Comunicaciones oficiales
Dictámenes a discusión
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y en lo particular
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Iniciativas de diputadas y diputadas
Recibidas y turnadas a Comisiones
Adriana González Carrillo, PAN
José Antonio León Mendívil, PRD
Gerardo Villanueva Albarrán, PMC
José Angelino Caamal Mena, PNA
Comunicación de la Junta, con cambios en comisiones
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 254 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado (11:29 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea, si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, si se dispensa la lectura, tomando en consideración que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Proceda la Secretaría, a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobada el acta.
El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Raúl Gómez, ¿con qué objeto?
El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Señor presidente, gracias. Con el objeto de agradecerle al secretario de gobierno del estado de México por la llamada que recibió su servidor el día de ayer atendiendo la denuncia, pero a la vez hacer la denuncia en contra de elemento de la Policía Federal que después de que se quitaron las garitas en el caso específico de Nuevo Laredo, que servía como filtro para la detección de documentos falsos, armas, etcétera, la Policía Federal se la pasa extorsionando a nuestros connacionales en los límites de Tamaulipas y Nuevo León, por lo cual hago un atento llamado al comisionado para que ponga atención a esta denuncia. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Queda registrada su expresión de gratitud al ciudadano secretario general de gobierno del estado de México. Por lo que hace al resto de sus comentarios, se registra también su participación en el Diario de los Debates. Gracias, diputado Raúl Gómez.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Proceda la secretaría a dar lectura al oficio por el que se comunica modificación al turno de una proposición.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Honorable Asamblea, la Presidencia de la Mesa Directiva con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica modificación de turno de la siguiente
Primero, proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que incluya al estado de Colima en el Programa Anual Auditoría para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, por lo que se refiere a la revisión del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol que manejó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con el gobierno de ese estado, presentada por la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el 26 de agosto de 2014. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para su atención. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor secretario. De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios. Permítame, señor secretario. Diputado Enrique Aubry ¿con qué objeto?
El diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (desde la curul): Gracias, señor presidente, sólo solicitarle por medio suyo, que la Mesa Directiva pueda coordinar que el Congreso pueda poner un centro de acopio los damnificados del huracán Odile que tanto ha lastimado a nuestro estado de Baja California Sur y tomar todas las medidas para poder ayudar a todos los ciudadanos de este gran estado que están pasándola mal. Nos unimos a las pérdidas y a las penas que están viviendo y ojalá podamos unir a todos los diputados para ayudar a todos los damnificados.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Hacemos nuestra su propuesta, señor diputado Aubry, y haremos llegar a la Junta de Coordinación Política la misma para que se tomen las medidas necesarias. En tanto, también se instruirá a la Secretaria General para tales efectos. Muchas gracias por su intervención.
Continúe la Secretaria.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficios de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez por los que solicita que se retiren de los registros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos las siguientes iniciativas:
Con proyecto de decreto que reforma los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación presentada el 8 de abril de 2014, y
Con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación, presentada el 30 de abril de 2014.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que comunica que el doctor Pablo Cotler Ávalos llevará a cabo la evaluación del diseño 2014 del Fondo Nacional Emprendedor.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que se informa que en el mes de agosto del 2014 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento. Continúe.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que se remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondientes al mes de agosto de 2014, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de agosto de 2013.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El diputado José Alfredo Botello Montes (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame secretaria. Diputado Alfredo Botello, ¿con qué propósito?
El diputado José Alfredo Botello Montes (desde la curul): Sí, muchas gracias. Solicitar a la Presidencia si es tan amable instruir al encargado de la Gaceta Parlamentaria para que se publiquen a la vez los anexos que se dice acompañar, precisamente a estas participaciones del mes de agosto que se han dado a los gobiernos de los estados.
Muchas gracias. Es que no están publicadas, señor presidente, ése anexo.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tengo conocimiento, señor diputado, que en medios electrónicos están a su disposición; consultarles sin perjuicio, por supuesto, de atender su petición de la publicación y de personalmente hacerle llegar los anexos.
Adelante, secretaria.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se recibió de la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla, contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del segundo año del ejercicio de la LXII Legislatura, relativo a la Convención sobre los Derechos del Niño.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase al promovente, para su conocimiento.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Rodimiro Barrera Estrada, por la comisión, para fundamentar el dictamen. Adelante, por favor.
El diputado Rodimiro Barrera Estrada: Con su permiso, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.
El diputado Rodimiro Barrera Estrada: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, para fundamentar –a nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción– el dictamen respecto a la iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción somete a consideración de esta honorable asamblea el dictamen que reforma el artículo 8o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, misma que presenta la labor realizada por nuestra comisión para impulsar disposiciones que generen condiciones equitativas entre los actores que participen en los procedimientos de contratación pública, a efecto de que estos sean más transparentes, que aseguren un correcto empleo de los recursos públicos y al mismo tiempo impulsen el desarrollo económico nacional en todos los ámbitos.
La propuesta de reforma pretende fomentar la participación del sector social de la economía para que se vea beneficiado con programas de apoyo para que participen en los procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, con la finalidad de fortalecer los organismos con enfoque social y de esta manera estos logren un flujo de recursos que les permita capitalizarse y competir en condiciones favorables.
En este contexto se establece un mecanismo que facilita la expansión de la actividad económica del sector social, lo que fomenta la participación de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social, para la distribución y consumo de bienes y servicios en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.
Con lo anterior se da observancia a lo dispuesto en la Carta Magna, en su artículo 25, pues corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional integral y sustentable para que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y de la riqueza, se permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.
Asimismo, debe referirse que corresponde al Estado planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional. Donde deberán concurrir con responsabilidad social los sectores público, social y privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan a al desarrollo nacional. Y que, bajo criterios de equidad social y productividad, la Carta Magna mandata que se apoye e impulse a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a modalidades que dicte el interés público y al uso en beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.
Por lo que con la propuesta se cumple, a través de la vía legislativa, con el deber constitucional, consistente en apoyar e impulsar a los organismos del sector social de la economía, a la luz de criterios de equidad social y productividad, en pro del beneficio general y el interés público, como lo señala la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al establecerse condiciones favorables para las formas económicas de organización social se abona para la consecución de la promoción, fomento y fortalecimiento del sector social, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia y a la equitativa distribución del ingreso y a mayor generación de patrimonio social.
Con la aprobación del presente dictamen se generan las condiciones y los mecanismos indispensables para incentivar la existencia de sociedades cooperativas y de todas las formas de organización económica social, pues se les reconoce como un motor importante en la activación económica, en tanto puede advertirse su existencia en cualquier actividad u oficio, llámese de construcción, de reparación, de construcción de vivienda, educativo, entre otros.
Por todo lo anterior, a nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, solicito su voto a favor del presente dictamen, pues con ello se dará un paso más en beneficio del sector social de la economía y en el robustecimiento del marco normativo que rige la contratación pública. Por su atención, muchas gracias compañeros legisladores.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias diputado Barrera Estrada.
Nos acompañan y los saludamos, a invitación de las señoras y los señores diputados: Soraya Córdova Morán, diputada Aleida Alavez Ruiz, compañera vicepresidenta, el señor diputado Ricardo Monreal Ávila e Irazema González Martínez Olivares, alumnos de la Universidad de Ahuacatlán, Puebla, de la Escuela Nacional Preparatoria número cuatro, Vidal Castañeda Nájera, de la UNAM; de la Facultad de Derecho de la propia Universidad Nacional Autónoma de México, y la escuela Profesor Juan de Dios Rodríguez Heredia, de Naucalpan, del estado de México. Los saludamos y gracias por su acompañamiento.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para fijar la fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene ahora la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, hasta por cinco minutos.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputada.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Gracias. Damos la bienvenida a los alumnos invitados por el diputado Ricardo Monreal Ávila.
En el mundo económico existe una figura que en los últimos años ha tomado relevancia debido a las personas que hacen uso de ella, y a la variedad de sectores que abarca. Estamos hablando de las cooperativas.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas existen más de 3 millones de personas que pertenecen a empresas cooperativas, las cuales se integran en 226 organizaciones a lo largo de 87 países.
Entre los rubros que merecen especial atención debido al peso cooperativo presente en ellos destacan el de la salud, vivienda, bancario, agrícola e industrial demostrando que el carácter de las cooperativas no se limita a un sector específico.
Es así que a través de un sistema que fomenta como ejes rectores la democracia, la equidad, la solidaridad, la autorresponsabilidad, la honestidad y la transparencia, se han realizado esfuerzos internacionales en los que se busca que las naciones otorguen un apoyo sólido a las empresas cooperativas domésticas.
Con base en esto, la ONU declaró en 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas teniendo como principales propósitos crear mayor conciencia sobre la contribución de las cooperativas al desarrollo económico y social; fomentar la constitución y el crecimiento de estas organizaciones, y establecer políticas adecuadas para las mismas.
A pesar de los esfuerzos realizados en nuestro país, el fortalecimiento y el apoyo que se han brindado a estos esquemas empresariales ha resultado mínimo siendo el principal responsable de lo anterior el gobierno; ya que es él y no la iniciativa privada, el comprador más importante dentro del territorio mexicano.
De acuerdo con la información de Compra Net, las compras gubernamentales del 2013 ascienden a más de 42 mil 472 millones de pesos, de los cuales, sólo el 21 por ciento tiene como proveedora a una empresa perteneciente al esquema de Mypymes y de organizaciones del sector social.
Por ello estamos de acuerdo con el dictamen que se discute el día de hoy, ya que busca que la Secretaría de Economía dicte las reglas que deben de observar las dependencias y entidades derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las sociedades cooperativas, y demás formas de organización social que conforman el sector social de la economía.
En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como para establecer que para la expedición de dichas reglas, se tome en cuenta, además de la opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, la del Instituto Nacional de Economía Social.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor. Sin embargo, debemos decir que esta reforma no tendrá el menor impacto si no viene acompañada de políticas que ataquen los dos principales problemas que enfrentan las sociedades cooperativas en México, las restricciones que enfrentan para obtener financiamiento y la ausencia de una política de Estado que promueva su desarrollo.
Mientras en nuestra nación se siguen privilegiando las compran efectuadas a grandes consorcios y a extranjeros, continuaremos siendo el lugar 18 de los 20 países de América Latina en el crecimiento del producto interno bruto real per cápita.
Permaneceremos con exportaciones que han presentado una disminución de su valor agregado de 58 por ciento hasta 39 por ciento y seguiremos con importaciones que han transitado de 80 mil millones de dólares a 370 mil millones de dólares, desde la entrada en vigor en 1974 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a la fecha.
Sin la realización de políticas que favorezcan el otorgamiento de créditos y que brinden seguridad jurídica a las cooperativas, en México continuará permeando la concepción de que estas organizaciones representan una economía marginal, cuando en realidad son uno de los pocos instrumentos que pueden ayudar a mitigar la desigualdad, a generar empleos y a combatir el sector informal.
Tengo otra propuesta: que en vez de que haya pronunciamientos para apoyar a los damnificados en Baja California Sur, en Baja California, que los diputados hagan uso de las subvenciones extraordinarias o de todas las subvenciones para poder apoyar a estos damnificados.
Vuelto a repetir: no solo basta con un pronunciamiento o que se haga un centro de acopio aquí en la propia Cámara. Regresen las subvenciones extraordinarias. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Huidobro.
Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos. Adelante, diputada.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados, tengo el honor de posicionar a mi fracción parlamentaria en torno a este dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que aprueba la reforma al artículo ocho de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para promover a las cooperativas y demás formas de organización social, como proveedores del gobierno.
Cabe recordar que el 29 de mayo de 2013, ante la Comisión Permanente, la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, secretaria de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, a nombre de todos los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, presentó un punto de acuerdo en el que se hacía un respetuoso exhorto a la Secretaría de Economía y a las dependencias que forman parte de la Comisión Intersecretarial de compras y obras de la administración pública, para que además de reducir barreras a la participación de las micros, pequeñas y medianas empresas se considere a las sociedades cooperativas de producción, y en general a las empresas que forman parte del sector social de la economía, como proveedores que representen importantes ventajas para el país y que se les permita acceder a los beneficios de la demanda del sector público.
Hoy, este dictamen a discusión establece en el artículo ocho de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que la Secretaría de Economía dictará las reglas para que deban observar las dependencias y entidades para promover la participación de las empresas nacionales, micro, pequeñas y medianas, así como las sociedades cooperativas y las demás formas de organización que conforman el sector social de la economía de nuestro país.
Sin duda, este es un paso positivo hacia la incorporación de las cooperativas y las empresas sociales como proveedoras del sector público, no está de más recordar que a raíz de la crisis del año 2008, a escala mundial, sector social de la economía, del cual forman parte las empresas cooperativas, se ha convertido en un objeto fundamental de las políticas públicas, por su resistencia, por su contribución a una estabilidad real, no sujeta a especulaciones y por su integración a su contexto social.
Por esa razón, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2012 como el año Internacional de las Cooperativas. Con ello, el máximo organismo mundial exhortó a los estados integrantes a que fomenten el desarrollo de las cooperativas por el importante papel que desempeñan en términos sociales y productivos.
De acuerdo con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la economía social y las cooperativas con su énfasis en el desarrollo de los valores demostraron ser un modelo empresarial versátil y viable que puede prosperar incluso en épocas difíciles.
El secretario general también recordó que el éxito de estas empresas impidió que muchas familias y comunidades cayeran en la pobreza como consecuencia de la crisis provocada por la irresponsabilidad de los grandes monopolios.
Hoy, por este paso a favor de la economía social, felicito a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, y estoy segura que los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social que tengo el honor de presidir, también estarán satisfechos con este dictamen, ya que también coincide con la opinión que aprobamos durante la discusión del Presupuesto de Egresos 2014 de constituir a las cooperativas y a las empresas del sector social como proveedores preferentes del sector público.
Este dictamen contribuye a generar una política de desarrollo y crecimiento de estas formas socioeconómicas de producción, que por demás está decirlo, no vemos en un interés por parte de la Secretaría de Economía o del Instituto Nacional de la Economía Social para impulsar una política pública en ese sentido.
También vemos como una oportunidad el hecho de que las grandes obras, las magnas obras que se han anunciado por el Ejecutivo, en este momento se pueda aplicar este dictamen que con el apoyo de cada uno de ustedes saldrá aprobado este día.
Hoy invito a dar su apoyo a este avance votando a favor de este dictamen para que podamos tener en el país esta nueva economía fortalecida y que seamos congruentes para que el sector social de la economía pueda ser también una política pública a nivel de todo el país y que podamos tener así fortalecido a este sector que contribuye a la riqueza del país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Bautista Bravo.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En atención, señoras y señores diputados, a que se ha agotado la lista de oradores, se considera suficientemente discutido el dictamen, y por ello pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos, para proceder precisamente a la votación en lo general y en lo particular del dictamen.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprovecho para saludar, para darles la bienvenida, a un grupo de vecinos invitados especiales de la diputada Orta Coronado. Ellos son vecinos, dije, de la ciudad de Aldama y de Altamira, de nuestro hermano y querido estado de Tamaulipas. Bienvenidos.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Miguel Sámano Peralta (desde la curul): A favor.
El diputado Roberto Ruiz Moronatti (desde la curul): A favor.
El diputado Tomás Torres Mercado (desde la curul): A favor
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Señor presidente, se emitieron 340 votos en pro, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular por 340 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona los incisos l y m a la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático.
Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el señor diputado Sergio Augusto Chan Lugo, por la comisión, para fundamentar el dictamen correspondiente. Adelante, señor diputado.
El diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, vengo a este acto a nombre de la Comisión de Cambio Climático a fundamentar el sentido del dictamen por el que se adicionan los incisos l, m y n de la fracción VI, del artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático, lo cual lo realizo en los siguientes términos:
Primero, de fecha 11 de diciembre de 2013, se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los incisos m, n, y o a la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático.
Esta iniciativa fue presentada por un integrante de la Comisión de Cambio Climático, la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.
La diputada promovente manifestó que se busca conjuntar una serie de propuestas fortalecidas de cooperación de los tres órdenes de gobierno, del sector privado, de la sociedad civil y también del sector académico.
Es así que surge la necesidad de incorporar a las atribuciones de la Federación, así como de las entidades federativas que la conforman, el desarrollo social y la política exterior en materia de concurrencia o materias concurrentes para contrarrestar los efectos del cambio climático por considerarlo fundamental en la formulación de planes específicos en el tema ambiental.
Coincidimos con la promovente en que las variaciones de la temperatura afectan los cambios climáticos normales y más aún, si estos se ven reflejados en las afectaciones que se ocasionan en los ámbitos sociales, ambientales y económicos, provocando severas afectaciones por el desarrollo de las mismas.
Lo anterior trae como consecuencia que no se pueden desarrollar de manera armónica las relaciones entre los tres órdenes de gobierno antes mencionados, generando afectaciones al desarrollo social de las personas y el desarrollo del medio ambiente; tiene que haber concurrencia, tiene que haber participación conjunta de los tres órdenes de gobierno y por supuesto involucrando a la sociedad en su conjunto.
Es de esta manera que los resultados que se obtienen afectarán en mayor medida a las poblaciones más vulnerables, deteriorando su nivel de desarrollo en comparación con los demás nichos de población.
Somos coincidentes en que la participación conjunta de los diversos sectores involucrados en el tema es de gran relevancia para alcanzar los objetivos planteados o trazados, ya sea que hablemos del sector gobierno, del sector privado o académico, entre otros, es decir, de la sociedad en su conjunto.
Sería un error abordar los temas de cambio climático, desarrollo social y política exterior con temas totalmente aislados. Por ello, esta iniciativa propuesta por la diputada Yesenia Nolasco presenta una oportunidad para dar un paso para la generación de leyes que sean transversales, dejando a un lado el aislamiento de las políticas públicas y destacando un carácter convergente y global con las leyes que yacen en el espectro jurídico tanto del derecho internacional como del derecho constitucional.
Se debe garantizar la calidad de vida de todos los seres. Por ello debemos actuar con prontitud para detener los efectos de cambio climático y la degradación medioambiental. Por lo tanto, es necesario dar lugar a una mayor inclusión y para ello se necesitan cambios estructurales en las políticas, estrategias y leyes que el Estado genera para adaptarse a las necesidades actuales.
Es por eso que en representación de la Comisión de Cambio Climático, en donde están representadas las diversas fuerzas que componen esta asamblea y que todas estas fuerzas representadas en la comisión votamos a favor de que validemos la iniciativa de la diputada promovente, hoy vengo hasta esta tribuna a pedir el voto a favor de este dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Chan Lugo. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Rodrigo Chávez Contreras para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado Rodrigo Chávez Contreras: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados: el dictamen que hoy se discute busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General del Cambio Climático.
Especialistas, ambientalistas políticos y la sociedad civil en general debemos coincidir en la importancia de sumar, de coordinar esfuerzos, generar programas gubernamentales, promover acciones de conservación de la biodiversidad y evitar acciones destructivas y contaminantes para México.
El Protocolo de Kioto sentó un precedente como medio para solucionar problemas ambientales a largo plazo y constituyen los primeros pasos hacia la implementación de una estrategia de respuesta para combatir el cambio climático.
Este esfuerzo internacional nos compromete como legisladores a que la transversalidad se plantee como objetivo estratégico del Estado, plasmado en nuestra propia ley.
Con ello atendemos y damos carácter de obligatoriedad a las instituciones y servidores públicos para dar relevancia al deterioro ambiental priorizándolo en sus programas y acciones gubernamentales.
Se debe impulsar políticas públicas y conceptualizar transversalmente los criterios recomendados por los organismos de Naciones Unidas para su aplicación dándole relevancia, eficacia y perfeccionamiento a los ordenamientos legales que protegerán a las nuevas generaciones del deterioro ambiental y el cambio climático, que son los peligrosos escenarios de alteración climática a los que se enfrenta la humanidad a partir del resultado de nuestras propias acciones.
Lo que hoy se propone en el presente dictamen es incorporar a este proceso del cambio climático a las atribuciones de la Federación, el desarrollo social y la política exterior.
Un tema prioritario para el gobierno debería ser el cambio climático; sin embargo no se han puesto en marcha las acciones necesarias para llevar a cabo dichos programas, ya que son necesarios los recursos económicos y los marcos jurídicos, así como la voluntad política que garantice la protección e implementación de las estrategias viables para su consideración.
La transversalidad con política de desarrollo social y política exterior en materia de cambio climático representa al contribuir para evitar sus efectos, adoptar el concepto; es decir, no al aumento de temperatura, no al deshielo de los glaciales, a las sequías, a las lluvias atípicas causantes de inundaciones, contribuir a evitar oleadas de calor y huracanes, pero también significa detener este cambio climático resguardando e interrumpiendo acciones propias del hombre como la desforestación, la quema de bosques, la minería, la emisión de gases a la atmósfera, etcétera.
Por eso es de suma importancia implementar acciones de mitigación a través de la implementación de políticas públicas más adecuadas basadas en la sustitución de energías fósiles por fuentes de energías alternas y limpias.
No obstante, no podemos de dejar de enunciar que aún y con la aprobación de leyes para proteger el medio ambiente y disminuir el cambio climático, este gobierno se ve muy torpe por decir lo menos, edificar en la aplicación de estas leyes.
Ahí está el derrame de los desechos contaminantes de la mina Buenavista del Cobre concesionado al poderoso influyente Grupo México sobre el río Sonora y que a decir de la organización ambientalista Greenpeace, será imposible de revertir los efectos dañinos en los próximos años.
En ese sentido, y en congruencia con nuestra responsabilidad ambiental para las nuevas generaciones, en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votaremos a favor del presente dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Cambio Climático.
Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Chávez Contreras.
Hasta por cinco minutos le vamos a otorgar el uso de la palabra a la diputada Nolasco Ramírez.
Les ruego su comprensión, antes de que haga uso de la palabra, para expresar un saludo de esta Presidencia a doña María Rosa Ferrer Obiols, ella es Cónsul Mayor de la Comunidad de Andorra La Vieja, quien asiste al foro Andorra: experiencia de éxito en emisión de políticas públicas y que organiza la Comisión de Desarrollo Municipal que preside y que invita nuestro compañero, el señor diputado Ernesto Núñez Aguilar. Sea usted bienvenida y quien le acompaña a este recinto parlamentario.
Ahora sí, por favor, diputada, adelante.
La diputada Yesenia Nolasco Ramírez: Con la venia de la Presidencia. Como secretaria de la Comisión de Cambio Climático celebro la aprobación del presente dictamen. Lo aplaudo, pues nace con el conocimiento de que el cambio climático se acepta como un problema ambiental global, quizás uno de los más relevantes en nuestro siglo, en función de sus impactos previsibles sobre los recursos hídricos, los ecosistemas, la biodiversidad, los procesos productivos, la infraestructura, la salud pública y en general sobre los diversos componentes que configuran el proceso del desarrollo.
Se trata de un fenómeno complejo que impacta en su espectro diversos ámbitos de la actividad humana, como la ambiental social y económica, siendo nuestro país vulnerable, particularmente por su situación geográfica conformada por variantes condiciones climáticas, tal situación obliga la adopción de medidas para mitigar sus efectos.
La necesidad y la conveniencia de actuar ahora resulta cada vez más evidente y no debe posponerse una acción que, además de contrarrestar el cambio climático y sus impactos adversos, podría contribuir al logro de múltiples objetivos que concluyen en el desarrollo humano sustentable.
Los efectos negativos se hacen sentir con mayor crudeza en las poblaciones más vulnerables, siendo las comunidades y países en vías de desarrollo las más afectadas, así lo explica también el Índice de Desarrollo Humano. El cambio climático exacerba los peligros ambientales crónicos, mientras que las pérdidas de los ecosistemas limitan las oportunidades de la subsistencia, en especial de los más pobres.
Enfrentarlo implica desarrollar de inmediato actividades de mitigación o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, mejor conocidos como los GEI, así como medidas de adaptación, reducción de la vulnerabilidad y de los riesgos para la vida en el orden natural y el desarrollo.
Tanta es la importancia del tema y sus impactos en distintas esferas que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe define al cambio climático como un fenómeno de carácter global y nos presenta enormes desafíos como humanidad en su conjunto, su gran diversidad de causas y consecuencias generan una multiplicidad de efectos tanto económicos y sociales como en el medio ambiente y los ecosistemas.
Soy coincidente en lo señalado en el presente dictamen, y que textualmente cito: Sería un error abordar los temas de cambio climático, el desarrollo social y la política exterior como temas totalmente aislados, ya que los tres tópicos forman parte de una agenda de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas ante titulado Agenda del Desarrollo post 2015.
No nos es ajeno que las condiciones actuales del medio ambiente son las resultantes de la relación e intensidad de la interacción naturaleza-sociedad. Por ello considero que la Cooperación Nacional, así como Internacional, en la toma de medidas sobre políticas ambientales abona a fortalecer acciones sólidas. La conformación de alianzas permitiría la uniformidad política en materia ambiental, lo que conllevaría a una compatibilidad internacional.
Por lo cual se propone adicionar a la política exterior, dentro de la Ley General de Cambio Climático, para continuar abonando al cumplimiento de las metas signadas por nuestro país en los distintos escenarios internacionales. Asimismo, considerando que el fenómeno climático nos refiere una responsabilidad social, se ve la necesidad de incorporar el término “desarrollo social” dentro de las atribuciones de la federación para implantar acciones para regularlos.
Compañeras y compañeros, es evidente que nos encontramos en un periodo de cambios en los patrones climáticos que impactan de manera elocuente la composición, estructura y funcionamiento de la gobernabilidad ambiental. En ese sentido, nuestro deber como representantes nos precisa formular y acoplar la legislación actual con un firme compromiso solidario, ético y responsable en la mejora y protección del ambiente.
Por lo anteriormente citado, y en congruencia con las necesidades de la sociedad y los valores y compromiso del Grupo Parlamentario del PRD, votaremos a favor del presente dictamen.
Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Yesenia Nolasco Ramírez.
En atención a que se ha agotado la lista de oradores, se considera que el dictamen está suficientemente discutido. Por esa virtud, ciudadana secretaria, le pido que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del propio dictamen.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: De viva voz.
El diputado Roberto Ruiz Moronatti (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Cierre el sistema, señora secretaria.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 357 votos en pro, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular, por 357 votos el proyecto de decreto que adiciona los incisos l) y m) a la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Muñoz Soria José Luis, adelante por favor señor diputado.
El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. El día de mañana, 19 de septiembre, se cumple un aniversario más de una fecha difícil para nuestro país, como fue el 19 de septiembre de 1985, que enlutó principalmente a esta capital. Quisiera pedirle muy respetuosamente, solicitarle que pudiera plantearse un minuto de silencio por esta aciaga fecha. Po su atención muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado José Luis Muñoz Soria. Informo a la asamblea que mañana esta Cámara de Diputados participará de una serie de eventos, justamente en esa conmemoración. Por ahora señoras diputadas y señores diputados, esta Presidencia, la Mesa Directiva, obsequia la petición del diputado Muñoz Soria y decreta un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en esa fecha.
(Minuto de silencio)
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley de Premio, Estímulos y Recompensas Civiles, de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, de la Ley de Vivienda, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley General de Asentamientos Humanos, de la Ley General de Bienes Nacionales, de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley General de Población, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente y de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pequero.
Tiene la palabra hasta por cinco minutos, esto con apoyo en el artículo 104 numeral 1, Fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, la señora diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, por las Comisiones Unidas, para fundamentar el dictamen respectivo.
Adelante, ciudadana diputada.
La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo: Muchas gracias, Presidente.
Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con la venia de la asamblea.
El día de hoy vengo a esta tribuna a fundamentar el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, de la Ley de Asociaciones Público-Privadas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, de la Ley de Vivienda, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley General de Asentamientos Humanos; de la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General de Desarrollo Social.
De la Ley General de Población; de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley Orgánica de la Financiera Rural presentadas por el senador Eviel Pérez Magaña, y turnadas a las Comisiones Unidas de la Reforma Agraria, y Gobernación, con opinión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, de esta Cámara de Diputados.
A manera de síntesis, la minuta que nos ocupa pretende armonizar y actualizar el contenido de diversas leyes, con el único fin de que el nombre de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es decir, la Sedatu, sea actualizado en los distintos ordenamientos, a fin de que este órgano de la administración pública federal tenga la certeza jurídica para desempeñar sus atribuciones, facultades y obligaciones.
En este sentido, las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Gobernación, con el objeto de generar certidumbre jurídica estima viable la minuta con Proyecto de decreto, toda vez, que con fecha 2 de enero de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Reforma al artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante la cual, a la antigua Secretaría de Reforma Agraria se le asignan nuevas atribuciones para el ordenamiento territorial y urbano, por lo que se transforma en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
De donde surge la necesidad de a actualizar las leyes que vinculen y mencionen a esta última, puesto que resulta incoherente que haya sido creada una nueva entidad de la administración pública federal, y que la legislación vigente no le conceda certeza en sus funciones, atribuciones y obligaciones.
Así pues, es de explorado derecho, que a fin de otorgar certeza jurídica se realice la actualización de diversas disposiciones legales y establecer congruencia con el marco jurídico aplicable en la dependencia que nos ocupa, a fin de garantizar el desarrollo agrario, territorial y urbano que plantea la creación de la misma, así como de los programas relativos al orden territorial.
Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Gobernación están a favor de las consideraciones que motivan la minuta que remite la colegisladora, toda vez que la reforma a las diversas disposiciones de las leyes ya citadas permitirán dotar a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de un marco armonizado, lo cual genera mayor certeza jurídica para que este órgano de la administración pública cuente con mejores condiciones para cumplir con diligencia sus funciones.
Por lo anteriormente expuesto y en nombre de estas comisiones unidas multirreferidas les pido su voto en favor de presente dictamen de minuta. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Mota Ocampo. Nos damos oportunidad para saludar a integrantes de la Unión de Ejidos del Valle de Tizayuca, del estado de Hidalgo. Ellos han sido invitados por el señor diputado don Francisco González Vargas. Bienvenidos.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene ahora el uso de la palabra por cinco minutos don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que fijará la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Partido del Trabajo. Adelante.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Queda como antecedente que votamos en contra de las reformas en la administración pública federal y hoy la minuta propone realizar modificaciones a las leyes que corresponden, 18 en total, para adecuar a la nueva nomenclatura los ordenamientos de la propuesta que presentan.
Ahí y por el simple cambio de nombre, que era de adecuar, dicen que con oficio parlamentario les obsequiamos el voto a favor de un servidor, en convicción de que no había que obstruir esta parte y sin duda por el Partido del Trabajo.
Pero desde nuestra óptica el punto medular no se centra en este contenido del cambio de nombre en modificar la denominación de la dependencia aludida, sino en la parte interna que esconde la propia propuesta y sin duda en la práctica que en materia de desarrollo agrario, rural y ordenamiento territorial tiene este régimen, de cómo coadyuvan a que las ciudades se sigan comiendo al campo y no se vuelva más que en un acto de retórica.
Y para muestra un botón. El botón es de Enrique Peña Nieto, es un botón tamaño caguama donde anuncia un día después del informe la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y nada mejor que ahí para explicar las contradicciones del régimen.
Él habla ahí que desde el inicio de la administración ordenó la realización de los estudios necesarios para identificar la mejor alternativa y concluye que el lugar idóneo es la zona contigua al nuevo aeropuerto. Y hasta les garantiza la protección de sus derechos tanto a los colindantes urbanos y a los rurales.
Pero este discurso, dominado con todas estas grafiquitas y cuestiones que presentaron de lemas de sustentabilidad, de ecología y todo lo demás, no hace –en ningún momento– mención a los existentes usos actuales del suelo de la zona, tales como agricultura extensiva, los que también se podrían etiquetar como sustentables.
Al contrario, califican la zona del ex lago como marginal, descuidada, afectada por las tolvaneras, afirmando que ellos sí van a incrementar la calidad de vida, que porque ahí es malísima, ahora con el aeropuerto lo van a hacer.
Ya sabemos que desde febrero comenzaron a realizar compras silenciosas de predios cercanos al lago de Texcoco, imagínense ustedes quienes son los que están comprando los terrenitos. Aquí algunos van a decir, por qué no me avisaron antes, si ahí iba a estar el negocio. Sin duda.
Obviamente todo esto ha hecho que hasta los secretarios tengan que salir ante la movilización popular, sobre todo de los ciudadanos de Atenco y de las propias autoridades municipales de Texcoco, que no están de acuerdo con este proyecto.
Con gravedad informamos también que aquí en esta discusión de que si será privado o público, lo que sí está claro que de 6 de cada 10 pesos que se empleen en la construcción de este aeropuerto, serán aportados por los contribuyentes, mediante transferencias multianuales del presupuesto.
Podría seguir abundando, pero a mí lo que me interesa es que en efecto, este tipo de proyectos, como bien dice Andrés Manuel López Obrador: huelen a corrupción.
Evidentemente que es inconveniente que este aeropuerto se construya sobre esta zona en Texcoco, ya que se encuentra sobrepoblado, no hay suficiente agua ni servicios públicos. Se sigue fomentando el desequilibrio ecológico y el gigantismo urbano.
Tiene razón López Obrador cuando pregunta ¿acaso sólo se piensa en el negocio, el lucro y no en la sustentabilidad y el interés público? ¿A tanto llega la codicia de los contratistas, traficantes de influencias y políticos corruptos?
Obviamente que estas respuestas ya el pueblo de México sabe que... imagínense un negocio de 160 mil millones de pesos, cuando le han estado invirtiendo... le invirtieron a la terminal número dos... bueno, ahorita les están metiendo mil millones del hangar del avioncito de Peña Nieto, todo eso se lo pasan por El arco del triunfo, como dirían los franceses.
Obviamente nosotros estamos con la presidenta municipal de Texcoco que no está informada de estos estudios.
Nosotros aparte de hacer esta denuncia, obviamente en esta tribuna, aprovechando demostrar cómo el discurso es contrario a lo que ocurre en la práctica.
Sin duda estaremos presentando un punto de acuerdo que debería de ser, no tanto para que anden gritando ahí las diputadas que se aceleran, sino más bien, entre todos ponernos a pedirle a los titulares de las distintas secretarías que pudiéramos tener información de manera exacta y detallada sobre las concesiones, permisos, autorizaciones, así como los estudios sobre mecánica de suelos, geotécnica, hidrología, manifestación del impacto ambiental, evaluación de impacto ambiental, estudios técnicos y demás relacionados con el proyecto del nuevo aeropuerto.
Esto –culmino, presidente– es lo que debería hacer esta Cámara, otras autoridades como las de la ciudad deberían de estar exigiendo esto, pero sabemos que algunos ya se doblaron a los intereses del régimen y obviamente algunos, como un servidor, usa la tribuna para denunciar y para proponer de verdad, y aunque votemos a favor.
Para que luego no vayan a decir, obviamente nuestro voto no cambia aquí las cosas, pero no obstaculizamos estas legislaciones que se tienen que dar; pero sí tenemos que decir que no van a buscar la armonía en lo urbano, lo agrario y el desarrollo urbano territorial y que mucho menos van a encaminar por el lado del derecho lo que los mexicanos y mexicanas quieren. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Manuel Huerta.
Nos visitan en este recinto, alumnos de la Escuela Primaria Ignacio Allende, del municipio de Texcoco, estado de México, a invitación del diputado Brasil Alberto Acosta Peña. Bienvenidos a este recinto, niñas y niños. Muchas gracias.
Continuando con el orden del día, le otorgamos el uso de la palabra, a la diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
La diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputada.
La diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez: Oiga, presidente, a mí se me hace que este pleno está casi vacío, si no es que, no creo que haya quórum. Ojalá pudiera llamar a los diputados a sesionar.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Estimada, diputada, le expreso a usted que el quórum de esta asamblea se verifica con el registro inicial de asistencia y en votación nominal, pero además es constatable la presencia de diputados y de diputadas suficiente para continuar con la misma. Adelante, por favor.
La diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez: Muchas gracias, presidente. Es solo que hay muchas curules vacías.
Uno de los primeros actos de gobierno de las administraciones que asumen un cargo público en nuestro país es el de reformar el marco jurídico que regula la esfera de competencias del nivel de gobierno de que se trate. Con la finalidad de adecuarlo a las necesidades del grupo en el poder, en muchas ocasiones sin existir la necesidad real de, en su caso, reformar la norma jurídica que existe, ya que en la mayoría de los casos no representan verdaderas transformaciones o ajustes estructurales que signifiquen un verdadero beneficio a la sociedad en conjunto.
Atendiendo a esta costumbre, el Ejecutivo federal envió al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mismo que para el caso concreto reformó el artículo 41 del ordenamiento en comento que modifica la denominación de la Secretaría de la Reforma Agraria, a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; agregando además un conjunto de facultades institucionales tendientes al cumplimiento de sus nuevos objetivos como son: la regulación de los asentamientos humanos, rural y urbano; el desarrollo de proyectos de infraestructura para impulsar el crecimiento económico de México; así como la implementación de políticas públicas que favorezcan el desarrollo regional del país en los ámbitos de vivienda, abatimiento de la pobreza, la marginación y la desigualdad.
La propuesta contenida en el presente dictamen establece la modificación de diversos ordenamientos jurídicos en congruencia con la enmienda publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 2 de enero de 2013, con objeto de dotar de certeza jurídica a los ciudadanos y a las ciudadanas y a la propia secretaría para el mejor desempeño de las atribuciones, facultades y obligaciones encomendadas.
Si bien los argumentos señalados en atención a la importancia que reviste que todas las actuaciones gubernamentales se realicen con apego a derecho, son adecuados, lo cierto es que la propuesta de reforma que hoy estamos discutiendo, es más de forma que de fondo, es decir, es cosmética.
Sin embargo es menester urgente del constituyente, la armonización de las leyes secundarias a las recientes reformas constitucionales.
Por lo anteriormente expuesto, mi Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Valencia Ramírez. Esta presidencia informa a la asamblea que se han agotado los posicionamientos de los grupos parlamentarios y que conforme al artículo 104, numeral 1, fracción V, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, se ha registrado el señor diputado Ricardo Mejía Berdeja, para hablar en pro; por favor, señor diputado, adelante. Hasta por tres minutos, señor diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Esta reforma es una reforma muy menor en términos de que solamente es adecuar la nomenclatura en diferentes ordenamientos. A raíz de que el año pasado se modificó la Ley Orgánica de la Administración Publica y lo que era la Secretaría de la Reforma Agraria, que para muchos era ya obsoleta, pasó a ser ahora la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu; y esta reforma a diversos ordenamientos tiene como finalidad adecuar normativamente todas estas disposiciones para que se puedan ser compatibles.
Creo que en ese sentido, como lo apuntaba mi compañera diputada Aida Valencia, es un cambio con el cual no podríamos estar en desacuerdo porque simplemente es adecuar las nomenclaturas.
Pero me parece que el tema tendría que ser las atribuciones y las funciones que ya ha desempeñado la Sedatu, que hemos visto que ha sido particularmente lenta en algunos temas, particularmente donde ha intervenido en desastres. En el caso del estado de Guerrero así ha pasado, donde la reconstrucción, a un año de las tormentas Manuel e Ingrid, ha sido lentísima.
El gobierno federal, como en muchos otros temas, ha centralizado el manejo de los recursos y hoy reporta que a un año sólo va un 60 por ciento de avances, cuando la realidad es que sigue el tortuguismo, el burocratismo y la ineficacia para resolver problemas.
Hoy que vemos el tema de Baja California Sur con Odile, no solamente nos solidarizamos y refrendamos la propuesta de la compañeras Zuleyma Huidobro de que se puedan hacer aportaciones del presupuesto de la Cámara para atender la contingencia, no nada más declaraciones y discursos estridentes, sino que de las subvenciones y de los recursos presupuestales de la Cámara se pueda atender esta emergencia en Baja California Sur.
Hago esta reflexión porque vemos que sigue el burocratismo y la lentitud y no queremos que a la gente de Baja California Sur le pase lo que ha ocurrido en Guerrero con la lentitud en la reconstrucción. Ahí ha sido parte fundamental la Sedatu. Va mucho el secretario Ramírez Marín, pero no vemos hechos concretos.
Coincido —y concluyo, Presidente— con mi compañero Manuel Huerta en que se debe revisar con lupa todo el tema territorial de la propiedad en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México.
Vemos que éste es el gran negocio transexenal del grupo Atlacomulco. Más de 169 mil millones de pesos donde veremos a las constructoras favoritas del gobierno, como OHL o prestanombres como Roberto Alcántara, que ha sido privilegiado por el presidente Enrique Peña Nieto haciéndose de jugosos negocios.
No dudamos que hay la necesidad de mejorar la infraestructura aeroportuaria en el centro del país, pero creemos que hay otras prioridades en la república y creemos que detrás de esta gran obra hay un apetito insaciable y una voracidad corrupta del gobierno. Por eso el tema territorial será fundamental.
Ahí queremos ver de qué está hecha esta secretaría; si va a ser la secretaria para traficar los recursos territoriales, las expropiaciones, el ordenamiento territorial o va a suplir adecuadamente a la reforma agraria. Hasta ahora, en los hechos, no ha acreditado resultados; nosotros seremos críticos y vamos a supervisar su gestión. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado. En razón de que se ha agotado la lista de oradores para la discusión en lo general y de que no se ha reservado artículo alguno para la discusión en lo particular, pido a la Secretaria abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recibirla en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: De viva voz:
El diputado Roberto Ruiz Moronatti (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Cierre el sistema de votación.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Ciérrese el sistema de votación. Se emitieron 369 votos a favor y 7 abstenciones.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular por 369 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria; de la Ley de Asociaciones Público Privadas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social; de la Ley de Vivienda; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley General de Asentamientos Humanos; de la Ley General de Bienes Nacionales; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; de la Ley General de Desarrollo Social; de la Ley General de Población, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
Se devuelve al Senado para los efectos del Apartado E, del artículo 72 de la Constitución Política de nuestro país.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Leopoldo Sánchez Cruz, por la Comisión para fundamentar el dictamen respectivo, ello con apoyo con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados. Adelante, señor diputado.
El diputado Leopoldo Sánchez Cruz: Con su venia, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.
El diputado Leopoldo Sánchez Cruz: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen que somete a consideración la Comisión de Relaciones Exteriores de esta soberanía y que tiene que ver con incorporar que los candidatos a la rama diplomática consular deben acreditar conocimientos en materia de derechos humanos, compromete valores muy importantes que han sido plasmados por la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
Esta Legislatura ha aprobado importantes reformas para el país en materias vinculadas a los derechos humanos, como por ejemplo los de naturaleza político electoral, sistema de justicia, educación, transparencia y derechos a la información.
Esta legislación continúa con la nueva concepción constitucional de los derechos humanos a partir de las citadas reformas que se enmarcan en las reformas transformadoras que el país necesita.
Como sabemos, la formación del personal que se incorpora al servicio exterior mexicano, así como su actualización, recae en el Instituto Matías Romero, que depende de la cancillería mexicana. Entre los programas que imparte dicho instituto se encuentra la diplomacia, el estudio de los orígenes de las relaciones internacionales, la diplomacia mexicana y sus principios.
Las personas que aspiran a incorporarse al servicio diplomático ya reciben actualmente de las instituciones correspondientes, como el Instituto Matías Romero, formación en esta materia. Y la propia ley impone entre las atribuciones del servicio exterior la protección de los derechos de los mexicanos en el extranjero.
Se considera procedente reforzar estas funciones y la formación del personal diplomático con este ordenamiento legal expreso, en el sentido de que se acrediten los conocimientos en materia de derechos humanos necesarios para el ejercicio de sus funciones, agregando privilegiadamente aquellos relativos a la protección de los mexicanos en el exterior.
En esta materia básica, en la formación y actualización del personal, que ésa depende de ser adecuada en la defensa de nuestros concesionales en el extranjero, no sólo lo anterior, sino con esto el Estado mexicano ratifica su compromiso con la enseñanza de los derechos humanos entre nuestro personal que labora en la representación de México en el exterior.
Por lo anterior, compañeras y compañeros, es que presentamos a su consideración el dictamen elaborado por la Comisión de Relaciones Exteriores que nos ocupa. Y les pedimos su voto a favor. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Para fijar postura por los diferentes grupos parlamentarios tiene ahora el uso de la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hay que reconocer el papel que ha jugado la Secretaría de Relaciones Exteriores, en concreto la Consultoría Jurídica de Relaciones Exteriores en la defensa de los derechos humanos de los connacionales en el extranjero y la capacitación en derechos humanos. Esta capacitación de todos, no solamente del personal diplomático y consular, funcionarios diplomáticos y consulares, a través precisamente de desarrollar una temática, un temario de cursos en el Instituto Matías Romero congruente con la efectiva protección –subrayando “efectiva protección” – de los derechos humanos, sino también del personal que trabaja: funcionarios, trabajadores de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores.
Este papel fue muy evidente en la solicitud, en la petición de una opinión consultiva, la OC-16, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación al derecho de notificación consular. Derecho a partir del cual se esgrimió, precisamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la notificación consular es un derecho humano fundamental, por cuanto está vinculado a las garantías del debido proceso legal. Y que fue precisamente con relación a las penas de muerte que se había establecido para un sinnúmero de connacionales mexicanos, a quienes no se les respeto su derecho de notificación consular, y con lo cual no se garantizó el debido proceso y, sobre todo, la asistencia legal oportuna por parte del Consulado de México.
Posteriormente también la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó otra opinión consultiva en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OC-18, con relación a los indocumentados mexicanos. En este caso en específico para determinar que la norma de no discriminación respecto a los mexicanos... que no recibieran un trato diferenciado y que se respetaran sus derechos humanos... fue declarada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como una norma de ius cogens, es decir norma imperativa de derecho internacional general.
Posteriormente pasa el asunto a la Corte Internacional de Justicia, que lleva precisamente la Secretaría de Relaciones Exteriores el asunto a la Corte, Avena y otros nacionales mexicanos, la defensa de 152 nacionales pendientes de la pena capital, de la pena de muerte, y que en una histórica sentencia se dictó a favor del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. El caso fue México contra Estados Unidos precisamente por violación al derecho de notificación consular.
Todo esto enmarcado en el respeto no solamente en el derecho de notificación consular sino el respeto de todos los derechos humanos de los connacionales que se encuentran no solamente en territorio de Estados Unidos sino en todo el planeta, donde México puede ejercer, y de hecho tiene el deber y la obligación de la protección de sus nacionales en el extranjero. Ése es un deber del Estado mexicano.
Por eso nos sumamos a aprobar en sentido afirmativo este dictamen, que no viene más que a expresar un papel que ha jugado ya la Secretaría de Relaciones Exteriores y los diplomáticos y cónsules del Estado mexicano. Reafirmar que dentro de sus funciones principales está el asegurar la efectiva protección de los derechos humanos de los mexicanos en el extranjero.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, presidenta, compañeras diputadas y compañeros diputados. El día de hoy subo a esta tribuna con sentimientos encontrados. Por una parte me siento particularmente gustoso con la aprobación, esperamos, del presente dictamen. Y por el otro, profundamente herido por las violaciones a las garantías y a los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos entre otros que sufren en el extranjero.
Esta reforma es sin duda un pequeño paso, pero un gran avance en la defensa de los derechos humanos de aquellos connacionales que por alguna razón sean detenidos fuera de nuestro país.
Quisiera comentar que en el cuerpo de la iniciativa plasmé una anécdota, que es oportuno recordar desde esta alta tribuna. Algunas semanas antes de su ejecución, tuve el honor de platicar con Edgar Tamayo, el mexicano que estuvo preso por más de 20 años en una cárcel Texana, y a quien se le aplicó la pena capital el 22 de enero de este año, con esfuerzos infructuosos, lamentablemente, para que no sucediera.
En ese encuentro, el me compartió las peripecias y sufrimientos por los que pasó durante su juicio y encierro, resaltando el escaso apoyo que el Consulado mexicano le brindó debido a que miembros del consulado, como él me lo manifestó, no le entendían y muy pocos sabían sobre su caso. Lo que dificultó, sin duda, la defensa de sus derechos fundamentales.
En pocas palabras, asumí el compromiso con Edgar Tamayo, de proponer esta modificación, pues la violación a su derecho a la debida defensa fue la cerrazón de las autoridades estadounidenses fue la impotencia de ver la cifras de aquellos compatriotas condenados a pena de muerte en el vecino país del norte, sin el mínimo respeto de sus derechos fundamentales, lo que me motivó.
Sin embargo, el gusto que siento por esta aprobación, espero, se empaña cuando veo que los derechos de las mexicanas y los mexicanos no solamente se violan en el extranjero, sino también en nuestro país.
Como lo que dieron a conocer usuarios de las redes sociales el pasado 15 de septiembre, antes de la celebración del tradicional grito, donde la Gendarmería Nacional tuvo el atrevimiento de catear a menores de edad que pretendían ingresar al evento.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, sin duda que nuestro país vive una de sus peores crisis de inseguridad. En Morelos, mi estado, lo vivimos diariamente con mucha crudeza; sin embargo, eso no debe de ser pretexto para violar los derechos que las instituciones públicas debieran garantizarles a todas y todos los ciudadanos. Mucho menos a quienes su inocencia no les permite ver el abuso cometido contra su persona, las niñas y los niños.
Reitero mi beneplácito por este dictamen, anticipando por supuesto el voto favorable del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, sin dejar de recalcar que debemos de insistir y fortalecer las leyes enfocadas en defender los derechos humanos de las y los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional.
Es cuánto.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.
Ahora, para fijar postura por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene la palabra la diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel.
La diputada Carla Guadalupe Reyes Montiel: Con su permiso, diputada Presidenta.
Diputadas y diputadas, en la actualidad vivimos en un mundo globalizado, el cual no significa solamente libertad, para que a través de las fronteras viajen las mercancías, las divisas y las señales de televisión. Debe suponer, y sobre todo respeto y tutela de los respetos humanos.
Aun cuando es un tema importante existe un desconocimiento, lo que ha ocasionado innumerables violaciones a nuestros derechos. Por ello es necesario conocer, para poder defendernos de cualquier abuso y violación, porque el hombre no deja de ser hombre, por su color claro u obscuro o porque pertenezca a un grupo, cualquiera que sea su color o religión.
Los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. La universalización de los derechos humanos es un fenómeno que cobra día a día más importancia, porque nadie podría negar que tales derechos determinan aspectos fundamentales de la vida cotidiana.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos; tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Nadie será sometido a esclavitud o a tratos inhumanos todos son iguales ante la ley.
No pueden ser desterrados tienen derecho a la libre expresión, a buscar asilo en cualquier país, a un trabajo, al disfrute de su tiempo libre, a la educación y de igual manera tienen deberes a la comunidad.
En junio de 2011 entró en vigor una de las reformas constitucionales más importantes en materia de derechos humanos que constituye un avance significativo que coloca a la persona y a sus derechos, en el núcleo de la actividad del Estado, así como a la incorporación a los tratados internacionales en los que México sea parte.
Esta reforma señaló que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalización, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, y en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley.
Conviene recordar, que el 9 de enero de 2003, el gobierno de México presentó ante la Corte Internacional de Justicia una demanda contra Estados Unidos, en la que se argumentó el caso de 51 condenados a la pena capital de dicho país, los cuales no gozaron de derechos de ser asistidos por autoridades consulares mexicanas.
El país norteamericano violó el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares al no informar a las autoridades correspondientes. Éste es uno de los casos contundentes de violaciones de los derechos humanos.
Por lo anterior, resulta necesario reforzar en la Ley del Servicio Exterior Mexicano que los candidatos a ingresar en la rama diplomático-consular acrediten conocimientos necesarios y suficientes en materia de derechos humanos.
Mi Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del presente dictamen, que permitirá fortalecer la protección de los derechos de todos los mexicanos en el extranjero. Es cuanto, diputada presidenta.
La vicepresidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputada.
La vicepresidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se ha registrado para la discusión en lo general y en lo particular el diputado Ricardo Mejía. Tiene la palabra hasta por 3 minutos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidenta. Quiero, en primer término, felicitar al promovente, a mi compañero diputado Francisco Coronato Rodríguez, quien ha sido un luchador incansable por la defensa de los derechos humanos. Lo fue como procurador de justicia en Morelos, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos en aquella entidad y ahora como legislador.
Me constan los esfuerzos humanitarios que hizo cuando la pena capital en contra del finado Edgar Tamayo. Me constan sus gestiones diplomáticas y su solidaridad con la familia y me costa también que a tres horas de la ejecución Francisco Coronato le prometió que iba a dar la batalla porque se modificara el marco consular para que los servidores públicos acreditados en el servicio exterior mexicano tuvieran el mínimo de conocimientos en los derechos humanos.
Porque así como fue el caso de Edgar Tamayo, muchos compatriotas que tienen problemas en el extranjero han señalado la insensibilidad, el burocratismo y la petulancia de la gente que está en las embajadas y en los consultados cuando algún mexicano se enfrenta a problemas.
Por eso es de reconocerse esta reforma, que establece la obligación de que acrediten conocimientos en materia de derechos humanos para que formen parte de la rama diplomático-consular.
Enhorabuena, Francisco, y también para los integrantes de la Comisión de los Derechos humanos. Pero me parece que también hay temas que tienen que ver con la vida interior del país en materia de derechos humanos, los cateos infames que ya han sido denunciados a menores por parte de la Policía Federal Preventiva, el pasado día 15 de septiembre, son prueba de la decadencia política del régimen y de la dictadura en ciernes de Enrique Peña Nieto.
Cuando un gobierno comete estas infamias contra la niñez, es un gobierno que no merece el calificativo de representar al pueblo de México, nosotros lo denunciamos desde el primer momento, junto con la diputada Huidobro, y dijimos que mientras Enrique Peña Nieto ordena que se catee a los niños, se pone el Zócalo de la Ciudad de México de estacionamiento para quienes le ayudaron a perpetrar el robo del siglo, el robo del petróleo.
Por eso en derechos humanos este gobierno está reprobado. Está reprobado también porque el mecanismo de protección a los derechos de los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos no funciona como debiese serlo, porque está perdido en el burocratismo, está dejando de funcionar.
Esta el caso de la compañera Carla, de Guanajuato, y está el caso también de un compañero periodista en el estado de Quintana Roo, que fue apresado por el cargo de sabotaje por ser crítico del gobernador de aquella entidad.
Por otro lado está la recomendación de Puebla, del Ombudsman, Raúl Plasencia, que si bien reconoce lo que siempre se ha dicho, de que el menor victimado fue producto de la fuerza policiaca –concluyo, Presidente– de Moreno Valle y de sus elementos policiacos, las conclusiones son tibias; debió haber pedido la remoción del gobernador, debió haber pedido juicio político para el procurador, para el secretario de Seguridad Pública.
Pero la realidad es que el Ombudsman está más preocupado en su reelección, en tener el visto bueno de los senadores del PRI y del PAN que ser un verdadero defensor de los derechos humanos del pueblo de México.
Por eso nosotros hemos insistido en que comparezca ante la Comisión de Derechos Humanos que lo acordó desde el mes de abril y también anunciamos que vamos a hacer un segundo coloquio de evaluación del trabajo de la CNDH en esta Cámara, con la presencia de organizaciones de la sociedad civil.
Ya hicimos uno y salió reprobado, el Ombudsman trató de boicotear el foro, pero no pudo. Vamos a hacer un segundo foro, porque creemos que México vive una regresión política autoritaria, que este gobierno está reprobado en derechos humanos y que la peor muestra de su carácter autoritario, que equipara al presidente con Nerón, aquel que perseguía a los niños, claro en un acto extremo, pero para allá va.
Por eso nosotros denunciamos estos excesos y felicitamos que se haya aprobado esta iniciativa, pero falta mucho por hacer en materia de derechos humanos en México. Es cuanto.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. No habiendo más oradores enlistados, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder al a votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Saludamos a estudiantes del Bachillerato Albert Einstein, que nos visitan de Tlapanala, Puebla. Invitados por el diputado Javier Filiberto Guevara González. Bienvenidas, bienvenidos.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? De viva voz, por favor, diputado.
El diputado Roberto Ruíz Moronatti (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora presidenta, le informo que se emitieron 376 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular, por 376 votos, el proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: A propuesta de las comisiones y con acuerdo de los grupos parlamentarios, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático, es el punto enlistado en el número seis, pero que por acuerdo de las comisiones y de los grupos parlamentarios procedemos a discutir en estos momentos.
Para fundamentar el dictamen tiene la palabra, el diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz, por cinco minutos.
El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados. Vengo en este acto a nombre de la Comisión de Cambio Climático a fundamentar el sentido del dictamen por el que se reforma la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático, la cual realizó bajo los siguientes términos:
Con fecha de 18 de febrero de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva dio cuenta con el oficio que remite la minuta enviada del Senado, proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático.
La presente reforma, la Ley General de Cambio Climático, pretende colocar el término de Asentamientos humanos en la definición del Atlas de riesgo que se encuentra en el artículo 3o., de la fracción II de la presente ley, ya que es una prioridad fundamental en la adaptación a causa de los efectos del cambio climático en aras de conocer el grado de vulnerabilidad y los riesgos que existen en ciertas partes del territorio nacional.
El senador promovente manifestó, que el territorio mexicano se enfrenta a amenazas peligrosas, fenómenos como sismos, erupciones volcánicas, huracanes, etcétera. El efecto que estos fenómenos han tenido sobre la población, han hecho que estos desastres sean un tema cotidiano.
Asimismo que la población mexicana se enfrenta a los efectos de la urbanización y del cambio climático que ha sido desencadenado por el desarrollo y la manipulación del medio ambiente en la era industrial.
Estas convergencias amenazan con impactos negativos sin precedentes en la calidad de vida y la estabilidad económica social.
Esta comisión coincide con los dictaminadores del Senado de la República respecto a reformar la fracción II del artículo 3o., de la Ley General de Cambio Climático con el objetivo de incluir en el mismo el concepto de asentamientos humanos para tener en cuenta los posibles efectos de un cambio climático en los principales asentamientos humanos de nuestro país.
En efecto, cifras del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos estiman que para el 2030 el número de habitantes en zonas urbanas habrá aumentado en mil 800 millones con respecto al 2005, constituyendo el 70 por ciento de la población, casi la totalidad de este incremento de la población urbana, se espera que se dé en países en vías de desarrollo.
Esta situación plantea desafíos sin precedentes entre los que se destacan: el abastecimiento y saneamiento del agua que con el paso del tiempo y los efectos del cambio climático, las consecuencias serán más difíciles en especial a los habitantes en extrema pobreza.
Asimismo es necesario que se desarrollen políticas públicas cuyas características destaquen la adaptación y la mitigación del cambio climático, pues los efectos negativos de este problema ambiental afectarán a la población más vulnerable.
Los asentamientos humanos con mayor vulnerabilidad, según el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, es la población que se encuentra en zonas bajas, en las costas, los asentamientos irregulares son urbanos y quienes se encuentran en las orillas de los ríos.
De acuerdo con el análisis anterior, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos pertinente la adición del términos “asentamientos humanos” en la definición del Atlas de Riesgo, ya que esto permitirá tener conocimiento e identificar los diferentes riesgos, el grado de disposición y la vulnerabilidad con lo que nos afectan a través de estudios específicos relacionados a los asentamientos humanos.
En función de lo expuesto es que les solicito atentamente se sirvan apoyar el presente dictamen con su voto a favor. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputado Sampayo. Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario, las siguientes diputadas y diputados: el diputado Ricardo Mejía Berdeja, por Movimiento Ciudadano, y la diputada Claudia Elena Águila Torres, por el Partido de la Revolución Democrática. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Ricardo Mejía Berdeja, por Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias Presidenta. Para Movimiento Ciudadano el tema ambiental es un tema fundamental, es un tema que se tiene que reivindicar con toda decisión porque lo que hemos visto hasta ahora son reformas medioambientales que son mejorales frente a una problemática que amerita cirugía mayor.
Hoy se ajusta la Ley General del Cambio Climático para introducir los asentamientos humanos en los atlas de riesgo, una reforma al artículo 3, fracción II que, al igual que las que se han venido aprobando en cascada este día, nos parecen reformas para cubrir el expediente de que se está haciendo algo en este Congreso.
Es, como decía el diputado Monreal, pura hipocresía parlamentaria para cubrir el expediente porque en realidad hay un tema que no se toca y que es quizá el mayor desafío medioambiental en la historia del país, que es el tema de la fractura hidráulica, el tema del fracking, que ese sí constituye un verdadero riesgo para entidades completas: para los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, partes de Puebla, de Oaxaca, donde los tiburones de la industria energética mundial van a hacer auténticas devastaciones con esta explotación. No solamente van a alterar el equilibrio ecológico, sino que van a utilizar cantidades de agua al por mayor, agua que es para el consumo humano.
En esta devastación evidentemente hay complicidades porque no se ha querido aprobar la ley general que prohíbe la fractura hidráulica y que duerme el sueño de los justos en la Comisión de Medio Ambiente.
Esa es una verdadera reforma de fondo y no se ha querido tocar porque la decisión del régimen es que vengan todos los negocios y todo el saqueo utilizando la técnica del fracking o fractura hidráulica.
El caso que aquí se comentó ayer de Larrea, del Grupo México, de Cananea, nosotros lo celebramos y hemos estado puntuales de la gestión del diputado Alfonso Durazo que ha estado muy atento de este tema, junto con la comisión.
Desde luego que Germán Larrea es un depredador ambiental y se le tiene que sancionar; no sólo que pague por los daños, sino que también que se le retire la concesión, pero nos parece también, cuando vemos al PRI muy motivado en sancionarlo, que en la cúpula del poder hay ajustes de cuentas, nunca es por una decisión de aplicar la ley, siempre es porque algún interés del régimen está afectando, no es por el daño ecológico.
Y nosotros quisiéramos que con esa misma determinación se revisara lo que hacen las mineras, peñoles o altos hornos que han depredado regiones completas. La región carbonífera en Coahuila o las huelgas que siguen en lugares como Taxco, en Guerrero.
La minería se ha convertido en el gran saqueo de la riqueza del país, es el prólogo de lo que vendrá con la reforma energética, y ahí queremos ver que haya decisión del régimen, decisión por frenar la devastación y el saqueo, porque estos cambios de mover fracciones no son cambios sustantivos, son cambios gatopardistas, hacer como que se cambia para que todo siga igual.
Mientras no se atienda el tema de la fractura hidráulica en México, todos los cambios a la legislación medioambiental serán incompletos, mientras no se sancione a todas las compañías que mal utilizan los recursos medioambientales del país, la decisión que hoy se toma en Sonora será buena porque implica una sanción, pero será incompleta y tendrá el manto del ajuste de cuentas.
Nosotros por eso no estaremos en contra de esta reforma, porque sí hay que regular los asentamientos humanos, porque hay corrupción en las licencias, en los usos de suelo, en la tolerancia de los asentamientos en zonas vulnerables, pero creemos que el tema es de fondo.
Si sigue el fracking en el país, aquellos que se llamen ecologistas, o aquellos que reivindiquen un discurso de defensa del medio ambiente, simplemente estarán usándolo de manera demagógica. El tema es: no al fracking. Y queremos que la Comisión de Medio Ambiente dictamine de una vez la ley general que prohíbe la fractura hidráulica que presentamos diferentes legisladores ante esta soberanía, es cuanto.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado. Y ahora tiene la palabra la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Partido de la Revolución Democrática. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos.
La diputada Claudia Elena Águila Torres: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros legisladores, aún no han sido atendidos en su totalidad los efectos negativos que ocasionaron las tormentas tropicales conocidas como Ingrid y Manuel en el mes de septiembre de 2013; el estado más afectado, como nos acordemos, fue Guerrero.
Las fuertes lluvias causaron inundaciones en gran parte del territorio mexicano, teniendo como consecuencia un saldo negativo de 123 muertes, 33 heridos, 68 desaparecidos, 59 mil evacuados y al menos 218 mil 594 personas afectadas, y 35 mil viviendas dañadas. Las pérdidas fueron millonarias.
Este fenómeno meteorológico nos hizo recordar el huracán Paulina, que azotó a la misma región en 1997. La población sin duda es la más afectada; los pobres, los más vulnerables. Por ello resulta de gran importancia incluir dentro de la Ley General de Cambio Climático, en el artículo 3o., fracción II, dentro de la definición atlas de riesgo el término asentamientos humanos.
En las últimas décadas nuestro territorio ha sido opresa de grandes desarrollos inmobiliarios, la urbanización descontrolada causa impactos medio ambientales negativos, se transforman las áreas naturales, la mancha urbana no permite la filtración natural del agua, lo que provoca que la precipitación fluvial cause inundaciones.
Esto pone de manifiesto la necesidad de que para el establecimiento de los asentamientos humanos, que la mayoría de los casos no han contado con estudios que midan los impactos ambientales, sea necesario el considerar los efectos del cambio climático para no ser presa de los fenómenos cíclicos que en ellos se han presentado años atrás.
Por ello es fundamental proteger la integridad y seguridad de las personas, fomentar la prevención de los desastres y garantizar un ordenamiento que permita un sano crecimiento de la población, que permita disminuir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos y lograr paulatinamente la adaptación a los efectos negativos del cambio climático.
No podemos permitir que año con año tengamos que lamentar más pérdidas humanas y materiales. En estos días tenemos el huracán Odile, que está causando daños en Baja California Sur, nuestros hermanos están padeciendo. Y provecho para hacer un exhorto al Ejecutivo para la aplicación de los recursos del Fondo de Cambio Climático. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada. Y, no habiendo más oradores registrados, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación).
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: De viva voz.
El diputado Roberto Ruiz Moronatti: (Desde la curul) A favor.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 360 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Aprobado en lo general y en lo particular, por 360 votos, el proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 3o. de la Ley General de Cambio Climático. Pase al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Mario Alberto Dávila Delgado para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra, diputado.
El diputado Mario Alberto Dávila Delgado: Muchas gracias, diputada, con su venia.
Diputadas y diputados de esta LXII Legislatura, el dictamen que presento a nombre de la Comisión de Salud es para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud; de la Ley del IMSS, en su artículo 89; y de la Ley del ISSSTE, en su artículo 31 Bis. Esta iniciativa fue presentada por la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Partido Acción Nacional. Y fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Salud. La propuesta hecha por la diputada es que las mujeres embarazadas que presenten una emergencia obstétrica sean atendidas de manera expedita por las instituciones de salud.
En México la mortalidad materna es alta, asociada también con la mortalidad infantil. En México al año hay 2 millones de embarazos, de los cuales 30 mil se complican, y de las complicaciones fallecen mil mujeres mexicanas por año, además de las complicaciones que tienen sus productos, sus bebés. En los últimos meses en México se han presentado problemas en diversos estados, y cito algunos, como Oaxaca y Chiapas, donde se han presentado estas emergencias obstétricas y no han sido resueltas de la mejor manera.
Esta reforma será muy importante porque podremos atender en las instituciones de salud a las personas que se presenten con estas emergencias, evitando muchísimas muertes como las que hemos citado, y evitando también secuelas de manera física, de manera médica y también secuelas de manera social, ya que al fallecer las madres, los productos quedan en la orfandad. Es por eso que yo solito a las diputadas y a los diputados que votan a favor de esta iniciativa que será a favor de las mujeres mexicanas. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado. Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Mario Alberto Dávila, a nombre de la comisión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones presentadas por el presidente de la Comisión de Salud. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias. En consecuencia, está a discusión en lo general con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados: la diputada Zuleyma Huidobro González, por Movimiento Ciudadano; la diputada Eva Diego Cruz, por el Partido de la Revolución Democrática; la diputada Flor Pedraza Aguilera, por el Partido Acción Nacional. Tiene la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, hasta por cinco minutos. Adelante, diputada.
Adelante, diputada Huidobro.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidenta. La verdad es que es una vergüenza que la realidad de nuestro país nos haga aprobar modificaciones en las leyes secundarias, cuando no se pueda obedecer lo señalado en la Constitución.
Es decir, lo que hoy estamos o está por aprobarse, será el derecho a la salud de mujeres embarazadas y que no sean discriminadas por no estar contempladas en un esquema de seguridad social, el cual es obligación del Estado proporcionar. Y claro que es una vergüenza tener que llegar a decir que las políticas públicas en este país, para las mujeres embarazadas, será de cero rechazo en tales instituciones.
En México son ya muchos los casos en que hay cierta confusión y discriminación hacia las mujeres por parte de los servicios de salud por el hecho de que no corresponden a la unidad médica que acudieron, y al solicitar atención no se les otorga consulta médica y únicamente se les brinda orientación provocando casos mortales.
En nuestro país, según datos oficiales proporcionados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, existen 57 millones de mujeres y niñas que tienen acceso a servicios de salud. Sin embargo, la realidad es distinta. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica en tan solo un estado del país, seis de cada 10 mujeres embarazadas no recibe atención médica; del total de defunciones por complicaciones de emergencia obstétrica en mujeres de 15 a 49 años, 56 de cada 100 muertes fueron por hemorragias postparto; 12 por eclampsia, nueve por placenta previa y seis por otro trauma obstétrico.
Y ahí están los casos que todos conocemos. Por ejemplo, en los estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, y uno muy en particular, de Susana, quien falleció el domingo 6 de octubre de 2013 después de dar a luz a una niña, en una clínica del Seguro Popular, en Chiapas a la que había ingresado el viernes con dolores de parto, y un embarazo de 39 semanas.
Pero pasó más de 24 horas sin que los médicos la atendieran. Otro de los casos fue en el estado de Tabasco, donde hasta después de nacer el niño a las afueras del Hospital Rovirosa, la paciente fue trasladada al interior de la unidad médica.
Con esto nos damos cuenta de que en México sigue sin dimensionarse como una problemática social la salud de mujeres embarazadas. Los diputados de Movimiento Ciudadano, claro que estamos a favor del presente dictamen, ya que las mujeres embarazadas requieren de la mejor atención en los centros médicos de todo el país, que es además una cuestión de profesionalismo, de valores, el dar la mejor atención cuando es una urgencia para ellas y puede tener consecuencia mortal.
Con lo que no estamos de acuerdo –vuelvo a repetirlo– es con las políticas públicas que se siguen para esas mujeres embarazadas, y que estemos aprobando hoy, en pleno siglo XXI cosas que ya están contempladas en nuestra Constitución. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Huidobro.
Por cinco minutos tiene el uso de la palabra la diputada Eva Diego Cruz, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.
La diputada Eva Diego Cruz: Gracias, señor Presidente. Con el permiso de la asamblea.
Las reformas y adiciones que se presentan en esta tribuna tienen como objetivo otorgar atención de forma expedita a las mujeres en edad gestacional que presenten una emergencia obstétrica, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento y de forma gratuita, para las mujeres en condiciones de pobreza.
¿Por qué la importancia de esta reforma? Porque de acuerdo a las estadísticas, a escala mundial aproximadamente el 15 por ciento de las mujeres embarazadas padecen durante el parto complicaciones que pueden amenazar sus vidas, cuando no se ofrece el tratamiento adecuado.
Para qué irnos muy lejos. En México la muerte materna es menos común en las comunidades más desarrolladas, pero en los estados del sureste mexicano, en Oaxaca, en Guerrero y en Chiapas todavía lo estamos padeciendo de manera muy frecuente.
En diversas ocasiones muchas diputadas y diputados hemos hecho uso de esta tribuna para promover o tratar de fortalecer acciones que, precisamente, vayan en contra de la muerte materna.
La ausencia de la atención obstétrica de urgencia es la razón fundamental por la cual muchas mujeres y muchos recién nacidos siguen muriendo en cantidades alarmantes. Cada día aproximadamente 800 mujeres, casi todas residentes en países en desarrollo, pierden la vida durante el embarazo y el parto.
Sabemos que la mayoría de casos se pueden detectar con anticipación, ya sea en las visitas prenatales o durante el trabajo de parto, especialmente cuando se otorgue atención obstétrica de urgencia; por ello la importancia de esta reforma.
Tenemos la urgente necesidad de contar con sistemas alternativos viables para resolver la problemática de la atención materno-infantil y la obligación de buscar, hacer eficientes los recursos con los que ya se cuenta.
Debemos ver a la obstetricia como la parte de la medicina que se ocupa de la mujer durante el embarazo y empezar a considerarla como la disciplina que se relaciona con la reproducción de nuestra nación. Tomar en cuenta que se ocupa de todos los factores fisiológicos, patológicos, psicológicos y sociales que influyen no solo en cantidad sino también en la calidad de nuestras nuevas generaciones.
En el PRD estamos conscientes, vamos a votar a favor de esta reforma. Queremos que se brinde a las mujeres mexicanas de manera expedita, inmediata, la atención a cualquier mujer que se presente con una urgencia obstétrica, sin importar la filiación médica. Que no nos pare si son derechohabientes o no, que se les brinde de forma expedita e inmediata la atención médica y también que sea gratuita para las mujeres en condiciones de pobreza.
Estamos conscientes de que para hacer efectiva la atención de las urgencias obstétricas se requiere contar con personal capacitado y una adecuada infraestructura de salud, incluyendo que haya disponibilidad de medicamentos y suministros.
El objetivo de esta reforma es reducir a tasa cero la mortalidad derivada de la maternidad. El acceso universal a la atención obstétrica de urgencia significa un gran paso para que todas las mujeres y recién nacidos que presenten complicaciones puedan tener acceso a la atención médica.
Quiero decir, compañeras y compañeros, que el PRD va a votar a favor de esa reforma; pero yo espero que hagamos conciencia las diputadas y los diputados de que ahora viene lo último. Vamos a aprobar el último presupuesto, ya lo vamos a votar en unos días y que no nada más se aprueben estas iniciativas de reforma. Que realmente aprobemos un presupuesto que defienda y que les dé atención a las mujeres. Porque si no, va a quedar como un catálogo de buenas intenciones.
En el sureste de México necesitamos recursos, la salud no se cura ni con saliva ni con reformas. Espero que hagamos conciencia, que se apruebe un presupuesto adecuado que pueda permitir dar capacidad a los profesionales de la salud y que realmente éste sea un hecho y que no sea una mentira más al pueblo mexicano y a las mujeres mexicanas. Que realmente velemos por la salud de las niñas, de los niños y de las mujeres.
Espero, de verdad, que en el sureste de México se refleje esta reforma con buenos presupuestos y que esta atención sea una realidad para las mexicanas. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Eva Diego Cruz.
Hasta por cinco minutos, la diputada Flor Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante diputada para que fije la postura de su grupo parlamentario.
La diputada Flor de María Pedraza Aguilera: Con su venia, diputado Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.
La diputada Flor de María Pedraza Aguilera: Compañeras y compañeros diputados, la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad.
En México, desde hace casi tres décadas, el derecho a su protección se encuentra constitucionalmente reconocido a favor de toda persona. La reducción de la mortalidad materno infantil, sigue siendo un reto para nuestro país, en ese contexto se inscribe la iniciativa —que la de la voz promovió— dando continuidad a los trabajos que el Partido Acción Nacional ha establecido como su prioridad en la materia de salud y para ratificar nuestro compromiso con las mujeres y las familias de México.
Esta iniciativa se construyó tomando en cuenta que nuestro sistema nacional de salud se encuentra conformado básicamente por dos sectores: el público y el privado, que en el sector público incluye las instituciones de seguridad social, así como las instituciones y programas que protegen o prestan servicio a las mujeres embarazadas que forman parte de la población sin seguridad social.
Dichas instituciones atienden a poco más del 50 por ciento de la población nacional, reconocemos que se han convertido en íconos de la protección en la salud, brindando servicio a los trabajadores y a las familias de quienes cuentan con una relación laboral formal.
El otro 40 por ciento de la población recibe cobertura en salud a través del Seguro Popular, el resto recurre a los servicios sociales y privados.
Es por ello que la presente iniciativa considera al ISSSTE, al IMSS y al Seguro Popular como las principales opciones para garantizar una atención inmediata a las mujeres embarazadas que pudieran cursar por una emergencia obstétrica que ponga en peligro su vida y el nacimiento de sus hijos.
Acción Nacional siempre ha tenido como principio doctrinario la acción social subsidiaria. Por ello, considero necesario que mediante la ruptura de las barreras administrativas, aspiremos como sociedad a la consolidación de la cobertura universal en salud a favor de todas las mujeres.
Resulta indispensable que toda mujer que decida procrear un hijo, tenga la certeza de que contará con medicamentos, así como la atención médica y hospitalaria que sean necesarias para llevar a buen término su embarazo.
No debemos permitir que se vuelva a presentar ni un solo caso más de mujeres que den a luz en el estacionamiento, en un jardín, en una recepción o en el baño de un hospital. Hechos por demás atentatorios contra la dignidad de la mujer y del ser humano.
Para ello es necesario conjuntar los recursos de las instituciones de salud pública, con el objetivo de hacer frente a la atención de los embarazos en el país. Cada embarazo que se atienda oportunamente protege por lo menos dos vidas.
Con esta iniciativa se pretende generar un esquema de portabilidad de caridad del usuario a favor de las mujeres embarazadas que transiten por una urgencia de carácter obstétrico, a fin de que se atienda el suceso que pone en peligro la vida de la mujer y de su hijo, de la manera más inmediata posible.
Su eventual aprobación contribuirá indudablemente a la reducción de la mortalidad materna infantil garantizando el acceso efectivo a los servicios de salud para toda mujer embazada en casos de emergencia.
Las mujeres en ese caso podrán ser atendidas en cualquier servicio de urgencias del IMSS o del ISSSTE aunque se encuentren afiliadas al Seguro Popular o viceversa, y además podrán ser atendidas en cualquiera de estas instituciones sin necesidad de tener filiación.
Por ello, el dictamen establece para todos los prestadores de servicios de salud, la obligación de prestar atención expedita a las mujeres embarazadas que se encuentran en el caso mencionado. Dicha atención podrá ser solicitada de manera directa o a través de la referencia de otra unidad médica.
Los diputados de Acción Nacional estamos ciertos de que con esta acción legislativa se puede salvar la vida de miles de mujeres y de sus hijos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Flor Pedraza. Concluida la lista de oradores para posicionar en nombre de los grupos parlamentarios.
Para hablar en pro en lo general, le otorgamos el uso de la palabra a la diputada Aida Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano. Adelante.
La diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, presidente. Muchas gracias. Por supuesto que desde esta tribuna tengo que reconocer la labor que está haciendo la Comisión de Salud por aprobar esta iniciativa que presenta la diputada Flor Pedraza.
Pero ahora viene la tarea más importante de este Congreso, que es el tema del presupuesto. Bien lo decía hace rato mi compañera, la diputada Eva, la salud no se atiende con buenas iniciativas, con buenas reformas, es con dinero, y eso es lo que hace falta.
Ahora le toca a la Comisión de Presupuesto, de verdad, ayudar a que el tema de las mujeres en embarazos de alto riesgo o las mujeres que no tienen ningún seguro social, ni el Seguro Popular, a veces por carecer incluso de la documentación que se requiere, puedan ser atendidas de a de veras.
En las zonas de la región sur sureste de nuestro país todavía nuestras mujeres indígenas cuando van al hospital por sus condiciones de mujer indígena pues son discriminadas. Cuando yo entré a este Congreso describía el caso de una mujer que ya llevaba como 18 horas parada y aunque estaba sangrando y aunque estaba vomitando ya de dolor, la atención no se le daba porque simplemente no podía explicarse; pero no hacía falta hablar, solamente era cuestión de sensibilidad y ver que esa mujer estaba muy grave.
Por eso hago un exhorto y una especial invitación a todas ustedes, a todos ustedes, para que de a de veras hagamos nuestro trabajo en el presupuesto. Nada más por ponerles el ejemplo, mi estado Oaxaca tiene hoy plazas precarias, 5 mil 800 plazas precarias que están haciendo también que el presupuesto se esté utilizando para atender las plazas de los médicos y no para atender el tema de los medicamentos.
Yo hago un reconocimiento a esas mujeres y hombres valientes médicos que están en las comunidades rurales y que con un esfuerzo extraordinario atienden los partos, a veces no tienen ni siquiera pastillas de paracetamol para atender a la gente. Sin embargo están dando una gran labor, haciendo una gran labor con todas estas carencias.
Por eso también desde Movimiento Ciudadano nosotros nos sumamos a votar a favor de este dictamen, pero ya lo vuelvo a recalcar, es dinero lo que se requiere y es también sensibilidad de parte nuestra.
Se ocupa presupuesto para rescatar a los deudores, a los de Pemex; se ocupa presupuesto para rescatar a los banqueros; se ocupa presupuesto para comprar el avión presidencial; pero también, señoras y señores legisladores, las mujeres del campo, las mujeres de la ciudad, las mujeres que todos los días están luchando por dar vida a la vida, también necesitan de nuestro apoyo, de nuestra solidaridad y de este Presupuesto que estamos tratando ahora en este periodo, de sacar.
Ojalá, compañeras y compañeros, que esta buena acción de la Comisión de Salud, se traduzca en dinero de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Aida Valencia. Concluida la lista de oradores en lo general y además de que no se ha reservado artículo alguno para la discusión en lo particular, con apoyo en el artículo 109 del Reglamento de esta Cámara pido a la secretaría que abra el sistema electrónico para recibir la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, señor secretario, con la modificación aceptada por la asamblea.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, con la modificación aprobada por la asamblea.
(Votación)
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
El diputado Roberto Ruiz Moronatti (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se han emitido 362 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular por 362 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social, y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Pasa el Senado para sus efectos constitucionales. Dé lectura la secretaría a encabezado de diversas iniciativas.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del grupo parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para el dictamen correspondiente.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 33 y 1006 de la Ley Federal del Trabajo., suscrita por los diputados Luis María Alcalde Luján, Claudia Delgadillo González y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del PRI, respectivamente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o y adiciona un artículo 16 Bis de la Ley General de Protección Civil.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Protección Civil para dictamen.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió de la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De igual manera, para dictamen túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Presupuesto y Cuenta Pública para el dictamen correspondiente
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se recibió del diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene ahora la palabra, hasta por cinco minutos, el señor diputado Héctor García García para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que suscribe, además del diputado García García, el señor diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, señor diputado.
El diputado Héctor García García: Con su permiso, diputado presidente.
Compañeras y compañeros diputados: en fecha reciente en esta honorable soberanía tuvimos el alto compromiso de aprobar las reformas secundarias en materia energética, las cuales fueron diseñadas e impulsadas de forma valerosa por el presidente de la república Enrique Peña Nieto.
En este sector que ha consistido en modernizarlo para otorgarle nuevamente el valor predominante que durante muchos años jugó como factor fundamental del desarrollo y la equidad en nuestro país.
En este sentido, la realización de las distintas actividades que forman parte de las áreas estratégicas en el ámbito de petróleo y demás hidrocarburos, ameritan una protección jurídica especial, pues su adecuado ejercicio constituye una condición necesaria para la seguridad energética del país.
En atención a su alta especialización y a las condiciones mínimas de seguridad con que dichas actividades deben desarrollarse, se estima indispensable fortalecer el marco jurídico penal para que se tipifiquen determinadas conductas que no sólo implican un enorme daño económico para la industria petrolera nacional, sino además significan un elevado riesgo para la integridad física de las personas, y además del medio ambiente.
Al inicio de las conductas de sustracción ilícita de hidrocarburos de los ductos de la industria petrolera, tenían como finalidad la obtención de gasolinas y diésel; sin embargo, al paso del tiempo, la delincuencia ha expandido sus actividades a los productos refinados del petróleo, incluso al propio crudo y al gas licuado del petróleo, obteniendo ingresos millonarios en perjuicio de Pemex y de la economía nacional.
Por esta razón, la iniciativa atiende esta diversificación de conductas que ahora comprenden actividades ilícitas de almacenamiento, transporte, suministro, distribución y enajenación de hidrocarburos.
Y por otro lado, generando los mecanismos que inhiben a la realización de dichas actividades al calificar a estos delitos como graves.
El actuar de la delincuencia organizada en el robo de diversos combustibles, principalmente de la red de ductos de Pemex, ha generado las llamadas tomas clandestinas, las cuales ante el desconocimiento del producto que se transporta, en los ductos generan un peligro inminente, al igual sucede con su transportación sin las condiciones de seguridad mínimas adecuadas.
Basta con recordar el lamentable incidente ocurrido en San Martín Texmelucan, Puebla, el 19 de diciembre de 2010, que causó el fallecimiento de 30 personas, decenas de lesionados y cuantiosos daños materiales, siendo la causa de esta tragedia una toma clandestina en grado de tentativa en un oleoducto de Petróleos Mexicanos.
Por tal razón, con el fin de que esto no se vuelva a repetir, se les impondrá una pena de prisión de 5 a 10 años, y de 200 a 1000 días de multa a quienes sustraigan o alteren los equipos, instalaciones o ductos de la industria petrolera.
La cadena de conductas ilícitas, entre ellas, la comercialización de los hidrocarburos, tiene como uno de sus mercados principales, algunos establecimientos mercantiles o empresas que se encuentran vinculados con el robo de combustible, en donde el producto adquirido ilícitamente, y supuestamente bajo el amparo contractual, es enajenado al público consumidor. Sin embargo, estas conductas no son sancionadas por inexistencia de algún tipo penal que así lo establece, ocasionando con ello impunidad y afectación a la seguridad energética del Estado y a la imagen comercial de Petróleos Mexicanos.
Lo que en concreto proponemos los promoventes, diputado Marco Antonio Bernal y el de la voz, es endurecer las penas, castigar la sustracción y la alteración de ductos de petróleo o de cualquiera de sus derivados, incluir los tipos de posesión, resguardo, almacenamiento, enajenación, suministro, distribución de manera ilícita de petróleo, crudo o hidrocarburos.
Además considerarlos como delitos graves, castigar a los responsables que sean franquiciatarios de Pemex que enajenen hidrocarburos ilícitos, incluir el delito de robo de hidrocarburos tanto en la Ley de Delincuencia Organizada como en la Ley de Extinción de Dominio.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, la presente iniciativa es de vital importancia, no sólo para la seguridad y desarrollo económico del Estado mexicano, de Petróleos Mexicanos y de aquellas nuevas inversiones, sino de las familias mexicanas que se ven perjudicadas por estas conductas antijurídicas, a soslayar el bienestar de sus integrantes y poniendo en riesgo su integridad física, así como la afectación constante del medio ambiente.
Resulta fundamental el fortalecimiento legal e institucional en materia de procuración e impartición de justicia, haciendo énfasis en la prevención del delito y en la transformación institucional de las fuerzas de seguridad, pero comprendiendo también la promoción de reformas legales para dotar al Ministerio Público y a la autoridad judicial de nuevas herramientas, a fin de que se pueda investigar, perseguir y sancionar con mayor eficacia y oportunidad a la delincuencia y contra el robo de hidrocarburos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado García García. Túrnese a la Comisión de Justicia para su dictamen.
Nos visitan, y nos da mucho gusto que lo hagan, integrantes de la organización nacional de Indígenas Campesinos, Asociación Civil, de Querétaro; y estudiantes de la Universidad de Durango, también campus del querido estado de Querétaro, a invitación del diputado Marcos Aguilar. Bienvenidos. Muchas gracias por su visita.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ahora le otorgamos el uso de la palabra a nuestra estimada amiga, la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputada.
La diputada Adriana González Carrillo: Muchas gracias, presidente. Hace alrededor de 15 años que uno de los temas torales de la relación México y Cuba es la deuda externa que este país caribeño contrajo con el Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext, con el objetivo de financiar distintos proyectos.
A pesar de múltiples iniciativas de renegociación todo esfuerzo en esa dirección resultó infructuosa. Recientemente, sin embargo, se dio a conocer que la administración actual tuvo una solución al respecto.
Durante la visita del canciller cubano, Bruno Rodríguez, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, informó que el gobierno de México había tomado la decisión de eximir a Cuba del pago del 70 por ciento del adeudo que asciende a 487 millones de dólares. De esta manera Cuba se obliga a pagar el 30 por ciento del adeudo restante, aproximadamente 146 millones de dólares, en un plazo de 10 años.
Desafortunadamente el gobierno mexicano no profundizó en las razones que lo llevaron a tomar esta decisión y, más aún, en la lógica que lo condujo a condonar la mayor parte de la deuda en el contexto actual.
Bajo un espíritu de cooperación auténtica y genuina hay modelos de sobra en la política internacional de condonación total de la deuda externa. Uno de ellos promovido en su momento por el ex presidente Óscar Arias, bajo el Consenso de Costa Rica, que pretendía el perdón de las deudas de países en desarrollo que tienen un elevado gasto social.
No obstante, y a pesar de que la solidaridad y el humanismo tienen que ser siempre principios guía de cooperación, este anuncio cayó como un balde de agua fría en el contexto de la aprobación de la funesta reforma fiscal en México, justo cuando se argumenta la caída de los ingresos públicos y se le pide a la sociedad hacer un esfuerzo tributario importante para garantizar el funcionamiento de distintos programas sociales.
Se impone una consideración política para obsequiar a Cuba 340 millones de dólares, de los contribuyentes mexicanos. Nada de raro ni de inquietante tendría tomar esta decisión en tiempos de bonanza económica y bajo el interés legítimo de estrechar relaciones diplomáticas con ese país caribeño. Pero en tiempos de franca recesión y específicamente ante una reforma fiscal que buscará elevar irresponsablemente la deuda pública nacional hasta 700 mil millones de pesos, parece un contrasentido.
Por si no fuera suficiente, entre los acuerdos firmados por las autoridades de ambos países destaca uno intitulado precisamente como “Ampliación de línea de crédito para mayor comercio e inversión”. Lo anterior puede ocurrir, pues no existe en nuestra legislación algún contrapeso legislativo al respecto. Quizás nadie en el pasado quiso legislar sobre algo muy obvio. Resulta lógico pensar que nuestro país era más bien una nación receptora de ayuda y de préstamos y cooperación. Sin embargo, los tiempos han cambiado y nuestro país puede darse el lujo de prestar dinero de los mexicanos, para después condonar la deuda y abrir una nueva línea de crédito a tu deudor y mal pagador.
Adicionalmente resulta sorprendente el que México se haya dado una agencia de cooperación para analizar y canalizar la ayuda a los países amigos de manera transparente y clara respecto al uso de los recursos, y que no haya sido por esta vía la que el gobierno de México haya decidido atender esa relación, y prefirieron la discrecionalidad de Bancomext para atender este tema.
De esta manera, nuestro país se ha dado una plataforma para apoyar a países hermanos de Centroamérica y el Caribe a través de esta agencia de cooperación, incluso como tercer país cooperante, como ocurre en proyectos de la Unión Europea. Desde la Mexit se busca contabilizar toda la ayuda y la cooperación que México, desde el gobierno federal y las entidades estatales y municipales, aporta a dichos países. Y ordenan las relaciones con otras naciones teniendo clara la participación que tenemos en el concierto internacional y en especial en nuestra región como país oferente de cooperación.
Dado que la Constitución Mexicana mandata con claridad las facultades para atender la política exterior de México por parte del Ejecutivo federal, y de analizarla en el Senado de la República, se propone modificar nuestra Carta Magna para evitar la discrecionalidad de los empréstitos y condonaciones de deuda a Estados extranjeros. Y que esto sea aprobado por la Cámara de Diputados, según las facultades que nos tiene dadas la Constitución.
Por lo antes expuesto, propongo que se modifique el artículo 89, en su fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para adicionar el siguiente texto:
“Emitir deuda o cancelación de empréstitos a Estados extranjeros con la aprobación de la Cámara de Diputados, como una facultad del presidente, pero también como una facultad del presidente, pero también como una facultad revisora por parte de esta Cámara de Diputados, a quienes nos corresponde velar por las buenas finanzas del país y por supuesto, también atender todos los temas que tengan ver con la hacienda pública y la deuda nacional e internacional.”
Muchas gracias, señor presidente y les pido a todos los legisladores que prestemos atención a este tema. Creo que hay un instrumento que es la Agencia de Cooperación, para poder brindar las becas, para poder brindar los proyectos y los apoyos necesarios; pero lo que no es correcto es ir a la discrecionalidad de Bancomext y evitar que haya transparencia en una relación tan importante y tan entrañable como lo es con el país hermano de Cuba.
Pero no se vale tampoco estar regalando el dinero de los mexicanos, sin siquiera conocer de fondo en qué se ocuparon esos recursos y en qué invirtieron en Cuba esos dineros y esos pesos de los mexicanos. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada González Carrillo. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria. Adelante.
El diputado José Antonio León Mendívil: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, si la Sagarpa no miente en sus estadísticas, México produce casi 200 millones de toneladas de productos agrícolas anuales, 6 millones de toneladas de carne, 11 mil millones de litros de leche, 2 mil 500 millones de toneladas de huevo y un millón de toneladas de producción pesquera y acuícola.
Ésta es la alimentación de los mexicanos que se garantiza gracias a poco más de 100 millones de hectáreas de propiedad social de la tierra en manos de ejidos y comunidades indígenas, así como 75 millones de hectáreas más en manos de pequeños, medianos y grandes propietarios del país.
Quiero subrayar, compañeras diputadas y compañeros diputados, que la tierra debemos concebirla como la sienten y la viven nuestros campesinos, esto es, no solo como productores de alimentos, sino también como origen de vida, como cultura, como entorno vital de la familia, de la comunidad y de la sociedad.
El artículo 27 constitucional, así como la Ley Agraria que lo reglamenta en la materia, protege los principios y preceptos jurídicos que garantizan y tutelan los derechos agrarios de los particulares, como del sector social agrario.
Sin embargo, ha quedado rezagada tanto en relación a las nuevas realidades económicas que afectan al campo, como en relación a los avances de los derechos humanos y sociales que ha alcanzado nuestra Constitución.
Con la reforma constitucional de 2011 los derechos humanos se convirtieron en el eje fundamental de todo nuestro marco jurídico, por ello es necesario que todas las leyes de nuestro país se adecuen al nuevo esquema constitucional.
La economía, la sociedad, el derecho y la cultura han cambiado en México desde que fue promulgada nuestra actual Ley Agraria. Para los grandes empresarios nacionales y extranjeros, hoy las actividades y valor de la tierra no solamente agrícola, ganadera o forestal, también son petróleo y gas, complejos turísticos, carreteras y nuevas vías ferias, trazado de ductos, redes eléctricas, megaproyectos de urbanización y minería en gran escala, parques eólicos, grandes intereses por el agua, medio ambiente, recursos del subsuelo, etcétera.
A medida que se extienden y amplían estas actividades productivas a la riqueza del subsuelo, o a la explotación de nuevos recursos naturales, se ve cada vez más amenazado el modo de vida de las familias campesinas.
Los territorios de los pueblos indígenas y las tierras de los núcleos ejidales, así como de los particulares, sin que se encuentren establecido en las leyes, las suficientes garantías procesales para proteger sus derechos de propiedad.
Con ello conduce a las grandes empresas aprovechándose de las lagunas o partes obscuras de la ley, para que abusen de la ignorancia de los campesinos atropellando muchas veces sus derechos, y generando conflictos sociales diversos, como es del pleno conocimiento de todos los integrantes de esta honorable Cámara.
Por ello, en las nuevas circunstancias económicas y sociales del país, y ante las nuevas amenazas y retos por el uso y usufructo del suelo para la agricultura, la ganadería y el medio ambiente implicarán que las leyes aprobadas en la Reforma Energético es imprescindible que el Estado fortalezca los mecanismos jurídicos y legales que protejan los derechos sociales agrarios de los hombres y mujeres del campo.
Por las anteriores consideraciones he creído conveniente presentar a esta soberanía la presente iniciativa de reforma a la Ley Agraria en los términos que siguen: Se propone agregar un segundo párrafo al artículo 1o. de la ley, con el objeto de vincular jurídicamente los derechos de los sujetos agrarios a las garantías establecidas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se incorporan los derechos humanos y sus garantías para todas las personas y al mismo tiempo obligan jurídicamente a todas las autoridades de la nación en el ámbito de sus respectivas competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Con este añadido se busca modernizar el derecho agrario armonizándolo con las tendencias contemporáneas del derecho integral de los derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales. Ello permitirá no sólo proteger los derechos que gozan los núcleos ejidales y comunales, como sujetos con propiedad jurídica, sino también para crear condiciones para promover la explotación de esos recursos y dirimir en los conflictos, tanto en su interior como con terceros, en el marco de la ley y el respeto a los derechos humanos.
Finalmente, la iniciativa se propone reformar los artículos 134, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, y 147 agregándose un artículo 147 Bis, para hacer actualizar la función de la Procuraduría Agraria con su nuevo carácter de ombudsman de los sujetos agrarios.
La parte medular de la reforma planteada en esta parte establece el carácter de la Procuraduría Agraria como un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con autonomía técnica funcional y de gestión.
Ya no es posible que un órgano tan importante en la defensoría de los derechos agrarios continúe siendo un simple ente desconcentrado dependiente del Poder Ejecutivo federal. Se necesita que la Procuraduría Agraria goce de autonomía plena, para estar en condiciones de convertirse plenamente en un ombudsman que defienda activamente los derechos humanos de todos los actores agrarios.
Establecer en la ley estas características esenciales de la Procuraduría resulta fundamental para ejercer en libertad y con plena independencia las atribuciones de órgano tutelar de los derechos particulares y colectivos de los sujetos agrarios, en armonía con las prescripciones sobre derechos humanos que establece el artículo 1o. constitucional y con los demás preceptos establecidos en la ley.
Señor presidente, solicito se integre o se publique íntegramente en la Gaceta oficial la iniciativa que he presentado. Es cuanto. Agradezco por ello su atención.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado. Así se hará, se integrará al Diario de los Debates íntegramente su iniciativa, como usted ha solicitado, y será turnada a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.
Señoras diputadas y señores diputados, esta Presidencia saluda a don Mike Spano. Él es alcalde de Yonkers, Nueva York, de Estados Unidos de América. Ha sido invitado por los señores diputados Gerardo Javier Hernández Tapia, María Fernanda Schroeder Verdugo y Javier Filiberto Guevara González. Sea usted bienvenido a este recinto parlamentario.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Adelante, señor diputado.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Muchas gracias, diputado presidente, con su venia.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: El acceso tanto a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad como a la protección y los servicios de salud son derechos de todas las mexicanas y todos los mexicanos garantizados por nuestra Constitución, al menos así lo considera el artículo 1o. de la misma.
Esto ha sido resultado de un proceso histórico de la conformación del Estado mexicano y también de las reivindicaciones del pueblo, que ha orientado decisiones de carácter legislativo en ese sentido. El reconocimiento de los derechos humanos y sociales, así como de todos los instrumentos de carácter internacional en materia de derechos humanos que han sido suscritos por el Estado mexicano.
Estos derechos se vuelven obligaciones del Estado, por lo que gran parte de los esfuerzos institucionales económicos y materiales se deben volcar para cumplirlas, lo cual considera también programas y actividades en beneficio de la población que estimulen su pleno disfrute, así como velar por realizar cambios para evitar potenciales escollos a su libre acceso, incluyendo todo tipo de impuestos.
Desde esta perspectiva, es inviable cualquier impuesto al consumo de alimentos y medicinas, pues inhiben su accesibilidad y coadyuvan a su mercantilización por sobre el reconocimiento de los mismos como derechos constitucionales y derechos humanos.
Impuestos como el IVA que ya de 1983 a 1990 fue aplicado a alimentos procesados y medicinas de patente, y retirado posteriormente por su poca recaudación y su alto impacto negativo en las clases sociales menos desfavorecidas, sólo son lastres para el cumplimiento de los preceptos pro-derechos sociales.
La doctrina neoliberal tan impopular como dominante en la clase política mexicana, desde 1982 establece que a mayor cantidad de impuestos, se generan mayores posibilidades de corrupción y menores condiciones de competencia en el mercado con lo que los ciudadanos tendrían, todavía menores condiciones de consumo de mercancías con la consecuente desaceleración económica.
Por cuanto a la materia tributaria, tampoco hay gran beneficio para el erario con la aplicación del IVA, al multicitado paquete de bienes básicos, toda vez que lo que se podría obtener no es una gran cifra comparada con el Presupuesto de Egresos de la Federación, que este año, de acuerdo con el paquete económico, sería de 4.6 billones de pesos, ni con el producto interno bruto que está calculado en 16 billones de pesos.
La propia Secretaría de Hacienda reconoce la futilidad hacendaria si se aplicara dicho impuesto, la tasa general a alimentos a medicinas generaría un incremento significativo en la recaudación equivalente a menos del uno por ciento del producto interno bruto. Sin embargo, un costo particularmente elevado para los hogares de menores ingresos.
De acuerdo con la encuesta realizada por la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la población económicamente más vulnerable gasta entre el 70 y el 80 por ciento para el consumo de alimentos, y el 15 por ciento para el consumo de medicinas, por lo que sugerir un incremento del 16 por ciento de impuesto impactaría directamente en la capacidad de compra de estos bienes que son de primerísima necesidad.
Se habló mucho el año pasado de que no habría IVA en alimentos particularmente los impuestos que se agregaron en la canasta básica, impactó a más de 100 productos de la canasta o de consumo generalizado, como son los alimentos procesados.
Se dijo que solamente aumentaría la comida chatarra, los refrescos, el alimento para mascotas y sin embargo aquí ya alguna vez mencionamos que subieron el tocino, el chorizo, el jamón de pavo, el jamón de cerdo, la salchicha, los lácteos y todos... bueno, la leche y todos los lácteos, el chocolate, los alimentos procesados como el atún, la sardina, los chiles curados, en fin.
Cosas que la gente consume y que es cierto, no hubo un IVA en alimentos y medicinas, pero el golpe que se dio en el presupuesto y el paquete de impuestos del año pasado, impactó en estos productos de consumo generalizado.
Por eso estamos proponiendo que en lo que corresponde al derecho de alimentación del artículo 4o. constitucional, en el párrafo también correspondiente al derecho a la salud, se agregue una frase que señale que para fomentarlos queda prohibido cualquier gravamen en el consumo de alimentos.
En el mismo sentido, en la fracción que mencionaba dice así: Para fomentarlo queda prohibido cualquier gravamen en el consumo de medicamentos. En el artículo 27 también propongo que se haga esa modificación con la adición que acabo de mencionar; y rápidamente decir que en el artículo 73 que sea una facultad que se agregue a la fracción VII-B en la que quede prohibido que los diputados apliquen gravamen sobre el consumo de alimentos y medicinas.
Diputado, nada más quisiera concluir anunciando a la gente que nos pueda ver en el Canal del Congreso, que mañana el Movimiento Urbano Popular realizará una marcha conmemorativa de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo, a partir de las 5 de la tarde, ojalá nos puedan acompañar; de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo a partir de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, y es cuanto, diputado presidente. Gracias por su tolerancia.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Villanueva Albarrán. Vamos a turnar su iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para el dictamen que se estime procedente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el señor diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Adelante, diputado Caamal.
Según la Organización Mundial de la Salud una revolución demográfica está ocurriendo en el mundo, actualmente hay alrededor de 600 millones de personas de 60 años y más, esta cifra se duplicará para el año 2025 y llegará casi a 2 mil millones hacia el 2050; la mayoría de estas personas en países en vías de desarrollo.
Ahora en nuestro país tenemos más de 10 millones de adultos mayores y el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía proyecta que para el año 2050 habrá en México 40.4 millones de personas mayores, por lo cual es importante que continuemos en la lucha por erradicar todo tipo de discriminación hacia ellas mediante la creación y promoción de leyes que otorguen un trato igualitario.
Es importante recordar que en ocasiones la edad es un factor de discriminación agravada, ya que a ésta se suman factores como: hablar alguna lengua indígena, el origen étnico, las preferencias sexuales o condiciones de salud, lo que atenta contra la dignidad de las personas mayores de 60 años de edad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional 2010 sobre la discriminación en México, el 28 por ciento de la población expresa haber sentido que sus derechos no han sido garantizados debido a su edad.
Asimismo la población encuestada a la pregunta si está suficientemente protegida o no al abuso de la autoridad, el 79 por ciento respondió que se siente insuficientemente protegida, lo que refleja un panorama general de lo que viven las personas adultas mayores.
Aun cuando falta mucho por hacer, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza reconocemos que en México se han emprendido importantes acciones en materia de protección de los derechos de este sector de nuestra población.
Cito como ejemplo que desde 2002 contamos con una Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; pero hoy proponemos dar un paso más hacia adelante, por lo que ante esta soberanía el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 8o., de la citada ley.
Con ello pretendemos garantizar que los adultos mayores no sean socialmente discriminados en ningún espacio público o privado por motivo de su origen étnico, preferencia sexual, condición de salud, condición social o cualquier otra.
Además de lo anterior quiero enfatizar que esta iniciativa es una acción que reconoce y armoniza la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con el contenido del artículo 1o., de nuestra Constitución, el cual establece que queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o nacional, la salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y atente con el objeto de anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
La presente iniciativa también es una acción para armonizar la legislación con los convenios internacionales en materia de derechos humanos.
Señoras y señores legisladores, para Nueva Alianza el respeto a la integridad y dignidad humana de quienes con su trabajo han sacado adelante a nuestra nación, es una obligación irrenunciable.
La construcción de una cultura de inclusión demanda del Estado mexicano emprender acciones que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todas las edades sin discriminación de ningún tipo.
Actuemos con responsabilidad por las generaciones presentes y futuras, para que podamos lograr juntos un México más incluyente y más justo. Es cuanto, diputado presidente y gracias por su atención.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Caamal Mena. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Le pido a la secretaría que dé cuenta con las comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política en relación a cambios de integrantes en comisiones ordinarias y de organismos internacionales que se encuentran disponibles en los monitores de sus curules. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Comuníquese. En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día, serán turnadas a las comisiones que correspondan y se publicarán los turnos relativos en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado (15:06): Se levanta la sesión y se cita para que tendrá lugar el martes 23 de septiembre a las 11:00 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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