Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves 13 de marzo de 2014

Apertura de la sesión

Orden del día

Acta de la sesión anterior

Comunicaciones oficiales

De la Junta, con cambio de integrante al Parlatino; de diputadas y diputado, con retiro de iniciativas; de diversas autoridades, con respuestas; y de la Cámara de Senadores, con minutas y proposición

Minuto de silencio por el fallecimiento de Jerzy Hausleber

De la Cámara de Senadores, con minutas e iniciativa

Dictámenes a discusión

Declaratoria de publicidad

Minuto de silencio por el asesinato del síndico Efraín Márquez Cruz y cinco personas más

Que reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, discusión en lo general

Votación en lo general y lo particular

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución, en materia de derecho a la identidad, fundamentación y propuesta de modificación

Posicionamiento de los grupos parlamentarios

Discusión en lo general

Votación en lo general y lo particular

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, fundamentación

Discusión en lo general

Votación en lo general y lo particular

Dictámenes en sentido negativo

Acuerdos de la Junta de Coordinación Política

Con cambios en la integración de comisiones

Por el que se cita a comparecer a los presidentes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México

Acuerdo de la Mesa Directiva, relativo al formato para discutir el dictamen de las comisiones de Hacienda y Crédito Públioco y de Seguridad Social

Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones

Clausura de la sesión


 
 
 
 
 
 

El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 256 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín (11:23 horas). Se abre la sesión.

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Se dispensa la lectura.

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.

Le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa su lectura, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Se dispensa la lectura.

El Presidente diputado José González Morfín: Proceda la Secretaría a ponerla a discusión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobada el acta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Manuel Huerta. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sí, mire, presidente, era en el momento justo que se iba a someter el orden del día, porque es público que desde hace unas 48 horas los ciudadanos de la Ciudad de México y quien transita por la Línea 12 del Metro están sufriendo múltiples afectaciones.

Consta que en su momento dijimos que el aumento del Metro que está lesionando mucho la economía de los ciudadanos, era un acto irracional, contrario al espíritu de un gobierno democrático y de izquierda.  Nos ofrecieron el oro y todo lo bonito del mundo.

El Metro sigue igual y peor y ahora resulta que los problemas son más graves. Obviamente quería que este tema lo abordáramos en el orden del día, si no buscar la manera inclusive de que vengan a comparecer los involucrados, porque traen una guerra mediática pero no le están dando conocimiento a esta Cámara de Diputados, un tema nodal para la vida de la ciudad, de sus habitantes.

Hemos dicho que el jefe de gobierno cada día se parece más a Peña Nieto y eso nos preocupa, porque en esta ciudad se votaron por otra ideología, por otras opciones políticas y no es posible que nos estén repartiendo y repitiendo dosis de ineficacia, de corrupción y esta Cámara tiene que tratar el tema.

Si no se puede tratar ya en el orden del día, ojalá pronto podamos hacer algo para que vengan a comparecer los funcionarios responsables de hechos lamentables para la Ciudad de México y vergonzosos para todos los mexicanos. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Esta Presidencia estará atenta si hubiera algún acuerdo para modificar el orden del día, darle el trámite correspondiente.

El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se recibió comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambio de integrante del Parlamento Latinoamericano, que se encuentra disponible en las pantallas de sus curules.

El Presidente diputado José González Morfín: De enterado. Comuníquese.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Oficio de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, por el que solicita se retiren de los registros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público las siguientes iniciativas:

Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes de Instituciones de Crédito; Orgánica de Nacional Financiera; Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros; y Orgánica de la Financiera Rural, presentada el 7 de agosto de 2013.

Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales en materia de ahorro y préstamo, presentada el 7 de agosto de 2013; y

Con proyecto de decreto que expide la Ley Orgánica del Banco Social de México.

Oficio de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, por el que solicita que su iniciativa que expide la Ley del Instituto de Fomento a la Educación e Inclusión Financiera, presentada el 7 de agosto de 2013, sea retirada de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Oficio del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, por el que solicita que su iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley de Aviación Civil, presentada el 11 de diciembre de 2013, sea retirada de la Comisión de Transportes.

Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se recibieron de diversas autoridades siete contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.

El Presidente diputado José González Morfín: Remítanse a las comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se recibieron tres oficios de la Cámara de Senadores, con los que devuelve para los efectos del inciso D del artículo 72 constitucional, los expedientes de las siguientes minutas:

Con proyecto de decreto que reforma la denominación de la Sección 3 del Capítulo IV y adiciona el artículo 53 Bis a la Ley General de Educación, en materia de escuelas de tiempo completo.

Con proyecto de decreto que reforma los artículo 6o., 27 y 75 de la Ley General de Educación, en materia de cobro de cuotas.

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Educación.

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnense a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se recibió de la Cámara de Senadores, proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados para que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas emita un estudio que analice el impacto presupuestario referente al aumento salarial de al menos un 30 por ciento a docentes que impartan educación en lenguas originarias, presentada por el senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese al Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, para su atención.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se recibió de la Cámara de Senadores, solicitud del senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 107, 109, 113, 114 y 116, y se adiciona el artículo el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Transparencia y Anticorrupción, para su atención.

El diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Permítame un momentito, diputado secretario.

Sonido en la curul del diputado Gerardo Liceaga. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (desde la curul): Gracias, presidente. Yo quisiera solicitar respetuosamente pudiéramos brindarle un minuto de silencio a un personaje verdaderamente destacado del deporte nacional, murió el día de hoy a las 6:30 de la mañana, a los 83 años de edad, se llama o se llamó Jerzy Hausleber.

Para quienes no conocieron a Jerzy Hausleber o no saben de quién me estoy refiriendo, fue el padre de la caminata en México. La primera medalla que se consiguió en Juegos Olímpicos en caminata fue en 1968, por el sargento José Pedraza, pero después tuvo alumnos tan destacados como Ernesto Canto, Raúl González que ganara medalla de oro, o ambos, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, 1984. Carlos Mercenario, medallista olímpico también para nuestro país, plata en Barcelona 92. Es decir, es el padre de la caminata, no solamente en México, presidente, es el padre de la caminata en América Latina, porque muchos de sus alumnos se han convertido en profesores y han tenido éxito en otros lugares como el ecuatoriano Jefferson Pérez, y yo creo que nuestro querido presidente de la Comisión de Deporte, Felipe Muñoz lo conoce y lo conocemos perfectamente bien los que nos dedicamos tanto tiempo al deporte.

Forjador de medallistas de oro para nuestro país, murió hoy a la 6:30 de la mañana, Jerzy Hausleber, y me gustaría que le brindáramos un minuto de silencio a un hombre tan importante para el deporte en nuestro país, Jerzy Hausleber su nombre, mexicano por adopción. Gracias, presidente, por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia otorga la petición del diputado Liceaga y vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de Jerzy Hausleber.

(Minuto de silencio)

Descanse en paz.

El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite las siguientes minutas.

Con proyecto de decreto que reforma la denominación del Capítulo Único del Título Tercero Bis. Se adicionan el Capítulo II del Título Tercero Bis y un artículo 149 Quáter al Código Penal Federal.

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese igualmente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y adiciona un último, al artículo 259 Bis del Código Penal Federal, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió de la Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 194 F-1 y 238 de la Ley Federal de Derechos, con el objeto de incrementar el pago de derechos a la actividad de cacería presentada por el senador Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Queremos destacar y agradecer la presencia en este salón de sesiones, de la excelentísima señora Meret Nergaard, embajadora del Reino de Noruega en México, quien ha asistido a la instalación del Grupo de Amistad México-Noruega que preside la diputada Sue Eller Bernal Bolnik. La Cámara de Diputados le da la más cordial bienvenida, señora embajadora y hace votos porque los lazos de amistad y cooperación entre nuestros países se fortalezcan. Bienvenida, embajadora.

El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría con la Declaratoria de Publicidad.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Pensión Universal, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo.

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Antes de entrar al apartado de dictámenes, sonido en la curul de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (desde la curul): Presidente, para hacer del conocimiento de esta soberanía los hechos del día de ayer, que en el tramo del lindero, entre Filomeno Mata y Mecatlán en la zona alta de Papantla, en el cual el síndico Efraín Márquez Cruz fue asesinado, junto con cinco personas más, y por ello pido un minuto de silencio.

Y solicito también, que se esclarezcan estos hechos lamentables, en los cuales desafortunadamente otra vez hay la pérdida de la vida de un militante de Acción Nacional, hay la pérdida de la vida y de seguridad en esa zona; y desafortunadamente ahí nos reclamaban justicia y seguridad semanas antes y fueron emboscados y asesinados. Solicito un minuto de silencio y que atraigan este caso; se le exige al gobernador tome cartas en el asunto en materia de seguridad en el estado de Veracruz.

El Presidente diputado José González Morfín: A petición de la diputada Mariana Dunyaska, ruego a los presentes nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria.

(Minuto de silencio)

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Descansen en paz.

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz el diputado José Angelino Caamal Mena.

El diputado José Angelino Caamal Mena: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. De acuerdo con información admitida por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, del total de la población económicamente activa de nuestro país el 39 por ciento son mujeres.

Este dato refleja un aumento importante de su participación en el ámbito laboral, por lo cual es urgente seguir aportando medidas específicas que permitan brindar a las mujeres trabajadoras certidumbre y alternativas acorde a la realidad actual.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza está de acuerdo con este dictamen porque su propósito es armonizar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la Ley Federal del Trabajo, para establecer claramente que constituye violencia laboral el hecho de que los patrones o sus representantes exijan a las mujeres trabajadoras la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, así como despedirla o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por situación de embarazo, por cambio de estado civil o por tener a su cuidado hijos menores.

Esas acciones de injusticia son inaceptables porque impiden a las mujeres trabajadoras continuar con su desarrollo laboral, profesional y personal.

Por lo tanto quiero destacar que en el año 2011 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, abrió mil 93 expedientes de investigación para casos de mujeres que fueron despedidas por situación de embarazo; peor aún en 2012 se registraron mil 705 casos, lo que representa un incremento del 56 por ciento de casos de despidos de mujeres por encontrarse en estado grávido.

Éste es un claro hecho de violencia contra los derechos laborales y que las deja en ese momento en la indefensión en el tema de seguridad, que es cuando más lo necesitan.

Compañeras y compañeros diputados, hoy desde nuestras atribuciones demos respuesta a las mujeres de nuestro país en el marco del Día Internacional de la Mujer celebrado este 8 de marzo.

Reafirmemos nuestro compromiso diario para avanzar en la actualización del marco jurídico que garantice más y mejores condiciones a las mujeres mexicanas.

Esta reforma contribuye de manera expresa al cumplimiento de recomendaciones internacionales como las realizadas por el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, quien exhortó al Estado mexicano a armonizar la legislación laboral con los contenidos de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Por lo expuesto el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor de este dictamen y de los mecanismos que permitan a las mujeres mexicanas superar las barreras que enfrentan en el pleno ejercicio de su derecho laboral, además, para lograr un estatus en que se les dé el reconocimiento en la igualdad y la no discriminación de ningún tipo. Es cuanto, diputado presidente, y gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tuvimos tarde la información de que el dictamen sería fundamentado por la diputada Leticia Mendoza Curiel, por lo cual se le concede la palabra, a nombre de la comisión.

La diputada Leticia Mendoza Curiel: Con su permiso, diputado Presidente. Honorable asamblea: el marco jurídico nacional reconoce expresamente, desde la Constitución, los derechos humanos suscritos en el derecho internacional de los derechos humanos.

Entre estos derechos se encuentra el derecho de las mujeres a vivir libres de toda forma de violencia. Además, el texto constitucional prohíbe toda discriminación motivada por el género o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El Estado mexicano es parte de diversos instrumentos jurídicos internacionales que lo obligan a llevar a cabo medidas legislativas para erradicar la discriminación, así como todo tipo de violencia contra las mujeres.

Es oportuno mencionar que el Comité de Vigilancia para la Aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer ha observado con preocupación la persistencia de las prácticas discriminatorias contra las mujeres en el ámbito laboral en nuestro país.

Pues informó que tres de cada 10 mujeres han sido víctimas de actos de violencia en el lugar de trabajo, incluido el abuso y el hostigamiento sexual. En ese contexto recomendó al Estado mexicano tomar todas las medidas necesarias para eliminar las inconsistencias de los marcos legales federal, estatal y municipal.

Por su parte, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, establece que los estados partes deberán de tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra las mujeres.

Preocupados por el acoso y el hostigamiento sexual que viven las mujeres de México, los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, presentaron iniciativa que reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Los promoventes señalan que la violencia en razón de género es una de las principales barreras que las mujeres encuentran para incorporarse en el ámbito laboral, público o privado, pues enfrentan diversas situaciones como la doble jornada con discriminación salarial, acoso laboral o la exigencia de requisitos sobre el estado civil y la maternidad.

Los diputados sostienen que no se puede exigir permitiendo que una mujer sea discriminada por ejercer su derecho a la reproducción y aluden a diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos inscritos en el ámbito internacional como aquellos referidos en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, Convenio 100 sobre la igualdad de remuneración y el 111 sobre la discriminación en el empleo y ocupación, así como en el marco de las Naciones Unidas, Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Es por lo anterior que subrayan la necesidad de asegurar un marco jurídico a fin de que las mujeres superen las barreras que enfrentan en el ámbito laboral, con el pleno reconocimiento a la igualdad y a la no discriminación, reconociendo sus derechos laborales.

Además, la iniciativa pretende erradicar por completo las prácticas empresariales de exigir a sus trabajadoras pruebas de embarazo como condición para el ingreso o para la permanencia en el empleo.

También se hace mención al artículo 4o. constitucional, que establece lo siguiente: Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos.

En este tenor los promoventes plantean reformar el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de incluir en la violencia laboral la exigencia de exigir la presentación de conflictos médicos, de no embarazos al ingreso o acceso en el empleo; y despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener al cuidado de sus hijos menores.

La Comisión de Igualdad de Género coincide en la pertinencia de condenar toda forma de violencia contra las mujeres, en este caso aquella que ocurra en el ámbito laboral. Al respecto los tratados internacionales obligan al Estado mexicano a modificar su legislación a fin de erradicar toda forma de discriminación contra las mujeres, como bien se refiere en la iniciativa que se dictamina.

La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece en su artículo 11, que dice: Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos, así como diversas medidas a fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio, maternidad y asegurar la efectividad de sus derechos a trabajar.

Adicionalmente el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó al Estado mexicano armonizar la legislación laboral con los contenidos de la CEDAW, eliminar el requisito de la prueba de embarazo y de la Ley Federal de Trabajo.

Así como lo dice el artículo 133: Queda prohibido los patrones o a sus representantes exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o acceso en el empleo, despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada por cambios del estado civil o por tener cuidados de hijos menores.

En este contexto se observa que la iniciativa que se dictamina plantea idénticos contenidos que la legislación laboral, por lo que si bien resulta plausible la propuesta surge una sobrerregulación.

Por ello la Comisión de Igualdad de Género consideró incorporar a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia un reenvío en el que se remite a los contenidos de la Ley Federal del Trabajo, quedando como sigue el artículo 11: Constituye violencia laboral la negativa ilegal a contratar a la víctima o respetar su permanencia, condiciones generadas del trabaja; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en las fracciones XIV y XV del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, así como la explotación y todo tipo de discriminación por condiciones de género.

El presente dictamen está elaborado desde la perspectiva de la armonización legislativa y de acuerdo con el artículo 1 constitucional, que nos obliga a normar nuestro criterio legislativo de acuerdo a los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres.

Tengan la certeza que las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género trabajamos y analizamos con profundidad cada uno de los asuntos que nos son turnados, sean minutas, iniciativas  o puntos de acuerdo, por lo que pedimos a esta honorable asamblea su voto a favor y que ésta representa un acto de justicia para todas las mujeres. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada María del Carmen Martínez Santillán, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Igualdad de Género ha presentado a este pleno  su dictamen al proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Queremos que la sociedad mexicana asuma la igualdad de género como un sentido común. Queremos que las oportunidades, las responsabilidades al trabajo, el cuidado de los niños, los quehaceres de la casa y todas aquellas actividades que históricamente han separado a hombres y mujeres, sean compartidas por ambos de forma natural y con respeto de las diferencias que tenemos unos con otros.

Sin embargo, por el momento no podemos hacerlo y debemos seguir hablando de la igualdad de género como forma de combate a la discriminación y violencia que sufren las mujeres día a día, pero también como mecanismo de educación y formación de una nueva cultura respecto a las mujeres.

Más aún, debemos seguir legislando en torno al tema, pues a pesar de los avances que se han logrado aún hay trabajo que hacer. Parte de ese trabajo consiste en alinear las diferentes leyes en torno al respeto a la mujer y a la igualdad de género. En este sentido, la minuta que presenta al pleno es un avance de la tarea.

La violencia contra la mujer se sigue dando de muchas formas y en muchos  espacios; uno de los principales se encuentra en lo laboral. Como bien señalan los promoventes, situación como la discriminación de género en el trabajo, el despido por maternidad, por cambio de estado civil, el acoso sexual, así como el bloqueo de ascensos y promociones salariales menores, en comparación a los hombres y al no respeto a las necesidades de las mujeres son prácticas que se siguen dando y que se deben de erradicar.

Para lograrlo, la Ley Federal de Trabajo protege a las mujeres de despidos por embarazo, matrimonio, o por cuidar de sus hijos, así como que soliciten documentación, certificados médicos de no embarazo. Asimismo México ha firmado y es adherente a tratados internacionales en pro del respeto a los derechos laborales de las mujeres, la no violencia de género y la protección de las mismas.

Es por ello que la iniciativa propuesta que integra en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia una vinculación con la Ley Federal del Trabajo, en torno a la protección de los derechos laborales de las mujeres y contra prácticas laborales discriminatorias.

Recordemos que más del 50 por ciento de la población del país son mujeres y que su participación en la vida económica se incrementa día a día, porque protegerlas se hace menester para garantizar el desarrollo económico, político y social del país.

Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo defenderemos y defenderemos siempre los derechos de las compañeras trabajadoras y de todas las mujeres del país, por lo que apoyaremos el presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Saludo y doy la más cordial bienvenida a los alumnos y maestros de la Universidad del Estado de Michoacán, que están aquí hoy invitados por la diputada Adriana Hernández Íñiguez. Bienvenidos y bienvenidas todos a la sesión.

Tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano la diputada Lorena Méndez Denis.

La diputada Lorena Méndez Denis: Buenos días. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores, el día de hoy subo a esta tribuna con sentimientos encontrados. Por un lado, me siento gustosa con la aprobación en Comisión de esta modificación propuesta por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, en la que se busca incluir en la definición de violencia laboral a la exigencia de algunas empresas para que las mujeres presenten pruebas de embarazo como condición para el ingreso, permanencia o ascenso en el trabajo.

Por otro lado, me siento indignada de que en pleno siglo XXI tengamos que seguir legislando sobre sanciones a quienes exijan las mencionadas pruebas.

El artículo 10 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia menciona que la violencia laboral se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.

Según el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hasta mayo de 2012 se calculaba que 3 de cada 10 hogares eran encabezados por una mujer. La exposición de motivos de la iniciativa cita datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que indica que en 2012, las madres mexicanas mayores de 15 años tenían una participación económica de 42.2 por ciento, de las cuales el 97 por ciento combina el empleo con labores del hogar, la mayor participación económica, nos dice, se sitúa entre las madres solteras, seguido por mujeres separadas o divorciadas.

Cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, sobre las quejas por discriminación contra mujeres ha ido en aumento en los últimos años. En 2010 se recibieron 181, en 2011 fueron 209, 250 en 2012, y hasta noviembre de 2013 se reportaban 237.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares 2011, menciona que de las mujeres mayores de 15 años, al menos al 14.9 por ciento le han solicitado un certificado de no embarazo para ingresar al trabajo. Han sido despedidas por embarazarse, les han disminuido el salario o no les renovaron el contrato.

La discriminación laboral por estado civil es más frecuente entre mujeres divorciadas, el 22 .7 por ciento, solteras 21.4 por ciento, y unidas 19.3 por ciento. Los estados donde más se dan estos fenómenos, son: Chihuahua, donde ocurre el 35 por ciento de los casos; Baja California, 30 por ciento; Sonora,  25.3 por ciento; Coahuila, 20.9 por ciento; y Tamaulipas, 19.5 por ciento.

Lamentablemente las cifras nos confirman que vivimos en un país donde la mujer sigue siendo discriminada por su género, por su condición económica, su estado civil o su maternidad.

Tan tremenda es la situación que padecen a diario millones de nosotras, que este Congreso se ve obligado a legislar temas que debieron quedar en el pasado hace mucho. Es para mí un gusto apoyar modificaciones de esta índole, sin embargo no es suficiente.

Si los problemas han persistido es porque nosotros como legisladores no hemos sabido estar a la altura de las exigencias, no logramos abordar a fondo los problemas reales de la población, sin mencionar que hay quien está más interesado en quedar bien con las cúpulas de sus partidos, que en realizar acciones que beneficien a la sociedad.

En Movimiento Ciudadano creemos que hace falta fortalecer la educación, sólo así lograremos cambiar la visión y la mentalidad de nuevas generaciones sobre el papel tan destacado que tienen las mujeres mexicanas en el desarrollo de nuestro país.

Por lo anterior expuesto y por las mujeres que luchan diariamente por transformar su realidad y la de sus familias a través del trabajo digno, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Quiero saludar y agradecer la presencia de la profesora Irma Leticia Castro García y de la contadora pública, profesora Lilia Delgadillo de Dávila. Pertenecen a la Federación de Mujeres Profesionistas y de Negocios de Tijuana, Baja California, y se encuentran aquí invitadas por la diputada María del Carmen López Segura. Bienvenidas a la sesión, gracias por acompañarnos.

Y también saludo a un grupo de alumnos del CBTIS 84, de La Piedad, Michoacán, que nos acompañan invitados por la diputada Adriana Hernández. Bienvenidos.

Tiene ahora el uso de la voz la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, han transcurrido varios años, necesarios para alcanzar la justa integración de las mujeres en el mercado laboral.

Por ignorancia, antiguas creencias y tradiciones, se ubicaba a la mujer como la única encargada en las labores del hogar y el cuidado de los hijos. Ello, sumado a los frecuentes actos de discriminación que impedían su desarrollo profesional.

El día de hoy las mujeres gozamos de derechos laborales, sin prohibición alguna que nos impidan o limiten a participar casi en cualquier sector, sumándonos a desempeñar cargos de alta relevancia para el desarrollo de nuestro país.

Sin embargo, la condición de género marca diferencias naturales en las circunstancias laborales, como en el caso de la maternidad. Para ello se han definido las premisas básicas bajo las cuales se habrá de desempeñar mientras se encuentre en este estado.

Ha sido necesario desarrollar el trabajo legislativo para llevar a cabo las diversas adecuaciones a las leyes correspondientes, mismas que señalan el derecho de la mujer para emplearse sin mayor limitación.

Sin embargo, actualmente se siguen presentando, lamentablemente, casos de discriminación, principalmente por encontrarse embarazadas.


La discriminación generalmente se produce cuando el empleador trata desfavorablemente a una mujer embarazada, en situación de parto o trastornos médicos relacionados con este estado.

También puede producirse cuando el empleador practica una política que excluya a las mujeres de puestos de trabajo determinados, debido a que puedan quedar embarazadas.

Datos emitidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo señalan que los trabajadores que acudieron a solicitar asesoría y representación legal a dicha institución, el 42.6 por ciento de los usuarios fueron mujeres, es decir, 86 mil 611 mujeres, siendo las principales quejas las de hostigamiento, despidos por embarazos, problemáticas relacionadas con el cuidado de los hijos, así como despidos injustificados.

De lo anterior se evidencia la gravedad de la situación laboral a la que se enfrentan constantemente las mujeres, a pesar de la creación de leyes e institutos para proteger y garantizar sus derechos laborales.

Además, es necesario señalar que no solo se vulneran dichos derechos, sino que nos enfrentamos ya a situaciones de violencia en razón de género, pues como bien señala esta iniciativa que hoy está a consideración de esta soberanía, la discriminación por embarazo se convierte en barreras para incorporarse al ámbito laboral, público o privado.

Coincidimos en la necesidad de reforzar el marco jurídico con plena igualdad y sin discriminación alguna, reconociendo siempre los derechos laborales, erradicando por completo las prácticas empresariales de exigir a sus trabajadoras pruebas de embarazo como condición para ingreso o permanencia en su trabajo, así como para prohibir las coacciones por renunciar a su empleo por encontrarse embarazada.

Por todo lo anterior, compañeros diputados y diputadas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor de esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida sin violencia, pues con dichas modificaciones se abonará a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación por cuestiones de género. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, la diputada Julisa Mejía Guardado, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Julisa Mejía Guardado: Gracias, diputado presidente. En el primer año del peñanietismo, dos mil feminicidios han ocurrido en México, la cuarta parte de ellos en el estado de México y de la alerta de género, ni sus luces.

En México el 54 por ciento de las mujeres que trabajan tienen al menos un grado universitario; en contraste, solo el 22 por ciento de los hombres que trabajan tienen al menos un grado universitario; sin embargo las mujeres ganan en promedio 30 por ciento menos que los hombres por el mismo trabajo realizado.

La violencia de género tiene diferentes aristas y está insertada en cada espacio público y privado de nuestra vida, permeando todo tipo de relaciones culturales, sociales, políticas, laborales, siendo éstas últimas el tema que compete a este proyecto de dictamen que ahora nos ocupa.

El proyecto de dictamen en cuestión plantea centralmente la armonización del artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con la Ley Federal del Trabajo para considerar como violencia laboral exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso o ascenso en el empleo y despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de sus hijos menores; como lo señala el artículo 133 en sus fracciones XIV y XV de la Ley Federal del Trabajo.

La equidad de género laboral es un tema aún pendiente para México. La desigualdad de salarios, el acoso y la subestimación de habilidades son algunos de los problemas a los que las mujeres deben enfrentarse en sus espacios de trabajo. A éstos se suman la estigmatización del embarazo, el tema del cuidado de los hijos y las hijas y el estado civil de las mujeres, argumentos esencialistas que degradan y minimizan las capacidades de las mujeres por roles sociales impuestos.

Es por ello que no sólo debemos manifestarnos a favor de esta iniciativa, sino comprometernos a trabajar para incorporar la igualdad de género como parte de las políticas integrales en los espacios laborales del país y promover la conciliación de la vida familiar y laboral.

Nuestras instituciones deben garantizar efectivamente el ejercicio y acceso a nuestros derechos laborales para construir un marco legislativo verdaderamente garantista de los derechos de las mujeres que pueda ser traducido en cambios sustanciales en la vida de todas.

Debemos luchar para modificar las condiciones laborales desfavorables para las mujeres que existen en México. Es por esto que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de esta iniciativa.

Enfaticemos la necesidad de incluir de manera transversal a los marcos legislativo, jurídico e institucional la perspectiva de género con una visión de derechos humanos. Sólo así lograremos la inclusión real, sin discriminación de todos los programas, políticas públicas, leyes e instituciones de todas las mujeres. Exijamos la no violencia hacia las mujeres institucional, gubernamental, laboral y familiar.

Ni un feminicidio más en México. La alerta de género debe ser decretada ya. El sistema debe funcionar para que no existan más mujeres asesinadas en nuestro país impunemente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Patricia Elena Retamoza Vega, del Grupo Parlamentario del PRI.

Le doy la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos y maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Derechos, campus Aragón, que están hoy aquí invitados por el diputado Julio César Moreno Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión.

La diputada Patricia Elena Retamoza Vega: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Una más de las manifestaciones de la violencia por razones de género hacia las mujeres es la violencia laboral.

La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo extradoméstico ha constituido una subversión a la ideología dominante del trabajo para el mercado como espacio simbólico de construcción de la masculinidad, que al ser ocupado por las mujeres puede detonar en violencia real o simbólica. Para muchas mujeres su participación en la actividad económica se traduce en dobles o triples jornadas, lo que habla de la marcada desigualdad e injusticia de la cual son objeto las mujeres. En razón de lo anterior el grupo parlamentario del PRI expresa de manera contundente su voto a favor del dictamen que aquí nos ocupa.

Coincidimos en la necesidad de perfeccionar el marco jurídico a efecto de dotar a la norma de la mayor claridad y congruencia posibles, toda vez que ésta tiene como una de sus funciones principales, orientar la conducta para después sancionar los actos u omisiones indeseables para el orden jurídico y para el orden social.

La violencia por razones de género, como lo señalan los promoventes, es una de las principales barreras que las mujeres encuentran para incorporarse al ámbito laboral público o privado, pues enfrentan diversas situaciones como la doble jornada con discriminación salarial, acoso laboral o la exigencia de requisitos sobre el estado civil y la maternidad; barreras que frenan también el desarrollo nacional, las timan a la sociedad en su conjunto e impiden el ejercicio pleno y libre de los derechos fundamentales de las mujeres, no sólo en el terreno laboral, sino en muchas otras esferas.

Si bien la Ley Federal del Trabajo y los diferentes instrumentos internacionales suscritos por México y la propia ley fundamental establecen prevenciones al respecto, es menester realizar la correlación en la Ley General de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, como bien lo señala la dictaminadora, para asegurar un marco jurídico a fin de que las mujeres superen las barreras que enfrentan en el ámbito laboral con pleno reconocimiento a la igualdad y a la no discriminación, reconociendo sus derechos laborales.

Realizar las adecuaciones necesarias a las leyes implica reconocer que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre los géneros, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación impidiendo su avance democrático.

La violencia es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación. De ahí que es preciso impulsar una nueva cultura de respeto e inclusión.

Resulta impostergable el fortalecimiento del andamiaje legislativo e institucional existente en materia laboral  a fin de mejorar las condiciones de trabajo que garanticen la dignidad, la integridad física, psicológica y social de las mujeres, así como prevenir y sancionar con toda la fuerza de la ley todo acto de violencia laboral.

Desde esta Cámara es posible y pertinente fomentar nuevos modelos de solidaridad social que tengan como fundamento la igualdad, el respeto, la inclusión y un amplio entendimiento de las necesidades particulares de las mujeres. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen, el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

Saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a la sesión, a un grupo de empresarios del municipio de Ecatepec, estado de México, que se encuentran hoy aquí invitados por la diputada Cristina Ruiz Sandoval. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañero presidente y compañeros legisladores. Primero que nada reconocer a la Comisión de Igualdad de Género y a su presidenta, la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, así como a todas las integrantes de esta comisión, por la dictaminación positiva de esta iniciativa que presentamos el diputado Ricardo Monreal Ávila y su servidor y que tiene que ver con regular en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el tema de la violencia laboral, el tema que tiene que ver con las restricciones  y los pedimentos de pruebas de embarazo o los despidos por esta causa.

En Movimiento Ciudadano tenemos una agenda a favor de los derechos humanos, la igualdad de género, la salud, la educación y los beneficios para los usuarios de los servicios públicos nacionales.

Por esta razón, esta iniciativa que hoy se dictamina nos parece que es muy importante porque el 23 por ciento de los hogares mexicanos están encabezados por mujeres, mujeres esforzadas, mujeres trabajadoras que no solamente velan por sus hijos, sino que se convierten en el principal sustento económico de sus hogares.

Sin embargo, como aquí se ha señalado, enfrentan diferentes barreras, discriminación salarial, más cargas de trabajo con iguales sueldos, la exigencia de requisitos como estado civil, el tema de la maternidad, la apariencia física y la realización de pruebas de embarazo. Son aspectos que configuran una discriminación que sigue existiendo en la realidad mexicana y se expresa en maltrato, abusos, exclusión, miedo y en ruptura del tejido social.

Por eso nos parece adecuado establecer una vinculación entre esta ley y la Ley Federal del Trabajo para considerar tajantemente como violencia laboral el exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso o ascenso en un empleo o despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener bajo su cuidado hijos menores.

Al establecerse esta descripción como violencia laboral en el artículo 11 de esta ley y vincularlo con lo que establece el artículo 133, en sus fracción XIV y XV, estamos cerrando el círculo para que no haya estas expresiones de misoginia laboral, de discriminación, que no caben en una sociedad democrática, en una sociedad de derechos humanos. Es cuanto y gracias por su dictaminación positiva.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra finalmente, para hablar también a favor, del dictamen la diputada Zuleyma Huidobro González.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Obviamente no puedo dejar de felicitar a los diputados Ricardo Monreal y Ricardo Mejía por esta iniciativa y mucho menos a las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género por el dictamen, porque aún cuando se pudiera considerar que existe una sobrerregulación en la materia, también pareciera ser que nunca será suficiente para seguir insistiendo sobre la realidad en nuestro país sobre la violencia laboral hacia las mujeres.

¿Quién aquí no conoce casos de algún familiar, de alguna amiga, conocida, compañera de trabajo que ha sufrido violencia laboral? ¿Quién no conoce a alguna mujer a la que se le ha exigido la presentación de pruebas de que no está embarazada, de certificados médicos que comprueben esta situación para obtener un trabajo para permanecer en él o que no cambie su estado civil; es decir, que siga siendo soltera, que no se vaya a embarazar para poder obtener un ascenso en su empleo?

¿Quién no conoce casos de mujeres que han sido despedidas por estar embarazadas o que han sido renunciadas por el mismo hecho? ¿Quién no conoce casos de mujeres que han mantenido en secreto el mayor tiempo su embarazo? ¿Quién no conoce casos de mujeres a los que no se les respetan su derechos laborales o son discriminadas?

¿Quién no conoce casos de mujeres que han dado luz en sus centros de trabajo o que han estado ahí la mayor parte del tiempo posible? ¿Quién no conoce ejemplos como los que algunas diputadas han sufrido en esta Cámara, que han sido discriminadas por estar embarazadas?

Por eso, en Movimiento Ciudadano reconocemos a los diputados –vuelvo a decir- Ricardo Mejía y Ricardo Monreal por esta iniciativa. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que el derecho al respeto laboral de las mujeres es indispensable para que con cultura y educación nuestro México siga adelante. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores le ruego a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Saludo con mucho gusto a estudiantes de Derecho de la Universidad Continente Americano, procedentes de San Luis de la Paz, Guanajuato, que nos acompañan hoy invitados por la diputada Beatriz Yamamoto. Bienvenidos a la sesión.

Quiero también darles la bienvenida a la Cámara de Diputados y a esta sesión a un grupo de alumnos del Tec de Monterrey, Campus Guadalajara, que nos acompañan hoy invitados por el diputado Omar Borboa. Bienvenidas y bienvenidos.

También aludamos a los alumnos de la carrera de derecho del Centro de Estudios Universitario del Valle de Tecomán, que nos acompañan hoy aquí invitados por el diputado Francisco Alberto Zepeda González. Bienvenidas y bienvenidos, todos, a esta sesión.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado José Sergio Quiroga Manzur (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se emitieron 393 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la identidad. Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la voz el señor presidente de la comisión, el muy apreciable amigo y compañero, don Julio César Moreno Rivera.

El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, distinguido presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, distinguidos invitados de las diferentes universidades aquí presentes de la carrera de derecho, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo a fundamentar el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho a la identidad y gratuidad del acta de nacimiento.

El Estado tiene como fin supremo realizar el bien común, por lo que debe proporcionar a su componente humano contar con una identidad particular y oficial, proveyendo los mecanismos institucionales para la certificación de la existencia de una persona.

La identidad no sólo es uno más de los elementos que conforman la esencia del ser humano, sino que representa su individualidad y la potencialidad para que se desarrolle como persona y como parte de un grupo social y cultural, así como gozar y ejercer las libertades y los derechos que le otorgue nuestra Carta Magna.

La identidad es un derecho fundamental de toda persona, mediante el cual el Estado reconoce su existencia y le otorga una serie de derechos que todos los obtienen a través de la inscripción en el Registro Civil, tales derechos son: la personalidad jurídica, la nacionalidad y el nombre, así como el acceso  a un conjunto de derechos humanos reconocidos internacionalmente como en los instrumentos internacionales firmados y ratificados por México, entre los que se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Un elemento para acceder al referido derecho humano es la gratuidad, tanto en el registro de nacimiento como en la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento. Con ello se otorga universalidad y oportunidad, de tal manera que no se limita en este derecho a las personas que viven en pobreza o en extrema pobreza.

Otro elemento de esta reforma es que se registre a la persona de manera inmediata a su nacimiento  con el fin de asegurar el derecho de las niñas y los niños a su identidad, que se convierte en la constancia oficial de su existencia y contribuye con la actualización y exactitud de las estadísticas nacionales.

En este sentido, la inscripción del nacimiento de las personas en el Registro Civil es un elemento esencial  e imprescriptible del derecho a la identidad, por ello desde hace algunos años en México el Registro Nacional de Población y los registros civiles de los estados han realizado esfuerzos importantes en el proceso de mejora en la cobertura, oportunidad y calidad del registro de nacimiento, así como la modernización e incorporación de nuevas tecnologías y sistemas informáticos, sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para combatir el gran rezago que hoy existe en el registro de los recién nacidos.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía se reportan cuatro nacimientos cada minuto en nuestro país, pero muchos de éstos no son registrados, de tal forma que al día de hoy cerca de 10 millones de mexicanos no cuentan con su acta de nacimiento lo que provoca que sean legalmente invisibles para el Estado, encontrándose imposibilitados para acceder a servicios de salud, educación, programas sociales, entre otros. Es decir, quedan excluidos y fuera del alcance de quienes tienen la responsabilidad de garantizar el goce de los derechos.

Los principales motivos de ello son la falta de cultura del registro heredada por las generaciones anteriores y derivada de las barreras geográficas, económicas, sociales, legislativas y administrativas. En consecuencia y en atención al carácter determinante que tiene el registro de nacimiento, tanto para la vida de las niñas y los niños, como para la organización misma de las políticas públicas a nivel mundial y regional, se ha priorizado el tema reconociéndose como una agenda pendiente con desafíos estructurales, culturales y geográficos que es urgente atender.

Por ello, con la aprobación del presente dictamen se reconocerá en nuestra ley fundamental el derecho a la identidad, para que los órdenes de gobierno estatal, municipal y del Distrito Federal expidan en forma gratuita la copia certificada de la primera acta de nacimiento al registrar de forma inmediata a los recién nacidos.

Para cumplir con lo anterior, la Secretaría de Gobernación, previa opinión de las entidades federativas, establecerá de manera homologada un formato único en materia de registro de población para la emisión de las actas de nacimiento y defunción.

Además, con la reforma que ahora se propone se fortalece el sistema electoral, al mantener actualizado su padrón, al establecer que la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población remitirá al Instituto Nacional Electoral la información relativa a los certificados de defunción.

Compañeras y compañeros diputados, con la aprobación de esta reforma constitucional lograremos que ningún niño en México sea privado de su derecho al momento de nacer y estableceremos un sistema sólido de registro civil, que nos permita poner en práctica estrategias eficaces de desarrollo.

En este sentido, compañeros diputados, los invito a votar a favor del presente dictamen, en virtud de que el Estado vele por el interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Finalmente, diputado presidente, solicito pueda dar lectura a la propuesta de modificación al proyecto de decreto acordado por la mayoría de los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales y asimismo se ponga a consideración. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia aclara que está en las pantallas. Pero para ilustrar a la asamblea, es pertinente que se lea.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Propuesta de modificación:

Artículo 4o. constitucional. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación;

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dispondrán de seis meses para establecer en sus haciendas o códigos financieros la exención de cobro de derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento.

Tercero. El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto y previa opinión de las entidades federativas y la autoridad competente en materia de Registro Nacional de Población, deberá realizar las adecuaciones a la ley que determine las características, diseño y contenido del formato único en materia de registro de población, así como la expedición de toda acta del Registro Civil, que deberá implementarse a través de mecanismos electrónicos y adoptarse por las propias entidades federativas del país y por las representaciones de México en el exterior.

Cuarto. La Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población remitirá al Instituto Nacional Electoral la información recabada por las autoridades registrales locales relativas a los certificados de defunción. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte, por favor, señor secretario a la asamblea, si autoriza a que este adendum, presentado por la comisión, pase a formar parte del dictamen.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aceptará el adendum presentado por la Presidencia de la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En este entendido, es que le damos el uso de la voz para fijar postura, a don Luis Antonio González Roldán. Y a los demás participantes y en este mismo tenor es que lo vamos a someter a la consideración, en cuanto lo votemos nominalmente.

El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, el primer concepto que se deriva del derecho es el de la persona, y esto no puede ser de otra forma ya que es el ser humano en sí el origen y último destino del universo social que constituye lo jurídico, bien podría entenderse como una persona oponible a cualquier otra, en lo individual o en lo colectivo.

Es por ello que, no obstante, la cada vez más extensa particularización del ámbito jurídico subsiste la condición fundamental de definir y proteger el elemento básico de la persona jurídica como lo es la identidad, la cual debe obtenerse desde el momento mismo del inicio de la existencia física como persona y que aún subsiste a dicha existencia material.

Es por ello, que en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza recibimos con profundo interés y concedemos nuestro más favorable apoyo a la minuta enviada por la colegisladora, en el entendido de que se trata de una reforma fundamental en la sustentación del Estado de derecho, a través del primer reconocimiento jurídico de la persona física.

Efectivamente, el acto jurídico de ser incorporado al Registro Civil, a través de la expedición de un acta de nacimiento, no se limita a considerar esto sólo un trámite administrativo más. Podemos ciertamente afirmar que se trata del acceso al mundo jurídico, el cual implica derechos y deberes para las personas, derechos que en muchos casos se adquieren desde el mismo momento de nacer.

El acceso al entorno jurídico se obtiene a través de la adquisición de una identidad jurídica, a partir de la cual la persona podrá actuar en todos los ámbitos legales empleando un nombre propio y adquiriendo las definiciones de un vínculo familiar, una nacionalidad y un origen, condiciones que primordialmente a de mantener a lo largo de su vida.

Convenimos con los distintos instrumentos internacionales que han hecho puntuales compromisos para atender, en todas las naciones participantes en los mismos, el derecho a otorgar una identidad de manera fundamental a los menores que les permita el reconocimiento legal y el acceso a los derechos que cada nación establece.

La reforma al artículo 4o. constitucional es determinante. Hacer expreso el señalar el derecho a la identidad de los niños y de las niñas. Derecho que tal vez se entendía, de alguna manera, implícito, pero que por lo mismo requería de un señalamiento textual que hoy se atiende a través de la presente reforma.

La identidad, con su amplia repercusión jurídica se obtiene a través del otorgamiento del acta de nacimiento. Conscientes somos  que en distintos puntos de nuestro país, aun en las zonas urbanas no se lleva a cabo el registro de los menores. No solo al nacer sino transcurridos, a veces, varios años.

Las causas son múltiples, sin embargo, en buena medida abona a la falta de recursos o al desconocimiento del trámite.

No obstante, a pesar de lo avanzado de dicha reforma, señalamos hace un momento que no se cuenta con una cobertura plena de derecho a la identidad, el cual consiste en reconocerlos jurídica y socialmente como sujetos de derechos y a su vez, de su pertenencia al Estado mexicano, al territorio, a la sociedad, a la familia. O como decía algún filósofo, el amor y el olor a la tierra, a los colores, a los sabores.

Lo anterior es de suma importancia, pues si bien existen las condiciones normativas que regulan la dignidad individual y colectiva de nuestras niñas y niños, en función de este derecho a la identidad y a los códigos civiles, tanto el federal como el de los estados, la realidad nos revela la ausencia de este derecho, generando desigualdad y discriminación.

En el informe denominado Derecho a la identidad, dado a conocer en conjunto por la Unicef y el INEGI en 2012, se observa que el registro oportuno en el país pasó del 78 punto 8 por ciento, en 1999, a un 93 punto 4 por ciento hasta el año de 2009. Es decir, 9 de cada 10 recién nacidos contaban con su acta de nacimiento antes de cumplir su primer año de vida, lo que significa que en estos últimos 4 años, más de medio millón de nuestras niñas y niños son o fueron invisibles oficialmente en México, debido a que carecían oportunamente de su acta de nacimiento, pues muchos de ellos son registrados en edades más avanzadas, incluso, después de cumplir los 5 años de edad.

Un reflejo de la desigualdad y las disparidades sociales que imperan en el país, es que en las zonas rurales, hasta 18 por ciento de los recién nacidos no estaban registrados antes de su primer año de vida.

Las niñas y los niños no registrados son muestra de una reiterada exclusión social, al desconocer su existencia. Son privados del derecho de acceder a otros beneficios como el de la salud y por reproducir una cadena de violaciones desde la negación de la inscripción y el registro escolar, hasta la misma explotación sexual.

Atendiendo a esta realidad, el dictamen que hoy nos ocupa está orientado a que el registro del nacimiento constituya un verdadero portal de derechos, elevado a rango constitucional siempre que sea universal, gratuito y oportuno. Hasta ahora, principios normativos que no se han visto en práctica en nuestra realidad social.

Hoy, nos impone a los tres órdenes de gobierno esta reforma federal, estatal y municipal, la obligación de establecer en sus esquemas financieros la exención del cobro de derechos por el registro de nacimiento y la expedición de manera gratuita de la primera copia certificada del acta de nacimiento, esto de manera inmediata al momento de nacer.

Lo anterior sin duda permitirá tanto formal como materialmente brindar al recién nacido el acceso a los derechos que le corresponden, a través de la adquisición de una identidad jurídica y paralelamente permitirá la mejor integración de los registros estadísticos oficiales.

El Estado constituye la máxima organización política y jurídica de toda sociedad, tiene como finalidad primordial propiciar condiciones que generen el bien común entre sus individuos, por ello debe garantizar la implementación de los esquemas necesarios que permitan a todos sus habitantes contar con una identidad particular revertida de carácter oficial, así como proporcionar vías institucionales y normativas que operen y regulen el funcionamiento del servicio del Registro Civil. La certificación de la existencia de una persona y las variaciones a su mismo estado.

A través de la presente reforma podemos estar ciertos de que en este momento buscamos la igualdad sustancial entre los mexicanos, toda vez que estos al nacer y por obligación estatal adquirirán una plena identidad jurídica mediante la obtención gratuita de su acta de nacimiento.

En Nueva Alianza nos sentimos satisfechos con esta reforma. No podemos pasar o dejar pasar el señalamiento de la iniciativa presentada ante la Comisión Permanente el día 8 de mayo de 2013 por las diputadas Verónica Beatriz Juárez Piña, Carmen Lucía Pérez Camarena y en particular por mi compañera, por mi correligionaria, por mi maestra Lucila Garfias Gutiérrez. Esta reforma es fruto del trabajo que ellas también han dejado en el quehacer legislativo de esta Cámara. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz, don Ricardo Cantú Garza.

Pero esta Presidencia saluda con todo afecto la visita de los vecinos de distintas comunidades del municipio de Ecatepec de Morelos. Invitados por nuestra muy apreciable compañera, la diputada Brenda Alvarado Sánchez. También los de Tultitlan los saludamos con mucho gusto. Invitados por don Marco Antonio Calzada Arroyo. Sean ustedes bienvenidos.

El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputado presidente; compañeras y compañeros legisladores. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para fijar la posición acerca del dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales.

El dictamen por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el propósito de salvaguardar a los menores en derecho a la identidad y a ser registrados de manera gratuita e inmediata al momento de nacer.

De igual forma se establece la obligación de los gobiernos de los estados, municipios y del Distrito Federal de expedir de manera gratuita la primera copia del acta de nacimiento. El Estado mexicano ha adoptado el criterio de velar por el interés superior de los niños y niñas en acatamiento a los compromisos internacionales que México ha contraído.

En el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado mexicano asume como compromiso en todas las decisiones y actuaciones que se velará y cumplirá con el principio del interés superior del niño. En cumplimiento de dicho compromiso el Poder Legislativo aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En ese instrumento normativo se regula lo referente al derecho a la identidad de los menores, mismo que se reconoce al contar el menor con un nombre y los apellidos de los padres desde que nazcan y a ser inscrito en el Registro Civil.

Debemos tener presente que en el siglo XIX el 23 de julio de 1859, en el Puerto de Veracruz, el Presidente Benito Juárez expidió la Ley Orgánica del Registro Civil en la cual se establece la obligación a cargo de los jueces de la materia de levantar las actas del estado civil de las personas, entre ellas las actas de nacimiento.

El acta de nacimiento es importante como documental pública no sólo porque certifica el nacimiento de una persona, sino porque se constituye en el documento idóneo para comprobar el entroncamiento familiar con sus padres y a partir de ahí hacer exigibles el cumplimiento de las obligaciones que se tienen con los hijos.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo vota a favor de este dictamen con la convicción de que es beneficio de nuestros niños, y también así hay que reconocerlo porque particularmente en las zonas más marginadas del país los padres no cuentan con el recurso para pagar los derechos por la expedición de las copias certificadas del acta de nacimiento de sus hijos.

Esta medida es un acto de justicia social para nuestros niños. Establecemos en esta reforma que la primera copia del acta de nacimiento de los menores se entregará de manera gratuita, para la realización de los trámites que se requieran.

En esta reforma estamos ponderando el interés superior del niño aun a costa del correspondiente derecho que los padres tendrían que pagar por la obtención de tal documento y que al menos esta primera copia, los gobiernos estatales y el Distrito Federal, no podrán cobrarles.

Debemos destacar que en la actual décima época del Poder Judicial de la Federación, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia en materia de identidad personal, al igual que en la novena época en donde se ha reconocido que el acta de nacimiento es el documento idóneo para demostrar el entroncamiento familiar y el consecuente vínculo de parentesco para hacer que los ascendientes cumplan las distintas responsabilidades que como padres tienen. Por estas consideraciones votaremos a favor. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Esta Presidencia saluda con mucho afecto a jóvenes militantes –espero que de una causa de bien- del municipio de Córdoba, Veracruz, invitados nada menos que por nuestro muy apreciable amigo don Juan Bueno Torio. Sean ustedes bienvenidos. Tiene el uso de la voz don Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su venia, compañero presidente. Este dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales fue motivo de debate y deliberación en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, no por la materia que pretende regular, que nos parece que tiene un sentido social, un sentido garantista y de derechos humanos, sino por la discusión de si era pertinente una reforma adicional a nuestra ley fundamental frente al cúmulo  de reformas que se han venido haciendo a la ley fundamental.

Hubo quien consideró que esto debía regularse en una ley general y que no tenía que ser motivo de modificar nuevamente nuestra Carta Magna. Sin embargo prevaleció el criterio que frente a una realidad innegable de problemas de carácter civil con las actas de nacimiento que no sólo afectan la vida de las personas, su identidad, sino que alimentan la falta de certeza en muchos actos jurídicos, se tomó la consideración en la mayoría de votar a favor.

Pero no puedo dejar de manifestar los razonamientos válidos de muchas y muchos de mis compañeros.

El dictamen que hoy se somete a discusión permite tener un reconocimiento constitucional al derecho de cualquier persona a la identidad, en concordancia con el interés superior de la niñez.

El derecho a la identidad permite tener una patria y una filiación determinada que posibilite la protección no sólo familiar como nacional, sino que también potencializa identidad cultural, certeza jurídica y también facilita el reconocimiento de las personas.

Este derecho es considerado primario y reconocido como uno internacional que es esencial para el goce y disfrute de los demás derechos.

Sin identidad no existe el disfrute efectivo de las demás garantías constitucionales. El hecho de que se trate de constitucionalizar un derecho, lo vuelve programático y aplicable como principio rector de todas y cada una de las normas jurídicas nacionales, imponiendo obligaciones específicas a los órganos constituidos.

En materia del dictamen, éste regula de forma activa la estandarización de un formato único que facilite la existencia de una homologación que permita el goce igualitario del derecho sin que exista un criterio dispar por cada una de las entidades federativas del país.

Igualmente establece algo que nos parece muy relevante: el registro inmediato de los menores, de los niños, y con ello asegurar la identidad de los mismos sin dilaciones, sin burocratismos y sin trabas; sin que pueda existir ninguna limitante al desarrollo.

De igual manera el dictamen regula la obligación de las entidades federativas para exentar el pago de derechos por el registro y la emisión de la primera acta de nacimiento, lo que en un país como el nuestro, con una realidad económica agobiante para millones de mexicanos, es determinante para la operación efectiva de este derecho constitucional.

Además evaluamos, porque lo vivimos en muchas de nuestras realidades cotidianas, las tragedias familiares, las tragedias personales que viven muchos de nuestros compañeros ciudadanos por no contar con un acta del Registro Civil por estar extraviada, por haberse perdido en la burocracia de los registros civiles y por esta razón no solamente se ve menoscabada su identidad, sino que batallan en ocasiones para otros actos del registro civil como es el matrimonio o la adquisición de bienes o heredar propiedades.

Esto se convierte en un vía crucis muchas veces para las operaciones más sencillas y hay gente –lo vemos en la gestión cotidiana, en el trabajo político– que se acerca para que se le ayude a arreglar un acta de nacimiento porque en su tiempo no se hizo de manera adecuada.

Por eso consideramos que esto, que pudiera parecer algo menor, nos parece que resuelve muchos problemas para millones de habitantes del país. En Movimiento Ciudadano tenemos claro que el papel del legislador no sólo son las reformas grandilocuentes, sino que son aquellas pequeñas grandes reformas que transforman la realidad cotidiana de la población.

Esta reforma, por ejemplo, puede resultar más benéfica en los hechos para los ciudadanos que reformas que aquí se han aprobado, como la de telecomunicaciones, que al ciudadano común no le dice nada; sigue pagando altas tarifas de telefonía y sigue contando con un pésimo servicio de internet. Más allá de las disputas entre los grupos económicos oligopólicos, para el ciudadano común la reforma de telecomunicaciones en su vida cotidiana no le dice nada. En cambio, esta reforma creemos que va a permitir que haya certeza jurídica, haya identidad y se arreglen muchos problemas legales que se enfrentan a futuro.

Por esa razón el posicionamiento es a favor, sin dejar de mencionar que respetamos, como lo hemos hecho siempre en Movimiento Ciudadano, opiniones divergentes no por el contenido de la iniciativa, sino por el acomodo en el edificio jurídico nacional. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Doña Gabriela Medrano Galindo, tendremos el gusto de escucharla.

Saludos a los alumnos de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Morelos, invitados por la diputada Maricela Velázquez.

La diputada Gabriela Medrano Galindo: Con el permiso de la asamblea. El derecho a la identidad es una prerrogativa trascendental para los seres humanos. Gracias a éste marcamos en un contexto formal la existencia de nuestra vida y somos sujetos a derechos y obligaciones, pudiendo de este modo llevar a cabo actos jurídicos, participar en representaciones públicas o representar a nuestros descendientes o ascendientes en cualquier gestión.

El orden jurídico mexicano reconoce en diversas disposiciones la procuración de este derecho. En concreto, en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la identidad deriva de adoptar las medidas adecuadas para asegurar los derechos humanos de los menores y preservar su desarrollo. El derecho a la identidad forma parte del derecho a la personalidad. La identidad está compuesta por la posibilidad de contar con un hombre, una nacionalidad y una afiliación. En efecto, si bien, ésta se construye a través de múltiples factores psicológicos y sociales en términos de derechos.

La imagen propia de la persona está determinada en buena medida por el conocimiento de sus orígenes y su filiación, así como por la identificación que tiene la sociedad a través de un nombre y una nacionalidad.

De la determinación de dicha filiación se desprenden a su vez diversos derechos del menor como son los alimentarios y los sucesorios. El derecho a la identidad tiene una connotación superior, por ello está estrechamente vinculado con las funciones públicas, en concreto con la registral, llevada a cabo por las autoridades civiles.

Este dictamen tiene no sólo la disposición de asegurar de inmediato el registro de los recién nacidos, sino también la estipulación de determinar un formato único para quienes se inscriban ante el registro civil en cualquier entidad de nuestra Federación.

Asimismo, la expresión de gratuidad para la primera acta de nacimiento, por lo cual los diversos estados junto con el Distrito Federal en coordinación con la Secretaría de Gobernación deberán realizar en un lapso no mayor a seis meses un sistema de adecuación normativa para que en sus respectivas haciendas o códigos financieros se generen las exenciones de los cobros de derechos mencionados.

Por lo anterior estamos convencidos de la pertinencia de la modificación constitucional propuesta, esperando que sea votado este dictamen por unanimidad.

En el Partido Verde creemos firmemente que nuestros niños tienen derecho a ser identificados plenamente desde su nacimiento. Por estas razones votaremos a favor del presente dictamen generando certeza jurídica para todos ellos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias doña Gabriela. Esta Presidencia le da la bienvenida a estudiantes de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, UNAM, invitados por nuestro muy apreciado amigo don Julio César Moreno. Sean ustedes, bienvenidos.

Doña Verónica Beatriz Juárez Piña tiene usted el uso de la voz. La escuchamos que tendrá cosas importantes qué decir.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: inicio esta intervención en principio reconociendo el trabajo que se ha venido realizando desde la Comisión de Puntos Constitucionales.

Reconozco el trabajo de cada uno de sus integrantes. Sabemos que sus debates han sido intensos, pero sabemos también que desde ahí se preserva y se defiende el interés superior de las niñas y los niños de México.

Asimismo hago un reconocimiento en particular a mi compañero Julio César Moreno Rivera, quien preside esa comisión y quien ha estado impulsando también distintas iniciativas, pero sobre todo sabemos que desde el trabajo que está realizando junto con los compañeros de esta Comisión de Puntos Constitucionales han hecho un trabajo extraordinario a favor de los derechos de las niñas y los niños de México, como lo es con esta reforma que hoy estamos discutiendo.

Para todas y para todos es bien sabido que el derecho a la identidad en cualquier parte del mundo es un elemento fundamental para el reconocimiento jurídico y social de una persona, como sujeto de derechos y responsabilidades, y a su vez de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas.

El artículo 4o. constitucional señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. De esta forma en México los derechos de las niñas, niños y adolescentes se encuentran protegidos a través de la Constitución.

Desde el momento de su nacimiento las niñas y los niños necesitan contar con una identidad, ya que su registro de nacimiento facilita su inclusión en la vida económica, política y cultural del país, así como el pleno acceso a otros derechos esenciales, como es el derecho a la salud, a la educación, al cuidado, a la protección y aquellos derechos a ejercer en la edad adulta.

Por ello, el incumplimiento a la inscripción del nacimiento de un niño o una niña en el Registro Civil constituye una clara violación a sus derechos humanos. En ese sentido el registro de nacimiento es un derecho humano, así reconocido por diversos instrumentos internacionales, suscritos y ratificados por México, entre los que se encuentran: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, y en particular la Convención de los Derechos del Niño.

Gran parte de la Convención sobre los Derechos de las Niñas y Niños está formado por un número notable de normas que claramente exigen hacer valer principios, como: el interés superior del niño, el derecho a ser reconocidos como somos sujetos plenos de derechos, el derecho a la no discriminación, a la supervivencia, al desarrollo y a la identidad, entre otros.

Una de las mayores muestras de exclusión que sufren los niños y las niñas en todo el mundo es la de no ser registrados al nacer y en consecuencia carecer de identidad legal y acceso pleno al goce y ejercicio de sus derechos, pues cuando los niños y las niñas cuyos nacimientos no han sido registrados son estadísticamente invisibles en todas las esferas sociales, lo que les afectará en múltiples aspectos de su vida.

De ahí que elevar a rango constitucional el derecho a la identidad y a la gratuidad del acta de nacimiento implica que las niñas y los niños tendrán el reconocimiento inmediato por parte del Estado de su existencia y la formalización de su nacimiento conforme a la ley.

Por ello, con la reforma constitucional que hoy nos ocupa, las niñas y los niños, en particular los que pertenecen a la población más pobre y marginada, las niñas y los niños indígenas, migrantes, o hijos o hijas de migrantes, que viven en área rurales, así como remotas o fronterizas, ya podrán tener garantizado su derecho al goce del ejercicio de la identidad a través de un nombre, un origen familiar, un lugar, la fecha de nacimiento, que se hará constar en el acta de nacimiento correspondiente, la cual deberá de ser universal, gratuita y oportuna.

Cabe señalar que en nuestro país el porcentaje de registros de nacimiento de la población menor de un año en 20010, según datos proporcionados por la Red por los Derechos de la Infancia en su informe La Infancia Cuenta, México 2012, menciona un total de 2 millones, 100 mil 505 niñas y niños, lo cual indica que sólo el 79.4 de esta población cuenta con un registro oportuno. Esta cifra muestra que aún deben aplicarse acciones eficaces para lograr la cobertura total en nuestro país.

Reconocemos que en algunos casos los costos asociados al registro y emisión del acta de nacimiento constituyen una limitante importante, sobre todo para las poblaciones más pobres y marginadas. Así, el costo de un acta de nacimiento en el país  puede ir desde 45 pesos en el estado de Durango, hasta 92 pesos en el estado de Sonora. Para los casos en que el registro no se hace con oportunidad, una constancia de inexistencia de registro puede costar desde 59 pesos, como es el caso de Tabasco y de Tlaxcala, hasta 434 su precio en Baja California Sur.

En algunos estados o municipios se pide también una constancia de extemporaneidad, cuyo costo puede ascender hasta los 312 pesos, pues muchas familias que viven en pobreza para ellas el costo del acta de nacimiento, aunado a los gastos de movilización para llegar a las oficinas de Registro Civil a realizar el trámite correspondiente, lo que hace muchas veces su pone gastos adicionales como son el transporte, la alimentación, la pérdida de jornadas laborales, entre otras, se convierte en una barrera que obstaculiza seriamente la realización del mismo.

Para lograrlo será necesario modificar las condiciones de vida de los municipios más pobres y rezagados, diseñando la implementación de políticas y acciones específicas que permitan superar las limitaciones, revertir la situación y cerrar la brecha existente para podre alcanzar con éxito la universalidad del registro oportuno de nacimientos para el año 2015, como se ha establecido en el Programa Interamericano para el Registro Civil y Derechos de la Identidad, impulsado por la OEA, que por cierto México forma parte. México fue impulsor y promotor de este programa, y además presidió las mesas de trabajo de este grupo correspondiente.

Este principio, el de la identidad, deberá de guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación, como hemos dicho, de políticas públicas dirigidas a la niñez y de forma complementaria las madres y los padres, los tutores, los custodios, tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios registrando de forma inmediata el nacimiento de la niña o niño.

Reconocemos además en el presente dictamen, las modificaciones de amplitud y alcance que ha realizado la Comisión de Puntos Constitucionales para garantizar que toda persona sea registrada bajo los mismos parámetros, dando certeza a toda niña o niño y a toda persona indistintamente de la entidad federativa en la cual se lleva a cabo el registro correspondiente.

En ese sentido, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del presente dictamen, porque estamos convencidas y convencidos que la mejor manera de preservar el interés superior de la niñez, como lo señala nuestra Carta Magna, es legislar a favor de las niñas y los niños de México, a fin de que gocen del ejercicio de la identidad universal oportuna y gratuita, eliminando de esta forma todo obstáculo que limite el ejercicio pleno de este derecho.

No me quisiera ir de esta tribuna sin reconocer además todos los esfuerzos que se han hecho de otros espacios, como es desde las fundaciones, de las distintas organizaciones de la sociedad civil y también de los distintos legisladores que nos han acompañado en la lucha de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, como es mi compañera Lucila Garfias Gutiérrez, mi compañera Carmen Lucia Pérez Camarena, que nos han acompañado en esta iniciativa. Pero esto no es nuevo, lo sabemos, esta es una minuta que viene también desde el Senado.

También reconocer, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la doctora Victoria Adato Green, que junto con nosotras y la Comisión de los Derechos de la Niñez ha venido acompañándonos en esta gran lucha por hacer visibles toda la problemática que viven las niñas y los niños de México. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Tiene el uso de la voz don Carlos Fernando Angulo Parra.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a los invitados provenientes del Municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, invitados por la diputada Irazema González. También a los invitados del diputado Germán Pacheco Díaz, del Colegio Héroes Coyoacán. Y ahora sí, a los de la Universidad Autónoma de Morelos, invitados por Maricela.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Compañeras y compañeros, voy a ser muy breve, para no redundar en las amplias explicaciones que nuestras compañeras y compañeros diputados han dado sobre esta extraordinaria reforma constitucional. Y digo extraordinaria por una razón muy sencilla, porque –como otro de los compañeros lo mencionó– baja a la ciudadanía, baja al mundo cotidiano este beneficio.

Es una situación que verdaderamente sorprende que en México tengamos que estar haciendo estas cosas tan tardíamente, pero lo importante es que las estamos haciendo. Y me siento muy orgulloso de pertenecer a esta Legislatura, que ha sacado grandes y profundas reformas estructurales en el país.

Esta es una reforma sumamente sencilla y en su sencillez estriba en su maravillosa efectividad para beneficio de los mexicanos y esa efectividad tiene que ver con algo que es esencial al ser humano: la identidad.

Sabemos nosotros que nuestro pueblo es un pueblo al cual representamos en esta Cámara de Diputados, un pueblo sumamente movible, por las circunstancias económicas y las oportunidades también económicas que hay en nuestro país y en el área regional del Continente Americano en el que nos movemos. Por desgracia, el registro de los nacimientos ha sido una situación que se ha manejado en unos lugares, en algunos estados muy eficientemente, pero por desgracia en otras entidades federativas de nuestro país, que es muy amplio en su territorio y en su población, no se ha manejado como se debe de manejar esa situación de la identidad, en donde una situación muy sencilla, el registro del nacimiento de un bebé en el momento que acontece el parto.

Esa situación no se ha dado de una manera estándar a nivel nacional y ahora por mandato constitucional, los estados de la federación y el Distrito Federal tendrán que hacer sus adecuaciones por mandato del Constituyente Permanente, una vez que sea aprobado este proceso legislativo, para los efectos de expedir lo antes posible el acta de nacimiento.

En muchos lugares del mundo se hace a nivel hospitales y yo creo que esta metodología puede quedar en ese nivel, para los efectos de que gratuitamente tengan ese documento esencial de su identidad, que los va a regir para los efectos de reconocer su propio ser el resto de su vida activa en todos los sentidos, en el sentido familiar, en el sentido social, en el sentido económico, en sus relaciones con el Estado, en sus relaciones con las demás personas.

Este resguardo es, definitivamente –reitero–, un derecho humano, de poder tener ese derecho plenamente estructurado hacia el derecho a la identidad.

Ahora, la eficacia en el registro de nacimiento es otro de los bienes tutelados, de que haya una uniformidad, y para esos efectos me da mucho gusto que hayamos aprobado el adendum, o la adendum, para los efectos de expandir el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, en el sentido de incluir un artículo tercero transitorio que dice: el Congreso de la Unión, en un plazo no mayor de 6 meses, a partir de la entrada en vigor del presente decreto y previa opinión de las entidades federativas y la autoridad competente en materia de Registro Nacional de Población, deberá realizar las adecuaciones a la ley que determinen las características, diseño y contenido del formato único en materia de registro de población.

Esto es muy importante, compañeras y compañeros, porque con esta homologación que se llevará llevar a cabo con la participación de las entidades federativas el Registro Nacional de Población, vamos a tener este formato homologado y vamos a tener esta gran virtud de poder tener un sistema armonizado a nivel nacional, que a través de sistemas electrónicos podamos obtener el registro de las actas de nacimiento de una manera homologada, no nada más a partir de este momento en que se apruebe la reforma constitucional, sino da la posibilidad de hacer esta armonización, esta homologación a nivel nacional, para los efectos de poder tener todos los registros públicos del país en línea y que así baje ese derecho humano que tenemos los mexicanos a poder tener nuestras constancias de identidad de una manera pronta y expedita.

Así, compañeras y compañeros, los insto para que aprobemos esta reforma constitucional de gran magnitud respecto del beneficio que van a recibir los integrantes de nuestro pueblo de México, al cual representamos, y les solicito, atentamente, que lo hagamos lo antes posible, impulsando esta situación en nuestros estados, dándola a conocer para los efectos de que desde ahora se empiecen a realizar las adecuaciones necesarias para que cuando salga esta reforma constitucional se ponga en vigor lo antes posible. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, pues muchas gracias a usted. Le voy a dar el uso de la voz a don José Isidro Moreno Árcega, del PRI, pero antes saludo, con mucho cariño, al señor presidente municipal de Coahuitlán, estado de Veracruz, a don Miguel Antonio Castillo, invitado por Jaenny Arroyo Ruiz. Sea usted bienvenido.

El diputado José Isidro Moreno Árcega: Le agradezco, señor presidente y con la venia. Compañeras y compañeros legisladores, el derecho a la identidad es condición del derecho a ser, del derecho a existir.

Quisiera abordar este tema que hoy discutimos, a partir de una breve reflexión sobre la raíz de la palabra identidad. Recordemos que identidad proviene del latín, idénticas. Y éste de idem, que significa, lo mismo.

Por una parte, identidad se refiere al conjunto de rasgos que nos igualan y permiten pertenecer a un género, especie o grupo. En este sentido hablamos de los rasgos de la identidad como aquellos que nos permiten la identificación y pertenencia. Aquellos que son comunes y nos igualan con otros.

De esta manera,  hablamos de nuestra pertenencia e identidad al género humano o al grupo nacional que formamos los mexicanos.

Por ejemplo, en este caso hablamos de los atributos que dan forma idéntica, compartimos con otros individuos.

Por otra parte, entendemos también que la identidad como el conjunto de características que confirman la unidad de la persona, aquellas que nos hacen individuos correctos y singulares. Aquellas que nos hacen una persona diferente de otra, poseer un nombre, una herencia genética, una familia, una pertenencia nacional. Hablamos entonces de los atributos que nos distinguen, entre otros individuos, de manera única y personalísima.

En esta acepción de la identidad, asociada a la singular individualidad, se desarrolla el reconocimiento jurídico del derecho a la identidad, el reconocimiento del derecho a ser uno mismo. De esta manera, el derecho a la identidad se vincula asimismo, con los derechos a la vida y a la libertad. El reconocimiento de que cada persona está en posibilidad y en el derecho de proyectar su vida conforme a su particular circunstancia, examinando sus propias posibilidades de hacer y de vivir.

Como vemos, este dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales es el reconocimiento jurídico al derecho a la identidad y a otros que de ésta se derivan. Tienen antecedentes en diversos instrumentos a nivel internacional, como son la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos de los Niños.

En la legislación nacional, la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes presenta una definición amplia de los componentes del derecho a la identidad, consistentes en el poder tener un nombre y un apellido y ser inscritos en el Registro Civil, tener  una nacionalidad, conocer su afiliación y su origen y pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes costumbres, religión, idioma o lengua.

Asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto a través de diversos criterios donde se subraya la importancia que tienen, tanto desde el punto de vista psicológico como jurídico, los factores que permiten a la persona construir su imagen propia, tanto en términos de adecuar el desarrollo de su personalidad, como por las consecuencias legales que éstos ha de generar y que en buena parte determina la posibilidad para el ejercicio de otros derechos.

En el plano jurídico, la expresión concreta del reconocimiento y ejercicio del derecho a la identidad se encuentra en la posibilidad de contar con un documento público que dé testimonio del registro civil de la persona; esto es, la expedición del acta del nacimiento. Con este acto se realiza por parte del Estado la declaración formal del nacimiento y la existencia, con lo cual la persona obtiene la capacidad jurídica y el reconocimiento por parte de su sociedad.

Al adquirir un nombre y una nacionalidad cada niña y cada niño se incorpora como sujeto de derecho en el marco jurídico del Estado mexicano, lo cual a su vez allana la posibilidad para su acceso al conjunto de derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país.

Por ello, invitamos a todos los que son parte de esta Cámara a que en este convenio que es preciso realizar modificaciones al texto constitucional, al 4o. específicamente, para perfeccionar el acceso a esta prerrogativa; especificando que los niños y las niñas tienen el derecho a la identidad siendo registrados en forma inmediata al momento de nacer y en sus artículos transitorios de esta disposición expresar que los órganos legislativos locales establezcan las normas para extender la gratituidad de la primera acta de nacimiento.

Asimismo suscribimos el objetivo de que se establezca e implemente de forma obligatoria un formato único de registro de población para la emisión de actas de nacimiento y defunción mediante mecanismos electrónicos y para implementar un dispositivo de comunicación único en el país.

En concreto, compañeros legisladores, hoy creo que es una noble iniciativa que se manifiesta en la unidad en torno a este Congreso y que hoy han subido a dar muestra todas las fracciones parlamentarias que conformamos esta Legislatura, de que su nobleza nos permita ir unidos y estoy seguro que hemos de votar la mayoría en favor de que haya un formato único el país de acta de nacimiento y que la primera acta que reciba el niño y la niña sean gratuitas.

Es por eso que invito a todos nuestros amigos, diputados y diputadas a sumarnos y a votar en favor. La fracción parlamentaria del PRI ha de sumarse en esa responsabilidad de seguir construyendo leyes que permitan el desarrollo y la grandeza del Estado mexicano, que dé la fortaleza a través de leyes que aseguren la viabilidad de esta sociedad.

Por ello, nosotros, los de la fracción parlamentaria del PRI nos sumamos y pedimos el voto a favor de esta iniciativa. Desde aquí también felicitamos a los compañeros miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales, a su presidente, sus secretarios y cada uno de los integrantes que han votado a favor; y a los que hoy subieron a redefinir su voto y a sumarse.

Creo que es una noble causa que lo único que lleva es a la unidad de tener –insisto- formato único de acta de nacimiento y la primera expedición de acta gratuita. Esto sería en beneficio y demostrándole a la sociedad mexicana que en el Congreso de la Unión sabemos ponernos de acuerdo, y que hoy hay una mayoría absoluta en beneficio de estas leyes. Por mi parte sería cuanto, señor presidente, antes que me diga que fue mucho.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pero igual se lo digo con mucho gusto, don José Isidro.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia, en estricto acatamiento del numeral 5 del 230 del Reglamento, le dará el uso de la voz en pro a tres compañeros legisladores, iniciando con Israel Moreno Rivera, del PRD; luego a Marcos Rosendo Medina Filigrana y finalmente a don Héctor Gutiérrez de la Garza y se cierra la lista de oradores. Después de los dos oradores, cierra usted, don Héctor, en estricto orden de inscripción.

El diputado Israel Moreno Rivera: Te agradezco, presidente. Con tu venia, presidente. Compañeros, compañeras diputadas, como integrante del Grupo Parlamentario del PRD subo a hablar a favor de este proyecto de decreto del artículo 4o. de la Constitución.

Hoy se somete a consideración de este pleno y, en su caso, la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho a la identidad y gratuidad del acta de nacimiento.

Este dictamen corresponde a un derecho fundamental que es aquél que nos identifica y a su vez nos diferencia, lo que nos hace únicos y además nos acredita ante la sociedad. Es por ello que se debe de incluir en el texto constitucional la garantía de entidad como un derecho intransferible y personalísimo.

Esta reforma comprende en una primera instancia el derecho a todo individuo a obtener el reconocimiento por parte del Estado a una identidad. Podemos considerarlo nuestro segundo derecho después del derecho a la vida.

Es común para todos nosotros contar con un acta de nacimiento ya que nos es requerida en diversas instituciones públicas y privadas, en virtud de ser necesario para poder acceder primeramente a los servicios de salud y de seguridad social y, posteriormente, para ingresar al sistema educativo siendo éste el primer documento oficial que nos identifica y deriva de otro, como por ejemplo la Clave Única de Registro de Población, el famoso CURP y la credencial para votar del IFE.

Qué más podemos decir de este documento que es requerido por un sinfín de dependencias para realizar diversos trámites de nuestra vida cotidiana.

Todos los aquí presentes no concebimos la idea de no contar con esta acta de nacimiento. Sin embargo muchos de nuestros compatriotas no cuentan con este instrumento, derivado de diversos factores socioculturales y me da pena y vergüenza decirlo, incluso económicos.

Es por eso y muchas razones más que compañeras diputadas y diputados, votemos esta reforma a conciencia otorgándoles a todos los mexicanos sin distinción alguna el derecho de una identidad; que no exista ningún factor que les impida poder acceder a este derecho.

Por eso la importancia de la reforma además de priorizar el derecho de identidad, el derecho a la expedición de la primera copia certificada sea de forma gratuita. Y hacer llegar a todos los rincones de nuestro país este derecho, que todos tienen que tener una identidad jurídica.

La inscripción del nacimiento ante el Registro Civil reconoce a la persona ante la ley, le dota de una identidad y establece vínculos familiares, culturales y nacionales.

Qué les puedo decir, compañeras y compañeros diputados, es increíble pero muy cierto, aquí en la ciudad de México aún hay muchísima gente que no cuenta con esta identidad jurídica.

En recorridos con la ciudadanía en eventos, en mis módulos de atención ciudadana, he recibido demandas y más de 300 personas que he apoyado para que cuenten con su acta de nacimiento.

Seguro que a ustedes, compañeros, les ha pasado en sus estados, en sus entidades y por supuesto en sus módulos, donde la gente por diversos problemas de carácter administrativo e incluso judicial, derivado de la falta de este vital  documento y en lo personal me llena de satisfacción haber podido ayudar a una vecina, la señora Margarita Oropeza Zamora, que a sus 104 años de edad no contaba con esta acta de nacimiento.

Sin embargo esto ya será necesario y se debe otorgar al inicio de nuestra vida. Este derecho garantizará a la Constitución para que entonces todos los ciudadanos de todo el país puedan contar con esta entidad jurídica. Es cuanto, presidente diputado y agradezco a todos los compañeros.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Bueno, pues bien por su amiga de 104 años. Don Marcos Rosendo Medina Filigrana tiene el uso de la voz.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, debo de iniciar diciendo que estas sesiones son de las pocas sesiones en las que debemos de verdaderamente congratularnos de tener la oportunidad de votar las leyes que rigen la vida de los mexicanos.

Los dos dictámenes que hasta este momento han estado a discusión, son realmente dictámenes con un carácter enteramente positivo, dictámenes de elemental justicia y también de elemental lógica jurídica.

El dictamen anterior que impide, que prohíbe que de ahora en adelante a las mujeres se les pida un certificado de no gravidez como requisito laboral es algo que no solamente reivindica la lucha de la equidad de género, sino que es de elemental lógica jurídica. Tenemos que valorar la maternidad como un gesto noble, esencialmente ligado a la sobrevivencia humana, y ponerlo como un impedimento laboral no solamente era algo arcaico sino contra natura.

Ahora discutimos el dictamen para elevar a rango constitucional el derecho a la identidad en forma inmediata para las niñas y los niños mexicanos a partir de su nacimiento. Me parece de una elemental lógica jurídica porque, si ustedes revisan el artículo 29 de nuestra Constitución, entre los derechos que nunca pueden ser suspendidos para quienes radicamos en territorio nacional se encuentra el derecho a la personalidad jurídica y el derecho al nombre.

Si el 29 constitucional considera que nunca puede ser prohibido el derecho al nombre, entonces no podemos permitir que en la práctica el derecho al nombre, el derecho a la identidad de las niñas y los niños mexicanos no se ejerza porque no existe la posibilidad de acceder de manera inmediata al Registro Civil.

Por eso hay que destacar de esta reforma constitucional el principio de inmediatez que lleva inmerso, así como también el principio de gratuidad. El hecho de que se exija de manera inmediata el asentamiento de las niñas y los niños, pero adicionalmente de que este asentamiento sea en forma gratuita, es algo que va a beneficiar a un amplio sector de nuestra población.

Muchos de ustedes, compañeros y compañeras diputados, seguramente habrán encontrado en su distrito como parte de la gestoría niños de 10, 11 años que carecen de un acta de nacimiento y que sus padres carecen de recursos para poder hacer un juicio de asentamiento extemporáneo y que, como se ha dicho en esta tribuna, además el acta de nacimiento es un requisito fundamental para poder ser inscritos en las instituciones de educación básica de nuestro país.

Por eso el hecho de que ahora haya el principio de gratuidad como un mandato constitucional en la primera acta de nacimiento es algo que realmente, insisto, va a beneficiar a un amplio sector de nuestra población.

Considero que ahora la premisa debe ser que nadie se quede sin identidad en este país, y me congratulo de que esta reforma constitucional que vamos seguramente a aprobar por unanimidad dentro de unos minutos no solamente dé cumplimiento a tratados internacionales que hemos suscrito en la materia, sino que también tenga la sensibilidad de poner atención en algo fundamental para las futuras generaciones de mexicanos y para un amplio sector de nuestra población. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don Marcos. Don Héctor Gutiérrez de la Garza, tiene usted el uso de la voz e inmediatamente después vamos a votar, vamos a abrir el sistema electrónico de votación.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Con su venia, diputado presidente. El día de hoy estoy convencido que vamos a dar un gran paso, y el legislar para que las políticas públicas sean eficaces, esta reforma constitucional que el día de hoy como bien lo han señalado los compañeros que me antecedieron en uso de la palabra, estamos convencidos que será aprobada por unanimidad por esta Cámara de Diputados, proviene de una minuta del Senado de la República, una minuta cuya visión original fue que las actas de nacimiento que se entregaran a los ciudadanos fueran gratuitas.

Me congratula participar en los trabajos de la Comisión de Puntos Constitucionales, y en especial el trabajo y el liderazgo impuesto en esa comisión por nuestro compañero diputado Julio César Moreno.

Deseo advertir que este ahora dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales se enriquece en gran medida. Primero, porque garantiza el derecho a la identidad de todos los mexicanos, independientemente de la edad que tengan.

Pero a su vez, y es lo que el día de hoy invito a mis compañeros diputados, nos estamos fijando un plazo en el transitorio constitucional para que en máximo seis meses se modifique la Ley del Registro Nacional de Población para que se instrumenten las características que deberán de tener los formatos únicos de todas las actas de registro civil, no sólo nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio y a su vez instrumentar en este nuevo ejercicio digital que exista mediante métodos electrónicos y digitales, la facilidad para que el ciudadano tenga acceso al desarrollo real de la política pública.

¿De qué nos sirve tener un programa para el adulto mayor de apoyo de 65 años y más, si el requisito primario que solicitan es un acta de nacimiento? Y quisiera recordar que en  1950, en muchas de las comunidades de este país sólo existía la fe bautismal, y no es posible que por una tramitología y burocracia, no se llegue a concretar el beneficio real que buscamos todos, desde el gobierno de la República desde el Congreso de la  Unión, pero así como ése hay una infinidad de ejemplos. No tolero ver que un niño salga de un hospital público y no sea registrado.

Y luego andamos espantándonos porque hay robo de infantes, y luego andamos espantándonos porque los números no nos dan. Vamos a trabajar en la era digital para garantizar un derecho de identidad, pero para que a su vez asumamos un compromiso como gobierno de la república.

No podemos seguir tolerando que la información que s pública, que tiene la autoridad, se siga solicitando más adelante. No es posible que las autoridades solicitemos lo que es de origen, tenemos que tener una base de datos para que se cumpla con facilidad todos los beneficios sociales.

Lo que el día de hoy parece una reforma menor es una reforma que concreta un parteaguas. No olvidemos que desde 1998 tenemos un transitorio constitucional por el cual la única forma de identificación real sigue siendo la Credencial de Elector del Instituto Federal Electoral, porque no hemos avanzado en una cédula de identidad, porque no hemos avanzado en un registro que nos ayude a que los programas sociales se lleven a cabo.

El día de hoy no quiero que estemos sembrando una semilla, quiero que estemos haciendo un compromiso para que en un plazo menor a seis meses de este Congreso de la Unión se emitan las reglas para que exista la digitalización de los formatos del Registro Civil y con respecto a las entidades federativas y a las áreas competentes de la Secretaría de Gobernación generemos un consenso que nos lleve a efectivamente concretar las políticas públicas en los ciudadanos de este país.

Enhorabuena a la Comisión de Puntos Constitucionales por este extraordinario ejercicio de consenso, que el día de hoy nos demuestra que esta Cámara de Diputados trabaja para los ciudadanos de este país. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, a efecto de recabar votación nominal en lo general y en lo particular de este dictamen con el adéndum presentado, aprobado y aceptado por la asamblea.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del dictamen, así como de su adendum correspondiente.

(Votación)

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia se congratula de saludar a los estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios Número 2 Hermenegildo Galeana de la delegación Álvaro Obregón, invitados por nuestro apreciable amigo y compañero don Fernando Zárate Salgado. Sean ustedes bienvenidos.

Damos la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos del Instituto de Educación Avanzada que están aquí hoy con nosotros, invitados por el diputado Israel Navarro. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión.

También saludo a los estudiantes de la Telesecundaria Fernando de Alba Ixtlixóchitl, invitados por el diputado Brasil Alberto Acosta Peña, y también a un grupo de mujeres del municipio de Texcoco, que también están invitadas por el mismo diputado Brasil Alberto Acosta Peña. Bienvenidas y bienvenidos.

Asimismo, a algunos vecinos del municipio de Atizapán de Zaragoza, estado de México, que invitó la diputada Adriana González Carrillo. Les damos a todos la más cordial de las bienvenidas. Gracias por acompañarnos.

También saludo al presidente municipal de Jiménez, Coahuila, quien nos acompaña hoy aquí invitado por la diputada Irma Elizondo. Bienvenido, alcalde.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado José Sergio Manzur  Quiroga (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se han emitido 408  votos a favor, 3 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 408 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 4o de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho a la identidad.  Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del 72 constitucional.

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. Para fundamentar el dictamen por la Comisión tiene el uso de la voz el diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz.

El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, vengo en este acto a nombre de la Comisión de Cambio Climático en mi carácter de presidente de la misma,  a fundamentar el sentido del dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, lo cual se realiza bajo los siguientes términos.

Primero. Con fecha 18 de octubre de 2013 se presentó la iniciativa de reforma de las fracciones XXIII y XXXIV del artículo 3o de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. Con fecha 29 de octubre de 2013, se presentó la iniciativa que adiciona un segundo párrafo del artículo 107 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz –su servidor– y el diputado Sergio Augusto Chan Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Tercero. Asimismo, con fecha 26 de noviembre de 2013, se presentó la iniciativa por la que se reforma la fracción XI del artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Rodrigo Chávez Contreras, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Primero. La Iniciativa planteada por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez tiene como objeto ampliar la definición de mitigación e incluir dentro del mismo los problemas ambientales devengados por el hombre. Es decir, el impacto a la intervención antropogénico en el medio ambiente.

Reitera que es propicio también ampliar la concepción del término vulnerabilidad, con el fin de hacerla equitativa al glosario de la Ley General de Cambio Climático.

Segundo. La iniciativa dictaminada, presentada conjuntamente por los suscritos diputados Ramón Antonio Sampayo Ortiz —un servidor— y Sergio Chan Lugo, tiene por objeto que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático rinda un informe público anual, detallado de las acciones que se llevaron a cabo con recursos del Fondo para el Cambio Climático, así como los recursos asignados a las diferentes secretarías en el rubro de cambio climático contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Tercero. La iniciativa presentada por el diputado Rodrigo Chávez Contreras tiene como fin establecer que las políticas públicas en materia de cambio climático tengan un sentido de transversalidad y direccionabilidad, con el objeto de que desde su diseño se tome en cuenta e incluya este objetivo y no sólo en el momento de la aplicación de las políticas, que es en donde se ocasiona, se llega a complicar la implementación.

En efecto, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos acertada la iniciativa de reformas planteadas por la diputada Yesenia Nolasco, toda vez que al modificar las fracciones XXIII y XXXIV del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático, estaremos –por un lado– estableciendo que las acciones e intervención de mitigación de los gases efecto-invernadero derivan, entre otros, por la intervención humana. Es decir, tienen un carácter antropogénico.

El término antropogénico se refiere a los efectos, procesos o materiales, que son el resultado de las actividades humanas, a diferencia de las que tienen causas naturales, sin influencia humana. Este concepto se usa para escribir contaminaciones ambientales en forma de desechos químicos o biológicos, como consecuencia de las actividades económicas, tales como la producción de bióxido de carbono por el consumo de combustibles fósiles.

Las fuentes antropogénicas incluyen la industria de la agricultura, minería, transporte, construcción, urbanización y deforestación. También se estima prudente y viable la presente reforma, toda vez que dicha modificación armoniza en forma adecuada en los términos y definiciones utilizadas en los convenios, acuerdos y protocolos internacionales en materia de cambio climático, que han sido suscritos por nuestro país.

En relación a la propuesta de reforma a que pretende ampliar la definición de vulnerabilidad, estaremos abarcando de una manera más incluyente el nivel en que son susceptibles o incapaces cualquier sistema humano productivo o natural ante los efectos adversos del fenómeno de cambio climático.

Segundo. Por lo que se refiere a la iniciativa presentada por los suscritos diputados Ramón Antonio Sampayo y Sergio Chan Lugo, consideramos pertinente dicha reforma, ya que las actividades que desempeñan las dependencias con los recursos asignados mediante los instrumentos previstos en la ley, más específicamente los recursos establecidos en el Anexo 15 Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, y el Fondo para el Cambio Climático, deben cumplir de manera puntual y sin excepción con un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas, lo cual se logrará a través de un informe anual, en el cual se detallarán las acciones, proyectos y gastos por parte de las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.

También estaremos garantizando, no sólo la transparencia en la ejecución, destino y eficiencia del ejercicio del gasto, sino que dicho informe permitirá coadyuvar en las acciones realizadas por las dependencias del Ejecutivo, para alcanzar las metas legales en materia de reducción de gas de efecto invernadero. Además, se dará publicidad al uso y destino de los recursos, el cual permitirá que dicha información se encuentre al alcance de la opinión pública.

Tercero. Por último. Respecto a la propuesta del diputado Rodrigo Chávez, coincidimos que se requiere de políticas públicas encaminadas a atender el tema de cambio climático y que estas políticas consideren desde su diseño de la transversalidad. Es decir, que la construcción de las políticas se tomen en cuenta desde sus inicios, las acciones articuladas de los diversos factores sociales y políticos que contribuyan a llevar a buen puerto su implementación.

Por lo anterior, evitaremos que las acciones sigan siendo unas independientes de las otras, buscando, en todo momento, coordinar acciones desde la construcción de las políticas, que las acciones tengan impactos diferenciados.

También, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos oportuno la reforma a la propuesta que debe ubicarse en la fracción VI del artículo 26, y no en la XI primera, como originalmente se propone, toda vez que la fracción VI aborda ya el tema de transversalidad de las dependencias y sectores sociales, motivo por el cual se estiman pertinentes las modificaciones en aras de una mejor técnica legislativa.

En conclusión. Estimamos que las reformas y adiciones propuestas y aprobadas por los integrantes de la comisión, no sólo se brindará mayor claridad y precisión de diversas definiciones contenidas en la Ley General de Cambio Climático, sino que también contribuiremos a una mejor y más eficiente transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados a las dependencias que realizan acciones y proyectos en materia de cambio climático, y también se obligará a diseñar políticas públicas con un sentido de transversalidad, que permitan eficientar su implementación y ejecución.

En función de lo expuesto, les solicito, atentamente, se sirvan apoyar el presente dictamen a través de su voto a favor. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, tiene la palabra la diputada Cristina Olvera Barrios.

Y aprovecho la oportunidad para saludar a un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, preparatoria, sexto semestre, que están aquí invitados por el diputado Marcos Aguilar. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión. Adelante, diputada.

La diputada Cristina Olvera Barrios: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la promulgación de la Ley General de Cambio Climático, en el año 2012, ha sido un parte aguas en México.

Ese instrumento jurídico ha permitido que contemos con una base sólida para promover la rendición de emisiones de gases que provocan el efecto invernadero y sufrir así una readaptación para impactos derivados del cambio climático.

Es importante subrayar que la Ley General de Cambio Climático busca fortalecer políticas, estructuras administrativas y  de participación social, a través de los cuales se reduzca la vulnerabilidad de los sistemas humanos y naturales del país, ante el reto que impone el cambio climático.

Lograr este propósito requiere mantener actualizada la propia norma y adecuarla a los nuevos desafíos del cambio climático.

Por ello, con la aprobación del dictamen que propone diversas modificaciones, enriqueceremos el orden legal con el propósito de precisar, de manera más amplia, el concepto de mitigación e incluir los problemas ambientales ocasionados por el hombre. Es decir, el impacto de la intervención en el medio ambiente.

Asimismo, podremos implementar acciones de mitigación para producir beneficios sociales, económicos y ambientales a través de la sinergia de políticas basadas en la sustitución de energías fósiles por fuentes alternas de energía.

Consideramos un acierto la ampliación del término vulnerabilidad para hacerlo más afín con el glosario de la ley en comento, y con ello contar con una definición más completa que logrará que las acciones emprendidas se encuentren en concordancia con lo establecido en la Estrategia Nacional del Cambio Climático.

Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la transparencia y rendición de cuentas son principios fundamentales del quehacer político. Por ello, estamos de acuerdo en reforzar la rendición de cuentas por parte de las autoridades que empleen recursos públicos dirigidos a acciones específicas para el combate al cambio climático.

La finalidad es que se  pueden redirigir recursos y brindar apoyos a futuros proyectos, o bien, lograr asignaciones mayores para cumplir con las metas que se ha trazado tanto a nivel nacional como internacional.

No es en vano mencionar que al aprobar este dictamen, las actividades permitan legitimar las diversas acciones que puedan ser emprendidas por el Ejecutivo federal sobre el uso y destino de sus recursos, información que estará al alcance de la sociedad y de cualquier persona interesada en el tema, reforzando con ello los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para con los ciudadanos.

Además, establece que en las políticas públicas en materia de cambio climático prevalezca la transversalidad y direccionalidad para que desde el diseño se pueda priorizar esta situación para evitar complicaciones en su implementación.

Debemos priorizar el diseño de programas eficaces que respondan a las nuevas necesidades de la sociedad.

Compañeras y compañeros diputados, la aprobación de este dictamen sienta las bases de acción y responsabilidad en las políticas dirigidas a mitigar los efectos del cambio climático, pero sobre todo estamos contribuyendo a la operatividad, eficiencia y eficacia de la norma, lo que sin duda nos encamina como país a un desarrollo pleno.

En Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen, porque estamos seguros que las modificaciones propuestas contribuirán a enriquecer las disposiciones legales para enfrentar las inclemencias del cambio climático.

Como sostenía el maestro Octavio Paz: Cualesquiera que sean las formas de organización política y social que adopten las naciones, la cuestión más inmediata y apremiante es la supervivencia del medio natural. Defender a la naturaleza es defender al hombre. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada Olvera Barrios. A continuación para fijar postura por el Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos, la diputada Loretta Ortíz Ahlf.

La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con la venia de la Presidencia; compañeras, compañeros diputados. Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos conveniente la aprobación del presente dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, toda vez que en éste se señalan diversos mecanismos para el control de los efectos producidos al medio ambiente como lo son los gases de efecto invernadero, utilizando un mecanismo que homologa términos y definiciones utilizados en los convenios, acuerdos y protocolos internacionales de los cuales México es parte.

Cabe recordar, que los instrumentos internacionales en materia ambiental se ubican jerárquicamente en nuestro sistema jurídico por debajo de la Constitución, según jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, razón por la cual es de suma importancia adaptar nuestra legislación a lo establecido en los instrumentos internacionales.

Por otro lado, los tratados comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, establece que los tratados internacionales en materia ambiental se encuentran ubicados en una situación jerárquica superior a los mismos acuerdos comerciales.

Es preciso señalar que para muchos hablar de cambio climático solo representa un concepto derivado de actividades que producen contaminantes ambientales en forma de desechos químicos o biológicos a consecuencia de actividades económicas representadas a través de la generación de bióxido de carbono; sin embargo, el tema es mucho, muchísimo más complejo.

La presente propuesta de modificación incluye dos líneas generales: en la primera de ellas, la reforma al artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático nos propone insertar un término antropogénico donde se logra incluir a la industria, la agricultura, la minería, el transporte, la construcción, la urbanización y la deforestación.

En otras palabras, el dictamen refiere no solo a contemplar términos de semántica, sino más bien aclarar que una actividad producida por el hombre es también la responsable de los efectos del cambio climático. Dicho dictamen tiende a ser incluyente y rescata una visión más amplia contemplando una adaptación en los sistemas humanos y naturales para controlar el daño al medio ambiente.

También celebramos que en la discusión de este dictamen se haya hecho un planteamiento en relación a la transparencia de los recursos económicos. En este sentido se persigue que el ejercicio de los recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático se basen en el cumplimiento exacto del principio de rendición de cuentas.

En términos llanos, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático tendrá la obligación de rendir a más tardar en el mes de agosto de cada año un informe público anual detallado de las acciones que se llevaron a cabo con recursos del fondo para el cambio climático, así como de recursos asignados a diferentes secretaría en el rubro del cambio climático contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, debiendo integrar sus respectivos indicadores de resultados y de impacto por programa financiado.

Desde nuestra perspectiva, lo anterior perfila a ser una iniciativa más amplia e incluyente bajo el objetivo de preservar en realidad nuestro medio ambiente en beneficio de las presentes y futuras generaciones.

Por las consideraciones antes expuestas, el Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada Loretta Ortiz. A continuación tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos para fijar postura, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Partido Movimiento Ciudadano.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados. El dictamen que hoy se discute busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático dándole relevancia, eficacia y perfeccionamiento a los ordenamientos legales que protegerán a las nuevas generaciones del deterioro ambiental y el cambio climático antropogénico, que son los peligrosos escenarios de alteración climática a los que se enfrenta la humanidad a partir del resultado de nuestras propias acciones.

Cuando un tema resulta prioritario para un gobierno no sólo son necesarios los recursos económicos y los marcos jurídicos, también debe ser prioridad la voluntad política que garantice la protección e implementación de las estrategias viables para su consideración.

Este impulso aplicable en políticas públicas se conceptualiza como transversalidad y es un criterio recomendado por los organismos de Naciones Unidas, que desde el año 2011 incorporaron el desarrollo de una guía metodológica de planificación institucional. La propuesta a las naciones es de ubicar un mecanismo de más alto nivel para la sostenibilidad de los enfoques transversales.

México ha sido impulsor de la transversalidad en las políticas públicas y actualmente podemos observar los primeros resultados de este criterio. Se buscó posicionar bajo este principio la importancia de la garantía de los derechos humanos, la perspectiva de género, la generación de igualdad y el respeto a los pueblos indígenas.

Lo que hoy proponemos en la presente iniciativa es incorporar a este proceso la relevancia del cambio climático. Especialistas, ambientalistas, políticos y la sociedad civil, debemos coincidir en la importancia de sumar, de coordinar esfuerzos, generar programas gubernamentales, promover acciones de conservación a la biodiversidad y evitar acciones destructivas y contaminantes para México.

El Protocolo de Kioto sentó un precedente como medio para solucionar problemas ambientales a largo plazo y constituye los primeros pasos hacia la implementación de una estrategia de respuestas para combatir el cambio climático.

Este esfuerzo internacional nos compromete como legisladores a que la transversalidad se plantee como un objetivo estratégico del Estado, plasmado en nuestra propia ley. Con ello atenderemos una recomendación internacional y damos carácter de obligatoriedad a las instituciones y servidores públicos para dar relevancia al cambio climático, priorizándolo en sus programas y acciones gubernamentales.

El artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático establece en su fracción VI el principio de transversalidad. Sin embargo lo limita a la coordinación y cooperación entre órdenes de gobierno, por lo que con esta reforma nos proponemos ampliar el alcance de este principio para involucrar las acciones del gobierno con los diversos sectores sociales y privados a través de una acción vinculante, coordinada y con carácter permanente, misma que no estará expuesta a las situaciones de inestabilidad ante las transiciones gubernamentales.

Transversalidad en materia de cambio climático representa el contribuir para evitar sus efectos, adoptar el concepto, es decir, no al aumento de temperatura, no al deshielo de glaciares, no al incremento del nivel del mar, a las sequías, a las lluvias atípicas causantes de inundaciones; contribuir a evitar oleadas de calor y huracanes, pero también significa detener el cambio climático antropogénico, regular y detener acciones propias del hombre como la deforestación, la quema de bosques, la minería, la utilización del transporte, la emisión de gases a la atmósfera, etcétera.

Por eso es de suma importancia implementar acciones de mitigación a través de la implementación de políticas públicas más adecuadas, basadas en la sustitución de energías fósiles por fuentes de energías alternas y limpias.

En este sentido, con la presente iniciativa también se plantea garantizar la transparencia en el ejercicio del gasto público. Cualquier ciudadano podrá acceder a informes para así conocer resultados de impacto por programas, gasto eficiencia, índices de consumo de energía y gases de efecto invernadero, entre otros.

En congruencia con nuestra responsabilidad ambiental para las nuevas generaciones, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votaremos a favor de la iniciativa presentada en el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Cambio Climático. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada Vargas Pérez. A continuación, para exponer postura en representación del Partido Verde Ecologista, tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores, en el Partido Verde Ecologista de México hemos demostrado un gran compromiso con los temas relacionados con el cuidado del medio ambiente y dentro de ellos el cuidado de nuestro planeta, tal como es el tema que hoy se discute: el cambio climático.

Por ello asumimos una responsabilidad para impulsar y proponer aquellas reformas que sean necesarias a fin de poder evitar el cambio climático. Este fenómeno está provocando graves modificaciones en los ecosistemas. Es quizá la manifestación más evidente, aunque no la única, del cambio global.

Sin embargo, aunque se presente como un fenómeno que ocurre en la naturaleza, también es necesario hacer ver que el factor humano no debe ser ignorado, el factor antropogénico, toda actividad del hombre que ha generado los cambios en el clima a nivel mundo, lo cual representa un reto de primer orden.

En la actualidad, los cambios de temperatura en la tierra han sido evidentes y nada más hay que ver unos datos: entre 1981 y el año 2010 el promedio de aumento de la temperatura global fue de dos grados por encima de lo que se dio entre 1951 y 1980.

México, en el 2011 contribuyó con la producción del 1.4 por ciento de las emisiones globales del bióxido de carbón, con lo cual la Agencia Internacional de Energía colocó a nuestro país como el doceavo en producción de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.

Hoy nuestro país impulsa el crecimiento verde incluyente a través de la estrategia nacional de cambio climático que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio del año 2013 y la cual se basa en obtener una mayor productividad y no en la explotación irresponsable de los recursos naturales, de tal manera que para que el crecimiento sea sustentable a largo plazo las acciones deberán ser simultáneas para que se pueda mitigar el cambio climático.

El cambio climático es una realidad. Trae aparejadas consecuencias de imposible reparación. Y ya lo hemos visto reflejado en desastres naturales, en huracanes, también en el riesgo inminente de padecer hambre en diversas regiones del planeta, en que regresen enfermedades graves que ya habían sido erradicadas o controladas y que además pongan en peligro la vida humana, así como con la extinción de especies, la destrucción de manglares, de ecosistemas de humedales, de arrecifes coralinos, de bosques templados, de avalanchas en zonas de glaciares, del derretimiento de los polos y del aumento del nivel del mar, entre otras alteraciones climáticas.

Por tal motivo es importante no sólo para nosotros, sino para el planeta mismo impulsar la presente reforma, la cual busca armonizar los términos y definiciones utilizados en la Ley General de Cambio Climático con los convenios, acuerdos y protocolos  internacionales, contribuyendo con una definición más completa y clara de lo que debe entenderse por mitigación y vulnerabilidad, incluyendo respectivamente el término antropogénico generado por el hombre y a los sistemas naturales, humanos y productivos como aquéllos susceptibles de afectar y ser afectados por el cambio climático.

Asimismo, la reforma propuesta fortalece la coordinación de las dependencias, de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático transparentando, mediante un informe público anual, las acciones que se lleven a cabo y los recursos que hayan sido erogados en el fondo para el cambio climático, así como los asignados a las diferentes secretarías en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por todo lo anteriormente expuesto, por ser un tema verde, por ser un tema que nos incumbe a todos los seres humanos, los diputados del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor de la presente reforma. Muchas gracias, por su atención. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Castellanos Mijares.

A continuación y para fijar postura por el Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos la diputada Graciela Saldaña Fraire.

La diputada Graciela Saldaña Fraire: Gracias. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: como ustedes recordarán y como ya también se ha dicho por los que me antecedieron, la Ley General de Cambio Climático es de muy reciente creación, pues apenas se publicó el pasado 6 de junio de 2012, por lo que requiere de diversos ajustes para que pueda ser plenamente eficiente.

El clima inusual que percibimos en el siglo XX y el aumento en la concentración de gases de invernadero en la atmósfera están relacionados con el cambio climático y existen diversos estudios científicos que indican la correlación entre el calentamiento global y el aumento de gases de invernadero en la atmósfera, aunado al incremento del bióxido de carbono proveniente de las diferentes actividades antropogénicas que constituyen la principal causa –como también ya se comentó- del cambio climático.

Estos cambios están causando efectos devastadores en el planeta, particularmente sobre las especies animales vegetales y diversos ecosistemas, si no aplicamos políticas públicas adecuadas estaremos condenado a la humanidad a serias catástrofes a largo plazo.

México ha hecho diversos compromisos internacionales para combatir el calentamiento global; sin embargo, todos los países deben comprometerse a alcanzar una reducción conjunta, mínima de emisiones del 40 por ciento para el 2020, tomando como referencia los niveles de 1990.

Para alcanzar este objetivo, las tres cuartas partes deberían cumplirse sólo con medidas internas de cada país, lo que significa que el grupo de países industrializados debe asumir una reducción por lo menos 23 por ciento de sus emisiones durante el período 2013-2017. Es por eso que el grupo parlamentario del PRD apoyamos estas propuestas de modificar la Ley General de Cambio Climático. Es urgente aplicar políticas públicas que puedan apoyar la disminución del calentamiento global.

Asimismo, nos sumamos a la petición de establecer que la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático rinda a más tardar en el mes de agosto de cada año un informe público anual detallado de acciones que se llevarán a cabo en los recursos del fondo para el cambio climático.

Es prioritario para cumplir con los compromisos mundiales, estar informados de los avances o limitaciones de las políticas públicas implementadas.

Quiero comentar y felicitar a mi compañera Yesenia Nolasco por esta iniciativa, y también al presidente de la Comisión de Cambio Climático, Ramón Sampayo, y a mis compañeros de la misma comisión. Sin embargo, hemos detectado que en la revisión de varios de los planes de las diferentes instituciones y dependencias relacionadas al medio ambiente están duplicando funciones.

Queremos ya acciones que tengan que ver para contrarrestar todo lo que tiene que ver con los efectos del cambio climático y no duplicar funciones, que esto también requiere y que implica que son recursos que se están llevando a cabo, y que dejemos que estas acciones realmente se vean concretada no con planes ni con presupuestos altos a todas estas políticas públicas, más bien aquí sería el exhorto que dado este dictamen es a favor de contribuir este cambio climático realmente se vea reflejado en acciones inmediatas y no seamos un país que estemos en los primeros lugares de esta desgracia que es estar afectando todo lo que tiene que ver con nuestro país, con lo que hace principalmente el hombre. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada Graciela Saldaña Fraire. A continuación, para fijar postura por el Partido Acción Nacional, tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos el diputado Sergio Augusto Chan Lugo.

El diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Con su permiso, presidente. Vengo a esta tribuna, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para fundamentar el sentido del dictamen de nuestro voto, sobre el dictamen emitido por la Comisión de Cambio Climático, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.

No quiero dejar pasar –como ya antes comentó la diputada que me antecedió en el uso de la palabra– que precisamente una ley de reciente creación, promulgada precisamente en el 2012, el 5 de junio, y publicada el 6, fue también y ha sido parte de un proceso en el cual nuestro país se ha ido adaptando precisamente para el cumplimiento de los tratados internacionales, en los cuales ha fijado su compromiso y ha actuado en consecuencia.

Es muy importante hacer notar precisamente que en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, bajo la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, es donde se instruye por primera vez el concepto de cambio climático en un Plan Nacional de Desarrollo.

En consecuencia y tras un trabajo con los ciudadanos, las autoridades, la comunidad científica es que logra constituirse y llega a pasar por la Legislatura pasada esta ley que ahora nos proponemos mediante este dictamen hacerle algunas modificaciones.

Con diversas fechas se presentaron iniciativas que reforman esta ley, presentadas por los diputados Rodrigo Chávez, Ramón Antonio Sampayo, por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, así como por un servidor. Todos integrantes de la Comisión de Cambio Climático.

La iniciativa planteada por la diputada Nolasco tiene como objetivo ampliar la definición de mitigación e incluir como concepto de la intervención antropogénica en el medio ambiente.

La iniciativa presentada conjuntamente por el diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz y un servidor, tiene por objeto que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático rinda un informe público anual detallado de las acciones que se llevaron a cabo del Fondo para el Cambio Climático, así como de los recursos asignados a las diferentes Secretarías en el rumbo del cambio climático contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La iniciativa presentada por el diputado Rodrigo Chávez tiene como fin que las políticas públicas en materia de cambio climático tengan un sentido de transversalidad y direccionalidad.

Los integrantes de la Comisión dictaminadora consideramos acertadas las iniciativas de reformas planteadas, toda vez que modificar el artículo 3o de la Ley General de Cambio Climático estaremos, por un lado, estableciendo que las acciones e intervenciones de mitigación de los gases de efecto invernadero derivan, entre otras, por la intervención humana. Es decir que tienen un carácter antropogénico. Este concepto se usa para describir contaminaciones ambientales en forma de desechos químicos o biológicos como consecuencia de las actividades económicas.

Con la iniciativa presentada por el diputado Ramón Sampayo y el de la voz al artículo 107 de la Ley General de Cambio Climático pretendemos, además de establecer un ámbito especial de transparencia, que también haya una eficacia en la aplicación de los recursos.

De igual forma, la Comisión dictaminadora estimó pertinente la reforma al artículo 26 de la Ley General de Cambio Climático, y ya que se requerían políticas públicas encaminadas a atender el tema de cambio climático y entre otras políticas, que éstas consideren en su diseño la transversalidad. Es decir que en la construcción de las políticas se tomen en cuenta desde sus inicios las acciones articuladas de los diversos actores sociales y políticos que contribuirán a llevar a buen puerto su implementación.

Finalmente, los integrantes de la Comisión estamos ciertos que con la inclusión de las reformas y adiciones propuestas se alcanzará una reducción en los gases de efecto invernadero.

Honorable asamblea, después de este proceso en el cual se ha concluido con la promulgación de una Ley General de Cambio Climático en 2012, con una acción responsable bajo la presidencia de un presidente que tenía una clara visión de la sustentabilidad, hoy actuar también de manera responsable proponemos los cambios que le permiten a la Ley y a la autoridad en el momento de aplicarla, realmente abonar hacia un medio ambiente digno para todos los ciudadanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputado Chan Lugo. Le damos la más cordial bienvenida a los alumnos de las licenciaturas de derecho y administración púbica y gobierno, de la Universidad Anáhuac de Puebla, invitados por la diputada Marisa Ortiz Mantilla.

Igualmente le damos la más cordial bienvenida a este recinto, al presidente municipal de Taxco, Guerrero, Salomón Majul, invitado por el diputado Manuel Añorve Baños.

Por último, tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos para fijar postura, el diputado José Noel Pérez de Alba, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

El diputado José Noel Pérez de Alba: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el cambio climático ha sido un tema que se ha discutido de forma recurrente ante esta tribuna, toda vez que sus efectos inciden en el desarrollo de una nación. De aquí la importancia del tema.

No podemos pensar que al hablar de cambio climático únicamente nos referimos a fenómeno meteorológicos, como inundaciones o sequías, debemos tener presente que en este tema se abarcan aspectos amplios que derivan de la intervención humana en los ecosistemas.

Es por esto que al ampliar el concepto de vulnerabilidad para establecer que este es el grado de susceptibilidad o incapacidad de los sistemas naturales, humanos y productivos, para soportar los efectos adversos del cambio climático.

Estamos reconociendo que los efectos de dicho fenómeno se presentan como consecuencia de la actividad humana. Lo que permitirá impulsar acciones decididas a la mitigación de estos efectos.

Al reforzar los principios de transversalidad y direccionalidad contenidos en la ley, se fomentará la participación de los sectores públicos y privados en la creación de políticas públicas en materia de cambio climático. Lo que contribuirá a que al ser escuchadas todas las voces se generen y se ejecuten acciones dotadas de consenso y legitimidad.

Consideramos acertado el que se garantice la transparencia en la ejecución, destino y eficacia en el ejercicio del gasto, hecho que permitirá que las acciones desarrolladas con recursos destinados a mitigar los efectos del cambio climatológico sean empleados de forma adecuada, con lo que se podrá apoyar un mayor número de proyectos u otorgar asignaciones mayores con el objetivo de cumplir las metas propuestas en los instrumentos de planeación.

Es así, que como acertadamente se encuentra establecido en el dictamen que hoy estamos discutiendo en esta tribuna, las reformas propuestas permitirán la creación de mejores políticas públicas en materia de cambio climático que mitiguen las consecuencias del multicitado fenómeno.

Compañeras y compañeros legisladores, recordemos que la salvaguarda de nuestro medio ambiente no es un tema de gobierno, sino que debe ser visto como una problemática cuya solución involucra a toda la sociedad, toda vez que de ello depende la viabilidad de nuestra especie.

Si bien es cierto, el cambio climático es un tema que ocupa numerosos estudios y analistas también, que como legisladores estamos obligados a probar medidas que revolucionen la forma en que producimos y consumimos, nuestra manera cotidiana de vivir y la forma en que nos relacionamos con nuestro medio ambiente.

Por tal motivo, el Grupo Parlamentario del PRI se pronunciará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputado José Noel Pérez de Alba.

El Presidente Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Agotada la lista de oradores y en virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema de votación. De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado José González Morfín (desde la curul): A favor.

El diputado Guillermo Sánchez Torres (desde la curul): A favor.

El diputado José Alberto Rodríguez Calderón (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron 391 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Aprobado en lo general y en lo particular por 391 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Siguiente punto del orden del día son dictámenes en sentido negativo. Se informa a la asamblea, que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo, salvo el listado con el número 9 que está reservado para discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo con excepción del número 9. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Adelante, diputado Víctor Manuel Jorrín, ¿con qué objeto?

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Gracias, señor presidente. La sesión pasada solicité que sí ya tenía información la Directiva, en relación al informe que se le pidió a Conagua y al Fonden.

Se había solicitado originalmente la comparecencia de ellos, pero el acuerdo fue que solamente daría un informe y no tenemos respuesta al respecto. Quiero saber si ya tiene la información la Mesa Directiva y de no ser así, solicitar nuevamente que nos contesten.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: De acuerdo, diputado. Se consultará al secretario técnico, para efecto de que rinda la información correspondiente y se hará saber.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se recibieron de la Junta de Coordinación Política comunicaciones relativas a cambios de integrantes y de Juntas Directivas de comisiones ordinarias y especiales, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.

No habiendo quien haga uso de la palabra. En votación económica, se pregunta si se aprueban. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Continúe la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se cita al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: De la Junta de Coordinación Política.

Acuerdo

Primero. Se cita a comparecer al licenciado Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y al doctor Agustín Carstens Carstens, gobernador del Banco de México, ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, fracción VII, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, a efecto de que den cuenta sobre las disposiciones de carácter general para regular los términos y condiciones en que se presten los servicios relacionados con las redes de medios de disposición, así como las cuotas de intercambio y comisiones que se cobren directa o indirectamente.

Segundo. La comparecencia del licenciado Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del doctor Agustín Carstens, Carstens, gobernador del Banco de México, se desarrollarán el próximo miércoles 26 de marzo de 2014 a las diez  horas, ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tercero. El formato a que se sujetará la comparecencia de estos funcionarios será determinado por la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Cuarto. Se solicita respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva, para que en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 198 del Reglamento de la Cámara de Diputados se notifique a los funcionarios correspondientes.

Quinto. Comuníquese y publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2014. Es cuánto, presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Mejía Berdeja. Adelante, diputado, hasta por tres minutos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañero presidente. Qué bueno que ya se está convirtiendo en una práctica en esta Legislatura, nos tardamos prácticamente la mitad del ejercicio, que empiecen a comparecer servidores públicos para informar, no solo de los temas de coyuntura, como fue el caso de Oceanografía con Emilio Lozoya y el procurador general de la República, que finalmente derivó en tocar otros temas.

Qué bueno que venga el gobernador del Banco de México y el titular de la Condusef, para informar sobre temas que no solamente tengan qué ver con las leyes, sino para que informen sobre el estado que guarda la economía del país. Toda vez que nos encontramos en un periodo de estancamiento económico y el gobernador del Banco de México y la institución que él dirige acaban de ajustar el pronóstico de crecimiento económico frente a las perspectivas triunfalistas de 3.9 por ciento, ya lo ajustaron al 3.2 y estamos empezando a vivir el tobogán de ajustes en las metas de crecimiento.

En el 2013 se hablaba de un crecimiento cercano al 4 por ciento y la cifra oficial del Inegi fue del 1.1 por ciento. Por eso nos parece pertinente que con toda claridad y como órgano autónomo el titular del Banco de México informe sobre las perspectivas reales de crecimiento económico en el país, los ajustes que se están haciendo y sobre todo también de la inflación que se ha venido desatando a partir de la reforma hacendaria, de los gasolinazos y del impuesto especial de producción y servicios a los alimentos.

Nos parece también que Mario di Constanzo que traicionó a la izquierda y ahora es funcionario del régimen, también informe sobre qué se está haciendo para evitar los abusos de la Banca oligopólica extranjera en el país y que hasta ahora vemos que la Condusef no solamente es un elefante blanco que no desquita lo que cuesta, sino que tampoco se está constituyendo en un organismo a favor de los usuarios de los servicios bancarios.

Porque recientemente la comisión llamada oficialmente Condusef, pero apodada por el pueblo, como la Comisión Monex, acaba de emitir un veredicto sobre los gastos de campaña, y cuando le preguntamos a Mario di Costanzo que se estaba haciendo, simplemente se lavó las manos y dijo que era incompetente.

Por eso queremos que ahora que ya un grupo de legisladores presentamos un informe preliminar, queremos que aclare también, Mario di Costanzo, por qué fue omiso cuando se le preguntó respecto a este tema, cuando compareció ante la comisión de investigación.

Por eso celebramos la presencia de estos funcionarios, pero vamos a seguir insistiendo en que haya rendición de cuentas y que todos vengan al Congreso. Hay productos que se están sacando a partir de las comparecencias. El procurador rectificó de decir que de lo de Oceanografía era un tema de particulares; ya se reconoció que es un tema que involucra a Petróleos Mexicanos, ya hubo un primer señalado en el caso de Oceanografía cuando vino el director de Pemex.

Creemos que a pesar de la resistencia, que a pesar de la coartada, de la reserva y la confidencialidad, estos ejercicios finalmente abonan a la transferencia y a la deliberación de los temas de interés público. Por eso celebramos este acuerdo y por eso razonamos nuestro voto.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja. No habiendo más oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica, se consulta a la asamblea...

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Un segundo. Adelante, diputado Jorrín, ¿con qué objeto?

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul). Con el objeto de hacer un comentario en relación a este posicionamiento del diputado Mejía. Señor presidente, la Condusef se ha vuelto realmente una carga para el erario y no resuelve los problemas de los tarjetahabientes ni de los usuarios.

Si a usted le cobra el banco algo de más, para que usted pueda recuperar ese recurso es prácticamente imposible y afectamos a todos los ciudadanos de México con esta situación que se está presentando con la Condusef. En mi opinión debería de desaparecer porque es una carga para el erario y ese dinero se debería de ir a gasto social para todos los programas sociales.

No es justo que el responsable esté ganando más de 375 mil pesos al mes y no resuelve los problemas de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado. Su intervención ha sido registrada. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Continúe la Secretaría con el acuerdo de la Mesa Directiva.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Acuerdo de la Mesa Directiva.

Acuerdo

Primero. El presente acuerdo tiene por objeto establecer el formato que deberán tener las reservas que se presenten para la discusión en lo particular del dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Pensión Universal; y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro  para el Retiro, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo.

Segundo. Para la presentación de las reservas que deban procesarse para la discusión en lo particular del dictamen antes referido se estará a lo siguiente

Uno. Las reservas tendrán que presentarse exclusivamente por escrito ante la Secretaría de la Mesa Directiva durante la discusión del dictamen en lo general que iniciará cuando la comisión presente la fundamentación correspondiente y concluirá al término de la fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. Después de este momento no se recibirá reserva alguna.

Dos. Todas las propuestas de modificación o de adición a los artículos considerados en el proyecto de decreto deberán entregarse a la Mesa Directiva en hoja membretada, sin tachaduras ni enmendaduras, firmadas por su autor o autora. De ninguna manera se admitirán reservas manuscritas o en fotocopia de la Gaceta Parlamentaria.

Tres. El autor o autora deberá entregar la reserva de manera individual precisando lo siguiente

a) Artículo del decreto que se reserva,

b) Ley a la que se refiere,

c) El artículo, párrafo, fracción y/o inciso que se modifica,

d) En los casos en que la ley reservada se encuentre referida en otro artículo del decreto, deberá señalar con toda claridad si tiene o no impacto correlativo, y

e) Preferentemente cada reserva deberá señalar el texto contenido en el dictamen así como el texto propuesto a manera de cuadro comparativo bajo la forma “dice, debe de decir”.

Cuarto. La Mesa Directiva únicamente registrará para su discusión las reservas integradas debidamente y deberá rechazar el registro de las que no satisfagan lo establecido en el presente acuerdo.

Tercero. El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el pleno.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 13 días del mes de marzo de 2014. Firman los integrantes de la Mesa Directiva.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, secretario. Está a discusión el acuerdo. Han solicitado hacer uso de la voz el diputado Manuel Huerta, el diputado Ricardo Monreal y la diputada Luisa María Alcalde. Les voy a dar el uso de la voz a ellos tres y después preguntaremos a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido. Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta, para hablar en contra.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Bueno, la Mesa Directiva no debería de buscar emular a la Junta de Coordinación Política con esto de violentar la legalidad en este pleno.

Se pretende un acuerdo que trata cuando menos 10 artículos, la expedición de una nueva ley y la reforma de otros cinco ordenamientos legales, seis ordenamientos en general, y esto tiene cuestiones de forma y de fondo que nos hacen hablar en contra.

Miren, la reforma, este pleno en la sesión de este día no tiene atribuciones para aprobar el acuerdo que presenta la Mesa Directiva. No es tan sólo una cuestión de estricta legalidad, que sería suficiente. Y para efectos de ilustrar a la asamblea, le solicito a la Presidencia que se dé lectura al artículo 285 del Reglamento, por favor.

El Presidente diputado José González Morfín: Le pido a la Secretaría que atienda la petición del diputado Huerta y se dé lectura al artículo 285 del Reglamento, por favor y que se detenga el reloj.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Artículo 285 del Reglamento de la Cámara de Diputados. De las reformas al Reglamento.

1. El proceso de reforma a este Reglamento podrá iniciarse con iniciativa que presente algún diputado o diputada o con un proyecto de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

2. Si se presentara una iniciativa será la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la encargada de formular el dictamen correspondiente que se enviará a la Mesa Directiva para su trámite legislativo

3. La aprobación de las reformas al Reglamento requerirá de la mayoría calificada del pleno

4. Este reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos parlamentarios.

Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, secretaria. Adelante, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Subrayo el contenido de los numerales 3 y 4. “Las reformas al reglamento requieren de la votación de la mayoría calificada del pleno, de acuerdo al artículo 3, fracción XIII del mismo reglamento de esta cámara. Mayoría calificada es el resultado de la suma de diputados y diputadas o votos que represente cuando menos las dos terceras partes de los presentes”.

Aunado a ello, en el numeral 4 del mismo artículo al que se dio lectura, claramente se dispone que el Reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos parlamentarios.

El acuerdo que hoy presenta la Mesa Directiva presenta, a través de los hechos, reformas al reglamento de esta Cámara de Diputados. Y ya en el artículo 109, en el punto primero, establecer un formato, que nunca se exige en este artículo.

En el punto segundo pretenden establecer un plazo para presentar reservas no previstas en el propio reglamento. Se señala que para presentar reservas para la discusión en lo particular se hará exclusivamente durante la discusión del dictamen en lo general, esto es, a partir del momento en que la comisión presenta la fundamentación correspondiente y concluye al término de fijar las posiciones de los grupos parlamentarios.

Pido que se lea el artículo 109 del Reglamento, por favor.

El Presidente diputado José González Morfín: Si nos auxilia la Secretaría para dar lectura al artículo 109 del Reglamento y pido otra vez que se detenga el reloj parlamentario.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Discusión en lo particular.

1. La discusión de los dictámenes con proyectos de ley o decreto en lo particular implica la reserva de artículos determinados para su análisis.

2. Las reservas son propuestas de modificación, adición o eliminación de uno o varios artículos incluidos en el proyecto.

3. Las reservas tendrán que presentarse por escrito antes del inicio de la discusión del dictamen y se registrarán ante la Secretaría, salvo que se discuta un dictamen como resultado de la modificación al orden del día, en cuyo caso las reservas se presentarán en el transcurso de la discusión en lo particular.

Es cuanto, presidente.

El Presidente  diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: En la forma lo que vemos es que el objetivo es limitar el derecho de los diputados y diputadas para discutir en lo particular las leyes que se crean, así como las leyes que se reforman, limitaciones formales que buscan impedir que nosotros, los legisladores comprometidos con los trabajadores, exhibamos las violaciones a los derechos de ellos para efecto de fondear las leyes de pensión universal y el seguro de desempleo. En consecuencia, señalar su inconstitucionalidad.

 

Ahora, de fondo. El acuerdo no sólo violenta el proceso legislativo del propio Reglamento de esta Cámara; violenta los principios de legalidad y certeza que como instancia de gobierno esta Cámara está obligada a representar y a cumplir. Pero no sólo eso, se fomenta la cultura de la ilegalidad como columna vertebral del actual régimen político.

La situación nacional de corrupción e impunidad, que no se ha modificado a más de un año de un gobierno que prometía seguridad y mayor bienestar, exige que nosotros, para consolidar y, en su caso, construir canales legales, instituciones que protejan y garanticen los derechos de las y los trabajadores y trabajadoras. Por ello nos oponemos a un acuerdo ilegal que fomenta la complacencia política de los fondeadores del Pacto por México.

Mentira que los nuevos impuestos que hicieron con la reforma hacendaria, que ustedes plantearon que iban a hacer para fondear este programa de adultos mayores del seguro del desempleo, pues es mentira, ahora a través de un despojo a los trabajadores a partir de las subcuentas del Infonavit pretenden robarlos porque esa es la palabra.

No dudamos que el martes se presenten aquí ya los diputados panistas que han estado poniéndose, junto con los priistas y con los perredistas que apoyan estas iniciativas del pacto contra México, ahí incipiente y viviendo, no dudamos que vengan con un addendum a decirnos no, ya ahora Videgaray –voy a culminar presidente- ya hasta le va a poner una lana para que no les cueste tanto.

Pero esto va a ser una gran mentira para los trabajadores. La verdad es que le mintieron al pueblo de México. Están despojando a los trabajadores de sus derechos, de sus recursos de estas subcuentas del Infonavit, y aquí habemos representantes populares que no nos engañan como hoy lo pretenden hacer, con este truculento asunto de un acuerdo de la Mesa Directiva y vamos a estar a lado de ellos impidiendo este despojo, este pacto contra México, pues aquellos fondeadores de este pacto van a pagar las consecuencias.

Porque obviamente el pueblo de México no es tonto, se da cuenta lo que hace esta Cámara de Diputados y de aquí al martes estaremos debatiendo esto, ¿por qué? Porque sabemos que con sus gritos y demás pretenden acelerar este intento de despojo a los trabajadores de México, no lo vamos a permitir.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.

La diputada Luisa María Alcalde Luján: Válgame, pues con los poquitos que todavía estamos presentes.

Vengo a argumentar en contra del acuerdo para que votemos el martes que entra en un solo dictamen la pensión universal y el seguro de desempleo por lo siguiente:

Número uno, porque no me dejarán mentir mis compañeros de las Comisiones Unidas de  Seguridad Social y de Hacienda que nos mandaron un dictamen de más de 300 fojas a las 8:00 de la noche, para que al día siguiente lo votáramos a las 10:00 de la mañana en comisiones unidas.

Yo me atrevo a asegurar que ninguno de los diputados que estuvieron presentes ese día conocían las 300 fojas ni pudieron leerla en esa madrugada con menos de 15 horas de por medio.

Número 1, esa es una violación a los derechos de los legisladores. El mismo artículo 177, numeral tercero del reglamento establece que los presidentes nos tienen que mandar el dictamen con cinco días de anticipación para que realmente conozcamos, debatamos y entremos al análisis de la discusión de fondo de un dictamen. Esto a mí no me dice más que este tema se quiere procesar de un día a otro para que no exista una reacción por parte de los trabajadores.

Segunda violación. No nos permitieron en la comisión desahogar ningún tipo de reserva. También el Reglamento nos da el derecho de presentar en las comisiones las reservas y de discutir de fondo los dictámenes. Una violación más que se dio al procedimiento. Entonces, ¿qué es el llamado finalmente que se está haciendo? Llevemos al pleno, desahoguen allá, porque de alguna manera allá sí podemos esconderlo en las masas.

Y la tercera violación. Nos quieren en un solo dictamen poner dos iniciativas de diferente naturaleza: el Seguro de Desempleo y la Pensión Universal. Nosotros hemos estado exigiendo que se separen estas dos reformas, que nada tiene que ver una cosa con la otra.

¿Qué es lo que está de fondo? Que quieren justificar el voto a favor admitiendo que se va a aprobar la Pensión Universal, en la cual prácticamente todos estaríamos de acuerdo. Pero eso sí, se llevan de cola el cáncer que va a significar el Seguro de Desempleo. ¿Y por qué lo digo? No porque esté en contra de un Seguro de Desempleo, que me atrevería a decir que cualquiera aquí estamos a favor, porque el Seguro de Desempleo se va a financiar a través de los fondos de vivienda de los trabajadores. Y esto es una cosa que no podemos permitir.

Por eso hago un llamado a que defendamos nuestros derechos como legisladores en lo individual. Nos tienen que respetar, dar el dictamen con anticipación, porque no somos ningunos levanta dedos.

Digo, ustedes dan por hecho que llegamos a las comisiones nada más y ya nos dieron línea, y ahora sí a levantar mano. No, somos legisladores, muchos de los que estamos aquí presentes, que queremos entrar a los detalles y queremos discutir las iniciativas de fondo. Número uno, por eso.

Pero número dos porque no estamos de acuerdo en que nos obliguen a votar en contra de la Pensión Universal por votar en contra del Seguro de Desempleo, porque no vamos a avalar un Seguro de Desempleo a costa del derecho a la vivienda. No lo vamos a hacer, y aún votando en contra de la Pensión Universal, pero diciéndole a la gente por qué lo estamos haciendo.

Ustedes, quienes voten a favor de la Pensión Universal, no lo justificarán por la Pensión Universal. La gente, los trabajadores, lo van a sentir. En el momento de quedar desempleados ese dinero va a salir de su bolsillo, va a salir de su fondo de vivienda, y eso no les va a justificar el hecho de haber votado favor de la Pensión Universal.

Hago un llamado a este pleno, que soberanamente es de mayor jerarquía que la Junta de Coordinación Política, para que nos permitan a los diputados votar de forma separada el Seguro de Desempleo y la Pensión Universal, porque muchos –me atrevo a decir– aquí presentes no están de acuerdo con el Seguro de Desempleo, sí con la Pensión Universal, pero pretenden someternos a que votemos todos a favor porque es lo políticamente correcto. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra finalmente el diputado Ricardo Monreal Ávila.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, he intentado por distintas vías, argumentos,  he intentado aclarar e informar en distintos momentos de esta asamblea, que se está incurriendo y que se ha incurrido en errores, desviaciones jurídicas graves, en inconsistencias reglamentarias y jurídicas, por eso es que no pude sustraerme al debate de este tema tan trascendental, el que ha sido tocad por Luisa Alcalde y por el diputado Ladrón de Guevara.

Es delicado, ciudadanos legisladores y legisladoras, que aprobemos este punto de acuerdo porque el hacerlo va a continuar con la línea de despojo de los trabajadores, de sus conquistas. Esto será de no corregirse, otra nueva ley regresiva que sepulta la lucha de los trabajadores, las conquistas laborales.

Es injusto que se quiera aprobar este punto de acuerdo que contiene el formato, con rapidez, con celeridad y con casi secrecía, estas leyes que afectan a la clase trabajadora. Lo que más me impresiona es la interrogante que me hago y que me he hecho todos estos días, ¿dónde están los líderes obreros, dónde están las centrales de trabajadores?, ¿dónde están los intelectuales que han defendido históricamente la lucha obrera?

Por esa razón no pueden de ninguna forma los líderes obreros convertirse en cómplices con su silencio, porque éste es un nuevo despojo, es un nuevo atraco contra la clase trabajadora.

Suprimirle a los trabajadores el 60 por ciento del Fondo de Vivienda y condenarlos a que paguen el Seguro de Desempleo con su propio patrimonio, me parece desafortunado por no decir criminal. Por esa razón nosotros no podemos estar de acuerdo.

Vean ustedes la Ley, los que la han visto. Anteriormente se aportaba el 5 por ciento al Fondo de Vivienda, lo que se propone es suprimir 3 puntos porcentuales y mandarlo a este Fondo del Seguro de Desempleo y sólo quedar 2 puntos porcentuales en el fondo de Vivienda.

Pero no quisiera introducirme al debate de fondo, que lo vamos  a dar el próximo martes, voy a referirme solamente al procedimiento que es la discusión del punto de acuerdo y voy a proponer una corrección de manera seria y de manera responsable.

Les pregunto a los legisladores y a las legisladoras que no es la primera vez que son precisamente diputados, que es precisamente una más o tiene experiencia legislativa. ¿Cuándo, por qué se discute un paquete de leyes que contiene siete ordenamientos jurídicos y que son de distinta naturaleza jurídica.

Fíjense ustedes, se va a discutir en un solo paquete un proyecto de decreto que contiene y expide por vez primera la Ley de Pensión Universal. Pero en este mismo paquete se pretende discutir y aprobar la Ley de Pensión Universal, la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda, la Ley Federal del Trabajo.

Siete leyes aprobadas en un solo acto, no es propio, no es pulcro, es un error constitucional, es una desviación grave en la discusión de este Congreso y por eso no podemos avalarlo, no podemos admitirlo.

Lo que planteo con seriedad, presidente, es que se desagreguen. Si ustedes van a aprobarlo, el que se desagreguen no quita ningún problema, porque los votos los tienen asegurados, ya que ni siquiera hay debate ni discusión.

Por eso, presidente, le dejo una propuesta por escrito que me parece lógica, me parece sensata, me parece correcta: desagregar la discusión para discutir siete proyectos de distinta naturaleza jurídica. Y si no se quiere, al menos dos proyectos, el del seguro universal para adultos mayores y el fondo para el desempleo, el seguro de desempleo. Pero lo pulcro, lo correcto sería que discutiéramos las siete leyes que van a sufrir modificaciones con una ley completa, que es la de Pensión Universal.

Lo que estoy planteando, señoras diputadas y señores diputados, es lo más sensato, lo más correcto. Ojalá tenga su voto. Le pediría al presidente que ordene a la Secretaría leer mi propuesta concreta, que por escrito le entrego a la Mesa Directiva.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado, lo haremos con mucho gusto. Nada más, antes de discutir la propuesta del diputado Monreal, bueno, si se admitiera a discusión, me pidieron el uso de la voz. La diputada Raquel Jiménez. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo (desde la curul): Gracias, diputado presidente. En el mismo sentido. No encontramos ninguna razón lógica ni técnica, para que a través de un acuerdo de la Mesa Directiva se tenga que ordenar el debate de un dictamen, o la manera en que se deban presentar las reservas para los temas contenidos en ese dictamen.

Tenemos un Reglamento que nos rige y que es muy claro con respecto al procedimiento que deberá darse al interior de este pleno, con respecto al debate de los dictámenes aprobados en Comisión.

Asimismo, apruebo ampliamente las mociones que se han presentado previamente por la diputada Alcalde y por el diputado Monreal. Tienen toda la razón, el Partido Acción Nacional de ninguna manera iría en contra de la pensión universal de los adultos mayores, estamos plenamente a favor de este tema, toda vez que ha sido el Partido Acción Nacional, a través de sus gobiernos, encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes iniciaron con este tema a favor de los adultos mayores.

Estamos a favor del mismo. Pero exigimos los diputados de Acción Nacional que se separen los temas para su votación. No podemos ir en contra de la economía de la familia una vez más sometiendo al trabajador a mayores cuotas en contra de su economía.

Exigimos la separación de los temas para su votación, para poder votar a favor de la Pensión Universal a los adultos mayores, y en contra de todas aquellas leyes que hoy el PRI pretende aprobar en perjuicio del trabajador.

No vamos a apoyar más temas que perjudiquen a las familias y que solamente beneficien al gobierno de Enrique Peña Nieto, que ya ha sido y ha endeudado al país para solventar estos temas. Ése fue el acuerdo que se tomó a final de año y no vamos a dar un paso atrás y no vamos a violentar más la economía de las familias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Socorro Ceseñas Chapa. Dígame, diputada.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Pido pasar, para que me anote para posicionar en contra. Le señalé desde hace un momento, sobre el formato, para posicionar en contra del acuerdo.

El Presidente diputado José González Morfín: Estoy obligado a preguntar, diputada, porque ya lo había anticipado así a la asamblea, después de la lista de oradores.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Desde aquí entonces, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí, diputada, le ruego, por favor.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Gracias. Y gracias a las y a los compañeros que están presentes en este recinto. Se ha vuelto de manera reiterativa el acotar, el invadir las funciones de las y los legisladores.

No es nada diferente el formato, que la Junta de Coordinación Política para la presentación de las reservas se ha leído hace unos momentos. Pero lo grave de este acuerdo tiene que ver con el abuso, con el atentado, con un atropello de tratar de votar en un mismo momento junto dos asuntos de gran envergadura en este país, que tienen que ver con la Pensión Universal y con el Seguro de Desempleo, que si bien es cierto está presentado en un dictamen.

Yo quiero recordarles a las y a los integrantes de las comisiones unidas, al cual acudí yo un momento, hubo oposición desde ese momento, antes de entrar en la discusión, de una solicitud del respeto al Reglamento, que ya señaló la diputada Luisa, pero también hubo la solicitud de separar la discusión y separar, por lo tanto, su votación.

Hubo la solicitud realizada por Acción Nacional y por Nueva Alianza, que espero que se sostengan, ya algunos han manifestado, pero que sea toda la fracción o el grupo parlamentario correspondiente.

Nos parece muy irresponsable venir a presentar a este pleno, para que de igual modo como se hizo en comisiones unidas, se vote en paquete. No estamos en contra de la Pensión Universal ni tampoco del Seguro de Desempleo.

En el caso del Seguro de Desempleo lo que hemos señalado, una y otra vez, es que no podemos permitir, que el financiamiento, que el fondeo para garantizar ese seguro sea a costa de los trabajadores. Sea a costa del fondo de vivienda. Y yo pregunto, ¿está satisfecho ahorita el tema de vivienda en este país? Claro que no.

¿Es suficiente el 5 por ciento del salario de las y los trabajadores para que tengan una vivienda digna? Claro que no. Y ahora quieren quitar todavía, pasar de ese 5 por ciento a un 3, para de ahí castigar también el fondo de retiro.

Pregunto también, ¿se han manejado de manera transparente, legítima, legal, con mucha claridad todos los fondos que existen y fideicomisos en este país? Hay muchos cuestionamientos. Y revisemos Afore, y revisemos muchísimos fideicomisos y a las pruebas me remito, vayámonos a los reportes que están de la Auditoría Superior de la Federación.

¿Qué se piensa? ¿Que ahora de manera automática, como por obra del Espíritu Santo cambiará el sistema de corrupción que se ha visto en el manejo de los fondos de las y los trabajadores?

Claro que eso no va a pasar, yo hago el llamado al PRI, está bien la propuesta de que haya un seguro de desempleo. Está excelente la propuesta de que exista la pensión universal aunque sea a largo plazo, empezar por los quinientos y pico de pesos para llegar a no más de mil 92.

Pregunto, ¿cuántas horas, no días, se puede sostener una persona, un ser humano en este país con esas ridículas cantidades?

Y pregunto también, ¿de qué tamaño es el fondo de las y los trabajadores que se ha ido acumulando y que han hecho mal uso? Y que hay ejemplos, inclusive en mi estado de Nuevo León, ¿dónde se han desviado los fondos de las y los trabajadores? ¿Y dónde han suspendido, inclusive, de dar las aportaciones de ese 5 por ciento?

Yo insisto...

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que pueda concluir, diputada.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Voy a terminar. Insisto, hagan uso de la razón y actúen con responsabilidad, discutamos, analicemos y votemos por separado las propuestas de pensión universal para adultos mayores y el seguro de desempleo.

No más atraco a la clase trabajadora de este país, que gracias a ellas y a ellos se sostiene buena parte de la economía. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, permítanme un segundo. Tengo a cuatro diputados más que quieren hacer uso de la voz. Quiero decirles que voy a retirar el acuerdo, que no es de la Junta, es de la Mesa y que no tenía más que por objeto ordenar la presentación de reservas. No tiene nada qué ver con el tema que aquí se está discutiendo.

El acuerdo lo vamos a retirar, la Mesa Directiva será muy cuidadosa en el momento de la discusión y el debate de cómo se presentan las reservas, por si hay artículos relativos y no tiene caso que se adelante un debate que en este momento no es el que nos ocupa. Porque el acuerdo no tiene nada qué ver con que se separen o no los temas en el dictamen, sino simplemente de cómo se presentan las reservas.

Entonces, el acuerdo lo damos por retirado, no se someterá a votación. Y me ha solicitado el uso de la voz el diputado Uriel Flores, el diputado Gerardo Villanueva, el diputado Javier Orihuela y el diputado Manuel Huerta. Si es sobre el tema, yo creo que ya no tiene absolutamente, no hay materia...

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: ¿Con qué objeto, diputado Villanueva?

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Sostener el extrañamiento, que si a ustedes no les preocupa el contenido del acuerdo, a algunos diputados sí; celebramos que se haya retirado. Pero queda un antecedente gravísimo, que yo espero que se tenga la claridad de que ningún acuerdo, ni de la Junta de Coordinación Política y menos de la Mesa Directiva puede arrastrar a las diputadas y a los diputados a votaciones irreflexivas y sobre todo que con acuerdo o sin acuerdo se mantiene el agravio que ya explicaba con mucha claridad la diputada Luisa Alcalde, acerca del despojo del 60 por ciento de este fondo a los trabajadores. Ése es el tema.

Me parece que después de que lo aprueben, porque seguramente esta mayoría irresponsable aprobará esta medida. Yo solicitaría, y además así lo vamos a trabajar algunos diputados, por la extinción del Infonavit o por lo menos la renuncia del titular del Infonavit, porque así como algunos diputados de mi bancada se preguntan, ¿dónde están las centrales y los representantes de los trabajadores? Yo me pregunto, ¿por qué sostener una burocracia que le sale más cara al país en Infonavit, que lo que el mismo fondo representará después de este criminal despojo? Eso es todo, diputado. Muchas gracias por darme el uso de la palabra.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: ¿Para otro tema, diputado Huerta? Dígame.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Es una conclusión, presidente. Qué bueno que retiró la Mesa Directiva este tema. Usted sabe que en el artículo 108, en el primer numeral hay formas para discutir lo que pide la diputada.  Por eso tiene razón, el problema que estábamos discutiendo no es y se separa la votación.

Porque tampoco hay que caer en la trampa de los panistas y ya lo vamos a ver cuando se dé este debate cómo van a votar en contra de los trabajadores, del despojo que se pretende contra los trabajadores. ¿Quién va a objetar un programa de pensión universal que hizo Andrés Manuel López Obrador y que tanto le ha servido al pueblo de México?

El Presidente diputado José González Morfín: Le ruego que concluya. Vamos a concluir la sesión.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Nada más concluyendo. Bueno les duele, pero acuérdense de Fox cuando decía fomento para la Banca y no para el pueblo, pero en fin. Lo único que queremos dejar claro es que es correcto que retiren el punto y que no quieran sorprender con otro acuerdo de la Junta o de la Mesa Directiva para maniobrar el debate, que se respete el Reglamento y así demos el debate en estos temas.

El Presidente diputado José González Morfín: En los términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento...

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado. Voy a levantar la sesión, el tiempo se ha agotado y los asuntos están concluidos, creo yo.

El Presidente diputado José González Morfín: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

El Presidente diputado José González Morfín (15:46 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 18 de marzo de 2014 a las 12 horas. Se les informa que el sistema electrónico –12 horas– estará abierto a partir de las 10:30 horas.

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