Comunicaciones oficiales
Dictámenes de las diversas comisiones
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación de los artículos tercero y sexto transitorios, en términos del dictamen
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Dictámenes en sentido negativo
Declaratoria de publicidad e dictámenes
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 403 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado José González Morfín (12:03 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José González Morfín: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa su lectura, tomando en consideración que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a ponerla a discusión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobada el acta.
El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Raúl Gómez.
El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Gracias, señor presidente. Señor presidente, siguen las denuncias de extorsión hacia las personas, con engaño que les van a conseguir visas de trabajo. El año pasado un servidor presentó un punto de acuerdo en el caso Chambamex, hasta el momento no hemos obtenido resultados, no hay respuesta.
Solicitamos también a la PGR en otro punto de acuerdo, la investigación de los líderes sindicales. Hasta el momento no ha habido respuesta alguna. Pregunto, ¿hasta cuándo va a haber respuesta a los puntos de acuerdo? Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Su intervención ya quedó registrada.
El Presidente diputado José González Morfín: Le pido a la Secretaría dar lectura a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que contiene cambios en integrantes de Comisiones ordinarias.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Comisión de Deporte. Baja, diputada Laura Jimena Martel Cantú, integrante. Alta, diputado Arturo Escobar y Vega, integrante.
Comisión de Recursos Hidráulicos. Alta, diputada Laura Jimena Martel Cantú, integrante.
Lo anterior lo hago de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.
Atentamente el Presidente de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. De enterado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria para su debido trámite.
El Presidente diputado José González Morfín: Remítanse a las Comisiones correspondientes para su conocimiento.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología para dictamen, y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para opinión. Dígame, diputado Mejía, ¿con qué objeto?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Gracias, presidente. Para pedir que puedan circular los documentos relativos a la sesión ordinaria.
Entendemos que como se conjuntaron las dos sesiones, la solemne y la ordinaria, el personal de la Cámara no lo ha circulado. Pero para pedir que lo puedan agilizar, porque no hay en ninguna curul hasta ahorita documentación de la sesión, al menos no en esta parte de la Cámara.
El Presidente diputado José González Morfín: Sí, diputado, muchas gracias. En este momento ya están comenzando a circular todos los documentos, le llegan en unos segundos.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares. Tiene la palabra para fundamentar el dictamen por la Comisión la diputada María Guadalupe Mondragón González, hasta por cinco minutos.
La diputada María Guadalupe Mondragón González: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e), f), g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 176 y 95, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.
Antecedentes. En la sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, celebrada el 7 de noviembre de 2013, los diputados Adriana Fuentes Téllez, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Manuel Añorve Baños y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.
El 13 de noviembre de 2013, el dictamen positivo se sometió a discusión y votación en el pleno de la Cámara de Diputados, aprobándose con 481 votos. En esa fecha, la iniciativa con proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Senadores y fue recibida para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente el 14 de noviembre de 2013.
El 20 de febrero de 2014, el dictamen positivo, con modificaciones, se sometió a discusión y votación en el pleno de la Cámara de Senadores, aprobándose con 86 votos. En esa fecha, la iniciativa con proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Diputados y fue recibida para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente el 25 de febrero de 2014. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la minuta en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.
Consideraciones generales de esta comisión. En nuestra opinión, la minuta propone que los planteles escolares cuenten con bebederos idóneos para que los estudiantes consuman agua potable para su bienestar.
De acuerdo con el artículo 4o. constitucional: los niños y las niñas tienen el derecho a satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
La Ley General de Educación tiene como uno de sus fines el fomentar la educación en materia de nutrición, con la finalidad de crear conciencia sobre la preservación de la salud. Sin embargo, los niños siguen presentando problemas de nutrición.
De acuerdo con cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo, en obesidad en adultos. La principal causa a la que se apunta, son los malos hábitos de nutrición.
El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, estrategia contra el sobrepeso y la obesidad que la Secretaría de Educación está llevando a cabo desde el año 2010, de manera conjunta con la Secretaría de Salud, tiene como principal objetivo el de promover una nueva cultura mediante el desarrollo de competencias para una vida saludable, entre las que destacan las referentes a prevenir, revertir y disminuir el avance en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los alumnos de educación básica. Y con ello, ofrecer mayores oportunidades para alcanzar mejores logros de aprendizaje.
Por lo anterior expuesto, y una vez analizada la minuta en materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración de este pleno el siguiente decreto.
Proyecto de decreto que reforma el artículo 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa en materia de bebederos escolares.
Artículo único. Se reforman los artículos 7 y 11 y la fracción XII del artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa para quedar como sigue:
Artículo 7. La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado.
Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación del Infe, deberán cumplirse las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes en materia de las entidades federativas.
Asimismo, se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar, conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Se asegura la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa.
Se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables y se tomará en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.
Artículo 19. Son atribuciones del instituto las siguientes:
12. Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar en el Distrito Federal y en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales, de acuerdo en lo dispuesto en el artículo 11 de esta ley.
Queda prohibido destinar recursos públicos federales para construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir o habilitar instituciones educativas privadas.
Transitorios
Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
Segundo. Con fundamento en el artículo 19, fracción I de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa en un plazo no mayor de 180 días contados a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto, emitirá lineamientos generales en materia de bebederos escolares y calidad de agua para consumo humano en las instalaciones del sistema educativo nacional.
Tercero. Los planteles educativos particulares instalarán bebederos en cantidad suficiente a su matrícula inscrita, en un plazo máximo de 18 meses a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto.
Termino, presidente. El cumplimiento de lo anterior estará supervisado por la autoridad competente.
Sexto. El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, procurará que las instalaciones del sistema educativo nacional cuenten con la infraestructura de bebederos de agua potable, prevista en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa en un plazo máximo de tres años a partir de la publicación del presente decreto. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada Mondragón González.
Esta Presidencia saluda la visita de integrantes de la Sociedad de Alumnos y Profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León, invitados por el diputado Jorge Mendoza Garza y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI por el estado de Nuevo León. Sean ustedes bienvenidos.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Este dictamen está a discusión en lo general. Para fijar postura hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz la diputada Dora María Talamante Lemas.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos conscientes que la instalación de los bebederos en las escuelas representa un compromiso fundamental y queremos mejorar la salud de los niños, niñas y adolescentes de este país. Estamos seguros que esta medida contribuirá a disminuir los índices de obesidad y a mejorar la salud de los estudiantes de educación básica en las escuelas públicas del país.
Por ello consideramos que los cambios aprobados por la Colegisladora refuerzan la norma, principalmente para atender a las escuelas públicas, ya que son las que mayor déficit de infraestructura tienen y los recursos públicos deben dirigirse a abatir este evidente rezago en la materia.
Ratificamos nuestro compromiso para promover que los subsiguientes presupuestos de egresos de la Federación consideren de manera paulatina mayores recursos económicos para lograr atender con esta infraestructura a los más de 227 mil planteles que compone el Sistema Educativo Nacional Básico.
En ese sentido estamos conscientes de que será una obligación del Estado mexicano la instalación de estos bebederos, pero también el mantenimiento, el agua potable y la infraestructura física y educativa; obligación que implica destinar por parte de las autoridades educativas mayores recursos a las escuelas, ya que son insuficientes para atender la demanda de la comunidad escolar.
Una educación de calidad no se logra sólo con buenas intenciones o preceptos normativos plasmados en la ley. La calidad educativa requiere de planteles y programas de estudio pertinente, pero también de la infraestructura física adecuada con edificios, salones y baños en buen estado, así como materiales didácticos suficientes.
La inclusión y equidad social son principios que nos deben guiar en las reformas legislativas con las que buscamos beneficiar a los que menos tienen o se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
En consecuencia estamos de acuerdo en que se haya eliminado del dictamen el artículo sexto transitorio que aprobamos el pasado 13 de noviembre, el cual establecía la prioridad de atender a los planteles educativos con más de 100 alumnos, para la instalación de los bebederos.
Esto constituía un factor de discriminación que profundizaba más la brecha de desigualdad entre la escuela pública del Sistema Educativo Nacional, porque son precisamente las escuelas con menos alumnos las que sufren el abandono de las instalaciones y mantenimiento de una infraestructura educativa de calidad, acorde con las necesidades de los estudiantes.
Compañeras y compañeros legisladores, el ejercicio pleno de los derechos humanos consagrados en nuestra ley fundamental, requiere no sólo de voluntad política sino de interés y compromiso de las autoridades encargadas de materializar estos derechos.
Disfrutar de un sano desarrollo integral es un compromiso del Estado con nuestra niñez mexicana. Salud y educación constituyen el núcleo central para que las futuras generaciones cuenten con las mejores oportunidades para alcanzar sus metas y contribuyan al bienestar general.
El grupo parlamentario Nueva Alianza votará a favor de los cambios propuestos por la colegisladora, ya que consideramos urgente que de manera inmediata se inicie la instalación de los bebederos en las escuelas del país, atendiendo al derecho humano de una educación de calidad, con equidad, oportuna y pertinente, así como al interés superior de la niñez.
En Nueva Alianza seguiremos legislando por el presente y el futuro de México, que son nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Es cuando, diputado presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada Talamante Lemas. A continuación tiene el uso de la voz, para fijar postura por el Partido del Trabajo, el diputado Ricardo Cantú Garza.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: la minuta que esta soberanía recibió de la colegisladora relativa a modificar la Ley General de Infraestructura Física Educativa en materia de bebederos escolares es plausible porque resuelve un problema de salud elemental para los educandos del país.
La minuta aborda un tema que incluye a las personas con discapacidad, garantizando la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar, conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Se hace hincapié en asegurar la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa.
Para poner en contexto el contenido de la minuta en comento, es necesario mencionar una serie de argumentos que nos llevarán a concluir lo que el documento aludido presenta. Entre 1999 y 2006, el consumo de bebidas con alto contenido calórico se duplicó entre los adolescentes y triplicó entre los adultos mexicanos. Las bebidas azucaradas contienen productos de alta densidad energética, pero bajo aporte nutricional, incidiendo en el aumento de peso de quienes las ingieren.
Estadísticas elaboradas al efecto señalan que los mexicanos consumen alrededor de 163 litros de refrescos al año, superando en un 40 por ciento el consumo estadounidense que es de 118 litros anuales aproximadamente.
Por otra parte tenemos que recordar que las recomendaciones y estudios a nivel internacional establecen que la formación de hábitos alimenticios se adquieren durante la edad escolar, y por ello es necesario modificar los patrones de conducta, de tal manera que la población expuesta tenga la disponibilidad de alimentos saludables y agua potable en forma accesible y constante. En ese orden de ideas es en los centros escolares donde se da la posibilidad de tomar hábitos alimenticios y cívicos.
En nuestro país, la asignación de partidas presupuestales al efecto equivale a 7 pesos 40 centavos de cada 100 pesos asignados al gasto público federal en educación básica, referido a que las escuelas tengan agua potable, luz, teléfono y capacitación con lo que la partida para agua es necesariamente menor.
El objetivo plasmado en la citada minuta es el de que se modifique la Ley General de Infraestructura Física Educativa mediante la reforma a los artículos 7o y 11o y la fracción XII del artículo 19, de tal manera que en los inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado en el marco del sistema educativo nacional se incluyan las adecuaciones para prever la inclusión de bebederos escolares.
También se trata de asegurar la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se toman en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ambientales ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.
En suma, la materia de los bebederos escolares es un asunto de salud nacional en el ámbito de los estudiantes que acuden a tomar sus clases en los inmuebles erigidos al efecto. Y también habría que señalar que este dictamen complementa el acuerdo que tomamos en esta Cámara de Diputados dentro del Presupuesto de Egresos, de destinar una partida especial para la construcción de estos bebederos.
Por ello el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de la minuta que la colegisladora ha enviado al pleno de esta soberanía. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputado Cantú Garza. A continuación, para fijar postura por el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, tiene le uso de la voz hasta pro cinco minutos la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, el agua está considerada como la esencia de la vida, su potabilización y saneamiento son fundamentales para la existencia y salud de todos los seres humanos, sin embargo se tiene estimado que más de 884 millones de personas en el mundo carecen de dicho recurso.
El 28 de julio de 2010, a través de la resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando con éste su esencial importancia para la realización de todos los derechos humanos.
Por lo anterior, el 8 de febrero de 2012 fue adicionada nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con un párrafo en su artículo 4o. que a la letra dice: Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Sin embargo, no ha sido posible acabar con la mala distribución y la carencia de este recurso a lo largo y ancho del país. Se estima que existen aproximadamente entre 10.6 y 11 millones de mexicanos que aún no cuentan con el servicio de agua potable en México, focalizados en zonas rurales y suburbanas.
Como ejemplo, es paradójico que en Tabasco, siendo un estado con una abundante agua a sus alrededores, el 26 por ciento de la población no cuente con el acceso a este vital líquido. Esto ha sido aprovechado indiscutiblemente por la industria refresquera, la cual obtiene utilidades por más de 47 mil 82 millones de pesos anuales.
Es importante observar cómo las compañías refresqueras tienen canales de operación más efectivo para la distribución de este líquido que el gobierno federal con los programas sociales. El consumo de refresco en la población de nuestro país ha ido en aumento de manera alarmante. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública el consumo en adolescentes aumentó en 100 por ciento, y en mujeres el 300 por ciento.
En total, los mexicanos consumen un promedio de 163 litros por año, llegando a superar a Estados Unidos con un consumo de 113 litros en el mismo periodo de tiempo; candidatos naturales a la diabetes.
El Instituto Nacional de Salud Pública revela que el consumo de refresco aporta el 21 por ciento de calorías que se consumen a diario, cuando lo recomendado por la Secretaría de Salud es del 10 por ciento, lo que a la larga genera serios problemas de sobrepeso.
Esta ha sido una de las principales causas en el aumento del sobrepeso y obesidad en niños y adultos, además de otros hábitos alimenticios como el consumo de alimento con un alto contenido calórico.
México actualmente ocupa el primer lugar a nivel internacional en obesidad en niños y el segundo en adultos, por lo que es necesario implementar políticas que ayuden; por un lado garantizar el derecho al consumo del agua potable limpia y de calidad, por otro lado a disminuir los índices de obesidad con los que cuenta nuestro país.
En este contexto, el dictamen nos parece un avance importante en la materia ya que en la instalación de la infraestructura hidráulica necesaria en las escuelas púbicas y privadas, garantizará el libre acceso al agua potable y por lo tanto incentivará su consumo, más si consideramos que por cada 10 pesos del gasto público federal destinado a la educación básica, 7.40 pesos son destinados para servicios públicos, como agua, luz, teléfono, etcétera, lo que deja claro que el gasto para la disponibilidad de agua potable en escuelas públicas es menos del 7 por ciento.
Por lo anterior, la instalación de bebederos escolares permitirá modificar conductas inadecuadas de alimentación a partir de la disponibilidad de alimentos saludables y de la constante disponibilidad de agua potable. Con esta medida los alumnos formarán hábitos alimenticios saludables, que ayudan a disminuir o erradicar los problemas de sobrepeso y obesidad de la población infantil, además de actuar en estricta congruencia con la Ley General de Educación, la cual tiene dentro de sus prioridades fomentar la educación en materia de nutrición con la finalidad de crear conciencia sobre la preservación de la salud.
Derivado de lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada Vargas Pérez.
Para fijar postura hasta por cinco minutos en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, tiene el uso de la voz la diputada Judith Magdalena Guerrero López.
La diputada Judit Magdalena Guerrero López: Con su venia, presidente. Señoras y señores legisladores, en noviembre pasado, cuando esta asamblea aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, se expusieron argumentos con los cuales concordamos los 481 diputados que estuvimos presentes entonces.
El serio problema de salud pública que enfrenta nuestro país, derivado de la emergencia de enfermedades relacionadas con el poco adecuado estilo de vida de los mexicanos, caracterizado fundamentalmente por una mala alimentación y por la falta de activación física, ha sido diagnosticado una y otra vez.
Ante la magnitud del problema que enfrentamos en los últimos años, se han propuesto múltiples medidas encaminadas a transformar esta lamentable situación que está poniendo en riesgo la viabilidad de nuestro sistema de salud y que amenaza con colapsarlo en un futuro cada vez más cercano, si no somos capaces de generar cambios significativos al respecto.
Ante tal situación, recientemente han sido aprobadas por esta asamblea medidas con el objeto de enfrentar de manera más efectiva la problemática de la obesidad en nuestro país. Un ejemplo de ello fue el establecimiento a partir de este 2014 del impuesto especial a los refrescos y bebidas azucaradas cuya finalidad esencial, además de allegarle mayores recursos al Estado, es desincentivar el consumo de los mismos, pues se ha comprobado que este es una de las principales causas de la obesidad y el sobrepeso, que aqueja a siete de cada 10 mexicanos.
En este sentido, se hace necesario ofrecer una alternativa más saludable a quienes consumen bebidas con alto contenido calórico y grandes cantidades de azúcar. Esa es precisamente la intención de la iniciativa propuesta por los compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional cuya aprobación garantizará en los planteles escolares el acceso gratuito al agua potable, a través de la instalación de bebederos.
Sin embargo, la colegisladora, en virtud del proceso legislativo señalado en el artículo 72 constitucional, ha realizado observaciones pertinentes y ha dispuesto modificar el texto del artículo 19 y el Tercero transitorio.
Con respecto al artículo 19, las comisiones dictaminadoras del Senado de la República estimaron la conveniencia de mantener el texto vigente del segundo párrafo de la fracción XII, a efecto de no legalizar mediante una excepción la transferencia de recursos públicos a particulares.
Esta modificación pretende garantizar que los recursos públicos destinados por la Secretaría de Hacienda para cumplir con el propósito de la reforma, sean destinados única y exclusivamente a las escuelas públicas y no así a las particulares.
Lo anterior tiene sentido, en cuanto al hecho de que son muchos los rezagos todavía existentes en el país, en lo que se refiere al acceso de agua potable, pues se estima que el 4 por ciento de los habitantes de las zonas urbanas carecen del líquido, mientras que en el ámbito rural la cifra crece hasta el 13 por ciento y casi siempre se trata de personas con alto nivel de marginación, los cuales asisten en el mejor de los casos a escuelas de carácter público.
Además, cabe señalar que una estimación del Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa, de acuerdo a los datos de un estudio-diagnóstico realizado por la Secretaría de Educación Pública sobre los inmuebles escolares, estableció que sólo el 50.4 por ciento de los planteles educativos del Estado cuentan con bebederos.
Ahora bien, en virtud de las reformas propuestas por el Senado al artículo 19, resulta pertinente ampliar el plazo para que los planteles educativos particulares instalen bebederos bajo una supervisión de las autoridades competentes.
De este modo, la modificación al artículo Tercero transitorio tiene el propósito de establecer 18 meses en lugar de 12, como plazo para cumplir con lo establecido en las leyes a partir de su entrada en vigor, por lo cual se estarían eliminando los pretextos para que pudieran surgir por parte de los particulares.
La bancada del Partido Verde apoya este tipo de propuestas y celebra que se dictaminen con prontitud, a fin de beneficiar siempre a nuestros niños. Es cuanto, presidente. Y a consideración de diputados y diputadas.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Fernando Cuéllar Reyes, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Fernando Cuéllar Reyes: Con su venia, diputado presidente. Estimadas compañeras y compañeros, el día de hoy su servidor viene a esta tribuna a fijar posicionamiento por parte del Grupo Parlamentario del PRD, respecto al dictamen que reforma y adiciona los artículos 7,11 y 19 de la Ley de Infraestructura Educativa en materia de instalaciones de bebederos.
Como ustedes saben, y esto fue parte de un debate que tuvimos en el marco del análisis del presupuesto para el 2014, ése debate de cómo poder garantizar, desde una política pública del Estado mexicano, que se pudieran instalar este tipo de bebederos.
Desde aquí quiero llamar la atención y la preocupación que me han manifestado varios compañeros y compañeras, que ya tuvieron la experiencia de ser diputadas o diputados locales en algunas legislaturas de los estados, que se etiquetó recurso, pero que no se resuelve sólo con el concepto de bebederos, porque definitivamente tiene que ver con las condiciones en que estén las escuelas con la infraestructura, en algunos lugares no tenemos ni agua y ahí es donde es necesario fortalecer que la infraestructura nos dé condiciones para llevar a cabo.
Por eso consideramos que respecto de este dictamen que estamos comentando, debemos de hacer mención, desde diferentes perspectivas, el tema de la salud de nuestras niñas y niños, que está en riesgo bajo los parámetros actúales, como fuentes del último dato emitido por la Secretaría de Salud, en lo que fueron evaluados alrededor de 7 mil niños y niñas de entre 13 y 12 años de edad, se observó que un 45 por ciento mostraba datos de obesidad y sobrepeso. Cabe mencionar que en referencia a esto, un 20 por ciento mostraba signos más alarmantes de tener obesidad mórbida.
Es de importancia señalar, que como país nos encontramos en el primer lugar a nivel mundial de sobrepeso y obesidad infantil. Si tal patología no es considerada en los compromisos y acciones actuales del Estado mexicano, pronto tendrá un impacto negativo en nuestro sistema de salud pública y también en términos económicos y sociales, por lo que se pondría en riesgo nuestra nación.
Por eso el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática reconoce en esta iniciativa un compromiso con los niños y jóvenes mexicanos. Consideramos como una estrategia congruente y válida, no sólo el limitar el consumo de bebidas azucaradas, comida chatarra y la colocación de impuestos a éstos, sino fomentar y alentar, en paralelo, el consumo de agua potable.
Sin embargo, para que esto sea posible, el Estado debe de asumir un papel activo y garantizar la existencia de bebederos en cada una de las escuelas existentes a lo largo y ancho de la República Mexicana tanto públicas como privadas.
Es necesario precisar que hoy en día la recaudación total del impuesto a la comida chatarra equivale, en cifras actuales, a poco más de 12 mil millones de pesos correspondientes a la recaudación hecha a las bebidas azucaradas y en cuanto a los considerados alimentos no básicos con alta densidad calórica, el equivalente a 5 mil 600 millones de pesos.
Debe tomarse en consideración que esta iniciativa, atinadamente incluye la participación de las dos dependencias implicadas en la materia: la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, que deben respectivamente asegurar la calidad del agua, y por otro, el acceso y construcción de infraestructura, como ya lo explicaba yo hace un momento, en los centros escolares.
Por lo que se requiere la instalación de 645 mil 217 bebederos, los cuales tendrían un impacto presupuestario que asciende a casi 10 mil millones de pesos por conceptos de gasto de inversión, más 961 millones de pesos anuales por consumo de agua. De hacerlo gradualmente, instalarse 215 mil bebederos por año, el impacto presupuestal, incluyendo el consumo de agua, sería de 3 mil 546 millones de pesos en un periodo de tres años.
La magnitud del impacto presupuestario para el erario federal podría ser menor en la medida en que el gasto por consumo de agua se distribuya en los tres órdenes de gobierno, conforme al régimen de sostenimiento de las escuelas.
Por otro lado, esta iniciativa es pertinente, pues estamos en tiempo de hacerla realidad vía la modificación en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.
Quiero, finalmente, comentar, compañeras y compañeros diputados, que las dos modificaciones que nos hizo la Cámara de Senadores a la iniciativa original, referentes a eliminar la inversión en infraestructura para escuelas particulares y extender la inversión a escuelas con menos de 100 años en su matrícula, consecuentemente, en la opinión de nosotros los legisladores del PRD, son totalmente congruentes con el principio de equidad y en este sentido llamamos a los distintos grupos políticos a que hagan especial énfasis en la revisión de los gastos en materia de educación, pues el escaso margen de inversión que tiene el gobierno federal hacia ésta, exige que el gobierno sea especialmente cuidadoso de invertir con eficacia.
En otras palabras, cuidemos que esos 10 mil millones de pesos, que es el compromiso que se tuvo con el Ejecutivo, efectivamente se apliquen progresivamente durante estos tres años y que ya en 2014 veamos de manera objetiva, en nuestras escuelas, en toda la República Mexicana, que se haga realidad la instalación de estos bebederos.
De acuerdo con estos argumentos, el Grupo Parlamentario del PRD llama a todas las diputadas y diputados aquí presentes, a emitir su voto a favor de esta iniciativa, que sin duda generará beneficios a nuestra niñez y juventud. Y también, finalmente felicitar a las comisiones de Educación, que encabeza nuestro querido compañero Jorge de la Vega, y la Comisión de Presupuesto, que se tuvo esta sensibilidad, con el diputado Manzur, por poder integrar en el análisis y con la corrida financiera y en la plática que se tiene, en el diálogo que se tiene con el Ejecutivo, poder hacer realidad que este año comience la instalación de los bebederos y que se corrijan también muchas de las fallas estructurales que tienen nuestras escuelas, por el beneficio educativo de nuestras niñas y nuestros niños. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Cuéllar. Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del PAN.
Saludo a un grupo de ciudadanos de la Colonia Texalpa y de Ciudad Azteca del municipio de Ecatepec, estado de México. Que se encuentran aquí invitados por la diputada Norma Ponce Orozco. Bienvenidas y bienvenidos.
El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro: Con su venia, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados. Consecuentes con la reforma al artículo 4o. constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de febrero de 2012, en el que se consagró el derecho de toda persona al acceso a la disposición y al saneamiento de agua para consumo personal y domestico.
Esta Cámara de Diputados, el 13 de noviembre de 2013 discutió y aprobó en su calidad de Cámara de origen, el dictamen con proyecto de decreto que tiene como fin garantizar el acceso al consumo y suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar.
En aquél entonces con una votación casi histórica, es decir, 481 votos a favor, estuvimos de acuerdo en aprobar las modificaciones a la Ley General de Infraestructura Física Educativa y así remitirla en términos del proceso legislativo a la Cámara de Senadores.
El 20 de febrero de 2014, los integrantes de la Cámara de Senadores discutieron y aprobaron con modificaciones la referida reforma, pero reconociendo la importancia para la generación de hábitos saludables; por ello nos encontramos aquí nuevamente en este pleno discutiendo las modificaciones propuestas por la Cámara revisora a la minuta enviada, por las que propone en primer lugar mantener el texto vigente del segundo párrafo de la fracción XII del artículo 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.
Por otra parte, se plantea modificar el artículo tercero transitorio con el propósito de establecer un plazo máximo de 18 meses para que los planteles educativos instalen bebederos bajo la supervisión de las autoridades correspondientes, adecuación que Acción Nacional apoyará, porque creemos firmemente que establecer un plazo concreto para que las autoridades educativas realicen lo señalado contribuirá a que la ciudadanía y nosotros como sus representantes podamos monitorear y pedir cuentas a fin de preservar los derechos amparados en esta reforma.
Finalmente, la Cámara revisora propone eliminar el artículo sexto transitorio, a fin de descartar el criterio de prioridad que se establecía en la instalación de los bebederos de agua potable con el fin de no excluir a aquellas localidades marginadas y pobres que no cumplan con tal requisito, modificación que también nuestro grupo parlamentario votará a favor a fin de no profundizar los grandes rezagos que sufren las regiones más apartadas y menos pobladas que cuentan con instalaciones educativas de por sí precarias.
Compañeras, compañeros, es un gran desafío el cuidado de la salud pública, sin duda la falta de agua para beber en las escuelas representa y se vuelve una estrategia sumamente valiosa para conservar la salud de nuestros niños y de nuestras niñas, por lo que el impulso de acciones que contribuyan en ello debe ser considerado una prioridad de salud pública para el Estado.
Para Acción Nacional apoyar este dictamen es atender la urgencia de que los niños y las niñas de este país puedan tener acceso gratuito a agua purificada en sus escuelas como un derecho básico de la infancia y una obligación del Estado el garantizarlo.
Cabe apuntar que para nosotros, como Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el tema no es desconocido. Los integrantes de nuestro grupo parlamentario hemos insistido en el abordaje legislativo de las acciones necesarias para la conservación de la salud mediante diversos proyectos de iniciativa de ley.
Por ello y por nuestro compromiso doctrinario con la creación de condiciones para el pleno ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos es que votaremos a favor de este dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Roy Argel Gómez Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI.
Saludo la presencia y les doy la más cordial bienvenida a los alumnos del Centro Universitario Continental de la licenciatura en Derecho, de Pachuca, Hidalgo, que están aquí invitados por la diputada Dulce María Muñiz Martínez. Bienvenidas y bienvenidos todos.
El diputado Roy Argel Gómez Olguín: Con su venia, señor presidente. Señores y señoras legisladores. El motivo de mi presencia en esta tribuna es para manifestar el posicionamiento de mi Partido, el Revolucionario Institucional, respecto de un tema de vital importancia.
Me referiré al abasto de agua potable a nuestros niños y a nuestras niñas mediante la implementación de bebederos escolares, una iniciativa presentada y fundamentada en su momento por mi compañera y amiga, la diputada Adriana Fuentes Téllez.
Por qué digo que el tema del agua es de vital importancia, si consideramos que el cerebro es 75 por ciento agua, que se necesita agua para exhalar, que además el agua regula la temperatura del cuerpo, el agua transporta nutrientes y oxígeno a todas las células en el cuerpo.
La sangre es 92 por ciento agua, el agua humedece el oxígeno para poder respirar; el agua protege y amortigua órganos vitales, el agua ayuda a convertir los alimentos en energía, el agua ayuda al cuerpo a absorber los nutrientes, el agua se deshace de los desperdicios de nuestro organismo. Los huesos son 22 por ciento agua y que los músculos son 75 por ciento agua. Tenemos la respuesta concreta a esta pregunta. El agua es vida.
Tan es así, que algunas de las consecuencias por su falta pueden ser infección del tracto urinario, formación de los cálculos renales, trastornos broncopulmonares, cáncer, estreñimiento, dolores de cabeza y migraña, incremento en la fatiga, pérdida de la memoria cuando se sufre una deshidratación moderada y alteraciones del sistema nervioso central, entre otros.
De ahí que reitero sea imperativo proporcionarles de manera gratuita y constante el abasto de agua potable a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras niñas, para así evitarles los problemas de salud en la medida de lo posible.
Además de lo anterior sabemos la importancia que ha adquirido en nuestro tiempo el problema de sobrepeso y la obesidad en la población.
Por eso es necesario atender este tema y ha sido una preocupación constantes de nuestro presidente de la república, quien cumpliendo un compromiso de campaña en el sentido de velar por el bienestar de las familias mexicanas, ha instruido al sistema de salud para que se aboque a combatirlo de manera preponderante.
Pero nos toca también a nosotros hacer equipo con el Ejecutivo para abatir ese flagelo que tanto afecta a nuestra sociedad.
Por eso es que el hecho de que los estudiantes tenga a la mano la posibilidad de consumir agua potable, sientan la necesidad de hidratarse, será una forma de contribuir a ese esfuerzo toda vez que con esto serán propensas a desarrollar un hábito que contribuirá de sobremanera a mantenerse en el peso ideal al intercambiar la ingesta de este preciado líquido por aquellas bebidas azucaradas, aquellas bebidas con conservadores. Entre otras consecuencias les generan graves problemas de sobrepeso.
No es desconocido para nosotros que la Organización Mundial de la Salud considera que el derecho a la salud consiste en que los gobiernos creen condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible.
Dichas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de los servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos.
De esta forma el organismo dependiente de la ONU establece que la prerrogativa en comento no debe entenderse únicamente como el derecho a estar sano.
Además de acuerdo con la OCDE la obesidad constituye la principal causa de mortalidad en los países miembros de la organización y México es el segundo país con mayor índice de obesidad, ya que el 30 por ciento de su población adulta padece obesidad.
Por lo que respecta a la población infantil de 5 a 11 años de edad, el índice de sobrepeso y obesidad en 2012 era del 34.4 por ciento. Es decir, representa alrededor de 5.6 millones de niños con ese problema.
Por lo tanto cualquier medida que tomemos con el afán de contribuir y disminuir esos índices, siempre será benéfica para nuestras familias; pero no bastará la simple implementación material de los bebederos para lograr este objetivo. Es importante que todos los actores sociales relacionados de manera directa con los estudiantes, con los niños y niñas, como son los padres de familia y los maestros, se involucren en este esfuerzo conjunto buscando ese cambio de hábitos de hidratación, siendo lo más importante educar desde el seno de la familia y en las aulas a las niñas y los niños para que se percaten de la importancia que tiene para su salud física y mental que consuman una cantidad suficiente de agua potable al día.
Cabe resaltar que el tema de la preservación y tratamiento de agua potable ha sido motivo para la realización de distintos foros nacionales e internacionales y, dada su importancia, ha comenzado a ser tratado como un derecho humano. Tan es así que se dice que en un futuro no será el petróleo ni el oro lo que genere disputa entre las naciones, sino que lo será el vital líquido que a la fecha aún podemos proporcionar a nuestros niños y niñas, sin controversias con terceras personas.
En la minuta que hoy tenemos a discusión, nuestra colegisladora coincidió en lo general con el proyecto que le fue remitido, aunque formuló dos cambios concernientes al artículo 19 de la ley en cuestión en donde propone que no se transfieran recursos públicos a entidades particulares y del tercer transitorio del decreto, en el cual amplía de 12 a 18 meses el plazo para que los planteles educativos particulares instalen bebedores, bajo la supervisión de las autoridades competentes.
Diputadas y diputados: por todo lo antes dicho es que el posicionamiento del Partido Revolucionario Institucional es a favor de que se apruebe el dictamen propuesto y por lo tanto se reformen la Ley General de Educación y la Ley General de Infraestructura Física Educativa, en los términos señalados, cumpliendo así con la obligación de beneficiar con nuestro esfuerzo a todas las familias mexicanas. Trabajando unidos, unidos somos más fuertes. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, para hablar a favor, la diputada Socorro Ceseñas Chapa.
Quiero dar la más cordial bienvenida, a nombre de la Cámara de Diputados, a 32 alumnos destacados en la evaluación de la Olimpiada del Conocimiento en Matemáticas, de 2014, procedentes del municipio de Matamoros, Tamaulipas, invitados por el diputado Carlos García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
También le damos la bienvenida a la contadora Ivette Bermea, Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Matamoros. Bienvenidas y bienvenidos todos.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros. La Ley General de Infraestructura Física Educativa en materia de bebederos escolares representa un ordenamiento constitucional al que México llega tarde, pero debe ser un inicio para el mejoramiento de la salud de todas y de todos los mexicanos, principalmente de la niñez en nuestro país.
El tema que abordamos el día de hoy no es menor; la falta de acceso de agua potable en el mundo y en nuestro país particularmente, es un problema absolutamente real. Basta recordar que la falta de este preciado líquido con un correcto saneamiento y medidas de higiene adecuadas causa la muerte cada de día de mil 400 niños menores de cinco años en el mundo, de acuerdo al informe de la Unicef.
Nuestro país padece una crisis en materia de escasez del agua. Recientemente el titular de estudios y proyectos de agua potable y redes de alcantarillado de Conagua, señaló que en México a partir de 1990 y hasta el 2013, 10 millones de personas no tenían acceso al agua potable, principalmente en zonas como Aguascalientes, Coahuila, Colima, Tlaxcala y el Distrito Federal.
El agua, el oro azul como es llamado, ya conocido en muchos países, es un recurso de la mayor importancia para mantener la vida. México debiera realizar una declaratoria muy seria para la protección de los mantos acuíferos y el mantenimiento de las redes de distribución en todo el país.
El ordenamiento constitucional del artículo 4o es muy preciso. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
El dictamen a discusión sobre la Ley General de Infraestructura Física Educativa en materia de bebederos escolares debiera traernos a la memoria que en la opinión de algunos expertos para el 2050 el consumo de agua en el mundo aumentará en 55 por ciento. Y más del 40 por ciento de la población mundial no tendrá acceso a ella o de plano habrá escasez.
La OCDE ha señalado recientemente que existen problemas serios de abasto de agua en nuestro país. A este fenómeno se destaca que el costo de las enfermedades, producto de falta de acceso a este líquido le cuesta a México aproximadamente 500 millones de dólares. Si a esta cantidad sumamos el costo de las enfermedades causadas por el alto consumo de bebidas azucaradas, gaseosas, alcohólicas, el problema se vuelve mayúsculo.
Hace años el gobierno decidió sucumbir ante los intereses de las grandes empresas refresqueras y embotelladoras para convertir en un derecho de los mexicanos el uso de bajar este costo.
Es importante recordar que de acuerdo a la UNESCO, un litro de agua embotellada cuesta un promedio de mil veces más que un litro de agua de grifo. Por lo tanto debemos de seguir impulsando de que haya la posibilidad de la llegada del agua potable a todas y a todos los mexicanos.
La propia Cámara de Diputados ha decidido convertir este derecho en un bien o servicio que le cuesta millones de pesos. Recordemos que hemos insistido en la instalación de bebedores de agua potable, de tal manera que nos permita un gran ahorro millonario en esta Cámara de Diputados y en todas las instituciones del poder en el país.
Hago un llamado para que no confundamos derechos con servicios. Debemos reconocer que la comisión revisora en el Senado hizo modificaciones pertinentes que ya hicieron mención los compañeros que antecedieron el uso de la palabra para posicionar a favor.
La que más es de aplaudir es la que tiene que ver con la que se contradecía y era discriminatoria, señalar que solamente se instalarían bebederos, se iniciaría la aplicación de ellos y su instalación en las escuelas de una población estudiantil de 100 alumnos hacia arriba. Y eso, creo, que era discriminatorio y aplaudimos que se haya decidido.
Recordarles también que el peso quedará. Cada uno de los litros de las bebidas saborizadas pues generará 12 mil 500 millones de pesos, suficientes para poder no sólo en el plazo que viene estipulado en la reforma, sino en menor tiempo, puesto que el Centro de Investigaciones Económicas de esta Cámara tiene la proyección para la instalación de bebederos de agua potable en un costo de 2 mil 500 millones de pesos, incluyendo en las escuelas donde están lejos de donde está el acceso a una llave de agua potable.
Aplaudimos obviamente. Podemos seguir avanzando aún más, siempre y cuando tengamos la disposición y el buen manejo del recurso que en su momento se destine para la instalación de estos bebederos en las escuelas en nuestro país. Gracias por su atención y buen día.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra, para hablar a favor, la diputada Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Y saludo con mucho gusto a un grupo de ciudadanos del municipio de Xico, Veracruz, que nos acompañan hoy, invitados por el diputado Ángel Abel Mavil Soto. Bienvenidas y bienvenidos, todos.
La diputada Dulce María Muñiz Martínez: Con su permiso, diputado presidente. Amigos diputados y amigas diputadas, un reclamo recurrente de los padres de familia es que las condiciones en que se educan sus hijos mejoren y respondan a estándares de calidad que permitan en el futuro retribuir sus esfuerzos, de forma tal que logren el salto cualitativo generacional tan anhelado.
Ciertamente a ese reclamo acudimos responsablemente los legisladores con una reforma educativa que buscó hacer de la calidad un pilar fundacional del sistema mismo. La idea fue y sigue siendo clara: hacer que la población mexicana, que se educa en nuestro sistema, siga defendiendo y sirviendo a México, sin dejar de ser consciencia crítica de su pueblo, como lo vislumbra nuestro nobel, el maestro Octavio Paz.
Hoy vengo a ratificar el compromiso del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para con la niñez y la calidad educativa, misma que no resulta de esfuerzos aislados sino del trabajo integral y en equipo. Por ello hago manifiesta la posición a favor de la iniciativa que reforma los artículos, 7, 11 y 19 de la Ley de la Infraestructura Física Educativa.
Con el cambio propuesto hace posible la instalación de bebederos funcionales que oferten agua a más de 30 millones de alumnos en poco más de 240 mil escuelas. La calidad educativa también se acompaña de infraestructura que fortalezca al sistema.
Aprovecho la ocasión para reconocer y agradecer como docente de votación que soy, a mi amiga y compañera diputada Adriana Fuentes Téllez, quien fue quien presentó y fundamentó en su momento esta iniciativa. Mi reconocimiento por supuesto a mis compañeras y compañeros de la Comisión de Educación y Servicios Educativos y a su presidente, y a todos los grupos parlamentarios que en su momento dieron su respaldo unánime. Su valioso apoyo e impulso materializará lo que hemos venido haciendo en esta histórica legislatura; reorientar al país para que tome la senda de la modernidad.
Amigas diputadas y amigos diputados, gracias a esta propuesta conjuntamos los esfuerzos institucionales para combatir el grave problema de la obesidad y el sobrepeso, el cual nos coloca en el octavo lugar en obesidad infantil en niños y en el cuarto en obesidad en niñas, conforme a lo reportado por la OCDE.
Una población sana con altas expectativas de vida empieza desde su formación inicial, la escuela, el espacio propicio para hacerlo. Una escuela de calidad forma valores para lograr una mejor sociedad.
Hoy votaremos una decisión responsable para un México que tiene futuro. Gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene finalmente el uso de la voz para hablar a favor del dictamen, el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañeros presidente. Compañeras y compañeros legisladores, esta reforma fue aprobada por esta Cámara en el periodo ordinario pasado y hoy regresa de nuestra colegisladora. Nosotros en esa ocasión señalamos nuestro acuerdo por esta reforma que dispone que se establezcan bebederos suficientes en las instituciones de educación superior, con objeto de generar nuevos hábitos de consumo y como una medida para evitar también el consumo de refrescos en las escuelas del país.
Sin duda que no podemos dejar de estar a favor de este punto, es una medida trascendente, ¿por qué lo es? Porque definitivamente hay un problema de infraestructura de bebederos en el país, porque hay un problema grave de obesidad, del cual ya han dado cuenta quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Pero además refrenda la convicción que tenemos en Movimiento Ciudadano de que los hábitos de consumo de la población y particularmente de nuestra niñez, no se cambian por decreto ni se combaten con impuestos agresivos, sino con políticas públicas y medidas eficaces que respondan al entorno social.
Nos parece que esta medida es más trascendente que el impuesto del 8 por ciento sobre la producción y servicios a los alimentos llamados chatarra, que ha generado efectos inflacionarios en el país y que no es claro que haya permitido un combate genuino a la obesidad.
Nosotros estamos a favor de esta propuesta, pero queremos también aprovechar este espacio para que el gobierno rinda cuentas claras de qué se ha hecho con lo recaudado en el impuesto de un peso al litro de refresco y el impuesto del 8 por ciento a los llamados alimentos chatarra.
El Presidente diputado José González Morfín: Diputado Ricardo Mejía, permítame un segundo. El diputado Díaz Palacios desea formularle una pregunta, ¿la acepta usted?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Al terminar la contestaré, con todo gusto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: El gobierno federal debe informar sobre los avances, el impacto, el destino de los recursos fiscales y la efectividad en materia de salud y reducción de obesidad de las medidas fiscales.
No puede ser que con el discurso de combatir la obesidad únicamente haya una medida recaudatoria que está generando inflación y está siendo además inhibitoria del crecimiento económico.
Nosotros sí creemos el combatir la obesidad. Y por eso esta medida que hoy se está aprobando es efectiva. Pero también, ya que entramos al debate de de medidas efectivas para combatir la obesidad, que el gobierno federal informe cómo va el avance en este tema a partir de la reforma fiscal que puso impuestos sobre este tema. Esta sería mi intervención y adelante, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Puede formular su pregunta, diputado Díaz Palacios. Sonido, por favor.
El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios: Muchas gracias, señor diputado. Solamente para preguntarle –y aspiro a una respuesta con un simple sí o no– si está usted enterado que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hizo un estudio en donde demostró que a los y las mexicanas nos costó en atención a la obesidad infantil 68 mil millones de pesos, por supuesto, esto incluye la diabetes.
De ser sí su respuesta, señor diputado, entonces usted mismo se está contradiciendo porque se ha comprobado que la recaudación con ese impuesto, que por cierto usted no acompañó, se han recabado 12 mil millones de pesos. Por su respuesta y su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Yo lo que le puedo comentar, señor legislador, es que, efectivamente, nosotros no aprobamos ninguno de los nuevos impuestos de la reforma fiscal, porque está comprobado –y no lo decimos nosotros– lo dicen los especialistas, lo dice el Banco de México, lo dice Banorte, lo dice el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que estos impuestos están generando inflación en el país y están generando una limitación del crecimiento económico.
Además, son impuestos que le están pegando a los más desfavorecidos, como el impuesto mal llamado a los alimentos chatarra, que se ha convertido en un IVA disfrazado a los alimentos, porque todo ha subido, ha subido el huevo, ha subido el pan dulce, ha subido la cebolla. Por esa razón, le reitero, no estuvimos a favor antes ni estamos a favor ahora.
Lo cierto es que lo que queremos es transparencia. Que el gobierno informe cuál ha sido el impacto. Usted, sé que le interesa mucho este tema, pero la realidad es que el gobierno ha sido omiso, y a nosotros nos preocuparía que el gobierno informara.
De lo demás, hay estudios en igual sentido. Hay unos que dicen que ayudan, hay otros que dicen que no ayudan las medidas impositivas. Pero aquí quien debe informar es el gobierno federal y la Secretaría de Hacienda, qué se ha hecho con los recursos, y la Secretaría de Salud, cómo ha repercutido en bajar la obesidad en el país. Ése es el tema de fondo.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado.
El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios (desde la curul): Para rectificación de hechos, señor presidente, si usted no tiene inconveniente.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra para rectificación de hechos. Le doy la más cordial bienvenida a un grupo de 59 jóvenes de la región norte del estado de México, integrantes de la Red Jóvenes por México, que están invitados aquí por el diputado Miguel Sámano Peralta. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión.
El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios: Con su venia, señor presidente. Miren ustedes, compañeras y compañeros diputados, he sido verdaderamente respetuoso al escuchar todas y cada una de las intervenciones de mis compañeras y compañeros, lo que no se vale es venir con un tema y aludir otro.
Por eso claramente pregunté, si el estudio de la UNAM no dejaba satisfecho a quien me antecedió en el uso de la palabra. Son 68 mil millones de pesos, esto ya es grave, pero lo es todavía más, que México ocupe el nada honroso primer lugar en obesidad infantil y la diabetes.
¿Qué está pegando más a nuestra niñez? El consumo de los refrescos. Entonces, hoy que la gran mayoría de ustedes aprobó lo que la correligionaria nos hizo, porque nosotros íbamos con el 5 por ciento y la correligionaria nos dio el 8 por ciento. Pero además, ustedes mismos, compañeras y compañeros diputados, etiquetaron un recurso para que fuera a los bebederos, a las escuelas para que nuestros niños tuviesen la oportunidad, como en mi época fue, de que tuviese acceso al bebedero de agua potable.
Ojalá que realmente pensemos más en el bienestar de nuestros niños, de nuestra juventud y hagamos a un lado los proyectos personales o de grupo o de partidos, pues lo que está en juego en este momento es la salud de nuestros niños.
No hay un solo estudio nacional o extranjero que no nos ubique en el primer lugar, nada honroso, de obesidad infantil. Por su atención, por su solidaridad en este proyecto les doy las más agradecidas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Informo a la asamblea que han sido reservados los artículos tercero transitorio y también el sexto transitorio.
El Presidente diputado José González Morfín: En consecuencia, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general, y los artículos no reservados en lo particular del proyecto de decreto.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El Presidente diputado José González Morfín: Doy la bienvenida a esta sesión a un grupo de alumnos y maestros del Colegio San Francisco, de Guanajuato.
Y también a los estudiantes del segundo semestre de la carrera de Administración Pública de la Universidad Autónoma de Morelos, que nos acompañan aquí invitados por el diputado Víctor Reymundo Nájera Medina. Bienvenidas y bienvenidos todos.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A favor.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: A favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se han emitido 399 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados en general los artículos no reservados por unanimidad.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra para presentar su propuesta de modificación al artículo tercero transitorio el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Nosotros votamos a favor de esta reforma y nos da gusto que haya salido por unanimidad.
Las buenas propuestas hay que apoyarlas cuando tienen soporte. Pero aun cuando estamos a favor, hay algunos que son mandados para atacarnos porque no les gusta que les recordemos los fracasos de la política fiscal y hacendaria que hay en el país. El nulo crecimiento económico, el repunte de la inflación, la falta de creación de empleos, la pérdida del poder adquisitivo del salario, la falta de competitividad de los empresarios y comerciantes de la frontera del país por las medidas fiscales con relación a nuestro vecinos del norte.
Por eso nosotros vamos a seguir recordando este tema, porque se ha convertido el tema de la reforma hacendaria en un tema de desaceleración económica y en un problema de la macroeconomía y la microeconomía del país. Si nosotros señalamos el tema del impuesto al refresco y el impuesto a los alimentos chatarra, es porque la gente además de agradecernos que hayamos votado en contra, nos dice que hoy les alcanza menos gracias a estas medidas fiscales y nosotros queremos que el gobierno rinda cuenta claras sobre qué se está haciendo con estos recursos que se dijo que eran para combatir la obesidad.
Desde luego que nosotros queremos que se vaya a fondo en esta pandemia que hoy vive el país, con el nada honroso primer lugar en obesidad infantil, pero no queremos que con pretextos el gobierno siga llenando las arcas públicas, mientras vacía los bolsillos de las familias más pobres del país. Ésa es nuestra posición y no vamos a claudicar.
En el sentido de la reserva se está planteando que las escuelas particulares en un plazo de 18 meses instalen bebederos, nos parece bien. Nos parece bien también que se le revise. Pero nosotros proponemos que también se reconozca a las instituciones particulares de educación superior que están atendiendo esta medida legal, porque escuelas particulares hay de todas, desde las más caras, hasta las más modestas y desde luego que esto representa también una erogación, ellos no van a contar con recursos fiscales para introducir esta infraestructura.
Por esa razón el transitorio se dirige a que la autoridad reconozca a aquellas escuelas particulares que asuman este compromiso a favor de una nueva cultura respecto al vital líquido para una vida saludable en nuestro país. Ésa es la propuesta.
Es decir, no solamente apretar a las escuelas particulares para que apliquen esta medida, sino también reconocer a quienes se sumen a estas medidas a favor de cambiar los hábitos alimenticios y combatir efectivamente la obesidad en nuestro país. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado Mejía.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia se desecha. Tiene la palabra, el diputado Ricardo Monreal Ávila –también– para presentar una propuesta de modificación al sexto transitorio.
Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Universidad de San Luis Potosí, que están hoy aquí invitados por el diputado Ricardo Monreal, a quien van a tener el gusto de escuchar en la tribuna.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Gracias, presidente. Los viejos adagios de la Corte de Castilla tenían uno en especial que a mí me gusta por la profundidad del mismo. Decían los reyes; las cortes, por indicaciones de los reyes, en las monarquías absolutas. Obedézcase, pero no se cumpla.
Ésta es una de las leyes que, me parece, todos debemos apoyar porque se trata de instalar bebederos gratuitos, suficientes –dice la ley– para que puedan acceder a ellos la población estudiantil en todos los niveles de educación. Pero la terca realidad es un obstáculo para cumplirse.
¿Sabían ustedes que hay incluso estados como en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero; incluso en Veracruz, en Papantla –de donde es mi amigo del Río Virgen– que el 70 por ciento de escuelas en el medio rural no tienen agua? Es un problema serio y por eso al iniciar la intervención repetí el adagio: obedézcase, pero no se cumpla.
Claro que la venta de refrescos, el consumo de refrescos en nuestro país en los últimos 30 años ha causado estragos a la salud. Obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades renales que son como consecuencia de la diabetes.
La OCDE señala que México ocupa el segundo lugar de obesidad entre adultos y niños. Casi un tercio de los adultos, es decir el 32. 4 de mexicanos sufre obesidad, y al menos el 16 por ciento de los mexicanos entre 20 y 70 años son afectados por la diabetes, enfermedad relacionada con la obesidad. Cada año mueren 9 millones por hipertensión.
Les quiero comentar que del total de planteles de kínder, primaria y secundaria, un porcentaje muy alto no tiene ni pozos ni manantiales ni sistemas de agua potable. Algunos tienen aljibes, algunos otros reciben agua con pipas, y hay una cantidad impresionante de escuelas sin ningún servicio.
Esta reserva que hago es para modificar el plazo que tendrá el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa para procurar que en las instalaciones del Sistema Educativo Nacional cuenten con la infraestructura de bebederos de agua potable previstos en los artículos 7 y 11 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa. Y establece un año, establece un plazo de dos años.
Recordarán ustedes que hay dos tipos de educación en México que se complementan: las instituciones educativas –concluyo-, privadas, y las instituciones educativas públicas. A las privadas se les dan 18 meses y a las públicas tres años. Aunque en técnica jurídica, presidente, ya no se podría modificar ésta porque proviene de la colegisladora y se supondría que las dos Cámaras ya aprobaron este artículo sin modificaciones.
Por último les digo que coincidimos en Movimiento Ciudadano con la prohibición de los refrescos en colegios y en escuelas. Actualmente la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, de la SEP, está recomendando incluir a los refrescos como bebidas azucaradas prohibidas.
Me parece correcto y deberíamos de aprobar este anteproyecto y trasladarlo a derecho vigente. Los refrescos deben de ser bebidas prohibidas en las escuelas. Ojala y prosperen estos lineamientos que se están planteando. Presidente, por su tolerancia, y a todos, muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta del diputado Monreal.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia se desecha.
El Presidente diputado José González Morfín: Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal de los artículos tercero y sexto transitorios en los términos del dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos tercero sexto transitorios en los términos del dictamen.
(Votación)
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
El diputado Francisco Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se emitieron 379 votos a favor, 0 abstenciones y 20 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados por 379 votos los artículos tercero y sexto transitorios. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa en materia de bebederos escolares. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Sonido en la curul de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena. Dígame, diputada, con qué objeto.
La diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (desde la curul): Gracias, señor Presidente. Simplemente quiero lamentar que una vez más ocurra un caso de una mujer embarazada que no ha sido atendida oportunamente en Oaxaca.
Ella tuvo que dar a luz a su hijo afuera de la clínica, donde le dijeron que no había médico. Es muy lamentable que en estos días el Ejecutivo federal dio una instrucción a la Secretaría de Salud para que se atendieran las emergencias obstétricas y sin embargo vemos nuevamente que todo queda en bonitas palabras.
Apelo de la sensibilidad de la secretaria y de todas las autoridades federales y estatales para que no se dé un caso más. Sería muy lamentable tener que enfrentar una situación peor. Las mujeres en México tienen derecho a la salud y éste debe ser cumplido a cabalidad. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Su intervención ha quedado registrada. Sonido en la curul de la diputada Fabiola Valencia. Dígame, diputada.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez (desde la curul): Gracias, presidente. Efectivamente, no es grato esto que está sucediendo. Estamos en contra de que no sean atendidas las mujeres en materia de salud.
Pero también quiero hacer un reclamo a la Secretaría de Salud del país porque hay un déficit en Oaxaca, especialmente en el tema de las plazas becarias. Si tuvieran sensibilidad, en Oaxaca ya se hubiera solucionado; sin embargo, por supuesto que nos sumamos a la indignación que tiene la diputada que me antecedió en el uso de la palabra y vamos a hacer todo un esfuerzo los oaxaqueños porque esto ya no se esté dando en nuestro estado. Gracias, Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Eva Diego. Dígame, diputada.
La diputada Eva Diego Cruz (desde la curul): Gracias, señor presidente. En realidad son indignantes estos casos que han pasado en Oaxaca. Pero también tenemos que tener claro que no nada más es voluntad política lo que se necesita.
En el pasado presupuesto estuvimos hablando con la Secretaría de Hacienda y con todos los coordinadores parlamentarios en esta Cámara de Diputados sobre el tema de salud en Oaxaca. Tenemos un déficit muy grande y no podemos salir adelante.
Tenemos 300 centros de salud en Oaxaca inconclusos, muchos son elefantes blancos y no se han podido terminar. De las 500 unidades de salud, 300 están inconclusas. Tenemos 6 mil empleados con plazas precarias que no tienen ningún apoyo laboral, y que tenemos un déficit de más de 2 mil millones de pesos en Oaxaca en el tema de salud.
El presidente de la República fue a hacer un compromiso presidencial de ver por la salud de los oaxaqueños y que porque esa red hospitalaria se termine, y sin embargo en el presupuesto no hubo ampliación.
Decirle a la Secretaría de Salud federal y también a la Secretaría de Hacienda que tomen cargas en el asunto; es indignante ver que no haya esa atención, pero también es más indignante que en el tema de recursos no se vean esos déficit que tenemos. Necesitamos, en Oaxaca más recursos, no necesitamos nada más discursos.
Sí nos duelen estos temas, nos duele mucho a los oaxaqueños, pero nos duele también que en la Cámara de Diputados no refrendemos ese compromiso al momento de la repartición de los recursos para brindarle los mejores servicios a nuestras oaxaqueñas y a nuestros oaxaqueños. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Ya las intervenciones han quedado registradas en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día, a petición de los grupos parlamentarios, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Para fundamentar el dictamen, por la comisión, tiene la palabra la diputada Claudia Delgadillo González.
Saludo ahora sí a los estudiantes de la licenciatura de Derecho de la Universidad de San Luis Potosí, invitados por el diputado Ricardo Monreal, ahora sí ya están aquí en el pleno. Bienvenidas y bienvenidos todos.
La diputada Claudia Delgadillo González: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con su venia, señor presidente. La iniciativa que propone reformar el artículo 25 del ISSSTE, es una propuesta que busca que el Estado mexicano garantice los derechos de seguridad social a través de las dependencias y entidades.
Se busca que la seguridad social a través de diversos mecanismos económicos, financieros y servicios de salud y de bienestar social permita al trabajador y a sus familias contar con una red de protección social que les sirva de seguridad ante determinados eventos como enfermedades, accidentes, vejez y hasta la propia muerte.
Sobre todo, en lo que al sector público se refiere, tiene una connotación especial, ya que la parte patronal viene siendo las entidades y dependencias públicas que forman parte de la estructura administrativa estatal.
Para todos nosotros, los derechos sociales de los trabajadores contenidos en nuestra Carta Magna son irrenunciables. Particularmente los de seguridad social, tal y como se preservan con la propuesta hecha por la iniciadora y reafirmada con el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Estimamos que esta propuesta que mejora el actual sistema de seguridad social en nuestro país no choca con nuestros principios, y más si se busca establecer normas que equilibren a los sectores de la producción que en dicho sistema participan. Tal es el propósito que busca esta propuesta, ya que como lo refiere el dictamen, la reforma que se propone el artículo 25 de la Ley del ISSSTE resolvería el problema de que las dependencias o entidades incumplan hasta por seis meses en el pago de sus cuotas, aportaciones y descuentos, y que en lugar de obligarlas a su cumplimiento, el Instituto en muchos casos suspende a los trabajadores los seguros, prestaciones y servicios correspondientes, lo cual a todas luces es violatorio de los derechos laborales contenidos en el artículo 123, Apartado B de nuestra Constitución.
Con esta reforma es de resaltar que se atiende lo señalado por la OIT en el sentido de que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían, la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a la familia con hijos. Y con ello se estaría obligando al Estado a garantizar la plena vigencia de los derechos de seguridad social de los trabajadores y sus familias.
También se atienden los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha emitido jurisprudencia al respecto, en donde establece el artículo 25 de referencia que es institucional, ya que es violatorio de los derechos sociales de los trabajadores al servicio del Estado al facultar injustamente al ISSSTE para suspender total o parcialmente los seguros, prestaciones o servicios de sus derechohabientes en los casos de incumplimiento de sus respectivos patrones del entero de las aportaciones, descuentos o cuotas al instituto, por lo que bajo este tenor la propuesta que hoy presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social establece que en ningún caso el instituto podrá suspender parcial o totalmente los seguros, prestaciones y servicios a los que éste está obligado.
Por estas razones expuestas invito a ustedes, compañeras diputadas y compañeros diputados, a votar en sentido afirmativo el dictamen que hoy está a discusión. Agradezco mucho, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza tiene el uso de la voz el diputado José Angelino Caamal Mena.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con el permiso de la Presidencia. El dictamen a discusión modifica el segundo párrafo del artículo 25, con el objetivo de especificar en la Ley del ISSSTE que a los trabajadores no se les podrá negar los seguros, prestaciones o servicios por las diversas razones que ya se han planteado, pero una de las fundamentales es cuando sean las propias dependencias del gobierno quienes omitan entregar al instituto las aportaciones retenidas a los trabajadores.
Consideramos correcta esta modificación, la ley tiene que proteger el bienestar social de los trabajadores del Estado, ése es el objetivo primordial de la Ley del ISSSTE. La reforma que se plantea tiene como motivo fundamental el garantizar que no se violen los derechos laborales contenidos en el artículo 123, aparado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no se causen perjuicios económicos, sociales y personales a los trabajadores.
Es evidente que con el artículo 25 de la Ley del ISSSTE vigente, el trabajador queda en un estado de indefensión dado que el Instituto puede suspender los servicios y seguros que conforman su red de protección en materia de seguridad social a través de lo que llaman desincorporación de las dependencias deudoras.
La situación no solamente vulnera los derechos laborales consagrados en la Constitución, sino que constituye claramente un acto de injusticia debido a que en la hipótesis que plantea dicho artículo, la suspensión de los seguros y servicios tendría como causa el incumplimiento de obligaciones por parte del patrón, causa que no es imputable al propio trabajador.
En este mismo sentido, en 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley del ISSSTE en diversas resoluciones a favor de los trabajadores. Por estas razones son las fundamentaciones que tuvo mi compañera la diputada María Sanjuana Cerda Franco, coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, quien propuso esta modificación a la ley, y de esta manera dotar de certidumbre jurídica a todos los trabajadores al servicio del Estado, sin distinción de la dependencia donde laboren.
No obstante, queremos llamar la atención sobre la cuantiosa deuda que diversas instituciones en todo el país le deben al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores al Servicio del Estado. Si queremos contar con un Instituto con servicio, hospitales y clínicas de calidad y con abastecimiento suficiente de medicamentos, no podemos permitir que persista esta deuda en perjuicio de los servicios prestados a los trabajadores. La deuda actualizada al 31 de julio de 2013 publicad por el ISSSTE, es de poco más de 3 mil 907 millones de pesos, situación que urge atender.
Compañeras y compañeros legisladores, Nueva Alianza expresa su reconocimiento a la voluntad de las diversas fuerzas políticas por haber confluido en la aprobación de esta modificación en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por unanimidad. Pedimos nuevamente su voto favorable para este dictamen ya que, como se ha expresado, el único propósito que tiene es preservar el respeto a las garantías y a la certidumbre de las y los trabajadores al servicio del Estado mexicano. Es cuanto, y gracias por su atención.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Saludo a los alumnos y maestros de la escuela primaria Maestro Andrés Juárez Santos, que están hoy aquí invitados por el diputado Israel Moreno Rivera. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores, es de gran relevancia esta reforma que se pone a consideración, del artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En verdad reiteramos nuestra felicitación a la promovente, porque aquí había una gran laguna y se dejaba desprotegidos a los trabajadores al servicio del Estado.
Los derechos laborales de un trabajador al servicio del Estado incluyen salud, prestaciones y demás servicios a los que los trabajadores tienen derecho al laborar en el sector público.
Sin embargo, nos hemos encontrado con varios casos, en donde las dependencias por cuestiones burocráticas-administrativas han retrasado el pago de cuotas, descuentos y aportaciones al ISSSTE.
Debido a lo anterior, existe un sinnúmero de trabajadores que por este tipo de atrasos administrativos se les han negado la atención en los servicios de salud y de prestaciones sociales, como son enfermedades, accidentes, vejez, retiro o muerte, no sólo al trabajador, sino a todas las personas que dependen de ellos.
Actualmente la Ley del ISSSTE menciona que si una dependencia incumple el pago de cuotas por más de 12 meses, se retiran los servicios a los trabajadores, el cual viola gravemente el artículo 123, en su apartado B, por lo cual esta reforma se considera de gran importancia para no dejar en estado de indefensión a los derechohabientes de este instituto.
Sobre este tema en especial, se han llevado a cabo juicios, los cuales se han ganado por parte de los trabajadores, amparándose en el artículo 4o. y 123 constitucional y lo establecido en el artículo 22 de la Ley del ISSSTE.
Por lo anterior es que consideramos en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que debe existir una armonización de nuestra Constitución con la Ley del ISSSTE y por lo que votaremos a favor de esta reforma. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante.
La diputada Zuleyma Huidobro González: En las últimas décadas hemos sido testigos de la promoción de diversas reformas en materia laboral, que han tendido únicamente a reducir los derechos de los trabajadores.
En la discusión de tales reformas han existido muchas voces, que hemos denunciado la afectación e incluso la inconstitucionalidad de esas propuestas. Voces de las que se han hecho oídos sordos en los recintos de ambas Cámaras, bajo el argumento de ser voces regresivas y que impiden el progreso del país.
Hoy, con el dictamen que se somete a discusión se ha reivindicado la voz de denuncia del atraco a los trabajadores. Hoy, con la aprobación de esta propuesta y las consideraciones de la misma se acredita de forma clara que la modificación efectuada al artículo 25 de la Ley del ISSSTE, que fue aprobada en el marco a la reforma laboral del apartado B del artículo 123 constitucional en el 2007, es inconstitucional y atenta contra el derecho de la seguridad social de los trabajadores.
En el marco de la reforma de 2007, se aprobó que cuando existiera alguna dependencia o entidad que incumpla por más de 12 meses, o dentro de un periodo de 18 meses con las cuotas correspondientes al ISSSTE de sus trabajadores, se les despojaría a los mismos de los servicios que les corresponden por derecho.
Ese artículo que fue aprobado maltrata de forma grave los derechos laborales, y atenta directamente contra el derecho constitucional a la salud, pues aún y cuando el trabajador no es el responsable por el entero de las cuotas que le corresponden, se le está convirtiendo en el único sancionado por la actividad indebida de una dependencia o entidad.
Lo anterior es sumamente grave, sobre todo, si consideramos que el instituto cuenta con mecanismos óptimos para hacer el cobro efectivo de las cuotas correspondientes. El propio artículo 22 de la ley en la materia, establece que el instituto podrá solicitar a la Tesorería de la Federación los pagos pendientes con cargo al presupuesto de la entidad o dependencia morosa.
La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que este artículo, el 25, hoy vigente, es inconstitucional, pues hace nugatorio el derecho a la salud de los trabajadores que han cumplido en su otorgamiento de cuotas, cuando la morosidad en su entrega al instituto escapa a su esfera de actuación.
Parecería que durante discusión de la reforma a este precepto, se omitió por completo el análisis de la conveniencia del mismo, en relación al mecanismo de retención y pago de las cuotas de seguridad social del ISSSTE, pues no es explicable, de ninguna forma, establecer la posibilidad de negar el servicio a los trabajadores que han pagado sus cuotas a una entidad o dependencia que, incluso, ilícitamente ha malversado ese recurso.
En 2007, Movimiento Ciudadano votó en contra de esta reforma, y hoy este dictamen nos da la razón porque se advirtió que era inconstitucional, como se ha proclamado aquí, que son diversas las reformas que se han hecho durante esta legislatura, que son inconstitucionales.
Una vez más, este dictamen constituye una prueba clara de lo que se ha mencionado una y otra vez en este recinto. La falta de diligencia y la prisa por despojar a los trabajadores de sus derechos nos han llevado a la aprobación de reformas inconstitucionales que alteran el ejercicio de derechos necesarios para el desarrollo social y económico del país.
Por supuesto que estamos a favor de este dictamen, pero no hacer una reflexión profunda de las motivaciones y consideraciones del mismo, provocará continuar en estos procesos de reforma atropellados, que vulneran a nuestros representados.
Votaremos a favor de este dictamen, en espera de la aprobación de muchos otros más que deriven de los artículos inconstitucionales, que ustedes han aprobado en las reformas de este último año. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
Quiero dar la más cordial de las bienvenidas a los alumnos de secundaria y preparatoria y a los profesores que los acompañan, pertenecientes a la institución educativa Centro de Educación y Cultura Ajusco, que están aquí invitados por el diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Bienvenidas y bienvenidos hoy.
La diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a nivel mundial los sistemas de seguridad social prevén la protección en caso de desempleo, embarazo, enfermedad, accidente laboral, vejez, jubilación e invalidez, dichas prestaciones son importantes para los trabajadores, y por supuesto, para sus familias, pues al proporcionar asistencia médica, seguridad de los medios de vida y servicios sociales, ayuda a la mejora de la productividad y contribuye a la dignidad y plena realización de los individuos.
A pesar de estas ventajas, la Organización Internacional del Trabajo señaló, que tan sólo el 20 por ciento de la población mundial tiene una cobertura adecuada de seguridad social y más de la mitad no goza de ningún tipo de cobertura.
Para ello, dicha organización estableció las normas sobre seguridad social, mismas que prevén diversos tipos de cobertura con arreglo a los diferentes sistemas económicos y a las diferentes etapas de desarrollo, las cuales se llevarán a cabo a través de convenios que ofrecen una amplia gama de opciones y de cláusulas de flexibilidad que permiten que el objetivo de cobertura universal pueda alcanzarse gradualmente.
En el caso de México se crearon diversos institutos especializados para la atención de trabajadores que de acuerdo al tipo de sus empresas en las que laboran será la naturaleza de la institución que los respalde.
Para el caso que hoy nos ocupa, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece que los derechos de seguridad social adquieren una connotación especial, dado que los patrones son directamente entidades y dependencias públicas que forman parte de la estructura administrativa estatal.
Dentro de dichas obligaciones, las dependencias o instituciones deberán generar las aportaciones y descuentos correspondientes. Y que la omisión de las mismas hoy en día genera la suspensión de los servicios y seguros que conforman la red de protección en materia de seguridad social.
Coincidimos con la presente iniciativa ya que dicha institución genera un alto estado de indefensión para el trabajador, ya que como bien señala, no solo son vulnerados los derechos humanos, laborales, sino que también se contribuye al incumplimiento de las obligaciones por parte de los patrones.
Es por ello que las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor de la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues consideramos que bajo ninguna circunstancia debe permitirse que el instituto sostenga parcial o totalmente los seguros, prestaciones y servicios que está obligado a prestar. Es cuánto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Margarita Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en la Comisión del Trabajo y Previsión Social aprobamos por unanimidad la propuesta que tuvo a bien presentar la diputada Santana del Partido Nueva Alianza, pues no podemos permitir que se sigan diluyendo los derechos sociales, esencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacadamente los derechos laborales y de la seguridad social.
Los ataques sistemáticos contra estos derechos han provocado que un puñado de empresarios sean dueños de la mayoría de la riqueza nacional mientras se mantiene la pobreza.
Este dictamen busca reformar el artículo 25 de la Ley del ISSSTE para evitar que los trabajadores al servicio del Estado y sus familias se vean afectados por la suspensión de los servicios médicos y demás seguros, prestaciones y servicios por razones de las que no son responsables. La no entrega de las cuotas, aportaciones y descuentos al ISSSTE de parte de las dependencias o entidades federativas respectivas titulares de las relaciones de trabajo.
Ésta es la situación de trabajadoras y trabajadores que se les descuentan oportunamente las respectivas cuotas y descuentos, pero el patrón no las entrega a la autoridad, en lugar de que se sancione a los titulares de las dependencias y entidades y demás funcionarios que han omitido sus obligaciones, en lugar de ello se sanciona a los trabajadores y sus familias con la suspensión de la atención médica, como ya se dijo, seguros, prestaciones y servicios.
Esta injusticia que podría detenerse con este dictamen fue denunciada inmediatamente después de que la nueva Ley del ISSSTE entró en vigor en el 2007, motivo por el cual fue materia de los cientos de miles de amparos que interpusieron los trabajadores al servicio del Estado contra dicha ley.
Acertadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó jurisprudencia declarando inconstitucional el segundo párrafo del artículo 25 de la Ley del ISSSTE que prevé tal suspensión de los servicios médicos.
Recordemos lo que prevé el artículo 25 de la Ley del ISSSTE. Transcurridos 12 meses consecutivos o dentro de un periodo de 18 meses de incumplimiento parcial o total del entero de cuotas, aportaciones y descuentos, el instituto podrá suspender parcial o totalmente los seguros, prestaciones y servicios que correspondan al adeudo para lo cual bastará con una notificación por escrito al titular de la dependencia o entidad respectiva con 60 días de anticipación. La Junta Directiva y el director general del instituto decidirán sobre el ejercicio de la suspensión dispuesta en el presente párrafo. Se cierra la cita.
Y bien, apoyamos plenamente el contenido de este dictamen que señala expresamente que el instituto ya no podrá suspender parcial o totalmente este tipo de seguros y prestaciones que está obligado a dar. El instituto en todo caso deberá ejercer sus facultades legales para cobrar sus cuotas y aportaciones y descuentos omitidos.
La Suprema Corte en respaldo señaló: Es evidente que al restringir los beneficios de la seguridad social existe la posibilidad de que se suspendan las prestaciones del seguro de salud como es la atención médica y hospitalaria, asistencia obstétrica y suministro de medicamentos aun cuando los trabajadores hayan cubierto sus cuotas oportunamente, lo que contraviene las garantías de salud y seguridad social.
Este dictamen equivale a corregir una pequeña parte de las injusticias, de las inconstitucionalidades que contiene la nueva Ley del ISSSTE, la cual aún requiere múltiples acciones legislativas para restituir la seguridad social solidaria e impedir que los ahorros de los trabajadores sean mermados por la corrupción, la ineficiencia y la intervención de los poderes financieros. El Partido de la Revolución Democrática votará a favor de este dictamen. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del PAN.
Si me permiten, saludo a los alumnos de la preparatoria, Colegio Margil, de Guadalupe, Zacatecas. Están aquí invitados por la diputada Bárbara Romo Fonseca.
También a los alumnos de la escuela Instituto para el Desarrollo en Robótica del Distrito Federal, que se encuentran aquí invitados por el diputado Jorge Sotomayor. Bienvenidas y bienvenidos todos. Adelante, diputada.
La diputada Karina Labastida Sotelo: Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados. La seguridad social está claramente definida en los diversos instrumentos de la ONU y los convenios de la OIT como un derecho fundamental. En términos generales, es un sistema basado en cotizaciones que garantiza la protección de la salud, las pensiones y el desempleo, así como las prestaciones sociales financiadas mediante impuestos.
La seguridad social se ha convertido en un reto fundamental en nuestro país, pero ¿por qué es tan importante garantizar el acceso a la seguridad social a todos los ciudadanos? ¿Por qué debe ser vista como una garantía social y no como una concesión del gobierno o de los patrones? Simple y sencillamente porque hace posible que los trabajadores y sus familias tengan acceso a la asistencia médica y cuenten con protección contra la pérdida de ingresos, sea durante cortos periodos en caso de desempleo, maternidad o enfermedad; o durante periodos largos debido a la invalidez o a un accidente de trabajo. Incluso proporciona ingresos a las personas durante sus años de vejez.
En el país tenemos dos grandes instituciones de seguridad social. El ISSSTE y el Instituto Mexicano del Seguro Social. La realidad es que actualmente pese a los esfuerzos de anteriores administraciones existe una importante proporción de la población que no tiene acceso a ella. Aproximadamente el 30 por ciento de las mexicanas y de los mexicanos no tienen acceso a la seguridad social por su estatus laboral.
Con la aprobación del presente dictamen se estaría subsanando una injusticia que coartaba el disfrute de ese derecho fundamental. El artículo 25 de la Ley del ISSSTE faculta a dicho instituto para suspender total o parcialmente los seguros, prestaciones o servicios de sus derechohabientes en los casos de incumplimiento de sus respectivos patrones del entero de las aportaciones, descuentos y cuotas al instituto y vulnerando con ello el derecho a la seguridad social de los trabajadores y a la salud, contenidos en nuestra Carta Magna, razón por la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional.
Compañeras y compañeros legisladores, resulta de vital importancia reformar el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el propósito de establecer con toda claridad que en ningún caso el ISSSTE podrá suspender parcial o totalmente los seguros, prestaciones y servicios que está obligado a otorgar.
En Acción Nacional estamos conscientes de que es necesario sentar las bases a fin de que las y los mexicanos que tienen la fortuna de tener derechohabiencia reciban atención con calidad y la calidez que se merecen. La situación de millones de mexicanas y mexicanos demanda acciones integrales que les permitan llevar una vida digna y con mejores posibilidades de bienestar.
Por todo lo anterior, las diputadas y los diputados del Partido Acción Nacional sin duda votaremos a favor el presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Norma Ponce Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Norma Ponce Orozco: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el ISSSTE ha sido uno de los más sólidos pilares de la seguridad social en nuestro país, el cual ha servido para consolidar los principios básicos de una seguridad social pública, integral, solidaria y redistributiva, que responda mejor a los compromisos históricos del Estado con sus trabajadores y a sus responsabilidades con el desarrollo de la nación.
En atención a lo anterior y a fin de rescatar a una institución bajo cuya responsabilidad se encuentra la atención de la salud de más del 10 por ciento del pueblo de México y que tiene también la tarea de asegurar a más de medio millón de jubilados, un ingreso que les permita vivir con dignidad, financiera vivienda accesible, otorgar créditos con tasas bajas e impulsar para este sector programas sociales y culturales, legisladores de diversos grupos parlamentarios presentaron en marzo de 2007 una iniciativa cuya finalidad consistió en dar viabilidad y mayor autonomía financiera al ISSSTE.
Como consecuencia de lo anterior el 31 de marzo de ese mismo año se publicó la Nueva Ley del ISSSTE, misma que fue objeto de un acucioso análisis de constitucionalidad por el Poder Judicial de la Federación, el cual tuvo como consecuencia que se reconociera en términos generales que el nuevo ordenamiento se ajustaba lo preceptuado en nuestra Carta Magna.
Sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su papel de legislador negativo declaró la inconstitucionalidad de los párrafos segundo y tercero del artículo 25 de la Nueva Ley del ISSSTE, los cuales señalan, por una parte, que “transcurridos 12 meses consecutivos o dentro de un periodo de 18 meses de cumplimiento parcial o total del entero de cuotas, aportaciones y descuentos, el instituto podrá suspender parcial o totalmente los seguros, prestaciones y servicios que corresponden al adeudo para lo cual bastará con una notificación por escrito al titular de la dependencia o entidad respectiva, con 60 días de anticipación. La Junta Directiva y el director general del instituto decidirán sobre el ejercicio de la suspensión dispuesta”, y por la otra: “que la dependencia o entidad morosa asumirá la responsabilidad y las consecuencias legales que resulten por la referida suspensión de los beneficios previstos en la ley”.
El máximo tribunal de nuestro país arribó a esta conclusión toda vez que consideró que tales normas contrarían la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, así como la garantía al derecho a la salud tutelada en los artículos 4o., y 123 de la propia carta fundamental.
Lo anterior fue resuelto así toda vez que tales previsiones legales no garantizan de ninguna forma que se otorgarán los beneficios a los trabajadores cuando en el momento en que los requieran, pues es evidente que ello estará condicionado a que se acredite algún tipo de responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate, imponiéndole al trabajador una carga que no le corresponde.
El tribunal pleno también observó que la suspensión de los derechos y prestaciones contraviene el derecho a la protección a la salud, así como la garantía de seguridad social, ya que se restringe o menoscaba el derecho de los trabajadores a la protección de la salud.
Al existir la posibilidad de que se les niegue el otorgamiento de los beneficios inherentes al seguro de salud como lo es la atención médica y hospitalaria, la asistencia médica y el suministro de medicamentos, aun cuando hayan cubierto sus cuotas oportunamente.
En esta tesitura, la corte consideró procedente conceder el amparo respecto a los dispositivos impugnados para efecto de que no se privase a los quejosos de los seguros, prestaciones o servicios que brinda el ISSSTE, sin que de manera previa se desarrolle un procedimiento en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
De esta forma, los efectos del amparo se tradujeron en que se permitiera a los trabajadores derechohabientes del instituto seguir gozando de los seguros, prestaciones y servicios que se brindaban, aun cuando la dependencia o entidad para la cual laboran no haya efectuado los enteros respectivos, en la inteligencia de que ello no los eximía de cubrir las cuotas que les correspondían.
Compañeras y compañeros legisladores: las declaraciones de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia deben ser cruciales para enmarcar las normas a lo que dicta nuestra ley fundamental.
Es por ello que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional considera importante la aprobación de este dictamen puesto que su finalidad principal es el respeto a los derechos fundamentales de los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, para hablar a favor, la diputada María Sanjuana Cerda Franco.
Saludamos a los universitarios del municipio de Apan, Hidalgo, invitados por el diputado Erick Marte Rivera Villanueva. Bienvenidas y bienvenidos todos.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores: el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social fortalece los derechos de seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, así como de sus familias.
En general, con esta acción legislativa se otorga certidumbre a los derechos sociales consagrados en la Constitución. De manera particular el derecho a la salud establecido en el artículo 4 y el 123 en lo relativo a los derechos de seguridad social.
Es importante también que el Congreso de la Unión procese de manera consistente las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la inconstitucionalidad de disposiciones legales concretas, como es el caso del artículo 25 de la Ley del ISSSTE.
Presentamos la iniciativa correspondiente para que se establezca de manera categórica que en ningún caso el ISSSTE podrá suspender parcial o totalmente los seguros, prestaciones y servicios que está obligado a prestar.
En función de todo ello me permito, de manera muy respetuosa, agradecer a la Comisión de Trabajo y Previsión Social por la sensibilidad mostrada en el análisis y valoración de nuestra propuesta.
Las diputadas y los diputados de la comisión dictaminadora mostraron una generosa disposición para garantizar en la ley la efectividad de los derechos laborales. De igual forma, es justo reconocer la opinión favorable emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y coincidimos ampliamente con dicha dependencia en el sentido de que la redacción actual del artículo 25 de la Ley del ISSSTE restringe y menoscaba el derecho de las trabajadoras y los trabajadores a la protección de la salud, además de contravenir la garantía de seguridad social a la cual también tienen derecho.
Con el voto a favor del presente dictamen corregimos una anomalía jurídica y otorgamos certidumbre a los derechos de seguridad social. Nuevamente muchas gracias por su comprensión y su aprobación de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene finalmente la palabra el diputado Tomás Torres Mercado, también para hablar a favor.
El diputado Tomás Torres Mercado: Colegas yo les anticipo mi gratitud por su atención. He considerado pertinente hacer alguna reflexión sobre el tema que se está abordando, el dictamen, y lo hago con su autorización, señor presidente.
En ocasiones resulta sencillo decir que se advierten cosas cuando aquí se debate. Dicen: es que son contrarias a la Constitución. Todos los actos de autoridad de este país, todos, los del policía municipal de Fresnillo, Zacatecas o de su capital y los actos del Congreso y del presidente de la República los controla, en cuanto hace a su legalidad y constitucionalidad, el Poder Judicial de la Federación.
He hecho uso de la palabra para comentarles a ustedes que cuando se discutió el dictamen relativo a la reforma del artículo 123, Apartado B de la propia Carta Magna, y específicamente la Ley del ISSSTE, y debo decirlo sólo por memoria, sin ninguna arrogancia que no tenga que ver con haber participado en ese proceso.
Un servidor –y hay que leer el Diario de los Debates– anticipó la inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley del ISSSTE porque si el organismo no puede realizar el descuento, no puede realizar el cobro de las cuotas u aportaciones, es su incapacidad, no la incapacidad de los trabajadores.
Recordemos algo que en seguridad social es fundamental, que es básico. Los derechos derivados de la relación del trabajo, del patrón con su trabajador, no sólo son del trabajador, son también de su familia, lo son también de sus ascendientes, de sus descendientes y, en general, en términos de la ley, de aquellos que tienen derecho por la condición de formar parte del núcleo del trabajador.
Finalmente quiero hacerles una reflexión, las cosas no son tan simples. No es solamente el descuento de cuotas y aportaciones de entidades y de dependencias. Hay convenios voluntarios, convenios que establecen la incorporación voluntaria de universidades y de otros entes públicos al régimen ordinario del ISSSTE, y hay problemas serios en el camino que han generado un debate que tenemos que atender.
He tomado el uso de la palabra que tenemos un caso concreto por ahí pendiente en trámite, que es justamente la incapacidad tributaria de universidades públicas en el país para cumplir con obligaciones de seguridad social como ésta, y me refiero específicamente a la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Vamos a tener que encontrar soluciones de fondo porque se arrastran déficit financieros, estructurales históricos, de modo que no sólo son entidades y dependencias; son entes públicos, repito, como universidades públicas del país, que deben ser abordados en el debate, pero también en la práctica y en la gestión política de esta Cámara. El Partido Verde va a votar evidentemente a favor en los términos del dictamen en materia de la discusión. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Señor presidente, se emitieron 386 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La diputada Patricia Lugo Barriga (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Patricia Lugo. Dígame, diputada.
La diputada Patricia Lugo Barriga (desde la curul): Presidente, es para comentar acerca de una grave situación que está ocurriendo en la comunidad indígena de Zacualpan, en Comala, Colima. Ahí se ha pretendido instalar una mina desde hace mucho, pero para poderla instalar es requisito indispensable que la Asamblea de Comuneros esté de acuerdo.
Esta asamblea se ha reunido al menos en tres ocasiones y ha rechazado el proyecto y, sin embargo, no se ha hecho caso de esto. Inclusive ellos ya fueron al RAN para entregar todo lo conducente a esta asamblea y no se ha procedido, les dan largas y aparte ya ha habido conatos de violencia y hostigamiento a personas de la comunidad.
El gobierno se comprometió, el gobierno del estado, a respetar, porque a demás esa área es el área que surte de agua potable a las ciudades de Villa de Álvarez y de Colima. Hago un exhorto desde aquí para que el gobierno del estado cumpla con su palabra y respete la decisión de la comunidad. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Su intervención ya quedó registrada.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 17, primer párrafo, y 18, fracción III, de la Ley Agraria. Tiene la palabra, para fundamentar el dictamen por la comisión, la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo.
La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo: Muchas gracias, presidente. Comentarle que hace unos minutos le solicité la voz desde mi curul para solicitarle que se respetara el orden del día, ya que este dictamen estaba enlistado en el primer punto y sin alguna razón votada dentro del pleno se cambió en el orden del día. Agradezco ahora su sensibilidad para que podamos discutir el dictamen y que no se haya movido nuevamente.
Con la venia de la asamblea. Histórica ha sido la triple explotación de la mujer como histórica ha sido la triple jornada de trabajo que ha tenido que desarrollar desde que el hombre vive en sociedades de dominación.
Desgraciadamente México no es la excepción, esta triple jornada de trabajo comienza con el cuidado y atención de los hijos, sigue con la jornada laboral sin la cual una familia promedio mexicana no podría subsistir, y termina con la lucha constante por obtener de las instituciones y de las leyes la igualdad de condiciones de la mujer rural en México.
De acuerdo con el Censo de 2010 de Población y Vivienda, en México existen 95 hombres por cada 100 mujeres. Aun y cuando esta relación se mantiene en los poco más de 24 millones de mexicanos que viven en el medio rural, en el medio agrario esta realidad es completamente diferente.
En México hay 5 millones 304 mil 195 sujetos agrarios, de los cuales un millón 369 mil 104 son mujeres ejidatarias o comuneras, 3 millones 935 mil 91 hombres. A su vez, las mujeres con más de 50 años son la población con mayores derechos agrarios, la desigualdad salta a la vista porque apenas el 25.8 de los sujetos agrarios en el país son mujeres, es decir uno de cada cuatro sujetos agrarios con derechos o títulos parcelarios son mujeres.
El presente dictamen refleja la lucha constante de la mujer en la construcción de la igualdad de condiciones a lo largo de nuestra historia. Desde las conspiradoras insurgentes en la guerra de independencia, las miles de mujeres que empuñaron las armas en la revolución, y que además se hicieron cargo del enorme aparato logístico que implicaba la guerra, hasta las mexicanas que dieron la batalla por el reconocimiento, primero de la ciudadanía y luego por el derecho a votar y ser votadas, por lo que no cabe la menor duda de que la mujer ha sido parte fundamental en la construcción de nuestro país.
Por esta razón, la Comisión de Reforma Agraria de forma unánime aprobó el presente dictamen, porque aunque la iniciativa que reforma los artículos 12, 17 y 18 de la Ley Agraria no resuelve en su totalidad el problema de desigualdad en cuanto al derecho de las mujeres en los núcleos agrarios, sí permite avanzar en este sentido porque genera condiciones de igualdad para que sean reconocidas como sucede con los varones en el rubro de la herencia, de los derechos y títulos parcelarios de los ejidos.
Por otra parte, esta modificación también corresponde con la importancia de fortalecer el papel preponderante que en la actualidad representa la mujer en el mundo rural ante la migración de los varones a Estados Unidos o a grandes ciudades, siendo la mujer rural en la actualidad la que ha tenido que asumir un rol cada vez más importante en las labores productivas, incluso en algunos casos convirtiéndose en el motor fundamental para el desarrollo de las principales actividades agrícolas en el país, y para sacar adelante a su familia.
Este fenómeno no sólo es en México, en todo el mundo la mujer avanza a grandes pasos en las diferentes actividades antes reservadas para el hombre. Cada vez hay más mujeres jefas de familia; cada vez hay más mujeres campesinas; cada vez hay más mujeres al frente de organizaciones del país de diverso tipo, desde empresas hasta gobiernos.
La mujer está demostrando con su liderazgo que puede hacer, al igual que el hombre, trabajos exitosos. En este sentido el dictamen propuesto que reforma los artículos 12, 17 primer párrafo y 18, fracción III, de la Ley Agraria, para quedar como siguen los artículos.
El artículo 12 dice. Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales, y se agrega la frase: en igualdad de condiciones.
El artículo 17 dice: El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión, en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o al concubinario, en su caso, y a uno de los hijos –y se agregan las palabras– o hijas, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.
El artículo 18 establece: Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia. En la fracción III establece a uno de los hijos –y se agrega la palabra– o hijas del ejidatario.
Esta reforma a los artículos 12, 17 y 18 de la Ley Agraria, que fue presentada por el diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI, es necesaria por justicia y por necesidad práctica, es una manera de garantizar que las mujeres podrán tener en los ejidos del país las mismas posibilidades que los varones para ser sujetos agrarios y para heredar esos derechos.
Sabemos que la lucha por el establecimiento de condiciones de igualdad en el medio rural no para con esta reforma, pero su aprobación nos permite seguir avanzando en la construcción de un México justo, al tiempo que le hacemos justicia a la mujer mexicana en su enorme papel como edificadora de esta nación.
Ojalá que no quede lejos el día en que la jornada diaria de la mujer se reduzca por igual que con el hombre a una doble jornada, la del cuidado de los hijos y a jornada laboral, con un marco jurídico que nos trate semejante ante semejantes trabajos. Es cuanto.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.
El Presidente diputado José González Morfín: Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz la diputada Dora María Talamante Lemas.
Saludo a los jóvenes estudiantes de la Universidad Olmeca, del estado de Tabasco, que hoy están aquí acompañándonos invitados por el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana. Bienvenidos y bienvenidas.
También a un grupo de ciudadanos de Tlaxcala, Tlaxcala, que están aquí invitados por la diputada Leonor Romero. Bienvenidos todos a la sesión. Adelante, diputada.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, a lo largo de la historia la contribución de la mujer en los procesos de producción para el desarrollo social y económico han sido subestimados. Durante años fue relegada de la esfera dominante en la toma de decisiones, consecuentemente su derecho de ser, actuar y poseer.
La lucha por lograr la igualdad de oportunidades no ha sido un camino corto ni fácil. Fue hasta 1945, con la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, que los Estados reafirmaron la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En México, con las reformas constitucionales de 1974, a los artículos 4o., 5o., 30 y 123, se estableció la igualdad jurídica de la mujer.
Actualmente, en la mayoría de los países se han creado mecanismos especializados en el diseño e instrumentación de políticas que reconozcan el papel vital de las mujeres en el desarrollo de las naciones.
Desafortunadamente, pese a estos mecanismos, las desigualdades entre hombres y mujeres subsisten, lo que impide, en gran medida, que el goce pleno de los derechos humanos de las mujeres sea una realidad.
El sector rural, durante muchos años el acceso a la tenencia de la tierra fue exclusivo para los hombres, sin la posibilidad de que las mujeres pudieran ser propietarias de la misma.
Las reformas al Código Agrario de 1942 consideraron, por primera vez, derechos para que la mujer pudiera acceder a la posesión de la tierra, pero con limitaciones y condiciones, de ser viuda y tener hijos menores bajo su cuidado.
Es con la entrada en vigor de la Ley Federal de la Reforma Agraria de 1971, que se dio a la mujer campesina la posibilidad, de manera formal, de ser titular de los derechos agrarios de manera igualitaria que los hombres, pese a ello, las mujeres del campo continúan siendo objeto de discriminación y desigualdad en la posesión y propiedad de la tierra.
Datos del Instituto Nacional de la Mujer estiman que los 13 millones de mujeres que viven en las comunidades rurales, sólo 610 mil se encuentran reconocidas como propietarias.
En cuanto a las unidades de producción, del total registradas en el país, el 30 por ciento está a cargo de una mujer, pero sólo el 2 por ciento están registradas a su nombre.
Los cambios sociales y económicos que se están experimentando en las zonas rurales infieren de manera directa en la vida de las mujeres. La globalización, la falta de empleo y de salarios bien remunerados, provoca una creciente migración rural masculina hacia zonas urbanas, lo que ha propiciado, en los hechos, una reestructura del sector agrario, que convierte a las mujeres en cabeza de familia.
Cada día son más las mujeres que se encuentran frente a una familia, asumiendo una mayor participación en la producción agropecuaria y en el desarrollo de procesos organizativos al interior de sus comunidades.
Más de un millón 200 mil mujeres campesinas en nuestro país, se han convertido en el principal sustento familiar, pero sin que ello signifique que son propietarias de la tierra. En este sentido, se hace necesario reconocer los derechos de las mujeres como sujetos agrarios en la igualdad de condiciones que los hombres, tal como lo propone el presente dictamen de la Comisión de Reforma Agraria.
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen, porque creemos y reconocemos el papel fundamental de la mujer en el mantenimiento y mejoramiento de un medio rural dinámico y próspero.
Por ello, continuaremos trabajando para que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se aplique en los hechos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Reforma Agraria ha presentado a este pleno, su dictamen al proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, 17, primer párrafo, y 18, fracción III, de la Ley Agraria.
El objetivo del dictamen es el de dotar a las mujeres de igualdad de derechos con respecto a los hombres, para acceder y ser reconocidas como herederas y propietarias ejidales, y de esta forma lograr la verdadera inclusión de la mujer rural a la protección de nuestro sistema jurídico.
Las mujeres son fundamentales en el desarrollo de los pueblos, son las primeras educadoras, brindan protección y cuidado a los niños, realizan labores no remuneradas y mantienen los lazos de solidaridad social, estable y firme en sus comunidades.
También su participación en la vida social y económica en el país se ha incrementado notablemente. Ahora las mujeres son más del 50 por ciento de la población total y representan algo más del 38 por ciento de la población económicamente activa.
A pesar de lo anterior, su reconocimiento como sujeto de derecho tiene una historia muy reciente. Recordemos que hace poco más de sesenta años se les ha reconocido su derecho político a votar y ser votadas, y que apenas, en el 2006 se decretó la Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres.
Hoy, a pesar del avance de los valores democráticos de inclusión, igualdad y de paridad de género, aun hay lagunas por llenar en el camino de la igualdad entre hombres y mujeres, principalmente en el campo mexicano. Y sobre todo, en las comunidades indígenas, en aras de usos y costumbres las mujeres son relegadas y marginadas.
La situación poblacional del campo mexicano se ha transformado debido al proceso de migración que se ha intensificado durante los últimos años. Este hecho tiene como consecuencia el aumento de mujeres cabeza de familia en el ámbito rural. Como señala el dictamen en su exposición de motivos, más de un millón de mujeres ahora son las responsables de su familia.
Sin embargo, las mujeres siguen siendo objeto de discriminación, exclusión y de una cultura machista al no reconocerles su derecho a la herencia y a la propiedad ejidal.
Por ello, el Partido del Trabajo lucha por erradicar todo tipo de discriminación contra la mujer, terminar con la cultura machista y respetar los derechos jurídicos, políticos, económicos y sociales de las mujeres.
Para lograrlo pugnamos porque el patrimonio familiar sea una copropiedad entre hombres y mujeres, lo que implica reconocer la igualdad entre ambos y el derecho que tienen las mujeres a la tierra y sus beneficios.
Vemos en la iniciativa hoy discutida una propuesta noble, un avance en la consecución de un Estado mexicano que respete a las mujeres, las defienda y les brinde el reconocimiento jurídico y de justicia que tanto tiempo se les ha negado.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoya la minuta. Es cuánto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Buenas tardes, con su venia, señor presidente. Históricamente las mujeres han desempeñado una función determinante en la economía rural, al desarrollar a la par de los hombres las actividades básicas del campo, como la siembra, el cultivo y la cría de animales, así como el suministro en el hogar de alimentos, agua y combustible.
Y por supuesto, las actividades que tradicional y equivocadamente han sido inherentes a su género, como la atención a los niños, los ancianos y los enfermos. A pesar del enorme trabajo, ellas son las más excluidas.
Su papel incluye ser madres y ayudar a sus esposos en las duras faenas de trabajo, todo sin recibir pago alguno. El drama del trato desigual entre hombres y mujeres en nuestro país se materializa prácticamente en todos los ámbitos de su vida.
En el caso de la mujer rural es aún más grave, ya que ésta siempre ha sido favorecida en comparación con la población masculina por diversas razones, como las costumbres tradicionales y patriarcales, falta de acceso directo a los recursos, organizaciones y servicios del desarrollo.
Para nadie es nuevo que el campo mexicano se ha visto hundido en una profunda pobreza, pero por más inverosímil que pareciera este efecto se ha acentuado con mayor fuerza en las mujeres, ya que éstas son quienes resultan aun más vulnerables, debido a que no solo han estado restringidas, sino en muchos casos excluidas de acceder a la tierra y a los diferentes medios de producción en igualdad de condiciones que el hombre.
En México pese a los avances en materia de reconocimiento de los derechos agrarios a las mujeres, éstas siguen siendo minoritarias respecto a los hombres. Tal parece que el razonamiento cultural e ideológico de los habitantes de las comunidades rurales, el cual supone que la agricultura es una actividad masculina, por lo que se da preferencia a este sexo en cuanto a la posibilidad de heredar y poseer la tierra común; ha ido incluso más allá de lo que la propia ley en materia ha establecido en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres de ser titulares de los derechos ejidales.
Ahora bien, con este dictamen Movimiento Ciudadano, por supuesto que está a favor de que sea votado porque hace falta atender a la mujer rural. Felicitamos al diputado proponente, al diputado Everardo, porque tiene pensamiento de mujer también. Por eso le hago un reconocimiento, porque es de mucho agrado que venga de un diputado.
Aprovecho por supuesto esta ocasión la tribuna para pedirle a la Mesa Directiva, como oaxaqueña que soy y que me honro ser, que el día, el próximo martes en la sesión se pueda hablar del natalicio de un gran hombre, don Benito Juárez García. Mañana cumpliría 208 años de su nacimiento y hoy no se ha tocado el tema de Juárez. No permitan que se extinga esta celebración, señores de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados.
Benito Juárez ha sido un gran ejemplo, un gran hombre, un gran oaxaqueño, un gran presidente para esta República. Los ejemplos de Juárez son los que tenemos que seguir. No omitamos esta celebración, se los pido a nombre de los oaxaqueños y las oaxaqueñas; porque aquí en esta Cámara si no tocamos a Juárez, aunque sea en la tribuna, imagínense todo lo que hemos hecho, lo que se ha hecho en esta Cámara es traicionar los ideales de Juárez con estas reformas estructurales que se han aprobado sin ningún pensamiento para el pueblo; porque si Juárez viviera con el pueblo estuviera.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores. El dictamen que hoy tenemos a discusión y que está a consideración de esta asamblea es de gran contenido.
Esto lo manifiesto, toda vez que se está tratando con ello de adecuar el marco jurídico en materia de reforma agraria para llevar a cabo una trascendental reforma que tienda a cumplir con ese derecho humano fundamental de igualdad entre hombres y mujeres y, con ello, buscar su mayor y mejor desarrollo.
No olvidemos que de acuerdo a los objetivos de Desarrollo del Milenio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, precisamente el tercer objetivo del milenio es el encontrar o alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Esto conlleva a la necesidad de ir adecuando el marco legal del país a fin de que las condiciones de equidad entre los géneros sean cada vez más igualitarias y con ello evitar esto, que a lo largo de la historia de México ha sido culturalmente generado, como es el patriarcado.
Todas las instituciones mexicanas se originaron desde la Conquista Española y desde nuestros ancestros mexicanos desde una cultura patriarcal. Esto ha hecho que la lucha constante que han llevado a cabo las mujeres que han encabezado -y que hoy hay una gran representación en esta Cámara y también en nuestra fracción del Partido Verde Ecologista, donde el 45 por ciento de nuestra bancada son mujeres- se esté manifestando esta precisa equidad de género.
Hay un tema fundamental en esta reforma. Esta reforma que tiene que ver con la materia agraria, materia que tiene que ver con el pilar fundamental del sustento económico de nuestro país que es la agricultura que, como ya lo decía la compañera que me antecedió, se cree que originalmente es una actividad propiamente de los hombres, pero hay que ver cómo se desarrolló la historia de la humanidad donde era el hombre quien salía a cazar y fueron precisamente las mujeres quienes desarrollaron la agricultura. Fueron las mujeres quienes sembraron el campo por primera vez y quienes dieron en un origen la sedentarización para la generación de la cultura humana.
Ahora bien, compañeros, a través de los diferentes usos y costumbres que se dan en nuestro país y aunque la ley ya prevé una equidad de igualdad, hemos visto en lugares como Chiapas, como Oaxaca y en algunas otras comunidades indígenas, que precisamente por estos usos y costumbres a las mujeres se les relega en el uso de los derechos y en el goce de los derechos parcelarios, ejidales y hereditarios de los mismos.
La reforma que hoy contenemos señala en primer término que esa igualdad de género en materia de derechos ejidales debe de ser contundente. La aplaudimos y vamos a votar en el Partido Verde a favor de ella.
Hay que recordar, compañeros, que darle a la mujer un pleno goce en los derechos de propiedad es generar una condición, una sociedad con condiciones de bienestar cada vez mayores. Mujeres y madres sin acceso a bienes de desarrollo, a propiedad, genera sociedades cada vez más pobres.
Por eso aplaudimos la reforma comento de hoy, porque con esto garantizamos el derecho de la propiedad social de las mujeres en la misma circunstancia que la de los hombres.
El Partido Verde Ecologista de México ha estado siempre y estará siempre a favor de la igualdad entre los géneros y es por ello que el día de hoy votaremos a favor, y sabemos que esta Cámara votará a favor la presente reforma por la gran trascendencia que la misma tiene. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Guillermo Sánchez Torres, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Guillermo Sánchez Torres: Compañeras y compañeros legisladores, las mujeres mexicanas han tenido un papel fundamental en la historia de nuestra nación, habiendo participado activamente tanto en el movimiento de independencia como en el revolucionario.
En el México moderno continúan ejerciendo un papel relevante tanto dentro de la familia como en el desarrollo económico nacional y esto no sólo en las grandes ciudades sino también en el sector rural en donde han trabajado en el campo acompañando al hombre en sus labores desempeñando una gran variedad de tareas.
Apenas en 1942 la mujer obtuvo el derecho de ser propietaria de extensiones de tierra pero siempre y cuando cumplan con diversas condiciones, entre ellas, la de ser viuda.
En 1992 la Ley Agraria reconoce a las mujeres como titulares de derechos agrarios. Sin embargo debido en gran parte a nuestros valores culturales, son todavía pocas las mujeres que son poseedores de tierras ejidales.
Es fundamental asegurar que la mujer mexicana del sector rural cuente con sus derechos primordiales, entre ellos el correspondiente a la salud, la alimentación, la educación gratuita, la vivienda, el abastecimiento de agua, la herencia, la propiedad y posesión de la tierra con acceso pleno y en condiciones de igualdad.
Asimismo deben mantenerse los esfuerzos a favor de la erradicación de la discriminación y la violencia que continúan padeciendo, así como establecer las políticas y mecanismos mediante los cuales la mujer puede insertarse efectivamente en la vida social, económica y política de las comunidades agrarias y en particular las ejidales.
Desafortunadamente hoy en día la mujer del campo sufre de discriminación, violencia y exclusión, con respecto a la posición de la tierra, entre otras afectaciones.
Estamos convencidos de que se ha avanzado en derechos de las mujeres en el sector agrario, así como que las reformas a la Ley Agraria que nos ocupan, coadyuvarán en el mismo sentido.
Pero igualmente estamos convencidos de que falta todavía mucho por hacer por establecer la plataforma que permita detonar el gran potencial de la mujer del campo, que la mujer del campo puede ofrecer a la sociedad mexicana, tanto en su contexto social como en el económico, administrativo y político, todo ello dentro de un marco de respeto a sus derechos, los cuales deberán de ser siempre definidos en condiciones de igualdad y es en esa tarea en la que los legisladores debemos concentrarnos a fin de cumplir con la parte que nos corresponde lo antes posible.
Es por ello que mi bancada, la del PRD y un servidor, nos adherimos al proyecto de decreto que nos ocupa, a la intención de insertar al concepto de igualdad de condiciones, con lo que se pretende posibilitar el ejercicio efectivo de los derechos ejidales de las mujeres.
Lo anterior seguramente coadyuvará en su participación activa dentro del ámbito agrario y particularmente dentro de los ejidos. Felicidades a las mujeres de los núcleos agrarios de la delegación de Tlalpan a la cual pertenezco. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Omar Borboa Becerra, del grupo parlamentario del PAN.
El diputado Omar Antonio Borboa Becerra: Gracias. Con su venia, Presidente. Compañeros, hace 117 años nació un hombre con lucidez, visión compromiso social y amor por México que nos legó la altura de miras, la solidez y el ánimo de abrigar las causas justas y la fortaleza para combatir la autoridad intelectual y la desorientación política.
En honor a la memoria de don Manuel Gómez Morín y en consecuencia con los axiomas del humanismo político que nos distingue, los integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen de la Comisión Agraria con proyecto de decreto que reforma los artículo 12; 17 primer párrafo y 18 fracción III de la Ley Agraria.
La mujer que vive en el medio rural ha tenido una significativa participación en el desarrollo y la consolidación de la grandeza mexicana. Nuestra patria sería menos gloriosa sin el importante y significativo papel que durante las diversas etapas de su historia ha jugado la mujer mexicana.
Por ello resulta impostergable erradicar la discriminación y la desigualdad en la posesión de la propiedad de la tierra que padece aún en nuestros días la mujer en el medio rural.
En el Laberinto de la Soledad Octavio Paz, premio Nobel de Literatura, señala: “La experiencia más honda que la vida ofrece al hombre consiste en penetrar la realidad como una totalidad que entre los contrarios pactan”.
Menciono las palabras del poeta mexicano que fue reconocido y que en este mes celebramos el centenario de su natalicio pues, como él escribió, muerte y vida son contrarios que se complementan. También que el hombre y la mujer no somos dos seres contrarios, sino el complemento del uno y del otro.
En este sentido, es menester aclarar que el voto del PAN será favorable a este dictamen porque responde a los logros que se alcanzarán con el mismo, pues por lo que señala el propio documento se pretende solucionar la problemática actual por la desventaja en que se encuentran las mujeres en el campo mexicano mediante la revaloración y reconocimiento de la mujer con condiciones de igualdad respecto a la posesión de la tierra, así como a los derechos a la herencia.
Sin embargo, es preciso recordar que esto es producto de la falta de conciencia de equidad y género, puesto que no sólo las mujeres campesinas, sino también los hombres rurales fueron traicionados por la revolución que surgió del partido que actualmente detenta el Ejecutivo federal.
De modo alguno la aprobación del dictamen que se somete a consideración de esta soberanía nos permite olvidar las consecuencias de que desde 1943 denunció Acción Nacional en la voz de Efraín González Luna en el programa agrario de 1915 hecho texto constitucional en 1917 y que ha fracasado como intento de la creación de campesinos propietarios con la libertad de bienestar y con el sistema de producción, lo cual resulta ser más contundente y demuestra la ineptitud social de la Revolución, que dio vida al partido gobernante.
En este dictamen lo que se señala en el párrafo tercero y en la fracción III del 18 y en el primero del 17 y el 12, es incluir alguna frase, algunos argumentos en donde se señala que podrán ser heredados los ejidatarios y se le pone “y ejidatarias”, todo esto en el contexto de la equidad y la igualdad que se ha venido manejando durante esta legislatura en el cual el PAN siempre ha estado a favor de la motivación.
Siempre hemos consolidado un programa y un proyecto para que el hombre y la mujer sean equitativamente iguales ante la ley, equitativamente y con igualdad en el campo, igualdad en todos los ámbitos de desarrollo. Por eso que el voto de Acción Nacional será favor. Muchas gracias, presidente; con su venia.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado José Everardo Gómez Nava: Con su permiso, señor presidente. Agradezco a la Comisión de Reforma Agraria, a su presidenta, la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, así como a mis compañeros diputados integrantes de esta comisión por la aprobación de este dictamen de la iniciativa de reforma que presentó un servidor a la Ley Agraria y que no es más que un justo reconocimiento a nuestras mujeres del campo.
Agradezco también la apertura de mi grupo parlamentario para fijar el posicionamiento del presente dictamen. Si una mujer no tiene la certeza de la propiedad del suelo que pisa, y le provee de sustento, difícilmente puede acceder a otras oportunidades de desarrollo.
Cómo situarse en una posición que facilite el acceso a derechos esenciales como el de la salud y la educación cuando no se tienen resueltas condiciones mínimas de subsistencia, como son las que proveen la certeza jurídica sobre la propiedad del medio de subsistencia. El ejercicio de derechos económicos, entre los cuales, el de propiedad es piedra angular, es condición indispensable para el ejercicio de todos los demás.
La iniciativa que hoy nos ocupa coloca el acento en un problema para cuya resolución evidentemente han sido insuficientes los esfuerzos emprendidos hasta ahora, tanto legislativos como de política pública.
No es la primera vez que en esta tribuna hablamos de los derechos de las mujeres campesinas. No es la primera vez que hacemos un recuento de las situaciones de discriminación, desventaja y atraso en el que muchas de ellas viven, y tampoco es la primera vez que se emprende un proceso legislativo encaminado a corregir esta situación.
No obstante, si es una ocasión singular la que plantea la aprobación de este dictamen, por varias razones: porque el primer paso para la solución de un problema es reconocerlo, y porque desde el proceso de promoción y hasta su aprobación la entrada en vigor y aplicación, la generación de instrumentos jurídicos –recordemos- está destinada no solamente a crear o modificar las normas que nos rigen, sino también a informar, debatir y finalmente generar criterios orientativos de la conducta.
En el dictamen que nos presenta la Comisión de Reforma Agraria, tenemos en primer lugar el reconocimiento del papel histórico de la mujer rural mexicana. Enseguida, una breve pero sustanciosa revisión de la evolución normativa de nuestro país sobre este tema, desde el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, hasta la reforma al artículo 27 constitucional y la Ley Agraria de 1992 que significó el último eslabón, hasta ahora, de una cadena de reformas encaminadas al reconocimiento de los derechos de las mujeres como sujetos agrarios en igualdad de condiciones.
En este recuento vemos la transformación sucesiva del paradigma que determina este reconocimiento jurídico y no lo de forma condicionada y después plena. Sin embargo, en el análisis vemos efectivamente que las cifras son contundentes, a revelar que a pesar de la evolución de la ley la realidad tenaz es que el reconocimiento de las mujeres campesinas como propietarias no es congruente con su proporción social ni con su participación en el campo.
Por economía de tiempo obviaré los datos aportados por el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y la Confederación Nacional Campesina, referidos en el documento y que son suficientes para poner de relieve esta situación en toda su magnitud.
Estamos ante un problema estructural que trasciende el ámbito de la ley y que hunde sus raíces en la cultura, ese ámbito donde son más difíciles y llevan más tiempo las transformaciones, sin embargo es útil la colocación del tema en la agenda legislativa y social, es útil reconocer el estancamiento para poder a partir de ahí generar acciones para un cambio efectivo, es útil perfeccionar la ley.
En este sentido destacamos, como señala la comisión dictaminadora, que esta reforma representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las mujeres como sujetos agrarios. De esta manera respaldamos la intención que anima la propuesta de reforma, como las adecuaciones realizadas por la comisión, de las que resulta una reforma con la que se señala específicamente que son ejidatarios tanto hombres como mujeres, titulares de derechos ejidales en igualdad de condiciones y para otorgar certeza en la sucesión, señalándose asimismo de manera explícita que tanto los hijos o hijas del ejidatario pueden ser titulares de derechos de sucesión.
Tomamos esta acción como un paso de arranque para reforzar las acciones tendientes a lograr la mejoría efectiva de las condiciones de vida de las mujeres de campo, a quienes tanto se debe y de qui4n tanto esfuerzo reconocemos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Tiene ahora la palabra, para hablar a favor del dictamen, la diputada Yazmín Copete Zapot.
La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot: Gracias, diputado presidente. La iniciativa que hoy nos ocupa, que además fue presentada por el diputado Everardo Nava, sin duda alguna es de resaltarse. En el apartado de antecedentes de esta iniciativa se realiza un análisis muy puntual de los derechos que hemos conquistado las mujeres, sin duda alguna en el transcurso de la historia, misma que no han sido fácil.
Lo que olvida señalar la iniciativa, en un sentido de autocrítica al Congreso de la Unión, es que muchas de estas conquistas y logros legislativos han sido racistas y discriminatorias porque siempre se han olvidado de la mujer indígena. El camino ha sido arduo, lento y discriminatorio, porque se trata de mujeres indígenas. Las mujeres en el sector rural, seguramente todas lo sabemos, siguen siendo maltratadas, excluidas, incluso para dirigir los comisariados ejidales.
No obstante, que ante el desarrollo urbano y territorial anárquico que ha puesto en riesgo la supervivencia de los núcleos de población ejidal, la mujer rural ha sido principalmente defensora del ejido. Esta reforma, compañeras y compañeros diputados, debe abrir aún más los derechos de la mujer rural.
Hoy con esta reforma se pretende contribuir a la solución de la problemática actual de desventaja en que se encuentran padeciendo miles de mujeres en el campo, niñas, jóvenes, madres o adultas, específicamente en los ejidos, mediante la revaloración y el reconocimiento que debe tener la mujer en condiciones de igualdad respecto al hombre en la posesión de la tierra ejidal, así como a sus derechos a la herencia, al considerar que es la única forma que nos permitirá lograr la verdadera inclusión de la mujer rural a la protección de nuestro sistema jurídico.
En el presente dictamen se destaca que tenemos que actualizar la legislación en materia de derechos humanos y proteger a la mujer en el mundo rural mexicano, sobre todo porque la reforma constitucional dada en 2011 que elevó a rango constitucional los derechos de la mujer, estableció la obligación del Estado mexicano para promoverlos, respetarlos, protegerlos y además garantizarlos en beneficio de los mexicanos, además de otorgar a los tratados internacionales la validez jurídica para interpretar las normas en materia para su protección más amplia, lo que viene a brindar la posibilidad de generar las condiciones que permitan a la mujer rural garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos.
Estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe determinaron que el trabajo que realiza una mujer mexicana que vive en zonas rurales es 53 por ciento más que el desempeñado por los hombres y cuatro horas más que las mujeres que viven en zonas urbanas, al que hay que sumar la falta de seguridad social, la ausencia de un salario y cuando lo hay, éste suele ser incongruente al trabajo desempeñado.
Compañeras y compañeros, también es importante que sepamos que miles de mujeres campesinas de diferentes asociaciones y organizaciones de todo el país han afirmado que se requiere la participación igualitaria de la mujer al acceso al financiamiento, al equipamiento agrícola, al derecho a la información y sobre todo a que la mujer pueda hacer una realidad el derecho fundamental del acceso a la tierra.
Es importante también señalar que el proyecto del presidente Enrique Peña Nieto para 2015 es de dotar de mayores recursos al desarrollo urbano y territorial, hasta ahí muy bien, lo malo es que sea a expensas de subordinar al desarrollo rural, en donde se siguen autorizando en la presente administración del PRI desarrollos habitacionales, minero y turístico sobre los núcleos de población ejidal, sin que se concluya la figura del dominio pleno.
Por lo anteriormente expuesto, de lo positivo de este dictamen, compañeras y compañeros diputados, el voto del grupo legislativo al cual pertenezco, el Partido de la Revolución Democrática, será a favor. Por su atención, gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene finalmente la palabra para hablar a favor, el diputado José Antonio Rojo.
El diputado José Antonio Rojo García de Alba: Con su permiso, diputado presidente.
El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.
El diputado José Antonio Rojo García de Alba: Voy a centrarme en el tema que hoy nos ocupa, porque es un tema noble, es un tema de los que prácticamente nadie pudiera estar en contra y como se ha manifestado aquí debemos estar a favor, el de poderle dotar en la ley a las mujeres la posibilidad de tener derechos plenos en lo que tiene que ver con la Ley Agraria.
Vengo en nombre de la Confederación Nacional Campesina, de la diputación campesina del Grupo Parlamentario del PRI, a felicitar al diputado promovente Nava Gómez por esta iniciativa, iniciativa que la Confederación Nacional Campesina y que el Partido Revolucionario Institucional siempre han promovido, los derechos de las mujeres, porque sean plenos.
Si queremos que las mujeres estén en el campo, debemos de hacer que la actividad agrícola sea una actividad que tenga sustento económico. Y la reforma anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto tiene que caminar hacia allá.
Esos son los esfuerzos que el Grupo Parlamentario del PRI, que la diputación del PRI, las mujeres y los hombres de la Confederación Nacional Campesina que estamos aquí representados vamos a hacer.
Iniciativas como ésta merecen el apoyo de todos nosotros. Venir con un discurso distinto, me parece que no es lo conveniente, hay que venir a hablar de que queremos que las mujeres tengan derechos y por eso estamos hoy aquí.
Vengo a dejar claro que el Grupo Parlamentario del PRI, que la diputación campesina del PRI votará, promueve y ha promovido a favor de esta reforma. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.
El Presidente diputado José González Morfín: Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
Ciérrese el sistema de votación. De viva voz. De viva voz.
El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (desde la curul): A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor. Señor presidente, se han emitido 341 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 17, primer párrafo y 18, fracción III, de la Ley Agraria. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo. Se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y ninguno de los tres ha recibido reserva alguna. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.
El Presidente diputado José González Morfín: Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Competencia Económica y reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal.
El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, en los términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José González Morfín (15:42 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes 25 de marzo de 2014, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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