Comunicaciones oficiales
Iniciativas de diputadas y de diputados
Gabriela Medrano Galindo, PVEM
Iniciativa del titular del Poder Ejecutivo
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política
Dictámenes de las diversas comisiones
Dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo
Dictámenes en sentido negativo
Declaratoria de publicidad de dictamen
Proposiciones con punto de acuerdo
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaria haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los diputados y diputadas.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 310 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (11:17 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaria a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaria consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaria a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada.
La diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, secretaria. Diputada Lucy Pérez, ¿con qué objeto?
La diputada Carmen Lucía Pérez Camarena (desde la curul): Señor presidente, quiero hablar a nombre de mis compañeros del PAN, pero particularmente de mis compañeras y de todas las mujeres mexicanas, porque es indignante las declaraciones que ha hecho el connotado priista, ex legislador, ex regidor, y que se dice comunicador de Chiapas, donde asegura que las leyes como las mujeres se hicieron para violarlas. Esto es intolerable, inaceptable cuando todas y todos los que estamos aquí luchamos día a día por erradicar la cultura misógina y de violencia hacia las mujeres.
Quiero pedirles, señor presidente, que la mesa, que esta Cámara haga una enérgica condena de estos hechos, no pueden quedar impunes, estas declaraciones revelan una forma de pensamiento que no cabe ya en nuestro país.
Por eso condenamos las declaraciones de este señor del PRI, Alejandro García Ruiz, y esperamos que nadie los solape, y que se tomen cartas en el asunto, que no quede impune este hecho. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. Me ha pedido la palabra también el diputado Fernando Belaunzarán, el diputado Francisco Arroyo, que se la daré inmediatamente después.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Gracias, presidente. Además de suscribir plenamente lo que dijo mi compañera diputada, del Partido Acción Nacional, porque sí es indignante lo expresado por ese dirigente del Partido Revolucionario Institucional respecto de las mujeres, quisiera decirle, presidente, para que quede así asentado, que hoy fui al Instituto Federal de Acceso a la Información para pedir que esa instancia revierta una decisión, en mi opinión, inexplicable de la Procuraduría General de Justicia del estado de México.
Esta Procuraduría clasificó por nueve años la información de la investigación sobre los hechos acontecidos en Tlatlaya, el 30 de junio. No entiendo porque esta clasificación de nueve años de confidencialidad cuando parece que en el país ya hay un consenso para que se sepa lo ocurrido ahí. Tengo un profundo respeto por el Ejército mexicano y celebro la declaración que hicieron las Fuerzas Armadas diciendo que ellos son los primeros interesados en que se aclaren los hechos acontecidos en Tlatlaya.
Me parece que por salud de la república y por honor de esa gran institución es correcto que se sepa, ya sea para confirmar la versión oficial de que murieron todos en el enfrentamiento o si la investigación señala que efectivamente, como lo dicen las denuncias, hubo ejecuciones extrajudiciales pues que se conozca y se actúe con estricto apego a la ley.
Y, por supuesto, el hecho de que unos miembros del Ejército mexicano hayan actuado de esa manera, al margen de la ley, de las instituciones no afecta esa gran institución si es que se toman las medidas conducentes.
Entonces, además de sumarme a que se aclare estoy solicitando que la Procuraduría General de Justicia del estado de México en su absurda decisión de clasificar la información por nueve años se eche para atrás, por eso fui al IFAI y estoy convencido de que la Cámara de Diputados también tendrá que hacer algo para darle seguimiento a esta situación, a estas denuncias sobre Tlatlaya, porque el que haya habido ejecuciones extrajudiciales es algo que nos afecta a todos, así se trate de delincuentes, porque aunque no se trata de defenderlos es obvio que es un compromiso con los derechos humanos y con la legalidad y la justicia en el país. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Fernando Belaunzarán. Tiene la palabra el señor diputado Francisco Arroyo.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): En el PRI rechazamos total y absolutamente las barbaridades declaradas por este hombre, que deberá responder ante las instancias correspondientes. En el PRI, hombres y mujeres militantes por igual, estamos por la ampliación de un régimen de libertades y por el reconocimiento pleno del derecho de la mujer al desarrollo y a la legalidad.
Rechazamos total y tajantemente cualquier imputación dolosa en este sentido. Allá cada quien.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado Francisco Arroyo. Tiene la palabra ahora el diputado Domitilo Posada Hernández. ¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado Domitilo Posadas Hernández (desde la curul): Muchas gracias. Sobre el mismo tema que abordó el diputado Belaunzarán. Vivimos en un estado de derecho en donde nos regimos por nuestras leyes. Creemos en las instituciones y por lo mismo resulta pertinente y sano para el país que la PGR haya atraído la investigación y a decir de la misma PGR, dicha investigación se reinicie de cero.
Por salud pública, por el bien del país, pero sobre todo por el bien de las instituciones empezando por el Ejército mexicano, se debe realizar una investigación a fondo, imparcial pero también creíble, y en esa tesitura yo solicito respetuosamente señor presidente, que a través de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados se le haga un puntual seguimiento a las investigaciones, no para ser auxiliar del Ministerio Público sino simple y sencillamente para cumplir con nuestra función de representantes populares y vigilar también que las instituciones, pero sobre todo los hombres que las dirigen, actúen conforme a derecho.
De la misma manera hacer un exhorto para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el tema de Tlatlaya no solamente coadyuve, sino también haga las propias investigaciones que en sus facultades le corresponden. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias a usted, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Julisa Mejía. Sonido en la curul de la diputada Mejía.
La diputada Julisa Mejía Guardado (desde la curul): Gracias, presidente. Para sumarme a la indignación que todas las mexicanas y los mexicanos, y a nombre de la Comisión de Igualdad de Género hacer un exhorto para que no se le permita la palabra, aunque haya estado en el programa de La Chorcha, donde se puede decir cualquier cosa, no se pueden decir semejantes barbaridades. Y si no se sabe qué se está expresando, sí es necesario que se le haga un llamado de atención a esta persona.
También me congratulo que el Partido Revolucionario Institucional esté en disposición de no aceptar este tipo de cosas, porque en el siglo XXI no es posible que haya gente que hayan sido ex diputados, o que sean ex diputados, que se expresen de esa manera con respecto a las mujeres en este país. Y no solamente a las mujeres, sino también a las propias leyes.
Cómo es posible que un ex diputados que se dedica a hacer leyes, o en su tiempo se dedicó a hacer leyes, esté dispuesto a decir; uno, que las leyes están para violarse. Y lo peor de todo, que las mujeres nacimos para ser violadas. Es lo peor que se puede decir en un país que está en progreso total, es absurdo.
Sí exijo y condeno, a nombre de la Comisión y a nombre de las mujeres de este país esta declaración.
También para sumarme al pedido que hacen el diputado Belaunzarán y el diputado Domitilo Posadas, para exigir a la Procuraduría del estado de México que retome el caso de Tlatlaya y que sean condenados quienes fueran responsables de la matanza que sucedió el mes pasado. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. También me ha pedido el uso de la palabra la diputada Luisa María Alcalde Luján.
La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Con el ánimo de denunciar y manifestar nuestro absoluto rechazo a las políticas de hostigamiento y persecución que ha llevado a cabo el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, contra toda persona que lo critique o lleve a cabo su derecho de manifestarse y hablar libremente. Tal es el caso de lo sucedido en agosto en el municipio de Carrillo Puerto, donde los manifestantes Teresita Peña Brito y Alfredo Esquivel fueron detenidos por haberse manifestado fuera de las instalaciones de la Comisión de Agua Potable por los altos costos del agua y fueron acusados de sabotaje.
Pero no fue el único caso, también se liberaron ya órdenes de aprehensión y se encuentran varios detenidos por haber grabado estas manifestaciones y haberlo subido a las redes sociales. Es el caso del periodista Pedro Celestino Canché, de Marco Antonio López y de Miguel Chan.
Le exigimos al gobernador que respete los derechos de estos ciudadanos y los libere cuanto antes.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada Alcalde. Tiene ahora la palabra el diputado Germán Pacheco Díaz, del PAN, en su lugar lo hará el señor diputado Juan Carlos Muñoz.
El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, yo quisiera hacer patente que esta legislatura ha sido muy puntual en el tema de vigilar, de acompañar cada uno de los temas que nos ha tocado.
Se han creado cerca de 40 comisiones especiales de vigilancia, de seguimiento para trabajar de la mano con el gobierno federal y los estados que así se requieran. Sin embargo, hay un tema que me preocupa mucho, que es el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual Acción Nacional está de acuerdo en que este aeropuerto se lleve a cabo en las mejores condiciones y obviamente con las mejores prácticas.
Se solicitó el que se creara una comisión especial para hacer un acompañamiento desde el inicio y evitar que se den casos similares a la línea 12 del metro, que sucedió aquí en la Ciudad de México.
La intención de este acompañamiento no es para vigilar lo que venga después, sino que desde el principio se arranque bien. Es un proyecto transexenal. No se trata de vigilar a las personas que lo van a llevar a cabo en este momento, se trata de llevar un acompañamiento de vigilancia, para que si el aeropuerto tiene que costar cerca de 120 mil millones de pesos, no se vaya a 180 mil, no se construya de una manera equivocad, que al rato al erario y al país le cueste mucho más.
Pediría a la Jucopo y a esta Presidencia, se reconsidere que se establezca esta comisión especial de seguimiento, de acompañamiento, para que podamos de esta manera entregarle cuentas justas a todos los mexicanos y que este aeropuerto se lleve a cabo para los fines que se requiere. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias a usted, señor diputado. Tengo registradas y registrados en la lista, cuatro diputadas y diputados más. Informo que daré la palabra e inmediatamente después continuaremos con la sesión. Tiene la palabra, ahora, el diputado José Alejandro Montano.
El diputado José Alejandro Montano Guzmán (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: ¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado José Alejandro Montano Guzmán (desde la curul): Con respecto al asunto mencionado por el compañero diputado Belaunzarán. Yo quisiera comentarle a los compañeros y compañeras diputados que debemos esperar los resultados de la investigación que está realizando la PGR y también la Comisión Nacional de Derechos Humanos está realizando en forma paralela. No conjuntos sino paralelos.
No politicemos en aras de ambiciones políticas un tema tan serio. Recordemos que hoy, debido a las reformas al fuero militar ya se investiga en el fuero civil a cualquier militar que se vea inmerso e inmiscuido en un tema o una denuncia.
Y también quisiera manifestar y dejar claro la apertura y la transparencia del general Salvador Cienfuegos, que dijo que está en toda la disposición de que se investigue con transparencia y claridad este caso, habida cuenta de que es uno de los defensores de los derechos humanos más reconocidos.
Así que ésa es la petición para que esperemos que las investigaciones se lleven a cabo con las dos instancias respetables. Y recordando que el Ejército y la Marina son las dos instituciones más respetables y de mayor confianza de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. La palabra la ha solicitado el diputado Gerardo Peña, ¿con qué objeto, señor diputado?
El diputado Gerardo Peña Avilés (desde la curul): Es el mismo tema, de que escucho a un prestigiado priista hablar de que las leyes y las mujeres son para violarse.
Escuchamos hace unos meses a muchos prestigiados priistas acusar, arrinconar y destituir a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Presidencia del partido en el DF. Meses después escuchamos a prestigiados priistas señalarlo como un priísta de primera calidad. Yo les quiero decir a los priístas que están diciendo que van a actuar en base a las leyes de las instituciones que sean congruentes con lo que dicen y con lo que hacen; yo no les creo ni una pizca de lo que están diciendo y el pueblo de México es el que se está dando cuenta. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Peña.
La diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene la palabra ahora, la diputada Concepción Ricalde Magaña. ¿Con qué objeto, señora diputada?
La diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña (desde la curul): Con el mismo, señor presidente. Se habla de que se ha atentado contra las mujeres en Chiapas. Yo quiero decirles a los compañeros diputados, que el gobernador de Quintana Roo tiene dos años hostigándonos a todas las mujeres diputadas que participamos en la oposición, como es la diputada Graciela Salda y la que habla.
El señor se la pasa con los medios de comunicación difamándonos; hoy en especial la respuesta importada, así como clonando revistas, como luces del siglo, que ya hoy un juez ordenó al gobernador comparecer para que deje de hacer este tipo de clonaciones y asimismo inventando pasquines, inventando historias, difamando, metiéndose con la familia, con nuestros hijos, de forma vergonzosa, sínica; que yo le pido le pongan un alto a este gobernador, que es intolerante ante la crítica constructiva que nosotros como oposición tenemos la obligación de realizar y de hacer en nuestros estados.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada.
La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tengo en la lista también registrada, a la diputada Graciela Saldaña Fraire. ¿Con qué objeto, señora diputada?
La diputada Graciela Saldaña Fraire (desde la curul): Sí, señor presidente, en el mismo sentido, lo acaba de decir mi compañera diputada Alicia Ricalde. Son dos años, dos años donde hemos tenido varias irregularidades en el estado, desde la misma intromisión en los procesos electorales, por parte del gobernador Roberto Borge Angulo; además del que comentó nuestra diputada Luisa Alcalde.
Está en este momento en la cárcel, un periodista, Pedro Canché, en donde está sufriendo una condena por sabotaje de acuerdo a la ley de Quintana Roo, en donde lo que hizo fue grabar una manifestación por el alza del agua. Yo lo fui a ver personalmente. Al compañero lo golpearon dos veces y pedí la intervención de derechos humanos la semana pasada, me dijeron que iba a ir esta semana un visitador.
Pero no así, conforme cualquier señalamiento, además de ser el estado de los más endeudados el estado de Quintana Roo, Sí pedimos que el procurador, que el Presidente Peña nieto no haga caso omiso de todas estas peticiones, solicitudes. Hay periódicos exprofeso que lo único de que se trata es estar hablando cuestiones que no son ciertas. Que por favor ya tome cartas en el asunto.
Presidente, son dos años y a usted le consta toda esta serie de cuestiones que ha tenido que hacer el gobernador solamente por opinar diferente, por ser oposición. Es cuanto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. Tengo en la lista a la diputada Lilia Aguilar y al diputado Añorve. Le voy a dar la palabra a la diputada Lilia Aguilar y luego le informo al diputado Añorve que inmediatamente después iniciaremos con el orden del día. Muchas gracias. Diputada Lilia Aguilar.
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): Presidente, muchas gracias, solamente para comentarle. Hemos enviado un oficio a su Presidencia, a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política y a la presidencia de la Comisión Especial para el Ecocidio de Sonora, solicitando la comparecencia del secretario Navarrete Prida, para que venga a informar a esta soberanía –como fue mandato del pleno de la Cámara de Diputados- no solamente sobre la operación del fideicomiso que supuestamente va a venir a sanear los daños ecológicos, económicos y sociales del derrame del Grupo México en Sonora, sino además para que se nos informe sobre los resolutivos que dimos y que no han tomado en cuenta por parte del Poder Ejecutivo.
El día de hoy yo le solicito a usted, señor presidente, no solamente a que dé trámite a este oficio que hemos hecho llegar a solicitar al presidente de la comisión especial a que cite al secretario Navarrete Prida, sino que además ampliemos estas comparecencia al señor David Korenfeld para que nos expliquen sobre los dos nuevos derrames de sulfato de cobre que han sucedido en Sonora y que hoy nos pueden poner en una situación difícil en nuestra vecindad con Estados Unidos.
Sobre todo citar al señor Ildefonso Guajardo a que comparezca a esta comisión también, para que nos explique por qué no se han detenido los trabajos de la Mina Buenavista del Cobre y qué es lo que necesita este país para finalmente ser un país moderno y apegarse al estado de derecho.
Yo le solicito, señor presidente, a que dé trámite a este oficio. Solicito de viva voz al presidente de la comisión especial a que nos informemos y a que demos seguimiento a los resolutivos de éste, que es un poder del Estado y no lo dejemos simplemente como un informe, porque no lo es. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. Compañeras y compañeros, queda debidamente registrada en el Diario de los Debates y en actas, la solicitud de la señora diputad Luisa María Alcalde; igual que la de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña; y al que se ha referido también la diputada Graciela Saldaña; también queda debidamente registrada la solicitud y lo expresado por la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Partido Acción Nacional, al cual se han referido también otras y otros señores legisladores, sobre el tema que ella ya ha referido; lo mismo con relación al tema que ha puesto sobre la mesa el diputado Belaunzarán y el diputado Domitilo Posadas y otros diputados que se han referido al tema; y la solicitud de la diputada Lilia Aguilar. Se toma nota de su solicitud y será remitida a la Junta de Coordinación Política para el tratamiento correspondiente. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la secretaría.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política en relación a cambios de juntas directivas e integrantes de comisiones ordinarias, especiales y de grupos de amistad, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobadas. Comuníquense.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, por el que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Pesca, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que se expida el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a fin de dar certeza jurídica para la regulación y aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, presentada el 17 de septiembre del año en curso.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Oficio del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por el que remite su informe anual de actividades y el ejercicio presupuestal 2013.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a las Comisiones de atención a Grupos Vulnerables y de Derechos Humanos para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió de la Consejería Jurídica del gobierno del estado de Oaxaca contestación a proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados para iluminar todas las sedes oficiales de color naranja, en el marco de la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las niñas y las mujeres.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Igualdad de Género para su conocimiento.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se recibió del diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que expide una nueva Ley Minera y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra hasta por cinco minutos el diputado Alejandro Rangel Segovia para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40 Bis y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Alejandro Rangel Segovia: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Vengo a esta tribuna, en nombre de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PRI que pertenecemos a la Comisión de Ciencia y Tecnología presentada también por nuestro coordinador del grupo parlamentario Manlio Fabio Beltrones, pero sobre todo por traer a su conocimiento, de nueva cuenta, el clamor que existe en la comunidad de los hacedores de ciencia, de los investigadores, de los desarrolladores de nuevas tecnologías en nuestro país que continúan con la seria limitante de masificar los productos logrados en sus exhaustivas investigaciones en las instituciones de educación superior, en los centros públicos de investigación y en otras instancias paraestatales donde se hace la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Atendemos con esta iniciativa para quitar los candados que permitirían que puedan crearse empresas llamadas spine-up, es decir, creadas a partir de los propios equipos de trabajo de investigadores de los centros de desarrollo tecnológico para que se masifique dicho conocimiento, para que se generen el número deseable de patentes que nuestro país necesita.
Veamos que hoy día solamente el 8 por ciento de las patentes registradas en nuestro país son desarrolladas y por lo tanto acreditadas por connacionales, y es un número de 1292 de un total de 15 mil 314 de las patentes generadas.
Si no logramos que la inyección del recurso público signifique un capital semilla para el desarrollo de las nuevas tecnologías y que éstas se enlacen con el empresariado, con los corporativos empresariales de nuestro país, no podremos entonces generar esa riqueza tecnológica que alcance a las grandes reformas que hemos venido aprobando en esta Cámara de Diputados.
Ejemplo, hemos dicho en la recientemente aprobada reforma energética y en sus leyes secundarias, que ocupamos el 25 por ciento de componentes nacionales para que todos aquellos entes empresariales que vengan a invertir al país acojan en su seno y se relacionen y dinamicen nuestras posibilidades económicas como país, pero tenemos una gran dificultad, las amalgamas, las tuberías, las tornillerías, especializadísimas que se ocupan en dichas áreas, no están aun suficientemente investigadas y mucho menos están suficientemente desarrolladas tecnológicamente.
Pero ejemplos como éste han proliferado a lo largo y ancho de foros de análisis y de debate, que la primera presentación de la iniciativa propuesta a ustedes en octubre del año pasado, tuvo lugar tanto en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, como en el Instituto Nacional Genómica para la Biodiversidad, como en el Cinvestav, como en la UNAM, como en el Politécnico, y con la coadyuvancia de la oficina de la presidencia de la república para ciencia y tecnología; con la coadyuvancia de la Secretaría de Economía; con la coadyuvancia de la Secretaría de la Función Pública; también con la coadyuvancia y opiniones acertadas de los integrantes, de las integrantes, diputadas y diputados de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que son ahora retomadas todas estas opiniones, todas estas mejoras que se nos hicieron saber a lo largo de estos foros, a lo largo de estos análisis y que hoy mejoran sustancialmente la propuesta que aquí se presenta a ustedes como iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 40 bis y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y que con ello demos lugar a beneficiar a más de 500 instituciones de educación superior, con no menos de 20 mil investigadores en ellas, y 21 mil 359 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, además de los no menos 14 mil investigadores insertos en la iniciativa privada para un total de 65 mil investigadores potencialmente beneficiarios y las empresas que con ellos hagan equipo, a efecto de que cumpliendo con la estrategia 3.5.4 del Plan Nacional de Desarrollo establezcamos lograr el desarrollo científico, tecnológico y la innovación como pilares para el progreso económico y social sostenible, contribuyendo a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculando a las instituciones de educación superior, los centros de investigación, con los sectores públicos social y privado con la creación y expansión de empresas de alta tecnología, fomentando la innovación tecnológica y el autoempleo en los jóvenes.
Con ello entonces llevaremos a México, lo elevaríamos, del lugar penoso que hoy tiene, número 72, entre los 145 países considerados en el Índice de la Economía del Conocimiento establecido por el Banco Mundial.
Esperamos darle la celeridad que el caso amerita, la comunidad científica, los desarrolladores de nuevas tecnologías, las empresas, los trabajadores lo requieren para que el agregamiento de valor nos aleje de ser, de se4guir siendo ese país maquilero que hoy somos nada más de pega piezas. Necesitamos que nuestra tecnología se impulse, se patentice y agregue valor y con ello se eleve la productividad de nuestro país. A su consideración, diputadas y diputados.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Transparencia y Anticorrupción para su dictamen.
Antes de continuar quiero, a nombre de esta Cámara, darles la bienvenida a los estudiantes de la Universidad de San Luis Potosí aquí presentes, invitados e invitadas por el diputado Javier Azuara Zúñiga. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por su visita.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y del Código Fiscal de la Federación. Tiene usted la palabra, señor diputado.
El diputado Juan Bueno Torio: Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. El propósito de esta iniciativa es dar continuidad a todo el cúmulo de reformas que venimos haciendo en torno a las reformas estructurales. Si bien ésta tiene una particularidad desde luego tiene que ver con una de las reformas estructurales que aún tenemos pendientes en este Congreso de la Unión, y es la que corresponde a la transparencia, a la rendición de cuentas, es decir, la Fiscalía Anticorrupción que estamos pugnando por que salga adelante en este propio o en este mismo periodo ordinario de sesiones.
En este sentido, si recordarán, mucho hemos tocado el tema sindical en torno a la corrupción que surge en el seno de esas instituciones, que si bien nosotros como partido político Acción Nacional defiende el derecho de las personas a agremiarse en sindicatos, ya sean sindicatos de trabajadores o sindicatos de empresas, como los que existen en nuestro país. Sí es menester que los recursos de los sindicatos se transparenten en beneficio de los propios trabajadores o en beneficio de sus agremiados.
Por otro lado hemos visto como ahora el SAT está instrumentando mecanismos para que las iglesias hagan sus reportes e informen de los ingresos que están recibiendo por cualquier método. Es pues que esta iniciativa se circunscribe en este tenor.
Todos los mexicanos, todas las organizaciones estamos sujetas a rendir cuentas y estamos sujetas a ser transparentes en el uso de recursos, y máxime en el caso de los sindicatos, que además de administrar el recurso de las cuotas que los obreros o los trabajadores le otorgan o le pagan a su sindicato para pertenecer a él, como los recursos que reciben los sindicatos cuando son sindicatos de entidades públicas, los recursos que reciben como consecuencia de los contratos colectivos o como consecuencia de algunas de las prestaciones establecidas dentro de sus propios acuerdos.
Es pues que esta iniciativa está encaminada a que los sindicatos en congruencia con el mandato que ahora se les otorgó en la Ley Federal del Trabajo, informen a sus agremiados del uso y destino de los recursos que administran. Por un lado. Y por el otro lado, a la par de los agremiados la propia Secretaría de Hacienda, a través de sus métodos y de su propia legislación, pueda entrar a revisar el uso y destino de los recursos emanados de las cuotas sindicales o de otras aportaciones.
Así lo planteamos también dentro de la reforma energética, que los sindicatos de las empresas ahora productivas del Estado deban clarificar el destino o los recursos que le destinen a los sindicatos o cualquier otro tipo de organizaciones.
Con esta iniciativa estamos amarrando la voluntad de nosotros los legisladores cuando planteamos en esa reforma energética, estamos amarrando que sea congruente una legislación con la otra. Y también se establecen sanciones en el Código Fiscal de la Federación y se establecen los mecanismos para que la Secretaría de Hacienda pueda revisar adecuadamente las finanzas, los estados de resultados de los propios sindicatos para tener pleno conocimiento en dónde se utilizan esos recursos y evitar el dispendio, como hemos visto en muchas ocasiones, de líderes sindicales, que se valen de esa opacidad que existe en los sindicatos para hacer uso y utilizar los recursos en su beneficio personal o de algunos de sus familiares.
Es importante entonces, compañeras y compañeros, que dentro del paquete que vamos a discutir y analizar de la Ley de Ingresos y temas fiscales, introduzcamos este elemento para que a partir del año 2015 sean congruentes la legislación laboral, la legislación energética, la legislación fiscal, la de la administración pública federal, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y el Código Fiscal de la Federación también, así como del impuesto sobre la renta. Por su apoyo a esta iniciativa y su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias a usted, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen y a las comisiones de Gobernación, de Transparencia y Anticorrupción y de Trabajo y Previsión Social, para su opinión.
Se encuentran con nosotros estudiantes de las escuelas Baylor School y Niños Héroes de Chapultepec, invitados e invitadas por la diputada Irazema González Martínez, a quienes damos la bienvenida. Muchas gracias por su presencia.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación.
El diputado Israel Moreno Rivera: Buenos días, presidente. Buenos días, compañeros diputados. Con la venia de la Mesa Directiva. Hoy vengo a exponer un tema que me preocupa y nos debe ocupar como legisladores.
Compañeras y compañeros diputados, sin duda todos coincidimos que nuestros niños y jóvenes hoy en día están inmersos en situaciones de alta vulnerabilidad y de violencia, de familias divididas en la que los padres no están al pendiente de sus hijos si asisten a la escuela o no, o quiénes son sus amigos o con quienes se junta, donde la ausencia de los valores se ve reflejada día con día.
El país atraviesa por diversas situaciones de violencia que la desintegración familiar, la pobreza, el narcotráfico y el crimen organizado, la parte de oportunidades educativas y, por supuesto, el desempleo, dejando a nuestros niños y jóvenes a merced de los más poderosos, de quien utiliza el bullying para poder someter, para imponerse de los mercenarios del narcotráfico, quienes han visto en los menores una manera de explotarlos hábilmente, de quien puede difundir videos en el Internet de chicos agrediéndose y matándose, de muchachos que creen ser popular es sinónimo de videos o fotografías que comprometen su persona de jóvenes, que son violentos en el noviazgo y que ni siquiera son capaces de distinguirlo.
Son alarmantes los casos que se han presentado en las escuelas por el tema de bullying. Los jóvenes que se encuentran enrolados en el crimen organizado y el narcotráfico, no es noticia, que un tercio de los jóvenes en nuestro país ha participado en delitos que no necesariamente tienen que ver con el narcotráfico.
Es la cifra alarmante, 6 de cada 10 delitos son cometidos por personas cuya edad oscila entre 14 y los 24 años de edad, y conforme pasa el tiempo se incrementa la cifra de los menores que cometen actos ilícitos, como es el caso de los menores sicarios donde el hampa los está reclutando a partir de los 12 años.
Las cifras son duras pero reales, requiere de toda nuestra atención y es momento de pasar el discurso a los hechos. Las autoridades han utilizado la privación de la libertad como sanción para coaccionar ciertas conductas delictivas, se han tipificado los delitos con penas severas, esperando que con ello se acabe realmente con el problema.
Sin embargo, hasta ahora podemos afirmar que estas medidas no están funcionando. Se han venido atacando los efectos, pero no las causas. En este sentido, la iniciativa que presento ante ustedes, pretende realizar la reforma a la Ley General de Educación, a fin de que a la brevedad la Secretaría de Educación Pública realice lo necesario para incluir, en toda la república, los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la materia que llevaría por nombre prevención al delito y recuperación de valores.
Considerando que en cumplimiento a la ley de referencia la Secretaría realiza el Acuerdo 592, en el que da a conocer el plan de estudios en educación básica y los programas de estudio y las Guías para las Educadoras y los Maestros de educación preescolar, primaria y secundaria.
Compañeras y compañeros diputados, ya basta de ver las cárceles de México llena de jóvenes, jóvenes inocentes, jóvenes con un futuro destruido, jóvenes que deberían de estar en las escuelas con mejores oportunidades de desarrollo, para todo esto, es importante agregarle una palabra mágica que se llama valores, una parte que hemos perdido como familias, familias desintegradas y desgajadas.
Es importante decir que un niño y un joven con valores jamás serán corrompidos. Que a la brevedad posible se inicie la implementación en las escuelas de educación básica de todo el país la materia de prevención del delito y recuperación de valores.
Por ello y para quien nos preocupa realmente el futuro de nuestros niños y jóvenes sentemos hoy las bases para protegerlos de la violencia y el abuso, la explotación de la mafia que existe en todo nuestro país y cada rincón de nuestros estados.
Comparto con ustedes esta reflexión, y dice: “educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres”. Pitágoras.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia. Túrnese, corrijo, a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su dictamen.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley General de Educación.
La diputada Gabriela Medrano Galindo: Honorable asamblea, la SEP tiene como designio fundamental crear condiciones para asegurar, dentro de sus competencias, el acceso de todas y todos los mexicanos a una educación de calidad en el nivel, modalidad y lugar que lo requieran.
Por ello es de suma importancia conseguir el acceso a todos los planes y programas de estudio, desde la educación inicial básica, media superior, superior, tecnológica e indígena.
Como derecho fundamental contemplado en el artículo 3 de nuestra Constitución, estados, Distrito Federal y municipios, el Estado tiene la responsabilidad de hacer obligatoria y gratuita la educación hasta nivel medio superior.
Dentro de los temas contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la educación de calidad busca profesionalizar el capital humano formando ciudadanos comprometidos con una sociedad más justa y próspera.
El sistema educativo mexicano debe progresar y mejorar constantemente para estar a nivel de las demandas exigidas por el contexto mundial.
Los jóvenes necesitan acciones contundentes que los inserten en la vida productiva, ya que en la actualidad se debe responder a un nuevo paradigma, donde las oportunidades de trabajo no solo deben buscarse, ahora deben inventarse. Es por ello que la juventud mexicana debe ser capaz de innovar.
Estamos convencidos que la educación debe estar vinculada a la investigación. Se debe garantizar un desarrollo integral a todos los estudiantes mexicanos, que les permita potencializar todas sus capacidades y aptitudes.
En los planteles de educación media superior actualmente se atiende a 4 punto 4 millones de jóvenes, correspondiendo el 91 punto 3 por ciento a los bachilleratos y 8 punto 7 por ciento a la educación profesional técnica, de los cuales, en el año 2010, del total de alumnos que ingresaron a nivel preparatoria el 49 por ciento eran hombres y 51 por ciento mujeres.
Del total de alumnos que se graduaron del nivel medio superior en el mismo año, 46 punto 3 por ciento son hombres y 53 punto 7 por ciento son mujeres.
Por cada 100 egresados de la educación media superior, 85 alumnos continúan los estudios de nivel superior; cifra que debe ir incrementándose hasta lograr que la totalidad de alumnos continúen con los estudios superiores derivado de las reformas realizadas a los ordenamientos que regulan la educación media superior, a fin de revisar, actualizar, unificar y profesionalizar los planes de estudio que se prestan en ese nivel.
Anunciado en el acuerdo 442 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2008, aplicado en el periodo escolar 2009-2010 y obedeciendo al sistema de transparencia que al día de hoy nos rige en el artículo 3o., fracción III, V, XI y XIV, inciso a) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Me permito someter a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 48 de la Ley General de Educación. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su dictamen.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra, el diputado Ricardo Monreal Ávila, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 100 de la Ley de Hidrocarburos y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores. Esta iniciativa que estoy presentando, junto con el diputado Mejía, es simplemente para otorgarle congruencia a nuestro propósito.
Dijimos que una vez consumado este despojo del petróleo y del robo del siglo, del inicio del pillaje íbamos a presentar distintas reformas y no vamos a descansar hasta que se revierta este ciclo de reformas antipopulares que han lesionado a la patria, que han puesto al descubierto toda una red de tráfico de influencias y que están dando al traste con un país soberano, dueño de sus recursos, que están provocando el que un pequeño grupo que no tiene llenadera se apodere del petróleo, del gas, de la energía.
Por eso esta iniciativa tiene por propósito modificar y derogar algunos artículos de la Ley de Hidrocarburos.
Pero hoy estoy verdaderamente consternado al estar leyendo la iniciativa, me enteré de una tragedia que está lamentablemente confirmada de un miembro de esta Legislatura, de un compañero diputado. Me confirman que secuestraron y asesinaron a un diputado federal miembro de esta asamblea, Gabriel Gómez Michel. Esto enluta a la Cámara. Esta tragedia no puede pasar desapercibida y tampoco se puede permitir que la impunidad siga haciendo de las suyas en nuestro país. Hoy han confirmado el asesinato de un miembro de esta Cámara.
Me parece muy grave que la inseguridad pública haya llegado a estos niveles en los que todos los miembros del gobierno y de los poderes son igualmente vulnerables. Lo más grave es la saña, la forma en la que se está actuando por el crimen organizado contra los ciudadanos, y en este caso lamentablemente ha tocado a un miembro de esta Cámara.
Movimiento Ciudadano expresa sus condolencias, su pesar a la familia del diputado Gabriel Gómez, y hace un llamado enérgico para que se aclare, se investigue, se sancione a los responsables de este crimen que no tiene nombre. Creo que todos debemos unir esfuerzos para que esto no quede en el olvido o como una simple anécdota del proceso de descomposición que el país vive.
Es un día triste para la Cámara de Diputados por la ausencia de uno de sus integrantes. Nos sentimos indignados por la forma en la que ha perdido la vida uno de nuestros compañeros.
Por eso, presidente, no voy a leer la iniciativa y simplemente llamaré a que todos, le pido a usted que haga un llamado para exigir la aclaración de este cobarde e indigno asesinato y que mostremos nuestra solidaridad con la familia del compañero diputado federal Gabriel Gómez Michel. Que descanse en paz.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Sí, diputado Añorve ¿con qué objeto?
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Sí, señor presidente. Para decirle a usted y a esta Cámara que en caso de que se confirme esta lamentable noticia en la cual estamos esperando los estudios en torno a este tema, insisto que es lamentable, que lastima y que conmueve a todos los integrantes de esta Legislatura, vamos a solicitar que sea atraído el caso por la Procuraduría General de la República. Esto queremos decirlo a nombre del grupo parlamentario, de manera muy puntual. Es cuanto, señor presidente, gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Hay tres manos levantadas más y vamos a proceder a dar la palabra, y le pregunto al señor diputado Roberto López González ¿con qué objeto?
El diputado Roberto López González (desde la curul): En el mismo sentido de quien me antecedió en el uso de la palabra, diputado presidente.
Primero para expresar nuestro profundo pesar por lo que pudiese de confirmarse, una muy lamentable noticia para esta Cámara, pero sobre todo para el estado de Jalisco, en caso de confirmarse lo que aquí se ha expresado, de la desaparición de nuestro compañero y amigo el diputado Gabriel Gómez Michel.
Solamente expresar a nombre propio y de mi compañera Verónica Juárez, de Jalisco, ambos de la fracción parlamentaria del PRD, expresar primero nuestra consternación, nuestra rabia e impotencia; que de ser cierto lo que apunta, de las pruebas periciales confirmen este lamentable hecho, condenarlo, exigir su esclarecimiento y por supuesto sumarnos a la fracción parlamentaria del PRI, para que sea atraído este caso por la PGR, para que se hagan las investigaciones pertinentes y se llegue a dar con los responsables en caso de que eso haya sido de tan lamentable suceso. Es cuanto, diputado presidente; gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias. Queridas compañeras, compañeros, me han pedido la palabra dos diputados más. Les expreso, primero, que hay absoluta coincidencia con lo expresas y, segundo, como lo ha dicho el representante de la fracción parlamentaria del PRI, yo pediría que hubiese prudencia hasta no tener los elementos suficientes.
Esta Presidencia está recabando toda la información para, en su momento, poder expresar con toda la energía que esto requiere y en base a las facultades y obligaciones que me mandata la ley con respecto a la seguridad y la integridad de nuestras compañeros y compañeros.
Daré la palabra, pero les ruego, por respeto a lo que ha solicitado el diputado Añorve, no se abundara sobre el tema hasta no tener los elementos suficientes para hacer las precisiones correspondientes. Tiene la palabra el señor diputado don José Isabel Trejo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde su curul): Muchas gracias, señor Presidente. Primero que nada mandar un fuerte abrazo de solidaridad a la familia del diputado Gabriel Gómez Michel. Sabemos el momento terrible que están pasando.
Nuestra condena total, como grupo parlamentario, a este acto en contra de nuestro compañero diputado, recalcando que los diputados somos representantes del pueblo de México.
Nuestra solidaridad con la bancada del PRI, con todos los compañeros diputados y diputadas, en este momento tan difícil y respetando la posición suya, señor Presidente, el grupo parlamentario está listo para sumarse a lo que tenga que hacerse en función de este criminal acto, doloroso para el pueblo de México.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Trejo Reyes. Tiene la palabra el diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Arturo Escobar y Vega (desde su curul): Gracias, Presidente. En el mismo sentido. En caso de que se confirme el asesinato del diputado Gabriel Gómez Michel, es un día negro para el Poder Legislativo, señor Presidente.
En el mismo sentido y en virtud de que el amigo Gabriel hoy es parte del Grupo Parlamentario del PRI, pero originalmente lo era del Grupo Parlamentario del partido Verde, emplazarlo a usted, señor Presidente, para que en caso de que se confirme esta noticia pueda solicitar, desde la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a la Procuraduría General de la República para que atraiga el caso y se asuma con la más alta severidad la investigación en virtud de que éste es un golpe directo al Poder Legislativo y sin duda entristece a esta Cámara de Diputados lo sucedido.
Repetimos, lamentamos esta tragedia y nuestro más alto y profundo pésame a la familia de don Gabriel, en caso de que se confirmen éstas muy, pero muy lamentables noticias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Esta Presidencia recoge sus palabras, y así lo hare. Me ha solicitado la palabra el señor diputado Manlio Fabio Beltrones, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde su curul): Gracias, Presidente. Solamente para unirme, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, lo que aquí todos y cada uno de ustedes han manifestado, la enorme indignación al conocer este muy lamentable incidente que llega a ser criminal.
El asesinato de un diputado federal no puede pasar desapercibido, en el caso de confirmarse de que estos cuerpos que han sido encontrados, uno de ellos pertenece a nuestro compañero Gabriel Gómez Michel.
Queremos reiterarle, señor presidente, que por ser usted –la Mesa- los responsables de salvaguardar la seguridad y, sobre todo garantizar la integridad física de todos y cada uno de los miembros, que en el caso de confirmarse en las próximas horas, que este crimen ha sido perpetrado en contra de Gabriel Gómez Michel, de manera ya automática usted solicite a la Procuraduría General de la República, atraiga el caso. Atraiga el caso y con eso nosotros estemos seguros que un evento de esta naturaleza, un crimen tan artero no quedará en la impunidad.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Esta Presidencia ya ha expresado, igual que quienes han hecho uso de la palabra, su indignación por estas noticias preliminares que ya se han expresado aquí también, y así lo haré, como así es mi obligación, así me mandata la ley, son las potestades. Tenga la certeza de que así se hará. Muchas gracias, señor diputado.
El señor diputado Monreal no leyó su iniciativa, pero de acuerdo al reglamento, se turna a la Comisión de Energía, para su dictamen. Muchas gracias, señor diputado.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Señor presidente, yo no usaré mi derecho a presentar esta iniciativa, precisamente en respeto y solidaridad a la familia de nuestro amigo diputado, Gabriel Gómez Michel, y unirme a lo que se ha dicho en esta Cámara de Diputados.
Cuando escuché la narración del diputado Monreal, no me quedó más que sorprenderme y estremecerme. Simplemente quiero dejar constancia en este pleno, no solamente de nuestra solidaridad hacia la familia del diputado, sino que esto deja en evidencia dos cosas: primero, la vulnerabilidad de los diputados no solamente que son del partido gobernante sino también de los opositores, y que recordemos que el ataque a un diputado es el ataque a la institución.
Como bien se dijo, hoy el Poder Legislativo ha sido herido, ha sido dañado y simplemente que sirvan mis palabras para unirme al pesar de la familia, y a los reclamos y posicionamientos que se han hecho. Que se atraiga de parte de la PGR este asunto y, sobre todo, que se encuentre justicia. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada Lilia Aguilar. Su iniciativa será turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para el dictamen correspondiente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Esta Presidencia acaba de recibir iniciativa del titular del Poder Ejecutivo federal. Pido a la Secretaría dar cuenta de la misma.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, presentes.
Por instrucciones del ciudadano presidente de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 61, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos legales, documento que el titular del Ejecutivo federal propone por el digno conducto de este órgano legislativo.
Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, acompaño a la presente copia de los oficios números 315-A-02831 y 353-A-0842 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envía el dictamen de impacto presupuestario.
Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida. El subsecretario, licenciado Felipe Solís Acero. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado secretario. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para opinión.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 32, 33 y 41 de la Ley General de Educación.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la educación es el mejor medio para la construcción de una sociedad justa, equitativa y con oportunidades para todas y todos.
Una sociedad educada es una sociedad más democrática, tolerante y crítica. La educación tiene un valor estratégico para México si queremos incorporarnos lo más pronto posible a un mundo cada vez más competitivo e integrado por el conocimiento y las nuevas tecnologías.
Por esto resulta indispensable fortalecer los distintos niveles educativos, para que formen personas capaces de enfrentar los nuevos requerimientos cognitivos y productivos que la sociedad y el mercado demandan.
Actualmente los rezagos del sistema educativo reflejan la agudización de la pobreza, la desigualdad y el consecuente detrimento de la calidad de vida de miles de mexicanas y de mexicanos.
Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en el 2010 de los 5.7 millones de personas con discapacidad en México sólo el 28 por ciento se encontraba laborando, mientras que el 25 por ciento era analfabeta.
Ante este panorama la iniciativa que hoy presento a consideración de este pleno cobra importancia al fomentar la inclusión educativa de las personas con discapacidad en los niveles medio-superior y superior, para combatir la discriminación y fomentar la igualdad de oportunidad en el acceso y permanencia en los servicios educativos.
Para tal fin propongo la reforma y adición de los artículos 32, 33 y 41 de la Ley General de Educación, en aras de que la autoridad establezca las condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a una educación de calidad; mayor inclusión y equidad; permanencia en los servicios educativos; igualdad de oportunidades; fortalecimiento de la educación especial e inicial y que se amplíen las condiciones en el sistema de enseñanza a través de programas de sensibilización sobre el respeto a los derechos y a la dignidad humana.
Asimismo, planteo que en el sistema de educación básica y media superior se apliquen métodos, técnicas y materiales para esta población, libro de texto gratuito; apoyo adicional necesario; adecuación de la infraestructura y el equipamiento correspondiente. Estas medidas deben ir aparejadas a la adopción de servicios educativos en la modalidad no escolarizada para quien, por su discapacidad, no logren esa integración.
Compañeras y compañeros legisladores, resulta indispensable que desde la educación se tomen medidas que promuevan la igualdad, el respeto y la inclusión laboral de personas discapacitadas con respeto pleno a sus derechos. Debemos avanzar hacia la eliminación de barreras que impiden crear una sociedad incluyente y accesible. Es por eso que considero que la población con discapacidad no sólo requiere de la construcción de rampas en los edificios, sino de un espectro más amplio en el que se contemple la asistencia audiovisual, el lenguaje de señas y braille, especialistas en educación especial en el manejo y tratamiento de discapacidades y un sinfín de herramientas que podemos emplear para promover esta integración plena.
Estas acciones que proponemos se suman a las contempladas en la Ley General de Educación y en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que establecen la obligación de la Secretaría de Educación Pública de impulsar la inclusión en todos los niveles educativos, aspecto que hasta el momento no hemos logrado en su totalidad.
Por largo tiempo hemos prorrogado el tema y como resultado las cifras nos dan cuenta de esta ausencia, pues el INEGI revela que sólo el 17.9 por ciento de los jóvenes con discapacidad estudian la educación media superior, lo cual se reduce al 5.8 por ciento en el nivel superior.
Puntualizar que ya se establece en el artículo 3o constitucional que la educación media superior también es obligatoria, por lo tanto a este sector de la población se le debe garantizar este derecho.
Por lo anterior, desde esta tribuna el Grupo Parlamentario del Nueva Alianza refrendamos nuestro compromiso de proponer y diseñar los instrumentos normativos que mejoren las condiciones de vida de quienes cuentan con alguna discapacidad, su integración social y el fomento de sus derechos, capacidades y dignidad personal.
Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto es proposición de acuerdo de los órganos de gobierno. Proceda la Secretaría dar lectura a los puntos resolutivos, por favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Acuerdo.
Primero. Se cita a comparecer al licenciado Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al doctor Agustín Carstens Carstens, gobernador del Banco de México, ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en términos de las disposiciones transitorias en el artículo Quinto, fracción VII, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, a efecto de que den cuenta sobre las disposiciones de carácter general para regular los términos y condiciones en que se presenten los servicios relacionados con las redes de medios de disposición, así como las cuotas de intercambio y comisiones que se cobren directa o indirectamente.
Segundo. La comparecencia del licenciado Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del doctor Agustín Carstens Carstens, gobernador del Banco de México, se desarrollarán el próximo martes 7 de octubre de 2014, a las 17 horas, ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tercero. El formato que se sujetará la comparecencia de estos funcionarios será determinado por la Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Cuarto. Se solicita respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva para que en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 198 del Reglamento de la Cámara de Diputados se notifique a los funcionarios correspondientes.
Quinto. Comuníquese y publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.
Transitorio.
Único. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados.
Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, secretario. Se ha registrado para hablar sobre este punto el diputado Ricardo Mejía Berdeja, en pro. Tiene la palabra por tres minutos, por favor.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidenta. Ayer hubo dentro de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política el acuerdo para la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del gobernador del Banco de México.
Desde luego que estamos a favor, sobre todo porque tratarán el tema de las comisiones y si algo afecta a los usuarios de la banca y de crédito son las comisiones usureras que siguen cobrando el oligopolio bancario extranjero, que tiene acaparado más del 70 por ciento del mercado bancario en el país.
Nos interesa desde luego que comparezca Agustín Carstens y que además se aproveche la comparecencia para que se hable también de los fraudes bancarios no aclarados, como los de Evya y el de Oceanografía. Pero también ayer se tomó un acuerdo, que aquí también ya se denunció, para que en lugar de crear una comisión especial para el aeropuerto que se anunció, para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, se trasladó esta decisión a una subcomisión en la Comisión de Infraestructura.
Nos parece que esto habla de un doble tratamiento de parte del PRI y de sus aliados, porque reducir a un tema de infraestructura una obra de más de 160 mil millones de pesos, como se anunció con el nuevo aeropuerto, que además implica asuntos medioambientales, asuntos de tenencia de la tierra, asuntos de competencias entre autoridades locales y federales, asuntos de seguridad nacional, asuntos de aeronáutica, a un mero tema de infraestructura, nos parece una maniobra que nosotros no queremos dejar pasar.
Además, hay un doble tratamiento. En el caso de Sonora se aprueba rápidamente la comisión especial, no por un tema de justicia o un tema medioambiental, sino por un ajuste de cuentas en la cúpula del poder, entre Presidencia de la República y el ecocida Germán Larrea, en complicidad con algunos medios de comunicación.
Pero en el caso del aeropuerto que es el principal tema, que anunció el Ejecutivo federal, lo quieren reducir a una subcomisión para eludir que se hable de los negocios, de los permisos, de los trafiques y de toda la serie de corruptelas, que seguramente vendrán con éste que ha sido bautizado como el negocio del sexenio.
Nosotros, en la Junta de Coordinación Política votamos en contra de que se creara la subcomisión y dijimos que se debía crear la comisión. Yo quiero pedirle al PRD, que votó a favor de que se creara la subcomisión, que reconsidere su voto, porque este tema involucra a la Ciudad de México, porque este tema puede implicar afectaciones a grupos de comuneros y ejidatarios, porque este tema puede afectar el medio ambiente y porque detrás de esta obra está la corrupción del Grupo Atlacomulco y porque además quien preside la Comisión de Infraestructura es un priista que trabajó en el gobierno de Enrique Peña Nieto y seguramente no van a querer hacer olas con el gran negocio sexenal del aeropuerto de la Ciudad de México.
Por eso, nosotros creemos que esto se debe reconsiderar en el Junta y evitar estos tratamientos. Decían que ya eran muchas comisiones especiales –concluyo, presidenta-, pero la realidad es que sólo avanzan aquellas que el PRI quiere que avance.
A la de Monex que es de investigación simplemente no dieron quórum para que no pudiera operar, a la de Pemex ahí la sobrellevan y cuando tienen interés como la de Sonora la aplican rápido.
Nosotros queremos que así como se creó una comisión especial en el caso de Sonora, se cree una comisión especial de seguimiento a la obra del aeropuerto de la ciudad de México.
¿A qué le teme el PRI? ¿A que se descubran los negocios de Peña Nieto? ¿De Gerardo Ruiz Esparza? ¿De Roberto Alcántara? ¿De OHL? ¿Por qué darle un tratamiento menor a un tema de tal relevancia? Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Al no haber más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado, comuníquese.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Dé lectura la Secretaría al siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a partir de la declaratoria de emergencia emitida por el Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación se liberen de manera urgente los recursos considerados en el Fonden para el combate a los fenómenos meteorológicos.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, de Comunicaciones y Transportes, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación, de Economía, de Educación Pública, de Salud y de Turismo, así como a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal de Electricidad, implementen los programas necesarios para mitigar los daños ocasionados por los fenómenos hidrometeorológicos que han dañado diversos municipios del estado de Baja California Sur.
Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Esta Presidencia informa que se han registrado para el debate de este punto los siguientes diputados: en pro el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, el diputado Arturo de la Rosa Escalante y el diputado Alfonso Durazo Montaño, todos estos en pro.
Si ustedes están de acuerdo, consideramos que pueden participar los oradores inscritos y así dar lugar a la fijación, en este caso, de posturas en pro, hasta por cuatro oradores.
Después del cuarto preguntaremos si está suficientemente discutido y se votará el acuerdo. Por lo que pido a la Secretaría darle el turno al diputado Fernando Bribiesca Sahagún, perdón, que tome el turno el diputado Fernando Bribiesca Sahagún para hacer su intervención, hasta por tres minutos, por favor.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, los mexicanos siempre hemos respondido con prontitud y solidaridad ante los desastres naturales de cualquier índole, ya sea provocado por sismos, huracanes o inundaciones, tanto fuera como dentro de nuestras fronteras.
Tenemos un compromiso muy claro con nuestros semejantes, nuestra calidad humana que tenemos y lo que estamos dispuestos a hacer por los otros.
Los ciudadanos nos exigen esa solidaridad aplicada ante los acontecimientos lamentables que afectan la vida de nuestra gente en Baja California Sur.
El trabajo conjunto que se ha exteriorizado en esta zona del país muestra esa cooperación solidaria que tiene tanto la ciudadanía como el gobierno.
Hoy se ejemplifica con una cultura de prevención oportuna, con acciones tales como suspensión de actividades escolares y cívicas, habilitación de refugios, atención médica y la movilización de personal para habilitar lo antes posible la energía eléctrica y caminos del estado.
Los mexicanos hemos aprendido que el trabajo en equipo nos hace avanzar y ante contingencias como ésta podemos salir adelante; eso implica que nosotros los legisladores también tenemos que unirnos para hacer frente a estas contingencias y dar nuestro mayor esfuerzo porque esta zona del país y su gente recupere lo antes posible su calidad de vida.
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza, se suma con su voto a favor por dar respuesta urgente a las necesidades de los miles de mexicanos y mexicanas que ante estas contingencias están sufriendo. Hacemos un exhorto urgente a las instituciones del gobierno federal que están convocadas para que en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades coadyuven a la pronta recuperación de las zonas afectadas.
Votamos a favor convencidos de la imperiosa necesidad de trabajar en equipo, de multiplicar esfuerzos y de extender la mano solidaria a quienes han perdido su patrimonio. Nuestra solidaridad y apoyo a todos los ciudadanos de Baja California Sur. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado Fernando Bribiesca. Tiene ahora el uso de la palabra, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidenta. Desde luego toda nuestra solidaridad a nombre de Movimiento Ciudadano con el pueblo y la ciudadanía de Baja California Sur ante esta tragedia, que nos parece que implica la mayor solidaridad de todos.
En el caso del Fondo de Desastres Naturales nosotros hemos cuestionado varias veces el burocratismo en el que incurre cuando se tratan de tragedias como las que nos ocupa. Hace un año en Guerrero fue las tormentas tropicales Manuel e Ingrid y al día de hoy sigue habiendo desatención, damnificados, carreteras y caminos que no terminan de construirse y hay todavía estragos que no han sido atendidos.
Cuando está la emergencia hay un desfile de funcionarios federales, empezando por el presidente de la República, pero empieza a transcurrir el tiempo y entra la burocracia del Fonden con sus reglas de operación, con su tortuguismo y paulatinamente la atención deja de fluir con la urgencia que el caso amerita; esto fue en el caso de Guerrero, y aprovechamos para reiterar a las instancias federales que terminen de operar la reconstrucción de Guerrero, pero no queremos que pase lo mismo en Baja California Sur.
Por eso se tienen que activar todos los mecanismos que disponen la Ley General de Protección Civil y el Fondo de Desastres Naturales.
Por otro lado, señalar que nosotros coincidimos en la idea de apoyar como diputados con colaboración pecuniaria, para contribuir a mitigar los efectos que ha traído la desgracia. Estamos de acuerdo. Es un punto que se va a tratar posteriormente, ya nuestro compañero Alfonso Durazo, presidente de la Comisión de Protección Civil, ha insistido en la necesidad de que todos los diputados y todas las diputadas federales donemos una parte de nuestra dieta para contribuir a mitigar esta tragedia.
Pero quiero también decir que hay otra manera como los grupos pueden contribuir, los grupos parlamentarios. Con parte de las subvenciones extraordinarias. Y parte de lo que no nos aceptó la Junta de Coordinación Política ni la Secretaría General de la Cámara se donó ya a los damnificados de Baja California Sur, por instrucciones de nuestro coordinador Ricardo Monreal.
Es decir no sólo parte de nuestra dieta, sino también parte de esa subvención extraordinaria que no se nos quiso aceptar. Así como van al día de hoy, 40 asociaciones humanitarias de derechos humanos, de desaparecidos, de asociaciones de violencia contra la mujer, a las cuales se ha beneficiado, entre otras, también la Fundación UNAM a instancias de la diputada Zuleyma Huidobro.
La invitación, señores coordinadores, señores diputados, señoras diputadas federales, es a que de las subvenciones extraordinarias también apoyen la tragedia humanitaria que vive el pueblo de Baja California Sur no sólo con parte de la dieta, sino con parte de esos recursos.
A la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política, un exhorto para que de las economías del presupuesto de la propia Cámara, se pueda agrandar el apoyo de este Poder Legislativo al pueblo de Baja California Sur. Es cuanto.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Arturo de la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario Acción Nacional.
El diputado Arturo de la Rosa Escalante: Con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. Quiero decirles que ha sido toda una odisea llegar desde Los Cabos hasta esta tribuna.
Quiero agradecerle a mi Grupo Parlamentario de Acción Nacional el que me permita posicionar a nombre de nuestro grupo. Por supuesto agradecer a todos los grupos parlamentarios que conforman esta Legislatura por sumarse a esta iniciativa no solamente en opinión, sino en acción.
El huracán Odile no solamente afectó a los municipios de La Paz y de Los Cabos, existen también miles de damnificados en la parte norte del estado, así como también en las comunidades rurales que aún no han sido atendidas. Por eso al hacer uso de esta tribuna, hago el llamado respetuoso al titular del Ejecutivo federal para que estas comunidades de los municipios de La Paz, de Comondú, de Loreto, de Mulegé y por supuesto de mi tierra Los Cabos, no vayan a quedar en el olvido y sean atendidas de manera inmediata.
De igual forma en la parte de Los Cabos, quiero hacer el exhorto respetuoso a los titulares de Profeco, pues algunos comercios y establecimientos y prestadores de servicios, están arbitrariamente encareciendo sus productos aprovechándose de la necesidad de la gente.
El exhorto respetuoso al secretario de Educación Pública, pues son miles de niñas, de niños y jóvenes que están sin poder tomar clases, ya que sus instalaciones educativas quedaron muy deterioradas y otras están siendo utilizadas aún como albergues o como centros de operaciones militares, y requieren de rehabilitación de manera urgente.
Quiero agradecer y reconocer el trabajo coordinado, el apoyo solidario del presidente de la república y del gobernador de nuestro estado, Marcos Covarrubias, así como también al Ejército Mexicano y a la Marina Armada de México, quienes con su presencia y acciones han levantado la moral de nuestra población.
A mis amigas y amigos diputados federales, a todas y a todos ustedes mi reconocimiento y agradecimiento por la solidaridad manifestada al donar un día de su salario para los damnificados de mi estado. Y ojalá que podamos hacer un esfuerzo mayor. En mi caso donaré un mes de mi dieta, aportando con esto mi granito de arena en la reconstrucción de mi estado.
Quiero agradecer también a las personas que de buen corazón han hecho sus donaciones en los centros de acopio establecidos en todo el país. Ojalá pronto llegue esta ayuda a nuestro estado, pues se requiere el apoyo de manera urgente.
Compañeras y compañeros diputados, sin lugar a dudas en Los Cabos, mi tierra, el huracán “Odile” sacó lo peor y lo mejor de nuestra sociedad. En lo particular me quedo con lo mejor, que es el corazón y las ganas de miles de cabeñas y cabeños que estamos trabajando brazo con brazo, ilusionados en la idea de poner de pie y mejor que antes a nuestra tierra, para que en el corto plazo Los Cabos y Baja California Sur, sigan recibiéndolos con los brazos abiertos, con la mejor cara y por supuesto con la calidad y calidez que caracteriza a nuestros paisanos.
A nombre de los habitantes de Los Cabos y de Baja California Sur, gracias por su solidaridad, gracias por su compromiso, gracias por no dejarnos solos en la peor catástrofe de nuestra historia. Es cuanto.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Mirna Velázquez López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Mirna Velázquez López: Con su permiso, señora diputada Presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados: el liderazgo no es un título o una posición jerárquica, es una cualidad que surge de los retos que enfrenta una comunidad que genera en ella el entusiasmo para superarlos en forma conjunta y acertada. Esto lo ha demostrado el gobierno federal ante la tragedia que ha embestido a nuestros hermanos de Baja California Sur.
Quiero decirles que también nuestro estado de Sinaloa estuvo el año pasado en la misma circunstancia y nuestro presidente de la república, Enrique Peña Nieto, fue a visitarnos las veces que lo requirió nuestro estado y nuestros municipios afectados.
El presidente de la república ha supervisado desde el primer momento el trabajo que desempeñan las dependencias a su cargo para auxiliar a los afectados por el huracán Odile, acompañando a los surbajacalifornianos en el apoyo, solidaridad y respaldo decididos y oportunos.
Han de reconocerse los trabajos que se están llevando a cabo en este sentido para restablecer la normalidad y la seguridad, así como el abasto de agua, alimentos y energía para la entidad y la recuperación de las vías de comunicación tocadas por el fenómeno meteorológico, labores en las que siempre se han destacado por su abnegación y vocación de servicio los elementos de las tres ramas de las fuerzas armadas mexicanas y la policía federal.
Es de señalarse que la estrategia del gobierno federal no para en el restablecimiento de los servicios, sino que se están implementando distintos programas para reactivar económicamente a la entidad y continuar con su carácter de destino turístico de clase mundial.
En este sentido se darán facilidades e incentivos a la inversión privada en el estado en todas las inversiones que se llevan a cabo por parte de las empresas de la entidad para efectos de la reconstrucción, acompañados de un programa de empleo temporal dirigido a la gente de las comunidades para el apoyo en las labores de rescate, de limpieza y de retorno a la normalidad.
También se ha anunciado un conjunto de medidas tributarias para facilitar la liquidez de las empresas turísticas y comerciales de Baja California Sur, de la mano de un programa con la banca de desarrollo para la promoción del financiamiento del Mipymes para que puedan contar con créditos de hasta 2 millones de pesos a tasa fija.
El Grupo Parlamentario del PRI reconoce los trabajos y las medidas que se están emprendiendo para la restauración y reactivación inmediata de Baja California Sur, frente al embate de ir refrendando nuestro compromiso con el Estado y su gente, suscribiendo el presente punto de acuerdo de nuestro Partido Revolucionario Institucional.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Se inscribe también, para hablar en contra, el diputado Manuel Huerta, tiene la palabra hasta por tres minutos.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: El mal gobierno que tenemos en este país, en lo general y muy en lo particular en el tema de la protección civil, me hacen subir a esta tribuna para que esta Cámara de Diputados realmente reflexione lo que tiene que hacer y no con actitudes demagógicas. Vengamos aquí a esta tribuna a estar avalando, y lo digo por todos mis compañeros, avalando cosas que son –dirían los abogados– tautológicas.
Este punto de acuerdo es estrictamente una tautología, ¿cómo vamos a estar pidiendo que se cumpla la ley al Ejecutivo federal? Aquí lo deberíamos estar exigiendo, que hubieran actuado con la suficiente capacidad en materia de protección civil para tomar todas las medidas preventivas, que sin duda la emergencia demuestra que no se tomaron. La población no sabe cómo actuar ante un fenómeno de este tipo, entre otras tantas cosas.
Pero miren, cómo se ve que no estaban tan preparados, que evidentemente y en materia de refugios temporales ni en materia de abastecimiento de alimentos, lo principal que debe de tener un gobierno, garantizar la seguridad de los habitantes y de sus patrimonios, esto no existía evidentemente y eso lo desenmascaró esta emergencia.
Es de nueva cuenta la sociedad la que de manera autónoma tiene que salir adelante de esta tragedia como siguen todavía, y no se olviden, tienen más de un año los ciudadanos en el estado de Guerrero que todavía no les llegan los recursos y las ayudas que debería este gobierno estar teniendo, que deberían de estar las fases de restauración y de reconstrucción concluidas y seguimos teniendo miles y miles de damnificados de los anteriores fenómenos meteorológicos que se tuvieron ahí.
Obviamente que uno no puede aquí en la complacencia del queda bien. Ya lo auguro para el próximo punto del orden del día, y me voy a ahorrar el tiempo, ya parece competencia que si doy un día de salario, que si doy un mes, y con respeto lo digo a los diputados, que si doy 200 mil pesos de las subvenciones o 200 millones de pesos eso es demagogia, es retórica la de todos. No. No puede ser así.
Para eso están las leyes, para eso se rompen los candados en una emergencia, y el presupuesto se tiene que usar para atender a la población. Y eso el Ejecutivo no lo hace, el Ejecutivo es un desastre, y está llevando al desastre a la población. No seamos autocomplacientes ni seamos tapaderas de las negligencias del Ejecutivo. Y por eso me tengo que subir a esta tribuna, a hablar así y a decir: por eso estoy en contra de estos acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Por último tiene la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Presidenta, gracias, compañera presidenta. Compañeras y compañeros, este tema de la necesidad de flexibilizar y entregar oportunamente los recursos del Fonden es viejo y no lo vamos a resolver con un punto de acuerdo por mucho que venga firmado por la Junta de Coordinación Política.
La verdad es que se ha dicho aquí de manera reiterada que los puntos de acuerdo son como los llamados a misa, los atiende quien quiere y con frecuencia no los atienden absolutamente ninguna de las dependencias o de los responsables a quienes van dirigidos.
Es obvio que es imprescindible agilizar la entrega de los recursos, en primer lugar porque la emergencia obliga, en segundo porque invariablemente son insuficientes los recursos de las autoridades estatales y sobre todo municipales.
Estamos de acuerdo con el planteamiento para cubrir el expediente, porque no nos podemos oponer a la necesidad de ante un llamado a dinamizar la entrega, pero sabemos que eso no lo va a resolver. Hay una cuestión de fondo, en la que si queremos incidir de manera definitiva en la entrega oportuna de los recursos –y no sólo oportuna, sino suficiente– que esta Cámara de Diputados le meta mano en forma y fondo al tema del presupuesto, para replantear las disposiciones que norman la entrega de los recursos de las que derivan a su vez las reglas de operación y con las cuales se ampara la Secretaría de Hacienda, para justificar la entrega extemporánea o retrasada de los recursos.
Por supuesto que en el gobierno hay una gran parcialidad para flexibilizar la entrega de los recursos, se retrasa con frecuencia para atender a los damnificados, pero yo estoy seguro que si revisamos las gestiones para las adecuaciones del hangar presidencial con motivo del nuevo avión que llega para el presidente de la república, no hubo absolutamente ninguna restricción de la Secretaría de Hacienda para operar de inmediato esta restricción.
Otro tema en el que podemos incidir de manera fundamental en la entrega oportuna de los recursos es revertir el orden de las asignaciones presupuestales que hoy tenemos. Debemos destinar mayores recursos a la prevención y hoy estamos destinando mayores recursos a la atención de la emergencia. En la medida de que los recursos para la prevención sean mayores tendremos posibilidades de ser más oportunos en la asignación y en el ejercicio del gasto para la atención de emergencias.
Estamos a favor de este dictamen compartiendo una buena parte de los argumentos que aquí ha expresado nuestro compañero Manuel Huerta Ladrón de Guevara, pero cualquier fracción parlamentaria y diputado que tenga interés real en modificar de fondo la entrega de los recursos para los damnificados debe de pensarlo a la hora de votar en el tema presupuestal. Gracias, Presidente.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretará a la asamblea en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.
Esta Presidencia saluda calurosamente a los invitados especiales de la delegación Venustiano Carranza que el día de hoy nos acompañan, invitados por el diputado Israel Moreno Rivera. Bienvenidas, bienvenidos.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Continúe la Secretaría con el siguiente acuerdo de los órganos de gobierno.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
Primero. Se aprueba conminar a que cada diputada y diputado aporte voluntariamente un día de dieta, cuyo monto total será destinado a ayudar a los damnificados en Baja California Sur por los recientes desastres climatológicos.
Segundo. Se instruye a la Secretaría General para que lleve a cabo las medidas administrativas necesarias, a efecto de realizar conforme a derecho los descuentos correlativos respecto a los representantes que decidan hacer el donativo de que se trata.
Firma la Junta de Coordinación Política.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Pregunte la Secretaría, al no haber registro de oradores en este tema...
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Sí hay registro? A ver, una disculpa, pero aquí no había ningún registro. Pero, ¿el diputado Alfonso Durazo? Adelante, hasta por tres minutos, por favor.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Compañera presidenta, gracias por atender mi petición de posicionarme respecto a este tema. Lo hago en virtud de que la Junta Directiva de la Comisión de Protección Civil –que me honro en presidir– se reunió en días pasados, inmediatamente después de la tragedia del huracán Odile, con el propósito de reflexionar, de encontrar mecanismos de colaboración con la autoridad. Que ayudaran a las autoridades a dinamizar la respuesta en tiempo y suficiencia a los damnificados.
Una de las propuestas que hicimos fue precisamente proponer a la Junta de Coordinación Política que coordinara una aportación económica de los diputados. Me da gusto que lo hayan recogido en estos términos.
Ciertamente la Junta Directiva de la Comisión de Protección Civil no expresó o no propuso cantidades. En lo personal, me parece insuficiente. Sin embargo, queda abierta la posibilidad, a lo cual convoco a que cada uno de las diputadas y diputados de este pleno pudieran, en consciencia, tratar de hacer un esfuerzo mayor.
Sabemos que cualquier recurso que enviemos será insuficiente, porque las consecuencias del paso de Odile por Baja California Sur fueron mayores. Sin embargo, creo que el dar testimonio concreto de nuestra solidaridad con los afectados por el huracán será extraordinariamente bien recibido.
Pero hay otro tema que quisiera comentar y sobre el que no debemos quitar el dedo del renglón. Nuevamente vemos que las zonas más afectadas son aquellas construidas sin las autorizaciones o sin el respeto a las normas urbanas de desarrollo urbano de cada uno de los municipios.
Nuevamente vemos reflejada la voracidad de los hoteles de apropiarse de áreas reservadas a la federación, como en estas zonas de recreo de playas y de más.
¿Qué significa esto? Que nuevamente, como en el caso de Guerrero, es debido a actos de corrupción de la autoridad que permite indebidamente el asentamiento en zonas de alto riesgo, lo que multiplica la dimensión de la tragedia.
No debemos olvidar que a un año de los huracanes Ingrid y Manuel, como aquí se ha señalado, no hay todavía una investigación suficientemente avanzada en el estado de Guerrero, como para imputar responsabilidades a aquellos que autorizaron, incluso en el hecho de los ríos, la construcción de vivienda de interés social.
Y lo que pasó en Baja California Sur, en Los Cabos, es de nuevo exactamente lo mismo, porque eso junto con esta expresión de solidaridad al aportar una parte de nuestros ingresos, debemos nuevamente tener en consideración dos cosas, la necesidad de insistir en que se realicen, se lleven a cabo las investigaciones y se castigue a los responsables, y tener –concluyo, presidenta- presente a la hora de votar el presupuesto que necesitamos dotar de mayores recursos al Fonden y sobre todo de mayores recursos al Fondo para la Prevención de Desastres. Ojalá lleven su solidaridad de hoy a un voto a favor de esta propuesta. Gracias, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidenta. Sabemos que frente a la magnitud de la tragedia, los daños en infraestructura hotelera, en servicios, las afectaciones a la población, esta aportación es un mejoral, pero de algún modo frente a un sistema de protección civil que presenta obsolescencia, negligencia y burocratismo, es una medida para poder contribuir con un pequeño granito de arena a la reconstrucción.
Por eso creemos que no es demagógico, es aportar algo como una muestra de solidaridad y de compromiso con el pueblo de Baja California Sur. Nosotros, en Movimiento Ciudadano, insisto, también, con parte de la subvención extraordinaria que no se quiso recibir, también vamos a contribuir con los damnificados de Baja California Sur.
Pero el problema de fondo es que este tipo de tragedias humanitarias se prestan también al lucimiento de funcionarios públicos, funcionarios públicos que en las horas más trágicas hacen acto de histrionismo, se constituyen en los lugares, pero al paso de las semanas y los meses se olvidan totalmente de la situación, y lo peor es que hay buitres que medran con la tragedia, que hacen negocio con la tragedia, y es el caso en Guerrero de constructoras ligadas al régimen, Coconal que fue acaparando obra en tierra caliente y en la costa grande, y aquí el diputado Catalino Duarte, guerrerense, de la tierra caliente, podría decirnos qué ha pasado con estas constructoras que han acaparado la reconstrucción y que han actuado con lentitud y han actuado con negligencia protegidas por el gobierno federal.
Y además, para las víctimas hay justicia tardía. Yo recuerdo al secretario de Sedatu, Ramírez Marín, diciendo cuando lo de Manuel e Ingrid, en Guerrero, en el municipio de Acapulco, que en un mes habría responsables de los permisos indebidos en tierras de humedales, no aptas para la construcción.
Y Ramírez Marín prometió un informe donde iban a estar cada uno de los responsables de haber otorgado permisos, violando el uso de suelo o modificándolo indebidamente en el municipio de Acapulco. Y es fecha que Ramírez Marín no da este informe.
Pero ahí hay una filtración hoy en los periódicos, de que habrá pronto responsables. Esperemos que no sea simplemente un calambre, que tienden para algunos políticos y que sí haya justicia y que no haya impunidad y negligencia.
Y no queremos que lo que pasó en Guerrero pase en Baja California Sur. Y por eso queremos que así como hay solidaridad de los diputados y diputadas, haya también la exigencia de que no haya impunidad, y de que el sistema de protección civil deje de ser un sistema reactivo, ineficiente, burocrático y oneroso, y que además no da resultados cual debiese ser.
Si hubiera un buen sistema de protección civil, seguramente no habría necesidad de estas aportaciones. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Con qué objeto, diputado Catalino Duarte? Sonido a su curul.
El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Para alusiones.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene la palabra el diputado Catalino Duarte, por alusiones personales, hasta por tres minutos.
El diputado Catalino Duarte Ortuño: A mí me parece correcta la decisión de apoyar en la medida de la posibilidad al estado que han mencionado aquí por hechos naturales graves. También muchas de las cosas que señaló aquí el diputado de Movimiento Ciudadano son ciertas.
Desde hace un año el gobierno federal, a través de Rosario Robles, de Esparza, de la mayoría de los secretarios señalaron que oportunamente se iba a atender la reconstrucción de Guerrero. Más de 20 visitas hemos tenido de esos funcionarios y la realidad, compañeros diputados y diputadas, la reconstrucción en Guerrero es lenta, mucha burocracia para liberar los recursos.
Por señalar solo un ejemplo, en tierra caliente no han construido un solo puente de los que destruyó el fenómeno natural, ninguno. Se asignaron recursos para atender todos los caminos rurales de la sierra de Guerrero, no se ha atendido ninguno, solo hicieron los contratos, entiendo que el secretario de SCT con los dueños de las empresas en escritorio, pero no se ha presentado. Le asiste la razón al legislador cuando señala que Coconal acaparó todas las obras en la tierra caliente.
Lo cierto es que el avance es lento y súmenle ustedes el tema de la inseguridad. Pedimos desde ahora que no suceda lo de Guerrero, que se presente el presidente de la República, sus secretarios, en una visita a pasear, se presentaron en Acapulco diciendo que llevaban el 80 por ciento de la reconstrucción; la verdad hay que decirlo, no es verdad, y no queremos que eso suceda en este estado que se encuentra en una situación difícil.
Creemos que es un tema que van a dejar más adelante; el gobierno federal le está apostando al 2015, van a acelerar la reconstrucción en Guerrero faltando unos días para la elección para obtener ventaja política. Nosotros desde ahora les expresamos que nuestra gente, los guerrerenses seguimos esperando. Necesitamos que el presidente de la República cumpla con su palabra. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, hasta por tres minutos.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Los testimonios que hemos escuchado el día de hoy en boca del presidente de la Comisión de Protección Civil de esta Cámara, en legisladores del estado de Guerrero nos hacen subir a la tribuna a plantear que no es posible que este Poder Legislativo y con la pena, muchos de los compañeros que aquí están, intenten lavarse la cara de la irresponsabilidad que este propio Poder Legislativo tiene en muchos de los temas de las tragedias que se viven en este país, porque ya de emergencias pasan a ser tragedias como ocurre en el estado de Guerrero y, que no es el único -porque en Guerrero la magnitud de lo que se vivió-, pero yo podría hablar del estado de Veracruz que no canta mal las rancheras en materia de desastre y de ineficaz aplicación de acciones de protocolo y de aplicación de presupuesto para las etapas de la reconstrucción y la restauración.
Es el momento que muchas comunidades todavía no se aplican recursos del Fonden no del 2014, sino del 2011, 12, 13 y 14. Sumamos cuatro años y no se aplican estas medidas.
No podemos venir aquí en la idea de lavarnos la cara. Aquí tenemos la responsabilidad de hacer las leyes que flexibilicen esto que ustedes proponían y aprobaron en un punto de acuerdo anterior en materia del Fonden, y que además se hicieran en el Presupuesto que vamos a discutir mayores recursos en materia preventiva, que es lo que tendremos que hacer.
Así como el de acordar entonces sí investigar a los responsables de estas tragedias, empezando por Enrique Peña Nieto, porque -eso también y hay que decirlo porque enerva- tienen una actitud de torpeza. Llegar un rato a la tragedia, pararse en un banquito y todo controlado, lleno de guaruras para que nadie le reclame, e inmediatamente agarrar el avión e irse a New York a seguir entregando este país a tirones y a jirones como lo está haciendo este señor. Eso no es posible, para eso tienen que estar aquí los diputados alegando lo que tenemos que alegar por más tiempo.
Y ese que grita tiempo, que venga a defender a su presidente a la tribuna, a ver si tiene cara para salir a la calle después de subirse a esta tribuna y querer defender lo indefendible, como ocurre con Enrique Peña Nieto, porque no se puede jugar con las tragedias.
Por último yo diría al diputado Durazo. ¿No sería más importante que esta Cámara de Diputados estuviera participando activamente en el Consejo de Protección Civil del Sistema Nacional de Protección Civil, para ahí estar exigiendo que el Ejecutivo cumpla sus funciones? ¿No deberíamos de estar, en lugar de dar un salario, empleando a los medios de comunicación para llamar a la amplia solidaridad del pueblo de México?
Pero quién les va a hacer caso a los diputados, si hoy en las noticias está que se gastan los recursos en el spa, en las cantinas de madrugadas y en todo lo que se ocurre. Por eso el pueblo no les cree, por eso el pueblo no les coopera y por eso el pueblo manda la solidaridad de pueblo a pueblo. Es cuanto.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Al no haber más registro de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo, en la inteligencia de que si hay voluntad de aportaciones por un monto superior o la negativa, lo expresen las y los legisladores en forma escrita a la Secretaría General.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Ciudadana presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Continúe la Secretaría con dictámenes a discusión de proposiciones con punto de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueban, salvo los enlistados en los numerales 1, 2, 4, 5 y 10, que se reservan para su discusión.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado. Comuníquese.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo. Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes en sentido negativo.
Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueban los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Por lo que se refiere a las dos últimas minutas, devuélvanse a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción D) del artículo 72 constitucional.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, se les informa que se recibió de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, dictamen con proyecto de decreto por el que la honorable Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión otorga la medalla al mérito cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913 correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura a la ciudadana Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, el 9 de octubre de 2014, el cual se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules. Por lo que para los efectos del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, de conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos el señor diputado don Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, a la Semarnat y demás dependencias competentes a fin de revisar y determinar si las obras realizadas en el rancho Pozo Nuevo, estado de Sonora, se realizaron conforme a lo que establece la ley y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez: Gracias, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados: el pasado 4 de septiembre se dio a conocer, a través del programa Punto de Partida de Denise Maerker una serie de inversiones millonarias realizadas sobre el rancho Pozo Nuevo ubicado en el estado de Sonora, propiedad del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés y su familia.
En dicha investigación ampliamente documentada por Fátima Monterrosa y Marco Tinoco, se da cuenta de una serie de obras realizadas en los últimos años que distan mucho de tener una justificación legal y económica.
Se narra, por ejemplo, la construcción de una presa a la que por cierto Guillermo Padrés llamó represo, con una capacidad de cuatro millones de metros cúbicos de agua y que tiene una cortina de 120 metros de largo por 80 de altura.
Pero no sólo eso. El programa da cuenta también de la construcción de un acueducto con una superficie aproximada de siete kilómetros para trasladar el agua desde ese punto hacia un reservorio que asegura el riego tecnificado de 300 hectáreas de nogal.
Así como ustedes escucharon, compañeras y compañeros diputados. Inversiones superiores a los 300 millones de pesos sobre una propiedad que apenas en el 2009 le había sido señalada para embargo a la familia Padrés Elías por el incumplimiento en el pago de unos invernaderos que habían sido construidos años anteriores.
La concentración de toda esta agua en la presa provocó escasez del vital líquido en las comunidades aledañas. A juicio de los habitantes de la comunidad de Bacanuchi ubicada en el municipio de Arizpe, esta sequía trajo como consecuencia pérdidas económicas sin precedentes a los productores de la región.
En nuestro país el agua es de la nación. Independientemente de su condición política nadie tiene derecho de apropiarse de los bienes de la nación, más en un estado como el nuestro en donde las limitaciones de agua nos han llevado a una confrontación política y social sin precedente.
Es verdad que el sector agropecuario tiene el derecho de utilizar las aguas superficiales para sus fines, pero esto deberá hacerse mediante una concesión que la Comisión Nacional del Agua otorga en base a un estudio que dé cuenta de la suficiencia del recurso.
Como consecuencia de las denuncias ciudadanas, la Conagua anunció el pasado 10 de septiembre el inicio de una investigación sobre estas propiedades a fin de determinar si cumplían con los requisitos de ley.
Lejos de aceptar esta instrucción, el gobernador solicitó la expulsión de los delegados federales. Era importante, en principio, que la Conagua se pronunciara respecto de si había título de concesión de las aguas, si la presa en este caso contaba con la concesión de la zona federal y si la construcción de esta presa y la cortina contaba con las especificaciones de seguridad.
Era importante hablar en tiempo pasado porque sorpresivamente la cortina de la presa fue reportada rota el pasado sábado 20. De acuerdo con la versión del gobernador, el crecimiento del afluente del río provocó la ruptura de la presa; sin embargo, versiones de vecinos del lugar hablan de explosivos que se llevaron a cabo.
Aquí está, compañeras y compañeros, la presa antes y aquí está la presa después, en donde las explosiones que registraron los compañeros de la comunidad Bacanuchi, hablan de que esta presa no fue rota por la naturaleza, sino derivada con el uso de explosivos.
Por eso queremos también que se investigue, incluso, una línea de investigación adicional para saber si se utilizaron explosivos y si estos explosivos contaban con el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ponemos en consecuencia, que es importante además que la Semarnat se pronuncie para conocer si las 300 hectáreas de Nogal, si toda la superficie que fue en su momento desmontada, contaba con los permisos ambientales requeridos, manifiesto de impacto ambiental, cambio de uso de suelo forestal, permisos por parte de la Comisión Nacional del Agua para la utilización de los pozos para estos riegos tecnificados de más de 300 hectáreas.
En consecuencia, solicito presidente, que se integre el texto completo del exhorto que fue suscrito por más de 150 legisladores de esta soberanía, a fin de que las autoridades competentes se pronuncien sobre la legalidad de estas obras. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Pregunte la Secretaría a la asamblea, en términos reglamentarios, si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente,
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En tal virtud, tiene el uso de la voz la diputada Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza.
La diputada Cristina Olvera Barrios: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, es difícil concebir que en medio de la tragedia ambiental por la que atraviesa el Estado debido al derrame que se suscitó en la mina Buenavista del Cobre, el gobernador actual de Sonora, licenciado Guillermo Padrés Elías, quien debería velar por el bienestar de los pobladores que habitan en el estado de Sonora, ha emprendido una serie de acciones para sacar a flote los ranchos de su familia, entre ellos El Pozo Nuevo, que se ubica en el poblado de Banámichi.
Actualmente podemos apreciar que el rancho El Pozo Nuevo, dejó de ser un campo despoblado y se ha convertido en un centro cultivo de 300 hectáreas de Nogales.
¿Y cómo podría ser posible? Hay que recordar que el rancho El Pozo Nuevo, no tiene ningún problema de escasez de agua al día de hoy, ya que montaña arriba se construyó una presa de concreto y se han perforado seis pozos, y a la par se ha construido una presa hidráulica que capta el agua del río Manzanal, debido a ello ahora el agua que corre por el río Manzanal ya no llega a la comunidad de Bacanuchi.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, es imperdonable mermar más la situación de cada uno de los pobladores de Bacanuchi, que no sólo ha sido uno de los municipios más afectados por la contaminación que se ha originado por el derrame de la mina Buenavista del Cobre, sino ahora sufre y padece los embates de la exclusión de recibir el vital líquido.
Dejemos a un lado la impunidad y la corrupción, exijamos cuentas para transparentar el proceso a que se sujetaron las obras que se realizaron en el rancho Pozo Nuevo, donde hoy la cortina de presa ha colapsado así de las seis concesiones de aprovechamiento subterráneo que se autorizaron a nombre de Guillermo Padrés Dagnino y Miguel Padrés Molina.
En Nueva Alianza nos solidarizamos con la población del municipio de Bacanuchi, exigimos a las autoridades la urgente y atenta solución a los problemas que hoy atañen a la población del municipio, que ya están cansados de tanta tragedia y añoran la oportunidad de recibir ayuda que les permita vislumbrar un mejor futuro. Es por eso que Nueva Alianza dará su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Y muchas gracias, compañeros legisladores.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, doña Cristina.
La diputada Cristina Olvera Barrios: Y necesitamos el apoyo para el estado de Sonora.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, doña Cristina. Doña Lilia Aguilar Gil, del PT, tiene usted el uso de la voz hasta por cinco minutos.
–¿Está doña Lilia? Aquí viene doña Lilia.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Y con la venia de la asamblea. Creo que este tema, del que ya se ha hablado mucho y que está directamente relacionado con los hechos de corrupción e indolencia de quien puedo solamente denominar como un gobernador de dudosa legalidad, nos deja claro que en Sonora no solamente hay un estado de ingobernabilidad que ha quedado demostrado con la permanencia de la concesión de Grupo México, en la que seguiremos insistiendo que se remueva, y se lo seguiremos insistiendo sobre todo al presidente de la Comisión Especial.
La presa del gobernador Padrés, que ha salido a hacer defendida inclusive por el líder nacional del PAN, pone en evidencia no solamente la voracidad política de este gobernador, sino también su falta de sensibilidad social.
El acumular agua en un estado como Sonora, para la gente que estamos forjados en el desierto nos parece que no solamente es un delito, sino que también demuestra que el gobernador Padrés no gobierna para los sonorenses sino para él mismo y para su familia. Él ha salido a decir que no es una presa, que es simplemente un muro de contención. Ha salido a decir también que la presa no tenía tanta agua como 40 millones se habían reportado, porque quedó en evidencia a través de los medios de comunicación que se había vaciado esta presa.
El punto de acuerdo que hoy se presenta, aunque –y lo digo con mucho respeto para mis compañeros del PAN– parecería una vendetta política, yo simplemente digo en esta caso lo que he dicho en el caso del Grupo México. Si ésta es de verdad una vendetta política pero hay elementos de ilegalidad realmente en la elaboración y en la retención de agua en un estado desértico como Sonora, que se aplique el peso de la ley.
Un gobernador del estado, un partido político no podría solicitar que se exima de una investigación un acto tan lamentable como éste. El líder yaqui que ha sido detenido por denunciar el acueducto Independencia, que parecería que es la aplicación inmediata de la justicia y al que por cierto con el que no solidarizamos y solicitamos verdadera aplicación de la justicia, debería de ser en sentido contrario, un ejemplo para que Padrés sea puesto a disposición de las autoridades, que se investigue no solamente el tráfico de influencias, sino qué monto de agua está reteniendo y sobre todo que nos digan con qué dinero se construyó esta presa.
Ésta es una solicitud de adición que hacemos a quien está presentando este punto de acuerdo. Lo haremos en este momento de manera escrita para que adicionalmente nos diga qué recursos y con qué dinero Padrés y su familia construyeron esta presa, que es el ejemplo claro del abuso de autoridad, de la corrupción y del México que ya no queremos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputada. Don Alfonso Durazo Montaño, tiene usted el uso de la voz hasta por cinco minutos, en representación de Movimiento Ciudadano.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros diputados, firmé al igual que 150 legisladoras, legisladores, este punto de acuerdo porque como sonorense, como cualquier sonorense sé que el gobierno o que Sonora está siendo gobernado por una banda de cleptómanos.
No queda duda entre los sonorenses sobre los niveles de corrupción que privan en el gobierno del estado. Y no queda duda porque cualquier sonorense, casi cualquier sonorense ha sido testigo de un asalto por parte de funcionarios del gobierno del estado. Sin embargo, el tema de la presa es un juego de dimes y diretes, en virtud de los intereses políticos del PRI y del PAN.
Como no hay información, los sonorenses podemos creer cualquier cosa. Es tiempo ya de que las autoridades federales tomen posición respecto al tema y que asuman su responsabilidad de manera oficial, en lugar de estar filtrando información que sólo confunde a la opinión pública. Que la información que tienen que la difundan, pero que asuman la responsabilidad de hacerlo.
Con independencia de ello, los sonorenses sabemos que el gobernador es un pájaro de cuenta. De eso no hay absolutamente ninguna duda. Pero no debemos convertir lo accesorio en estratégico, que en aras del pleito político entre el PRI y el PAN no se nos olvide a nosotros, como diputados, que el gran problema es la gravísima contaminación causada por Grupo México al río Sonora. Que no se distraiga nuestra atención de ese tema para irnos a un juego de dimes y diretes entre el PRI y el PAN.
Que no decaiga la atención ni el reclamo por atender a los afectados por la contaminación al río Sonora y que en paralelo, pero en su carril, continúe la investigación por este caso de corrupción.
Pero déjenme decirles algo más, es cierto que Sonora está marcado por la corrupción, pero igualmente lo está el país y junto con la información de la presa del gobernador Padrés, también se difundió información cuando menos a nivel local de otros cuatro represos en chanchos de priistas. Creo que en aras de la verdad y de la honestidad deben investigarse también esos otros represos.
Pero sobre todo tenemos que entrarle al tema de la corrupción. No es gratuito que en el país, que en el año 2000 estaba en el lugar número 53 –termino, presidente– de la corrupción, en el 2012 estaba en el lugar número 100. Y 20 meses después, en el gobierno de Peña estamos en el lugar 106, ¿qué significa? Que el país está en manos de los grandes corruptos y por eso le debemos de entrar al tema, mucho más allá, incluido pero lo trasciende del tema del represo del gobernador de Sonora. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la voz.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, sin duda alguna la atención de las autoridades como de los diversos medios de comunicación se han centrado en este problema que hoy aquí nos acontece.
Vemos con mucha preocupación el que todavía haya mucho cinismo por parte de las autoridades locales y que todavía salgan con declaraciones que cada vez los hacen confundirse más a ellos.
Con la intención de obtener información directa de las verdaderas afectaciones que el derrame ha provocado en este estado, el pasado 4 de septiembre se evidencio en el programa televisivo Punto de Partida una realidad aún mucho más preocupante.
Diversas manifestaciones de los habitantes de la población de Bacanuchi, al ser cuestionados sobre cómo han sido afectados por esta contaminación de los ríos, en su mayoría coinciden en la urgente necesidad del abasto de agua, tanto para consumo personal como para el mantenimiento y desarrollo de las propias actividades de la región.
A la solicitud se sumaron las espontáneas declaraciones que no son más que directas denuncias en contra del gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, quien aparentemente desde el inicio de su administración se ha favorecido de los recursos naturales a través del acaparamiento de pozos de agua, sin importarle el actual estado de emergencia por el que atraviesa su estado.
Tal es el caso de la propiedad de 3 mil 670 hectáreas denominado como rancho Pozo Nuevo, ubicado a 5 kilómetros del pueblo de Bacanuchi, en cuyo interior se encuentra una presa conocida como El Titanic y con capacidad de millones de metros cúbicos de agua, construida a finales del año 2011 y que por declaraciones de los titulares de la Comisión Nacional del Agua y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no cuentan con autorización alguna para su construcción.
Al respecto, el gobernador se limitó a manifestar que la presa en comento, además de no ser la única es una construcción de más de 60 años, intentando, sin argumento por supuesto, justificar la falta de permisos debido a la antigüedad.
Argumento por demás reprochable, ya que como se evidenció en el referido programa televisivo, se realizaron ejercicios satelitales a través del cual se ingresaron las coordenadas satelitales en el año 2008, donde no se observó alguna construcción.
Asimismo, se realizó la comparación a través de un ejercicio con la utilización de un programa diferente, con imágenes satelitales actuales, que al ingresar las mismas coordenadas geográficas ubican claramente a la prensa, de lo que se deduce, en primer lugar, la falta de verdad en las declaraciones del gobernador Padrés respecto de la antigüedad de la construcción, así como el evidente y doloso incumplimiento de la legislación ambiental, que entre otras, se comprometió a cumplir y hacer cumplir.
Las evidencias parecen ser verídicas, las manifestaciones de los pobladores de la zona la respaldan y las declaraciones de las autoridades ambientales locales que afirman no haber otorgado autorización alguna para la construcción de dicha presa, también lo comprometen.
Los mexicanos nos caracterizamos por la solidaridad ante las situaciones de emergencia. Hoy ante la catástrofe natural, en Sonora se deja claro que a dicha solidaridad debe restarse la participación de las personas que además de solo interesarles sus beneficios económicos no cumplen los encargos para los cuales fueron elegidos.
La fracción del Partido Verde Ecologista de México, más que nunca se pronuncia a favor de este punto de acuerdo, pues el tema recaba su importancia al impactar diferentes sectores, principalmente el ambiental, ya que existen evidencias fundadas de que la probable comisión de un delito ambiental, al haber llevado una construcción sin la presentación de una manifestación de impacto ambiental no solo implica la omisión de la tramitación de la autorización, y por ende, la omisión de erogar los gastos correspondientes por dicha tramitación en favor de la federación.
También se impidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para prevenir los daños e impactos ambientales que se provocarían con dicha construcción, omitiendo también llevar a cabo cualquier acción preventiva, de restauración o compensación que pudiera ordenar dicha Secretaría.
Es por todo ello que los diputados y diputadas del Partido Verde votaremos a favor del presente punto de acuerdo, ya que consideramos elemental conocer si la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha otorgado autorización para la construcción de la presa, así como para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Asimismo, para que la Comisión Nacional del Agua determine si existe algún riesgo para las entidades aledañas por las enormes dimensiones de la construcción, y en su caso, se ordenen también las acciones necesarias para determinar la legalidad de dichas construcciones. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Trinidad Secundino Morales Vargas, del PRD, tiene usted el uso de la voz.
Esta Presidencia saluda con afecto a ciudadanos procedentes del estado de Querétaro, invitados por el señor diputado don Marcos Aguilar Vega.
El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas: Gracias, compañero presidente. Con el permiso de los compañeros y compañeras diputados. Hemos dicho en varias ocasiones que todas las anomalías que existen de la explotación minera tienen que tener una contraparte siempre, y que es la impunidad y la corrupción, y que esas grandes fortunas se han amasado al amparo del poder.
El ejemplo de Sonora no puede ser más evidente, no puede ser más que lo que hemos señalado otras veces en tribuna. La construcción de la presa, sin ningún permiso, sin ninguna salvaguarda, sin nada, y luego después, la destrucción de la misma como queriendo evitar cualquier evidencia que hay no es más que un ejemplo más de lo anterior.
No se puede seguir permitiendo por el Poder Legislativo que estas situaciones sigan prevaleciendo en la minería en México.
Los mineros hace ocho años, antes de lanzarse a huelga, los mineros de Cananea, denunciaron perfectamente que podía colapsarse todo el sistema porque no tenían las medidas adecuadas. La empresa lo que les respondió fue con el despido de ellos. Después, ocho años de negligencia y ocurre la catástrofe peor que pueda haber.
¿Y cómo pudo pasar esto sin que la autoridad se pudiera dar cuenta? Pues con toda la impunidad del mundo. Ahí está otra vez la cuestión de que a partir de que le puedan dar y puedan ayudar, pues se hacen de oídos sordos.
La construcción de un rancho sin ninguna medida. La construcción de una presa, la explotación de ocho pozos sin ninguna autorización, simplemente amparado, como un reyezuelo, con el poder que ostenta y poder violar toda posibilidad y toda garantía que pudieran tener tanto los pobladores, como los mismos trabajadores, por eso es importante apoyar el punto de acuerdo.
Aunque quiero plantearle al proponente, que pudiéramos tener una modificación pequeña para que fuera en el primer resolutivo con mejor precisión y le plantearíamos que quedara de la siguiente manera, que pediría su anuencia.
Primero. Con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades, la Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar una exhaustiva investigación y un dictamen técnico y jurídico en relación con el embalse que se encuentra ubica en el rancho Pozo Nuevo, así como las causas que originaron el colapso de la cortina de la presa. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Esta Presidencia le pregunta al diputado proponente si hace suya la propuesta de don Trinidad Secundino, porque el Reglamento me lo obliga, de tal suerte de darle cauce. Diputado Astiazarán, estoy obligado a preguntarle, y a usted a responderme si así lo considera prudente.
El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez (desde la curul): Señor presidente, con mucho gusto aceptamos la solicitud.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En este tenor es que le pido a la Secretaría que pregunte a la asamblea si se acepta la proposición de modificación propuesta por don Trinidad Secundino, de tal suerte que en este tenor sigamos con la discusión. Si se acepta a discusión primero.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se acepta a discusión la propuesta presentada por el diputado proponente. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora pregunte en tal caso, señor diputado secretario, si se acepta a que pase a formar parte del dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea, si se aprueba a formar parte del dictamen la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces la propuesta de acuerdo queda modificada.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don David Cuauhtémoc Galindo Delgado del PAN y luego don Faustino Félix Chávez.
El diputado David Cuauhtémoc Galindo Delgado: Con su permiso, señor presidente; compañeras diputadas y diputados. El Partido de Acción Nacional tiene prioridad de que el gobierno federal atienda la emergencia ecológica por la que atraviesa el estado de Sonora.
Es ineludible que las autoridades federales concerten sus esfuerzos para resolver la crisis medioambiental y acuífera en los siete municipios afectados por el derramamiento de más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Las Tinajas; adicionales, dos derrames que se han dado en los últimos días, uno que ha activado las alertas binacionales y uno más que afecta a otro río de la localidad, ocasionado por la negligencia operativa y la irresponsabilidad social de la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México.
Es increíble que esta situación no haya sido detectada a tiempo para evitar este ecocidio por la Profepa, la Semarnat o la Conagua, en cumplimiento a lo que les mandata la ley para evitar situaciones como las que hoy atraviesan ciudades enteras que se ven perjudicadas y vulneradas en su economía, en su derecho humano a un medio ambiente sano, en su derecho humano al acceso al agua potable y a vivir en paz y seguros.
Son de llamar particularmente la atención las declaraciones del titular de la Conagua, señor David Korenfeld, al aseverar que hasta vía satélite son capaces de detectar la construcción de una presa en un predio o un terreno particular, y no así con la misma acuciosidad y eficacia puedan detectar a tiempo las omisiones o faltas a la ley que las empresas con actividad industrial de alto riesgo puedan tener en perjuicio de las aguas nacionales. Es demasiado extraño. Es de preocuparse por qué la Profepa no hizo las inspecciones que le mandata la ley para evitar el ecocidio.
Diputadas y diputados. Que nadie se confunda. Acción Nacional está por que la ley se cumpla a cabalidad sin distingos políticos y partidistas. Que se investigue a todos los que presuntamente hayan hecho obras sin los permisos correspondientes. Y en la misma congruencia, solicitamos que se investigue también el estatus legal de las presas del presidente estatal del PRI en Sonora, Alfonso Elías Serrano, así como los represos del rancho del diputado Samuel Moreno Terán, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local y que ya existen pruebas en vídeos documentadas sobre ello, ¿o esos casos no los detecta el satélite de Korenfeld?
Pero no debemos desviar la atención de lo que hoy tristemente por negligencia empresarial del grupo encabezado por Germán Larrea y por la complicidad del gobierno federal sucede en Sonora. Son más de 22 personas afectadas por este derramamiento. La gente no puede usar el agua de las superficies subterráneas y se encuentran fuertes complicaciones.
Es por eso que no podemos permitir que en esta Cámara se utilicen temas que afectan a la sociedad por ambiciones políticas de quienes aspiran a algún cargo de elección popular en el futuro y buscan señalan de manera irresponsable sucesos que se presentan en nuestro estado. Pesa más la necesidad y el sufrimiento que padecen 22 mil ciudadanos a la ambición política y desmedida de los gobiernos que no atienden con responsabilidad lo que la ley les marca.
Es por eso que solicitamos a esta Cámara hacer investigaciones completas y parejas a todos aquellos gobernantes y a todos aquellos representantes en los estados que tengan situaciones similares. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Faustino Félix Chávez, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Faustino Félix Chávez: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados, el tema que hoy nos ocupa no es un tema menor. El tema de la Presa El Titanic, que así es como la llaman los lugareños del rancho El Pozo Nuevo del gobernador Guillermo Padrés, no es un asunto menor.
La investigación que mostró en el programa Punto de Partida, la reportera Fátima Monterrosa, está bien documentada y sólo da cuenta de una obra más, de una serie que se han realizado con irregularidades por el gobierno estatal y que en esta ocasión no solamente es una obra del gobierno, sino que es una obra particular que la familia lo hace, la familia Padrés lo hace en una propiedad privada.
Estamos hablando de una presa con capacidad de 4 millones de metros cúbicos y que no sólo podría abastecer una población de 11 mil habitantes, sino que además está teniendo el flujo del vital líquido en un afluente que alimenta al río Sonora, que a su vez es la principal fuente de abastecimiento de la capital del estado, Hermosillo.
Sin duda alguna esta obra que hoy tratan de minimizar, llamarle “bordo” y que dizque una afluencia se la llevó. Esta obra es la hija chiquita del acueducto Independencia, que también curiosamente se hizo sin permisos para el uso de suelo federal, carece de un manifiesto de impacto ambiental y de todas las regulaciones que establece la ley para realizar una obra pública.
En esta obra privada no se escapa de lo mismo. Y es de entenderse después de escuchar al propio secretario de gobierno, y lo voy a citar textualmente, que dice que: “en Sonora el 90 por ciento de las obras se realizan sin permiso”. Y esto para argumentar que no hay tiempo para esos trámites engorrosos, no hay tiempo porque hay que hacer la obra lo más pronto posible.
Sin duda alguna esto quebranta el Estado de derecho como se ha venido quebrantando en el estado de Sonora en muchas situaciones más.
Y quienes han denunciado estas situaciones, son perseguidos, como lo es el caso de los productores de Valle del Yaqui, los miembros de la tribu yaqui y en caso específico Mario Luna, tema que ya conocen aquí que arbitrariamente fue detenido a pesar de que hay cientos de testigos que no lo sitúan en el lugar de los hechos que le imputan, y que además van en contra de los usos y costumbres de la etnia.
Hoy otro representante de la tribu yaqui, Fernando Jiménez, también ha sido detenido en forma arbitraria acusándole de cargos similares.
Lo que hoy es del dominio nacional era del conocimiento de los sonorenses, pues esta obra había sido denunciada desde mayo.
Sobre la contaminación del Grupo México, por supuesto que es un tema que no se puede dejar aparte, pero es un tema que ya también la comisión especial que esta Cámara de Diputados nombró, dio cuenta, informó, presentó un dictamen y todos lo aprobamos.
El desfogue, destrucción y después una campaña mediática de esta presa El Titanic, no es más que tratar de borrar de borrar las evidencias de lo que se presume es un delito. Por eso el gobierno federal no puede estar sujeto ni al chantaje político que presentaron los senadores del PAN en el Senado, ni tampoco a hacerse de la vista gorda ante las denuncias que se han presentado.
La fracción parlamentaria del PRI va a apoyar este punto de acuerdo; va a apoyar este punto de acuerdo porque los sonorenses estamos exigiendo que se restablezca el Estado de derecho en todos los sentidos.
Y también simpatizamos con la propuesta que hizo la diputada Lilia Aguilar, del PT, para que no solamente se investigue cómo se construyó esta obra y si tenía los permisos o no, sino también que se investigue el origen de los recursos de esta obra que se hizo en propiedad privada. Es cuanto, señor Presidente.
La diputada Lilia Aguilar Gil (desde su curul): Quiero presentar una propuesta, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. No tengo una propuesta por escrito diputada, a ver si me la da; con mucho gusto le damos trámite porque el diputado Astiazarán me dice que la hace suya, y la tiene que leer la Secretaria.
Estoy actuando estrictamente conforme al Reglamento. Solamente la propuesta, por favor, que hace suya el diputado Astiazarán, proponente.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Cuarto. Se exhorta a las autoridades competentes del gobierno federal se investigue si fue causa natural la fractura sufrida en la presa del rancho Pozo Nuevo, propiedad del gobernador Guillermo Padrés. Atentamente, diputada Lilia Aguilar.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaria a la asamblea si se admite a discusión y de ser positivo si se aprueba.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si forma parte de la propuesta.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se pregunta si se acepta que forme parte de la propuesta del punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se aprueba el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo, con las modificaciones aprobadas por la asamblea. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese. Dejo la conducción de la mesa en las manos de la vicepresidenta doña Beatriz Zavala.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la PGR a emprender las acciones para prevenir, erradicar, sancionar y reparar a las víctimas de los casos de desaparición forzada y a los congresos locales a legislar en la materia, considerando lo establecido en los estándares internacionales, y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, Presidenta. Según la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas en Desapariciones Forzadas, se entiende como desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación ilegal de la libertad, que sean obra de agentes del Estado, o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad, o de ocultamiento, de la suerte, o paradero de la persona desparecida sustrayéndola de la protección de la ley.
En México, el caso de las desapariciones forzadas ha sido motivo de atención de diversos organismos internacionales en materia de derechos humanos, tanto de organismos de la sociedad civil internacional como de instancias de derechos humanos.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado el 30 de agosto, algunas de las voces con mayor trayectoria en el análisis y atención de estos hechos, como Amnistía Internacional y la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, criticaron al gobierno mexicano por la falta de claridad en las cifras que se han dado a conocer, cifras aportadas por la Secretaría de Gobernación el 22 de mayo, hablaban de 8 mil personas desaparecidas.
Sin embargo, el 16 de junio, las autoridades explicaron que en realidad se trataba de 16 mil personas desaparecidas, cuando el 21 de agosto la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República anunció que el número de personas no localizadas sobre las que se presentó denuncia, suman 22 mil 322.
Para Amnistía Internacional no existe ningún documento oficial que explique claramente el proceso de depuración de datos, y el por qué las cifras han variado de forma tan dramática en tan poco tiempo. Tampoco hay claridad en cuanto a las personas localizadas después de haber sido reportadas como sustraídas por la fuerza.
La Alta Comisionada en esta materia, en un comunicado hizo eco de los legítimos reclamos de las familias de las víctimas que exigen verdad y justicia sobre el paradero y el destino final de sus familiares y seres queridos.
Respecto a este tema, la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en particular de su presidente Raúl Plascencia, ha sido totalmente omisa. Respecto a esta situación, el doctor José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dio a conocer que la CNDH, entre el 2006 a la fecha, sólo ha emitido 10 recomendaciones por desapariciones forzadas.
Por esa razón, señoras y señores legisladores, estamos proponiendo que se exhorte a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a que se emprendan a acciones genuinas para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de los casos de desaparición forzada.
También estamos proponiendo que se exhorte a los Congresos locales a legislar en la materia, porque esta situación es parte de la descomposición política y de seguridad pública que vive el país.
Por eso nosotros discrepamos de lo que dijo el Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, el día de ayer en el Econimic Club de Nueva York en un desayuno, donde dijo que la política de seguridad y justicia en México es un éxito, y estas cifras de desapariciones forzadas confirman el fracaso de la seguridad pública en el país y el creciente número de violaciones a los derechos humanos.
Por eso a nosotros nos conmueve y nos genera una amplia reprobación la lentitud de los aparatos de seguridad pública en el país. Como el día de ayer, que en Tlaquepaque a plena luz del día y con cámaras del sistema de seguridad pública fue grabado el momento en que se levantó, en que se privó de la libertad a nuestro compañero Gabriel Gómez Michel.
Debe haber atención eficaz de los aparatos de seguridad pública porque, si no la hay, hay negligencia y hay complicidad. ¿De qué sirve que se gasten miles de millones de pesos en seguridad pública? ¿De qué sirve que se cuente con una Gendarmería Nacional, que ha implicado casi 6 mil millones de pesos, si tenemos estos casos como el que le costó la vida a Gabriel Gómez Michel?
Por eso nosotros queremos decir que si hoy le pasó esto a un miembro de esta Cámara, del Poder Legislativo del país, qué va a pasar el día de mañana con esta descomposición política que vive el país. ¿Qué sigue? ¿Un ministro de la Corte? ¿Un juez de distrito? ¿Un alcalde de un municipio de los más importantes del país? Porque ya hay varios de municipios de menor tamaño. ¿Un gobernador? ¿Hasta dónde se quieren llevar las cosas en este país?
Creemos que no sólo es la desaparición forzada, sino son las violaciones a los derechos humanos, en un país donde se catea a los niños que van a una fiesta cívica, pero que los delincuentes siguen gobernando, como en el caso de Michoacán, con La Tuta, que exhibe todas estas complicidades de medios, de gobernantes, de caciques.
Basta ya de estos casos y reprobamos estos hechos que diera a conocer el diputado Monreal y que son tan lamentables de un compañero. Al margen de partidos, al margen de filias políticas está el interés superior del país. Y en este país hoy en día no hay seguridad pública ni hay derechos humanos. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Voy a volver a consultar, presidenta, porque no me queda claro el sentido de la votación.
La Presidenta diputada Martha Beatriz Zavala Peniche: Adelante, secretario.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Martha Beatriz Zavala Peniche: Se considera de urgente resolución.
De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para hablar sobre el tema las siguientes diputadas y diputados. El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo por el Partido Nueva Alianza; la diputada Loretta Ortiz Ahlf por el Partido del Trabajo; el diputado Juan Luis Martínez Martínez por Movimiento Ciudadano; el diputado Felipe Arturo Camarena García por el Partido Verde Ecologista de México; la diputada Margarita Tapia Fonllem por el Partido de la Revolución Democrática; el diputado Glafiro Salinas por el Partido Acción Nacional y la diputada Miriam Cárdenas Cantú por el Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra hasta por tres minutos, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo. Adelante, diputado.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, diputada presidenta. Con el permiso de usted y de nuestras compañeras y compañeros diputados.
El delito de desaparición forzada de personas es considerado en el derecho internacional como un crimen de lesa humanidad, toda vez que comete y se comete con todas las preeminencia que implica el abuso de poder. El sólo hecho de desaparecer a una persona constituye una conducta que atenta directamente contra sus derechos humanos, fundamentalmente los civiles, los políticos, económicos, sociales y culturales.
A la comisión del delito se suma el agravante de que la conducta es cometida por agentes del Estado mediante la planeación, orden, ejecución y supervisión de funcionarios públicos, cuyo deber primordial debería ser precisamente la protección de la ciudadanía.
La desaparición forzada crea incertidumbre sobre el paradero de la víctima. Apelar a la acción por parte de las autoridades de procuración de justicia en esta terrible situación suele convertirse en una petición casi imposible, dado que la detención no ha sido reconocida oficialmente y se mantiene intencionalmente en secreto de todos.
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República, el número de personas no localizadas con denuncia formal asciende a 22 mil 322 víctimas. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido un total de 12 recomendaciones por causa de desaparición forzada.
La impunidad, compañeras y compañeros diputados, es un patrón crónico y presente en los casos de desapariciones forzadas y es una muestra evidente de que no se están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte de las personas desaparecidas, sancionar a los responsables y reparar el daño, garantizando el derecho a la verdad.
En el Partido y en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que el Estado mexicano se encuentra obligado a luchar contra este lacerante crimen, estableciendo políticas eficaces que den un combate frontal a quienes emplean la fuerza del Estado para atentar contra la ciudadanía sustrayendo a la víctima de su vida cotidiana.
En esta lucha el Poder Legislativo, al que tenemos el placer de pertenecer, juega un papel primordial al establecer un marco jurídico que sustente el actuar de las autoridades y dote de las herramientas legales necesarias para que se pueda castigar a los responsables de este delito.
Conscientes de esta alta responsabilidad que tenemos dentro del Congreso de la Unión, en Nueva Alianza presentamos una iniciativa que reformaba y adicionaba diversas disposiciones al Código Penal Federal en materia de desaparición forzada de personas, que sumada con la presentada por mi compañera Miriam Cárdenas, busca dar cumplimiento a los compromisos internacionales que en materia de derechos humanos el Estado mexicano tiene aún pendiente.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor del presente punto de acuerdo, que exhorta a las Legislaturas locales a que se sumen a este esfuerzo que debemos de emprender armónicamente todas las autoridades.
La necesidad de justicia que reclaman las víctimas de este doloroso delito nos exige actuar de manera inmediata ante el inmenso dolor de perder a sus seres queridos. Por su atención muchas gracias, presidenta, muchas gracias, compañeras y compañeros diputados.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado.
Invitados por el diputado Manuel Añorve, se encuentran entre nosotros varios presidentes municipales del estado de Guerrero: el contador público Eusebio González Rodríguez, presidente municipal de Olinalá; Pedro Vargas rodríguez, presidente municipal de Zapotitlán Tablas; Juventino Flores Salgado, presidente municipal de Atlixtac; Armando Sánchez de Jesús, presidente municipal de Alcozauca; Daniel Hernández Casarrubias, presidente municipal de Ahuacuotzingo; Luciano Moreno López, presidente municipal de Cochoapa El Grande; Edilberto Tabares, presidente municipal de Atoyac; Néstor Serrano Rodríguez, presidente municipal de Tetipac y César Miguel Peñaloza Santana, presidente municipal de Cocula. Bienvenidos sean.
Ahora tiene la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, hasta por tres minutos, del Partido del Trabajo. Adelante, diputada.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la desaparición forzada es uno de los crímenes más graves de la comunidad internacional, tiene como miras no solamente proteger a personas individualizadas, sino también a la propia humanidad, por eso se considera crimen de lesa humanidad.
Es un delito o un crimen continuo; es decir, hasta que no aparece la persona que se encuentra desaparecida no se da por terminada la comisión del delito y, por lo tanto, es de los crímenes que no prescriben y fue sometido el caso de México en varias ocasiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Americana de Derechos Humanos, casos de desaparecidos, el caso más emblemático es el caso Radilla, que a la fecha sigue sin aparecer su cuerpo y que tampoco se encuentran a los responsables.
Este crimen, el crimen de desaparición forzada es un crimen de Estado, es decir, el Estado mexicano es el responsable. La Convención de Desaparición Forzada, la cual ratificó nuestro país, establece o la define a la desaparición forzada, como el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad, que sean obras –subrayo- de agentes del estado, grupos de personas que actúan, precisamente, por instrucciones del propio estado y se violan con ello los derechos.
En el caso de que la persona desaparecida no fallezca, entre otros, a la personalidad jurídica, a la libertad, a la seguridad, a la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y a la vida. En el caso de que fallezca, a la identidad, a un juicio justo, al debido proceso y a las garantías individuales.
No solamente en el caso de México, sino también de otros estados de la comunidad internacional, se ha recurrido a la desaparición forzada para precisamente silenciar, acallar las voces de luchadores sociales o de personas incómodas para el gobierno en el poder en un momento determinado.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas, de Desapariciones Forzadas, Navi Pillay, reconoce la competencia, bueno, más bien, exige, más que exigir, sugiere al gobierno de México que reconozca la competencia del Comité de Desapariciones de Naciones Unidas, reconocimiento que todavía no se ha hecho por nuestro país, incluso la Ratificación del Instrumento Internacional tardó varios años en darse.
Mientras no se reconozca la competencia, precisamente, de este Comité, no podemos tener la seguridad los nacionales mexicanos o la población situada en México, que México pueda tener un comportamiento como Estado, precisamente, de prevención, erradicación y sanción de la desaparición forzada.
En las recomendaciones del mecanismo universal de Derechos Humanos, el EPU, varias recomendaciones se emitieron, precisamente, que tenía que cubrir o cumplir el Estado mexicano en materia de desapariciones.
Como bien se puntualizó es una actividad sistemática y es sumamente grave, porque para que se dé una violación sistemática no es un comportamiento o actividad que sea esporádico, sino una actividad común de los agentes del Estado.
Recientemente y a pesar de las recomendaciones, no se les ha dado cumplimiento ni se han tomado ninguna política gubernamental para poder, aunque sea reiterativo, combatir la desaparición forzada y terminar con este gran crimen de lesa humanidad.
El último informe de Amnistía Internacional, que se denomina Fuera de control, al hablar de personas desaparecidas señala todo esto que se dijo de las bases de datos, ni siquiera una base de datos confiable para saber cuáles son los desaparecidos, las cifras. Que más allá de las cifras estamos hablando de personas de carne y hueso, y se habla de miles de personas, siendo indolentes pueden ser 20 mil, 18 mil, 8 mil personas desaparecidas en México.
Pero desaparición forzada, se quiere lavar la cara el gobierno actual diciendo que no, que sí se han encontrado muchos desaparecidos y esto es un engaño, porque una cuestión es la desaparición y otra cosa muy distinta es la desaparición forzada.
El caso de desapariciones forzadas, incluso está en el subsuelo, podríamos decir, en el lecho de este tipo de actos, más que reprobables, el hecho de ejecuciones sumarias.
Por todo lo anterior, nos sumamos al punto de acuerdo que se somete a esta honorable Cámara. Sin embargo, sí queremos recalcar que es mucho el camino que nos hace falta por recorrer para prevenir realmente, erradicar y sancionar la desaparición forzada, para lo cual hace falta que el presidente Enrique Peña nieto se haga consciente, pera empezar, de este problema. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos. Adelante, diputado Martínez.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros. La guerra contra la delincuencia organizada, tema de seguridad y violencia que se vive en México, se ha agravado de manera drástica en los últimos años. Casos de tortura, detenciones ilegales y desapariciones forzadas por parte del Ejército, policías y grupos paramilitares, que se traduce en privación de la libertad por agentes del Estado.
Son temas que el gobierno federal no ha podido solucionar, además de violar los derechos humanos al involucrar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública se señalan algunos grupos de cárteles del narcotráfico como principales responsables de las desapariciones forzadas, que se da en forma compartida con el Estado mexicano.
Temas que tanto organismos internacionales como nacionales de derechos humanos han llamado la atención por este fenómeno, como ciudadanos debemos exigir una legislación integral en la materia y manifestar nuestro respaldo a distintas manifestaciones públicas en el país por estas inexplicables desapariciones.
El actual gobierno argumenta que combatirá la desigualdad, la carencia, el hambre y la pobreza con armas, policías y un Estado de gendarmería. Es decir, le han apostado a la violencia que a la implementación de programas sociales o a la erradicación de la corrupción que disminuya la desigualdad prevaleciente en nuestro país.
Uno de los daños colaterales de este error gubernamental ha sido sin duda la desaparición forzada de miles de mexicanos; la ruptura del tejido social consecuencia de la violencia y desigualdad prevaleciente, abrió la puerta a la intensidad y a la pérdida de valores que tanto han caracterizado en este sistema neoliberal, considerada por Amnistía Internacional como una situación crítica que va en aumento. La desaparición forzada ha arrojado hasta el 21 de agosto de 2014 más de 22 mil víctimas que no han recibido justicia ni atención, pues el gobierno de nuestro país se ha visto sobrepasado e indiferente ante tal caso. Lo anterior empeora cuando los familiares encuentran insensibilidad y la corrupción de autoridades judiciales e indolentes, ante la tragedia se vuelven sordos y mudos.
He de mencionar algunos casos de las detenciones arbitrarias como el caso de la hermana indígena Nestora Salgado y del doctor Juan José Mireles y tantos luchadores sociales privados injustamente de su libertad por ser ciudadanos de pensamiento libre y que el Poder Judicial de este país como siempre ha actuado por consignas, con procedimientos judiciales plagados de irregularidades en forma por demás vergonzante, como es el caso del maestro indígena tzotzil Alberto Patisthán que fue por la presión social, por eso es que los poderes fácticos decidieron ponerlo en libertad.
No es de sorprendernos que en este estado fallido los delincuentes de cuello blanco, los que roban y saquean las arcas municipales, las tesorerías de los estados, los líderes sindicales corruptos que se han robado el dinero de los trabajadores y que se autoexilian en otros países para vivir en la impunidad. Estos mismos delincuentes que ahora ya son socios de las transnacionales para hacer negocios, seguramente con lo que era el patrimonio de los mexicanos, Pemex.
Los malos gobiernos en la actualidad han implementado una política de prepotencia, de terror, de intimidación, de impunidad, han sido instrumentos aún vigentes, como el caso del gobernador de Sonora, que es un digno heredero del porfiriato y de los genocidas del mundo, al ser coludido en negligencia y colusión de la compañía minera del Grupo México y su corresponsabilidad en el derrame de desechos tóxicos en perjuicio de millones de sonorenses.
Además de apropiarse de aguas, propiedad de la nación, de manera indebida, construyendo una presa de manera particular mientras miles de campesinos indígenas no tienen agua para regar sus sembradíos.
Esta actitud autoritaria de varios gobernantes en nuestro país tiene como fin criminalizar la protesta social mediante fabricación de delitos y el desprecio hacia nuestro pueblo, hacia nuestra nación indígena; es por eso que las cárceles están llenas de indígenas, líderes sociales que lo único que han hecho ha sido denunciar los atropellos, el despojo a sus territorios, a su lengua, a su cultura y alzar la voz para reclamar legítimas demandas, en cambio el gobierno ha utilizado la ley del garrote reprimiendo y encarcelando a mujeres y hombres de pensamiento libre. Vivimos en un país en donde a las voces críticas se les sigue torturando, desapareciendo, llegando incluso hasta el asesinato.
Por eso desde esta tribuna manifestarle a todos los presos políticos de México y del mundo, que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano acompañan ya siempre en esta lucha justa que hacen de manera diaria y decimos desde acá: ya basta de la criminalización de la protesta social.
Exigimos la inmediata libertad de Nestora Salgado, dirigente social de uno de los municipios más pobres del país. Exigimos la libertad inmediata del doctor Juan José Mireles, preso también de manera injusta y por supuesto –el caso más reciente– del compañero indígena de la Tribu Yaki, Mario Luna Romero. Nos solidarizamos con todos los presos políticos del país y del mundo. Presos políticos, libertad. Es cuanto, compañeras y compañeros.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado Martínez. Ahora tiene la palabra el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado Camarena.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Gracias, diputada presidenta. La desaparición forzada constituye una violación flagrante a los derechos humanos y es una práctica aberrante que no puede tener cabida en un estado democrático y de derecho como el nuestro, cuyas instituciones y normas jurídicas se encuentran obligadas a garantizar el pleno ejercicio de las libertades fundamentales de las personas.
Si bien las desapariciones forzadas en el pasado fueron principalmente obra de las dictaduras militares, hoy en día diferentes naciones experimentan situaciones complejas derivadas de los conflictos internos que enfrentan, las cuales son propicias para la proliferación de este fenómeno especialmente como método de represión política, es por ello que la desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no sólo afecta a una región específica.
Lo anterior ha llamado la atención de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en diciembre de 2010 expresó su preocupación en particular por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación sufridos por testigos o familiares de personas que han desaparecido.
Si bien, independientemente de la cifra es inaceptable que existan personas desaparecidas en nuestro país y ello constituye un problema grave para erradicarse, debe ser enfrentado con toda la fuerza del Estado. Conviene realizar algunas precisiones con objeto de evitar la manipulación no siempre bien intencionada de las estadísticas tanto oficiales como de las organizaciones de la sociedad civil.
Es muy importante tener en claro que de acuerdo a la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 47/133 del 18 de diciembre del año 1992, se producen desapariciones forzadas siempre que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna u otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento y que luego se niega a revelar la suerte o el paradero de estas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley.
“En este sentido cabe resaltar que si bien la cifra de personas desaparecidas o ausentes en nuestro país es alta, ello no significa que todos los casos denunciados hayan sido cometidos por servidores públicos”, así lo expresó en abril pasado el primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y responsable del programa Desaparecidos, quien precisó además que de los 26 mil casos que ha reconocido el gobierno mexicano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solamente cuenta con 2 mil 400 expedientes abiertos que corresponden a desaparición forzada de personas.
Para el Ejecutivo federal resulta una prioridad asegurar el respeto, la promoción y la defensa de todos los derechos humanos en nuestro país, especialmente el derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida y de la libertad; el derecho a un juicio imparcial con estricto respeto a las garantías judiciales y el derecho a conocer el paradero de las personas desaparecidas.
Por este motivo uno de los 95 compromisos establecidos en el Pacto por México, acuerdo signado en diciembre de 2012 por las principales fuerzas políticas de nuestro país para impulsar la transformación del mismo, fue el de fortalecer el marco legal para atender con eficacia los actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la desaparición forzada de personas, para lo cual se acordó la actualización del marco jurídico para prevenir y sancionar eficazmente estas conductas que atentan gravemente contra la libertad, la dignidad de los seres humanos y que lamentablemente han sido víctimas miles y miles de mexicanos.
En cumplimiento de lo anterior, el 22 de octubre del 2013, el presidente de la república envió al Senado una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal en materia de desaparición forzada con el objeto de tipificar adecuadamente este delito.
De acuerdo a lo anterior que enmarcan los estándares internacionales, de lo cual demuestra que el actual gobierno de la república tiene un serio compromiso con la prevención, sanción y erradicación definitiva de la desaparición forzada.
Finalmente el grupo parlamentario del Partido Verde consideramos que tanto la Secretaría de Gobernación como la Procuraduría General de la República se encuentran realizando esfuerzos importantes para combatir la privación ilegal de la libertad de las personas como para la localización de quienes lamentablemente se encuentran en calidad de desaparecidos. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado. Ahora tiene la palabra la diputada Margarita Tapia Fonllem, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Muy buenas tardes, compañeras, compañeros legisladores. Con su permiso, señora presidenta. Para el PRD la atención a los casos de desapariciones forzadas ha sido un tema de suma importancia y considera que debe de ser y contar con la atención del Estado, siendo un tema de alta prioridad.
Este fenómeno a menudo forma parte de una inaceptable cadena de violaciones a derechos humanos.
Gran número de las personas desaparecidas fueron previamente amenazadas, detenidas arbitrariamente, torturadas o sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes y en el transcurso de la desaparición son ejecutadas extrajudicialmente.
La desaparición de una persona tiene un impacto sicológico emocional y socioeconómico enorme sobre sus familiares; la imposibilidad de dar cierre y saber con certeza qué pasó, junto con la esperanza, a menudo fundada, de que la persona siga viva.
Los obstáculos económicos y sociales para los dependientes económicos son inmensos. Las averiguaciones previas frecuentemente están plagadas de lagunas.
Los familiares organizados han levantado su voz y en un foro reciente que hubo en Saltillo lograron proponer un conjunto de recomendaciones al respecto. Sin embargo, no hay ninguna autoridad que haya dado cuenta de estas recomendaciones.
Se ha solicitado también, por parte de los familiares y de la sociedad organizada, la tipificación de la desaparición forzada en los códigos penales, lo que no debe ignorarse, como tampoco la exigencia de aumentar la capacidad de búsqueda y de investigación de los operadores de justicia.
Además, muchos peritos, médicos forenses y agentes investigadores no cuentan con las instalaciones, equipo y presupuesto suficiente para realizar su labor. Muchos policías y ministerios públicos no tienen idea de qué hacer para buscar una persona desaparecida o cómo llevar a cabo la investigación en estos casos.
Sobre el tema de investigación ya hay un consenso acerca de los protocolos sobre manejo de pruebas, preservación del lugar de los hechos, identificación de cadáveres, cadena de custodia, entre otros, que trató la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Lo necesario es que las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas implementen cuanto antes estos protocolos, aceleren la capacitación para agentes, peritos y médicos forenses y garanticen el material y los recursos necesarios para llevarlas a cabo.
Hace una semana se presentó el primer avance de la base de datos de personas desaparecidas. Como hemos insistido desde el inicio de esta Legislatura, se requiere dar celeridad a la depuración de datos, primero para verificar si las personas están desaparecidas o no y, en segundo lugar, determinar si se presume que son casos de desapariciones forzadas o involuntarias.
En tanto el Congreso de la Unión define si el marco legal que atienda el problema es materia de una ley general o de disposiciones a nivel federal, es urgente que la base de datos sea accesible para todas las delegaciones regionales, para las fiscalías o procuradurías de las entidades para que se tomen de inmediato las decisiones necesarias para la búsqueda y la investigación.
Hacemos énfasis en ello pues, según lo que han declarado representantes de la PGR, la base de datos será capaz de generar cruces de información entre cadáveres no identificados y personas que han sido reportadas como desaparecidas.
Es fundamental establecer las bases para la coordinación y la colaboración eficaz entre el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la PGR, en particular a través del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como de éstas con las autoridades de seguridad y justicia de las entidades federativas. Asimismo atender con prontitud las solicitudes que pudieran hacer tanto la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en beneficio de las víctimas de desaparición, sus familiares y defensores.
Finalmente, es necesario que aprovechemos esta oportunidad para hacer un compromiso de todos los grupos parlamentarios y elaborar en las próximas semanas una propuesta para asignar un presupuesto suficiente en recursos humanos, materiales y financieros a las instancias encargadas de la búsqueda e investigación de personas desparecidas y mantener una estricta vigilancia para que nunca más una autoridad sea responsable por acción u omisión de la desaparición de una persona que estaba obligada a proteger. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada. Ahora tiene la palabra el diputado Glafiro Salinas Mendiola, por el Partido Acción Nacional. Adelante, diputado.
El diputado Glafiro Salinas Mendiola: Con su venia, compañera presidenta. Compañeros diputados y compañeras diputadas, Acción Nacional rechaza contundentemente la existencia de la práctica de la desaparición de personas como un mecanismo del Estado para ejercer el medio de control sobre nuestra sociedad.
Asimismo, nos manifestamos en contra de un gobierno que limite la libertad y las garantías individuales de ciudadanos, imponiendo con ello, el autoritarismo y la represión, elementos que menoscaban el Estado de derecho y también el espíritu de la democracia.
Las desapariciones forzadas representan una práctica represora y sistemática, propia de un sistema de los gobiernos, de los sesentas, setentas y ochentas, en donde un número considerable de ciudadanos fueron víctimas de este crimen en contra de la humanidad.
Compañeros diputados y compañeras diputadas, el actuar con responsabilidad en torno a la defensa y promoción de la dignidad humana, es una responsabilidad de todos nosotros. Por eso, siempre se ha inscrito como un principio de legalidad para Acción Nacional en donde se asegure el debido cumplimiento de las normas jurídicas diseñadas en beneficio de la sociedad.
Actuar con responsabilidad, también significa trabajar en mejores mecanismos institucionales que no incorporen sólo la visión del gobierno, sino también canales de comunicación efectivos entre el gobierno y la sociedad. De esa manera tendremos la posibilidad de tener un mejor futuro para nuestro país.
Acción Nacional no quiere ver por ningún motivo, ni hoy ni nunca más, el regreso del autoritarismo en México. Regresar a ese pasado sería atentar en contra de la evolución natural de la democracia.
Pero también esa evolución exige de todos nosotros y de la sociedad en conjunto la responsabilidad suficiente para abordar de manera óptima este tema, esta problemática que debe estar alejada de las acusaciones a ciudadanos sin un sustento sólido y de justicia. Por lo tanto votaremos a favor del presente acuerdo. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado Glafiro Salinas. Tiene por último en esta proposición la palabra la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos. Adelante, diputada.
La diputada Miriam Cárdenas Cantú: Muy buenas tardes. Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la desaparición forzada de personas nos lastima a todos, nos duele e indigna por las circunstancias en que se comete y, más aún, por las terribles consecuencias que tiene para la sociedad.
Y esto es así porque la comisión del ilícito implica que a una persona se le prive ilegalmente de la libertad, se le sustraiga de la protección de la justicia y se nieguen a dar a conocer su paradero.
Pero, lo más importante, en este delito subyace la acción criminal de las autoridades que participan en su comisión o en muchos casos la aquiescencia, tolerancia o consentimiento de las mismas.
Entonces, si nos referimos a las desapariciones forzadas nos encontramos frente a delitos en los que se quebranta por las autoridades no sólo la ley, sino la confianza que ha sido depositada en las mismas por la ciudadanía, porque quien debe protegernos se convierte en verdugo. Y esto, señoras y señores, no puede tolerarse en alguna forma en un Estado que se precie de ser un Estado de derecho.
En México las cifras oficiales de personas desaparecidas ya las han escuchado ustedes, de acuerdo con la Procuraduría General de la República en el país se cuenta con 22 mil 322 personas desaparecidas. Los números que refiere el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas nos indica que a la fecha han sido denunciadas 52 mil 941 casos de personas en esta situación. De este gran total nos refieren que han sido ubicados 30 mil 619, la mayoría con vida y lamentablemente se tienen documentados mil 524 fallecimientos.
Estas cifras no distinguen de la desaparición forzada con aquellas que en la comunidad internacional se conoce como desaparición involuntaria y en la que no intervienen agentes del Estado. Pese a ello, se trata de una cantidad que dimensiona sobre la gravedad del problema.
Ya el gobierno de la República ha dado un primer gran paso; reconocer la problemática y sus consecuencias, es por este motivo que el Ejecutivo federal ha emprendido diversas acciones para contrarrestar este hecho, de las cuales sólo he de mencionar algunas.
A través de la secretaría técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la PGR acordó el establecimiento de la red de búsqueda de personas desaparecidas. Se han suscrito acuerdos de colaboración entre diversas instituciones de seguridad del país, con la finalidad de mantener actualizada la base de datos de personas extraviadas o desaparecidas, así como la implementación de un sistema de información institucional único, que permita la integración de diferentes bases de datos ya existentes.
Es importante señalar que en el ámbito de protección a los menores desaparecidos también se está trabajando, y de esto da fe la suscripción de un convenio de colaboración y concertación de acciones, dentro del marco del Programa Alerta Ámber México, firmado por la PGR y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión con el propósito de implementar, promover y difundir entre la población la búsqueda y pronta localización de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en un riesgo inminente.
Asimismo, se firmó un acuerdo entre la PGR y el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la licencia del uso del software ante mortem y post mortem, para poder conseguir ubicar a las personas con vida, pero también para avanzar en el análisis forense para su plena identificación, el cual servirá en la construcción del Plan Nacional de Búsqueda Sistematizado.
Es oportuno señalar todo lo antes mencionado porque también esta Cámara de Diputados se ha trabajado. Durante la actual legislatura la suscrita ha presentado una iniciativa que busca precisamente adecuar el tratamiento de la desaparición de personas con los estándares internacionales en la materia.
En este mismo tenor presenté un punto de acuerdo para exhortar a las legislaturas locales, a que armonicen su legislación penal con los estándares internacionales. El mismo punto de acuerdo que fue aprobado por el pleno de esta soberanía en abril de 2013.
En la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados hemos sostenido reuniones de trabajo con familiares de personas desaparecidas y hemos externado nuestro compromiso y apoyo ante la grave problemática a que hacen frente todas estas personas.
En mi calidad de presidenta de esta Comisión he participado de manera periódica en las reuniones en donde se reúnen familiares de personas desaparecidas y distintas autoridades del orden local y federal, así como también organismos internacionales.
Compañeras y compañeros legisladores, cuando hablamos de desaparición forzada, el Grupo Parlamentario del PRI se pronunciará a favor de este punto de acuerdo, con las precisiones que se han marcado. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Cárdenas Cantú. En atención a que se ha agotado la lista de oradores y tampoco existe propuesta de modificación al acuerdo, pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el propio acuerdo.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene ahora el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el señor diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y estatales, así como al jefe de Gobierno del Distrito Federal que expongan de manera exacta y detallada el estatus de su deuda pública de las dos últimas administraciones. Adelante, diputado Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias, presidente. El mal manejo de las finanzas públicas está conduciendo a este país a un desastre mayor. Ya esto está documentado.
Hoy la oportunidad que buscamos con este punto de acuerdo es refrescar la información de esta Cámara de Diputados, en una tarea que vamos a tener, se puede decir ya la tenemos, que es la elaboración del Presupuesto 2015. Y en ese sentido, la proposición de punto de acuerdo va en los términos que ya informaba el presidente de la Cámara el día de hoy.
Y aumentaría que también estamos solicitando que se informe de la deuda pública neta de cada una de las administraciones estatales, municipales y de los órganos desconcentrados y autónomos en cada entidad y las obligaciones derivadas de las mismas. Asimismo se informe de los pasivos generados por los sistemas de pensiones y seguridad social en las dos últimas administraciones de los gobiernos correspondientes, tanto estatales, gobierno de la Ciudad y municipal.
Yo decía, ya que en los próximos días la Cámara de Diputados se abocará a estudiar y en su momento aprobará el denominado paquete económico 2015, a partir de la propuesta que ha presentado el titular del Ejecutivo.
Elemento fundamental en el paquete económico de 2015, es la atención de los requerimientos financieros del sector público, mismos que de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al mes de julio, en la administración pública federal, ascienden a 6 billones 886 mil 260 millones de pesos.
¿Por qué y para qué seguir comprometiendo los ingresos a las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos? ¿Por qué seguirse endeudando? Sólo para cubrir los intereses de la deuda del sector público presupuestario en 2014, se requieren más de 380 mil millones de pesos, el endeudamiento excesivo que se debe sumar, los pasivos y los requerimientos financieros de las entidades de la federación.
De acuerdo a la información de las entidades que proporciona la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las obligaciones financieras de los estados, al mes de junio de 2014, presentan un monto de 489 mil 643.4 millones de pesos, de los cuales los estados de Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, estado de México y el Distrito Federal concentran casi 50 por ciento.
Como bien se sabe, la dificultad para acceder a la información de los estados financieros de gobierno locales y municipales atiende a los altos márgenes de opacidad, discrecionalidad y falta de rendición de cuentas en el gasto público.
En un esquema federalista, tanto estados como municipios deben asumir su corresponsabilidad en el desarrollo económico del país, consecuentemente deben rendir cuentas de la Hacienda pública.
Con el objeto de contar con información que permite evaluar la política del gasto en el desarrollo regional, en el estudio de la Ley de Ingresos y el gasto público para el ejercicio 2015, es necesario conocer, en forma objetiva y con certeza, el estado de la deuda de cada entidad, plazos y taza de contratación y destino de la misma, así como de otras obligaciones en el tratamiento de las mismas.
Pasivos a los que se deben agregar los generados por los sistemas de pensiones de los gobiernos estatales y municipales, así como de las entidades autónomas o desconcentradas de cada entidad federativa.
Las deficiencias y la corrupción en el gasto público han generado un déficit que pone en riesgo cualquier proyecto de crecimiento económico. No se podrá poner orden en las economías regionales ni impulsar su desarrollo si antes no se trasparenta y se rinde cuentas del déficit generado por deuda pública.
Tenemos que cerrar esta forma artificial del desarrollo, con deuda pública no se puede atender el déficit que genera la corrupción, no podemos seguir simulando estrategias de desarrollo a través de la adquisición de nueva deuda.
Por ello debemos señalar, que en el proyecto de Ley de Ingresos 2015, el gobierno federal propone un monto de endeudamiento interno neto hasta de 595 mil millones de pesos y externo neto del sector público de hasta 6 mil millones de dólares.
El exhorto que se presenta a los gobiernos federal y estatales atiende al principio de máxima publicidad contenido en el artículo 6 constitucional, en el ejercicio del derecho de la información pública y a la rendición de cuentas.
Elementos no solo fundamentales para el combate a la corrupción, sino además, para tener las bases que permitan a esta Cámara de Diputados analizar y evaluar las políticas públicas que implemente el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la vigilancia y la aplicación de los recursos federales que se transfieren a estados y municipios.
Aunado a ello, a lo expresado, como se ha expresado ya por representantes del sector privado la deuda de los estados y municipios y mide las posibilidades de inversión de la iniciativa privada.
Por último, ya alguien lo dijo, lo dijo López Obrador, en otras palabras, en el 2015 por la reforma energética y sobre todo por la corrupción, la hacienda pública recibirá menos ingresos del petróleo y como la economía tampoco despegará, entre otras causas, por los aumentos de impuestos, no habrá más remedio, de acuerdo a la lógica neoliberal e irresponsable, que pedir prestado para seguir gastando y conseguir un crecimiento artificial y peregrino de la economía.
Yo concluyo, como dicen en Veracruz, no es que falte presupuesto, el próximo año son 4 billones 400 mil millones de pesos. No es que falte presupuesto, de lo que se trata es de que no se lo roben. Sobran los ladrones, no falta presupuesto.
Y la Cámara hoy, con este punto de acuerdo puede hacer que los gobiernos estatales, incluyo, municipales, empiecen a abrir su información y que en el próximo presupuesto pensemos muy bien si vamos a seguir endeudando a los mexicanos y mexicanas. Ojalá apoyen este punto de acuerdo.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Huerta Ladrón de Guevara. Precisamente para colmar el requerimiento del artículo 100 del Reglamento, pido a la Secretaría consulte a la asamblea si el punto de acuerdo, su proposición se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Para efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Corrupción para dictamen. Sí.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente, no está claro. Pedimos que se vote por tablero. Reitero que la votación no fue clara.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Señor diputado, la Presidencia ha dado turno a la proposición con punto de acuerdo. Atiendo a la votación recogida por la Secretaría. Para la Secretaría y para esta Presidencia la votación fue suficientemente clara.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado (15:25 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 25 de septiembre en curso, a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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