Comunicaciones oficiales
Dictámenes a discusión
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Votación del artículo 71, en sus términos
Iniciativas recibidas y turnadas a comisiones
Acuerdo de la Junta con Cambios en comisiones
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría: haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 253 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (11:18 horas): Gracias. Se abre la sesión.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, comando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura. Proceda la secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la Secretaría con comunicaciones.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Del diputado Carlos de Jesús Alejandro, por el que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Asuntos Indígenas la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a diversos poderes del estado de Sonora a no criminalizar la lucha de los pueblos yaquis por la defensa de su territorio, presentada el 25 de septiembre del 2014.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron de diversas autoridades cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria con el que remite los lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las reglas de operación y su anexo único.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Igualdad de Género para su conocimiento.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Tiene la palabra para hablar sobre el dictamen el diputado José Alejandro Montano Guzmán, hasta por cinco minutos.
El diputado José Alejandro Montano Guzmán: Muchas gracias, señor presidente; compañeras y compañeros diputados; amigos de los medios de comunicación, me dirijo al pleno de esta honorable Cámara de Diputados para presentar y fundamentar a nombre de la Comisión de Defensa Nacional, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Dictamen que plantea diversas reformas tendientes a adecuar favorablemente la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas en cuanto a Ejército y Fuerza Aérea se refiere, a través de los siguientes cuatro objetivos.
Primero. Incentiva la formación académica del personal militar.
Segundo. Incorpora el servicio de informática como parte de las unidades de servicios del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos.
Tercero. Eleva los grados máximos en el escalafón para los servicios de materiales de guerra, sanidad y de enfermeras.
Cuarto. Precisa que en el procedimiento de baja por recisión del contrato de enganche aplicable a cabos y soldado se garantiza el derecho de audiencia.
Respecto al primer objetivo es posible señalar que la propuesta reviste una gran importancia para el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos porque con ella se fortalece la educación militar, que es uno de los pilares fundamentales de la eficiencia operativa de dicho instituto armado.
Actualmente, la ley establece que el personal militar al que se le autorice realizar algún curso, el cual debe durar unas cuantas horas, deberá prestar servicios adicionales durante un año por cada año o fracción que dure la realización de los estudios. Ello evidentemente es desproporcionado y resulta en el desinterés del personal militar por participar en cursos de corta duración.
Por esta razón, la Comisión de Defensa Nacional ha considerado positiva la propuesta para especificar que cuando los cursos duren menos de seis meses el tiempo adicional que deberá servir el personal militar como contraprestación será igual al tiempo de duración de sus estudios.
Respecto al segundo punto, el que contempla la incorporación del servicio de informática como parte de las unidades de servicio del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, se considera positivo este dictamen en virtud de que hacerlo contribuye a fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas armadas de tierra y aire.
Cabe señalar que en la estructura interna de la Secretaría de la Defensa Nacional el servicio de informática funciona y se ha vuelto fundamental para el desarrollo de sus actividades, motivo por el que fue reconocido oficialmente a través del decreto presidencial de septiembre del año 2000.
El dictamen no omite que el Reglamento Interior y el Manual de Organización General de la Secretaría de la Defensa Nacional efectivamente contemplan la existencia de la Dirección General de Informática. Lo que el dictamen propone es formalizar su existencia legal, garantizar su permanencia y dar sustento jurídico a su actuación desde el punto de vista jerárquico de las normas.
Por lo anterior, este dictamen considera aprobar las reformas y adiciones propuestas con el objeto de:
1. Establecer el servicio de informática
2. Enunciar las funciones específicas que debe ejercer como órgano administrativo, así como el perfil del militar que ocupe la Dirección del Servicio de Informática
3. Señalar los escalafones y grados que corresponderán a este nuevo servicio
El tercer punto del dictamen consiste en elevar dentro de la jerarquía militar el grado máximo para el personal militar de los servicios materiales de guerra, de sanidad y enfermeras, con la finalidad de que los hombres y mujeres con trayectoria de más de 20 años en la carreras de las armas puedan ascender al grado de coronel. Al día de hoy esto no es posible pues los hombres y mujeres que también trabajan con vocación en las instituciones castrenses en dicho servicio, sólo pueden aspirar a ascender al grado de teniente coronel.
El dictamen reconoce en primer lugar las funciones de quienes hoy ocupan cargos directivos que corresponden a un militar con el grado de coronel y que por las limitaciones legales ostentan el grado de teniente coronel y, en segundo lugar, tienen un impacto positivo en el mejoramiento de las condiciones e ingresos del personal militar, toda vez que se dará mayor movilidad y escalafonaria, y mejorarán las perspectivas de crecimiento.
En el cuarto y último punto, el dictamen aprueba el procedimiento de recisión del contrato de enganche para precisar la relación y el derecho de audiencia aplicable a los cabos y soldados del Ejército y la Fuerza Área, toda vez que este personal no es de carrera profesional ni permanente, y sus servicios en el activo están sujetos al contrato respectivo.
Por lo tanto, el dictamen plantea que se garantice el derecho de audiencia hasta por un plazo de 15 días para manifestar lo que convenga a los intereses del militar que se ubique en el supuesto de la recisión de contrato, generando certeza jurídica para las partes.
En suma, en la Comisión de Defensa Nacional consideramos que dichas reformas contribuyen a mejorar no sólo la organización y estructura actual del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mismas que se reflejan en mayor eficacia en el cumplimiento de sus misiones, sino también en la calidad y la profesionalización de los hombres y mujeres que prestan un importante servicio en las instituciones castrenses y en la nación.
Al mismo tiempo quisiera reconocer al presidente de la comisión, el diputado Jorge Mendoza Garza, quien bajo su conducción las reuniones de trabajo sostenidas en la comisión se han desarrollado siempre en el marco de apertura y de forma muy profesional.
Por estas razones, compañeras diputadas y compañeros diputados, es que a nombre de la comisión solicito a ustedes el voto favorable para aprobar este dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Montano Guzmán.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra la diputada Dora María Talamante Lemas, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, para fijar postura sobre el dictamen hasta por cinco minutos.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, las Fuerzas Armadas son las instituciones militares más importantes dentro del Estado para asegurar el bienestar y la paz de un territorio, la educación militar tiene como propósito fundamental formar elementos que cuenten con los conocimientos científicos, técnicos y humanísticos a nivel de educación medio superior y superior para el cumplimiento de las misiones de las armas y servicios propios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.
En ese contexto el sistema educativo militar representa uno de los pilares fundamentales de la eficiencia operativa de nuestras fuerzas armadas, ya que es el encargado de capacitar a los futuros cuadros de mando del instituto armado, bajo la premisa de ser útiles a la patria a fin de disponer de un ejército y fuerza aérea profesionales, instruidos y aptos para cumplir eficientemente sus misiones constitucionales y participar en el desarrollo nacional.
Sin duda para lograr mejor formación del personal castrense se han generado cambios que permiten estructurar un sistema educativo militar compenetrado e identificado cada vez más con las funciones ciudadanas y con la capacidad de atender a la educación profesional de sus integrantes.
En ese sentido, en Nueva Alianza estamos convencidos de la importancia de la preparación, instrucción y actualización constante de los elementos militares. Por ello votaremos a favor del presente dictamen que propone incorporar como parte de las unidades de servicio el de informático como área fundamental para la coordinación, el desarrollo y la operación de las misiones encomendadas para la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la organización y responsabilidades de dicha unidad.
De igual modo, estas reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establecen modificaciones al escalafón de ascensos con la intención de beneficiar a los militares profesionales formados en sus filas, a través del reconocimiento de sus esfuerzos, pues hay profesionales que en la práctica ocupan cargos a los que no pueden acceder por no preverse en la legislación, además de la eliminación legal de barreras que obstaculicen y frenen la preparación continua y permanente de los elementos castrenses y dar impulso a la incorporación de los cursos de capacitación, actualización, especialización y perfeccionamiento de distintas áreas.
En Nueva Alianza entendemos la importancia de dejar que todos estos cambios consagrados en la ley para fortalecer el sistema educativo y laboral de las fuerzas castrenses y dotarlo de certeza jurídica. Sabemos que con las modificaciones se podrán atender con mayor eficacia las necesidades operativas, logísticas y estratégicas de las Fuerzas Armadas.
Recordemos que el Ejército y la Fuerza Aérea nos remiten valores y principios relacionados principalmente con su identidad de la institución única y especial, cuyo objetivo primordial es defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así como garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas. De ahí la necesidad de fortalecerlas para que puedan cumplir estas tareas y responder a los retos de las circunstancias actuales que nuestro país requiere. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada, gracias a usted. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, sin desapercibir que este país necesita una educación militar de alto nivel, donde los hombres y las mujeres sean, no sólo autodisciplinados, sino que no se cercene su actitud de superación, el fortalecimiento de sus habilidades, las capacidades físicas y mentales, e incluso la promoción de preparación, de estudio y de formar cuadros profesionales, tanto en el Ejército como en la Fuerza Aérea Mexicana, este dictamen que hoy se discute, aunque pudiera parecer que es necesaria la adecuación de las normas en materia de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Armada, nosotros estimamos que es un mal momento, es inoportuno estar legislando en beneficio de una jerarquía militar y olvidando al soldado, olvidando a la inmensa mayoría de soldados que requieren también de estímulos, requieren de mejores prestaciones.
Los soldados, en su mayoría, carecen de este tipo de estímulos y deberíamos estar pensando en la necesidad de instrumentar mejores condiciones. Sin embargo, es un momento inoportuno -lo decía- porque ahora el Ejército mexicano está sometido a un juicio internacional, a un veredicto internacional, con motivo de la masacre ocurrida en Tlatlaya.
No podíamos ni podemos, tampoco, generalizar que el Estado mexicano, a través de sus cuerpos coercitivos, está promoviendo, auspiciando y adiestrando escuadrones de la muerte, pero la forma de actuar de este grupo de militares en Tlatlaya, que por cierto ha desatado polémica e inconformidad de grupos militares en activo y jubilados, no podemos desapercibir este evento que aún está sub júdice en los tribunales internacionales y en órganos internacionales de defensa de los derechos humanos.
Pareciera ser este dictamen una necesidad, la necesidad de la preparación y la actualización constante de la educación militar, de los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, el pretender incluir, incluso, en la dirección del servicio de informática como parte de las unidades que se desempeñan actividades técnicas profesionales, donde a partir de la modificación que se haga, si es que se aprueba este dictamen, el titular de esta dirección de servicios de informática deberá ser un militar con grado de general, que tenga la profesión de ingeniero en computación e informática.
Sin embargo, es importante mencionar que en el tercero transitorio se aclara que si no existe este perfil mencionado, entonces podrá nombrarse como director general a quien designe la Secretaría de la Defensa.
Nosotros creemos que ya llegó el momento en que estén civiles en la Secretaría de la Defensa Nacional. Éste es un debate profundo, no es un debate insubstancial. Es un debate serio que nosotros deberíamos estar ya pugnando.
Pero sí me preocupa mucho el grado de deterioro al que se ha sometido al Ejército, a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Aérea Mexicana, el grado de deterioro al que se les ha sometido, repito, por gobierno civiles. Durante casi 8 años el Ejército ha estado en tareas de combate a la delincuencia organizada y se le ha desgastado.
El número de recomendaciones de derechos humanos por violaciones a garantías individuales es significativo, y nosotros preferiríamos que el Ejército mexicano estuviera en los cuarteles para efectos de lo que marca la Constitución General de la República.
Sin embargo, por la gravedad del cáncer social que ha provocado la presencia de la delincuencia organizada, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea fueron las instituciones más confiables a criterio del Ejecutivo federal en turno.
Se ha continuado con la misma estrategia y ahora tenemos casos como el del Tlatlaya, que aún no se han concluido y que para nosotros constituye la vivencia de la existencia de escuadrones de la muerte adiestrados, pagados, auspiciados, promovidos desde el Estado mexicano.
Es muy grave. Miren ustedes, en tres meses, en tres estados, en tres lugares distintos los órganos de seguridad han provocado violación de derechos humanos, violación de las garantías individuales, abuso de autoridad grave. Tan solo en tres meses Morelos, estado de México y Guerrero, que por cierto están gobernados por distintos partidos, los tres estados han estado viviendo una barbarie; en Morelos se atacó la manifestación de ideas; el estado de México donde ocurrió esta masacre de Tlatlaya y algunos otros incidentes que se han ocultado; y Guerrero lo más indignante. Lo más indignante es este genocidio que ya el derecho internacional lo define por policías todos. En Morelos policía estatal, en Tlatlaya el Ejército Mexicano y Guerrero la policía municipal.
Pero los tres asuntos tienen que ver con la descomposición del país en materia de seguridad pública, es muy grave lo que está sucediendo. Y por eso me parece que deberíamos estar discutiendo otras cosas y no solamente cómo proporcionar mayores niveles de profesionalización a la jerarquía castrense, a la jerarquía militar.
En principio nosotros lo hemos establecido, hemos dicho que nos parece correcto en otros momentos estas modificaciones, parecieran ser modificaciones normales. Yo en la Comisión de la Defensa Nacional que preside el diputado Jorge Mendoza, me abstuve y manifesté mi preocupación; siento que aun cuando son aparentemente indispensables, creo que el momento, la oportunidad debiera ser otra.
Reconozco la actitud del presidente de la comisión, la apertura y siempre la capacidad de los integrantes. En esta ocasión nosotros nos vamos a abstener por la inoportunidad y porque en este momento lamentablemente el Ejército se encuentra en el banquillo de los acusados por hechos tan lamentables como es la masacre de Tlatlaya. Presidente, muchas gracias por su tolerancia.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Víctor Manuel Manríquez González, de la fracción parlamentaria del PRD, por cinco minutos.
El diputado Víctor Manuel Manríquez González: Con su venia, señor presidente. El dictamen que estamos discutiendo referente a las Fuerzas Armadas, pone en consideración el análisis y discusión sobre algunos temas fundamentales.
En primer lugar hace referencia a la preparación, instrucción y actualización que requieren las Fuerzas Armadas en nuestro país.
Un segundo lugar también resalta la importancia de la educación militar como el mecanismo que eleva los elementos técnicos y sociales del personal militar.
Al respecto, la ley actual presenta lo que consideramos como algunos obstáculos que dificultan y desincentiva al personal castrense en su educación continua. Al mismo tiempo, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos presenta la limitante de no estar actualizada en cuanto a estructura operativa, no reglamenta ni considera en su artículo 68 a las unidades de servicios de informática. Tampoco considera en este apartado la descripción de las funciones del Servicio de Informática, siendo un elemento que potencialmente puede provocar espontaneidad y discrecionalidad en las funciones.
Por tal motivo, en un clima de construcción hacia el futuro vengo a hablar a favor del dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
El propósito de los trabajos a través de esta iniciativa ha sido modernizar e integrar a las Fuerzas Armadas a nuestro país. Dentro de este proceso de modernización, el Ejército mexicano se ha comprometido a mejorar el desempeño de sus funciones en beneficio de la sociedad mexicana. El dictamen presentado pretende dotar a la estructura militar de los ajustes legislativos que les permita elevar la eficiencia a través de tres ejes fundamentales.
El primero es la incorporación y regularización de los servicios de informática al conjunto de servicios ya establecidos. Con esta medida se atenderá con mayor eficacia las necesidades operativas, logísticas y estratégicas de los cuerpos armados.
Con esta reforma estamos coadyuvando al proceso integral de reingeniería establecido en el programa sectorial de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La pretensión es eficientar las actividades de planeación, organización, dirección y control, impulsando el desarrollo tecnológico.
En segundo lugar, estamos convencidos de que debemos impulsar un mayor grado de capacitación y actualización del personal militar. En este sentido nuestra obligación es incentivar al personal de las Fuerzas Armadas para que complementen su formación científica y social.
Esta herramienta además de beneficiar a los cuerpos armados, genera una mayor integración con la sociedad.
El Partido de la Revolución Democrática históricamente ha sostenido que un elemento fundamental para revertir la descomposición social, es elevar la educación y reafirmar los valores mexicanos.
Para nosotros las Fuerzas Armadas no son la excepción. Por tal motivo con este dictamen estamos reduciendo los tiempos de servicio obligatorio que está obligado a cumplir el personal como contraprestación a la autorización para capacitarse.
No debemos castigar ni inhibir a quien busca profundizar sus estudios, por el contrario, la educación debe de ser premiada, apoyada e incentivada.
Las mujeres y hombres que ejercen la profesión militar, deben saber que el Partido de la Revolución Democrática siempre los apoyará en su desarrollo profesional, social y humano.
El tercer punto de esta reforma consiste en permitir que el personal de Sanidad y Enfermería puedan acceder a mayores grados en el escalafón.
Con esto combatimos la discriminación y aumentamos las posibilidades de desarrollo profesional de las y los militares. Queremos enfatizar que es prioridad en la agenda legislativa del Partido de la Revolución Democrática, impulsar la equidad de género en las funciones militares.
El servicio que las mujeres prestan a nuestra nación y a la sociedad, desde las instituciones militares, deben reconocerse y premiarse sin distinciones. A todas las mujeres pertenecientes a las Fuerzas Armadas les quiero manifestar mi respeto y agradecimiento a su labor.
Por todas estas consideraciones quiero pedir el apoyo a todas las fuerzas políticas que integran esta soberanía, para que aprobemos estas reformas en beneficio de México.
Por último, en esta fechas tan significativas que acabamos de pasar, en la vida democrática de México, también quiero reconocer la labor de las Fuerzas Armadas, del vicepresidente de la Comisión de la Defensa Nacional y de su cuerpo técnico porque hemos venido trabajando de una manera muy uniforme y respetuosa. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado. Antes de continuar, esta Presidencia saluda y les da la bienvenida a alumnas y alumnos de la preparatoria procedentes del colegio Baden Powell, S.C., del municipio de Atizapán de Zaragoza, invitados por la diputada Ana Isabel Allende Cano. Bienvenidas, bienvenidos.
También damos la bienvenida a estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Oriente, de Poza Rica, Veracruz, invitadas, invitados por el diputado Jorge del Ángel Acosta. Bienvenidas, bienvenidos.
Tiene ahora la palabra el diputado Víctor Díaz Palacios, de la fracción parlamentaria del PRI, hasta por cinco minutos.
El diputado Víctor Manuel Díaz Palacios: Con la venia de la Presidencia y en representación de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, vengo a dar el posicionamiento de las disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y pidiendo a la Presidencia me permita entregar el documento para que sea plasmado en el Diario de los Debates y trataré de hacer una síntesis de lo que esto conlleva.
No hay duda que nuestro Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos gozan del respaldo, la solidaridad y el respeto de la mayoría de los mexicanos. Hoy estamos nosotros, diputados y diputadas, dando el fortalecimiento para la capacitación y la instrucción de todos y cada uno de los miembros de estos institutos.
Por qué les digo esto. Hoy lo que marca la ley es que cuando un miembro del Ejército y Fuerza Aérea va a un curso de capacitación, sin saber el tiempo de duración, tiene la obligación de dar un servicio por un año.
Lo que estamos proponiendo, y seguramente contará con el aval de todos y cada uno de ustedes, es que cuando el curso sea mayor a seis meses, tendrá la obligación de prestar un año de servicio, pero cuando éste sea seis meses o menos, entonces sólo tendrá la obligación de presentar el servicio por la duración del curso.
Con esto vamos a incentivar la capacitación de todos y cada uno de los miembros de estos institutos. También estamos considerando los grados máximos en escalafón para los servicios materiales de guerra, de sanidad y de enfermeras.
También actualizar la estructura operacional vigente, el perfil profesional que debe tener el director de sistemas. Hoy por hoy estamos pidiendo que sea un general ingeniero en sistemas de informática; en el supuesto de que no existiera así, tendrá que ser de una carrera similar.
Por eso, compañeras y compañeros diputados, es que el Partido Revolucionario Institucional, a través de su fracción parlamentaria, les pide acompañen su voto a favor de esta iniciativa, que por cierto, dentro de la comisión, fue aprobada sin un solo voto en contra.
Quiero terminar diciendo esto a mis compañeras y compañeros diputados: constitucionalmente el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos no fueron creados para sustituir la marcada ineficiencia de las policías municipales, estatales y ministeriales. No fue creado para sustituir la marcada ineficiencia de algunos gobernadores que no respetan el protocolo de seguridad. No fue creada para estar vigilando a todos y cada uno de los miembros de estas policías para que cumplan con su trabajo. Es por la alta corrupción que cunde en prácticamente todo el país, que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos se ven obligados a cumplir con obligaciones que constitucionalmente no fueron creadas.
Por eso, señoras y señores diputados, se es injusto cuando se trata de responsabilizar al Ejército y a la Fuerza Aérea Mexicanos, que son ejemplo a nivel nacional con el reconocimiento de la sociedad.
Les pido respeto a esa institución que es de las pocas que nos queda que la sociedad la reconoce. Por su atención y esperando acompañen el voto a favor de este dictamen, muchas gracias por su atención y por su benevolencia, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias a usted, señor diputado, compañero y amigo.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja para hablar en pro del dictamen, hasta por tres minutos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Me parece, como lo decía el diputado Ricardo Monreal, que esta Cámara avanza lento frente a los problemas que surgen en el país.
Este dictamen por sí mismo es adecuado, porque modifica la Ley del Ejército y de la Fuerza Aérea para temas de actualización, capacitación, elementos técnicos, académicos, temas de escalafón, temas de informática, pero nos parece que hoy los temas de la agenda nacional se tienen que ver con nuestras Fuerzas Armadas, desde luego son de mayor envergadura.
El Ejército mexicano es un ejército popular que surge de un movimiento revolucionario y que se ha caracterizado por su institucionalidad y por el respecto al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el titular del Ejecutivo.
Sin embargo, desde hace varios años se ha sometido por orden de los civiles al Ejército a un desgaste prolongado por los temas del combate al crimen organizado, a la lucha contra el narcotráfico, y este cáncer que todo lo corroe y todo lo contamina también desafortunadamente ha afectado a algunos malos elementos de nuestros cuerpos castrenses.
Y es el tema que aquí comentaba el diputado Monreal, de la masacre de Tlatlaya, estado de México, donde fueron ejecutados según las primeras pesquisas, según los organismos de derechos humanos internacionales y reportajes sólidos de la prensa internacional, fueron ejecutados 22 personas que ya habían sido sometidas.
Nosotros queremos llamar la atención para que el grupo de trabajo que aprobó esta Cámara de Diputados sobre el tema de Tlatlaya se aboque ya a su cometido y coadyuve en los trabajos para lograr el esclarecimiento más puntual de este tema tan lamentable en materia de derechos humanos.
Nosotros reconocemos por un lado que frente a la evidencia de los hechos el secretario de la Defensa Nacional finalmente actuó y la Procuraduría General de la República está actuando también, pero nos preocupan las declaraciones de ayer del gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, que sigue manifestando que fue un enfrentamiento, igual que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Plascencia.
Entonces por estas razones, compañeras y compañeros legisladores, nosotros pedimos que se aboque ya el grupo de trabajo para investigar los hechos de Tlatlaya y pueda dar un reporte lo antes posible a esta soberanía. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado Mejía. Esta honorable Cámara de Diputados le da la más cordial bienvenida al alcalde de la ciudad de Phoenix, Arizona, Greg Stanton. Bienvenido. Quien visita nuestro país para la apertura de la oficina de la representación del estado de Arizona y de la ciudad de Phoenix en México, invitados especiales del diputado Antonio Cuéllar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como también al bienvenida al cónsul general de México en Phoenix, Roberto Rodríguez Hernández. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias, señor diputado Cuéllar.
También nos visita en este pleno el doctor Leopoldo Domínguez González, presidente municipal de Tepic, Nayarit, invitado por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Bienvenido, sea usted bienvenido, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: No habiendo más oradores registrados, y en virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Cierre el sistema electrónico de votación, por favor, secretaria.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
Al diputado Marco Antonio González Valdez (desde la curul): A favor.
El diputado Benjamín Castillo Valdez (desde la curul): A favor.
El diputado Fernando Salgado Delgado (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Salgado Parra (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Señor presidente, se emitieron 373 votos a favor, 0 en contra y 8 abstenciones.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado en lo general y en lo particular por 373 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día, compañeras y compañeros, es Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno. De la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: De la Junta de Coordinación Política.
Acuerdo
Primero. Se crea la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Hechos Ocurridos en Iguala, Guerreo, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos. Esta Comisión estará vigente hasta el término de la presente Legislatura.
Segundo. Para el cumplimiento de su objetivo, esta comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo estime necesario con las autoridades competentes responsables y desempeñar cualquier otra acción de conformidad al marco normativo aplicable.
Tercero. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta Comisión Especial serán aprobados por el Comité de Administración.
Cuarto. La Comisión Especial deberá presentar un informe ante la Cámara de Diputados, o en su caso, ante la comisión permanente.
Quinto. La Junta Directiva e integrantes de la Comisión Especial, así como su presidencia, vigencia y demás previsiones que se estimen necesarias para regular su funcionamiento, serán determinadas por la Junta de Coordinación Política, a propuesta de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.
Sexto. La Comisión Especial se conformará con siete integrantes, uno por cada grupo parlamentario, con representación en esta Cámara y la presidencia corresponderá al diputado representante del Partido Acción Nacional, y estará integrada por:
1. Diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
2. Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
3. Diputado Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
4. Diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
5. Diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
6. Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
7. Diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La comisión tomará sus decisiones preferente por consenso, de no ser así, lo hará por el sistema de voto ponderado, en el que el legislador o legisladora de cada grupo parlamentario representará tantos votos como integrantes tenga su grupo parlamentario.
Séptimo. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Transitorio
Único. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por la Junta de Coordinación Política, firmado por los integrantes de la misma.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada secretaria.
Saludamos y le damos la bienvenida a la Cámara de Diputados, al joven regidor Rodolfo Chávez Escudero, del municipio de Atlixco, Puebla, invitado por la diputada María del Rocío García Olmedo. Bienvenido, regidor.
Para hablar sobre este tema se han registrado las siguientes diputadas y diputados: el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; la diputada Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; el diputado Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática; y el diputado Guillermo Anaya Llamas, del PAN; y la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del PRI.
Tiene, entonces, la palabra hasta por tres minutos el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Uriel Flores Aguayo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí, diputado Flores. Sonido ahí en la curul del diputado.
El diputado Uriel Flores Aguayo (desde la curul): Quiero ser incluido en la lista también.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí, diputado. Queda usted registrado. Adelante, señor diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: A la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos para varones, de Ayotzinapa, Guerrero ingresan estudiantes con estudios de bachillerato que desean realizar estudios de licenciatura en educación primaria, licenciatura en educación física.
Cuarenta y tres de sus estudiantes se encuentran desaparecidos, y por los datos que proporcionan los medios de comunicación, para la autoridad posibles víctimas de la delincuencia organizada, para la ciudadanía ya víctimas de la delincuencia organizada.
Ante la desaprobación de los organismos internacionales en derechos humanos, el Poder Ejecutivo, Peña Nieto ha reaccionado ordenando la intervención total del gabinete. Su indignación y confía en el esclarecimiento de los hechos y la detención de culpables con la aplicación de la ley.
Por su parte, el procurador general de la República anuncia que no se permitirá que ningún grupo se imponga por encima de la sociedad. Son loables las pretensiones de encontrar a los culpables de la desaparición de normalistas, pero cómo explicar el empoderamiento de la delincuencia organizada, no solo en Iguala sino también en otras zonas de Guerrero y del país.
Cómo explicar a los familiares de las víctimas la omisión de las autoridades del Estado y de la propia PGR ante la denuncia de hechos criminales imputados al hoy desaparecido presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez.
La mayoría de los estudiantes de la normal son de familias campesinas de zonas de alta marginación. Hijos de familias pobres de la costa chica, de la zona de la montaña y el centro del estado de Guerrero.
Estudiantes en condiciones de pobreza que encuentran como alternativa de formación la Normal Rural.
El 26 de septiembre realizaron un boteo en la cabecera del municipio de Iguala. Ésta fue la infracción que persiguió la Policía municipal. Éste es el origen de la exposición en una zona controlada por la delincuencia organizada. Buscar culpables, indignación ante el crimen anunciado por la localización de fosas clandestinas. Encabezar las investigaciones para encontrar los responsables.
Puros anuncios propagandísticos para justificar la ineficiencia de las estructuras de gobierno, de las procuradurías responsables de investigar y perseguir a los delincuentes. Corrupción de las policías responsables de la seguridad pública, siendo que los cuerpos policiales de este municipio operan desde el mes de mayo bajo el esquema de mando único que comanda el gobierno estatal.
Aunado a ello, la posible omisión de las Fuerzas Armadas, puesto que en esta misma ciudad se encuentran las instalaciones de la 27 zona militar, instituciones de un Estado fallido que se justifican con el discurso ante el cuestionamiento internacional, ante el vuelo que se ha dado en medios internacionales de la impunidad con la que actúa la delincuencia en el país.
De ahí que esta Cámara en forma urgente apruebe una comisión especial, cuando en otros actos criminales ha existido resistencia para la misma acción. ¿Ahora se acuerda acaso coadyuvar en las investigaciones para estar a tono de la denuncia?
Deseo y espero que no sea la comparsa mediática y se actúe contra los responsables, no solo los criminales que actuaron el 26 de septiembre, sino contra las propias autoridades que por su omisión permitieron el empoderamiento de la delincuencia en la región.
Que se investigue a fondo, que se sancione si fuese el caso a la delincuencia vinculada a la política; porque la corrupción y la impunidad de las instancias de gobierno las que permiten que los delincuentes se empoderen a través de la función pública, generando gobiernos encabezados con delincuentes que crecen con sus vínculos políticos y el miedo de la sociedad.
Espero y deseo que esta comisión especial no defraude a las víctimas y sus familiares, que no sea demagogia el anunciado combate a los responsables. Esperamos no estar aquí en próximos días diciendo: se los dijimos una vez más. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Tiene ahora la palabra, la diputada Sonia Rincón Chanona, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Con su venia, diputado presidente; compañeras, compañeros diputados. En Nueva Alianza queremos ser firmes y enérgicos en nuestra condena y repudio a todo tipo de violencia. Los hechos acaecidos en Iguala, Guerrero nos lastiman profundamente, resulta inadmisible que jóvenes estudiantes hayan sido víctimas de criminales.
Nos manifestamos a favor de la creación de la comisión especial, porque hay interrogantes que requieren respuestas claras y contundentes. Estaremos atentos y vigilantes de que las investigaciones respecto a los acontecimientos suscitados el pasado fin de semana en Iguala, se lleven a cabo con todo profesionalismo y absoluto rigor técnico y jurídico.
Lamentamos que las víctimas de estos acontecimientos sean precisamente estudiantes normalistas. Nos duele en particular porque nos formamos en la Norma para Maestros. Estaremos pendientes de las indagatorias y, en caso de que los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas pertenezcan a esos estudiantes, exigiremos que el crimen no quede sin resolución ni castigo.
Asimismo, urgimos a las autoridades a hacer todo lo posible para encontrar a quienes aún se encuentran desaparecidos a fin de salvaguardar su integridad. Es responsabilidad del gobierno local garantizar la seguridad de todas y todos los guerrerenses. Sin embargo, debemos reconocer que las autoridades locales están siendo rebasadas por los grupos criminales.
Valoramos que el gobierno federal asuma un papel más activo dentro del marco jurídico vigente para reforzar las tareas de vigilancia y seguridad pública en el municipio de Iguala.
Por estos motivos en Nueva Alianza confiamos en que todos estaremos de acuerdo con la proposición que presenta la Junta de Coordinación Política. Hacemos votos por que este caso se resuelva con la premura que exige un hecho tan aberrante y que no exista ningún resquicio para la impunidad. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, ciudadana diputada Rincón Chanona. Tiene ahora la palabra el diputado Arturo Escobar y Vega, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Arturo Escobar y Vega: Buenas tardes, presidente; gracias. El día de ayer en la Junta de Coordinación Política, un servidor fue promotor de la constitución de esta comisión en virtud de ser uno de los actos más sensibles, más bochornosos, más repudiantes y más vergonzosos que hemos vivido como país sin duda en los últimos años.
Ante esa realidad y la conformación plural de esta comisión, la cual se construye con el voto casi unánime de los grupos parlamentarios, hoy en la mañana en la definición de la integración de las comisiones, la cual por supuesto apoyamos; entendemos que la presidencia de la comisión se decide que se le dé al Partido Acción Nacional.
Independientemente de la muy buena relación de amistad que nos une y que me une en lo personal de respeto y si no de admiración al diputado Guillermo Anaya y ante el referente hecho por el coordinador del grupo parlamentario del PRD, que era imposible que el PRD pudiera presidir la comisión e virtud de que dicho partido ganó la alcaldía de Iguala y gobierna a la entidad federativa de Guerrero, un servidor considera que la misma regla le tendría que aplicar al Partido Acción Nacional.
Una vez más lo subrayo y no es un tema personal con el diputado Anaya con quien, repito, me une una gran amistad con él y años de legislar juntos.
Si mal no recuerdo en el año 2011 cuando fue la elección a gobernador, el Partido Acción Nacional 10 días antes de la elección decide declinar de manera formal en la voz de su presidente, Gustavo Madero, en favor del candidato del PRD y sus aliados, en aquel entonces Ángel Aguirre.
Es mi definición que si al PRD se le imposibilita presidir la comisión porque gobierne el estado de Guerrero, la misma regla se tendría que aplicar al Partido Acción Nacional.
Por lo tanto si lo que estamos buscando es dar una muestra de imparcialidad, de pluralidad, creo yo que tanto los aliados del PRD, como el PRD, como el Partido Acción Nacional, tendrían que declinar a la posibilidad de presidir la comisión para que nunca esté tachada de imparcialidad. Esto independientemente de que estoy convencido de que Guillermo Anaya o quien la presida va a tener muestras de profesionalismo, pluralidad e imparcialidad.
Sin embargo si el mensaje que se busca es que esta comisión sirva como sirvió la comisión que se constituyó para investigar el río Sonora, en la persona de Marco Bernal, creo que es muy importante dar muestras también que en la misma Constitución, pero especialmente en su presidencia, nadie va a presidirla que su partido político haya apoyado al hoy presidente municipal de Iguala u hoy al gobernador Ángel Aguirre.
Por lo tanto emplazo a esta asamblea y al Presidente de la Mesa Directiva, para que se proponga a alguien diferente para que presida esta comisión, para no iniciar los trabajos de dicha comisión pensando que pudiera haber actos de parcialidad.
Este tema es sumamente sensible y requiere de la vocación democrática de todos los diputados federales.
Por lo tanto propongo y emplazo a que sea alguien diferente al partido político o aliado o partidos políticos que entonces declinaron para apoyar la gubernatura o la candidatura del hoy gobernador Ángel ]Aguirre. Por su atención, gracias, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado Escobar y Vega. Tiene ahora la palabra para referirse al tema, el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano Presidente, ciudadanos legisladores: es muy grave lo que está sucediendo en el país. En tres meses el país y el mundo han sido testigos de tres casos de abuso de poder con efectos letales, donde los actores principales son integrantes de las fuerzas armadas de los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano.
Sucedió en Tlatlaya, con el ejército mexicano, donde un grupo de 22 civiles armados, que después de haberse rendido fueron ejecutados extrajudicialmente. 10 días después, en el municipio de Atlixco, Puebla, la policía estatal disolvió una manifestación de campesinos y pobladores de San Bernardino, donde perdió la vida un menor de edad a consecuencia de ello.
Finalmente, el 26 y 27 de septiembre el hecho más indignante, Un grupo de policías municipales y de integrantes de una agrupación delincuencial atacaron, en el municipio de Iguala, a un grupo de estudiantes de la escuela normal, con un saldo de seis personas muertas, 19 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. De estos últimos lamentablemente los indicios apuntan que 29 de ellos habrían sido ejecutados y depositados en tres tumbas clandestinas en el mismo municipio.
Estamos hablando de tres hechos en tres estados diferentes del país con tres gobiernos de signo político distinto, cuyas fuerzas de seguridad se han visto involucradas en hechos de represión y exterminio. Así de grave y descompuesta está la situación en el territorio nacional y la crisis de seguridad que atraviesa el país.
La reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública arroja resultados terribles; desmiente el optimismo oficial sobre los presuntos avances en el combate a la inseguridad.
El tema de la violencia y la inseguridad salió del discurso oficial y de los medios de comunicación, pero no de la realidad ni de la preocupación de las familias de los mexicanos.
El año pasado, mientras en este recinto se aprobaba y se jactaban de las reformas estructurales que presumiblemente sacarán al país del subdesarrollo, allá afuera hubo una especie de guerra civil irregular, donde un grupo se dedicó no sólo a asesinar, sino sobre todo a secuestrar y extorsionar a otros mexicanos como nunca antes en el país.
Se registraron el año pasado 132 mil casos de secuestro, 361 por día; es impresionante. Por esa razón hoy nos preocupa lo que pasa sobre la violencia en el país, donde se está sufriendo una mutación y de ello damos cuenta de la barbarie que hay y que hubo en estos estados, particularmente en Iguala.
Comete el delito de genocidio –escúchenlo bien– el que con el propósito de destruir total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetren por cualquier medio delitos contra la vida de miembros de aquellos, o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo. Por tal delito se impondrán de 20 a 40 años de prisión y multa, y cuando se trate de funcionarios públicos se agrava la pena. Se está frente a un grave problema de genocidio.
En la barbarie de Iguala, están dadas todas y cada una de las situaciones de un crimen de lesa humanidad:
1o. Hay una destrucción parcial de un grupo nacional como son los estudiantes de origen humilde, rural e indígena de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
2o. Se perpetraron ataques a la integridad corporal y a la salud mental de sus miembros.
3o. El hostigamiento sistemático confirmado y prolongado al que ha sido sometido este grupo estudiantil a lo largo de los últimos años por parte de diferentes instancias oficiales, ha sido impresionante.
4o. La participación directa de funcionarios públicos en la planeación y perpetración de estos hechos es inadmisible.
Frente a esta barbarie ciudadanos legisladores, no sé si baste crear la comisión, lo que estamos evidenciando es que son crímenes de lesa humanidad, lo establece el Código Penal Federal y lo establecen también 11 tratados internacionales sobre derechos humanos, no sólo lo previene el Código Penal Federal el delito de genocidio, sino también instrumentos internacionales como la Convención para la prevención y sanción de delitos de genocidio y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
No permitamos, yo creo que la comisión no puede ser una comisión más. Tampoco me parece correcto que se esté frente a un asunto ordinario en donde la disputa por quien preside pareciera ser el tenor de esta discusión, no es así; no es quién lo presida, sino los alcances de esta comisión.
Yo no tengo confianza ni en el PAN ni en el PRI ni en ningún grupo parlamentario que durante mucho tiempo han siempre intentado ocultar este tipo de crímenes. No es el tema de fondo. El tema de fondo es llegar hasta las últimas consecuencias.
Frente a estos hechos lamentables, indignos de barbarie de la humanidad contra jóvenes indefensos y jóvenes estudiantes de escasos recursos económicos no puede callarse esta Legislatura.
Lo dijimos el martes pasado, el jueves insistimos, que era indispensable constituir la comisión. Ahora no podemos regatear la integración de esta comisión, necesitamos que al frente de ella o como integración de ella haya hombres dignos e íntegros y mujeres dignas e íntegras que no permitan que se quede en la impunidad este hecho.
Podría incluso el colectivo decidir sin que haya presidencia de la comisión. Eso no es problema, que se tomen decisiones colectivas sería lo correcto y lo pertinente. No me parece tampoco una gran discusión de ahora impugnar a quienes vayan a ser los que presidan.
Nosotros no estamos de acuerdo ni nunca votamos a favor de que el PAN presidiera, pero tampoco sería correcto que la presidiera el PRI o cualquier ot6ro que estuviera involucrado en los hechos. Nosotros consideramos que debiera ser una gente íntegra en esta Legislatura quien pudiera estar al frente y, sin embargo, coincidimos en que pudieran ser la toma colectiva de decisiones.
Lo que sí debemos hacer es que no quede sepultado en la impunidad un hecho tan vergonzoso que está dando la vuelta al mundo como un ejemplo pernicioso del país. No es el presidente municipal, no es del gobernador del estado, es el país, es el Ejecutivo federal, es el gobierno mexicanos quienes están sentados en el banquillo de los acusados en la justicia internacional. Ése es el tema de fondo y por eso no puede pasar por desapercibido ni reducirnos a la disputa de quien presida o integre esta comisión. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Antes de continuar queremos darles la bienvenida a los alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, invitados por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández. Bienvenidas y bienvenidos.
También a los alumnos de la Facultad de Sociología de la UNAM, invitados e invitadas por el diputado Fernando Rodríguez Doval. Bienvenidas y bienvenidos.
También a los alumnos de nivel secundaria y maestros del Centro de Educación y Cultura Ajusto, CEYCA, invitados por la diputada Isela González Domínguez.
También al grupo de jóvenes de la delegación Iztacalco de nivel medio superior de varias escuelas, invitados e invitadas por el diputado Arturo Escobar y Vega. A todas y a todos les damos la bienvenida. Muchas gracias por su visita.
Tiene ahora la palabra el diputado Catalino Duarte Ortuño, de la fracción parlamentaria del PRD, para referirse a este tema.
El diputado Catalino Duarte Ortuño: Con la anuencia, compañeros diputados, diputadas. Evidentemente que la fracción de mi partido y mi partido a nivel nacional condena estos hechos, son hechos graves, pero de manera puntual queremos decir que nuestra fracción propuso al interior de esta Cámara la creación de esta Comisión, en el ánimo de que se haga un trabajo profesional en donde se vea la postura nuestra de no contaminar la investigación.
Decirles que la seguridad nacional en este país desde hace varios años ha sido cuestionada. Debemos decirlo con claridad, la inseguridad pega en Michoacán, Tamaulipas, estado de México, Sinaloa, no podemos cerrar los ojos a la verdad. Este gobierno en este tema no ha estado a la altura.
Lo decimos desde aquí, la Federación nos ha dejado solos en Guerrero, le han puesto mucha atención a Michoacán. Qué bueno, pero Guerrero también es parte de la república.
Confiamos, queremos darle la confianza a las instituciones, esperamos resultados prontos de la Procuraduría General de la República.
Exigimos desde ahora justicia en este tema. El PRD señala con claridad; no debe haber impunidad, queremos ir a fondo. Deberá castigarse a quienes de una o de otra manera participaron.
Se tienen indicios de que se trata de grupos que se dedican a cometer ilícitos. En ese sentido, queremos señalar que es un asunto que debe ponerle mucho interés el secretario de Gobernación.
Percibimos que desde un principio se actuó por parte de la federación de manera lenta. Estamos a tiempo, podemos y debemos, por el bien de México, por el bien de la seguridad, por el bien de las instituciones obtener resultados prontos para que así podamos tener a los que participaron de manera directa o indirecta en este tema y tengamos justicia. Que se escuche bien.
Termino, señor presidente. Los diputados federales de Guerrero observamos con buenos ojos que ningún guerrerense forme parte de la Comisión. Los diputados y las diputadas guerrerenses queremos una investigación a fondo, queremos justicia pronta y expedita. Pedimos la solidaridad, no solamente en presencia militar, no solamente en el tema de la Gendarmería Nacional, necesitamos recursos para atender este tema muy serio, la inseguridad, que no sólo es Guerrero, ya lo señalé en muchos estados de la República. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias a usted, señor diputado.
Les damos la bienvenida a un grupo de líderes juveniles de la Región Segunda del municipio de Atlacomulco, estado de México, invitadas e invitados por el diputado Miguel Sámano Peralta. Bienvenidas, bienvenidos.
Tiene ahora la palabra el diputado José Guillermo Anaya Llamas, de la fracción parlamentaria del PAN.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, la situación en el estado de Guerrero es un asunto que atenta contra la dignidad nacional. En México no podremos estar tranquilos hasta que se esclarezcan los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Desde esta tribuna condenamos y lamentamos el secuestro y homicidios de los jóvenes normalistas. Sabemos que ésta no es la única causa de desasosiego en nuestro país, pero ofende especialmente la circunstancia con que esto se presenta.
Es indignante que desaparezcan 43 estudiantes, producto de un presunto ataque del crimen organizado, al parecer en contubernio con la autoridad política, y como sabemos, el día de hoy todavía no sabemos dónde están.
El proceder de las autoridades del estado de Guerrero no sólo ha dejado mucho qué desear, sino que ha mostrado indolencia y profunda incompetencia, si tomamos en cuenta que Guerrero es la entidad federativa que registra más homicidios dolosos, tanto en el 2013 como en el 2014. Es decir, por cada 100 mil habitantes, Guerrero tiene 30.37 en 2014, cuando la media nacional es de 9.43. ¿Negligencia o irresponsabilidad? ¿O ambas? Es lo que está pasando hoy en Guerrero.
Hay una omisión evidente de las autoridades para actuar en consecuencia, si como se ha dicho se tenía ya conocimiento y antecedentes del proceder del presidente municipal y del terrible clima de inseguridad, que priva no solamente en Iguala, sino en todo el estado de Guerrero.
Exigimos a las autoridades un proceder apegado a derecho, una investigación en la que priven los criterios científicos, de transparencia y claridad en la información, pero sobre todo un trato digno y humano a las familias de las víctimas.
Es ofensivo el manejo mediático que se pretende dar a este caso. No se ponen de acuerdo ni cuántos son los desaparecidos ni cuántos han vuelto ni cuántas fosas clandestinas o de los cuerpos encontrados en ellas ni se tiene aún, por cierto, todavía quiénes han perdido la vida.
La respuesta del gobierno federal también ha sido inconsistente. Recordemos que a finales de abril de este año enviaron a Guerrero 2 mil elementos de la Policía Federal, además de los que ya estaban adscritos. Esto no es cosa menor, si tomamos en cuenta que debemos apostar, como dice el gobierno federal, a la inteligencia más que a la reacción.
Tenemos mucho qué hacer en materia de prevención, tenemos que recapitular lo que se está haciendo, el presupuesto asignado, las acciones, los municipios y las consecuencias. De 300 en 300, la Gendarmería va a terminar dispersándose por todo el territorio nacional, más con una respuesta tardía que con una garantía de incertidumbre.
Cómo es que Abarca Sánchez, ahora alcalde con licencia, Abarca Velázquez, se le ha permitido sustraerse de su responsabilidad política como lo hizo. La autoridad le haya perdido la pista. El paradero de José Luis Abarca Velázquez no debe ser otro que estar frente al Ministerio Público para ayudar a esclarecer este asunto.
Nos debe quedar claro, no podemos tener directores de seguridad pública y policías honestos mientras las autoridades políticas que les dan los nombramientos y órdenes sean corruptos o delincuentes.
Y no habrá instituciones de policía fuertes si en vez de fortalecer sus capacidades sigue reinando la impunidad.
En los últimos años como nación hemos avanzado en la concientización sobre las necesidades de que nuestros cuerpos de policía deben ser más confiables y más profesionales.
Pero debemos preguntarnos cómo están haciendo las autoridades las certificaciones y pruebas de control de confianza, si con estas aprobaciones vamos a contar con policías como los que tenemos hoy en Iguala, Guerrero.
Reiteramos, los normalistas de Ayotzinapa no son solamente un asunto de agenda política, un tema mediático o crisis de inseguridad. Son ante todo un problema humanitario.
Los desaparecidos no le pertenecen a nadie más que a sus familias, que hoy sufren la angustia de desconocer el paradero de sus hijos. Ni la opinión pública ni los legisladores ni las familias queremos una verdad a medias. Ni hallazgos sin un sustento objetivo y científico.
Instar a las autoridades competentes de todos los órdenes de gobierno a resolver esta tragedia con justicia y con verdad.
Lo que pasa ahora en Guerrero es un caso de dolor evitable. Las autoridades no deben alegar ignorancia en asuntos que si se dedicaran a gobernar y servir a la sociedad, no solo deberían conocerlos sino resolverlos.
Independientemente, como se ha dicho aquí en tribuna, de quién presida esta comisión, el presidente no tiene más voz y más poder que los miembros de la comisión y mucho menos que esta asamblea, que este parlamento democrático. Así lo he demostrado en la Comisión de Seguridad Pública que presido. Trabajo para bien de la sociedad de México. Un trabajo democrático e imparcialidad; esto es lo que se debe hacer en este asunto que a todos nos apena y que todos debemos de apegarnos a derecho. Por su atención, muchísimas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Anaya Llamas. Tiene la palabra, la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del PRI, para fijar la postura del mismo. Adelante, diputada.
La diputada Miriam Cárdenas Cantú: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes; con el permiso de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros legisladores. Esta sociedad mexicana ha atestiguado etapas de violencia que por supuesto son inaceptables, pero esta masacre acaecida en Guerrero, en donde las víctimas eran estudiantes de la Normal Rural, los más pobres de la región que con la aquiescencia y participación de la policía municipal fueron torturados, desmembrados y asesinados con saña y crueldad inaudita.
Es un hecho sin precedentes que nos indigna y ante el cual no se puede permanecer silente y se debe exigir que no quede impune. Esta barbarie considerada peor aún que la matanza de Aguas Blancas merece un seguimiento puntual por esta Cámara de Diputados.
Nos sumamos al dolor, a la indignación, a la exigencia de justicia de decenas de familias guerrerenses víctimas de este crimen, cuya gravedad obliga a esta soberanía a realizar un seguimiento exhaustivo responsable y ético de las investigaciones que lleguen a esclarecer todas y cada una de las circunstancias en que sucedieron estos acontecimientos; pero sobre todo lo que clama el pueblo de México e incluso la comunidad internacional es que se sancione a los responsables.
México merece conocer la verdad sobre este hecho indignante, lacerante y repudiable. Conocer la verdad debe ser nuestro principal objeto y sancionar a los culpables muestra única manera de responder para que se cumpla la justicia que exigen los guerrerenses y el pueblo de México, pero también que se exige en la comunidad internacional; pues no debemos de perder de vista que ya han existido pronunciamientos de la ONU, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señalan estos acontecimientos no sólo como lamentables, sino que es indispensable que se sancione a los responsables.
Ante la visible incapacidad de las autoridades locales, es de reconocer la intervención decidida del titular del Ejecutivo federal al instruir a la Procuraduría General de la República para la atracción del caso y evitar que esta masacre quede en la impunidad.
Resulta indispensable que existe congruencia entre el discurso y la práctica. Así, hoy vemos que el Estado mexicano no se encuentra inerte. Rechaza las violaciones flagrantes a los derechos humanos y está cierto que no puede permitirse que se generalicen, que se tornen sistemáticos, a riesgo de convertirse en crímenes de lesa humanidad.
Señoras y señores. El Grupo Parlamentario al que pertenezco, el del Partido Revolucionario Institucional, se suma a la propuesta de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara para crear una comisión especial, pues nosotros, las diputadas y los diputados, estamos obligados a responder a los mexicanos porque es inconcebible que derechos humanos, cuyo reconocimiento inició hace más de 200 años como la vida, la integridad personal, la libertad de tránsito, la seguridad jurídica, todos estos derechos humanos de primera generación, aún no puedan ser efectivos ni reales. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Cárdenas Cantú. Señoras diputadas, señores diputados. Estaríamos dando por concluida la lista de oradores en términos reglamentarios y ello obligaría a esta Presidencia instruir a la Secretaría consultara si está suficientemente discutido o no el acuerdo.
Virtud de la naturaleza del contenido del mismo, vamos a otorgarles el uso de la palabra a tres diputados más. Diputado Ricardo Mejía Berdeja, diputado Uriel Flores Aguayo y diputado Silvano Blanco Deaquino, de Movimiento Ciudadano y PRD, respectivamente.
Concluidas las participaciones, procederemos a la votación correspondiente para el curso del punto de acuerdo que estamos abordando. Hasta por tres minutos, señor diputado Mejía Berdeja, tiene el uso de la palabra.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. No fue un partido en especial el primero que propuso esta comisión, fue la propia sociedad de alumnos Ricardo Flores Magón, de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, quien propuso crear una comisión plural de legisladoras y legisladores que se aboque a estos hechos incalificables de Iguala.
Nosotros el pasado 2 de octubre dimos a conocer la carta que dirigieron estos estudiantes y hoy Movimiento Ciudadano está actuando en consecuencia.
Los hechos de Iguala, al igual que los de San Fernando, en Tamaulipas donde fueron masacrados 72 migrantes, o la ejecución de 22 civiles por parte de fuerzas militares en Tlatlaya, son hechos que indignan al país y a la opinión pública internacional.
Coincidimos con el diputado Monreal en que en el caso de Iguala se prefiguran dos delitos gravísimos: la desaparición forzada y el genocidio. Este último un delito de lesa humanidad que se da cuando se pretende acabar con un grupo por razones de raza, de índole económica o social, como fue el caso y es el caso de los jóvenes normalistas de Guerrero.
Queremos llamar la atención que esta comisión debe actuar con la mayor responsabilidad y con el mayor profesionalismo.
Todos somos miembros de partidos y de grupos parlamentarios, pero no se puede partidizar facciosamente o actuar con ánimo revanchista.
Si se tratara de descalificar, prácticamente no habría quién se escapara de estar metida en la dinámica política, porque a la autoridad local la respaldaron tres partidos; pero también se opusieron a ella tres partidos: el PRI, el Verde, y Nueva Alianza.
Si fuera la lógica de uno de los diputados que subió a tribuna de descalificar por motivos partidistas, evidentemente que aquí en esta comisión hay dirigentes políticos, hay gente de colaboró en campañas, hay gente que fue candidato al propio gobierno de Guerrero. Entonces, no me parece que esa deba ser la lógica.
Incluso, como lo decía el diputado Monreal, quizá se debería establecer algún mecanismo colegiado porque no se trata de tener una posición para atacar o para llevar raja política, sino lo que debemos hacer es ir a la verdad de los hechos y que se castigue ejemplar y drásticamente a los responsables de esta situación tan grave que se dio el pasado 26 de septiembre y donde siguen desaparecidos estos jóvenes.
Además queremos señalar que no es un tema solamente de Guerrero. A principios de este año se contabilizaban más de 400 fosas clandestinas en el país desde el año 2006, desde el gobierno de Calderón. Y este número de fosas es tan grande que tan sólo en el lapso de marzo del 2011 a abril del 2013 la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que se localizaron 198 fosas clandestinas en el país, con más de 460 cadáveres.
Por eso, compañeras y compañeros, la responsabilidad es compartida de todos los órdenes de gobierno. El que está mal es el país y es desde los estados del norte, pasando por estados tan tranquilos como Querétaro, donde se localizó a un narcotraficante, hasta estados sureños donde se enfrentan estos problemas.
Por eso vamos a trabajar con profesionalismo, con responsabilidad y sobre todo para que haya claridad y se castigue a los responsables; pero no estaremos de acuerdo en que se quiera partidizar la comisión. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias por su participación. Hasta por tres minutos tiene la palabra el señor diputado Uriel Flores Aguayo.
El diputado Uriel Flores Aguayo: Agradezco diputado Presidente. Vengo a manifestar mi indignación como ser humano, como mexicano, como diputado, pero sobre todo como normalista también por estos muy lamentables y espeluznantes hechos.
Me parece importante decir que deberíamos de evitar perder el tiempo. Está bien la comisión, pero ojalá que dé resultados, informe en lo inmediato de algún avance, de algo importante que haya localizado.
Este tipo de barbaries no dan margen para la politiquería, para el forcejeo interpartidista, para la ocurrencia. Se tiene que actuar sin simulación y sin eufemismos. No se trata de ver quién se cuelga medallitas.
El gobernador, si es que hay gobernador en Guerrero, debería de irse. Me parece absurdo que todavía haya afanes de estar ahí. Hay que dar un mensaje ético, un mensaje de esperanza a los mexicanos, de que no todo es corrupción, no todo es desapego a valores elementales, y creo que esta barbarie nos muestra dos grandes problemas, tiene dos dimensiones.
1. El ataque al normalismo. La reforma educativa, que en realidad es una reforma laboral, trae un ataque al normalismo mexicano; se reduce el presupuesto, la matrícula; van a desaparecer escuelas normas, empiezan con las escuelas rurales, hay un feroz ataque a las normales rurales y, en general, el normalismo mexicano está pasando, pero se va a profundizar una crisis muy profunda.
Hoy que está el secretario de Educación, Chuayffet, en esta Cámara, en la tarde, sería una muy buena oportunidad para cuestionarlo sobre la política hacia el normalismo que ubicamos como de ataque y desvanecimiento del peso y la incidencia en el país del normalismo, pero tenemos un problema de crisis también del país, del sistema político, de representación, de descomposición social de los poderes fácticos, es un problema que hay que ver en su conjunto.
No basta que si la policía es certificada, que si el presidente municipal, no, no, no, es un problema de conjunto. Si no se enfoca, si no se establecen mecanismos de regeneración de la democracia mexicana, lo que sea la democracia mexicana, no hay solución para nuestro país.
Deberíamos, por lo tanto, de hacernos cargo de eso, y en memoria de estos muchachos, de los mártires de Ayotzinapa ahora, de la juventud mexicana, y en defensa del país de todos nosotros, como seres humanos, como mexicanos, exigimos justicia para las víctimas de Ayotzinapa. Es todo, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Flores.
Nos acompañan alumnos y alumnas de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, los saludamos con afecto, les agradecemos su presencia en este recinto. Han sido invitados por el señor presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, don Silvano Aureoles Conejo. Bienvenidos.
Finalmente le otorgamos el uso de la palabra al diputado Silvano Blanco Deaquino, hasta por tres minutos.
El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con su permiso, señor presidente. Puntualizar que en lo personal quizá sea algo utópico, pero esto debe ser el parteaguas para modificar la política nacional de seguridad en nuestro país.
Este gobierno pretendió minimizar el problema de seguridad que tenemos en México y, al no ponerlo en los medios de comunicación masivos y esconderlo, decía que estaba resolviendo el problema de inseguridad en nuestro país y hasta han señalado que ha disminuido los asesinatos, las extorciones y el secuestro. Nada más falso.
Se tiene que reconocer que en México hay un narco Estado, se tiene que reconocer que hay narco política. Se tiene que reconocer que desde la Presidencia de la República, en los gobiernos locales y en los gobiernos municipales efectivamente la delincuencia organizada aporta recursos económicos para estas campañas. Eso se tiene que reconocer por parte del país.
Si no se instrumenta una política de Estado para que efectivamente México empiece a estar en una situación totalmente distintas vamos a seguir cayendo en el cinismo, como se está cayendo en este momento, compañeras y compañeros. Hay que reconocerlo.
Se habla en este momento de la situación en el estado de Guerrero, y se viene y se dice que se lamenta. Efectivamente lamentamos los hechos, pero esta comisión especial debiera tener mayores alcances y efectivamente hacer propuestas de cómo hacer una política a nivel nacional que efectivamente modificara al Estado de cosas en México.
La federación no desconocía lo que pasa en Guerrero, así como no desconoce lo que pasa en todos los estados de la república. Prácticamente no hay un solo estado de la república en el cual la delincuencia organizada imponga a presidentes municipales, imponga a diputados locales, imponga a diputados federales, imponga a gobernadores y, me atrevo decir, que también le inyecta recursos económicos para las candidaturas a la Presidencia de la República.
Entonces, compañeras y compañeros, debemos ser honestos y ser realistas, hay que hacer un esfuerzo extraordinario, todas y todos. Podemos decir efectivamente que algunos se salvan de esta situación, es cierto. No podemos decir que todos los que tienen algún cargo de representación están involucrados, tampoco es cierto, sí hay gente con honestidad, hay gente con ética en todos los partidos políticos, pero también hay gente que se presta a situaciones irregulares en todos los partidos políticos, y por eso debemos nosotros hacer un esfuerzo extraordinario, compañeras y compañeros, y no quedar solamente en tratar de remediar algo de manera indirecta, en un solo lugar, como es el caso de Iguala, y que efectivamente el alcalde posteriormente si se prueba tiene que ser procesado y quienes tengan responsabilidad ahí, pero hay que hacer un esfuerzo extraordinario y no hay que politizar el tema y no hay que decir que efectivamente quien va a presidir la Comisión no va a hacer un buen papel.
Yo espero que todos los integrantes de la Comisión cumplan ese papel, pero no sólo eso, sino que vayan más allá y quien debe de estar en el banquillo de los acusados efectivamente es el gobierno mexicano por esa omisión que tiene para reparar el estado crítico que vive este país. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Silvano Blanco Deaquino. Por la razón que hemos expuesto, pero además porque ha concluido la lista de oradores, consulte la Secretaría en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Como ha dado cuenta la Secretaría, aprobado. Comuníquese.
Para continuar con el orden del día, previamente con la venia de ustedes... Diputado Guillermo Anaya, ¿con qué objeto? Por favor sonido en su curul.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas (desde la curul): Gracias, presidente.
Una vez que fue aprobado este acuerdo y por la urgencia del tema, me permito citar desde este momento a la Comisión Especial para el día de mañana a las 10:00 horas, y por la tarde les comunicaremos oficialmente el lugar de esta Cámara en donde nos reuniremos, pero para que quede constancia y que los miembros de esta Comisión tomen nota para la reunión e instalación de esta Comisión el día de mañana a las 10:00 horas.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Anaya, a pesar de no ser el procedimiento ortodoxo para la convocatoria, pero por la naturaleza y la urgencia, la Secretaría de esta Mesa Directiva le auxiliará para el trámite correspondiente. Muchas gracias.
Nos damos oportunidad para saludar a un grupo de jóvenes empresarios que acompañan al señor diputado Luis Murguía, procedentes de los estados de Chihuahua y de Sonora. Bienvenidas, bienvenidos.
Aprovecho también la oportunidad para darle la bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad Anáhuac, plantel Cancún, del estado de Quintana Roo, que han sido invitados por el diputado Raymundo King de la Rosa. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por su visita.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de la Policía Federal.
Para fundamentar el dictamen, de conformidad con lo que dispone el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le otorgo el uso de la palabra al señor diputado José Alberto Rodríguez Calderón, hasta por cinco minutos. Adelante, señor diputado.
Le concedo el uso de la palabra a la diputada Sonia Rincón Chanona, hasta por cinco minutos, para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza sobre el dictamen que se ha comentado. Adelante, diputada.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Haga uso de la palabra, diputada.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Compañeras y compañeros diputados, la inseguridad generada por la criminalidad, la violencia en nuestro país constituye un grave problema, no sólo mantiene a las personas en la zozobra y el miedo a perder su patrimonio o la vida, sino que además pone en riesgo la vigencia de los derechos humanos.
El dictamen que hoy se pone a votación implica el compromiso fehaciente por parte de las instituciones de seguridad pública de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.
Nuestro país ha firmado 11 tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre los que se destacan la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969, entre otros.
Con base en los acuerdos internacionales y en las leyes mexicanas, las instituciones de seguridad pública deben proceder desde la perspectiva del respeto y la garantía de los derechos humanos, por un lado, las obligaciones de respeto y, por otro, las vinculadas a la adopción de medidas de prevención.
A pesar del progreso legislativo gradual en materia de derechos humanos, es necesario que la Policía Federal y demás instituciones encargadas de brindar la seguridad pública, actúen con estricto apego a la legalidad.
Con todo y los esfuerzos que han realizado las distintas corporaciones a fin de erradicar este problema, aún encontramos quiénes continúan actuando con violación sistemática a los derechos humanos.
Las principales denuncias que se realizan son por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, detención o retención arbitraria, entre otros. Tan sólo en 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 41 mil 662 quejas en torno a dicha problemática.
De entre la diversidad de personas que sufren este tipo de violaciones encontramos a los migrantes, quienes se ven obligados a dejar a sus países principalmente por falta de empleo, la mayor parte de las ocasiones no buscan permanecer en nuestro país, sin embargo, las circunstancias los fuerza a permanecer más tiempo en México y es precisamente en esta travesía que muchas veces los migrantes son víctimas de abusos verbales y físicos por parte de la Policía y demás encargados de migración.
Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza reconocemos los pendientes que aún persisten para garantizar de manera efectiva los derechos humanos.
Es nuestra obligación fortalecer y velar por el Estado de derecho y la legalidad de la actuación de las instituciones, por ello nuestro voto será a favor del presente dictamen, ya que esteremos dando un paso más en la consolidación de una cultura a favor de los derechos humanos, más aún, cuando se trata de las instituciones que tienen una doble obligación, proteger a la sociedad de aquellos quienes intentan romper el orden social y al mismo tiempo hacerlo garantizando los derechos humanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Rincón Chanona. Hasta por cinco minutos tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Loretta Ortiz Ahlf, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para apoyar el dictamen que nos presenta la Comisión de Seguridad Pública, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de la Policía Federal.
Como es de nuestro conocimiento, en junio del 2011 se modificó la Constitución General de la República para establecer de manera expresa el goce de todo ciudadano de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.
En dicha reforma, en el párrafo segundo del artículo 1 se establece el principio pro persona, que significa que ante la contradicción de cualquier disposición, puede ser una ley, una norma reglamentaria y la Constitución y un tratado internacional, debe prevalecer aquella que es más favorable para la persona.
Bastaría con la simple disposición constitucional y lo dispuesto en los instrumentos internacionales para que toda autoridad respetara la jerarquía normativa de la Constitución y de los tratados, con base al artículo 1 constitucional y al artículo 133 de la propia Constitución.
No obstante, coincidimos con el diputado iniciante, que es pertinente la adecuación de los cuerpos normativos secundarios, pero sin perder de vista que la Constitución para estos efectos es auto aplicativa por cuanto se trata de normas de derechos humanos.
A los integrantes del Partido del Trabajo nos preocupa el respeto de los derechos humanos de los gobernados. Y en el caso de existencia, además, de existencia de medidas efectivas que permitan su reparación, así como sanción a la autoridad, que excediéndose de sus atribuciones que la ley le otorga y las propias obligaciones que establece la norma constitucional vulnere estos derechos.
Es buena la intención de consagrar en las dos leyes que se tratan en este dictamen, de las autoridades, de proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Pero sería mucho mejor dar cursos de preparación y actualización a todos los integrantes de las corporaciones policiales, a efecto de que conozcan los códigos de conducta y demás protocolos que a nivel internacional existen para el actuar, tanto de los policías como de los fiscales a nivel internacional y que obligan al Estado mexicano.
La Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos son superiores jerárquicamente a cualquier ley u orden de autoridad.
Se deben evitar excesos como los ocurridos el 15 de septiembre, donde las policías encargadas de salvaguardar el orden catearon a menores de edad como si estos fueran delincuentes detenidos en flagrancia y a los cuales deberían revisar para cerciorarse de que no estaban armados.
También se deben evitar violaciones graves, en algunos casos crímenes de lesa humanidad, como los ocurridos el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya y el referido hace unos momentos, que es el caso de Iguala, y en general del estado de Guerrero.
En estas situaciones no solamente se están vulnerando derechos humanos, se están cometiendo, como ya se ha puntualizado, posibles crímenes de lesa humanidad y en donde el Estado mexicano no solamente una autoridad municipal, un gobernador, sino todo el Estado mexicano es responsable por la comisión de estos crímenes.
Como referencia se tienen las sentencias de campo algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que responsabilizó al Estado mexicano por la muerte de dos menores y una joven o igual el caso Radilla por la desaparición forzada donde se responsabilizó al Estado mexicano; no importando que hubiera sido en gobiernos anteriores, en el segundo caso y en el primero que hubiera sido en el estado de Chihuahua donde se cometieron los delitos.
Apoyamos las reformas que se proponen a las dos leyes materia del dictamen, pero establecemos la premisa de que los derechos humanos deben de ser respetados en todo momento y cuando proceda alguna limitación ésta se dé conforme a las disposiciones que nuestro propio ordenamiento legal establece; cualquier situación de facto, sin orden escrita fundada y motivada es una violación a los derechos humanos
Por esta consideración votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada, y reconociendo además el respeto al tiempo concedido. Ahora tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Francisco Coronato Rodríguez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Bajo la premisa de ese contrato social descrito por demás atingente por Juan Jacobo Rousseau, a todo Estado o nación y por ende a toda institución pública le corresponde tutelar y proteger los derechos humanos de los miembros de su sociedad, particularmente las que convergen en la materia de la seguridad pública; lo cual como consecuencia, el conocimiento prístino de los derechos humanos le es fundamental a efecto de cumplir tan loable encomienda y responsabilidad.
Lamentablemente en muchos casos no es así, priva el desconocimiento de estos derechos fundamentales y por ende se generan actos violatorios a ellos, que laceran a seres humanos inhibiendo u obstaculizando su desarrollo pleno e integral a que tienen derecho a través de las omisiones y actos que les transgreden, siendo obligado el día de hoy a destacar que la obligación del Estado de velar por el derecho primigenio a la vida es a todas luces fundamental.
Las omisiones y abusos a lo largo y ancho de nuestro país por las instituciones públicas que integran las de Seguridad Pública en los tres órdenes de gobierno son una constante. Sólo por citar dos ejemplos, como ya lo comentaron nuestras compañeras y compañeros diputados con antelación, el caso Tlatlaya del estado de México e iguala, el de Guerrero.
Ello se debe en gran medida a que se trata de prácticas que son difíciles de controlar y monitorear, así como a la falta de mecanismos internos de controles eficaces en las propias instituciones, pero también a la mala o nula capacitación que reciben los agentes policiales en sus corporaciones respectivas.
Prueba de lo anterior es que el año pasado el Estado mexicano recibió 180 recomendaciones de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, como parte del segundo examen periódico universal que presentó ante dicho consejo, situación a todas luces preocupante. Las recomendaciones hechas por la comunidad internacional versan sobre el desempeño de las fuerzas de seguridad en tareas de seguridad pública el aumento constante de los casos de tortura por agentes de seguridad, la violencia contra las mujeres, la presencia del Ejército en las calles y la persistencia de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, entre otras.
Todo esto da cuenta de la preocupación existente entre la comunidad internacional por la falta de reconocimiento y respeto de los derechos humanos, haciendo especial énfasis en aquéllos reconocidos por los tratados internacionales que forman parte de la legislación de nuestro país, ya que los Estados parte se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen, posición económica, nacimiento o cualquiera otra condición social.
Es por ello que concordamos y celebramos que se incorpore específicamente en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como en la Ley de la Policía Federal las definiciones de las funciones de las instituciones involucradas en materia de seguridad y, de manera particular de la Policía Federal, el conocimiento y la observancia de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, debiendo insistir que la responsabilidad en última instancia del desempeño de los agentes que convergen en la seguridad pública, es del propio Estado y sus instituciones, pues deben de ser ellos quienes capaciten a sus miembros para su correcto accionar frente a la ciudadanía y observando los derechos que aquí se han mencionado.
Por lo anterior quiero felicitar a nuestro compañero el diputado José Alberto Rodríguez Calderón por esta iniciativa, y decirles, compañeras y compañeros, que la fracción de Movimiento Ciudadano votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Coronato. Hasta por cinco minutos le concedo el uso de la palabra al diputado Felipe Arturo Camarena García, para fijar la postura a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, señor presidente. Los derechos humanos son el fundamento de la existencia y la coexistencia humana, estos son universales, indivisibles e interdependientes y están en el centro de todas las Naciones Unidas; aspiran a conseguir en su misión mundial de paz y desarrollo.
El mundo ha progresado significativamente en lo referente a mejorar el conocimiento de los derechos humanos en el ámbito mundial, instituir un marco jurídico y establecer instituciones y mecanismos para garantizar la protección de los derechos humanos.
Sin embargo todavía queda mucho por hacer. Tenemos que mejorar los resultados del siglo pasado y hacer que el respeto de los derechos humanos sea una realidad para cada hombre, mujer y niño.
En este sentido a partir de 1945 y después de dos guerras mundiales, los derechos humanos y por extensión la seguridad pública, se convierten en requisitos de legitimidad y justicia de las instituciones modernas, por lo tanto la relación seguridad pública-derechos humanos, es una relación de medio a fin, siendo el medio la seguridad pública y el fin, los derechos humanos.
Hoy más que nunca la seguridad pública se legitima con un derecho fundamental. Los organismos policiales que respeten los derechos humanos consiguen con ello promover los objetivos mismos de la aplicación de la ley y establecer al mismo tiempo una estructura no sustentada en el miedo y en el poder, sino en el honor, la profesionalidad y la legalidad.
El derecho a la seguridad pública está contemplado en nuestro párrafo noveno del artículo 21 de nuestra Carta Magna, es una función básica a cargo del Estado mexicano que comprende la prevención de los delitos, su investigación y la persecución de los delincuentes.
A este respecto señala que las instituciones de seguridad pública se rigen por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Pero nuestro sistema de seguridad pública, a raíz de reformas a nuestra Constitución impulsadas en los años 90 y hasta 2008, fue orientado sobre la base de un endurecimiento del marco jurídico, así como de la ampliación de las facultades de las policías y de los ministerios públicos, con la finalidad de obtener mejores resultados en la materia. Sin embargo, el resultado obtenido fue contrario a lo esperado, generando uno de los episodios de mayor impunidad y violencia en nuestro país.
En el México de hoy las instituciones de seguridad siguen utilizando una serie de prácticas que trastocan los derechos fundamentales de las personas. Entre éstas destacan el arraigo y los cateos ilegales; la desaparición forzada de personas; ejecuciones extrajudiciales; detenciones arbitrarias; tortura; tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Por todo lo anterior se propone un cambio de estrategia centrada en mejorar y ampliar la formación de los derechos humanos a todos los servidores públicos que intervienen en acciones de la seguridad pública, capacitar eficazmente al personal respecto de los protocolos y lineamientos de actuación en la materia e impulsar para ello una mayor coordinación de las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública y lograr una certificación en el conocimiento de los derechos humanos para prevenir las violaciones a los mismos.
Asimismo, se propone respetar e incorporar a nuestra legislación los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, seguridad pública y justicia, de los cuales nuestro país es parte y tienen carácter vinculante para los estados que los ratifican o se adhieren a ellos.
Entre ellos encontramos reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención, declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura u otros tratados o penas crueles, inhumanas y degradantes.
Asimismo, el código de conducta para servidores públicos encargado de velar el cumplimiento de la ley, principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas para los mismos, declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, entre otras.
Por lo anteriormente mencionado, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México apoyamos decididamente el presente proyecto de decreto, el cual establece que los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el empeño de sus funciones deberán respetar los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales.
Consideramos, por lo tanto, que el año 2014 debe ser el punto de partida para que las autoridades del Estado mexicano refuercen el tema de los derechos humanos en el país, partiendo de que su observancia debe ser el eje rector para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y de esta manera reconstruir el tejido social, impulsándose con ello a un nuevo ambiente de convivencia. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Camarena García. Hasta por cinco minutos tiene la palabra el diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Catalino Duarte Ortuño: Con el permiso del señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.
El diputado Catalino Duarte Ortuño: El dictamen que hoy nos ocupa es el resultado de armonización de nuestro marco jurídico con el texto del artículo 1o de nuestra Constitución Política.
En este sentido, la reforma que se establece es muy sencilla en cuanto a la forma, dado que lo único que introduce es la fórmula relativa a la vigencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales México forma parte.
Como parte de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Policía Federal; sin embargo, el fondo es verdaderamente importante. En nuestro Grupo Parlamentario siempre hemos sostenido que la seguridad pública es un derecho omnigarante de los demás derechos.
Esto es, si en una ciudad o en una comunidad no existen condiciones de seguridad pública, difícilmente sus integrantes podrán acceder al derecho a la educación, a un medio ambiente sano a la salud, a la justicia y, a tantos otros de los cuales habla nuestro texto constitucional.
En este caso específicamente las reformas a la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública obligan a todos los cuerpos policíacos, estatales, municipales, a todos los cuerpos ministeriales a respetar los derechos humanos contenidos en todos los tratados internacionales de los cuales México forma parte.
Adicionalmente las reformas que se introducen a la Ley de la Policía Federal obligan a todos sus integrantes a comportarse y llevar a cabo sus labores a partir de estos principios, lo cual incluye al propio destacamento de la Gendarmería Nacional.
Este es el texto legal que hoy se propone modificar y que nuestro grupo parlamentario votará a favor, no obstante el texto legal sigue muy alejado de la realidad histórica de nuestro país.
Las violaciones a los derechos humanos siguen siendo de manera permanente por parte de los elementos de las corporaciones policiacas, de los tres órdenes de gobierno. Ejemplos sobran, el tema de Tlatlaya, hoy el tema de Guerrero, pero –lo queremos decir muy claro– consideramos que se requiere una reforma en materia de seguridad pública más a fondo, en la cual el gobierno federal, los estados de la república, los municipios muestren voluntad política para que este país mejore en el tema de seguridad pública.
Quiero reproducir aquí para terminar en la mayoría de sus términos las precisiones que hacía el guerrerense Silvano Blanco Deaquino, se requiere un cambio en la estrategia de seguridad pública porque no sólo reformando leyes, no sólo modificando constituciones vamos a tener mayor seguridad. Se requieren muchas cosas, y principalmente que en algunos de los casos los actores políticos de verdad no tengan tentaciones, no formen parte, no se coludan con organizaciones que en muchos de los casos a nivel nacional se dedican a cometer ilícitos.
Insisto, voluntad política, interés para que este país mejore en el tema de seguridad pública. Se ha dicho aquí que el PRI, que el PAN, que el Partido Verde, todos los partidos han manifestado su rechazo al tema de la inseguridad, pero realmente lo que tenemos que hacer aquí es convocarnos para cambiar la estrategia de seguridad pública, hacer adecuaciones a nuestra Constitución para que podamos atacar de fondo la descomposición social, en la cual –como ya lo señalé– en muchos de los casos nos llegan a los políticos. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Duarte. Tiene la palabra ahora la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Con su anuencia, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputada.
La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Compañeras diputadas y compañeros diputados, Acción Nacional se pronunciará en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Policía Federal, propuesta por el diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del PRI, en la que se busca la armonización del marco legal como consecuencia de las reformas constitucionales de 2011 en materia de derechos humanos, y las de 2013 donde se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la cual se decreta la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública.
Con los cambios constitucionales en materia de derechos fundamentales en junio de 2011 hay una nueva pauta para la protección, garantía y respeto a los derechos de los mexicanos. El párrafo primero del artículo 1 constitucional una vez publicadas dichas reformas, a su letra dice.
Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Hacemos énfasis que de la interpretación de la lectura de dicho párrafo, que no sólo hace referencia a los instrumentos internacionales cuyo espíritu y materia sea la salvaguarda de los derechos humanos, sino que abre el panorama a todos los tratados en donde se pueda desprender un derecho fundamental.
Asimismo, los tratados no sólo adquieren un reconocimiento constitucional sino que los sitúan en la cima de la jerarquía normativa junto con nuestra Carta Magna.
Con la iniciativa de mérito consideramos que se busca que no exista ninguna confusión en cuanto a la aplicación de los tratados y así lograr una plena aplicación de los mismos. También se busca el cambio de denominación de la Secretaría de Seguridad Pública a Secretaría de Gobernación, en base a la reforma que se promulgó el 2 de enero de 2013, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública pasan sus atribuciones a la Secretaría de Gobernación, con la finalidad de que la misma asuma las políticas en materia de seguridad.
Acción Nacional coincide con el autor en el sentido de que se debe de actualizar el marco normativo para lograr así una debida armonización del mismo en materia de derechos humanos y de la operación del sistema policial y penitenciario federal, logrando así un mejor desempeño de las instituciones de seguridad pública correspondiente con una nación democrática.
Los integrantes de Acción Nacional reafirmamos nuestro compromiso por colaborar en cualquier esfuerzo para lograr el respeto y la salvaguarda de los derechos de las y los ciudadanos, y permanecemos dispuestos a contribuir con nuestro trabajo legislativo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Yáñez Robles. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada María Elena Cano Ayala, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada María Elena Cano Ayala: Con su permiso, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, diputada.
La diputada María Elena Cano Ayala: Diputadas y diputados, las leyes en tanto construcciones humanas no constituyen figuras perennes, sino construcciones dinámicas que deben actualizarse continuamente. Esto a fin de responder a los requerimientos sociales para las cuales fueron creadas.
En este sentido, uno de los deberes principalísimos a cargo de los legisladores consiste en estar atento al entorno político que le rodea, para así proponer soluciones legales a problemas concretos.
Atento a este imperativo, nuestro compañero legislador, el diputado Alberto Rodríguez Calderón, propuso una serie de adecuaciones que buscan armonizar diversas disposiciones aplicables en el ámbito de la seguridad pública y el respeto a los derechos fundamentales de los mexicanos.
Señalamos lo anterior, toda vez que como consecuencia de la reforma constitucional de 2011 se amplió sobremanera el margen de prerrogativas contenidas en nuestra Ley Fundamental, al incorporar a nuestro sistema jurídico los derechos consagrados en los tratados y convenciones suscritas y ratificadas por el Estado mexicano, lo que se traduce en la instauración de un sistema de control de convencionalidad que garantice el respeto a la dignidad de nuestra población.
Por otro lado y tras las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se dio una reconfiguración del aparato administrativo federal, que trajo como consecuencia la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y el consecuente fortalecimiento de la entidad encargada de la política interna; es decir, la Secretaría de Gobernación.
Una vez entradas en vigor tales reformas, lo consecuente es adecuar al nuevo marco normativo el resto de las normas relacionadas con estos temas, tal y como en su momento lo propuso nuestro amigo, el legislador del estado de México, Alberto Rodríguez Calderón.
Lo anterior, no es un ejercicio ocioso ni cosa que se le parezca, es una labor necesaria que da certeza y seguridad jurídica a los destinatarios de tales ordenamientos, pues con ello se evitan interpretaciones confusas, que sólo podrían entorpecer la aplicación de las normas cuya reforma hoy estamos prestos a aprobar.
Lejos de lo que es el espacio estrictamente burocrático, la actualización aquí propuesta será útil, en tanto que reflejará la voluntad del Constituyente en el sentido de ampliar la esfera de prorrogativas, por lo que la votación que estamos a punto de realizar será una consecuencia del avance de los derechos humanos en nuestro país.
Por estas razones y otras, es que las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, votaremos a favor del presente dictamen e invitamos a los miembros de otras fuerzas políticas a que otorguen su voto en el mismo sentido.
Pocas veces, como ahora, es tan afortunado traer a cuento la sentencia de Aristóteles en el sentido de que, es preciso preferir la soberanía de la ley a la de uno de los ciudadanos. Por su atención, muchas gracias, diputado presidente, hasta aquí mi intervención.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Cano Ayala.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Con apoyo en el dispositivo 104, fracción V, numeral 1, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, informo a ustedes que para la discusión en lo general se han registrado los señores diputados Fernando Belaunzarán Méndez del Grupo Parlamentario del PRD, y el diputado Ricardo Mejía Berdeja de Movimiento Ciudadano, para hacerlo en pro del dictamen. Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos el primero de los nombrados.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: No podía ser más oportuno un dictamen que hable del respeto a los derechos humanos y las policías públicas. Se pensaba, hasta hace poco tiempo, que México se estaba proyectando al extranjero y la imagen de México eran sus reformas, la verdad es que hoy la imagen de México son sus tragedias.
Dos nombres, Tlatlaya e Iguala están recorriendo el mundo y ya son parte de la historia universal de la infamia, para vergüenza de todos. La verdad es que es un problema grave que implica que lo veamos como lo que es, como un problema de Estado.
La inseguridad que hay o la violencia que hay en algunos casos ya no sólo es en el ámbito únicamente criminal, están incidiendo cada vez más en el ámbito también político, incluso cabe la pregunta, ¿no será la violencia ahora desatada en varios casos, casos muy reprobables, no se estará usando la violencia como un arma política de grupos criminales?
Y esta violencia desatada en algunos casos, pienso en lo terrible que aconteció con nuestro compañero diputado, o lo que acaba de pasar en Iguala contra luchadores sociales, en donde uno no encuentra la racionalidad.
Y uno dice, ¿y por qué la saña? ¿Y por qué de esta manera? ¿Y por qué contra simples estudiantes? Y uno no encuentra la racionalidad cuál es.
A lo mejor estos grupos criminales están usando la violencia como un arma de presión política, de desestabilización. Y eso, obviamente sería muy, muy preocupante.
Y en este sentido, ¿cómo puede el Estado mexicano responder a eso con efectividad? Uno fundamental, por supuesto, es defender los derechos humanos hoy conculcados tan claramente en estos casos, como en Tlatlaya o como en Iguala, defender los derechos humanos, porque si perdemos eso, si en la batalla perdemos eso de vista, me parece que estaremos perdiendo lo fundamental.
Pero lo que sí es, vienen momentos electorales. En estos momentos electorales se tiende a ver, a pensar en el rédito electoral, en el rédito en las urnas. Pero quizás si uno cae en esa tentación el país se nos caiga de las manos por la complejidad y la dificultad de la situación.
Debemos pensar o tener mirada como estadistas y enfrentarlo profundamente. Viene un proceso electoral complicado y tenemos que actuar con absoluta responsabilidad.
Por supuesto, el primer responsable es quien está al frente del Estado mexicano como titular del Ejecutivo. Pero me parece que todos tenemos que contribuir a detener esta infiltración del crimen organizado por muchos lados. En fin, tenemos que tener visión de Estado para cuidar a este país de estas graves amenazas.
Y sinceramente, lo que sucedió, lo que conocimos primero en Tlatlaya y ahora lo que pasó en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa es simplemente inefable, inaceptable, inaudito. No podemos hacer como que nada pasó. Qué bueno que se haya conformado ya una comisión pero veamos el bosque y no solo una parte de éste, que podamos actuar en general con este problema que no es solamente de algunos lugares.
Termino simplemente diciendo, hace poco vi la propaganda de una universidad en Reynosa, Tamaulipas, diciendo en esta Universidad que suspendía clases por las extorsiones que había en Reynosa. Una Universidad suspendiendo clases. Hay muchas muestras en nuestro país de estas cosas que están pasando y lo tenemos que abordar como una cuestión de Estado.
Y simplemente –y termino con esto, presidente– apuntemos esto: quizás ahora los grupos criminales estén usando la violencia como una arma política para incidir políticamente y eso esté en esta absurda racionalidad de estas masacres y estas tragedias que tanto nos duelen y tanto nos deben avergonzar y nos deben no solo preocupar, sino que nos tienen que ocupar para atajarlo.
¿Cuál es el remedio para la violencia? El remedio es la democracia, y no hay democracia sin respeto a los derechos humanos. Por eso votaré a favor de este dictamen. Gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Belaunzarán. Hasta por tres minutos tiene la palabra finalmente, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para hablar en pro.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Celebramos esta reforma que introduce el tema de los derechos humanos en los cuerpos policíacos. Pero queremos llamar también la atención de una situación en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; esta ley desde que se expidió el 2 de enero de 2009, establecía un plazo de cuatro años para que todas las policías del país, federales, estatales y municipales fueran certificados en los centros de evaluación y control de confianza.
Estos controles incluyen exámenes de evaluación médica, exámenes toxicológicos, de polígrafo, de desempeño, actitudes físicas, psicológicas, entorno social y situación patrimonial; en caso de que un elemento apruebe cada una de las pruebas se le entrega la certificación, sin embargo la certificación policial sigue siendo incompleta en el país.
Ya esta Cámara en dos ocasiones ha modificado un artículo transitorio para extender el plazo de las certificaciones. Primero el 18 de noviembre de 2012 se concedió 10 meses para cumplir con la meta del cien por ciento del cumplimiento de la certificación; este plazo se debió cumplir el 28 de octubre de 2013, sin embargo como no se cumplió se volvió a modificar la ley, el artículo transitorio que establece esta situación.
Quiero decirle a esta asamblea que este plazo fatal nuevamente vence este 29 de octubre. Es decir, en escasos días nuevamente habrá vencido el plazo que establece la obligación de la certificación policial. Lo traigo a colación a propósito de este dictamen para que vean lo grave del tema.
En Iguala la Policía Municipal, 22 elementos que han sido acusados de estos hechos reprobables, de esa masacre, estos elementos de la Policía Municipal, junto con la corporación, no quisieron sumarse al Mando Único Policial y no quisieron certificarse. Hoy vean las consecuencias.
Sin embargo aquellos municipios que han hecho la certificación, hoy varios de ellos enfrentan problemas. Han adoptado el Mando Único y han certificado, pero se requiere el apoyo de la federación para la transición y el reclutamiento de nuevos elementos policiacos en estos municipios, si no, estos elementos que están en el virtual desempleo en virtud de no pasar las pruebas, se convierten en una amenaza a la seguridad.
Ahí llamamos la atención del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que la Gendarmería Nacional apoye este proceso de transición no solamente en lugares críticos como Iguala, sino en lugares que están cumpliendo, porque el reclutamiento, la liquidación de los elementos y demás –concluyo, presidente-, implica todo un reto y la gendarmería ha utilizado sólo en este año cuatro mil 500 millones de pesos.
Queremos que se tome nota de que este día 29 de octubre vence nuevamente el plazo de la certificación policial. Esta Legislatura ya lo ha movido en dos ocasiones y no se logra todavía cumplir la meta. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Mejía.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En virtud de que, conforme el artículo 109 del Reglamento de esta Cámara que estamos invocando no se ha reservado artículo alguno para la discusión en lo particular, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para tomar la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, señor secretario.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto...
(Votación)
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 394 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular por 394 votos el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de la Ley de la Policía Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Diputado Julio César Moreno ¿con qué objeto?
El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): Sólo para aclarar que mi voto fue a favor y no en abstención, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tome nota la Secretaría. Aprobado por unanimidad el dictamen comentado. Gracias, diputado.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 y adiciona un octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria. Para fundamentar el dictamen en nombre de la comisión tiene la palabra el señor diputado Guillermo Sánchez Torres; hasta por cinco minutos, señor diputado.
El diputado Guillermo Sánchez Torres: Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados; con la venia de la presidencia. El día de hoy vengo a esta la más alta tribuna de la nación, a nombre de la Comisión de Reforma Agraria para fundamentar el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 y adiciona un octavo párrafo al artículo 108, ambos de la Ley Agraria.
Dicha iniciativa que el día de hoy celebro, fue presentada por la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y turnada a la Comisión de la Reforma Agraria, de esta Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.
Quiero hacer mención que dicha iniciativa durante su estudio y análisis, fue sujeta a diversos cambios que fueron considerados oportunos por parte de la Comisión de Reforma Agraria.
Lo anterior con el objeto de proyectar mayor claridad y certidumbre jurídica a tan importante figura denominada Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, pero siempre respetando en todo momento el espíritu inicial de la legisladora proponente.
En México viven más de 12.4 millones de mujeres que residen en áreas rurales y que viven en condiciones de gran desventaja socioeconómica. En el país residen 25 millones de habitantes en localidades rurales, la mitad son mujeres, según cifras publicadas por el Inegi.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen 22.3 millones de hogares, 5.2 millones se ubican en localidades rurales y representan el 23.3 por ciento de total de unidades domésticas.
Al segundo trimestre de 2004, 2.7 millones de las mujeres del medio rural participaron en la producción de bienes y servicios para el mercado y representan 17.3 por ciento de la población económicamente activa femenina del país.
Adicionalmente, de las mujeres rurales de cinco años y más, 1.9 millones hablan alguna lengua indígena, es decir, 17.6 por ciento.
En la actualidad la mujer en el medio rural no sólo desarrolla un papel fundamental en la vida diaria de la familia, sino que también es proveedora de ingresos para su manutención y se ha convertido en factor de trabajo productivo para el propio núcleo de la población.
Si bien es cierto que la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer es una figura que ya está contemplada en el numeral 63 de la Ley Agraria, ello no significa que la misma se encuentre actualmente bien definida en cuanto a su objeto y formas de organización, situación que resulta ser parte fundamental de las consideraciones que soporta la iniciativa.
Es por ello que con el presente dictamen se pretende facilitar que las mujeres integrantes de cualquier núcleo de población ejidal puedan asociarse de manera libre y organizarse para constituir una unidad productiva denominada Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, por sus siglas UAIM, la cual permitirá fomentar su desarrollo productivo bajo el esquema de las sociedades rurales al establecerse con precisión y claridad su objetivo, mismo que se vincula directamente con la realización y coordinación de actividades productivas, de asistencia mutua, aprovechamiento de recursos, comercialización o cualquier otra actividad que promueva el desarrollo económico y social de las mujeres dentro del núcleo agrario, sin importar su calidad dentro del ejido.
Se abrirán las posibilidades para que cualquier mujer, con el solo hecho de pertenecer a un determinado núcleo agrario, esté en condición de poderse asociar para estos fines, sin importar si es ejidataria, comunera, posesionista o avecindada, buscando con ello mejorar beneficios y mejor desarrollo para las mujeres en el campo.
Bajo esta tesitura, compañeros diputados, el presente dictamen permitirá generar mejores expectativas para las mujeres campesinas, y a quienes a través de esta tribuna hago un reconocimiento público a tan grande esfuerzo que realizan en la actualidad, no sólo en las acciones relacionados con el campo, sino también en las demás actividades en las que tan eficazmente se desempeñan, resaltando que hoy en día la mujer ya no representa ser más dentro del ejido, sino un factor de impulso económico ya reconocido en nuestro país, y que si bien es cierto con el presente dictamen no se resuelven todas las carencias que se tienen en el sector agrario, es un pequeño paso para seguir impulsando mejores condiciones para las mujeres que se desarrollen en el campo. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Sánchez Torres.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ahora para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún. Adelante, diputado.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, como diputados federales tenemos el compromiso de combatir la discriminación e impulsar la inclusión de todos los sectores de la población. Las mujeres rurales son madres de familia, campesinas, agricultoras y pequeñas empresarias que contribuyen al bienestar de sus comunidades y al desarrollo de la economía rural.
Se debe considerar primordial su participación en la producción de alimentos, que es el rol esencial para la seguridad alimentaria de nuestro país. Aunado a que su labor en muchas ocasiones pasa desapercibida, las mujeres rurales son un sector muy vulnerable, puesto que están expuestas a múltiples carencias alimentarias, educativas y de salud.
Si bien, la pobreza que prevalece en las zonas rurales es una barrera importante para el desarrollo pleno de todas las personas, la carga resulta mayor para las niñas y mujeres que están expuestas a la desnutrición y discriminación.
A este respecto, el Estado mexicano tiene mucho por hacer en materia de equidad de género y de no discriminación por motivos como la condición social, ocupación, origen étnico o cualquier otro motivo.
Tenemos que reconocer que una mujer indígena dedicada al trabajo del campo, sin una formación escolar tiene más elementos para ser discriminada que cualquier otra en el país.
Por ello, estamos de acuerdo en las modificaciones que propone el presente dictamen, cuyo objetivo central es crear unidades productivas agrícolas de mujeres y con ello impulsar su economía y su inclusión a la vida laboral.
De igual forma, consideramos correctas las modificaciones que la comisión realizó a la iniciativa original, puesto que de esta forma se cuida el principio normativo de que la ley debe ser aplicada por igual entre hombres y mujeres.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza seguiremos apoyando las propuestas para el campo mexicano que persigan la creación de cadenas productivas y la reactivación de los pequeños grupos agrarios con la visión social e incluyente.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen, no sin antes exhortarlos a abordar de manera responsable y profunda los problemas que aquejan al campo mexicano y a la mujer rural, y vigilar la correcta implementación de los programas que deben promover la creación de empresas agropecuarias y el mejoramiento de las condiciones de vida en el sector rural. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo, para fijar la postura que corresponde a su bancada.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el pleno de esta soberanía ha recibido de la Comisión de Reforma Agraria un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 y adiciona un párrafo octavo al artículo 108 de la Ley Agraria, consistente en precisar y aclarar el objeto de las unidades agrícolas industriales de las mujeres.
En efecto, la propuesta original de nuestra compañera legisladora estaba referida a adicionar un artículo 113 Bis al ordenamiento referido en el proemio de este documento. Sin embargo, la comisión legislativa correspondiente derivado del estudio realizado ha propuesto modificar la iniciativa antes referida para focalizarla en la reforma del artículo 71 y adicionar un párrafo octavo al artículo 108 de la ley en comento.
El meollo de la propuesta original, que en esencia no se modifica por la comisión legislativa aludida, es el establecer el marco que faculte a las mujeres que tengan el carácter de ejidatarias, comuneras, avecindadas, posesionarias y pobladoras dentro de los núcleos ejidales a asociarse para organizar y construir unidades agrícolas industriales de la mujer.
De ese contenido deriva el estudio efectuado acuciosamente por la multicitada comisión, obteniendo en opinión del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo un resultado positivo para el fin propuesto por la diputada promovente.
La proposición de la Comisión logra presentar economía procesal legislativa para llegar al fin de la legisladora, de tal manera que se obtenga el mismo resultado sin necesidad de modificar o adicionar un artículo a la ley referida.
Tanto en la modificación del artículo 71 como en la adición de un octavo párrafo al artículo 108, se obtiene hacer la aclaración y precisión de que hablamos de unidades agrícolas industriales de la mujer que para los efectos de sustanciar la protección al género femenino se logra al fin propuesto en su origen.
En sustancia esta iniciativa reconoce el papel fundamental que juega la mujer sobre todo en las comunidades rurales, dando así un reconocimiento a las mujeres campesinas porque ayudan y protegen la economía familiar, y por esta razón también se lucha contra la discriminación, porque las mujeres en las comunidades rurales son verdaderamente protagonistas y ayudan a fortalecer la economía de los hogares.
En mérito de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del dictamen que nos ha presentado la Comisión de Reforma Agraria. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado Héctor Hugo. Tiene ahora la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente. Las mujeres en nuestro país han participado con su trabajo cotidiano en el ámbito doméstico, agropecuario y artesanal, sin embargo, no se ha dado el reconocimiento y el mérito como una actividad nacional. Por lo general el trabajo femenino y actividades agrícolas se han subestimado tanto en su magnitud como en las formas diversas en que se manifiesta.
Existe falta de atención. De hecho, en la literatura de los Ochenta es denominado trabajo invisible o la invisibilidad de las mujeres.
La presente discusión es con base a una iniciativa presentada el 7 de noviembre de 2013, donde se propone facultar a que las mujeres tengan el carácter de ejidatarias, comuneras, avecindadas, posesionarias y pobladoras dentro de los núcleos ejidales a asociarse para organizar y construir las unidades agrícolas industriales de la mujer.
Lo anterior, con el fin de que pueda realizarse de manera libre y de esa manera fomentar el desarrollo productivo en el esquema de las sociedades rurales.
Estamos de acuerdo en lo expuesto, ya que se tiene una legislación insuficiente en el tema y se necesita mejorar el desarrollo de derechos patrimoniales y de carácter productivo que debe tener la tierra destinada a la unidad agrícola industrial de la mujer, así como extender las posibilidades de producción y comercialización de los productos de las mujeres.
No debemos permitir la discriminación a la mujer rural, ya que es el motor de desarrollo del campo y lamentablemente su trabajo no es reconocido, no se ve y mucho menos se registra.
En México 13 millones de mujeres viven en comunidades rurales. De ellas sólo a 610 mil se les reconoce como propietarias de la tierra. Hablando en unidades de producción el 30 por ciento se encuentra a cargo de una mujer. Sin embargo, sólo el 2 por ciento se registra a su nombre.
De acuerdo a datos de la Confederación Nacional Campesina, más de un millón 200 mil madres de familia de origen campesino se han convertido en cabeza de familias a causa de la migración de sus esposos por falta de oportunidades.
En este tema bien cabe hacer mención sobre el sufrimiento de todas las mujeres, ya sean las victimadas o madres de todas estas víctimas, desde que los malos gobiernos se han dejado penetrar por el crimen organizado.
Desde mi primera intervención en esta tribuna denuncié la corrupción como máximo de estos gobiernos de PRIAN, tratados, acuerdos, pactos y reformas están por demás, si la corrupción es la médula de este sistema de gobierno.
Hoy pregunto a todos los que estamos aquí presentes, porque no podemos darle la vuelta a la página y decir que ya estamos en otro tema, les pregunto, ¿qué pasaría, o qué pensaríamos si esa imagen del joven desollado en Iguala fuera uno de nuestros hijos, se han puesto siquiera a pensar? Hagamos conciencia.
Las mujeres que hoy nos encontramos en este recinto no importa nuestra militancia partidista, lo que nos debe de importar es salvar a México de estos corruptos que están gobernando en todos los ámbitos y en todos los sectores.
De qué nos sirve subir y subir a esta tribuna, si los que están encabezando el Poder Ejecutivo están coludidos con asesinos sin escrúpulos. Cómo es posible que el Cisen tenía conocimiento del contubernio de las autoridades y el crimen organizado en este estado de Guerrero y este Centro de Investigación no lo denunció, para que se previera un hecho tan lamentable y tan atroz como el que hoy pone nuevamente de luto a la nación y a nuestra legislatura.
Quiero decirles que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, una madre mexicana que vive en zona rural trabaja 53 por ciento más que los hombres y 4 horas más que las mujeres que viven en zonas urbanas. Tristemente los salarios de las mujeres que viven en estas zonas son mínimos e insuficientes y la mayoría carece de sistemas de seguridad social.
Faltan más acciones para que las mujeres tengan oportunidades de crecimiento en el país, seguridad social, seguridad pública, para que puedan trabajar en paz y ser más productivas. Sin embargo, no se ve mucho de este tema en este país.
Estamos a favor del dictamen a discusión, como siempre lo hemos estado la fracción de Movimiento Ciudadano. Todo lo que sea en bien del país, lo que sea en bien de las mujeres o beneficios para todos nuestros conciudadanos, siempre lo vamos a votar a favor.
Sin embargo, debemos plantear esta nueva concepción de convivencia social y productiva para la mujer campesina, programas de extensión y tecnologías agrícolas, así como financiamientos para reconocer y resguardar los derechos de la mujer en todos los sentidos y en todos los ámbitos.
No dejemos el tema en una simple modificación de un artículo, las mexicanas merecen y necesitan ver el cambio de esta práctica en el día a día. Es cuanto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada.
Esta Presidencia saluda con mucho gusto la presencia, en este salón de plenos, de la señora Bárbara Randolph, presidenta de la Fundación México en Harvard, quien viene acompañada de un grupo de directores de admisión de la escuela de política de negocios, de diseño y de salud pública de esa prestigiada universidad, el señor Matt Clemons, Charles Allison, Felisa Nobles, John Aslanion. Todos ellos invitados e invitadas por la diputada Lilia Aguilar Gil y acompañadas y acompañados de un grupo de distinguidas diputadas y diputados de esta Legislatura.
Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este recinto parlamentario. Muchas gracias por su presencia.
Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Yazmín Copete Zapot, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática saludamos la presente iniciativa de nuestra compañera legisladora María Fernanda, porque en su propuesta cubre una necesidad que es la de resaltar la importancia de la mujer en el medio rural, toda vez que nuestro campo se ha ido feminizando, los hombres buscan mejores condiciones de vida, han ido emigrando y los que quedan allá, en el campo, muchos ya no lo trabajan, entre otros factores sociales que denotan la importancia de ellas en el campo, de nuestras compañeras mujeres.
Por esto, la mujer ha tomado cada vez mayor auge en el medio, a través de su trabajo, haciéndose cargo de la manutención de su familia y haciendo posible la sobrevivencia del núcleo de la población rural.
Este proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 71 y se adiciona el párrafo octavo al artículo 108 de la Ley Agraria, sin duda alguna hace alusión en el sentido de fortalecer la figura de la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, misma que consideramos procedente en razón de que la misma tiene por objeto mejorar las condiciones del campo allá en donde están nuestras mujeres.
Este proyecto de decreto que pretende que en cualquier núcleo agrario, sin importar su calidad dentro del ejido, puedan asociarse y organizarse libremente en unidades productivas con la finalidad de que a través de estas formas de organización puedan mejorar el desarrollo productivo de sus comunidades a través de las diferentes actividades que actualmente desarrolla la mujer en el campo.
En nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, siempre hemos estado a favor de aquellas reformas que tengan por objeto mejorar las condiciones del sector rural y sobre todo hoy aquellas que favorecen y benefician a las mujeres.
La Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, sin duda alguna reviste una gran importancia porque además hoy están consideradas las mujeres a partir de los 16 años, cosa que es sin duda alguna significativa, dado que en muchas ocasiones solamente se nos considera a partir de la mayoría de edad, de los 18 años.
En esta ley se considera a la mujer con todas las posibilidades de participar en estas unidades agrícolas industriales de la mujer a partir de los 16 años, quienes en la actualidad juegan un papel muy significativo en el sector agroproductivo.
Por ello nuestro grupo parlamentario apoyará el presente dictamen que está siendo puesto a consideración de este pleno. Algo que es importante también es que se puedan destinar los recursos necesarios, que se privilegie en las dependencias, que son las responsables de destinar los recursos a los proyectos productivos, a todo lo que tiene que ver con la producción rural en el campo, se privilegie el presupuesto para la mujer.
Sin duda alguna que los recursos que son manejados por las mujeres, son los recursos mejores invertidos y de ello las que estamos aquí, las compañeras diputadas que estamos aquí no nos dejarán mentir, y por supuesto aquellos compañeros diputados que también les consta que allá en las comunidades, en los municipios, en los ejidos donde la mujer está al frente de la administración hay mejores resultados.
Aprovecho este espacio para manifestar nuestro rechazo a todas estas acciones de barbarie que hoy en el estado de Guerrero enluta a los mexicanos y a las mexicanas.
Lamentablemente estos estudiantes, donde son precisamente de familias de escasos recursos, de madres que no tienen la posibilidad de pagarles una universidad en sus lugares de origen tienen que emigrar, tienen que ir a buscar esa oportunidad de preparación en lugares lejanos a donde han nacido.
Por ello comparto lo vertido aquí con el diputado Uriel Flores Aguayo, de Veracruz, cuando dice precisamente que son los normalistas hoy quienes están siendo de alguna manera golpeados por la conciencia que en un momento dado prevalece en ellos.
Desde aquí demandamos esclarecimiento y por supuesto que los gobiernos federal, estatal y municipal, saben quiénes son los delincuentes, saben dónde se encuentran sus guaridas, pero que muchas veces no actúan por beneficio político y eso se tiene que decir fuerte y claro.
Es oportuno mandar un mensaje al pueblo de México para que en las futuras campañas políticas que haya se fijen quiénes son aquéllos que compran votos, que reparten dádivas y cuáles son los orígenes de esos recursos, y entonces la sociedad en su conjunto tenemos que hacer un acto de contrición para efectos de ver hasta qué grado también la población es responsable de poner en los cargos a gente corrupta, a gente como la que hoy es vergüenza para las y los mexicanos. Gracias por la oportunidad y el tiempo, diputado presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada; muchas gracias a usted.
Le damos la bienvenida a un grupo de mujeres de la Fundación Dar, presentes aquí en el pleno, invitadas por la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo. Suerte y bienvenidas. Muchas gracias por su presencia.
Me ha pedido la palabra la diputada María Fernanda, proponente de esta iniciativa, para hablar sobre el tema, por dos minutos.
La diputada María Fernanda Schroeder Verdugo: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. En México viven más de 12 millones de mujeres que residen en áreas rurales y que viven en condiciones de desventaja socioeconómica.
En el país viven 25 millones de habitantes en localidades rurales; la mitad son mujeres. De acuerdo con el INEGI, en México existen 22 millones de hogares; 5 millones se ubican en localidades rurales y representan el 23 por ciento del total de unidades domésticas.
En los últimos años la participación de la mujer rural en la producción de bienes y servicios, ha sido significativa.
No obstante lo anterior, programas presupuestales como el de la Mujer en el Sector Rural, que busca la generación de ingresos mediante proyectos productivos, no han tenido el suficiente respaldo presupuestario para hacer frente al proceso de marginación del campo mexicano.
Compañeras y compañeros diputados, la problemática que expongo debe ser atendida desde un esquema relacionado con las formas asociativas para la producción en el cual las mujeres pueden asociarse entre sí a través de su trabajo y constituir sociedades productivas que fomenten y promuevan su desarrollo.
Por ello el presente dictamen propone reformar el párrafo segundo del artículo 71, y adicionar un octavo párrafo al artículo 108, ambos de la Ley Agraria, con el objeto de establecer los mecanismos jurídicos necesarios para promover la asociación de mujeres a través de la Unidad Agrícola Industrial y que ésta sea reconocida como una sociedad rural.
El dictamen busca fortalecer los derechos de la mujer rural, proteger el patrimonio sobre su tierra y promover su desarrollo a través del trabajo productivo, reconociendo su papel, su trabajo y su fortaleza dentro del medio rural.
Finalmente debo reconocer el trabajo realizado al interior de la Comisión de Reforma Agraria respecto de la iniciativa suscrita por su servidora.
El esfuerzo conjunto de los diputados de los distintos grupos parlamentarios, merece mi respeto y mi reconocimiento.
Por lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente y muchísimas gracias y buenas tardes a todos.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: No habiendo más oradores registrados, esta presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión el siguiente artículo: artículo 71 del dictamen a discusión.
Se pide en consecuencia a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La diputada Laura Barrera Fortoul: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde su curul): A favor.
El diputado Marco Antonio González Valdez (desde su curul): A favor.
La diputada Laura Barrera Fortoul: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 382 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 382 votos.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Con apoyo en el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar su propuesta de modificación al artículo 71.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano Presidente, ciudadanos legisladores: el país se encuentra en un grave riesgo. La Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, debería estar involucrado, atento a buscar soluciones más de fondo. El país se está cayendo a pedazos, el problema de la inseguridad es impresionante, la impunidad, el desempleo son temas muy delicados.
En esta propuesta no cambia nada; realmente –conozco la Ley Agraria desde hace muchos años, litigué mucho en esta materia–; la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer existe desde hace mucho tiempo; incluso en el artículo 63 refiere con toda claridad lo que implica la Unidad Agrícola Integral e Industrial de la Mujer.
En el campo los ejidatarios, los núcleos de población comúnmente les llaman guayín y es una organización de mujeres que tiene mucho tiempo de existir. Incluso la ley va más allá porque establece la facultad y la obligación de registrarlas ante fedatario público, ante el registro agrario nacional y esta figura jurídica realmente ya se contempla.
Aquí lo que se hace es una nueva definición o una nueva redacción, pero incluso escuchaba a alguien decir que a partir de ahora las UAIM podrán ser integradas por mujeres menores de 18 años y que es una gran ventaja y es un gran avance.
No, no es cierto; no es cierto. Ya actualmente es para mujeres de 16 años. El artículo 71 señala con mucha claridad, actualmente la ley lo señala: la asamblea podrá reservarse igualmente una superficie en la extensión que determine, localizada de preferencia en las mejores tierras colindantes con la zona de urbanización, que serán destinados al establecimiento de una granja agropecuaria de industria rurales, aprovechadas por las mujeres mayores de 16 años del núcleo de población.
No hay nada nuevo en esta redacción, incluso en la propuesta del artículo 108 –les repito- conozco la Ley Agraria, por eso me atrevo a comentarlo sin desdoro del esfuerzo de la proponente, no es ése el tema. Pero al artículo 108 le agregan un párrafo que a mí me parece fuera de lugar; en el contexto en el que lo sitúan agregan un párrafo, actualmente el artículo 108 tiene seis fracciones, seis párrafos, agregan un séptimo o un octavo que señala que las mujeres pertenecientes a un núcleo agrario sin importar el carácter que tengan dentro del mismo, podrán organizarse en las UAIM y estas a su vez en uniones.
La verdad es que este artículo 108 habla sobre la posibilidad y la facultad de los núcleos agrarios denominados ejidos para constituirse en uniones de ejidos y toda la redacción de este artículo se refiere fundamentalmente a uniones de ejidos o a otras organizaciones como cooperativas de otro tipo de organizaciones económicas.
Es para mí no afortunado, está bien como para pasar el tiempo, para llenar la agenda, aprobarlo, pero no tiene grandes cosas, grandes avances, no tiene nada del cual pudiéramos presumir. Lo digo y lo analizo desde el punto de vista jurídico-constitucional.
Y por último les digo, no sólo eso. En 1998, hace ya muchos años, se emitió el reglamento. Es un reglamento de la Ley Agraria relativo a fomentar las organizaciones de desarrollo de la mujer campesina que se publicó, en efecto, en 1998.
Ya en este reglamento establece la naturaleza jurídica y los alcances de las UAIM, de las Unidades Agrícolas Industriales para la Mujer. Luego entonces para mí es lo que en materia jurídica le llamamos tautología, ya está en la ley, se agregan cosas, está bien, pero deberíamos estar ocupados en otros asuntos de mayor relevancia, porque el país –repito– se está cayendo a pedazos, el desempleo, la inseguridad pública, la corrupción, deberíamos estar legislando en esa materia porque es urgente lo que está pasando en el país.
Por la atención de todos, muchas gracias. Por esa razón con respecto a la proponente en lo personal me voy a abstener, aun cuando la diputada Martha había comentado votar en favor los dejaré en libertad, es un prurito jurídico simple y sencillamente. No es un prurito, es una posición jurídica respecto de la Ley Agraria y de lo que se pretende modificar.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación del artículo 71 reservado en los términos del dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del artículo 71 reservado en los términos del dictamen.
(Votación)
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Cierre el sistema electrónico de votación.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Marco Antonio González Valdez (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se emitieron 347 votos a favor, 4 abstenciones y 17 en contra.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 71 y adiciona un octavo párrafo al artículo 108, de la Ley Agraria.
En tanto continuamos con el orden del día, el diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro invito a alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México y que son de esta Ciudad de México, y les damos la bienvenida a este recinto. Gracias por su visita.
Hecha la declaratoria de aprobación en lo general y en lo particular, pasa al Senado el proyecto de decreto para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría dando cuenta con iniciativas de diputados y de diputadas de esta legislatura.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibió de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen. Adelante.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibió del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 89, 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibió de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 61, 117 Bis y 120 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibió del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del PRI.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Salud, de igual manera para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibió de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para el dictamen correspondiente.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibió del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para el dictamen correspondiente.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Silvano Aureoles Conejo y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del PRD.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para la emisión del dictamen correspondiente.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, suscrita por las diputadas Margarita Elena Tapia Fonllem, Aleida Alavez Ruiz y María del Rocío García Olmedo, de los Grupos Parlamentarios del PRD y PRI respectivamente y por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para la emisión del dictamen correspondiente. Adelante.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Silvano Aureoles Conejo y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del PRD.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría con una comunicación de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política en relación a cambios de juntas directivas e integrantes de comisiones ordinarias, especiales y de grupos de amistad, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobados. Comuníquense.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de esta Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan y se publicarán los turnos relativos en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado (15:18 horas): En atención a que se han agotado los asuntos de cartera se levanta la sesión y se cita a la sesión solemne en la que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión otorga la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, que tendrá lugar el jueves inmediato próximo, 9 de octubre del año en curso, a las 10 horas y al término de la misma a la sesión ordinaria. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas de la mañana.
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