Comunicaciones oficiales
Dictámenes a discusión
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Agenda política
Comentarios relativos al resumen de actividades presentado por la Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”
José Guillermo Anaya Llamas, presentación del resumen de la Comisión
Lizbeth Eugenia Rosas Montero, PRD
José Alfredo Botello Montes, PAN
Segunda ronda de participaciones
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, PT
Carlos Alberto García González, PAN
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría, haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 287 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (11:18 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que es encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría poner a consideración y a discusión el acta.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada el acta de la sesión anterior.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, oficio por el que solicita se retire de los registros de la Comisión de Salud la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para el Control de la Cannabis y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada el 12 de mayo de 2014. Es cuanto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
Permítame, secretario. ¿Con qué objeto, señora diputada Ricalde? Ahí tiene sonido.
La diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña (desde la curul): Gracias, señor presidente. Nuevamente vengo a este honorable pleno a tomar la palabra. El pasado fin de semana, el gobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borge, reinició su práctica común de violencia política.
Queda claro que los mandatos judiciales para él son letra muerta. Que se puede burlar de las autoridades judiciales y que tristemente no pasa nada. Por cada acción, como la que estoy realizando en este momento, los ataques de él son más absurdos, se atreve a difamar, clonar, hacer fotomontajes y a violar la orden de un juez.
Estas revistas, que son de su autoría y que las muestro y las traigo aquí, señor presidente, para que el pleno las vea, son precisamente los ataques que él hace a la oposición.
Afirmo que son de su autoría porque tengo los mensajes de su celular, donde él se ufana de ser quien redacta los textos de esta revista. La revista se llama La Razón, no trae director, todo dice redacción, no puede hacerse una denuncia formal por lo mismo, porque es un acto cobarde. Y, desde luego, esto es lo que él utiliza para promocionarse y por dentro para atacar a la oposición. De nueva cuenta tapizó —como él dice— el estado de Quintana Roo.
Como pueden ver, el dinero público lo utiliza para atacar y difamar a todos aquellos que nos oponemos a su forma de gobierno y aquí está la prueba.
Un mensaje final, señor presidente, felicito a las autoridades federales por la aprehensión de la pareja imperial de Iguala. Y les pregunto, ¿cuándo detendrán las acciones de Roberto Borge? Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada, quedan registradas sus palabras en el Diario de los Debates. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio de la Cámara de Senadores, por el que comunica que la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aceptó la solicitud de la licenciada Leticia Araceli Salas Torres, para separarse del cargo como titular del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y por el que nombra al ciudadano David Ruiz Ascencio, como encargado del despacho de la Dirección General del Canal de Televisión del Congreso. Es cuanto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado. Comuníquese.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio de la Cámara de Senadores, por el que informa que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es cuanto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado. Queda concluido el proceso legislativo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio de la Comisión Federal de Competencia Económica, con el que remite el Tercer Informe Trimestral 2014, correspondiente al periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2014. Es cuanto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio del Instituto Nacional de las Mujeres, con el que remite el tercer informe de resultados, así como los avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres con sus respectivos anexos al tercer trimestre de 2014. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las Comisiones de Igualdad de Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, secretario. Diputado Zamora, ¿con qué objeto?
El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Sí, muchas gracias, presidente. Para manifestar mi preocupación e inconformidad con las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia en relación al tema de las consultas ciudadanas.
Me parece que es desafortunado que la Corte haya resuelto que todas no reunían los requisitos. Y que se le niegue a la ciudadanía la participación directa en la toma de decisiones que le afectan.
Me parece que hay ministros de la Suprema Corte que al parecer, o pareciera que les está faltando capacidad, les está faltando sensibilidad y les está faltando una adecuada interpretación de la norma.
También creo que en base a ello la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores debiéramos revisar esta ley, a efecto de que estas propuestas que de por sí, el porcentaje que se solicita, precisamente para que pasen a consulta ciudadana es alto, pues no quede un trabajo tirado, porque una mala interpretación no permita que la ciudadanía participe.
Por ello creo yo que la propuesta del diputado Fernando Doval, de hacer una modificación, incluso, ir más allá, que ya no sea la Corte la que defina si va a la consulta o no, sino que prácticamente sean los ciudadanos, al momento de juntar las firmas que los porcentajes de la ley establecen, que se dé esta oportunidad. Porque necesitamos que la ciudadanía participe en esta clase de decisiones.
Y finalmente, también solidarizarme con la preocupación de lo que está siendo objeto la diputada Alicia Ricalde. Ojalá que el gobernador deje de señalar o de hacer este tipo de actos que denigran a la mujer, pero especialmente también, que denigran a la política. Gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda debidamente registrada su participación, señor diputado Zamora.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor Fernando Belaunzarán, diputado, ¿con qué objeto?
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Sí, gracias, presidente. El día de ayer, hoy amanecimos con la noticia, desde ayer lo supimos, asesinaron a un general del Ejército, otra vez, ahí en Nuevo León.
Hace poco tres estudiantes norteamericanos y un mexicano fueron abordados por una policía de élite en Matamoros y aparecieron muertos. Son problemas muy graves. La liebre puede saltar en cualquier lado, presidente. Y yo no voy a pedir la renuncia de ningún gobernador, de ningún presidente municipal, eso se los dejo a otros; yo quiero invitar a mis compañeros a que veamos por encima de las urnas y entendamos la magnitud del problema.
Lo quiero decir con todas sus letras, si no atendemos la política de drogas, cualquier cosa que se haga en materia de seguridad será simplemente una remozada, un asunto de fachada. En el centro, en el corazón de la crisis de seguridad que vivimos está la fallida guerra contra las drogas; lo dijo hace poco por cierto, en una gran entrevista el filósofo Fernando Savater, pero no se necesita ser filósofo español para darse cuenta de eso.
Está en nuestra experiencia el fracaso rotundo de la guerra contra las drogas y si no atendemos ese problema, no vamos a resolver el problema de la seguridad, no vamos a llegar a fondo, aunque no niego que haya algunas medidas importantes que se pueden tomar.
En ese caso tenemos que seguir muy de cerca las elecciones o los referéndums que se están dando hoy en la Unión Americana. Los estados de Oregón, de Alaska y la capital de Estados Unidos, Washington, DC están hoy llevando referéndums sobre la regulación de la mariguana recreativa. Hay un cambio en el modelo, hay un cambio en el mundo y México debiera verlo como una oportunidad para cambiar el modelo en la política de drogas.
Termino como un breve comentario. Lamentables las declaraciones del nuevo comisionado nacional contra las adicciones, Manuel Mondragón. Verdaderamente no ofrece nada nuevo, lo que nos dice es que van a insistir con la misma política que ha fracasado; esto que dijo de que no quiere ver un país mariguanero, parece de la madres superioras de las carmelitas descalzas, porque, qué lástima que haya estado al frente de la seguridad pública no sepa que México es el segundo productor de mariguana en el mundo a pesar de la prohibición, porque la prohibición no resuelve el problema, hace todo más complicado.
Termino con eso, y ojalá en la sesión cuando discutamos el problema de seguridad haya oportunidad de ampliarlo, pero no quería que se nos pasara el observar lo que está pasando en los referéndums en esos tres estados de la Unión Americana y nos da la oportunidad, insisto, de cambiar; porque el campeón del prohibicionismo está cambiando y ahora resulta que somos más papistas que el Papa. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda debidamente registrada su intervención, señor diputado Belaunzarán. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente al tercer trimestre de 2014.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite el informe anual 2013 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradica los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a la Víctimas de estos Delitos.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión Especial de Lucha contra la trata de personas para su conocimiento.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibieron de diversas autoridades cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Comisión Especial de Seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, con el que remite el resumen de actividades.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión con el que remite los lineamientos de trabajo.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado, comuníquese.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Oficio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 25 y se adicionan los artículos 47 Bis y 47 Ter, a la Ley de Coordinación Fiscal.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Oficio del Congreso del Estado de Quintana Roo, con el que remite la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2o., y 3o., de la Ley del Sistema de Horarios, en los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Energía, para su dictamen.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Oficio de la Cámara de Senadores con el que se remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el numeral seis, inciso b), fracción I, del artículo 2o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentado por el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules los siguientes dictámenes.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las leyes de Desarrollo Rural Sustentable, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de Derechos, General de Asentamientos Humanos y General de Salud.
De la Comisión de Protección Civil con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4o de la Ley General de Protección Civil.
De la Comisión de Pesca con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en materia de inspección y vigilancia.
De la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud en materia de bancos de leche.
De la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 64 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la fracción II, la fracción V y se adiciona el inciso m) a la fracción I de los incisos a), b) y c) a la fracción V del artículo 4o de la Ley de Asistencia Social.
De la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 de Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
Para fundamental el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por la Comisión, el diputado Alfonso Inzunza Montoya.
El diputado Alfonso Inzunza Montoya: Con su permiso, señor presidente. El dictamen que a nombre de la Comisión de Pesca me permito someter a la consideración de este pleno, propone reformar el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
Esto, para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, pueda permitir la pesca de fomento en el caso de científicos, técnicos e instituciones de investigación extranjeros, ésta deberá de realizarse en conjunto y bajo la supervisión del Instituto Nacional de Pesca, dejando establecido asimismo que las peticiones que la Secretaría en referencia reciba de extranjeros o de organismos internacionales, sin perjuicio de los demás requisitos que deban cumplirse en los términos de la legislación aplicable, se hará del conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Marina, tal y como ya está preceptuado en la propia ley referida.
Entre las consideraciones tomadas en cuenta por la comisión dictaminadora, está que la reforma propuesta pretende adecuar y perfeccionar la norma jurídica vigente con el propósito de fortalecer al sector considerando el contexto actual, el cual exige responder a las demandas y necesidades de un mundo globalizado.
Así, la reforma en comento permitirá que la investigación científica en torno de la pesca de fomento impulse una gestión equitativa, sustentable y eficaz de los recursos pesqueros como condición indispensable para reducir la pobreza.
Además, y dada la complejidad y la interacción de las relaciones entre la política internacional y la nacional en materia pesquera y ambiental, es necesario sistematizar y compatibilizar el trabajo de atención de ambas agendas por el Inapesca, en razón de los antecedentes siguientes.
El Inapesca ha sido un organismo activo en la política internacional pesquera y ambiental, por lo tanto debe contar con información actualizada, confiable y sistemática de las metodologías de investigación de vanguardia de las propuestas novedosas en materia de política de gestión pesquera y ambientales en el ámbito internacional a fin de programar, planear, coordinar y orientar el desarrollo de la investigación pesquera en el país.
Este instituto provee de información a las distintas instancias gubernamentales involucradas en la metería y da sustento científico y tecnológico a la toma de decisiones sobre política nacional y en congruencia con los compromisos internacionales adquiridos por México.
Y el propio Inapesca, con fundamento en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las disposiciones derivadas del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables, es un órgano asesor de carácter científico y técnico dependiente de la Sagarpa y es el responsable de acuerdo con la mencionada ley de que la investigación científica y tecnológica se consolide como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas, instrumentos, medidas, mecanismos y decisiones relativos a la conservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.
Por las consideraciones expuestas los integrantes de esta comisión encontramos pertinente la adición propuesta, por lo que solicitamos de manera respetuosa de todos ustedes el voto a favor del presente dictamen en razón del interés público que reviste la información derivada de las investigaciones que se realizan a través de la pesca de fomento. Por su atención, muchas gracias. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Inzunza.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Están en la lista para hablar, por las distintas fracciones parlamentarias, el diputado Rubén Benjamín Félix, de Nueva Alianza; el diputado Héctor Hugo Roblero, del PT; el diputado Juan Luis Martínez, de Movimiento Ciudadano; el diputado Rubén Acosta, del Partido Verde; la diputada Saraí Larisa León Montero, del PRD; y el diputado Arturo de la Rosa Escalante. Y le damos la palabra al señor diputado Rubén Benjamín Félix. Tiene usted la palabra, señor diputado.
El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Muchas gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, recientemente hemos aprobado distintos dictámenes que tienen que ver con el tema de fortalecer la industria pesquera en el país. El impuso que se pretende dar a esta actividad ha sido sustentado en diversas ocasiones, y este caso no es la excepción.
El dictamen que se presenta pretende adecuar el marco normativo mediante una reforma al segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. La reforma busca dar más importancia a la participación del Instituto Nacional de Pesca, para permitir la actividad pesquera de fomento en el caso de los científicos, técnicos e instituciones e investigación de extranjeros.
El Inapesca es la única institución mexicana de investigación pesquera con cobertura nacional y en permanente contacto con el sector pesquero y sus problemas de desarrollo y administración, razón por la cual resulta fundamental su incorporación a los estudios que se realicen en colaboración con el extranjero.
Como un órgano público descentralizado, sectorizado, la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, es conveniente que el Instituto tenga una participación en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para fomentar el desarrollo científico de la explotación pesquera del país.
En Nueva Alianza pensamos y hemos sido consecuentes con esta perspectiva, que impulsar la ciencia y tecnología constituye un motor de desarrollo y crecimiento de las naciones. En este sentido consideramos conveniente que la Ley se adecue a las circunstancias del avance tecnológico mundial, y de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores se dé un mayor impulso al fomento científico en la materia.
El Inapesca realiza un gran número de actividades científicas enfocadas al desarrollo de la industria pesquera y a la acuacultura, por lo que resulta indispensable que estas experiencias sean compartidas en torno de colaboración internacional, a fin de contribuir con el crecimiento de la industria.
La coordinación e investigación con otros países es una manera de contribuir a disminuir los daños de la sobreexplotación de ciertas especies y puede fomentar la diversificación de la producción nacional.
Asimismo, estamos ciertos que compartir las experiencias, conocimientos y tecnología en materia pesquera de otros países es la mejor manera de dar un impulso al avance de nuevas metodologías para un mayor crecimiento de la industria.
Por estos motivos nos manifestamos a favor del dictamen de la Comisión que preside mi amigo Alfonso Inzunza –felicidades- esperando que la labor que hemos venido realizando en cuanto al perfeccionamiento del marco normativo tenga eco en lo que más nos importa, que es precisamente el crecimiento del país mediante el desarrollo de las comunidades que se dedican a esta labor, que puede conseguir abatir el problema de abastecimiento alimentario de México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Rubén Félix. Tiene ahora la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo. Hugo Roblero, del Partido del Trabajo, ¿renuncia usted a su turno?
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Pesca ha puesto a consideración de esta honorable asamblea el proyecto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
El objetivo es que en el caso de la pesca de fomento se permita la participación de científicos técnicos e instituciones de investigación nacional y extranjera en conjunto y bajo supervisión del Instituto Nacional de Pesca.
La pesca de fomento es la que tiene como propósito el estudio, la investigación científica y la experimentación en cuerpos de agua de jurisdicción federal, orientada al desarrollo de biotecnologías o a la incorporación de algún tipo de innovación tecnológica, así como la adopción o transferencia de tecnología en alguna etapa del cultivo de especies de la flora y fauna cuyo medio de vida total o parcial sea el agua.
En este sentido, la incorporación del Instituto Nacional de Pesca como coadyuvante y supervisor de dichas actividades es un mecanismo que permitirá realizar e impulsar el desarrollo científico y tecnológico del sector pesquero, con una perspectiva de protección y sustentabilidad ambiental.
Garantizar que la actividad pesquera sea sustentable en el tiempo y con el medio ambiente es menester para la supervivencia de comunidades, familias que viven de esta actividad.
Asimismo aumentar la capacidad de recolección de especies comerciales y con potencial económico es una condición necesaria para aumentar los ingresos de las familias y contribuir a superar el rezago económico y la situación de pobreza que existe entre las comunidades pesqueras del país. Por ello fomentar y fortalecer el desarrollo tecnológico e impulsar técnicas de pesca más eficiente es una condición necesaria para el desarrollo.
En nuestro país existen instituciones de investigación y desarrollo en la materia, como los centros regionales de investigación pesquera. Sin embargo, la situación en nuestro país en materia de financiamiento a la ciencia y el desarrollo tecnológico aún está muy por debajo de lo que se requiere para lograr su desarrollo y su expansión al sector productivo industrial.
Sin duda, debemos legislar y trabajar por revertir esta situación nacional, pero también debemos tomar los conocimientos y los desarrollos de aquellos que hayan avanzado en el tema.
En este sentido, es que la participación extranjera es permitida e inclusive recomendable, pues también se parte de que la actividad que se realiza es noble y sin fines económicos individuales, pues la naturaleza de la ciencia, el conocimiento y la investigación.
Sin embargo, eso no significa que las actividades y acciones que realicen los extranjeros en el país sean abiertas o que se realicen a discreción. Se deben realizar bajo el conocimiento y la supervisión de las autoridades mexicanas y siempre garantizando la soberanía nacional y la propiedad del país de los recursos naturales, por ello, la inclusión del Instituto Nacional de Pesca en el artículo citado, es un acierto y adecuación necesaria en la materia.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del dictamen. Es cuanto, gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Roblero Gordillo. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, en México desde la creación del Instituto Nacional de la Pesca, ahora conocido como el Instituto Nacional de Pesca, éste ha sido el encargado de dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura.
Además, de encargase del desarrollo, la innovación y transferencia tecnológica que requiere este importante sector en nuestro país, hoy en día es la única institución mexicana de investigación pesquera, con una cobertura nacional.
Debemos resaltar que en nuestro país contamos con condiciones propicias, para poseer un gran número de especies y ocupar así el lugar número 17 de la producción pesquera a nivel global, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
La pesca en México es una importante fuente de empleo, genera más de 350 mil empleos directos y más de 2 millones de manera indirecta. También auxilia a los ingresos económicos del país, ya que el sector pesquero mexicano contribuye al punto 2 por ciento del producto interno bruto, además de ser una importante fuente de alimentación.
Cabe mencionar que dentro de los productos más importantes de la pesca mexicana, por producción y valor encontramos al camarón, los túnidos y la sardina, todos estos a nivel mundial.
Otros productos importantes son el pulpo, la langosta, el robalo y el huachinango, además de otras 40 especies de menor producción.
En el país contamos con tres entidades federativas que se califican dentro de las más importantes respecto al volumen de captura y se encuentra en el litoral Pacífico. En Sonora el promedio anual es de 611 mil toneladas. En Sinaloa con 338 mil toneladas y Baja California Sur con 151 mil.
Lamentablemente se está generando materia prima, a la cual no se le da un valor agregado. Prueba de esto es que nos encontramos con un rezago en el tema de industrialización de productos pesqueros y también la pesca comercial en México ha alcanzado su máximo potencial de desarrollo existiendo consenso en que la mayoría de sus pesquerías están siendo explotadas en los máximos niveles y algunas ya están en deterioro o sobreexplotadas.
Nosotros, como fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano nos pronunciamos a favor de la presente iniciativa que pretende reformar el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, esto para lograr proteger el ámbito pesquero y así salvaguardar nuestros recursos naturales y dar un mayor empuje a este importante sector, ya que muchas veces se encuentra en el olvido.
Debemos también tener límites, ya que en algunos casos la pesca es de manera excesiva y algunas especies se encuentran en peligro de extinción.
El Instituto Nacional de Pesca debe supervisar todo lo que tenga que ver con permisos respecto a la pesca no solo de fomento sino también la pesca comercial, esto para beneficio de nuestro mismo país y sus habitantes.
Un tema también importante sería la protección de nuestros ecosistemas evitar a toda costa temas como derrames y que se impongan multas más severas a quienes contaminen nuestros mantos acuíferos, ríos, lagos y mares.
De lo contrario estos eventos seguirán sucediendo, como ya ha ocurrido en nuestro país, en perjuicio de millones de familias.
Así es que compañeros, nosotros vamos a aprobar este presente dictamen, pero justo ahora que estamos en el tema del Presupuesto, ojalá que haya voluntad política y sensibilidad para ser sensibles con este importante sector pesquero. No solamente la pesca, los campesinos en la actualidad siguen esperando apoyos, están de rodillas, el campo está abandonado totalmente y hagamos lo que nos corresponde como representantes populares. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Juan Luis Martínez Martínez. Quiero aprovechar y saludar la presencia de niños, de niñas de las escuelas primarias Revolución, de la escuela primaria Nicolás Bravo, de la Heriberto Enríquez y de la Sor Juana, también escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz. Sean bienvenidos, sean bienvenidas niños, niñas.
Y además saludamos con aprecio a los docentes, a las maestras, a los maestros que les acompañan. Han sido invitados por la diputada Irazema González Martínez, todos de Naucalpan de Juárez, del estado de México. Gracias por su visita.
Tiene el uso de la palabra, el diputado Rubén Acosta Montoya, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, señor diputado.
El diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, presidente. La comunidad mundial se enfrenta a diferentes retos, entre estos se encuentra la alimentación y la nutrición de la población que cada vez es más creciente. Es importante mencionar que el pescado y los productos pesqueros están entre los productos alimenticios más comercializados a nivel mundial.
Si bien es cierto que la producción de la pesca de captura se mantiene estable y la producción acuícola sigue creciendo, no podemos bajar guardia y es que la contribución de la pesca y la acuacultura, la seguridad alimentaria se ven limitadas por una serie de problemas, entre ellos cabe destacar la mala gobernanza, la deficiencia de los regímenes de ordenación pesquera, los conflictos por la utilización de los recursos naturales y el uso intensivo de prácticas pesqueras y acuícolas inadecuadas.
Por consiguiente es prioritario asegurar que el bienestar ambiental sea compatible con el bienestar humano a fin de que la prosperidad sostenible a largo plazo sea una realidad para todos.
En este sentido se instruyó la pesca de fomento, cuyo propósito es el estudio, desarrollo, repoblación de recursos marinos y por supuesto su hábitat mediante la recolección de ejemplares vivos, permitiendo que un porcentaje se comercialice y el resto se define a proyectos de conservación e investigación.
De igual manera, la pesca de fomento permite a los investigadores conocer mejor el recurso y valorar las posibilidades de establecer la pesquería de manera comercial, llevando a cabo investigaciones sobre la ecología, biología, pesquería y comercialización del producto.
Por tanto con la finalidad de regular dicha actividad, en el presente dictamen se propone permitir la pesca de fomento, en el caso de científicos, técnicos e instituciones de investigación de extranjeros, la cual se realizará en conjunto y bajo la supervisión del Instituto Nacional de Pesca.
Cabe señalar, que el Instituto Nacional de Pesca es la única institución mexicana de investigación pesquera y acuícola, su compromiso con el principio de la pesca responsable le confieren bases científicas sólidas con datos fidedignos para conservar, ordenar y desarrollar la pesca y de esta manera contribuir al cuidado de la biodiversidad, los ecosistemas y el hábitat acuático.
Por lo anteriormente expuesto, en el Partido Verde Ecologista de México por supuesto que apoyamos el presente proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, ya que esto beneficiará a la población de nuestro país, a nuestro hábitat y a nuestros recursos naturales en general, ya que esto beneficiará a la población a la que pertenecemos. Gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Rubén Acosta. Tiene el uso de la palabra la diputada Saraí Larisa León Montero, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputada.
La diputada Saraí Larisa León Montero: Gracias. Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados. Acudo a esta soberanía para posicionar al Grupo Parlamentario del PRD en favor del dictamen de la Comisión de Pesca por el que se reforma el segundo párrafo al artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable para que la secretaría pueda permitir la pesca de fomento en el caso de científicos, técnicos e instituciones de investigación extranjeros, la cual se realizará en conjunto y bajo la supervisión del Instituto Nacional de Pesca, para lo cual hará del conocimiento de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Marina las peticiones que reciba de extranjeros o de organismos internacionales sin perjuicio de los demás requisitos que deban cumplirse en términos de la legislación aplicable.
Apoyamos la reforma en razón de que está acorde con el artículo 29, fracción XVII de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable que establece que el Inapesca contará con la atribución de designar observadores a bordo en las embarcaciones o en las instalaciones pesqueras o acuícolas para fines de investigaciones. En el Grupo Parlamentario del PRD vemos que esta atribución al Inapesca coadyuvará a mantener la soberanía nacional dentro de nuestros límites costeros y en altamar.
El artículo 48 de la Constitución General de la República prevé que las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes de los mares territoriales, así como las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, dependerán directamente del gobierno de la federación con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los estados.
Debemos de coincidir con esta nueva atribución ya que el Inapesca, de acuerdo con la Sagarpa, es la única institución mexicana de investigación pesquera con cobertura nacional y en permanente contacto con el medio pesquero y sus problemas de desarrollo y administración.
Dotar al Instituto Nacional de Pesca de atribuciones para que supervise a científicos, técnicos e instituciones de investigación extranjeros, es un acto de política pública de un Estado responsable.
El término frontera ha experimentado una evolución en los últimos años y se hace necesario distinguir entre una acepción restringida y otra amplia. La primera la utilizamos como sinónimo del límite de territorio de un estado; y en cambio en la segunda designa también los límites en la Zona Económica Exclusiva en los que un país posee poderes y autoridad, y la plataforma continental.
Diputadas y diputados, nuestra reforma contribuye a que el Inapesca, con la supervisión que va a realizar, preservará nuestras zonas económicas exclusivas y nuestros derechos como nación independiente, sobre los recursos marítimos.
Coincidimos en el PRD en la urgencia de armonizar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, por lo que nos expresaremos a favor del dictamen de la Comisión de Pesca.
En este mundo globalizado es necesario que las instituciones de la república supervisen las actividades de los no nacionales, aun así sean científicos o de investigación.
Finalmente hacemos un respetuoso llamado a la colegisladora a que a la brevedad discuta el asunto contenido en el dictamen en que en este acto votaremos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada León Montero. Tiene la palabra don Arturo De la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para fijar la postura de su grupo.
El diputado Arturo de la Rosa Escalante: Muy buenas tardes. Honorable asamblea, para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional toda iniciativa que procure la consecución de una patria ordenada y generosa y permita alcanzar una vida mejor, más digna para todas y para todos los mexicanos, siempre será apoyada, y de ser el caso, también será defendida.
En esta oportunidad por mandato expreso de mi fracción, a quien le agradezco la confianza, vengo a ésta, la más alta tribuna del país para expresar nuestro respaldo al dictamen que ahora nos ocupa y cuyo contenido normativo significa, sin lugar a dudas, un importantísimo avance hacia el indispensable fortalecimiento de la investigación en beneficio de la actividad pesquera y la acuícola de nuestro país.
Vengo de un estado de la Unión, joven, con muchísimo empuje y grandísimo potencial: Baja California Sur. Ejemplos, si los hay, de actividad económica sustentable a la explotación de combustibles fósiles y que a través del turismo y la pesca, colabora con México para progresar hacia un porvenir mejor.
En este orden de ideas, Baja California Sur aporta poco más del 9 por ciento de la producción pesquera nacional y en conjunto con nuestros vecinos de Baja California Norte, Sonora y Sinaloa representamos más del 75 por ciento del total de la actividad pesquera de nuestro país.
La reforma aquí propuesta otorga amplias facultades al Instituto Nacional de Pesca para intervenir en la supervisión de los permisos de pesca, de fomento que otorga la Sagarpa con fines científicos, técnicos y de investigación, siempre que dichos trabajos estén a cargo de instituciones extranjeras de investigación.
Asimismo, el Inapesca estará obligado y facultado para realizar, conjuntamente con la institución a cargo del proyecto de investigación, los estudios e investigaciones objeto del permiso de pesca de fomento. La finalidad de otorgarle dichas facultades al Inapesca es la de salvaguardar el interés público que reviste la información derivada de las investigaciones que se realizan a través de la pesca de fomento.
En este orden de ideas, no hay que dejar de subrayar que el talón de Aquiles de la Conapesca es la falta de vigilancia, lo cual ha ocasionado que los permisos de pesca de fomento sean utilizados para la depredación de nuestros recursos pesqueros.
Sólo por mencionar un caso, en Baja California Sur Conapesca otorgó el permiso de pesca de fomento número PPF/GGOPA-024/14 para la pesquería de Pajarito en favor de la Cooperativa San José del Cabo. La falta de vigilancia por parte de las autoridades encargadas y la autorización de artes de pesca depredadoras han ocasionado que el permisionario esté afectando gravemente el hábitat marino. Hay que recordar que estas artes de pesca son redes que tocan el suelo marino y desafortunadamente las redes no tienen ojos y van llevando a su paso todas las especies que encuentran; entre ellas podemos destacar las reservadas a la pesca deportiva, las que se encuentran en veda y peor aún aquellas especies que se encuentran en peligro de extinción.
Por esta razón quisiera hacer un respetuoso exhorto a la Conapesca para que ponga en marcha más y mejores políticas públicas de vigilancia de nuestros litorales.
Por lo demás, un servidor y nuestra fracción parlamentaria están de acuerdo en el presente dictamen. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado De la Rosa Escalante. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Alberto Zepeda González para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Francisco Zepeda González: Muy bien día. Compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias presidente de la Mesa Directiva. Presento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, posicionamiento al proyecto de decreto que reforma el artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
Desde agosto de 1962, el Inapesca que se creó como el Instituto Nacional de Investigaciones Biológicas Pesqueras, ha dirigido la investigación pesquera del país, aportando en su momento conocimientos básicos en materia de biología, distribución y abundancia de los recursos pesqueros, ya sea de agua dulce o salada del país.
Posteriormente, en 1971, se transformó el Instituto Nacional de Pesca incorporando nuevas áreas de investigación que se orientaron a la evaluación y manejo del patrimonio pesquero, y del análisis integral de este sistema, tendiendo puentes con la estructura productiva del sector, consolidándolo en su carácter de consultor de gobierno para planificar, ordenar y mejorar de manera el desarrollo pesquero acuícola nacional.
En la actualidad, el Inapesca es un órgano público descentralizado, sectorizado con la Sagarpa, activo, tanto de la política internacional pesquera y ambiental, por lo que coincidimos en el sentido del dictamen y consideramos que el Instituto debe contar con la información más moderna, confiable y sistemática de las metodologías de la investigación vigentes y de vanguardia; de las propuestas más nuevas en materia de política de gestión de los recursos pesqueros, ambientales en el ámbito internacional, a fin de generar programas y planes generando coordinación y orientado el desarrollo de la investigación pesquera en México.
El Instituto Nacional de Pesca es la única institución del país en materia de investigación pesquera y acuícola con cobertura nacional, misma que se encuentra en un diálogo constante e ininterrumpido en el sector pesquero desde hace 52 años, consciente y sensible de sus problemas y necesidades para su desarrollo, así como para su administración.
Las relevantes labores que el Instituto desahoga como una parte del principio de la pesca responsable, son evidentes al proporcionar a la autoridad pesquera y acuícola sólidas, bases científicas con datos fehacientes para conservar, ordenar y desarrollar la actividad pesquera y coadyuvando en el cuidado de la biodiversidad los ecosistemas y el hábitat acuático.
El Inapesca habla a su excelencia científica y tecnológica, la cual hace fuente de estudios internacionales reconocidos y referentes ante los organismos internacionales y ONG, integrado por personal investigador capacitado para afrontar retos que aporten soluciones y tecnologías al sector pesquero y acuícola, para mejorar su productividad, rentabilidad y producción de los recursos, contando con una plantilla que asciende a 438 trabajadores, 292 investigadores y técnicos, y 146 de apoyo, más del 70 por ciento realiza sus actividades en centros regionales de investigaciones pesqueras, colaborando todos para lograr una fortuna, protección y conservación de la flora, fauna acuática a través de sus investigaciones en materia de pesca y acuacultura.
El instituto cuenta con facultades de primera importancia para el sector: coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica, y elabora y actualiza los planes de manejo de las actividades pesqueras y acuícolas, así como la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola, entre muchas otras que dirige la pesca por la senda del crecimiento y el desarrollo.
Es por eso que en el PRI compartimos el sentido del dictamen, para que sea el Inapesca quien supervise la pesca de fomento en el caso que Sagarpa se le autorice en términos de la ley a científicos, técnicos e instituciones de investigaciones extranjeras.
Por cierto, compañeras diputadas y compañeros diputados, ha sido turnada a la Comisión de Hacienda una iniciativa que precisamente va focalizada a fortalecer una parte del sector productivo en el país, como es la pesca lastimada por el desarrollo económico.
Esta iniciativa va orientada a generar a partir de los ingresos de las administradoras portuarias integrales en el país una plataforma de recursos que vayan destinados una parte a fortalecer este sector que durante muchos años ha quedado rezagado. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos a favor del dictamen. Diputado presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Francisco Alberto Zepeda González, por su participación.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Honorable asamblea, en razón de que se ha agotado la lista de oradores y que el proyecto de decreto aborda sólo un párrafo de un artículo por ello le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recibir la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a las jóvenes, a los jóvenes de la preparatoria Centro Escolar Quetzal, de Morelia, Michoacán. Les damos la bienvenida en nombre del señor diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva y paisano de ustedes. Les reconocemos su interés por los temas que aquí se abordan en este Congreso, en esta Cámara. Muchas gracias. Gracias por su visita.
El diputado Kamel Athie Flores ha invitado a un grupo de estudiantes del Tecnológico de Cuauhtémoc, Chihuahua, de la capital manzanera dicen, no del país sino del mundo. Sean bienvenidos, muchas gracias también, por su visita.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
La diputada Angelina Carreño Mijares (desde la curul): A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señor presidente, se emitieron 364 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Pasa al Senado para los efectos constitucionales correspondientes.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 40, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Tiene la palabra la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, por la Comisión, para fundamentar el dictamen, ello con apoyo en el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de esta Cámara. Tiene el uso de la palabra, diputada.
La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados. La iniciativa que hoy se somete a nuestra consideración tiene como propósito reconocer expresamente en el texto de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres el derecho de las madres y padres biológicos y por adopción para los permisos, prestaciones laborales, por maternidad o paternidad, según sea el caso.
Para la Comisión de Igualdad de Género la iniciativa que hoy votamos, que votaremos es pertinente, es congruente, porque busca eliminar cualquier distinción entre la figura de padres o madres biológicas y padres o madres adoptivas que pudiera significar algún tipo de discriminación en detrimento de estos últimos o de estas últimas. Es decir, mismas responsabilidades, mismos derechos.
Por ello consideramos muy oportuno robustecer, fortalecer los derechos de las madres, de los padres adoptivos en el marco de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, reconociendo a las mujeres y a ellos, a los hombres también una licencia por maternidad o paternidad en caso de adopción.
En este sentido, consideramos que la iniciativa es congruente con la línea de acción de la Comisión de Igualdad de Género en esta Cámara de Diputados, que ha impulsado en la agenda legislativa el tema de las licencias de paternidad cuyo objetivo –como sabemos– es la redistribución de tareas en el hogar y del cuidado de las y los hijos, para buscar una mayor participación de los hombres en los trabajos de la casa y un mayor equilibrio en las responsabilidades y atenciones que se requieren en una familia con una o con un recién nacido.
Observamos que la iniciativa se enmarca en el plano de la discusión vigente sobre la conciliación de la vida personal, la vida familiar, la vida profesional, en cuya reflexión se ha reconocido que la falta de reconciliación en estos ámbitos familiares, profesionales y personales nos afecta tanto a las mujeres como a los hombres, porque es el mismo tiempo para todas las personas.
Sin embargo, se advierte que las mujeres tienen mayores dificultades para hacer compatibles las demandas que exige el ámbito de lo profesional y el ámbito privado a lo largo de toda la vida. Es decir, las mujeres no hemos podido sortear el obstáculo de la múltiple jornada.
Por lo anterior, estimamos que las modificaciones propuestas son adecuadas, en virtud de que abonan a la idea de que la conciliación es necesaria, porque por un lado ha aumentado el número de madres que tienen un empleo, que se han incorporado al mercado laboral, pero también porque los padres, los hombres tienen el derecho y la responsabilidad de la atención y educación de sus hijos e hijas.
De manera que es necesario encontrar soluciones que permitan, a ambos, repartir y compartir las preocupaciones y obligaciones de la vida familiar, pero también de las gratificaciones, así como también de contar con mejores condiciones para el acceso a un trabajo remunerado.
La igualdad de oportunidades, la igualdad sustantiva debe aplicarse, porque tanto a las condiciones de vida familiar deben ser una realidad, como a las condiciones de trabajo. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo nos brinda un panorama de la participación de los hombres en el cuidado de las hijas e hijos, y los resultados señalan que en los hogares donde hay menores de seis años, el 85 por ciento de las mujeres participa en su cuidado, para el caso de los hombres lo hace sólo el 52 por ciento. Las horas que se dedican a esta actividad, las mujeres, a la semana, son de 12.5 horas en promedio, y los hombres apenas 5.5 horas en promedio.
Ante este panorama para la Comisión de Igualdad de Género, es innegable la importancia que tiene que la participación conjunta, democrática, la democracia empieza en casa, y por ello consideramos que la intervención, la participación activa de los hombres en la crianza, en la educación, en la economía y en todo lo que significa el cuidado de adultos mayores y, en este caso, de hijos o de hijas recién nacidos, o adoptivos, es importante y es una necesidad para equilibrar en las tareas dentro del hogar.
Por ello, saludamos a algunas dependencias gubernamentales que han implementado la licencia por paternidad que, desde esta Cámara de Diputados, en la reforma laboral logramos ampliar para que también los hombres gozaran de este beneficio y no les dé ninguna vergüenza cambiar un pañal o estar con su hijo o su hija recién nacido y crezcan en el amor que deben tenerle a su hijo o a su hija.
Por tal motivo, abogamos para que ésta reforma sea aprobada y con ello se precise, de manera textual, la obligación equitativa de las mujeres y los hombres en el cuidado de las hijas e hijos, y se elimine la posibilidad de cualquier distinción entre los padres y las madres biológicas y las y los adoptantes.
Compañeras, compañeros, es para nosotros muy grato solicitarles su voto a favor de esta reforma a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que por unanimidad hemos logrado sacar en nuestra Comisión de Igualdad de Género.
Me felicito y felicito a todas las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género por este gran logro, y llamo a todas y a todos ustedes a votar a favor de esta reforma. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias a usted, diputada Mícher, por esta fundamentación.
Aprovecho saludar a estudiantes de bachillerato del Instituto Sanjuanense de Estudios Superiores de San Juan del Río, Querétaro, invitados por el diputado José Guadalupe García Ramírez. Bienvenidos.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Ahora está a discusión en lo general y en lo particular el dictamen presentado, y de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene la palabra el diputado Fernando Bribiesca para fijar postura, hasta por cinco minutos. Adelante, diputado.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, actualmente la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dicta que con el fin de promover y procurar la igualdad en la vida civil de ambos corresponde a las autoridades contribuir a un reparto equilibrado de las responsabilidades familiares, reconociendo a los padres el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad.
Los avances que se han realizado respecto a la licencia de paternidad han permitido que se incluya de manera positiva a los hombres para el goce de este derecho, buscando mayor participación del género masculino en el trabajo de la casa y en las atenciones que se requieren en este proceso.
En esta congruencia, la propuesta que analizamos en la Comisión de Igualdad incorpora este derecho en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y permite que se reconozca tanto para padres biológicos como para padres por adopción, de la misma manera, como ya se establece en la Ley Federal del Trabajo y en instrumentos internacionales.
Recordemos que la misma ley equipara la fecha de parto a la fecha en que el menor pasa a formar parte del seno de la familia adoptante, por lo que esta licencia servirá como una posibilidad para crear un vínculo afectivo con el menor.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza coincidimos que las familias con hijos adoptivos tienen los mismos derechos que aquellas con hijos naturales, por lo que consideramos fundamental que se precise el concepto de madres y padres por adopción.
Además, es obligación para el Poder Legislativo el adecuar la legislación interna de la Convención de los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales, con el fin de garantizar que se brinden a los menores los cuidados necesarios para su sano desarrollo.
Por lo anterior y debido a que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es la principal herramienta que concentra las acciones, las políticas, los programas y los presupuestos que permiten garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en todo el territorio nacional nos manifestamos a favor del presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta. Muchísimas gracias, compañeros diputados.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputado Bribiesca. Ahora, de acuerdo al artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de nuestra Cámara tiene la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del PT, para fijar postura también, hasta por cinco minutos.
La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con la venia de la presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Adelante.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Compañeras, compañeros legisladores. La Comisión de Igualdad de Género ha puesto a consideración de esta honorable asamblea, el proyecto por el que se reforma la fracción XI del artículo 40 de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
La iniciativa propone que se reconozca expresamente el derecho de las madres y padres biológicos y por adopción, al permiso y prestaciones por paternidad y maternidad. La atención temprana a los niños y sus madres desde el momento del parto y hasta los cinco años es una de las principales recomendaciones de organismos internacionales para garantizar el saludable y correcto desarrollo y nutrición de los infantes; asimismo la recuperación de la madre y la vinculación con su hijo en los primeros años de vida del mismo. De igual manera, es necesario para lograr la generación de lazos afectivos y emocionales saludables para madre e hijo.
Por su parte, el padre tiene un papel fundamental en los primeros meses de recuperación después del parto en cuanto a brindar la atención y cuidados a la madre y al hijo. Asimismo, la generación de lazos de identidad y reconocimiento entre el padre y los hijos se da principalmente en los primeros meses de vida del infante.
Por estas consideraciones garantizar que los padres pueden tener un periodo de gracia laboral por concepto de embarazo y alumbramiento es un derecho que han ganado los trabajadores mexicanos, a pesar de estas necesidades el tiempo de licencia por maternidad que se les otorga a las madres en nuestro país es de los menores del mundo, es apenas de 12 semanas, menos de las 14 establecidas por la Organización Mundial del Trabajo en el Convenio 183 y mucho menos de las 18 sugeridas en la Recomendación 191 del citado organismo.
Y en el caso de los padres es prácticamente inexistente, pues los cinco días que hoy se les reconocen a los padres no son suficientes ni equitativos, inclusive se ha señalado que así como está hoy vigente esta norma, la licencia de paternidad solo coadyuva a fortalecer los estereotipos machistas que aún persisten en nuestra sociedad.
En el caso de las familias adoptantes, el otorgamiento de derechos es mucho menor, el periodo de adaptación e inclusión a la nueva familia que requieren tanto los niños como los padres es crucial, para lograr la sana y armónica convivencia que regirá o no el desarrollo futuro de la familia. Y a pesar de lo anterior, el reconocimiento del derecho a gozar de licencias de paternidad aún no se reconoce de forma integral.
Sin duda es necesario reconocer los mismos derechos de los padres genéticos a los padres adoptantes; asimismo y como se menciona en la iniciativa reconocer y ejercer de forma efectiva el derecho de los niños a tener una familia.
Por ello el Partido del Trabajo comparte la preocupación de los promoventes del proyecto y pugna por el reconocimiento de los derechos paternos iguales a todos los tipos de familia. Asimismo, pugnamos por el reconocimiento de la igualdad entre madres y padres en función del cuidado y educación de los hijos, así como de la cooperación y el bienestar familiar.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Loretta. Tiene la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, para fijar postura hasta por cinco minutos.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señora diputada.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Adelante.
La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Actualmente la paternidad se relaciona con el deseo y posibilidad de una familia de tener un hijo. Y, por lo tanto, una paternidad biológica o una paternidad adoptiva tienen el mismo objetivo y en consecuencia deben ser tratadas con igualdad de circunstancias y derechos. La legislación equipara el parentesco existente entre ambos tipos de padres con independencia del vínculo que se tenga con el menor.
En México la igualdad la igualdad entre los sexos ha sido un elemento clave para que los cambios sociales e institucionales generen equidad y crecimiento a una sociedad. La búsqueda por alcanzar beneficios mutuos para hombres y mujeres ha logrado que el país día con día evolucione hasta convertirse en una entidad política tolerante ante las diferencias existentes en el país.
La igualdad ha avanzado a pasos agigantados induciendo que tanto hombres como mujeres puedan aspirar a los mismos puestos de trabajo, estudiar y competir en las mismas universidades y procurar instituir una familia donde ambas partes se encarguen del desarrollo y obligaciones que conllevan la formación de un hogar mexicano.
En el área laboral el precepto a trabajo igual salario igual, ha reconocido la igualdad jurídicolaboral entre el hombre y la mujer. La ratificación de las normas de trabajo no tienen la finalidad de crear desigualdades entre ambos géneros sino que, por el contrario, su objetivo primordial es proteger a su personal otorgándole equivalencia de oportunidades.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) promueve el incremento de beneficios entre ambos sexos para que puedan acceder a un trabajo digno y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.
La Ley Federal del Trabajo establece que tanto los trabajadores como las trabajadoras, disfrutarán de las mismas obligaciones y compromisos, así como la igualdad de salarios por el servicio prestado.
Por otra parte la ley protege fervientemente a la trabajadora que se encuentra en estado de gravidez.
La legislación es clara estableciendo los lineamientos que prohíben exponer a la mujer y al producto de la concepción a trabajos insalubres, peligrosos, nocturnos, industriales o a la prestación de servicios en horas extras.
En contexto la madre disfrutará de seis semanas anteriores y seis semanas posteriores al parto, gozando de un salario digno, con la plena certeza de que una vez concluido el plazo podrá reintegrarse a sus funciones laborales previas.
La iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 40, fracción XI de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, fue presentada en el mes de abril del año en curso, por los diputados Ricardo Mejía Berdeja, y Ricardo Monreal Ávila, con el fin de reconocer la igualdad de derechos de las madres y los padres biológicos, así como los padres adoptantes, en relación al permiso y prestaciones por paternidad y maternidad.
Al hablar de igualdad entre los hombres y las mujeres, es necesario plantearnos el argumento de cómo han evolucionado los roles familiares entre las uniones de las familias mexicanas.
Por ejemplo actualmente la pareja labora en conjunto para procurar el desarrollo y mejora de su hogar; ambos tomas las decisiones de su hogar, así como también se encargan del cuidado de los hijos con independencia de su sexualidad.
Esta situación era impensable e inconcebible hace unas décadas de la nación mexicana. Al ser padre y madre socialmente equiparados, deben percibir el mismo goce de permisos para el cuidado del hijo recién nacidos y ser apoyados laboralmente en las prestaciones económicas resultantes del ciclo del parto.
Además la reforma consiste en otorgar los mismos derechos de una madre o padre sanguíneos a los padres adoptivos, asemejando la fecha del parto de la madre biológica con la fecha de entrega del menor al nuevo hogar de la familia adoptante.
El proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, señalando que se debe contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, conociendo a los padres biológicos y por adopción, el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad, en términos de la Ley Federal del Trabajo.
Enhorabuena por los papás de este país, papás biológicos y papás adoptivos. Felicidades, diputado Ricardo Mejía; felicidades, diputado Ricardo Monreal. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Valencia. Les damos la bienvenida a estudiantes de distintas carreras y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sean ustedes muy bienvenidos. Son invitados por el diputado Arturo Escobar y Vega. Bienvenidos.
Tiene la palabra ahora la diputada María del Rosario Pariente Gavito, del Partido Verde Ecologista de México, para fijar postura, hasta por cinco minutos
La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras diputadas y diputados: en los últimos años la adopción ha sido reconocida como una medida de protección para los niños privados de un medio familiar, pero es ante todo la posibilidad de brindar un hogar a un infante que por diferentes causas ha crecido con la carencia de casi todos sus derechos fundamentales.
De acuerdo con un texto publicado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, se hizo un diagnóstico de la adopción en nuestro país en el año 2005, realizando proyecciones estadísticas sobre el aumento del número de niños sin cuidados familiares e institucionalizados en nuestro país, el cual mostró que en 2005 el número de niños en casas hogar era de 28 mil 107 y las proyecciones indicaban un incremento a 29 mil en el año 2010.
Dichas cifras son el reflejo de la lamentable situación por la que atraviesa la niñez como uno de los sectores más vulnerables de nuestro país. La elevada y creciente cifra de niños que habitan en casas hogar son el resultado de diversos factores, y la falta de educación, embarazos a temprana edad y la pobreza son las principales causas que la originan.
Es por lo anterior que debe darse prioridad a las personas que asumen el compromiso de integrar, a través de la adopción, a los niños que no tuvieron la oportunidad de desarrollarse en su núcleo familiar, pues así como los padres biológicos, éstos asumirán la responsabilidad de procurarles bienestar.
Para ello será necesaria la participación conjunta de ambos padres, pues tanto la intervención de la mujer como la incorporación de los hombres a una paternidad activa son sin duda los elementos indispensables para el desarrollo de la niñez.
Por cierto, ha de haber muchos estados, pero en el mío, en Chiapas, ya hay una ley donde cuando se es padre de familia se tienen ocho días hábiles para faltar a su trabajo para ayudar a la madre en los cuidados del recién nacido.
Estamos conscientes de los avances que se han dado en los últimos años. Parte de un cambio histórico está en los roles de género de mujeres y hombres que se están produciendo en las últimas décadas, y eso evidencia el desarrollo de la sociedad en una participación más equitativa y respetuosa.
Hoy en día, es común la inclusión de la mujer a la vida laboral desempeñando incluso, diversas labores que por años habían sido exclusivas de los varones, por lo que sin duda cada vez será mayor la participación de nosotras en los diferentes sectores profesionales y laborales.
Así pues, también en las labores que antes fueron consideradas exclusivas o prioritariamente de responsabilidad de las mujeres, observamos mayor participación de los hombres. Bienvenidos.
Ejemplo de lo anterior son la crianza y educación de sus hijos. Si bien siempre debieron ser responsabilidad de ambos padres, lo cierto es que con frecuencia fueron definidas como tareas de mujeres.
Es por ello que hoy más que nunca se debe impulsar una mayor participación de los hombres en dichas labores. Es por ello que las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ya que resulta necesario contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, reconociendo a los padres biológicos y por adopción el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad en términos de la Ley Federal del Trabajo.
Lo anterior, ya que consideramos que acciones como éstas, además de fomentar la integración de las familias como base fundamental de cualquier ser humano, impulsa el desarrollo personal, social y profesional de las mujeres y los hombres en toda igualdad. Es cuanto, señor presidente.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada Pariente Gavito. Tiene la palabra la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Partido de la Revolución Democrática, para fijar postura hasta por cinco minutos.
La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz: Muy buenas tardes compañeros, compañeras, con el permiso, presidenta.
A través de la historia de la humanidad, el concepto de familia ha ido cambiando constantemente de acuerdo a las etapas que como seres humanos hemos atravesado. Sin embargo, algo que es una constante, es que la familia es el pilar necesario de todo individuo, para la creación de un mundo mejor.
Una familia es respeto, tolerancia, comprensión. Una familia es amor. Si la familia fuese definida de acuerdo a valores emocionales, no se tendría una clasificación de ellas. Una familia sólo es comprensible en su propio entorno, sin embargo por cuestiones legales y técnicas las familias tienen que dividirse de acuerdo a su proceso de conformación.
La adopción es sin duda uno de los procesos más humanos y admirables, un acto que requiere la mayor de las responsabilidades posibles para cobijar a esos niños que, por diversas circunstancias, les ha sido arrebatada la posibilidad de crecer dentro de un seno familiar.
Los padres adoptivos y madres adoptivas tienen las mismas responsabilidades jurídicas y morales que los padres biológicos, sin embargo no los mismos derechos. Dicho proyecto propone que padres y madres adoptivos cuenten con los mismos derechos: prestaciones por los términos de maternidad y paternidad.
Felicito a los compañeros diputados promoventes de esta iniciativa, porque es un gran paso en dos temas fundamentales: la igualdad de género y los procesos de adopción en México. Los hombres y mujeres somos iguales ante la ley, sin embargo por ahora sólo las madres adoptivas, al igual que las genéticas, tienen el derecho a licencia por maternidad.
En el Grupo Parlamentario del PRD asumimos que la igualdad de género no es sólo un asunto de mujeres, por ello estamos a favor de este proyecto, porque comprendemos que es necesario que se reconozca el derecho de todos los hombres y de todas las mujeres a tener una licencia por maternidad y paternidad de manera independiente en la que hayan sido padres.
La licencia de paternidad contempla el proceso que deben tener los padres adoptivos con el hijo o hija a quien han decidido cobijar; una tarea emotiva, sin embargo nada fácil, y que requiere tiempo completo de padres y madres para adaptar y formar de mejor manera una nueva familia.
Con la licencia de paternidad no sólo se crea un derecho de igualdad al de las mujeres que son madres adoptivas, con ello también se prevé un reparto equitativo en el ámbito laboral, de tareas domésticas, de cuidado al nuevo integrante de la familia y sobre todo de afecto, cariño que tanto necesita este pequeño o pequeña que tiene de nuevo la oportunidad de recibir amor en una familia.
Desde el Grupo Parlamentario del PRD estamos a favor del bienestar físico y emocional de los miembros que componen una familia sin diferenciar las clasificaciones de ellas. Los derechos de padres y madres genéticos y adoptivos deben ser equivalente a sus responsabilidades, por ello apoyamos esta iniciativa considerándola positiva en la conformación de una sociedad igualitaria y responsable.
Tenemos fe en que la modificación de eta ley no sólo brindará licencia de paternidad a los padres adoptivos, sino que enmarca los principios de una relación de igualdad entre hombre y mujer. Qué mejor ejemplo para los niños y niñas que en un tiempo crecerán y volverán a ejemplificar ese legado que sus padres han dejado, el de los mismos deberes y los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Esto significa un real acercamiento hacia la igualdad de género. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Guzmán Díaz. Damos un saludo a alumnos destacados de la comunidad de Santa María del Monte, en Zinacantepec, así como a padres, maestros y autoridades que los acompañan. Todos ellos invitados por el diputado Gerardo Hernández Tapia, que aquí nos acompaña. Sean todos bienvenidos.
Tiene la palabra ahora la diputada María Teresa Jiménez Esquivel, del Partido Acción Nacional, para fijar postura hasta por cinco minutos.
La diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros, para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional la verdadera igualdad se logra cuando todas y todos tenemos el mismo poder para incluir en la sociedad nuestras propias ideas. Por tanto, para nosotros es fundamental velar donde el Legislativo cuente con posibilidades y derechos y responsabilidades en todas las áreas de esta vida.
Por ello, nuestro Grupo Parlamentario observa y comparte la relevancia del dictamen que hoy se discute, pues consideramos que reconocer a los padres por adopción en correspondencia al texto vigente de la Ley Federal del Trabajo, el igual derecho que a los padres biológicos al permiso y a la presentación por paternidad.
Sin duda se abona el reparto más equitativo de las responsabilidades familiares y con ello a la creación de las condiciones jurídicas y materiales que garantizan a los ciudadanos la vigencia de sus derechos y obligaciones por el Estado.
Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, dada la importancia que tiene el que los padres acompañen los primeros días de vida a sus hijos o la llegada del pequeño que adopte la familia.
Estamos convencidos de que impulsar acciones como ésta contribuyen a que este permiso de paternidad ayude a compartir y a asumir con una nueva mentalidad las responsabilidades familiares, ahora para los padres adoptantes, pues para nosotros este tipo de acciones ayuda a los padres biológicos y adoptivos a comprender la etapa de la vida inicial donde se recibe a un nuevo ser humano en la familia, a comprender mejor y apoyar a su pareja.
Reconocemos también que la niñez tendrá un mejor desarrollo al ver o sentir que ambos padres están atentos en cada etapa de su vida, como proveedores de amor, cariño y comprensión. Esta propuesta abona a dar un mayor rol de participación al hombre en las responsabilidades familiares, que en muchos casos son enfrentados solamente por la mujer, sin el apoyo de la pareja, porque tienen que trabajar.
Además, apoyamos que se pretenda lograr un reparto más equitativo en el cuidado y satisfacción de las necesidades básicas y efectivas de las niñas, de los niños y de las familias, en general. Padres y madres deben tener la oportunidad de asumir el compromiso con el cuidado y protección de los niños que procrean.
Compañeras y compañeros, la responsabilidad compartida entre ambos padres indudablemente se consolida si aprobamos el presente dictamen. En Acción Nacional creemos que es necesario apoyar todas las acciones que se encaminan a dar un mayor rol de participación al hombre y a las labores domésticas y a la crianza de sus hijos, pues en este tiempo es un imperativo lograr un reparto más equitativo en el cuidado y satisfacción de las necesidades básicas y efectivas de las niñas y los niños.
Al votar a favor de este dictamen, Acción Nacional refrenda su reconocimiento pleno de las consecuencias prácticas de la común dignidad de las mujeres y de los hombres y de su común carácter de sujetos y agentes responsables y colaboración en la construcción, animación y dirección de la sociedad, pues para nosotros, hombres y mujeres, deben reconocer su valor propio y responsabilizarse el uno del otro, compartiendo las tareas que les corresponden dentro y fuera de la familia sobre la base de igualdad de derechos y de obligaciones. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Tere Jiménez. Le damos la palabra ahora a la diputada Claudia Delgadillo González, del Partido Revolucionario Institucional, para fijar postura de su grupo parlamentario, hasta por cinco minutos. Adelante, diputada.
La diputada Claudia Delgadillo González: Muchas gracias, diputada presidenta. Los artículos 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen la protección de la familia, como un derecho humano.
La importancia de perfeccionar los dispositivos que rodean a esta institución cobran realce al considerar que la familia, independientemente de su forma específica, es un núcleo social elemental, alrededor del cual la mayor parte de la población se agrupa, se encuentra económicamente, emocionalmente y les permite construir una identidad, adquirir padrones de socialización e integrarse como elementos activos a una sociedad.
Si bien, el espacio de desenvolvimiento de las familias tiene un ámbito reducido y de carácter privado, siendo el agente formativo por excelencia, el impacto de los efectos de las dinámicas que generan en la sociedad es de muy amplio alcance.
El orden o desorden social futuro depende en gran medida de los pronósticos para la superación de los desafíos a que hoy se enfrentan las familias mexicanas. Como bien señala, el secretario general de la ONU, en la conmemoración de este año del Día Internacional de la Familia, las familias unidas y funcionales, sea cual sea su composición, pueden ayudar a reducir la pobreza, mejorar el bienestar de las madres, fomentar la igualdad y promover los derechos humanos.
En este sentido, es fundamental redoblar los esfuerzos para formular políticas de desarrollo que acojan la complejidad y diversidad del fenómeno familiar. Que reconozcan los cambiantes procesos sociales, económicos y demográficos que les impactan. Y que promuevan activamente la igualdad de trato en todas las familias, con independencia de sus estructuras.
En México, el cambio en la forma en que se le nombra es que hace estadística sobre ella y es la regulación de las situaciones que les atañen, dan cuenta de la evolución de las familias y de la forma en las que se les está concibiendo.
Por parte del Poder Legislativo, es necesario continuar en la modernización de la legislación, para adecuarla conforme a las nuevas realidades que abarca la institución familiar bajo este enfoque amplio de desarrollo.
En este sentido, son de reconocerse avances significativos en los años recientes. Por citar algunos ejemplos, tenemos la reforma en la Ley Federal del Trabajo en el año 2012, entre la que se incorporó la licencia de paternidad, tanto para padres biológicos como para padres adoptantes y las reformas al Código Civil Federal en materia de adopción plena, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en abril del año 2013.
El Grupo Parlamentario del PRI estamos de acuerdo que es preciso abonar a los objetivos para el pleno reconocimiento y goce de derechos de todos los integrantes y de todas las formas de familias en condiciones de igualdad y no discriminación.
Asimismo, reconocemos la importancia de emprender acciones para facilitar la conciliación en la vida personal, en la vida familiar y profesional y para cerrar la brecha entre la participación de hombres y mujeres en el trabajo de labores domésticas y de sus cuidados.
Por tanto, estamos de acuerdo en suscribir este dictamen para incluir expresamente que como parte de las acciones que las autoridades correspondientes desarrollarán a fin de promover procurar la igualdad en la vida civil de mujeres y hombres deberán contribuir a un reparto más equilibrado en las responsabilidades familiares reconociendo a los padres biológicos y por adopción, el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad.
De este modo estamos contribuyendo a la configuración de un entramado institucional que proteja a nuestras familias mexicanas. Y que además, les faciliten en ella a todos los individuos que conformamos, podamos ejercer con plenitud nuestros derechos y acceder a mejores posibilidades. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada Delgadillo. Saludamos a vecinos de la colonia Mesa de Hornos, de aquí del Distrito Federal, invitados por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena. Sean ustedes bienvenidos.
Saludamos también, con mucho gusto, a miembros de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, de la carrera de Derecho. Estudiantes, bienvenidos, maestros, invitados por nuestro diputado presidente, el diputado Silvano Aureoles Conejo.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Y de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular, los siguientes diputados: la diputada Lorenia Valles Sampedro y el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
En consecuencia tiene la palabra la diputada Lorenia Valles Sampedro, hasta por tres minutos. Adelante, diputada.
La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su permiso, presidenta. La iniciativa que hoy se somete a nuestra consideración tiene como propósito incluir en el texto legal de manera expresa el derecho de las madres y los padres biológicos o por adopción al permiso y prestaciones por paternidad y maternidad.
Como Grupo Parlamentario del PRD estamos a favor del sentido de este dictamen, pues constituyen un reconocimiento y garantía a los derechos que tienen los hombres y las mujeres a la igualdad, a las madres y padres adoptivos que deben darse en las mismas condiciones que a las madres y los padres biológicos.
Lo anterior derivado de que nuestro marco jurídico, los alcances y derechos que se otorgan a la figura de la adopción son diferentes en cada entidad federativa; sin embargo estamos convencidas y convencidos que debe garantizarse el derecho de las madres y los padres adoptivos para integrarse como familia.
Con ello brindar mayor protección a los derechos de los padres adoptantes, así como a las niñas y niños para brindarles el afecto y la atención que necesitan, así como todos los elementos necesarios para una mayor inclusión en sus nuevas familias.
Nos congratulamos con este tipo de iniciativas dado que responden a la realidad social, a una demanda legítima de las mujeres y de los hombres que han constituido familias a través de la adopción para ampliar los derechos y obligaciones previstos en la ley, en el caso de las familias adoptantes.
Esta iniciativa coadyuva para lograr la igualdad entre mujeres y hombres que han adoptado hijos o hijas que no tienen que ser diferentes para el caso de las madres y los padres biológicos. En plena armonía con el principio de igualdad y de no discriminación, ordenado en el artículo 1o., párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa es enfática al señalar que se debe contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, reconociendo a los padres biológicos y por adopción, el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad, en términos de la Ley Federal del Trabajo.
Innegablemente esta iniciativa contribuye a un mejor reparto de las diversas tareas y responsabilidades al seno de la familia, para así buscar una mayor participación del género masculino en el trabajo de la casa y un mayor equilibrio en las responsabilidades y atenciones que se requieren en una familia con un recién nacido.
En algunos países del mundo que se encuentran a la vanguardia en el índice de desarrollo humano, ya se han implementado este tipo de medidas. Por ejemplo: en Suecia se han otorgado licencias por paternidad desde el año 1974; en España se otorgan 30 días por licencia de paternidad, entre otros casos. En América Latina también tenemos dignos ejemplos de este tipo de avances. Países como Ecuador, Chile y Brasil, otorgan entre cinco y 15 días de licencia por paternidad.
Como grupo parlamentario coincidimos con los proponentes y con la comisión dictaminadora, pues la iniciativa sin lugar a dudas abona a la igualdad entre mujeres y hombres.
En concreto, al reparto equitativo de las responsabilidades familiares conforme a lo ordenado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual votaremos a favor del presente dictamen y ojalá así pudieran hacerlo todas y todos los diputados. Muchísimas gracias. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada. Le otorgamos la palabra ahora al diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidenta. Para señalar y reconocer el trabajo de la Comisión de Igualdad de Género que preside la diputada Martha Lucía Mícher Camarena y legisladoras de los diferentes grupos parlamentarios que han dictaminado esta iniciativa que el de la voz y el diputado Ricardo Monreal Ávila presentamos hace unos meses, con el propósito de avanzar en un reparto equitativo de responsabilidades familiares entre hombres y mujeres y plantear las licencias de paternidad, lo mismo para padres biológicos que para aquellos que sean por adopción.
Partimos de la base de que la sociedad y las familias mexicanas han cambiado producto de la realidad social y que hoy no puede haber ningún dejo de discriminación por razón de nacimiento o por razón de adopción.
En ese sentido, nos parece que homologar y avanzar en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en este tema es fundamental, y adecuar a su vez esta legislación a lo que dispone la Ley Federal del Trabajo. Por esa razón nosotros, a nombre de mi compañero Monreal y el de la voz, reconocemos el trabajo de la comisión.
Hay algunas iniciativas más que hemos presentado sobre estos temas y confiamos en que de aquí al resto de la Legislatura podrán salir.
También recuerdo y hago un señalamiento a la Mesa Directiva sobre una iniciativa que también presentamos de reforma constitucional para establecer en el artículo 123 las guarderías para varones. Esto suscitó un debate álgido, un debate profundo en la Comisión de Puntos Constitucionales, y finalmente se dictaminó a favor para la reforma al artículo 123.
Sin embargo de manera extraña este dictamen fue congelado indebidamente. En esa reforma estábamos planteando que se reconociera como un derecho constitucional para los varones contar con guarderías y no solamente dejarlo en la legislación secundaria o en los reglamentos del Seguro Social.
Por esa razón al mismo tiempo que reconocemos el trabajo de la Comisión de Igualdad de Género, que valoramos este dictamen positivo de nuestra iniciativa, hacemos un recordatorio sobre ese pendiente, sobre las guarderías de varones que todavía está pendiente en esta Legislatura. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se ha agotado la lista de oradores y por eso le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recibir la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde su curul): A favor.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire. Se emitieron 391 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 391 votos el proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos al resumen de actividades presentado por la Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos.
Para presentar el informe tiene la palabra el diputado José Guillermo Anaya Llamas, presidente de la comisión, hasta por siete minutos.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros diputados: el día de hoy presentamos ante este pleno el resumen de actividades hasta hoy desarrolladas por la Comisión especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.
El trabajo de esta comisión se ha caracterizado por estar alejado de tintes políticos y buscando la justicia y el desenvolvimiento de la verdad ante hechos que nos duelen a todos los mexicanos.
El posicionamiento que doy el día de hoy ante ustedes como presidente de esta comisión trata de ser lo más objetivo y puntual, ya que después cada grupo parlamentario fijará su postura en lo particular.
En este informe se da cuenta de todas las acciones desarrolladas que muestran las múltiples aristas que hemos encontrado en el seguimiento de una serie de investigaciones, no sólo la ministerial, por estos lamentables hechos.
Hemos visto a grandes sectores de la población, a las organizaciones civiles, a la Academia, a la Comisión de Derechos Humanos, a la autoridad federal y a la autoridad local, las expresiones de frustración e impotencia expresadas en las calles de las ciudades de Guerrero, de esta capital y de otras ciudades alrededor de México y del mundo como reacción ante la percepción pública, de la poca celeridad con que ministerialmente se ha tratado el asunto, pero no podemos olvidar que si bien una investigación ministerial debe de resolverse en un plazo razonable, no menos cierto es que debe considerarse la complejidad del asunto y los actores involucrados.
Ante los hechos, encontramos una ausencia de estándar nacional homologado desde los puntos de vista penal y pericial para realizar un seguimiento estricto de protocolos de búsqueda y localización de personas, según los estándares internacionales.
No obstante, reconocemos la cooperación que hasta ahora han mostrado todas las autoridades con las cuales hemos requerido reuniones de trabajo e informes sobre la atención de los expedientes de queja de presuntas violaciones de los derechos humanos y la integración de las investigaciones penales.
Si bien, la labor de allegarnos de información sobre el seguimiento a la investigación de los hechos aún no ha sido concluida. Contamos con elementos preliminares que hacen presuponer que en el fuero común y en el fuero federal se cometieron irregularidades graves en las investigaciones sobre las desapariciones forzadas sufridas por los estudiantes de la Escuela Norma Rural.
Se cometieron garrafales errores como el de no actuar puntualmente como lo establecen los protocolos internacionales de organismos de derechos humanos, pues en casos de este tipo, es vital la actuación de la autoridad en las primeras 72 horas, pues una desaparición forzada tiene por lo menos tres elementos básicos:
La primera, la privación de la libertad, el no saber dónde están los jóvenes;
El segundo, que la privación de la libertad haya sido hecha por particulares o por la autoridad, en este caso los policías municipales; y,
Tercero, la negación del paradero hasta el día de hoy de los jóvenes.
Si bien, existen procedimientos cuasijurisdiccionales en paralelo como el de la Comisión Interamericana, no debe afectarse, sino complementarse con el ámbito de competencia de las autoridades ministeriales correspondientes para la continuación de la investigación de los hechos sufridos por los estudiantes normalistas.
No podemos dejar de lado la dolorosa posición, tanto de los familiares como de los estudiantes sobrevivientes. Debe evitarse la zozobra que ya sufrieron por la desaparición de sus familiares. Nuestras actividades de seguimiento aún continúan, y aún faltan muchas diligencias por desahogar y diversas autoridades que todavía deben remitirnos información, como puede ser: la inspección ocular en Iguala con apoyo técnico de servicios periciales, reuniones de trabajo con Sedena, Segob, la PGR, el Cisen, la Comisión Nacional de Seguridad Pública, reunión con el gobernador interino y el fiscal general de justicia de Guerrero, reunión con el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas y sostener también reunión de trabajo con el equipo argentino antropólogo forense.
Reiteramos que las investigaciones deben desahogarse en un plazo razonable, pero tampoco pedimos de una solución rápida y a contentillo en detrimento de la verdad de los hechos. Conocemos a las víctimas, hay señalamientos claros de quiénes fueron parte de los ejecutores, contra quienes ya se han ejercido diversas acciones penales, pero aún falta complementar esas acciones con el esclarecimiento del paradero o la suerte de los estudiantes desaparecidos.
El derecho a la verdad abarca tanto el ámbito de las familias de los estudiantes, de los que perdieron la vida, como de la sociedad mexicana e internacional en su conjunto, porque el derecho a la verdad tiene aspecto tanto individual como colectivo, entraña la identidad y sanción de los responsables y en el caso de desapariciones forzadas particularmente entraña el derecho a conocer el paradero o la suerte de las víctimas.
Todo esto no excluye la sanción por omisión de todos los responsables jerárquicos y de todos aquellos que hicieron caso omiso de su responsabilidad de proteger cuando tuvieron noticias de los hechos que sucedían en Iguala, incluso de preverlos conociendo los antecedentes criminales del ex alcalde y de sus familiares.
Como sabemos, en la madrugada de hoy fueron capturados el ex presidente municipal de Iguala y su esposa, señalados como responsables de los hechos, ellos nos permite confiar en tener nuevos datos que estas personas aporten a la policía y contribuirá a localizar a los jóvenes, pero no sólo eso, sino que también pueden aportar datos que lleven a las autoridades a ejercer acción penal contra sus cómplices, aun si estos se encuentran enquistados en el gobierno.
Reconozco desde aquí la colaboración y disposición de mis compañeros diputados y de mis compañeras diputadas que integran esta comisión especial, pues en el afán de contribuir al objeto que nos fijó este pleno siempre han estado dispuestos a contribuir y reunirnos con quienes consideremos necesario, aportando valiosos puntos de vista para la presentación del resumen de actividades y el buen desarrollo de los trabajos encomendados. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Anaya. Damos la bienvenida a los alumnos de la Preparatoria General Nicolás Reyes Alegre, de San Matías Cocoyotla, del estado de Puebla, invitadas e invitados por el diputado Julio César Lorenzini Rangel. Bienvenidas y bienvenidos al pleno de la Cámara de Diputados.
Compañeras, compañeros, la Junta de Coordinación Política acordó que en el marco de la presentación del informe preliminar que ya ha sido presentado por el diputado Guillermo Anaya, se abriera un espacio para agenda política para hablar sobre el tema. En tal virtud los grupos parlamentarios han registrado a diputadas y diputados para fijar el posicionamiento sobre el tema de los hechos lamentables de Iguala y lo que es ampliamente conocido por todas y por todos.
El acuerdo es que haya participación en orden ascendente de las distintas fracciones parlamentarias, hasta por siete minutos. Así, ha registrado la fracción parlamentaria de Nueva Alianza a la diputada Sonia Rincón Chanona; del Partido del Trabajo, la diputada Lilia Agilar Gil; de Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Berdeja; del Partido Ecologista de México, la diputada Ruth Zavaleta Salgado; del Grupo Parlamentario del PRD, la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero; de la fracción parlamentaria del PAN, el diputado José Alfredo Botello Montes y de la fracción parlamentaria del PRI, el diputado Manuel Añorve Baños.
En consecuencia, vamos a iniciar las participaciones de las fracciones parlamentarias. Les informo también que hay algunas solicitudes para participación de diputadas y diputados a través de la solicitud de rectificación de hechos.
Vamos a buscar que la participación sea equilibrada y en consecuencia desahogaremos en este momento sólo los posicionamientos de las fracciones parlamentarias. Durante el desahogo de estas participaciones trataremos el otro asunto con los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Por lo tanto tiene la palabra hasta por siete minutos, la diputada Sonia Rincón Chanona, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, a menos de un mes de la instalación de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, de la cual soy integrante, presentamos un resumen de actividades, mismo que puede ser consultado completamente en la Gaceta Parlamentaria.
En el documento se plasma a manera de resumen las reuniones que se realizaron con diversos funcionarios, como aquí nuestro compañero Guillermo Anaya Llamas lo ha expuesto ante este pleno.
Tuvimos reuniones con funcionarios del órgano federal y local, con organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. No obstante, no hemos logrado tener la reunión con los familiares de los 43 desaparecidos, debido a que no tienen confianza en la clase política. Este sentimiento de desconfianza no es solamente de los familiares, sino es de una generalidad en nuestro país, porque estamos viviendo momentos muy complejos en materia de seguridad pública.
Estamos frente a un Estado desarticulado en el que existe una gran corrupción política, ya que en ocasiones las personas electas para un cargo público se olvidan para lo cual fueron elegidos. Es decir, en lugar de brindar protección a la ciudadanía y respetar sus derechos humanos, anteponen sus intereses de poder y para ello son capaces de violar impunemente los derechos humanos de cualquier persona.
Hoy amanecimos con la noticia de que fueron detenidos en la madrugada el ex edil de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, por parte de un grupo de elite de la Policía Federal de Iztapalapa del Distrito Federal. Estas acciones son congruentes con la información proporcionada en nuestras reuniones con la PGR y con la Secretaría de Gobernación, en la que nos comentaban que un grupo de inteligencia estaba tras las pistas del paradero de estas personas prófugas, situación que aportará información que lleve a esclarecer estos hechos y el lugar donde se encuentran los alumnos desaparecidos.
El día de hoy hay más de 62 individuos detenidos e inmiscuidos en estos hechos tan lamentables, pero faltaban estas personas que tienen mucha información que proporcionar, sobre todo lo más importante es el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos.
Los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza manifestamos nuestra más amplia solidaridad a los familiares de los jóvenes normalistas y de las personas que perdieron la vida en esos lamentables y dolorosos, indignantes e inaceptables hechos de violencia, suscitados en el estado de Guerrero el día 26, 27 de septiembre del año en curso.
Condenamos enérgicamente estos hechos de violencia que enlutan hogares guerrerenses y provocan indignación nacional. Expresamos nuestra inmensa preocupación por el respeto intrínseco e irrestricto de los derechos humanos de las víctimas, tanto directas como indirectas y, sobre todo, la reparación integral del daño causado.
Frente a estos hechos de violencia no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad, esto debe expresarse con toda claridad frente al mundo en consonancia.
Compañeras y compañeros, por el bien de todos estos delitos deben de investigarse y resolverse a la brevedad posible, siempre en cumplimiento al Estado de derecho, nadie, absolutamente nadie puede estar por encima de la ley.
Es necesario que el gobierno realice acciones concretas y contundentes para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y el sistema de justicia del país. Es imperativo replantearnos el modelo de coordinación en materia de seguridad pública, de tal manera que blindemos a las instituciones de la corrupción y de los grupos del crimen organizado.
Es urgente reafirmar nuestro compromiso de garantizar los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, haciendo un énfasis especial en aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es cuanto, diputada presidenta. Por su atención, gracias.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Rincón Chanona. Saludamos a alumnos y padres de familia de la escuela primaria Miguel Ángel de Quevedo, de aquí del Distrito Federal, invitados por el diputado René Fujiwara Montelongo.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Y le damos la palabra ahora, para fijar postura, a la diputada Lilia Aguilar Gil, hasta por siete minutos.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, presidenta. Con la venia de la asamblea. Pareciera que el país que queremos dibujar o del que se habla en las reformas estructurales es un país distinto al que se vive en las calles.
Tenemos que reconocer que somos un país con alta incidencia de violencia, donde pareciera que no prevalece la ley ni el Estado de derecho sino las complicidades y la corrupción.
Este tema, inclusive para poder discutirse en esta Cámara de Diputados, tuvo que pasar por un proceso porque había quienes se sentían ofendidos que tratáramos el tema de Ayotzinapa como un fracaso sistémico del respeto a los derechos humanos en este país.
Es cierto, hay inconformidades e indignación, pero hay inconformidades e indignación en la calle, no solamente por los asesinatos, las desapariciones, las violaciones de derechos humanos sino porque esto se ha vuelto, nos guste o no, un problema estructural y porque entonces pareciera que el poder público es uno, el de las reformas estructurales. Y que el país vive una realidad distinta, el del día a día, donde las reformas estructurales no les dan de comer pero tampoco les dan oídos a sus necesidades, inclusive quiere desaparecerlos, como inclusive en este tema se ha dicho que hay la necesidad de restructurar el proyecto de las normales rurales.
Nosotros podemos resumir Ayotzinapa en cosas muy sencillas, 43 desaparecidos, 6 muertos, el gobierno del Estado no intervino a pesar de haber tenido conocimiento desde las seis de la tarde de que había iniciado la visita de los estudiantes.
El Ejército, al que fueron a tocarle a su puerta, no intervino. No atraparon no solamente al secretario de Seguridad Pública, a pesar de que lo podían haber hecho sino que tampoco pudieron o tuvieron la capacidad en el gobierno estatal de poner la vigilancia para que Abarca y su esposa no se fugaran, ahora hallados, un tiempo casi, casi 40 días después de la tragedia.
Retraso en la intervención del gobierno estatal pero también del gobierno federal, de 72 horas que son claves para la búsqueda de personas. La desaparición forzada de los 43 estudiantes que a pesar de que el Estado mexicano no lo quiere reconocer es un crimen de lesa humanidad.
Un sistema de búsqueda de personas completamente débil, desestructurado y no productivo. No sabemos el móvil de la desaparición. La criminalización de los jóvenes, la idea de la desaparición de las normales rurales y simplemente una evidente desestructuración del gobierno en su conjunto frente a una crisis de derechos humanos.
Los hallazgos de las fosas, de las decenas de fosas clandestinas, que pareciera que no son personas porque en el momento en que se descartan que tienen que ver con este caso, simplemente se echan a un lado y entonces el Estado mexicano específicamente la Procuraduría General de la República no se ha hecho la pregunta, ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué están ahí?
La desaparición forzada de personas, la ausencia del estado de derecho derivado de la vinculación de gobernantes con la delincuencia organizada, que pone en esta comisión y que pone en el Congreso de la Unión una gran pregunta, ¿hasta dónde está metido el crimen organizado? No solamente en las presidencias municipales, sino también en las gubernaturas, y sobre todo el querer minimizar y el querer ocultar la realidad.
Nos parece que la reunión que tuvo el Presidente Enrique Peña Nieto y el nuevo plan que emitió apenas la semana pasada es tardío. Es justo que no solamente las víctimas, sino también los sobrevivientes, no solamente no se sientan representados, sino que no confíen en el poder público razón por la cual por cierto esta comisión no ha podido reunirse con ellos.
Existen a la fecha 22 mil 322 personas no localizadas, los 43 son solamente el ejemplo de lo que está realmente sucediendo en este país y de la gran omisión que hay de la PGR en el tema.
El estado de Guerrero por su parte, ocupa desde 2011 las primeras posiciones de inseguridad por las cifras de incidencia delictiva, por cada cien mil habitantes la entidad registra la tasa más alta de homicidios dolosos, secuestros y robo de vehículos; la violación sistémica está en México y pareciera que los legisladores no queremos verla.
Ante la indignación de las víctimas y los familiares se crea esta comisión especial a propuesta del Partido del Trabajo, que tenía como objeto no necesariamente ser el ministerio público de este tema, sino ayudar y coadyuvar a la resolución y a que se siguieran los protocolos adecuados en la búsqueda de personas.
Sin embargo, estos son los resultados, tenemos que dentro de las primeras 72 horas en la búsqueda de personas, no solamente el gobierno del estado, sino también el gobierno federal no participó activamente y el gobierno del estado tiene acciones dudosas, eso lo sabemos por el informe que el mismo procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, nos dio en su momento cuando estuvimos en el estado.
El protocolo de búsqueda de personas no fue el adecuado. Los derechos de las víctimas y las familias no fueron respetados. No se les da información de calidad. No se les han entregado la información cuando menos de si hay pistas de sus familiares, están vivos o están muertos. No se les ha dado atención médica. No se les ha dado apoyo económico y, para colmo de males, la tan importantemente creada Comisión Nacional de Víctimas ni siquiera pudo estructurar un discurso aceptable en su comparecencia ante esta comisión especial, por no decir que no informó absolutamente nada porque el presidente de la misma no tenía la más mínima información.
Esa es la importancia que el Estado mexicano le daba a los derechos de las víctimas y es por eso que desde el PT hemos pedido la remoción del señor Rochín de esta comisión tan importante. No se cubrieron los derechos desde el principio de las víctimas.
El rol de la Policía Estatal fue lamentable. Las grandes contradicciones que existen entre la versión del que era el secretario de gobierno y el procurador en la época de Ángel Aguirre, son evidentes. Mientras el gobernador Ángel Aguirre decía que se habían enterado de los asuntos desde las siete de la tarde, el procurador decía que habían tenido información inmediata hasta las 11 de la noche. Pero sabían entonces que había violaciones y que había muerte en Iguala y decidieron no intervenir, lo mismo que el Ejército.
Las conclusiones a las que se puede llegar en esta comisión son muchas y no las hemos presentado en este reporte de actividades porque nos falta lo más importante. La reunión con las víctimas, con los familiares, con los estudiantes.
Desde esta tribuna yo hago un llamado a ellos para que confíen en las distintas fuerzas representadas en esta Cámara de Diputados de que queremos ayudarlos, pero sobre todo queremos ayudar a que los derechos a los que son susceptibles les sean cumplidos frente al gran fracaso del Ejecutivo municipal, estatal y federal.
Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Este es el gran caso de violación de derechos humanos en este país. La sistémica violación de los derechos humanos y la desaparición forzada que eventualmente el Ejecutivo federal tendrá que hacer frente y a al que tendrá que darle cara. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Le otorgamos la palabra ahora al diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, recordando que son hasta siete minutos para su intervención.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidenta. La respuesta y el manejo que se le ha dado a la actual crisis con relación a la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y el 27 de septiembre en el municipio de Iguala, así como la ejecución extra judicial de 22 personas en Tlatlaya, estado de México, ponen al descubierto la ausencia de protocolos y acciones del Estado mexicano ante las graves violaciones a los derechos humanos, poniendo de manifiesto la gran descomposición del sistema político mexicano.
No es la primera vez que nuestro país enfrenta situaciones como éstas, y la realidad indica que a 19 años de distancia las graves masacres a cargo de agentes del Estado siguen sin ser atendidas como debe de ser y las víctimas no reciben justicia ni reparación.
La justicia se sigue impartiendo por consigna y por amiguismo; es el botín político de unos y la ruina de otros. La destitución de personajes incómodos y una disculpa mustia para las víctimas y sus familias.
En 1997 Emilio Chuayffet renunció a su cargo en la Secretaría de Gobernación ante la falta de acciones contundentes y la presión social por la masacre de Acteal, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. No sucedió nada más.
En 1995 el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, solicitó licencia definitiva como consecuencia de la masacre de Aguas Blancas y no sucedió nada más. El gobierno federal ha puesto en bandeja la cabeza de otro gobernador, pero el problema sigue ahí.
Aún con la detención de Abarca el día de hoy por la madrugada, no ha sucedido nada más hasta ahora, porque la exigencia principal, el motivo de lucha de familiares y alumnos, sigue existiendo.
Una desaparición forzada que no es responsabilidad sino del propio Estado que ha atentado por años en contra de las normales rurales y su cuerpo estudiantil.
No podemos desvincular estos hechos que van ligados a la criminalidad desatada y a la narco política, con la polarización social que actualmente se vive en el país, donde la amplia mayoría sufre las consecuencias de la pobreza, el desempleo y la discriminación.
Estas heridas sociales se han agravado con la desaparición de los 43 estudiantes jóvenes normalistas, sin dejar de lado también la gravedad de casos como el de Tlatlaya, me centraré en lo de Iguala.
No quiero dejar de señalar que muchas de estas reflexiones las hemos comentado con legisladores de Guerrero, como los diputados Catalino Duarte, la diputada progresista y luchadora Rosario Merlín, el diputado Jorge Salgado, el diputado Miranda, el diputado Carlos de Jesús y todos ellos siempre preocupados por encontrar justicia en estos hechos.
A más de un mes de la desaparición forzada de los normalistas, queda claro que el gobierno federal encabeza un gobierno que miente, que maquilla los hechos y que ha hecho hasta lo imposible porque no se tipifiquen estos hechos como delito de lesa humanidad, desaparición forzada.
Lejos han quedado los discursos triunfalistas por la aprobación de las 11 reformas estructurales; ahora el país se desangra en la violencia criminal, en la violación de los derechos humanos y en la falta de respeto a amplios grupos sociales.
Cómo alguien como Peña Nieto puede aspirar a ser un gran estadista y a publicitarse internacionalmente cuando en México existe una violación sistemática de los derechos humanos, que no solamente se focaliza en un grupo, sino en diferentes grupos sociales.
Ante ello y ante los hechos que han sido narrados una y otra vez por diferentes autoridades, queda claro que existe una fuerte complicidad del poder con lo sucedido en Ayotzinapa y como siempre los grupos vulnerables son los que reciben la peor parte.
Como si no fuera poco para las familias de desaparecidos, ahora, en el colmo, se acusa a los jóvenes normalistas de posibles vinculaciones con el crimen organizado. Se construye una re-victimización de estos estudiantes que han sido golpeados sistemáticamente por su condición de pobreza, de precariedad y su necesidad de ser parte de la educación rural de nuestro país.
Esto se puede resumir en la reseña que hacen jóvenes normalistas y que ha sido documentada y señalada en medios de comunicación, donde dicen que ya heridos algunos de ellos, los fueron a visitar militares al hospital y después de maltratarlos, de encañonarlos, de cuestionarlos les dijeron: ustedes se lo buscaron.
Esa es parte de la criminalización que están viviendo estos grupos sociales en el país.
Por otro lado, se permitió que transcurrieran 72 horas vitales para la búsqueda, sin que el gobierno federal tomara en serio el caso y sin que ni siquiera el procurador Murillo Karam se atreviera a decir en público que se trataba de desaparición forzada.
Fue hasta el 22 de octubre, casi un mes después, que a través de las redes sociales la Secretaría de Gobernación anunciara que se estaban concluyendo diligencias para acreditar el delito de lesa humanidad de desaparición forzada, mismo que se tipifica en un plazo máximo de 72 horas.
Por su parte, el presidente de la República actuó con incomprensible indiferencia y negligencia, se tardó 11 días en hablar en público desde que ocurrieron las desapariciones y tuvieron que transcurrir 33 días para reunirse con los padres y familiares de estudiantes desaparecidos.
Señoras y señores legisladores, de estos hechos y otros más que son parte ya del paisaje cotidiano nacional, podemos afirmar que nuestro país se encuentra actualmente en una crisis humanitaria.
México está en una crisis humanitaria, en una situación en donde existe una amenaza contra la vida de las personas esparcida a nivel nacional, su salud, seguridad y la capacidad mínima de subsistencia de individuos y comunidades.
La realidad no sólo está en Guerrero, está en la Sierra Tarahumara, en los municipios indígenas de Oaxaca, en los cientos de mujeres asesinadas en el estado de México, Chihuahua, Guanajuato. Nuestro país enfrenta una ola de salvajismo como nunca antes.
Y en tal virtud queremos señalar algo que es muy importante y con ello concluyo. Está pendiente una reunión con el secretario de la Defensa Nacional en la cual insistiremos una y otra vez, porque Ayotzinapa es además una omisión viva de lo que hizo el Ejército.
En Iguala está asentado el 27 Batallón de Infantería que cuenta con 450 elementos. No actuaron en defensa de los jóvenes y sí se trasladaron a los hospitales a amedrentarlos, por eso queremos tener la reunión con el secretario de la Defensa Nacional.
Sobre ello, queremos señalar que hasta el 21 de octubre ni la CNDH ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni ninguna autoridad había mencionado si quiera una investigación relacionada con los integrantes del Ejército, que en el menor de los casos negaron auxilio a mexicanos siendo atacados por agentes en el momento desconocidos, y en el peor pudieron haber participado en los hechos.
México ha sido acusado en el examen periódico universal el año pasado de no reconocer la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas para recibir quejas individuales, argumentando que México se encuentra en días de instaurar sus propios mecanismos. Y hoy, que la realidad se nos atraviesa, queremos señalar las omisiones en materia de cumplimiento de los tratados internacionales en materia de los derechos humanos.
México de no corregir estos hechos, de no castigar ejemplarmente a los responsables, sean de nivel municipal, sean de nivel estatal o sean de nivel federal, se constituirá en un Estado fallido y en un Estado ausente del respeto a los derechos humanos. Vivos los llevaron, vivos los queremos. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado Ricardo Mejía.
La diputada Julisa Mejía Guardado (desde la curul): Presidenta, por alusiones personales.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Perdón, pero en este formato de posicionamiento no caben las alusiones, diputada. Se está tratando ahora, como se les informó antes, en la Junta de Coordinación Política el acuerdo para una segunda ronda probable de rectificación de hechos, y en ese momento tendrán esa oportunidad los grupos parlamentarios.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Damos la palabra ahora a la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por siete minutos para fijar postura.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Presidenta, para rectificación de hechos. Diputada, le pido que me otorgue sonido en la curul, ni siquiera sabe lo que voy a comentar.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Con mucho gusto, diputado. Sonido en su curul.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Muy buenas tardes al pueblo de México. Primero agradecer que me otorga el sonido y la oportunidad de opinar. Pedirle que me pueda considerar al final del posicionamiento de cada grupo parlamentario para rectificación de hechos, pero además porque el diputado de Movimiento Ciudadano hizo alusiones precisas al diputado Catalino Duarte y es para el tema.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Sí, diputado, recogemos su solicitud y estamos a la espera del acuerdo de los grupos parlamentarios para las rondas que serían de rectificación de hechos. Y hemos otorgado la palabra a la diputada Ruth Zavaleta. Adelante, diputada.
La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias. Con su venia, presidenta. Honorable asamblea, este tema, recordarán cómo comenzamos a discutirlo: inmediatamente sucedidos los hechos. Apenas había sido jueves, viernes, sábado, domingo y el martes esta honorable asamblea ya discutía el tema de Guerrero, ya se veía como un problema de crisis nacional por algunos actores políticos que hemos tenido el pulso de lo que pasa en el estado de Guerrero y en algunos estados de la república, respecto a cuestiones de inseguridad y sobre todo de impunidad.
Pero no hay que decir mentiras si queremos aclarar los hechos porque también, compañeros y compañeras, hay que decir las cosas por su nombre. Mentira que nos hayamos opuesto los compañeros del PRI y del Verde a nombrar las cosas por su nombre exacto.
Sí fue desaparición forzada en el estado de Guerrero, en el municipio de Iguala y sí fue crimen de Estado ordenado por un presidente municipal y también se debe de reconocer que el día de hoy, y un reconocimiento al gobierno federal, y no sólo por eso sino por otras cosas que voy a mencionar aquí, la detención de ese señor que seguramente aclarará muchas cosas que hoy tenemos pendientes, la de mayor importancia descubrir qué ha pasado con los 43 desaparecidos.
Compañeras y compañeros, qué bueno que la Comisión no ha utilizado políticamente la información que se le da a cada uno de sus integrantes, pero qué pena que muchas veces tengamos que ver en la prensa cosas que no se dicen aquí en la tribuna.
Yo me quiero unir a lo que pronunció la diputada Lilia hace días, respecto a que al gobernador del estado de Guerrero se tenía que hacer juicio político, porque si ella siendo integrante de un partido que apoyó la propuesta de ese candidato y posteriormente como gobernador, y el presidente municipal de Igual, es muy legítimo y por ello nos queremos unir a esa propuesta que ella realizó, porque después de lo que escuchó esta Comisión nos queda claro que la mayor omisión y el mayor problema radica, no en lo que hemos construido la Federación, sino lo que se ha construido o no se ha construido en cada estado de la república.
Sí es cierto que estamos hablando de dos Méxicos; uno el que estamos construyendo a nivel federal y otro el que existe en los estados de la república, pero qué, compañeros, ¿no siempre estamos manifestando nuestra exigencia de reconstruir el federalismo? ¿Qué no acaso ha sido una demanda constante de poder fortalecer los estados de la República?
No hemos construido quizás en el mismo nivel la democracia federal con la democracia estatal, y ese es el problema, pero el problema tiene nombre y apellido, el problema también tiene que ver con nuestros partidos políticos. Y precisamente es ahí donde nosotros debemos de concentrar nuestras energías.
De nada sirve que nos estemos señalando mutuamente nuestras culpas, lo que tenemos que construir en este momento es un nuevo pacto federal, un nuevo pacto para que podamos combatir la impunidad en cada estado de la República, en cada municipio, caiga quien caiga, compañeros.
Aquí el problema es que cuando le va a afectar a un partido político negocia con otro y entonces constantemente no se hace justicia, se hacen tapaderas, se hace impunidad y eso ya no lo podemos seguir permitiendo, porque precisamente este problema de Iguala tiene que ser el ejemplo de la crisis que nos debe motivar a unirnos en este momento a reconstruir el Estado de derecho y reconstruir la posibilidad de la paz mexicana.
Compañeras y compañeros, no es cierto que el presidente de la República sea el responsable, el presidente de la República y el gobierno federal ha hecho todo lo posible para poder salir de esta crisis.
El problema lo conocemos muy bien, el problema se llama estados de la República y tenemos que poner de nuestra parte en cada estado y en cada municipio, reconstruir lo que no hemos visto o lo que se ha perdido.
Compañeros diputados, compañeras diputadas, espero de verdad que el día de hoy se pueda saber qué pasó con los 43 normalistas que aún están desaparecidos. Pero también es mentira que no se les ha dado apoyo a los familiares de las víctimas. Ahí están los medios de comunicación que consigna la propia reunión con el presidente de la República.
¿En dónde está la omisión? La omisión está en algunos partidos que propusieron ese gobierno y que no han querido asumir la responsabilidad y que se han cobijado tras un discurso donde ahora convocan a un acuerdo nacional, pero que en los días previos donde tuvo mayor importancia e impacto su participación fueron omisos, o aún más, se reunieron con los actores que ocasionaron estos conflictos sin informarle a la autoridad.
Compañeras y compañeros, sí debe de haber responsables y sí debe de haber culpables. No debe haber impunidad. Tenemos que unirnos para que no haya impunidad ni en este ni en ningún caso.
Lamentablemente este problema ha originado que en todos los estados de la República se estén señalando actores políticos, que quizá están o no están involucrados en asuntos indebidos, pero aquellos que lo estén tienen que estar ante la justicia. No debe haber impunidad de hoy en adelante. Tenemos que unirnos para cobijar a los ciudadanos que han confiado y creído en nosotros. Tenemos que reconstruir la República, compañeras y compañeros, éste es el momento, aprovechemos la crisis para salir adelante unidos.
Yo los conmino a que todos nos unamos con el presidente Enrique Peña Nieto y reconstruyamos el pacto federal, que es urgente en este país. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias a usted, diputada Ruth Zavaleta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Le damos la palabra a la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del PRD, para fijar postura hasta por siete minutos.
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Sí, diputada Lilia Aguilar, sonido en su curul.
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): He sido abiertamente aludida en el discurso anterior y como sé que no me va a dejar pasar a la tribuna, simplemente voy a clarificar por el hecho al que he sido aludida.
Yo agradezco la atención que ha tenido la diputa Ruth Zavaleta en leer lo que saca la prensa de mí y entiendo también su enojo y su defensa. Yo simplemente quiero clarificar algo.
La propuesta de juicio político que se presentó por una servidora fue para análisis dentro de la Comisión Especial, quien ha presentado -y hay que reconocérselo- la solicitud de un juicio político ha sido el diputado Manuel Huerta, no solamente para el ex gobernador Ángel Aguirre, sino también para el procurador general de la República y para el señor Miguel Osorio Chong.
En el tema de las interpretaciones y las defensas yo no tengo nada más qué decir que esto no es un asunto de diferencia su ataque. Un crimen de Estado -ella es abogada- tal y como está estructurado no quiere decir que se cometió nada más en Iguala, sino que demuestra un fracaso sistémico de este tema. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Quedan registradas sus palabras, diputada Lilia Aguilar.
Y tiene el uso de la palabra la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, adelante, diputada.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su venia, presidenta. Los terribles casos de las ejecuciones en Tlatlaya y los asesinatos de Iguala, de desaparición forzada de los normalistas de la Escuela Normal de Ayotzinapa, han servido, compañeros y compañeras diputadas, como dos vitrinas que claramente exponen la grave situación generalizada de corrupción, impunidad y violencia que azota a México.
Ésta es una verdad. Esto es un hecho contundente que el Estado no puede negar y si lo negamos, diputadas, estamos mal. Es tan crítico este momento, que la sola exigencia de los padres y los familiares de las víctimas es: vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Es evidente que la cifra de asesinatos que nos ha venido diciendo la Secretaría de Gobernación, en donde dice que había disminuido, es totalmente falsa, ya que estamos viendo que con la aparición todos los días de una fosa nueva es claro que ahí están esos asesinatos, en calidad de desaparecidos en todo el territorio nacional. Ante esto enuncio las siguientes consideraciones.
Estamos ante un evidente caso de ausencia y conducción del Estado en materia de seguridad pública, luego de conocer las contradicciones, vacíos y desinformación de parte de las instituciones federales directamente encargadas de la conducción de las investigaciones.
La ampliación de la inconformidad de las propuestas, las movilizaciones son un indicador directo, a propósito de la solidez con que hasta ahora se han desarrollado las pesquisas para encontrar a los responsables y los argumentos que tuvieron para actuar y cómo lo hicieron.
Hasta el momento el móvil del crimen colectivo sigue siendo motivo de rumores y especulaciones. La extraordinaria violencia con la que se desarrollaron los hechos denota no solo la inutilidad de una serie de medidas para contener la criminalidad en México, sino también la mala aplicación de las sanciones por parte de las procuradurías de los más de 50 policías municipales de Iguala y Cocula detenidos, que hasta el momento no sabemos ni cuál es su nivel de participación y responsabilidad penal.
En los gastos extraordinarios reportados a la Auditoría Superior de la Federación, los que correspondan a las actividades de inteligencia y seguridad en el país rebasan el 50 por ciento del autorizado, sin que se perciban claramente resultados proporcionales a este gasto asignado.
Es indispensable que conforme haya ampliaciones presupuestales se tengan claros resultados en el trabajo que están haciendo, en particular, sobre la conducción en las investigaciones resalta la clara improvisación, inconexión y sobre todo, la ausencia de profesionalismo, capacidad técnica para recuperar la valiosa información en el terreno de los hechos. No obstante, contar con la calidad apropiada de los recursos humanos, así como la asistencia del personal profesional que han tenido que venir a hacernos peritos extranjeros ante la incapacidad de los peritos que están trabajando en la PGR.
A más de un mes y una semana de los acontecimientos, lo único que ha ido en aumento es la comprensible indignación de las familias y comunidades afectadas, así como las muestras de apoyo y solidaridad en todo el país y en el extranjero a nuestros estudiantes desaparecidos.
La cantidad de intereses que se entremezclan en la realidad del estado de Guerrero, en el municipio, incluso con la clara complicidad de las áreas de inteligencia del gobierno federal, llevan a pensar respecto a en qué otras entidades de la República está pasando lo mismo y se están haciendo de la vista gorda.
Debemos, precisamente, no dejar de lado que buena parte de esta crisis que vive el país se debe al modelo económico que por años empobrece a millones de mexicanos, tal y como lo constatan las cifras del Coneval y del INEGI. La ausencia de una auténtica política social que promueva el desarrollo de las comunidades no ha dado resultado, hasta ahora, la aplicación de los modelos del gobierno federal.
La respuesta de amplios sectores sociales, de medios de comunicación convencionales supone también que esta crisis no es coyuntural sino que se va a ir agravando con el tiempo.
Como nunca, la legitimidad del gobierno, sus instituciones, procedimientos y leyes se encuentran sometidas a la supervisión de la sociedad, queda claro que mientras más tiempo pase sin que se ofrezcan resultados esto será proporcional al desgaste de esa imagen falsa que han querido construir de un presidente de la República eficiente.
Dicha posibilidad es sin duda el principal problema y desafío con el que hoy el gobierno de la República se enfrenta; dar explicaciones técnicas, retóricas o legales no puede satisfacer la necesidad imperiosa de informar con la verdad. La falta de información y agilidad para informar es lo que ha provocado de forma gradual y persistente que el foco de atención se haya desplazado obviamente hacia el gobierno de la República. Para el bienestar de la nación debe recuperarse el terreno perdido mediante acciones creíbles, no discursos.
Compañeros y compañeras diputadas, debemos de dar respuestas, hechos. La pesadilla está muy lejos de terminar. No queremos que se insista en la tesis ahora creada y maquillada de la pareja solitaria. Sabemos que existen responsables arriba de ese presidente municipal y complicidades de autoridades de inteligencia del gobierno federal, tanto en el ámbito formal como en el de las estructuras delincuenciales. Esta pareja no se manda ni se mandaba sola, actúa en contubernio con otras autoridades y se debe de investigar y se debe de castigar.
Asimismo, compartirles que el Cisen la verdad ha dejado mucho que desear, no ha habido un serio seguimiento de investigación de los hechos. Cómo es posible que después de tanto tiempo no hubiera ninguna línea de investigación acerca de las actividades de este presidente municipal. Y qué decir de las averiguaciones pendientes que tenía y que el propio procurador General de la República tenía conocimiento.
Y qué decir de las fallas de inteligencia militar estando un batallón en el lugar de los hechos, ya que en Iguala se encuentra precisamente esta actividad en donde sabemos que se desarrollan mecanismos de inteligencia. Y qué decir también de la inteligencia de la policía federal, cómo es posible que el C4 nada más funcionaban cuatro cámaras, que también no tendrían que haber sido responsables de la prevención de estos hechos tan lamentables. Ya hubo capturas en el ámbito municipal, ya hay ceses y renuncias en el ámbito estatal y estamos esperando y exigimos que a la brevedad también haya responsables del gobierno federal.
Creemos que la impunidad se ha empezado a combatir cuando haya responsables materiales intelectuales por acción y también por omisión compañeros diputados, en los tres niveles de gobierno.
Queremos llamar la atención de ustedes, diputadas y diputados, en razón de que a la fecha las víctimas y sus familiares no se han querido reunir de manera formal con los integrantes de esta Cámara debido a que pese los discursos de algunos legisladores, no hay confianza.
La ciudadanía, con este tipo de hechos, cada vez más pierde la confianza en sus instituciones y sobre todo en sus representantes populares, pues el informe que hoy se entrega no contiene dicha información, de voz propia de las víctimas, así como de las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos que las han acompañado en este tiempo, por lo cual el informe que hoy se presenta, si es bien un avance de control parlamentario, no es suficiente compañeros, ya que es un informe que al momento carece de la parte fundamental de todo proceso de investigación: darles voz a las víctimas.
Por eso desde esta tribuna exhorto a las víctimas y familiares de las víctimas a que se acerquen a la Cámara, acercarnos nosotros con ellos y darles las garantías de que serán escuchados, atendidos y acompañados en todas sus justas demandas sin pretender, como algunos lo quieren hacer, lucrar, comprar o intimidar, a fin de querer cambiar versiones de un plumazo de lo que verdaderamente pasó ese día.
Por ello, compañeras y compañeros, no podemos permitir nunca más un servidor público pagado con el dinero de todos los mexicanos realizando actos delictivos en el país y peor aún, de lesa humanidad. No más.
Que caigan todos los responsables. Que encontremos vivos a los 43 normalistas, caiga quien caiga de los tres niveles de gobierno. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada Rosas Montero.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Tiene la palabra ahora el diputado José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para fijar postura hasta por siete minutos. Adelante, diputado
El diputado José Alfredo Botello Montes: Con el permiso, presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Adelante.
El diputado José Alfredo Botello Montes: Compañeras y compañeros diputados. Desde cualquier ángulo que se mire atacar a jóvenes, sean estudiantes o no y desaparecerlos sin que se conozca el motivo, es totalmente condenable.
En el Grupo del PAN hemos señalado que la prioridad en el caso de los estudiantes desaparecidos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa es buscarlos hasta localizarlos con vida.
En este caso de los estudiantes atacados y desaparecidos sale a la luz pública una serie de deficiencias, olvidos y complicidades que debieron desaparecer hace mucho tiempo en nuestro país. O, mejor dicho, no tienen cabida en un régimen democrático y de derecho como pretendía ser el nuestro.
Los datos que han sido arrojados a la opinión pública no hacen otra cosa sino confirmar un estado de cosas lamentables y señalo tan solo dos.
Primero. Policías coludidos con el crimen organizado, lo que nos da que no sólo se padece una deficiente capacitación y preparación de los cuerpos de seguridad municipal, sino que ahora la ciudadanía debe padecer un franco contubernio entre los que están para protegerla, con los delincuentes.
Segundo, autoridades municipales corruptas. Con ello queda evidente que algunas autoridades municipales están cooptadas por los delincuentes y que conviven con ellos a plena luz del día sin consecuencia alguna. Pero cuando estas deficiencias se juntan, los resultados los tenemos a la vista.
De acuerdo al resumen de actividades que presenta hoy la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, encontramos que sus actividades han sido serias, y lejos de protagonismo alguno han venido trabajando con formalidad y contundencia, por lo que esperamos en su momento, un informe completo y detallado de todo lo encontrados, manifestándoles desde esta tribuna nuestro respaldo y apoyo en sus tareas.
En el grupo parlamentario del PAN exigimos redoblar los esfuerzos de todas las autoridades encargadas de las investigaciones para que los jóvenes puedan localizarse con vida y regresar a sus actividades cotidianas; pero al mismo tiempo exigimos que se les dé toda la atención médica y psicológica que requieran, los heridos en esa noche aciaga, y los familiares de los desaparecidos.
Todo el peso del Estado para el castigo a los responsables. Por eso nos congratulamos de que la Procuraduría General de la República haya localizado en la madrugada de hoy, y presentado ante la justicia al presidente municipal de Iguala con licencia y a su esposa, para que respondan de su actuación tanto en lo penal, civil y administrativo.
Lo mismo debe ocurrir para el caso de las autoridades que hubieren actuado negligentemente en las investigaciones.
De igual forma pedimos que se finque responsabilidad a las autoridades gubernamentales que manifestaron omisiones, falta de pericia o claras omisiones en diversas etapas de tan lamentable situación, como por ejemplo, no vigilar adecuadamente al presidente municipal de Iguala y permitir su huida, cuando ante las evidencias de los hechos pudo haber proporcionado oportunamente información que hubiera ayudado a resolver las cosas.
No podemos dejar de lado que las autoridades federales, concretamente la Procuraduría General de la República tuvo una tardanza de ocho días para calificar o recalificar el delito bajo el tipo legal de desaparición forzada, mismo que es de competencia del fuero federal y al estar contenido en el Código Penal Federal y por lo tanto actuar en consecuencia.
Consideramos que se debe realizar una depuración estricta, completa y exhaustiva a los cuerpos policiales en todo el estado de Guerrero, dando seguimiento a las actividades de los elementos que sean cesados. Misma situación debe aplicarse también en el caso de los servidores públicos que participan y hayan participado en las áreas de procuración de justicia.
Esa depuración de los cuerpos de seguridad es elemental para la protección y seguridad de los habitantes del estado de Guerrero, pues no basta con el plan de seguridad que se anunció por el secretario de Gobernación el pasado 29 de octubre, por el cual la seguridad pública quedó a cargo de fuerzas federales. Son necesarias la depuración y capacitación de todos los elementos policiales y muchas acciones más.
En el Grupo Parlamentario del PAN exhortamos a los tres niveles de gobierno para implementar de inmediato en el estado de Guerrero las medidas necesarias para garantizar a los habitantes de la región el pleno ejercicio de sus derechos, así como la prevalencia del estado de derecho y la legalidad.
De la cronología que aparece en el resumen de actividades de la comisión especial queda de manifiesto, conforme a lo señalado por los organismos protectores y defensores de los derechos humanos, así como por lo informado por la Procuraduría General de la República, que estamos ante una desaparición forzada de personas, lo cual, de corroborarse, no hará otra cosa sino avergonzarnos a todos. La desaparición forzada de personas es práctica de gobiernos totalitarios y ante demócratas no puede emularse o tolerarse en regímenes democráticos como el nuestro.
Desde esta tribuna es correcto señalar que todos sumemos fuerzas y demostremos unidad para enfrentar los desafíos. Es necesario que a la par que se atienden los problemas de Iguala, se alerte ante lo que pueda suceder en otras regiones o estados del país, como ya se ha denunciado aquí en el caso de Quintana Roo, como también sabemos en el caso de Tamaulipas y muchos otros más.
No esperemos a que las dimensiones de los hechos o la tragedia ocurran para centrar la atención en los problemas, sino preverlos con anticipación. No debe haber mezquindad ni cálculo político en materia de seguridad. Ningún gobierno puede ser omiso o manifestar incapacidad ante hechos que atenten contra la integridad y seguridad de sus jóvenes y de cualquiera de sus ciudadanos.
Todos debemos actuar con responsabilidad. Eso es lo que esperan los mexicanos que nos eligieron. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputado Alfredo Botello.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Le damos la palabra ahora al diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para fijar postura, hasta por siete minutos.
El diputado Manuel Añorve Baños: Con su permiso, presidenta. El Grupo Parlamentario del PRI en esta Cámara de Diputados ha participado en esta comisión especial con la más abierta y franca disposición de contribuir con toda seriedad y responsabilidad para que los ciudadanos y este pleno conozcan la verdad de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero y dar seguimiento a las investigaciones que realizan las autoridades y, por supuesto coadyuvar también con la autoridad federal.
Lo hacemos así, porque tenemos la convicción de que es indispensable partir de la verdad para encontrar después los mejores caminos que lleven a recuperar la tranquilidad, la paz, la concordia y la gobernabilidad en nuestro estado de Guerrero, sin olvidar que lo prioritario, lo más importante y urgente es que se conozca el paradero de los 43 jóvenes normalista de Ayotzinapa actualmente desaparecidos, con la petición que se sigan haciendo todos los esfuerzos necesarios para terminar con el dolor y la incertidumbre que viven sus padres, sus familias y sus comunidades.
Ante los hechos de Guerrero no puede haber indiferencia y mucho menos impunidad. Por ello, desde que el gobierno federal atrajo la investigación, se siguen dando resultados y ello destaca de manera particular la detención de Abarca y su esposa, y esto es apenas el inicio, como lo ha establecido el presidente Enrique Peña Nieto, donde ha dicho que no habrá impunidad y se aplicará la ley tope hasta donde tope.
Por supuesto, estamos frente a un problema que tiene en el centro la protección de los derechos de las víctimas y la aplicación de justicia para ellas. Es un tema en el que hemos coincidido quienes participamos en esta comisión plural, y bajo esa premisa hemos logrado construir este primer pre-informe que hoy se presenta.
Es importante que podamos continuar como hasta ahora, por encima –y así lo he dicho- de banderas ideológicas y alejados de consideraciones políticas.
Por eso la comunicación con las autoridades de todos los niveles con las que nos hemos reunido y nos sigan con estas reuniones permitiendo hacer una evaluación ponderada de las actuaciones de cada quien, sin repartir culpas o hacer exculpaciones adelantadas en enjuiciamientos que no nos corresponden.
Lo peor siempre de una investigación –y así no hay que perder memoria de la historia– es politizarla, por eso debemos no hacer juicios de valor y no perder de vista lo prioritario, como lo he dicho, que es encontrar a los 43 estudiantes. Ésa ha sido la instrucción del presidente Enrique peña Nieto a su gabinete de seguridad y ésa es su disposición y compromiso como primer mandatario, y así lo ha manifestado de manera reiterada.
Adicionalmente quiero expresar desde esta tribuna que mi grupo parlamentario tiene claro que el Ejército Mexicano es una institución respetable, un pilar sólido de nuestras instituciones democráticas y que merece el mayor reconocimiento como siempre se lo ha dado el pueblo de México.
Amigas diputadas y amigos diputados, reitero la prioridad de nuestro grupo parlamentario por sobre cualquier otra cuestión es que aparezcan –y así lo reitero– los 43 jóvenes normalistas. Y seguiremos coadyuvando en este comité, con las autoridades competentes de todos los niveles de gobierno para alcanzar ese objetivo.
Por supuesto, nos sumamos a la convocatoria que ha realizado el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para construir un pacto que fortalezca al Estado de derecho y evite que casos como el que hoy nos ocupa vuelvan a repetirse. Ésa es una tarea en la que nadie debe de excluirse y en la que todos, fuerzas políticas, instituciones del Estado y ciudadanos, estamos llamados a participar por todos nosotros y por México. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Manuel Añorve Baños.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene el uso de la palabra, en una segunda ronda, el señor diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: ¿Con qué objeto, diputada Socorro Ceseñas?
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Primero ponga sonido. Ya. Gracias. Presidente, para que me haga favor de anotarme en rectificación de hechos en este tema de la agenda política.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Deseo –si me permite, diputado Huerta Ladrón de Guevara– informar a esta asamblea que la agenda política se está desahogando en términos del artículo 101 del Reglamento de la Cámara de Diputados, es decir, no proceden mociones y en todo caso lo procedente es que los grupos parlamentarios fijen sus posturas con relación al informe preliminar que ha rendido la Comisión Especial.
De hecho, esta segunda ronda, señoras legisladoras y señores legisladores, se ha abierto por virtud de la petición de los grupos parlamentarios y con la facultad que tiene esta Presidencia, lo estamos obsequiando. De suerte que, de tener interés de participar a nombre de su grupo parlamentario, le sugeriría de modo respetuoso lo haga por conducto del coordinador de su propio grupo. Muchas gracias. Por favor, diputado Huerta, adelante.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias. La desaparición forzada compromete al Estado mexicano desde el 9 de noviembre de 2002, al entrar en vigor la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. El artículo 215 del Código Penal Federal determina que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que, independientemente de que hay participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.
Desde el 27 de septiembre los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa denunciaron que 58 de sus compañeros se encontraban desaparecidos, señalando que tenían indicios de que algunos normalistas se encuentran retenidos en el cuartel del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala.
Siete días después, el 4 de octubre, la PGR a través de la SIEDO anuncia la atracción de la investigación. El 6 de octubre, en conferencia de prensa, Murillo Karam informa que se trasladará a Iguala, Guerrero con el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, para encabezar personalmente las indagatorias y esclarecer el caso de los normalistas desaparecidos.
A 39 días no hay respuesta, existe un silencio que delata cómplices, encubrimiento. El informe parcial que hoy se presenta, si bien no es conclusivo sí es necesario atender omisiones graves en la investigación de la verdad. Se omite la información relativa a las fosas clandestinas con cuerpos humanos, una, cuatro, cinco, nueve, 12, 15, 19, ¿cuántas fosas? ¿Cuántos muertos? ¿A quién se encubre?
Desconocemos cuántas mexicanas y mexicanos que tienen derecho a su identificación y consecuencia investigación de los criminales responsables, ¿en que otros municipios del estado de Guerrero se han localizado fosas clandestinas? ¿Basta la licencia de Aguirre al gobierno del estado? ¿Se ha iniciado la investigación de sus omisiones y complicidades? ¿Quiénes más están implicados, la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la Procuraduría de Justicia del mismo estado de Guerrero; la policía federal, el Cisen, el Ejército a través del 27 batallón de Iguala, que se encuentra a poco más de un kilómetro del lugar de los hechos? ¿El procurador Murillo Karam, que conoció de hechos del crimen organizado, del cual ahora el detenido es parte? ¿A quién se encubre?
Las complicidades no garantizan la vida de los 43 normalistas desaparecidos, la salud de los heridos y la vida de los asesinados a mansalva y alevosía. Fue un crimen de Estado, se grita en las calles, ¿quiénes son los responsables? Ahora se pretende que para evitar hechos como los sucedidos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, se anuncias un pacto por la seguridad.
¿Cómo creer en la viabilidad de un pacto por la seguridad, cuando el que lo convoca ha sido omiso en cumplir con sus obligaciones legales en su calidad de presidente del sistema nacional de seguridad? ¿Cómo creer en la viabilidad de un pacto por la seguridad, cuando se ha tolerado la complicidad a un procurador que desconoció e ignoró un clamor de justicia de las víctimas del hoy detenido ex presidente municipal de Iguala?
¿Cómo creer en la viabilidad de un pacto de seguridad, cuando la comandancia del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, con su aparente omisión se asocia al crimen organizado? ¿Cómo creer en la viabilidad de un pacto por la seguridad, cuando los partidos políticos representados en el Congreso del estado de Guerrero guardaron silencio cuando se clamó el desafuero de José Luis Abarca Velázquez, por las víctimas de Unidad Popular de Iguala?
Esta Cámara de Diputados no puede ser cómplice del crimen de Estado, aún puede actuar con la verdad, con la justicia tan negada a miles de víctimas de la delincuencia organizada que impera en el sistema político y judicial de este país.
Escuchen a los jóvenes, escuchen a los familiares de las víctimas, que de nueva cuenta tienen que salir a protestar a las calles, lo harán mañana, 5 de noviembre, en esta ciudad.
Por mi parte aquí estoy, tratando de ser voz de todos estos ciudadanos, tratando de que ustedes reflexionen y de verdad, busquemos la verdad. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. No puede ser posible que sigamos siendo omisos –concluyo, presidente– a tan graves hechos. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, el país vive una crisis sistémica. No se puede de ninguna manera ocultar, no se puede reducir el tema a un municipio o a un estado. Verlo desde ese punto de vista es equivocado.
Lo de Iguala fue la gota que derramó el vaso. Pero esto y este vaso se vino llenando de desapariciones masivas durante al menos los últimos 10 años, ante la ineficacia de las autoridades y la incredulidad de la sociedad.
Recordemos algunos antecedentes. El 20 de enero de 2005, entre Tenosique y El Ceibo, en Tabasco, desaparecen 12 jóvenes que realizaban una excursión en las montañas de la frontera entre México y Guatemala.
En diciembre de 2010, un grupo de 12 cazadores, de Guanajuato, fue detenido por policías municipales entre los municipios de Joaquín Amaro y Tabasco, Zacatecas, y hasta la fecha no se sabe nada de ellos.
El 18 de marzo de 2011, alrededor de 50 camionetas pick up irrumpieron en el municipio de Allende, Coahuila, secuestrando de manera violenta a cerca de 300 personas, apellidadas Garza, Gaytán, Moreno y Villanueva, presuntamente en venganza por el robo de un cargamento de cocaína de Los Zetas. No se volvió a saber del paradero de ninguno de ellos.
El 3 de agosto de 2011, un autobús con 11 campesinos poblanos migrantes que viajaban a Reynosa, Tamaulipas, desaparecieron antes de llegar a su destino.
El 12 de septiembre de 2012, un autobús de la línea Nortern Star América, con una decena de campesinos migrantes desapareció en Salvatierra, Guanajuato, entre Tarimoro y Celaya.
El 11 de noviembre de 2013, el autobús Futura, número 1084, con 30 pasajeros a bordo, que cubrían la ruta Zacatecas-México, desapareció entre los límites de Zacatecas y San Luis Potosí, desde entonces no se sabe nada de ellos.
La página Valor por Tamaulipas, una de cuyas colaboradores la doctora María del Rosario Fuentes Rubio, fue desaparecida y presuntamente asesinada por un cárter de la delincuencia en Reynosa, Tamaulipas, por lo cual la UNICEF ha reclamado la investigación exhaustiva al gobierno de México.
La página Yo Soy Red, que administra el bloguero Alberto Escorcia ha creado un mapa interactivo con más de 22 mil nombres de desaparecidos, con información más detallada y precisa que la propia lista de desaparecidos oficiales de la Segob.
Se propone otra, crear una especie de Wikileaks de los desaparecidos en México.
Es impresionante observar cómo en 70 por ciento del territorio nacional está cubierto con puntos rojos. De manera, preocupante así es el mapa de las desapariciones. Se sobrepone en la lámina de las casi 300 fosas clandestinas que se han encontrado en los últimos años, que se han encontrado en varias partes del país.
La noticia de la desaparición de estos 43 jóvenes normalistas en Iguala, ha generado la mayor crisis de credibilidad y confianza sobre el gobierno de México, porque cayó sobre esta conciencia colectiva, abonada con casi una década de desapariciones continúas, forzadas, silenciosas y varias de ellas masivas, donde las autoridades de todos los niveles se han visto rebasadas.
En este tiempo la inseguridad ha disputado el primer lugar con la crisis económica en su modalidad de desempleo o carestía de la vida, como el principal problema para los mexicanos, sin que se haya logrado revertir.
Si la apuesta oficial es que el tiempo olvide lo de Iguala y estas desapariciones que describo, están equivocados. No será así.
Nos parece muy grave lo que está pasando. Necesitamos revisar la estrategia de seguridad que debe empezar instalando una comisión de la verdad, que atienda no solo el caso de Iguala sino los más de 22 mil desaparecidos ocurridos en los últimos 10 años. El rastreo y localización de las fosas clandestinas a lo largo y ancho del territorio nacional, con la tecnología de punta que existe al respecto. Reformas legislativas para adoptar los estándares internacionales de castigo y prevención de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad.
Reparación de daños a las familias de miles de víctimas con las propiedades y recursos incautados al crimen organizado y con recursos públicos.
Una reforma integral al Estado de derecho en sus vertientes policial, ministerial y judicial. Una reorientación educativa y cultural, y sobre todo, atender al problema económico.
No es un problema de localizar o de reubicar en un municipio esto que está pasando en México. Es muy grave y presidente, por cierto, muchas gracias por su tolerancia. Creo que ha redefinido su papel. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Ricardo Monreal Ávila.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tiene la palabra el señor diputado Rubén Acosta Montoya, por favor, adelante.
El diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, presidente. Por supuesto que estamos de acuerdo en que lo que estamos viviendo con los 43 estudiantes desaparecidos es indignante. Pero también, no debemos olvidar que detrás de esto hay una cadena de omisiones, que por supuesto, no estamos jugando a que se olviden. Estamos jugando, más bien, el gobierno federal está llevando a cabo las acciones necesarias para esclarecer los hechos que no se pudieron esclarecer y que no se pudieron prevenir en el gobierno de Guerrero.
Porque no podemos olvidar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el 2013, dio un informe al gobierno de Guerrero respecto de los hechos que ocurrían, violentos, en ese estado. Y ningún partido político reclamó por esos hechos que consignaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos y mucho menos por las recomendaciones que estaba ahí.
Por el contrario, ya tenemos conocimiento de la cadena de omisiones que se vinieron haciendo sobre todo en este caso. Lo primero, permitir que un alcalde con esos antecedentes llegara a ejercer un puesto que jamás debió ejercer.
Lo segundo, un gobernador que lo consintió y no nada más eso, que no actuó con la celeridad debida en este hecho y en otros hechos que han resultado lamentables.
Lo tercero, que la primera explicación que se hizo pública por parte de ellos cuando fue la comisión especial a Guerrero fue: No supimos cómo se nos peló el alcalde. Eso es un descaro. Eso es lo que no podemos permitir, así como tampoco podemos permitir que se difame al gobierno federal. A nosotros no se nos peló, nosotros lo agarramos ayer; más bien hoy en la madrugada.
Pero no nada más eso, con otros estados que sí nos han permitido la colaboración en materia de seguridad sí ha habido resultados contundentes, y se los digo porque soy de Chihuahua. En Chihuahua, por ejemplo, los índices de delincuencia han bajado considerablemente, así como han bajado en Nuevo León...
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Rubén Acosta, ¿me permite, por favor?
El diputado Rubén Acosta Montoya: Claro, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: ¿Con qué objeto, diputado Catalino Duarte?
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Solo si me permite hacerle una pregunta al orador.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame, diputado Catalino Duarte. Esta Presidencia en funciones ha dado cuenta a la asamblea de que el formato que estamos desahogando no es un dictamen a discusión y por ende no es procedente una moción.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Ya dijo que sí el señor legislador. El diputado ha aceptado la pregunta.
El diputado Rubén Acosta Montoya: No señor, no se la he aceptado porque primero se debía de pronunciar el presidente, y el presidente ha dicho que junto con su bancada el formato no fue aceptado.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Por eso, ¿tiene miedo de contestar? Si está seguro de lo que está señalando, permita que le haga la pregunta, no tenga miedo a contestar. ¿Usted sabe a quién le corresponde atender el tema de la delincuencia organizada?
El diputado Rubén Acosta Montoya: No tengo ningún miedo y se la voy a contestar. Por supuesto que hubo omisiones en Guerrero y estoy totalmente seguro que en los estados en los que ha habido la colaboración institucional de los tres niveles de gobierno ha habido resultados favorables y uno de ellos es Chihuahua, y le puedo mencionar otros más en los que no ha habido resultados favorables porque los gobiernos perredistas no lo permitieron es en Michoacán y en Guerrero.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Rubén Acosta, concluye con esta reflexión su participación por el tiempo, para efectos de que se registre que quien otorga el uso de la palabra es esta Presidencia, por favor.
El diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra el diputado Roberto López Suárez, para fijar la postura del mismo. Adelante, diputado.
El diputado Roberto López Suárez: Gracias, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.
El diputado Roberto López Suárez: Agarraron al presidente municipal, ahora localicen a los desaparecidos sin son tan eficientes. La desaparición forzada constituye una violación de las más graves a los derechos humanos, que afecta tanto a las personas que han desaparecido como a los familiares, amigos y conocidos.
La familia de los 43 jóvenes hasta el momento desconoce el paradero. Si están siendo torturados, si fueron asesinados, y hay responsabilidades en todos los niveles de gobierno. A nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal.
Mienten quienes vienen a decir aquí que el 27 Batallón de Infantería no tenía responsabilidades. Claro que tenían responsabilidades y tienen responsabilidades de lo que pasó. ¿Cómo es posible que un batallón de Infantería que además tiene inteligencia militar, que además está destacado ahí, se supone que para combatir al narcotráfico y a la delincuencia organizada no supiera de las actividades delictivas de narcotraficantes y autoridades municipales, estatales y seguramente federales?
Mienten quienes quieren exonerar al Ejército mexicano. Tienen que rendir cuentas. Este informe de actividades parcial de la comisión especial carece del sentido más claro, le falta el elemento fundamental. ¿Por qué no han llamado a dar testimonio a las víctimas y a los testigos de los hechos? ¿Por qué no lo han hecho?
El presidente de la comisión, cuando yo lo señalé en el pleno la semana pasada, se atrevió a decir: Pásenme el teléfono de los muchachos para llamarles o darles mi teléfono. Hagan una convocatoria pública. Ya los recibió el presidente de la República y esta comisión que está para coadyuvar, ¿ni siquiera los cita?
Hay una responsabilidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto. En lugar de estar en campaña el presidente de la comisión, debería de presentar un informe sobre los hechos de Iguala, cosa que no ha hecho.
El Ejército Mexicano tendría que explicar qué hizo esa noche y madrugada, dónde estaban. Hay testimoniales de los muchachos que han señalado a los medios de comunicación, que había militares presentes pero no actuaron.
También les quiero decir que la Policía Federal, al igual que el Ejército, estaba en la zona y tampoco tuvo una intervención o quién sabe si la intervención fue para ayudar también a los delincuentes o a los policías municipales.
Hoy hay un movimiento social muy importante y pretenden muchos legisladores tapar el sol con un dedo. Veintisiete países tienen gente en la calle manifestándose para que aparezcan los 43 estudiantes; más de 40 universidades del país están en un paro y convocaron a uno nuevamente.
Y aquí la Comisión Especial no puede llamar a las víctimas para que den testimonio de los hechos.
¿Qué pedimos al gobierno estatal y al gobierno federal? Que sigan la pista para los autores intelectuales y los que faltan, aparte de los que ya aprehendieron, que aparezcan los 43 muchachos, que esperemos que estén con vida, y que además esclarezcan los hechos, que se han presentado, como aquí han señalado algunos compañeros legisladores, no solamente en el caso de Iguala, en todo el país tenemos desapariciones forzadas.
Hay varias organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, que ha planteado que en esta parte del sexenio llevamos más desaparecidos que en la guerra de Calderón; siete veces se ha aumentado el Presupuesto en materia de seguridad y no hay resultados. Al contrario, tenemos una crisis en las instituciones, de impartición de justicia en este país y hoy vemos cómo una gran movilización social exige resultados.
Qué casualidad que hoy que capturan al supuesto líder de la banda, quieren cerrar la investigación prácticamente. No, esto no ha terminado, tienen que aparecer los muchachos.
Y también pedimos que los peritos argentinos no sean retirados de la investigación, porque después puede resultar que aparezcan unos cuerpos y que digan que son los muchachos y no sean los muchachos. Tienen que aparecer. Vivos se los llevaron y vivos los queremos.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Roberto López Suárez. Denme oportunidad de saludar a un grupo de adultos mayores que nos visitan de la Colonia Reforma Lomas, y de la comunidad de La tinaja de la estancia de Querétaro. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por su visita; los ha invitado el diputado Marcos Aguilar Vega.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Le otorgo el uso de la palabra al señor diputado Carlos Alberto García González para que fije la postura del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante, por favor.
El diputado Carlos Alberto García González: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: los hechos ocurridos los pasados 26 y 27 de septiembre de este año, donde lamentablemente se produjo la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, seis ejecuciones extrajudiciales, torturas y demás violaciones graves a los derechos humanos no sólo de las víctimas directas o indirectas de estos delitos, sino en sí constituye una herida abierta al pueblo mexicano.
Un Estado que se precie de ser democrático y de derecho no puede permitir que estos delitos se cometan en contra de persona alguna. Además, debe generar los instrumentos legales y las políticas públicas que sean capaces de anticiparse y remediar estas graves violaciones.
En este caso desafortunadamente se dieron todas las condiciones para que estos hechos se pudieran prevenir; una entidad federativa con una evidente debilidad institucional, con la mayor incidencia en delitos como homicidio doloso por cada 100 habitantes, con una fuerte desigualdad social y económica.
Los lamentables hechos ocurridos en Iguala pudieron, compañeras y compañeros, haberse evitado. El contexto enrarecido por nexos de grupos del crimen organizado con autoridades políticas no son nuevos; desde el 2011 existen averiguaciones previas y diversos señalamientos y acusaciones que fueron ignorados por funcionarios de todos los órdenes de gobierno.
En Acción Nacional siempre nos hemos pronunciado por el respeto a la dignidad humana. No sólo nos preocupan los desaparecidos en Iguala. No debemos olvidar, compañeros, que de conformidad con las cifras oficiales, existen más de 22 mil desaparecidos en este país, personas con nombre y apellido que no son ni deben ser tratadas como números; son seres humanos que pertenecen a sus familias y a sus comunidades, personas con dignidad que queremos de vuelta.
En el PAN nos pronunciamos porque las inconsistencias en las investigaciones y procedimientos periciales, así como la deficiencia en la atención y protección a las víctimas no se repitan, porque no vuelva a haber omisiones en la calificación de delitos como éste, que es la desaparición forzada de competencia.
Para ello, este Poder Legislativo tiene mucho que hacer. Todos debemos de considerar la creación de una ley general contra la desaparición que incluya la homologación y aplicación de protocolos de búsqueda y localización de personas desaparecidas, incluyendo la regulación de procedimientos de exhumación de los seres humanos.
Estamos ahorita en el momento para garantizar que las partidas presupuestales sean consecuentes con los objetivos nacionales de alcanzar de a de veras el derecho a la verdad y el acceso a la justicia.
En ese sentido vemos con preocupación que las partidas a la Unidad Especial de Investigación para Personas Desaparecidas de la PGR, sólo se le otorgue en el proyecto de Egresos 15 millones de pesos.
En Acción Nacional no vamos a lucrar con el sufrimiento de las víctimas, pero tampoco permitiremos que prevalezca la impunidad de los actores de los órdenes de gobierno involucrados y velaremos porque los responsables tengan la jerarquía que tengan, sean llevados ante la justicia.
Abogamos porque se encuentre a los 43 jóvenes desaparecidos con vida. Exigimos que las víctimas indirectas, los familiares, estudiantes y comunidad en general sean debidamente atendidas por el Estado mexicano. Trabajaremos porque estas gravísimas violaciones a los derechos humanos sean sancionadas y, sobre todo, que no vuelvan a repetirse en nuestro país.
Es cuanto, señor presidente. Por su atención a todas y a todos los diputados, muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Muchas gracias a usted, diputado García González.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene el uso de la palabra para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRI, el señor diputado Leobardo Alcalá Padilla.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Catalino Duarte. ¿Dígame con qué objeto, diputado Catalino Duarte?
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Presidente, primero lamentar que la Junta de Coordinación Política cerró a fondo esta discusión. Es un tema importante, no nos dieron oportunidad a diputados federales de Guerrero, de fijar algunas cosas importantes.
Pero aprovecho muy rápido para señalar que los diputados federales de Guerrero tenemos en nuestro poder documentos oficiales en las que oportunamente informamos a Osorio Chong, al procurador general de la República de lo que estaba pasando en la entidad. Eso, en el momento que usted considere, lo ponemos a la vista del pueblo de México.
Por el otro lado nos preocupa muchísimo que las posturas de algunos actores políticos solamente se centren en el tema de Iguala. Tenemos documentados cientos y cientos de hechos que tienen que ver con la delincuencia organizada y Manuel Añorve lo puede corroborar cuando fue presidente municipal...
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado, Catalino Duarte...
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): ... en Acapulco. Termino, termino.
Nos dicen que el presidente de la República no tiene culpa, se está tratando de delitos que tienen que ver con la delincuencia organizada y el pueblo de México sabe que tratándose de la delincuencia organizada le corresponde al gobierno federal atender el tema.
Sé que a Ruth Zavaleta le preocupa...
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya, diputado Catalino Duarte.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Le preocupa el hecho de que le diga que Héctor Beltrán era –no sé si recuerde quién era su operador financiero...
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Duarte...
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): No sé si lo recuerde. No sé si se acuerde de Goyeneche, militante del Partido Verde, y que valdría la pena pidieran también se investigara porque seguramente esa fracción sabe del tema.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Catalino Duarte, concluya por favor.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Le agradezco la comprensión. Adelante, señor orador.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias. Señor diputado Alcalá Padilla, tiene usted el uso de la palabra. Y reconocemos su paciencia, y el respeto al derecho de su participación pugnaremos por ella como también de la asamblea, por favor, adelante.
El diputado Leobardo Alcalá Padilla: Muchas gracias, presidente. Y para ser más ágiles desde esta tribuna le digo: no voy a aceptar preguntas, no voy a aceptar interpelaciones, y creo que intentaría ser lo más claro posible.
Pues claro que sí hay responsables, caray, claro que existe un responsable, y es un presidente municipal; claro que existen responsables, y es un gobernador hoy con licencia y un presidente municipal que lo acaban de sacar de su madriguera y que ha sido ya detenido. Sí, claro que sí hay responsables.
Y ahora resulta que muchos de los que apoyaron tanto al de Iguala como al propio gobernador ahora ya los desconocen con una singular alegría, cuando hoy muchos de ellos estaríamos –y muchos de nosotros– tratando de saber cuáles van a ser las respuestas que ellos nos van a dar.
Claro que existen, claro que existen responsables. Y les pediría que no desviemos la atención, el tema de ahorita es 43 seres humanos que en este momento están desaparecidos. Y desde esta tribuna hago un amplio reconocimiento a las Fuerzas Armadas, a la Marina, al Ejército por el trabajo y porque siguen siendo de manera institucional pilares de esta nación.
Conocer la verdad y de lo que ocurrió en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre pasados es un imperativo de la justicia, un deber de consciencia y una obligación solidaria con quienes hoy exigen con toda razón que se les dé respuesta sobre el paradero de sus hijos.
Encontrarlos, saber de ellos, ofrecer respuestas, pero respuestas ciertas, a los familiares es una tarea prioritaria y que no cabe el desaliento ni puede escatimarse ningún esfuerzo y que también para castigar a los responsables de las muertes que se dieron en esas fechas.
Es por ello que aquí no nos desgarremos las vestiduras, no veamos partidos políticos, hay responsables, y ya lo dije, sí, sí hay responsables, hoy lo que debemos hacer todos en conjunto y los tres niveles de gobierno es tratar de buscar a toda manera que estos jóvenes puedan ser encontrados.
Tenemos la convicción de la conformación plural y felicitamos a la propia comisión que está representada por todos los partidos políticos y que le ha imprimido una solidez, un equilibrio, un propósito esencial que es conocer con certeza qué paso y cuáles fueron las circunstancias que propiciaron los hechos tan lamentables.
Hoy quiero manifestar que como todos sabemos, sí apareció ya el criminal Abarca, saliendo ya de su madriguera en Iztapalapa, y coincidentemente en Iztapalapa, y también y ojalá no se asusten, gobernada por Jesús Valencia, que por cierto es gente de Marcelo Ebrard.
Ahora sí, preguntemos al criminal Abarca. Todo mundo queremos saber qué pasó, pues ahora vamos viendo cuántos son sus cómplices para que podamos llegar al a verdad. Confiamos en que muy pronto habrá más resultados de esas investigaciones y estaremos pendientes de conocer los detalles.
Llamamos a todas las fuerzas políticas aquí representadas, sin distingos ni ideologías, y de las banderas políticas, a seguir contribuyendo desde nuestra trinchera. No aceptamos las declaraciones irresponsables de Ángel Aguirre, donde señala que existe infiltración de grupos delictivos en la Normal Rural de Ayotzinapa.
Me parece no solamente lamentables, son temerarias sus declaraciones y no lo vamos a aceptar. Es irresponsable lo que se declara. Es cuanto, presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado. En rectificación de hechos no hay preguntas, no hay alusiones. Una moción de procedimiento, diputado Zárate. Sonido para la moción del diputado Zárate, por favor.
El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): Gracias, presidente. Una moción de procedimiento consistente en expresar que apenas está empezando el debate.
Yo creo que con la inteligencia y con la prudencia que usted en sus actos ha demostrado, debería someter a consideración del pleno abrir una nueva ronda cuando menos de tres minutos, para que pueda en realidad, para que en realidad se pueda seguir discutiendo. Aunque yo creo que usted en el ejercicio de sus atribuciones y en el cumplimiento de la ley y los principios de la Ley Orgánica y del Reglamento de esta Cámara, podría unilateralmente abrir una nueva ronda, por lo tanto yo se lo solicito de la manera más atenta.
La diputada Angelina Carreño Mijares (desde la curul): Señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, diputada, permítame. La Junta acordó, compañeras, agenda política para tratar el tema que ya ha sido ampliamente discutido y además se abrió una segunda ronda para desahogar las inquietudes que con justicia y con razón han expresado compañeras y compañeros. De tal manera que agotada la segunda ronda el punto ha terminado su discusión.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputado Belaunzarán.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Lo que pasa, presidente, es que se vertió en la tribuna una insidia muy fuerte. Y estaba originalmente planteada la rectificación de hechos, que es precisamente para contestar ese tipo de afirmaciones. Y en un acuerdo que se llegó después de la Junta dejan la posibilidad de contestar.
Si dicen o la insidia es que porque fue encontrado alguien en una delegación que tiene dos millones de habitantes ahí se ve el contubernio, les preguntaría si todos los narcos que se descubrieron el sexenio pasado en el estado de México implican el contubernio del gobierno de Enrique Peña Nieto. La verdad es que eso sería absurdo, pero hay que medirnos con la misma vara.
Lamento profundamente que sean incapaces de mirar por encima de las urnas. Esta es una crisis de Estado. El crimen organizado está por todas partes infiltrándose y aquí solamente buscan a ver cómo sacan raja política de la próxima elección. Es una mirada muy pequeña, porque va a salir la liebre por todos lados, porque el problema sigue.
Si ellos lo quieren simplemente circunscribir a un municipio, a un lugar, se equivocan, el problema es mucho más grave y mucho más grande. Lamento la cortedad de miras.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados y senadores del Grupo Parlamentario del PAN.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señoras diputadas y señores diputados, permitan que continúe la Secretaría con el orden del día.
Remítase a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su opinión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para el Control de la Cannabis y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por los diputados Fernando Belaunzarán Méndez y Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud, de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibió de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 150 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.
La diputada María del Rosario Merlín García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, diputado secretario. Diputada Merlín, ¿con qué objeto?
La diputada María del Rosario Merlín García (desde la curul): Únicamente, presidente, compañeros y compañeras diputadas, para decirles que este agravio nada más a la humanidad, no sólo a los jóvenes de Ayotzinapa, pero que ellos sí están exigiendo que esa plática que tuvieron con el presidente de la república haya la entrega de los jóvenes, porque si bien todos nos proclamamos porque se encuentren y los presenten.
De acuerdo a los informes de los 600 civiles desarmados que están buscando y que nos dieron esa información, cuando van a llegar y han llegado a un lugar donde encontraron 20 colchonetas hace unos días y comida recién comprada, la Gendarmería antes de llegar dice: alto, regresemos porque está oscureciendo y vayamos más tarde. Al regresar al otro día temprano ya fueron movidos estos jóvenes, y en tres lugares o personas, jóvenes o personas, pero más de 20 han sido movilizados. Ellos concluyen.
Y aquí hago el llamado y el exhorto a la Presidencia de la República y a la Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad Pública, que dejen de obstaculizar el encuentro y la entrega de estos jóvenes. La Gendarmería, que en lugar de ayudar, está previendo o, parece ser, avisando que ya van a encontrarlos.
Y una cosa más, este pacto...
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Concluya, diputada, por favor.
La diputada María del Rosario Merlín García (desde la curul): Déjenme terminar, compañeras. Ojalá no fuera tu hijo el que está perdido, de ninguno de los que están aquí. Ojalá.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputadas, permitan que termine la señora diputada.
La diputada María del Rosario Merlín García (desde la curul): Y por ello, no sólo a nombre de los jóvenes de Ayotzinapa, a nombre de la humanidad, que el presidente de la república nos entregue, él tiene la información y sabe dónde están, porque la Gendarmería le informa cada momento que actúa, cada momento que se mueve, y ese pacto de seguridad que tanto proclama, es como querer votar. A ver vamos a votar para que yo sea la presidenta de la república. Si ya está. La seguridad ya está, la seguridad está en la Constitución de la República, nuestra Constitución, qué pacto vas a firmar si la seguridad es competencia del Estado en lugar de estar desapareciendo y matando a nuestros hijos.
Y algo, para terminar nada más decirles, señoras, compañeras, compañeros, a nombre de todos los familiares que se han acercado para reclamar estas fosas y que les han contestado, no solo los de Ayotzinapa que les han contestado que sus desaparecidos posiblemente estén en esas fosas que han sacado y que no tienen para el ADN, para saber si es su hijo o es su esposo y los han vuelto a echar a la fosa común.
Es el exhorto a la federación, que se aplique dinero para hacer el ADN de estos cuerpos que han encontrado en esas fosas. Y no han sido 27, en unas fosas 60 cuerpos, en otras 30 según informes de los mismos compañeros civiles que están recorriendo esta zona.
Vivos se los llevaron pero a todos vivos los queremos, a todos los ciudadanos que han desaparecido.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En los términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan. Publíquese el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (15:27 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 6 de noviembre del año 2014, a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 de la mañana.
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