diputada Martha Gutiérrez Manrique: Gracias, señor presidente. Por estas razones hemos impulsado diversas leyes y reformas que doten a las instancias de seguridad y de procuración de justicia, de las herramientas necesarias para prevenir la comisión de delitos y dar seguridad a la población.
Las telecomunicaciones son un factor crítico para la lucha en contra de la delincuencia, por ello en el dictamen se contempla un título dedicado a la colaboración de los concesionarios con la justicia, en él se establecen las obligaciones que los concesionarios de los servicios públicos de telecomunicaciones deberán acatar para contribuir con la investigación y persecución de los delitos.
El título de colaboración con la justicia se construyó a partir de la legislación vigente, retomando lo relacionado con la geolocalización en tiempo real, por lo que no se entiende el reclamo que se ha hecho. Estas disposiciones llevan algunos años vigentes y han sido avaladas por nuestro máximo tribunal.
En esta materia se contempla en primer término la obligación, a cargo de los concesionarios, de colaborar en la localización geográfica en tiempo real de equipos o dispositivos móviles, a solicitud de autoridad competente que funde y motive la causa.
Sobre este aspecto de localización de equipos o dispositivos, y como se dijo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente determinó su constitucionalidad, por lo que con toda seguridad se incorpora esta valiosa herramienta que ha permitido y seguirá permitiendo combatir delitos que tanto lastiman a nuestra sociedad, como es el secuestro y la extorsión.
Se ha criticado que esta disposición abre la posibilidad de que cualquier persona solicite la localización de equipos; sin embargo, dicha crítica carece de sustento, toda vez que el texto legal que se contempla en el dictamen señala que sólo –y subrayo– sólo serán aquellas autoridades que tengan competencia conforme a las leyes respectivas, por lo que no existe riesgo alguno de abuso o uso indebido de esta figura. Más aún, se debe publicar en el Diario Oficial el nombre y cargo del funcionario público que podrá solicitar la información. Es falso que cualquier servidor público lo pueda hacer.
Otro aspecto que contempla el título de colaboración con la justicia es la conservación de la información relacionada con las comunicaciones. Esto tampoco es algo nuevo, ya se encuentra previsto en la actual Ley Federal de Telecomunicaciones.
Con esta información las autoridades competentes se allegan de elementos que les permiten iniciar las indagatorias necesarias para la investigación de delitos. Cabe mencionar que la información no está abierta a cualquier persona o autoridad, sólo la autoridad a quien la ley le reconoce competencia.
La información sobre las comunicaciones de los usuarios se conservará 24 meses, 12 mediante instrumentos tecnológicos que permitan su consulta en línea, por la autoridad competente a través de personal autorizado, a fin de agilizar la respuesta de las autoridades ante delitos de secuestro o extorsión. Y 12 meses más en sistemas de almacenamiento electrónico.
–Concluyo, presidente–. Este mecanismo de ninguna manera significa una disposición absoluta de nuestra información, se trata de agilizar la persecución e investigación de delitos. Nuestra información está protegida por las disposiciones legales en materia de datos personales y el dictamen contempla penas de tres meses a tres años de prisión para quienes ilícitamente dispongan de dicha información.
Por último y de manera muy importante, tal como lo señala la Constitución federal, las comunicaciones son inviolables y en aras de colaborar con la justicia sólo podrán intervenirse previa autorización y orden de autoridad judicial.
Debemos tener presente que el servicio público de telecomunicaciones concesionado a los particulares exige que estos presten la ayuda necesaria para combatir los delitos. Por ello la ley que ahora se dictamina establece, tomando la legislación y experiencia vigente, las herramientas que han servido y continuarán sirviendo para brindar seguridad a toda la población. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Como ya lo había anunciado, le voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra lo suficientemente discutido. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Suficientemente discutido en lo general.
A ver, sonido en la curul del diputado Domitilo Posadas. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Domitilo Posadas Hernández (desde la curul): Simplemente –y ya es a toro pasado– lo lamento mucho y una disculpa también a mis compañeros diputados a mis compañeros diputados, haciendo uso del derecho que me asiste como integrante de esta asamblea legislativa solicité en tiempo y forma la voz para rectificación de hechos, al igual que algunos otros compañeros diputados.
Yo lamento, señor diputado, que la pulcritud y el apego que usted ha tenido en la conducción de los plenos se vea manchada justamente por esta decisión suya unilateral, de no otorgarnos el derecho a la voz a los diputados que la solicitamos para rectificación de hechos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Al contrario, diputado. La verdad es que la Presidencia abrió una segunda ronda de oradores ante el enorme interés que había de compañeras y compañeros, de expresar sus puntos de vista. El asunto está suficientemente discutido en lo general. Le voy a pedir a la Secretaría dé lectura a los artículos reservados...
La diputada María de Lourdes Amaya Reyes (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: A ver, ¿con qué objeto, diputada? Dígame.
La diputada María de Lourdes Amaya Reyes (desde la curul): Presidente, igual que el diputado Domitilo, en tiempo y forma ingresé mi documento de rectificación de hechos. Yo no sé cómo es posible que, efectivamente, estamos peleando la censura y usted mismo nos la pone a nosotros como diputados. Cómo es posible que esta asamblea permita hacer este tipo de cosas. Entonces, sí lo pongo y quiero que quede asentado.
El Presidente diputado José González Morfín: Ya quedará asentada su intervención, diputada. Le pido a la Secretaría dé lectura a los artículos reservados.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Artículos reservados. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Artículo 2º, párrafo primero; artículo 3º, 119, 120, 131, 138, 144, 166, 177, 206, 208, 262, 265, 266, 267, 269, 272, 275, 276 y 277; 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 45, 54, 56, 60, 63, 77, 83, 85, 86, 87, 87, 88 y 89. 89, 90, 231, 237 y 251. 100, 105, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 128, 125, 126, 129, 131, 135, 138, 144, 145, 189 y 190. 147, 149, 158, 159, 161, 163, 166, 163 Bis y 166 Bis. 170, 173, 174, 177, 181, suprime el título octavo, 189, 190, 191, 191, 222, 223 y 242. 192, 193, 200, 204, 208, 216, 217, 232, 233, 234, 235 y 236. 218, 222, 223, 245, 256, 217, 232, 233, 234, 235 y 236. 226, 227, 231, 233, 234, 235, 237, 237, 237, 240, 246, 247 y 248. 238, 240, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 255, 256, 258, 259, 261, 262, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 272, 275, 276, 277, 278, 285, 286, 287, 288, 296, 297, 298, 300, 301, 303, 308, 309 y 310; 300, 301, 303, 304, 308, 309, 311.
De la Ley de Inversión Extranjera, el artículo 6 y el artículo 8.
De la Ley Federal de Derecho de Autor, el artículo 27 y el artículo 144.
De la Ley de Amparo, el artículo 128.
De la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, el artículo 106.
Del Código Penal Federal, el artículo 140, 166 Bis y 178 Bis.
Del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el artículo 1, 2, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 23, 24 y 25.
De los artículos transitorios, el noveno; el noveno y trigésimo noveno, el décimo, el décimo primero, el décimo tercero, el décimo noveno, el vigésimo quinto, el cuadragésimo primero y el cuadragésimo tercero. –Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. El paquete de reservas al que se le ha dado lectura incluye a las presentadas ayer en reunión de comisiones unidas.
El Presidente diputado José González Morfín: Le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 340 votos a favor, 1 abstención, 129 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 340 votos.
El Presidente diputado José González Morfín: Pasamos en los términos del artículo 110 del Reglamento a desahogar las reservas.
En primer lugar tiene la palabra la diputada María Sanjuana Cerda Franco para presentar su propuesta su modificación al párrafo primero del artículo 2 y va a presentar también... Adelante, diputada.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: ¿Puedo presentar las dos?
El Presidente diputado José González Morfín: Sí. También va a presentar su reserva al artículo 15 del reglamento.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su venia, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Esta reserva al artículo 2, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tiene el objeto de fortalecer la trascendencia social de la reforma a las telecomunicaciones y la radiodifusión –gracias, paisana.
La Constitución establece en sus artículos 6o., apartado B, que las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general. Ésta es una definición fundamental porque obliga a plantear objetivos y perspectivas incluyentes y de beneficio social a la legislación en la materia.
Sin embargo en el artículo 2 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el dictamen en comento no integra de forma expresa y amplia las implicaciones de que esto servicios sean de interés general. El mencionado artículo dice: Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general.
En nuestra reserva estamos planteando que a ese artículo se le agregue el siguiente párrafo: Por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias y que brinden los servicios de la cultura a toda la población preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional contribuyendo de esta manera a los fines establecidos en el artículo 3o. de la Constitución.
De este modo consideramos que estaremos reforzando el sentido social de la reforma en telecomunicaciones al hacer explícito desde los primeros artículos de la ley secundaria el mandato constitucional de que los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión tengan la garantía de que el Estado vigilará que se presten en las condiciones señaladas.
La adición que proponemos la tomamos textual del 6o. constitucional en una práctica legislativa bastante usual. Cabe señalar por ejemplo que en el tema de la preponderancia se recurrió a esa práctica al trasladar de forma textual lo que la Constitución establece al respecto hacia la ley secundaria. Con su apoyo a la presente propuesta consideramos que daremos un gran paso en la realización de la agenda social en esa reforma.
El artículo 15 de la misma ley que sometemos a su consideración, tiene por objeto que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tenga una participación más activa en la protección de los usuarios de los servicios.
Proponemos por lo tanto que en el artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que establece cuáles son las atribuciones que le corresponden al instituto, se adicione la fracción XXV que establezca lo siguiente: Orientar a usuarios o suscriptores sobre la calidad, características, precios y condiciones de los servicios y equipos que ofrecen los concesionarios de comunicaciones.
De aprobarse esta reserva, los usuarios de las telecomunicaciones se verán considerablemente beneficiados porque es precisamente el instituto el que tiene más información acumulada sobre las características de los servicios y los equipos que ofrecen los concesionarios.
Consideramos que con esta reserva no estamos violentando ninguna situación de algún órgano regulador y ponemos como ejemplo la Consar y ponemos como ejemplo la Condusef. La Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro cotidianamente orienta al trabajador sobre las tasas de rendimiento y las comisiones, y consideramos que el instituto deberá también informar de manera puntual y orientar al usuario sobre las características de los servicios y los equipos que ofrecen los concesionarios. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de la diputada María Sanjuana Cerda Franco.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Compañeras y compañeros, en virtud del importante número de reservas que tenemos registradas, esta presidencia exhorta a todos los proponentes a que en los términos del artículo 110 y 111 del Reglamento, pudieran presentarlas juntas quienes así lo deseen.
Tiene la palabra la diputada Gloria Bautista Cuevas, para presentar su propuesta de modificación a la fracción XI del artículo 3o.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor presidente. Quiero solicitarle, yo hice 20 reservas, voy a presentar 7, por favor.
El Presidente diputado José González Morfín: Me dice luego cuáles son, por favor.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Sí, presidente. Nuestro partido votó en contra del dictamen en lo general en comisiones unidas y en la Comisión Especial de Tecnologías de la Información y Comunicación, pero desde que nuestras compañeras y compañeros en el Senado votaron en contra, noticieros de canales de Televisa han desencadenado una campaña en el sentido de que el PRD votó en contra del ahorro de los mexicanos en telefonía, que votamos en contra de la eliminación de las tarifas de larga distancia, entre otras cosas.
Reducen el contenido de esta importante legislación a la telefonía fija y móvil, y de paso insisten en una campaña de desprestigio contra nuestro partido con los mismos argumentos.
Es inaceptable el manejo sesgado, manipulador, alejado de la verdad del sentido del voto de mi partido.
Reconocemos los avances que beneficiarán a la población de nuestro país en materia de telefonía, pero hay que recordar que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, estableció el derecho a la información en todas sus vertientes como lo señala el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
También se establece el derecho de réplica, el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.
Y en congruencia con el artículo 1o., constitucional, cualquier autoridad está obligada a promoverlos, respetarlos y garantizarlos.
Para esto la reforma constitucional señala, además, que el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. No habla de sectores, por cierto, pero debe generar condiciones de competencia en igualdad de acceso, pluralidad y oportunidad para acceder a una concesión de un bien público como es el espectro radioeléctrico.
No es una privatización, es una concesión de un bien de la nación. Esta reforma constitucional también establece, como uno más de sus objetos, acabar con los monopolios, en este caso de las grandes empresas de telecomunicaciones y radiodifusión, para dar entrada a nuevos prestadores de estos servicios, generar competencia y finalmente que los usuarios lo perciban en sus bolsillos bajo el principio de rectoría del Estado y conforme a los objetivos señalados en el artículo 25 constitucional.
No es una reforma para generar más riqueza, acumulación y concentración en unas cuantas manos. Ha de orientarse a la redistribución de la riqueza y mejorar las condiciones de vida de nuestra gente.
La definición de la preponderancia por sector en el cuerpo del articulado del dictamen se aleja de la definición constitucional que señala que los agentes económicos preponderantes deben determinarse con base en su participación en la prestación de los diferentes servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, tal como lo establece la reforma constitucional, medidos por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes y por la capacidad utilizada de las mismas en cada mercado y no en los sectores agregados, con lo que se pretende que Televisa pueda deshacerse de su condición de agente preponderante en radiodifusión al no tener 50 por ciento de la audiencia, al agregarse la televisión abierta con la radio, y queda a salvo su jugoso negocio de televisión restringida, como se establece en la llamada Cláusula Cablecom del dictamen que ahora nos ocupa.
Las concesiones sociales, llámense medios comunitarios o indígenas, son nuevamente discriminados y marginados para la obtención de recursos propios vía publicidad comercial. Sólo se establece el financiamiento del 1 por ciento de recursos federales para publicidad y de la misma manera, pero si pueden, los estados y municipios.
La Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, así como su sindicato, emprendieron desde hace varios días una campaña en contra de la venta de publicidad para las concesiones sociales, pues dicen que generaría una competencia desleal, lo que ha sido secundado por algunos legisladores que se han convertido en sus voceros.
Hay que decirlo: lo que se establece en la ley para su financiamiento contraviene el principio de igualdad y no discriminación para todas las personas, y pospone la garantía de los derechos de los pueblos indígenas establecida en la fracción VI, del apartado B, del artículo 2o constitucional, que señala la obligación de Federación, estados y municipios de establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación.
En materia de justicia y seguridad, resulta preocupante la potencial vulneración de los datos personales, pues se obliga a los concesionarios a realizar un registro de los usuarios de telecomunicaciones de todo tipo de datos que permitan no sólo la geolocalización, por otro lado los concesionarios deben conservar dichos registros hasta por dos años.
¿Recuerdan lo que pasó con el Renaut? Los registros de usuarios telefónicos aparecieron en las redes sociales, y hasta en Tepito se conseguían. ¿Qué seguridad podemos tener de la reserva y conservación de los datos personales en manos de los concesionarios?
Este apartado tiene que ser congruente con el debido proceso, con el nuevo modelo de justicia, sobre todo con los derechos humanos. Los derechos de las audiencias quedan sujetos a los lineamientos que emitirá el Ifetel, sobre los cuales los medios elaboraran su código de ética, nombrarán un defensor de las audiencias, pero si mayor eficacia para proteger a los usuarios de los contenidos y la programación.
Para verificar los parámetros que le dicte el Ifetel, y como señala el propio dictamen, todo termina en la rectificación, recomendación o propuesta de acción correctiva que en su caso corresponda, que deberá ser clara y precisa, y se publicará en su página electrónica, sin dientes, sin sanciones para los concesionarios que violen dicho Código.
El apartado correspondiente, es una buena intención y si agregamos al comentario lo referente a las personas con discapacidad, se torna más difícil el ejercicio de este derecho, de la perspectiva de igualdad de género. La verdad, no se encuentra presente en el texto del dictamen.
Por otro lado, se debilita al Ifetel al otorgar ciertas competencias a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación en materia de contenido, en fin, es una minuta de gran relevancia, no es cualquier cosa, no sólo es el acceso a mejores precios en telefonía, compañeros, se trata de un bien de la nación por el cual se garantizan derechos humanos, se promueve la competencia en las telecomunicaciones y la radiodifusión, se impulsan los medios sociales, comunitarios e indígenas.
No estoy a favor de un dictamen que no garantiza plenamente los derechos establecidos en nuestra Constitución en materia de telecomunicación, que viola el principio de igualdad y no discriminación, y que favorece la concentración en las telecomunicaciones y la radiodifusión, contrario todo esto a la reforma constitucional. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Gloria Bautista.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra el diputado Miguel Alonso Raya, para presentar sus propuestas de modificación al artículo 3o., fracciones LXV y LXVII. ¿No está el diputado Raya?
Bueno, entonces tiene la palabra el diputado Fernando Belaunzarán, para también presentar su propuesta de modificación al párrafo primero del artículo 3o.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, presidente. La verdad es que no es mi intensión hacer de esto un martirio para muchos en una discusión interminable en que poca atención se presta además. Así que, de los tres artículos reservados que tenía del artículo 3o., quisiera sólo hablar de uno, que sería el del artículo 46, que habla de preponderancia.
Y haré un trabajo para eliminar la mayor parte de las reservas que hice –hice como 40 reservas, la mayoría las voy a guardar– y trataré de agrupar las reservas por los temas que considere más importantes, y quizás en la siguiente intervención que me toque abordar todos estos temas o en dos abordar los temas más importantes. No es mi intensión hacer de esto algo insufrible.
Sí me interesa aclarar una cosa antes de entrar al punto clave de muchos debates, que es el asunto de la preponderancia, decir que tenemos –uno– muchísimas reservas, pero si hubiera habido trabajo en comisión realmente y hubiera habido la disposición de poder modificar la minuta muchas de estas reservas se hubieran procesado en el trabajo en comisiones y quizá hubiéramos tenido –insisto– una votación más amplia a favor en lo general y no tener que haber en contra por la imposibilidad de moverle una coma o enriquecer la minuta.
Entonces, hablaré de preponderancia, el punto clave del debate. Me parece que una lectura integral de la Constitución tiene que ser necesariamente que la preponderancia es por servicio, en virtud que es la única que garantiza que nadie se escape, que todo aquel servicio que se preste sea efectivamente medido y que de acuerdo al criterio que se estableció, de más de 50 por ciento de audiencia o los criterios que establecimos desde la reforma constitucional, se cumpliera uno por uno y no resulte que como sucede en la actual resolución del Ifetel, se tenga una, posiblemente se tenga que caer, porque efectivamente Ifetel en mi opinión interpretó mal la Constitución, es su derecho pero creo que lo interpretó mal y estableció la preponderancia por sector.
Pero en el sector de radiodifusión el preponderante no es así, porque si sumas televisión y radio el preponderante no tendría más del 50 por ciento, entonces el servicio por supuesto es mucho más efectivo para evitar las prácticas monopólicas.
Además, todo monopolio es en relación a un mercado, por definición es en relación a un mercado y era lo correcto y así lo dice la exposición de motivos de nuestra reforma constitucional, así lo dijimos todos en esta tribuna cuando lo hicimos, y así en muchos lugares habla de servicios de mercado. También acepto que en algunas partes se habla de sector y eso ha dado pie a la confusión, pero si el espíritu que tuvimos nosotros al legislar, porque no tenemos que preguntárselo a otros o hacer una investigación teleológica, cuál era nuestro objetivo y lo dijimos; generar competencia en cada uno de los segmentos. Así dice incluso la Constitución, de los segmentos del mercado.
Pero incluso hice una propuesta diciendo: bueno como este asunto de... y una cosa muy importante sobre este punto. Se dice, es que si tú lo marcas por servicios, entonces se nos va a caer la resolución del Ifetel. Eso es falso por varias razones.
Uno, porque ya esta modificación es después de la decisión. Entonces ya causó de alguna manera estado y es por eso.
Segundo, está un transitorio en la Ley que se acaba de aprobar en lo general, en el que dice que las resoluciones de Ifetel de que lo que resolvamos aquí no va en detrimento de esas resoluciones, pero además hubiéramos podido encontrar una solución. He consultado con varios abogados y me han dicho que no hay una contradicción, que se puede por ejemplo decir que haya preponderancia..., que el agente, que el Ifetel, el órgano autónomo pueda declarar preponderancia tanto por sector como por servicios, pueda hacerlo en las dos vías, uno y otro, y entonces no dejamos ese argumento de que entonces se caería la otra. No.
Por cierto, insisto que están sub júdice, como aquí lo vino a decir Héctor Gutiérrez de la Garza, bien en ese sentido de apuntar que están sub júdice las dos determinaciones de preponderancia, están en el amparo y es posible que se caiga alguna de ellas, como se ha anunciado, pero bueno.
Presenté aquí una iniciativa, una propuesta, lo haré cuando estemos hablando en los transitorios, que es una salida también. Decir, ya que están diciendo que la salida para marcar..., que no sería preponderancia, sino por la Ley de Competencia Económica, el agente con poder sustancial de mercado, en ese caso entonces pongámosle un plazo, porque el problema de esto es que cuál es la diferencia entre preponderancia y el establecimiento del agente con poder sustancial de mercado, que éste segundo es litigioso.
Es decir, hay un litigio, hay un debate entre las partes de que se determine quién es el agente, y eso puede ser incierto o puede prolongarse quién sabe cuánto tiempo. Si le pusiéramos un plazo entonces podríamos decir; adelante, que no todo sea preponderancia, que haya una parte que se vaya por el agente con poder sustancial de mercado, pero que haya un plazo, para que no sea –insisto– que estén jugando con el dedo en la boca diciendo que quién sabe cuándo eso se va a presentar.
Entonces, en el debate de la preponderancia no nos queda duda de que el espíritu integralmente, además una lectura integral de la Constitución es por mercado, por sector, digo, por servicio, por mercado. De otra manera sólo sería –y con esto termino– sólo sería para un solo monopolio y creo que nadie estaba pensando en aplicar esta medida para un solo monopolio.
Por eso la idea de que quede como servicios, pero estábamos abiertos a que quedara de las dos maneras, sector o servicio, o ponerle un plazo al Ifetel para que marcara cuáles son los agentes con poder sustancial en mercado relevante en los distintos servicios. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Belaunzarán.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra el diputado Carlos Fernando Angulo Parra, para presentar su propuesta de modificación al artículo 3o.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Muchas gracias, señor presidente. En relación con el artículo 3o., tiene varias situaciones en las que quiero enfocar mi reserva; por un lado, la iniciativa habla de una comercializadora como una persona que proporciona servicios de telecomunicaciones a usuarios finales mediante el uso de capacidad de uno o varias redes públicas de telecomunicaciones, sin tener el carácter de concesionario en los términos de ley. Esto técnicamente está mal planteado, técnicamente es el famoso operador móvil virtual, que pongo a su consideración atentamente que lo definamos como se define en la teoría de telecomunicaciones, que es: toda persona que sin contar con una concesión de espectro radioeléctrico proporciona servicios de telecomunicaciones a usuarios finales mediante el uso de capacidad de una red pública de telecomunicaciones.
Otras adecuaciones que vienen en la reserva tienen que ver con la preponderancia en relación con sectores o con servicios, si se corrige para establecer claramente el criterio constitucional que la preponderancia se mide por servicios.
Al respecto quiero mencionar que la fracción III del artículo Octavo transitorio hace una referencia desde un punto de vista lógico, al delimitar que dentro de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, como para decir dentro del reino animal, del reino vegetal y del reino mineral, sectores se refiere desde el punto de vista lógico como al género próximo. Y la diferencia específica en el propio texto de la Constitución habla en los siguientes términos. Y leo el texto del Tercero transitorio de la Constitución, penúltimo párrafo: Para efectos de lo dispuesto en este decreto, se considerará como agente económico preponderante en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios –no de los sectores y estoy leyendo el texto constitucional– de radiodifusión o de telecomunicaciones, a cualquiera que cuente directa e indirectamente con una participación nacional mayor al 50 por ciento, delimitando los servicios, medido, como se delimitan los servicios, este porcentaje, ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, tráfico de redes o por la capacidad utilizada de la mismas.
La Constitución, como diferencia específica, está definiendo perfectamente bien que en los sectores de radiocomunicación y telecomunicaciones, los servicios se diferencian con todas estas modalidades que acabo de mencionar, misma que no reflejan las leyes secundarias.
Por lo tanto, estoy agregando o cambiando la fracción LV, que viene definida de una manera errónea en la minuta del Senado y dando las definiciones de servicio de radiodifusión y servicios de telecomunicaciones de una manera adecuada.
Quiero hacer referencia a esta disputa, gran disputa en relación con sectores y servicios. Voy a usar una palabra un poquito altisonante, pero son leguleyadas los que han estado haciendo alusiones a que si es por sector o es por servicio. La Constitución es prístinamente clara en delimitar cómo se mide la preponderancia por servicios y además establece los criterios claramente de definición. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Angulo.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada Luisa María Alcalde, para presentar su propuesta de modificación al artículo 3o., fracción XVIII. Bueno.
Tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, para presentar su propuesta de modificación al artículo 3º, fracción XLVI. Tampoco está.
Tiene la palabra el diputado José Luis Muñoz Soria, para presentar su propuesta de modificación al mismo artículo y fracción.
Tiene la palabra el diputado Sergio Augusto Chan Lugo, para presentar su propuesta de modificación al artículo 3º.
El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: A ver, sonido en la curul del diputado Arturo Escobar. ¿Dígame, diputado?
El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul): Solicitarle la posibilidad de que se aplique el Reglamento, a efecto de que si alguna diputada o diputado no están presentes una vez que se les llama para hacer uso de la palabra a efecto de verter su reserva, que pierdan el espacio, presidente. Es una sesión muy, muy larga y creo que es una falta de respeto a todos aquellos que estamos aquí en la asamblea.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Adelante, diputado.
El diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras diputadas y diputados, vengo aquí, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a hacer una propuesta de una serie de artículos que van todos ligados hacia el tema que se ha discutido mucho aquí, en esta tribuna. Desde la discusión en lo general hasta ahora que estamos discutiendo también en lo particular.
Y me refiero al tema de la definición de la preponderancia. De la pregunta que se ha establecido, si ésta se definirá por la Constitución o como manda la Constitución, por sector o por servicios.
Yo quiero reflexionar y tomar en cuenta el proceso legislativo anterior, el que derivó en el decreto del 11 de junio de 2013 y que reformó y adicionó los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones.
Y precisamente, el tema que estamos hablando aquí el día de hoy se refiere al artículo 28. Para todos aquellos que nos escuchan también, no solamente aquí en este pleno. Se refiere específicamente a aquella del control contra los monopolios, para beneficio, precisamente, de todos los mexicanos.
Las prácticas monopólicas, lo que otros llaman las fallas en el mercado van en detrimento de los usuarios finales. Mientras más control se tenga de un mercado por un actor económico, más desventajas se van arrojando para los ciudadanos.
Y eso lo estamos viendo hoy, en este proceso legislativo. Estamos hablando que no se van a cobrar ya las llamadas de larga distancia. No había motivo técnico para que se sigan cobrando.
El roaming, las llamadas de larga distancia entre municipios de un mismo estado. Y muchos otros servicios que por haber control preponderante o un control de mercado con un solo actor, ese actor es el que pone las reglas de los precios, las tarifas y los servicios que se prestan.
Incluso, para que puedan entrar al mercado competidores, a ese actor que tiene gran control del mercado, tienen que pasar por las tarifas que le autorice este mismo actor sin participación del Estado.
Hoy estamos aquí para hablar precisamente de cómo se va a regular a esos actores que tienen, por razones históricas o lo que sea que haya sucedido en décadas pasadas, grandes controles de los mercados en telecomunicaciones y radiodifusión.
Y eso es el espíritu que nos inspiró, o cuando menos así lo consideré al momento de votar a favor en la pasada reforma constitucional de telecomunicaciones y establecimos, amigos y amigas, que en un transitorio qué iba a ser lo que tenía que corresponderle al instituto para determinar esa figura que hoy tanto se ha llamado, que es la preponderancia. La preponderancia –quiero hacer el paréntesis– es simplemente aquél actor económico que tiene más del 50 por ciento en un servicio o en un sector, y aquí el gran debate que se ha establecido.
No pretendo aquí ni calificar, ni descalificar a ningún compañero que ha pasado a hacer uso de la palabra y mucho menos a algún compañero de m propio partido, pero aquí tenemos que hablar también de lo que refiere la Constitución para pasar a las propuestas de los cuatro artículos que estoy proponiendo modificar en la minuta que envió el Senado y sobre la cual dictaminaron las comisiones respectivas.
El primer punto es que el artículo octavo transitorio de ese decreto donde modificamos la Constitución y específicamente en el artículo 28, nos señala en el primer párrafo de manera enunciativa que da la facultad al Instituto Federal de Telecomunicaciones para determinar los agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones; habla de los dos grandes sectores.
Ésa va a ser facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones, incidir en quienes son los agentes preponderantes. En el párrafo segundo nos señala con toda claridad que la preponderancia se definirá y lo determinará el instituto por los servicios, por servicios, no por sector; regulará a los dos sectores ya denominados, ya señalados, ya enunciados, pero determinará y definirá la preponderancia de acuerdo a los servicios para que sea mucho más específico el control del Estado a través de esta figura.
Es muy importante señalar dos figuras también de las que se hablaron, en el dictamen que estamos discutiendo en el artículo 264 habla del poder sustancia y nos envía a la Ley Federal de Competencia Económica. Pero lo que hoy estamos hablando es del agente económico preponderante, y eso está en el artículo 3o. y en el 262 de la minuta que estamos discutiendo...
El Presidente diputado José González Morfín: Perdón. Está presentando cuatro reservas, el error fue mío de no haberlo anunciado, pero tiene el tiempo para presentar sus cuatro reservas el diputado Chan Lugo.
El diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Muchas gracias, presidente. Continúo hablando precisamente de este agente económico preponderante, ¿cuáles son las consecuencias de que se determine un agente económico preponderante? Como he señalado con anterioridad, mientras más mercado ocupe un agente económico tenderá a incurrir en las fallas de mercado o en conductas que no son adecuadas por parte de mercado y son las prácticas monopólicas.
Es muy importante que entonces antes de esta modificación y antes de la reforma constitucional, no tenía el Estado ninguna participación específica para determinar estos agentes económicos preponderantes y entonces estos grandes grupos comerciales podían y pueden establecer las tarifas que consideren hacia el usuario final.
Pueden establecerles las tarifas que consideren a cualquier agente económico que quiera prestar el servicio y que tenga que usar las redes y las instalaciones y la infraestructura de este agente económico.
Por lo tanto esos costos que arrojan en la prestación de un servicio por la arbitraria decisión de un agente económico que tiene control sobre un mercado, siempre van en detrimento del usuario final. Eso es lo que estamos discutiendo aquí. Eso es lo que vamos a decidir, por eso es importante que nos apeguemos a lo que dice la Constitución.
Sí, va a regular a los sectores de telecomunicaciones y de radio y difusión, pero lo va a regular de acuerdo al factor o al elemento de servicios no como sector. Eso le va a facilitar mucho las cosas a los agentes que hoy tienen un gran control de los mercados, por eso estoy proponiendo estas cuatro modificaciones.
En la minuta viene en el artículo 3,–que seguramente compañeros diputados, ustedes han leído, nos refiere en la definición de qué es un agente económico preponderante, en vez de definirlo nos envía al artículo 262 de la misma minuta que envió el Senado; y en la minuta del Senado en ese artículo 262 y que viene también en el dictamen, entonces meten los dos párrafos del artículo octavo constitucional transitorio, el que habla de sectores y el que habla la definición por servicio creando acá un conflicto o una posibilidad de diversas interpretaciones y que podrían utilizarse posteriormente en litigios ante los tribunales con perjuicio –nuevamente- de los usuarios.
Por eso estoy proponiendo, por eso estamos proponiendo con el apoyo de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional que se modifique, que el artículo 3 defina lo que es la preponderancia de acuerdo al párrafo segundo del octavo transitorio. Y que en el 262 se refiera precisamente a los sectores que va a regular, pero siempre recayendo el tema en el factor de los servicios.
Dadas estas dos modificaciones no tiene ninguna razón de ser el artículo noveno transitorio en donde se da una gran facilidad de repente para incorporarse aquellos agentes que no son preponderantes, sin ninguna autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estas son las propuestas.
Finalmente también el artículo décimo también refiere y tomamos en cuenta la definición del tema de los servicios.
Éstas son las cuatro propuestas que vengo aquí a proponer ante este pleno. Éstas son las cuatro propuestas que en su mayoría los diputados del Partido Acción Nacional ponemos a su consideración. No se trata de un debate descalificándonos unos a otros. Se trata de que enriquezcamos este dictamen de la minuta del Senado para beneficiar de verdad al usuario final, a los ciudadanos de nuestro país. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas del diputado Chan Lugo.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada Roxana Luna Porquillo. Tiene la palabra la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, para presentar también su propuesta de modificación al artículo 3o. Tiene la palabra el diputado Jonatán Jardines Fraire, para presentar su propuesta de modificación.
Los grupos parlamentarios tienen la lista; es la misma. Pero bueno, tiene la palabra la diputada, que son los que están en el artículo 3o. Voy a pasar al artículo 5o. Tiene la palabra la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo. Por lo menos ella sí está.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Díganos quién sigue para irles a hablar.
El Presidente diputado José González Morfín: Sigue el diputado Jorge Salgado Parra y después el diputado Huerta Ladrón de Guevara, ya en el 7o.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, diputado presidente. La reserva que pongo a su consideración, bueno, de los que están presentes ¿verdad? busca compensar parcialmente la postura excesivamente condescendiente que se ha concretado en el dictamen que se encuentra a discusión.
Es una propuesta que busca pellizcar algo de los ingresos extraordinarios que se están asignando a las grandes empresas del sector.
Esta reserva retoma algunas de las preocupaciones analizadas durante la Convención Nacional Hacendaria del 2004, cuando la mayoría de las fracciones políticas representadas en el Congreso reconocían la necesidad de que los gobiernos locales contaran con la posibilidad de establecer derechos sobre el uso de su infraestructura.
Había coincidencia en la necesidad de obligar a las empresas que ofrecen servicios públicos federales o locales que usan los espacios de infraestructura urbana, los bienes de los gobiernos estatales o locales a pagar a los municipios y a los estados un derecho por el uso de esos bienes.
La redacción que se propone en los párrafos tercero y cuarto del artículo 5o., de este dictamen de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, podría inducir a las empresas beneficiarias a considerar que no tienen una obligación clara con los estados y los municipios.
Por eso me parece que es muy importante puntualizar que los estados y municipios podrán establecer el cobro de derechos a estos consorcios a los que tanto se apapacha.
Con respecto a la naturaleza de las contribuciones que se proponen que deben pagar estas empresas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversas tesis aisladas, derechos municipales por instalación de casetas telefónicas. Su cobro no invade la esfera competencial de la Federación.
El derecho sobre casetas telefónicas establece un pago por los servicios municipales prestados por el concepto de uso u ocupación de la vía pública por la caseta telefónica y que con ello se involucre la actividad o naturaleza de los servicios prestados por quienes cuenten con una concesión para la explotación de una vía general de comunicaciones.
En efecto, el objeto de ese derecho no versa sobre la caseta telefónica, el teléfono, la prestación del servicio telefónico, sino respecto del uso de un espacio público municipal para colocar la caseta.
En este sentido, el cobro de derechos municipales por instalación de casetas telefónicas no invade la esfera competencial de la federación y por ende no viola el artículo 73, fracción XXIX, punto cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues lo que éste prohíbe es la imposición de contribuciones estatales sobre servicios públicos concesionados, lo cual no acontece en la especie ya que se trata de un derecho que grava la utilización que hacen los particulares de un servicio público municipal.
Es por lo que propongo sustituir el tercer párrafo del artículo 5 para quedar como sigue: “Además de las contraprestaciones económicas que el concesionario haya pactado cubrir con el propietario de un inmueble para instalar infraestructura, los estados, el Distrito Federal o municipios o delegaciones podrán establecer derechos locales por el uso o afectación de la infraestructura urbana”.
Asimismo, se propone reformar el cuarto párrafo en el siguiente sentido: “Una vez cubiertos los derechos locales y garantizadas las disposiciones estatales, municipales y del Distrito Federal, no se podrá restringir la instalación de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión para la prestación de los servicios públicos que regula esta ley”. Esta propuesta dará recursos a nuestros estados y municipios.
Señor presidente, tengo otra reserva en el artículo 6.
El Presidente diputado José González Morfín: Puede presentar de una vez la reserva al artículo 6. Adelante, diputada.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, Presidente. También he reservado el artículo 6 de la Ley Federal de Telecomunicaciones a efecto de considerar como ordenamientos jurídicos supletorios de dicho cuerpo legal. Procedo a exponer lo siguiente.
La necesidad por robustecer la supletoriedad de la ley en comento deviene tanto de la importancia que revestirá para la oportuna y completa interpretación y aplicación de dicho cuerpo legal por parte de las autoridades e instancias que al efecto resulten competentes como para garantizar y volver realmente eficaz el objeto de su promulgación en los diferentes supuestos normativos que contempla la misma.
Asimismo, y en consonancia con lo antes expuesto, es preciso destacar que el engrosamiento de las fuentes supletorias del proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones en estudio inexorablemente coadyuvará a la simplificación de cuestiones y negocios jurídicos verdaderamente complejos mediante la aplicación de las leyes y demás cuerpos a los cuales hace referencia expresa en virtud del entramado de relaciones jurídicas que tendrán su respaldo en la legislación a cuyo examen nos hemos abocado.
Ahora bien y dado que esta figura jurídica y componente esencial de la técnica legislativa constituye un instrumento de especial valía para precisar el ámbito de aplicación de la suplencia ante la probable existencia de vacíos jurídicos y antinomias en el contexto normativo en que se da la promulgación de esta ley, resulta de especial trascendencia la inclusión de su texto normativo de fórmulas precisas, completas y exactas que permitan a la autoridad y demás instancias competentes, en función de la materia, adquirir la certeza jurídica necesaria respecto de qué disposiciones jurídicas habrá de aplicar para la expedita, completa e imparcial legalidad de esos resolutivos, de esos actos y negocios jurídicos que sean sometidos a su conocimiento.
En consonancia y en la lógica de lo que he venido manifestando, es de especial interés expresar que la figura jurídica de la supletoriedad redundará en una incuestionable utilidad para el debido e imparcial desempeño de la autoridad e instancias competentes en lo concerniente a la regulación del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico; el acceso a la infraestructura activa y pasiva; los recursos satelitales; la prestación de los servicios públicos de interés general, de telecomunicaciones y radiodifusión, así como del proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores.
Entre otros tantos aspectos que componen el objeto de esta ley, debido a que la insuficiencia o deficiencia de la legislación en comento no será óbice para que las instancias competentes se excusen en atender y resolver las cuestiones y controversias que le sean planteadas, en virtud de que contarán con la posibilidad de aplicar la ley que habrá de colmar tales deficiencias de derecho, así como de subsanar y armonizar las contradicciones y lagunas normativas que represente la interpretación y aplicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones en la realidad.
En atención a su ámbito material de aplicación a su naturaleza jurídica, sin perjuicio en recurrir a la ineludible conexa y también eficaz alternativa consistente en aplicar figuras jurídicas, como la analogía, los principios generales del derecho, los usos y las costumbres en aras de fortalecer y consolidar una cultura de respeto, promoción y garantía de los derechos y las libertades fundamentales de los sujetos del presente ordenamiento. Con la alta consigna en fomentar, proteger y salvaguardar la dignidad inherente a cada uno de ellos.
Por lo antes expuesto y fundado, conmino a esta soberanía a emitir su voto en sentido positivo respecto de la reserva que he interpuesto al contenido del artículo 6o, de este proyecto de la ley. Sería todo, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Alliet Bautista.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados y que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan.
El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado. ¿Con qué objeto? Sonido, por favor en la curul del diputado.
El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena (desde la curul): Presidente, yo había inscrito en las reservas a partir del artículo 3o y no fue nombrada mi reserva, así que le pediría que sea tomado en cuenta antes de seguir avanzando en los artículos. No fui nombrado. No, sí estaba diputadas y diputados, nada más no fui nombrado, aquí tengo el documento el cual fue entregado, donde reservo a partir del artículo 3o.
El Presidente diputado José González Morfín: Me trae el documento, por favor diputado, y lo revisamos con mucho gusto.
El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena (desde la curul): Con mucho gusto.
El Presidente diputado José González Morfín: Mientras tanto, como ya lo había anunciado, tiene la palabra el diputado Jorge Salgado Parra para presentar su reserva al artículo 7o.
Bueno, ya lo había anunciado, tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara también para el artículo 7o.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Ustedes saben que el cerco informativo que tenemos los de la verdadera oposición me hizo producir y estar en un programa en televisión de Internet, que se los recomiendo mucho, se llama: No se hagan Pactos.
Y hay un programa que les recomiendo mucho, fue un éxito, dicen los que saben se viralizó, tuvo más de 2 millones y medio de visitas, programa de más de 20 minutos, el título del programa es La verdad oculta entre el pleito entre Azcárraga y Slim. Y muchos ahí me escribían, ciudadanos, es que cuál es la verdad. Bueno, pues ya hice una intervención que pretende explicar este tema y éste en particular tiene que ver con este asunto.
Miren, ahora eso sí hay que decirlo, lo que está atrás de este debate está peor que la goliza que le acaban de meter a Brasil, 7, 1, eso está peor. Nos hemos enterado, las telecomunicaciones sí funcionan.
El artículo 1o. de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión señala el objeto de la misma, entre los que destaco el de derechos de los usuarios y las audiencias, el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 6, 7, 27 y 28 de la Constitución.
El artículo 6 constitucional establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos el de banda ancha e Internet. Para tales efectos el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios, disposición constitucional que es inoperante con la nueva legislación que se propone en materia de telecomunicaciones.
Una competencia efectiva exige reglas claras para las partes, además de atender las asimetrías económicas y tecnológicas que presentan cada uno de los sectores que se enumeran; el privado, social y público.
La regulación en materia de telecomunicaciones favorece la operación de la iniciativa privada, como ya lo expliqué, anulando con ello la posibilidad de garantizar el derecho a la información plural y oportuna de los y las ciudadanas en nuestro país. Se limita el desarrollo de medios de comunicación pública y se acota la posibilidad de acceso y uso de radio y televisión con fines sociales y comunitarios. Artículo 90.
Prevalece la política asistencialista al sector social y de las comunidades. Se restringe la posibilidad de crecimiento y penetración de televisoras y radiodifusoras de estados, municipios e instituciones de educación superior como instrumentos para garantizar el derecho a la información plural y oportuna.
En la adición que se propone al artículo 7, párrafo sexto, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, consiste en adicionar a los principios de autonomía, legalidad, objetividad, imparcialidad, certeza, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, el principio de máxima publicidad.
Como es práctica de este “Poder Legislativo”, el proyecto de dictamen aprobado por la colegisladora no sufrirá cambio alguno, y eso lo saben muy bien los señores del PRI y del PAN que ya pactaron que no pasa nada, incluyendo los del PRD que ya también saben que no a a pasar ni una coma.
Aquí cabe decir que hay una tesis política que hoy está de moda, que es difícil entenderla, pero deben de saber ustedes que ya estamos viviendo una dictadura, con este sometimiento que han hecho del Poder Legislativo y ya no digamos del Judicial al Ejecutivo, estamos viviendo una dictadura y hay quien ya califica esto como una teledictadura, por el control que Televisa tiene sobre el presidente.
Quiero culminar, presidente, porque cuando uno habla de estas cosas luego luego suenan la campana o empiezan los chiflidos allá del Bronx. Parece que les toca uno las fibras sensibles de su patrón.
Esa teledictadura luego hablaremos más de ella, pero nosotros, a pesar de ello, los de la verdadera oposición que por cierto somos poquitos, aunque hay muchos ciudadanos que van a estar con nosotros de hoy en adelante porque ya estamos por construir nuestra opción política, hay que subrayar que las propuestas, la supuesta autonomía del Ifetel se acota no sólo a partir de la intromisión que permite el proyecto de Ley, a la Secretaría de Gobernación.
Estoy argumentando, presidente. Y esto no sólo en ésta, sino hay diversos artículos a partir del 15, del 217 del proyecto, 233, 34, 35, donde a la Secretaría de Gobernación le dan la reserva gratuita de canales de radio y audio por los concesionarios, para la distribución de las señales de televisión, y además se cuenta con la injerencia de la Secretaría de Hacienda que se expresa en el artículo 15, fracción VIII, en la que se determina que compete al Instituto fijar, tanto el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios adicionales vinculados a éstas. Quiero, presidente, que tenga la tolerancia...
El Presidente diputado José González Morfín: Se agotó el tiempo hace mucho, de verdad.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Y estamos en el mismo acuerdo.
El Presidente diputado José González Morfín: Tenía tres minutos y se ha pasado otros tres y fracción.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí, pero le dije, presidente, que mis próximas reservas voy a disminuirlas y le pido esa tolerancia.
El Presidente diputado José González Morfín: De todos modos le pido que vaya concluyendo.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí, voy a concluir. Porque insisto que parece, cuando uno habla aquí de Peña Nieto, empiezan los gritos y empiezan los campanazos.
—Tranquilos, van a llegar a tiempo a sus casas, ya pretenden consumar la obra.
Previa opinión no vinculante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el artículo 99 y 100, que determinan que todas las contraprestaciones a que se refiere la ley requerirán previa opinión, no vinculante, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que deberá proporcionar la información del solicitante.
Y así podríamos hablar del 147, que expresa la subordinación del Estado a los intereses de las empresas dominantes, al establecer que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda emitirá...
El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, le pido por favor que concluya con su intervención.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:... recomendaciones a los gobiernos estatales, al gobierno del Distrito Federal, a gobiernos municipales para que desarrollen infraestructura, obra pública, en fin, todo lo que requieren para ampliar las telecomunicaciones a través de una política inmobiliaria que garantice el despliegue de infraestructura y telecomunicaciones. –Voy a culminar, presidente.
Diputados, miren, en el nuevo juego de intereses económicos y políticos en materia de telecomunicaciones exige observar la máxima publicidad para garantizar una competencia real de los actores involucrados, propuesta que en el sistema político actual –y lo estamos viendo en esta sesión con sus chiflidos y con la conducción que tenemos hasta ahorita– es inviable y utópica, puesto que el sustento del actual régimen es el de la corrupción, el cochupo, el moche, que impide una ley que haga viable el derecho de las audiencias y los consumidores de servicios concesionarios a empresas que utilizan bienes nacionales para sus business.
¿Ya ven por qué está peor esta goliza que el 7-1 que le metieron a los brasileños? Aquí al pueblo lo están entregando, lo están cocinando, poniéndolos como el pueblo está, está desesperado.
El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, le pido que concluya su intervención. Es una falta de respeto a todos los que estamos aquí.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: No, no es falta de respeto, estamos diciendo la verdad.
El Presidente diputado José González Morfín: El Reglamento nos obliga a todos.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Voy a concluir diciendo que esta propuesta, por más que les duela, es la que va a salvar al país y ya les vendremos después a explicar de esto.
El Presidente diputado José González Morfín: Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha.
Por una omisión involuntaria, le voy a dar la palabra al diputado Alejandro Cuevas, para que presente sus propuestas de modificación a diversos artículos. Pido que le pongan nueve minutos en el tablero, las va a presentar juntas.
El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena: Muchas gracias por su atención, señor presidente. Creo que no voy a ocupar los nueve minutos. Compañeras, compañeros diputados, diputadas, el pronunciamiento del PRD en contra del dictamen de la minuta del Senado con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, en particular sobre el tema de preponderancia, bajo el criterio con el que se rigen las leyes secundarias sobre el rol monopólico de una sola empresa, que sea planteado por sector y no por servicios, es el tema fundamental de la presente discusión. Lo han dicho anteriormente las diputadas y los diputados.
Sin embargo, la posición de nuestro grupo parlamentario va más allá y tiene que ver esencialmente con la defensa y la promoción de la genuina competencia en comunicaciones y radiodifusión.
Los derechos de las audiencias y el derecho de réplica, el impulso a los medios sociales, comunitarios e indígenas, a que se brinde acceso universal a las tecnologías de la comunicación, incluyendo Internet para todos y para todas, cuestiones que ya se establecieron en nuestra Constitución y que en esos términos habremos de defender, para evitar las regresiones que se pretenden mediante el presente dictamen.
Este proyecto legaliza la concentración de la televisión de paga y mantiene disposiciones autoritarias para el control de los contenidos por parte de la Secretaría de Gobernación. Sin duda, el presente documento le queda a deber a la sociedad, no representa en realidad el avance que en esta materia requiere el país.
La reforma constitucional que significó un avance democrático importante, en la que el PRD, lo subrayo, en la que el PRD jugó un papel relevante al recoger las banderas de diversos sectores de la sociedad, me permito advertir y reconocer el trabajo revisado en temas tales como, y como se ha dicho acá, que a partir del 1 de enero de 2015 los concesionarios de redes públicas de comunicaciones, que presten servicios fijos, móviles o ambos, no podrán realizar cargos por largas distancias, no se cobrará la consulta de saldo, otras bondades que dicen que se pueden ahorrar o nos podemos ahorrar los mexicanos, que van desde los 19 mil millones de pesos a los 22 mil millones de pesos anuales.
Entonces, para qué esperarnos al 1 de enero, el país está estancado, la economía está estancada, por qué esperarnos hasta el 1 de enero. Por qué no, como planteaba al principio el diputado Raya, por qué no a partir de la publicación de que cuando ustedes lo aprueben, tanto el PRI, como el PAN, el Verde y el Panal, por qué no entra de una vez, para que de una vez los mexicanos y las mexicanas nos podamos ahorrar ese dinero del que tanto se habla.
Y contrario a estos avances, existen también grandes deficiencias y tareas pendientes por resolver, entre ellas podemos enumerar, que las autoridades puedan bloquear la señal de Internet o telefonía cuando arbitrariamente lo deseen y podemos ser geolocalizados.
Se mantienen disposiciones autoritarias en el control de contenidos y la posibilidad de censurar, intervenir y bloquear el acceso al Internet.
Los proveedores podrán exigir pagos a usuarios para acceder a contenidos o sitios. Es decir, podrán poner cargos de estilo o pago por evento, habrá censura por derecho de autor.
Con estas reformas se vuelven más estrictas las medidas tomadas en favor de los derechos de autor, de modo que se prohibirá la reproducción o compartir fragmentos de contenidos o hasta compartir fragmentos de música.
Existen candados o controles a la autonomía del Ifetel. Se favorece el monopolio televisivo. Esta reforma carece de mecanismos efectivos para proteger los derechos de las audiencias y garantizar la pluralidad y el fomento de la producción independiente.
Se mantiene la gratuidad en las tarifas de interconexión, lo que inhibiría el desarrollo de infraestructura y las inversiones en el sector.
No plantea medidas de fomento a los medios sociales, en especial a las radios indígenas y comunitarias, las limita, las excluye, las pone a competir en condiciones de verdad desventajosas.
Imagínese, tendrán que disputar un espacio en el espectro en condiciones de desigualdad con los medios comerciales. Por ejemplo, no podrán acceder a publicidad oficial o privada.
Se carece de normas para hacer exigible el derecho constitucional de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y reducir la breca digital.
Consecuentemente, es evidente que se avanzó en telefonía, sí, hasta el 1 de enero, no ahorita, pero faltó la televisión. Nuestro país necesita mayores avances a favor de la democracia, de la verdadera competencia y de los derechos de los usuarios.
Por ello, nuestro pronunciamiento es por el uso democrático y amplio de las tecnologías de la información y de la comunicación, por un desarrollo verdaderamente integral y democrático del país. Y somos enfáticos en que estamos en contra del monopolio de la opinión pública.
Por su atención, diputados, diputadas y por su amabilidad, presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación del diputado Alejandro Cuevas.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, en consecuencia se desechan.
Tiene la palabra el diputado Carlos Angulo Parra para presentar tres reservas a los artículos 9, 15 y 23. Pediría que le pusieran el tiempo que le corresponde.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, presidente. En obviedad del tiempo voy a ser lo más breve posible, compañeras y compañeros. Estos tres artículos se relacionan con la estructura administrativa de los órganos reguladores y su funcionamiento.
El primero, el artículo 9 habla de facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Al respecto, la fracción I habla de la emisión de una opinión técnica no vinculante para el Instituto, mejor dicho, en un plazo no mayor de 30 días naturales sobre el otorgamiento.
Luego habla, la prórroga o la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad, operación de sociedades relacionadas, para los efectos de ir diluyendo monopolios.
Y aquí habla de prórroga, misma que no se justifica en este sentido de tener o solicitarle una prórroga al Instituto. Estamos sugiriendo que se elimine la palabra prórroga en la fracción I.
Ahora bien, en la fracción XVIII se menciona que es facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes enviar al instituto su opinión no vinculante sobre el programa anual de trabajo y el informe trimestral previstos en la fracción VIII, del artículo 28 de la Constitución. Ésta es una facultad exclusiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones y no tiene por qué haber injerencia alguna por parte de la secretaría, por lo que se propone que se elimine.
Pasando al artículo 15, compañeras y compañeros, que habla de las atribuciones del instituto. Propongo para mayor claridad en la discusión en los temas de preponderancia, que se agregue la palabra: Servicios. En esta fracción XX que habla de estas facultades de determinar la existencia de agentes económicos con poder sustancial, así como agentes económicos preponderantes de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones para que no haya esta situación de falsa interpretación con el tema constitucional.
El hecho de repetir artículos constitucionales de forma literal, no resuelve una ley secundaria el paradigma constitucional. ¿Por qué? Porque la ley secundaria tiene los efectos de una ley reglamentaria. Las leyes reglamentarias deben de entrar en una fase normativa de especificidad para los efectos de que la interpretación constitucional quede redondeada cabalmente y la minuta que se manda del Senado no cumple con esos requisitos; éste es uno de ellos que estamos aclarando.
Y además la fracción XLIII establece para los concesionarios en relación con facultades del instituto, las obligaciones de cobertura geográfica poblacional o social de conectividad en sitios públicos y de contribución a la cobertura universal en los términos previstos en esta ley, que se agrega una frase en la minuta que dice: Para estos efectos el instituto considerará las propuestas de la secretaría conforme a los planes y programas de respectivos. Estamos proponiendo se elimine esa frase porque de nuevo es una interferencia del Ejecutivo federal a las facultades del organismo autónomo.
Para concluir, presidente, tenemos en el artículo 23, que habla de las facultades de los comisionados del Instituto Federal Electoral. Aquí lo que se propone, compañeras y compañeros es, hacerle algunos añadidos para darle mayor funcionamiento de autonomía a los comisionados y de claridad y de transparencia en su funcionamiento. En la fracción II estamos solicitando que se agregue una nueva fracción II para mencionar como facultad de los comisionados el atender los asuntos que les sean turnados conforme a la figura de comisionado ponente, para que haya como en la Suprema Corte de Justicia, un comisionado que obre con una propuesta a los demás comisionados.
En la fracción VII, se agregaría lo siguiente: Someter a consideración del pleno cualquier asunto competencia del instituto –se agrega– y con la firma de tres comisionados convocar a sesión ordinaria o extraordinaria del pleno. Con esto se amplía esta facultad de convocatoria a tres comisionados para que haya mayor fluidez en el funcionamiento del instituto.
En la fracción novena –éste es un nuevo párrafo–, ejercer para los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión las facultades que otorga la Ley Federal de Competencia Económica y otros ordenamientos jurídicos de los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica para que quede claramente establecida la jurisdicción de los comisionados en esta materia. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Angulo. Se pide a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Angulo.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Tiene el uso de la voz la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, para presentar propuesta de modificación al artículo 9, fracción VI.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente. Ve voy a referir a la fracción VI del artículo 9. Es en estos tiempos la información cada vez más al alcance de todos, esto debido al Internet. Ahora ya no es necesario trasladarse a una biblioteca para acceder a cierta información. Gracias a esto, los estudiantes pueden hacer sus trabajos y tareas de una manera más eficiente.
Ahora contar con servicios de Internet ya no es un lujo, es una necesidad. Se ha vuelto parte de nuestra vida. Claro ejemplo es que dentro de Internet podemos encontrar diversas páginas que fueron creadas para el apoyo de la población en edad escolar.
A pesar de que el Internet es realmente una red de comunicación en poco tiempo de creación, que se desarrolló completamente hasta 1990 con la creación de la Web, representa para las generaciones que han crecido con esta tecnología una herramienta imprescindible para el día a día.
En casos como la educación a distancia, el Internet es parte fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que el uso de este método ayuda a desarrollar las materias y trabajos que se harían en las aulas. Esto, debido a que es una gran herramienta que permite tener acceso a todo tipo de vídeos, información, libros y fotos de todas partes del mundo. Eso enriquece significativamente el conocimiento y preparación de alumnos y maestros.
Es por esto que precisamos que se implemente la cobertura digital y gratuita, tanto en universidades públicas como privadas para contribuir al pleno desarrollo de los estudiantes para reforzar las enseñanzas impartidas en clases, para apoyar a los maestros dentro de sus programas de educación, para ser más competitivos.
Por eso pido hoy a mis compañeros diputados federales, a los coordinadores parlamentarios que están presentes, su gran sensibilidad y apoyo para votar a favor y discutir este tema que tiene que ver con un tema trascendental en México como es la educación.
Por eso someto a la consideración este artículo 9, inciso sexto y propongo que quede de la siguiente manera: “Realizar las acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y coadyuvar con los gobiernos del Distrito Federal, estatales y municipales para el cumplimiento de este objetivo, así como –éste es el agregado que estoy pidiendo-, así como implementar la cobertura digital y gratuita dentro de las universidades, ya sean públicas o privadas, además incluir en esta cobertura digital y gratuita de banda ancha, a las universidades interculturales de todo el país”. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez. Ruego a la secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 9, fracción VI, presentada por la diputada Vargas Pérez.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos el diputado Uriel Flores Aguayo, para presentar propuesta de reserva de modificación al artículo 9, fracción XVIII, suprimir la fracción XVIII. ¿No está Uriel Flores? Tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Mejía Berdeja hasta por tres minutos, para presentar propuesta de modificación al artículo 9, suprimir la fracción XXII.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Desde el momento que se planteó en la Constitución la creación de un Instituto Federal de Telecomunicaciones, nosotros manifestamos nuestras dudas, prácticamente nuestra certeza que como está concebido, prácticamente es un patiño de las decisiones del Ejecutivo.
Es nombrado por la mayoría Prianista en el Senado de la República y su primera decisión significativa se fue por una aplicación sesgada de un artículo de la Constitución y establecieron la preponderancia por sector.
El primer regalo a Televisa avalado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque con el mismo criterio en esta redacción tramposa de la preponderancia en la Constitución, también pudieron haber señalado que era por servicios, pero les tembló la mano para aplicar una interpretación más favorable a la competencia económica.
Hemos dicho, además, que está metida la mano del Ejecutivo en el otorgamiento, la revocación, el cambio en el control accionario de las concesiones a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dice la Constitución, y lo reproduce la ley, dar una opinión técnica, pero sabemos que esta opinión en realidad es dar una orientación para favorecer los intereses que le convienen al Poder Ejecutivo.
Este artículo 9 de la ley es todo un catálogo de atribuciones a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para menoscabar al ya de por sí menoscabado Instituto Federal de Telecomunicaciones.
En el colmo, en esa fracción XXII le dan competencia para interpretar la ley y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se convierte en el tutor del Ifetel. Por esta razón estamos planteando la eliminación de esta fracción para que se quite este tutelaje de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Por un lado la Segob metida como censor, como policía informática y por otro lado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Por eso no nos fuimos con la finta y sabíamos que todo era pura simulación. Además, nos parece francamente bochornoso que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en el colmo del cinismo haya dicho que había que aprobar esta reforma porque se estaban yendo cientos de miles de millones de pesos por falta de inversiones. Es el mismo discurso trillado de que había que aprobar la reforma laboral para crear cientos de miles de empleos que nadie ve. Es el mismo discurso de la reforma hacendaria para generar crecimiento económico que nadie ve. Y hoy, asustando con el petate del muerto, el titular de Comunicaciones y Transportes sale con la misma cantaleta.
Por eso estamos planteando que se elimine esta fracción XXII y que se aplique el poder de esta secretaria en materia de telecomunicaciones. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias diputado Mejía Berdeja. Se pide a la Secretaria consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Mejía Berdeja.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión.
Los diputados y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz la diputada Amalia García Medina para presentar propuesta de modificaciones a los artículo 9, 131, 262, 267, 268, 278, 275, 276, 277, 278, transitorios noveno, décimo y décimo primero. Por tanto, tome nota del tiempo necesario.
Posteriormente tendrá el uso de la voz el diputado Agustín Barrios Gómez, la diputada Roxana Luna Porquillo y el diputado Miguel Alonso Raya.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Muchas gracias, señor presidente. Estimados compañeros y compañeras, lo que hoy estamos discutiendo es verdaderamente muy importante. Y creo que es pertinente que hagamos una reflexión que parta no solamente de la consideración de lo que significa económicamente la reforma sobre telecomunicación que hoy está a debate. Creo que sería pertinente que partiéramos de que hay un principio constitucional.
¿Qué es la Constitución o qué son las constituciones en cada país, en cada nación? Pues es el documento que establece los principios. Hay naciones en las cuales prácticamente no se modifica, los cambios han sido mínimos porque ahí están plasmados principios esenciales.
¿Y qué son las leyes? Las leyes precisan, concretan, regulan esos principios que están en la Constitución. Esa es la tarea del legislador, plasmar los principios de la Constitución en normas, y en regulación y en leyes.
Precisamente, en lo que hoy está a debate, tenemos que partir de lo que dice la Constitución y el principio, el espíritu, la letra de la Constitución en el artículo 28 es clarísima, es indudable, no está sujeta a interpretación.
¿Qué es lo que dice el artículo 28 constitucional? Dice con toda claridad que quedan prohibidos los monopolios, no es un asunto nuevo, esto ya estaba, ha estado desde hace tiempo en nuestra Constitución, quedan prohibidos los monopolios.
Y también dice el artículo 28: quedan prohibidas las prácticas monopólicas. No solamente eso, no sólo quedan prohibidos, no solamente quedan prohibidas las prácticas monopólicas, también el artículo 28 de la Constitución señala que se deben combatir los monopolios y dice que se deben eliminar las barreras a la competencia, y que se debe regular el acceso a los insumos esenciales y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos. Eso dice la Constitución, es clarísima y es indudable.
Pero qué es lo que hoy tenemos en esta ley secundaria. Yo diría que después de la gran reforma constitucional en materia de telecomunicaciones lo que tenemos es una ley secundaria chiquita, que teniendo algunas cosas positivas, por ejemplo, hemos defendido que no se cobre la larga distancia, y ya queda plasmado aquí, qué bueno que así sea, ¿por qué no estamos satisfechos?
Yo particularmente lo puedo decir con toda claridad, no siento que la dimensión, la magnitud de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones esté cumplida, de ninguna manera, porque si bien es cierto que debería controlarse, que deberían tomarse las medidas, prohibirse los monopolios, como lo dice la Constitución.
Lo que encontramos es que –insisto– si bien es cierto que en materia de telefonía se toman medidas en un sentido correcto, pero no se va al fondo, y lo que encontramos es la pregunta del por qué en televisión no. Tendrían que ser ambos, se trata de combatir la existencia de monopolios y cumplir con los principios que están establecidos en la Constitución.
Pero no es así, hay quienes –en el análisis que se ha hecho en el país sobre lo que está sucediendo tanto en el Senado como lo que hoy sucede aquí– dicen que en realidad más que competencia con estas leyes secundarias lo que habrá es un reparto político de mercado, efectivamente un reparto político de mercados, y no es la reforma que garantice la democratización en nuestro país, no es la reforma a la que aspirábamos por la cual trabajamos construyendo un gran acuerdo político entre diversas fuerzas políticas.
En esta tarea de las leyes se ha quedado absolutamente corta. En dónde está la modernidad, que es lo que verdaderamente sería la base que se construiría con la competencia. No hay competencia real, se acota esa posibilidad porque hay efectivamente un reparto político de mercados entre unos cuantos.
Y hay que decir que en el caso precisamente de la preponderancia es en donde se podría haber abierto lo que dice la Constitución, el artículo 28, y también lo que dice el octavo transitorio en su fracción III. ¿Y qué dice el octavo transitorio en su fracción III? Y es lo que el artículo 28 constitucional establece como un asunto sustancial como principio.
Dice el octavo transitorio en su fracción III del decreto de la reforma constitucional, dice: se considerará como agente económico preponderante en razón de su participación nacional en la prestación de servicios –Servicios es la palabra que utiliza. No dice sectores, dice servicios– de radiodifusión o telecomunicaciones al que cuente directa o indirectamente con participación mayor al 50 por ciento.
¿Y de qué servicios está hablando? ¿En dónde debería haber competencias servicio por servicio, para que verdaderamente se enfrente a los monopolios? ¿Cuáles son los servicios? Los desgloso, ahí están, es el de telefonía fija, ahí debería haber competencia, es el de telefonía móvil, es el de banda ancha móvil, es el de banda ancha fija, es el de televisión abierta, es el de televisión de cable satelital.
En cada uno de estos servicios debería abrirse la competencia. Pero en cambio, cuando se habla de sectores se está hablando solamente de dos sectores, ¿cuáles son estos dos sectores?, pues el de telecomunicaciones y el de radiodifusión. Esto impide la competencia, no entra al fondo esencialmente.
Y lo que está lastimándose es la consolidación de un Estado democrático en el que no existan los monopolios, en el que las grandes empresas no sean las predominantes, y se está evitando la posibilidad de que las medianas y pequeñas empresas tengan posibilidad de desarrollarse.
Cuando en esta Ley que está a discusión, en este proyecto se habla de sectores en telecomunicaciones y radiodifusión, eso es lo que sucede pero la conclusión política es que estamos frente a un Estado disminuido ante los enormes poderes económicos.
¿Eso es lo que queremos para el Estado mexicano? No hablo del gobierno, hablo del Estado mexicano con mayúscula, es un Estado absoluta y totalmente disminuido ante los poderes económicos de las grandes empresas, no de un monopolio, de aquellos cuantos muy poderosos que están en el reparto político de mercados. Eso es ante lo que estamos y entonces, ¿en dónde está el Estado nacional?, ese Estado nacional que permite modular, que permite acotar donde haya excesos.
Prácticamente con las decisiones que aquí se tomen se disminuye a su mínima expresión y yo no diría y no diríamos que son esas grandes empresas a las que hay que decir que son los responsables. Ellos quieren cada vez más poder, en eso están trabajando, en tener cada vez más poder, a tal grado que los académicos los denominan en todo el mundo como los poderes fácticos, porque incluso al margen de la ley y de la legalidad tienen enorme poder y lo hacen valer, y aquí les estamos dando ese poder.
¿En dónde estaría la capacidad de decisión para enfrentar los monopolios?, en este Legislativo. Es aquí en donde está la capacidad, la voluntad y también la obligación de modular ese poder. Eso es lo que no se está haciendo y cuando se habla del concepto en preponderancia de servicios y de sectores no es un asunto menor.
Todo lo que se ha venido a decir aquí, porque en el discurso prácticamente todo mundo coincide en que requerimos que los usuarios, que los ciudadanos puedan estar teniendo garantizado su derecho a la información y su derecho a la libertad de expresión y a calidad y a menores costos, a la hora de definir en preponderancia sectores o servicios, es en donde estamos tomando el camino que fortalecerá a los monopolios o fortalecerá a un Estado democrático que permita que las pequeñas, las medianas empresas, que la competencia y que la democracia se fortalezcan.
Eso es lo que no está presente y está ausente, y yo quiero por cierto hacer referencia a un término también que se ha acuñado recientemente, que está en esta ley. Es el que se refiere a poder de mando, y lo vinculo precisamente al de preponderancia, porque, ¿qué es poder de mando? Aquí está en la Ley con qué se come, de qué se trata.
Poder de mando significa y va a significar en los hechos la capacidad de tener control en ámbitos muy diversos, con una sola decisión de las grandes empresas o de una gran empresa; reducir su 50 por ciento a 49 y a partir de tener 49 por ciento de las acciones en distintas empresas, doblarlas y controlarlas y convertir eso en un monopolio, simplemente bajando de 50 por ciento a 49 por ciento las acciones. Eso es poder de mando.
Quien ha hecho mención de esto precisamente –pedí que me dieran una información técnica– fue la diputada Purificación Carpinteyro, que es una experta y que lamento que no esté presente en este debate. Pero si vamos a hablar de lo que es el poder de medios de comunicación, hablemos de cuáles son nuestras facultades.
Aquí en esta tribuna y en esta Cámara se ha dicho –y también en los medios de comunicación, en análisis– que en el caso de preponderancia existe el concepto de servicios y de sectores en la Constitución, en la reforma que hicimos.
Quiero decir que efectivamente los dos términos están mencionados, aunque claramente el artículo 28 señala que debe ser a partir de los servicios como se determine la preponderancia. Pero aceptando sin conceder que están los dos términos en la Constitución establecidos, ¿quién tendría que definir cuál es el que prevalece en la ley secundaria? El Legislativo.
¿Por qué tendríamos que optar por ese concepto de servicios? Porque tendríamos que ponernos del lado de los usuarios, del lado de las audiencias, del lado de los ciudadanos y las ciudadanas. Es nuestra libre voluntad y decisión y aquí estamos tomando una determinación que tiene impactos en el rumbo del país, no sólo en el de los monopolios, tiene impactos en el Estado mexicano, sobre si se le achica y se debilita ante los poderes fácticos, o si es un Estado rector, que cumpla con la rectoría que le corresponde.
Estamos tomando decisiones aquí que tienen que ver con fortalecer una sociedad democrática o ceder esa capacidad de determinación de contenidos y también la capacidad de influir a partir de lo que votemos.
Se ha votado ya lamentablemente en lo general, pero hoy estamos en lo particular en la posibilidad de decidir que el concepto que se utilice al hablar de preponderancia sea el de servicios y no el de sectores. Es nuestra determinación.
Y sin embargo –termino señalando– que si aquí se va a determinar que sea el concepto de sectores y no el de servicios, creo que se violenta el espíritu, pero también se violenta claramente el principio, no sólo el espíritu, sino el principio constitucional que establece que no debe haber monopolios.
¿Quién tendría que resolver eso si hoy no votáramos adecuadamente? ¿Quién es el árbitro? El árbitro es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y creo que hoy en México la ciudadanía y la democracia tienen todavía mucho camino por andar, por lograr una nación con un Estado fuerte y, al mismo tiempo, una nación democrática, una nación con libertad, una nación en la cual los medios de comunicación jueguen un papel para fortalecer la calidad democrática y las libertades de expresión y de información, pero que no se convierta en un poder, en los poderes fácticos que doblen a ninguno de los tres Poderes de la República. Es cuanto, señor presidente, compañeras y compañeros, muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Amalia García Medina. Se pide a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada García Medina.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Por tanto, se desecha. Diputada Carpinteyro, ¿con qué objeto? Diputada, permítame un segundo. Esta Presidencia perfectamente tiene conocimiento de que usted remitió a la Junta de Coordinación Política un documento en el cual se excusa. Es cierto totalmente y es de dominio público.
Esto fue una excusa para conocer, precisamente, del tema que está hoy a discusión, así lo informó, incluso, el diputado Miguel Alonso Raya durante la reunión de Comisiones Unidas que aprobaron el dictamen que se discute.
Por ello, se actualiza el supuesto, previsto en el artículo 8º, numeral uno, fracción VI, del Reglamento, que me voy a dar la oportunidad de darle lectura: “Serán obligaciones de las diputadas y diputados, informar de los asuntos en los que tengan interés o puedan obtener beneficios personales y excusarse de participar... Permítame, diputada. Diputada, permítame. Y excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación y discusión de los mismos”.
Por esta razón, diputada, me veo obligado a negarle el uso de la voz, ya que usted se ha excusado en términos del Reglamento para participar en esta discusión.
Tiene el uso de la voz el diputado Agustín Barrios Gómez, para presentar propuesta de modificación al artículo 11, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 30, 33, 34, 35, 36, 44, 45 y 47.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Presidente, tiene derecho por alusiones.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Diputada, le he dado lectura, incluso al Reglamento. El Reglamento no lo puede violar absolutamente nadie y esta Presidencia tiene la obligación de acatar el mismo. Diputado Agustín Barrios Gómez, tiene el uso de la voz, adelante diputado.
El diputado Agustín Barrios Gómez Segués: Apoyamos el derecho a la diputada compañera de hacer el uso de la palabra, pero bien, en este caso me permito poner a consideración a esta soberanía, las reservas a los artículos 3, 11, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 30, 33, 34, 35, 36, 44, 45 y 47 de la iniciativa de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
En ese sentido, con respecto al citado artículo 3 se propone la modificación de la fracción XI, a efecto de intercambiar la definición de comercializadora por la de operador móvil virtual.
Lo anterior tiene como objetivo que iniciativa adopte un término más moderno e internacionalmente reconocido a los revendedores de los servicios que ofrecen los concesionarios.
Asimismo, dicha modificación busca que el Instituto tenga facultades para regular el acceso a su interconexión, así como las obligaciones respecto de su cooperación con la justicia.
Ahora bien, con respecto a los artículos 15, 17, 20, 23 y 24, los cuales tienen como objeto establecer las facultades de los lineamientos de operación con los que contará el Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo encargado de materializar los ambiciosos objetivos de la regulación que hoy se discute, es necesario comentar lo siguiente.
Como primer punto me refiero a las facultades con que cuenta el Instituto, a efecto de regular, como por ejemplo, el uso, explotación y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, para lo cual deberá contar con mayores atribuciones y facultades para vigilar el uso eficiente de este recurso por parte de los concesionarios y estar en condiciones de dictar las medidas necesarias para este fin, en pro de los consumidores.
En ese sentido se propone que dichas medidas sean, entre otras, las siguientes: monitoreo en tiempo real de la eficiencia del espectro radioeléctrico. Establecimiento de índices para medir la calidad del servicio de manera trimestral. Publicación de dichos índices, a efecto de que la ciudadanía se encuentre debidamente informada sobre las condiciones de los proveedores. Que el Instituto cuente con facultades vinculantes de obligar a los concesionarios que no estén utilizando su espectro radioeléctrico, a que den una oferta de referencia a los operadores móviles virtuales, para que estos los puedan utilizar de forma eficiente.
Como segundo punto se propone que se establezca de manera explícita en la presente iniciativa, que la facultades otorgadas a los comisionados del Instituto, así como al presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica por la Ley Federal de Competencia, se encuentren conferidas al presidente, así como a los comisionados del Instituto en su carácter desregulador de competencia en materia de telecomunicación y radiodifusión.
Como tercer punto resulta necesario fortalecer la naturaleza colegiada del actuar del Instituto, para lo cual se propone que los funcionarios que encabezan las áreas sustantivas del mismo, deberán ser nombrados y removidos por una mayoría calificada de los comisionados integrantes del pleno del Instituto, estableciendo así un incentivo para que trabajen en beneficio del mismo y no solamente para el presidente del mismo, con el efecto de crear una institucionalidad de dichos servidores públicos, así como alinear la visión del ente de forma colegiada.
Como cuarto punto se propone que los comisionados integrantes del Instituto, que de manera específica o de forma inequívoca hayan fijado una postura con respecto del sentido de su voto en un asunto, antes de que el pleno resuelva sobre el particular, con el objeto de no afectar los intereses de los entes regulados se excusen de conocer del asunto.
Como quinto punto se propone que las audiencias solicitadas por los particulares, diversas a los procedimientos establecidos en la iniciativa, se lleven a cabo contando con la presencia de cuando menos dos comisionados integrantes del Instituto. Lo anterior a efecto de garantizar una representación de los integrantes de dicho Instituto.
Ahora bien, respecto al artículo 34, el cual se refiere sobre la integración y funciones con que contará el Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, consideramos necesario llevar a cabo una ampliación de las facultades con que cuenta éste, el cual deberá fungir como órgano asesor de opinión y consulta permanente, así como presentar propuestas, opiniones y recomendaciones al pleno del instituto con respecto de la observancia de las materias en competencia, los derechos de las audiencias de los usuarios y el ejercicio de derechos humanos con plena libertad de expresión, derecho a la información y derecho al libre acceso a las tecnologías de información para lo cual sus integrantes deberán de tener experiencia probada en la defensa de tales derechos y contar con actividades y experiencia profesional relacionados con la materia de competencia del instituto.
Con respecto al artículo 35, el cual se refiere a las facultades con que contará la contraloría interna del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se propone se amplíen las facultades con que cuenta éste en la iniciativa que se discute. Derivado de lo anterior se propone que dicha autoridad administrativa pueda conocer los asuntos con respecto de los licitantes y proveedores del instituto que infrinjan las disposiciones de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas y sus reglamentos.
De igual forma, se propone que sea la contraloría la que reciba, tramite y resuelva con respecto de las inconformidades, procedimientos y recursos administrativos que se promuevan en los términos de las leyes de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y sus reglamentos.
Lo anterior tiene como objeto que se establezca de manera expresa que la contraloría interna de dicho instituto será encargado de conocer sobre dichas materias, ya que la iniciativa hasta este momento es omisa.
Por último, en referencia al artículo 44, el cual señala que el Ejecutivo federal por conducto de la secretaría, podrá solicitar al comisionado presidente del instituto que los asuntos en que tenga interés sean sustanciados y resueltos de manera prioritaria, se propone añadir diversas consideraciones a efecto de establecer cuáles serán los asuntos que podrán considerarse como prioritarios.
En ese sentido se propone que sean los siguientes:
1. Procedimientos para defensa de grupos vulnerables.
2. Procedimientos cuya resolución tenga un impacto determinante para la economía y la seguridad nacional.
3. Procedimientos cuyo objeto sea prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico; y
4. Aquellos en que el pleno estime pertinentes.
Estoy cierto que estos asuntos son inobjetables, por lo que les pido su apoyo para llevarlos a cabo. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Barrios Gómez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta de los artículos 11, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 30, 33, 34, 35, 36, 44, 45 y 47 presentada por el diputado Agustín Barrios Gómez.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz, la diputada Roxana Luna Porquillo, para presentar propuesta de modificación al artículo 15, hasta por tres minutos.
La diputada Roxana Luna Porquillo: Compañeros, el artículo 15, fracción LIX, LX, LXI y LXII habla de los contenidos y que hoy se le faculta a la Segob para regular los temas de contenidos.
Por lo tanto presento esta reserva para que se eliminen, ya que la secretaría, además de tener a su cargo la Seguridad Pública, la Policía Federal, el Cisen, hoy le están dando las facultades de vigilar la libertad de expresión. Esto contraviene a un órgano autónomo como es el instituto y que invade también las facultades, resulta más grave la invasión y además de que se le den las facultades para supervisar.
Es por ello que planteo la eliminación y que realmente se garantice la autonomía de este instituto. De lo contrario, el atribuirle esta facultad a la secretaría pretende generar un control inmediato en todo lo que se va a producir y en todo lo que van a ver los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Luna Porquillo. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación al artículo 15, presentada por la diputada Luna Porquillo.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Por tanto se desecha.
Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, para presentar propuesta de modificación al artículo 15.
La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Muchas gracias, presidente. Las telecomunicaciones y la radiodifusión constituyen un medio estratégico para el desarrollo social y la modernización económica. Son un sector cuyo crecimiento y avance tecnológico resultan más dinámicos que la economía en su conjunto.
Para que el sector responda a las necesidades de desarrollo de nuestra nación, es fundamental que se garantice la cobertura de estos servicios y que éstos se presten en un ambiente de calidad, pluralidad, competencia, bajo el principio constitucional de que la rectoría del desarrollo nacional le corresponde al Estado.
Por estas razones se incorporaron a nuestra Carta Magna como adición al derecho a la información el derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, cuya prestación el Estado deberá garantizar que se dé en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.
Igual importancia reviste la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano constitucional autónomo que deberá regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del sector radioeléctrico, las redes y la prestación del servicio de radiodifusión y telecomunicaciones con facultades en materia de competencia en estos sectores.
La Constitución dicta medidas de política pública para avanzar en el sector: transición digital terrestre, retransmisión de contenidos gratuitos en televisión restringida, declaración de preponderancia de concesionarios con poder sustancial del mercado, licitación de dos cadenas de televisión abierta, una política de inclusión digital universal, red troncal compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo y un programa de banda ancha para alcanzar la cobertura universal, entre otras medidas.
Fue hasta el 25 de marzo del 2014 cuando el Ejecutivo, casi tres meses después de transcurrido el término establecido en la Constitución para la expedición de la misma, envió al Senado una iniciativa de legislación secundaria.
Esta iniciativa y el proyecto de dictamen que se presentó en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, en el Senado, resultan contrarias a las medidas de avanzada que contiene la Constitución, destacando entre los puntos más importantes, por supuesto, el tema de la preponderancia, y es un tema que no podemos omitir.
La preponderancia, la determinación de la preponderancia por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a un agente económico que participe en los mercados de las telecomunicaciones y la radiodifusión, es uno de los principales aportes en los mercados de telecomunicaciones y la radiodifusión.
Por consiguiente es imprescindible que dentro de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contenga una definición más robusta del concepto.
Y antes de presentar la propuesta de la redacción, quisiera dar algunos datos muy concretos de por qué es tan importante hablar, señalar, definir de manera clara, qué es o qué debe ser entendido como preponderancia, porque este Congreso no puede renunciar a su obligación política y moral de democratizar las estructuras de los medios de comunicación.
Esta ley era justamente para abrir la competencia en los servicios públicos concesionados tanto de radiodifusión como de telecomunicaciones y desafortunadamente esos servicios públicos están monopolizados. Un tema fundamental, insisto, es la preponderancia.
La Constitución señala que los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión deberán declararse preponderantes a los agentes económicos que concentren más del 50 por ciento del número de usuarios, del número de suscriptores, del nivel de audiencia, por el tráfico en sus redes o por su capacidad instalada.
El dictamen que se propone es contrario a lo que señala la Constitución. El gobierno está apoyando claramente a consorcios televisivos y de manera específica a Televisa, a poder mantener su monopolio, su control.
Al cierre del 2013 Televisa contaba con 8 millones 90 mil 365 suscriptores, el 55.2 por ciento; Cablecom contaba con 930 mil 461 que significa el 6.3 por ciento, Televisa es preponderante por sí sola en televisión restringida con el 55.2 por ciento. Rebasa el 50 por ciento señalado en la Constitución y no se le quiere declarar preponderante, pero acaba de comprar, como sabemos, Cablecom en siete mil millones de pesos.
Podemos consultar todas las cifras y que finalmente sabemos que el hecho de no definir de manera clara cuál es la calidad de preponderante de un agente económico justamente favorece a ciertas empresas en nuestro país que han venido siendo favorecidas a lo largo de la historia. Este Congreso de la Unión no puede, no debe dejar de velar por el interés general que hace tiempo se olvidó y no debe estar sujeto a los poderes fácticos que desafortunadamente vienen dictando las leyes que se aprueban al interior de este Congreso.
Por lo tanto, queremos proponer que la preponderancia sea definida en esta ley como la calidad de un agente económico en su razón de participación nacional en la prestación de los servicios en radiodifusión o telecomunicaciones, que cuente directa o indirectamente con una participación nacional mayor al 50 por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia o por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada en las mismas, de acuerdo con los datos de que disponga el instituto en los términos del artículo 262 de esta ley y que por lo tanto se omita la posibilidad de que la calidad sea determinada por el instituto de si un agente económico es preponderante o no. Es cuanto, diputado.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Valles Sampedro. Pido a la Secretaria consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 15 presentada por la diputada Loreina Iveth Valles Sampedro.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra la diputada Roxana Luna Porquillo para presentar propuesta de modificación al artículo 17, hasta por tres minutos.
La diputada Roxana Luna Porquillo: El artículo 17 de la fracción XIV habla de las sanciones. En este caso se establece, y a la letra dice: “Construir un comité conformado por tres comisionados para ordenar la suspensión precautoria que se refiere la fracción LXI del artículo 15 de esta ley”. Yo planteo que sea eliminado en su totalidad ya que resulta excesivo que ciertas facultades sean indelegables e incluso pueden generar la parálisis regulatoria si muchos asuntos los tiene que resolver el pleno del Ifetel.
El que se establezca que se sancione que sólo puede ser impuesto por el pleno del instituto no se justifica en atención a que existen muchos incumplimientos de la falta de entrega de documentación que no requiere que sea el pleno quien lo analice y resuelva, pueden perfectamente desempeñar esa función los titulares de las unidades del Ifetel y sólo resolver al pleno sólo aquellas que sean necesarias. Sería esa la propuesta, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Luna Porquillo. Se pide a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 17 presentada por la diputada Luna Porquillo.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el diputado Uriel Flores Aguayo, hasta por tres minutos, para presentar propuesta de modificación al artículo 27, fracción VI.
El diputado Uriel Flores Aguayo: Con la autorización del diputado presidente. Quiero pedir también la oportunidad de compactar, diputado, hubo un turno del número 75, artículo 30, aunque tal vez no agotaría el tiempo asignado.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Artículo 30, bajo el número 71, diputado.
El diputado Uriel Flores Aguayo: Sí. Había dejado pasar el turno 34, el artículo 14. Pero...
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Incluimos el artículo el artículo 30.
El diputado Uriel Flores Aguayo: Es muy sencillo. La reserva que estoy haciendo se refiere al artículo 27, se está asignando contar al menos con tres años de experiencia en servicio público para presidente comisionado del Ifetel, de la comisión investigadora.
Estamos planteando que se pudiera poner en 6 años, nos parece muy poco tres, y que es hasta sospechoso, pudiera ser ya un cargo previamente establecido y se requiere más experiencia, más certeza para esto. Esa es la propuesta de la reserva.
Pero yo quiero también incluir el contexto. En primer lugar quiero decir que hoy estamos ante el fracaso absoluto del Pacto por México. No cumplió, fue un engaño, ha resultado el gatopardismo y me parece que los signantes del pacto, sobre todo los defraudados, debieran estarse deslindando del mismo.
El pacto señalaba compromisos respecto a la materia de telecomunicaciones, la competencia, medidas de fomento a la competencia, etcétera, esto no se está cumpliendo –como ya se dijo aquí- y estamos ante una situación en que es evidente que se está cuestionando la economía de mercado, estamos ante un capitalismo de cuates –como alguna vez lo dijo el Premio Nobel Stiglitz- es un capitalismo de cuates, se reivindican a los monopolios y los monopolios son un cuello de botella para la economía, la concentración de poder y la distorsión democrática.
No habría mucho qué decir, es de obviedad, pero tenemos el llamado duopolio televisivo donde Televisa es preponderante, y el resultado que hemos tenido de este duopolio es una televisión de baja calidad, consumista, frívola, tendenciosa y antidemocrática. No equivocadamente se le ha dado en llamar la caja idiota.
Tenemos un autoritarismo actualizado. Hace muchos años Fidel Velázquez dijo que: el que se movía no salía en la foto. Ahora el que se mueve no sale en la tele. Es el miedo que tiene la clase política para tomar medidas ante los monopolios. Y lamentablemente son monopolios de inspiración estatal, Telmex fue concesión de Salinas de Gortari a Carlos Slim.
Televisa en su momento mereció la definición de Azcárraga, papá, cuando dijo que era un soldado del PRI y del presidente. Ahora pareciera que el presidente y el PRI son soldados de Televisa. Ése es el contexto.
Reservas más, reservas menos, en términos generales, desde el punto de vista conceptual de los intereses que están atrás, de los efectos y la aplicación que va a tener esta nueva legislación, bueno, resulta en que se deja un monopolio intacto y que estamos nosotros rindiéndonos ante una realidad adversa para el desarrollo democrático de nuestro país. Agradezco, diputado. Es todo.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Flores Aguayo. Ruego a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Uriel Flores Aguayo.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, hasta por tres minutos, para presentar propuesta de modificación al artículo 27.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente. Una de las funciones principales que como diputados federales ejercemos son las de discutir y aprobar leyes, vigilar las actividades del Ejecutivo federal y en ocasiones convertirnos en gestores de las soluciones de los problemas que aquejan a los habitantes del distrito que representamos.
Debido a la importancia de las actividades que realizamos en este honorable recinto está por demás decir que en nuestras manos está que cambie el futuro de nuestro país. En esta ocasión estamos discutiendo un tema de suma importancia para el país, ya que el sector de las telecomunicaciones está viviendo actualmente un importante proceso de transformación. Esto se debe a la entrada de nuevas tecnologías que permiten el ofrecimiento de servicios integrados de voz y datos a un cada vez mayor número de hogares y empresas en todo el país.
También se acaba de abrir al mercado una nueva red de fibra óptica perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad, la cual por su dimensión y cobertura se constituye en una de las más importantes en el país. A esto hay que sumar la próxima licitación de nuevos espacios de radiofrecuencia que tiene previsto realizar el gobierno federal.
Esto ha empezado a reconfigurar la estructura del mercado de este sector que por mucho tiempo ha estado bajo la dominancia de una sola empresa y en donde ahora empieza a tomar fuerza otro grupo empresarial, encabezado por Televisa y un grupo de empresas de cable que ofrecen servicios en diferentes partes del país.
Ante esta situación podría pensarse que se están sentando las condiciones para que los mexicanos podamos tener acceso a mejores precios y calidad de los servicios de telecomunicaciones, ante una mayor competencia. Sin embargo, eso no necesariamente es cierto si no contamos con un ente regulador sólido e independiente, que vigile e impulse condiciones de mercado que brinden más beneficios a los consumidores.
El artículo 27 de la Ley que se está pretendiendo expedir habla acerca de que el titular de la autoridad investigadora será nombrado por el pleno, a propuesta del comisionado presidente y podrá ser removido por dicho órgano colegiado, requiriendo la mayoría certificada de 5 votos.
El papel que juega el titular de la autoridad investigadora es tan importante para el buen funcionamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que si la persona dirigente de este órgano es quien elige a la persona que asumirá este cargo no habría transparencia alguna, cayendo en prácticas ilícitas que por supuesto se verán reflejadas en el mal uso de la Ley en comento.
Es por esta razón que presentamos esta reserva, ya que a sabiendas de que el titular de la autoridad investigadora es un ente que coadyuvará a transparentar el funcionamiento del Ifetel, no se puede permitir que sean los dirigentes de éste quienes tomen la decisión. Por esto creemos firmemente que la Cámara de Diputados sea quien lleve el proceso de elección de este puesto laboral, ya que esta labor forma parte de las atribuciones y obligaciones que tenemos como diputados y diputadas, y lo más importante, sin tomar favoritismo alguno.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea la siguiente reserva del artículo primero del dictamen de proyecto de decreto, del artículo 27, para quedar como sigue. El titular de la autoridad investigadora será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
Para ser titular de la autoridad investigadora se deberán de cumplir los siguientes requisitos. Y quedan tal como están del 1 al 7. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Vargas Pérez. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 27, presentada por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aceptan a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, para presentar propuesta de modificación al artículo 27, párrafo primero y 30.
El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con su permiso, diputado presidente. Señoras y señores legisladores, presentaré tres reservas en esta participación, dado que versan sobre el mismo tema. Por esa razón, solicito se considere para efectos de mi tiempo en tribuna.
Estas reservas tienen el objeto de fortalecer al órgano regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Nueva Alianza ha sido consistente en señalar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe contar con independencia y autonomía para regular con eficacia este sector estratégico.
La figura de la autoridad investigadora del Ifetel es fundamental para que este órgano acumule respeto y credibilidad, dado que su función es atender en forma de juicio los asuntos que se le turnan y presentar una propuesta de resolución para que el pleno del instituto decida.
La autoridad investigadora no puede quedar en la indefinición, es por ello que proponemos las siguientes modificaciones. El artículo 27 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión dice:
Artículo 27. El titular de la autoridad investigadora será nombrado por el pleno a propuesta del comisionado presidente y podrá ser removido por dicho órgano colegiado. En ambos casos se requerirá mayoría calificada de cinco votos.
Nuestra propuesta es que se adicione el párrafo con lo siguiente: Durará en su encargo cuatro años y podrá ser reelecto una sola vez por mayoría calificada, previa evaluación de su desempeño.
La siguiente modificación que proponemos es que en el mismo artículo 27 se establezca una cláusula de salida, en el sentido de establecer en un aparte adicional que diga: Concluido su encargo por un plazo equivalente a una tercera parte del tiempo que haya ejercido su función, el titular de la autoridad investigadora no podrá desempeñarse como consejero administrador, director, gerente, directivo, ejecutivo, agente, representante o apoderado de un agente económico que haya estado sujeto a alguno de los procedimientos a su cargo durante el desempeño de su responsabilidad.
Con estas reservas fortalecemos al órgano regulador, porque se define un tiempo preciso para la duración del encargo de la autoridad investigadora y se establece que no podrá contratarse inmediatamente con algún agente regulado para prevenir cualquier hipótesis de conflicto de interés.
Ambas propuestas están en consonancia con lo que se dispone en la Ley de Competencia Económica respecto a la autoridad investigadora correspondiente a este tributo.
Finalmente, la tercera propuesta de modificación es relativa a las llamadas reglas de contacto; es decir, los mecanismos y límites para que los comisionados del Ifetel y la autoridad investigadora entren en contacto con los agentes regulados o sus representantes.
La iniciativa presidencial proponía que tanto los comisionados como autoridad investigadora deben sujetarse a determinadas reglas de contacto. Sin embargo, el dictamen que hoy discutimos solamente contempla a los comisionados como sujetos a esta regla, dejando fuera de estas normas a la autoridad investigadora.
Nosotros consideramos que dada la relevancia de las funciones de la autoridad investigadora, también debe someterse a reglas de contacto. A fin de evitar cualquier asomo de sospecha sobre esta importante figura, proponemos que se reforme el artículo 30 de la ley en comento, a fin de establecer que -artículo 30- fuera de las audiencias previstas en los procedimientos previstos en esta ley, los comisionados y la autoridad investigadora podrán tratar asuntos de su competencia con personas que representen los intereses de los agentes regulados por el Instituto, únicamente mediante entrevista.
Con estas reservas fortalecemos al Ifetel porque se otorgue certidumbre y transparencia a una de sus figuras centrales. Por su apoyo, muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Félix Hays. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta a los artículos 27 párrafo primero, 27 y artículo 30, presentada por el diputado Rubén Benjamín Félix Hays.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el diputado José Valentín Maldonado Salgado, para presentar propuesta de modificación al artículo 27 y 144. No se encuentra el diputado Maldonado Salgado. Correcto.
Tiene el uso de la voz la diputada Luisa María Alcalde, hasta por tres minutos, para presentar propuesta de modificación al artículo 31 y otros más que la propia diputada hará referencia.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Escuchen nada más esto, lo absurdo que suena. Aquí en el Congreso, en la Cámara de Diputados todavía no acabamos de discutir las reservas, nos faltan varias horas, pero apenas votamos en lo general y América Móvil ya sacó un comunicado, que dice que la propiedad de Carlos Slim decidió desincorporar activos para ostentar menos del 50 por ciento de la participación del mercado de telecomunicaciones y dejar de ser agente económico preponderante.
La decisión de desincorporación y venta de activos está condicionada a que Telmex y Telcel dejen de ser preponderantes y estar sujetos a medidas asimétricas y puedan acceder a la convergencia.
Esto, lo único que hace es dar evidencia de que en la medida de que la preponderancia se determine por sector y no por servicio sea una ridiculez.
Ahora resulta que ni América Móvil va a ser preponderante en telecomunicaciones ni Televisa en radiodifusión.
Ahora resulta que seguiremos teniendo una concentración en la telefonía celular y una concentración en la televisión. O sea que América Móvil se deshace de los activos que menos redituables le son y se queda con lo que, donde realmente tiene el dinero.
¿Y los ciudadanos qué? Para qué estamos discutiendo aquí que si medidas asimétricas, que si preponderantes si ninguno de los dos serán declarados preponderantes. Sigamos discutiendo y dándole horas a esto, porque Slim ya tomó su decisión. Gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Luisa María Alcalde. Ruego a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Luisa María Alcalde.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, para presentar propuesta de modificación al artículo 34.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Me parece, ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, ante esta semivacía asamblea, que lo expresado por Luisa Alcalde, mujer inteligente y oportuna, describe lo que sucederá en esta Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Aun no se aprueba. Ya se han tomado decisiones importantes por aquellos que han sido declarados como preponderantes en telecomunicaciones o en radiodifusión.
Parece que es una decisión que se esperaba, es una decisión que pone en evidencia a toda esta confabulación y complicidad que ahora hemos observado y en la que están sometidos los legisladores de la mayoría.
Pero yo tengo en lista la reserva al artículo 34. ¿Qué dice esta reserva y qué es lo que propone? Como ustedes recordarán, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones establece la obligatoriedad para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones cuente con un consejo consultivo, el carácter de esta figura reside en representar a la sociedad civil mexicana en la estructura del Ifetel y al mismo tiempo velar por el cumplimiento de su interés.
Sin embargo, con el rasuramiento que aquí se ha hecho y la regresión que ha sufrido la ley reglamentaria, se dejan facultades raquíticas y atribuciones raquíticas en este proyecto de dictamen respecto del consejo consultivo, lo que va a dificultar en la práctica que éste contribuya a la vigilancia del cumplimiento de los derechos de esta ley frente a la audiencia o que esta ley le reconoce a la audiencia.
Por esta razón, proponemos que el consejo consultivo se convierta en un mecanismo para realizar anualmente la evaluación spot del cumplimiento de los derechos de las audiencias; esto con la finalidad de determinar si la Ley Federal de Telecomunicacion y Radiodifusión logra cumplir con los objetivos que motivaron su creación, así como identificar que dicha ley está siendo suficientemente suficiente y eficaz en su cumplimiento.
Si se desea construir una legislación de mediana calidad, no se debe omitir en ella la presencia de un mecanismo como el consejo consultivo que permita llevar a cabo una revisión de los resultados en la aplicación de esta ley.
La propuesta que aquí se realiza pondera el ejercicio de la evaluación del cumplimiento de uno de los objetivos que se planteó en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, la de proteger y garantizar los derechos de las audiencias. Aun cuando las recomendaciones, como todos lo sabemos, producto de esta evaluación anual emitida por el consejo consultivo, no serán vinculantes para el pleno del Ifetel el avance o estancamiento en el cumplimiento de los derechos de las audiencias será evidente para todos los actores involucrados y propiciará que se repliquen las buenas prácticas y se corrijan los factores que impidan el cumplimiento de la ley.
Por esa razón, presidente, solicito se plasme íntegra la propuesta. Es una propuesta verdaderamente atendible. Es una propuesta que debería pasar. Es una propuesta a todas luces correcta. Pero no sé si aquí ya exista la consigna de rechazar todo por mecánica como ha sido siempre este ejercicio que se torna cada vez en un ejercicio irracional; sin embargo quiero afirmar mi beneplácito, porque incluso en la derecha, en el partido de la derecha hay voces que ahora están liberándose del yugo de la obediencia.
Me alegra mucho observar aunque sea individualidad. Me alegro verlos con independencia y con autonomía, y ojalá y pudiera ser un mayor número de ellos.
La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Presidente.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ahí está la diputada Alcalde. ¿Presidente?
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Me gustaría hacerle una pregunta al orador.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Sí, por supuesto.
La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): No le parece, diputado Monreal, que qué ironía, la Telebancada resultó también ser la Telmexbancada, ¿no le parece?
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Tiene razón –le contesto a la diputada Alcalde–. Mire, diputada, yo tengo algún conocimiento de algunos legisladores en lo individual que han trabajado en televisoras y que han ocupado altos cargos directivos.
No es un asunto personal porque tengo una opinión positiva de algunos de ellos. Cuando he querido ir, cuando he querido, cuando he podido, a que enmienden, corrijan u otorguen derecho de réplica -que no debiera ser una súplica ni una petición, sino una disposición legal-, he tenido siempre comentarios positivos y también anuencias para corregir o desmentir. Sin embargo coincido con usted. Es una ironía lo que está sucediendo en esta materia.
Pero lo que estamos haciendo aquí, diputada, es un ejercicio agotado. Usted lo sabe porque es una mujer inteligente a pesar de su corta edad en la vida. De verdad, es una de las mujeres más jóvenes del Congreso –estoy contestando, presidente– y es una de las mujeres más capaces y más brillantes que yo haya conocido en el Congreso.
Pero lo que yo le quiero decir, diputada –que resulta también irónico–, que estemos discutiendo una ley con una irracionalidad en el tiempo –que aún se prolongará por horas– y que finalmente los agentes declarados preponderantes han tomado decisiones que están lejos de lo que ahora se está aprobando.
La verdad es que nos vimos involucrados en una lucha de gigantes. Yo se los dije en alguna de las intervenciones, lo que está sucediendo ahora fue producto de una decisión política, diputada. El gobierno decidió aliarse con las televisoras. Tenía dos alternativas el gobierno y su partido y sus aliados. O estar con América Móvil y Telcel, o estar con el duopolio. El gobierno decidió jugársela con las televisoras. Ésa es una decisión que tendrá que valorar el gobierno, pero Slim, América Móvil y Telcel ya, como usted lo afirmó aquí, han declarado que van a desincorporar los activos para que la ley no los considere preponderantes y poder invertir en áreas done no lo sean.
Yo creo que esto que está sucediendo en el país es una muestra clara de cómo las desavenencias entre los dos gigantes en las que se metió el gobierno fue equivocada. El gobierno debió haber sido árbitro, el gobierno debió regular a ambos, el gobierno no debió haberse inclinado por uno de los gigantes. Esto desequilibra el juego de las telecomunicaciones y de la radiodifusión, pero sobre todo perjudica a la población, a la audiencia, a los gobernados.
Nadie gana más que los dos gigantes; la audiencia seguirá pagando tarifas caras, seguirá pagando telefonía cara, seguirá pagando televisión de paga cara. La audiencia, los gobernados, la población, todos pierden; los únicos que ganan son estos dos gigantes que ahora he referido. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Monreal Ávila. Ruego a la secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 34, presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz el diputado Carol Antonio Altamirano, hasta por tres minutos, para presentar propuesta de modificación al artículo 43. Diputado Carol Antonio Altamirano ¿no se encuentra en el salón? Tiene el uso de la voz la diputada Roxana Luna Porquillo, para presentar propuesta de modificación al artículo 43 Bis y 43 Ter, en adiciones. Tiene el uso de la voz la diputada Gloria Bautista Cuevas, para presentar propuesta de modificación a los artículos 54, 100, 144 y décimo transitorio.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor presidente. En un debate que equivocadamente se ha concentrado en cómo dividimos el país entre dos poderes fácticos, se ha dejado de lado un debate necesario sobre la infraestructura que necesita nuestro país para cumplir con los objetivos de los artículos 6o. y 7o. de la Constitución, de lo que necesitamos para proteger a quienes verdaderamente el Estado debiera proteger y de lo urgente para atraer nuevos operadores de servicios en lugar de cederlos a quienes ya los dominan.
La ley es omisa al establecer plazos, objetivos claros, métricas y un esquema de rendición de cuentas, particularmente vinculado con los proyectos de infraestructura a cargo del Ejecutivo federal.
No es casual que ante un mandato perfectamente claro contenido en el transitorio décimo quinto de construir una robusta red troncal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no haya podido construir un solo kilómetro adicional a dicha red.
Si acaso lo construyeron, cosa que dudo, a nadie lo han informado. Es evidente, por lo tanto, que el dictamen debe contener elementos que nos permitan evaluar el cumplimiento de estos proyectos y a los responsables de ejecutarlos, con la obligación de hacerlo de manera transparente e informando a la nación. Finalmente es indispensable respetar las facultades constitucionales conferidas al Ifetel en materia de administración de espectros.
El artículo 100, al imponerle los criterios para la valuación del espectro no sólo le resta dinamismo y flexibilidad para atender las distintas variables en todo: cobertura, calidad, precio, sino que refiere los criterios a aquellos que nuestro país utilizaba antes de la reforma constitucional ignorando las reformas a los artículo 6 y 28.
Finalmente es indispensable respetar las facultades constitucionales conferidas al Ifetel en materia de administración de espectros. El artículo 100, al imponerle los criterios para la valuación del espectro, no sólo le resta dinamismo y flexibilidad para atender las distintas variables en juego, sino que refiere los criterios a aquellos que nuestro país utiliza. Gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Bautista Cuevas. Pido a la Secretaria consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta a los artículos 54, 100, 144 y décimo transitorio presentada por la diputada Gloria Bautista Cuevas.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo para presentar propuesta de modificación al artículo 54, hasta por tres minutos. Tiene el uso de la voz el diputado Carlos Fernando Angulo Parra para presentar propuesta de modificación a los artículos 54, 100, 144, 181, décimo tercero transitorio y adición de un transitorio.
El diputado Angulo Parra Carlos Fernando: Gracias, presidente. El espectro radioeléctrico es un bien de la nación, es algo que no se ve, pero es algo que se usa por los concesionarios de telecomunicaciones, en especial los concesionarios que usan este espectro para transmitir datos a través de las ondas hertzianas. Por lo tanto este espectro debe tener protecciones para los efectos de su uso adecuado.
En el artículo 54 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, tenemos algunas adiciones que queremos sugerir a ustedes, compañeros legisladores, sean tomadas en cuenta para añadirse al texto.
Respecto de la administración de este espectro que incluye la elaboración y aprobación de planes y programas de uso, el establecimiento de las condiciones para la atribución de una banda de frecuencias, el otorgamiento de las concesiones, la supervisión de las emisiones radioeléctricas y la aplicación del régimen de sanciones, sugerimos que se añada, así como todas las acciones necesarias para el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones y la prestación de los servicios en condiciones de competencia efectiva, garantizando lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución.
Asimismo, sugerimos adicionar en la fracción II del artículo 54 las garantías del ejercicio de los derechos humanos de libertad de expresión a la información y al libre acceso a las tecnologías de la información y comunicación.
El acceso, en su fracción III, a los beneficios de la cultura a toda población preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional y la contribución a los fines establecidos en el artículo 3o de la Constitución.
En la fracción IV, adicionar el fomento de la inclusión y acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión por parte de las personas que habiten en zonas urbanas y rurales marginadas, pueblos y comunidades indígenas.
Sugerimos eliminar la fracción VIII que habla del cumplimiento de los artículos 2, 6, 7 y 28 de la Constitución para la atribución de una banda de frecuencias y la concesión del espectro y recursos arbitrales, el Instituto se basará en criterios, objetivos transparentes no discriminatorios y proporcionales a fin de adecuarlo con otra redacción de derechos humanos que se añade en la garantía del ejercicio de los derechos humanos, la libertad de expresión a la información y al libre acceso a las tecnologías de información en la fracción XI, añadir una fracción XII que hable del acceso a los beneficios de la cultura de toda la población preservando la pluralidad con una reglamentación mucho más adecuada y completa.
En la fracción XIII el fomento de la inclusión y acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión por parte de las personas que habitan en zonas urbanas, rurales, marginadas, pueblos y comunidades indígenas, para la atribución de una banda de frecuencias y la concesión del espectro y recursos orbitales el instituto se basará en criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionales, llevando a cabo una mejor regulación que la que viene muy sucintamente expresada en la iniciativa, que ahora nos llegó como minuta.
El instituto también se sugiere que proponga estos objetivos para asegurar que el espectro se ponga a disposición de los distintos fines, de modo que se logre el máximo beneficio social.
Respecto del artículo 100 estamos añadiendo unas adecuaciones en redacción para que mencione en su fracción V, párrafo segundo, en su caso, el instituto podrá tomar como referencia el pago que haya realizado otros concesionarios en la obtención de bandas de frecuencia para usos similares, ya sea en licitaciones nacionales e internacionales.
Y agregar en el artículo 144 los operadores móviles virtuales y no los comercializadores, como se había mencionado con la definición nueva que se sugirió. En el artículo 181 se propone crear una base de datos que será reservada en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y tengan adecuaciones con los registros en el Instituto y la presentación de la documentación correspondiente.
Se propone añadir un artículo décimo tercero, respecto de que el Ejecutivo federal –perdón, el décimo tercero ya está, añadirle un párrafo respecto de las facultades del Ejecutivo federal a través de Comunicaciones y Transportes que haga referencia a que la red contemplará el aprovechamiento de al menos 90 megahertz del espectro liberado para la transmisión de la Televisión Digital Terrestre en la banda 700 megahertz, con esto se establece perfectamente bien la definición para esta convergencia hacia la Televisión Digital Abierta.
Y, finalmente, agregar un último párrafo que diga que el instituto Federal de Telecomunicaciones podrá otorgarlas directamente, siempre y cuando dicha red se mantenga bajo el control de una entidad o dependencia pública o bajo un esquema de asociación público o privada, bajo los mismos criterios de cobertura y universalidad de los servicios que le dieron origen con esta última edición en esta frase. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Angulo Parra. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 54, 100, 144, 181, décimo tercero transitorio y adición de un transitorio.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Mejía Berdeja, hasta por tres minutos, para presentar propuesta de modificación al artículo 56.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Lo que dio a conocer, y que sale ya prácticamente en todos los portales de Internet, la diputada Luisa Alcalde, confirma que todo esto de las telecomunicaciones no es más que un juego convenido entre los grandes intereses oligopólicos en el país, un juego convenido en el que ninguno de los grandes actores pierde. El único que pierde es el usuario de los servicios.
Se acaba de dar a conocer que América Móvil ha tomado la determinación de desincorporar activos, algunos activos de Telmex y Telcel, para dejar esta definición de preponderancia y no caer en los supuestos que implica esta decisión. Es decir, el gobierno federal ha estado apaciguando los ánimos de estos dos gigantes, por un lado se postra ante Televisa y por otro lado le abre la puerta a Slim a través de esta gran simulación.
Por eso podemos afirmar que la preponderancia se convirtió en la priponderancia y en el juego de los grandes intereses, y también afirmamos que el Ifetel es un patiño del Ejecutivo. Hay que leer lo que dice la reforma de junio de 2013, en la fracción III del artículo octavo transitorio. El Ifetel podía optar según el segundo párrafo de este artículo, la fracción III, por la preponderancia en servicios.
Voy a citar lo que dice el segundo párrafo de la fracción III. Dice. Para efectos de lo dispuesto en este decreto, se considerará como agente económico preponderante en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones.
En una maniobra, quien redactó este artículo también en el primer párrafo de la misma fracción III del octavo transitorio establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.
Esta palabra sector o servicios implica miles de millones de pesos, es más, miles de millones de dólares, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones podía optar por determinar por servicios y optó por sector porque no es más que un apéndice del Ejecutivo y hoy que se da a conocer lo de América Móvil queda más claro que todo es un juego convenido; la priponderancia del duopolio a costa de los usuarios de los servicios.
En cuanto a la reserva que planteamos, es una reserva al artículo 56. Con la transformación y el tránsito de la televisión analógica a digital se libera un amplio porcentaje del espectro. Nosotros lo que estamos planteando es incorporar un penúltimo párrafo al artículo 56 para que diga lo siguiente: Al concluir el tránsito de la televisión analógica a la digital, las frecuencias utilizadas hasta ese momento como guardas de interferencia, conocidas como espacios blancos, serán reclasificadas por el instituto como espectro libre, conforme al artículo 55 fracción II del citado ordenamiento.
Es decir, dejar estos espacios libres a la ciudadanía y a los usuarios. Esa es la posición que estamos planteando en esta reserva al artículo 56. Es cuanto.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Mejía Berdeja.
Pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite la propuesta presentada por el diputado Mejía Berdeja.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Roxana Luna Porquillo, para presentar propuesta de modificación a los artículos 67, 83 y 85.
La diputada Roxana Luna Porquillo: Van a ser del artículo 83 y 85. Estos dos artículos hablar respecto a los medios de uso social. El artículo 83 a la letra dice: Las concesiones sobre el espectro radioeléctrico para uso público o social se otorgarán mediante una asignación directa hasta por 15 años y podrán prorrogarse hasta por los plazos iguales.
La propuesta que pongo a consideración es que pueda ser eliminado hasta por 15 años, y la argumentación es, el régimen de concesiones es inequitativo en sus plazos y en sus modalidades y esto discrimina totalmente a los medios de uso de comunicación social.
El artículo 75 de la propuesta precisa que las concesiones se otorgarán dentro de un plazo muy alto de las de 20 años, o sin embargo, el artículo 83 disminuye este plazo de forma indebida cuando se refiere a las concesiones de uso público y social, a las cuales les otorga un plazo de hasta 15 años.
En ningún caso existe explicación que sustente la diferenciación entre los plazos para la duración de las concesiones. En todo caso debería manejarse los mismos plazos que se utilizan para las radiodifusoras de uso comercial. Esto es en cuanto al artículo 83.
En cuanto al artículo 85, que también nos habla de los medios de uso social. Y es la incertidumbre jurídica por responsabilidad del Ifetel, cuando se pide información sin límite.
En este caso, el artículo 85, fracción VII, plantea, inicia el texto: Para la asignación de las concesiones para usar, aprovechar o explotar el espectro radioeléctrico para uso público social, el interesado deberá presentar, ante el Instituto, la solicitud que contenga al menos la siguiente información.
En la fracción VII establecen la documentación que acredite su capacidad técnica, económica, jurídica, administrativa, atendiendo la naturaleza del solicitante, así como la fuente de sus recursos financieros para el desarrollo de operación del proyecto.
Tratándose de solicitudes de concesión de uso social comunitarias se debe acreditar, ante el Instituto, que el solicitante se encuentra debidamente constituido en una asociación civil sin fines de lucro. El Instituto determinará, mediante lineamientos de carácter general, los términos en que se deberán acreditarse los requisitos previstos en este artículo.
En este sentido, propongo la eliminación de la parte que establece la documentación que acredite su capacitación técnica, económica, jurídica y administrativa, atendiendo la naturaleza del solicitante.
Y en el segundo párrafo, la eliminación de que el Instituto determinará, mediante lineamientos de carácter general, los términos en que deberán acreditarse los requisitos previstos en este artículo.
Planteo que se debe de eliminar esta facultad, ya que prácticamente es discrecional para el Instituto determinar que, a través de los lineamientos de carácter general, deben acreditarse de manera engorrosa para justificar la concesión de estos usos de medio social, ya que dichos lineamientos no son precisados a la legislación y entonces deje en absoluta desventaja a aquellos que quieran obtener una concesión, ya que se abre la posibilidad de pedir información limitada, sin que exista el lineamiento claro de tipo de información a la que se deben ceñir los lineamientos de carácter general.
Es importante no dejar de estudiar el contenido de la fracción VII, en la que prevalece la hipótesis actual de demostrar que el peticionario cuente con la capacidad financiera para desarrollar el proyecto.
Lo anterior es sumamente grave, particularmente en caso de los medios de uso social, en donde se encuentran agrupadas las comunidades indígenas. Este requisito limita enormemente la posibilidad de adquirir una concesión, como si lo anterior no bastara de lo que establece el artículo 90, fracción IV, que establece que para otorgar una concesión de uso social en materia de radiodifusión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá considerar su capacidad técnica y operativa, así como sus fuentes de ingreso.
Lo anterior, resulta inconstitucional, pues en estricto sentido, en el texto del artículo 28 constitucional señala que las concesiones de uso público y social se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa y en condiciones que garanticen la transparencia de procedimiento, mientras que en las propuestas que se analizan se establece una cantidad de requisitos que difícilmente pueden cumplir los interesados en una concesión de uso social.
Una regulación como esta propuesta, atenta contra lo dispuesto a lo establecido al artículo 6º, 7º y 2º constitucional, pues establece una notoria discriminación entre las características de operación de los concesionarios comerciales con los de uso público y social, que la iniciativa no justifica.
Por otra parte, a los medios de uso social se les equipara con los medios de uso público en cuanto a la obtención de las concesiones, siendo que la situación de los primeros es muy distinta a los públicos.
Los requisitos y los procedimientos para obtener una concesión de uso social deberán ser mínimos y sencillos, debiendo el Ifetel auxiliar a aquellos interesados en obtener una concesión de uso social para integrar debidamente su solicitud. Es cuanto.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Luna Porquillo. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta a los artículos 83 y 85 presentada por la diputada Roxana Luna Porquillo.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz el diputado Vicario Portillo Martínez para presentar propuesta de modificación al artículo 67, hasta por tres minutos. Perfecto, el diputado Vicario Portillo va a presentar propuesta de modificación a los artículos 67, 85, 89 y 90.
El diputado Vicario Portillo Martínez: Con su permiso, ciudadano diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, vengo a presentar ante ustedes la reserva a la fracción III del artículo 67, al quinto párrafo del artículo 85, a la fracción III del artículo 89, al quinto párrafo del artículo 90 de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La radiodifusión ofrece una posibilidad de cambio para las comunidades y pueblos indígenas, el libre intercambio de información, difusión de contenidos y la participación ciudadana. Abre el interés al conocimiento y reduce el retraso educativo, analfabetismo, aislamiento y olvido de los pueblos originarios.
Las televisiones comerciales tienen la mayor cobertura nacional, generan contenidos informativos de diferentes tipos: telenovelas, películas, notas informativas, de opinión entre otros. Esas televisoras gozan de todas las facilidades para emitir a gran parte de la población sus consideraciones sobre la vida mexicana.
Al hacerse de la mayor parte del espacio radioeléctrico se constituyen dos grandes monopolios que se apropian de ese espacio. Así, esta realidad se reduce a pocos emisores o muchos consumidores.
Pese a que nuestra Constitución reconoce la composición pluricultural de la nación sustentada en los pueblos indígenas, la legislación que hoy se aprueba no obliga a estas empresas a conceder espacios de difusión en lenguas indígenas a comunicadores oriundos de alguna comunidad originaria. Menos aún se establece reglas para que la programación de las televisoras y radiodifusoras cuenten con programas de divulgación de la cultura y lenguas de los pueblos indígenas.
Los contenidos de la ley que se aprueba reconocen limitadamente a las radios comunitarias e indígenas, de importancia democrática dentro del sistema de información a pesar de ser pieza clave para la comunicación y la organización ciudadana, por el contrario, lo aprobado en esta sesión está más orientado a simular su reconocimiento.
La libre competencia no garantiza por sí sola la democratización para el caso de las radios públicas. En la legislación aprobada se le otorga parte de sus facultades a la Secretaría de Gobernación cuya entidad tendrá el permiso de decidir sus esquemas de financiación y sus marcos de contenido. La misma Segob tendrá atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ifetel, quedando en duda la autonomía que supondría debería de tener este órgano.
Las decisiones tomadas en esta iniciativa se perfilan a la centralización de la información y a la intención de anular todas aquellas voces ciudadanas que se manifiesten independientemente. Si definimos democratización de los medios como un sistema de información capaz de abarcar la totalidad de las voces en la realidad mexicana, entonces podríamos empezar a hablar de un ejercicio democrático. Lamentablemente la propuesta de ley va en contra de esta definición, pues no respeta la libre expresión, las radio comunitarias e indígenas son de gran importancia en la vida de las comunidades; gracias a éstas las comunidades se informan de los temas relativos a su región; los medios de radiodifusión en comunidades indígenas se basan en las propias cosmovisiones de los pueblos indígenas, respaldados por sus sistemas normativos, por lo que se debe establecer una diferencia en su regulación.
Compañeras diputadas y diputados, los invito a votar a favor de la presente propuesta de reserva y continuar incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas de México.
Lo cual propongo, la modificación de la fracción III, del artículo 69. Las concesiones para uso social indígena se podrán otorgar a los pueblos y comunidades indígenas del país de conformidad con los lineamientos que emita el instituto y tendrá como fin la promoción de sus derechos –que es la palabra que se agrega– desarrollo y preservación de sus lenguas, su cultura, sus conocimientos, sus tradiciones, normas internas bajo principios que respeten la igualdad de género, permita la integración de mujeres indígenas en la participación de los objetivos para los que se solicita la concesión.
El artículo 85, párrafo quinto. El instituto donará a los concesionarios de uso social comunitaria e indígena que presten servicios de radiodifusión, equipos transmisores que hayan pasado a propiedad de la nación como consecuencia de los procedimientos y supuestos previstos de pérdida de bienes por uso del espectro radioeléctrico sin contar con concesión.
El artículo 89, fracción III. Ventas de productos, contenidos propios previamente transmitidos, de conformidad con su fin y objeto o servicio.
En el mismo artículo 89 se añade una fracción VIII. Publicidad, la cual no podrá exceder de 12 minutos por hora en radio.
El artículo 90 en el párrafo quinto. El instituto deberá reservar para estaciones de radio FM, comunitarias e indígenas por lo menos el 30 por ciento de la banda de radiodifusión sonora de FM, que va de los 88 a los 108 megahertz. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Portillo Martínez. Ruego a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta a los artículos 67, 85, 89 y 90, presentada por el diputado Vicario Portillo Martínez.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, para presentar propuesta de modificación al artículo 67 fracción IV, 76 fracción IV, 85, 87, 89 fracción VII, 90 y 237 fracción III.
La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga: Compañeras y compañeros diputados. En el marco de la actual política económica de reformas estructurales que han resultado fallidas, ahora discutimos una más. Las reformas secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
El gobierno federal dice querer combatir las prácticas monopólicas en telecomunicaciones y radiodifusión pero miente y, lejos de ello, propicia en el corto y mediano plazo graves problemas económicos al país al desplomarse el sector, porque no combate las prácticas monopólicas dándole todas las ventajas a Televisa.
Este dictamen tampoco democratiza los medios en nuestro país porque no se estipula una sana competencia para lograr un equilibrio. Tampoco logra que el órgano regulador sea totalmente independiente, pues sus funciones serán invadidas por la Secretaría de Gobernación, quien realmente será quien regule este sector a cambio de favores políticos.
No se tomaron en cuenta las propuestas ciudadanas en cuanto a la libertad de expresión en Internet, y aunque se diga lo contrario, padecemos censura en las redes sociales. La primera ley mordaza en Internet.
Con el látigo de la geolocalización que podrá ser utilizado para reprimir a quien afecte la imagen del PRI o de sus estrellas.
Con esto regresamos a las viejas prácticas represoras del PRI, que se autonombra la luz de la revolución en telecomunicaciones pero que realmente sólo vela por los intereses de una clase gobernante y de los grandes emporios televisivos.
Por eso el voto en contra, del PRD; por eso tantas reservas; por eso nuestra negativa a aprobar un proyecto que tiene más retrocesos que avances democráticos.
Insistimos, esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión está incompleta y no es la que Peña Nieto prometió a los mexicanos.
Dicha iniciativa sólo beneficia a los grandes monopolios dejando en la indefensión total a cualquier competidor y quita toda posibilidad de sobrevivencia a los concesionarios de uso social que son creados con la intención de favorecer a una comunidad o población cuyos intereses son el desarrollo de su comunidad.
Tiene la función de aportar otra visión de la realidad nacional a partir de su concepto propio, su lenguaje, sus costumbres y sus tradiciones. Gracias a ellos las pequeñas comunidades pueden obtener información básica y muchas veces más objetiva de lo que sucede en su entorno.
Este sector siempre ha sido discriminado y en otros casos perseguido por el Estado. Por eso pedimos que la ley otorgue a estos concesionarios las herramientas para que no sólo dependan del 1 por ciento del presupuesto anual y que no está claro cómo se va a distribuir; sino permitirles también comercializar para que crezcan, produzcan y apoyen a la producción, producción independiente.
Si queremos hacer una reforma de telecomunicaciones completa y que cumpla con las expectativas de los mexicanos, hagámoslo bien y permitamos que los pequeños concesionarios y los concesionarios sociales, tengan una posibilidad real de subsistir.
Otro de los múltiples puntos debatibles del dictamen a discusión, lamentablemente persiste en la tendencia de ignorar la verdadera y rica composición cultural y étnica de nuestro país.
En el cuerpo de las leyes analizadas se hace referencia a las concesiones que para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, serán otorgadas con propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad sin fines de lucro; concesiones que incluyen a las comunitarias y a las indígenas, pero de nuevo queda excluida la mención al pueblo afromexicano, ese tercer y fundamental componente de nuestra identidad nacional.
Por alguna incomprensible razón se persiste en ignorar en nuestra legislación al pueblo afromexicano como beneficiario de medidas positivas que podrían ir en su beneficio.
Es importante que se concesionen medios de telecomunicaciones y radiodifusión a los pueblos indígenas, pero no entendemos por qué ese mismo derecho y beneficio se niega para los afromexicanos.
Con el afán de hacerles justicia es que vengo a esta tribuna a presentar mis reservas al dictamen a efecto de modificar siete artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Los artículos 67, fracción IV, 76, fracción IV, 85, 87, 89, fracción VI, 90 y 237, fracción III.
Mediante la aprobación de las reservas que pongo a su consideración haríamos justicia al pueblo afromexicano igualándolo en derechos a los indígenas, de manera que el pueblo afromexicano pueda acceder en igualdad de circunstancias a la posibilidad de contar con concesiones que les permitan prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión en beneficio de sus propias comunidades, así como a favor de la multiculturalidad de México al dar a conocer su cultura a las poblaciones y al país entero.
Es por eso que solicito su voto a favor de estas reservas, lo que finalmente es un voto a favor de los afromexicanos de todo el país y más aún, sería un voto a favor de la democracia, la igualdad y la justicia en México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Mojica Morga. Pido a la Secretaria consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta a los artículos 67, fracción IV, 76, fracción IV, 85, 87, 89, fracción VI, 90 y 237, fracción III.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz la diputada Lilia Aguilar Gil para presentar propuesta de modificación al artículo 83, párrafo primero.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde su curul): Y quién sigue.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: De ahí seguiría el diputado Roberto López Rosado y la diputada Teresita de Jesús Borges Pasos.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor Presidente. Con la venia de la asamblea y como comentábamos precisamente para dar orden a estas reservas desahogaré cinco de las 19 reservas que tengo.
Antes de hablar del artículo 83 hablaré sobre lo que ya se ha dicho en esta tribuna y que me parece que ha pasado desapercibido por esta asamblea: la desincorporación que hoy anuncia América Móvil, específicamente Carlos Slim viene a, precisamente comprobar lo que yo comentaba al inicio.
El problema de aplicar una figura sin referente internacional que finalmente tiene una y solamente una medida, los números. El ingeniero Slim hoy viene a decir que va a desincorporar América Móvil, Telmex y Telcel, los activos que tiene que no ha dicho claramente cuáles son, pero que podemos asumir que serán probablemente las líneas de prepago.
Estas líneas de prepago que le pertenecen a los ciudadanos que menos tienen, esta líneas de prepago que definitivamente al ingeniero Slim no le reditúan lo que le causa las líneas contratadas que se pagan con tarjeta de crédito y que están para la clase media y para aquellos que tienen una solvencia económica mayor.
¿Qué es lo que se comprueba con esta declaración? Y aquí, aunque coincido en el fondo, no coincido en la interpretación que hacía el diputado...
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Diputada Aguilar, me permite un segundo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Sí.
La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: ¿Con qué objeto, diputado de la Garza?
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Para ver si la oradora me acepta una pregunta.
La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: ¿Acepta la pregunta, diputada Aguilar?
La diputada Lilia Aguilar Gil: Por supuesto, mi querido diputado.
La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Adelante, diputado.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Gracias, qué amable. Hace algunos momentos comentaba usted sobre el comunicado de América Móvil para precisar una desincorporación. Me gustaría que se leyese y conociese el décimo segundo transitorio que el día de hoy estamos aprobando.
Este es el primer triunfo de la Ley Federal de Convergencia en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión porque quisiera consultarle si alcanzó usted a percatarse que se señala, primero, que será evaluado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que deberá observarse que existe una competencia efectiva en los mercados que integran dicho sector.
Para concluir, efectivamente, para concluir en el sentido de la certificación que indique que la transferencia sea a otro u otros agentes económicos distintos al agente independiente.
Quisiera además recordarle que este procedimiento llevará aproximadamente, es más, el plan debe ejecutarse durante los 365 días naturales posteriores a que haya sido aceptado. Es decir, lo que usted comenta, es el primer triunfo de esta ley convergente de telecomunicaciones y radiodifusión. Me gustaría saber si ya había tenido conocimiento usted de este décimo segundo transitorio que el día de hoy estaremos aprobando.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Señor diputado, evidentemente tengo no solamente conocimiento. Si me permite elaborar, precisamente sobre el tema y así le contestaré su pregunta.
Efectivamente lo que yo he dicho al principio, es que el problema de determinar la preponderancia de la manera en que se estaba determinando es que tiene para aquellos que entendemos simple la ley es que tiene un problema y toma simplemente los números. Es decir, si tu bajas del 50 por ciento entonces estás ya finalmente fuera de esta capsula o de este concepto de la preponderancia por sector.
Evidentemente que sabemos que es un proceso, señor diputados, y precisamente en el comunicado dice que el Consejo de Administración de la multinacional decidió que vendrá parte de sus activos a un nuevo operador independiente para superar el obstáculo de la insuficiente inversión de sus competidores en México, con lo cual pretende –y éstas son palabras exactas aparentemente del comunicado– reducir su participación en el sector por debajo del 50 por ciento que establece la constitución.
Pero más aún, y le comento, señor diputado, usted y yo sabemos que ya hay una resolución del IST sobre el tema de preponderancia en el tema de América Móvil, que salió en marzo. Ahora, mi reflexión precisamente es sobre este tema.
Más que un logro diría que es algo que tenemos que reflexionar, porque a mí me da la impresión –y en esto continúo ahora sí con la exposición que tenía– de que más allá de la interpretación, aunque en el fondo coincidió con mi compañera Luisa Alcalde y con el doctor Monreal, la forma es precisamente lo que no está logrando que la competencia afectiva se dé, señor diputado.
Y permita mi interpretación en este tema, cuando el Consejo de Administración anuncia que venderá parte de sus activos a un nuevo operador simplemente asumo –aunque evidentemente nunca he sido tan rica como para poder pensar qué voy a vender de Telcel o qué voy a vender de Telmex– que los activos que venderá el ingeniero Slim son aquellos activos que nosotros podemos considerar como activos catarsis; es decir, aquellos que no le causan gran ingreso, pueden ser las líneas de prepago, pueden ser todas aquellas líneas que finalmente no le causen y no le reditúen, pero que le hagan numéricamente en el tema de activos no ser parte preponderante del mercado.
Y con esto, señor diputado, termino de contestar su pregunta, más que un logro me parece que se les peló completo el actor económico, porque en el momento que anticipadamente pareciera que está resolviendo sobre la determinación del IST pues simplemente está diciendo: me estoy bajando del 49 por ciento, ya no soy objeto ni de su ley ni de su determinación.
Es por eso, y en esto sí creo que vamos a coincidir, diputado Gutiérrez de la Garza, que por eso aprobamos la Ley de Competencia y por eso el tema de incluir el poder sustancial, que aunque puede considerarse litigioso, sí es una figura que nos puede ayudar a determinar la preponderancia. Es decir, la preponderancia que parecería tajante pues ahora resulta que cualquiera le puede dar vuelta yéndonos al 49 y tantos por ciento abajo del 50 por ciento de nuestros activos, y entonces se nos fue viva la paloma.
Yo simplemente resumiré mi intervención diciendo que yo he insistido que esta reforma de telecomunicaciones debía de crear competencia y entonces nos damos cuenta que una figura sin referente internacional, como es la preponderancia y luego determinada por sector, que no tiene una medida de calidad sino solamente de cantidad, menos del 50 por ciento, entonces no mide los efectos positivos y negativos de la preponderancia en el mercado o de lo que mide el agente económico, simplemente es un tema cuantitativo y el efecto en el mercado, el efecto en la región, el efecto en el mercado relevante queda simplemente a una interpretación del regulador.
Yo con eso terminaré mi intervención y pediría que la parte de la votación que es sobre el artículo 83, en el tema de medios comunitarios, se pueda someter a votación y explicaré en otra intervención específicamente de qué se trata nuestra intervención sobre medios comunitarios. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Lilia Aguilar Gil. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Lilia Aguilar Gil.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz el diputado Roberto López Rosado, hasta por tres minutos... dígame, diputado.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Señor presidente, solicito la palabra por alusiones.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Adelante.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, muchas gracias. Haciendo uso de mi derecho de alusión, creo sin duda, y lo digo con todo respeto, que el argumento usado aquí en una pregunta es un argumento atendible.
El artículo 12 de los transitorios, o el transitorio 12, es puntual y cae en el supuesto del comunicado. Este comunicado de América Móvil que anuncia la desincorporación y venta de activos de Telmex y Telcel para dejar de ser preponderante, desde nuestro punto de vista coincide con la opinión y la expresión siempre muy informada de la diputada Lilia, en efecto, sin embargo me parece también inteligente la pregunta.
Algunos creerán y dirán que este acto de autoridad o este acto administrativo, más bien acto administrativo de América Móvil se inscribe en el primer logro –dicen ellos– de esta ley que aún no ha sido aprobada, porque no ha concluido el proceso formal, dicen con una gran posición de que es el primer logro de esta ley.
Este artículo Decimosegundo, en efecto, señala cómo el agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones podrá optar en cualquier momento por el esquema previsto en el artículo 276 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, o ejercer el derecho que se establece.
Y en las propias 10 fracciones del Décimo transitorio desarrolla cómo el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrá que recibir un plan basado en una situación real, concreta, respecto de personas determinadas, que incluyan precisamente por qué se separa, si es desincorporación total o parcial de activos, de derechos, partes sociales o acciones, o cualquier combinación de las acciones anteriores.
También es correcto afirmar que este es un plan que presenta la empresa declarada preponderante y que hay plazos determinados. Creo firmemente que en las 10 fracciones que contempla este artículo Decimosegundo transitorio desarrolla con puntualidad el supuesto que se describe en el comunicado.
Nosotros coincidimos con la interpretación de la preopinante, creo que en sagacidad les ganó América Móvil, creo que se les adelantó y creo, además, que actuó con mayor inteligencia que aquellos impugnadores que la quieren ver situada en una desventaja económica.
La decisión, quiéranlo o no, es una decisión inteligente. El haber anunciado hace unas horas que habrá de vender y desincorporar activos a un operador independiente para dejar de ser el agente económico preponderante en el sector, sin duda es una decisión correcta para ellos.
América Móvil venderá activos y afirma el propio comunicado: solamente aun nuevo operador independiente de América Móvil, fuerte, con experiencia en el sector de las telecomunicaciones y con alta capacidad económica y técnica. Es decir, ya nos está anunciando cuál va a ser el beneficiario con esta venta de activos.
Les puedo asegurar que América Móvil ya tiene al comprador. Les puedo asegurar que los contratos previos están ya elaborados y los acuerdos previos están ya hechos entre América Móvil y el asociado o socio al que se le van a vender en favor de quien se desincorporará activos a un operador independiente.
Es un tema importante, porque aún no concluimos el debate. Miren ustedes, en el fondo lo que sucede es que toda la gente, los agentes declarados preponderantes o todos los empresarios, los funcionarios de gobierno, los secretarios de Estado, el presidente de la república le conceden poca seriedad a esta Cámara, es más, muchos de ellos desprecian al Poder Legislativo y por eso ya dan por hecho de que se va a aprobar.
La decisión anticipada de este boletín o de este comunicado advierte que le tienen muy poca seriedad, muy poco respeto al Poder Legislativo. Eso es lo que sucede.
Creen que no se va a modificar una sola coma y, no obstante, poder discutir por horas y horas y horas, o bien, más bien, establecer monólogos porque no hay debate, porque se rehúye al debate, porque se nos deja simplemente hablar, proponer y mecánicamente rechazar, esto es consecuencia de la poca seriedad que le conceden a esta Cámara, como Cámara de revisión, como Cámara revisora.
No hay quien crea que esta Cámara tiene independencia, no hay quien crea que tiene autonomía y por eso dan por sentado que todos los actos que vengan de la colegisladora serán ratificados sin coma, sin modificación alguna y que, por supuesto, no importan las horas que se tarde en los monólogos esta Cámara.
Es lo que yo les reclamo, por qué no rescatar el prestigio de antaño o el prestigio que alguna vez tuvo este órgano colegiado. Por qué seguir permitiendo el deterioro, por qué seguir permitiendo que los ninguneen y los desprecie el Ejecutivo y todos sus adláteres.
Ésa es mi pregunta y por esa razón el anuncio de América Móvil refleja también desprecio por esta Cámara de Diputados, que aún sin ser aprobada la ley, ellos ya tomaron decisiones dando por sentada que la declaración de preponderancia será por sector y no por servicio.
No esperan nada de esta Cámara de Diputados, sin embargo esta otra visión de una parte de legisladores, de que es un avance ya, es un resultado ya de esta ley sin aprobarse, es atendible pero es totalmente alejada de la realidad que está ocurriendo en nuestro país. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Roberto López Rosado, para presentar propuesta de modificación al artículo 83, hasta por tres minutos.
El diputado Roberto López Rosado: Muchas gracias, diputado presidente. Con el permiso de todos, efectivamente, acudo a esta soberanía para presentar reserva al artículo 83. Pero en uso de mi derecho quiero expresar antes, ante los mexicanos, que efectivamente habemos legisladores que queremos rescatar la dignidad de este órgano legislativo.
Que a pesar de la actuación mecánica y la actuación casi como marionetas que se tiene, habemos quienes siempre trataremos de expresar nuestra verdad, la verdad de millones de mexicanos que saben que mucho de lo que acá se dice y se hace son mentiras.
Y también, en esta oportunidad quiero decirle a mis hermanos de los pueblos originarios, que esta ley secundaria en materia de telecomunicaciones y radiocomunicación es indudablemente regresiva y discriminatoria, mientras a los medios privados se les permite incrementar su publicidad y todo tipo de privilegios, a las radios comunitarias se les limita, se les acota, se les impide tener algún programa de comercialización y el incremento de la publicidad.
Con la aprobación de esta ley podemos decir que discrimina a todos los grupos indígenas a lo largo y ancho del país, los excluye, los margina cuando sabemos que la comunicación y las radios comunitarias son una necesidad real, son derechos humanos y hoy, ante la nación, hermanos, este derecho nuevamente ha sido postergado.
Aun así seguiremos dando la batalla. Seguiremos dando la lucha por todos los medios, aun, como siempre, a contracorriente.
La propuesta es regresar al texto original. Artículo 83. Las concesiones sobre el espectro radioeléctrico para uso público-social se otorgarán mediante asignación directa hasta por 20 años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales, conforme a lo dispuesto en el capítulo sexto de este título.
Bajo esta modalidad de concesiones no se podrán prestar servicios con fines de lucro, ni compartir el espectro radioeléctrico con terceros, lo anterior sin prejuicio multiprogramación de las concesiones de radiodifusión en la que se podrá ofrecer capacidad con esta ley. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 83, presentada por el diputado Roberto López Rosado.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz, la diputada Teresita de Jesús Borges Pasos, para presentar propuesta de modificación al artículo 83, hasta por tres minutos. Presentará propuesta de modificación incluso al artículo 89 y 251 para que se considere en el tiempo.
La diputada Teresita de Jesús Borges Pasos: Compañeros y compañeras diputadas, gran atención ha generado en toda la sociedad la discusión de las leyes en materia de telecomunicaciones y ante la trascendencia del tema esta discusión se ha trasladado de lo legislativo a lo mediático; y hoy está quedando claro que los medios masivos de comunicación, en especial los medios electrónicos se juegan su futuro, creando confusión y promoviendo una sociedad de desinformación.
Hay avances, es cierto, pero hay igual grandes retrocesos. Lo aprobado en la reforma constitucional se diluye en el contenido de las leyes secundarias, nos ofrecen pagar menos quitando la larga distancia, pero a cambio limitan las facultades del órgano regulador. Me pregunto, ¿es un avance o es un retroceso?
Estas reformas en materia de telecomunicaciones tienen nombre y apellido, ya que por un lado han buscado acotar los intereses de una empresa en beneficio de otra y en ningún momento han pensando en los intereses legítimos de los ciudadanos. Que no se piense que a través de mis palabras busco defender los intereses de alguien, me queda muy claro que todas las empresas del sector de telecomunicaciones han vulnerado los derechos de los consumidores de manera reiterada.
A través del dictamen aprobado en la Cámara de Senadores, nos queda muy claro que el sentido de ésta no es equitativo para las empresas del sector y mucho menos justa para los mexicanos. No es posible que sigamos supeditados a la buena voluntad de los concesionarios, tal como lo señala lo dispuesto en el artículo 251 del dictamen de la Ley Federal de Telecomunicaciones, donde resulta que la Secretaría de Gobernación tendrá que tomar su parecer a los concesionarios para el uso de los tiempos gratuitos que le corresponde al Estado, ya que estamos acostumbrados de la discrecionalidad del uso de estos tiempos por parte de los concesionarios al asignar dichos tiempos en sus horarios de más baja audiencia sin importar la relevancia del mensaje.
El espacio radioeléctrico concesionado por el Estado es de bien de utilidad pública, por lo que el Estado no puede retractarse de su obligación se supervisar el adecuado uso de éste, ni el concesionario puede asumir que éste es de su propiedad y puede hacer libremente lo que quiera.
De igual manera, considero que el presente dictamen adolece de una tremenda falta de equidad en el plazo para el otorgamiento de las concesiones, por lo que no me cabe la idea de que una estación de radio universitaria a una estación de radio comunitaria o indígena, que cumplen con una función social sumamente importante ya que están enfocadas en educar, en transmitir conocimientos, en informar, en enseñar valores y fomentar nuestras tradiciones y costumbres, se les otorgue un plazo máximo de concesión de 15 años tal como lo señala el artículo 83 del presente dictamen, mientras que a las concesiones de uso comercial tenían en cuenta que muchas de ellas no aportan nada positivo a nuestra sociedad y por el contrario, nos han atiborrado con programas de basura perniciosa, se les considere con un plazo mínimo de otorgamiento de la concesión por 20 años.
Mientras, las concesiones de carácter comercial tienen todas las facilidades legales, tienen todas las fuentes de financiamiento a su disposición y muchas de ellas en ningún momento cumplen con una función social con los ciudadanos y además le regatean al Estado lo que por derecho le corresponde.
Me pregunto, compañeros diputados, ¿dónde han dejado la responsabilidad del Estado mexicano de fomentar el uso responsable del espacio radioeléctrico que es propiedad de la nación?
Pero no sólo eso. Resulta que los órganos de la administración pública y las leyes en materia de telecomunicación han tratado de limitar la licitación de frecuencias para que muy pocas personas y organizaciones puedan operar concesiones, y éstas no pueden ser autofinanciables a través de convenios con entes públicos sin las limitaciones de porcentajes que presenta el artículo 89, fracción VII del dictamen en discusión.
Me queda muy claro que la historia ha cambiado. Los concesionarios ya no son los soldados del presidente. Ahora son los presidentes los que son los soldados de los concesionarios y ante esa tónica, a los televidentes y a los radioescuchas nos seguirán recetando un modelo de país donde a través del circo nos olvidemos de nuestra triste realidad y nuestro sobrio futuro.
Seguirán vendiéndonos productos vacíos fomentando una sociedad consumista que adquiera productos y personas que a la larga tienen muy poco valor intrínseco. Estos actores buscan cambiar el juego de la democracia por las reglas de la telecracia, cambiando el concepto de la verdad por el adoctrinamiento masivo.
Hago un llamado a mis compañeros diputados a establecer en esta Cámara un dique que ponga un alto a los intereses de quienes ven en el dinero la motivación para los cambios como sociedad. Hagamos lo que nos corresponde y evitemos que las telecomunicaciones se conviertan en una herramienta de un gobierno autoritario al servicio de los más poderosos. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Teresita de Jesús Borges Pasos. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 83, presentada por la diputada Borges Pasos.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz el diputado Carlos de Jesús Alejandro, para presentar propuesta de modificación al artículo 85, hasta por tres minutos.
El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Voy a presentar propuesta de modificación a los artículos 85, 87 y 89 en un solo acto.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: El diputado Carlos de Jesús Alejandro presentará propuesta de modificación a los artículos 85, 87 y 89 en un solo acto.
El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Muchas gracias, presidente; por ello ruego las consideraciones con el tiempo debido. Sin duda el tema relacionado con la asignación de las concesiones para usar, aprovechar o explotar el espectro radiológico para uso público, social, en la cual se insertan los medios de comunicación a los que tienen derecho los pueblos indígenas a través de los medios comunitarios o indígenas, es un tema trascendental y relevante.
Varios de mis compañeros y compañeras han hecho alusión de la exclusión en estas reformas secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que existen con estos medios sociales.
Por ello, presidente, vengo a proponer de manera muy concreta para no polemizar y esperemos que las reiteradas participaciones de compañeras y compañeros que hemos insistido en que la composición pluricultural, pluriétnica de esta nación, se vea excluido en estas reformas trascendentales para nuestra nación, toda vez que repito, el artículo 2o. constitucional lo establece con mucha claridad, que los pueblos indígenas tienen el derecho a los medios propios de comunicación.
Propongo por ello que en el artículo 85, relativo a los requisitos que la solicitud debe de contener dirigidos al instituto, en la que se establece una serie de requisitos que resultan tortuosos para los pueblos indígenas, que resultan difíciles de cumplir, sobre todo aquel que refiere en su fracción VII, relacionado a que tienen que presentar documentación que acredite su capacidad técnica, económica, jurídica y administrativa, atendiendo la naturaleza del solicitante así como la fuente de sus recursos financieros para el desarrollo y operación del proyecto.
Resulta éste uno de los requisitos que no responde al contexto social, cultural y desde luego socioecoómico de los pueblos indígenas.
Va a resultar difícil de que se pueda cumplir con estos requisitos que pareciera más bien un candado para evitar que los pueblos y las comunidades indígenas puedan acceder a estos medios sociales de comunicación.
Por ello propongo que esta fracción VII se suprima de este artículo 85 de la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Asimismo propongo, para hacerlo flexible, que en el siguiente párrafo que refiere “tratándose de solicitudes de concesión de usos sociales comunitarias, se deberá acreditar ante el instituto que el solicitante se encuentre constituido en una asociación civil sin fines de lucro”.
Efectivamente existen organizaciones sociales indígenas que pueden cumplir con este requisito que ahí se establece, pero también hay comunidades y municipios en las regiones indígenas a las que no se les puede discriminar de esta forma.
Hay comunidades que tienen un contexto social y un tejido social sumamente fortalecido, por lo cual es importante que no se les exima de la posibilidad de contar también con concesiones en este sentido.
Por ello propongo que se agregue un párrafo que propongo diga lo siguiente: “Cuando se trate de pueblos y comunidades indígenas se acreditará con un acta comunitaria, con la aprobación de las autoridades indígenas”, para no dejar fuera a las comunidades solicitantes de una concesión en este medio social.
Asimismo propongo que en el último párrafo de este artículo que refiere que el instituto podrá donar a los concesionarios de uso social que presten servicios de radiodifusión equipos transmisores que hayan pasado a propiedad de la nación como consecuencia de los procedimientos y supuestos previstos de pérdida de bienes por uso del espectro radioeléctrico sin contar con concesiones.
Aquí propongo un último párrafo que diga: “Además la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas contará con un rubro específico para atender las demandas de los pueblos y comunidades indígenas para adquirir, operar y administrar sus sistemas de comunicación” y garanticemos en esta ley secundaria el precepto establecido en el artículo 2 constitucional. Para poder hacer posible que los pueblos y las comunidades indígenas cuenten con los medios de comunicación tenemos que dotarlos del presupuesto respectivo para poder alcanzar este fin.
En el artículo 87 de la misma Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión relativo a presentar requisitos que se establecen en este artículo 85 que acabo de referir y que también refiere que las concesiones de uso social incluyen las comunitarias y las indígenas las que se sujetarán –y ahí establece– que serán de acuerdo con los fines y principios establecidos en el artículo 2.
Propongo que en el párrafo siguiente, que se refiere también a que el instituto establecerá mecanismos de colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas u otras organizaciones –y hay una serie de enunciados que se comprometen en este sentido sólo con las acciones de promover, de facilitar y de volver a promover el otorgamiento de concesiones a los pueblos y las comunidades indígenas– de promover que las concesiones coadyuven a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura indígena, propongo adicionar a la fracción III de este artículo 87 los incisos a), b), c), d), e), f) y voy a hacer una referencia rápida para que esta fracción diga que el instituto deberá establecer mecanismos de colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas u otras organizaciones para promover que las concesiones de uso social indígenas cuadyuven al respeto de la diversidad cultural y lingüística, la identidad cultural, la cosmovisión, los conocimientos, haberes y valores de los pueblos indígenas, comunidades, organizaciones y aquellas equiparables que contribuyan al desarrollo de una sociedad fundada en el diálogo de culturas a través de la cooperación regional, estatal y nacional.
Propongo un inciso b) que diga: proveer contenidos culturales acordes al contexto sociolingüístico y cultural de los usuarios de los medios de comunicación indígena.
Un inciso c) que diga: impulsar acciones encaminadas a desarrollar y utilizar tecnologías para la conservación del acervo natural y cultural y sea accesible a toda la población; crear asimismo archivos y registros digitales y proteger el patrimonio cultural y material de las culturas nacionales del país.
Un inciso d) que diga: facilitar la creación, traducción y adaptación del patrimonio cultural nacional, la elaboración de archivos digitales y tradicionales.
Un inciso e) que establezca proporcionar contenidos pertinentes para las culturas a través de sus propios idiomas o lenguas nacionales.
Un inciso f) que establezca el apoyar a las mujeres, niños y niñas para la utilización y la elaboración de los contenidos de igualdad de género en los medios informativos y en la comunicación.
Un inciso g) que establezca promover en el sector público y privado la creación de contenidos local y nacional con el idioma de los usuarios en todo el campo artístico.
Un inciso h) que establezca el favorecer la creación y comercialización de los programas informáticos en los idiomas indígenas, así como generar contenidos que favorezcan a los grupos vulnerables, analfabetos y personas con discapacidad.
Un inciso i) que respalde proyectos que combinen el uso de medios de comunicación tradicionales y nuevas tecnologías para facilitar los idiomas indígenas, para documentar y preservar legados como la diversidad biológica, conocimiento y medicina tradicional, cultura y lenguas de comunidades indígenas y aquellas equiparables.
Un inciso j) que establezca el desarrollar capacidades de los pueblos y comunidades indígenas para elaborar contenidos en sus propias lenguas y cosmovisiones indígenas rurales y aquellas equiparables.
Un inciso k) que establezca colaborar con los pueblos, comunidades indígenas y equiparables para utilizar eficazmente sus conocimientos tradicionales en la sociedad de la información.
Un inciso l) que establezca que las radios indígenas, con la cooperación de los diversos niveles de gobierno, mediante asociaciones entre el sector público y privado, promoverán tecnologías y programas de investigación y desarrollo en ámbitos de traducción, iconografía, servicios asistidos de voz, desarrollo de equipos necesarios y diversos tipos de modelos de programas informáticos patentados y de fuente abierta o gratuitas tales como juegos de caracteres normalizados, códigos lingüísticos, diccionarios electrónicos, terminología, motores de búsqueda prolingües, herramientas de traducción automática, nombres de dominio internacionalizados, referencia de contenido y programas informáticos generales y de aplicaciones.
Por último, propongo también en este sentido, relacionado con los medios sociales, que en el artículo 89 relativo a los ingresos, a los que tendrán derecho las concesiones de uso social, se agregue para no dejar en la discriminación y por si eso no hubiera sido suficiente, esta propuesta de exclusión o discriminación a establecer una serie de esquemas o mecanismos de ingresos para la radios sociales, para los medios sociales donde se establece solamente que tienen derecho al 1 por ciento de los recursos federales que se pueden etiquetar en este sentido.
Propongo, para quitar este candado, que adicionemos los párrafos octavo y noveno, para que a la letra digan que también se incorporen los patrocinios entendidos como la cantidad líquida que aporta por convenio una empresa u organización, a fin de que en determinados programas el medio presente la marca o el producto que desea promover la empresa patrocinador.
Y la fracción novena que establezca que la publicidad también debe ser un ingreso de los medios sociales, la cual no podrá exceder de seis minutos por hora en televisión y de 12 minutos por hora en radio. Si los medios públicos y privados tienen ingresos por publicidad es justo que los pueblos indígenas no sean excluidos de este derecho y también cuenten con ingresos por publicidad en este sentido. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Carlos de Jesús Alejandro. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta a los artículos 85, 87 y 89 presentada por el diputado Carlos de Jesús Alejandro.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se somete a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz la diputada Luisa María Alcalde Luján, para presentar propuesta de modificación al artículo 85, párrafo primero. Igualmente a la diputada Luisa María Alcalde Luján, para presentar propuesta al artículo 85, eliminar párrafo segundo, tercero, cuarto y quinto.
Tiene el uso de la voz la diputada Lilia Aguilar Gil, para presentar propuesta de modificación al artículo 85, fracción VII, eliminar el párrafo segundo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias. Le comento a la asamblea, para aquellos que me piden que desahogue de una vez todas mis reservas, que ésta es mi penúltima intervención. Nada más falta una más.
Voy a hablar, en lo que tiene que ver con el artículo 83, 85 y 90, de los medios sociales que no han sido debidamente abordados en esta ley desde nuestro punto de vista. Antes de eso voy a compartir con ustedes algunos twitter que hemos recibido, que tienen que ver con el tema de la reforma energética y de los derechos humanos.
La gente se pregunta, compañeros diputados, y se los hago extensivo, por qué todo mundo pide acceso universal a la banda ancha y nadie pide acceso universal al agua; y por qué se pelea tanto por los derechos a los usuarios de telecomunicaciones, y que ojalá así peleemos por los usuarios energéticos.
Yo voy a hablar sobre lo que se refiere a los artículos 83, 85 y 90, que tienen que ver con las concesiones de los medios sociales. Específicamente, para poner en contexto les diré que de 344 artículos, 315 artículos y 44 transitorios que tiene esta Ley, solamente 7 están dedicados a los medios sociales y de uso público. El social se divide en el comunitario y en el indígena, el indígena, como ya se ha dicho en repetidas ocasiones en esta tribuna, tiene varias aristas por decir lo menos, que lo van a hacer morir de inanición, como ha dicho bien mi amigo Fernando Belaunzarán, porque mientras las radios indígenas el día de hoy operaban para poder dar una salida a los espacios de las comunidades indígenas y operaban sin una licencia y un registro oficial, ahora este reconocimiento que se le hace a las radios indígenas lo único que hace es ponerlas en una competencia desleal.
Primero. Se dice que solamente podrán vender publicidad por el 1 por ciento. Se les dan concesiones de 15 años en comparación con 20 años de las concesiones privadas, e inclusive el artículo 85 marca claramente una serie de procedimientos que no solamente entorpecen cómo se dará una concesión de radio indígena, sino que además burocratizan y casi vuelven imposible el otorgamiento de estas concesiones, al grado de que el mismo senador Javier Lozano cuando estaba esta discusión en el Senado se le cuestionó por la izquierda y se le decía que era casi imposible poder cumplir con todos estos lineamientos por parte de las radios indígenas, y él dijo; no se preocupan, el IFT los llevará de la mano para que puedan hacer más expedita esta transición y puedan adquirir estas concesiones.
Yo simplemente diría que esta evidentemente es una aceptación de que éste es un proceso burocrático casi imposible de cumplir si el IFT tendría que acompañar a las radios indígenas para que cumplan con todos estos condicionamientos que les están dando la Ley en el artículo 85. Eso en lo que se refiere a radio indígena.
En lo que se refiere a medios comunitarios, casi los vuelven imposibles, acaban con la iniciativa que pueda tener la ciudadanía, que somos los dueños del espacio radioeléctrico, de que podamos organizarnos para tener medios comunitarios de comunicación, y los medios para uso público –y creo que esta es la parte más interesante de la reforma– son casi inexistentes.
En los artículos del 83 al 90 ustedes pueden verificar y se van a dar cuenta que no existe ni siquiera una definición de medio público, y con esto termino, señor presidente. Quisiéramos en este país medios públicos, canales públicos como puede ser la BBS en Estados Unidos o la BBC en el Reino Unido, que nos den no solamente contenidos de calidad sino que se puedan financiar como lo hace la BBC, ya sea por impuestos televisivos o por apoyo real del Estado, y que puedan compartir contenidos e inclusive generar contenidos de interés cultural y educativo para la ciudadanía, y que estos puedan ser compartidos también en la televisión comercial. Esa es la naturaleza de nuestras reservas, que se quite la burocracia de los medios sociales de comunicación, que se le quiten las trabas, que no tenga que acompañar el IFT a las radios indígenas y que finalmente haya una clara definición de qué es un medio público y podamos generar en este país un medio público que sea de calidad y que sea verdaderamente el servicio a la comunidad. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Lilia Aguilar. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 85, fracción VII y eliminar el párrafo segundo.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, para presentar propuesta de modificación al artículo 85. Presenta propuesta por el artículo 85 y 86, concediéndole seis minutos.
La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Muchas gracias, presidente. El tema de los medios públicos es un tema muy importante, al cual debemos justamente darle la relevancia que corresponda.
Quisiera primero poner en contexto qué es lo que nos preocupa respecto de este tema. La Constitución señala que se otorgarán concesiones de uso social mediante asignación directa. Los medios de uso social incluyen a los comunitarios y a los indígenas. Estos son indispensables para la existencia de la pluralidad, respeto a la libertad de expresión e información.
Sin embargo, encontramos en este dictamen un claro régimen de discriminación hacia estos medios. Están legalizando su marginalidad y la exclusión de estos importantes espacios de información y de comunicación.
En primer lugar, porque se establece como plazo máximo para este tipo de concesiones sólo 15 años, en lugar de los 20 años que se establecen para las concesiones de uso comercial. En segundo término, porque no se facilita el proceso, los requisitos generan incertidumbre jurídica.
El dictamen viola los estándares para la radiodifusión libre e incluyente de la organización de Estados Americanos. Prohíbe a los concesionarios de uso social el legítimo derecho que tienen a percibir ingresos por publicidad.
Contrario a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia, que confirmó la obligación del Estado mexicano a no discriminar y permitir que los medios comunitarios recibieran ingresos por publicidad, el dictamen limita el acceso a fuentes de financiamiento; primero, al limitar la publicidad a entes públicos federales y estatales al 1 por ciento de sus presupuestos; segundo, a que nunca pueden exceder al 6 por ciento del total de transmisión en televisión y 14 por ciento a radio, frente al 38 por ciento y el 40 por ciento, que les permite en este dictamen a los medios comerciales.
El dictamen privilegia el modelo comercial y menosprecia a los medios públicos. Este es un importantísimo tema en contra de lo establecido en la Constitución, no se les garantiza ni la independencia editorial ni la autonomía de gestión ni reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas ni opciones de financiamiento.
El dictamen pone en riesgo la existencia misma de los verdaderos medios públicos que quedan una vez más a expensas del control gubernamental. Por todo ello, presentamos esta reserva al artículo 85 y artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Con relación al artículo 85, es necesario que se suprima la palabra al menos dentro del primer párrafo, porque se dejaría en incertidumbre con respecto a los requisitos que se podrían pedir a los interesados en ser medios públicos o de uso social.
Adicionalmente, como ya comentamos, la Suprema Corte, en la acción de inconstitucionalidad de la llamada Ley Televisa, determinó que es inconstitucional el poner este tipo de frases que dejan en incertidumbre al gobernado y abre la puerta a una total discrecionalidad que se traduce en arbitrariedad, por ello, estamos planteando que es importante establecer la afirmativa ficta para que si el IFT no responde en el plazo de ley, se entienda que la concesión ha sido otorgada.
Por ello, proponemos que el artículo 85 debe decir: Para la asignación de las concesiones, para usar, aprovechar o explotar el espectro radioeléctrico para uso público o social, el interesado deberá presentar ante el Instituto la solicitud que contenga la siguiente información. La documentación que acredite su capacidad técnica, económica, jurídica y administrativa, atendiendo a la naturaleza del solicitante, así como la fuente de sus recursos financieros para el desarrollo y operación del proyecto.
El segundo párrafo se propone se elimine, para quedar en el tercero: El Instituto estará obligado a prestar asistencia técnica a los interesados en obtener concesiones de uso social para medios comunitarios e indígenas, para facilitar con ello el cumplimiento de dichos requisitos.
En el último párrafo propuesto: El Instituto resolverá lo conducente dentro de los 120 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud. Si transcurrido dicho plazo, el Instituto no notifica la resolución respectiva al solicitante, se entenderá que la solicitud de concesión ha sido otorgada y estará obligado a entregar el título respectivo.
En el caso concreto del artículo 86, proponemos que se agregue un párrafo que consideramos de suma importancia. En el artículo 86: Los interesados en obtener una concesión sobre el espectro radioeléctrico para su uso público para prestar el servicio de radiodifusión, presentarán solicitud en la que se deberá cumplir con los requisitos que ya señalamos en el artículo 85, además los medios deberán tener independencia editorial, para lo cual el presidente o director general del medio público será designado por un plazo determinado, durante el cual no podrá ser removido, salvo por causa grave. Adicionalmente contarán con un Consejo Consultivo Ciudadano, quien emitirá recomendaciones para contribuir con la independencia editorial.
Dos. Tener autonomía de gestión financiera para solicitar el presupuesto necesario para la producción de contenidos de calidad y la evolución tecnológica sin que el presupuesto de un año respecto a otro pueda reducirse.
Tercero. Establecer mecanismos para lograr la participación ciudadana y representativa de la región que se trate.
Cuarto. Estar sujeto a la transparencia y rendición de cuentas como entidad pública. Y los presidentes o directores deberán presentar una declaración de intereses.
Quinto. Contar con un código de ética y un defensor de audiencia.
Sexto. Poder recibir ingresos en términos del artículo 88 de la ley.
Séptimo. Recibir presupuesto suficiente para el acceso a la tecnología.
Octavo. Establecer reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.
El Instituto verificará que los mecanismos expuestos en la solicitud sean suficientes para garantizar dichos objetivos, y de lo contrario, prevendrá al solicitante para que realice las modificaciones pertinentes. Ésas son las dos propuestas que sometemos a consideración, esperamos reflexionen su voto y pueda ser a favor. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, para presentar sus propuestas de modificación. No sé si va a presentar la 86, 87 y 89.
La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot: Con el permiso de la Presidencia. Buenas noches compañeras y compañeros diputados. Voy a hacer en un solo acto la intervención de tres artículos, 86, 87 y 89.
Compañeras y compañeros diputados, es lamentable ver cómo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tiene que dar marcha atrás a la reforma constitucional sobre las telecomunicaciones y radiodifusión en nuestro país. Que tuvieron como base combatir a los monopolios de la comunicación y lograr, por fin, en nuestro país la democratización de las comunicaciones.
La Presidencia de la República se rindió por la imposición del duopolio Televisa y TV Azteca, que hoy le cobra la factura política por haberlo llevado a ocupar la Gavio presidencia y no la Presidencia de la República.
El Poder Ejecutivo a través del consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejo Cervantes, se sobrepuso al Poder Legislativo, en virtud de que en este espacio de la administración pública federal se realizó el proyecto de dictamen por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y no mediante el proceso legislativo que debió elaborar la Cámara de Senadores.
Por todo esto, la presente minuta que se impuso en el Senado de la República, por los intereses de la tele bancada Prian-Verde, tiene un sinnúmero de vicios de inconstitucionalidad y de falta de técnica legislativa.
En consecuencia, esta Legislatura pasará a la historia como la que más vicios de inconstitucionalidad tiene en las reformas a las leyes secundarias que se han aprobado. Valdría la pena preguntarnos si efectivamente son reformas o contrarreformas.
Con respecto a los artículos que me ocupan, básicamente en el artículo 86 propongo que las solicitudes para obtener una concesión sobre el espectro radiofónico para uso público, para prestar el servicio de radiodifusión hechas por parte de comunidades y organizaciones indígenas, sean resueltas preferentemente por parte del instituto.
Asimismo en el artículo 87, propongo que en caso de que los interesados no cumplieran con los requisitos establecidos en el artículo 85 de esta ley; el instituto, y atendiendo caso por caso, podrá conceder una prórroga razonable para que logren su cumplimiento.
Asimismo el reglamento de esta ley que establezca un procedimiento simplificado y expedito para la autorización de la concesión de uso social tratándose de comunidades y organizaciones indígenas.
Asimismo para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 85, los interesados en obtener concesiones de uso social contarán con asistencia técnica y de un traductor de ser necesario.
En el artículo 89 de la minuta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, quiero señalar que éste contraviene al artículo 1o. y 2o. de nuestra Constitución y del Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles del cual el Estado mexicano forma parte.
El artículo 89 es violatorio de los derechos humanos, porque discrimina a los pueblos indígenas y a la comunicación social por no tener los recursos suficientes para desarrollar las telecomunicaciones y la radiodifusión. En este sector de población vive un gran número de ciudadanos mexicanos en la marginación, en la pobreza, incluso en la violencia del crimen organizado.
Los medios sociales y públicos deberían ser la parte central de estas reformas y de la presente minuta, sin embargo el argumento principal parta que los medios sociales y de manera particular el de los pueblos indígenas, no extiendan la red de sus telecomunicaciones proviene de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión denominado o dominado por el duopolio televisivo; su principal argumento es de no otorgarles más del uno por ciento de la publicidad de los recursos federal, estatal o municipales es, porque entregarles mayor recurso podrían ser la competencia desleal.
Esta argumentación confirma la inconstitucionalidad del artículo 89 como fue redactado y aprobado por la colegisladora, porque las leyes que expide el Congreso de la Unión son generales, no se deben aplicar las normas para beneficiar a un sector en detrimento de otros, para sacrificar a otros, cuyas condiciones de desarrollo en las telecomunicaciones y radiodifusiones presentan limitaciones y desventajas.
Los verdaderos intereses del duopolio televisivo que impusieron a los senadores que aprobaron el dictamen que se discute en el pleno de esta soberanía son de carácter económico, porque el gobierno federal financia los medios electrónicos privados con cerca de 5 mil millones de pesos al año, además otros 14 mil millones son de los estados y municipios que entregan anualmente a las televisoras y radiodifusoras comerciales. ¿Para qué hechos? Ustedes, compañeras y compañeros diputados, seguramente lo saben.
Por tal motivo, el beneficiar al duopolio televisivo con estas cantidades multimillonarias con el objetivo de sacrificar a los medios sociales, principalmente a los pueblos indígenas, es inconstitucional lo aprobado por el Senado y la presente minuta que se discute para la aprobación respectiva contraviene el artículo 2o. de nuestra Carta Magna, concretamente en el Apartado B, fracción VII y que a la letra señala lo siguiente.
Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer las condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que las leyes de la materia determinen.
El uno por ciento de los recursos aprobados de los gobiernos –federal– de los estados y municipios que se les otorgan en el artículo 89 a los medios sociales, no les permitirá jamás extender las redes de comunicación, telecomunicación y radiodifusión. Ese artículo 89 no crea las condiciones para que los pueblos indígenas adquieran, operen, administren medios de comunicación, porque la norma en cuestión –y que es parte de mi reserva– limita estos principios constitucionales y por tal motivo se tienen que modificar los porcentajes otorgados a los medios de comunicación y en consecuencia propongo a esta soberanía se les asigne el 10 por ciento de los recursos en cuestión.
Diputado presidente, le solicito insertar el texto íntegro de las propuestas de reformas que he hecho a los artículos 86, 87 y 89. Por su atención, gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputada. Con mucho gusto los documentos se insertarán íntegros en el Diario de los Debates. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten las propuestas a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada Roxana Luna Porquillo. Tiene reservados el 87, el 89 y el 90. Ya nos dirá cuáles va a presentar. Sólo el primero. Adelante.
La diputada Roxana Luna Porquillo: Sí, sólo es el 87. El artículo 87 del dictamen habla de los medios indígenas y establece muy claro cómo se vulneran sus derechos. Voy a dar lectura a los párrafos que yo solicito sean eliminados, en el sentido que establece que el instituto establecerá los mecanismos de colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas u otras organizaciones para:
Primero. Promover el otorgamiento de concesiones indígenas.
Segundo. Facilitar el otorgamiento de concesiones a pueblos indígenas en donde se tenga presencia y para que transmitan en sus lenguas originarias, en especial aquéllos lugares donde no existan concesiones y;
Tercero, promover las concesiones de uso social indígena que coadyuven a preservar y a enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
Toda vez que esto va en contra de la autonomía de los pueblos indígenas e incluso podrán ejercer cierta influencia en el manejo del contenido, motivo por el que solicito se elimine y esto va a garantizar el que se pueda impulsar y facilitar la obtención de una concesión. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul). Presidente, después del diputado ¿quién sigue?
El Presidente diputado José González Morfín: Después del diputado Huerta sigue la diputada Roxana Luna Porquillo, otra vez y hay otra propuesta del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza y del diputado Pablo Adame y también la voy mencionando Alfa Eliana González, seguiría también con el 89. Son los del 89. El diputado Manuel Huerta va a presentar siete de sus reservas. Adelante, diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: El proyecto de ley que se presenta no atiende a las necesidades del desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país con miras a garantizar la información plural y oportuna como derecho fundamental.
Se legisla sin la visión e intereses de un Estado social responsable con la mayoría de la población sin posibilidades para garantizar el acceso a la información plural y oportuna. Se imponen políticas neoliberales en perjuicio de la nación.
Diputados, diputadas, con la propuesta que sin lugar a dudas aprobarán, desconocen a simulan desconocer a la Constitución mexicana.
El artículo 2o., apartado b) de la Constitución mandata a la Federación, estados y municipios, a establecer las instituciones y determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, eliminando cualquier práctica discriminadora.
Aunado a ello en la fracción VI del apartado señalado, se determina que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades tienen la obligación, entre otros, de extender la red de comunicación que permita la integración de las comunidades mediante construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicaciones, además de establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que establezcan las leyes”.
A pesar de los derechos y garantías constitucionales que se mencionan, se legisla con un criterio que discrimina y violenta los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
He señalado ya que la subordinación extrema al Poder Ejecutivo y de éste a los intereses de las empresas en telecomunicaciones se observa en el artículo 147 que convierte en operador de las empresas al secretario de hacienda, a través de quien el Ejecutivo federal emitirá recomendaciones a los gobiernos estatales, al gobierno del Distrito Federal y a los municipales para que desarrollen infraestructura, obra pública, desarrollo territorial y bienes inmuebles que fomenten la competencia, libre concurrencia y cobertura del servicio de telecomunicaciones a través de una política inmobiliaria que garantice el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.
Esto es, el Estado facilitará el desarrollo de la infraestructura que necesitan las empresas para explotar el mercado de telecomunicaciones, política que favorece al sector privado y acota la participación del sector público y social.
Por lo tanto, el contenido de los artículos 87, 88, 89 y 90 es discriminatorio y violatorio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Se desincentiva la comunicación de entidades públicas y se acota la participación de pueblos y comunidades indígenas al prohibir ingresos adicionales por venta de publicidad a particulares y entes públicos, sin que dicha actividad constituya una finalidad preponderante en este sector, pero que sin lugar a dudas contribuiría para un mejor desarrollo de los mismos.
Además, existe un exceso en el control de los medios de comunicación de uso social al establecer, en la fracción VII del artículo 89, que para la venta de publicidad los entes públicos federales destinarán el 1 por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizados en sus respectivos presupuestos. Esto es, se asegura a los medios privados el 99 por ciento del gasto gubernamental en comunicación social y publicidad.
Hay discriminación y violación de derechos de los pueblos y comunidades indígenas que se agravan en el artículo 90 al determinar inconstitucionalmente que el instituto únicamente podrá otorgar concesiones para estaciones de radio FM con un rango de operaciones de 20 watts y a una altura del centro de radiación de la antena sobre el terreno promedio de 30 metros a concesionarias comunitarias e indígenas, reservando a dicho segmento el 10 por ciento de la banda de radiodifusión sonora de FM que va del 88 a 1os 108 megahertz, acotamiento que también se da en la radio AM.
Diputados, diputadas, la legislación que aprobarán es violatoria de derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales, discriminatoria y excluyente para las comunidades y pueblos indígenas, servil y utilitaria para las empresas monopólicas ante quienes ustedes se inclinan.
Por otra parte, las reservas que presento al artículo 145 es una propuesta de la agrupación, artículo 19. Las reservas de los artículos 189 y 190, corresponden a propuestas de la Asociación Mexicana de Usuarios de Internet, organizaciones de la sociedad civil que han cuestionado el contenido y alcances de la reforma en telecomunicaciones que hoy se presenta.
En el artículo 145 se proponen adiciones a la fracción I, II y V que garanticen a los usuarios de los servicios de internet el utilizar, enviar o recibir cualquier contenido sin que los concesionarios autorizados puedan bloquear o entorpecer el acceso a los mismos.
Esta propuesta atiende al principio de neutralidad de la red, principio que garantiza la libre elección de los usuarios, la no discriminación, capacidad de concesionarios y libre competencia.
Con la reforma constitucional en telecomunicaciones, la fracción VII del apartado A del 6o constitucional, determina que la ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección.
En el ámbito del derecho internacional se regula el internet, se ha considerado que la criminalización de la expresión en línea, el bloqueo, control y manipulación de contenidos de internet, la interferencia con la privacidad y la protección de datos, las restricciones y vigilancia ilegal y las limitaciones de acceso a internet, constituyen una violación a los derechos humanos y de las libertades fundamentales de las personas establecidas en la declaración universal de derechos humanos y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
De acuerdo al artículo 1 de la Constitución, misma que todos y cada uno de ustedes protestaron guardar y cumplir, establece que toda autoridad en el ámbito de su competencia se encuentra obligada a promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos, obligación que alcanza al Poder Legislativo, mismo que debe emitir leyes que observen, garanticen a dichos derechos aplicando los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el artículo 189 del proyecto que discuten, es violatorio de derechos humanos, por lo que esta Cámara de Diputados en aras de cumplir con la obligación establecida en el 1 constitucional, debe optar por modificar el contenido del mismo.
El derecho a la vida privada está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, como ya dije, el 12 de la Declaración Universal; el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Por otra parte, el 6o constitucional de la misma Constitución dispone que la información a que se refiere la vida privada y datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
Es de considerar que los organismos internacionales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han destacado que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en que las personas pueden expresar libremente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en lo individual, y han destacado su vinculación con otros derechos como la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones en general, la inviolabilidad del domicilio, las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos.
Por ello se debe modificar el artículo 189 y 190, para efectos de evitar una ley que contravenga disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos y sus garantías.
Un poco de pudor y congruencia ética obliga en consciencia a votar a favor de las reservas que presento, características que la subordinación al poder inhibe en ustedes. Su negativa muestra la irracionalidad y la consigna de cambiar leyes para simular un Estado de derecho y la consigna de cambiar leyes en beneficio de empresas que lucran con bienes nacionales y las necesidades de la población que menos tiene.
Reitero, difícilmente la nueva ley que aprobarán garantizará una competencia real entre las empresas monopólicas en el mercado de telecomunicaciones, al igual que en materia fiscal. Las grandes empresas juegan con la ley para lograr mayores ganancias a través de la elusión fiscal, ahora juegan con sus esquemas de inversión y organización para evitar la preponderancia.
Se equivoca quien ha querido pregonar un triunfo de esta ley. Insisto en que no es necesario acudir a la demagogia legislativa para atender a intereses de empresas privadas nacionales y extranjeras, con la subordinación de la clase política al poder de las televisoras y de las empresas en telecomunicaciones, pues que de atentar en contra de sus intereses éstas cuentan con los recursos judiciales, económicos y políticos para la inaplicación de las leyes.
Muestra de ello es la desincorporación de activos anunciada por América Móvil para evitar la preponderancia, la cual no puede considerarse un triunfo de una ley que aún no es vigente, sino simplemente una maniobra financiera ilegal para impedir la preponderancia y consecuente aplicación de la ley, desincorporación de activos que no tiene otra finalidad que la de dar vuelta a la ley.
Esto no es nuevo, hay que recordar que a pesar del discurso a favor de la competencia y los deseos de entrada de nuevos jugadores desde el 2000 al sector de las telecomunicaciones en México éste se ha ido concentrando. En el 2002 la Cofetel autorizó la concentración entre Telefónica y Pegaso por mil 300 millones de dólares, 65 por ciento de las acciones de Pegaso.
Alejandro Burillo Azcárraga, presidente de Pegaso, declaró entonces: no vemos más allá de tres o cuatro compañías, en el momento en que comencemos a operar de forma conjunta y a crecer junto a Telmex las demás operadoras no van a tener más remedio que fusionarse o bien entre ellas o con nosotros, aunque por el momento sólo estamos casados con Telefónica.
La fuerza económica y el poder fático de los monopolios se impone más allá de los buenos deseos del diputado triunfalista y sus amigos, que por cierto sabemos que se han desempeñado en la defensa de los intereses de empresas televisoras y de comunicaciones.
Miren, finalmente, he estado reflexionando sobre quién manda a quién. Aquí hemos sostenido que el poder fáctico de los oligopolios manda al poder político, que en pocas palabras a Peña Nieto lo puso Televisa, cosa que real. Pero por otro lado también vemos que a veces el poder político parece que quiere apretar a los monopolios.
La gran pregunta, el qwit diría quién manda a quién. Obviamente si uno lee las leyes sobre la contradicción, pueden leer, les recomiendo a Mao Tsé Tun, cinco tesis filosóficas, y ahí van a ver que en este caso las contradicciones entre el poder político y los oligopolios no son tantas, la verdad.
La verdad es que la respuesta es que son cómplices y la complicidad en la que ustedes andan ahí bordeando alrededor de ella, la complicidad entre la oligarquía, entre los oligopolios, entre algunos que ustedes ni conocen, porque no conocen quiénes forman parte de esos consejos, otros sí, otros son capataces de esas empresas. Aquí los hemos visto que hasta se suben a la tribuna a argumentar, a posicionar una ley y demás. Ya sabemos de quiénes hablamos.
Esos oligopolios y ese poder político hacen complicidad con un pegamento que se llama corrupción. Eso es lo que ustedes están fomentando con estas leyes, es lo que permite este régimen, están basados y fundados en ellos desde su origen, y decirles con la novedad, para que vean bien este periódico que ya llegó el veneno para las ratas. Ya mañana el pueblo estará celebrando la construcción de este nuevo partido político, el Morena, que va a imponer una nueva correlación de fuerzas con Andrés Manuel López Obrador al frente, y acabaremos con este veneno para las ratas. Vamos a barrer la corrupción de este país les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre.
Es cuanto y voten en conciencia, que la verdad parece estar muy escasa. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Huerta Ladrón de Guevara.
La Secretaria Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada Roxana Luna Porquillo para presentar su propuesta de modificación al artículo 89.
La diputada Roxana Luna Porquillo: El artículo 89, fracción III, fracción VI y VII establecen muy claramente la prohibición para que puedan ejercer la publicidad los medios de uso social, así también para que puedan ser donatarias autorizadas. Es por ello que en la fracción III, en el párrafo que inicia: venta de productos contenidos propios previamente trasmitidos, de conformidad, sin fin y objetos o servicios, acorde con su capacidad tanto legal como operativa, yo solicito se elimine sin que se encuentre comprendida la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad, con excepción de lo dispuesto en la fracción VII del presente artículo.
Posteriormente, en la fracción VII solicito sea también eliminada la parte en donde se establece que para recibir donaciones, en dinero o en especie, los concesionarios de uso social deberán ser donatarias autorizadas en términos de las disposiciones aplicables.
Lo que también propongo se incluya en el siguiente párrafo, que inicia: Los concesionarios de uso social que presten el servicio de radiodifusión deberán entregar anualmente al instituto la información necesaria, incluyendo como propuesta, con el objeto de verificar que la fuente y el destino de los ingresos se apeguen a los fines para los cuales fueron creados.
Y la argumentación que doy es que la organización de los Estados Americanos a través de la relatoría de la libertad de expresión en los estándares para la radiodifusión libre e incluyente en el 2010, refiriéndose a los medios de comunicación comunitarios, reiteró que la legislación debería contar con tres aspectos; primero, prever procedimientos sencillos para la obtención de licencias; segundo, la no exigencia de requisitos tecnológicos severos que impida acceder a ellas; tercera, la posibilidad de que utilicen distintas fuentes de financiamiento, como son la publicidad o un medio para financiarse.
Es falso, porque no puede haber competencia desleal, cuando en primer lugar no son competidores los medios de uso social. Como referencia, la Ley sobre Competencia Desleal de España refiere que la competencia desleal son actos de engaño, prácticas agresivas, omisiones engañosas, actos discriminatorios, limitaciones, expropiación de reputación ajena, pero no es aplicable al caso.
La obtención de ingresos legítimos, como puede ser publicidad, no es equivalente al lucro. Ingresos y lucro no son sinónimos, basta con leer un diccionario. Lucro es igual a ganancia. Ingreso, para el caso de los medios públicos y de uso social es igual al insumo necesario para que se adquiera tecnología digital, paguen electricidad, inviertan en producir contenidos, etcétera, sin percibir ingreso que se vuelva una práctica desleal.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que en septiembre de 2013 los derechos humanos están a la par de la Constitución, que todas las autoridades deben interpretar los derechos en lo más favorable de la persona y que las resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos son vinculantes, en cuanto al Estado mexicano no sea parte. Por eso solicito que sean eliminados y adicionados en los párrafos que solicité.
En virtud de lo anterior, es que se propone que voten a favor, para que se pueda garantizar la viabilidad financiera de los medios de uso social. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha.
Tiene la palabra la diputada Alfa Eliana González Magallanes, para presentar su propuesta de modificación al artículo 89. Inmediatamente después, también el mismo artículo, el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo.
La diputada Alfa Eliana González Magallanes: Cuando aprobamos la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones lo hicimos buscando competencia, pero principalmente buscando eliminar los monopolios, que por cierto son creación del PRI, que se convirtieron en regalos a Telmex y Televisa, a quienes hoy sólo en el discurso pretenden meter en cintura, pero que en los hechos defienden a capa y espada, pagando con reciprocidad los favores recibidos, empezando por la telebancada.
Qué no se dan cuenta que la competencia nos da competitividad de país, pero ustedes prefieren mantener los monopolios, por lo visto son congruentes con la su ideología privatizadora y entreguista, ya que en esta ley, a diferencia de la vigente, que ya es mucho decir, se pretende arrendar y hasta conceder la concesión comercial y privada.
Para dar una muestra de lo que está en juego en cuanto a arrendamientos y cesiones, apunta un dato. En México existen más de 863 canales de televisión, de los cuales Televisa maneja 321 y TV Azteca administra 211, todo esto sin contar la ampliación de canales que se ha dado a partir del ingreso de los canales de alta definición en televisión abierta.
Arrendar y ceder concesiones sobre un bien de la nación es olvidar lo que consagra la Constitución, por eso debería suprimirse lo dispuesto en los artículos 104 y 110 de esta iniciativa de ley.
En este sentido, contar con medios públicos, así como con medios sociales, posibilita la crítica, crea mejores condiciones para un mayor desarrollo comunitario y permite que la población de esas localidades pueda contar con una herramienta propia de comunicación, que tiene por finalidad generar espacios culturales, educativos y de formación ciudadana, y no fines comerciales.
Se habla del reconocimiento de las concesiones comunitarias e indígenas como un gran logro, cuando en realidad se vulneran sus derechos al negarle a recibir financiamiento más allá de la magnánima cantidad del 1 por ciento de apoyo proveniente del total del presupuesto de comunicación de los gobiernos federal, estatal y municipal.
“Tienes el valor o te vale” reza una campaña de Televisa, porque a nosotros no nos vale que a los medios sociales se les pretenda discriminar y casi extinguir con una bondadosa publicidad gubernamental que no alcanza siquiera para su subsistencia.
¿De verdad piensan que estar a favor de una televisión y una radio con mejores contenidos es ir en contra del interés público? ¿De verdad piensan que hacer programas como Las Lavanderas, Cosas de la Vida, ese programa que hace la señora Laura Bozzo, que ni siquiera es mexicana, es cumplir con una labor social y de sano entretenimiento? Por el contrario, este tipo de contenidos distorsionan desde el uso del lenguaje, y bueno, vean el caso del programa 100 Mexicanos Dijieron y distorsionan desde el uso del lenguaje, como acabo de decir, hasta la realidad que se vive en nuestro país, y fomentan de forma explícita la violencia contra la mujer y la niñez.
Estamos seguros de que ésta era la gran oportunidad de romper con la premisa de Emilio Azcárraga Milmo, pronunciada el 10 de febrero de 1993, de que en México se hace televisión para jodidos, porque la gente la necesita para salir de su triste realidad. Pero el PRI y el PAN prefieren mantenerla.
Por eso, consideramos necesarias reglas equitativas, tanto para quienes usan el espectro radioeléctrico para obtener ganancias con sus concesiones, para como para los medios de universidades, comunitarios, indígenas y culturales, a fin de que esos tengan formas de mantenerse más allá del regalo otorgado con este dictamen. Infraestructura casi sin vida útil y equipo en desuso para enfrentar la digitalización, cuyo plazo vence el próximo año.
Cuando lo que requieren en realidad es capacitación, infraestructura con un periodo amplio de vida útil y recursos para fomentar sus producciones nacionales.
Esta reforma pretende que el servicio social del sector de radiodifusión solo sirva para el entretenimiento, entendido éste como la copia de un esquema barato...
Estoy por concluir, presidente. Entendido como la copia de un esquema barato que se ha repetido durante décadas en sus producciones de telenovelas.
Nuestra obligación como representantes de la sociedad debe ser legislar en función del bien público, por más que esto no gane puntos de rating, no gane premios de telenovelas y no nos coloque en la lista de políticos VIP de las televisoras. El buen juez por su casa empieza.
Los invito a que este Congreso haga todo lo posible porque la señal del Congreso sea transmitida por televisión abierta. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, para presentar sus dos propuestas de modificación, al 89 y al 256. Después de él, la diputada Luisa María Alcalde.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, es de amplio conocimiento que el Partido del Trabajo ha estado y estará siempre a favor de los derechos de las comunidades y de los indígenas del país, y cualquier agresión que se les haga nos causa incomodidad y rechazo.
En el caso debemos referirnos al tema de las concesiones sobre el espectro radioeléctrico para uso social, para prestar el servicio de radiodifusión que se legisla en los artículos 87 y 89 del Proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El punto cuestionable es el relativo a que se legisla en el tema, pero supeditado a condiciones de exclusión en el marco del financiamiento que requieren para operar.
El artículo 89 sentencia en su encabezado que los concesionarios de uso social, acorde con sus fines, podrán obtener ingresos de las siguientes fuentes, y en su fracción tercera dice: venta de productos, contenidos propios previamente transmitidos de conformidad con su fin y objeto o servicios acordes con su capacidad, tanto legal como operativa, sin que se encuentre comprendida la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad.
Más adelante, en el segundo párrafo del artículo aludido, indica que la ausencia de fines de lucro implica que dicho concesionarios no perseguirán dentro de sus actividades la obtención de ganancias con propósitos de acumulación; de tal suerte que los remanentes de operación solo podrán invertirse al objeto de la concesión.
Destaco que a continuación el párrafo señala que para recibir donaciones en dinero o en especie los concesionarios de uso social deberán ser donatarias autorizadas en términos de las disposiciones aplicables. La limitación es evidente, el texto legal que se propone impide que las radios sociales puedan agenciarse recursos para obtener la posibilidad de financiar su operación, esto es para poder liquidar el importe de los gastos normales que se requiere pagar cotidianamente.
Establecer la posibilidad de que las comunidades hagan un uso social de una concesión del espectro radioeléctrico mutilado, sujeto a que su operación se fundamente en operativos en dinero o en especie aportaciones y cuotas de cooperación de la comunidad y en general recursos obtenidos por la vía del obsequio. Con esta actitud se obliga a las radios comunitarias a que se conviertan en entes parasitarios que no puedan valerse por sí mismas, ya que se les confina al carácter de limosneras de la caridad de la población y no ejercer su función con autonomía y discreta soberanía.
Esa limitación se puede salvar si se permite que las radios en comento puedan obtener recursos que se destinen al pago de sus obligaciones y sus remanentes, se reinviertan en mayores y mejores equipos de transmisión y no se traten como utilidades sujetas a distribución, lo que sí debiera estar penado.
Lo expuesto cobra mayor relevancia porque el nicho de personas a las que va dirigida la actividad de las radio comunitarias desean primordialmente estar informadas de lo que acontece en los centros de poder político y no permanecer confinadas al ostracismo. En mérito de lo expuesto el Partido del Trabajo propone se hagan adecuaciones al ordenamiento mencionado.
En otro orden de cosas y otra reserva que proponemos y es muy sencilla. En el capítulo IV, De los derechos de las audiencias, sección I, De los derechos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el artículo 256, fracción VI, se hace alusión a ejercer el derecho de réplica en términos de la ley reglamentaria. El punto central de esta reserva estriba en que es atendible la previsión, solo que la ley reglamentaria aludida aún no tiene concluido su proceso legislativo, lo único que existe es una minuta que la Cámara de Diputados remitió a la colegisladora para terminar con dicho proceso; pero insistimos, el mismo no está concluido a pesar del número de años que han transcurrido.
Por lo expuesto es pertinente suprimir la fracción VI, del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Es cuanto. Éstas son las reservas que pongo a la consideración de esta soberanía y que son muy atendibles en favor de las radiodifusoras comunitarias y suprimir esta fracción que no tiene razón de ser. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada Luisa María Alcalde, para presentar su propuesta de modificación al artículo 89. Inmediatamente después la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Presidente, presentaré de una vez todas las propuestas en cada uno de los temas, no sin antes hacer una reflexión.
El Presidente diputado José González Morfín: Le voy a poner en el tablero quince minutos y si necesita más me dice.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: No se preocupe. La nueva estrategia del emporio Slim es evidente. Primero renunciará a comprar la empresa Dish, un acuerdo que le había acarreado bastantes problemas, para evitar aumentar su posición de dominio en el sector de las telecomunicaciones.
Segundo. Venderá las partes sociales que menor interés y rendimientos le representan y disminuirá su participación nacional rayando los límites del 50 por ciento del sector.
Tercero. Ya librado de su calidad de preponderante, tendrá el camino abierto para apuntar sus baterías hacia el negocio de la televisión abierta y participar en la licitación de las dos nuevas cadenas televisivas.
Esto significa que Slim ya puede olvidarse de las medidas asimétricas. Ya no deberá desagregar sus redes ni permitir que otros utilicen su infraestructura. No deberá someter sus ofertas públicas y sus tarifas al IFT ni deberá permitirá la interconexión gratuita. Slim podrá seguir imponiendo condiciones para inhibir la portabilidad y establecer los obstáculos que desee para evitar que la competencia establezca infraestructura propia. Eso sí, ya no podrá seguir cobrando la larga distancia. Toda una reforma constitucional y leyes secundarias para eso. Terrible decepción.
Por su parte Televisa aún tiene en los tribunales un amparo fresco, esperando ser resuelto en pocos días. No olvidemos que el IFT declaró al emporio de Azcárraga como preponderante en el servicio de televisión abierta, pero como esta ley que neciamente definió la preponderancia por sector, la resolución del IFT quedará sin efectos. Televisa perderá su calidad de preponderante, es decir ya no será considerado monopolio aunque claramente lo es.
Eso significa que Azcárraga podrá contratar exclusivas de eventos deportivos y restringir a sus competidores el acceso a la publicidad. Ya no estará obligado a permitir el acceso y el uso de su infraestructura pasiva ni de entregar su contabilidad separada. Además, Televisa tendrá el beneficio de la famosa cláusula cablecom que seguramente también la tendrá América Móvil, que les permitirá todas las cableras –que aún no absorbe– sin necesidad de pedirle permiso al IFT y, a su vez, concluir sin sobresaltos la compra de Cablecom, la cuarta cablera más grande del país.
Ante este lamentable panorama debemos preguntarnos qué fue lo que ganamos con esta ley si los dos monopolios más perniciosos del país, se salvaron de ser declarados preponderantes.
Algunos dirán “no seas pesimista, hay que darle tiempo al tiempo. El IFT ya tiene los instrumentos pero debe aprender a pintarlo”. Esto tampoco es cierto pues al definir la preponderancia por sector y no por servicios, su aplicación será una mera ilusión.
Les propongo un ejercicio muy simple: consulten el Diccionario de Economía o ya de perdida Wikipedia y busquen la palabra monopolio. Seguramente la encontrarán definida como un agente económico que posee o provee la totalidad de un producto, bien, recurso o servicio en un mercado determinado y diferenciado.
¿Qué significa esto? Que de acuerdo con los principios fundamentales de la economía el poder monopólico se ejerce en mercados y no en sectores. Así se utiliza en todos los países del mundo. ¿Qué sentido tiene alterar las bases de 280 años de teoría económica si no es blindar a los monopolios?
Es así que les sugiero regular adecuadamente la preponderancia y que ésta sea por servicios y no por sectores.
También recomendamos en el caso de medidas asimétricas, que sean medidas que realmente puedan emparejar el piso en el dado caso de que en algún momento pueda alguna empresa ser declarada preponderante, que sinceramente lo dudo.
En el tema de publicidad sugerimos limitar la publicidad. No sólo establecer lo que es publicidad que también incluiría todas estas vías que utilizan las televisoras para presentar publicidad como si fuese contenidos, cuando evidentemente no lo son. Entonces esa seria nuestra propuesta al respecto.
Respecto a los medios sociales, lo que estamos proponiendo es que como sucede en otros países como es el caso de Argentina o Uruguay, se pueda reservar el 33 por ciento del espectro radioeléctrico para los medios sociales y que se les puedan dar mecanismos eficientes para que puedan conseguir recursos y puedan subsistir y financiar finalmente su operación.
Con respecto a la colaboración con la justicia, este título de colaboración con la justicia recomendamos o exigimos en todo caso, que se elimine la inhibición de señales, la retención de datos y la geolocalización. Esas serían todas nuestras recomendaciones. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Luisa María Alcalde.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, para presentar propuesta también para el artículo 89. Inmediatamente después la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz.
La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo: Con la venia de la asamblea. Tienen mucha razón los compañeros que han subido a esta tribuna para señalar que esta reforma es la reforma de los poderes fácticos. Se revierte el espíritu de la reforma constitucional, se negocian los marcos jurídicos para mediar el conflicto entre los grandes monopolios de las comunicaciones.
No se dan cuenta en esta mayoría artificial y representativa de los intereses oligopólicos que con la ley que ya aprobaron en lo general también se han puesto las cadenas para que los medios masivos los controlen.
A los medios de comunicación no les importará mostrar la corrupción y la podredumbre del régimen sólo de aquéllos que osen oponerse o disentir de los intereses de las grandes cadenas de comunicación.
Hoy es un día muy triste para la nación porque la libertad de expresión ha sido sepultada por la retórica propagandística de los intereses del poder real en México. Lo más patético de las argumentaciones presentadas aquí es que sostienen que gracias a esta ley ya no pagaremos larga distancia, que nuestros saldos van a ser respetados y que gozaremos de mejores tarifas, como si los servicios de telefonía, internet y televisión por cable no fueran los más caros del mundo, de acuerdo con el informe 2011 de la OCDE.
¿Vale la pena vanagloriarse de que nos hagan una rebaja? A qué costo entregan a los monopolios del sector todas las facilidades en una bandeja de plata.
Señores, era nuestra obligación ajustar las tarifas. No hay nada de qué vanagloriarse, pero lo más grave de la reforma es que no sirve para abrir la competencia en el sector.
No se engañen, que los monopolios se pongan de acuerdo a través de estas leyes no permitirá que nuevos actores se incorporen.
Bueno, ya ni el reducido espacio que tienen las radios comunitarias ciudadanas e indígenas ha sido respetado. Ni a eso estuvo dispuesta la mayoría artificial en el legislativo para contribuir a la cultura democrática en el país.
Del tema de las radios comunitarias e indígenas trata nuestra reserva. En nuestro país 24.2 millones de mexicanos viven en el medio rural, de los cuales siete millones son indígenas.
De acuerdo con el informe 2010 de la Cepal y de la Unicef uno de los factores más determinantes para que la población de los medios rurales e indígenas en México sea altamente vulnerable es el acceso limitado que tienen a la información y a las tecnologías de la información. Señalan en dicho informe que la predominancia de los medios de comunicación comercial en estas comunidades es un factor que pone en riesgo la identidad cultural y los valores tradicionales del medio rural e indígena.
Y parece que en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que hoy estamos comentando se pretende que las radios comunitarias e indígenas no sólo no crezcan, sino que desaparezcan.
Se argumenta, al establecer la prohibición para que puedan vender publicidad, que eso constituye una competencia desleal para la radio comercial, como si restringirlas al 10 por ciento del espectro de FM no fuera ya de por sí desleal e inequitativo.
Se argumenta que permitir la comercialización de la publicidad acabará con las fuentes de empleo de los trabajadores de las radios comerciales, como si los trabajadores de las radios comunitarias fueran de segunda categoría o como si sus fuentes de empleo fueran prescindibles ante los intereses de la radio comercial.
Se determina en esta ley que tendrá acceso apenas al 1 por ciento que el presupuesto de la Federación tiene para contratación de tiempo en radio, y eso desde el punto de vista de quienes elaboraron el dictamen, es muy justo y leal.
La reserva que presento, pretende modificar el artículo 89, en sus fracciones III y VII de la ley en comento para garantizar apenas condiciones de sobrevivencia para las radios comunitarias. No se trata de atacar los intereses de la radio comercial, no se trata de acabar con sus ya de por sí lucrativos negocios. Se trata en cambio de permitir que las radios comunitarias e indígenas sobrevivan, se trata de que establezcamos condiciones para que estas radios contribuyan a preservar la enorme riqueza cultural de las más de 20 lenguas indígenas que aún se hablan en nuestro país. Se trata de establecer mecanismos que les permitan a las comunidades permanecer cohesionadas con sus valores y con sus tradiciones.
Les pregunto a quienes defienden por encima de todos los intereses de la radio comercial. ¿Acaso no vale la pena preservar estar riqueza cultural? ¿No vale la pena que las radios comunitarias y las radios indígenas permanezcan? Más importante aún esta pregunta es para todos nosotros como legisladores y legisladoras: ¿acaso no vale la pena que las radios comunitarias e indígenas permanezcan, y cuyos fines y objetivos son totalmente ajenos a lo comercial, cuyos fines se orientan más a las preservación de la cultura, las artes y la cultura democrática? Mienten quienes sostienen que esto se constituye en una competencia desleal.
En el mismo artículo se establece que sus fines no son lucrativos y por lo mismo no devengarán utilidades, sino que esos recursos que se generan serán utilizados únicamente para su sostenimiento e inversión propia y nada más, y sólo para recordarles que los medios alternativos han beneficiado a la industria del mainstream, la explosión de la música indie y la música alternativa que se dio en todo el mundo en los noventas vino a beneficiar a la industria comercial de la música al inaugurar un canal de comercialización que le puso fin –concluyo presidente– que le puso fin real a la piratería, me refiero al uso de internet. Hoy por hoy se vende más música por internet que por cualquier otro canal.
Y las adiciones, finalmente, que se presentan en esta reserva es a la fracción III del artículo 89 para adicionar las siguientes palabras: incluyendo la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad a la iniciativa privada, y en la fracción II, sustituir el 1 por ciento, por el 3 por ciento. Es cuanto. Gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaria a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, para presentar su propuesta de modificación al mismo 89, inmediatamente después el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana.
La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz: Buenas noches compañeros diputados, compañeras diputadas. Con su permiso, señor presidente. El principio básico de cualquier democracia en el mundo es el de la igualdad y el respeto por los derechos de todos y todas, y que además de respetarlos estos se promueven con los marcos legales más adecuados.
Por cuestiones estratégicas, comerciales, geográficas e incluso legales no hemos podido lograr que a toda comunidad y que todo sector social se le garanticen dos derechos sustanciales declarados internacionalmente como fundamentales, tales como lo son la libertad de expresión y el derecho a la información.
Por años las comunidades indígenas han permanecido calladas cuando más voz se les tenía que dar. Las obligamos a ser sordas al no brindarles mecanismos para escuchar opiniones y situaciones, problemas y soluciones. Pero esa estirpe, característica de las comunidades indígenas, ese motor de pluralidad cultural y de desarrollo encontró en la radio un proyecto social a largo plazo, una herramienta para hacerse escuchar, un mecanismo para informar, encontró una manera de elevar el desarrollo y la calidad de vida de la comunidad, encontró la figura de la radio comunitaria.
La radio comunitaria es un proyecto donde se engloba toda una comunidad, ya que desde la creación, el desarrollo, el impacto y los beneficios son por y para la comunidad a la que sirve.
En este dictamen se presenta una clara y descarada inequidad entre radios comerciales y radios comunitarias, pese a que los pueblos indígenas y diversos sectores sociales han sido discriminados por años. ¿Se pretender seguir con esta inequidad? ¿Seguiremos haciendo caso omiso a lo que nos enmarca el artículo 6o. de nuestra Carta Magna? ¿Qué necesitamos para formar un Estado equitativo, donde los derechos de todos y todas valgan y cuenten?
Representamos a la voluntad popular, seamos entonces representantes de quienes nos eligieron. No apoyemos al duopolio televisivo. La lucha entre radios comerciales y radios comunitarias ya es bastante desigual por naturaleza.
El que una radio comunitaria tenga acceso a publicidad y espacios comerciales no generará competencia a ninguna de esas cadenas de radiodifusión que dominan el mercado del espectro radioeléctrico en nuestro país.
¿Es un lucro el garantizar mejores condiciones de vida para las comunidades beneficiadas por una estación de radio difusión comunitaria? Lucro es no hacer nada. Lucro es seguir beneficiando a quienes ya tienen demasiado. Lucro es no crear leyes para garantizar el funcionamiento de estaciones de radio que informen, preserven, promueven y que ayuden a la creación de una sociedad indígena participativa.
Lucro es seguir obstaculizando la comunicación indígena, poner piedras a los sectores sociales que gracias a muchas antiguas costumbres han tropezado miles de veces en su lucha por un medio de comunicación que encuadre sus demandas, sus orígenes y sus voces.
La relatoría de libertad de expresión de la OEA incluye un capítulo denominado El ejercicio de la libertad de expresión por medios de comunicación comunitarios, en este capítulo se afirma lo siguiente; Las radios comunitarias se erigen como medios que canalizan la expresión, donde los integrantes del sector pobre suelen tener mayores oportunidades de acceso y participación en relación a las posibilidades que pudieran tener los medios tradicionales.
Hagamos algo hoy, demos pauta a este régimen democrático justo que mencioné en un principio, donde los derechos sean iguales, donde las oportunidades sean equitativas, brindemos a las comunidades indígenas y sectores sociales rezagados una brecha más estrecha en el ámbito informativo, hagámoslo ahora, no limitemos el acceso a la información de todo mexicano, con argumentos económicos. No propiciemos que las radios comunitarias desaparezcan por no tener un sustento económico adecuado que garantice su pleno funcionamiento y desarrollo.
Es el momento de reconocer a las comunidades indígenas, llenemos de esperanzas y generemos contextos de una sociedad participativa, justa y sin ningún tipo de discriminación. Honremos la fortaleza que han demostrado por años, apoyemos los proyectos integrales y de desarrollo que conlleva la radiodifusión comunitaria.
No basta con llorar y pedir perdón a los pobres y desprotegidos al final de nuestro informe, tenemos la oportunidad para decidirlo y para hacerlo. Dejemos los discursos incluyentes, realicemos acciones incluyentes en beneficio de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, también para su propuesta de modificación del 89. Inmediatamente después la diputada Teresa Mojica Morga.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, si algo queda claro de escuchar a quienes me antecedieron es que este artículo 89 del dictamen que se propone lo único que hace es dejar en evidencia el doble discurso del Estado mexicano y de las élites políticas y de los grupos de facto de este país, que se rasgan las vestiduras hablando a favor de los derechos de los pueblos indígenas, que reforman el artículo 2 de la Constitución y lo hacen excesivamente extenso, pero finalmente a pesar de lo extenso que pueda ser el artículo 2 de nuestra Constitución, relativo a los derechos de los pueblos indígenas, en la práctica, y más cuando se aprueban este tipo de dictámenes, se convierten en letra muerta.
Lo que aquí se propone, en las siete fracciones del artículo 89, es condenar a la desaparición a las emisoras de carácter social y específicamente a las que tienen un carácter comunitario e indígena.
El hecho de que una estación no tenga fines de lucro, no quiere decir que no le podamos dar las herramientas para su subsistencia, para su sobrevivencia, para que tenga el autofinanciamiento para poder cumplir con los fines sociales a los cuales está encaminado.
Y aquí, en esta reforma, lo que se le hace es coartarles esas posibilidades de autofinanciamiento, condenarlas a vivir solamente de algunos recursos que le puedan enviar los entes públicos federales, pero se les evita la posibilidad de tener publicidad, vender publicidad y hacerse de recursos para su sobrevivencia.
En pocas palabras, se quiere matar de inanición a las radios comunitarias, a las concesiones de uso social, específicamente comunitario e indígena.
Por eso, aunque sé que es predicar en el desierto, quisiera hacer un llamado, uno más de los múltiples llamados que esta noche se han hecho, para que pudiéramos reflexionar sobre este artículo 89, sobre su impacto en las estaciones comunitarias e indígenas y la posibilidad, que eso es lo que vengo a plantear aquí, sobre todo de suprimir la fracción séptima para darles la posibilidad de que tengan la venta de publicidad y con ello un mecanismo de autofinanciamiento.
Que insisto, que sean estaciones sin fines de lucro no quiere decir que les cerremos las posibilidades de autofinanciamiento, la ley ya señala que en casos de excedentes pues que se vaya a reinvertir en la propia concesión, en su modernización, en su mejora y, por lo tanto, no veo razón para que les impidamos allegarse recursos de manera legítima y eficaz. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra la diputada Teresa Mojica Morga, también para referirse al mismo artículo 89, e inmediatamente después la diputada Patricia Lugo.
¿No se encuentra la diputada Teresa Mojica? La diputada Patricia Lugo, tiene la palaba para presentar su reserva al artículo 89.
¿Vas a presentar las cuatro? La diputada Patricia Lugo va a presentar las cuatro reservas que tiene. Adelante, diputada.
La diputada Patricia Lugo Barriga: Gracias, presidente. Respecto a este artículo número 89, debemos considerar que en el mundo de la radiodifusión de uso social se han ido abriendo espacios cada vez más grandes, su importancia radica en que hoy por hoy son considerados factores indispensables de cohesión social. Sus propósitos culturales, científicos, educativos y sin fines de lucro los dotan de nobleza, pues entre ellos destacan los medios comunitarios e indígenas y por lo regular su intención ha sido la de favorecer a la comunidad y su desarrollo.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Amarc, define este tipo de concesiones como emisoras que hacen este ejercicio en diversas condiciones, poniendo en común ideas y creencias que se transforman en innovadores procesos comunicativos.
Radios comunitarias hechas por mujeres, comunidades indígenas, colectivo de jóvenes de zonas rurales y urbanas, todas con un fin común: la libertad de expresión y comunicación. Derechos humanos fundamentales reconocidos por tratados internacionales, que deben ser garantizados como tales por todos los Estados democráticos.
En ese sentido, la minuta enviada por el Senado de la República mantiene limitantes en el tema del financiamiento para las concesiones de uso social. Dentro de los medios de obtención de recursos, se contemplan los donativos, aportaciones y cuotas de cooperación, convenios de conversión con otros medios sociales para el mejor cumplimiento de sus fines y venta de publicidad a los entes públicos, federales, estatales también, los cuales destinarán el 1 por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad, autorizados en sus respectivos presupuestos, sin embargo no se contempla la posibilidad de patrocinio.
Es por esto, que mi propuesta va en el sentido de modificar el artículo 89, fracción VIII, donde dice: Patrocinios. Entendiéndose como tal el pago en efectivo o en especie que realiza cualquier persona denominada patrocinador, a fin de que se haga la mención o presentación visual de la denominación o razón social de la persona que realizó el pago, sin inducir la comercialización o venta de ningún producto o servicio.
Los patrocinios tendrán las siguientes características.
Deberán contar por escrito y establecer los derechos y obligaciones específicos entre el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano y el patrocinador.
Su formato no podrá corresponder al de un anuncio comercial y su duración no podrá exceder de cinco segundos, únicamente podrán hacer la mención o presentación visual del nombre, denominación o razón social del patrocinador, sin destacar ni exaltar sus atributos específicos.
Podrá mencionarse o presentarse visualmente la rúbrica, lema o eslogan del patrocinador. Mediante el patrocinio podrá informarse al público de apoyos o donativos de carácter social que lleven a cabo el patrocinador, y el patrocinio podrá financiar la instalación y operaciones de estaciones de radiodifusión, así como de producción de segmentos o programas completos de radiodifusión para una mayor transparencia.
Esto es en cuanto al artículo 89. En mi reserva del artículo 256 quiero reconocer la voluntad del gobierno federal por incluir en su propuesta un espacio que no compete única y exclusivamente a aspectos técnicos, sino que reconoce y contempla el destino final de las actividades que engloban la radiodifusión, que son personas, individuos como nosotros, millones de mexicanos a quienes antes de esta norma no se les reconocía de manera expresa un elemento fundamental, como son los derechos de las audiencias.
Se ha dado un primer paso con la inclusión del tema de los derechos, sin embargo fue un paso muy pequeño, incluso tímido, al pretender que los únicos que lo contemplen sean los concesionarios que ofrecen el servicio público de radiodifusión, como lo establece la propuesta del artículo 256.
Asimismo, desconozco si fue por descuido, malicia o falta de interés que la redacción del artículo anteriormente mencionado quedó sin pies ni cabeza al principio del mismo. Se establece que el servicio público de radiodifusión de interés general deberá prestarse en condiciones de competencia, lo cual, evidentemente limita su aplicación posterior después del catálogo de buenas intenciones que deberá contemplar el servicio público de radiodifusión.
El segundo párrafo del artículo instituye que los concesionarios de radiodifusión o de televisión de audio restringidos deberán expedir códigos de ética con el objeto de proteger los derechos de las audiencias.
Es aquí donde el artículo se vuelve particularmente confuso o engañoso, pues ese párrafo se aplica a todos los servicios de radiodifusión y qué bien que todos tengan que expedir códigos de ética para que se autorregulen. Pero qué pena que el comienzo del artículo donde realmente se encuentren las buenas intenciones ya no los abarca a todos.
La cuestión es, por qué no dar un gran paso y que todos los concesionarios de radiodifusión respeten y atiendan los derechos de las audiencias si el servicio de radiodifusión comercial cuenta con más del 50 por ciento de la misma, y por esa razón el propio Ifetel definió como preponderante a Televisa, que tiene cuatro canales de televisión abierta en múltiples estaciones de radio.
No podemos esconder la realidad de nuestro país, la radiodifusión comercial que engloba a Televisa y TV Azteca, entre otros, cuenta con el 95 por ciento de la audiencia. ¿Por qué no atender los derechos de la misma? ¿Por qué reducirla al servicio público de la radiodifusión?
Es por ello que recomendamos, en el artículo 256, fracción X, segundo párrafo, los concesionarios de radiodifusión, incluyendo a los que presten el servicio de televisión o audio restringido deberán expedir códigos de ética, con el fin de proteger los derechos de la audiencia.
El Presidente diputado José González Morfín: Sí, diputada, si quiere de una vez presentar las otras está bien.
La diputada Patricia Lugo Barriga: Continúo con el 259 y 261. En el mundo globalizado la sociedad necesita ser escuchada, no solo por cuestiones políticas y sociales. También requiere opinar acerca de los contenidos que recibe a través de los medios de comunicación. Tiene derecho a recibir una comunicación de calidad con contenidos que sean acordes a sus valores y educación. A tener la tranquilidad de que se respetan los horarios para la transmisión de contenidos no aptos para niños y jóvenes, así como herramientas que permitan la interacción de los medios y las autoridades para lograr una comunicación real y que se reduzca a una simple transmisión de mensajes, como actualmente se vive.
La principal característica de organismos internacionales es que no deben depender del gobierno y mucho menos de los concesionarios.
Algunos ejemplos de los consejos para la comunicación. Por ejemplo, en Francia el Consejo Superior Audiovisual. En Italia Autoridades de las Garantías de las Comunicaciones y en Reino Unido la BBC. Esto por citar solo algunos.
Todos ellos, los que hemos mencionado son independientes, tanto del gobierno como de los concesionarios. En cambio aquí, no obstante la propuesta del Ejecutivo Federal y la minuta enviada por el Senado de la República distan mucho de parecerse a los casos europeos.
En principio, no ha sido capaz de desvincular al gobierno de las cuestiones referentes a los contenidos. El referente para su coordinación y supervisión continúa siendo la Secretaría de Gobernación, dependencia que en sus atribuciones encuentra principalmente la de coordinar las relaciones del Ejecutivo federal con otras dependencias y con el Congreso de la Unión; es decir, su encargo es primordialmente de carácter político, lo que favorece que el gobierno intervenga y responda a intereses ideológicos y partidistas en beneficio o detrimento de un concesionario.
Sin embargo, lo más triste de la propuesta es que se ha dejado a la buena voluntad de los concesionarios de radiodifusión la defensoría de audiencia, que en caso de aprobarse serán los propios concesionarios los responsables de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos, pues incluso el texto actual limita la defensoría de las audiencias a los establecidos en los códigos de ética cuando estos son de carácter y aplicación interna y su incumplimiento jamás podría derivar en una sanción por parte de las autoridades competentes en la materia.
Nos queda claro que para desvincular a la Secretaría de Gobernación de todo lo referente a los contenidos se tendría que reformar una serie de normas, por lo que en otro momento procesal parlamentario presentaremos la propuesta; sin embargo no puedo dejar pasar lo que es la defensoría de audiencia que es responsabilidad de los concesionarios.
Es por ello que hacemos la siguiente propuesta de modificación al artículo 259. La defensoría de audiencia es el área dependiente del Instituto Federal de Telecomunicaciones encargada de hacer valer los derechos de los televidentes y radioescuchas; será responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. Atenderá las reclamaciones, sugerencias y quejas de los radioescuchas y televidentes sobre contenidos y programación; asimismo emitirá recomendaciones a los concesionarios y dará vista a las autoridades competentes cuando no se cumpla con lo dispuesto en la presente ley en materia de contenidos.
Los radioescuchas o televidentes deberán formular sus reclamaciones por escrito e identificarse con nombre, apellido, domicilio y teléfono, así como correo electrónico a fin de que reciban una respuesta individualizada. Asimismo deberán presentar sus reclamaciones o sugerencias en un plazo no superior a siete días hábiles posteriores a la emisión del programa objeto de la misma.
Recibidas las reclamaciones, quejas o sugerencias, el defensor emitirá una recomendación o respuesta de acción correctiva al concesionario de radiodifusión correspondiente. El defensor responderá al radioescucha o televidente en un plazo máximo de 20 días hábiles aportando las respuestas, en su caso la aplicación que a su juicio merezca.
Artículo 261. Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión deberán contar con una figura que atienda las recomendaciones y acciones correctivas de la defensoría de audiencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones que podrá ser el mismo concesionario conjunto entre varios concesionarios o a través de organismos de representación. Tendrán 15 días para llevar a cabo las acciones correctivas correspondientes a actuar las recomendaciones.
Finalmente sobre el artículo 311. Es acerca de esta figura precisamente, del defensor de audiencia. ¿Qué juez aceptaría a su cargo si la ley establece que es su responsabilidad la buena conducta de los ciudadanos, que el titular de los órganos internos de control aceptaría en su cargo si la ley que lo rige establece que es su responsabilidad la buena conducta de los servidores públicos? Pregunto a los elaboradores de esta minuta y de paso a los senadores de la República que discutieron hace unos días y la aprobaron, ¿por qué permitieron entonces que la responsabilidad del defensor de las audiencias nombrado por los concesionarios recaiga únicamente en él, pagando una multa de 100 a 500 dólares mínimos diarios vigentes en el DF por no cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 259 y 261 de la ley, o por no cumplir con los lineamientos de carácter general que emite el Ifetel sobre las obligaciones mínimas para los defensores de audiencia.
De quedar como está la redacción de los artículos 259, 261 y 311, las plazas de defensor de audiencia pretendidas por el gobierno federal y el Senado de la República quedarán permanentemente vacantes. Como lo hemos mencionado anteriormente, los artículos referentes a la defensoría de audiencia serán únicamente artículos de ornato que desde su inclusión pretendieron únicamente callar las demandas ciudadanas en cuando a derecho de audiencia y su defensa, pero que nunca se consideraron como una opción real para ser aplicables.
¿Dónde queda la responsabilidad del concesionario, quien realmente está beneficiado de la confianza que le confiere el gobierno al permitirle la explotación y aprovechamiento de los bienes que son uso exclusivo de la nación? Es claro. Lo que se pretende por un lado anunciar con estridente pirotecnia legislativa –termino, presidente–, que por primera vez se reconocerán sus derechos a las audiencias pero a sus espaldas, en lo oscuro se establece un procedimiento ligado a las televisoras que prácticamente vuelven inviable el hacer efectivos estos derechos.
Es por ello que yo propongo para el artículo 311 en el inciso c), donde dice: con multa de 100 a 500 salarios mínimos diarios vigentes del Distrito Federal al concesionario autorizado o programador por no cumplir con las obligaciones establecidas, según reza en la fracción I, y en la II por no cumplir con los lineamientos de carácter general que emite el instituto sobre los lineamientos para expedir el Código de Ética. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Patricia Lugo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas presentadas por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada Roxana Luna Porquillo, para presentar su propuesta de modificación a éste mismo artículo 90. No se encuentra.
Tiene la palabra para el mismo artículo 90 el diputado Carlos Fernando Angulo Parra; el diputado Juan Luis Martínez Martínez para el mismo artículo, y también el diputado Ricardo Mejía.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, presidente, seré breve. El artículo 90 trata del otorgamiento de las concesiones de radiodifusión para uso público, social y en relación con lo que debe de hacer el instituto y tomar en consideración.
Este artículo reserva para estaciones de radio FM, comunitarias e indígenas, solamente el 10 por ciento de la banda de radiodifusión sonora de FM. La propuesta es que se reserve para estos efectos el 30 por ciento para quedar la redacción de la siguiente manera.
“El instituto reservará al menos un 30 por ciento de frecuencias o bandas de frecuencia en frecuencia modulada y amplitud modulada para uso social, comunitario e indígena, necesario para asegurar el equilibrio entre los diversos usos del espectro”.
Ahora bien, el artículo 90 continúa en su fracción IV último párrafo, mencionando que “el instituto podrá otorgar concesiones para estaciones de radio AM comunitarias e indígenas en el segmento de la banda del espectro radioeléctrico ampliada que va del mil 605 al mil 705 hercios. Lo anterior sin perjuicio de que el instituto pueda otorgar concesiones de uso público, comercial o social que no sean comunitarios o indígenas en el resto del segmento de AM”.
Quiero mencionar lo siguiente: la banda de mil 605 a mil 705 podemos decirle que es la banda basura en el espectro radioeléctrico porque existe mucha interferencia en esos niveles de banda, que son los niveles más altos de la banda. Entonces creo yo que esto definitivamente lo debemos de eliminar para no perjudicar a este tipo de estaciones de radiodifusión de uso público social. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el diputado Juan Luis Martínez Martínez, para presentar su reserva al mismo artículo 90; inmediatamente después el diputado Ricardo Mejía. El diputado Juan Luis Martínez va a presentar cuatro reservas. Adelante, diputado.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Gracias. Compañeras y compañeros, la falta de conocimiento sobre la naturaleza de las radios comunitarias llegó a legislar de manera torpe, aunado al sometimiento del Congreso frente a los poderes fácticos. Combinación fatal que dio paso a esta farsa de la reforma constitucional en telecomunicaciones y la tragedia de las leyes secundarias.
Defender los derechos al acceso y manejo de los medios de comunicación no es un capricho de nadie, es una necesidad histórica, es asumir oficialmente que nuestra nación no sólo debe de reconocerse como pluricultural y pluribilingüe, sino que en los hechos funcione como tal.
El fundamento jurídico está en el pacto nacional que se traduce en la Constitución, en los pactos y convenios internacionales. Pero hoy vemos con dolor y tristeza que no se favorece a nuestra realidad cultural fundada en el corazón de las culturas primigenias y seminales.
En los hechos se favorece el monopolio que los medios que tergiversan y agreden nuestra cultura con modelos y contenidos integracionistas, pero más aún, discriminatorios y racistas.
Por eso es que reclamamos con fuerza y energía nuestros propios modelos de comunicación que favorezcan nuestro desarrollo con pertinencia cultural y estimular así la convivencia y el diálogo de cultura en un esquema constructivo.
Construyamos una igualdad con fundamento en la diferencia. No sigamos dando la espalda a las aspiraciones legítimas de los pueblos y comunidades indígenas. México no debe transitar por la negación legal y la discriminación de facto.
Organismos como la ONU y la Unesco, han insistido una y otra vez en que los medios comunitarios son necesarios para la construcción de una cultura de la paz para favorecer el intercambio de conocimientos profundos que los pueblos indígenas poseen.
Los pueblos indígenas necesitamos divulgar nuestro legado con libertad y democracia. No hagamos imposible la comunicación con las culturas que están en resistencia frente a un modelo de sociedad que los abandona y los humilla.
La comunicación alternativa y comunitaria permite fomentar cambios de actitud de comportamiento social, y en definitiva ayudar a las comunidades indígenas y a las mujeres a identificar las soluciones y oportunidades de desarrollo sustentable que se encuentran a su alcance y adquirir así voz propia.
No desvirtuemos su cultura, favorezcamos su desarrollo con leyes sensatas, dotándolos de derechos básicos como el acceso a los medios de comunicación bajo sus propios esquemas, sin interferencias pero con inclusión.
Así, una de las tareas que tenemos frente a nosotros es armonizar internamente nuestro marco jurídico nacional considerando que la reforma constitucional de junio del 2011 constituyó un paso importante para garantizar un trato digno y respetuoso a las comunidades milenarias.
Luego entonces, sin duda la comunicación indígena e intercultural es una actividad clave para fortalecer a los pueblos y comunidades porque les permite compartir información útil para tomar mejores decisiones. Facilita el diálogo con la sociedad no indígena y puede contribuir favorablemente a propiciar políticas públicas incluyentes y democráticas. Tal y como lo ha reconocido la Organización de las Naciones Unidas, se trata del derecho para establecer sus propios medios de información en sus idiomas y para acceder a los demás medios de información sin discriminación ni prejuicio.
En suma, busquemos refrendar el compromiso con la consolidación de una sociedad plural, intercultural e incluyente a fin de vitalizar el México profundo que todos anhelamos.
Hagamos realidad los derechos constitucionales en materia de radio y comunicación que establece la fracción VI del artículo 2o que señala la obligación del Estado mexicano para la construcción y ampliación de las vías de comunicación y telecomunicación, establecer condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que la ley de la materia determine.
Lo que tenemos que hacer, compañeras y compañeros, es encontrar cómo refrendar en la ley secundaria nuestra obligación con lo que nos mandata la Constitución y los tratados internacionales.
Voy a presentar también reserva al artículo 170 con dictamen o proyecto de decreto por el que se expíde la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Los avances que trajo consigo la revolución industrial del siglo XIX cambiaron el rumbo del mundo entero. Las nuevas tecnologías de la época facilitaron la vida y lograron impulsar el desarrollo de todas las ramas de la producción. Sin embargo, los nuevos procesos trajeron consigo nuevos problemas, despidos masivos, huelgas laborales, desabastecimiento y crisis, son algunas de las complicaciones que acompañaron la transformación.
Diversos estudios hablan de los daños provocados en la salud de los seres humanos a causa de las ondas electromagnéticas que emiten las antenas terrenales de los servicios de televisión y telefonía.
Las lagunas en nuestras leyes vigentes han permitido que la proliferación de las antenas se lleve a cabo sin regulación alguna. No hay nada que especifique dónde y cómo deben ser instaladas las mismas.
Al respecto, Movimiento Ciudadano propuso una iniciativa en la que se busca prohibir la instalación de estas antenas a menos de 600 metros de las zonas urbanas. Sin embargo, la misma no ha sido ni siquiera dictaminada. Es por eso que proponemos incluir esa reglamentación en la presente legislación.
Es cierto que no hay una comprobación fehaciente del daño que las ondas pueden generar en la salud, sin embargo, diversos países han implementado políticas preventivas como las que aquí proponemos.
Estamos pues en el momento oportuno para empezar a cambiar la mentalidad y las políticas de nuestro país, quizá apostar por una política de prevención sea una mejor estrategia que la de atender el problema cuando su gravedad haya aumentado.
Derivado de lo anterior someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva al artículo 170 para quedar como sigue:
Instalar, establecer, operar o explorar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones sin tener el carácter de concesionario; operar o explotar estaciones terrenas para transmitir señales satelitales, los cuales no deberán colocarse en hospitales, escuelas, centros deportivos y zonas habitacionales.
Presentaré también reserva a la fracción B del artículo 298, con la intención de sancionar el incumplimiento de una norma, es resarcir de daño y que el infractor no vuelva a cometer la falta y al mismo tiempo una forma de intimidación para aquellos quienes pretenden cometer el delito.
Tal como se presenta el dictamen que ahora discutimos, las sanciones para aquellos y quienes contravengan las disposiciones sobre homologación, incumplan las obligaciones de registro, interfieran el derecho de los usuarios de internet, rebasen los topes máximos de publicidad, no cumpla con las obligaciones de la concesión o cometan violaciones al reglamento, irán desde el 0.51 por ciento hasta el 1 por ciento de los ingresos del concesionario.
En materia de telecomunicaciones, Televisa ha sido considerada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones como agente preponderante. Tan solo en el último trimestre de 2013, las ganancias de la televisora por los servicios de televisión restringida ascendieron a más de 21 mil millones de pesos.
América Móvil, el otro consorcio determinado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones como agente predominante tuvo ganancias que ascienden a 17 mil millones de pesos aproximadamente, ambas sanciones son una burla, en ninguno de los ejemplos el correctivo inhibe la comisión de un delito, ni evita que se vuelva a cometer.
En los últimos años, en los gobiernos de Felipe Calderón y del actual Enrique Peña Nieto, le han apostado al fortalecimiento de las sanciones al aumento de penas corporales y al endurecimiento de la autoridad, pero sólo en los ciudadanos en la sociedad civil, con los grandes consorcios con los empresarios, los políticos cercanos han metido una política de impunidad y compadrazgo cínica y deplorable.
Esta nueva ley la hicieron al gusto de la televisora, de forma que sus intereses no se vean afectados en lo más mínimo. Es una burla para la sociedad, y de tal manera que presento esta reserva a fin de que se incrementen las penas para aquellos que cometen este tipo de delitos.
También voy a presentar la reserva al inciso a) del mismo articulado, 298. Las telecomunicaciones en nuestro país es dominado por un grupo de poderosos empresarios, por ello se necesita que en esta reforma a las leyes secundarias se regule de manera estricta las formas de operación de las empresas dedicadas al sector que cuente con apertura para que exista mayor competencia y que se combata la desigualdad que concurre.
Hasta el día de hoy vemos cómo ciertas empresas importantes de comunicación tienen dominio y hace caso omiso de lo que son sus responsabilidades para con las autoridades. En la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se pretende sancionar a los concesionarios que de manera extemporánea presenten avisos, reportes, documentos e información.
Es una buena medida para que las empresas asuman responsabilidades de manera transparente frente a las autoridades, sin embargo para las grandes empresas las multas son insignificantes del 0.1 por ciento hasta el 0.5 por ciento de los ingresos de quien incurra en alguna falta de las ya mencionadas.
Televisión Azteca reporta en su último trimestre del año 2013 una utilidad neta de 771 millones de pesos, empresa que cuenta con 108 estaciones televisiva, 30 por ciento del total de las que existen en nuestro país.
Nuestra reserva es para que se incremente el porcentaje de multas del 3 por ciento al 5 por ciento. Se necesita que las empresas aporten un monto significativo y eviten pagarlo. No vamos a permitir que se siga consintiendo con castigos que no hacen eco y por ende seguirán faltando a las autoridades irresponsablemente, provocando que esta ley sea ineficiente e insuficiente para las necesidades de millones de mexicanos.
Compañeras y compañeros, es cuanto. Y aprovecho esta máxima tribuna del país para decirle a mis hermanas y hermanos indígenas que una vez más los poderes fácticos están aniquilando, están dando una vez más la cuchillada por la espalda, desatendiendo de manera brutal a nuestras radios comunitarias, el único medio para difundir nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones en nuestros pueblos originarios. Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Martínez Martínez.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja para presentar su reserva al mismo artículo 90. Y en turno la diputada Alliet Bautista Bravo para el 100.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Para solidarizarnos y compartir lo que han expresado mi compañero Juan Luis Martínez, la diputada Yazmín Copete, el diputado Carlos de Jesús Alejandro, Aida Valencia, Gloria Bautista, en cuanto a este despojo, a esta reforma que deja no en segundo o en tercer término a la radio comunitaria, a las radios sociales, sino prácticamente en el último escalón del interés público.
Ya se ha afirmado aquí que se le dejan las migajas del espectro radioeléctrico, solamente para cuidar la forma pero en realidad no se busca en este sistema de medios oligopólico, concentrador, que haya ninguna competencia de los medios públicos, de los medios universitarios, de los medios del sector social, de los medios comunitarios, de los medios indígenas. Se está generando a partir de este modelo de comunicación una sola visión del país; un pensamiento único para mantener adormecida a la sociedad y seguir consolidando su hegemonía política a costa del interés nacional.
La Ley secundaria no permite que los medios públicos, que las radios comunitarias e indígenas cuenten con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia, pleno acceso a tecnología y reglas para la expresión de sus diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Se está pisoteando el derecho de millones de mexicanos a tener acceso a medios de carácter social.
Es una Ley con dedicatoria a favor de los grupos oligopólicos, es una Ley que pone trabas a veces mayores a estos medios comunitarios de uso social, que los que le conceden a los medios privados. Por eso estamos planteando en el artículo 90 modificar la fracción IV para establecer un garantismo social a favor de los medios de uso social y comunitario.
Estamos planteando que una vez que quede claro la capacidad técnica y los medios humanos para poder realizar esta función, el Ifetel, el Instituto Federal de Telecomunicaciones auxilie a todos los interesados en obtener una concesión de uso social para integrar debidamente su solicitud. Es decir, se trata de que este órgano constitucional facilite la comunicación social de los medios comunitarios y de este tipo de radio.
Creemos que es la medida de auxiliar a que haya una genuina libertad de expresión en el país y no solamente medios de comunicación al servicio del poder, al servicio del PRI, al servicio de los gobernadores, al servicio de la oligarquía, queremos medios a favor del pueblo y por eso tiene que haber esta cláusula de garantismo social a favor de estos medios comunitarios. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado Mejía.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, para presentar su reserva al artículo 105, fracción I. inmediatamente después la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz y el diputado Uriel Flores Aguayo.
El diputado Monreal va a presentar tres reservas. Pediría que le pusieran el tiempo que le corresponda.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, voy a compactar tres reservas, las relativas al 105, al 114 y al 117. Aunque son de naturaleza distinta, vamos a permitirnos hacerlos en un solo acto.
En el país los títulos habilitantes para telecomunicaciones se dividen en concesiones, permisos y registros. Las concesiones incluyen servicios públicos de telecomunicaciones, redes públicas, bandas de frecuencia y material satelital.
Las bandas de frecuencia son intervalos del espectro electromagnético asignados a diferentes usos dentro de las radiocomunicaciones, que abarcan el espectro de radiofrecuencia y microondas. Y estos son divididos en sectores.
En México el espectro radioeléctrico, como espacio aéreo, es un bien nacional, es inalienable y es imprescriptible, por lo que está sujeto al régimen de dominio público de la federación y susceptible de aprovechamiento por particulares a través de concesión. Y por ello el Ejecutivo federal está facultado para dar el otorgamiento de licencias para su uso y aprovechamiento adecuado, conforme a las leyes establecidas.
Sin embargo, el tema de las concesiones en nuestro país tiene que mejorar, ya que existe una concentración extrema de medios de comunicación en manos de unos cuantos y por ello los precios en los servicios de este sector son elevados y de mala calidad.
Contrario a lo que afirma ahora el comunicado de América Móvil y de Telcel, Telmex y Telcel, la OCDE afirma que los mexicanos pagaron anualmente 13 mil 400 millones de dólares entre 2005 y 2009 en sobreprecios de telefonía celular, servicio de banda ancha. De hecho, estos precios que maneja América Móvil son los más altos entre los países miembros de esta organización.
La realidad es que México es un país de grandes monopolios, América Móvil tiene la llave de Internet y las redes sociales, el duopolio televisivo, los canales de cable satelital y el 95 por ciento de la televisión abierta y casi el 70 por ciento de la televisión restringida, ambas empresas concentran el 95 por ciento de frecuencias concesionadas.
Lamentablemente en nuestro país las cosas se manejan a base de intercambio de favores con los gobernantes, sólo velan por sus intereses, dejando a un lado las necesidades de la población mexicana.
Por eso, estoy planteando en la presente reserva combatir los monopolios, agregamos a la fracción I del artículo 105 la expresión en caso de concentración y prácticas monopólicas, cambiar o rescatar bandas de frecuencia o recursos orbitales.
No dejemos que las empresas dominantes en el sector de telecomunicaciones se sigan protegiendo bajo la complicidad de las autoridades. Necesitamos impulsar nuevas empresas para lograr la pluralidad en el sector y romper con los monopolios que sólo destruyen la economía de todos los mexicanos.
En éste y en los otros dos, presidente, le solicitaría plasme íntegra nuestra propuesta de reserva. La propuesta contemplada en el párrafo cuarto del artículo 114 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, menciona que para el otorgamiento de las prórrogas de las concesiones, el Instituto notificará a la secretaría, previo a su determinación, quién podrá, en todo caso, emitir opinión técnica no vinculante, en un plazo no mayor a 30 días y que transcurrido este plazo, sin que se emita opinión, el Instituto continuará el trámite correspondiente, lo que llamamos y conocemos como la afirmativa ficta.
Lo anterior denota una visión incorrecta en la esencia de un órgano constitucional autónomo, ya que se pretende tomar en cuenta la opinión del secretario del ramo en todo lo referente a las concesiones y aunque no es vinculante puede ser la diferencia entre el otorgamiento, prórroga o revocación de alguna concesión en materia de comunicaciones, por el sólo hecho de ser secretario de Estado.
Se pretende atraer las prácticas más lesivas del viejo régimen, tratando de empoderar a los secretarios de Estado para que éstos, por mandato del presidente, tengan mayor margen de acción en todos los sectores estratégicos del país.
La historia nos ha enseñado que la acumulación de poder en un solo órgano de gobierno puede traer serias consecuencias a la hora de la toma de decisiones. El artículo 28 de la Constitución, establece en el artículo 15, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, por lo que no debería estar vinculado a ninguno de los poderes constituidos.
Cabe señalar, que el Instituto es un órgano especializado en la materia, por lo que se nos hace absurdo que el secretario del ramo deba emitir una opinión técnica al otorgar una concesión y otra para el otorgamiento de prórroga, las cuales de no ser emitidas éstas en un plazo no mayor a 30 días, el Instituto continuará los trámites respectivos.
El concepto de autonomía, en su estricto sentido institucional, se entiende como una forma de división de poderes. Sin embargo, con la disposición que se pretende aprobar, el Instituto pone en riesgo ese carácter, el carácter de autónomo, pues se lesiona su independencia en la toma de decisiones al estar influido por intereses políticos, lo cual pudiera afectar el adecuado funcionamiento del órgano.
Por eso es que nosotros proponemos se elimine del párrafo cuarto del artículo 114 del dictamen a discusión, los órganos autónomos constitucionales, para que se elimine esta opinión, que aunque no es vinculante, nos parece que desnaturaliza la autonomía del órgano denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por lo que consideramos que se debe eliminar esta fracción y otorgarle plena autonomía.
La última reserva, ciudadanos legisladores, es al 117. Es un asunto muy delicado. Este artículo refiere que en caso de desastre natural, de guerra, de grave alteración del orden público o cuando se prevea algún peligro inminente para la seguridad nacional, la paz interior del país, la economía nacional, el Ejecutivo federal pueda requisar las vías generales de comunicación. Que el Instituto apoye la labor técnica de la requisa, mientras subsista, que se mantengan las condiciones que la propiciaron, y que el administrador designado por el presidente de la República tenga facultades amplias para cumplir con los fines establecidos.
Consideramos que aprobar este artículo en los términos del dictamen enfrenta lo que establece el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Recordemos que establece este artículo la suspensión de garantías, que señala que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otra que ponga a la sociedad en grave riesgo o conflicto, solamente el presidente de la República, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país, o en lugar determinado, el ejercicio de los derechos y las garantías que fueran obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación que deba hacerse por un tiempo limitado.
En oposición a lo establecido por la Carta Magna, este artículo no requiere la aprobación del Congreso para que el titular del Ejecutivo tenga facultades amplias en el manejo de las vías generales de comunicación, ni establece un límite de tiempo para el uso de las facultades adquiridas.
Esta Cámara representa la desgracia del pueblo mexicano. La aplastante mayoría sometida a la voluntad de la élite del poder. Una minoría que alza la voz, que nunca es escuchada, justo como sucede en la vida diaria, fuera de este recinto.
Se han empecinado en aprobar leyes sin moverles ni una coma, sin tomarse la molestia de revisar el contenido o la técnica legislativa. Las aprueban tal y como las envían los poderes fácticos, Presidencia de la República y los senadores que hacen comparsa con ellos, prefieren ser la burla del Senado, de la Suprema Corte cuando nos hacen correcciones o cuando con un voto se oponen a este tipo de dictámenes.
El último ejemplo es esto que estamos comentando, por eso es que proponemos reformar el artículo en comento para que el Ejecutivo requiera la mayoría calificada del Congreso de la Unión para hacer uso de esta facultad, misma que deberá ser por tiempo limitado. Es, ciudadanos legisladores, simplemente otorgarle congruencia, no puede esta disposición legal secundaria reglamentaria contradecir la Constitución.
Se han cometido graves desviaciones jurídicas en esta Cámara, se han aprobado leyes contrarias a la Constitución y lamentablemente se siguen cometiendo una serie de barbaridades jurídicas que no podemos dejar pasar sin siquiera discutir, comentar o deliberar, nos parece muy grave lo que sucede en esta Cámara, hemos entrado a un proceso de decadencia política y de desconfianza ciudadana. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Los documentos se insertarán íntegros en el Diario de los Debates. Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Monreal.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se consulta a la asamblea si se aceptan a discusión. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra, la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, para presentar su reserva al 105. El diputado Uriel Flores Aguayo, ya lo había comentado; y después el diputado Carol Antonio Altamirano.
La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz: Con su permiso, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante.
La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz: La Constitución faculta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a establecer y publicar criterios y lineamientos generales para identificar concentración de frecuencias, concesionamiento y propiedad cruzada que deben regularse.
El artículo 105 dice que el instituto podrá cambiar o rescatar bandas de frecuencias o recursos orbitales en cualquiera de los siguientes casos. Y dice en su segundo, por razones de seguridad nacional a solicitud del Ejecutivo federal. Propongo en esta reserva adicionar, que por razones de seguridad nacional a solicitud del Ejecutivo federal y que dicha solicitud se aprobada por la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Ésta sería mi reserva en este artículo en la fracción II que se adicione, que sea también aprobada por mayoría absoluta de la Cámara de Diputados cuando se pretenda cambiar o rescatar bandas de frecuencia o recursos orbitales. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra el diputado Uriel Flores Aguayo, para presentar su propuesta de modificación al 114. Inmediatamente después diputado Carol Antonio Altamirano y posteriormente la diputada Roxana Luna Porquillo. Si no está el diputado Flores Aguayo, tiene la palabra el diputado Carol Antonio Altamirano y posteriormente la diputada Luna Porquillo.
El diputado Carol Antonio Altamirano: Muchas gracias, señor presidente. Diputadas y diputados. El dictamen que se presenta tiene, entre otros errores, dos omisiones que impide dar cumplimiento a disposiciones constitucionales y que dejan pendientes temas muy sensibles, tanto para miles de trabajadores de las telecomunicaciones como a los usuarios de origen indígena que radican en pequeñas localidades de todo el país. Así, presento las correspondientes reservas para corregir las deficiencias y por razones de tiempo lo hago en una sola intervención.
La primera omisión es respecto de los derechos de los trabajadores de las telecomunicaciones que se prometieron cuidar en la reforma constitucional de mayo de 2013, pero de los cuales no se dice ni una palabra en la iniciativa del Ejecutivo ni en el dictamen.
Si no intervenimos con responsabilidad se crearán las condiciones para que las empresas de las telecomunicaciones, en un afán de reducir costos y ganar mercados, terminan trasladando la reducción de costos a las espaldas y bolsillos de sus trabajadores. Por tanto, quiero dejar testimonio de una propuesta para modificar el artículo 43 del proyecto de decreto desde la denominación del Capítulo Octavo que no debe referirse sólo a los trabajadores del instituto, es decir el órgano regulador, sino también a los operadores de telecomunicaciones y de radiodifusión.
En consonancia con el artículo 18 transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, en la ley debe establecerse que los derechos de los trabajadores se respetarán en todo momento.
De manera específica debe señalarse que en las concesiones de todas las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión, se incluirá un capítulo que haga referencia expresa a los derechos laborales, y cuando digo todas, me refiero a las empresas de radio, las televisoras abiertas y de paga, así como a las de telefonía fija y celular. Ninguna debe eludir su responsabilidad con los trabajadores.
También debe señalarse que todas las empresas de radiodifusión y telecomunicaciones llevarán a cabo la capacitación y profesionalización de los recursos humanos, para que el desarrollo del sector sea con base en la participación y mejoramiento de las capacidades de los trabajadores.
Lo anterior debe hacerse en apego a los convenios de la OIT y al citado artículo dieciocho transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que señala que “los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en las empresas y organismos dedicados a las actividades que comprende el presente decreto, se respetarán en todo momento de conformidad con la ley”.
Lo que les propongo es honrar y cumplir el mandato constitucional y no dejar la puerta abierta para que la lucha por el mercado de las telecomunicaciones sea aplastando los derechos de los trabajadores.
La segunda omisión está vinculada al incumplimiento de dos disposiciones constitucionales. En este caso las señaladas en el tercer párrafo del artículo 6o, así como lo dispuesto en la fracción VI del apartado b) del artículo 2o., de la Carta Magna.
De acuerdo al artículo 6o., constitucional, el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet.
Esto quiere decir que el sentido del mandato constitucional es que todas las personas deben tener acceso a este conjunto de servicios.
Pero resulta que el dictamen tiene el efecto negativo de desalentar la inversión de la compañía existente, Telmex, sin obligar a las nuevas compañías a invertir en el desarrollo de la infraestructura. Así ya no habrá nuevas inversiones, en especial, fuera de las grandes ciudades con lo cual no se cumplirá la garantía de acceso.
Además existe otro mandato constitucional en el artículo 2o., apartado d) que de manera específica , para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, obliga a las autoridades a extender las redes de comunicaciones que permita la integración de las comunidades mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación.
Ello significa que existe mandato aplicable a las autoridades federales para construir y ampliar las alternativas para la telecomunicación de las comunidades indígenas, pero lamentablemente el dictamen no se hace cargo de ese mandato.
Lo anterior debe corregirse y expresarse claramente en la ley. La propuesta que presento consiste en establecer en el artículo 118 la obligación de los concesionarios que en la actualidad operen redes públicas de telecomunicaciones en pequeñas localidades, las sigan operando hasta en tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones imponga la obligación de participar en este mercado a los demás operadores de telecomunicaciones, partiendo del principio de la no discriminación hacia los clientes y la extensión de la red de telecomunicaciones.
Es decir que si no intervenimos, el perjudicado será el usuario. La empresa existente, es decir Telmex, ya no tiene incentivo para intervenir en pequeñas localidades, y las nuevas empresas tampoco lo harán porque les importa más el mercado de las grandes ciudades, de manera que la inversión en este rubro queda en riesgo, y con ello la obligación de extender el servicio a las pequeñas comunidades donde radica la población indígena se convertirá en letra muerta.
No caigamos, como cámara revisora, en el absurdo de identificar áreas débiles en el dictamen y que aun señalando ese vacío respecto de los mandatos constitucionales simplemente los ignoremos.
Los invito a corregir estos dos artículos y con ello optimizar la definición y obligaciones legales. Los planteamientos son sencillos y protegen el interés general. Sólo falta la voluntad política de ustedes para tener, por lo menos en estos aspectos, una mejor ley.
Le solicito, señor Presidente, insertar de manera íntegra mis propuestas de reserva en el Diario de los Debates. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado, así se hará. Se insertan íntegras en el Diario de los Debates. Le pido a la Secretaria consulte a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada Roxana Luna Porquillo para presentar su propuesta de modificación al 118 y vigésimo quinto transitorio. Inmediatamente después la diputada Gloria Bautista.
La diputada Roxana Luna Porquillo: En el artículo 118 en las fracciones VI, VIII y vigésimo quinto transitorio se plantea, para poder modificar y adicionar para garantizar previamente que queden establecidas las regulaciones asimétricas en materia de tarifas que eliminan el cobro por la larga distancia mediante la exclusión en tres años del área del servicio local, sin considerar las dificultades técnicas que pudieran presentarse en dicho período.
La reglamentación incurre en un exceso, ya que no considera la falta de homogeneidad en la arquitectura de la red de los diferentes concesionarios actuales y futuros.
Asimismo, no se contempla la onerosa carga económica...
Sí les pido si pueden guardar silencio o por lo menos pongan atención, diputados.
Asimismo no se contempla la onerosa carga económica en la infraestructura activa y pasiva para los operadores que podrán incurrir en un impacto negativo en inversiones posteriores relativas al crecimiento y al mantenimiento de la red de telecomunicaciones.
Se establece la corresponsabilidad social de todos los operadores de telecomunicaciones que deberán atender a los segmentos menos rentables del mercado a fin de garantizar el acceso de todos los sectores sociales a las tecnologías de información, comunicación, radiodifusión y banda ancha.
Esta responsabilidad se establece por dos vías complementarias a través de la obligación de los títulos de concesiones y por medio de un modelo de contraprestación de infraestructura que considere a todos los segmentos del mercado. Todo lo anterior en función de las modalidades que deberá definir el Ifetel.
En virtud de lo anterior, se propone la modificación en el sentido que quede de la siguiente manera en la fracción IV, incluyéndose la propuesta en la fracción IV: sujetándose las políticas que determine el Instituto para la reproducción gradual de los cargos por larga distancia de conformidad con los plazos y modalidades en la que el Instituto Federal defina para la consolidación de las áreas de servicio local, con el propósito de definir la aplicación de las tarifas que correspondan en cada período.
El Instituto considera la diversidad tecnológica en la arquitectura de las redes de telecomunicaciones, así como las necesidades de inversión que correspondan a los distintos operadores de telecomunicaciones.
En cuanto a la fracción VIII que se incluya, una vez terminando continuará prestándolo, se integraría la propuesta de hasta en tanto el Instituto imponga la obligación de participar en este mercado a los demás operadores de telecomunicaciones, partiendo del principio de la no discriminación de los clientes.
El Instituto definirá un período de transición para que en los títulos de concesión de todos los operadores se establezcan la responsabilidad precisa en materia de cobertura de manera que se entiendan que por todos los operadores, aquellos segmentos de mercado de poblaciones alejadas de bajos recursos y de difícil acceso. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se admiten a discusión las propuestas.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada Gloria Bautista Cuevas, para presentar sus reservas, inmediatamente después también la diputada Crystal Tovar Aragón.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Quiero solicitarle, señor presidente, me permita presentar todas las reservas juntas, por favor, y que me de el tiempo necesario.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Gracias. Lo que ocurre con la interconexión a través de este lamentable dictamen debe dividirse en dos apartados: por un lado, se pierde una oportunidad histórica de dotar al regulador de facultades conforme a las mejores prácticas internacionales y opiniones de la OCDE al mantener un absurdo esquema de diferendos y regulación ex post, por el otro, pero coincidente con la óptica de todo el dictamen se aplasta la facultad del mismo regulador para, de manera dinámica y eficiente, a los actores preponderantes o dominantes, al establecer en la ley la rigidez de una tarifa gratuita.
Esta soberanía se convierte en regulador, desarrolla un modelo de costos y establece la tarifa de interconexión en un texto legislativo increíble.
Respecto del primer punto es evidente que los aquí presentes jamás se han asomado al funcionamiento del mercado de la interconexión y la enrome problemática generada al impedir que la Cofetel, en su momento, y hoy Ifetel puedan determinar las tarifas de interconexión ex ante, sin estar sujeto a los acuerdos que tengan dos concesionarios, muchas de las veces atentando en contra del usuario.
¿Quieren realmente apoyar al consumidor, señores diputados, señoras diputadas? Pues ésta es la forma, dotando al regulador de la facultad que, con base en modelos de costo, establezca las tarifas de interconexión antes de que inicie cada año, no a mitad del mismo y después de un diferendo entre particulares.
Lo anterior no sólo es lo que más conviene al consumidor, sino que ordena al mercado, da certidumbre y permite diseñar mejores estrategias comerciales. Basta recordar que el esquema actual en el que el regulador se sienta a esperar que sean los concesionarios quienes dicten las tarifas quién sabe con qué criterios nos tiene con tarifas de interconexión pendientes desde el año 2007.
Es decir, es un esquema que ha probado su absoluta ineficiencia y que hoy pretendemos mantener en contra de mejores prácticas internacionales y recomendaciones de la OCDE. Se propone por lo tanto que sea el Ifetel quien establezca todas las tarifas de interconexión del mercado mexicano, y que lo haga con la oportunidad suficiente para dar certidumbre a los operadores, como sucede en todo país desarrollado.
La libertad tarifaria queda intacta, pues las tarifas al usuario final son establecidas con toda libertad por el concesionario, lo que se regula en un insumo esencial de interés público reconocido así por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En segundo término, ya adelantaba, México podría convertirse en el único país del mundo que incluye una tarifa de interconexión en su legislación. En el resto de los países, incluso en varios con concentraciones similares al nuestro, la tarifa de interconexión se entiende siempre como una decisión que corresponde al regulador, a nadie más. La ley, si acaso, incluye directrices, lineamientos o criterios generales que debe cumplir el modelo de costos que arroje dicha tarifa.
Pero nosotros somos distintos, el Senado de la República cuenta con los especialistas suficientes para asegurarnos que la mejor tarifa de interconexión para el preponderante o dominante es cero, y hay que ponerlo en la Ley.
Por cierto, para todos aquellos que argumentan que debemos respetar las decisiones del regulador, les tengo una noticia. Desde marzo pasado el Ifetel ya estableció una tarifa para el preponderante, y no es cero.
En este baile de argumentos que se acomodan conforme a los intereses que les dictan, aquí sí vamos a dejar sin efectos dichas resoluciones que colocaban la tarifa en 0.20 centavos para el mercado móvil y 0.02 centavos para el fijo. Y si por alguna razón nos equivocamos y lastimamos al mercado, no se preocupen, basta con volver a reformar la Ley.
Valdría la pena que el Senado fuera ya contratando los modelos de costos que nos permitan regular el mercado.
Paso al artículo 158. Ante la preocupante concentración en el servicio de televisión abierta, el regulador mexicano tiene pocos elementos de regulación tan efectivos como la multiprogramación. El dictamen deja pasar una oportunidad histórica para regular este excedente de capacidad a favor de la pluralidad y la competencia como mandata el artículo 6 constitucional, de paso limita las facultades del regulador que en otros temas varios de ustedes supuestamente defienden, al convertir a la multiprogramación en un esquema casi de autorregulación, autorregulación pura en la que los concesionarios deciden la forma en la que explotarán esta ventaja. Créanme, lo harán a su favor, de nadie más, y menos de los mexicanos.
El artículo 158 del dictamen es una burla y a mi juicio abiertamente inconstitucional, pues viola el artículo tercero transitorio del decreto, tanto en sus fracciones VI y VIII, tanto al abdicar en la promoción de la producción nacional independiente. La multiprogramación es una de las principales herramientas para promoverla, como al no dotar al regulador de facultades amplias y extensas, bajo principios de competencia y calidad, atendiendo de manera particular la concentración de frecuencias.
Especial atención merece la segunda fracción del artículo 158, donde rigurosamente se impone un límite a la multiprogramación que podrá autorizársele al agente preponderante en radiodifusión.
Casualmente –y fíjense en la coincidencia– el límite, 50 por ciento, se ubica exactamente en el porcentaje de señales que tendrá Televisa, después de la licitación de nuevas cadenas. Como quien dice: el tope jamás morderá.
De verdad, ¿alguien de ustedes tuvo el descaro de sentarse a hacer las cuentas y encontrar la fórmula exacta que beneficia al operador de televisión abierta más grande del país? Esta soberanía no puede solapar descaros de este tamaño, por favor.
Artículo 159. La retransmisión de contenidos radiodifundidos, artículo 159, es una medida que nosotros mismos aprobamos en la reforma constitucional apenas el año pasado, como una forma de promover mayor competencia en todos los sistemas de paga. Pero, sobre todo, reconocer el derecho de las audiencias a recibir toda señal radiodifundida, en un derecho que en la práctica debiera favorecer a todo suscriptor de televisión de paga, independientemente de la tecnología que usa.
De nueva cuenta, el argumento de la convergencia telefónica se utiliza a modo y se olvida, también a modo. Hoy el decreto encuentra la manera de incluir limitantes a un derecho de la audiencia y a esa convergencia, al poder multiprogramar un canal de transmisión, Canal Dos, por ejemplo, e incluir distintas señales: dos-uno-dos, dos-tres-uno.
Esperaría que, de contar con la capacidad, los sistemas de televisión de paga pudieran llevar de manera gratuita esas señales a sus suscriptores indistintamente de la tecnología utilizada. Pues no es así, producto de otra casualidad de último momento.
A alguien se le ocurrió incluir el candado exclusivamente en la plaza que corresponde, eliminando con ello la posibilidad técnica para que el principal competidor de Sky pueda llevar dicha señal. Gana Grupo Televisa, pierden tres millones de suscriptores al sistema satelital Dish.
Otro de esos artículos en los que ya lo sé, con producto del Espíritu Santo, pues nadie tiene los pantalones de subirse a esta tribuna y explicar el sustento para ello, salvo un correo electrónico dictado desde Los Pinos.
Paso al 173 y 174. Como en muchos otros aspectos, el dictamen nos presenta una visión obsoleta del sector, en este caso inexplicablemente se hereda de la antigua Ley de Telecomunicaciones la noción de comercializador, en lugar de adoptar un término más moderno e internacionalmente reconocido, como es el de operador móvil virtual.
Desde nuestro punto de vista, adoptar el término no es secundario, pues la comercialización de servicios presenta a los operadores móviles virtuales como meros revendedores de los concesionarios, utilizando los límites preconcebidos que el término viene cargando desde 1995.
No hay razón para no modernizar el tema y adaptarlo al que se usa en el resto del mundo. No hay razón para que esta ley no los fomente y los proteja en muchos de los aspectos básicos de su operación, que comúnmente terminan sujetos a la voluntad de concesionarios de mucho mayor tamaño.
Los operadores móviles virtuales no deben entenderse como un añadido a la fuerza de ventas de las empresas móviles, sino como una verdadera alternativa de servicios para el consumidor, para ello requieren de un regulador con facultades amplias para intervenir en la resolución de disputas entre ellos y los concesionarios.
En un aspecto positivo se reconoce un avance del dictamen en términos de la posibilidad de acceder a numeración propia, pero se dejan fuera otros elementos fundamentales, si verdaderamente se quiere impulsar esta figura en el mercado mexicano para beneficio del consumidor.
Los ataques mediáticos sobre este modelo de negocio no es nada casual, en varios mercados han llegado a ostentar hasta 8 por ciento del mercado, eso es el doble de lo que hoy tiene Iusacell o Nextel. Responde precisamente a que pueden convertirse en una alternativa real ante concesionarios anquilosados, poco eficientes o que brinden mal servicio al usuario.
De las variables que el dictamen no considera, la más importante, sin duda, es la posibilidad de que estos operadores puedan presentar ante el regulador diferendos en materia de interconexión, en lugar de dejarlos a expensas de los operadores en una relación profundamente asimétrica.
No se trata de una invasión a la libertad, a la libertad tarifaria, sino a la simple regulación de un insumo que el propio dictamen reconoce como insumo esencial y de interés público.
Las tarifas al usuario final quedan intactas. Pero si la ley no protege el acceso a ese insumo esencial, la interconexión, nos estamos matando de inicio.
En resumen, se propone adoptar el término de operador móvil virtual, que el Ifetel tenga facultades para regular su acceso a la interconexión, y en contrapartida, también se le establecen obligaciones en términos de cooperación con la justicia.
¿Acaso no les ha bastado no estar aquí, que no pueden ni un ratito poner atención? ¿O seguir riéndose? No importa. No me van a callar.
El Presidente diputado José González Morfín: Diputada, le pido que vaya concluyendo su intervención. Su tiempo, le puse 15 minutos, se agotó y ya se ha pasado casi tres minutos.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Disculpe, presidente, pero para 19 reservas no me corresponden 15 minutos.
El Presidente diputado José González Morfín: No son 19, las que le faltaban nada más eran cuatro. Le pido que concluya.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Leo la última y termino, presidente. Muchas gracias, presidente. Gracias por su tolerancia.
Reservas al dictamen de las Comisiones Unidas, por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Transición a la televisión digital terrestre. Décimo noveno transitorio.
Mientras que el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones dice que la transición a la televisión digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015, en su artículo décimo noveno transitorio el dictamen introduce toda una serie de condiciones, umbrales y requisitos que tendrán que cumplirse para que ello ocurra.
Si el Constituyente hubiera querido establecer límites y condicionantes, lo hubiera hecho desde la Constitución misma, al menos sugiriendo las variables que la legislación secundaria debía considerar.
Pero no fue así, su mandato fue liso y llano, culminarán el 15 de diciembre de 2015. La redacción utilizada por el Constituyente no es casual y siguen mejores prácticas internacionales derivadas de los 35 países que a la fecha ya han culminado su propia transición.
En la mayoría de estos países, mientras que en una primera etapa se estableció determinado umbral de penetración para la fulminación de las transmisiones analógicas, posteriormente se reconoció que los umbrales no alineaban correctamente los incentivos de gobiernos, concesionarios y ciudadanos.
La redacción que propone el dictamen es abiertamente inconstitucional...
El Presidente diputado José González Morfín: Diputados, les pido comprensión a todos para que pueda concluir la diputada, y a la diputada le pido que concluya, por favor.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Sí, presidente, gracias. Y solo se entiende, ante el evidente fracaso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la implementación del programa piloto en el norte del país, que contando con el marco legal adecuado, el apoyo de todas las fuerzas políticas y los recursos presupuestales suficientes, en ocho meses, simplemente fue incapaz de elevar la penetración de la televisión digital por arriba de 45 por ciento en ninguna de las cinco ciudades en las que supuestamente se llevaría el segundo programa piloto.
Cabe recordar que en el primer programa piloto, la extinta Cofetel logró llevar el porcentaje de penetración de 3 a 93 por ciento y culminar las transmisiones analógicas en esa ciudad en julio de 2013.
Finalmente derogar las disposiciones legales, administrativas o reglamentarias implica eliminar también sin justificación o sentido alguno la resolución de Cofetel que apaga analógicamente a Tijuana.
Señoras y señores, esto es un parlamento, deberían saber que aquí deben subir a defender lo que si acaso piensan, que no lo creo. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Bautista.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra, el diputado Marcelo Garza Ruvalcaba, que no lo veo en el salón. Tiene la palabra, la diputada Roxana Luna Porquillo, para presentar su propuesta de modificación del 131 e inmediatamente después, el diputado Fernando Bribiesca, para el artículo 135.
La diputada Roxana Luna Porquillo: Voy a presentar del 131, 161, 189 y 190. Únicamente voy a argumentar de manera general y 191.
El Presidente diputado José González Morfín: ¿Son cuatro?
La diputada Roxana Luna Porquillo: Cuatro.
El Presidente diputado José González Morfín: Le pido que le pongan el tiempo correspondiente.
La diputada Roxana Luna Porquillo: En el artículo 131; en este artículo se establecen regulaciones que corresponden al Instituto Federal de Telecomunicaciones con base en un análisis minucioso que debe determinar las políticas asimétricas aplicables a la preponderancia.
En otros aspectos, la recuperación de costos de operación, el impulso de las políticas que alienten la inversión en infraestructura, así como la expansión y modernización del desarrollo del sector. Establecer normas demasiado rígidas desde la ley secundaria, demerita las atribuciones del regulador y podría resultar contraproducente a mediano y largo plazo, ya que el Poder Legislativo difícilmente podrá evaluar las circunstancias de un sector de alto dinamismo que se caracteriza constantemente por la innovación tecnológica; por eso se plantea modificar el artículo 131.
Pasaría al artículo 161. Toda vez que la legislación debe guardar congruencia entre sus artículos es que se propone que se armonice con el artículo que establece los derechos de discapacidad; sin embargo en la modificación se propone que los dichos subtítulos no se limite a solo un programa noticioso, sino a todos los programas, noticias de manera generalizada, ya que la limitación de información tan relevante que precisamente es difundida en programas noticiosos puede poner en riesgo incluso hasta la seguridad de las personas discapacitadas; y en caso de emergencias, desastres naturales, Alerta Amber, etcétera, no puede estar sujeto de emergencias. No pueden estar sujetos únicamente a noticieros de mayor audiencia, ya que existen factores que por su naturaleza no pueden depender de un solo programa noticioso.
En el caso del artículo 189, las instancias de seguridad pueden solicitar en casos de amenazas a la seguridad nacional, facilidades para obtener información relacionada con cualquier comunicación o dispositivo. Sin embargo no se establecen los detalles que debe incluir la solicitud como sí se hace en otras leyes para los demás temas que pueden infringir en la violación de los derechos humanos, en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional.
Los concesionarios y los autorizados están obligados a bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones cuando lo soliciten las autoridades competentes. No define quiénes son las autoridades competentes ni qué medidas se tienen que tomar ni qué autoridades deben de mediar en el orden judicial y tampoco se establecen los límites en cuanto a las autoridades deben de justificar el bloqueo de señales. En tal virtud, se propone la eliminación de este artículo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Luna Porquillo. Se pide a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Roxana Luna Porquillo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Por tanto se desecha. Tiene la palabra el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, para presentar propuesta de modificación al artículo 135, hasta por tres minutos.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados. Debatimos una nueva legislación en materia de telecomunicaciones que busque elementos normativos para asegurar una competencia que impulse positivamente al sector y que permita que el crecimiento se traduzca en beneficios directos a los usuarios, una mayor calidad de los servicios, mejores tarifas y más empleos especializados.
Las medidas asimétricas establecidas en la legislación tienen por objeto corregir y evitar distorsiones del mercado entre los operadores nacionales, de forma que no se justifica que operadores extranjeros resulten beneficiados al valerse de estas medidas en el supuesto de que un operador nacional les cobre cargos por debajo del costo de interconexión.
La necesidad de que el órgano regulador determine la modalidad de los convenios de intercambio de tráfico que celebren los concesionarios, así como fijar tarifas de interconexión para el tráfico de los operadores en los supuestos señalados por el artículo 131 de la propia ley, es una necesidad para garantizar beneficios directos a los usuarios de los servicios de telefonía móvil y fija, en tanto que el acotar que los alcances del propio numeral 131 no se aplique para el tráfico entre operadores nacionales y extranjeros tiene por objeto dar certeza a los usuarios de estos servicios, y apoyar a los concesionarios nacionales en su intercambio comercial con operadores extranjeros.
Por lo anterior, proponemos adiciones a los párrafos tercero y cuarto del artículo 135 a efecto de acotar que las tarifas referidas en los convenios de intercambio no sean menores a las tarifas de interconexión definidas por el instituto.
Por lo anterior, proponemos adiciones a los párrafos tercero y cuarto para quedar como sigue. Artículo 135: “Los concesionarios deberán presentar al instituto previamente a su formalización, los convenios de intercambio de tráfico que se pretendan celebrar. El instituto podrá establecer las modalidades a que deberán sujetarse los convenios a fin de incorporar condiciones de proporcionalidad y reciprocidad respecto a los servicios objeto de intercambio.
“Las tarifas a que se refieran los convenios no podrán ser menores a las tarifas de interconexión definidas por el instituto. No obstante la formalización de estos convenios, el tráfico que se curse entre los concesionarios nacionales estará a lo dispuesto en el artículo 131 de la presente ley.
“Cuando fuere necesario celebrar convenios con algún gobierno extranjero para que las redes nacionales intercambien tráfico con redes extranjeras, los concesionarios solicitarán a la secretaría su intervención para celebrar los convenios respectivos en coordinación con el instituto.
“Tratándose de tráfico entre operadores nacionales y extranjeros no será aplicable lo dispuesto en el artículo 131 de esta ley”. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado. Se pide a la secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 135 presentada por el diputado Fernando Bribiesca.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Por consecuencia se desecha. Tiene la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena, para presentar propuesta de modificación al artículo 147, adición de un párrafo.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con el permiso de la presidencia. En el contexto de estas reformas que pretenden dinamizar al país, desde Nueva Alianza consideramos que debemos hacerlo con una visión incluyente en la que a todas y a todos los mexicanos sean respetados sus derechos, es decir, que todos participemos en el futuro que queremos para México.
El objetivo de la presente reserva es darle prioridad al acceso de la infraestructura federal y del Estado a los concesionarios de uso social.
Las radios comunitarias e indígenas representan el derecho de las comunidades más alejadas y marginadas, a poder transmitir sus ideas y de poder acceder al derecho de la información, derechos que están estrechamente ligados con los derechos humanos y la libertad de expresión.
La importancia de reconocer en esta reforma de telecomunicaciones la libertad de expresión que las radios comunitarias y los medios para lograrlo es parte del reconocimiento de que nadie puede ser violentado por la expresión de sus ideas.
Desde el 2002 y 2005 las radios comunitarias en México han luchado para que sean reconocidos sus derechos fuera de los grandes consorcios de radiodifusoras en el país.
Entre el 2002 y el 2006 sólo se otorgaron 11 permisos a radiodifusoras comunitarias en Oaxaca, Jalisco, estado de México, Sonora, Michoacán y Veracruz.
Por su parte el Estado debe de generar las condiciones necesarias para que toda comunidad pueda acceder libremente al derecho a la información y a la comunicación, y esto implica la flexibilidad a la asignación para la utilización de la infraestructura. Las radios sociales comunitarias e indígenas, por su tamaño y cobertura tan reducida, pero de gran utilidad sobre todo para las poblaciones aisladas, muchas veces no cuentan con los registros correspondientes, pero ello no ocurre de forma flagrante y directa, sino debido a la falta de conocimientos de la normatividad federal en telecomunicaciones y por los escasos medios institucionales para poder regularizar la actividad de una radiodifusora comunitaria o indígena.
La reserva que Nueva Alianza presenta aporta un elemento de certidumbre a los concesionarios de uso social debido a que serán beneficiados de forma prioritaria para el uso y aprovechamiento de la infraestructura asociada a estaciones de radiodifusión. Me refiero a las torres de transmisión eléctrica y de radiocomunicación, las posterías en que están instalados el cableado de distribución eléctrica, así como los postes y ductos propiedad de la federación.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que reúne más de cuatro mil estaciones de radios comunitarias en más de 130 países del mundo, se ha pronunciado porque en la presente reforma se concrete el reconocimiento al derecho de los medios comunitarios a operar en un marco legal adecuado a sus características.
Por lo expuesto, Nueva Alianza propone a esta soberanía agregar un segundo párrafo al artículo 147 para que a la letra diga lo siguiente: “En la ejecución de la disposición establecida en el párrafo anterior se otorgará prioridad al desarrollo y fortalecimiento de los concesionarios que operen concesiones de uso social que incluyan las comunitarias y las indígenas”. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Caamal Mena. Pido a la Secretaria consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 147, adición de un párrafo, presentada por el diputado José Angelino Caamal Mena.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos el diputado José Antonio Hurtado Gallegos para presentar propuesta de modificación al artículo 149.
El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, buenos días. Me queda claro, muy claro que ninguna de las reservas que hemos presentado va a ser admitida; sin embargo, no quiero perder la oportunidad al estar en la máxima tribuna de la nación para solicitarles atenta y respetuosamente que la reserva que presento en este momento sea escuchada, sea analizada, sea atendida, toda vez que en ella va implícita la salud y la seguridad de la población en general.
Recordarles, compañeras y compañeros, que es nuestra obligación como legisladores velar por la salud y la seguridad de nuestros representados.
Lo servicios de telecomunicación y radiodifusión han revolucionado la manera en que nos informamos, comunicamos, intercambiamos un sinfín de bienes, valores y mercancías con otras personas, convirtiéndose esto en un mercado que genera anualmente cantidades millonarias, haciendo multimillonarios a los que ya son millonarios por estas concesiones.
Si bien es cierto que estos servicios han representado una verdadera transformación en nuestra vida cotidiana, también es cierto que sabemos que la realidad con la que se ha llevado a cabo esta comercialización y expansión a nivel mundial ha traído como consecuencia que esto no se realice adecuadamente, provocando efectos nocivos en la operación necesaria para su funcionamiento.
Este inigualable aumento en la demanda de diferentes redes de información a nivel mundial ha generado una multiplicación de antenas receptoras en las ciudades, situación que no debe pasar inadvertida si tomamos en consideración que la constante expansión a las ondas electromagnéticas que emanan de las mismas, pueden generar considerables riesgos a la salud.
Diversos estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud sostienen que las ondas electromagnéticas emitidas por antenas celulares pueden romper las cadenas del ADN, favoreciendo la propagación del cáncer.
Las empresas prestadoras de estos servicios de comunicación, en una afán de maximizar sus utilidades y captar un número mayor de clientes, frecuentemente incurren en prácticas que ponen en peligro la salud y la seguridad de la población al ser colocadas estas antenas en zonas habitacionales, parques, escuelas, hospitales, etcétera.
Las grandes empresas de telecomunicación en su voracidad de buscar más, más y más beneficios económicos, son más y más indiferentes ante la preservación de la salud y seguridad de las personas en las localidades donde operan, fomentando el desmedido aumento de este tipo de infraestructuras.
Como siempre, y como ya sabemos sin duda alguna, la falta de capacidad, la falta de conciencia y casi al 100 por ciento, el interés corrupto por parte de las autoridades que regulan y vigilan las telecomunicaciones permiten que estas empresas abusen de la concesión que les otorga el Estado sin tener la más mínima conciencia de prevención para la población.
Culmino, señor presidente. La reserva que hoy sometemos a consideración de esta honorable asamblea, encuentra su fundamento en la propuesta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, misma que se plantea en su artículo 149, que a fin de promover la compartición de infraestructura entre los diferentes concesionarios y de la expansión de las redes públicas de telecomunicaciones y la radiodifusión, éstas podrán ser instaladas en bienes del Estado, situación que considero por demás aventurada., ya que el Estado es garante tanto de la salud como de la seguridad de la población, y el que debe establecer las óptimas medidas de seguridad que permitan el desarrollo de las telecomunicaciones. Termino, señor.
Es por lo anterior que vemos importantísima la necesidad de que los empresarios cuenten con una estricta restricción en cuanto a los lugares en las que se podrán instalar la infraestructura para las redes de transportación de esta información. Es cuanto, señor presidente. Gracias, compañeros. Buenos días.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 149 presentada por el diputado José Antonio Hurtado Gallegos.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se consulta a la asamblea si se somete a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el diputado Carlos Fernando Angulo Parra, para presentar propuesta de modificación a los artículos 158, 159, 173 y 174.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, presidente. Haré un esfuerzo de conceptualizar los cambios para la brevedad del tiempo. Estos artículos, empezando por el 158, hablan del tema de la multiprogramación. Existe en la minuta que llega del Senado una regulación sumamente rala, vamos a llamarle así, sencilla que no da la regulación adecuada para el sistema de multiprogramación.
La propuesta viene con una amplia descripción de la regulación, en donde el instituto está facultado para hacer un análisis a profundidad de la solicitud para esta multiprogramación, respetando una serie de parámetros como el respeto a los derechos humanos y los mandatos para combatir la concentración nacional y regional de frecuencias, la propiedad cruzada, etcétera.
También esta propuesta incluye que el agente económico preponderante o con poder sustancial deberá emitir una oferta pública con la capacidad restante para señales o canales de multiprogramación. Asimismo, cuando el instituto lleva a cabo el otorgamiento de nuevas concesiones, en todo caso debe contemplar en el objeto de las mismas la autorización para transmitir multiprogramación en términos de estos artículos.
Finalmente, el 158, se pretende conceptualizar en esta regulación que la autorización de acceso a la multiprogramación contendrá invariablemente indicación expresa respecto a la sujeción de todas y cada una de las señales multiprogramadas al régimen de obligaciones establecidas en ley.
En el artículo 159, respecto de los concesionarios que presten el servicio de televisión o audio restringido, deberán retrasmitir de manera gratuita todas las señales radiodifundidas multiprogramadas. Se pretende nada más añadir unos cuantos párrafos para que quede redondeado el concepto, ya que es necesario que se establezca que dichos contratos deberán ser presentados al Instituto para los efectos de su inclusión en el registro público respectivo, y que el Instituto podrá revocar o modificar las autorizaciones de acceso a la multiprogramación cuando, como resultado del ejercicio de sus facultades de verificación se acredite el incumplimiento de los criterios que sirvieron de fundamento a la autorización.
En el artículo 173 de los operadores móviles virtuales, como ya hemos visto, ya ha habido diversas propuestas de que se cambie el término de comercializadora al término de operadores móviles virtuales, se pretende agregar a las fracciones I, II, IV y V, lenguaje que establezca que para el acceder a los servicios mayoristas ofrecidos por los concesionarios en los términos y condiciones que establezca el Instituto, para que el Instituto tenga esta facultad. Además, para acceder a los servicios de interconexión y capacidad ofrecidos por los concesionarios en los términos y condiciones que establezca el Instituto, incluyendo aquellas a que se refiere la fracción XLVII del artículo 15 de la Ley.
En la fracción IV, presentar ante el Instituto en términos de la fracción XIII del artículo 15, cualquier solicitud de resolución de desacuerdos y tramitar directamente -en la fracción V- ante el Instituto el acceso a numeración propia y agregar en el 174 la mención de operadores móviles virtuales. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Angulo. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta a los artículos 158, 159, 173 y 174.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Por consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, hasta por tres minutos, para presentar propuesta de modificación a efecto de suprimir el Título Octavo.
La diputada María de Lourdes Amaya Reyes: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, la democracia expresada en una idea clara y contundente significa la contraposición a los regímenes autoritarios y totalitarios. Diputados, me gustaría que pusieran atención o si quieren retirarse del pleno se los agradecería. Gracias.
Así pues, una democracia procura la libertad y la igualdad de derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, y como tal nos ofrece mecanismos para contraponerse a las prácticas autoritarias, teniendo como premisa fundamental el control del abuso del poder mediante el imperio de la ley, el funcionamiento efectivo de los canales institucionales que garanticen el Estado de derecho.
Teniendo como premisa este marco referencial del sentido ético de las democracias podemos afirmar que el actual proyecto de decreto de la Ley Federal de Telecomunicaciones que estamos discutiendo –entre comillas– traiciona y atenta justamente contra esas libertades y derechos fundamentales que protege y caracteriza la democracia misma.
De manera concreta, el Título Octavo del referente dictamen, titulado De la colaboración con la justicia, no sólo presenta una serie de ambigüedades y contradicciones con respecto a la censura de contenidos en la red, los temas de retención de datos y bloqueo de señales y geolocalización, sino que en esencia dichos supuestos por sí mismos deforman el mandato constitucional establecido en la reforma en la materia, pues atentan contra la libertad de expresión, la privacidad y la garantía de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna.
No olvidemos que la privacidad es un derecho humano fundamental sustancial de un aspecto central de una sociedad democrática, pues es algo inherente a la dignidad humana, contribuye a la libertad de expresión y de información y, por supuesto, está relacionado con otros derechos, como por ejemplo la libertad de asociación y las preferencias políticas.
En ese sentido, todas aquellas actividades que restringen el derecho a la intimidad, incluida la vigilancia de las comunicaciones solamente pueden estar justificadas cuando se encuentran reguladas de manera adecuada y sin ambigüedades por la ley, ya sea porque existe un objetivo legítimo de fondo, como puede ser la seguridad colectiva o el acceso a la justicia.
Desafortunadamente el presente dictamen no es precisamente el mejor ejemplo de regulación y criterios claros que justifiquen la acumulación de información privada de las y los ciudadanos por particulares, al tiempo que otorga un grado de discrecionalidad importante a las autoridades, lo que sin duda trasgrede derechos fundamentales de las y los mexicanos.
En el fondo, más allá de las deficiencias y las omisiones respecto a los casos en que la autoridad podrá intervenir y solicitar datos privados de las personas, el solo hecho de que exista esta posibilidad da lugar a escenarios en los que la información revelada pueda tener en riesgo a las personas, alentando a la factibilidad de ser discriminados o violentados en sus garantías individuales, pues atenta contra sus derechos de privacidad, su libertad de expresión, asociación y participación política.
¿Qué nos garantiza que aún y cuando exista la Ley Federal de Protección de Datos Personales estos no podrán ser comercializados o usados de manera arbitraria y negativa por las empresas privadas o el Estado?
Hoy en día, por ejemplo, sabemos de casos en los que padrones electorales son vendidos con fines proselitistas, o los datos personales usados con fines económicos. Así que, ¿en dónde está la garantía de que ahora con las facultades y libertades que otorga esta ley, los propios datos no puedan ser usados con fines de persecución o linchamiento político?
Por todo ello, dado que existen ya mecanismos institucionales de colaboración con la justicia y el uso de las telecomunicaciones y estos no son perfeccionados en esta nueva reglamentación, sino por el contrario, se profundizan las ambigüedades y se abre la puerta al Estado policíaco y a los privados que se les otorgan derechos y atribuciones democráticos, que atentan contra la privacidad.
Es por eso que someto a la consideración de este pleno la siguiente reserva. Se suprime el Título Octavo, De la colaboración con la justicia, del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada María de Lourdes Amaya Reyes. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta, a efecto de suprimir el Título Octavo.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta si se acepta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se retira. Tiene la palabra la diputada Margarita Tapia Fonllem, para presentar propuesta de modificación al artículo 189, párrafos primero y segundo; y 190, párrafos primero y último, y fracciones I, II, III, IV, VII y XII.
La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Con su permiso, señor presidente. Lamentamos participar de una discusión, que a pesar de ser transmitida íntegramente por el Canal del Congreso, sólo será reproducida por algunos medios imparciales y manipulada discreción por el resto, por quienes celebran que sus inversiones seguirán rindiendo frutos y su poder desmedido seguirá creciendo.
Porque en los últimos días nos percatamos de que en las grandes cadenas de radio, televisión y prensa escrita, señalaron a nuestro partido por supuestamente caer en contradicciones y por rechazar una reforma que beneficia a la gente.
En especial nos llama la atención que Televisa, la gran beneficiaria de este proyecto, sólo retomó ciertas intervenciones en el Senado, las de quienes dicen que votar en contra es estar a favor del cobro a larga distancia, a favor de altos costos de interconexión, a favor de mantener en la desprotección a los usuarios de servicios de telefonía celular.
Esa reforma y esta campaña mediática apuestan al olvido. Apuestan hacer olvidar nuestros posicionamientos críticos, que se acompaña de numerosas propuestas de modificaciones y adiciones que se reconocieron en la tribuna del Senado y en la opinión pública y hoy se refrendan aquí, porque nunca hemos negado que en esta reforma hay avances que benefician a los usuarios, pero no por ello dejamos de señalar las grandes omisiones y defectos de la minuta, el abandono del objetivo de regular el duopolio televisivo y el establecimiento de controles exagerados del Estado sobre las comunicaciones entre las personas.
Pretenden que olvidemos el mandato de la reforma constitucional que instituyó un Ifetel fortalecido. Que olvidemos el cambio de dirección de la preponderancia, determinado ya por ese órgano para favorecer la inserción de las televisoras en nuevos mercados y servicios y conservar sus intereses.
Pretenden que olvidemos la manera ilegal y abusiva en la que nuestros datos personales han sido manejados, utilizados y difundidos en muchas ocasiones.
Pretenden que olvidemos que éste es el país del Renave, el Registro de Automóviles que estuvo a cargo del criminal, ustedes recordarán, Ricardo Miguel Cavallo. El país donde la base de datos del Padrón Electoral, con nombres y direcciones, se vende por 15 mil pesos.
Pretenden que olvidemos que el registro, entre comillas, de datos, establecido en el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones de este dictamen, resucita el desafortunado Renaut, mediante el cual la Cofetel, en su momento, obligó a los operadores de telefonía celular a recabar los datos de los usuarios.
Este registro no cumplió con los requisitos de seguridad, por lo que en unos cuantos días los datos estuvieron disponibles en Internet, vulnerando la privacidad de las personas.
Pretenden que olvidemos los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución, que establecen claramente el derecho de las personas a no ser objeto de ninguna inquisición sin antes tener una orden judicial debidamente fundada, el derecho a entablar comunicaciones privadas, el derecho a libre intercambio de información, el derecho a la protección de los datos personales, la implementación de salvaguardas jurídicas para que todo acto de autoridad que pudiera vulnerar los derechos cuente con la proporcionalidad, necesidad y oportunidad.
Pretenden, en suma, que olvidemos las revelaciones que han sacudido al mundo en los últimos años, acerca del espionaje telefónico y cibernético que los gobiernos y los poderes fácticos ejercen sobre millones de personas inocentes en ejercicio pleno de sus derechos. Espionaje que se ha ensañado con líderes sociales y opositores, como en los peores tiempos de la Guerra Fría.
Presentamos estas reservas al artículo 189 y 190 para corregir la minuta de acuerdo a las reformas de avanzada en derechos humanos y en justicia penal que han comenzado una nueva época de nuestra Constitución. El principio pro persona y la progresividad deben ser los criterios de toda acción legislativa, garantizando la protección más amplia para todas y todos.
Por su parte, el nuevo modelo de justicia penal nos representa dos desafíos: el equilibrio entre los derechos de las víctimas y los derechos de las personas. Y el equilibrio entre instrumentos más efectivos y obligaciones más estrictas en cuanto a garantías para las autoridades.
En este dictamen los concesionarios ya autorizados se convierten en policías, en espías, en un eslabón de la cadena de mando de una autoridad extralimitada.
Es aún tiempo de corregir el rumbo. Podemos desmantelar ese bosquejo de un aparato de vigilancia estatal empresarial sobre los ciudadanos, para instituir una vigilancia ciudadana sobre los poderes públicos. Una vigilancia de los usuarios sobre las empresas.
Por ello, proponemos restructurar los artículos 189 y 190, para eliminar el registro de datos para establecer el requisito de la orden judicial para cualquier solicitud de informes sobre las personas y para castigar adecuadamente todo abuso de colaboración de concesionarios con la autoridad. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Tapia. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta a los artículos 189, párrafos primero y segundo, y 190 párrafos primero y último, y fracciones I, II, II, IV, VII y XII.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las modificaciones presentadas por la diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz, la diputada Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, para presentar propuesta de modificación al artículo 189, a efecto de suprimir. Presenta su propuesta incluso al artículo 217.
La diputada Jazmín de los Ángeles Copete Zapot: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, ya buen día. El artículo 189, en el capítulo de esta norma se titula Colaboración con la justicia y deja sin ningún control para que cualquier autoridad viole nuestra Carta Magna e intervengan nuestras comunicaciones sin orden judicial.
Esta medida impuesta por el gobierno no solo confirma como los responsables de la seguridad nacional buscarán tener el control de las llamadas de los líderes, luchadores sociales, periodistas, intelectuales, representantes de los partidos políticos, senadores, diputados, empresarios, líderes de las iglesias, secretarios de Estado, gobernadores y todas las llamadas que para el gobierno federal consideren a personajes incómodos al régimen.
Con esta norma se abrirá la puerta para que el gobierno reedite una nueva edición de La guerra sucia, pero teniendo el control de las tecnologías modernas para detener a cualquier movimiento social que logre aglutinar y organizar la creciente inconformidad en contra de la administración de Enrique Peña Nieto y que a tan solo 19 meses de su administración ha profundizado la crisis que heredamos del gobierno de Felipe Calderón.
El artículo 189 es peligroso, hasta para los priístas. No olvidemos que dentro de la última contienda electoral se filtraron las conversaciones de los candidatos a la Presidencia de la República para afectar sus preferencias electorales y no solo sucede en el ámbito nacional. También en el ámbito estatal, en Veracruz hubo, precisamente el PAN pues descubrió todas las triquiñuelas del gobierno de Javier Duarte en la delegación de desarrollo social, en la secretaría de Finanzas, cómo los recursos se utilizan para su conveniencia y en este sentido realmente es un peligro este artículo.
No olvidemos que las reformas al artículo 16 constitucional establecen que se podrán intervenir las llamadas telefónicas o de comunicación, siempre y cuando lo ordene un juez del Poder Judicial de la Federación. El artículo 189 de la presente minuta es contrario a ese texto constitucional y por tal motivo se debe suprimir.
A la mal llamada colaboración con la justicia se le dará un uso político para afectar injustamente a los ciudadanos. Está demostrado que los gobiernos tanto del PAN y del PRI se especializaron en escuchar llamadas ilegalmente para utilizarlas con fines políticos y de persecución.
Con relación al artículo 219 que propongo también se suprima, en virtud de que los redactores y autores de esta norma desconocen que en ningún artículo de la reforma constitucional en telecomunicaciones y radio difusión le daban facultades a la Secretaría de Gobernación para vigilar los contenidos informativos. Tal parece que la redacción de este artículo se refiere a las facultades que se le otorgan a la Secretaría de Gobernación en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero no debemos ser ingenuos, el control de la Secretaría de Gobernación de los contenidos informativos es para suprimir cualquier manifestación o crítica en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El objetivo de vigilar los contenidos informativos en las telecomunicaciones y radiodifusión se debe a que el gobierno de Enrique Peña Nieto se dirige a la debacle. La Secretaría de Gobernación, como en los tiempos de la presidencia imperial del PRI, tendrá como objetivo que la irritación social no se masifique y se desborde.
La forma de legislar como aplanadora y utilizar el mayoriteo con sus votos, sin razón legislativa y jurídica, en 19 meses de gobierno priista ya se les revirtieron los resultados de las llamadas reformas estructurales, que no reflejan el bienestar de los mexicanos. Millones de ciudadanos en nuestro país están decepcionados con este gobierno.
El Congreso de la Unión, dominado por la mayoría del PRI y del PAN, apostaron para que en el primer trimestre de 2014 el fantasma de la recesión desapareciera por los efectos negativos que tendrían las reformas fiscal y financiera. Eso no fue así y los resultados los están sufriendo millones de mexicanos por su cerrazón de imponer las reformas sin escuchar los argumentos de la oposición legislativa.
Sin embargo nunca quisieron analizar, escuchar y debatir con la oposición parlamentaria, que estas reformas eran recesivas y que no generarían el crecimiento económico ofrecido principalmente por el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
Al bajar el pronóstico de crecimiento del PIB del 3.9 por ciento al 2.5 por ciento y estimar una inflación del cuatro por ciento para el presente año, el gobierno de Enrique Peña Nieto nos está llevando a un crecimiento de cero durante el 2014. Esta cifra sólo confirma que no tan solo estamos en recesión, sino que se ha profundizado la crisis estructural y económica que hemos vivido en los últimos 30 años.
Este gobierno, y principalmente el artífice de estas políticas económicas, Luis Videgaray, pronosticaron que antes de la aprobación de las reformas secundarias, energética y de telecomunicaciones, México lograría un crecimiento durante los años 2014, 2015, del 3.9 al 4 por ciento, esto les permitiría enfrentar el escenario de las elecciones intermedias para elegir a los nuevos integrantes de la Cámara de Diputados en las elecciones de 2015 y esperar los efectos positivos de sus reformas estructurales.
Estas expectativas fracasaron y el gobierno del presidente al no tener una economía estable, previo a la privatización de los energéticos del país, se le presenta el escenario más adverso porque si los efectos de las reformas estructurales no llegan y tienen un efecto multiplicador negativo en el crecimiento económico, su gobierno terminará en el 2015 y no en el 2018.
Estos fracasos del gobierno federal son los que realmente llevaron a dar marcha atrás a la reforma constitucional en telecomunicaciones y que tenían como principal objetivo terminar con el monopolio en los medios de comunicación.
El gobierno de Peña Nieto se doblegó ante el duopolio televisivo y les otorgó todo el poder para que lo rescaten mediáticamente en la próxima elección para cambiar la Cámara de Diputados.
Tengo la certeza de que la próxima integración de esta soberanía será más plural, aunque el gobierno apueste al duopolio, a la censura política y negar la libertad de expresión, misma que el artículo 217 de esta reforma no garantiza porque se impondrá la censura. Es cuanto, diputado presidente, gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Copete Zapot. Pido a la secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta a los artículos 189 a efecto de suprimirlo e igualmente para el artículo 217.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aceptan. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz el diputado Fernando Cuéllar Reyes, hasta por tres minutos para presentar propuesta de modificación al artículo 189.
El diputado Fernando Cuéllar Reyes: Con su venia, presidente. Éste es el mismo artículo que acaba de referir mi compañera diputada y antes de entrar al contenido específico de este artículo que sin duda efectivamente nos remonta a varias décadas atrás en donde esa separación entre lo que es el Estado y la vida privada de los mexicanos no tenía límites y donde el Estado intervenía directamente en la vida privada de los mexicanos.
Cómo lograr un Estado moderno, un Estado democrático, un Estado que efectivamente pueda darles a los ciudadanos la seguridad de que sus pertenencias, de que sus creencias, de que sus diferencias sociales no puedan ser reprimidas, y eso es lo que nos lleva a que insistamos en que este artículo debe ser revisado.
También quisiera comentar que sin duda, como Grupo Parlamentario del PRD –y esto lo decimos de frente, de cara al país– nos parece, y yo invito a todas las compañeras y compañeros a revisar esos grandes objetivos que se trazaron en el Pacto por México. Sin duda habría que revisar porque no le pueden reclamar al PRD que no hicimos la tarea, que no fuimos congruentes y que no fuimos a trabajar por México.
Esa parte quisiera reiterarla porque no quisiera que quedara en el ambiente un ánimo como el que se quiere crear de manera artificial de que pareciera que los perredistas estamos en contra de lo que se ha logrado, porque además fuimos los grandes impulsores de este tema, y pareciera que la imagen que se quiere dar es que nosotros como que estamos ahora diciendo que no tuvo sentido el pacto y que prácticamente nos chamaquearon, y eso no es cierto.
Fuimos responsables y lo seguiremos siendo. Vamos a seguir dialogando, construyendo; creemos que es el camino correcto. Pero también creemos que cuando en esas reformas constitucionales no se respeta el espíritu y los grandes objetivos que se trazaron en los tres partidos, ahí es donde ya no podemos acompañar y donde el pueblo de México tiene que saber que nosotros tenemos grandes diferencias.
En este artículo que les he comentado sobre la geolocalización de un dispositivo móvil, dice el dictamen que será realizado por los concesionarios de telecomunicaciones y en su caso por los autorizados por proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos a petición, por mandamiento debidamente juzgado y motivado de la autoridad competente en los términos que señalan las leyes.
Ponemos a consideración la propuesta para modificar el texto del artículo 189 del dictamen que incurre en injerencias indebidas respecto a los derechos de los ciudadanos y en violaciones a los preceptos constitucionales, ya que con esta disposición se permite la intervención de comunicaciones sin orden judicial en contra de la Constitución que señala que de manera exclusiva la autoridad judicial federal, a petición del titular del Ministerio Público de la entidad correspondiente, podría autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.
Se trata de dar certeza para que los dispositivos móviles que sean geolocalizados en tiempo real lo sean al amparo de una orden judicial, cumpliendo con el respeto a los derechos humanos de los gobernados.
Por otro lado, se busca dar certidumbre jurídica a las actuaciones de los servidores públicos.
Son varios los compañeros que se reservaron este artículo y les insistimos que no vayamos a repetir esas prácticas donde no alcanzamos a distinguir lo que es el papel de las instituciones del Estado y lo que representan los derechos y la vida privada de los mexicanos. Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Cuéllar Reyes. Pido a la Secretaria consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 189.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz el diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, para presentar propuesta de modificación al artículo 189, hasta por tres minutos.
El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro: Con su venia, señor presidente.
Compañeros diputados, amigos todos. La invitación que les hago a que le entremos al debate con la propuesta en relación al artículo 189 de qué se trata.
En el dictamen viene, que quedan incluidos también aquellos proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos. Quedan obligados en término de la ley a rendir los informes que con toda oportunidad la autoridad habrá de solicitarles.
Nada más que eso significa que esos proveedores de los servicios se traducen en lo que todos ustedes en sus celulares tienen, en sus iPads, en sus computadoras, básicamente son las aplicaciones.
Platicando a detalle con personas que conocen de esto, como es Juan Pable Adame, nos hemos dado a la tarea de tratar de convencerlos de que le entren al debate con argumentos jurídicos. ¿Para qué? Para demostrarle al ciudadano mexicano que aquí en el Congreso discutimos con la razón, con el derecho. No es justo que privemos, que nos privemos, inclusive, de poder contar con todas las aplicaciones que tengamos, porque recuerden, que los proveedores, o mejor dicho, los concesionarios, tienen la obligación de mantener esa información por 24 meses.
¿De qué se trata? ¿Por qué la privación? ¿Por qué la limitación a la expresión que a través del internet se da? El Ejecutivo o bien el Estado por ejemplo en los programas en donde se están entregando televisores de manera gratuita a efecto de entrar a la era digital, tendrá la oportunidad de hacer llegar a los conciudadanos todos los programas y a mediatizar la voluntad de muchos mexicanos.
¿Y el internet? El internet se ha convertido en una manera para hacer una comunicación con un ciclo constante y permanente, y completo, en donde el ciudadano se comunica con otro ciudadano, le informa lo que está sucediendo, y pues bueno, eso es parte de la libertad.
La idea que se tiene de esto es, lo vuelvo a decir: los retos a que acepten entrar al debate público de esta reforma que pretendemos, o mejor dicho, de esta propuesta de enmienda al dictamen presentado.
Es muy sencillo, no privemos a los mexicanos, a los ciudadanos, de que nos podamos comunicar a través de este medio como lo es el internet. No es correcto que limitemos la libertad de esa manera. Tan es así, fíjense ustedes, alrededor de 59 millones de mexicanos son los que se denomina como internautas, o están metidos en esta forma de comunicación. Vamos, amigos, los reto, vamos entrándole, vamos demostrándole al pueblo mexicano que manejamos los temas, porque este tema afuera a ustedes se los han dicho, no nos limiten el Internet, no nos priven de la libertad de poder comunicarnos. Los reto, éntrenle con argumentos jurídicos.
Sé que su potestad es poder declinar o desechar esta propuesta, estoy de acuerdo, pero qué caray. No es posible que con una mayoría abrumadora, con una mayoría con todo respeto de aquellos, bueno, una mayoría arrogante desdeñen todo lo que implique lo relativo a libertad, a la libertad que los ciudadanos allá afuera nos exigen. Ahí va, está la mano puesta aquí sobre la mesa y vamos entrándole, señores. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Gastélum Buenrostro. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 189.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz el diputado Javier Orihuela García, para presentar propuesta de modificación a los artículos 189 y 190.
El diputado Javier Orihuela García: Tablero, tablero, tablero. Ay, perdón. Tablero, tablero, tablero. Presidente, escuche la voz del pueblo, qué le cuesta.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Le ruego, diputado Orihuela, que dé inicio, por favor. Corre tiempo, por favor.
El diputado Javier Orihuela García: Sí, gracias. Bueno, compañeros, sería conveniente, compañeros, que sí se usara el tablero para que todos los compañeros diputados y todas las compañeras diputadas que no están presentes vinieran, vinieran a votar, ¿no? Sería muy conveniente, ¿no? Creo que es una petición muy –sabemos que ya muchos se fueron a dormir, pero creo que es nuestra obligación estar aquí presentes. Y no perdemos nada con usar el tablero, diputado presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Diputado, su tiempo, por favor, continúe.
El diputado Javier Orihuela García: Yo creo que no perdemos nada, pero bueno, diputado presidente, esto nos ayudaría mucho para que la parte del PAN viniera a votar, para que la parte del Verde estuviera presente, para que nosotros también como izquierda estuviéramos presentes.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Diputado, ¿declina con su propuesta? Declina. Diputado, reitero, ¿declina su propuesta? Continúe por favor.
El diputado Javier Orihuela García: Desde luego que no, pero antes que se concluya el proceso de la primera votación. Compañeros, vamos. Compañeros y compañeras, la verdad compañeros, yo no tenía la intención de hablar, pero compañeros, miren, en estos momentos al menos en mi distrito hay 200 personas viendo el Canal del Congreso, de veras, y miren qué hora es. Me han estado hablando a mi celular y me dicen; por qué no intervienes. Entonces en respuesta a esta petición es que he tomado la palabra y no decliné de mi intervención a pesar de que es la 1:25.
Entonces como sé que ya no hay mucha atención a los oradores yo quiero dirigirme a los mexicanos y a las mexicanas de todo México, o al menos de mi distrito y empezaré, compañeros.
Presidente, yo le pido de favor que para que pueda usar mi tiempo atienda la petición de los ciudadanos para que se abra el tablero. Yo creo que sería conveniente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Diputado, el tiempo le está corriendo. Le restan 37 segundos para que concluya su intervención.
El diputado Javier Orihuela García: No, espérese diputado presidente. Yo quiero usar mi tiempo. Yo no tengo la culpa que usted no pueda manejar esta situación que le corresponde a usted. Tengo 5 reservas, 5 por 3, 15.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Diputado, su tiempo se ha agotado.
El diputado Javier Orihuela García: Compañeros, de veras, quiero hablar.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Javier Orihuela.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Fernando Angulo Parra, para presentar propuesta de modificación al artículo 189 y 190. Diputado, le ruego permita continuar con esta asamblea.
Quiero reiterarle a esta asamblea que fueron dos artículos reservados y se les dieron seis minutos. Tiene otras reservas y por supuesto las irá a presentar. El tiempo se le agotó. No le permitieron ustedes de alguna manera que pudiera abordar y hacer la presentación de sus respectivas propuestas.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Adelante, diputado Carlos Angulo.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Compañeras y compañeros, sí, la discusión del artículo 189 es una discusión álgida. Este artículo 189, como está planteado en la minuta que viene del Senado, es inaceptable, inaceptable y lo voy a resumir muy brevemente.
Las autoridades plantean, tienen el derecho de que los concesionarios le presten auxilio, le proporcionen geolocalización y que para los efectos de colaborar con las instancias de seguridad, conserven un registro y control de comunicación, además de entregar datos conservados a las autoridades.
Esta situación que estamos proponiendo en nuestra reserva, es que cumplamos cabalmente con los términos constitucionales, de que todo tipo de autorización esté debidamente justificado, motivado, fundamentado por el Ministerio Público y las autoridades correspondientes y que haya, en todo momento, autorización judicial. Así está planteada la reserva, para los efectos de poder atender un riesgo inminente a la vida, a la integridad personal de una persona.
De manera simultánea, el procurador general de la República o los procuradores de justicia de las entidades federativas, deberán solicitar la autorización a la autoridad judicial y podrá otorgarse hasta por 30 días, contados a partir de la autorización para los efectos de que hallan esta localización geográfica en tiempo real.
En ningún caso el monitoreo continuo de la localización geográfica en tiempo real de un equipo de comunicación podrá exceder de 90 días, contados a partir de la autorización. Debemos de meterle límites a esta facultad que viene planteada en la minuta.
Por el otro lado, los concesionarios solamente deberán conservar datos de tráfico de comunicaciones y otros datos del usuario, que sean necesarios para la prestación del servicio y por el tiempo estrictamente necesario, salvo que el usuario otorgue su consentimiento expreso.
Porque éste es parte del servicio de comunicación, de tener guardada información, lo que le denominamos comúnmente como la nube. Cuando el usuario lo autorice debe de conservarse y no destruirse, porque esto es parte esencial del servicio de guarda de datos.
La retención de datos sobre un usuario sea ordenada por la autoridad judicial, cuando esa retención, debidamente fundamentada y autorizada por la autoridad, así proceda. Hay que entregar los datos conservados a las autoridades de procuración de justicia cuando exista una petición del Ministerio Público y previamente autorizado por la autoridad judicial.
Y finalmente, que venga una facultad expresa de bloqueo inmediato de líneas de comunicación móvil cuando exista un reporte de robo o extravío. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Angulo. Pido a la Secretaría, consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta a los artículos 189 y 190.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para presentar propuesta de modificación a los artículos 189 y 190.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Presidente, vamos a presentar la reserva al artículo 189, 190 y 218. Lo anterior para efectos del tiempo.
Este título, el relativo a la colaboración con la justicia, es quizá, o mejor dicho, es sin duda alguna el título más ominoso, más oscuro de esta nueva ley.
Sin duda es una disposición, es un conjunto de disposiciones que vienen a prefigurar un Estado policiaco en nuestro país. Un Estado interventor de la vida privada de los ciudadanos. Un Estado, va a ser como el Big Brother, que narra el libro 1984 de George Orwell.
Esta disposición es la más regresiva y la más atentatoria contra los ciudadanos. Solamente desde la postración se puede apoyar que sin ninguna autorización de carácter judicial se pueda autorizar que se viole la privacidad de los particulares. Se puede autorizar que los concesionarios de servicios de telecomunicaciones, los proveedores de servicios estén obligados a que cualquier autoridad les pueda decir que sigan a tal o cual ciudadano o que entreguen la información y sus datos.
Esto es inadmisible en un régimen democrático y en un Estado de derecho. Nosotros estamos planteando que se requiera la autorización de la autoridad del Poder Judicial, de los jueces. Como lo establece el artículo 16 constitucional y como una visión garantista de los derechos humanos, lo establece también el artículo 1 de nuestra Carta Magna.
Nosotros no podemos estar de acuerdo en que un simple Ministerio Público o una autoridad que no define la propia ley, pueda estar interviniendo en la vida de los ciudadanos.
No creo, ni siquiera, que en su albedrío la gente de los grupos mayoritarios y particularmente el PRI puedan estar de acuerdo en esta disposición aberrante, autoritaria y retrógrada en la vida democrática del país.
De aprobarla serían ingeniosos aliados de sus sepultureros; estarían entregándole al gobierno la posibilidad de convertirse en una autoridad dictatorial que esté con el pretexto de la persecución de delitos censurando la vida de los ciudadanos. No podemos tampoco estar de acuerdo que se vayan a retener los datos y la información de la gente por 24 meses.
No podemos tampoco estar de acuerdo en lo que dispone la fracción VII del artículo 190 que establece el bloqueo de señales por parte de la autoridad. No quieren que haya libertad en este país. No quieren que la gente se pueda comunicar libremente, quieren que en las comunicaciones privadas esté la mano del Cisen, como ya lo está, pero de manera más burda ahora, la de Gobernación y de todo tipo de autoridades.
Por esa razón apelamos a que este cuerpo legislativo apruebe estas reservas, al artículo 189 y 190 para que se establezca que tenga que ser por medio de una autoridad judicial, como lo establece el artículo 16 constitucional.
Estamos también planteando en el cuerpo del artículo 190, que se establezca lo siguiente: Las autoridades, concesionarios y demás proveedores de servicios están obligados en todo momento a respetar las garantías judiciales y las resoluciones jurisdiccionales y aplicar las disposiciones del presente título conforme al artículo 1o. de la Constitución.
Estamos planteando que este título oscuro, retrógrada de la colaboración con la justicia tenga candados democráticos y la supervisión del Poder Judicial. No creemos que por una línea la gente del PRI lo vaya a aprobar y se estén poniendo ellos mismos la soga al cuello y le pedimos a los diputados del PAN, que más allá de egoísmos apoyemos todos esta propuesta, es la misma que presentó también el diputado Angulo, el diputado Gastélum y como creemos que también lo va a hacer la diputada que me seguirá en el uso de la palabra, de Yucatán; y precisamente por eso pedimos que actuemos como un solo cuerpo.
Les pedimos, señores integrantes de la Mesa Directiva, que apliquen el tablero, que la votación sea por tablero, porque es evidente que ésta va a ser una votación cerrada tanto en esa reserva, si va el PAN, pero si no también en la siguiente. Nosotros creemos que ésta es la parte más oscura de la ley.
Está por otro lado el negocio de los oligopolios, el regalo Televisa, la simulación con Telmex, pero esto le pega directamente a las libertades. Estamos prefigurando el inicio de una dictadura televisiva y represiva en el país con este tipo de controles y aquí queremos ver qué legisladores están con los ciudadanos y las libertades y quiénes están con una dictadura.
Por eso, presidente, pedimos que someta estas reservas, la del 189 y del 190 y también la del 218 que en obvio de tiempo no la diremos, pero que también se integre al Diario de los Debates.
A la diputada Zavala le pedimos también que proceda, pero que actuemos todos. Le pedimos a la Telebancada y a todos que no apoyen. Pueden defender intereses económicos, debieron haberse excusado, pero si no lo hicieron no frenen también las libertades en este país y no estén construyendo un Big Brother antidemocrático y represivo. Es cuanto.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Mejía. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación de propuesta a los artículos 189, 190 y 218, fracción II, presentada por el diputado Mejía Berdeja.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz la diputada Aleida Alavez Ruiz, para presentar propuesta de modificación a los artículos 189 y 190.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Como hemos señalado a lo largo de este soliloquio, donde el debate ha sido el gran ausente, es necesario aclarar que en este dictamen no sólo nos preocupa la parte de competencia económica, sino otra muy importante que es la relacionada con los derechos fundamentales del ser humano, el derecho a su privacidad.
Los artículos 189 y 190 representan la intromisión del Estado en la vida privada de las personas y de su intimidad a través del control de los datos personales. Se transgrede el artículo 1 de nuestra Constitución. El principio del bloque constitucional bajo el principio pro homine se viene a tierra, se viola la perspectiva de los derechos humanos, además de los artículos 11 sobre el libre tránsito de las personas, 15 sobre el debido proceso -acuérdense de la trágica historia de García Luna y el debido proceso de Florence Cassez-, el artículo 16 sobre la protección de los datos personales.
Es inconstitucional que se pretenda conocer la geolocalización en tiempo real, argumentando que no se vincula a una persona y que se va a legislar que los números celulares estén estrechamente vinculados a las personas y a través de ellos nos hacemos identificados e identificables, por lo tanto el Estado a través de particulares no tiene derecho a saber en dónde se encuentran o se mueven las personas. Menos aun cuando no existe un mandato judicial que garantice un debido proceso y se limite la movilidad y el tránsito libre de las personas.
La intromisión a las bases de datos donde se concentran llamadas, mensajes de texto o correo electrónico, tampoco hacen prueba plena porque de ser así estaríamos trastocando nuestro sistema de justicia, el debido proceso y a la presunción de inocencia.
La intromisión a nuestros datos personales y a nuestra vida privada, sólo servirá para incriminar y perseguir a quienes sean incómodos o les representen una amenaza. Es ilegal. Los datos que se recaben, se retengan por más de dos años, se entreguen a autoridades no legitimadas para su tratamiento sólo a través de formalismos administrativos.
Las bases de datos que legitiman estos artículos al pretender que se almacenen por más de dos años, son ilegales porque no cumplen con la licitud.
Uno de los principios internacionales de protección de datos, no son lícitas porque no existen registros públicos que permita a cualquiera controlar la información que se recaba, así sea por la excepción de seguridad o procuración de justicia.
Son ilegales porque no cumplen con el principio de proporcionalidad, es decir, se exceden en el tiempo y en el impacto a la privacidad, al so localizar sin límites de tiempo o en la permanente violación de la correspondencia al saquear mensajes de texto, llamadas a celular o correo electrónico.
No contemplan el principio de continuidad, es decir, nunca se protegen los datos desde que se recaban hasta que se cumple con su finalidad, sin establecer el procedimiento necesario y fundamental para una adecuada protección de eliminar después de un tiempo pertinente, no más de seis meses, los datos recolectados.
No permite que los registros de estas bases sean públicos y tampoco se establecen las responsabilidades de los encargados del registro y almacenamiento que cualquier persona ejerza los derechos de acceso, cancelación y/o posición consagrados en el artículo 16 de nuestra Constitución.
La intromisión del Estado tiene límites y estos están establecidos en la privacidad y la intimidad de las personas.
Como nunca, quieren controlar no sólo lo que vemos o escuchamos, sino hasta ahora lo que pensamos y sentimos. Pero ahí la libertad humana y ese espíritu indómito de la humanidad, es invencible.
En una ley secundaria se pretende regular la competencia económica y la intimidad de las personas. El poder no sólo es territorial, sino también ahora en el espacio íntimo de las personas.
Como hemos señalado a lo largo de este soliloquio, no queremos que este artículo o en particular el 189 y el 190, pasen sin haber sido discutidos ampliamente.
Por eso el no haber retirado esta reserva implica sumarme a la propuesta que enseguida va a presentar la diputada Beatriz Zavala, porque sabemos que juntos en esta oposición a la transgresión más grave a la Constitución, podemos frenar en este pleno esta intromisión a la vida personal de los ciudadanos en este país.
Por lo tanto, diputado presidente, retiro mi propuesta y me sumo a la de la diputada Beatriz Zavala.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Correcto. Tiene el uso de la voz la diputada Beatriz Zavala Peniche, para presentar propuesta de modificación al artículo 189 y 190, fracciones II y III.
La diputada María Beatriz Zavala Peniche: Compañeras y compañeros legisladores, las reservas que ahora presentamos que son tres las presento a nombre de los diputados de Acción Nacional Juan Pablo Adame, Consuelo Argüelles, Alfredo Rivadeneyra, una servidora y con el consenso del grupo parlamentario y también a nombre del PRD, de Movimiento Ciudadano y del PT. Agradezco y me da mucho gusto que nos hayan otorgado esa confianza y que podamos hoy decir que cuando estamos por los ciudadanos existen los acuerdos y las alianzas en beneficio del pueblo de México. Muchas gracias.
Voy a hablar en la reserva de tres aspectos muy importantes que están en el capítulo de colaboración con la justicia: retención de datos, geolocalización y bloqueo de señal.
Estas reservas tienen como objetivo impedir disposiciones legales que pretenden violar la privacidad a la que tienen derecho los ciudadanos, así como atentar contra sus derechos humanos y contra su libertad de expresión.
Reconocemos que algunos de los puntos del dictamen que han causado mayores inquietudes entre la ciudadanía son éstos, son los referentes al bloqueo de señales, a la retención arbitraria de datos y de información de los usuarios y de sus comunicaciones y la geolocalización en tiempo real y el acceso a datos de comunicaciones privadas.
Es por ello que presentamos esta reserva. En materia de retención de datos, las medidas que plantea el dictamen que vino del Senado se convierten en una herramienta de vigilancia masiva, sin controles, absolutamente violatoria del derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
Quiero decir que realmente quisieron hacernos creer que estos temas se estaban cambiando. Cuando empezó el debate y cuando hubo mucha presión ciudadana, principalmente a través de las redes sociales, nos dijeron que los iban a cambiar e incluso que los habían cambiado. Pero no es así. Aquí están en el dictamen que vino del Senado.
Realmente toda comunicación de los ciudadanos va a ser guardada. Imagínense ustedes, lo que se habla, lo que se manda en mensajes de texto, lo que se da en internet, toda la comunicación de los ciudadanos y de manera masiva.
Este tipo de disposiciones ya han sido declaradas inválidas en otros países, por ejemplo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y denunciadas como incompatibles con el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión por parte del relator especial sobre libertad de expresión de la ONU, por lo que proponemos una reserva que sea clara y acorde con el derecho para que estos procedimientos de vigilancia sean la excepción y no la regla, no la mayoría y no para todos, para que la recopilación de datos sea un proceso cuidadoso y éste precedido siempre de autorización judicial federal.
No permitiremos que se abuse con este tipo de medidas. Planteamos una redacción que refiera a que los concesionarios solamente y solamente deberán conservar los datos de tráfico de comunicaciones y otros datos del usuario que sean necesarios para la prestación del servicio y por el tiempo estrictamente necesario para ello.
Conforme a precedentes y jurisprudencia de la Suprema Corte de nuestro país, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es necesaria la autorización judicial federal parar acceder a datos que identifiquen una comunicación.
De igual manera, que el contenido de las comunicaciones por lo que planteamos que este requisito sea definido en la ley y no se esté presentado con la ambigüedad que se presentó en el dictamen.
Sobre la geolocalización. En el dictamen que discutimos ahora, la localización geográfica en tiempo real, y el acceso a datos de comunicaciones sin controles mínimos necesarios para inhibir el abuso ahí está.
Se permite esta localización en tiempo real de dispositivos sin establecerse los supuestos respecto de los cuales puede autorizarse dicha geolocalización. Tampoco se establece la necesidad de autorización judicial y ningún otro control que inhiba el abuso de esta medida.
Es falso y lo digo porque lo han dicho algunos legisladores, pero no es así, es falso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya validado esta disposición, pues al resolver la acción de inconstitucionalidad, 32-2012, las disposiciones analizadas no contemplaban la utilización de geolocalización por parte de instancias de seguridad nacional, sino que se acotaba su uso para la investigación de delitos de especial gravedad.
Por lo que la reserva que se presenta precisa algunos aspectos sobre el uso de esta medida al establecer que la localización geográfica en tiempo real, únicamente procederá cuando sea ordenado por la autoridad judicial federal competente y se use para facilitar las investigaciones en materia de delincuencia organizada, secuestro o extorsión, o cuando se ponga en riesgo la vida de una persona.
Asimismo se establece el derecho de notificación al usuario afectado. Es decir, transparencia, que se notifique al usuario por una intervención de sus comunicaciones privadas. Ese derecho ha sido reconocido por la Corte Europea de Derechos Humanos.
Y el bloqueo de señales. El dictamen que discutimos mandato a los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, las autoridades, a realizar la suspensión inmediata del servicio de telefonía cuando así lo instruya la autoridad competente para hacer cesar, según dicen: lo estoy diciendo textual, la Comisión de Delitos.
Dicha disposición ha sido consideraba incompatible con el derecho a la libertad de expresión por los relatores de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes han manifestado que la interrupción de acceso a internet aplicará a poblaciones enteras, o a determinados segmentos del público, no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o llamar a seguridad nacional.
Por lo que advertimos que estos mandatos constituyen medidas desproporcionadas, que atentan contra la liberta de expresión –termino, presidente– y que en ciertos contextos, como el de la protesta social, podría atentar de manera grave contra la integridad y seguridad de la ciudadanía, y podría impedir la documentación de violaciones a derechos humanos e incluso la labor periodística.
Saben qué, compañeros legisladores, estaríamos regresando al 68, cuando 24 horas después porque no habían esos medios de comunicación los ciudadanos tuvieron noticias de lo que había ocurrido por algunos medios de prensa escrita, imagínense cuando bloqueen las señales en una manifestación y los periodistas teniendo esas facilidades de comunicación, y los propios ciudadanos que se encuentran en el lugar, no puedan comunicar si hay un atentado contra los derechos humanos o de cualquier índole que esté dañando a la población y a sus libertades.
Por eso planteamos estas reservas. No queremos que ocurra lo que ha ocurrido en Egipto, en donde bloquean las señales para que los ciudadanos no puedan comunicarse entre sí cuando están organizados.
Compañeros legisladores, los invito a votar a favor de estas reservas y que como Cámara colegisladora hagamos más perfectible esta reforma en telecomunicaciones y respetemos libertad de expresión, privacidad y derechos humanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Zavala. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta a los artículos 189, 190; 190, fracción I; y 190, fracción VII.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Pido a la Secretaría que abra el tablero electrónico para recoger la votación nominal hasta por tres minutos, en el entendido de que el voto a favor es a efecto de que se admita a discusión.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el tablero por tres minutos para proceder a tomar la votación si se acepta a discusión.
(Votación)
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 171 votos a favor, una abstención, 225 en contra.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Por tanto se desecha. Tiene el uso de la voz el diputado Tomás Torres Mercado, para presentar propuesta de modificación al artículo 190.
El diputado Tomás Torres Mercado: Con su autorización, señor presidente. Aunque pudiera anticiparse la ociosidad del uso de la palabra, virtud a la evidencia revelada con relación a la procedencia o no de la reserva que se vincula con los artículos 189 y 190 de la minuta que estamos discutiendo, yo deseo, estimadas colegas diputadas, diputados, no sólo en un ejercicio de memoria, sino también de congruencia, decirles a ustedes que seguramente ningún diputado, ninguna diputada estará en contra de poner en salvaguarda siempre el derecho humano a la privacidad. Y no sólo este derecho humano, sino también el de seguridad jurídica, el de libertad y por qué no, debido proceso o legalidad.
Dije en un ejercicio de memoria, porque el que les habla, por cierto acompañado en su momento por quien me ha precedido en el uso de la palabra, desde el Senado de la República y en una circunstancia de crisis severa de seguridad pública y de violencia, se llevaron cuando menos cuatro iniciativas.
Una, la geolocalización con el propósito de hacer frente a conductas delictivas tan graves como el secuestro, como la amenaza o como la extorsión.
Sabedores en términos prácticos de dónde se estaba realizando la llamada, y perdónenme ustedes, en un ejercicio de transparencia, ¿llamarle al delincuente y decirle: te voy a suspender la comunicación para que ceses en la comisión del delito? Dije cuatro iniciativas cuando menos.
La Corte se ocupó de la geolocalización. Ya no es materia de discusión en este momento, porque fue abrogado el Código Federal de Procedimientos Penales. Se vinculó con la Ley Federal de Telecomunicaciones, por qué, porque la facultad de medidas cautelares de esta naturaleza han estado vigentes siempre en procesos investigatorios, con control judicial o no, según el caso de urgencia.
¿Por qué se vinculó la Ley Federal de Telecomunicaciones? Compañeros, porque las concesionarias decían: me obliga el Código Federal de Procedimientos Penales, pero no me obliga como concesionario la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Es parcial, amigos diputados, es parcial el argumento que aquí se ha dado, porque el artículo 190 impone obligaciones a las concesionarias y también a las autoridades.
Doy cuenta de las otras tres hipótesis. Bloquear la comunicación o las señales, cuando tienen su origen en establecimientos penitenciarios.
Un servidor formuló la iniciativa y no pudo transitar y, sin embargo, ahora la veo en este ordenamiento. Lo celebro.
Les menciono una más. ¿Qué no se había obligado a los mexicanos a que dieran datos personales al adquirir un teléfono móvil? Aquello que se convirtió en un trámite inatendible. Un control práctico, colegas, es simplemente si se reporta como extraviado, como robado, suspende la funcionalidad del equipo.
–Le pido tolerancia, señor presidente–. Abordo, cuando se dan argumentos, cuando se rompe el soliloquio dicen no al debate. No quieren debate cuando hay elementos para debatir. Ven a debatir, te lo acepto, ven a debatir.
Aunque aludiera a alguien en lo personal –debes estudiar el Reglamento– que si no está abierto al debate una reserva, no cabe la alusión. Eso hay que aprenderlo.
Menciono la última iniciativa que ahora veo materializada, ¿cuál? Compañeros de la izquierda o de la derecha, he escuchado con atención, fundadamente, la exposición de las reservas y la respeto, ¿y por qué no cuando se hace con convicción y cuando fundadamente se presenta? ¿O qué no respeto a la diputada Zavala? Evidentemente y lo diré en lo corto y lo diré desde esta tribuna.
Pero les planteo, ¿es malo que la obligación de la concesionaria establezca que haya un solo número para la atención de las emergencias? ¿O van al 066 y al 089 y al 214? Nadie lo sabe. Digo, no quiero lanzar un comercial televisivo, pero bueno, ¿qué no podrá ser el 911?
No son sólo esas hipótesis, quiero mencionarles que este pleno aprobó, por unanimidad, algo para quien sienta la amenaza de la prueba ilícitamente obtenida. El artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales literalmente dice: cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado ni convalidado.
Yo sí creo en la fortaleza de las instituciones que deben hacer respetar la ley para poner en salvaguarda los intereses de los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Torres Mercado. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 190.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se pregunta si se acepta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Por consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz la diputada Zuleyma Huidobro González, para presentar propuesta de modificación al artículo 190, fracción I, fracción II, fracción III y suprimir la fracción IV, en un solo acto.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Qué pena, qué lamentable que suceda esto. Qué lamentable que la mayoría en esta Cámara esté por encima de lo que señala la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque vienen a dar discursos demagógicos que nada justifica la violación a la Constitución.
Nosotros no nos negamos al debate, diputado. Nosotros votamos a favor de la discusión de la propuesta de la diputada Zavala y usted la votó en contra, si hubiese querido debatir la hubiera votado a favor.
Qué lamentable que el PRI, que el Partido Verde y que Nueva Alianza aprueben leyes que establezcan la intervención de comunicaciones, aplicaciones y contenidos sin orden judicial.
Que aprueben que las corporaciones policiacas y agencias de seguridad del gobierno tendrán acceso total a la geolocalización de los ciudadanos.
Que cualquier autoridad puede instruir a bloquear accesos de Internet sin justificar los motivos de la orden o sin la obtención de una autorización juridicial, y porque obviamente esta ley que están aprobando limita arbitrariamente el acceso a Internet, inclusive las empresas estarán obligadas a retener los datos de todos los usuarios. Es decir, a conservar un registro y control de las comunicaciones que se realizan desde cualquier dispositivo, este registro contendrá el origen y destino de las comunicaciones, la fecha, la hora y duración de la comunicación, el nombre del titular y de una línea y la ubicación geográfica del dispositivo de comunicación, entre otros, y el problema no es la geolocalización como tal, sino el problema es que quieran considerar a todos los ciudadanos delincuentes, cuando no lo son. El hecho de portar un celular, un aparato móvil no significa que sean delincuentes.
Lamentable que en esta Cámara no se acepten las propuestas en común de los diputados, que tuvieron en común con las demás fracciones parlamentarias. Entre ellos, el diputado Ricardo Mejía, el diputado Angulo, la diputada Roxana Luna, la diputada Lilia Aguilar, la diputada Luisa María Alcalde, la diputada Beatriz Zavala, la diputada Aleida Alavez. Todos integrantes de diferentes grupos parlamentarios y que están en común en esta propuesta.
No se puede considerar a todos los ciudadanos como delincuentes. No se les debe coartar su derecho a la privacidad. Consideren eso, ustedes son los represores y se están convirtiendo en un Estado autoritario, dictador, nazi. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada Huidobro. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación de propuesta a los artículos 190, fracción I, II, III y suprimir la fracción IV.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Por consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz la diputada Adriana González Carrillo para presentar propuesta de modificación al artículo 190, fracciones XI y XII, y adición de una fracción XIII.
La diputada Adriana González Carrillo: Muchas gracias, presidente. Y también aprovecho para felicitarle por su cumpleaños.
La reserva al artículo 190 que les presento, busca adicionar una fracción, la XIII, para incorporar en el título octavo, denominado de la colaboración con la justicia en el capítulo de las obligaciones en materia de seguridad y justicia.
La obligación a los concesionarios de telecomunicaciones de transmitir los mensajes solicitados por la autoridad competente de forma gratuita y de manera expedita, referentes a alertas y avisos.
De eventos que signifiquen un riesgo inminente a la seguridad de la población y relativos a la búsqueda o localización de personas.
Dichos mensajes serán enviados a todos los usuarios que se encuentren en el área en la que suceda, haya sucedido o pueda suceder el evento, y se enviarán a través de los medios idóneos para que lleguen oportunamente a la mayor cantidad de usuarios, sin que estos últimos requieran contratar para ello ningún servicio adicional al de la telefonía móvil.
Dentro de los protocolos de seguridad encontramos tres de la mayor relevancia.
Primero. Alerta Amber. Es el protocolo de notificación inmediata, coordinación institucional y colaboración de la sociedad civil para la búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes reportados como secuestrados, incluso por sus padres o hayan sido reportados como desaparecidos.
Para activar la Alerta Amber se deben cumplir cuatro requisitos: el extraviado debe tener menos de 18 años. Que una autoridad o departamento de policía valide la desaparición. Contar con suficiente información física o fotografías del menor. Así como saber de dónde se le vio por última vez, y datos sobre alguna persona o vehículo sospechoso. Y por último, suponer que hay un grave riesgo para el desaparecido, de acuerdo con diversas organizaciones enfocadas a la recuperación de niños extraviados, las primeras horas de búsqueda de una persona son vitales y en el caso de menores de edad es aún mayor derivado de su situación de vulnerabilidad.
Es por ello que dicha alerta es transmitida a través de medios masivos de comunicación como es la televisión, la radio, mensajes de celular, correo electrónico, entre otras, el objetivo es llegar al mayor número de personas en el menor tiempo posible.
La alerta Amber funciona en México desde el año 2012 en todo nuestro país, durante el primer año de su aplicación se emitieron 87 alertas y se recuperaron a 45 menores de edad. La alerta Amber opera mediante la línea telefónica 01 800 0085400, la cual funciona 24 horas todos los días del año. Los especialistas reconocen la efectividad de la alerta y sugieren dar una mayor difusión entre la población, pues existe un desconocimiento de ese instrumento para la recuperación de menores.
2. Protocolo Alba. Este protocolo se deriva de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras, Campo Algodonero contra México y se refiere a la localización oportuna de mujeres desaparecidas.
3. Alerta sísmica. Es el sistema que detecta sismos importantes y permite la activación de protocolos preventivos de protección civil. En especial debemos insistir que esta alerta debe ser gratuita y el Estado mexicano debe facilitar la prevención de daños a la sociedad civil.
La propuesta que hoy les presento busca utilizar las nuevas tecnologías para ponerlo al servicio de las personas y en especial para facilitar la solidaridad de la sociedad, así como la colaboración con la justicia. Les pido su voto a favor de esta propuesta que tiene un alto contenido social. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada González Carrillo. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 190, fracción XI y XII, y adición de una fracción XIII.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aceptan. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Por consecuencia, se desecha. Tiene el uso de la voz, el diputado Marcos Aguilar Vega, para presentar propuesta de modificación al artículo 190, fracción XIII, hasta por tres minutos.
El diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias, presidente. Quiero compartir con ustedes –muchas felicidades, presidente–.
Quiero compartir con ustedes esta reserva que sin duda alguna es una reserva toral, fundamental para todos los mexicanos, que establece una propuesta para crear una nueva figura jurídica denominada transparencia estadística.
Es una figura que establece particularmente una adición al 190, una fracción XIII que establezca un derecho para los usuarios y que establezca una obligación para la autoridad que se señala, tiene la capacidad para adquirir información en cuanto a localización geográfica y en cuanto al uso de datos o conservación de datos que estén en poder de los concesionarios.
Cuando nos referimos particularmente al derecho de los usuarios estoy refiriéndome específicamente al derecho a poder conocer a través de esta figura quiénes son sujetos de una investigación. Transparencia estadística implicaría la obligación para el gobierno para publicitar de manera permanente todas las actuaciones que éste realice derivadas de una investigación.
Tienen derechos los ciudadanos de la República Mexicana a conocer si la autoridad, en uso de las facultades de investigación, ha solicitado a un concesionario datos sobre localización geográfica o sobre el uso de los datos particulares que tiene un usuario.
En México la Constitución establece el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Esto implica conocer quién me acusa, de qué me acusa y ante quién me acusa. En un procedimiento como lo establece la propia Constitución, los usuarios de cualquier servicio tenemos el derecho a la transparencia, entendida la transparencia como una política pública del gobierno para que cualquier ciudadano de la República conozca sus actuaciones.
Que el gobierno no sea llamado a realizar actos autoritarios que lo desvíen del poder que le ha sido conferido y que pretendan, utilizando esta información, la geolocalización o los datos de los usuarios, a desviar el poder para buscar amedrentar, para buscar afectar los intereses políticos o los intereses de los ciudadanos.
Si la autoridad se apega al principio establecido en la propia Constitución, que es el principio de legalidad, las actuaciones dentro de un proceso judicial deben ser actuaciones que deban ser conocidas por cualquier ciudadano para que tenga derecho a ejercer una defensa legal adecuada.
Si esta figura de transparencia estadística se establece en la legislación, estaremos obligando a la autoridad para que de manera permanente esté publicitando sus actuaciones y que cualquier usuario de la República Mexicana tenga acceso a esa información.
Yo espero contar con el respaldo de la asamblea en esta reserva que sin duda alguna beneficia a todos los usuarios de nuestro país. En caso de no verme favorecido con su respaldo, anuncio anticipadamente que éste es un tema que será producto de una iniciativa de ley.
No lleva contenido ni carga ideológica. Lleva un contenido que está vinculado única y exclusivamente a ejercer un derecho como usuario y asignarle una obligación a la autoridad. La obligación para transparentar y el derecho de un usuario para conocer si la autoridad está actuando en ejercicio de una facultad. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Marcos Aguilar. Pido a la secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 190, fracción XIII.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Por consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz el diputado Javier Orihuela García, para presentar propuesta de modificación al artículo 190, hasta por tres minutos.
El diputado Javier Orihuela García: Bueno, a petición de la asamblea, felicidades, presidente. Agradezco a Jonatán que me hayas dado tu tiempo. Gracias, Jonatán.
Compañeros, retomando la intervención que me suspendieron, quiero referirme a mis 200 escuchas que efectivamente me han estado llamando, y ahorita ya son más porque dijeron “oye ¿por qué no te dejaron hablar?” Y sobre todo, compañeros, hay una persona que no se ha dormido y me pidió que leyera este recadito y nada más eso voy a leer, porque ya no se aprobó lo que la diputada Beatriz proponía; no se aprobó lo que el compañero Marcos propuso; y tiene que ver mucho con este recado. Si me permiten voy a leerlo nada más. Dice así:
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Pido orden a la asamblea para que el orador pueda continuar.
El diputado Javier Orihuela García: No les voy a quitar tiempo, simplemente voy a leer este recadito, compañeros, para que vean. Dice así:
“Guerreros Unidos o la empresa Nueva. Se le comunica a la señora Teresa que tiene que pagar una cuota de 80 mil pesos a la empresa Guerreros Unidos. ¿Sí sabe a lo que nos dedicamos verdad? A levantarlos, a matarlos, a descuartizarlos, a avasallarlos. Para nosotros es fácil. Ya sabemos sus direcciones y con quiénes vive y todo lo que hace y sus movimientos que hace.
“El día de ayer se le respetó a su hijo y no le levantamos porque queremos que disfrute su vida. Por lo tanto recapacite y coopere con todo lo que le ordenemos. Y si no cuenta con la cantidad que le ofrecemos, tendrá que darnos la camioneta y otra parte en dinero.
“En la llamada se le dirá el monto. Ah, otra cosa, afuera de su local hay gente cuidando y en sus domicilios. No queremos mamadas porque la estamos cuidando, desde que sale de aquí la vamos cuidando, su tiempo está corriendo, así que no haga mamadas. En seguida se ejecutará si no quiere poner de su parte, y si está de acuerdo estaremos a sus órdenes. Tiene pocos minutos”.
Compañeros, es un recado de una empresaria que tiene una panadería. Mataron a su esposo por no pagar y hoy ella temerosa se fue, pero se armó de valor y está otra vez con su empresa, con su panadería, pero tiene esta amenaza. Qué vamos a hacer, compañeros.
Por eso para nosotros la modificación del artículo 189 era de vital importancia para que se usen los medios de comunicación contra la delincuencia organizada y no contra los ciudadanos.
Por eso les pido que recapaciten y que por favor modifiquemos eso porque estos señores se encuentran en la indefensión y hoy nosotros queremos denunciar la incapacidad del Estado mexicano para proveer de seguridad a los ciudadanos, pero también la incapacidad del Estado mexicano para hacer valer su derecho a hacer que los medios de comunicación estén al servicio de la ciudadanía y no al servicio de los empresarios que hacen negocio y que incluso la delincuencia organizada está dentro de esas empresas porque qué casualidad que cuando secuestran a un compañero inmediatamente localizan al que supuestamente le van a pagar y lo van a extorsionar.
No les quiero relatar tantas cosas, pero en Morelos tenemos esa problemática y hoy es necesario, compañeros, que se recapacite, que se modifique el artículo 189 en los términos en que propone la compañera Beatriz Zavala. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado. Pido a la Secretaria consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 190 presentada por el diputado Orihuela García.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz la diputada Josefina Salinas Pérez para presentar propuesta de modificación al artículo 190, hasta por tres minutos.
La diputada Josefina Salinas Pérez: Muy buenos días a todos los que todavía están aquí en este pleno. Qué bueno que sirvió el debate de hace un momento para que salieran de sus oficinas donde la mayoría ya estaba descansando y ya estaba dormida. Qué bueno que despertaron y qué bueno que quedó en tablero para que efectivamente todo el pueblo de México se dé cuenta de cómo se está votando en este pleno.
Se nos ha satanizado por la televisión porque estamos en contra del supuesto ahorro que, según Peña Nieto y la mayoría del PRI y sus aliados, se tendrá en las llamadas de larga distancia. Pero la privacidad de los ciudadanos no tiene precio.
Mexicanos, es necesario que sepan que el proyecto de ley que hoy se discute pretende, en aras de la colaboración con la justicia, regular que todas las llamadas que realicen sean monitoreadas por los operadores de telecomunicaciones con el fin de proporcionar datos como tu nombre y localización geográfica en tiempo real.
El pretendido control de las comunicaciones incluye la obligación de conservar el registro de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea, bajo cualquier modalidad para implicar seis tipos de datos:
1. Nombre y domicilio del suscriptor
2. Tipo de comunicación: transmisión de voz, buzón, vocal, conferencia, datos, servicios suplementarios incluidos el rendido, transferencia de llamadas o servicio de mensajería o multimedia, empleados, incluidos los servicios de mensajes cortos, servicio multimedia y avanzados
3. Datos para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil, número del destino, modalidad de líneas de contrato o plan tarifario como la modalidad de líneas de prepago.
4. Fecha, hora, duración de la comunicación, así como el servicio de mensajería o multimedia. Se incluye conservar la fecha y hora de primera activación del servicio y la etiqueta de localización, desde que se haya activado el servicio
5. Identificación y características técnicas de los positivos incluyendo el de otros, los códigos internacionales de identidad, de fabricación y del equipo del suscriptor. La ubicación digital del posicionamiento geográfico y de las líneas telefónicas. El operador de la telefonía estará obligado a conservar estos datos durante 12 meses en sistemas de referencia en tiempo real, y 12 meses adicionales es sistema de almacenamiento electrónico.
Por supuesto, esta medida viola derechos de los mexicanos, limita libertades, so pretexto de la seguridad se retienen datos personales, lo cual me preocupa muchísimo. Por eso es vigilar a los ciudadanos, querer tener un control sobre nosotros, y medida con la que estoy en desacuerdo.
Estamos hablando de vigilancia de Comunicaciones, y para mí, como legisladora, como ciudadana, esta medida atenta contra los derechos constitucionales como los referidos a la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones.
La geolocalización a cargo de las instancias de seguridad, al no quedar definidas, puede referirse al Cisen, a Gobernación, a Sedena, o a la policía federal.
Así el artículo 190 de la ley se convierte en uno de los más polémicos, ya que al dejar en manos de particulares la posesión y disposición de los datos personales de los ciudadanos, se afectan derechos fundamentales porque las comunicaciones son privadas.
Por lo anterior, someto al pleno la siguiente reserva: se elimine la fracción del I al IV, del artículo 190 del dictamen, y se recorre al orden de las fracciones quedando siete fracciones en lugar de 12 y se limite el último párrafo del dictamen VIII del dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias.
Pido a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 190.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Por tanto se desecha. Tiene el uso de la voz el diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, para presentar propuesta de modificación al artículo 191, fracciones XX, XXI, y adición de una fracción XXII.
El diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís: Con su venia, señor presidente. Muchas gracias. Primero, y antes que nada, felicitar a todos mis compañeros diputados, que por más de 15 horas hemos permanecido al pie del curul, que no nos hemos movido, no nos hemos ido a descansar, a dormir a nuestras oficinas, y hemos estado muy atentos de todas las ponencias y todos los discursos que aquí se han escuchado.
Este discurso va dirigido a todos ustedes, quienes seguramente están muy al pendiente de lo que pasa con sus representados, a quienes fueron a visitar en muchos casos hace poco más de dos años. Es un problema que le aqueja directamente a quienes ustedes y un servidor representan, es un problema que seguramente el 40 por ciento, quienes están aquí por la vía plurinominal, no tienen tan presente, porque seguramente no se pararon en sus distritos.
Es un problema que tampoco el 30 por ciento conoce porque seguramente solamente se pararon a otorgar algunas despensas el día a día antes de las elecciones y no tuvieron oportunidad de platicar y dialogar con los problemas que le aquejan a su comunidad.
Entonces, este 70 por ciento que no conocen el problema los voy a enterar de lo que consiste. Quienes han contratado de manera directa algún servicio de telefonía móvil se han dado cuenta que posteriormente para darlo de baja al finiquitarse el contrato de tiempo obligatorio es algo muy complicado de realizar, que son largos trámites el poder dar de baja un servicio debido a que piden que hables a un número, te tienen en espera un tiempal y posteriormente te comunican a uno y otro y otro operador, lo cual se vuelve una tarea imposible poder realizar.
En este sentido la propuesta es sencilla, es adicionar una fracción al artículo 191 para efectos de quedar en el siguiente tenor: a que el concesionario de servicio de telefonía móvil dé aviso al usuario por cualquier medio, incluso el electrónico, en un plazo de cuando menos 15 días antes de que se dé por terminado el plazo forzoso contratado informando la fecha de la posible renovación del contrato y los cargos a cubrir el día del corte, a efecto de que el usuario informe su aceptación de manera expresa para que el contrato de servicio sea revocado, no dando lugar así a la renovación automática.
De no contar con la autorización del usuario de manera expresa la empresa debe dar por terminado el servicio el día que venza el plazo forzoso, quedando el usuario exento de cualquier cargo posterior a la fecha. Con esto nos evitamos los cargos y los tiempos morosos a que hemos hecho alusión. Ojalá podamos contar con su aprobación. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Fuentes Solís. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta al artículo 191.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para presentar propuesta de modificación al artículo 191, 222, 223 y 242.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Si la trivialidad de la bancada priista es evidente, es evidente esa trivialidad y ese desparpajo, ese cinismo.
Así como la inserción pagada del PRI enunciando los beneficios de la reforma de telecomunicaciones, la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, Canitec, opositora a América Móvil y Telcel, y el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones publicaron el día de hoy en los periódicos Milenio, Reforma, La Jornada y el Economista, inserciones pagadas en las que exponen los supuestos beneficios de la reforma en la materia y su aprobación a las Leyes aprobadas por el Senado de la República, propaganda a favor de la reforma antes de concluir el proceso legislativo y previo a su consecuente entrada en vigor.
Hay que precisar que los miembros fundadores de este instituto se encuentra entre ellos el diputado Federico José González Luna Bueno, de la bancada del PVM; Eduardo Ruiz Vega, miembro del Comité de Estudios Legislativos de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, de la CIR; Javier Tejado Dondé, director de Información de la Presidencia de Televisa y asesor jurídico de dicha empresa; Javier Lozano Alarcón, senador del Partido Acción Nacional; Eduardo Sánchez Hernández, diputado federal del PRI en la LX Legislatura y actualmente vocero de la Presidencia de la República, entre ellos, entre otros, asociación que presume el conflicto de intereses que se ha denunciado por los legisladores, por un servidor, de la denominada telebancada.
El apoyo a una reforma anunciada y el anuncio de las acciones por las que América Móvil desincorporará y venderá ciertos activos en favor de algún nuevo operador independiente de dicho grupo, muestra el movimiento de los actores interesados en el mercado de telecomunicaciones y los intereses políticos y económicos de fondo.
No es gratis que la bancada Televisa no haya mostrado pudor alguno para excusarse en el proceso de dictamen en breve consecuente votación de las Leyes en la materia. Sufren de una enfermedad llamada codicia, son voraces y rapaces.
La expectativa generada por la reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión se ha diluido con una Ley inoperante en el control de los monopolios en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión. Un órgano autónomo acotado de factor por el poder económico de las empresas y el poder político presidencial a través de los secretarios de Gobernación y Hacienda. Una simulación de derechos de los usuarios y de las audiencias, sin medios eficientes y eficaces para garantizar los derechos y garantías constitucionales.
Un Poder Legislativo disminuido a ventanilla de trámite para el curso de una Ley que no trastoca los intereses de los monopolios en radio, televisión y telefonía. Un Poder Legislativo en que no existe pudor alguno por observar los principios y garantías constitucionales en beneficio de los usuarios y el derecho a la información.
–Por eso esta trivialidad de la bancada del PRI y pueden seguir gritando–. El sistema de comunicación a cargo de las empresas monopólicas de los grupos Televisa y Televisión Azteca, no se modifica con la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, quedan intocados sus intereses al establecer en un sistema transitorio esquemas de elusión de responsabilidad en caso de incumplimiento de nuevas reglas de competencia en los servicios concesionados, eliminando la posibilidad de instrumentar procedimientos sencillos y rápidos para garantizar los derechos de los usuarios, los que se acotan en el artículo 191 a meros trámites de control del servicio que prestan por los concesionarios, sin posibilidad de su exigibilidad y efectividad plena de los derechos humanos y garantías contenidos en la Constitución y tratados internacionales.
Con la nueva ley, la fracción IV del artículo 6o. constitucional es la que determina la prohibición de la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión, al delegar en la Secretaría de Gobernación –artículo 217– el monitoreo, vigilancia, en todos los contenidos y su consecuente sanción, generando un retroceso en las garantías del derecho a la información y al ejercicio de las libertades de expresión y de información, coartando con ello las atribuciones del Ifetel.
La falacia de regular la competencia se subraya en el artículo 242, al determinar que los concesionarios de radiodifusión fijarán libremente las tarifas de los servicios y espacios de publicidad, sin mayor obligación que la de registrar sus tarifas mínimas ante el registro público de telecomunicaciones del instituto, por lo que la mentira y la demagogia legislativa de reducir el costo del pago final que realizan los usuarios quedan en la simulación, que ha caracterizado a las denominadas reformas estructurales, que ha impulsado el mal gobierno de Enrique Peña Nieto.
La inutilidad de las horas que ha consumido la ingenua pretensión de diputados y diputadas a través de las reservas de diversos artículos de la reforma que se impone, queda en un ejercicio de reflexión de las omisiones y deficiencias de la ley, ante una mayoría cooptada e intimidada por el poder de las televisoras y empresas en telecomunicaciones.
Los principios de expansión del capital subordinan al gobierno en sus distintos órdenes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, avasallando los derechos de la población. Un Estado débil y falto de legitimidad política y social, que está impedido para regular los intereses de las empresas nacionales y extranjeras que controlan los mercados en telecomunicaciones, con poder suficiente para imponer gobernantes a modo, como lo hicieron con Enrique Peña Nieto.
Nosotros se los dijimos a los ciudadanos, votar por el PRI, por Peña Nieto, nos llevaría al despeñadero. ¿Alguien lo duda todavía? Claro que no lo duda. Es, de verdad, lo que están llevando al país, al despeñadero. Y qué bueno que lo dicen los del PRI.
Ante la imposición de la teledictadura, la única alternativa está en los ciudadanos y ciudadanas. Esto, ciudadanos, los que escuchan, que yo creo que deben ser menos de los 200 que narra Orihuela, porque de verdad que se necesita ser masoquista para estar viendo esto, quiero decirles que la única alternativa está en los ciudadanos, no se dejen seducir y apaguen la televisión y mejor lean un libro, y que disminuyan su consumo de telecomunicarse y que no dejen atrapar su conciencia por la enajenación, manipulación mediática.
Si todos nosotros, y no me refiero a ustedes, me refiero a los ciudadanos y ciudadanas, la oligarquía es sólo un tigre de papel, y más temprano que tarde cambiaremos de verdad a este país y el régimen será derrocado y aboliremos estas leyes regresivas a la población. No lo duden, no van a dormir tranquilos ustedes, y recuerden que ya hay una esperanza para México y eso es el Morena. Buenas noches, señores diputados.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación de propuesta a los artículos 191, 222, 223 y 242.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: En consecuencia se desecha. Tiene el uso de la voz la diputada Roxana Luna Porquillo, para presentar propuesta de modificación a los artículos 192, 200, 237, 247, 248 y 261.
La diputada Roxana Luna Porquillo: El artículo 192 del dictamen, si bien pretende hacer creer que se tomará en cuenta la voluntad del usuario para la contratación, lo cierto es que resulta totalmente contrario, teniendo en cuenta que en el último párrafo del artículo en mención, deja abierta la posibilidad de que los concesionarios puedan modificar las cláusulas del contrato, lo que por ende puede utilizar en beneficio de estos últimos y dejando un previo aviso sin agotar los diversos medios de notificación al usuario, sin señalar que en todo caso lo que deberían recabarse, sería el consentimiento del usuario de forma escrita, sin mediar ventajas contractuales, redacciones obscuras de complejidad técnica que no permitan al usuario comprender las modificaciones al contrato.
En cuanto al artículo 200, el servicio de retransmisión o relevo, hace posible que, a través de una operadora o centro de relevo, una persona con discapacidad auditiva, oyente que comunique, pueda utilizar los servicios de retransmisión que se accede a la página de Internet del Centro de Relevo, ya sea desde el domicilio, desde alguna caseta o de acceso a Internet.
Al conectarse con el Centro de Relevo, la operadora marcará a la otra persona para que se establezca la comunicación. La operadora lee el texto de la persona con discapacidad auditiva o habla, y la persona oyente lo escucha y responde. La respuesta es la transcrita en el texto, que una persona con discapacidad auditiva pueda leerla y continuar con la conversación.
Estos servicios deberán financiarse con todos los medios de cobertura universal. Partidas presupuestales. Ingreso por sanciones impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
En virtud propongo adicionar las fracciones al artículo para que pueda quedar en los siguientes términos:
IX. A que los teléfonos o casetas públicas y cabinas de Internet se coloquen a una altura entre 90 y 120 centímetros del piso. Que tengan controles de volumen y sean compatibles con los dispositivos de ayuda. Así como que tengan avisos y teclado con sistema Braille.
También solicito la incorporación de la fracción X, a que se establezca el servicio de relevo de comunicaciones sobre el protocolo de Internet en términos del artículo.
Los centros de relevo deberán formar parte de la política de inclusión digital universal, debiendo habilitar los sitios públicos para que cualquier persona pueda acceder a los servicios de retransmisión en dichos sitios públicos, o bien, desde sus domicilios.
Para el financiamiento de la instalación-operación del centro de relevos se propondrá utilizar los fondos de cobertura universal.
Dos. Los ingresos derivados del uso y aprovechamiento, explotación de frecuencias del espectro radioeléctrico.
Tres. Partidas presupuestales destinadas a dicho fin.
Cuatro. Donativos del sector privado y social, así como de organismos internacionales.
Quinto. Los ingresos recaudados por multas impuestas por el Instituto.
Sexto. En su caso, los ingresos derivados de obligaciones de cobertura universal a cargo de concesionarios. El centro de relevo deberá tener estrictas políticas de privacidad.
Artículo 237. Tiene qué ver con la armonización a la propuesta de modificación que establece el artículo 89, para permitir la comercialización con publicidad a los medios sociales, para poder así tener garantía de que se les permita subsistir e intervenir en la administración mediante el mejoramiento de contenidos, entre muchos beneficios más.
Razón por la que propongo esta modificación, de este artículo, se fijen entonces en este artículo 237 los porcentajes convenientes a estos fines.
Artículo 247. El aumento en producción nacional impulsará el empleo, difusión, crecimiento y competitividad interna. Permitiendo, además, tener en él un programa de contenidos acorde a la cultura, a la sociedad y al contexto actual.
Se propone la modificación de este artículo para incrementar el porcentaje de programación nacional que en los concesionarios de radiodifusión haga uso de un 20 por ciento al 30 por ciento para fijar un porcentaje que permita un crecimiento sostenido anual de la producción nacional. Y que merezca el crecimiento de publicidad a los concesionarios de radiodifusión hasta 2 puntos porcentuales.
En tal virtud, solicito que se incorpore la redacción de propuesta que garantiza que sea más del 30 por ciento de la programación.
Y el artículo 248, con este termino. Además de lo arbitrario que resulta este esquema de autorización, el programa que tiene con relación directa al tema de los contenidos, es un concepto de producción independiente, pues la definición que hace la iniciativa del Ejecutivo es tan laxa que cualquier productor vinculado con los concesionarios comerciales, podrá facilitar a los operadores este beneficio.
En contrasentido, todo lo anterior no significa ningún incentivo para las audiencias sino solo para el concesionario, de ahí la necesidad de introducir en todo caso una definición de producción nacional independiente que desvincule claramente a quienes pueden estar identificados en esta categoría con los concesionarios, de tal suerte que conciba como tal a la persona física o moral que no tiene participación accionaria o vinculada directa o indirectamente con un concesionario de radio y televisión y que produce obras audiovisuales a nivel nacional y regional.
Artículo 261. En apego al principio de la publicidad, el hecho de solo considerar y depender de una página electrónica para la rectificación, recomendación o propuesta de acción correctiva hace endeble la observancia de este referido principio, por ende vulnera el derecho no solo del afectado, sino el derecho de las audiencias, en general de informarse al respecto de tales recomendaciones aunado a que en el artículo es omiso en referir la vigencia de la publicación de dicha recomendación dentro de una página electrónica. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Luna Porquillo.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra, el diputado José Luis Valle Magaña, para presentar sus tres reservas al 192, al 193 y al 204.
El diputado José Luis Valle Magaña: Qué tal, buenos días. Con su venia, señor presidente. La primera reserva que estamos presentando tiene que ver con el artículo 192. En México hemos perdido el equilibrio generado por las fuerzas del mercado en telecomunicaciones, ya que se ha concentrado en un grupo de empresas que dominan el sector, quienes imponen barreras de entrada a competidores, además de controlar los precios de productos y servicios.
Un estudio de la OCDE sobre políticas y regulaciones de telecomunicaciones en México notifica que Telmex controla el 80 por ciento del mercado de telefonía fija, Telcel controla el 70 por ciento de telefonía móvil y Televisa controla el 45 por ciento del mercado de televisión de paga en el país.
En telefonía fija México se encuentra entre los cinco países más caros de la OCDE; en arrendamientos de enlaces de llamadas somos el país más caro con un precio de 23 mil 553 dólares mensuales, mientras que el más barato es Islandia con 954 dólares al mes. Son seis compañías que proveen servicios en telefonía e Internet móvil a los mexicanos: Telcel, Movistar, Nextel, Iusacel, Unefon, Maxcom y Megacable. Lamentablemente somos presos de unas cuantas compañías que además de cobrar altos precios tomando en cuenta que las tarifas de telefonía móvil subieron en 2013, 50.9 por ciento frente a lo que costaban en 2012.
Los servicios son de mala calidad y sin soluciones para los clientes. Las fallas del servicio, las caídas de red, la lentitud en Internet móvil, la saturación constante de líneas y la incapacidad de resolver problemas técnicos y operativos son quejas de todos los días hacia las empresas responsables del mercado y las autoridades no ven por el interés de millones de usuarios.
Por lo anterior, nuestra reserva modifica el primer párrafo del artículo 192 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de proponer que todo usuario o suscriptor reciba una compensación por parte de los concesionarios o autorizados que no cumplan con lo establecido en los términos convenidos por sus contratos.
Por esto someto a consideración de la asamblea esta reserva para que se modifique éste primer párrafo del artículo 192 y quede de la manera siguiente.
Artículo 192. En los contratos que celebren los concesionarios o autorizados con los usuarios y suscriptores para la prestación de los servicios, se deberá observar lo establecido en esta ley debiéndose compensar a todo consumidor que no reciba los servicios en los términos convenidos.
En segundo término, la reserva que también presento al artículo 193, quiero exponer los siguientes motivos. De acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, un contrato de adhesión se refiere a aquél documento que se realiza de manera unilateral por el proveedor con el propósito de establecer los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o a la prestación de un servicio.
Debido a que lo anterior se realiza sin la participación del consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor tiene la facultad de revisar que éstos no contengan cláusulas abusivas, lesivas y/o inequitativas a los intereses de los clientes. Para cumplir con esta tarea la Profeco cuenta con un registro obligatorio de contratos de adhesión, al cual se deben incorporar de forma obligatoria los proveedores cuando así lo establezca la Ley Federal de Protección al Consumidor, las normas oficiales mexicana o cualquier otro ordenamiento legal aplicable.
No obstante lo mencionado, vale la pena resaltar que en nuestro país dichos contratos han funcionado como instrumentos de los que se valen los proveedores para cobrar tarifas excesivas u ofrecer servicios inexistentes y atar a los consumidores a plazos que exceden el tiempo que éstos desean contratar la prestación.
Dentro de los contratos de adhesión que más inconformidades presentan se encuentran los que involucran servicios de telecomunicaciones, ya que en éstos el factor común ha sido la existencia de monopolios que utilizan precios artificiales que no reflejan el verdadero costo del bien.
El monopolio telefónico ha causado daños por seis millones de dólares al año a los habitantes que utilizan el servicio, lo cual se traduce en un promedio de 78 mil millones de pesos.
Si deseamos eliminar las disparidades existentes entre el poder de los proveedores y de los consumidores en materia de telecomunicaciones, es necesario incluir en la ley el derecho de los usuarios a rescindir un contrato de adhesión cuando exista incumplimiento del mismo por parte del o de los concesionarios.
Por lo anterior someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva al artículo 103 para que quede como sigue.
Artículo 193: “Los concesionarios o autorizados deberán registrar ante la Profeco previamente a su utilización los modelos de contratos de adhesión que pretendan celebrar con los usuarios, los cuales deberán cumplir con lo dispuesto en esta ley, en la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás disposiciones aplicables.
“Los usuarios tendrán el derecho de rescindir un contrato de adhesión cuando exista incumplimiento del mismo por parte de los concesionarios o autorizados”.
Y por último la tercera reserva que aquí ponemos a su consideración, tiene que ver con el artículo 204.
Por todos es sabido que desde hace muchos años nuestro país es víctima de los grandes grupos económicos. El artículo 199 de la presente minuta, abre una avenida para que estos grupos sigan operando.
Estos monopolios y oligopolios extraen rentas a los consumidores, pues producen a un precio mayor del que tendrían en un mercado con competencia, más aún, llevan a una asignación ineficiente de los recursos del país reduciendo el bienestar de los mexicanos.
La tarea de la autoridad debe ser evitar que los actores dominantes impongan condiciones de precio o accesos que vayan en contra de la competencia y por ende de los ciudadanos. De ahí la importancia de una legislación reguladora fuerte.
Las empresas dominantes venden caro porque pueden. Es el comportamiento racional de una compañía con poder de mercado. Dejar la fijación de sus tarifas a criterio de los concesionarios, es continuar con esa dinámica nociva, especialmente en un país como el nuestro donde precisamente esos concesionarios se han visto renuentes a observar la regulación que afecte a sus intereses.
Tan sólo en servicios telefónicos desde el año 2005 los usuarios mexicanos hemos pagado un sobreprecio de 13 mil 400 millones de dólares al año.
La industria de las telecomunicaciones es de suma importancia no sólo por su impacto en toda la economía, sino por su papel en la construcción de un régimen democrático pues éste requiere medios de comunicación confiables, no guiados únicamente por los intereses empresariales.
Lo que México requiere es un gobierno capaz de imponer una regulación guiada por un doble principio. Por un lado estimular la productividad a través de una mayor competencia y por el otro ampliar los derechos de los usuarios.
La regulación debe buscar incrementar la productividad de la economía en su conjunto mediante mecanismos de mercado que permitan una mejor asignación de los recursos mediante la competencia. El artículo que reservamos apunta en sentido contrario.
Las empresas que cuentan con capacidad para fijar precios son un problema para la competitividad del país y el bienestar de sus ciudadanos. De ahí la importancia de contar con una regulación sólida, un Estado más robusto y más fuerte.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo presenta un Ifetel diluido. Parece que una vez más el poder que otorga el dinero quiere imponerse para enfrentar instituciones débiles.
Por estos motivos someto a la consideración del pleno esta reserva al artículo 204 para quedar como sigue: “Artículo 204. Las tarifas de los usuarios de los servicios que presten las concesiones del servicio de telecomunicaciones para uso comercial o para uso social estarán sujetas a aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones”. Es cuanto, señor Presidente. Por su atención gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaria consulte a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña para presentar sus reservas a los artículos 216, 226, 227 y 228. Después la diputada Raquel Jiménez.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras, compañeros diputados: la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que México forma parte establece claramente el derecho de las niñas y los niños a la libertad de expresión y pondera su función en el artículo 17 apuntando que los medios de comunicación deben velar porque los niños y las niñas tengan acceso a la información y al material que promueva su bienestar social, espiritual, moral, su salud física y mental.
Hacer realidad estos derechos requiere que las y los legisladores otorguen las atribuciones necesarias para supervisar en los medios de comunicación los contenidos acordes con la realidad que viven las niñas, niños y adolescentes, quienes se encuentran expuestos a una enorme cantidad de información a través de diversos medios de comunicación.
Por ello, garantizar que los contenidos en medios de comunicación respeten los derechos de niñas, niños y adolescentes significa que en la programación de la televisión mexicana abierta y de paga, así como la de los sitios webs públicos y privados mexicanos dirigidos a la infancia en términos de la defensa de los derechos de las audiencias, deben de respetar estrictamente, no solamente el artículo 3o constitucional como se establece en el dictamen, sino de respetar estrictamente el artículo 4o constitucional en donde se menciona el principio de interés superior de la niñez, y también el respetar la Convención sobre los Derechos del Niño, como ya lo he mencionado.
En ese sentido estoy proponiendo que en el artículo 216 pueda tener una fracción más que diga lo siguiente: supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3o de la Constitución, garantizando que los contenidos en los medios de comunicación respeten los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
De igual forma, estamos presentando que se pudiera adicionar una fracción XVI en el artículo 226, que tiene que ver particularmente con la programación, radio difundida dirigida a las niñas, niños y adolescentes.
Para todos no es desconocido que las niñas, niños y adolescentes estén viviendo en la actualidad la violencia generalizada. La violencia que viven desde sus hogares, que viven en sus familias, la violencia que viven en las escuelas, la violencia que viven en su comunidad y la violencia que se viven a través de los medios de comunicación.
Nos parece que es indispensable que podamos aumentar, que podamos adicionar una fracción en la que se mencione que es responsabilidad, que a través de la programación radiodifundida se promueva una vida libre de violencia de las niñas, niños y adolescentes.
De igual forma, en el artículo 227 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, estamos proponiendo que puedan adicionarse dos fragmentos que expresen en torno a la clasificación que deben de presentarse en las pantallas en relación a los títulos de los programas, los contenidos que determinen los horarios de transmisión tomando en cuenta las consideraciones de la edad del público al que se dirigen y que las disposiciones reglamentarias de clasificación también establezcan los mecanismos que se adopten en los contenidos transmitidos a petición o por catálogo a través de los servicios públicos de radiodifusión o telecomunicaciones.
Por otra parte, y aunque pareciera una reforma muy breve, es necesario que en el artículo 228 pueda reconocerse a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, y que el término menores sea ampliado a niñas, niños y adolescentes. Es lamentable que en un dictamen como éste todavía aparezca para referirse a las niñas, niños y adolescentes como menores, no reconociéndoles como sujetos plenos de derechos.
Sin lugar a dudas aquí se ha hablado de que este dictamen pareciera que tiene una serie de propuestas a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Me parece que este dictamen todavía, sin lugar a dudas, tiene una serie de deudas con quienes representan un tercio de la población en México.
Es necesario que se pueda garantizar que los contenidos en medios de comunicación respeten los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que se pueda contar con una barra infantil de televisión o radio de calidad en los medios de estado regionales, que podamos establecer un canal abierto de televisión de calidad para niñas, niños y adolescentes, en donde se pueda diseñar una programación que atienda los diversos niveles de desarrollo infantil, como la primera infancia, la niñez, la adolescencia, en cuanto a producciones y horarios, así como garantizar una programación de calidad para las diversas infancias.
De igual forma, el garantizar la veracidad de la información y los contenidos con tratamientos enriquecedores positivos, y en donde niñas, niños y adolescentes sean protagonistas. Es necesario que se generen contenidos adecuados para niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su edad, no solamente con la participación del sector salud ni con el sector educativo, se requiere trabajar conjuntamente también con los medios públicos para garantizar el acceso de materiales desarrollados para las diferentes edades.
Es necesario que se fomenten espacios para la libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes. Y el Estado tiene la obligación de garantizar espacios participativos, incluyentes, tanto en radiodifusión como en telecomunicaciones para el ejercicio de las libertades de expresión de las niñas y los niños a través de los medios públicos, asegurar la existencia, desarrollo, viabilidad y financiamiento de los medios sociales comunitarios indígenas en el país, donde niñas, niños y adolescentes puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Que se vigile que la publicidad dirigida a las niñas y niños, donde se les estén respetando todos sus derechos. Y por supuesto también que queda pendiente el que se pueda crear un fondo para la producción de contenidos de calidad para niñas, niños y adolescentes a través de fondos de fomento concursables.
Y también el que podamos tener una agenda digital para la infancia que incluya conectividad educativa para los medios y ciudadanía participativa; que esa inclusión digital de la infancia no debe delimitarse a la conectividad, sino que debe incluir la alfabetización digital desde la escuela y desde otros espacios comunitarios donde ellos se desarrollan a diario.
En fin, es necesario que se pueda tener en el Instituto Federal un área especializada de investigación, de diagnóstico y de desarrollo de políticas públicas, con expertos en derechos de la infancia, de tecnología pedagógica, de cultura, de libertad de expresión y de medios de comunicación.
Como ustedes me han escuchado, son muchos los pendientes que nos quedan para las niñas, niños y adolescentes de México. El presente dictamen se ha quedado corto en relación a los derechos de libertad de expresión y de información que tienen quienes representan un tercio de la población en México. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada Raquel Jiménez Cerrillo para presentar sus propuestas a distintos artículos. Inmediatamente después la diputada Nelly del Carmen Vargas.
La diputada Raquel Jiménez Cerrillo: Gracias, diputado presidente. Le comunico que voy a hacer uso de esta tribuna para hacer la presentación de las tres reservas que he presentado a los artículos 216, 217, 232, 233, 234 y 235, y 236, así como el 217, fracción III y el artículo 227, solicitando se me acumule el tiempo para las tres reservas.
Si bien es cierto que en la materia de telecomunicaciones, particularmente en el rubro de telefonía, esta minuta ofrece importantes beneficios al usuario, mismos que ya se han enunciado a lo largo de las horas en que se ha hecho uso de esta tribuna, algunas de ellas, por ejemplo la protección de los datos; la portabilidad del número telefónico de manera gratuita; la consulta de saldos sin condicionamientos; el poder rescindir un contrato sin tener ninguna penalización; la eliminación de larga distancia o el pago por segundo y no por minuto en cada una de las llamadas, es cierto, éstos son logros que contempla este dictamen.
Sin embargo, estos beneficios que se han publicitado como los grandes logros de la gran reforma, parecen más bien una cortina de humo que oculta macabras pretensiones de las grandes empresas, pero no solamente de las grandes empresas y monopolios que tanto se han mencionado en esta tribuna; también y sobre todo del gobierno voraz y controlador encabezado por Enrique Peña Nieto, y que pretende realizar a través de la Secretaría de Gobernación nada más y nada menos que como en los años 60 y 70, para quienes les tocó vivirlo.
De ninguna manera esta reforma asegura, como se prometió, la libre competencia, la democratización de los medios y la libertad de expresión. Una vez más el presidente Peña Nieto incumple y le queda a deber a la ciudadanía en temas como la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones; el tema de seguridad que ya se ha planteado aquí con algunas reformas; el tema de los contenidos, de las derechos de las audiencias y principalmente la competencia y atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sobre esto son precisamente dos de mis reservas.
Menciono que en el artículo 28 constitucional se indica muy claramente que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión. Y para tal efecto tendrá a su cargo la regulación, la promoción y supervisión de la prestación de los servicios, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o.
No obstante esto que se establece claramente en la Constitución, el proyecto de dictamen que se discute el día de hoy contempla en el artículo 217 las atribuciones de la Secretaría de Gobernación y en el artículo 16 las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quedando únicamente 11 facultades para la Secretaría de Gobernación y cinco únicamente para el instituto, que debe ser el regulador de los contenidos.
Es por ello que el dictamen en comento deja en claro el atropello del Ejecutivo federal para seguir teniendo el control de lo que se transmite en los medios de comunicación, violentando la autonomía constitucional con la que se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
No pasa desapercibido que uno de los principales valores de los contenidos de los medios es su capacidad para incidir en la opinión pública, en la construcción de valores, identidades, puntos de vista e información en general, que es lo que le permite al ciudadano para tomar decisiones.
En este tenor, se denota el autoritarismo con el que se pretende seguir manejando el Ejecutivo federal, al vigilar y controlar desde una dependencia de dicada a la política y la seguridad las ideas y contenidos que se transmiten a través de los medios de comunicación.
En virtud de esto, nosotros como legisladores y representantes de los ciudadanos no podemos consentir el poderío de la Secretaría de Gobernación en materia de contenidos y menos aun cuando la Constitución estipula un consejo consultivo para apoyar al instituto.
En razón de lo anterior es que presento esta reserva que hoy propongo, tendiente a observar cabalmente el mandato constitucional. Y de esta manera, el artículo 216, se anexan las fracciones que se eliminan en el artículo 217, otorgándole las facultades que hoy tiene la Secretaría de Gobernación o parte de ellas al instituto para que realmente cumpla con su objeto.
La otra reserva es respecto a la clasificación de los contenidos en los medios de comunicación, como un derecho de las audiencias. La autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, dijimos, ya es un atributo imprescindible y sólo así se podrá garantizar el derecho de las audiencias.
Y justamente en este tema me referiré en la reserva que presento para añadir tres párrafos al artículo 227 del dictamen.
La radio y la televisión deben constituir vehículos de integración nacional y enaltecimiento de la vida en común a través de sus actividades culturales de recreación y fomento económico. Deben también orientar preferentemente sus actividades a la ampliación de la educación popular, la difusión de la cultura, la extensión de los conocimientos y la propagación de ideas que fortalezcan nuestros principios y tradiciones como nación.
De la misma manera, la función informativa constituye una actividad específica de la radio y televisión teniente a orientar a la comunidad en forma veraz y oportuna, dentro del respeto de la vida privada y a la moral, sin afectar, por supuesto, los derechos de terceros y que no se perturben el orden y la paz pública.
En la actualidad la clasificación de estos contenidos se llevan conforme al acuerdo, mediante el cual se emiten los criterios generales de clasificación de películas, telenovelas, series filmadas y teleteatros grabados.
Sin embargo, sabemos que el tema de la clasificación, hoy por hoy, es continuamente violentado, y ya algunos de los diputados y diputadas que me antecedieron mencionaron casos muy específicos, como son, el programa de Laura, el programa de Casos de la Vida y muchos otros que violentan rotundamente y constantemente el tema de la clasificación en los medios al no haber una claridad en ello.
Hoy, en el artículo 227, una vez más queda ambiguo como debe hacerse la clasificación de los contenidos de los medios, y mi reserva va justamente en este sentido, para que se establezcan con claridad los criterios que debe contener en términos de horarios, de edad y de contenidos de cada uno de los programas, para que el ciudadano pueda tener la posibilidad, a través de esta información, de hacer una selección oportuna y de acuerdo a los criterios propios del usuario, del televidente en este caso. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Raquel Jiménez.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, para presentar su reserva al artículo 217, inmediatamente después la diputada Martha Lucía Mícher Camarena.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente. El crecimiento de Internet y el acceso a las redes sociales masiva, están presentes constantemente en las vidas de la mayoría de niñas, niños y adolescentes, y también ahora con la televisión y emisoras de radio ven y escuchan contenidos que no son apropiados para su edad, pero dirigidos a ellos cada vez con más frecuencia.
En México, jóvenes y niños pasan aproximadamente tres y cuatro horas frente al televisor al día, alimentándose con imágenes transmitidas sobre sexo, drogas, violencia, prostitución y alcohol. Expuestos a escenas que menoscaban la imagen masculina y femenina. La autoridad paterna y se exaltan excesivas formas de sexualización.
En México, una de las problemáticas más grandes que tenemos es la falta de normatividad implementada a los concesionarios para reglamentar y precisar el cumplimiento de la difusión de información que resulte provechosa en cuanto a los programas que competen a la cobertura social.
Los programas de radio y televisión tienen como objetivo dar acceso a la población a servicios de voz, datos, audio y video. Estos servicios deben ser revisados y supervisados por la autoridad, a fin de cumplir con lo estipulado en la reglamentación que garantice los derechos estipulados para niños y jóvenes, y en congruencia con un sano desarrollo en el ámbito social y económico de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, la reserva que estamos presentando solicita precisar horarios adecuados para la transmisión de programas violentos o con contenido sexual que pudieran traer consecuencias en el desarrollo infantil de acuerdo a la presente ley.
De esta manera, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone que sea de carácter obligatorio que la programación sea comprobada en sus contenidos en favor de la niñez y de la adolescencia del país.
Derivado de lo anterior someto a consideración de esta asamblea la siguiente reserva.
Artículo 217. Que corresponde a la Secretaría de Gobernación, fracción VIII. Verificar que las transmisiones de radio y televisión cumplan con los criterios de clasificación que se emitan en términos de la presente ley, incluyendo aquellos relativos a la programación dirigida a la población infantil, así como definir los horarios de los contenidos de programas de violencia y sexuales, de conformidad con los lineamientos que emita en términos de la presente ley. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, para presentar sus reservas. Inmediatamente después, la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena. Hasta 12 minutos.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, diputado presidente. Primero quiero hacer una solicitud muy respetuosa a la Mesa Directiva, para que se me entregue copia del documento que por escrito, así lo afirmó el diputado presidente de la Mesa Directiva, al objetar la participación de la diputada Purificación Carpinteyro, y argumentar que había entregado por escrito un documento, quiero una copia del mismo y ojalá se pudiese entregar una copia a todos los medios de comunicación.
Porque la diputada se ha excusado de la discusión pero no de la votación, y quisiera saber, esperando que usted me diga la verdad, que de verdad existe un documento escrito en esta Cámara de Diputados.
Por otra parte, quiero decirles que me sumo, por supuesto, a la solidaridad que hemos tenido. Porque una de las voces más importantes, expertas en este tema, no aparecerá en el Diario de Debates. Y creo yo que la diputada no está sola, la diputada también tiene voces que se solidarizan con sus conocimientos y con su experiencia. No vamos a juzgar aquí a nadie, no somos un juzgado de alzada, somos la Cámara de diputados y de diputadas y tenemos que escuchar también la voz de las expertas.
Por ello me sumo a la denuncia que ha hecho Purificación Carpinteyro para nunca aceptar bajo ninguna circunstancia que en lugar de erigirse el Estado como un poder supremo, el Estado mexicano quede sometido al poder de un solo grupo privado, porque el papel del Estado está por encima de los conflictos y de su responsabilidad es con toda la población y esta contrarreforma es un revés a todo lo que aspiramos en este país.
Compañeras y compañeros, no digamos que estamos hablando de competencia, de apertura, de pluralidad en la participación en medios tratando de acotar al Poder de la Suprema Corte de Justicia cuando ya ha dictaminado y emitido su opinión en relación al tema de la participación, del estado y la responsabilidad social para comunicar.
Dicho lo anterior, me sumo a las propuestas para que se desaparezca el poder de mando, para que se parezca el programador nacional independiente y también para que se modifique el artículo del programador nacional independiente, porque no es una persona física, sino alguien que forma parte del grupo de interés económico de los agentes económicos que formen parte de concesionarios de radiodifusión.
Diputadas y diputados, como tengo los minutos sumados por cuatro reservas, quiero tener también integrar el tema que también me compete como presidenta de la comisión y también como diputada que he sido toda mi vida defensora de los derechos humanos de las mujeres; estoy exagerando, probablemente desde chica defendía los derechos de mis hermanas, pero puedo decir que hemos dedicado muchos años de vida para esta causa y no voy a renunciar a ella.
Y no voy a renunciar porque yo presenté frente a ustedes unas reformas al artículo 6o. constitucional y aquí se me dijo que en las leyes secundarias podríamos integrar estas reformas y ha sido un engaño en el que nos han sometido. Las diputadas de izquierda planteamos como un asunto de interés público la necesidad de contener el uso agraviante, indiscriminado que los medios de comunicación hacen de la representaciones sexistas y estereotipadas de los géneros, fomentando con ello una realidad distorsionada que propicia sobre todo la violencia y la discriminación en contra de las mujeres.
En aquél momento se me dijo que era inapropiado incluir dicha inquietud en el texto constitucional, que sería oportuno plantearlo en las leyes secundarias. Hoy se llegó ese momento y por ello la izquierda progresista fiel a su compromiso con las mujeres está presente en esta tribuna para defender nuestro derecho de contar con unos medios de comunicación empáticos con las necesidades de las mujeres, aliados para erradicar la violencia de género y conscientes de la dimensión pública y social que la propia iniciativa les reconoce.
Las condiciones están dadas para ello. La propia iniciativa dice en su exposición de motivos que la libertad de expresión y el derecho de información son pilares fundamentales en toda democracia moderna. También dice que es un conducto para que los medios de comunicación y las audiencias puedan ejercer estos derechos en los términos que establece la Constitución.
Diputadas, diputados, por ello es tan importante que en el derecho a la información, en la libertad de expresión, se incorpore un principio fundamental que es la igualdad entre mujeres y hombres como un principio programático de las democracias modernas. Tiene que ser un criterio que nos norme, que sea nuestro faro iluminador y de conformidad con la responsabilidad social y la naturaleza de servicio de interés general.
Por eso en los medios de comunicación están profundamente arraigados los valores morales y éticos en imágenes y en modelos promovidos y mantenidos por instituciones sociales como la Iglesia y el Estado. Por eso necesitamos que los medios de comunicación, la televisión, la radio, la prensa, el cine, el Internet, todos ellos, sean correctos y no nos digan lo que debe ser lo femenino y lo masculino. Lo típico, lo deseable en la mujer o en el hombre.
Por eso esta representación de lo que tiene que ser la mujer y el hombre sigue en los medios de comunicación y debemos de construir nuevas formas de ser hombres y nuevas formas de ser mujeres para no perpetuar la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres.
La Convención Americana de Derechos Humanos prevé y nos dice que hay la posibilidad de establecer restricciones a la libertad de expresión cuando haya un ejercicio de este derecho, los cuales no deben de modo alguno limitar más allá de lo estrictamente necesario el alcance de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa.
Por eso dice la Convención Americana que para poder determinar responsabilidades ulteriores, es necesario que se cumplan tres requisitos:
Uno. Que deben estar expresamente fijadas en la ley.
Dos. Que deben estar destinadas a proteger ya sea los derechos o la reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral pública.
Tres. Que los medios deben ser necesarios en una sociedad democrática.
Por eso, diputadas y diputados, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y deben ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo. Por eso queda claro que las restricciones deben ser proporcionales al interés que las justifica y ajustarse estrechamente a este objetivo.
Compañeras y compañeros, tenemos que desincentivar el uso de estereotipos de géneros sexistas y un lenguaje excluyente. ¿Cómo no nos va a dar gusto que un niño o que una niña, cuando ven que únicamente se anuncia un pantalón de mezclilla utilizando la imagen de la cintura para arriba de una mujer que lo que menos anuncia un pantalón, sea el objeto de ese comercial?
Imagínense que ya no haya programas donde una mujer o un hombre vestidos de peluche se dicen cucaracha, se dicen inútil, se dicen, lo menos, rata.
Cómo no nos va a dar gusto que desaparezcan esos programas donde se ofende la dignidad de las mujeres; cómo no nos va a dar gusto que desaparezcan esos programas donde a los niños se les enseña a utilizar las pistolas no como juguete, sino como un arma de poder para controlar la vida de las niñas, de sus hermanas y posteriormente de sus parejas.
Cómo no nos va a dar gusto que se regule el anuncio de una cerveza o de un alcohol o de un perfume donde los hombres tienen la bragueta bajada para estar a punto de violar a una mujer, anunciando una colonia o un perfume para hombre.
No queremos esos mensajes para nuestros hijos e hijas, para nuestros nietos o nietas. Queremos que los medios de comunicación sean responsables.
Y que un niño o una niña se asombre cuando un hombre le dice a una mujer inútil, y que en ese momento le apagaran a la televisión. Pero no, nos causa hilaridad que se ofendan entre ellos; que le digan a una hija “¿por qué no eres normal?”, o que le digan al jefe cómo corromperse más. Y nadie puede decir que eso no nos ofende.
Compañeras, compañeros, quiero hacer un llamado para que estas reformas, aquello que me prometió, diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, lo digo con cariño y con respeto porque tengo un gran cariño por usted, usted me lo propuso y me dijo “en estas leyes no, vámonos a las secundarias”. Y no aparece nada, no aparece el principio de igualdad entre mujeres y hombres como un principio rector. Y acabar con los estereotipos, con el sexismo y con el lenguaje excluyente, no sirve para nada porque hay un desprecio por las mujeres; porque las muertes de las mujeres se fomentan en las telenovelas, porque la violencia en el noviazgo se fomenta en las telenovelas, porque el cuerpo de las mujeres ahora es exigible para que puedan las mujeres hablar del clima. Eso lo estamos tolerando y al rato vamos a tener a los hombres, a los niños, exigiendo un cuerpo y un modelo de ser mujer que no es lo que queremos para todas las niñas y las mujeres en este país.
Y no lo digo yo, lo dicen los Principios del Plan Nacional de Desarrollo; de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; lo dice también a Constitución Política en su artículo 1o. Donde establece la prohibición de todo tipo de discriminación por origen étnico nacional, por género, por discapacidades o preferencias.
Compañeras, compañeros, por ello les solicito que se aprueben las reformas al 222, al 223, donde se utilice un lenguaje incluyente; el 245 donde la publicidad deberá evitar el uso de representaciones sexistas y estereotipadas de mujeres y hombres, que no viene en ninguna parte, en ningún cuerpo de la ley.
En el 256 se dice que deberá fomentar los valores, que deberá ser plural, que deberá ser veraz la información, y estamos incorporando la igualdad entre mujeres y hombres.
Nada nos habría pasado si podemos integrar este principio regulador para que heredemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a las nuevas generaciones nuevas formas de ser mujeres y nuevas formas de ser hombres. A nadie nos gustaría que una de nuestras mujeres en la casa o nuestras hermanas fueran víctimas de un macho, que fueran víctimas de un misógino porque para eso si vienen y me piden ayuda, pero para aprobar leyes callamos y bajamos las manos. Diputadas, diputados, es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Pido a la Secretaria consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión las propuestas de la diputada Mícher Camarena.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena para presentar sus propuestas de modificación a los artículos 223 y 226. Inmediatamente después la diputada Nelly del Carmen Vargas.
La diputada Carmen Lucía Pérez Camarena: Con su permiso, señor Presidente. La reserva que estoy proponiendo se refiere a la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información en materia de niñez.
Hoy tenemos la gran oportunidad de generar las reformas que brinden un mejor presente y futuro para las niñas, niños y adolescentes. Tenemos un compromiso social y humano para brindar, a través de nuestras leyes, los contenidos de calidad que ellos merecen.
Es este legislativo el que tiene la responsabilidad de velar por las audiencias. Los medios de comunicación son una parte natural de la vida cotidiana de la mayoría de niñas y niños.
Sabemos por experiencia a dónde nos llevan los contenidos que hasta hoy existen y que son transmitidos en radio y televisión y que contienen un alto grado de violencia. Esto no lo merece ninguna de nuestras generaciones y tenemos que cambiarlo.
La sociedad ha sufrido un desgaste desde hace ya varias generaciones por demás innecesario debido en gran medida a la exposición de programaciones con alto contenido de violencia, lenguaje inapropiado y con bajo contenido cultural.
De acuerdo a diversos estudios, los niños pasan sentados viendo la televisión cerca de cinco horas diarias, es decir, casi 30 horas a la semana. De la calidad de la programación, 43 por ciento no aporta nada, 70 por ciento tiene contenido sexual, 48 por ciento tiene lenguaje vulgar y 53 por ciento contenido de violencia.
De acuerdo a la Asociación Americana de Psicología, reconoce que los niños que se identifican con la violencia, que ven y creen que es real, son un indicativo de un comportamiento agresivo a futuro. Es triste escuchar a niños que se ven como sicarios, y a niñas que se ven como objetos sexuales derivado de lo que observan y quieren imitar.
Diversos estudios señalan que incluso los niños y niñas que no eran agresivos en la infancia, al haber sido expuesto a un volumen importante de contenidos violentos durante ése período, son más propensos de transformarse en adultos agresivos.
Los contenidos rayan, sin lugar a dudas, muchas ocasiones en contenidos pornográficos y eso es lo que tienen al alcance nuestras niñas y nuestros niños. Todo ello contraviene los derechos de las niñas y los niños al no ser protegidos contra lo que les genere un daño moral. Resulta preocupante la vulneración en que se encuentran.
Por ello, solicitamos que se prohíba tajantemente que se haga propaganda a la guerra y a la apología del hoyo nacional racial o religioso; que se incite a la violencia contra cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo, inclusive por raza, color, religión, idioma u origen nacional; que se incite al genocidio y que quede claro la prohibición de contenidos con pornografía infantil.
Tenemos la obligación de transitar a mejores contenidos que generen una cultura. Nuestras niñas y nuestros niños como sujetos de derecho no sólo son espectadores, son actores sociales y consumidores de los mensajes que se trasmiten.
Por ello es necesario y fundamental que tengamos conciencia de cómo podemos proteger a nuestras niñas y niños sin que sea necesario impedir que tengan acceso a los medios de comunicación.
En el sentido del artículo 226, la reserva planteada se refiere sobre la promoción del libre desarrollo armónico integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3o constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población.
Dada la relevancia que tiene la protección de nuestras niñas y niños, la propuesta que hoy ponemos a su consideración es la de proteger en todo momento la integridad de los menores de edad, adicionando algunas fracciones para que se evite trasmitir imágenes de menores de edad como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos, además de que se promueva y difunda el respeto de los derechos humanos, el valor de la justicia y el respeto y la observancia de la ley. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, para presentar su reserva...
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Diputada, perdón, no la escucho.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Somos más los votos a favor, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: No quiero que quede ninguna duda de estas votaciones, una vez más que se abra el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación sobre el trámite, en el entendido de que el voto a favor es porque se admitan a discusión las propuestas.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación.
(Votación)
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, le informo que se emitieron 159 votos a favor, 0 abstenciones y 197 votos en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, para presentar su propuesta de modificación al artículo 231. Y en turno el diputado Ricardo mejía Berdeja y el diputado Ricardo Monreal.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente. El video está transformando al homo sapiens en un homo videns, Giovanni Sartori. Cuando la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión fue aprobada hace apenas un año causo euforia entre algunos sectores que creyeron que tenía la intención de ceñir a los grandes consorcios de las telecomunicaciones al imperio de la ley.
Sin embargo, tal como nosotros señalamos entonces con la iniciativa que está en discusión el Estado pierde injerencia y los anunciantes la ganan. A diferencia de lo que ocurría en el proyecto de reforma, inicialmente aprobado, ahora apenas se habla de contenidos o se hace de forma ambigua, además el Instituto Federal de Telecomunicaciones pierde importancia.
En los últimos años las industrias de la radiodifusión, y especialmente la de la televisión, y audio restringidos han experimentado un crecimiento constante y sustantivo en nuestro país, numerosas empresas que proveen señales de televisión por cable, vía satélite o microondas codificadas han experimentado un gran auge.
Prueba de lo anterior es que de acuerdo a datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el subsector de las telecomunicaciones crecieron en promedio un 15 por ciento entre 1997 y 2013 y que para finales de dicho año había en México 14.7 millones de suscriptores de televisión de paga.
Es pertinente señalar que un porcentaje importante del sector es acaparado a su vez por los grandes consorcios de telecomunicaciones, en especial Televisa. Esto es de suma importancia para la discusión presente, pues la redacción ambigua y claramente sesgada hacia algunos agentes, son una muestra más del carácter amañado de la iniciativa y de la ausencia de voluntad política del Ejecutivo para circunscribir a los límites de un marco legal justo a los poderes económicos.
Parece caber aquí la metáfora propuesta por Denise Dresser, quien afirma que mientras en Estados Unidos las grandes empresas son barracudas que nadan en un gran río con otros peces igualmente grandes, agresivos y competitivos, el gobierno es un enorme yate que los vigila y se asegura que naden en igualdad de condiciones. En México las empresas son ballenas en un lago, y el gobierno es una chinampa impotente e impasible, ante el poder de las ballenas que han alimentado durante años.
Eso es una muestra de un gobierno que no ha querido establecer condiciones de competencia, que puede legislar para apoyar a los consumidores pero prefiere apoyar a quienes se aprovechan de ellos; que puede establecer condiciones en pro del beneficio social, pero que se entrega a intereses particulares.
El artículo 226 que reservamos sigue el mismo sendero, pues aún y cuando establece que los concesionarios de radiodifusión y televisión restringida deben incluir contenidos culturales, sociales, políticos y de interés nacional, no se especifica la manera en que deberán de hacerlo. No se fijan tiempos, horarios o porcentajes. En otras palabras, una legislación regulatoria débil y capturada.
Es por ello que nosotros proponemos que en el artículo se estipule que dichos contenidos deban alcanzar por lo menos el 10 por ciento del tiempo de trasmisión y ser trasmitidos en horarios estelares, de lo contrario dejamos que de manera tramposa los concesionarios puedan trasmitir los mencionados contenidos en horarios donde la audiencia es prácticamente nula o bien se les destine apenas algunos segundos, diluyendo la correcta potencialidad que puede alcanzar dicho artículo.
En una era donde la inmensa mayoría de la población obtiene casi toda la información por medio de los medios de comunicación que atañe esta Ley, resulta obligado establecer las condiciones para que la televisión cumpla su tarea de diseminar el conocimiento y constituye una herramienta para el desarrollo del ser humano, más aún cuando pareciera que los contenidos actuales de la televisión han modificado y empobrecido el aparato cognoscitivo del ser humano.
No se debe perder en el mapa de la discusión un hecho fundamental, que las ondas –termino, concluyo, presidente– que las ondas, espectros y demás vías a través de las cuales operan estas empresas son en todo momento concesiones que el Estado hace en nombre de la nación y, por ende, deben servir en todo momento en beneficio de la sociedad.
Por lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente modificación y agregado:
Artículo 231. Las concesiones que presten servicios de radiodifusión y de televisión y audio restringidos incluirán en su programación diaria información sobre acontecimientos de carácter político, social, cultural, deportivo y otros asuntos de interés general, nacionales o internacionales. La transmisión de estos contenidos deberá representar al menos el 10 por ciento del total de los tiempos de transmisión y deberá realizarse en horarios estelares. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para presentar su reserva del artículo 233. Va a presentar siete reservas juntas, que tiene pendientes en la Ley de Telecomunicaciones. Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Sí, gracias, presidente, son reservas a los artículos 233, 237 fracción I, 247, 248, 296 fracción I, 298 y 300 del proyecto de Ley Federal de Telecomunicaciones.
Los primeros cuatro artículos tienen que ver con la publicidad, que es otro de los regalos, que es otra de las aberraciones de esta ley, a la cual no han querido moverle ni una coma ni un acento ni una letra, como si a la mayoría parlamentaria se le hubiera borrado el abecedario y el vocabulario.
Ya es la segunda vez que la consigna de no mover ni una coma ni un acento se está volviendo realidad. Y lo triste es que esta Cámara ya es el traspatio del Senado. Allá esta discusión llevó meses y aquí en una sesión, como la que estamos viviendo, maratónica y reflexiva en muchos sentidos se está aprobando una ley que en el Senado llevó meses. Ese es el triste papel al que se ha condenado a la Cámara de Diputados, simplemente una Cámara que refrenda acríticamente por la mayoría todo lo que viene del Senado.
En tal sentido, esta reforma se ha convertido en el parto de los montes, porque ya lo vimos con lo de América Móvil, que ya se sacudió la preponderancia y con la resolución de que sea por sector no se le toca ni con el pétalo de una restricción a Televisa y todos sus conglomerados.
Pero uno de los temas que nos parece más grave es el tema de la publicidad. En todos los noticieros, en todos los programas matutinos se satura de información y de propaganda y publicidad en cubierta, pero al mismo tiempo en esta reforma se está planteando, en el artículo 237, que en las estaciones de televisión el tiempo dedicado a publicidad comercial será hasta del 18 por ciento.
Y luego vienen una serie de subterfugios para que, con el San Benito de que es producción nacional o producción nacional independiente, se pueda incrementar hasta un 35 por ciento la publicidad.
Nosotros estamos proponiendo, que en el artículo 237 se establezca solamente un 10 por ciento de publicidad comercial, sobre todo, cuando la mayor parte de la publicidad es publicidad engañosa, de productos chatarra, de productos milagro, que alteran los hábitos de consumo de la población.
Se dice mucho de combatir la obesidad y la desnutrición, pero desde la televisión se está generando esta epidemia de salud en el país. Y por otro lado, el engaño, el fraude de la publicidad “milagrosa”, entre comillas, con productos que son un engaño para la población. Por esa razón estamos planteando que sólo sea el 10 por ciento.
También en diferentes artículos, particularmente en el artículo 248 estamos planteando que los concesionarios de radiodifusión comercial no podrán incrementar el porcentaje de tiempo de publicidad.
Esto es, para que no con el pretexto de productos nacionales o de producción nacional e independiente se incremente la publicidad. Ya estamos viendo las maniobras, en el famoso must carry, must offer se ha denunciado que le dan la vuelta a la retransmisión gratuita de señales de televisión abierta, en la televisión de paga, a través de los derechos de autor, y ya vemos ahora cómo las televisoras todo lo van a meter en derechos de autor para que le den la vuelta a este tema de must carry y must offer.
Igual, lo estamos viendo en el tema de la publicidad. Por esa razón, estamos planteando limitaciones muy claras, al tiempo de publicidad por parte de las televisoras. Se están despachando con la cuchara grande y están... Presidente, acláreles que son siete reservas porque me están presionando. Ya se quieren ir, pero esto se podría haber resuelto en semanas y ustedes quieren sacarlo en horas, entonces ahora se aguantan.
El otro tema es el tema de las sanciones y de los apercibimientos que vienen particularmente en el artículo 296, 298 y 300.
Ya vimos que lo de la preponderancia quedó en un engaño, pero también vemos que las sanciones son tibias, son ridículas, no le causan ningún escozor a los oligopolios y simple y sencillamente son llamados a misa.
En el tema de las medidas de apremio, nosotros estamos planteando elevar las multas para aquel que no haga caso a los apercibimientos de la autoridad.
De igual manera, estamos planteando multas que realmente sean un ejemplo para que se ajusten a un sistema competitivo de telecomunicaciones.
Actualmente, en el artículo 298 se establece que las infracciones a lo dispuesto por la ley derivarán en sanciones de entre el 2.1 por ciento al 4 por ciento de los ingresos del concesionario. Esto, señoras y señores legisladores, es como quitarle un pelo a un gato. No les causa ningún malestar y no es ninguna medida para meter orden.
Por eso, nosotros estamos planteando, en el artículo 298 y en el 300, que las sanciones puedan ir de hasta 30 o 35 por ciento de los ingresos de los concesionarios cuando haya alteraciones graves al objeto de la concesión y que afecten la libre competencia en el país. Sanciones que puedan significar un verdadero ejemplo para que no sigan cometiendo sus abusos, sus arbitrariedades en contra de los usuarios del país.
Y por otro lado, en el caso de los reincidentes, de quienes una y otra vez cometan infracciones, estamos planteando como sanción la rescisión de la concesión.
Creemos que son sanciones ejemplares para que haya un verdadero régimen de libertad de competencia en materia de comunicaciones.
Éstas son, señoras y señores legisladores, las propuestas que hacemos. Son propuestas sensatas, son propuestas congruentes. Esperemos que ya en esta madrugada haya algo de reflexión y ya dejen de ser el traspatio del Senado y la maquiladora legislativa de lo que se procesa en la otra Cámara. Y que por fin esta Cámara asuma su papel de Cámara revisora en el proceso legislativo y parlamentario. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra, el diputado Ricardo Monreal Ávila, para presentar sus propuestas a los artículos 234 y 235.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores, presentaré dos reservas en un solo acto. No tienen remedio ustedes. De verdad, miren, uno hace el esfuerzo por prepararse, todos los que hemos subido nos preparamos, aunque no lo crean. Ustedes cómodamente sentadas, dormidas, dormidos, se la pasan gritando, vociferando, chiflando; no tienen ningún respeto y no tienen ningún remedio. Sigan igual, porque finalmente irán al basurero de la historia.
Ciudadano presidente, en la reserva del 234 señalamos como los límites de la influencia del poder público en los medios de comunicación es esencial para garantizar el desarrollo y mantenimiento del avance democrático de la nación. La influencia del Estado en los medios de comunicación masiva debe tender a regular de forma mínima los contenidos, es decir, referir únicamente a los extremos de prohibición y permitir a los concesionarios emitir cualquier contenido que no incurra en estos extremos.
Uno de los ámbitos en que los limites para la intrusión del Estado en materia de medios de comunicación son más claros, es en aquellos casos en que el propio Estado es quien determina los contenidos de los medios. Cuando el Estado adquiere una política intrusiva en materia de contenidos, se evidencia un afán de participación e influencia directa en cuanto a la información que llega a la sociedad.
Actualmente en los sistemas de televisión restringida existe la inclusión de dos canales públicos cuyo contenido está determinado desde los órganos del poder público, mismos que encierran relevancia para la sociedad, pues favorecen la transparencia. Estos dos canales públicos son precisamente éste, el Canal del Congreso que permite a los ciudadanos el seguimiento, ver y seguir el trabajo legislativo en ambas Cámaras; y el otro canal público es el judicial que principalmente siguen las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los dos canales antes mencionados favorecen la transparencia en el ejercicio del poder público, permitiendo a la ciudadanía conocer las entrañas de los poderes y las facultades y funciones de los mismos.
Ahora bien, en el dictamen que estamos discutiendo se pretende incluir en la esfera obligada de los concesionarios de televisión de paga, un canal cuyo contenido quede al arbitrio de la Secretaría de Gobernación sin que exista una regulación del contenido del mismo. Nos parece un despropósito y un exceso del gobierno.
Por eso estamos solicitando, estamos planteando en la reserva del 234 que se elimine este artículo que dice: Cuando el servicio consista hasta de 30 canales, la Secretaría de Gobernación podrá requerir que en un canal específico se destinen hasta seis horas diarias para la transmisión de la programación que indique la Secretaría de Gobernación. Es un exceso y por eso planteamos se elimine.
El 235 se refiere a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, siendo un órgano autónomo y que tiene como principal objetivo el desarrollo eficiente de la radiodifusión y de las telecomunicaciones en México, así como el responsable de garantizar el acceso equitativo a infraestructura y otros insumos esenciales para la tecnología de la información y comunicación, así como a los servicios de radio, difusión y telecomunicación incluidos los de banda ancha e Internet, este instituto, como lo saben ustedes, está constituido por siete comisionados incluido el presidente. Tiene como funciones planear, formular y conducir las políticas y programas, así como regular el desarrollo de las telecomunicaciones y la radio difusión en México en estricto apego a los derechos de los usuarios de estos servicios.
Derivado de que el instituto es el órgano encargado de los asuntos que competen al tema, presentamos esta reserva para que los comisionados de la Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión sean la autoridad para designar a los concesionarios los canales reservados gratuitamente y sean quienes designen contenidos de interés para los mexicanos.
El artículo 235, fíjense bien, empodera a la Secretaría de Gobernación –de nueva cuenta- a que tome decisiones en temas de concesiones a televisoras, pero dicha dependencia no tiene ni la función ni la capacidad que el Instituto Federal de Comunicaciones posee, y por naturaleza corresponde tener este tipo de encargos.
Al otorgar a la Secretaría de Gobernación la facultad para que tenga la función de regular los contenidos de los medios, de monitorear los canales de transmisión, se está quebrantando la autonomía y las facultades que tienen los comisionados del Instituto Federal de Comunicaciones.
Por lo anterior, estamos en contra de que se sigan otorgando súper poderes a la Secretaría de Gobernación, manteniendo por encima una actitud que nos parece muy delicada y que ha caracterizado al gobierno actual de otorgarle poderes extraordinarios a una secretaría, a la que se le delegan facultades fundamentales.
La autonomía del instituto es para nosotros, si así se deja esta disposición, será una farsa, será un engaño para los mexicanos porque será la Secretaría de Gobernación, es decir, el Ejecutivo federal, quienes tengan el poder de decidir la distribución de señales de televisión, contenido y tiempos de los mismos.
Por eso estamos solicitando, presidente, también en este caso, se modifique el artículo 235 y que en lugar de la Secretaría de Gobernación que requiera directamente a los concesionarios los canales, sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Son propuestas, ciudadanos diputados, lógicas, sensatas, prudentes, normales, aunque creo que ustedes no van a poder variar porque ya recibieron una orden y esa la van a ejecutar como vulgares burócratas y dependientes del Ejecutivo.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas del diputado Monreal.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, para presentar su reserva del artículo 237. Inmediatamente después la diputada Rocío Reza Gallegos.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Buenas madrugadas, señor presidente. Sí quisiera preguntarle, presidente, si a estas horas de la madrugada usted todavía se siente capaz de carburar y de tener sus cinco sentidos puestos.
El Presidente diputado José González Morfín: Por supuesto que sí.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Digo, el problema es que tenemos una gran responsabilidad los legisladores, somos 500 y somos prácticamente quienes decidimos el rumbo de nuestro país.
Y estar a esta hora discutiendo o queriendo discutir todas nuestras reservas en materia de telecomunicaciones y estar somnolientos, creo que no es nada prudente, cuando toda la gente ha de estar durmiendo, estamos haciendo las cosas como a escondidas, a prisa. Y eso tampoco es correcto.
Cuando hicimos campaña lo hicimos de día; cuando hacemos las cosas bien, las hacemos a plena luz.
Yo por eso, ojalá, sé que no va a prosperar mi petición pero lo más sano sería que reprogramaran este tipo de discusiones para varios días, para eso nos pagan, para eso es que no tenemos prisa, tenemos que legislar de la mejor forma, compañeros.
Estamos hablando ahora en esta reserva que hago al artículo 237, si me lo permiten, por favor. Vamos a hablar de las radios comunitarias nuevamente; fueron creadas a efecto de asegurar el acceso a un mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a diversos contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, dar espacio a la diversidad, pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.
Tenemos que asegurar el acceso al mayor número de personas posible, ya que éste es el medio por el que las comunidades más marginadas adquieren voz para expresar sus principales inquietudes y demandas.
Hablando en el ámbito de los derechos humanos, resulta imprescindible, para consolidar una sociedad democrática, que coexista una mezcla de medios públicos, privados y comunitarios por medio de los cuales todos los sectores sociales, sin discriminación alguna, logren expresar sus voces, promuevan el debate de sus comunidades, intercambien información y conocimiento y participen en la toma de decisiones.
En este contexto la comunicación comunitaria, y especialmente la radiodifusión comunitaria, representan uno de los principales instrumentos de la ciudadanía organizada para hacer efectiva su libertad de expresión y de opinión a través de sus propios medios y resulta vulnerada debido a la falta de presupuesto e interés de los diversos gobiernos, la falta de u reconocimiento explícito en las leyes de medios y de un marco que regule su funcionamiento. (Al que está chiflando le suplico respeto).
Es por esto que consideramos urgente que se designe una partida del presupuesto a los diferentes estados y que se considere prioridad, dentro de la designación de los ingresos, a las radios comunitarias para que continúen siendo el medio por el que los más vulnerables hagan saber sus opiniones, sus demandas y sus inquietudes.
Derivado de lo anterior, proponemos el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano un agregado a la fracción III para poder, desde la regla secundaria, hacer que se obligue a los gobiernos a presupuestar por lo menos el 10 por ciento de lo que destinan para comunicación social para estas radios comunitarias.
Y si me lo permite, señor presidente, reservé el artículo 304, Para ver si me dan tiempo.
El Presidente diputado José González Morfín: Pido que me ayuden poniéndole tiempo para que presente de una vez su reserva del artículo 304.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Gracias. Compañeras y compañeros, El accionar de esta legislatura es en todo momento paradójico y contradictorio. Mientras que en algunas situaciones busca remediar conductas mediante el incremento indiscriminado de penas, en otras se muestra medroso, incapaz de tocar a los grandes capitales.
Y aunque la nueva ley de telecomunicaciones contempla un semicatálogo de sanciones para castigar a los concesionarios que incurran en conductas a todas luces graves como impedir la actuación de los concesionarios con derecho a ello, negarse a interconectar a otros concesionarios, interrumpir total o parcialmente el tráfico de interconexión, suspender arbitrariamente el servicio en más de 50 por ciento en la zona de cobertura, incumplir las resoluciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones que hayan quedado firmes en los casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas, sabemos que en nuestro país, de milagro y magia, tales conductas no serán advertidas porque aun cuando estas conductas graves se dan constantemente en México, algunas incluso son desafíos abiertos a la autoridad regulatoria, simplemente no se castigan.
No obstante que la presente ley establece, en el artículo 304, la inhabilitación por un lapso de cinco años para que el concesionario que incurra en falta a dicha medida, para nosotros resulta insuficiente. Por eso nosotros proponemos que se aumente a 15 años si de verdad queremos acabar con estas viejas prácticas.
Aquí dejo mi participación, y les agradezco su atención. Ojalá puedan despertar.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Valencia Ramírez.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada Rocío Reza Gallegos, para presentar sus propuestas de modificación a los artículos 237, 240, 247 y 248. Inmediatamente después de la diputada Reza, la diputada Alliet Bautista.
La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos: Gracias, presidente. Una sociedad mejor informada siempre será una sociedad mejor gobernada. El abrir a una mayor competencia en el área de telecomunicaciones es lo que ha llevado al PAN a respaldar estas leyes secundarias.
Hemos hecho una valoración importante de qué es lo que beneficia de verdad a los ciudadanos, y en eso basamos nuestra decisión. También hemos hecho planteamientos diversos en donde no estamos de acuerdo, y uno de ellos es en el que presento, que por cierto también el diputado Ricardo Mejía Berdeja lo ha planteado en esta tribuna.
Es en relación a modificaciones a los artículos 237, 240, 247 y 248 donde habla de regular la publicidad en radio y televisión. A los ciudadanos les molesta la saturación de anuncios publicitarios, y voy a solicitar que quede íntegro en el Diario de los Debates esta reserva por el tiempo, únicamente les voy a comentar que se establece un porcentaje que es el 18 por ciento para televisión y el 40 por ciento para radio, pero de alguna manera en estos artículos se advierte una forma irregular de incrementar los tiempos publicitarios, y por ese motivo estamos pidiendo, Acción Nacional, que queden bien regulados.
Aquí es atendiendo también a lo establecido en la Constitución en el transitorio tercero, fracción V, que señala que en la legislación secundaria se debe establecer la prohibición de difundir publicidad engañosa, y esa parte se establece en el artículo 240, que otorga el derecho de los concesionarios de comercializar espacios dentro de su programación.
Esto es lo que contiene estos artículos y es lo que el PAN propone, en cuanto al planteamiento concreto que presentamos en esta reserva.
Por otro lado, también quiero comentar que en Acción Nacional estamos preparando el recurso de inconstitucionalidad de los extremos que propone esta ley en el artículo 189, que trastoca la libertad de los ciudadanos, que establece de manera muy clara nuestra Constitución en el artículo 1o.
Así es que esto no acaba aquí, sabemos lo que preocupa a los ciudadanos en el tema de seguridad y lo vamos a defender hasta el final. No vamos a permitir que el actual gobierno trastoque lo fundamental de las libertades de todos los mexicanos, de todos los ciudadanos.
Y para eso Acción Nacional está presentando ya, está de alguna manera con este recurso de inconstitucionalidad que estamos formulando y donde vamos a invitar desde luego a todos los legisladores que gusten acompañarlo, a todos los legisladores de izquierda y de todos los partidos, porque es importante que defendamos la parte fundamental de las garantías, pero sobre todo, más que eso, de los derechos humanos de las personas. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Reza.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada Alliet Bautista Bravo, para presentar una propuesta de modificación al artículo 240.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, señor presidente. Diputadas y diputados, hago uso de esta tribuna para presentar la reserva al artículo 240 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Quiero decirles que esta reserva toca un tema muy sensible a todas y a todos los que nos encontramos aquí como legisladores, con la responsabilidad de que ya no exista tata obesidad infantil en nuestro país.
Se ha considerado por algunos organismos que ocupamos el primer lugar en obesidad infantil. Y quiero decirles que este tema, este problema de salud pública es debido y es una consecuencia que trae la publicidad de alimentos y bebidas en altas calorías, que se ven reflejados en los altos niveles de sobrepeso y obesidad en México y que son factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluye la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.
Además de lo anterior se suman implicaciones psicológicas, ya que estas personas son blanco de comentarios ofensivos, discriminación y otras manifestaciones de rechazo que favorecen el desarrollo de una baja autoestima.
Aunado a lo mencionado las organizaciones defensoras de los consumidores presentaron un análisis en el que se demuestra que en México un niño que ve dos horas de televisión al día presencia alrededor de 12 mil 700 anuncios de alimentos y bebidas altas en calorías al año, y ninguno de orientación nutricional. Esto por decir lo menos, porque ya se consideraba hace un rato que por lo menos los niños ven cinco horas la televisión.
También es cierto que la misma Constitución marca que la alimentación es un derecho y que ésta debe ser nutritiva y de calidad, aspecto que no es considerado en los anuncios publicitarios de alimentos y bebidas altas en calorías, que se trasmiten por medio de la televisión y la radio en horario infantil.
Es por ello que la Organización Mundial de la Salud publicó cinco recomendaciones aludiendo a la publicidad de alimentos y bebidas altas en calorías, y de ellas resalta la recomendación número 3, que señala principalmente que se debe de reducir la promoción de alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos de tipo trans, azúcares libres o sal, dirigida a los niños.
Asimismo, se pretende enfatizar que nuestro marco jurídico debe regular estos comerciales con la finalidad de irlos disminuyendo hasta erradicarlos de la televisión, como así ya ocurrió en el caso de la publicidad de los cigarros.
Propongo a esta soberanía adicionar un párrafo al artículo 240, que diga: Por lo que se refiere a la programación infantil, los anuncios de alimentos y bebidas altos en calorías por cada dos anuncios publicitarios, deberán contratar uno relativo a hábitos alimenticios sanos, con el fin de ir erradicando estos anuncios y fomentar en las niñas y niños a consumir alimentos y bebidas sanas y nutritivas.
De esta manera se pretende que se aborde la propaganda de radio y televisión que va dirigida a la población infantil, en el que como principales aspectos se encuentra que se debe propiciar el desarrollo armónico, dejando clara la conexión que debe de existir entre la información y la diversión a la cual tienen derecho las niñas y los niños. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el diputado Jhonatan Jardines, para presentar sus propuestas de modificación a los artículos 247 y 248. En turno el diputado Francisco Coronato.
El diputado Jhonatan Jardines Fraire: Con la venia de esta asamblea. Muchísimas gracias, presidente. Compañeros, como ustedes escucharon tuvimos que ceder la participación hacia otro compañero que fue un poco maltratado por el vicepresidente en turno, y me reserva tenía que ver más con el artículo 189 y 190, y lo dejaremos ya solamente en una reflexión.
Nuestro sistema de procuración de justicia, PGJ y PGR, los hemos tachado de que son muy ineficientes y sólo quería recordarles que para mí, desde una preocupación real, varios coordinadores en esta misma Cámara de Diputados han sido grabados y están las denuncias. Me preocupaba que no saber manejar estas facultades que le estábamos dando a todas estas instituciones, a diferencia de lo que decía el diputado Tomás Torres, que ya no lo veo. Paisano, perdón.
Para mí no era un tema de no creer en las instituciones, sino lo que me ocupa es cómo están funcionando nuestras instituciones. Es demasiado poder para que hoy los que representan esas instituciones están desarrollando en el ejercicio de sus facultades. Muchísimas gracias y sigamos aquí en nuestra sesión.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra el diputado Francisco Coronato Rodríguez. Y en turno el diputado Guillermo Sánchez Torres. Va a presentar también su reserva al artículo 259. Pediría que le pusieran los seis minutos que le corresponden.
El diputado Francisco José Coronato Rodríguez: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, por lo que respecta a la reserva del artículo 251 señalaré que la existencia de medios de comunicación oficial o de contenidos designados por el poder público debe estar claramente determinado en cuanto a que no exista parcialidad en la información emitida a través de los mismos.
Los ejemplos de modelos funcionales y democráticos de televisión pública no son abundantes en el mundo. Sin embargo, un ejemplo de medio masivo público, que cuenta con eficacia y prestigio, nos refiere a la BBC en Inglaterra.
Este consorcio de medios surgió en 1922 por medio de un decreto real, en el que si bien se le consideró como un sistema público, se le dotó de autonomía e independencia, pues desde un inicio se consideró el efecto pernicioso para el ejercicio de poder público.
Las condiciones históricas y sociales del surgimiento de este medio de forma masiva, sin duda alguna han condicionado su desarrollo a través del tiempo, pues debido a la falta de información veraz sobre los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y de forma específica el uso de la propaganda por parte de los medios alemanes, obligaron a que la agencia de medios Inglesa buscara sobre todo la información fidedigna.
En el desarrollo de esta corporación siempre se ha privilegiado la objetividad, imparcialidad en la difusión de información y contenidos, constituyéndose como un ente autónomo, carente de influencia determinada por el poder público.
Este exitoso modelo tiene sus cimientos en la formación de una entidad distanciada del poder, presupuesto esencial en el manejo de los medios de comunicación, lo que ha tenido como consecuencia que incluso exista un gran desarrollo de contenidos, ya no únicamente para el mercado británico, sino para el resto del mundo, potenciando el crecimiento de la agencia.
No obstante este modelo en nuestro país pretendemos que le uso de medios masivos por parte del poder público, esté determinado por el Ejecutivo, lo que invariablemente constituirá una tentación para la administración de los mismos.
El otorgar la posibilidad a la Secretaría de Gobernación para que determine y administre el uso de tiempos gratuitos del Estado, no constituyen ejercicio imparcial, por el contrario, la administración atenderá a los intereses parciales, propios del ejercicio de poder.
En ese sentido, se propone la presente reserva para fragmentar el control de los tiempos públicos de acuerdo al contenido de los mismos, correspondiendo a los fines educativos, culturales y meramente sociales, en tal circunstancia propongo que en la parte correspondiente del artículo 251 se agregue lo siguiente para quedar en estos términos.
Los tiempos de transmisión serán administrados por la Secretaría de Gobernación y el contenido será determinado por la Secretaría que corresponda, de acuerdo a los fines educativos, culturales y de interés social.
Por lo que corresponde a la reserva del artículo 259 señalaré, que la comunicación es un elemento básico de toda sociedad, el proceso comunicativo está constituido por una multiplicidad de elementos, a través de los que ampliamos nuestro conocimiento y compartimos nuestras vivencias, por ello, resulta esencial que la estructura de telecomunicaciones y radiodifusión garantice al público calidad en contenidos de información y entretenimiento.
La audiencia en nuestro país requiere contar con mecanismos eficaces que le garanticen una comunicación veraz, oportuna y de calidad, así como instancias para presentar sus opiniones de respaldo o queja frente a los contenidos que ésta recibe.
La reciente reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, recogió este principio como un mecanismo para el mejor ejercicio de la libertad de expresión y derecho a la información, consagrados en los artículos 6º y 7º, respectivamente, en el sentido que será la propia ley la que establecerá los derechos de las audiencias, así como los mecanismos para su protección.
No obstante, lo anterior, consideramos que la propuesta de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no ha definido ni regulado adecuadamente los derechos de las audiencias, así como tampoco los mecanismos de defensa, promedio de los que se va a garantizar su ejercicio, ya que si bien la experiencia internacional ha demostrado en esta materia que la autorregulación es un mecanismo idóneo para regular los contenidos dirigidos al público en general, la propuesta de ley, los concesionarios de radio y televisión estarán obligados a contar con una defensoría de audiencia para que reciba, documente, procese y dé seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que conformen la audiencia.
La práctica en nuestro país no ha confirmado que a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión poco se interesan por temas que no representen una oportunidad para maximizar su capital.
Consideramos que de permanecer esta figura en los términos en los que el dictamen contempla, se violenta la enmienda constitucional al artículo 6º en este tema, pues el encargado de vigilar y proteger los derechos de audiencia, de conformidad con la propuesta, podrá ser el mismo concesionario, ya sea en representación de uno o más concesionarios, lo que resulta a todas luces absurdo, pues éste se constituirá como juez y parte a la vez.
En tal virtud, la reserva consiste en el artículo 259 para agregar en la parte final lo siguiente: Asimismo, el Estado deberá garantizar a favor de la población, a través de los tribunales especializados en la materia, la defensa pertinente en caso en los que se vulneren los derechos de audiencia de los que son titulares, todas y todos los ciudadanos, cuando haya estimado que el representante de la empresa no ha cumplido a cabalidad su encargo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene el uso de la voz el diputado Guillermo Sánchez Torres, para presentar sus propuestas de modificación a los artículos 251 y 252.
El diputado Guillermo Sánchez Torres: Gracias, diputado presidente. Compañeros y compañeras, uno de los temas centrales en el debate de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, es el relativo a los tiempos oficiales, los cuales están clasificados como la suma de los tiempos del Estado y los tiempos fiscales.
Se define a los tiempos de Estado como las transmisiones gratuitas por parte de los concesionarios, para difundir temas educativos, culturales y de orientación social. Por su parte, el concepto de tiempos fiscales se vincula a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir de los concesionarios de radio y televisión el pago de impuestos con el 12.5 por ciento del tiempo aire de sus trasmisiones.
Las comunicaciones gubernamentales que utilizan tiempos de Estado y fiscales en la radio y televisión, deben tener un contenido informativo, educativo y de orientación social.
El contenido informativo es para que los habitantes conozcan sobre sus derechos y obligaciones. Sin embargo, el proyecto que hoy discutimos no resuelve la atribución del uso de los tiempos del Estado ya que se le adjudica sólo al Ejecutivo, dejando fuera a las otras esferas del gobierno que forman la administración pública federal, lo que sin duda representa un exceso en el ejercicio del poder presidencial.
La política de comunicación social tiene como uno de sus sustentos la estrategia, los programas y las campañas de las dependencias y las entidades administrativas y las entidades de la administración pública federal, mismas que contribuirán a que la ciudadanía esté mejor informada.
Resulta necesaria la difusión de los temas prioritarios del gobierno federal y una adecuada coordinación de los mensajes que emiten las diferentes dependencias y entidades de la administración pública federal.
En el dictamen a discusión consideramos insuficientes los 30 minutos que se han venido dedicando a difundir los temas de interés educativo, cultural y de interés social, por lo que se propone aumentarlos al doble. Además de que el horario sea entre las 6 y las 24 horas para que su difusión no se realice a altas horas de la madrugada, como en algunos casos sucede. Y además de que en este espacio se le dedique espacio a la promoción y defensa de los usuarios de los servicios de radiodifusión.
Se establece que el tiempo de Estado tendrá un carácter institucional, y que los temas que se difunden en ningún caso incluirán la promoción personal de cualquier servidor público, especificando que estos tiempos de Estado son independientemente de los tiempos fiscales y que la transmisión del Himno Nacional no se considere dentro de los tiempos de Estado, como lo establece el artículo 253 del presente dictamen.
La presente propuesta se distingue del proyecto de dictamen, en que los tiempos de transmisión serán administrados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y no por la Secretaría de Gobernación, como sucede en la actualidad. Además de que será el propio Instituto el que deberá emitir, en colaboración con su consejo consultivo, los lineamientos y formatos a que deben ajustarse los tiempos del Estado.
Pero lo que sí debería ser atribución del Ejecutivo federal es informar a esta soberanía el uso y destino de los tiempos del Estado.
Artículo 252. La presente reserva tiene la finalidad de buscar un equilibrio en el uso de los tiempos fiscales entre los Poderes de la Unión: el Poder Ejecutivo, los poderes Legislativos y Judicial. Además de los órganos autónomos que también tienen la responsabilidad de comunicar y transmitir, desde un punto de vista imparcial y objetivo, diferentes mensajes a la sociedad por ser parte constitucional y medular del Estado mexicano y de su vida democrática.
Por tanto, debe existir equidad en los tiempos de Estado y fiscales en radio y televisión entre los tres poderes, pues cada uno mantiene la misma importancia. En particular, la sociedad tiene un canal de participación política efectivo, el Congreso. Pero éste deberá encontrar su principal función como dique a las decisiones del Poder Ejecutivo, que generalmente decide unilateralmente.
Una de las características del sistema político contemporáneo es el predominio del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes y sobre los mismos mecanismos de decisión política en el Estado. El equilibrio de los poderes es por tanto un baluarte insustituible de toda democracia y exige también una intensa interlocución con la sociedad; de manera que los tiempos del Estado deben ser utilizados de manera proporcional entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los órganos autónomos, esta división tiene la siguiente estructura:
Al Poder Ejecutivo federal y local le corresponderá el 30 por ciento que se distribuirá en partes iguales, a los Poderes Legislativos federal y estatal le corresponderá el 30 por ciento de manera proporcional, al Poder Judicial federal 20 por ciento y a los órganos autónomos el otro 20 por ciento.
Agradezco a todos los compañeros diputados que cumplen con sus funciones de legisladores y están a estas altas horas de la noche discutiendo este dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Guillermo Sánchez.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal, para presentar su propuesta de modificación al artículo 255. Va a presentar también la reserva del artículo 262.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores, aunque son de naturaleza distinta voy a presentar en un paquete dos reservas que se contempla... –qué barbaridad y luego que son mujeres las que gritan, ni modo– los artículos 255 y 262.
El 255, ciudadanos legisladores, es un artículo que he reservado y que tiene que ver con la misma materia que había comentado en la pasada intervención. En México es cuestionable la existencia de la democracia mediática, los medios de comunicación masivos en complicidad con el gobierno manipulan, añaden y eliminan la información que se transmite a la población para beneficio propio.
El evento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las elites políticas y económicas mediante continuas distracciones basadas en informaciones insignificantes. La distracción es una estrategia igualmente indispensable para impedir al público interesarse por la información esencial en el área de la problemática del país.
En la reforma del artículo 255, de la ley en comento, se pretende de nueva cuenta dar a la Secretaría de Gobernación las facultades para que de acuerdo a su juicio se determine cuáles contenidos son trascendentes, lo que provocaría a un gobierno aún más autoritario en donde se prive a la población del derecho a la información.
Como órgano autónomo, técnico y capacitado en este rubro, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es quien debe determinar cuándo un tema es particularmente importante para el país y debe ser transmitido en cadena nacional, por lo que no se debe permitir que se otorguen dichas facultades a una secretaría que a lo largo de la historia ha desempeñado un papel de control político, como la Secretaría de Gobernación.
Otorgarle estas facultades provocaría la creación de una súper secretaria empoderada nada más y nada menos que del manejo y regulación de la información que es impartida a la ciudadanía y de nuevo se estaría ejerciendo una centralización del Poder Ejecutivo en el país.
Los habitantes de nuestro país se han sometido a medidas regresivas en los temas de importancia como la educación, el derecho de los trabajadores, el incremento de impuestos, la venta del petróleo, la Ley Financiera o paquete financiero. Estos ajustes a la ley se han logrado llevar a cabo por la falta de difusión para ser debatidas y discutidas por los distintos sectores sociales a los que compete, junto con la manipulación informativa de parte de los medios de comunicación que claro, buscan su propio beneficio. Por eso nosotros nos pronunciamos en contra de darle esta categoría a la Secretaría de Gobernación y proponemos que sea el órgano técnico creado exprofeso para este fin.
El otro tema es el 262, y es el tema fundamental desde nuestro punto de vista. Es el relativo a los agentes preponderantes y que se refiere a la identificación de empresas con poder sustancial que tienen dominación sobre un sector o mercado en el que pueden influir en materia de precios y servicios, así como la imposición de barreras hacia sus competidores.
De esta manera, según la reforma, se les podrá imponer a las empresas preponderantes una regulación especial para que no abusen de su posición haciendo prácticas monopólicas o impidiendo que otros competidores puedan entrar sin dificultad a este mismo mercado.
A pesar de la importancia del tema no se ha profundizado lo suficiente y la actual propuesta de Ley de Telecomunicaciones deja a este punto lleno de huecos y con una muy visible opacidad. La nueva Ley Telecom tratará de revertir un mal histórico para acotar el poder apabullante de los grandes consorcios construidos al amparo del poder público, acortar distancias y aplanar el terreno para abrir al sector a la verdadera competencia.
Por eso nosotros consideramos que es impostergable que México cuente con una plena pluralidad en los medios de comunicación, por los cuales los mexicanos se mantengan informados sobre el acontecer de la vida pública lo que dará como resultado que la fortaleza, la participación ciudadana, columna vertebral de todo régimen democrático, esté acorde y actualizado.
Precisamente uno de los objetivos de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones fue abolir los monopolios en este sector. Tan solo se debe tener en cuenta que gran parte de los monopolios los concentraba Telmex, América Móvil, televisoras y un grupo muy selecto de prestadores de servicio.
Esta ley debería ser para abrir la competencia en los servicios públicos concesionados, tanto de radiodifusión como de telecomunicaciones y servicios públicos que estén monopolizados.
Por esa razón nosotros exponemos que el gobierno está apoyando claramente esta decisión de declarar la preponderancia por sector y no por servicios para proteger uno de los monopolios en perjuicio de otro. Lo hemos explicado hasta el cansancio.
Definir la preponderancia por sector, precisamente beneficia a la televisión de paga, porque éste es el sector más dinámico que tiene en este momento cualquier servicio.
La televisión de paga tiene actualmente 15 millones 185 mil suscriptores. El año pasado creció este sector 10 por ciento. Es un mercado muy dinámico y se supone que el crecimiento será similar este año, es decir que se incorporan 1 millón y medio cada año de nuevos suscriptores.
Si no podrá ser declarado preponderante la televisión restringida, me parece que se está dando paso a crear un suprapoder en perjuicio de la democracia, de la libertad de expresión y del derecho a la información. Presidente, concluyo y agradezco que ahora no hayan emitido exabruptos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra el diputado Luis Miguel Ramírez Romero, para presentar su propuesta de modificación al artículo 256. En turno el diputado Marino Miranda Salgado.
El diputado Luis Miguel Ramírez Romero: Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros. El artículo 156 tiene que ver con el derecho de las audiencias y ya en artículos anteriores se ha probado que uno de los derechos de audiencia es que hay una decodificación de la programación y que ésta sea explícita claramente al inicio de un programa. Es decir que como en las películas hoy cuando vas al cine, si te dicen que es clasificación A, sabes que puede ir tu familia a verla y que no habrá ni violencia ni sexo explícito.
Pero ¿qué pasaría si alguna televisora pusiera que es una programación con clasificación A y resulta que no, que cuando tú estás ahí sentado con tus hijos o con tus nietos viendo la película en cuestión, resulta que tiene violencia o sexo explícito, y entonces no es tal.
Es un derecho de la audiencia o debería de serlo, el que pudieras tú reclamar ante alguien para que la programación sea adecuada.
En artículos anteriores se ha esgrimido que quien tiene esta facultad, aunque no queda muy claro si es Gobernación o es el Ifetel, es la supervisora. Pero una cosa es la facultad y otra cosa es el derecho de la audiencia de reclamar que se ejerza esa facultad.
En ese sentido van los párrafos que a continuación se propone se añadan. Primero. El recibir la programación correcta clasificada y tener más información sobre los contenidos de los programas. Otro párrafo, el denunciar la programación y su transmisión cuando contravenga lo dispuesto por esta ley y/o en su caso los códigos de ética ante el defensor de la audiencia y las autoridades correspondientes.
En ese sentido va esta reserva que estamos proponiendo para hacer más claro el derecho de la audiencia de exigir que la decodificación de los programas sea la adecuada de acuerdo a lo que esta misma ley establece.
Con respecto a los artículos 189 y 190 que hace unas horas nuestra compañeras y varios compañeros tanto del PAN como de otros partidos trataron, creo que queda claro que cuando esta Cámara o cualquier otra local violenta la Constitución tenemos un recurso, que es el recurso de la controversia constitucional. En este caso hay una coincidencia de la izquierda y de Acción Nacional para poder presentar una controversia, por lo que esos artículos se van a echar abajo evidentemente porque están violentando uno de los derechos consagrados en la Constitución, que es el derecho a la privacidad.
Si nosotros subimos ante las redes sociales la pregunta de si los ciudadanos están de acuerdo en que sean geolocalizados sin una orden judicial previamente o que sean bloqueados sus servicios a juicio de la autoridad competente, les aseguro que el 99 por ciento de los ciudadanos estará de acuerdo en que esa controversia avance y que se eche abajo esto que en unos minutos la mayoría de los diputados aprobará. Es decir, que están condenados esos dos artículos a ser modificados.
Acción Nacional presentará en su momento una iniciativa para defender este derecho de todos los mexicanos a no ser molestados en su privacidad o en sus llamadas. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Pido a la Secretaria consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta del diputado Ramírez Romero.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el diputado Marino Miranda Salgado para presentar su reserva al artículo 258 y en turno la diputada Claudia Elena Aguilar Torres.
El diputado Marino Miranda Salgado: Con su venia, señor Presidente. Diputadas y diputados: las reformas constitucionales que hemos aprobado durante lo que va de la presente legislatura han tenido por objeto modificar las relaciones de poder prevalecientes en nuestro país, mediante ello democratizar las estructuras de poder ya fuera este político, económico, social o mediático, y la reforma constitucional en telecomunicaciones no fue la excepción.
Sus objetivos abarcaban el conocimiento y la protección de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y de las audiencias. La modernización del sector de telecomunicaciones, el fomento de los valores de identidad nacional, la integración de las y los mexicanos a la sociedad de la información y del conocimiento, la regulación de la trasmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa y, por supuesto, la regulación de la competencia y la eliminación de los monopolios o, en su caso, de las prácticas monopólicas.
Mediante ellos, la reforma buscaba romper con el monopolio mediático, dotar a las audiencias de verdadera alternativa de información y de expresión, y con ella indirectamente buscar fortalecer nuestro sistema democrático al dotar de mayor poder al ciudadano tanto para informarse como para expresarse. Afianzar también la rectoría del Estado en el control de los medios de comunicación.
Sin embargo, el presente dictamen, lejos de concretar estos objetivos se aleja de ellos, y continúa subordinando el poder el Estado al poder de los medios de comunicación y el poder que entraña la información a los intereses particulares de las principales empresas de radiodifusión.
Es así que esta legislación secundaria, a pesar de ofrecer importantes beneficios para el bolsillo del mexicano, deja el status quo del poder de los monopolios intocado. El dictamen no establece una verdadera pluralidad mediática, no fortalece los derechos fundamentales y sus mecanismos de garantía, y presenta graves injerencias arbitrarias en contra de los ciudadanos. Carece de una regulación efectiva a la concentración monopólica con una clara parcialidad favorable hacia el agente económico preponderante de la radiodifusión.
La Corte Interamericana ha sostenido que los medios de comunicación cumplen con un papel esencial como vínculo o instrumento para el ejercicio de la libertad de expresión e información.
Para las personas con alguna discapacidad a la par que el derecho de libertad de expresión y de información se enfrentan de manera permanente al reto de hacer efectivo su derecho a la igualdad.
México, los datos del 2012 indican que el 6.6 por ciento de la población del país reporta tener discapacidad. Es decir, aproximadamente 7.6 millones de personas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del Inegi, de los cuales el 32.5 por ciento tienen dificultad para ver, el 16.5 por ciento para oír y el 8.6 por ciento para hablar o comunicarse.
En este contexto, a pesar de los avances del dictamen en materia de discapacitados, existe un tema fundamental que debe ser considerado y que entraña la modificación a la fracción I del artículo 258 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiocomunicación, y que se refiere al subtitulaje, así como un intérprete en lengua de señas mexicanas, deberán estar presentes en toda la programación de televisión, en medios públicos y concesionarios, incluyendo todos los noticieros, lo anterior a través de una implementación progresiva.
Mediante esto lograremos que las personas, que poseen alguna discapacidad física relacionada con la capacidad auditiva, no se enfrenten también a una discapacidad social, en virtud de las barreras que las instituciones le imponen. Muchas gracias. Es cuanto, compañero presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra la diputada Claudia Elena Águila Torres, para presentar su reserva del artículo 262. Inmediatamente después el diputado Víctor Manuel Manríquez González.
La diputada Claudia Elena Águila Torres: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los poquitos que estamos aquí, nuevamente somos testigos de lo que ya es una práctica común en la Cámara de Diputados, legislar sin tomar en cuenta el interés nacional.
Aquí han pasado reformas trascendentales para el desarrollo del país, buenas intenciones que sólo quedan en ese hecho porque se privilegia el interés de unos cuantos En el caso que hoy nos ocupa es el de los dueños de los medios de comunicación, conocidos por el vox populi como los poderes fácticos.
El argumento central es la competencia y con ella la baja en la tarifa de los servicios, sin embargo todo parece ser que en la lucha de los dos grandes medios de comunicación más que democratizarlos y disminuir su poder lo que se hace es fortalecerlos.
Se especuló en el cambio de paradigma democrático para que se garanticen los derechos de las audiencias, se dé la competencia, se garantice la apertura a los sectores social e indígena, sin embargo nada de esto está traducido en las leyes secundarias. No se cumplió con la expectativa generada de terminar con el poder que ejerce el duopolio televisivo.
Es así que la iniciativa presidencial va contra la reforma constitucional de 2013, que garantiza derechos humanos de cuarta generación, donde en su momento la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el acceso a Internet como derecho humano.
Recordemos que la única y cambiante naturaleza de Internet no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto.
En este sentido es que llamo a las diputadas y a los diputados a que demostremos a la ciudadanía que aún tenemos algo de dignidad y que podemos respetar lo que establece nuestra Constitución en el artículo 6, párrafo tercero, que a la letra dice: el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de la banda ancha e Internet, para tales efectos el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.
Para ello propongo la modificación al artículo primero del dictamen, relativo a su artículo 262, para que el Instituto determine la existencia de agentes económicos preponderantes en los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Lo anterior en congruencia con la Constitución y con la realidad contractual que suscriben los ciudadanos.
Las personas son quienes acceden finalmente a la obtención de los servicios que brindan los concesionarios a los usuarios. Ésta es la única forma de regular el monopolio de las televisoras y radiodifusoras en la declaración de preponderancia de los servicios que prestan, más en los de televisión por cable, de triple play o cuádruple play, que es el área de mayor crecimiento tecnológico en México y en el mundo.
Por esa razón los invito a votar en favor de esta modificación que privilegia el derecho de los ciudadanos sobre los agentes económicos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Manríquez González para presentar su propuesta de modificación al mismo 262. Inmediatamente después el diputado Carlos Angulo Parra.
El diputado Víctor Manuel Manríquez González: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, como representantes del pueblo es nuestro deber encauzar las necesidades de la gente y de los sectores económicos, hacia un marco que permita un beneficio para todos. Estamos conscientes de que en los temas importantes en la agenda del país existen distintas formas de entender el uso y los fines de las telecomunicaciones.
Hay que reconocer que existen divergencias respecto de los intereses que contiene este sector en el ámbito económico, por tanto es nuestra obligación se interlocutores de todas las voces de los mexicanos. Debemos ser una vía de conciliación y no simplemente de obstáculos irracionales en el avance del país.
A lo largo de la discusión el Partido de la Revolución Democrática ha propuesto numerosas aportaciones que integran dicho dictamen, por ejemplo, hemos trabajado para que un organismo independiente regule las telecomunicaciones. También impulsamos la promoción de la competencia para que los precios disminuyan y la calidad del servicio aumente.
Ha sido nuestro propósito ampliar la cobertura de estos servicios en beneficio de las mexicanas y los mexicanos, que debido a su pobreza son parte de esa brecha digital que los aleja de una mayor calidad de vida. También hemos buscado ampliar la oferta para garantizar que los espacios de expresión garanticen la pluralidad.
También hemos promovido el combate a los monopolios, la eliminación del cobro en la larga distancia en la telefonía, tanto fija como móvil; la gratuidad de la portabilidad; el uso compartido de la infraestructura; la eliminación de la penalización en la cancelación de los contratos telefónicos.
Sin embargo, venimos a exponer ante ustedes muy respetuosamente que no compartimos el criterio de la preponderancia. Desde nuestra posición es necesario que la preponderancia se determine por servicio y no por sector, hacer lo contrario implica la construcción de una legislación que impide el surgimiento de nuevas cadenas televisivas, generando un trato desigual con el sector de la telefonía.
Al mismo tiempo, la medida tendrá un impacto negativo hacia los medios públicos, no se promoverá el desarrollo de las radiodifusoras locales y comunitarias, tampoco habrá la posibilidad de fortalecer los canales de televisión pública.
Al respecto, queremos enfatizar las limitaciones más importantes que presenta la minuta de la colegisladora. Por ejemplo, se sigue manteniendo la posibilidad de la amplitud dela publicidad; la preponderancia del sector permite la compra de empresas sin necesidad de autorización; los derechos de audiencia quedan acotados por la ley sin ninguna sanción.
Honorable asamblea, es necesario reconocer que la minuta de dictamen contiene aspectos positivos y otros en los cuales creemos que no se ha avanzado, pero quiero señalar que la voz de nuestros representados nos obliga a votar en contra el dictamen, porque es necesario revisar los límites que anteriormente hemos expuesto ante ustedes.
No obstante, propongo hasta esta soberanía modificar el artículo 262 y agregar que la preponderancia se determine por cada uno de los servicios que provean los agentes económicos. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha. Tiene la palabra el diputado Carlos Angulo, que presentará en un solo acto seis reservas, el 262, el 263, el 14 y el 17 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y los transitorios Noveno y Cuarenta y uno. Adelante, diputado.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, presidente. Bueno, el corazón de los problemas de inconstitucionalidad que hemos estado visualizando a lo largo de estas sendas horas están en este artículo 262 y en el Noveno transitorio de la última ley citada por el presidente de esta asamblea.
Y me voy a explicar, porque es un asunto un poquito complicado, es complejo entenderle muchas veces, pero voy a empezar por el artículo Octavo transitorio del decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión.
Este artículo tiene una redacción que prácticamente es igual, no digo idéntica, porque hay unas adecuaciones de forma pequeñas al 262 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
¿Y en qué estriba la diferencia de fondo entre esos dos artículos? No hay diferencia de fondo. Lo que hay es una maña que se utiliza para poderle dar una visión totalmente diferente de interpretación a la realidad y al espíritu del legislador. Y el espíritu del legislador empezó en la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados, la cual su servidor es integrante y funge como secretario.
¿En qué consiste? En que hace un proemio, el tercero transitorio y el 262, de la siguiente manera, y voy a leer el 262: El instituto deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones.
Esta primera parte es un enunciado no regulatorio sino es un enunciado para establecer los ámbitos de acción para determinar la preponderancia, que son los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión.
Dentro de ese género próximo, que es el sector de telecomunicaciones y el sector de radiodifusión, existen herencias específicas y ésas vienen establecidas en el propio artículo 262, en su segundo párrafo.
Para efectos de lo dispuesto en esta ley se considerará como agente económico preponderante en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones a cualquiera que cuente directa o indirectamente con una participación nacional mayor. Primero habla de sectores, luego habla de servicios, luego habla de una participación mayor al 50 por ciento, medida esta participación en, medido este porcentaje, ya sea por el número de usuarios, por suscriptores, por audiencia, por el tráfico en sus redes o, y ese o involucra a cualquiera de los anteriores por la capacidad utilizada de las mismas.
Es decir, para determinar la preponderancia de un agente se tiene que medir por estos servicios en cuales quiera de cada uno de estos parámetros que acabo de enunciar. Hasta ahí vamos muy bien.
El problema es que luego en las definiciones, que más o menos se encuentran involucradas en alrededor de 20 artículos a lo largo de la ley, habla de sectores y no habla de servicios.
La propuesta es que como una ley secundaria no debe repetir literalmente lo que dice la Constitución sino que debe entrar a especificar más para el caso concreto y para la implementación en la aplicación de la ley, estamos sugiriendo que en 262, donde en la minuta habla de sectores de telecomunicaciones y radiodifusión se hable de los servicios desde entonces, desde el principio.
Y luego, más adelante tenemos una situación aún más mañosa, voy a llamarle así, porque verdaderamente es inexplicable cómo se ha añadido el artículo noveno transitorio de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano.
Y ese artículo noveno transitorio dice lo siguiente: en tanto exista un agente económico preponderante en los se4ctores de telecomunicaciones y radiodifusión regresa a la terminología de sectores con el fin de promover la competencia y desarrollar competidores viables en el largo plazo, no requerirán de autorización del Instituto de Telecomunicaciones las concentraciones que se realicen entre agentes económicos titulares de concesiones.
Y me voy a explicar. Tenemos en la realidad la determinación por el Instituto Federal Electoral de la preponderancia o la dominancia conforme a la Ley de Competencia Económica, de América Móvil en el sector de telecomunicaciones y resulta que la televisión de paga por cable no es radiodifundida; no. Se transmite a través de ondas hertzianas, a través de espectro radioeléctrico, forma parte del mundo de las telecomunicaciones, ergo todo el sistema de Televisa que es eminentemente por servicio preponderante bajo los criterios de la Constitución y del 262 que acabo de enunciar va a poder tener impunemente la posibilidad de ampliar su participación en el mercado comprando otras empresas de una manera ilimitada sin necesidad de recibir autorización del Ifetel, ni tener la necesidad alguna ni siquiera de notificar la concentración. Qué bonito, verdad.
Bueno pues ahí no para la cosa, ahora resulta que América Móvil se aprovecha de esa interpretación de sectorización para reducirse a menos del 50 por ciento a nivel sector porque se siente libre de seguir siendo monopolio en los diversos servicios de telefonía fija, de telefonía celular, de Internet, etcétera. Qué bonito se completa y se redondea lo que no queríamos que sucediera, que con la ley secundaria se hiciese nugatoria la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica en el sector económico de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Ahora, para terminar quiero mencionar que hice reservas en el artículo 14 y en el artículo cuadragésimo primero, en el artículo 14 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión, respecto de la Junta de Gobierno del Sistema Público de Radiodifusión en donde el artículo 14 de la minuta señala que se conforma con un representante de la Secretaría de Gobernación; esto atenta contra la reforma constitucional ya que es una facultad exclusiva para el Ifetel y así lo estamos enunciando y proponiendo.
Por último el artículo cuadragésimo primero de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión menciona que las instituciones de educación superior de carácter público, que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto cuenten con medios de radiodifusión a que se refieren los artículos 67, fracción II y 76, fracción II, no recibirán presupuesto adicional para ese objeto. Qué bonito que una ley secundaria ahora reforme la Constitución y elimine las facultades constitucionales que esta Cámara de Diputados tiene otorgada por la Carta Magna en exclusiva. Entonces se propone eliminar por completo ese artículo transitorio. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Angulo.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada Roxana Luna Porquillo, para presentar su reserva al artículo 269. No se encuentra. Tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal para presentar su propuesta de modificación al artículo 285 y también la que sigue, la 298, también es del mismo diputado Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores. Esos son dos temas, como todos los que hemos presentado, muy importantes. El artículo 285, fracción I es un tema que me preocupa de sobremanera. Esto es que los límites a la propiedad cruzada de medios surgen como mecanismos para evitar que una persona o un grupo afecten la libertad de expresión, el derecho a la información y la vida democrática, así como para buscar proteger la diversidad la pluralidad y en ocasiones el localismo.
Así, las limitaciones a la propiedad cruzada sirven como mecanismos de protección y defensa de los derechos informativos de todos los ciudadanos. Se entiende por propiedad cruzada al hecho de que una misma empresa o un mismo grupo de empresas sea propietario de varios medios de comunicación dentro de un mismo mercado. Las medidas legales y regulatorias sobre la propiedad cruzada de medios se empezaron a implementar hace más de 30 años principalmente en Estados Unidos y algunos países de Europa.
El dictamen a discusión establece en su Capítulo Cuarto, de la Propiedad cruzada, la obligación de los concesionarios de radiodifusión y telecomunicación que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica a incluir dentro de dicho servicio canales de información noticiosa o de interés público, a fin de garantizar el acceso a información plural y oportuna.
Sin embargo dicha obligación sólo se limita a concesionarios que prestan el servicio de televisión restringida, dejando de lado otros medios de información masiva como el servicio de televisión abierta, la cual tiene mayor incidencia en el derecho a la información y la formación democrática.
Nosotros sostenemos por lo anterior esta reserva que va encaminada a incluir dentro de los concesionarios a todos aquéllos que presten el servicio de televisión abierta, a fin de cumplir a cabalidad con lo estipulado en la reforma constitucional, la cual garantice el acceso a todo ciudadano a recibir información plural y oportuna.
La experiencia comparada de los países que cuentan con límites a la propiedad cruzada de medios de comunicación, ha demostrado que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación, deben de estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y la diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. Por tal virtud estoy planteando que se modifique el 285 para incluir la televisión abierta.
En el caso de artículo 298, éste se refiere a que la evasión de impuestos o evasión fiscal, como un acto ilegal que consiste en ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos, problema complejo de nuestro país, que ha condicionado una negativa de manera importante de las funciones del Estado, en una recaudación que se vuelve injusta, por el hecho de que sólo una parte de la población paga por la provisión de los servicios públicos que todos disfrutan y por lo tanto constituye una causa importante de inequidad puesto que conlleva una carga efectiva mucho más elevada para quienes sí cumplen con sus obligaciones.
Deberes que incumplen las grandes cadenas de telecomunicaciones como lo son las televisoras; que estos dos monstruos controlan el 90 por ciento de la información televisiva, pues aprovechan las facilidades otorgadas por los gobiernos para beneficio de las mismas.
El duopolio televisivo burla la ley con el lucrativo mercado negro en materia de entrevistas y coberturas especiales disfrazadas y disfrazando la libertad de información que según se cobra pero no se factura. Ésta es una curiosa libertad. Ellos informan pero cobran por debajo del agua.
Cifras que reportan el grupo o Televisa, ganancias por mil 825 millones de pesos en el segundo trimestre del 2013, lo que representa un alza de casi el 30 por ciento con respecto al año anterior.
¿Qué sucede? Ahora la iniciativa intenta interponer una ridícula multa por el equivalente del 1.1 por ciento, hasta el 2 por ciento de los ingresos del concesionario o autorizado a los concesionarios que no cumplan con la obligación en materia de operación e interconexión de redes de telecomunicaciones, en el artículo 290, inciso c), del dictamen con proyecto de decreto que expide esta Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones.
Me pregunto ¿acaso estas medidas sancionadoras son una reforma integral? Pues no, al contrario, alientan el mercado laboral informal, la elusión y la evasión fiscal. Son acciones de impacto recesivo; no son procedimientos que condicionan para que esta situación se pueda regularizar y se combata la informalidad.
Debe insistirse en que la creciente informalidad es uno de los peores males de nuestra economía que no se están atendiendo. Hace falta un plan decidido y severo.
Las multas son de carga regresiva, afectan de manera muy severa a las líneas de telecomunicación, aunado con la informalidad daña la equidad tributaria del país.
Le pediría, ciudadano Presidente, que ésta y la anterior reserva se plasmen íntegras en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto, diputado, así se hará. Pido a la Secretaria consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión las propuestas.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el diputado Damián Zepeda Vidales para presentar su reserva al artículo 298.
El diputado Damián Zepeda Vidales: Con su permiso, señor Presidente. Muy concreto. El artículo 6 constitucional, el inciso b) en la fracción IV, establece de manera puntual la prohibición de que se transmita publicidad o propaganda presentada como información noticiosa o periodística.
El proyecto de nueva ley en materia de telecomunicaciones retoma esta prohibición en el 238, aunque la mezcla y la pone exclusivamente para evitar como fin la publicidad engañosa, que no es el mismo supuesto. Puede ser un supuesto la publicidad engañosa de que se maneje publicidad como información noticiosa. Sin embargo, hay otros supuestos. Puede ser publicidad no necesariamente engañosa, pero presentada como información noticiosa.
La prohibición en la Constitución es que no se presente información o publicidad o propaganda como si fuera información noticiosa, es decir, que no se presente una nota pagada como si fuera un trabajo periodístico noticioso.
Eso es lo que la Constitución prohibió y el 238 no lo retoma tal cual, pero no nada más eso, sino que el 298 no lo contempla con sanción. Es decir, la prohibición del 6 constitucional no tiene una sanción específica en esta nueva ley de telecomunicaciones, lo cual nos llevaría a llegar a la conclusión de que lo que le aplicaría sería la sanción genérica, que viene en el inciso b) del artículo 298 que dice que se va a castigar con multa del 1 por ciento hasta el 3 por ciento de los ingresos del concesionario.
Sin embargo, debería de estar este supuesto enmarcado no específicamente para el tema de publicidad engañosa, sino con la prohibición total, sin distingos, que hizo la propia Constitución, es decir, que no se pueda presentar ningún tipo de publicidad, ningún tipo de propaganda como si fuera información periodística o noticiosa.
Punto número dos, debería tener una sanción de las más fuertes que existan precisamente para evitar que esto suceda porque es algo muy común que pasa hoy en día en nuestro país y la gravedad del asunto es que si se presenta algo pagado, como si fuera noticia, es que el ciudadano tiene manera de distinguir si es precisamente una nota pagada o verdaderamente un trabajo periodístico noticioso que está siendo el medio de comunicación, que al final del día lo que termina haciendo esto, es coartar precisamente el derecho que tiene el ciudadano a conocer verdaderamente lo que está sucediendo en el país.
Por lo tanto, la propuesta específica que estamos haciendo, que es que se le contemple dentro de la sanción económica más grave. Es decir, en el inciso e) del propio artículo 298, con una fracción III que específicamente diga que se le sancionará al medio de comunicación del 6 por ciento hasta el 10 por ciento de sus ingresos que tiene el concesionario cuando presente una información, una publicidad o propaganda como si fuera información noticiosa o periodística.
Este es el tema que se le presenta, ojalá y tengamos el respaldo, y sí comentarles nada más que evidentemente es un absurdo el que hayamos aprobado una prohibición total en la Constitución y que después dejemos abandonado la sanción en la nueva ley en materia de telecomunicaciones. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se admite a discusión la propuesta.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el diputado Fernando Belaunzarán para presentar su reserva del artículo 308. El diputado Belaunzarán retiró 27 artículos reservados, presentará solamente el 308.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: En efecto quise priorizar, sólo hablaré de este artículo 308 y luego, por supuesto, los transitorios que es importante, la Ley de Derechos de Autor, pero esas son cosas que estén por separado en el debate.
¿Cuál es el punto en este 308? Es la intervención de la Secretaría de Gobernación en este proceso. Parte de la reforma constitucional y que se había dicho es que dábamos las facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones que fortalecíamos a este órgano autónomo, y sin embargo, ahora por la ley secundaria se vuelve a apolar la Secretaría de Gobernación, a verificar contenidos.
Cuando explícitamente dimos esa facultad de contenidos al IFT, y cuando se hace este debate, después de que se presenta la iniciativa de Javier Lozano, parece ser que la discusión fue darle autoridad de contenidos tanto a IFT como a Gobernación, cuando lo correcto hubiera sido quitar a Gobernación y dejar al IFT como está.
Pero lo más grave es no sólo que le den supervisión a Gobernación, sino que Gobernación puede establecer sanciones a los concesionarios, y puede establecer sanciones de acuerdo a los contenidos, etcétera, a los concesionarios a discreción, y dígname, eso no es una forma de control del gobierno sobre los medios de comunicación, o no podía ser; la importancia de darle al IFT la posibilidad de que ellos sean los que verificaran contenidos y sancionaran en su caso, era que no hubiera control político o forma de control político del gobierno sobre los medios de comunicación como una forma de salvaguardar la libertad de expresión.
Pero no, el IFT puede poner sanciones por contenidos, pero la Secretaría de Gobernación también. Y me parece que eso no debiera ser, esta duplicidad. Y por lo mismo lo que estoy proponiendo en esta reserva es que estas sanciones que están planteando que puede imponer la Secretaría de Gobernación a los medios de comunicación que sean puestas por quien decidimos nosotros en la reforma constitucional que fuera el órgano rector de esos contenidos y, por lo tanto, pasen al Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde deben estar.
Y, por lo tanto, quien puede sancionar por infracciones en contenidos no sea la Secretaría de Gobernación, sino sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se dice equívocamente que estamos fortaleciendo al IFT, en parte dicen: es que miren cómo estamos fortaleciendo.
Bueno, aquí le quitaron esa facultad y están fortaleciendo a la Secretaría de Gobernación metiendo un gancho o una entrada del gobierno federal sobre los medios de comunicación, lo cual me parece que sí es una amenaza a la libertad de expresión y se abre la puerta al control político del gobierno sobre los medios de comunicación que debieran ser absolutamente libres para expresar sus opiniones y no tener esa duda, ¿por qué?, pues nadie se engaña, claro que los medios de comunicación juegan un papel político.
Bueno, aquí el punto, para no extenderme más del tiempo, es que –como dice la Constitución– sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones quien establezca las sanciones a los concesionarios en caso de infracciones y no la Secretaría de Gobernación, que significa un retroceso y da pauta a hablar de una regresión autoritaria como ya lo habíamos denunciado en muchas otras ocasiones. Éste es un aspecto que acredita que sí hay una regresión autoritaria por lo menos al darle esas facultades a la Secretaría de Gobernación que no debiera tener. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, para presentar su reserva del artículo 308, incisos b) y c).
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Gracias, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputada.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Buenos días, compañeras y compañeros. Hicimos dos reservas, si me lo permiten, al artículo 308, inciso b) e inciso c), donde existen ganancias netas de 73 mil 790.7 millones de pesos en una sola empresa dedicada a transmitir contenido audiovisual, como lo es el caso de Televisa; y de 35 mil 419 millones de pesos, como es el caso de TV Azteca, se entiende que como empresas profesionales que argumentan ser, cuidan los contenidos y cómo se trasmiten. Por lo tanto lo entendible sería que no incumplieran con los tiempos establecidos, o por ejemplo, al reservar los canales de televisión y audio restringidos para uso del mismo, ya que esto es indispensable para la difusión de contenido realmente importante.
De la misma manera, tratándose de concesionarios de uso público deberán tener con sumo cuidado de no excederse del tiempo establecido de duración para la trasmisión de patrocinios. Esto claro, debido al porcentaje ya establecido por esta Ley.
De igual forma, deberán incorporar un sistema a disposición de la audiencia, donde puedan expresarse acerca de las trasmisiones emitidas, como lo es un buzón de quejas y sugerencias por ejemplo. Entendiendo los párrafos anteriores y asimilando la cantidad de dinero que algunas de esas empresas manejan, es primordial hablar de las sanciones al no cumplir con esas medidas asentadas en la Ley, por lo que resulta ridículo imponer sanciones equivalentes al 0.01 por ciento o al 0.75 a esas empresas y sólo fomentarían la reincidencia al incumplimiento de las medidas previamente mencionadas.
Teniendo en cuenta que ese porcentaje para esos monstruos no es nada, de manera tal que al incrementar el monto de la sanción pueda tenerse más cuidado en el cumplimiento de esas medidas y en donde las mismas se conviertan en una verdadera preocupación para las empresas y la resuelvan ocupándose de no incumplir la ley una vez más.
Esta reserva tiene que ver entonces con incrementar la sanción, no de 0.75, nosotros proponemos que hasta de un 15 por ciento de sus ganancias. Eso es en el caso del 308, inciso b).
En el caso del 308, inciso c), tiene que ver también con el mercado de telecomunicaciones. En nuestro país representa un espacio de concentración oligopólica que ha vulnerado el libre desarrollo del mercado, en perjuicio de los mexicanos.
En la actualidad en nuestro país existen dos cadenas de televisión abierta, Televisa y TV Azteca, con cinco canales abiertos en todo el territorio nacional. En contraposición, en España por ejemplo, existen 23 canales abiertos; en Francia 14 y en Reino Unido 28.
Por lo que hace al mercado de la telefonía, se calcula que en México cada línea fija de teléfono tiene un costo promedio de 22 dólares mensuales, mientras en la telefonía celular el costo promedio asciende a 5 dólares mensuales, siendo que el promedio en América Latina y el Caribe es de 10 y 9 dólares, respectivamente, mientras que en Asia es de 4.5 dólares mensuales.
A lo anterior debemos sumar que la venta de la infraestructura telefónica del país ha propiciado que se tenga un solo controlador de los medios para la emisión y recepción de servicios de telefonía, lo que ha motivado el cobro de tarifas de interconexión y que se continúe con el pago de llamadas de larga distancia, lo que claramente constituye percepciones indebidas y carentes de sustento que únicamente distorsionan un mercado esencial para el país.
Los elevados costos entonces han producido una pérdida del bienestar en los usuarios de estos servicios y ha motivado que las oligarquías que comandan esos mercados reciban rentas monopólicas equivalentes a la pérdida de los consumidores.
En ese sentido, la imposición de sanciones con el marco regulatorio propuesto debe ser estricto y aceptar de forma contundente los excedentes indebidos que se han generado.
Nosotros proponemos en esta reserva incrementar el monto de sanción máxima a los regulados que incumplan con la normatividad que les sujeta de 20 a 25 por ciento de las ganancias, en el caso de incumplimiento a la regulación en materia de publicidad. Esas son nuestras propuestas, ojalá por lo menos sirva para que despertemos, compañeros, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desechan. Ya en la Ley de Inversión Extranjera, tiene la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, para presentar su reserva al artículo 6o., fracción III. Inmediatamente después también en la misma ley el diputado Ricardo Mejía.
Adelante, diputada. Diría que le pusieran seis minutos, porque va a presentar dos reservas la diputada Córdova Bernal.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Buenos días. Diputadas y diputados, tengo dos reservas, para que lo tomen en cuenta, la de Ley Extranjera y tengo también el artículo 106 de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía.
Quiero comentarles respecto al artículo 6o., fracción III, la necesidad de regular la inversión extranjera es resultado de la conciencia que todo país debemos tener, como parte de nuestra identidad nacional.
Lamentablemente en este sexenio la sociedad ha visto cómo han sido aprobadas reformas sin ningún sentido nacional, perdiendo la vergüenza de los servidores públicos y, sobre todo, entregando la soberanía nacional de nuestro país, donde los únicos beneficiados son los amigos y familiares de unas cuantas familias que ocupan las cúpulas de poder.
¿Les parece bien que de los 120 millones de mexicanos que somos en este país, este Poder y este enriquecimiento y esta Ley de Inversión Extranjera, sólo se le esté otorgando alrededor de 20 familias en nuestro país?
Como este ejemplo tenemos esta Ley de Inversión Extranjera y las modificaciones que pretenden hacer, pasando por alto la soberanía de nuestro país, y con esto lo único que se pretende es seguir facilitando a los corporativos extranjeros para que vengan a explotar nuestro territorio mexicano y a sus habitantes, a su gente, de una manera burda, como si fueran esclavos en pleno siglo XXI.
Cada día, hay que reflexionar, cada día exportamos más material humano. Somos parte de esta gran crisis humanitaria que se ha estado dando con nuestros niños migrantes, esto no lo podemos dejar de lado ni lo podemos ocultar. Sin embargo, sí estamos muy, muy de la inversión extranjera, que vengan otras personas a invertir. ¿Con qué fin? Con el fin de que se lleven toda nuestra riqueza y cada día tener un país más pobre.
La ambición rapaz de un porcentaje de los que se dicen representantes del pueblo en el Congreso y en el Ejecutivo, está por encima de los intereses de la sociedad mexicana. Es incomprensible la existencia de las facilidades que se les brinda a inversionistas extranjeros, mientras que se obstaculiza la generación de empleos y el crecimiento de las empresas mexicanas, tales son los ejemplos, como la reforma laboral y la reforma hacendaria que tiene muy indignados, molestos y fuera de competencia a todo el empresariado mexicano.
Con estas distintas contrarreformas aprobadas, observamos cómo se laceran a todos estos empresarios mexicanos, tal es el caso de la reforma de telecomunicaciones, donde se quiere derogar el artículo 6 de la Ley de Inversión a Extranjeros, en donde, fíjense nada más, se establece en este artículo, porque yo sé que muchos de ustedes ni siquiera están enterados, este artículo establece la exclusividad para mexicanos en el desarrollo de actividades económicas en servicios de radiodifusión distintos de televisión por cable.
La inversión extranjera viene con todo y por todo. Recapacitemos, demos, de verdad, un golpe de timón, no permitamos la disolución de lo que tanto trabajo nos ha costado y tanto les ha costado a nuestros antepasados construir. No sigamos cerrando la puerta a la democracia.
Una vez que la libertad está siendo coartada, sobre todo, en la expresión, en contra de todos los que investigan a fondo los casos de corrupción, que bastante tenemos en México. Se las dejo en este artículo.
Y el siguiente tiene que ver con, no nada menos grave, el artículo 106 de Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, tiene que ver con la transparencia. Sabemos que la transparencia en México no existe y no lo digo nada más yo, de los 177 países evaluados por Transparencia Internacional, México ocupa la posición 106 en cuanto a transparencia. Vergonzoso, porque sabemos que también en corrupción ocupamos uno de los primeros lugares de acuerdo a la información que tenemos de la OCDE.
Las políticas anticorrupción implementadas por Enrique Peña Nieto no han dado el mínimo resultado, al contrario, cada día estamos peor y no vamos por buen camino.
Lamento decirles esto, pero en base a la corrupción de los Prian se mantiene esta cúpula de poder abandonando a sus más elementales principios, su historia que los vio nacer, su nacionalismo y sus luchas en favor de la sociedad.
Es más, me atrevo a decirles que ya se fastidiaron de esos principios, de su prioridad. Ahora se dedican a estos acuerdos en lo oscurito, a las corruptelas. Están en una franca descomposición que les ha dejado este Pacto por México.
Reforman por deformar. No reforman por el progreso de México ni mucho menos de esta sociedad. El gobierno actual se caracteriza por una opacidad en beneficio de unos cuantos.
La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Aprobada el 25 de abril de 2013 y publicada el año pasado, en estas fechas, tenía nombre y apellido, y trataron de ocultar a sus progenitores.
Hoy las leyes secundarias ya se descararon, se llaman lo sano, pero de sano no tienen nada. Solo bastaron unos meses después de la reforma constitucional para que hoy la despedazaran.
El artículo 106 de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadísticas y Geografía establece las multas a que se harán acreedores aquellos concesionarios en telecomunicaciones o radiodifusión que se nieguen a dar información, sea falsa, se opongan a las inspecciones de verificación o utilicen indebidamente las cuentas nacionales.
Nosotros en Movimiento Ciudadano consideramos necesario que se haga la aclaración debida, estipulando cuáles serán las multas con base en el salario mínimo vigente.
Imaginemos por un momento que Televisa, concluyo, diputado presidente, la empresa favorita del gobierno de Enrique Peña Nieto y de muchos de los que están aquí presentes y que llegaron también por esta empresa, se niega a brindar información y lo sancionan con una multa de 40 mil salarios. ¿Le intimidaría a la empresa pagar 2 millones 600 mil pesos? Sabemos de antemano que no. No es nada.
Sin embargo, es muchísimo más el gasto que se genera por el hecho de que estemos aquí. Con salarios que no les cuestan a ustedes, que le cuesta a nuestro propio pueblo, con boletos de avión pagados también por nuestro propio pueblo, con todos estos impuestos.
Si este dinero, el día de hoy que ha tenemos aquí cuántas horas, se invirtiera realmente en programas sociales y en las necesidades que tienen nuestros niños, no estaríamos aquí perdiendo el tiempo como lo estamos haciendo con todos ustedes.
Es cuanto, diputado presidente y muchas gracias por sus gritos, también me enriquecen y me enseñan a ser más tolerante, cosa que ustedes ni tienen, ni lo han aprendido, ni jamás van a estar aquí debatiendo. Muchas gracias. Buenos días.
El Presidente diputado José González Morfín: Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desechan.
Tiene la palabra, el diputado Ricardo Monreal, para presentar su reserva al artículo 8 de esta Ley de Inversión Extranjera, pero va a presentar también las reservas que le quedan pendientes que son el artículo 18 y el artículo 24 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y del transitorios décimo noveno, ésas son las que le quedan pendientes. Son cuatro. Son cinco reservas, ya vi que una tiene dos fracciones. Son cinco reservas, pediría que le pusieran los 15 minutos.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Lo iba a tratar de manera separada, pero voy a atender la petición para discutirlo en un solo acto, son cinco reservas las que me voy a permitir proponer.
La primera de ellas es a la Ley de Inversiones Extranjeras, el artículo 8 en la fracción IX del dictamen. Como todos saben, a lo largo de su historia nuestro país ha padecido la extracción de riqueza por parte de grandes empresas transnacionales que en forma de rentas transfieren mucho del valor producido en México a sus países de origen en detrimento de la economía nacional.
Los ejemplos son numerosos, los sectores agroindustrial, refresquero, automotriz, textil, farmacéutico, bancario, entre muchos otros que se encuentran en manos extranjeras. Esta situación ha dado como resultado la desnacionalización de la economía mexicana, la desarticulación de muchas empresas de origen nacional y la configuración de grandes poderes fácticos con capacidad de veto a las decisiones del Estado.
Nuestra desconfianza no se funda en ignorar la realidad de la globalización económica, sino en la experiencia histórica de una economía basada en el peso político de sus actores como la mexicana, donde el ingreso no depende fundamentalmente de la productividad y el valor agregado que se generan, pues importa más la capacidad de maniobra política y jurídica, el pataleo de los agentes para obtener beneficios y es por ello que cualquier empresario evita la regulación con el agravante de tratarse de intereses extranjeros.
En otras ocasiones se argumentó que la inversión extranjera traería como competencia en beneficio de los consumidores y fueron muy escasos los ejemplos donde esta suposición fue cumplida.
No debemos perder de vista este elemento en la presente discusión sobre la Ley de Telecomunicaciones por simple realismo, pues tal y como está planteado el artículo que reservamos en esta ley, se abre de par en par un sector de gran relevancia como la telefonía celular. Debemos de ser cuidadosos de no dejar abierta la puerta a los poderes fácticos con gran capacidad de influencia que en los hechos ya operan en nuestro país y que buscan beneficiarse de recovecos en la legislación.
Es por ello que no deben existir excepciones en los requisitos de la comisión para realizar inversiones de origen extranjero en telefonía celular. La tarea de la autoridad consiste en evitar que los actores dominantes impongan condiciones de precio y acceso que vayan en contra de la competencia y por tanto del consumidor.
Es por ello que se requieren fuertes agencias regulatorias. Eliminar el requisito de contar con resolución favorable para invertir en telefonía es diluir la capacidad de la comisión como autoridad regulatoria.
Presidente, le solicitaría que este tema, que este proyecto, las cinco reservas puedan ser plasmadas íntegramente en el Diario de los Debates. El relativo a la fracción IV del artículo 18 también del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Público de Radio y Difusión del Estado mexicano.
El Presidente diputado José González Morfín: Así se hará, diputado Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: En este primer dictamen podríamos sostener que la política que ha practicado el Estado mexicano durante más de cinco décadas ha sido bastante permisiva y descuidada sobre la noción del servicio público y la responsabilidad social de los canales de transmisión para la población, siendo lo contrario a la institucionalidad propia de las democracias avanzadas.
México se ha diversificado en el punto de vista cultural, social y político. Existen hasta ahora siete partidos políticos, más tres que seguramente hoy habrán de obtener su registro y 77 agrupaciones políticas nacionales, las cuales se caracterizan por sus ideologías diversas.
El reclutamiento y selección de élites, la organización de elecciones y la formación y composición de los principales órganos del Estado son funciones institucionales de los partidos que atienden más a la organización política que a lo social.
México ha experimentado un cambio en sus procesos políticos. En nuestro país –creemos- se necesita una democratización para los medios de comunicación donde su programación permita la expresión de diversidad, pluralidad y contenido de calidad para los distintos grupos poblacionales que caracterizan a la sociedad mexicana.
Por eso nosotros agregamos a los requisitos para ser presidente del Sistema Público de Radiodifusión de México no haber desempeñado cargos de dirección nacional o estatal en algún partido o agrupación política en los años, cuando menos cinco años, en un caso, y dos años para los restantes que establece la fracción VI del artículo 18.
Ciudadanos legisladores, voy a hacer finalmente una serie de reflexiones dentro del turno que me corresponde, serán las últimas que haga este día.
Es lamentable observar esta asamblea legislativa vacía, una asamblea disminuida, desinteresada, enfadada, que avala las peores prácticas políticas.
Una asamblea con una mayoría silenciosa, incapaz de debatir o argumentar. Yo sí les tomo la palabra. Me gustaría debatir.
Recuerdo hace apenas unas décadas donde se admitía a discusión la propuesta, se debatía, incluso podría ser rechazada, pero se debatía por una y por otra parte. Eso ha quedado sepultado. A esa práctica se ha renunciado por la mayoría que compone esta Cámara. Es una tragedia nacional. Es así contar con una asamblea legislativa, con un congreso tan subordinado, tan intrascendente, tan gris, que asume sin réplica todo lo que se les envía por fax, por correo sin análisis ni reflexión.
Hemos entrado a una espiral sin retorno, a un callejón sin salida, a un Estado totalitario. Este proceso que está ahora concluyendo, casi a las siete de la mañana, nos ha tenido aquí cerca de 20 horas continuas.
Me parece que es un proceso irracional. No puede permitirse que siga haciéndose esto. Es absurdo. Podemos deliberar dos o tres días o más, pues no tenemos tiempos fatales.
¿Por qué imponernos este tipo de ejercicio inhumano, irracional, absurdo? Es indigno y es contrario a la lógica política y a la lógica más elemental.
Aún con ello hemos decidido resistir. No nos van a agotar, no nos van a vencer por cansancio; seguiremos luchando con ánimo, con perseverancia, con entusiasmo porque más temprano que tarde este país cambia. Y si nosotros no vemos el cambio deseado, dejaríamos muy avanzado el camino para nuestros hijos y para nuestros nietos.
Vamos a seguir de pie sosteniendo nuestros principios frente al retroceso político que se padece, que es brutal y sin parangón. Cuál es nuestra reflexión final, en qué podemos concluir de este ejercicio irracional.
1. Los poderes fácticos se han salido con la suya; han doblegado al Ejecutivo, han hincado al Congreso nacional.
2. Se ha desvirtuado y traicionado a la Constitución en materia de telecomunicación y radiodifusión.
3. Se ha creado un súper poder, un supra poder privado que se antepone al poder público.
4. Se ha constituido un Frankenstein monopólico poderoso y peligroso.
5. Se ha retrocedido en libertades y garantías individuales y se han desoído instrumentos internacionales, la Constitución, la jurisprudencia y la doctrina.
6. Se ha legislado con desmesura y exceso, creando un Estado totalitario y faccioso.
7. Se ha invadido la esfera de la privacidad, pisoteando los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos.
8. Se ha retrocedido en la autonomía del órgano regulador y se le ha sustituido por la Secretaría de Gobernación provocando un centralismo asfixiante.
9. Se ha premiado a las televisoras con la declaratoria de preponderancia por sector y no por servicio y se han incrementado los porcentajes de publicidad en televisión restringida.
10. Se ha engañado vilmente con el must offer y el must carry, constituyendo una burla para los ciudadanos y una tomadura de pelo para este Congreso.
11. Se ha simulado y retrocedido con el internet universal.
12. Se ha discriminado a las comunidades indígenas en su acceso a obtener concesiones y con ello libertad y autonomía financiera, sin ninguna posibilidad de fortaleza y sin ninguna posibilidad de existencia futura.
13. Se ha otorgado supremacía constitucional a los monopolios privados por encima del interés público.
14. Se ha claudicado y se ha renunciado a los fines del Estado, fines últimos de cualquier estructura nacional en cualquier otro país.
Les ruego a algunos que se molestan me disculpen porque nosotros nos preparamos. Podrán no coincidir con nosotros, podrán tener una visión distinta de las cosas. Nosotros así lo vemos y no podemos renunciar a nuestra óptica, nuestra visión, nuestra concepción del mundo. Vamos a seguir luchando pese a todo. Tenemos mucho vigor, mucho entusiasmo, muchas ganas de poder incidir en cambios profundos de nuestro país.
Y como dijera Voltaire, ese gran enciclopedista francés que estuvo en la Bastilla, en la prisión por defender la libertad, por defender la ideología en Francia, ése gran enciclopedista decía y afirmaba: podré no estar de acuerdo contigo, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defendería hasta con mi vida que lo digas. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación del diputado Monreal.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aceptan. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Entramos a la Ley Federal del Derecho de Autor, están registrados la diputada Roxana Luna Porquillo, que no está en el salón, y el diputado Fernando Belaunzarán. Tiene el uso de la voz el diputado Belaunzarán, para presentar sus dos reservas a los artículos 27, párrafo segundo, y 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, presidente. Este es un punto muy importante porque algo que tenemos que reconocer que quedó muy bien en la Ley de Telecomunicaciones que se acaba o acabamos de desahogar las reservas, es cómo quedó el must carry - must offer, y algunos se han ido con la finta y dicen: es que ya tendrán de ventaja que cualquier cablera va a poder transmitir los canales de televisión abierta sin costo para los usuarios.
Así se ha dicho, se ha presumido, y oh, sorpresa, así como se cumple eso en la Ley de Telecomunicaciones, se crea en la Ley Federal del Derecho de Autor que no vaya a ser gratuito, porque ya no se les va a cobrar por retrasmitir, se van a cobrar derechos de autor por retransmitir.
La verdad es que cuando alguien hace un programa, produce un programa y lo trasmite, ahí tiene que venir incluido en la producción los derechos de autor, y están en televisión abierta y cualquier ciudadano los puede captar en la televisión abierta.
La única ventaja para el cablero es que no tengan que cambiarle el switch, sino que en su mismo dispositivo puedan tener este acceso, pues bueno, ya lo hace nugatorio. Les quitan un costo, pero les ponen en otra ley, y yo creo que nadie de los que estamos aquí, ningún diputado aquí quiere simular, ningún diputado de los que estamos aquí queremos engañar a la ciudadanía.
Entonces, yo les voy a decir una cosa, se acabó la gratuidad, les están cobrando por retransmisión aunque sea por otro concepto y, por supuesto, si eso se quería buscar, que hubiera competencia, generar competencia o que no haya competencia desleal para que las cableras de los grandes productores que están asociadas con los que tienen cales de televisión abierta no tuvieran ventaja sobre otros de la televisión restringida, aquí se acaba. Y, obviamente alguien tiene que pagar estos costos.
Ahora, no nos vayamos con la finta, uno dice: bueno, es que son los autores, los creativos. En su gran mayoría los que tienen derechos de autor son los grandes productores de contenidos. Los grandes productores de contenidos son las dos grandes empresas de televisión abierta que tenemos. Esos son los productores de contenidos, esos son los que tienen el derecho de autor. Esos son a los que quieren que se les pague por la retransmisión por otro concepto.
Entonces, la verdad es que es lastimoso que lo bien que quedó en esta parte, y reconocemos, en la Ley de Telecomunicaciones lo deshagamos con –estamos escribiendo con una mano y borrándola con la otra– y me parece que esto no debiera suceder.
Y, miren, una reflexión que me parece necesaria decir, el PRD nació después del movimiento de 1988, había prácticamente una sola televisión, una sola voz, una sola visión. Al ingeniero Cárdenas lo hacían papilla todos los días en la televisión, no le daban derecho de réplica, daban una visión facciosa de las cosas por resistir, por salirse de la homogeneidad, de la ortodoxia, y se pagó el costo y aguantó el ingeniero Cárdenas, se aguantó toda la izquierda y todo el sector del PRI, aguantaron toda esa campaña.
Pues, bueno, ahora por defender nuestras ideas, por pedir que se cumpla la Constitución hay una campaña fuerte, mediática, sin derecho de réplica, diciendo que la oposición es porque nos oponemos a que se quite el costo de larga distancia y que defendemos los intereses del hombre más rico del mundo. Eso es falso.
Pero, quiero decirles, no porque mientan nos van a doblar, venimos de esa historia. Venimos de esa historia y la vamos a seguir acreditando. Lamento que se regrese a los tiempos del 88 y tengamos ahora una cobertura mediática que sataniza al que discrepa, que no le da ni siquiera el derecho a defenderse al que discrepa, que con mentiras y deformaciones se quiere satanizar y se quiere poner en la hoguera del enemigo del pueblo.
Por ciento, hay que leer a Ibsen, en esa excelente obra de teatro que es Un enemigo del pueblo. Pues, bueno, estamos dispuestos a pagar el costo por defender nuestras ideas, pero tener una televisión o más bien tener muchas televisiones en donde haya equilibrio informativo, en donde todas las voces se escuchen, incluso las voces que no coincidan con la línea editorial, por eso estamos peleando.
Y vamos a seguir pelando por eso aunque tengamos que pagar el costo del linchamiento mediático. Lo hicimos en el 88 para llegar a donde estamos, lo vamos a seguir haciendo. Y esto nos recuerda que todavía no hemos logrado la transición a la democracia, que en este punto sigue siendo pendiente una cobertura informativa equilibrada, plural, diversa.
Lo estamos viendo, vean las coberturas informativas, saquen cada quien su mejor opinión. Pero me parece que –y esto que quiero decir es– el derecho a defender nuestras ideas en todo momento a pesar de estas presiones las vamos a seguir haciendo. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia se desecha.
Pasando a la Ley de Amparo, tiene la palabra el diputado Francisco Coronato para presentar su reserva al artículo 128 y además presentará la reserva del 166 Bis, del Código Penal Federal.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, por lo que corresponde a la Ley de Amparo, el artículo 28, debo de señalar que el juicio de amparo históricamente ha sido un tema preponderante en la vida jurídica del país. Esta figura contemplada en nuestro ordenamiento jurídico ha significado un referente importante para la ciencia jurídica en general.
El juicio de garantías, así como el trabajo jurisprudencial en nuestros tribunales, constituyen sin duda alguna las arras políticas e institucionales más importantes para hacer reales, eficaces y prácticas las previsiones establecidas en la Carta Magna.
Como bien sabemos, en el mes de febrero de 2013 se llevó a cabo una sustancial reforma a la Ley de Amparo, la cual, pese a que se nos presentó como una supuesta legislación de corte pro-garantista, su verdadera esencia radicaba en desnaturalizar esta importante figura jurídica, restándole eficacia desde el propio ordenamiento que la regula.
Un ejemplo claro de lo anterior es lo que señala el artículo 129 de la propia Ley, mismo que expresamente señala aquellos supuestos en los que la suspensión del acto reclamado no podrá concederse al quejoso, por considerarse que de hacerlo se afectaría al interés social.
En este sentido, para el caso particular establece que se considera que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo de la nación referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por ende y en atención a lo anterior, el juez de amparo está impedido a conceder la suspensión provisional a mineros, concesionaros de radio, televisión, entre otros sectores.
La reserva que hoy sometemos a su consideración encuentra su fundamento en el hecho de que la iniciativa pretende modificar el contenido del artículo 128 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política, pues la reforma pretende facultar a las empresas vía amparo indirecto, la posibilidad de suspender el cobro de las multas impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Es decir que éste no podrá ejecutar las sanciones económicas que estime pertinentes, hasta que se resuelva el juicio de garantías que en su caso se promueva, situación que consideramos por demás delicada, ya que por un lado resulta sorprendente la manipulación de los poderes y la manera en la que controlan la vida política de este país en atención a sus propios intereses, aunado al hecho de que la interposición de este tipo de procedimientos judiciales traerá consigo una considerable afectación a la población, pues la ejecución de conductas anticompetitivas se seguirá llevando a cabo durante el tiempo que el litigio se resuelva.
En tal virtud, la propuesta de esta reserva es suprimir en el artículo 128 la expresión que señala salvo las leyes, en el último párrafo de este artículo.
Por lo que corresponde a la reserva del Código Penal, concretamente del artículo 166 Bis, señalaré que uno de los resultados de la revolución de telecomunicaciones y los sistemas de información que se dio desde el siglo pasado, fue el del incremento exponencial de la generación, flujo y capacidad de almacenamiento de información en diversas formas y días. Esto ha permitido la expansión en la cobertura y los alcances del conocimiento.
Sin embargo, también han suscitado prácticas que pueden ser peligrosas en distintos sentidos. Un ejemplo de lo anterior es el tráfico ilegal de bases de datos personales y de dependencias gubernamentales en el mercado negro y en Internet, lo cual puede representar serios riesgos para la seguridad de las personas e incluso poner en peligro la seguridad nacional, en virtud de que pueden ser utilizadas para cometer delitos en contra de quienes figuran en dichas bases, o para neutralizar o entorpecer funciones de seguridad pública y procuración de justicia.
En la actualidad el uso masivo de las telecomunicaciones han generado una dinámica en la que los usuarios proporcionan en numerosas ocasiones información personal: su nombre, dirección, CURP, puesto labora, que entre otros datos dan forma a registros, que al menos en teoría deben ser confidenciales.
La prensa nacional ha dado cuenta de cómo se puede adquirir por tan sólo cuatro mil pesos el padrón de votantes del Instituto anteriormente Federal Electoral, o bien, los registros de Afores, cuentahabientes de distintos bancos, usuarios de dispositivos móviles, información que debe de ser de uso privado.
Las numerosas evidencias sobre el empleo inadecuado de la información recabada, así como los crecientes casos de discrecionalidad en la información, revelada por organizaciones y empresas, deben significar un llamado para establecer medidas preventivas y sancionadoras en aras de combatir el tráfico de información y garantizar la transparencia en su uso.
En tal virtud, la reserva consiste en incrementar la sanción a aplicar a quienes den información de os usuarios con la destitución de su cargo y el incremento de pena de uno a cinco años de prisión. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias diputado. Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Coronato.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desechan. Tiene la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, para presentar sus reservas, las dos que quedan del Código Penal Federal, la del 140, que propone suprimir, y la de 178 Bis, que también propone suprimir.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Gracias, presidente. Le solicito queden plasmadas íntegras estas dos reservas a los artículos 140 y 178 Bis al Código Penal Federal.
El Presidente diputado José González Morfín: Con mucho gusto, diputada.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Quiero que me digan de qué sirvió la reforma al artículo 28 constitucional, que ustedes aprobaron el año pasado aquí en esta Cámara, si hoy de manera irresponsable en el Senado se han abalado estos monopolios y estamos aquí viendo a todos los que bailan a favor de Televisa.
La libertad de expresar el pensamiento individual es un derecho fundamental de todo ser humano y, sobre todo, de su propia existencia. El porcentaje camaral es incontenible, yo sé que van a rechazar lo que voy a proponer, pero quiero decirles que al menos tendré mi conciencia tranquila, cosa que ustedes no la tienen porque ni siquiera se pueden parar en sus distritos. En México, como en un número importante de países, el debate sobre la libertad de expresión es ilimitado, pasando de ser reconocida como una reivindicación natural a una garantía a favor de los gobernados y sancionada por la ley fundamental.
En nuestro país, hemos visto una tendencia en la que el derecho de expresión se ha ubicado como una prerrogativa individual, sin una reglamentación objetiva, carente de sujeción a las condiciones indispensables, tan es así que en el pleno goce de esta libertad se enfrentan graves y diversos obstáculos, entre los cuales destacan la multiplicidad de asesinatos a periodistas, así como un conjunto de cuestionables actos de violencia en nuestro país, en contra de todas las personas que difunden información, ideas u opiniones.
En muchos de los casos, hechos de represión encuentran cobijo en nuestra propia legislación vigente, la cual permite aplicar sanciones penales por el ejercicio de libertad de expresión, tanto a nivel federal como también en un importante número de entidades federativas.
No olvidemos una frase muy importante, que un gobierno que quiere poner de rodillas a sus ciudadanos, es un gobierno fracasado.
En atención a lo anterior, la reserva que hoy sometemos a consideración de esta asamblea, se fundamenta en el hecho de que la iniciativa pretende modificar el contenido del artículo 140 del Código Penal Federal, consistente en sancionar con pena de 2 a 20 años de prisión a toda personal que dañe material o moralmente las vías de comunicación, servicios públicos y funciones de los órganos constitucionalmente autónomos o sus instalaciones.
En este sentido, es que consideramos que de permanecer la redacción del artículo en comento, en los mismos términos que así lo plantea el dictamen que hoy estamos discutiendo constituirá una traba para el desenvolvimiento verdadero de un ejercicio crítico de la libertad de expresión.
Respecto al artículo 178, quiero decirles que tengan mucho cuidado, porque lo que le pasó al doctor Mireles nos puede pasar el día de mañana a cualquiera de nosotros. Lo usaron, lo explotaron y lo encerraron violando sus derechos constitucionales y sus derechos humanos.
¿Por qué el PRI no ha procesado y sigue protegiendo a Cuauhtémoc Gutiérrez? A quien se le ha descubierto esta red de trata de personas. Y les aseguro que lo siguen protegiendo porque muchas y muchos de ustedes le deben a este personaje el estar ocupando una curul en esta asamblea legislativa.
Hoy en día los mexicanos sufrimos de una corrupción abrumadora. Éste es un tema tan complejo que afecta gravemente a la sociedad. Se padece en todos los niveles socioeconómicos y se encuentra en todas las áreas de gobierno institucional.
La reforma al artículo 178 señala las penas propuestas para las personas físicas o representantes morales que estén relacionados con investigaciones de crímenes organizados, que sean requeridas por el Ministerio Público o por la autoridad competente para aportar información sobre la localización geográfica de una persona.
¿Quién le da seguridad al informante de que en los cuerpos de investigación no exista la intromisión de una banda? O el delincuente a investigar y después se tomen represalias en contra del informante y de su familia.
Lo preocupante de esta reforma es que desgraciadamente en nuestro país no existe ni la capacidad ni la transparencia ni la capacitación adecuada de la administración pública para ejercer estas funciones.
Movimiento Ciudadano lo que pretende con esta reforma es asignar a los ministerios públicos el poder de obligar a las personas a brindar información sobre localización geográfica, pero no sin la autorización ni la resolución previa de un juez.
En la mayoría de los ministerios públicos la corrupción es una constante, el factor económico y el tráfico de influencias es tan oneroso que de esto depende si se sanciona o se libera a un ciudadano, ya sea inocente o sea culpable.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone esta reserva al artículo 178, ya que consideramos que la modificación propuesta, lejos de agilizar o disminuir los procesos de extorsión, amenazas o secuestros, se presta a que se pueda hacer mal uso de la localización geográfica. Es cuanto. Muchas gracias y muy buenos días.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aceptan a discusión las propuestas de la diputada Córdova Bernal.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, se desechan. Tiene ahora la palabra, el diputado Vicario Portillo Martínez, para presentar su reserva del artículo 7, de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
El diputado Vicario Portillo Martínez: Con su permiso, diputado presidente. Si hablamos de libertad la comunicación debe ser reconocida como un derecho vital, pues la manifestación de las ideas es una necesidad esencial para la democracia; a pesar de los discursos de apertura a la libre competencia en telecomunicaciones que tanto se pregona en este recinto, la propuesta de legislación que nos ocupa margina y excluye a las radios de uso social, las indígenas y comunitarias, prohibiéndoles acceder a mecanismos de financiamiento comercial supeditándolas a vivir de la publicidad y capricho gubernamental.
El libre acceso de los pueblos indígenas y sus comunidades a medios de comunicación debe ser un eje rector en los contenidos de la legislación secundaria, pues se trata de garantizar el ejercicio del derecho de contar con sus propios medios de comunicación conforme lo establece nuestro ordenamiento constitucional e instrumentos de derechos internacional en la materia.
Las leyes secundarias en telecomunicaciones deben otorgar la certeza legislativa para que las radios comunitarias e indígenas puedan ejercer su derecho a utilizar el espacio radioeléctrico, así como su independencia financiera y editorial.
Por lo antes expuesto acudo a esta tribuna a fin de proponer a su consideración la aprobación de dos principios fundamentales en materia de comunicación indígena contenidos en el artículo 2o., apartado B, fracción VI de la Constitución y el artículo 16 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas que son:
Primero, otorgar condiciones para que los pueblos indígenas puedan adquirir, operar y administrar sus radiodifusoras; dos, la difusión a través del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano de la diversidad cultural del país y los derechos de los pueblos indígenas en consonancia con lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la naturaleza de la configuración pluricultural de la nación.
Es necesario que en los contenidos de estas leyes secundarias se eliminen las restricciones para desarrollar con fortaleza en los pueblos indígenas y sus comunidades para instalar y operar sus propias radios comunitarias. Esto solo constituye el establecimiento de mecanismos mínimos para operar los derechos existentes en la materia. No hay razón alguna para establecer porcentajes raquíticos en una banda y un tipo de servicio de un segmento determinado. Eso va contra principios básicos en la regulación en telecomunicaciones.
La experiencia nos muestra la importante contribución para ampliar la información que la asignación de espectro para fines sociales ha posibilitado, así como la incorporación de programación con contenidos indígenas que algunos concesionarios comerciales realizan, lo que ha permitido difundir la diversidad cultural y lingüística de nuestro país.
Debemos crear las condiciones a través de la presente ley para que los medios comunitarios e indígenas participen en condiciones de equidad con respecto a los medios comerciales y públicos, creando las bases comunes y diferenciadas a su especificidad a las distintas clases de concesiones para resolver con imaginación y voluntad políticas las asimetrías existentes entre las mismas, propiciando un diálogo entre todos los sectores de la población cumpliendo las disposiciones nacionales e internacionales sobre pueblos indígenas, lo que haría de ellas un acto histórico de justicia social en modificar el artículo 7 que añade la fracción XIV: Promover la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas; y, fracción XV, los demás principios que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta del diputado Vicario Portillo.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia se desechan. Tiene la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, para presentar sus reservas a los artículos 8 y 17 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Allá afuera las personas se preguntan qué seguimos haciendo aquí. Unos diputados presumiendo todas las horas que han pasado el día de hoy, como si fuera una hazaña para presumir, cuando la mayor parte del tiempo no han estado en el pleno. Escriban mejor que han aprobado que ahora todos los ciudadanos vamos a ser delincuentes por portar un teléfono móvil.
Mientras ustedes preguntaban a las cinco de la mañana quién estaba despierto, muchos ciudadanos estaban saliendo de sus hogares para ir a trabajar, bueno, inclusive los trabajadores de esta Cámara ni siquiera tampoco han podido ir a descansar; ahí están los reporteros y todos los camarógrafos.
Y para que vean cómo es posible que ni siquiera dentro de su propio partido los respetan. Ustedes aquí, según trabajando, discutiendo, lo cual no existe, y mientras la secretaria general de su partido escribe “excelente noticia con la que amanecemos, se ha aprobado en su totalidad la reforma Telecom; ahora será turnada al Ejecutivo”. Y son las siete diecinueve de la mañana y aquí seguimos.
Diputado Monreal, particularmente envidio eso que usted recordaba. Muchos de nosotros no sabemos ni siquiera lo que representa la discusión, el debate, en esta Cámara. No hemos tenido el privilegio de saber lo que significa una reserva discutida.
Y me pregunto, porque vale la pena preguntarnos ¿cuál es la importancia y la misión de la radio en la sociedad mexicana? ¿Qué preponderancia representa en la educación o en el fomento a la cultura de los ciudadanos?
El estudio Hábitos de Lectura elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ubica a México en la posición 107 de 108 países con un promedio de lectura de dos libros anuales por persona. Con esto podemos argumentar que las principales fuentes de información y educación de los ciudadanos en nuestro país son la radio y la televisión, por lo que la garantía de contenidos de calidad resulta un tema prioritario.
Desgraciadamente México no se distingue por medios de difusión en los que se privilegie la integración nacional, la formación educativa, la igualdad entre mujeres y hombres y la difusión de información imparcial.
Por el contrario, los principales contenidos de la nación se caracterizan por explotar el morbo, el sensacionalismo y el escándalo como palancas de atracción de la audiencia. Así el común denominador de los programas radica en el uso de herramientas como el sufrimiento de las personas, los sentimientos, la vida privada de los sujetos, el sexo, la violencia, el sentimentalismo y el humor negro.
Diversas organizaciones e institutos han mostrado su indignación ante lo expuesto, denunciando que esta clase de contenidos funcionan como creadores de estereotipos de misoginia, clasismo, homofobia e ignorancia, casos que ya expuso ampliamente la diputada Malú Mícher aquí.
Y no obstante los esfuerzos realizados contra ese tipo de formatos, se han aportado pocos resultados, lo cual se comprueba con los análisis con los que se muestra que al cierre del 2013 los televidentes preferían ver La Rosa de Guadalupe, programa con 18 puntos de rating, que el Noticiero, con Joaquín López-Dóriga, emisión con 11 puntos.
Lo previamente descrito muestra la falta de calidad y de contenidos educativos que imperan en la nación.
Para terminar con ello resulta menester la implementación de programas y obras de producción que busquen una verdadera expresión de la diversidad y la pluralidad de ideas que nuestro país alberga.
Con base en esto la reserva que proponemos busca modificar el artículo 8 del dictamen en discusión. Debido a que en el texto se estipula que el Sistema Público de Radiodifusión de México destinará por lo menos un 30 por ciento de su programación semanal a obras de producción independiente y contenidos que busquen el fortalecimiento de la vida democrática de la sociedad y la inclusión de valores educativos, culturales y cívicos.
¿Podemos conformarnos con el 30 por ciento cuando los programas basura nos bombardean en los medios las 24 horas al día? En Movimiento Ciudadano consideramos que el sistema público de radiodifusión de México debe garantizar por lo menos un 50 por ciento de contenidos de calidad. Sólo así la sociedad contará con una opción que realmente se configure como una plataforma diferente a lo que hoy existe.
Además, lo vuelvo a repetir, siempre estaremos a favor de que a las instituciones que se dedican a fomentar la cultura en nuestro país como Canal 11, Canal 22, TVUNAM, Radio Educación reciban presupuesto adicional para enfrentar los retos de la modernización, algo que ustedes diputados también están dejando fuera de este dictamen. Pero ya los veré, ya los veremos discutiendo sus proyectos culturales en el próximo presupuesto. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Pido a la Secretaria consulte a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de la diputada Huidobro.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desechan. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Uribe Padilla para presentar su reserva al artículo 14, inciso e) de la misma ley.
El diputado Juan Carlos Uribe Padilla: Buenos días. Diputadas y diputados, hago uso de la tribuna para proponer modificaciones al artículo 14, inciso e) de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano con la finalidad de permitir que dicho órgano tenga una representación ciudadana mayoritaria que permita que sus decisiones y atribuciones garanticen independencia e imparcialidad en su actuar.
Actualmente el artículo 14 determina que la junta de gobierno será integrada por el presidente del sistema, que será nombrado por el Ejecutivo federal. Un representante de la Secretaría de Gobernación. Un representante de la Secretaría de Educación Pública. Un representante de la Secretaría de Salud y tres representantes del Consejo Ciudadano, estableciendo además que la Junta de Gobierno adoptará sus decisiones por mayoría de votos de los integrantes presentes, lo que permite observar que los representantes del Consejo Ciudadano están en desventaja con el número de integrantes que tienen en la junta de gobierno.
Por ello, con la finalidad de lograr el equilibrio de dicha representación, se propone que el número de representantes del Consejo Ciudadano se incremente de tres a cinco, es decir que la Junta de Gobierno se integre en el inciso e) por cinco representantes del Consejo Ciudadano.
La presente modificación permitirá mayor equilibrio, análisis y autonomía a la Junta de Gobierno, evitando obviamente la influencia del gobierno en su vida orgánica. Esperamos contar con su apoyo. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Pido a la Secretaria consulte a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia se desecha. Tiene la palabra el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño para presentar sus propuestas de modificación a los artículos 23 y 24 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señor presidente. Conforme a la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México, la dirección y la administración del organismo creado por la misma estará a cargo de la junta de gobierno y de su presidente.
La junta de gobierno se integrará por el presidente del sistema, un representante de la Secretaría de Gobernación, un representante de la Secretaría de Educación Pública, un representante de la Secretaría de Salud y tres representantes del Consejo Ciudadano.
El Consejo Ciudadano debe de estar integrado por personas de diversos sectores sociales involucrados en el tema para poder aportar ideas y avanzar positivamente en las necesidades para un gran crecimiento sustentable en todo el país en el proceso de transición del nuevo modelo de comunicación nacional.
En México existe una discrecionalidad política comunicativa, por ello se debe evitar que se repitan los vicios que han llevado a nuestra nación a una situación poco competitiva. Los ciudadanos encargados del Consejo tendrán la responsabilidad de tener la autonomía técnica operativa de gasto y de gestión para regular el servicio de radio y televisión.
El objetivo de crear el Consejo Ciudadano es asegurar la independencia del Sistema Público de Radiodifusión de México con una política editorial, imparcial y objetiva. Los nueve consejeros duraran en su encargo cinco años, serán elegidos mediante una consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, o en sus recesos por la Comisión Permanente.
La naturaleza de la representatividad de la Cámara de Senadores se debe al Pacto federal en el cual el gobierno surge como consecuencia de la unión de los estados mexicanos, también lo es que en la práctica el Senado ha perdido su propósito original desvirtuándose en intereses de grupos.
Por lo anterior, presentamos la presente reserva, ya que no estamos de acuerdo en que los senadores que representan las entidades federativas sean quienes realicen el procedimiento de la votación para aprobar a los integrantes de dicho consejo, ya que éstos serán ciudadanos, y los diputados federales son quienes representan a la población mexicana.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea, la siguiente reserva con propuesta de modificación al primer párrafo del artículo 23 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano quedando como sigue:
Artículo 23. El Consejo Ciudadano se integrará por nueve consejeros que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados o en sus recesos, de la Comisión Permanente, y los consejeros desempeñarán su cargo de manera honorífica.
En cuanto a la reforma al artículo 24. En México, las telecomunicaciones son consideradas como un servicio público en virtud de que están destinadas a la satisfacción de una necesidad de carácter general, se trata de una actividad importante para el Estado y para los usuarios, por lo tanto, éste es de gran importancia y requiere una minuciosa atención en cada aspecto propuesto por el Ejecutivo, pues consideramos que las leyes secundarias vienen a beneficiar a Televisa y a particulares.
Una de las propuestas del dictamen es crear un órgano con el nombre de Sistema Público de Radiodifusión de México, sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, sustituyendo al organismo promotor de medios audiovisuales.
Los argumentos para que se apruebe esta propuesta son las funciones que le corresponden, como proveer servicios de radiodifusión sin fines de lucro, asegurando el acceso de la población a contenidos y a información imparcial, objetiva y oportuna. Sin embargo, lo anterior tiende ser ambiguo, pues menciona en la fracción V del artículo 24 para la elección del Consejo General del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano que los candidatos a conformar dicha agrupación tienen la libertad de haber pertenecido a algún partido político dos años antes de acceder a tal encomienda.
Consideramos necesario que los lineamientos a seguir para dicho nombramiento se deben modificar, pues al pretender ofrecer información imparcial y objetiva justamente se debe ser equitativo y no tener ninguna preferencia o simpatía alguna a organización partidista.
Es por esto que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano consideramos fundamental que debe ser requisito primordial no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido o agrupación política para poder ser candidato a consejero general, con el único objetivo de que realmente haya imparcialidad y objetividad en los servicios de radiodifusión.
Derivado de lo anterior someto a consideración de esta asamblea la siguiente reserva con propuesta de modificación a la fracción V del artículo 24 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano quedando como sigue:
Artículo 24. Son requisitos para ser consejero ciudadano:
Quedando tal cual las fracciones I, II, III, IV.
Y la V quedaría de la siguiente manera: No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido o agrupación política.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión las propuestas.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia se desechan. Tiene la palabra el diputado Fernando Belaunzarán, para presentar su reserva a los artículos noveno y trigésimo noveno transitorios.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, presidente. Estas son dos reservas que buscaban o que de alguna manera acreditan la voluntad que teníamos nosotros de venir a negociar, de llegar a acuerdos, de poder encontrar puntos de encuentro, de no tener posiciones inamovibles y buscar solución a algunos puntos o nudos que están en la Ley.
Dos de los transitorios más polémicos con el noveno y el trigésimo noveno, y aquí ustedes verán que nosotros a pesar de las convicciones que tenemos sobre estos dos, sobre el noveno, que tiene que ver con lo que se ha conocido comúnmente como la cláusula cablecom, reforzada, o como sea, pero que permite a quien pudiera ser dominante, porque efectivamente no ha sido declarado como tal, a quien pudiera tener poder declarado como poder sustancial en el mercado, seguir acaparando o seguir teniendo más empresas, pudiera ser que esta fuera su situación, ése es el noveno.
El trigésimo noveno, que le pide al IFT darle un plazo de 30 días para que inicie las investigaciones para establecer si hubiera un actor con poder, un agente con poder sustancial en mercado dominante.
Ésos son los dos transitorios muy polémicos los dos, pero éstos aquí nos movemos, estamos buscando con esto acreditamos que queríamos llegar a un acuerdo.
En el noveno transitorio que habla de la cláusula cablecom, nosotros decimos, en este transitorio decimos; bueno, ok, pero que esté sujeto a que el Ifetel haya ya investigado y resuelto sobre si hay un agente con poder sustancial en el mercado dominante.
Recordemos, aquí dicen; es que la preponderancia no es todo, además de la preponderancia están los..., que es por sector, dicen los que defienden que es por sector, también existe el agente con poder sustancial en mercado dominante, que se ve con coordinación con la Ley de Competencia Económica, y que ese es el camino para determinarlo por servicios, nos dicen.
Bueno, entonces que primero se determine si hay un agente con poder sustancial en ese mercado, que es el de la televisión restringida, y una vez que el Ifetel determine si hay o no hay un agente, entonces podría avanzar. De tal manera que si evidentemente hubiera alguien con poder sustancial en ese mercado, por medidas asimétricas no lo podría hacer, pero no antes. Ése es el noveno.
El 39 también tiene que ver con eso. Nosotros estamos convencidos que la preponderancia debe ser por servicio. Ya lo declaramos, pero decimos; ok, busquemos un punto de acuerdo, un punto que nos acerque. Ésa era nuestra intención porque sí queríamos negociar.
Desgraciadamente la decisión aquí de la mayoría fue no moverle ni una coma a la minuta del Senado y cerrar paso a cualquier negociación, por lo cual tuvimos que votar en contra, porque si hubiéramos llegado a acuerdos importantes hubiéramos podido revisar nuestro voto en lo general.
Pero aquí en el 39 lo que planteamos es esto, es; está bien, ustedes dicen que el camino para ver lo de los servicios es por la vía de la dominancia, de declarar el agente con poder sustancial. Ok, nada más que eso como dijimos, es litigioso. Pongámosle un plazo, porque aquí dice el 39 que en 30 días el Ifetel tendrá que iniciar las investigaciones para determinar si hay un agente con poder sustancial, ¿y cuándo termina? ¿Cuál es el plazo? Porque si esto se puede ir a un año, dos años, tres años, cuatro años de litigio para ver si hay un agente con poder sustancial, simplemente ya no tendría ningún sentido y simplemente nos estaríamos jugando con el dedo en la boca.
Okey, dicen que es por este camino de la Ley de Competencia Económica, pongámosle un plazo para que lo determine el Ifetel. Aquí proponemos 180 días, que el Ifetel tenga 180 días, tiene 30 días para iniciar, que tenga 180 días para concluir la investigación y determinar si hay un agente con poder sustancial en mercado dominante.
Estas son nuestras propuestas, acreditan que veníamos a acordar, a negociar, a acercar posiciones. Desgraciadamente nos encontramos con la decisión de no abrir la negociación y con eso clausurar, esto es lo más grave, con eso negarle a esta Cámara de Diputados su carácter de Cámara revisora, de colegisladora, porque no hicimos nada, nada más realmente aquí avalamos lo que hicieron en el Senado.
Y aquí se presentaron muy buenas reservas, por supuesto hay de todo, pero algunas muy buenas reservas que pudieron haber enriquecido nuestra minuta, pero nosotros mismos nos achicamos, no quisimos ser colegisladora, no quisimos mejorar este dictamen, esta minuta. No quisimos ser, no quisimos cumplir nuestro mandato constitucional.
Pero bueno, aquí está, acreditamos que esto es, esta es mi última intervención de hoy, simplemente reconocer a todos los diputados que han estado aquí, que finalmente nos merecemos, todos, respeto. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas del diputado Belaunzarán.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia, se desecha.Tiene la palabra la diputada Verónica Sada Pérez, para presentar una reserva al artículo Vigesimoquinto transitorio.
La diputada Verónica Sada Pérez: Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras, la propuesta es la siguiente –y me voy rápido– a pesar de haber votado en contra mi voto en lo general de esta reforma de telecomunicaciones y partiendo de que esta ya fue aprobada por mayoría de votos en esta Cámara de Diputados, partiendo de esta realidad me dirijo a ustedes para hablar sobre el tema de la eliminación del cobro adicional por el servicio de llamadas de larga distancia, como lo señala el artículo 18, fracción V del proyecto de decreto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, que a la letra dice:
Artículo 118. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones deberán abstenerse de realizar cargos de larga distancia nacional a sus usuarios por las llamadas que realicen a cualquier destino nacional.
De igual manera, el artículo vigésimo quinto transitorio se refiere este artículo y dice que este beneficio se aplicará a partir del 1 de enero de 2015. Esto es uno de los beneficios de esta reforma de telecomunicaciones y que los medios de comunicación se ha anunciado con bombo y platillo.
La eliminación de este cobro que nos afecta va a todos los mexicanos por igual y por eso todos los que estamos aquí estamos felizmente de acuerdo, porque es algo que afectaba nuestros bolsillos y que a partir del 1 de enero de 2015 ya no nos lo van a cobrar a todos los mexicanos.
Por supuesto que esto es de celebrarse, sin embargo yo quiero invitarlos a la reflexión y a apoyar esta reserva que hoy presento, ya que con ella reforzaremos la implementación de esta medida de eliminar el cobro por el servicio de larga distancia.
Sí, vamos a hacer algo positivo, pero vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo de inmediato, por qué hasta el 1 de enero de 2015, cuanto antes mejor. Si es por todos nosotros reconocido como un acto de justicia al eliminar este cobro por la larga distancia, por qué estamos esperando seis meses más.
La tecnología instalada permite que los concesionarios prácticamente de manera inmediata eliminen este cobro extra y justo para los mexicanos. Además, tecnológicamente tampoco existe un diferencial de costos entre una llamada local y una llamada de larga distancia nacional, ¿por qué esperar?
¿Qué justifica que esperemos tantos meses para implementar esta medida? La tendencia internacional es eliminar el costo adicional que traen consigo las llamadas de larga distancia, tanto para telefonía móvil como fija.
En Colombia, Honduras, Jamaica, República Dominicana, Panamá, Perú y Puerto Rico, los usuarios ya no pagan los servicios de larga distancia nacional. En Estados Unidos y Canadá este pago desapareció desde hace 10 años. Además, en Chile y Colombia desaparecieron desde el 2007 y desde el 2009, vamos siguiendo esta tendencia internacional, pero vamos tarde, tarde y por lo visto sin prisa.
Los legisladores que hoy estamos aquí, según me explican, yo no tengo toda la información, habrá quien la tenga, dicen que la propuesta original decía que se aplicará dentro de tres años, y que estamos mucho mejor porque se va a aplicar ahora el 1 de enero de 2015, pero lo mejor todavía hubiera sido que fuera inmediato a su publicación.
Me voy a brincar, para no quitarles el tiempo. Muy bien, se gastan los mexicanos alrededor de 22 mil millones de pesos al año en este concepto que van a dar a las concesionarias telefónicas, estos cinco meses equivalen a 9 mil millones de pesos, la propuesta es adelantarlo a que surta efecto de inmediato después de la publicación. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia se desecha. Tiene la palabra la diputada Esther Quintana Salinas, para presentar su reserva al artículo cuadragésimo primero transitorio.
La diputada Esther Quintana Salinas: Con su venia. Hombre, muy buenos días. Ya fresquitos, despabiladitos. Ha sido una larga, larga, larga jornada. Yo no sé cuántos mexicanos verán el Canal del Congreso ¿Nadie? Bueno, esta reforma de telecomunicaciones que se cocinó en el Senado de la República, Cámara de origen, llega a nosotros, Cámara Revisora.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Se cocinó en otra parte.
La diputada Esther Quintana Salinas: Bueno, pero oficialmente el proceso legislativo dice que allá se cocinó.
Y yo he escuchado con detenimiento porque no me he ido a dormir, todo lo que los señores legisladores, compañeros, han venido a decir a esta tribuna. Indiscutiblemente que hay aportaciones muy importantes. Y que yo espero, de todo corazón, y porque se lo debemos además a este país, que recojamos y analicemos mucho de lo que aquí se vino a decir. Del análisis que vinieron a hacer y que tengamos grandeza, nada más por la responsabilidad que tenemos, de atrevernos, no en este instante ya, pero todavía tenemos unos buenos meses por delante para concluir nuestro periodo y ojalá que seamos capaces de implementar lo que sabemos que a esta reforma le hace falta. Porque no es la panacea, yo creo que eso nos queda a todos claro. Es un punto importante de partida, una base, pero no es la panacea tampoco, puede mejorar y ojalá que tengamos esa disposición.
La propuesta que yo traigo ya la han tocado otros compañeros, pero yo la quiero tocar porque me preocupa sobremanera. Se trata del artículo cuadragésimo primero transitorio que a la letra dice que las instituciones de educación superior de carácter público que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto cuenten con medios de radiodifusión a que se refieren los artículos 67, fracción II y 76, fracción II de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no recibirán presupuesto adicional para ese objeto.
Yo de entrada espero que el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, pues esto sea como dos banderillas y que se defiendan como locos, porque esto atenta contra estas instituciones. Pero además de que atenta contra estas instituciones, atenta contra una facultad sustantiva del Poder Legislativo.
Esta prohibición de recibir presupuesto adicional, sin duda que es violatoria a facultades exclusivas de esta Cámara de Diputados. En términos del artículo 74 de nuestra Constitución en su en su fracción IV, se establece como facultad el aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación y esto incluye la aprobación de presupuestos para las instituciones públicas de educación superior a las que se hace referencia en este artículo transitorio cuadragésimo primero.
Y yo soy abogada y en los primeros años de facultad, ustedes se deben de acordar. Uh, qué caso le voy a hacer. Yo me acuerdo que de las primeras clases que nos dieron, y a mucha honra ojalá que lleguen a mi edad y en mis condiciones. Yo me acuerdo que a mí me enseñaron y a ustedes también, los que son abogados, pues la jerarquía de las normas jurídicas y no puede ser que una ley federal esté por encima de la Carta Magna.
Entonces yo espero que hagamos una reconsideración y en el futuro, no lejano, antes de que terminemos podamos corregir esta plana. Yo hasta aquí se las dejo, porque sé que estamos out. Que tengan un espléndido día. Gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la diputada Esther Quintana.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, se desecha.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores procede la votación en lo particular de los artículos reservados. Vamos a votar todos en los términos del dictamen y son los siguientes:
De la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión el 2, el 3, el 5, el 6, el 7, el 9, el 11, el 14, el 15, el 17, el 20, el 23, el 24, el 27, el 30, el 31, el 32, el 33, el 34, el 35, el 36, 43, 44, 45, 47, 54, 56, 60, 63, 67, 76, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 100, 105, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 125, 126, 128, 129, 131, 135, 138, 144, 145, 147, 149, 158, 159, 161, 163, 166, 170, 173, 174, 177, 181,189, 190, 191, 192, 193, 195, 200, 204, 206, 208, 216, 217, 218, 222, 223, 226, 227, 228, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 242, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 255, 256, 258, 259, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 272, 275, 276, 277, 278, 285, 286, 287, 288, 296, 297, 298, 300, 301, 303, 304, 308, 309, 310 y 311.
De la Ley de Inversión Extranjera los artículos 6 y 8.
De la Ley Federal del Derecho de autor los artículos 27 y 144.
De la Ley de Amparo el artículo 128.
De la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica el artículo 106.
Del Código Penal Federal los artículos 140, 166 Bis y 178.
De la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano los artículos 1, 2, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 23, 24 y 25
Los artículos transitorios noveno, décimo, décimo primero, décimo tercero, décimo noveno, vigésimo quinto, trigésimo noveno, cuadragésimo primero y cuadragésimo tercero. Todos en los términos del dictamen.
Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos citados...
(Votación)
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul). A favor.
El diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo (desde la curul): A favor.
El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz (desde la curul): A favor.
El diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 318 votos a favor, 0 abstenciones y 107 votos en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 318 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Compañeras y compañeros, no puedo no dar las gracias a todos por su colaboración con la Mesa Directiva para sacar adelante un dictamen con tantas complicaciones.
Hemos cumplido con nuestra obligación de aprobar la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones; hemos agotado el tema para el que fuimos convocados a sesión extraordinaria.
Todos hoy votamos por lo que creemos que es mejor para México. Siempre he pensado que la pluralidad que aquí la Cámara de Diputados se manifiesta a plenitud, es la mayor riqueza de México.
Gracias a todos, en especial a las y los funcionarios y trabajadores de la Cámara por su invaluable apoyo.
El Presidente diputado José González Morfín: Le pido a todos los presentes que se pongan de pie
(Puestos los presentes de pie)
El Presidente diputado José González Morfín: Hoy 9 de julio del 2014 la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al periodo de sesiones extraordinarias del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio al que fue convocada.
El Presidente diputado José González Morfín: Procederemos a entonar el Himno Nacional Mexicano.
(Puestos todos los presentes de pie se entona el Himno Nacional Mexicano)
El Presidente diputado José González Morfín: La Presidencia de la Mesa Directiva participará por escrito al Ejecutivo federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores y a la Comisión Permanente, que ha declarado formalmente terminados sus trabajos correspondientes.
El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y copia de la misma se distribuya a los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se pregunta a la asamblea si se autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y copia de la misma se distribuya a los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación) Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Se autoriza.
El Presidente diputado José González Morfín (08:07 horas): Se levanta la sesión.
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