Acta de la sesión preparatoria
Acta de la sesión extraordinaria del 28 de julio
Comunicaciones oficiales
Solicitud de licencia del diputado Omar Antonio Borboa Becerra y la diputada Ana Isabel Allende Cano
Protesta como diputado del ciudadano Carlos Bernardo Guzmán Cervantes
De la Cámara de Senadores, con iniciativas
De la Conferencia, con propuesta de calendario de sesiones
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política
Relativo al análisis del II Informe de Gobierno
Sobre a la comparecencia del secretario de Hacienda
Por el que se designa al presidente del Comité de Administración
Relativo a cambios en comisiones
Dictámenes de las distintas comisiones
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Proposiciones con punto de acuerdo de urgente resolución
Turno a comisión de iniciativa
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Con gusto, señor presidente. Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 270 diputados y diputadas. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (11:13 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión preparatoria. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión preparatoria, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: ¿Con qué objeto, diputado Ricardo Mejía? Sonido en la curul del diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, para llamar la atención que en el orden del día, como es común, se deben inscribir las iniciativas y puntos de acuerdo de los diferentes grupos parlamentarios y legisladoras y legisladores, no obstante que no sean de urgente resolución, o incluso las iniciativas.
Ayer se inscribieron de manera oportuna en la Junta de Coordinación Política diferentes iniciativas y puntos de acuerdo que no aparecen en la Gaceta Parlamentaria, en el orden del día, entonces pedimos que se pueda hacer la corrección y se puedan incluir, ya que fueron oportunamente registradas.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí, diputado. Le informo que la Junta de Coordinación Política, en la sesión de ayer, acordó las iniciativas desahogarlas hasta el próximo jueves, de tal manera que hoy solamente se atenderían los demás asuntos. Iniciativas el próximo jueves. Sin embargo, voy a pedir a Servicios Parlamentarios que revise su solicitud de que las iniciativas que usted inscribió aparezcan publicadas.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sonido en la curul, por favor.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Sí, presidente. Agradeciendo su buena disposición sí hacer la observación que en el capítulo de iniciativas sí aparece inscrita una que celebramos de la compañera Aleida, que valoramos, pero queremos que sea el mismo tratamiento y no solamente de las iniciativas, sino de los puntos de acuerdo que registramos oportunamente al margen de que se les vaya a dar lectura en la próxima sesión como efectivamente sí hubo un acuerdo de la Junta de Coordinación.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Y siendo un derecho principal de las legisladoras y de los legisladores el registrar iniciativas tomo su preocupación y le pido a Servicios Parlamentarios que se hagan los trámites correspondientes para que se inscriban y se publiquen las iniciativas como lo ha pedido el diputado Mejía.
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor diputado Añorve, ¿con qué objeto? Sonido ahí, por favor.
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Sí, gracias. Señor presidente, solamente para subrayar un acuerdo que tuvimos ayer en Junta de Coordinación Política, como lo hemos hecho en otras sesiones, para determinar el tiempo de los dictámenes y abrir un espacio para los puntos de acuerdo. Esto se trató ayer en Jucopo y solamente quiero corresponder la atención a quienes presentaron puntos de acuerdo. Gracias por su atención, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado Añorve. Diputado Belaunzarán, ¿con qué objeto? Sonido, por favor.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente, para tres cosas. La primera es que por causas de fuerza mayor no pude estar en la instalación. Simplemente para que quede en el Diario de los Debates mi reconocimiento al papel que hizo el diputado José González Morfín, muy institucional, muy cercano y la verdad es que en el tema por ejemplo del Foro Internacional de Política de drogas siempre conté con su colaboración, y hacerle el reconocimiento.
Por supuesto desearle a usted, compañero de partido además, éxito en su labor al frente del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados. Sé que lo hará muy bien y simplemente un reconocimiento.
Segundo. Hoy en Gaceta Parlamentaria aparece que yo retiré mi iniciativa sobre regulación completa de la marihuana, cosa que no es cierta y simplemente pediría que se haga la aclaración. Haré la aclaración pertinente y buscaré los conductos, pero que quede también asentado que no hice tal trámite para que en esta ocasión se bajara.
Es cierto que en anteriores ocasiones lo había hecho para que no fuera desechada y la volvía presentar, pero en el caso que aparece hoy en la Gaceta no hice tal retiro y es correcto que se mantenga, porque sigo pensando que es indispensable hacer la regulación de la marihuana.
El tercer punto, simplemente hacer un reconocimiento al Congreso de Coahuila, porque es la segunda entidad después del Distrito Federal que legisla matrimonio igualitario, es decir que le hace caso a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y ya tenemos dos entidades en México que en correspondencia con el artículo 1 constitucional de evitar cualquier discriminación, modifican sus Códigos Civiles y permiten el matrimonio igualitario. Mi reconocimiento a la soberanía del Congreso de Coahuila por este paso importante.
Espero que las otras 30 entidades no esperen mucho para cumplir con la Constitución y también homologuen y hagan sus Códigos Civiles de tal manera que las parejas del mismo sexo no tengan que recurrir a la Corte vía amparos para poder ejercer su derecho a contraer matrimonio cuando así lo deseen. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado Fernando Belaunzarán. Voy a instruir a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que vea el caso, tanto del diputado Mejía como del diputado Fernando Belaunzarán. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión extraordinaria del día 28 de julio, publicada en su oportunidad. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión extraordinaria, tomando en cuenta que ha sido publicada oportunamente en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría poner a discusión el acta de la sesión extraordinaria.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio de la Mesa Directiva por el que comunica que durante el segundo receso del segundo año de ejercicio se recibieron solicitudes de ciudadanos diputados para retirar iniciativas y proposición, de conformidad con los artículos 77 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el cual se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
fr
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio de la Mesa Directiva por el que se comunica que durante el segundo receso del segundo año de ejercicio se realizaron modificaciones de turno a diversas iniciativas y minutas, el cual se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifican los turnos. Actualícense los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio de la Mesa Directiva por el que se comunica que durante el segundo receso del segundo año de ejercicio, se recibió escrito del diputado Xavier Azuara Zúñiga, por el que se solicita sea retirada su adhesión a la iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 25 de junio del año en curso y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Actualícense los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: De la Junta de Coordinación Política. Se informa que durante el segundo receso del segundo año de ejercicio, se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política, por los que comunica cambios de integrantes y de juntas directivas de diversas comisiones ordinarias, especiales, comités, grupos de amistad y organismos internacionales, que se publicaron oportunamente en la Gaceta Parlamentaria, de conformidad con el acuerdo aprobado el 30 de abril de 2014.
Asimismo, la creación e integración de la Comisión Especial que dé seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes del río Sonora.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En virtud de que se encuentran publicados los oficios de la Junta de Coordinación Política en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobados. Comuníquense.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que comunica que la diputada Judith Magdalena Guerrero López, se integra a ese Grupo Parlamentario a partir del 28 de agosto del año en curso.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron de la Cámara de Senadores oficios por los que se comunican, la elección de su Mesa Directiva para el tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura y la instalación para su primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se informa que durante el segundo receso del segundo año de ejercicio se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política, por los que comunica cambios de integrantes y de juntas directivas de diversas comisiones ordinarias, especiales, comités, grupos de amistad de organismos internacionales que se publicaron oportunamente en la Gaceta Parlamentaria, de conformidad con el acuerdo aprobado el 30 de abril de 2014.
Asimismo, la creación e integración de la Comisión Especial que dé seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el Río Sonora.
En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Solicitud de licencia, a partir del 1 de septiembre de 2014, del Diputado Omar Antonio Borboa Becerra.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Solicito a la Secretaría someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica están a discusión los puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido, al diputado Omar Antonio Borboa Becerra para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el distrito 10 del estado de Jalisco a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción XVI; numeral 1, fracción V y XIII, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar por su conducto al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión licencia por un periodo de 20 días naturales, efectivos a partir del jueves 4 de septiembre de 2014 para separarme de mi cargo como diputada federal electa en el distrito 8 del estado de Puebla. Agradeciendo de antemano su consideración quedo de usted, atentamente diputada Ana Isabel Allende Cano.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Solicito a la Secretaría someter a la consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por un periodo de 20 días naturales, a la diputada Ana Isabel Allende Cano, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en el distrito 8 del estado de Puebla, a partir de 4 de septiembre del año en curso.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobados. Comuníquense.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Carlos Bernardo Guzmán Cervantes, diputado federal electo en el X distrito electoral del estado de Jalisco. Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a los siguientes diputados y diputadas.
Diputada Cecilia González Gómez, diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, diputado Isaías Cortés Berumen, diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, diputada Margarita Licea González, diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, diputada María del Carmen Martínez Santillán y al diputado Rubén Benjamín Félix Hays.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple con su encargo)
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ciudadano Carlos Bernardo Guzmán Cervantes, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Carlos Bernardo Guzmán Cervantes: Sí, protesto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibió oficio de la Cámara de Senadores con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo VIII al Título VII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para el dictamen correspondiente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría con proposición de acuerdo de los órganos de gobierno.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: De la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se propone el siguiente calendario legislativo de la Sexagésima Segunda Legislatura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio, para el mes de septiembre a diciembre de 2014.
En el caso del mes de septiembre sería el día 1o. , el 2, el 4, el 9, el 10, 11, 17, 18, 23, 25, y 30 de septiembre.
En el caso del mes de octubre sería el 2, 7, 9, 14, 16, 20, 22, 23, 28 y 30 de octubre.
Para el mes de noviembre sería 4, 6, 11, 13, 15, 19, 20, 25 y 27 de noviembre.
En el caso del mes de diciembre sería el 2, 4, 9, 11 y 15 de diciembre, posiblemente.
Segundo. Este órgano determinará lo conducente en caso de que la dinámica de los trabajos legislativos hagan necesaria la modificación del presente calendario.
Tercero. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En atención a que no tenemos registrados oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaria con proposición de acuerdo de los órganos de gobierno de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al análisis del II Informe de Gobierno del Presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 69 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Acuerdo
Primero. El objeto del presente acuerdo es establecer el formato conforme al cual la Cámara de Diputados desarrollará el análisis del segundo informe de gobierno del presidente de la república que refiere el segundo párrafo del artículo 69 constitucional.
Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 7, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, este análisis se desarrollará en torno a los siguientes temas y con base en el siguiente calendario.
a) Fecha. Martes 9 de septiembre del 2014. Análisis de los temas: política económica y política social.
b) Fecha. Jueves 11 de septiembre del 2014. Análisis de los temas: política interior y política exterior.
Tercero. Para cada tema analizado se estará sujeto al siguiente formato.
1. Se realizará una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios hasta por 10 minutos cada uno.
2. El orden de la ronda será el siguiente: Grupo Parlamentario Nueva Alianza, Grupo Parlamentario Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
3. Durante el análisis del II Informe de Gobierno sólo tendrán lugar las intervenciones descritas.
4. Corresponderá a la Mesa Directiva velar por el cumplimiento del presente acuerdo.
Quinto. Comuníquese a la Mesa Directiva para los efectos legales a que haya lugar.
Sexto. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Transitorio único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados.
Firma la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En virtud de que no tenemos registrados oradores, consulte la Secretaria a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado, comuníquese.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría con proposición de acuerdo de los órganos de gobierno, específicamente de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: De la Junta de Coordinación Política relativo a la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público para el análisis del II Informe de Gobierno en materia económica y a fin de que dé cuenta de las iniciativas que comprenden el paquete económico del Ejercicio Fiscal de 2015.
Acuerdo
Primero. Con la finalidad de profundizar en el análisis del II Informe de Gobierno en materia económica, y dar cumplimiento a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados al secretario de Hacienda y Crédito Público, el miércoles 10 de septiembre del 2014, a las 11:00 horas.
Segundo. El funcionario compareciente rendirá ante el pleno, protesta de decir verdad como dispone el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. El formato de la comparecencia será el siguiente:
1. Presentación del secretario de Hacienda y Crédito Público en la cual deberá referirse al II Informe de Gobierno en materia de política-económica y al paquete económico para el ejercicio fiscal del 2015, hasta por quince minutos.
2. Posicionamiento de los grupos parlamentarios hasta por 7 minutos cada uno, en orden descendente: Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
3. Habrá dos rondas de pregunta-respuesta-comentario en las que se abordará el análisis del II Informe de Gobierno en materia económica, así como el paquete fiscal 2015.
El orden de intervenciones de los grupos parlamentarios en las dos rondas será el siguiente:
Primera ronda: Grupo Parlamentario del PRI; Grupo Parlamentario del PAN; Grupo Parlamentario del PRD; Grupo Parlamentario del Verde Ecologista; Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; Grupo Parlamentario Partido del Trabajo y Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Segunda ronda: Grupo Parlamentario Nueva Alianza; Grupo Parlamentario Partido del Trabajo; Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; Grupo Parlamentario Partido Verde Ecologista; Grupo Parlamentario PRD; Grupo Parlamentario Acción Nacional y Grupo Parlamentario PRI.
4. Las intervenciones se desarrollarán de la siguiente forma: pregunta de cada grupo parlamentario hasta por cinco minutos; respuesta del secretario del ramo hasta por cinco minutos; comentario del grupo parlamentario hasta por tres minutos.
Cuarto. En términos del artículo 22, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva que realice la notificación correspondiente al Ejecutivo federal.
Quinto. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Firman: la mayoría de los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba. Permítame, por favor.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, solicito la palabra.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, por favor, diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Nosotros reiteradamente hemos solicitado la comparecencia del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no sólo como en esta ocasión que es obligado por mandato constitucional por la presentación del paquete económico, nos parece que desde hace muchos meses, incluso en la discusión de la reforma energética donde se le dan ahora a la Secretaría de Hacienda múltiples facultades en la materia, que viniera el secretario de Hacienda, que viniera a explicar el fracaso económico del gobierno federal, que viniera a explicar por qué el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco de México, diferentes organismos financieros privados nacionales e internacionales han venido ajustando las metas del crecimiento económico.
Nos parece además que se le debe cuestionar sobre la reforma hacendaria recesiva que golpea a los empresarios medianos, pequeños, a los comerciantes, y que esta reforma fue validada en una decisión nefasta de la Suprema Corte de Justicia, donde validaron el aumento del IVA en la frontera, donde validaron la eliminación del Régimen de Pequeños Contribuyentes, el tema de las deducibilidades para los profesionistas.
En fin, hay múltiples preguntas para el secretario de Hacienda que, como responsable de la política económica y fiscal del gobierno, ha sido un fracaso, pero sabemos que es el enlace de Peña Nieto con los grupos de interés, con todas las transnacionales que habrán de llevarse grandes tajadas con los negocios que van a construir.
Nosotros vamos a votar a favor de esta comparecencia, porque es un mandato constitucional. Pero creemos que deben ser llamados, no solamente Videgaray, sino otros secretarios, también al pleno, para que aquí den cuentas de este colapso económico del cual hoy dan cuentas todas las encuestas –hasta Motofsky reprueba a Peña Nieto hoy–, porque no han servido en la conducción económica del país.
Y por eso estamos a favor de esta comparecencia, que no será un día de campo para el secretario por más que tenga por ahí aduladores y lambiscones. Creemos que los resultados están a la vista y el gobierno federal que hoy en una ceremonia palaciega que quema auto incienso nosotros sí vamos a evaluar con todo detalle y todo cuestionamiento este colapso económico, fiscal y financiero del gobierno. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Ahora sí consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría con proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: De la Junta de Coordinación Política, por el que se designa al presidente del Comité de Administración para el tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el resolutivo sexto del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea el Comité de Administración en la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura, aprobado por el pleno el 6 de septiembre de 2012 se adopta el siguiente:
Acuerdo
Primero. En términos del acuerdo de creación del Comité de Administración y su propia integración, se determina que el diputado Manuel Añorve Baños presida el órgano referido para el tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
Segundo. Se instruye para que se realice el cambio correspondiente y los trámites administrativos pertinentes.
Tercero. Comuníquese para los efectos conducentes al pleno de la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueba.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el río Sonora.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativo a la materia objeto del presente, que suscribe el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que somete a consideración del pleno el siguiente acuerdo.
Primero. Se exhorta a la Comisión Especial de seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el rio Sonora, a efecto de que ejerza a la mayor brevedad posible las funciones para las cuales fue creada, y se allegue de toda aquella información que estime pertinente para cumplir con su objetivo y en su caso proponga aquellas reformas que mejoren y hagan más efectiva la legislación que regula la materia objeto de su creación.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Sonora, a las Secretarías de Economía, de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, a efecto de que impongan multas ejemplares y cualquier otra sanción que resulte aplicable, en contra de la empresa denominada Buenavista del Cobre, subsidiaria del Grupo México, como consecuencia del derrame de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se ha registrado para hablar en pro, el diputado Ricardo Mejía Berdeja. Por favor, haga uso de la palabra, señor diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Hace ya casi un mes de lo que ha sido bautizada como la principal afectación, el principal desastre ambiental en la historia del país, donde fueron derramados toneladas y toneladas de metros cúbicos de sulfato de cobre, 40 mil metros cúbicos de cobre, en el arroyo Tinajas, municipio de Cananea. Esta contaminación ha afectado 17 kilómetros de dicho arroyo, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora, en el estado del mismo nombre.
Esta tragedia ambiental es una de cuatro tragedias que se han suscitado en un mes, como bien lo señala la organización Greenpeace, que ha señalado que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha consolidado un modelo extractivo de los recursos naturales bajo la falsa promesa de crecimiento económico y un claro menosprecio al medio ambiente.
Además de este desastre está el de Cadereyta, Nuevo León; el de Huimanguillo, Tabasco; en el municipio de Oro en Durango, con cianuro. Y este crimen que se cometió en Sonora.
Esto, compañeras y compañeros legisladores, es el preludio de la mayor devastación ecológica que viene para el país, que es el tema de la fractura hidráulica, del fracking, que es un tema que ha sido soslayado y menospreciado por el secretario de Medio Ambiente del gobierno federal, que incluso cínicamente dijo que eran más los beneficios que los perjuicios del fracking.
Pero ya estamos viendo lo que va a pasar con esta impunidad, el Grupo México, de Germán Larrea, se ha destacado por insultantes márgenes de ganancia, que hoy lo colocan como el segundo hombre más rico de México, que aparece junto con Carlos Slim, en la revista Forbes y que hace gala de su impunidad, porque siempre ha contado con la complicidad del PAN y del PRI.
Hay que recordar el tema de Pasta de Conchos, en Coahuila, donde aún yacen abandonados 63 cuerpos de mineros y no ha habido poder gubernamental que pueda frenar estos agravios del Grupo México.
Hasta hoy los responsables no han recibido castigo penal y las viudas y familiares han tenido que ser hostigados por este grupo, que ha sido calificado por el grupo Covalence, empresa consultora d Ginebra, Suiza, como un grupo que no tiene ética en su gestión empresarial.
Por esa razón nosotros denunciamos esta actuación y siempre ha contado Germán Larrea con personeros en el gobierno, como el caso del ex secretario de Trabajo de Felipe Calderón, hoy amparado en la impunidad del fuero, Javier Lozano, que toleró lo de Pasta de Conchos y no solamente toleró otro tipo de tragedias, sino que fue el sicario para temas como la huelga de Cananea; de Taxco, Guerrero y otros que se han presentado, además de lo de Mexicana y lo del SME.
Pero lo que queremos señalar es que los Larrea, los impunes, los ecocidas son producto de este contubernio prianista que ha generado devastación. Por eso nosotros creemos que qué bueno que está esta Comisión y que se le exhorta a cumplir con su mandato, pero el tema es de fondo. El tema es que detrás de la devastación, detrás de los ecocidios, está la impunidad y el contubernio con el poder. Y así como hay Germanes Larrea, vendrán los Exxon y los Chevron que explotarán nuestros recursos, que dejarán pobreza, devastación ecológica, pero siempre contarán con la impunidad del PRI y del PAN.
Nosotros vamos a seguir combatiendo esta devastación y vamos a seguir oponiéndonos al fracking y a todos estos modelos que lesionan nuestro medio ambiente y a la población. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Ricardo Mejía. En uso de la palabra para hablar también en pro la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Como todos ustedes saben, el pasado 6 de agosto la subsidiaria de Grupo México, en Buenavista de Cobre, derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, proveniente de la mina de Cananea.
Primero, dijeron que éste era el resultado de las lluvias excesivas. El día de ayer han dicho que éste es el error de uno de sus proveedores que no hizo un trabajo adecuado al unir uno de los tubos que deberían de transportar este sulfato de cobre acidulado.
La verdad es, y el resultado, es que se han visto afectados 700 pozos aledaños al río Sonora, esta problemática nos causa una doble preocupación. La primera, en efecto, es la terrible afectación que sufre el medio ambiente, la economía y los derechos humanos de las personas que habitan la zona cercana al derrame.
Y por qué decimos que además de un ecocidio, el grupo que encabeza Germán Larrea está también dañando la economía y está dañando también los derechos humanos de los ciudadanos en Sonora.
Qué pasa con todos los agricultores y todos los pequeños productores que tenían productos y que hoy no pueden venderlos por el temor que tiene la gente de que estén contaminados.
Qué pasa con todas estas personas que hoy se ven afectadas porque no tienen agua, porque no tienen servicios básicos y porque la mina, ni siquiera el Grupo México que tiene todavía el cinismo de no responsabilizarse por este ecocidio y el daño a los derechos humanos de los ciudadanos.
Germán Larrea, como ya se dijo en esta tribuna, que es el principal accionista de Grupo México, es el tercer hombre más rico de México y el número 79 del mundo. ¿Cómo ha llegado a tener esta fortuna? Bueno, pues recordemos el caso donde 65 mineros en la mina de Pasta de Conchos quedaron atrapados y donde la empresa no solamente no se responsabilizó, sino que en contubernio con el ahora senador Javier Lozano dejaron que estos mineros, que estas personas sufrieran la peor de las suertes.
Pero no es ése el único error y el único acto de indolencia que ha cometido Grupo México. En 1934 quedaron también muertos en las minas de carbón de este grupo 57 mineros, 36 en el 38, 39 en 1942, 12 mineros en 1948 y de ahí podemos ir a una lista inacabada.
La multa que se le está poniendo a Grupo México, según una ley que nosotros mismos aprobamos es de 40 millones de pesos, con base a la Ley de Responsabilidad Ambiental. La verdad es, compañeras y compañeros, que esta ley que creíamos que iba a venir a ayudarnos ha quedado corta y queda corta para esta gran tragedia donde Grupo México no solamente ha utilizado sus relaciones con el gobierno calderonista, con el gobierno priista actual, sino que ahora gasta millones y millones en desplegados para felicitar al presidente Peña Nieto.
Ojalá Grupo México invirtiera los millones que le cuestan sus desplegados en diarios a atender de inmediato el ecocidio que cometió en Sonora.
La sociedad exige sanciones y exige responsables. Por qué. Porque lo que estamos viendo hoy es solamente el principio de lo que veremos hacia delante con los daños ecológicos, como lo ha dicho el diputado Mejía, en el tema del fracking y todas estas prácticas que no están reguladas.
Aquí hay que dejar claro, queda en duda la normatividad para las empresas mineras, específicamente en el tema de responsabilidades y queda claro que esta Ley de Responsabilidad Ambiental ha quedado corta. Pero sobre todo nos debe quedar claro que se ha hecho una comisión especial y que esta comisión especial tendrá que ir e investigar y lo haremos ya in situ en Sonora.
Y decirlo muy claro, muy bajo en público y en privado. Éste será el antecedente Grupo México de la sanción y la responsabilidad que el Congreso de la Unión deberá tener frente a la sociedad, no solamente de Sonora y frente a la indolencia de empresas como Grupo México.
Esperemos que ésta sea la primera de muchas y que quede en antecedente que en este país el que la hace la paga. Inclusive en el tema de indolencia empresarial. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Aguilar Gil. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, hace unas semanas en la Comisión Permanente se aprobó un punto de acuerdo por unanimidad, con motivo del daño ecológico que se suscitó en Sonora, en el Río Sonora y que es una tragedia sin precedente en aquel estado.
En el punto de acuerdo se establecían varios apartados, entre otros la suspensión de la minera e incluso la posibilidad de cancelar la concesión. A pesar de que fue por unanimidad, el gobierno a través de sus voceros de inmediato replicaron que no era procedente la cancelación porque era mayor el beneficio que el daño, cosa absurda y que coloca a estos funcionarios, como el de Semarnat, en peones, en meros interlocutores y achichincles de las grandes empresas mineras nacionales y extranjeras.
El Grupo México causó daños por tres mil millones de pesos en Sonora, pero solo lo multan con 40 millones de pesos; es decir, el 1.33 por ciento; eso se llama derecho a contaminar.
Por cierto debemos recordarles, nosotros votamos en contra de la Ley de Responsabilidad Ambiental. Les advertimos y les dijimos que era insuficiente, ahora todos se rasgan las vestiduras de que es insuficiente lo que nosotros hemos advertido, pero déjenme decirles de qué grado es y de qué nivel es la diferencia de cómo los norteamericanos y sus leyes tratan a este mismo Grupo México y cómo los tratan en México.
En el 2009 multaron a Zarco en Estados Unidos, que es filial del Grupo México, con mil 700 millones de dólares por contaminar a varios estados —así o más claro—, mil 700 millones de dólares. Aquí se multó con 40 millones de pesos. Sostenemos que es apenas el inicio de lo que habrá de ser la depredación más grande que la historia y la patria hayan sufrido.
Es un asunto muy grave que advierte la tragedia ecológica en la que nos veremos envueltos gracias a esta mayoría mecánica que no pudo reflexionar acerca del daño que causará la reforma energética. La energética se ha convertido en la madre de todas las entregas de la riqueza del país al transferir la rectoría del Estado a la matriz de un mercado global caracterizado por esto, la depredación ambiental, la corrupción política, la explotación laboral, la evasión fiscal y el saqueo económico.
Les pregunto, si no pueden contener, ni castigar a los responsables de los desastres naturales en el Río Sonora y en Cadereyta, en Tabasco y en Durango, ¿cómo podrán regular, responsabilizar y contener los excesos y el poder corruptor de las transnacionales petroleras? Me preocupa mucho que se cree una comisión, normalmente sirven para mediatizar, ocultar y evadir la responsabilidad de aquellos que cometieron delitos y daños.
Por último saludo con mucho afecto a los familiares directos de José Revueltas. Sus hijos, sus nietos y bisnietos. Por cierto, la Junta de Coordinación Política aprobó un justo homenaje a éste gran prócer, a este gran hombre, que México se siente orgulloso. Presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, señor diputado. Para expresar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, le otorgo el uso de la palabra a la diputada Lourdes Adriana López Moreno. Por favor.
La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Con su permiso, señor presidente. Por cierto, qué gusto saludar a un presidente verde en esta sesión de Cámara.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada, adelante por favor.
La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Quiero comentar que para nosotros como grupo parlamentario es sumamente importante el tema de esta terrible situación en cuanto a daño ambiental se está viviendo en nuestro país.
Quiero por ello felicitar, en primer orden, a esta Cámara de Diputados por la integración de esta Comisión Especial para dar seguimiento a esta problemática, de la cual comento que desde la Comisión de Medio Ambiente estaremos también muy al pendiente acompañando los resultados de esta comisión especial.
Pero quiero decirles que si bien es cierto ya se ha hablado mucho de los daños que ha ocasionado el derrame de esos 40 millones de litros de sustancias tóxicas contaminando los ríos que hemos mencionado a causa de una situación de completa irresponsabilidad de Grupo México, que es quien explota la Mina de Cananea, quiero comentar que más allá de esta situación de presentar la creación de una comisión especial para dar seguimiento al tema, hay varias cosas que debemos reflexionar y que nos deben de llevar a acciones mucho más contundentes y en eso coincido con quienes me han antecedido en la palabra.
Primeramente decir que la creación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, ha sido sin lugar a dudas un acierto. Que si bien es cierto una ley perfectible, me parece a mí que hasta antes de la existencia de la Ley de Responsabilidad ambiental no existía en la legislación ambiental mexicana una conceptualización de daño ambiental. No existía en concepto de daño ambiental y mucho menos la exigencia de reparar el daño ambiental.
Si bien es cierto las multas no son las máximas que hubiéramos querido -hablamos de multas de 400 mil días de salario mínimo-, quiero aquí comentar y voy a compartir la frase que decía quien me antecedió en la palabra que aquéllos que se rasgan las vestiduras, en realidad la propuesta original de mi Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, era de multas de hasta 800 mil días de salario mínimo.
Y muchos diputados de distintos grupos parlamentarios que seguramente me están escuchando, deben recordar que fueron quienes vinieron a hablar a nombre de las empresas a pedir que las multas se redujeran. Pedían que se redujeran hasta 200 mil días de salario mínimo.
Sin embargo se hizo un excelente proceso de cabildeo por parte, y aquí el reconocimiento a los diputados que integran la Comisión de Medio Ambiente, para subir esa cifra que estaban planteando en un proceso de negociación, y quedó de 400 mil días de salario mínimo.
Quiero comentarles que el día de hoy está registrándose en el Senado una iniciativa por parte de mi grupo parlamentario, a cargo del senador Jorge Emilio González, para incrementar al doble estas sanciones y para que estas sanciones queden en el orden de los 800 mil días de salario mínimo, y esperamos que así como todos han manifestado su inconformidad a estas cifras y así como hubo quienes solicitaron que estas cifras se redujeran en aquel momento, apoyen en su preciso momento esta iniciativa de incrementar al doble todas las sanciones que manifiesta la Ley de Responsabilidad Ambiental.
Y finalmente comentarles que presentaremos un punto de acuerdo desde el grupo parlamentario del Partido Verde, para exigir no solamente la aplicación de responsabilidad ambiental, ya que ha sido una decisión que tuvo la Semarnat, que por primera vez a un año de aprobada esta ley, se está aplicando la Ley de Responsabilidad Ambiental, y bueno, creo que ya era hora que Profepa y Semarnat hicieran esto. Finalmente lo están haciendo, van por la pena máxima, pero también vamos a pedirles la coadyuvancia del Ministerio Público, la presentación de las denuncias ante la PGR para actuar también en orden de materia penal y por supuesto, que se eche a andar el Fondo Ambiental que la Ley de Responsabilidad Ambiental plantea para atender de manera inmediata acciones de saneamiento por las afectaciones que ha suscitado esta contaminación tan terrible en Sonora.
Así que me da mucho gusto escuchar a muchos preocupados por el tema, me da mucho gusto ver que finalmente se le está poniendo atención. Qué triste que haya sido después de una afectación de este tamaño, pero esperamos contar con el respaldo de todos los diputados aquí presentes en estas acciones para endurecer las leyes que permitan castigar a quienes están dañando los recursos naturales en nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Lourdes López Moreno. Le concedemos ahora el uso de la palabra para que manifieste la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la diputada Lorenia Yveth Valles Sampedro.
La diputada Lorenia Yveth Valles Sampedro: Con su permiso, presidente. Hablar de este tema en verdad –yo soy sonorense- y nos preocupa mucho, también nos debe ocupar a esta Cámara la solución integral a esta situación que es gravísima.
El 6 de agosto en la mina de Cananea el Grupo México derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora, cubriendo 60 kilómetros de las aguas de los ríos, afectando a siete municipios de: Cananea, Hermosillo, incluidos Arizpe, Cures, San Felipe, Banámichi y Baviácora.
A la población de estos lugares las autoridades ambientales y de protección civil no alcanzaron a avisarles, sino cinco días después del derrame.
Por supuesto Grupo México no hizo nada para alertar a la población de Cananea, la más cercana de todas, ni a los otros municipios ni por supuesto a la capital del estado de Sonora, Hermosillo.
“La empresa ocultó deliberadamente la falla”, afirma el delegado estatal de Conagua en Sonora.
Al ácido sulfúrico derramado, hay que agregar que se han encontrado arsénico, cadmio, aluminio, hierro, manganeso, níquel y cobre en concentraciones superiores a las permitidas, en el río Sonora.
Se trata del daño más grande, el desastre ecológico más grande del estado de Sonora, y señalan algunos especialistas que en los últimos años no se había presentado en México, en todo México, una situación tan grave.
De todos los grupos mineros del país, incluyendo transnacionales, Grupo México tiene la mayor propiedad del terreno nacional, lo que junto, con los terrenos de Ferromex y otras empresas del mismo Germán Larrea, se convierten en una amenaza nacional si no se les obliga a cumplir con las leyes, no sólo las que tienen que ver con el medio ambiente que por supuesto son muy importante, sino también las de seguridad e higiene, las condiciones en que laboran sus trabajadores, y por supuesto también que se le obligue a respetar los derechos humanos de sus trabajadores y de las poblaciones donde se asientan.
El día 13 de agosto Grupo México, bajo el nombre de Buenavista del Cobre, publica un desplegado en el diario Reforma, en el que hace responsable a las lluvias torrenciales de la tragedia ecológica y ambiental. Ha señalado Semarnat que esto es mentira. Grupo México es el responsable del derrame de tóxicos en esta región.
Cabe recordar que en las recientes aprobadas leyes energéticas Grupo México tiene muchos intereses en juego pues, como se sabe, su fortuna, la segunda más grande del país, se formó a la sombra del Estado y de los gobiernos privatizadores de la riqueza nacional.
Por ello, compañeras y compañeros, tenemos que atender este tema, que no es un tema nada más de Sonora, es un tema de México.
Como ustedes saben, el pasado 20 de agosto el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo en el que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que decida la creación de una comisión especial.
Ha sido ya constituida esta comisión especial, de la cual formo parte. Hemos aprobado ya un plan de trabajo y el día de mañana estaremos realizando una visita a la zona afectada y llevaremos a cabo algunas reuniones de trabajo con las autoridades federales, estatales, con los alcaldes de las zonas afectadas por supuesto, y los directivos de la empresa.
No podemos, no debemos en esta Cámara ser débiles ante el poder económico. Tiene que haber en México un precedente que permita que se aplique la ley con mano dura. Por ello no debemos quitar de la mesa la discusión sobre el retiro de la concesión. Debemos decir basta y que a través de las redes de influencia y de corrupción se pueda en México estar por encima de las leyes y se pueda afectar al medio ambiente, a los trabajadores y a los habitantes de las poblaciones que están resultando afectados por una minería irresponsable.
Necesitamos poner el ejemplo y se tiene que atender este tema de manera integral. Hay que reparar, hay que resolver el asunto del medio ambiente, pero no hay que olvidar los graves problemas que esta situación de contaminación puede generar y están generando en la población.
Por supuesto tampoco podemos dejar de mencionar el aspecto social. La población que vive de la agricultura, de la ganadería, de la producción de algunos artículos regionales, productos regionales que tienen mucho renombre en el estado, que incluso son una marca registrada Río Sonora, no tienen posibilidad de venta, no están recibiendo turismo, la gente está en condiciones sumamente adversas y se tienen que tomar cartas en el asunto de manera inmediata. Una solución integral y una sanción ejemplar para que en México por fin se acabe la corrupción, se acabe el tráfico de influencias y por fin se haga valer la ley. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Lorenia Iveth Valles. Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, le concedo el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Galindo Delgado.
El diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados: como representante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y representante también de los ciudadanos de la región afectada del río Sonora, quiero compartirles que en efecto fueron 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre los que se derramaron sobre 17.6 kilómetros del arroyo de las Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora.
La región del río Sonora alberga a 22 mil habitantes que practican la agricultura, la ganadería y el turismo. Es por eso que los diputados del PAN entendemos la magnitud de lo que se presenta en el tema ambiental y ecológico de la región y, en consecuencia, avalamos y respaldamos el acuerdo que en esta Cámara durante la sesión de la Comisión Permanente se ha aprobado.
Pero solicitamos que se aplique con justicia, que se aplique con claridad la ley y que la misma legislatura que en materia ambiental hace un año se aprobó en esta Cámara de Diputados sea llevada en consecuencia, que se hagan los esfuerzos por parte del gobierno federal, no sólo en aplicar las sanciones correspondientes a los responsables, sino en trabajar para regresar al estado en que se encontraba el medio ambiente y el entorno ecológico de la región hasta antes de lo sucedido.
También queremos decir los diputados del PAN, desde esta tribuna, que en el país en lo que va del sexenio se han presentado mil 124 emergencias ambientales, y es pertinente que el gobierno federal encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, fortalezca a las instituciones encargadas de velar por el medio ambiente como lo son la Semarnat, la Profepa y demás que dependen del titular del gobierno federal.
Es preciso que a través de la Ley de Responsabilidad Ambiental se ejecuten los mecanismos que precisen el trabajo de las dependencias en prevenir este tipo de desastres mediante la inspección, la vigilancia y la aplicación de la ley.
Quiero aprovechar también para hacer un reconocimiento al gobernador del estado, el licenciado Guillermo Padrés Elías, que ha estado atendiendo desde el primer momento la afectación que se tiene en la región y mandarle nuestra solidaridad, la del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estoy seguro que la del pleno de la Cámara de Diputados, a los afectados de la región y decirles que con claridad estaremos muy pendientes de que este tema no se convierta en una situación política, sino que realmente lleve soluciones para quienes han sido afectados, no sólo de momento, porque el reactivar la economía de la región en los temas de la ganadería, la agricultura y el turismo no serán menores, se requiere de un gran esfuerzo, y saludamos de nueva cuenta que este pleno haya tomado acciones en su momento. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Cuauhtémoc Galindo.
Para que fije la postura en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza, le otorgamos el uso de la palabra a la diputada Cristina Olvera Barrios.
La diputada Cristina Olvera Barrios: Buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.
La diputada Cristina Olvera Barrios: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a 27 días que sucediera el derrame de los 40 millones de litros de lixiviados de sulfato de cobre, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, ubicado en el municipio de Cananea, Sonora, sustancias que se han propagado a lo largo del río Sonora y Bacanuchi, generando una grave contaminación que llega a la presa El Molinito, la Comisión Nacional de Agua, Conagua, nos advierte los niveles de contaminación de los citados ríos que se encuentran fuera de la Norma Oficial y que la calidad del agua aún sufre las afectaciones causadas principalmente por la presencia de metales contaminantes.
Los municipios afectados por la contingencia ambiental son los municipios de Arizpe, Banámichi, Aconchi, Huépac, San Miguel, Baviácora y Ures. Grupo México finalmente reconoció que la contaminación del río Sonora se debió a una falla en la construcción del sello de una de sus tuberías y señaló además que esta construcción le fue encomendada a la firma del contratista especializado de la región, denominada Tecovifesa, la cual era responsable de la construcción de una nueva planta de procesos de cobre, lo que de ninguna manera exime la responsabilidad de la minera Grupo México.
La negligencia de Grupo México, empresa concesionaria de la mina Cananea, provocó el derrame de millones de litros en el río Sonora y con ello ocasionó que se viera gravemente afectado con la presencia de diversas sustancias contaminantes de metales pesados y metaloides.
Entre los saldos de este desastre que cerciora en la historia de Sonora se encuentra el cierre temporal de más de 700 pozos, lo que ha privado a miles de personas de agua necesaria para realizar actividades cotidianas. De igual forma, los agricultores y ganaderos están siendo afectados por este hecho ante la imposibilidad de regar sus tierras con aguas contaminadas.
La negligencia de la minera trae consecuencias sociales que agravan la situación de los sectores más desprotegidos de la sociedad sonorense, debido a la caída de la producción agropecuaria. Y dada la gravedad de los daños ocasionados lo procedente es exigirles a las autoridades competentes las sanciones correspondientes para este tipo de desastres ecológicos, petición que se encuentra suficientemente sustentada en las Leyes de Aguas Nacionales, Minería, y Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, porque no basta la sola aplicación de multas para sentar los precedentes ejemplares.
Las afectaciones provocadas por este derrame superan por mucho la afectación en el ámbito de actividad económica y del medio ambiente, teniendo grandes impactos entre otros sectores al grado de suspender el inicio del ciclo escolar en diversos planteles educativos ubicados en las cercanías de la región contaminada, lo que ha venido a perjudicar a cerca de 6 mil alumnos.
El cooperativo de la empresa responsable mintió al dar a conocer las causas de la tragedia, pues los atribuyeron a la presencia de lluvias, cuando en realidad se trataba de un problema originado en las instalaciones de la mina, situación que ya ha sido suficientemente aclarada por el gobierno federal.
Coincidimos plenamente que es indispensable actuar con todo el rigor de la ley, imparcialidad y sin perjuicio en lo concerniente a la reparación del daño causado, no obstante sin olvidar el desinterés irresponsable con el que hasta ahora se ha conducido Grupo México frente a éste, y que pone en evidencia la actitud irresponsable de este corporativo ha tenido a este lamentable desastre ecológico que ha golpeado en forma directa la economía de la región, actuando únicamente para resguardar sus intereses económicos.
Vigilando que estas dependencias federales entreguen informes detallados sobre la revisión y visitas de inspección a las áreas afectadas, particularmente a lo que se refiere al cumplimiento tanto de las sanciones como de las medidas necesarias para revertir los daños, debiendo vigilar igualmente la aplicación de medidas y multas contempladas en la legislación, y especialmente encaminadas a la reparación del daño.
Resulta improcedente la función que habrá que desempeñar la Comisión Especial para recopilar toda la información necesaria para que en su momento se pueda verificar que tanto el gobierno del estado de Sonora como las Secretarías de Economía, de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios lleven a cabo las acciones legales que se contemplan en la legislación vigente, de manera que impongan multas ejemplares y cualquier otra sanción que resulte aplicable en contra de la empresa responsable denominada Buenavista del Cobre.
Es indudable que la protección de los intereses superiores del país y de los intereses particulares de todos y cada uno de los afectados serán oportuna y eficazmente protegidos con las acciones que pueda implementar esta Cámara de Diputados, sujetándose en la información y conclusión derivados del desempeño de la responsabilidad que se ha asignado a la Comisión Especial, y es por ello que en Nueva Alianza sabemos de la importancia que tiene la aprobación del presente punto de acuerdo y con nuestro voto a favor reiteramos nuestro compromiso por el cuidado del medio ambiente para el bienestar de la población y reparación del daño ambiental que se ha ocasionado. Es cuanto, diputado presidente, y muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Olvera Barrios.
Corresponde hacer uso de la palabra al señor diputado Manuel Añorve Baños, y lo hará a nombre del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional. Adelante, por favor diputado.
El diputado Manuel Añorve Baños: Con su permiso, señor presidente. Aquí mucho se ha dicho ya de los daños que se han ocasionado en el estado de Sonora, pero vale la pena volver a subrayar cuáles han sido, porque la opinión pública debe conocer cuáles son las afectaciones y, por supuesto, las consecuencias de estas afectaciones: el desabasto del vital líquido, el encarecimiento que están viviendo nuestros amigos del estado de Sonora del agua embotellada en la región, el haber afectado a más de 20 mil sonorenses, por supuesto el ganado, que ha sido retirado de los márgenes de estos ríos y se ha suspendido la ordeña y la elaboración de queso. También cómo está afectando que se contraiga la exportación de carne. Y, por supuesto, se ha suspendido el inicio del ciclo escolar, o así sucedió cuando estos hechos se presentaron en el estado de Sonora.
Tengo que subrayar que esta empresa es responsable del desastre obvio y ha tenido un comportamiento poco ético durante la crisis que se está viviendo. El corporativo mintió, el corporativo sigue mintiendo. Dio a conocer que las causas de la tragedia se atribuyeron a la presencia de lluvias atípicas. Eso es mentira, como lo estoy subrayando. Cuando en realidad se trataba de un problema originado en las instalaciones de la mina y así ha quedado asentado.
Por supuesto que estuvieron echando cal. Uno de estos días ya quisieron con una campaña mediática decir que estaban atendiendo la tragedia. Obvio que ha habido respuestas de los sonorenses con bloqueos y muchas manifestaciones más.
No es esta la primera vez que Grupo México se ve inmiscuido en un problema de esta naturaleza. Así lo dijo el diputado Ricardo Monreal y muchos más de los que aquí han hecho uso de la palabra. Por eso esta comisión especial, que nació con un mandato de la Comisión Permanente, por supuesto va a coadyuvar a la construcción de la verdad legal, a fin de establecer indemnizaciones a favor de las víctimas. No tengo la menor duda que así será, ya que es presidida por el diputado Marco Antonio Bernal y además está sumada la pluralidad política de esta Cámara de Diputados y se sumarán más diputados y diputadas interesados en resolver y sancionar a esta empresa.
Por supuesto que ya se ha hablado de otros desastres en términos de sucesos, como ha pasado en el estado de Sonora a nivel internacional y las sanciones que se han aplicado con miles de millones de dólares.
Por este tema queremos una sanción y un resarcimiento del daño ejemplar. No tengo la menor duda que esta comisión especial que mañana irá al estado de Sonora tomará cartas en el asunto y esta comisión especial tendrá como conclusión, porque así es la unanimidad que aquí hemos señalado, porque eso queremos: la suspensión de actividades de la mina Cananea, operada por Grupo México, hasta en tanto se evalúen los daños y se garantice el resarcimiento del medio ambiente y la indemnización a toda la población afectada.
No tengo la menor duda. Esta comisión no irá solamente de paso, sino irá a tomar nota, a escuchar a todos los afectados y aplicar las sanciones correspondientes. Es cuanto, señor presidente. El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Manuel Añorve.
Con su participación ha concluido la lista de oradores, por ello pido a la Secretaría, en votación económica, consulte a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Le pido a la Secretaría continúe dando cuenta a esta Presidencia con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política en relación a cambios de integrantes de las Comisiones de Igualdad de Género; Especial que da seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el río Sonora; y del Parlamento Latinoamericano, que se encuentran disponibles en los monitores de su curul.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Comuníquese.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules los siguientes dictámenes.
De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de la Policía Federal.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dos de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. La primera, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XII al artículo 3o. y un artículo 3o. Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Un segundo, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social.
Y de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma los artículos 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 y adiciona un octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3o. y 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que reforma los artículos 48, párrafo primero, 54 y el artículo cuatro transitorio de la Ley General de Turismo.
Cuatro de la Comisión de Pesca. La primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 25 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
Un segundo, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Un tercero con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable y con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, secretario. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Arely Madrid Tovilla, para fundamentar el dictamen de conformidad con lo que establece el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados que antes hemos invocado. Tiene el uso de palabra, diputada, por favor.
La diputada Arely Madrid Tovilla: Gracias, presidente. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en mi carácter de presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y por parte de la Comisión, someto a consideración de esta honorable asamblea el dictamen que reforma el tercer párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual es fruto de un trabajo de todos los diputados integrantes, quienes con una visión plural incluyente y con el ánimo de velar en todo momento por el interés de la ciudadanía encaminan sus esfuerzos para perfeccionar las normas en pro de la agilización de los procedimientos administrativos y la reducción del rezago de la justicia administrativa.
Una de las cargas más fuertes en la administración pública es precisamente la falta de agilización de los procedimientos administrativos.
La seguridad y certeza jurídica son pilares de la democracia y eje rector de todo Estado de derecho, y es por ello que el dictamen se propone reformar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para reforzar dichos principios en beneficio de los gobernados, que son parte de un procedimiento iniciado de oficio por la autoridad administrativa.
En este contexto, para el caso del procedimiento administrativo iniciado de oficio por la autoridad, el dictamen prevé que estos se entenderán caducados no solo en el caso de que transcurra el plazo de 30 días a partir de la expiración del plazo para dictar resolución, sino también en los casos en que la autoridad por su inactividad haya propiciado la paralización del procedimiento por tres meses. Ésa es la propuesta y ése es el objetivo.
Debe recordarse que la caducidad es una institución procesal que encuentra su fundamento en razones de seguridad jurídica, en tanto que evita la incertidumbre que supone un procedimiento dilatorio; es decir, la razón de ser de la caducidad es dar certeza jurídica y puntualizar la eficacia para no dejar abierta la arbitrariedad o la posibilidad de que las autoridades actúen o dejen de hacerlo a su arbitrio, sino por el contrario, observen y atiendan a cabalidad las reglas que establecen el nacimiento y conclusión de sus facultades; para no generar incertidumbre y arbitrariedad, sino por el contrario, generar transparencia y legalidad en todas las etapas procesales.
Con la propuesta se busca que las autoridades administrativas cumplan plenamente sus funciones, las funciones procedimentales en plena observancia del principio de legalidad, y evitar que los ciudadanos —escúchese bien— que sean sujetos a un procedimiento administrativo iniciado de oficio como por ejemplo una verificación administrativa en materia ambiental que se encuentren subyugados y por este tiempo indeterminado, pues ello vulnera sus derechos y crea incertidumbre en cuanto a su estatus jurídico.
En este sentido, la propuesta viene a fortalecer la figura de la caducidad sin causar ningún perjuicio al gobernado y sin violar el orden público e interés social perseguido por el Estado, pues con la visión propuesta por los autores de la iniciativa, el diputado Ricardo Monreal Ávila y el diputado Ricardo Mejía Berdeja, se brinda por una parte mayor seguridad y certeza jurídica; y por la otra opera en pro del derecho fundamental a una justicia pronta y expedita contenida en el artículo 17 de nuestra Carta Magna.
En mi carácter de presidente de la comisión y también recalco acá que es de reconocerse el trabajo por los diputados integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, pues con su decidida participación en este tema se avala la tarea de generar normas que nos permitan contar con un marco jurídico más justo en el tema, con un México más justo donde se tutele de manera real y efectiva los derechos de todos los ciudadanos.
Compañeras y compañeros legisladores, a nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción solicito a ustedes el voto positivo para la aprobación de la presente iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Areli Madrid Tovilla.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, por ahora le otorgamos la palabra al diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo de Nueva Alianza. Tiene la palabra, diputado. Adelante, por favor.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su venia. Señoras y señores legisladores. La seguridad jurídica es un principio del derecho universalmente reconocido que encuentra su fundamento en la certeza propia del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su propia aplicación.
Los derechos de seguridad jurídica de todas las personas deben de estar eficientemente garantizados por el Estado, con la finalidad de fortalecer el desarrollo pleno del individuo y de la misma sociedad. Es uno de los elementos más importantes de cualquier régimen democrático. En éstos concurren el orden jurídico y la función gubernamental real.
Así, en mi bancada, Nueva Alianza, lo entendemos como un conjunto de derechos humanos fundamentales que ofrecen la certeza del derecho que tiene el individuo para que su situación jurídica no sea modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos previamente y debidamente publicados.
En este sentido, el tiempo es un elemento fundamental de la seguridad jurídica que no es inofensivo en el derecho. La justicia pronta y expedita, cuando no es pronta y no es expedita, no es justicia. El tema de la lentitud de los procedimientos está presente en el derecho. La evidente prolongación a veces de muchos años en la tramitación de los asuntos procesales, obliga a hacer una reflexión sobre la importancia de los plazos y de los términos.
Los tiempos en un procedimiento adquieren singular importancia al tratar de buscar un mayor equilibrio entre la potestad pública y el derecho o el interés legítimo de cada uno de los ciudadanos. Es por ello que ha sido necesario plantearse el problema de la dimensión temporal y su incidencia en la calidad de algunas relaciones jurídicas entre la administración y el propio ciudadano.
Si no se administra adecuadamente los tiempos en el ejercicio de la potestad sancionadora, la infracción puede prescribir, además de que alarga el proceso de manera negligente, violenta el derecho fundamental a la certeza jurídica de cada individuo.
En este contexto, en el proceso administrativo se debe de cumplir con la garantía de la seguridad jurídica de los individuos reduciendo en todo momento los espacios de la indeterminación.
Es por ello que en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen que establece la caducidad de los procesos en el caso de que la autoridad por inactividad haya propiciado la paralización del procedimiento por tres meses, entendiendo que la caducidad es una institución procesal que encuentra su fundamento en razones de seguridad jurídica al evitar o tratar de erradicar la incertidumbre que supone un procedimiento, por lo que las fechas son primordiales.
En este sentido, el dictamen va encaminado a agilizar los procesos administrativos fijando un plazo máximo para el término del proceso sancionador. De esta manera se evitan las demoras y alargamiento de los procedimientos al libre arbitrio de la autoridad.
Al aprobar el presente dictamen, estoy seguro que abonaremos para que los procesos se lleven a cabo con mayor eficacia y prontitud, sancionando de facto el no ejercicio de las facultades de la autoridad para actuar de manera pronta y expedita en la aplicación de la ley. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, estimado diputado González Roldán.
Compañeros, compañeras diputadas, diputados, se encuentran en este recinto estudiantes que integran la asociación denominada “Jóvenes Embajadores de Taiwán”, invitados por el diputado Jesús Oviedo Herrera, quienes vienen acompañados por el maestro Carlos Liao, director general de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en México. Sean ustedes bienvenidos.
Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. No quiero dejar pasar, dejar de mencionar, que hoy estamos discutiendo un dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que fue aprobado desde el 6 de marzo de este año, a partir de una iniciativa de los diputados Ricardo Mejía y Ricardo Monreal.
Y solamente hago este comentario no sólo por las fechas, sino para dar a conocer a la sociedad la intención que tienen ustedes, diputadas y diputados, para decir que están cumpliendo con los temas que han manifestado serán su prioridad en este periodo, la transparencia y anticorrupción, pero que de todos modos siguen sin estar en el pleno.
Claro que celebramos que una de las 378 iniciativas que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha presentado, se esté discutiendo, el primer día de este periodo y en este pleno.
Pero no por eso dejaremos de ser críticos porque la transparencia y anticorrupción ha sido la prioridad del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Hoy se discute esta iniciativa que en esta materia se presentó desde el 2013 y como se puede ver no sólo criticamos, también hay propuestas viables. Es sólo cuestión que la mayoría en esta Cámara tenga la voluntad de analizarla.
Tenemos que el derecho administrativo sancionador corresponde a la capacidad punitiva del Estado y de la mención de los tipos de sanciones. Observamos que se trata de penas que pueden vulnerar tanto la esfera de derechos de los gobernados como su esfera patrimonial, según sea el caso.
Es evidente que el ejercicio de esta potestad sancionadora debe de contar con límites y principios que garanticen al gobernado la salvaguarda de su esfera de derecho. Ante esta disyuntiva en la construcción de esta rama de derecho administrativo, los doctrinarios han recurrido a arreglar los procedimientos desde una perspectiva garantista para los gobernados.
Y cuestionamos que el ciudadano se encuentre sujeto a la tramitación de un procedimiento administrativo por un periodo indeterminado que vulnera desde toda perspectiva sus derechos.
Es decir, la naturaleza de cada procedimiento legal debe tener un inicio claro y un final, permitiendo que ante la inactividad de las partes, en especial de la autoridad, se sancione con la caducidad del proceso, entendiendo la caducidad como la pérdida de un derecho o una potestad debido a la omisión de ejercerlo durante un período determinado.
En el caso concreto de las autoridades administrativas, la sanción por no concluir el proceso administrativo de la emisión de un acto debe ser la caducidad del mismo; de lo contrario, el gobernado se verá afectado profundamente pues se le sujetará a un estado de indeterminación frente al proceso.
La Ley Federal de Procedimiento Administrativo no establece la existencia de la caducidad para el proceso omiso, salvo cuando se violente el plazo para la emisión de la resolución, es decir, únicamente cuando se hayan sustanciado todas las etapas del proceso, quedando únicamente pendiente la emisión de la resolución y, en caso que no se emita en el tiempo correspondiente, se considerará que el proceso de concluirá por la caducidad del mismo.
Lo anterior habilita que existan casos en que se notifique a la parte de la autoridad el inicio de un procedimiento de verificación administrativa y que posteriormente no existan actuaciones por parte de ella en un período considerable, como pudiera ser un año, pudiendo en todo momento reanudar el procedimiento sin que el particular pueda apelar a la caducidad de éste.
El problema planteado encierra una profunda violación a la garantía de seguridad jurídica del gobernado pues le impide conocer la previsibilidad de sus actos.
Por eso también celebramos que en el dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción coincidan en que la iniciativa será la figura de caducidad, sin causar ningún perjuicio al gobernado y sin violar el orden público o interés social perseguido por el Estado, ya que la autoridad contará con el tiempo suficiente para el estudio del asunto y resolverá conforme a derecho y que con esta propuesta, de ser aprobada, brindará mayor seguridad y certeza jurídica, así como cumplirá con el derecho fundamental de una justicia pronta y expedita. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Huidobro González. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática le otorgamos el uso de la palabra a la diputada Gloria Bautista Cuevas.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, señor Presidente. Honorable asamblea: está a discusión el dictamen con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que remite a este pleno la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
La iniciativa presentada el pasado 31 de noviembre del 2013 por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, proponía también la reforma al artículo 18 de la misma norma y fue turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su estudio y elaboración de dictamen correspondiente.
La comisión dictaminadora consideró inviable la propuesta al artículo 18 de la citada norma, donde se establece que ante la continuación de oficio de un procedimiento administrativo iniciado a instancia del interesado, operará la caducidad de la instancia por la inactividad procesal de la partes, cuando en tres meses no existan actuaciones de las autoridades o los interesados.
Ello, con base en lo siguiente, pues en los artículos 17, 17 A y 17 B de la misma ley, se regulan los procedimientos iniciados a instancia del particular, pues ahí mismo se establece que la continuidad del procedimiento en este caso será de oficio y obliga a la autoridad a concluirlo cuando fue iniciado a petición del ciudadano o ciudadana.
Por otro lado, contraviene el espíritu del artículo 8o constitucional, el cual establece el derecho de petición por el cual la autoridad está obligada a responder un acuerdo por escrito a la persona que lo haya dirigido. Eso debe ser en un breve término, lo cual, en el caso que nos ocupa, está regulado por la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.
Por su parte, la dictaminadora estimó viable la modificación al artículo 60 que propone que para el caso de procedimientos iniciados de oficio, prevé que se entenderán caducados, no sólo en el caso de que transcurra el plazo de 30 días a partir de la expiración del plazo para dictar resolución, sino también en los casos en que la autoridad por su inactividad haya propiciado la paralización del procedimiento por tres meses.
Aquí vale la pena señalar que la caducidad de la instancia es una figura procesal que tiene por objeto aportar seguridad jurídica a las personas en un procedimiento determinado para evitar la incertidumbre, la discrecionalidad hasta la arbitrariedad y lograr la eficacia en el mismo para que cualquier autoridad cumpla en tiempo y forma con las obligaciones propias del ejercicio de sus funciones en cuanto a sus facultades y competencias constitucionales y legales en beneficio de la ciudadanía.
La modificación planteada al artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo fortalece la institución procesal de la caducidad de la instancia, pues permite acotar los tiempos para que la autoridad se apegue a los términos señalados en la propia ley, y dé una respuesta oportuna, pronta, expedita, en beneficio de la ciudanía, además de que se le otorga mayor certeza jurídica.
Consideramos que con esta propuesta se apuntala derecho a una justicia pronta y expedita establecida en el artículo 17 constitucional y, por supuesto, en pro del debido proceso en materia administrativa, al cual tienen derecho todas las personas.
Por lo aquí expuesto nuestro grupo parlamentario se pronuncia a favor del presente dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Es cuanto.
El Vicepresidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Fijará la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el diputado Enrique Alejandro Flores Flores.
El diputado Enrique Alejandro Flores Flores: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional felicita a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción por la aprobación de este dictamen, asimismo hacemos el reconocimiento a los promoventes.
Acción Nacional siempre ha estado a favor de la transparencia, Acción Nacional siempre ha estado a favor de la rendición de cuentas, pero sobre todo Acción Nacional siempre ha estado a favor de los ciudadanos.
Este dictamen da certeza jurídica a los ciudadanos, ya que ante los procedimientos administrativos en materia de transparencia y anticorrupción debe operar la caducidad de la instancia más no de la acción. Consideramos que esto brinda sin duda alguna la motivación la autoridad para que trabaje de forma eficiente y de manera eficaz en la resolución de los problemas y los conflictos que atañen en materia de transparencia y anticorrupción.
Decirles que este dictamen está dando tres meses para que no exista la inactividad de los procesos administrativos, estamos dando un término cierto y que consideramos justo para que estos temas en materia de transparencia se resuelvan y tengan un curso fluido, ya que no es posible que la autoridad dilate los procesos o bien el ciudadano dilate los procesos con la inactividad, ya que al interior de los órganos de gobierno existen ciertas herramientas que dilatan los procedimientos administrativos.
Con esto estamos dando la certeza jurídica de que si no se continúa con estos procedimientos vana a caducar. Por supuesto que también estamos reafirmando el compromiso que tiene Acción Nacional con los ciudadanos, ya que estamos dando equidad a la certeza para que los ciudadanos tengan la convicción y puedan tener cierto que la autoridad va a dar trámite a sus procedimientos administrativos sin dilatarlos. No podemos permitir que la autoridad siga siendo dilatoria de los procedimientos administrativos.
La propuesta contenida en el presente dictamen dota de mayor seguridad jurídica al gobernado al evitar incertidumbre que supone un procedimiento administrativo en cuanto al tiempo para su ejecución. Esto cierra la posibilidad de que las autoridades actúen o dejen de hacerlo a su arbitrio; sino por el contrario, observen y atiendan puntualmente las reglas que establecen cuando nace o cuando concluye una facultad para no generar incertidumbre.
En este sentido es importante señalar que para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional el presente dictamen debe ser aprobado con el fin de otorgar mayor seguridad jurídica a los gobernados, a afecto de que los procedimientos administrativos encuentren un inicio y una conclusión sin arbitrariedad de los encargados en resolver estos procedimientos.
Con esto, Acción Nacional nuevamente vuelve a dar el paso para los ciudadanos, nuevamente da el paso adelante en la certeza jurídica y por supuesto volvemos a dar el paso y refrendamos el compromiso con la transparencia, ya que este dictamen es el primero que se discute en el último año de ejercicio de esta legislatura y por supuesto Acción Nacional tiene como prioridad la transparencia y la rendición de cuentas. Muchísimas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Del Partido Revolucionario Institucional, para fijar la postura de este grupo parlamentario, le otorgamos el uso de la palabra a la diputada María del Rocío García Olmedo.
La diputada María del Rocío García Olmedo: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, llevar a cabo una adecuada impartición de justicia ha sido uno de los principales objetivos del Estado mexicano y por ello es necesaria la implementación de mecanismos de regulación cada vez más precisos y estrictos, que permitan avanzar hacia un mayor control de los órganos encargados de llevar a cabo esta función, asegurando así la protección de los derechos de los gobernados.
En el artículo 17 de nuestra Carta Magna se establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho, así como que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
La caducidad es una institución procesal de seguridad jurídica que evita la incertidumbre que supone un procedimiento, y puntualiza la eficacia de un procedimiento en cuanto al tiempo para no dejar abierta la posibilidad de que las autoridades actúen o dejen de hacerlo a su arbitrio, sino que observen y atiendan puntualmente las reglas que establecen para no generar incertidumbre y arbitrariedad.
Por tal motivo, en la reforma planteada en el dictamen que hoy nos encontramos discutiendo ha quedado de manifiesto que en los procedimientos que se inician por oficio, únicamente operará la caducidad hasta el momento en que corra el plazo para la emisión de la resolución, permitiendo con esto que la autoridad reanude en todo momento la vigencia del proceso, incluso cuando pudieran haber transcurrido años sin que se cuente con una sanción para su inactividad procesal.
Es por esto que consideramos acertado establecer en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que para el caso de procedimientos iniciados de oficio se prevea, que se entenderán caducados, no sólo en el caso de que transcurra el plazo de 30 días a partir de la expiración del plazo para dictar resolución, sino también en aquellos en que la autoridad por su inactividad haya propiciado la paralización del procedimiento por tres meses.
Lo anterior, no sólo garantiza que se lleve a cabo una adecuada impartición de justicia, sino que se ajusta a lo establecido en el artículo 13 de nuestra Constitución, el cual establece que la actuación administrativa en el procedimiento se desarrollará con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe.
Es así que la adición propuesta por los legisladores promoventes de la iniciativa brindará mayor seguridad y certeza jurídica, así como operará en pro del derecho fundamental de una justicia pronta y expedita. De igual forma, al robustecer la figura de caducidad en el procedimiento administrativo mediante esta reforma, permitirá fortalecer aún más la impartición de justicia, la cual se encuentra enfocada en la protección de los derechos de la sociedad. Por lo que en este caso se conservan los principios de impartición de justicia y se conserva también el interés social perseguido por el Estado.
Compañeras y compañeros legisladores, la impartición de justicia en el país ha avanzado mucho en las materias familiar, civil y penal. Las reformas aprobadas por el Congreso han sido primordiales para asegurar que se respeten los derechos de la sociedad.
Sin embargo, no podemos olvidar la impartición de justicia en el ramo administrativo, ya que también en esta rama se debe garantizar la seguridad jurídica de los gobernados. Por tal motivo, el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada García Olmedo.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V del Reglamento de esta Cámara, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular los siguientes diputados, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
En esos términos, hasta por tres minutos le otorgamos el uso de la palabra al primero de los señores diputados que he nombrado.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, a pesar de estar en esta asamblea semivacía, este dictamen es sumamente importante. Debo advertir que hay en este tema de la caducidad, como institución procesal, opiniones distintas, dispares y hasta encontradas acerca del alcance, acerca del propósito y acerca de si debe de persistir en el derecho procesal mexicano la figura de la caducidad, que en algunos textos de derecho procesal se han eliminado.
Hace un rato conversaba con un diputado del Partido Verde sobre una reflexión que hacía él sobre el término de la caducidad, pero también en un análisis comparativo con el término de la negativa ficta y la afirmativa ficta.
Quiero expresarles, que en algunos textos se ha venido abonando esta figura procesal y en algunos otros se han eliminado, en el contexto del contencioso administrativo, en algunos códigos procesales. Y también es una figura que es necesario aplicar para no dejar sin defensa a los gobernados. Podría pensarse al contrario, que son en beneficio de la autoridad estas disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el artículo 60. Hemos acordado revisarlo, me parece correcta su observación.
Y quiero agradecerles, sobre todo a la comisión que preside Areli Madrid, hemos presentado cerca de 400 iniciativas de ley en estos dos años de ejercicio legislativo. En estas 400 iniciativas que hemos presentado, sólo se han obtenido una decena de dictámenes positivos. No obstante, que el contenido de muchas de estas normas son indispensables.
Por ejemplo, presentamos una iniciativa de Ley de Austeridad Republicana que duerme el sueño de los justos. Presentamos también múltiples iniciativas para combatir la corrupción, para fortalecer el federalismo, para combatir la pobreza.
De las 400 iniciativas, muy pocas han tenido este sentido positivo en su dictamen, por eso, aunque no es muy dado felicitar a miembros del PRI, miembros de otros partidos, en esta ocasión yo quiero expresar mi felicitación a Areli Madrid y a la comisión por haber dictaminado positivamente.
Hay otras comisiones, como la de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias que no han pasado muchas de ellas, a pesar de que tenemos la razón, pero que por el simple hecho de presentarlas nosotros, como adversarios políticos, los diputados asumen una actitud de estar en contra de nosotros, por presentarlas nosotros, a pesar de la voluntad que pueda expresar positivamente el presidente de la comisión.
Ojalá y pudiéramos sacar más iniciativas de las que hemos presentado y que de verdad son indispensables para actualizar el derecho vigente, para actualizar la norma y para generar condiciones propicias de gobernabilidad en este país.
Muchas gracias y éste es un ejemplo de lo que pudiera hacerse. Creo que va a ser muy difícil, sobre todo ahora que ustedes han retrocedido en materia de nacionalismo y en materia de una actitud en beneficio de la patria. No va a ser fácil después del daño que le han causado al país.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Monreal Ávila. Tiene ahora el uso de la palabra y para hablar en pro, y hasta por tres minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros legisladores, sumarme al reconocimiento de la Comisión de Transparencia en este tema que busca dar certeza jurídica en los procedimientos administrativos.
Originalmente habíamos planteado modificar dos artículos, pero esta reforma al artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, me parece que le da más certeza a los procedimientos que se llevan a cabo tanto por lo que tiene qué ver con la autoridad como lo que tiene qué ver con los gobernados, con los ciudadanos y con quienes son materia de esta Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Nosotros en Movimiento Ciudadano buscamos reducir la discrecionalidad y que haya un marco jurídico más claro tanto para la autoridad como para quienes impugnan actos que puedan ser llevados a cabo y que afecten sus derechos, que afecten sus garantías, que afecten su esfera como seres privados.
En ese sentido, nosotros vamos a seguir insistiendo no solo en este tema que tiene qué ver con la Ley de Procedimiento Administrativo sino en el tema de la transparencia y el combate a la corrupción.
Me parece, lo hemos escuchado de dientes para afuera, que todos los partidos indican para este periodo de sesiones una visión de combate a la corrupción, pero vamos a verlo ya en los hechos. Nosotros no creemos que la solución esté en seguir creando más organismos como la Comisión Anticorrupción, sino quizá fortalecer las competencias de atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, de la propia Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, revisar los órganos de control interno de las dependencias, de los organismos públicos. Y me parece que debe haber un combate a fondo, no nada más para taparle el ojo al macho y que se vea como que hay una decisión del gobierno por combatir este flagelo, sino que se traduzca en verdaderas instancias.
No insisto en crear más organismos, porque de qué han servido hoy, por ejemplo, para los que son agredidos en sus derechos humanos, una Comisión Nacional de Derechos Humanos que es omisa, que no cumple su función, que cuando hay grandes intereses que se afectan el Ombudsman se hace de la vista gorda; de qué nos sirve un Ifai cuando no presenta acciones de inconstitucionalidad en temas como fue la Ley Federal de Telecomunicaciones que establece limitaciones a las libertades y a las comunicaciones privadas.
Pero ése será sin duda tema de la agenda legislativa de este periodo, y en tanto celebramos que esta iniciativa haya sido aprobada por la Comisión de Transparencia y que pueda ser aprobada por este pleno. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Ricardo Mejía. En atención a que se ha agotado la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: ¿Faltó alguna diputada o algún diputado por emitir su voto?
El diputado Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (desde la curul): A favor
La diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 393 votos a favor, 3 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular por 393 votos el proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Estimadas diputadas, estimados diputados. Los grupos parlamentarios han planteado a esta Mesa Directiva el que pasemos a la discusión de proposiciones con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. Esta Mesa Directiva obsequia en consecuencia la petición.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul). Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: ¿Con qué objeto, señor diputado? Sonido. Adelante, diputado Jorrín.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Es un tema en relación a lo que está ocurriendo en Guerrero en el tema de seguridad. Tenemos graves problemas en Tixtla y en Chilpancingo, con el efecto -tal vez- cucaracha -que le llaman- en el tema de seguridad, en donde la gente está viviendo una zozobra eterna y se requiere que este Congreso tome las medidas correspondientes para que no solamente al estado de México vaya la Gendarmería, sino también en estos dos estados, en Morelos que está ocurriendo lo mismo, una situación muy delicada con una cantidad enorme de secuestros, lo mismo que está ocurriendo en el centro del estado de Guerrero.
Por lo tanto, señor presidente, yo le pido que usted tome las medidas correspondientes para que la Gendarmería también sea asignada a estos lugares. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Víctor Jorrín. Por ahora su planteamiento queda incorporado al Diario de los Debates. Muchas gracias.
En los términos que les he expresado y, de conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Teresa Jiménez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Relaciones a Exteriores convoquen a una cumbre con sus homólogos de los Estados Unidos de América, Guatemala, Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador, para que elaboren una declaración conjunta que garantice la salvaguarda de los derechos humanos y la dignidad de los niños migrantes no acompañados. Diputada Jiménez Esquivel, tiene el uso de la palabra.
La diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Con su permiso, señor presidente. Estimadas diputadas y diputados, es doloroso ver el hambre, la discriminación y el maltrato que padecen los llamados “niños no acompañados” en su tránsito por Centroamérica, México y la frontera sur con Estados Unidos de Norteamérica.
Pero esto no es lo único que sufren; también son víctimas de la delincuencia organizada, la trata y la explotación inhumana y degradante.
A pesar de esos peligros, el número de niños migrante no acompañados ha aumento considerablemente debido a la violencia e inseguridad existente en sus países de origen, así como su deseo natural de reunirse nuevamente con sus padres o familiares residentes en los Estados Unidos.
Los datos del Colegio de la Frontera Norte son contundentes; fueron detenidos por las patrullas fronterizas de Estados Unidos, hasta hace un mes, 46 mil 188 menores y actualmente la cifra ya supera los 52 mil 193 niñas y niños.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por la institución académica, 11 mil son mexicanos; 13 mil son hondureños; 11 mil guatemaltecos y 9 mil proviene de El Salvador. Así el total de menores centroamericanos detenidos en 2014 equivale al 45 por ciento de las deportaciones hechas en los cinco años.
En 2009 se reportaron 3 mil 304 detenidos; en el 2010, más de 4 mil; en el 2011, 3 mil 933; para 2012 la cifra aumentó a más del doble, es decir, a más de 10 mil deportaciones; y en el 2013 a más de 20 mil.
Por eso debemos anteponer el interés superior al menor y defender en el corto plazo esta crisis humanitaria infantil.
Ante esta problemática en los últimos 15 días de junio nuestro gobierno sostuvo al menos tres reuniones con autoridades de los países centroamericanos. Al respecto el secretario de Relaciones Exteriores José Antonio Meade, detalló que se ha fortalecido la coordinación con las embajadas de Guatemala, El Salvador y Honduras e incluyó a la Red Consular Mexicana en Estados Unidos a contactar a sus contrapartes centroamericanos para hacer frente a esta situación.
A la luz de lo anterior los mexicanos debemos hacer frente a esta penosa y vergonzosa situación con liderazgo y decisión, para ser congruentes con los instrumentos internacionales que se han firmado como son: la Convención Sobre los Derechos del Niño; el Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los Derechos del Niño; el Protocolo Facultativo Relativo a la Participación del Niño en los Conflictos Armados; el Convenio Sobre la Edad Mínima de 1973, y el Convenio Sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, en 1999.
Esta amplia legislación internacional coincide en que las niñas y niños tienen derecho a disfrutar de una vida plena y feliz, a vivir en el seno de una familia, a disfrutar de una alimentación saludable, a la educación, a la salud y a un medio ambiente sano y sustentable, entre otros.
Bajo estos principios, los Estados, independientemente de su forma de gobierno o de poder económico, tienen la obligación de hacerlos efectivos, además de garantizar el derecho a la vida y el bienestar de la infancia.
Lo anterior pone en claro la necesidad de establecer un instrumento internacional en la materia que reconozca la problemática en cuestión y establezca responsabilidades compartidas entre los Estados involucrados a efecto de salvaguardar de manera integral los derechos de las niñas y los niños.
Es urgente que los jefes de Estado y de gobierno, así como los secretarios y ministros del exterior, se reúnan para elaborar, de manera consensuada, dentro del ámbito de sus competencias, una declaración que garantice la protección y salvaguarda de los derechos humanos de las niñas y los niños no acompañados y además establezcan las garantías necesarias a efecto de construir mecanismos que propicien mejores condiciones de vida en sus países de origen.
Hagamos un llamado al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a tomar conciencia del problema para darle una solución de responsabilidad compartida y, a partir de un enfoque humanista, evitar resolverlo bajo una interpretación de seguridad nacional.
Ya hay antecedentes. El pasado 29 de julio los gobiernos de México y California exigieron que se dé un enfoque humanitario al problema de los niños migrantes no acompañados y rechazaron el uso de las fuerzas públicas o militares como una respuesta ante las emergencias, como ha sido el despliegue de la guardia nacional y personal militar en Texas.
Por esta razón, la Cámara de Diputados eleva un llamado urgente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los términos de los artículo 1o y 4o constitucionales, y a sus homólogos de los países mencionados en los términos de sus leyes locales para que, de manera corresponsable, se elaboren soluciones a la pobreza y a la violencia e inseguridad para evitar que las niñas y los niños sigan abandonando sus países de origen.
Por lo anterior expuesto el Partido Acción Nacional somete a consideración de esta soberanía lo siguiente:
Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en el ámbito de sus competencias y a través de los conductos adecuados, convoquen a una cumbre de sus homólogos de los Estados Unidos de Norteamérica, Guatemala, Belice, Costa Rica, Hondura, Nicaragua y El Salvador para que, de manera coordinada, elaboren una declaración conjunta que garantice los derechos humanos y la dignidad de niñas y niños migrantes no acompañados en su camino a los Estados Unidos de Norteamérica, con el fin de luchar contra esta crisis humanitaria.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en el ámbito de sus competencias, a través de los conductos adecuados promuevan, junto con los Estados Unidos de Norteamérica, Guatemala, Belice, Costa Rica, Hondura, Nicaragua y El Salvador, la elaboración de políticas comunes para que, en un marco de corresponsabilidad y de apoyo financiero compartido, se garanticen mejores condiciones de vida, se revierta la violencia y la inseguridad existente en dichos países que provocan la expulsión de las niñas y los niños.
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de sus competencias y a través de los conductos adecuados, promueva junto con los Estados Unidos de Norteamérica, Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador, mecanismos e instrumentos que permitan abordar la problemática desde un punto de vista humanitario, a efecto de evitar el despliegue de personas u organizaciones armadas que atentan contra la vida de esta niñas y niños, y personas que cruzan la frontera norte, particularmente del personal militar y de la Guardia Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Jiménez Esquivel. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se considera de urgente resolución. Para los efectos del artículo 100 y 113 numeral 1, fracción I, del reiterado Reglamento de esta Cámara, se han registrado para hablar sobre el tema los siguientes señores diputados y señoras diputadas: diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza; diputada Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; diputada Lorena Méndez Denis, de Movimiento Ciudadano; diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Raúl Gómez Ramírez, del Partido Acción Nacional, y la diputada Leticia Calderón Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado nombrado en primer término, Ricardo Fujiwara. Adelante, por favor.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, diputado Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Perdón, rectifico, señor diputado, con su autorización; el uso de la palabra será hasta por tres minutos. Por favor, adelante.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente; con el permiso de mis compañeras y compañeros.
La migración, como todos lo sabemos, es un fenómeno creciente que evidencia las condiciones de pobreza, marginación y falta de oportunidades que viven los países expulsadores de indocumentados.
El desempleo y la inseguridad, son factores determinantes para que miles de personas año con año abandonen sus países de origen y decidan migrar en forma indocumentada hacia los Estados Unidos.
En sí mismo, éste ya es un fenómeno con grandes aristas, pero que en los últimos años y en los últimos meses ha cobrado dimensiones superiores, debido al considerable aumento del flujo migratorio de niños no acompañados.
Estos niños han decidido viajar solos porque ya atraviesan difíciles situaciones que los obligan a dejar sus hogares, ya sea buscando reunirse con sus familias que previamente se han movido a Estados Unidos o por la necesidad imperante de escapar de la violencia o de cualquiera de sus múltiples variantes.
Las cifras nos muestran la extensión del problema, de acuerdo con datos presentados por Estados Unidos en los últimos ocho meses 52 mil 193 niños llegaron a ese país sin padres, provenientes principalmente de países como México, Honduras, Guatemala, El Salvador y Belice. Y en los primeros cinco meses de este año las autoridades estadounidenses han deportado a México cerca de 6 mil 330 niños, principalmente originarios de Centroamérica.
Todos estos pequeños están expulsados y están expuestos también a una gran cantidad de peligro. Por su condición de vulnerabilidad son proclives a riesgos para su salud, su integridad física, su dignidad e incluso su propia vida.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tenemos la convicción de salvaguardar los derechos de cada una de estas niñas y de cada uno de estos niños. En primer lugar hay que recordar que todos los niños están protegidos por la Convención de Derechos del Niño sin importar su categorización, nacionalidad o estatus migratorio.
Desde este punto de vista es importante establecer que esta crisis tiene que ser tratada de manera humanitaria, anteponiendo siempre el interés superior del niño. No podemos permitir que se va a estos infantes como invasores de un país y que se les trate o se les persiga como criminales.
Al ser un fenómeno multinacional es competencia de los países involucrados: de Estados Unidos, como país receptor, de México, de Honduras, de Guatemala, de Belice, de Costa Rica, de Nicaragua, de El Salvador. De todos estos países es su obligación implementar programas y políticas para hacer frente a esta gran crisis.
Por ello la urgente necesidad de promover la búsqueda de consensos a nivel regional para atender de esta manera el fenómeno de los niños migrantes, siempre en el marco del respeto a sus derechos humanos.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor del presente punto de acuerdo para establecer mecanismos e instrumentos internacionales que reconozcan y aborden de manera específica la problemática humanitaria que este tipo de migración significa, para que de manera conjunta se establezcan responsabilidades compartidas entre los Estados a efecto de salvaguardar de manera integral los derechos humanos de cada uno de los infantes que están migrando solos.
Compañeras y compañeros, es una situación dramática la que viven miles de niñas, niños y adolescentes, que se ven en la necesidad de viajar solos a lo largo del país, debemos hacer algo para mitigar su carga, evitarles peligros que pongan en riesgo su integridad y brindarles la seguridad y protección que tanto merecen. Por su atención y comprensión, compañeras y compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted. Tiene la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, es increíble que con nuestro socio comercial después de la celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994 y de igual forma que han firmado los países de Centroamérica instrumentos internacionales en materia comercial, en las fronteras tanto de Estados Unidos como la propia de México y en ese tránsito de los países centroamericanos hacia ese país que es Estados Unidos, tengan más facilidades de ingreso y mejor trato, trato nacional y cláusula de la nación más favorecida, las mercancías díganse las sillas, mesas, computadoras, en fin, un sinnúmero de artículos, a las personas, a los niños en específico.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte no establece una sola cláusula, una de respeto a los derechos humanos, sin embargo somos uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos de Norteamérica, y a su vez tampoco no tenemos una sola cláusula de protección de los centroamericanos que reclaman también el mismo trato en nuestro país, con los cuales hemos celebrado acuerdos comerciales de respeto de los derechos fundamentales.
Curiosamente en Europa la piedra angular de todos los tratados de la Unión Europea y la materia obviamente comercial, está inserto el respeto a la democracia y a los derechos humanos. Y ello a razón del papel que jugó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los propios países europeos. En cambio en este continente tienen más preocupación por los asuntos comerciales que por los derechos humanos de las personas.
En el caso de los niños es especialmente grave la situación. Si los migrantes indocumentados son invisibles, el caso de las afectaciones con los niños es angustioso, de suma urgencia y una situación dramática.
También llama la atención que este fenómeno no es reciente, es de hace más de 20 años pero ahorita, como ha causado una crisis humanitaria, ahorita sí, ahorita se quieren acordar, quizás también porque es año de elecciones, no lo sé, pero tuvieron mucho tiempo para acordarse de esta problemática y no tenemos a nivel interno ni a nivel tampoco con acuerdos con Estados Unidos o con Centroamérica, una preocupación real por firmar sendos acuerdos, tratados internacionales referentes al trato que deben recibir los migrantes, no importa si son legales o ilegales, y si entre ellos obviamente a mayoría de razón, si hay niños, mujeres o ancianos.
El Partido del Trabajo obviamente está de acuerdo y da un beneplácito al punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, sin embargo lamentamos y creemos que sea insuficiente esas reuniones parlamentarias o conferencias que se vayan a dar, mientras no se inserte en instrumento, un instrumento internacional donde acepten los Estados obligaciones y compromisos relativos a esta materia, que ya están establecidos en los tratados de derechos humanos, porque están en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención sobre los Trabajadores Migratorios y sus Familias, en fin, en un sinnúmero más de instrumentos internacionales. Estos instrumentos no distinguen entre migrantes legales o ilegales, entre niños o adultos, protegen a todo ser humano, sin importar si este es de cualquier raza, cualquier condición social y si bien es legal o ilegal.
Por las consideraciones antes señaladas hacemos votos para que estas reuniones se lleven a cabo con éxito y aprobamos el punto de acuerdo que se nos está presentando, no sin antes hacer un llamado para exigir al gobierno de Estados Unidos de América un acuerdo donde se exija un trato de respeto a los derechos humanos para todos los niños. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Loretta Ortiz. Tiene el uso de la palabra la diputada Lorena Méndez Denis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Lorena Méndez Denis: Con su venia, señor presidente. El Estado mexicano no ha asumido su responsabilidad con la niñez. Tenemos más de 23 años de rezago en la aplicación de la Convención de los Derechos de la Niñez de las Naciones Unidas.
En nuestro país cuatro de cada 10 mexicanos son menores de edad. Debido al alto porcentaje que representa este sector de la sociedad, el 29 de mayo del 2000 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene por objeto garantizar la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
Desafortunadamente dicho ordenamiento ha quedado en letra muerta, tal y como lo demuestra el apartado C de su artículo 14, el cual estipula que se debería diseñar y ejecutar las políticas públicas que sean necesarias para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo cual, a 14 años de su promulgación continua sin ocurrir.
Como consecuencia de lo anterior, constantemente somos testigos de noticias en las que los menores de edad son sometidos a malos tratos, viven en condiciones insalubres y experimentan abusos sexuales, situación que se ha evidenciado en casos como el operativo de la Procuraduría General de la República en el albergue de La Gran Familia, en Zamora, Michoacán, o en la red de trata encubierta en el albergue capitalino Casitas del Sur.
Dentro de los menores de edad existe un grupo que sobresale por su vulnerabilidad, el cual corresponde a los niños migrantes. En el caso particular de nuestro país, de acuerdo con el censo de población y vivienda 2010, 609 mexicanos dejan el país al día, de los cuales el 50 por ciento corresponde a jóvenes y adolescentes.
Por su parte, el boletín estadístico de la Secretaría de Gobernación, Repatriación de mexicanos 2014, revela que existen 20 mil 546 menores migrantes repatriados desde Estados Unidos de América, integrados de la siguiente forma: 19 mil 230 son mayores de 18 años; mil 173 tienen entre 12 y 17 años, y 143 oscilan entre los cero y 11 años de edad.
Asimismo, resulta importante mencionar que de manera geográfica el problema se acentúa en Centroamérica, pues tan sólo en los primeros cinco meses del 2014, las autoridades de Estados Unidos han deportado a nuestro país cerca de 6 mil 330 niños, principalmente pertenecientes a esta zona.
Lamentablemente se estima que este fenómeno aumentará en los próximos años, debido a la dinámica poblacional, a la desigualdad económica, a los conflictos de violencia, a los estados fallidos, a la escasez de recursos y a los desastres naturales y presiones medioambientales.
Como respuesta a ello, el gobierno mexicano ha sostenido reuniones con anterioridades de diversas naciones centroamericanas, entre las que destacan Panamá, El Salvador, Honduras y Guatemala.
Por lo previo, Movimiento Ciudadana votaremos a favor del punto de acuerdo que hoy se discute, pues la elaboración de una declaración conjunta que garantice la salvaguarda de los derechos humanos de las niñas y niños migrantes no sólo resulta deseable, sino urgente. No obstante, consideramos que este tipo de exhortos se traducen en acciones insuficientes ante un problema que vulnera a la sociedad desde lo más profundo.
Estamos convencidos de que no basta únicamente con crear una declaratoria, sino que ésta se debe implementar de manera eficaz, ya que actualmente existen numerosas disposiciones internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; el Convenio sobre la edad mínima y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, que no se han traducido en resultados concretos que representa un beneficio para los menores de edad.
Del mismo modo, por qué limitarnos a un punto de acuerdo, cuando las medidas propuestas pueden influir en la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no acompañados, que próximamente se discutirá en el Congreso.
Por qué no luchar por la inclusión de estos temas dentro de la iniciativa preferente, anunciada por Peña Nieto, sobre la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Dejemos de lado los pronunciamientos tibios y asumamos nuestra labor como legisladores, con propuestas concretas, que aborden la problemática de los niños migrantes de forma integral, ya que ésta viene acompañada de maltratos, aislamientos, violencia, malas condiciones de trabajo, omisión del pago de salario y la amenaza de ser denunciados a las autoridades, y que propongan el otorgamiento de ayuda humanitaria por parte de organismos de cooperación internacional, como la Cruz Roja, sólo así lograremos un verdadero impacto y no sólo buenas voluntades que al bajar de tribuna se traducen en letra muerta.
Por lo anterior expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Lorena Méndez.
Tiene ahora la palabra hasta por tres minutos el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su permiso, señor presidente, y que además aprovecho para felicitarlo por esta nueva responsabilidad.
Compañeras diputadas, compañeros diputados, la Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante, incorpora a toda la gama de derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.
En 1989 los líderes mundiales se dieron cuenta de que los niños y niñas debían contar con una convención especial, creada específicamente para ellos. Debido a que los menores de 18 años precisan de cuidados especiales.
En el caso de los niños migrantes no acompañados, la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 22 menciona que los Estados parte reconocen que adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de tener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los procedimientos internacionales o internos aplicables, reciba tanto si está solo como si está acompañado de sus padres, la protección y asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos enunciados en la presente Convención.
Los niños migrantes no acompañados son considerados migrantes políticos, ya que debido a conflictos internos la violación masiva de los derechos humanos en su país de origen, entre otras razones, se ven obligados a abandonar sus países. Este tipo de migración se caracteriza primordialmente por ser forzada y urgente.
Resultado de lo anterior y en cumplimiento a las obligaciones y resultado de la Convención sobre los Derechos del Niño y particularmente en atención al principio de No devolución, el Estado no trasladará al niño, la niña o el adolescente a un país donde haya motivos racionales para pensar que existe un peligro real de daño reparable que los afecte, como por ejemplo: tortura, tratos degradantes y privación de la libertad.
En este sentido y en concordancia con las ideas vertidas con antelación, las detenciones y deportaciones implementadas por los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica viene a trastocar el enramado jurídico internacional, cosa que no puede seguir pasando.
En un estudio realizado por la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para los Estados Unidos y El Caribe, la ACNUR, donde se entrevistaron a 404 niños de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, se llegó a la conclusión de que las diversas historias demuestran inequívocamente que muchos de estos niños desplazados se enfrentan a graves peligros y dificultades en sus países de origen.
Nuestro país no es ajeno a esta problemática, ya que la cuarta parte de los 47 mil niños detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos, entre octubre de 2013 y mayo de 2014 son mexicanos. Según informes de la Unicef es imperativo en este tenor enfocar los esfuerzos de prevención en entidades como Zacatecas, Michoacán y Oaxaca que es en los lugares de nuestro país donde mayor migración hay.
Resulta pues de gran relevancia encontrar los mecanismos idóneos para que los estados, la sociedad civil y el ACNUR puedan trabajar en la colaboración para asegurar de la mejor manera que a estos niños se les provea la protección que necesitan y merecen desesperadamente.
En síntesis tenemos que reconocer que la violencia e inseguridad tanto en México como en la mayor parte de Centroamérica han resultado en el desplazamiento de niños en la región, por lo tanto es necesario priorizar la protección internacional de estos menores, asegurar que el principio del interés superior del niño sea un componente central de cualquier respuesta que esté relacionada con las necesidades de protección de los niños, incluida la evaluación de una solicitud de refugio, asilo o cualquier otra forma de protección internacional.
Por último, resulta fundamental llevar a cabo medidas tanto regionales como nacionales para abarcar las causas de base desplazamiento de estos niños en un esfuerzo para reducir los factores que conducen a su desplazamiento forzado.
En la fracción del Partido Verde creemos que los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados no deberían de ser privados de su libertad por causas relacionadas con la migración; por lo tanto, los Estados deben presentar medidas alternativas, establecer las medidas en su legislación y elaborar políticas públicas que garanticen la aplicación efectiva de dichas medidas alternativas por las autoridades competentes.
Es por lo anteriormente establecido que apoyamos el presente exhorto, ya que consideramos que los problemas regionales solo podrán resolverse por medio de la cooperación internacional y el diálogo de la diplomacia. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Ernesto Núñez. Tiene la palabra ahora la diputada Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Amalia Dolores García Medina: Estimado señor presidente, paisano; compañeras, compañeros. Esta propuesta, este punto de acuerdo, me resulta y nos debe resultar muy relevante.
¿De qué debemos partir? Debemos partir de un concepto fundamental: los niños migrantes, antes que migrantes son niños, tienen derechos y hemos firmado convenciones internacionales poniendo en el centro que se deberán garantizar el respeto de la niñez. Yo subrayo y reitero. Antes que migrantes son niños y tienen que tener garantizado su interés superior.
Segundo. El fenómeno de la migración, este fenómeno de este éxodo tremendo que se ha vivido con niños migrantes no acompañados, es un fenómeno regional y, por lo tanto, efectivamente, la visión, las decisiones, las acciones, las políticas públicas, las leyes que se aprueben, tienen que tener una dimensión regional.
Hay un fenómeno de movilidad humana de tránsito, un éxodo, pero también hay que decir que de lo que se trata –y éste es un debate a nivel internacional; el propio gobierno mexicano y Estados Unidos tendrán que entrar a este debate- es que tenemos que poner en el centro otro concepto. No se trata, cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, de un asunto de seguridad nacional. En absoluto y de ninguna manera puede ser aceptable que sea ese el concepto que se utilice. El que se tiene que utilizar es el de seguridad humana. Ése es el que deben garantizar los países de la región ante este fenómeno donde deberían estar implícitos el respeto y la garantía a la protección de los derechos de niñas y de niños.
Se tiene que ir a las causas de fondo. ¿Por qué están emigrando? ¿Por qué hay este éxodo de niñas y niños? Es cierto que ha existido siempre, pero el número, la cantidad del volumen de niñas, niños emigrando en los últimos cuatro años ha rebasado absolutamente todo. No es igual lo que sucedía con niños migrantes hace seis, ocho años, a lo que sucede en los últimos cuatro años El fenómeno entonces tiene que revisarse y hay que revisar las causas.
Yo quiero subrayar algo que resulta también relevante y por eso la propuesta de una reunión de los gobernantes, de los jefes de Estado de Centroamérica, México y Estados Unidos resulta pertinente.
Quiero poner en el centro un tema que resulta muy doloroso, muy fuerte. La mayor parte de estos niños que están en este éxodo provienen de Honduras, y Honduras se ha convertido en el país con más alto índice de homicidios en el planeta en los últimos cuatro años. Pero paradójicamente –hay que decirlo- resulta que la mayor parte de las armas que inundan nuestra región provienen de los Estados Unidos. Son armas que han cruzado y han llegado a México y han llegado a Centroamérica.
Yo deseo subrayar que resulta increíble e insoportable, inaceptable por supuesto, que el gobernador de Texas, Rick Perry, haya decidido que vaya la Guardia Nacional para actuar frente a los niños migrantes que llegan de Centro América, cuando el 50 por ciento de las armas que cruzan a México y a Centroamérica fueron vendidas en Texas.
Si no quiere que lleguen los migrantes tenemos que parar la violencia y controlar el tráfico de armas. La venta de armas en esos 12 mil puntos de venta que hay en Estados Unidos, frontera con México, tendría que ser parte de los acuerdos. Es un asunto sustancial.
El otro tiene que ver con pobreza. Ésta es la región más desigual del planeta. Ya decía el padre Solalinde, –decía– haciéndole un llamado al obispo de Honduras, le decía “la pobreza es tremenda en Honduras; cinco familias dominan la riqueza de ese país y los demás viven en la pobreza”.
Pero no dejemos de hablar de México. En México tenemos al hombre más rico del planeta.
Y de este éxodo de cerca de 60 mil niños migrantes en Estados Unidos, una cuarta parte son mexicanos. Hay que ir a las cusas. Tiene que haber inversión productiva, tiene que haber empleo, tiene que haber educación, tiene que garantizarse que cese la violencia. Es sólo atendiendo a las cusas de fondo como esto se podrá enfrentar. Y se requieren políticas públicas con una visión regional, con responsabilidad compartida, se requieren recursos, se requiere atender aquello que obliga a la migración.
Bien lo dice Héctor Aguilar Camín: “querer legislar en contra de la migración o poner grupos y corporaciones y fuerzas armadas para querer detener la migración, es como querer legislar contra la ley de gravedad”. Mientras las causas existan seguirá habiendo migración.
Y por eso me parece pertinente esta reunión, esta declaración que en realidad debe de ser un compromiso conjunto de los gobernantes de la región.
Por cierto, en la iniciativa preferente que ha enviado el presidente de la república sobre niñas, niños y adolescentes, incluye en una parte niños migrantes.
Me parece interesante y hay que revisar la iniciativa. Pero hay un punto en el cual estoy en desacuerdo: el interés superior de los niños migrantes no acompañados y adolescentes, de ninguna manera lo puede determinar el Instituto Nacional de Migración. Ni siquiera en Estados Unidos está establecido así.
En Estados Unidos la Border Patrol y el AIC, canalizan a los niños migrantes, termino, señor presidente, los canalizan a un procedimiento judicial en donde hay abogados y puede tardar incluso varios años la determinación de la situación de los niños.
¿Por qué? Y termino con esto, porque frente a ellos la medida fundamental no puede ser la deportación. Si estamos hablando de violencia, deportar a los niños como medida principal, es seguramente exponerlos a un daño muy grave e inclusive con la posibilidad de la muerte.
Esto es lo que ante niños que antes que migrantes son niños, no podemos, no debemos hacer, ni los gobiernos de la región ni tampoco los congresos de la región ni las sociedades de nuestros países.
Estoy de acuerdo con la propuesta y por supuesto tenemos que enfrentarla con una visión de derechos humanos, de derechos, de inversión productiva y de fin a las armas, al tráfico de armas que vienen desde los Estados Unidos y lastiman a nuestra región. Gracias, señor presidente y gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada García Medina. Tiene ahora la palabra el diputado Raúl Gómez Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, también por tres minutos.
El diputado Raúl Gómez Ramírez: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, el día de hoy nos ocupa un hecho que demanda una atención urgente.
Para dar solución a una problemática que se traduce en una grave crisis humanitaria que afecta a un sector particularmente vulnerable de la población migrante, es decir, los migrantes menores de edad no acompañados.
Como se menciona en el presente punto de acuerdo, el incremento del flujo de niñas y niños menores migrantes que viajan sin compañía, principalmente desde México, Guatemala, Hondura, Nicaragua y El Salvador hacia los Estados Unidos, se ha incrementado considerablemente en los últimos cinco años. Esto obedece a una situación de inseguridad y violencia que viven en sus países de origen, así como por un deseo de reunificación con sus familias que radican en nuestro vecino país del norte.
De acuerdo con información vertida por diversos medios de comunicación, el problema de desplazamiento de niñas y niños centroamericanos y mexicanos se debe al rumor que se ha corrido en el sentido de que cuando lleguen a Estados Unidos van a gozar de una protección automática, lo cual carece de verdad debido a una ausencia de una reforma migratoria en Estados Unidos.
Los alcances y beneficios de esta materia se han visto muy limitados. Por todos son conocidos los principios y riesgos a los que se enfrentan los menores migrantes no acompañados durante su camino hacia Estados Unidos, entre los que destacan la explotación sexual, la explotación laboral, la criminalización por parte de autoridades migratorias y secuestro por parte de asociaciones delictivas para ser parte de las filas del crimen organizado, entre otros.
Esta situación requiere de una atención puntual por parte de los países anteriormente mencionados a través del reconocimiento de responsabilidades a efecto de retomar y redoblar esfuerzos para atender las causas fundamentales de la salida de las niños y niñas de sus países de origen.
Señoras y señores legisladores: como lo hemos manifestado en oportunidades anteriores, para Acción Nacional la migración se inscribe como un fenómeno cuya atención requiere de un esfuerzo integral por parte de los países con la finalidad de velar por la salvaguarda de los derechos humanos más allá de las fronteras entre los mismos, es decir, asegurar y promover su cumplimiento dentro del concierto internacional.
Es por ello que, enfocados en salvaguardar la dignidad de la persona humana, solicitamos su voto a favor del presente punto de acuerdo con la finalidad de asegurar que los niños cuenten con una protección eficaz e integral de cada uno de sus derechos y cuyo cumplimiento se inscriba como una obligación puntual por parte de los países involucrados en esta problemática.
Señoras y señores: el problema de las niñas y niños migrantes no acompañados no es para estar dando discursos mediáticos ni de los legisladores ni de los gobiernos que están inmiscuidos en esta problemática. Por eso el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor y les pide a todas y todos ustedes votar a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, señor Presidente. Gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, señor diputado Raúl Gómez. Tiene ahora la palabra la diputada Leticia Calderón Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.
La diputada Leticia Calderón Ramírez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: es imposible negar que el flujo migratorio de las niños, niños y adolescentes no acompañados hacia los Estados Unidos de Norteamérica ha sufrido un aumento considerable, debido a la problemática social y económica de sus países de origen.
Es obligado también señalar que, desde esta misma tribuna, el Grupo Parlamentario del PRI ha insistido una y otra vez en que los flujos migratorios no son responsabilidad exclusiva de los países de origen, sino también de los países de tránsito y destino.
El tema migratorio por la problemática que representa en nuestros días, debe posicionarse como una prioridad en las agendas nacional e internacional, particularmente en la de los países implicados en la región.
El fenómeno migratorio debe ser atendido de manera urgente e integral debido a la magnitud y alcances del mismo. El sueño americano pasa por territorio mexicano, un sueño que persigue diferentes objetivos, todos ellos sin duda legítimos, y que tienen como eje rector gozar de una mejor calidad de vida y nuevas oportunidades.
Es preciso reconocer que este fenómeno social también implica un drama humano, y ha derivado en una verdadera crisis humanitaria debido a la gran cantidad de menores de edad que se han visto reducidos a situaciones de máxima vulnerabilidad; niñas, niños enfrentan todos los días condiciones de soledad, de desamparo, de desigualdad y de exclusión en un entorno social ajeno, indiferente y hostil.
Es imperante que la comunidad mundial asuma de manera permanente y con una visión humanitaria y humanista la responsabilidad de garantizar la vida, la seguridad, la dignidad y los derechos humanos de las y los menores de edad que van en busca de un futuro más promisorio.
Miles de menores de edad sólo han cruzado y siguen cruzando la frontera de México hacia Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida, reunirse con sus familiares, huir de su realidad y encontrar alguna oportunidad que les permita hacer sus sueños realidad, por lo que es menester encontrar una respuesta a este éxodo de niñas y niños centroamericanos.
Sabemos por las cifras reveladoras en los medios de comunicación, que desde octubre del 2013, más de 52 mil niños y niñas fueron detenidos en Estados Unidos, particularmente en Texas y Arizona, dos estados fronterizos con México, en donde los centros de detención y bases militares se vieron saturados; las imágenes, por más desgarradoras, dieron cuenta del hacinamiento en la espera de su deportación. De cada diez, cuatro menores ni siquiera llegan a la frontera norte, es decir, quedan a su suerte siendo presa fácil de los peores delitos y peligros. La realidad es alarmante.
La cruda realidad por la que atraviesa la infancia migrante nos lleva a esgrimir lo establecido en los diversos instrumentos internacionales, así como salvaguardar sus derechos humanos y fundamentales, no importa su lugar de origen, las causas que los motivan, el lugar donde son interceptados, lo relevante es que son nuestros congéneres.
Son nuevas generaciones de seres humanos que tienen derecho a habitar el mundo en condiciones de respeto, de igualdad, de equidad y de justicia. En razón de lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRI coincide con la necesidad de impulsar acciones conjuntas con nuestras naciones hermanas. De ahí, que tomar la iniciativa para convocar tanto a los países expulsores de tránsito y receptores, resulta una medida no sólo viable sino también urgente.
Estamos a favor del punto de acuerdo que se ha puesto a nuestra consideración porque estamos a favor de la coordinación internacional para enfrentar y resolver los problemas que nos son comunes. Estamos a favor de la propuesta porque pensamos que las niñas y los niños del mundo son responsabilidad de todos.
Nuestro voto será a favor, porque la realidad de la niñez de nuestro continente reclama acciones humanitarias y visiones humanistas. Hoy las niñas y los niños de América y del resto del orbe deben ser mirados en su integralidad, en su totalidad y en su dimensión humana, para lo cual es preciso posibilitarles el libre goce y ejercicio de todos sus derechos. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Leticia Calderón. En atención de que se ha agotado la lista de oradores y con apoyo en el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados pido a la Secretaría que consulte, en votación económica, a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Enrique Aubry para presentar proporción con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fin de realizar las acciones necesarias para instrumentar un programa que asegure el suministro oportuno y completo de las recetas prescritas a los asegurados y derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, y suscrita por integrantes –la propuesta– del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.
El diputado Enrique Aubry de Castro Palomino: Con su venia, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.
El diputado Enrique Aubry de Castro Palomino: Compañeras diputadas y compañeros diputados, desde el inicio de la administración el actual gobierno federal reconoció que diversos factores sociales, como la protección de los derechos humanos, la salud y la educación, forman parte fundamental para que México logre su máximo potencial de desarrollo.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es un instrumento que fija cinco metas prioritarias: la paz, la inclusión, la educación de calidad, la prosperidad y, en general, la responsabilidad global.
En el México incluyente se establecen las estrategias para garantizar los derechos fundamentales a través de una red de protección social que permita el acceso a la salud con finalidad de evitar enfermedades inesperadas que perjudiquen la economía familiar.
Esta acción es identificada por el gobierno federal en el Programa Sectorial, como el abasto de medicamentos en las instituciones del sector público, ésta en lo más alto de la agenda gubernamental. Con ello el gobierno federal está demostrando que no sólo considera la salud como una garantía individual, sino como un elemento fundamental para incrementar la calidad de vida de los mexicanos y una estrategia que permita el desarrollo de México.
En este sentido, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 señala que el surtimiento de medicamentos es un aspecto integrado al acceso a la salud, por ello debe analizarse con puntualidad con la finalidad de garantizar este derecho constitucional.
En el diagnóstico de dicho Programa se determinó que existen diferencias del 35.6 por ciento del surtimiento total de una receta. Adicionalmente, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 indicó que los medicamentos constituyen más del 50 por ciento del gasto en salud de los hogares de México.
Asimismo, el Instituto Nacional de Salud Pública señala que en la mitad de las entidades del país la proporción de recetas surtidas completamente por el gobierno fue de apenas 46 por ciento, lo que significa que en promedio no se surtieron de manera completa más de 50 por ciento de las recetas médicas.
Esta situación coloca a nuestro país como el segundo a nivel mundial con mayor gasto en medicamentos en relación con el gasto total en salud, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Todo esto nos resulta muy preocupante ya que los mexicanos deben sumar a sus gastos mensuales el correspondiente al pago de medicinas, aun cuando éstos cuentan con la protección de salud a la que por ley tienen derecho.
Desafortunadamente hasta el día de hoy no ha existido un mecanismo eficiente que garantice el suficiente abasto de medicamentos básicos, por ello el presente punto de acuerdo busca generar estrategias que permitan garantizar los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el abasto oportuno de sus medicamentos.
Asimismo, se pretende que el gobierno federal dé cumplimiento a los objetivos planteados tanto en el Plan Nacional de Derecho del Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Salud, que buscan ampliar el acceso a la seguridad social a través de programas de distribución de medicinas que ajusten los incentivos de las instituciones de salud pública, los proveedores de medicamentos y los ciudadanos usuarios.
En atención a lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados del Partido Verde Ecologista de México ponemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para instrumentar un programa para la emisión de vales de medicinas, o bien un mecanismo que asegure el suministro oportuno y completo de las recetas prescritas por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a sus derechohabientes. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, ciudadano diputado, gracias a usted. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí se considera de urgente resolución. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Partido Nueva Alianza.
El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos de la prioridad que debe tener en la agenda federal el tema de la salud pública y en especial el enorme desabasto de medicamentos que existe en las clínicas, tanto en el IMSS, ISSSTE, así como en el sector salud federal.
Es urgente que la Secretaría de Salud federal implemente o modifique las estrategias para combatir el desabasto de medicamentos. Las estadísticas son alarmantes si consideramos que en las zonas rurales y en las regiones marginadas las familias pueden llegar a destinar más de la mitad de su ingreso mensual en la atención médica y compra de fármacos.
El artículo 4o. constitucional señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.
Lo que sin duda refiere a la atención médica de calidad y, sobre todo, la garantía de acceso a medicamentos prescritos para los diversos padecimientos de las y los mexicanos.
En el PEF 2014 se regresó al control de la federación la compra consolidada de los medicamentos, buscando una mayor transparencia en el combate a la corrupción en las entidades federativas. Esta acción implementada por el gobierno federal parecía ser un gran avance. Sin embargo, hoy en día el desabasto de medicamentos sigue siendo recurrentemente una de las mayores quejas que presentan los derechohabientes del sistema salud.
La histórica corrupción de la que ha sido víctima el sector salud en materia de compra de medicamentos sólo repercute en las y los ciudadanos que han tenido qué destinar parte de sus quincenas a subsanar las deficiencias que las diversas instituciones de salud tienen en este rubro.
Las y los diputados de Nueva Alianza exigimos que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud modifique la política y los programas para la distribución de medicamentos. De tal forma que se garantice en su totalidad el abasto de los mismos y así los pacientes no tengan qué desembolsar de su dinero para la compra de los mismos.
Por lo anterior, las diputadas y diputados de Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Rubén Benjamín Félix. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, queremos expresarle al pueblo de México y a esta soberanía, nuestro desacuerdo en convalidar la descarada intención de convertir el derecho a la salud de los mexicanos en un asunto mercantil.
La economía en materia de salud es un tema delicado y especial, en razón de que las reglas mercantiles ordinarias no tienen aplicación en el tema de salud. Lo que el presente punto de acuerdo describe de fondo tiene que ver con una promesa electoral, que desvincula la obligación del Estado en materia de derecho en salud.
Nuestra postura no es un solo acto de simple y llana oposición, sino de un acto de justicia y reconocimiento de los logros de las instituciones de salud social más importantes y benévolas de nuestro país.
En nuestra postura, el seguir luchando por dar una adecuada solución al tema de los rezagos en el sistema de seguridad social, se trata de garantizar el buen funcionamiento, operatividad, transparencia y eficacia de los institutos públicos en materia de seguridad social.
Compañeras y compañeros diputados, al pueblo de México queremos decirle, que la aprobación en instrumentar un programa para la emisión de vales de medicina en el IMSS e ISSSTE es una contradicción en el sistema de salud, ello en virtud de que los mismos nacieron con la idea de ser públicos, solidarios, subsidiarios para las clases trabajadoras. Sin embargo, hoy se pretende privatizar poco a poco, iniciando con un sector que debería ser público del Estado para beneficio de los mexicanos.
Sabemos que se está tratando de hacer creer a la población que el IMSS e ISSSTE ya no cumplen con sus funciones, a efecto de perfilar una futura privatización del sector. En el Partido del Trabajo no estamos de acuerdo con aquello que ven a la salud pública como algo insostenible, manera disimulada para pronunciarse a favor de la privatización del sector salud, en el que siguiendo la tendencia neoliberal serán los más pobres condenados a morir.
No se trata sólo de satisfacer la demanda de medicamentos, sino de implementar programas de salud preventiva. Es la información una valiosa herramienta para que los ciudadanos sepan cuidarse mejor, reduciendo los riesgos de una enfermedad.
No sólo es un asunto de responsabilidad personal, sino un asunto que también compete al Estado y sus instituciones. Hay que decirlo claramente, son muchos los intereses personales y perversos, que quieren convertir a los mexicanos en personas enfermas, desde las grandes cadenas de comida rápida hasta las grandes farmacéuticas que han visto en la salud el gran negocio económico.
Por qué otorgar vales de medicina, si se supone que las farmacias propias de los institutos de salud deberían de contar con todo lo necesario, ¿acaso no es responsabilidad del gobierno mantener el adecuado abastecimiento de las farmacias del IMSS e ISSSTE?
El vale de medicamentos tendrá que ser pagado por el gobierno a los particulares, entonces, ¿por qué no se usa este dinero para el abastecimiento de medicamentos y del Instituto de Seguridad Social e IMSS? Muchísimas gracias y es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra ahora, al diputado José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano.
El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, el derecho irrestricto de toda persona a la protección de su derecho a la salud en nuestro orden jurídico se encuentra consagrado en el párrafo cuarto, del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así también, la Ley General de Salud contempla que el amparo social de la salud resulta ser el mecanismo por excelencia, a través del cual el Estado garantiza el pleno ejercicio de esta prerrogativa constitucional, por medio del acceso efectivo, oportuno, adecuado y de calidad y sin discriminación de los servicios médico quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud a favor de toda persona.
De igual manera, la posibilidad de acceso a las medicinas suficientes que permitan mantener o preservar las condiciones de salud adecuadas son un requisito indispensable para garantizar efectivamente la protección de este derecho.
Así, todo medicamento representa un insumo básico dentro de un proceso terapéutico, por lo que el uso racional de los mismos demanda un abasto suficiente y oportuno, el cual debe ser uno de los principales objetivos dentro del sistema público de salud.
No obstante lo anterior, en México un número cada vez mayor de usuarios de los servicios de medicina pública experimentan un verdadero calvario día a día, pues el desabasto de medicinas es una constante, lo cual los obliga a acudir, en reiteradas ocasiones, a la unidad médica para que se los proporcionen.
En algunos casos se habla que el retraso en la entrega del medicamento va de tres hasta 30 días, lo cual pone en riesgo la salud de los pacientes, impidiendo que sus problemas de salud sean superados.
A pesar de la negativa de las autoridades de salud, son innegables y recurrentes las noticias respecto al desabasto de medicamentos en diversas unidades médicas de todo el país, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo cual es por demás lamentable, ya que nos habla que es un conflicto que se minimiza y no se le está viendo en su debida proporción.
Actualmente la incapacidad para proporcionar las medicinas que necesitan los pacientes, de enfermedades de tipo crónico degenerativas forman parte del principal desabasto, afectando cientos de usuarios de clínicas y hospitales de las instituciones de salud pública.
Ante la permanente falta de medicamos y la imposibilidad de los pacientes de esperar semanas para recibir la dosis asignada, familiares de estos o ellos mismos, en el mejor de los casos, adquieren el producto por su cuenta.
Sin embargo, el gasto en medicinas tiene un impacto sustancial en el ingreso de las familias, ya que esto significa un doble pago por un servicio de salud pública, ya que además de cubrir la cuota correspondiente, en cualquiera de los institutos, costean la compra de sus medicamentos, especialmente en las más pobres que pueden llegar a consumir más de la mitad de su ingreso mensual en atención médica, por ello, este gasto se convierte en un evento catastrófico para ellas.
Debemos ser conscientes que la falta de medicamentos en las clínicas y hospitales de los sistemas públicos de salud no solo atiende a un problema de mala administración, falta de transparencia, corrupción, en cuanto a la asignación del gasto, sino que atenta contra la salud y vida de miles de mexicanos vulnerando sus derechos constitucionales.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, votará a favor del presente punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra, la diputada Jessica Salazar Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Jessica Salazar Trejo: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Si bien es cierto que hay un problema de surtimiento de recetas que tiene mucho que ver con los procesos de licitación y la logística de distribución, también es cierto que durante el sexenio pasado ya presentaron esta misma intención de apoyar el surtimiento de recetas a través de vales de medicamentos.
El ISSSTE durante el sexenio pasado se enfrentó al escándalo más grande de adquisición de medicamentos con un sobreprecio de hasta el mil 300 por ciento, sin que a la fecha no haya un responsable este fraude el cual no se ha solucionado, localizando en otras farmacias el medicamento que no se encontró en el de la unidad médica de prescripción o comprando aquellos que sean de urgente aplicación.
Como muestra un botón, la campaña mediática de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto por lo de los vales de medicina, sin duda es un negocio para los distribuidores farmacéuticos, como se muestra a continuación.
El ISSSTE desde el 2009 decidió requerir el servicio de logística y distribución de medicamentos por la problemática que se tenía en los almacenes y farmacias, consistente en ciclos de abasto muy prolongados, 45 días, de hasta cinco veces en inventario, ausencia de un sistema de información confiable, alto nivel de merma cuyo costo es asumido por el instituto, caduco, robos o rotos, desabasto, recursos humanos limitados, falta de áreas adecuadas para resguardar y controlar los medicamentos e insumos para la salud entre otros.
Por lo anterior, en el año 2009 se licitó al Servicio Integral de Administración y Operación de la cadena de suministros de medicamentos y material de curación en el ámbito nacional, cuyo objetivo consiste en garantizar el abasto de medicamento y material de curación así como abatir el tiempo de surtimiento, niveles de caducidad de medicamentos y sistematizar los procesos internos de la cadena de distribución de medicamentos desde el proveedor hasta el derechohabiente.
La salud del país es sometida a las reglas del mercado, al avance tecnológico, a las patentes farmacéuticas, al registro de medicamentos y a la corrupción que hemos observado en las instituciones, como es el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Social para los Trabajadores del Estado.
En diciembre de 2009 el programa Medex otorgó más de 69 mil vales con un costo de 100 millones 500 mil pesos, con un costo promedio de mil 500 pesos por vale. El mismo mes, pero de 2010, Medex otorgó más de 463 mil vales con un costo de 331 millones 432 mil 431 pesos. Es decir, cada medicamento tuvo un costo promedio de 714 pesos. En un año los vales de medicamentos crecieron en 571.1 por ciento.
En el mes de marzo de 2001 se otorgaron 205 mil 938 vales de medicinas con un costo de 386 millones de pesos. Es decir, cada vale de medicamentos en marzo costó mil 874 pesos.
Según la revisión de diversos documentos del programa Medex, se puede constatar que hay un multimillonario negocio que favorece a una sola empresa: Fármacos Nacionales que es filial de Fármacos Especializados.
La distribución de medicamentos que se hace en las farmacias del ISSSTE es a través de una licitación multianual que desde el 2009 funciona y que fue adjudicada por tres mil 500 millones de pesos, para el almacenamiento y distribución de medicamentos a favor de Fármacos Especializados.
Cabe mencionar que los productos que no se encuentran en las farmacias del ISSSTE serán surtidos por la empresa de Fármacos Nacionales a través del programa Medex. Es decir, la empresa del padre que no surta, lo surtirá la empresa de los hijos. Un negocio redondo.
El ISSSTE tiene gastos para compra de medicamentos por al menos de dos mil 500 millones de pesos anuales y Fármacos Especializados ha ganado al menos 700 millones de pesos en licitaciones.
Medex distribuye exclusivamente medicamentos patentados. Todos son tratamientos individuales donde se encuentran efectivamente todo tipo de medicamentos como son Viagra, Melox, Paracetamol, etcétera.
Sorprende mucho que Medex es una empresa que compra en promedio los siguientes medicamentos. Medicamentos para el tratamiento de cáncer 430 mil pesos; medicamentos para el Sida 23 mil pesos, viagra seis mil pesos, medicamentos para hipertensión 28 mil pesos, medicamentos para la diabetes 88 mil pesos, medicamentos para artritis reumatoide 230 mil pesos, medicamentos para esclerosis múltiple 21 mil pesos.
Estos medicamentos no son producto de una licitación pública conforme a la Ley de Adquisiciones y está en riesgo el patrimonio de los mexicanos y los recursos para los derechohabientes. ¿Por qué todos estos medicamentos se gastan en una semana promedio por el Medex? ¿Es legal un acuerdo de la Junta Directiva del ISSSTE para que no pasen por licitación ni a precios nacionales estos medicamentos? Medex es una adjudicación directa a un particular con costos altísimos donde transgreden todas las normas del cuidado patrimonial.
Los problemas de abasto de medicamentos en el ISSSTE tienen que ver con una pésima administración que, por omisión o instrucción, están jugando con la salud de la gente para mantener contratos de subrogación de medicamentos y de la distribución de los mismos.
El planteamiento del diputado Escudero tiene mucho que ver con una propuesta de dicho partido para que si el IMSS no te proporciona las medicinas, que el gobierno te las pague, conforme a la campaña política que enarbolaron cuya publicidad sigue diciendo espera resultados.
Esto significa simplemente una propuesta electorera que además tiene un componente comercial si se considera que los vales de medicina pueden canalizarse a cadenas de farmacias que venden medicamentos a bajo costo como las Farmacias Similares y cuyos dueños tienen relación con el partido político ya mencionado.
La propuesta del Grupo Parlamentario del PRD es que la Cámara de Diputados incluya en el Presupuesto de Egresos el gasto que haga el IMSSS e ISSSTE en la compra de estas medicinas que no surten.
El compromiso de dar atención farmacéutica está establecido en la Ley del IMSS y del ISSSTE y no tendría sustento decir que con recursos fiscales se va a suplir lo que en dicho instituto no hay.
Por otra parte aceptar esta subrogación como en los hechos se aceptado la subrogación de guarderías, no es sino seguir también la ruta de la privatización silenciosa de todos los demás servicios que presta el IMSS incluidos los servicios médicos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada Salazar Trejo. Antes de continuar quiero a nombre de la Cámara de Diputados darles la bienvenida y saludar a un grupo de ciudadanos de la tercera edad, el Grupo Reforma Agraria Cuarta Sección y Grupo Conis, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Bienvenidas y bienvenidos.
Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Partido Acción Nacional.
El diputado Mario Alberto Dávila Delgado: Muy buenas tardes. Con su venia, diputado presidente.
El Partido Acción Nacional desde sus inicios ha manifestado que para mejorar la calidad de vida de los habitantes es necesario promover políticas públicas eficientes, adecuadas e integrales sobre el acceso a los servicios de salud.
El diseño correcto de dichas políticas determinará el abastecimiento de medicamentos, eficiencia en servicios, cobertura médica y quizás lo más importante, el desarrollo y la calidad de vida de la población.
Efectivamente en los últimos años el gasto en salud por parte de las familias mexicanas ha crecido considerablemente, específicamente en el rubro de los gastos relacionados con la adquisición de medicamentos.
Esto por un lado ha afectado a las economías familiares menos favorecidas y por otro es un indicador de las necesidades más urgentes que debe atender el gobierno mexicano en esta materia.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, hemos sostenido que es indispensable mejorar los mecanismos para la eficiencia en los servicios de salud como por ejemplo el abasto adecuado de los medicamentos.
Sorprende que la propuesta del Partido Verde se dé hasta ahora. Reconocemos que se trata de un asunto que desde la campaña manejaron como una de sus banderas.
Pero cabe decir que nosotros no daríamos nuestro aval a sabiendas de que este tema sea utilizado de mera acción de coyuntura tratándose de un asunto tan sensible y que se aprovechen los rasgos vulnerables de una sociedad con un fuerte interés político, sobre todo en vísperas de un proceso electoral. Hay que ver un poco más allá.
El presidente Peña Nieto ha señalado el impulso que dará a la universalidad de los servicios de salud.
En nuestro grupo parlamentario seguiremos atentos a sus propuestas y consideramos que sería bueno que ésta que hoy discutimos sea considerada e incluida como parte de una estrategia integral y ampliamente estructurada.
Señoras diputadas, señores diputados, como grupo parlamentario reiteramos que las políticas en salud deben garantizar mejores condiciones a todos los ciudadanos.
El abasto de medicamentos y el acceso de los servicios de salud, no debe estar subordinados a intereses políticos, sino que se trata de un asunto que hay que atender para garantizar los derechos sociales de todos los mexicanos.
El PAN se suma a proyectos que garanticen mejores prácticas en los servicios de salud como es este caso específico en el que votaremos a favor, pero dejamos muy en claro que este tema se debe de atender en el marco de una política social más integral en beneficio de todos los ciudadanos. Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, ciudadano diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Leobardo Alcalá Padilla: Con su permiso, señor Presidente y con el permiso de la Mesa Directiva y de mis compañeras y compañeros. Es para mí un privilegio el poder representar a mi partido en este posicionamiento sobre una serie de medicamentos y los vales que deberían de entregarle a miles y millones de ciudadanos. Felicito a Enrique Aubry, proponente de este punto de acuerdo, por la sensibilidad que ha tenido para con los ciudadanos.
Y miren, los pongo en expectativa. Hoy México ha tenido, junto con el resto del mundo, la posibilidad de que sus ciudadanos sean mejor atendidos y atendidos en salud. La expectativa de vida ahora para las mujeres es de 76 años y para los varones es de 74 años. El grave problema es cómo envejecemos, es cómo crecemos y qué posibilidades tenemos de verdaderamente atender algún tipo de enfermedad.
Hablar de la diabetes: 14 millones de mexicanos, entre siete mil y hasta 70, 80 mil pesos mensuales. Hablar de la hipertensión, más de 20 millones de mexicanos hipertensos y oscilan las cantidades, si no se tiene complicación, entre siete, ocho mil pesos hasta 30 mil pesos mensuales de tratamiento médico. Ya no hablaría de hospitalización ni hablaría de intervenciones quirúrgicas.
Es lamentable que hoy una leve infección, el comprar antibióticos cueste más de 500 pesos el tratamiento semanal. Por eso decirles que el derecho a la protección de la salud es una prerrogativa contenida en nuestra carta magna, misma que, dentro de sus finalidades, se encuentra el bienestar físico —o debería de encontrarse— y mental de las personas para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, así como de la prolongación y el mejoramiento de la calidad de vida. No es lo mismo prolongar la vida que prolongar la muerte.
En cumplimiento de lo que establece nuestra Constitución, el gobierno federal ha planteado diversas acciones tendientes a prevenir y en su caso atender las diversas enfermedades que nuestra población padece, mismas que se encuentran planeadas de forma específica en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Salud 2013-1018.
Sin embargo, la atención adecuada para prevenir y combatir una enfermedad va estrechamente vinculada, entre otros factores, al medicamento que les proporcionen a los pacientes, si no existe un tratamiento adecuado y si no existe el hecho de poder manejarse con oportunidad y cumplir los tratamientos, conlleva a que haya resistencias bacterianas y que el costo del tratamiento por ende sea cada día más costoso.
La Encuesta Nacional de Salud efectuada en el año 2012, establece que el surtimiento total de los medicamentos que contienen las recetas médicas muestra que ya hay deficiencias que alcanzan cerca del 40 por ciento, por lo que consideramos que es un problema que se tiene que atender.
Hoy compañeras, compañeros, tengamos presente que el tratamiento adecuado de una enfermedad a través de la ingestión de los medicamentos necesarios permite proteger y mejorar el estado de salud de las personas, lo cual conlleva a un bienestar personal y familiar, así como un beneficio para el Estado, ya que se reducirán costos asociados a la atención médica de enfermedades que se pueden agravar incrementando, como ya lo había mencionado, los costos.
Por ello, los integrantes del grupo parlamentario de mi partido votaremos a favor del punto de acuerdo por el que se exhorta, y de manera respetuosa, al Poder Ejecutivo federal a realizar las acciones necesarias para que instrumenten un programa para la emisión de vales de medicina, o bien, un mecanismo que asegure el suministro oportuno y completo de las recetas prescritas por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a sus derechohabientes.
La promoción, implementación e impulso de las acciones tendientes al aumento del bienestar físico y la calidad de salud en la población siempre serán impulsadas por los legisladores de mi partido.
Es por ello que nos unimos al enfoque de la Secretaría de Salud al considerar que el tema de abasto de medicamentos en las instituciones del sector público, está en lo más alto de la agenda gubernamental, porque con ello se cumplirá con unos de los fines emanados del derecho a la salud.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, compañero diputado. Concluida la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se aprueba el acuerdo.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado, comuníquese.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se recibió de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictamen.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (15:06): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 4 de septiembre de 2014 a las 11 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas del día. Muchas gracias.
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