Comunicaciones
Iniciativas de legisladoras y de legisladores
Diputado Leopoldo Sánchez Cruz, PRI
Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, PRD
Senador David Monreal Ávila, PT
Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, PMC
Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, PRI
Dictámenes de las comisiones de trabajo
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo
Proposiciones con punto de acuerdo de legisladoras y de legisladores
Licencia de legisladoras y de legisladores
Agenda política
Comentarios relativos a los actos terroristas acaecidos en la República Francesa
Diputada Aleida Alavez Ruiz, PRD
Diputado José Angelino Caamal Mena, PNA
Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, PMC
Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, PVEM
Senador Juan Carlos Romero Hicks, PAN
Senador Ricardo Urzúa Rivera, PRI
Solicitud de excitativa de la senadora Angélica de la Peña Gómez
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones no presentadas en tribuna
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se ruega a la Secretaría a pasar lista de asistencia.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: Sí, señor presidente. Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.
(Pase de lista)
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: Señor presidente, tenemos la asistencia de 29 legisladoras y legisladores.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (11:20 horas): En consecuencia se abre la sesión.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. De igual manera consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa su lectura, en virtud de que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Proceda ahora la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Compañeras y compañeros, con fecha 7 de enero de 2015 esta Presidencia dio cuenta del programa de reuniones de trabajo acordadas por los grupos parlamentarios, en el que se informó que la correspondiente con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el licenciado José Antonio Meade Kuribreña, se celebraría ante las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Organismos Internacionales, del Senado de la República. A solicitud de las propias Comisiones, los grupos parlamentarios han acordado que sólo se lleve a cabo ante la Comisión de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte, del Senado de la República. Comuníquese el presente acuerdo. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: Oficio. Esta Presidencia comunica que se recibió dictamen de proposiciones con punto de acuerdo atendidas de la Tercera Comisión de Trabajo, mismo que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, relativas a la profesionalización de enfermeros, trabajadores sociales y terapeutas. México, DF, 14 de enero de 2015.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En votación económica, consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: Se consulta a la asamblea. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos.
La Secretaria Irazema González Martínez Olivares: Se recibieron oficios de las senadoras María Cristina Díaz Salazar y Marcela Guerra Castillo, y de los diputados Jorge Mendoza Garza y Pedro Pablo Treviño Villarreal, por los que comunican la reincorporación a sus actividades legislativas.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado. Comuníquese a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, según corresponda.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: Oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite los siguientes acuerdos.
Informe de la participación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en la presentación de la Declaración de los Presidentes de la Alianza del Pacífico en Materia de Cambio Climático, celebrada el 10 de diciembre de 2014 en Lima, Perú.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, y a la Segunda Comisión de Trabajo.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: Informe sobre los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal del ejercicio fiscal 2014.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: Segundo informe semestral de actividades 2014 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil de la Secretaría de Salud.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las comisiones de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: Informe final de la evaluación de consistencia y resultados 2014 del Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: Se recibieron de diversas autoridades 11 contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítanse a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: Se recibieron de diversas autoridades 10 contestaciones a puntos de acuerdo aprobadas por la Cámara de Senadores, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítanse a la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: Oficio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con el que remite el informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y a la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: Oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el que remite el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2013.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y asimismo a la Cámara de Senadores.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación de iniciativas de ciudadanas legisladoras y legisladores. Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por integrantes y los coordinadores de los grupos parlamentarios. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, para su dictamen.
Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Leopoldo Sánchez Cruz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Federal de Procedimientos Civiles, suscrita por la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Leopoldo Sánchez Cruz: Muy buenos días a todos los compañeros diputados. Con la venia de la Presidencia. Hoy más que nunca se ha vuelto una insoslayable necesidad que la actividad procesal resuelva los procesos de un plazo razonable, hecho de que alcance y constituiría un proceso importante para recobrar la confianza de nuestra administración de justicia.
En el problema de celeridad de los procesos y la pronta tutela de los derechos ha sido una constante doctrinaria, la máxima que reza que la justicia no es rápida si no es justa. Ya señalaba Clouthier, que en el proceso el tiempo es más que oro, es justicia. Lo cual también nos da una cuenta de la inversión de horas-hombre perdidas como consecuencia de la tardía resolución de los procesos, problema que no compete exclusivamente de las partes procesales, sino también a la confianza de los ciudadanos y a la seguridad jurídica de nuestro país, al aumentarse la incertidumbre sobre los resultados de la actividad judicial, despectivamente queda relegada en el tiempo y cuya resolución resulta menos oportuna cuando más demora exista en la resolución.
La iniciativa que hoy se presenta ante esta soberanía prueba su equilibrio y respeto a los derechos humanos, cuidando no infringirlos ni violentarlos y ocupándose de promover y respetar y proteger y garantizarlos a través de un procedimiento ágil que cumpla con la garantía de ofrecer celeridad, imparcialidad y prontitud en la administración de justicia.
En nuestro país aún falta hacer ajustes para lograr una reforma integral en el proceso mismo, que evidentemente no puede ser llevada a cabo si no existe la voluntad política de los propios operadores jurisdiccionales y de los usuarios del servicio judicial.
En suma, en proceso de reforma no se puede llevar a cabo con tan solo un cambio de normas adjetivas, sino también con la progresiva incorporación de instituciones procesales, que adoptadas a la realidad nacional puedan favorecer la pronta solución de los conflictos judiciales.
Esta iniciativa presentada por nuestra amiga diputada Maricela Velázquez, y un servidor, se centra en aspectos específicos que buscan la celeridad procesal a través de diversas modificaciones del Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Primero se refiere a las notificaciones personales para elevar como un deber legal la probidad y legalidad del proceso, a fin de que las partes y sus representantes, por el solo hecho de comparecer ante el órgano jurisdiccional, tengan la obligación de presentar la debida atención al desarrollo del proceso para cuidar y velar sus intereses y sean por ello responsables de acudir ante el tribunal para hacerse sabedores de la estadía de su proceso, de las determinaciones que se dicten y de las cargas procesales que de ello amerita.
Por lo que se propone que únicamente se haga en un domicilio o en casa de forma personal del emplazamiento, el embargo, la citación o las diligencias preparatorias a cualquier clase de requerimiento.
También se propone confirmar la obligación de las partes para presentar a sus testigos el día y la hora señalados para el desahogo de la prueba y que solo cuando realmente estuvieran imposibilitados de hacerlo lo manifestaran así bajo protesta de decir verdad y podrán pedir que se les cite por medio del juzgado.
Otro de los inconvenientes en el desarrollo de los juicios mercantiles son las que nacen del embargo y el requerimiento de bienes, por lo que se establece que el deudor en la primera búsqueda en el inmueble señalado por el actor o en el caso de haberse dejado citatorio y éste no haya aguardado, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado con el objeto de evitar mayores dilaciones.
Respecto al nombramiento de depositario por parte de la actora se establece que éste no recaiga en ninguna de las personas que tutelen sus intereses por mandato, poder o cualquier otra forma de representación y que el lugar en que quede constituido el depósito deberá estar dentro del lugar del juicio.
Otro hecho relevante que afecta a la economía procesal es el embargo de vehículos por lo que se contempla que para el caso de trabarse el embargo en automotor se exija su registro ante la oficina gubernamental encargada del control y registro del parque vehicular de la entidad donde se ejecute el mismo o en aquella de donde provengan los datos que pormenoricen al vehículo y también que establece que solo procederá el remate de un vehículo una vez que esté inscrito, y el mueble obre a nombre del ejecutado.
El estado mexicano no puede retardar la implementación de una nueva dinámica e imprimir otro ritmo en nuestros procedimientos, lo que detonará e impulsará el crecimiento económico de nuestra nación, renovará el Poder Judicial y de los estados acelerando la circulación de la riqueza y sobre todo restituirá el respeto y la confianza en los órganos jurisdiccionales y entre los gobernados que acudan al juicio, finalmente se establecerá la probidad y la lealtad debida. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia de la Cámara de Diputados, para su dictamen.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Ahora tiene la palabra, por cinco minutos, el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros legisladores. Efectivamente, la presente iniciativa, compañeras y compañeros, tiene como objetivo fundamental proponer mecanismos jurisdiccionales que permitan garantizar a los municipios su autonomía fiscal.
Todos sabemos que existen diversas situaciones, actos, disposiciones bien sea federales, estatales, legislativas o ejecutivas que han estado vulnerando el ámbito económico de los municipios al afectar de manera directa el flujo de los ingresos mínimos indispensables para el debido ejercicio de sus funciones y también para la prestación de los servicios públicos que le atribuye nuestro Máximo Precepto legal a esta nivel de gobierno.
Esta vulneración –así lo pienso yo– es un factor preponderante en la subordinación económica municipal y en consecuencia en su debilidad financiara. Empero –también creo—, si logramos dotar al municipio de dichos medios jurisdiccionales no sólo abonaremos en la tutela efectiva de sus atributos, de sus facultades y derechos en materia de coordinación fiscal, sino que también estaremos dando un paso firme en aras del fortalecimiento del federalismo en nuestro país.
Para lograr lo anterior es pertinente señalar los alcances normativos de la autonomía fiscal de los municipios en México, atendiendo, como debe de ser, a nuestra realidad constitucional, política y jurídica.
La autonomía fiscal, compañeras y compañeros, la que tiene que ver con los municipios, suscribe su relevancia ya que conforma el sustento de otros aspectos de la autonomía municipal como lo son la política y también la administrativa.
Por ende, el fortalecimiento de la facultad fiscal de los municipios se justifica –desde mi punto de vista– por dos razones fundamentales. La que tiene que ver con el orden político en sus términos de descentralización territorial y la relativa al orden administrativo que se traduce sin duda en eficacia en la tarea de gestión.
El debate –insisto– en este tema acerca de los alcances de la autonomía fiscal, nunca ha negado la suficiencia financiera municipal. Por eso creo que también es indispensable que así se dé para contar con municipios libres.
Sin embargo, compañeras y compañeros, creo que aún existen muchas lagunas normativas que mantienen rezagada la autonomía en este nivel de gobierno.
Válgaseme recordar –como todos sabemos– que la autonomía municipal hacendaria está consagrada en la fracción IV del artículo 115 constitucional, y que derivado de esa disposición advertimos que la hacienda pública municipal se constituye a partir de la clasificación que hace el constituyente, de los distintos tipos de ingresos municipales incluyendo, sin duda, los que percibe por la libre administración de su patrimonio.
Pero ahora bien, del artículo 115 también hemos identificado otros aspectos que a nuestro juicio son los que vulneran la autonomía municipal al patentizar constitucionalmente la intromisión de órdenes de gobierno supramunicipales que acotan la libertad de los gobiernos municipales para administrar eficazmente su hacienda.
Y es en virtud de lo anterior la propuesta fundamental, diputado presidente, de nuestra iniciativa que está centrada en la oportunidad constitucional y legal de los municipios para acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a buscar la regularidad jurídica y la garantía de su autonomía constitucional, de su autonomía fiscal en el marco de la Ley Fiscal.
En tal sentido pretendemos hacer una reforma al artículo 12 de la ley de referencia, y hablo no solamente en nombre de un servidor, sino también del diputado presidente, el diputado Silvano Aureoles, a efecto de que el municipio pueda reclamar ante la Suprema Corte de Justicia, cualquier tipo de infracción a las disposiciones legales y convenios relativos a la Coordinación Fiscal que en prejuicio de la hacienda municipal cometa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es cuanto y por supuesto agradezco que se haya sumado a esta propuesta mi muy querido amigo el diputado presidente de esta Comisión Permanente, Silvano Aureoles. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor senador Benjamín Robles. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene la palabra ahora, por cinco minutos, el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El senador David Monreal Ávila: Con el permiso, Presidente. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Hace unos meses, concretamente el año pasado, tuvimos una reforma política en la que se modificó, de manera importante, el sistema político electoral. Hay una nueva conformación. Se renovaron los órganos electorales consejeros en cada uno de los estados. Se renovaron los magistrados electorales en el tema de justicia electoral y me parece que es un buen momento también para revisar el tema de los programas sociales que frecuentemente se usan con tintes políticos y no van al objetivo de combate a la problemática social del país.
El pasado 2 de diciembre, la organización no gubernamental Transparencia Internacional publicó su índice de percepción de corrupción del 2014, enfoque para México, en el que ubicó a nuestro país en el lugar número 103, de un listado de 175 países al obtener una puntuación de 35 sobre 100 en una escala que va de cero.
Dicho documento sitúa a México en el último lugar en corrupción de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el índice es el indicador en materia de corrupción más usado en todo el mundo y se ha publicado desde 1995.
Es claro que el gobierno no ha logrado erradicar la corrupción, muestra de ello se puede encontrar en los programas sociales, los cuales en varias ocasiones han sido utilizados para la captación de votos.
Los programas sociales en México se han convertido en una herramienta de clientelismo político. Los programas sociales con cargo al erario se beneficia a la élite política, pues adquiere respaldo y apoyo político de los ciudadanos a través de su voto.
Un ejemplo es lo que está sucediendo con entrega de pantallas a lo largo y ancho de nuestro país. Sólo en el primer mes del 2015, en la zona centro del país, en el Distrito Federal, en Guerrero, en Hidalgo, en el estado de México, en Michoacán, en Morelos, Tlaxcala, Oaxaca y Puebla, paradójico resulta que se entreguen estas pantallas, estos televisores antes de que inicie la campaña electoral.
Lo anterior, pone en entredicho este programa de trabajo para la transición a la televisión digital terrestre, pues no es casualidad que la entrega de televisores se focalice a las personas de escasos recursos y se realice justo en un año electoral, y peor aún, con el eslogan de la actual administración federal.
Si bien es cierto que la reforma de telecomunicaciones determinó que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implementaría la entrega y distribución de estos equipos receptores o decodificadores antes de concluir el 31 de diciembre de 2015, pero esto no justifica que la entrega se realice antes de las elecciones de este mismo 2015, lo cual pone en riesgo la equidad de los procesos o del comicio electoral que se avecina.
Lamentablemente los programas sociales, lejos de ser estrategias o acciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población, hoy son etiquetados para darles pedazos a los más pobres; es decir, el gasto público y el erario son utilizados para el desvío de recursos para los bolsillos de particulares.
Esto trae consigo que los programas sociales pierdan su objetivo y m cumplan la función para lo que fueron diseñados, además de que presentan grandes problemas de opacidad y no resuelven los problemas o demandas que aquejan a nuestra sociedad.
Así lo exhibe la organización civil Gestión Social y Cooperación en el Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales, en el que señala que durante la gestión de 2014 de los 182 programas sociales del gobierno federal 141 de ellos, el 78 por ciento, presentaron grandes problemas de opacidad o sin condiciones de resolver los problemas que enfrenta la población, debido a sus altos niveles de dispersión y bajo desempeño.
Para la aplicación de los 182 programas sociales del gobierno federal se invirtió un presupuesto total para el año 2014 de 457 mil 272 millones de pesos, 11.6 del gasto público programable.
Por eso, compañeros, es necesario que en esta iniciativa vayamos a las particularidades de estos programas, donde se pueda a nivel de identificación de la población objetivo elaborar cronogramas para la aplicación del gasto, donde se pueda trasparentar, pero donde puedan ser toda esta serie de requisitos, que pido y solicito al presidente de la Mesa suscriba en todos sus términos esta iniciativa, pero donde podamos ir a un verdadero blindaje de los programas sociales y puedan cumplir con su objetivo de origen, el del combate a la pobreza y de la incorporación al desarrollo social de los que menos tienen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias, senador Monreal. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, por favor.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente. Sin duda alguna, uno de los sectores más vulnerables en nuestro país es la población infantil y adolescente, sin embargo, actualmente la sociedad ha presenciado de manera gradual y sistemática la violación a los derechos de ese sector a través de múltiples y sutiles prácticas de violencia, que inciden en procesos de formación y socialización de los menores.
En nuestro país las niñas, niños y adolescentes han sido a lo largo de la historia un grupo con alto grado de vulnerabilidad al considerárseles únicamente sujetos del espacio privado, es decir del seno familiar, donde los padres, las madres o tutores invisiblilizan, ejercen y justifican el maltrato físico y psicológico hacia las y los menores.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud señala que el maltrato infantil o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso, hasta el descuido, negligencia, explotación comercial de otro tipo que origina un daño real potencial para la salud del niño, su supervivencia o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.
La familia es el primer contexto en el que iniciamos nuestro desarrollo cognitivo, afectivo y social y donde construimos una imagen de nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Así también, la familia ha sufrido diversas modificaciones culturales e históricas que han dado lugar a distintos tipos en cuanto a su conformación.
Si bien los menores de edad tienen derecho a vivir en familia, actualmente tan sólo en la Ciudad de México hay cerca de 200 mil casos con estas particularidades, según datos de la Asociación de Madres y Padres Divorciados.
En un proceso de separación legal ambos progenitores pueden utilizar a los hijos como armas para dañar el cónyuge, sin percatarse que no sólo infringen daño a la ex pareja sino también a los niños. Esto ocurre cuando en ciertos casos de divorcio o separación está presente una patología, trastorno de personalidad o emocional en alguno de los padres, por lo que surge la necesidad de velar por el interés popular superior de la niñez, cuyo objetivo es garantizar el máximo bienestar posible a través de las medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales.
Recordemos que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo. En él se establece que los Estados parte garantizarán el acceso a dichos derechos independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma o la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico, social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.
En México, entre el año 2000 y 2011, aumentaron los divorcios en un 74.3 por ciento. Un elevado número de estudios determina que los principales factores que motivan los divorcios son la falta de comunicación, la infidelidad, los problemas económicos, la desconfianza, el abuso del alcohol y otras sustancias, la diferencia de estatus socioeconómico de las parejas y, en muchos casos también, la violencia.
Es necesario evitar y eliminar aquellas conductas por parte de alguno de los padres o tutores que mediante estrategias transforma la consciencia de sus hijos, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro padre o con cualquier persona que tenga relación con el núcleo familiar y con la propia familia.
La idea de que uno de los progenitores manipule y programe a sus hijos y los ponga en contra del otro padre puede parecer una locura, una perfecta escusa de abandono. Sin embargo, se trata de un fenómeno cada vez más frecuente en la actualidad, pues acontecen muchas separaciones o divorcios mexicanos.
Esta conducta que realiza alguno de los padres o tutores es un tipo de violencia y abuso psicológico para las y los niños, quienes ven en sus padres la garantía de seguridad y bienestar frente al mundo del exterior.
Esta propuesta de mi compañero el diputado Ricardo Mejía Berdeja, en cuanto a la modificación de este artículo, va orientado precisamente a la protección de las niñas y de los niños mexicanos.
Es menester garantizar a las niñas y a los niños vivir en un ambiente libre de violencia, así como ser respetado en su persona, en su integridad, independientemente de la situación en que sus padres se encuentran, ya sea en la disolución del vínculo matrimonial o una mera separación.
Es de suma importancia como legisladores contar con los ordenamientos jurídicos que contemplen las diferentes formas de violencia que coartan la libertad de los derechos de las y los menores de edad y así avanzar hacia un México más justo, democrático y más solidario.
La presente iniciativa se presenta con fundamento a los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anteriormente fundado y expuesto someto a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 103 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, para dictamen.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: A continuación tiene la palabra por cinco minutos la senadora Diva Hadamira Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley General de Educación.
La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. El momento que vive el país es un momento que es muy necesario revisemos realmente el fondo de la situación y, sobre todo, la necesidad de que el tema de los derechos humanos sea un tema fundamental.
Revisando la historia, nosotros formamos una generación en donde el civismo era una materia obligada. Espero no lo nieguen ustedes, que era una materia que nos explicaba temas como la responsabilidad, como la honestidad y de repente desapareció la materia de civismo.
Fue en los setentas cuando aparece esta materia como obligatoria, pero simplemente como una obligación de capacitarnos, pero más aún, en las casas, en nuestros hogares, los mejores expertos en materia de derechos humanos eran nuestros padres, nuestras madres, los abuelos, hablaban de cómo ayudar a una persona a pasar de calle a calle.
Pudiera parecer simplista el tema, pero tiene una gran profundidad. Cómo si un niño llegaba a su casa, con una pelota que no había sido comprada por el padre, que no tenía una razón de ser, el mismo padre le hacía que regresara esa pelota de donde la había tomado.
El bullying seguramente existía de otra forma, porque la torta del grupo siempre ha estado ahí. Y hoy, yo quiero presentar a ustedes una iniciativa con proyecto de decreto al artículo 38 de la Ley General de Educación. Es imposible intentar a control remoto manejar el tema de derechos humanos, simplemente con la crítica o con manifestaciones, todas ellas legítimas, pero que brincan el cerco de la violencia.
¿Hasta dónde son los derechos humanos? ¿Qué comprenden los derechos humanos? ¿Cuál es mi derecho humano? Es justo donde empieza el derecho humano del otro.
Y definitivamente tenemos que regresar, no al pasado sino a un reciente formato educativo que nos dio muy buenos resultados.
No podemos decir que somos una generación muy sana pero si revisamos lo que está pasando en este momento, algo pasó con nuestra generación que sirvió a una sociedad. Y más aún, sin llamarse derechos humanos, sin llamarse civismo había un respeto hacia los derechos del de enfrente.
Por eso yo estoy proponiendo una reforma al artículo 38 de la Ley General de Educación en dos vertientes.
Primero. El tema de los derechos humanos debe ser una materia obligatoria. No se puede aprender porque se ha desmantelado el tejido social más importante, que son las familias con ese o sin ese, depende la ideología que corresponda, pero ese ente social se ha desmantelado de alguna manera.
Y número dos. No puede impartir una materia de derechos humanos una gente que no conoce la materia. Yo me preguntaría en este momento si la reforma del 2011, se conocen todos los términos que alcanzó.
Yo recuerdo que cuando salió me tocó esa legislatura y participar. Se decía que esta reforma era más grande que la del 17. Quién sabe la materia de los derechos humanos. Y seguimos rondando sobre el respeto de los niños.
Por eso, yo pido en su oportunidad, voten a favor de una reforma que la considero generosa, bondadosa, pero sobre todo, una gran alternativa en un momento de descomposición que vivimos y en donde el tema de los derechos humanos o aquello que nos enseñaron nuestros padres, a respetar al de enfrente. Aquel slogan de Benito Juárez, que el respeto al derecho ajeno es la paz, regrese como una forma de vida para poder empezar con este tan recurrido discurso de la recomposición del tejido social. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias, senadora. Túrnese a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Bien, compañeras y compañeros, vamos a pasar al siguiente punto del orden del día.
La senadora Lorena Cuéllar Cisneros (desde la curul): Presidente.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Senadora Lorena.
La senadora Lorena Cuéllar Cisneros (desde la curul): Para sumarme a la misma iniciativa.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Para sumarse a la iniciativa. Diva Gastélum, ¿dónde anda?
La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (desde la curul): No tengo ningún inconveniente.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Ningún inconveniente, perfecto.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo de la Segunda Comisión de esta Comisión Permanente. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban excepto los dictámenes enlistados en el orden del día con los números uno y cinco que se están reservando para su discusión.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: En votación económica, se consulta a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo no reservados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Senador presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquese.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen número uno que es con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a fin de concretar una visita oficial a nuestro país de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Para hablar sobre este punto se han inscrito la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, el diputado José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza y la senadora Diva Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRI.
Tiene entonces en consecuencia el uso de la palabra, la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos, por favor.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Hace un siglo las comunidades indígenas mayoritarias en el país y golpeadas por la pérdida de sus tierras comunales, la pobreza, la explotación y la opresión bajo la que vivían fueron una de las fuerzas sociales claves para precipitar la Revolución agraria mexicana de 1910. La Constitución de 1917 inició un proceso de reforma agraria que con el tiempo benefició a cerca de tres millones de campesinos mayoritariamente indígenas, agrupados bajo distintas formas de tenencia de la tierra en comunidades agrarias, ejidos y pequeñas propiedades. Sin embargo la reforma agraria pronto perdió su fuerza, por lo que aumentó nuevamente el número de agricultores sin tierra y jornaleros migratorios, situación agravada por la presión demográfica sobre recursos naturales limitados.
Durante el siglo XX el Estado mexicano basó su política indigenista en la educación, la reforma agraria y la infraestructura en carreteras y comunicaciones, con el objeto de integrar a los indios a la nación.
Las comunidades indígenas que no sucumbieron por completo a ese histórico proceso de aculturación, mantienen su identidad cultural como pueblos indígenas conscientes de serlo. La situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas se inscribe en el contexto indicado.
Si bien ha habido algunos avances en esta materia, también hay serios rezagos que no han sido atendidos con suficiente voluntad política. El debate nacional en torno a esta problemática adquirió particular relevancia con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, en protesta por 500 años de olvido. El posterior diálogo que condujo a la firma de Acuerdos de San Andrés sobre identidad y cultura indígena entre el gobierno y el EZLN y la reforma constitucional de 2001 que han sido fuertemente impugnadas.
El artículo 2 constitucional establece que la nación mexicana es única, indivisible y pluricultural, sustentada originalmente en los pueblos indígenas. Las comunidades integrantes de un pueblo indígena son aquéllas que forman una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sistemas normativos internos.
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejerce en un marco constitucional de autonomía que asegura la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas poco a poco se ha ido incorporando a las legislaciones especiales en la materia en las entidades federativas que establecen las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad.
En suma, los pueblos indígenas constituyen asimismo frecuentemente una minoría en el país. Para que los pueblos indígenas puedan conservar su cultura y su modo de vida es fundamental que puedan conservar su vínculo a sus tierras tradicionales. De ahí la importancia de la cita a la relatora especial de la ONU.
A más de 13 años de la reforma constitucional mencionada de 2001 en materia indígena y luego de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, y con el objetivo de verificar el cumplimiento del informe y recomendaciones del doctor Stavenhagen, reviste de suma importancia una visita de la señora Victoria Lucía Tauli-Corpus, para que en su calidad de relatora evalúe el grado de implementación de las reformas y armonización del derecho internacional, así como los avances y retos en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas en México.
Sin lugar a dudas las recomendaciones que emanen de su informe serán un referente para el gobierno mexicano al momento de definir políticas públicas dirigidas a los miembros de comunidades y pueblos indígenas de nuestro país.
La importancia de la visita de la relatora especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, es que se trata de un organismo especializado profesionalmente, imparcial, y sus informes representan una radiografía actual de la situación de los pueblos indígenas en México ante el mundo.
Todas y todos tenemos conocimiento de que a los pueblos indígenas se les violan con mucha facilidad sus derechos fundamentales y derechos humanos como colectividad y de forma individual.
Ahí tenemos el caso reciente que ha impactado en el escenario político nacional y mundial, la ejecución extrajudicial y desaparición de otros 43 estudiantes pobres, marginados, y muchos –o la mayoría de ellos– con una condición de indígenas, caso del cual se quiere dar carpetazo jurídico e incluso el olvido a secas.
Con una barbarie así no podemos ser indolentes, por lo que considero que esta soberanía debe pronunciarse para abrir otra línea de investigación sobre la participación del Ejército y la gendarmería nacional.
Las mujeres indígenas han sido el símbolo de la exclusión y la marginación, incluso de actos racistas y discriminatorios en los hospitales públicos y privados, por su condición de pobres e indígenas, pagando incluso con la vida por la desatención y la negación, por la necesidad de acceder a un servicio básico de ser atendidas en un simple parto o mujeres detenidas en los lugares turísticos por vender sus artesanías para darle sustento a su familia.
Pero lo más cruel y triste es la situación de las mujeres migrantes mixtecas, triquis, zapotecas, tlapanecas, entre otras que se ven obligadas a migrar al norte del país para no morir de hambre en sus comunidades.
A quién no le duelen las palabras de Hermelinda García Valeriano cuando dice: “Aunque estoy embarazada, sí estoy trabajando. ¿Con qué voy a mantener a mis hijos? Tengo muchos niños; corto chile, tomate, cualquiera, pero sale poco, y sí me duele toda la barriga. Me voy a aliviar con partera”. Nunca ha ido al doctor
Éstos son algunos de los testimonios dolorosos que a diario padecen mujeres indígenas y que sería por demás importante resaltar para que la Relatora Especial de la ONU conozca, viva y nos dé las recomendaciones correspondientes, como Estado, para coadyuvar y armonizar nuestras leyes nacionales a los avances internacionales y así erigir planes que en serio se aboquen a restablecer esta condición que hemos documentado en varias zonas de este país. Es cuanto, presidente.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, presidente. Con el permiso de todas y todos los presentes. El dictamen a discusión reviste especial relevancia pues de aprobarse en sus términos la invitación del Ejecutivo federal que haría a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Relatora Especial de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la señora Lucía Tauli-Corpus, sería una clara señal de la disposición del Estado mexicano para seguir avanzando tanto en asuntos de la política interna como de la política exterior.
Éste es un tema de política exterior, toda vez que México ha construido a lo largo de décadas un prestigio diplomático basado en los principios de política exterior, uno de ellos, los derechos humanos enunciados en el artículo 89 de la Constitución, en específico. Son por todos conocidos los aportes que México ha hecho en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluso presidiendo dicho organismo.
Cuando en el seno de la Organización de las Naciones Unidas se propuso la creación de la figura de la Relatoría Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas, México fue un decidido promotor para su aprobación.
Por ello, desde 2001 el gobierno de México mantiene una invitación abierta a todos los mandatos y mecanismos internacionales de derechos humanos para que realicen visitas oficiales a nuestro país.
Asimismo, México ha demostrado el mismo activismo en el foro permanente de cuestiones indígenas. Al exterior es bien conocido el papel protagónico de México tanto en los trabajos cotidianos del foro como en la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas y Tribales, celebrada en septiembre pasado en Nueva York.
En 2006 además lideramos a grupos de países a favor de la aprobación de la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas. Por lo anterior invitar a la relatora que visite nuestro país, es un acto de congruencia, de nuestra activa participación en política exterior.
Por otra parte se trata también de un tema de política interior porque hablamos del desarrollo intercultural de 15.6 millones de nuestros hermanos indígenas, según la cifra que proporciona el INEGI.
Los avances en las políticas públicas para atender a las comunidades indígenas son innegables. Sin embargo, también es cierto, que debemos revisar puntualmente muchos temas, por ejemplo, la representación indígena, el acceso a la justicia, por mencionar algunos.
A este respecto, la mirada objetiva y puntual de la relatora junto con sus recomendaciones sumará seguramente aportaciones de las que nosotros mismos hacemos desde el Congreso mexicano.
Han pasado 11 años desde que se realizó una visita de trabajo del relator, pues el doctor Rodolfo Stavenhagen, estuvo en México en el año 2003 en los últimos años que corren. Por supuesto que ha habido avances que se tienen que reconocer, pero igualmente hay temas que son de rezagos ancestrales que hay que atender con urgencia, me refiero a temas como la doble discriminación que sufren las mujeres indígenas, la pobreza en que viven el 80 por ciento de nuestros hermanos indígenas.
Los niños indígenas están en riesgo de morir en un 60 por ciento más que los que no son indígenas antes de cumplir cinco años, tienen problemas de acceso al agua, a la educación, por citar algunos de los temas y tareas pendientes de la legislatura y del Estado mexicano.
Estos temas, quiero aclarar que tuve la oportunidad de presentarlos, de explicarlos en el foro internacional sobre el tema de asuntos indígenas realizado en la ONU en mayo pasado, y lo hago con la convicción de mi origen.
Yo, orgullosamente soy originario de los pueblos indígenas del estado de Campeche, en donde más del 50 por ciento de su población somos de ese origen y por eso tenemos que defenderlo decididamente y lograr integrarlos al México que queremos, al México que necesitamos construir en este escenario de avance que queremos lograr.
Congruentes con eso el Grupo Parlamentario Nueva Alianza –con sus principios– apoya este dictamen, que nos permitirá establecer un diálogo necesario con una figura importante en materia indígena, como lo es la relatoría especial. Esta visita será una excelente ocasión para refrendar nuestro compromiso con los derechos humanos, la inclusión y el desarrollo de nuestro país.
Por la importancia que reviste este tema quiero agradecer a nombre de mí Grupo Parlamentario Nueva Alianza la sensibilidad de los grupos parlamentarios que puedan sumar para aprobar este dictamen en sus términos, pues es un tema sensible, humano y muy positivo para nuestro país. Gracias por su atención.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, diputado. A continuación tiene nuevamente el uso de la palabra la senadora Diva Gastélum. Desde su lugar. Adelante.
La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. El tema de las comunidades indígenas, de los derechos indígenas debe ser fundamental para el desarrollo de México, para la vida democrática.
Y, bueno, el día de hoy la segunda comisión ha resuelto esta parte de invitar a la relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a la doctora Victoria Lucía Tauli-Corpuz. Para nosotros, creemos, para el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos una gran oportunidad para poder revisar, tener a la mano un diagnóstico de la situación que viven los pueblos indígenas.
Y nos sumamos de manera positiva a este esfuerzo y, sobre todo, a la invitación que se le hace al gobierno de la república, especialmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para cumplir con este compromiso y, de esta manera también, cumplir con los compromisos internacionales que México tiene en materia de derechos humanos, poner a disposición todos los recursos disponibles a favor de los pueblos indígenas y garantizar la protección de sus derechos fundamentales en nuestro territorio mexicano. Muchas gracias, presidente.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, senadora. No habiendo más oradores inscritos consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Senador presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, secretario. Aprobado. Comuníquese por favor.
Pasamos ahora al siguiente punto de acuerdo que ha sido reservado, el siguiente dictamen con punto de acuerdo que ha sido reservado es el número 5. Lo voy a leer.
Puntos de acuerdo por los que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se pronuncia a favor de una reforma migratoria en Estados Unidos de América y la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes indocumentados.
Se han inscrito para hablar sobre este tema la senadora Hilda Flores Escalera, del PRI y la diputada Cistina González Cruz, también del PRI.
Tiene entonces el uso de la palabra la senadora Hilda Flores Escalera, hasta por cinco minutos, por favor.
La senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muy buenas tardes, estimadas legisladoras, estimados legisladores. Con su permiso, presidente.
Por supuesto mi participación es para respaldar el dictamen al que se le ha dado lectura de la Segunda Comisión, vinculado al tema de reforma migratoria en Estados Unidos de América y por supuesto a la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes indocumentados.
La migración mexicana hacia Estados Unidos ha sido una constante de las relaciones entre ambas naciones desde hace más de un siglo y medio, que se ha caracterizado como un proceso de naturaleza primordialmente laboral. Este fenómeno se ha potenciado considerablemente durante los últimos 35 años, en los cuales factores diversos como la vecindad geográfica, los estrechos lazos sociales y culturales, la creciente integración económica y las intensas relaciones e intercambios entre países hacen inevitable la generación de flujos migratorios.
En la actualidad, de acuerdo con diversas cifras nacionales e internacionales, 11 millones de mexicanas y mexicanos indocumentados residen en Estados Unidos de América, que constituye la población más grande en esas condiciones desde los años de la esclavitud, de acuerdo con la Universidad de Princeton.
En tal virtud, al estar residiendo en el citado país de manera irregular los ubica en una situación en la cual no pueden gozar ni ejercer sus derechos civiles, sociales y políticos, e inclusive sus derechos más fundamentales. Aunado a lo anterior, la citada Universidad señala que las deportaciones desde el interior del territorio estadounidense están creciente y son mayores que las detenciones de quienes intentan cruzar la frontera sin documentos, ya que aproximadamente 200 mil mexicanas y mexicanos son aprehendidos por la Patrulla Fronteriza, mientras que 400 mil ya ingresados y establecidos en Estados Unidos de América con deportados por las autoridades norteamericanas.
Bajo ese contexto, las y los mexicanos indocumentados que residen en Estados Unidos de América están viviendo un fenómeno persecutorio que abona en contra de su situación, que por las condiciones descritas más la lejanía de su lugar de origen y en muchas ocasiones de su propia familia es muy compleja.
En ese sentido y en total acuerdo con el presente dictamen, resulta de gran importancia reconocer y valorar las acciones a favor de las y los connacionales que se encuentran en Estados Unidos de América, como la acción ejecutiva emitida por el presidente Barack Obama a favor de los migrantes indocumentados, así como la necesidad de impulsar que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicite respetuosamente al gobierno estadounidense un cambio de estrategia en relación a las deportaciones de inmigrantes residentes bajo un enfoque de respeto de derechos humanos.
Estimadas legisladoras y legisladores, por lo anteriormente expuesto, siendo justificada la necesidad y pertinencia del presente dictamen, las y los invito a votar a favor de esta propuesta que tiene como objetivo impulsar acciones en favor de millones de mexicanas y mexicanos que viven fuera de nuestro territorio nacional.
Por su atención, pero especialmente esperemos por su respaldo, muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias, senadora, muy amable. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada Cristina González Cruz, del PRI. Adelante.
La diputada Cristina González Cruz: Gracias, presidente. Ante la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia a favor de una reforma migratoria en Estados Unidos de América y la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes indocumentados.
Es importante resaltar que efectivamente, tal y como se expresa en el contenido del citado punto de acuerdo, los migrantes mexicanos representan el grupo nacional que más trabajadores aportan a la economía estadounidense.
Es menester precisar que entre 2000 y 2008, sin considerar el efecto de la crisis, la contribución de los migrantes indocumentados al crecimiento del producto interno bruto estadounidense fue por demás contundente, con un aporte del 32 por ciento. Y el grupo de inmigrantes que más contribuyó al incremento fue precisamente el de los mexicanos.
De igual manera, resulta importante destacar que los migrantes indocumentados mexicanos en Estados Unidos permiten el desarrollo económico de México, a través del envío de remesas hacia sus familiares.
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, da la bienvenida a las medidas administrativas en materia migratoria, anunciadas por el gobierno de Estados Unidos, a finales del año 2014, que tienen el potencial de beneficiar a un número significativo de mexicanos en ese país y mejorar sus oportunidades, así como su dignidad y certidumbre.
Esta decisión permitirá incrementar las cuantiosas contribuciones de los mexicanos a la economía y sociedad de los Estados Unidos. Asimismo, responde a múltiples necesidades expresadas por las comunidades y darán mayor certeza y seguridad a las familias.
Es importante compartirles, compañeras y compañeros legisladores, que nuestro presidente de la república, el licenciado Enrique Peña Nieto, en el marco de su visita oficial a Estados Unidos expresó un amplio reconocimiento a la decisión que tomara el gobierno del presidente Barack Obama, en materia migratoria.
En este sentido, el gobierno federal se ha pronunciado en un absoluto respaldo a la población migrante mexicana que está en Estados Unidos, para que pueda acreditar su estancia antes de 2010 y puedan reunir todos los requisitos, eventualmente que se estén solicitando para poderse registrar al beneficio de la medida anunciada por el presidente Obama.
En este contexto, compañeras y compañeros, por supuesto, que el Grupo Parlamentario del PRI considera que este punto de acuerdo es de suma importancia. Reconocemos, por supuesto, la intervención del senador Ángel Benjamín Robles ante esta petición de este punto de acuerdo y respaldamos el mismo, toda vez que esta relevancia contribuye a los esfuerzos por mejorar la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, en virtud de que ha sido una de las políticas implementada y reforzadas por nuestro presidente de la república, el licenciado Enrique Peña Nieto. Es cuanto, señor presidente, y muchas gracias.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias a usted, diputada. No habiendo más oradores inscritos pregunte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse este punto de acuerdo.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Senador presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, secretario. Aprobado. Comuníquese.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo de la Tercera Comisión. Aquí en este sentido, en virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban, con excepción de los dictámenes enlistados en el orden del día con los números 2, 3 y 4, que han sido reservados para su discusión.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: En votación económica se consulta a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo no reservados. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.
Entonces, a continuación entramos al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a garantizar la inclusión digital en el marco del programa para la transición a la televisión digital terrestre, como lo establece el programa de trabajo para tal fin. Publicado el 13 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Y tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Aleida Alavez Ruiz del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, senador presidente. El acceso democrático a la información que brinda la televisión digital terrestre favorece el desarrollo social, la igualdad de oportunidades entre la población, así como el acceso a la sociedad de la información y el conocimiento.
Por ello, este proceso de transición a la televisión digital constituye una prioridad para que se lleve a cabo, de forma planificada, atendiendo a la población de escasos recursos que podría quedar excluida de este beneficio.
La radiodifusión de señales de televisión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado está obligado a garantizar que sea prestado en condiciones de competencia y calidad. Brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y oportunidad de la información. Éste es un proceso de cambio con el que México estaría a la vanguardia en el mundo.
La transición a la televisión digital terrestre tiene como objeto central al usuario, ya que dicho proceso debe garantizar el acceso equitativo a servicios de telecomunicaciones de clase mundial, y debe incidir de forma directa en la calidad de audio y video, y servicios adicionales que recibirá el usuario, así como la posibilidad de acceder a servicios en línea.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha declarado el acceso a Internet como un derecho humano altamente protegido, y exige a los países miembros facilitar un servicio accesible y asequible para todos, y estima como una prioridad asegurar a la ciudadanía el acceso a Internet.
Para la ONU Internet no solo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también promueve el acceso de la sociedad en su conjunto, acceso que debe mantenerse especialmente en momentos políticos clave como elecciones, tiempos de intranquilidad social o aniversarios históricos y políticos.
Esta organización también estableció cómo se viola este derecho humano. Y señaló el bloqueo web o filtrado de contenidos. La desconexión para evitar el acceso, los ciber ataques o una protección inadecuada del derecho de privacidad y protección de datos, entre otros.
En suma Internet ofrece oportunidades sin precedentes para desarrollar los derechos humanos y desempeña un papel cada vez más importante en nuestras vidas, por lo tanto es esencial que todos los agentes tanto públicos como privados respeten y protejan los derechos humanos en Internet.
También se debe tomar medidas que garanticen que Internet funciona y evolucione de manera que cumpla con los derechos humanos en la mayor medida de lo posible. En este sentido el gobierno mexicano como miembro activo de la Organización de las Naciones Unidas debe observar los principios universales de la humanidad e implementar de una manera transparente y apegarse al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante la entrega sin tintes políticos ni emblemas que insinúen beneficio para partido político alguno, es decir, que la entrega de estos monitores debe apegarse a los principios constitucionales de eficacia, transparencia y honradez para satisfacer sus objetivos y sin influir en la equidad de la competencia de los partidos políticos.
Esta preocupación la acompañamos al igual de lo que señala el punto de acuerdo con respecto a la licitación de la cual conocemos y que además se sabe estas teles no están teniendo el acceso a Internet y eso es muy grave, si el gobierno lo enunció, lo dijo, lo publicó, lo tiene que hacer valer.
Y se han destinado, como ahí también se referencia en el punto de acuerdo, los recursos necesarios no solamente en 2013 y 2014, también este año hay una partida para el mismo asunto, pero requerimos de una vigilancia extrema para evitar que éste que es un año electoral se haga un reparto por medio de los delegados de Sedesol totalmente político-electoral y eso tenemos la responsabilidad de vigilarlo todos los grupos parlamentarios en este Congreso. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, diputada. No habiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse este punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladores y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Aprobado. Comuníquese, gracias.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen número tres que ha sido reservado y que es con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud informar sobre las acciones realizadas y por verificar en las zonas endémicas de propagación de la enfermedad de Chagas a fin de erradicarla del país.
Se han inscrito para tal efecto, el diputado José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza y el senador Arquímedes Oramas Vargas, del PRI.
Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Angelino Caamal Mena. Adelante.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la enfermedad de Chagas es una enfermedad endémica provocada por el parásito trypanosoma cruzi, el cual es transmitido por la picadura de un insecto conocido como chinches hociconas.
En México la enfermedad de Chagas afecta a la población más pobre sobre todo en zonas del país como Jalisco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, ya que estas chinches que transmiten el parásito se encuentran en lugares insalubres, escondidas en techos de palma y muros de adobe o madera. La transmisión se da principalmente en zonas rurales donde existen precarias condiciones socioeconómicas, mientras el vector convive con los habitantes de los lugares citados.
Esta enfermedad destruye los órganos internos, causa cardiopatías. En los niños suele aparecer el signo de romaña, que consiste en una inflamación en los párpados de los ojos y es signo común de este mal.
Compañeras y compañeros legisladores, quiero expresar la gratitud del Grupo Parlamentario Nueva Alianza a los integrantes de la comisión por su sensibilidad y solidaridad con estos sectores de población que son muy necesitados y celebró aprobar este punto de acuerdo manteniendo el sentido sustancial con el que fue presentado.
Este es un mal que afecta a más de 10 millones de personas, según cifras de 2007 de la Organización Mundial de la Salud, además de causar 15 mil muertes al año en Latinoamérica.
Solicito también la atención de ustedes para informarles que este mal no solamente se circunscribe en los lugares que he citado, también tiene presencia en otros lugares. Se verifica porque el Banco Mundial de Sangre del Hospital General calcula que la prevalencia de este mal es del .5 al 2.8 por ciento, motivo por el cual a raíz de transfusiones de sangre el Chagas se propaga a regiones que no son endémicas como lo es la Ciudad de México.
En marzo de 2012 Médicos sin Fronteras hizo pública su preocupación por la falta de un programa específico de combate a este mal en México, por la ausencia de medicamentos para tratar esta enfermedad dentro del cuadro básico de salud, por lo que es urgente realizar campañas públicas de salud que tengan por objeto prevenir estas enfermedades en las zonas endémicas y que se garantice el abastecimiento de medicamentos en los centros de salud donde exista mayor incidencia de esta enfermedad.
El Estado mexicano indudablemente debe redoblar el esfuerzo contra esta enfermedad que afecta terriblemente a las familias más pobres y afecta en otros aspectos como es la economía, el desarrollo. Es decir, tiene un impacto muy grande en la población donde se presenta este tipo de mal.
Puesto que el factor endémico –ya lo hemos dicho– se da en zonas marginadas, en las personas que viven en casas con pisos de tierra, expuestos a la intemperie en muchos casos.
Por lo general las personas desconocen que este tipo de insectos pueden transmitir parásitos mortales. Posteriormente la dificultad es atenderse en un centro de salud que cuente con médicos capacitados y que esos centros de salud ya sabemos que no cuentan con los medicamentos para poder atender de manera correcta y efectiva este mal.
Por estas razones el objetivo de este dictamen es promover la creación y realización de campañas de prevención de esta enfermedad; fumigación de los insectos transmisores de este parásito; detección temprana de la enfermedad y atención oportuna con medicamentos suficientes para poder atender a toda la población que tenga ese tipo de necesidad; porque el fin debe de ser indudablemente, erradicar en nuestro país esta enfermedad que indudablemente estarán de acuerdo conmigo que en pleno siglo XXI todavía se den este tipo de problemas que afectan a la población más necesitada.
Agradecemos a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza el apoyo, la solidaridad de las distintas fuerzas políticas aquí representadas para aprobar este dictamen en sus términos. Muchas gracias.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, diputado. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Arquímedes Oramas Vargas, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El senador Arquímedes Oramas Vargas: Buenas tardes. Estimados compañeros legisladores, hace ya algún tiempo y proviniendo de una familia de médicos, tuve la oportunidad de abrazar esta noble profesión, la profesión de la medicina, área a la cual he dedicado gran parte de mi vida, y cuando llegué a mi municipio de origen en mi tierra, en Tabasco, Cunduacán, me enfrenté a muchas enfermedades que ciertamente conocíamos en la academia, pero que a la hora de enfrentarse a ellas es distinto.
Recuerdo mucho cómo vi a un paciente con los ojos rojos, con ganglios y con unas bolas que le aparecían en las axilas y algunas llagas en su cuerpo. En ese momento recordamos a esa enfermedad producida por una chinche hocicona que se encuentra normalmente en las casas de los más pobres, en las casas que están hechas con materiales propios de la región. Ahí en muchas ocasiones se presenta esta chinche y la picadura da una enfermedad que hasta la fecha no se cura.
Hay muchos estudios en distintos lugares del mundo como en Canadá. En México, en la UNAM se ha encontrado que efectivamente la enfermedad se puede controlar y parar para que no siga progresando. Sin embargo, conlleva una gran cantidad de incapacidades laborales.
En México la enfermedad de Chagas es una enfermedad que se presenta en varios estados: en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Yucatán, Veracruz, Sonora, Nayarit y también en mi estado, Tabasco.
Porque no es curable, conlleva incapacidades que en muchas ocasiones afectan la economía de nuestro país. Es por ello que coincidimos en que es importante erradicar esta enfermedad, por lo cual me pronuncio a favor de este punto. Es importante que todos los legisladores sigamos cuidando la salud de los mexicanos y de manera muy especial creo que todos debemos apoyar este punto.
Agradezco mucho a mis amigos legisladores. Les recuerdo que tenemos una gran responsabilidad y así como cuidamos los derechos humanos, así como cuidamos la educación hoy los exhortamos a que cuiden la salud de los mexicanos, de nuestros hijos, que son el futuro de México. Muchas gracias y muy buenas tardes.
El presidente senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, senador. No habiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, secretaria. Aprobado, comuníquese.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen número cuatro, que ha sido reservado. Se refiere al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para que informen sobre los resultados obtenidos en la campaña contra la roya del cafeto, implementada en 2013 y 2014, y que analice la factibilidad técnica y económica de ampliar en 2015 la superficie de atender en las entidades federativas productoras de café en que se presente esta problemática. Se ha inscrito únicamente el senador Óscar Román Rosas González, del PRI, y tiene cinco minutos para hacer uso de la palabra.
El senador Óscar Román Rosas González: Buenas tardes compañeras, compañeros legisladores. Con el permiso de la Presidencia, México como país productor de café ocupa el quinto lugar a nivel mundial, después de Brasil, Colombia, Indonesia y Vietnam, con un volumen de producción que oscila entre los cuatro a cinco millones de sacos por año.
El café es el séptimo cultivo agrícola con mayor superficie cultivada en México y ocupa el 12o lugar como generador de valor. Desafortunadamente la producción de café se enfrenta a una peligrosa plaga que ha mermado su producción y por lo tanto su rentabilidad a nivel nacional.
La roya es la enfermedad más destructiva del cafeto y la de mayor importancia económica a nivel mundial, incluido México, debido a que provoca la caída prematura de las hojas, propiciando la reducción de la capacidad fotosintética, así como el debilitamiento de los árboles.
Los daños severos mayores al 60 por ciento causan defoliación; si la infección ocurre en las etapas tempranas se presenta una reducción en el rendimiento. Este hongo genera importantes pérdidas afectando la producción y la calidad del café mexicano en detrimento de miles de productores que depende en gran medida de los ingresos que se generen por la venta de su producto.
En los últimos años se ha puesto mayor atención a esta plaga, incluyéndose en el manual de operación del Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica 2013. Se ha establecido la campaña contra la roya del cafeto como parte de un programa integral para el control de la enfermedad en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz, donde se realizan acciones de muestreo, capacitación a técnicos y productores, divulgación, control cultural y control químico.
Este programa se ha venido llevando a cabo desde el 2013-2014, y también se incluyó en este presente año 2015. El presente dictamen tiene como objeto exhortar a los titulares de la Sagarpa y del Senasica para que rindan un informe sobre los resultados obtenidos en 2013 y en 2014respecto a dicha campaña y que se amplíe la superficie a atender en las entidades federativas.
Sin lugar a dudas el informe coadyuvará a analizar las acciones llevadas a cabo hasta el momento para verificar si han sido suficientes y, de no serlo, buscar los mecanismos necesarios para eliminar esa plaga que afecta directamente los bolsillos de miles de mexicanos que dependen de la producción del café en nuestro país.
Es por estas razones que nuestro grupo parlamentario, el Partido Revolucionario Institucional, votará a favor de la aprobación de este importante punto de acuerdo en beneficio de los caficultores mexicanos. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias. No habiendo más oradores inscritos consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Vamos a pasar a continuación al apartado de proposiciones con puntos de acuerdo.
En primer término tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Fidel Pacheco Rodríguez, del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al Congreso de Coahuila, para que soliciten a sus Consejos de la Judicatura y Tribunales Superiores de Justicia información relativa a las inversiones efectuadas por la sociedad denominada Ficrea SA de CV, sociedad financiera popular, y suscrita por el diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Muchas gracias, senador presidente Lozano. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a nombre del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en esta Legislatura, me permito presentar a ustedes el siguiente punto de acuerdo.
Ficrea fue constituida en el año 2006 por Rafael Antonio Olvera Amezcua y dos años después se le autorizó para operar como una sociedad financiera popular, a fin de que prestara servicios financieros de ahorro, inversión y crédito a pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo con la información que se desprendía de la lectura de su página electrónica, Ficrea se autocalificaba como una empresa que tenía como valores principales la honestidad, compromiso, confianza y atención, presumiendo de ser transparente y sincera en su actuar así como en el uso y manejo de la información de los recursos materiales y financieros de sus clientes y de la institución.
Nada más lejos de lo anterior. Derivado de las investigaciones realizadas por las autoridades federales, se ha podido demostrar que Ficrea trianguló fondos realizando conductas fraudulentas que dieron paso a la comisión de diversos ilícitos. Como consecuencia de lo anterior, el 19 de diciembre del año pasado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó la autorización de Ficrea para operar como sociedad financiera popular.
Ante estos hechos que afectaron a quienes depositaron sus recursos en Ficrea y que es indiscutible, reflejan un menoscabo en su economía, la administración federal a través de la Procuraduría General de la República solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra del accionista mayoritario de la empresa, a quien ya me he referido. Las acciones ejercidas por el gobierno federal implican también la solicitud realizada a la Interpol para la localización y detención del empresario.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que existe un total de 6 mil 366 clientes de Ficrea, de los cuales hasta el 3 de enero de presente se han realizado 2 mil 317 solicitudes de seguro de depósito, sin embargo ha salido a relucir que dentro de los ahorradores defraudados se encuentra en los Tribunales de Justicia de Coahuila y del Distrito Federal.
El Tribunal, en el caso del Distrito Federal, ha indicado que instruyó el Consejo de la Judicatura para abrir una investigación con la Contraloría Interna del propio organismo, para determinar si realmente existía información que hubiera inhibido la inversión en Ficrea y no se haya tomado en cuenta por los administradores de los más de 120 millones de pesos, y así deslindar responsabilidad interna de los asesores financieros del Tribunal.
Hay que decir que el Poder Judicial del Distrito Federal recibió diversas demandas mercantiles, civiles, penales en contra Rafael Olvera Amezcua por incumplimiento de pagos o apropiaciones indebidas de fondos, lo que evidencia que no era factible invertir en una empresa de la que Olvera Amezcua es socio, de lo cual el Tribunal estaba enterado.
Si bien es cierto que el propio Tribunal ha dado a conocer a través de su presidente, las acciones emprendidas para recuperar los recursos posiblemente defraudados por Ficrea, resulta menester que tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como esta soberanía conozcan de manera puntual las acciones que se han emprendido tras conocerse las irregularidades cometidas por esa sociedad financiera.
Aunado a lo anterior, ahora también se sabe que el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza invirtió recursos en su fondo de mejoramiento para la administración de justicia de Ficrea.
A pesar de que ese órgano judicial de Coahuila emprendió acciones para recuperar los cerca de 90 millones de pesos, lo cierto es que al igual que en el caso del Distrito Federal también se hace necesario contar con información que nos permita saber las razones por la que se decidió invertir esas cantidades y las acciones que se han ejercido para recuperarlas, por lo que también se hace extensivo el presente exhorto a las autoridades de la entidad federativa referida.
Para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que presenta este punto de acuerdo, las acciones llevadas para invertir fondos de los tribunales superiores de justicia en el Distrito Federal y en Coahuila merecen un extrañamiento a los órganos de gobierno encargados de velar por los fondos de las propias instituciones que no debieron ponerse en riesgo en esta inversión fallida.
Por lo anteriormente expuesto y fundado presentamos a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a efecto de que soliciten a los consejos de la Judicatura y a los tribunales superiores de justicia de dichas entidades federativas información relativa a las inversiones efectuadas en la sociedad denominada Ficrea y las remitan a esta soberanía. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Gracias, presidente.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Senador presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, secretario. En consecuencia, tenemos anotados y tenemos inscritos para hablar en pro de este punto de acuerdo a la diputada Aleida Alavez Ruiz, del PRD y al de la voz. Tiene el uso de la palabra la diputada Aleida Alavez Ruiz, hasta por cinco minutos.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, presidente. El 7 de enero pasado, nuestro grupo parlamentario presentó un punto de acuerdo suscrito por el diputado Fernando Belaunzarán y el diputado Miguel Alonso Raya, en el que solicitamos la comparecencia de diversos funcionarios para que vengan a exponer a la Comisión Permanente lo relativo al avance de las investigaciones del lavado de dinero que originaron el proceso de disolución y liquidación de Ficrea.
Nuestro punto de acuerdo fue aprobado por esta soberanía, y el próximo viernes esta sesión con los funcionarios se llevará a cabo con el licenciado Jaime González Aguadé, el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el licenciado Alberto di Costanzo Armenta titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y el licenciado Alberto Bazbaz Sacal jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Las razones que dieron origen al proceso de disolución y liquidación de Ficrea son muy graves, porque se trata de un asunto que pone en jaque no sólo al sistema financiero de nuestro país, sino a las propias autoridades gubernamentales encargadas de prevenir que se cometan este tipo de delitos.
Por lo tanto, es importante saber quiénes están siendo investigados por la comisión de estos actos y cuáles serán las consecuencias penales en contra de quienes llevaron a la quiebra a esta sociedad financiera popular.
Las causas que originaron la quiebra de Ficrea se alojan en actos de negligencia de la Comisión Nacional Bancaria, ya que esta entidad no detectó a tiempo las irregularidades financieras en las que incurrió durante muchos años la sociedad financiera.
Adicionalmente, genera suspicacia el hecho de que en días previos a la intervención gerencial a Ficrea fueron extraídos más de 470 millones de pesos de la caja de Ficrea y Leadman and Trade, hecho que de acuerdo con grabaciones recientemente filtradas en medios de comunicación exhiben actos de corrupción en los que podrían estar involucrados funcionarios de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y de la Procuraduría General de la República.
Por todo lo anterior, hemos insistido en solicitar que se finquen cuanto antes responsabilidades en contra de quienes cometieron el fraude en contra Ficrea. Que se rastreen los recursos que se extrajeron de manera ilegal de las cuentas de esta sociedad financiera, así como de Leadman and Trade, para que con los recursos recuperados se pueda constituir un fondo de recuperación del dinero de ahorradores de Ficrea y de esta manera se garantice el pago del 100 por ciento de los recursos de los ahorradores.
El fraude millonario también alcanzó a los Tribunales Superiores de Justicia en el estado de Coahuila y del Distrito Federal, y el punto de acuerdo que nos ocupa en esta sesión es justamente para plantear un exhorto, tanto al Congreso del Estado de Coahuila, de Zaragoza, como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que soliciten a los Consejos de la Judicatura y a los Tribunales Superiores de Justicia información relativa a las inversiones efectuadas en la sociedad denominada Ficrea y que a su vez remita dicha información a esta soberanía.
En congruencia con nuestras posiciones y con nuestro interés porque se haga una investigación exhaustiva sobre este tema, nuestro parlamentario comparte el exhorto planteado por el Grupo Parlamentario del PRI para obtener información relativa a las inversiones efectuadas en la sociedad denominada Ficrea. Efectivamente, cuando se trata del ejercicio de recursos públicos obliga a quienes los ejercen a brindar al ciudadano las garantías de transparencia y rendición de cuentas. Éste es el principio del que ya hemos hablado, de máxima publicidad.
La máxima publicidad de la información que detentan las autoridades caracteriza la solidez del Estado democrático. Este derecho que poseen todas las personas permite que los ciudadanos evalúen a las autoridades y se alienta la participación consciente e informada de la población.
Por ello, no solo no nos oponemos a que la Asamblea Legislativa requiera de la información del tribunal sino es una exigencia legítima a toda autoridad por el simple ejercicio de recursos públicos. Ante ello estamos de acuerdo con esta propuesta.
La Presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el senador Javier Lozano Alarcón.
El senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, senadora presidenta. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional también está a favor de este punto de acuerdo, para solicitar la intervención del Congreso del Estado de Coahuila y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, porque queremos saber qué fue lo que llevó a la administración del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila y del Distrito Federal a meter su dinero, muchos millones de pesos, en esta sociedad financiera popular.
Y destaco su naturaleza jurídica porque sí nos tienen que explicar qué demonios andaban haciendo estos tribunales metiendo, en un caso, 120 millones de pesos, como el Tribunal de Justicia del Distrito Federal, y en el caso del Tribunal de Justicia de Coahuila cerca de 90 millones de pesos.
Y lo comento porque no solamente es imprudente. No solamente se trata de que un ahorrador fue sorprendido por un pillo, por un grupo de pillos que están siendo perseguidos por la justicia. Y qué bueno que vendrán, el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la Condusef y de la entidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda el próximo viernes a las 10 de la mañana para que nos expliquen qué fue lo que pasó. Cómo fue que habiendo detectado, desde el año antepasado, ciertas operaciones, habiendo intervenido con auditorías esta sociedad la dejaron crecer, que se duplicara la cartera, que crecieran esos ingresos y que se engañara a más ahorradores.
Yo estoy convencido de que de esa comparecencia, más allá de que rindan cuentas estos servidores públicos, vamos a poder salir con un buen acuerdo entre nosotros. Y un acuerdo que le dé salida al problema, particularmente a los miles de ahorradores o inversionistas que fueron defraudados y engañados por estos pillos y que mucho tendremos que hacer nosotros como Congreso de la Unión, porque tendremos, seguramente, que modificar, que reformar y adicionar la ley de la materia, a fin de que el seguro de depósito sea suficiente o por lo menos en la enorme mayoría de los casos sea suficiente para que los recursos que se puedan, o los bienes, los activos que se puedan rescatar de esta empresa o de este grupo de empresas, puedan liquidarse ágilmente y que sus recursos puedan destinarse también a resarcir el daño y perjuicio que se ha causado a los ahorradores y para prevenir casos futuros como el de Ficrea.
Pero con independencia de eso, sí tienen estos tribunales y sus respectivas administraciones que decir cómo es posible que contraviniendo el artículo 36 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular depositaron y confiaron más de 200 millones de pesos en Ficrea, porque Ficrea era una sociedad financiera popular del nivel de operación uno y para poder invertir estas cantidades por este tipo de inversionista se requiere tener nivel de operación tres o cuatro y autorización previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Así no solamente estamos hablando de una imprudencia sino quizás de una ilegalidad, de tal manera que por eso es que apoyamos este punto de acuerdo y también los invito a que estemos todos presentes a pesar de que será ante la Tercera Comisión de la Permanente esta presencia de los servidores públicos para el caso Ficrea, ojalá todos nos puedan acompañar para que primero se rindan cuentas, pero segundo podamos establecer un grupo de trabajo que nos permita encauzar esta problemática hacia una solución.
Creo que ayer tuvimos una buena reunión con el diputado Fernando Belaunzarán, con el senador Gerardo Flores, del Partido Verde y con el grupo, comité o comisión que representa a los ahorradores. Tengo confianza que podemos encontrar una solución, pero una cosa es encontrar una salida y otra cosa que esto quede impune. Es cuanto. Muchísimas gracias.
La Presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, señor senador.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Ahora tiene el uso de la palabra, la senadora Blanca Alcalá. Se supone que no estaba inscrita, pero ya se ha inscrito y ahora ya tiene el uso de la palabra la senadora Blanca Alcalá.
La senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, señor presidente. De manera oportuna durante su intervención fui inscrita para hacer uso de la palabra.
En el caso del Grupo Parlamentario del PRI, queremos insistir y nos complace que el resto de los grupos parlamentarios estén también apoyando la proposición la proposición que ha sido presentada por el señor diputado.
Sin duda, en nuestro caso, nos interesa por un lado el poder atender la faceta de los pequeños ahorradores, ahorradores que se multiplican en miles los que han sido defraudados a través de esta institución y por supuesto como hoy aquí se ha presentado también atender lo que ha ocurrido en el caso de las diversas instituciones que incluso de ninguna manera queremos que se sesgue por partido político porque lo mismo tenemos ejemplos del Distrito Federal, que de Oaxaca o de Coahuila y lo que nos interesa de sobremanera es que efectivamente se tenga claridad de cuáles fueron las razones para que se hicieran depósitos en instituciones de esa naturaleza y por supuesto que no se puedan volver a repetir.
Tiene razón el senador Lozano, y por parte del PRI estaremos atentos a que en este grupo de trabajo, más allá del grupo de trabajo de esta semana podamos iniciar la revisión que resulte pertinente para hacer las adecuaciones a que haya lugar. Ya en esta soberanía hicimos muchos aspectos en relación con la reforma financiera y sin embargo me parece que aún hay espacios que tenemos que corregir para evitar lo que hoy es motivo de nuestra discusión.
De tal suerte que aprecio mucho la intervención de quienes me han antecedido en el uso de la voz, pero sobre todo el poder concretar acciones específicas en esta materia. Muchas gracias.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias, senadora. Han solicitado también el uso de la palabra el senador Gerardo Flores del Partido Verde y también el senador Zamora del PRI. Si es tan amable, senador Flores.
El senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, vengo a expresar a esta tribuna nuestro acompañamiento al punto de acuerdo promovido por nuestros compañeros del Partido Revolucionario Institucional.
Desde luego que compartimos esta inquietud por conocer, o que se rinda información sobre el uso de los recursos invertidos en esta institución financiera que hoy lamentablemente está en problemas. Lamentablemente porque perjudica a miles de ahorradores.
En efecto, el marco legal que sustenta la actuación de las autoridades respecto a la supervisión de este tipo de instituciones financieras tiene que ser modificado, tiene que ser modificado también el marco legal que regula a estas instituciones financieras para que, en efecto, no se vuelva a repetir un hecho tan lamentable como éste que afecta a miles, sino es que millones de hogares de mexicanos que depositan sus recursos con la confianza de que estas instituciones no van a tener problemas.
Lamentablemente esto ya ocurrió y debemos corregir las deficiencias en el marco legal para que estas situaciones, en la medida de lo posible, no se vuelvan a presentar. Creo que podemos lograr en fechas próximas un buen acuerdo parlamentario para resolver estas deficiencias y poder darles incluso a los ahorradores de Ficrea una salida digna respecto a este problema en el que ellos no buscaron involucrarse. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, senador Flores. Senador Zamora, si es tan amable.
El senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, presidente. Solamente para contribuir con este tema que ha planteado el senador Lozano. Efectivamente, el recurso que se otorgar para los sistemas de justicia en las entidades federativas es un recurso público que va destinado a fortalecer el esquema de la administración pública en el ámbito de la justicia, y es un recurso muy necesario porque hace un par de años en el sistema nacional se tiene la obligación de fortalecer en el ámbito mercantil, el sistema de oralidad; y el dinero se requiere precisamente para la capacitación de los jueces, de los magistrados, para la impartición de justicia en esta materia.
Y por otro lado también, el recurso se está requiriendo para adoptar las modificaciones y la capacitación necesarios para los efectos precisamente de la adaptación al nuevo sistema de justicia penal en el ámbito de la oralidad.
Bajo esta premisa entendemos entonces que se invirtieron recursos económicos a través de un fideicomiso y en ese fideicomiso tiene un sentido más popular, creemos que debe –efectivamente– hacerse una revisión sobre este esquema.
Y para los efectos de la reunión del día de mañana a la que se está convocando –para el viernes– compartirles que para que tengamos certeza sobre la información, deberemos, esta soberanía, solicitar también la información correspondiente a los consejos de la judicatura de cada uno de los sistemas de justicia de cada una de las entidades que están inmersos en esta situación.
¿Por qué razón tendríamos que plantearnos esto al Consejo de la Judicatura? Porque los consejos de la judicatura de cada entidad federativa son los órganos de gobierno administrativo que toman las decisiones internas para la inversión de recursos y el gasto corriente, de tal manera que no solamente tendríamos que plantearlo a los supremos tribunales de justicia de las entidades que están inmersas en esto, sino también al Consejo de la Judicatura de cada una de estas entidades impartidoras de justicia.
Una vez que se tenga la información –por supuesto– el grupo parlamentario del PRI, como ya lo ha reiterado la senadora Blanca Alcalá, estamos completamente de acuerdo en hacer una revisión en este asunto, y por supuesto, por razones de justicia a los pequeños ahorradores también entendemos y esperemos que pronto tengan una solución. Es cuanto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor senador. No habiendo más oradores inscritos, consulte la secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición, en votación económica.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada la proposición, comuníquese. Gracias, secretario.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Antes de continuar con el siguiente orador, el siguiente punto, la siguiente proposición, voy a darle lectura a un acuerdo que me han entregado, firmado por diversos coordinadores parlamentarios y diversas legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión Permanente, relativo a un hecho que lamentamos y condenamos.
Se trata de las agresiones recurrentes de las que ha sido objeto el diputado Luis Espinosa Cházaro. Tengo una cronología de los acontecimientos desde el 13 de diciembre, uno de ellos, en donde el subdirector de Protección Civil de la Delegación Cuajimalpa agredió a golpes al asistente, al secretario particular del diputado Luis Espinosa Cházaro, el licenciado Álan Rodríguez.
El 2 de diciembre del 2013, durante su primer informe legislativo, ingresaron –y de ello soy testigo– muchas personas por la fuerza a las instalaciones donde se llevaba a cabo el acto del informe del diputado Luis Espinosa Cházaro, agrediendo a los asistentes con gritos de consignas. En ese hecho del que soy testigo porque estaba presente vi también la agresión de la que fue objeto una reportera del diario Milenio.
Por segunda ocasión, ayer martes 13 de enero, aproximadamente a las 18:30 horas, el diputado sufrió otra agresión, ahora con el uso de materiales explosivos, de cohetones particularmente, por parte de un grupo de colonos de la misma delegación. Desde luego, aparte de las explosiones –y por ahí andan circulando las imágenes–, golpearon la camioneta en la que viajaban él y sus auxiliares y quienes lo acompañaban, con palos, machetes y diversos objetos.
La agresión ha sido sistemática y recurrente. Quienes acompañamos al diputado Cházaro en su informe fuimos testigos y tuvimos que salir prácticamente a escondidas de ese lugar por la situación que se presentaba.
Por ello, esta Presidencia expresa una enérgica condena a esos hechos. Independientemente de militancias partidarias o pertenencia a un grupo parlamentario, como presidente de la Comisión Permanente y de la Cámara estoy obligado, me mandata la ley para ello, a proteger la integridad de las legisladoras y los legisladores integrantes de la misma.
No son hechos aislados, son hechos recurrentes de agresión física a personas cercanas al diputado como también de manera directa a él y a los vehículos de trabajo. Lo más grave de esto es que incluso el día de ayer, tengo información que se encontraba en un evento, una reunión, con la presencia de mujeres y niños, que un hecho de esta naturaleza puede desencadenar una desgracia mayor.
Por ello no podemos permitir que esto siga sucediendo, y menos –me parece– en la capital de la República que, para quienes no somos de aquí, vemos con simpatía que en materia de seguridad haya resultados importantes, pero esto no puede seguir sucediendo en la capital de la República ni en la delegación de Cuajimalpa.
Por ello, sólo doy lectura a la parte resolutiva del acuerdo que me han hecho llegar las distintas fracciones parlamentarias reiterando nuestra condena y la enérgica protesta por estos hechos que ya he comentado.
Leo solamente la parte resolutiva:
“Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente la serie de ataques contra el diputado federal Luis Espinosa Cházaro perpetrada por trabajadores de la delegación Cuajimalpa y solicita a las autoridades competentes del Distrito Federal para que inicie o continúe de inmediato una investigación a fondo y se consigne a los responsables materiales e intelectuales de estas agresiones.
“Segundo. Dado que el sujeto de la agresión es un legislador federal y que se utilizaron materiales explosivos, se solicita que la Procuraduría General de la República coadyuve en las investigaciones con las autoridades del Distrito Federal y se castigue a los responsables”.
Este es el resolutivo del punto que me han hecho llegar, que he dado lectura, y en consecuencia solicito a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica, si el referido punto se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: En votación económica se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Por lo tanto sí se considera de urgente resolución. Ruego entonces a la Secretaría que ponga a discusión el acuerdo. No tengo hasta ahora ninguna solicitud de oradores registrada.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Fernando Rodríguez Doval, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a derogar el decreto que otorga un predio a la Embajada de Azerbaiyán en México para albergar la estatua de Heydar Aliyev, suscrita por la diputada Adriana González Carrillo y por el propio diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario Del PAN.
El diputado Fernando Rodríguez Doval: Con su venia. Compañeros diputados y senadores, el 26 de agosto de 2011 el gobierno del Distrito Federal, representado por los entonces secretarios de Desarrollo Urbano, Felipe Leal, y de Medio Ambiente, Martha Delgado, celebró un convenio de colaboración con la República de Azerbaiyán, representada por su embajador en México, Ilgar Mukhtarov.
En dicho convenio, el gobierno de Azerbaiyán se comprometió a otorgar 65 millones de pesos al gobierno capitalino para la remodelación del Parque de la Amistad y de la Plaza Tlaxcoaque, en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Por su parte, el gobierno del Distrito Federal se comprometió a instalar una estatua de Heydar Aliyev, ex presidente del país asiático. Tras la suscripción del acuerdo referido varias voces de organizaciones civiles, académicos y escritores se alzaron en contra de la efigie de Aliyev, personaje polémico en la historia y reconocido dictador de la nación azerbaiyana.
El periodo de este personaje al frente del gobierno de la República de Azerbaiyán –que fue primero entre 1969 y 1982, y después hasta el año 2003, una vez que esta república se había independizado– fue un gobierno, un periodo de la historia que estuvo plagado de violaciones a los derechos humanos, particularmente de los opositores políticos.
También este periodo se caracterizó por un control apabullante de los medios de comunicación, una excesiva centralización del poder un riguroso dominio sobre el petróleo y otros sectores de la economía azerbaiyana como medio para sostenerse en el poder, lo cual fue denunciado por varias organizaciones internacionales, como la Organización Freedom House, que se encarga de analizar la calidad democrática, calificó las elecciones en Azerbaiyán como no libres o parcialmente libres. Eso que ya era el periodo democrático. Ya no estamos hablando del periodo de la dictadura comunista.
Ante la polémica desatada, el gobierno del Distrito Federal instaló un consejo consultivo que evaluara este asunto y emitiera recomendaciones para las autoridades del Distrito Federal. Dicho comité recomendó que la escultura no ocupara el lugar que el convenio establecía. No obstante y a pesar de las protestas, la estatua de Aliyev fue colocada en el Parque de la Amistad.
Al llegar el doctor Miguel Ángel Mancera a la jefatura de gobierno del Distrito Federal se ordenó la remoción de la estatua, pero desafortunadamente las intenciones de rendir un homenaje a un personaje opuesto a los valores democráticos y de respeto a las libertades no han cesado.
El 27 de agosto del año 2013 el gobierno del Distrito Federal adquirió una casa con un valor de 32 millones de pesos, en Paseo de la Reforma número 660, Colonia Lomas de Chapultepec, en la delegación Miguel Hidalgo, y esta vivienda pretende ser desincorporada y enajenada a favor de la República de Azerbaiyán, por conducto de su embajada en nuestro país, para que sea acondicionada como una casa de cultura y sea el albergue de la estatua de bronce de Heydar Aliyev.
El decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal por el que se anticipa la enajenación de la propiedad de mil 420 metros cuadrados de superficie, establece que ésta se hará bajo la modalidad de pago en especie, lo anterior significa que le vivienda será entregada a modo de contraprestación por las labores llevadas a cabo por Azerbaiyán en el Parque de la Amistad.
Compañeros diputados y senadores, resulta inadmisible que México, una nación comprometida con los valores democráticos y con el respeto irrestricto a los valores humanos, honre a un dictador a cambio de 65 millones de pesos. Recordemos que esa vivienda que ahora pretende ser donada para enaltecer la vida de un dictador, como lo fue Heydar Aliyev, fue adquirida por el gobierno del Distrito Federal con recursos provenientes de los contribuyentes, y por lo tanto someto a consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, a que derogue el decreto publicado el 8 de enero del año 2015, por el que el gobierno del Distrito Federal desincorpora de sus bienes el terreno de mil 400 metros cuadrados de Paseo de la Reforma 660, para su posterior enajenación a título oneroso, en la modalidad de pago en especie del predio señalado, a favor de la República de Azerbaiyán, para la instalación de la estatua del dictador Heydar Aliyev.
Este punto de acuerdo lo firma la diputada Adriana González Carrillo y un servidor. Es cuanto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Como lo ha solicitado el proponente, consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión como de urgente resolución.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia, sí se considera de urgente. Está a discusión la proposición. Me ha solicitado el uso de la palabra la diputada Jessica Salazar Trejo, de la fracción parlamentaria del PRD, para hablar en contra.
La diputada Jessica Salazar Trejo: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y legisladores, el anterior Gobierno de la Ciudad suscribió un convenio de colaboración con la República de Azerbaiyán, mediante que aquel país se comprometió a otorgar 65 millones de pesos al Gobierno del Distrito Federal para la remodelación del parque de La Amistad y de la plaza de Tlaxcoaque, instalando en el primero una estatua del ex presidente Heydar Aliyev.
Posteriormente, la estatua en comento fue retirada debida a la presión de vecinos y personalidades, ya que el ex presidente fue calificado de dictador y violador de los derechos humanos, no obstante el acuerdo ya se había suscrito y los 65 millones de pesos fueron recibidos y utilizados por la Ciudad de México para los fines acordados.
La remoción de la estatua provocó la molestia de la embajada de Azerbaiyán y por la vía judicial demandó el resarcimiento de los millones otorgados al Gobierno de la Ciudad.
Ante esto, el actual gobierno en funciones del Distrito Federal tomó la decisión de adquirir un inmueble en la avenida Paseo de la Reforma número 660, colonia Lomas de Chapultepec, con valor de 32 millones de pesos, para posteriormente desincorporarlo y enajenarlo a título oneroso en la modalidad de pago en especie a favor de la embajada de Azerbaiyán.
Tal operación quedó registrada en un decreto desincorporatorio publicado el 7 de enero de 2015 en la Gaceta Oficial del Diario de la Federación.
En tales circunstancias resulta totalmente improcedente el punto de acuerdo propuesto por el PAN. La operación y el decreto resultan legales y tiene como objeto fundamental el cumplimiento de una obligación civil adquirida con el gobierno de otro país, representado por su embajada en esta ciudad.
Pretender la revocación del decreto sin duda desacreditaría al Gobierno de la Ciudad y bien podría generar un grave incidente diplomático entre México y la República de Azerbaiyán, situación que no conviene ni ayuda a nadie y en lo que menos se quiere meter al país es en un conflicto diplomático. Muchísimas gracias, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputada. No habiendo más oradores en la lista, consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba.
El Secretario diputado Sergio Augusto Chan Lugo: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladores y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada la proposición. Comuníquese.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Trinidad Morales Vargas, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral y al Trife para que resuelvan las quejas presentadas por los partidos políticos en materia de propaganda y gastos electorales, suscritos por los diputados, además de Trinidad Morales Vargas, Agustín Miguel Alonso Raya y Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas: Gracias, compañero presidente. Con el permiso de la asamblea. El pasado día 10 de enero la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral decidió suspender la transmisión de un spot televisivo del Partido de la Revolución Democrática, en el que se hacía mención de la situación política del país y que contenían imágenes de diversos personajes que han sido influyentes en la vida pública mexicana, entre otros, el del periodista Joaquín López Dóriga.
El spot estaba diseñado siguiendo estrictamente los lineamientos que el Instituto Nacional Electoral aprobó para el efecto y siguiendo cada una de las especificaciones. Derivado de esta situación, el periodista mencionado inició una campaña de desprestigio de nuestro instituto político, violando con ello no sólo las disposiciones constitucionales relativas a la libertad de expresión, sino además violentando el derecho de réplica solicitado por dirigentes de nuestro partido en diversas ocasiones, con base en el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es por ello, que sostenemos que con la determinación de censurar el spot, en el que se alude directamente a varias administraciones y a uno de los poderes fácticos más poderosos del país en la Comisión de Quejas, el Instituto Nacional Electoral sienta un pésimo precedente y exhibe una posición parcial de dicha institución.
La decisión del Instituto de retirar un spot, con la opinión del PRD sobre la situación del país, vulnera la libertad de expresión y es un sometimiento ante el poderío de una empresa que históricamente ha socavado los derechos de información y comunicación de los mexicanos.
La aprobación expedita de este medio cautelar contrasta con el lento procedimiento que el INE dio a la petición de aprobar medidas cautelares para suspender la ilegal campaña del Partido Verde Ecologista Mexicano.
El retiro del spot del PRD viola lo establecido en el párrafo primero del artículo 7 de nuestro texto constitucional, que a la letra dice: “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio”.
No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares. De papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquier otro medio de tecnología de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.
Televisa y el periodista mencionado, quienes solicitaron censurar el spot del PRD, se muestran intolerantes ante la crítica y conculcan de manera sistemática el derecho de réplica de los ciudadanos y partidos ante señalamientos inexactos, tendenciosos y deformados en sus distintos espacios informativos.
Por lo anterior y con base en lo mencionado en los mecanismos de defensa que tenemos para hacer valer nuestros derechos, utilizaremos todos los recursos jurídicos que tengamos a nuestra disposición y resguardaremos los derechos que todas y todos los ciudadanos tienen para ejercer la libertad de expresión, el derecho a la información, a la réplica y a la celebración de elecciones libres y auténticas tal y como lo garantiza nuestra Constitución.
Es importante señalar que además de lo anteriormente expuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los partidos políticos en nuestro país son entidades de interés público y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática. Contribuir a la integración de los órganos de representación política. Y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal libre, secreto y directo. Así como en las reglas para garantizar la paridad entre los géneros a candidaturas a legisladores federales y locales.
De acuerdo con este fin, la libertad de expresión de los partidos políticos cobra especial relevancia, pues a través de su ejercicio les brindan información a los ciudadanos para que puedan participar en debate público, es decir, en la vida democrática.
Más aun, a través de la información que proveen contribuyen a que el ejercicio del voto sea libre y a que los ciudadanos cuenten con información necesaria para evaluar a sus representantes.
La importancia de proteger la libertad de expresión de los partidos políticos ha sido ya reconocida en los precedentes de esta Suprema Corte.
En efecto, la propaganda política o electoral que denigre las instituciones o los partidos políticos no ataque per se, la moral la vida privada o los derechos de terceros provoca algún delito o perturba el orden público.
Para poder determinar que sea éste el caso, es necesario analizar supuestos concretos de propaganda política o electoral, de lo contrario, es decir justificar la obligación de abstenerse de propaganda política o electoral que denigre las instituciones o partidos políticos, porque en algún caso futuro pueda llegar a incurrir en uno de los supuestos de restricción del artículo 6o. constitucional, sería tanto como censurar de manera previa la propaganda política o electoral.
Por lo anteriormente expuesto y basados en el compromiso por la construcción de una ciudadanía participativa real en México, así como por el fortalecimiento de los valores democráticos que nos permitan a todos y a todos gozar efectivamente de nuestros derechos, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente con el carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que con pleno respeto a su autonomía e independencia resuelvan de manera pronta y expedita las quejas interpuestas ante estas instancias por los diversos partidos políticos en materia de propaganda y gastos electorales.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a garantizar los principios electorales de libertad, imparcialidad, autenticidad y equidad en todas las fases de realización del próximo proceso comicial.
Solicito su apoyo para lograr la aprobación de la presente proposición en bien de la libertad de expresión. Muchas gracias y es cuanto, compañero presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Como lo ha solicitado el proponente, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, si se considera de urgente resolución y se admite a discusión de inmediato.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: En votación económica, se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladores y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia, no se considera de urgente resolución y se turna a la Primera Comisión de trabajo.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Economía para que informen sobre las acciones y estrategias que implementarán para detener la tendencia inflacionaria y amortiguar los posibles impactos negativos de la actividad económica nacional.
El senador David Monreal Ávila: Con el permiso de la Presidencia. El problema de recaudación fiscal no es nuevo. Desde ya varias décadas atrás, la carga tributaria se centró en los ingresos de Petróleos Mexicanos dando paso a beneficios fiscales, la evasión de impuestos y regímenes especiales para las grandes empresas, llenando este vacío tributario de recaudación por medio del ingreso petrolero y la recaudación fiscal de las clases medias y hasta en ciertos casos de los más desprotegidos.
Frente a este escenario y en el marco de la reforma energética impuesta desde la Presidencia de la República y aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2013, se propuso una reforma fiscal que subsanara los vacíos que dejaría la apertura del sector privado en materia de energéticos.
Es decir, ante el inminente vacío en la recaudación fiscal que se generará en las arcas del fisco mexicano, el gobierno federal y el Congreso de la Unión aprobó el desmesurado incremento en gravar diversos bienes y servicios que perjudicarían directamente a los bolsillos de todos los mexicanos. A pesar de ello el gobierno federal, a través del Servicio de Administración Tributaria, recaudó de enero a septiembre en el 2014, 117 mil 373.9 millones de pesos. Es el mayor ingreso que ha tenido el fisco en los últimos cinco años.
Sin embargo el panorama de las finanzas del país –a pesar de este ingreso, no es alentador– no es alentador, pues el Banco Mundial señaló que el crudo seguirá con precios bajos durante el 2015, lo que reflejará cambios importantes en el ingreso real de países exportadores e importadores de petróleo. Además no se puede dejar de observar la gravedad de la depreciación del peso frente al dólar.
Con el precio del petróleo por los suelos y, el dólar por las nubes, los mexicanos sienten incertidumbre. Al respecto el doctor en Economía Gerardo Esquivel Hernández, académico del Colegio de México, señaló que en términos estrictamente sicológicos podemos anticipar que una mayor volatilidad en el tipo de cambio la información del precio del petróleo y su impacto en las finanzas públicas, puede generar una mayor incertidumbre y los consumidores pueden ser cautelosos en el ejercicio de su gasto.
Por tal razón se puede afirmar que el gobierno federal es muy bueno para cobrar impuestos, pero muy malo para administrarlos en beneficio del pueblo de México. La administración federal no ha sido capaz de presentar una reforma hacendaria congruente que satisfaga los enormes cambios originados por la globalización, así como las demandas sociales, económicas, nacionales. Año tras año propone lo mismo: gravar más y crear nuevos impuestos.
Sin embargo estas reformas han provocado un estrangulamiento financiero para todo el país. Ante tal panorama el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, señaló que se recortaría el gasto antes que subir impuestos.
A simple vista esta decisión pareciera tener tintes electorales, pues es incongruente que en pleno año electoral se proponga reducir el gasto público.
Es innegable que en la vida política institucional existe gran dispendio de recursos públicos, excesivos salarios, prestaciones a la alta burocracia; por tal razón resulta siempre una bandera para impulsar una austeridad republicana. Es decir, reducir los salarios de los servidores públicos de altos mandos, eliminar bonos extraordinarios, y demás prestaciones superfluas y frívolas.
La inflación es un problema que aqueja de manera nacional a las familias mexicanas. Los salarios no aumentan en proporción con los precios de la canasta básica ni los precios de los hidrocarburos.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que al cierre del año 2014 el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró sólo incrementos, así como una tasa de inflación anual del 4.08 por ciento.
Evidentemente la presión no cesa y los escenarios no son los esperados. El problema está en que tampoco se ve una solución clara. Por tal razón las consecuencias en el incremento de los precios o bien la inflación provoca que México tenga un crecimiento menor, peor aún, vaya a caer en un estancamiento económico.
Claro es que los resultados que se han obtenido en cuanto a las altas tasas de inflación en México están totalmente relacionadas con el manejo irresponsable que actualmente se tiene de la hacienda pública.
Es evidente que el objetivo en el aumento fiscal no es precisamente en beneficio para todos, que los métodos hasta hoy llevados a cabo en las finanzas nacionales no han ido de acuerdo a las necesidades lógicas y la realidad de este país.
Por lo anterior, la conducción de la política monetaria requiere de una instrumentación responsable, de una política fiscal que intensifique la prevención del déficit económico y que a su vez se conduzca como política inclusiva que impulse el desarrollo social, político y económico del país.
Los datos advierten que, de no aplicarse una solución consciente, la inflación seguirá haciéndose presente en este año. Por lo tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de Economía deben de informar a esta soberanía cómo se va a contrarrestar el constante aumento inflacionario.
Derivado de lo anterior, someto a consideración de la honorable soberanía lo siguiente: Como único, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Economía para que rindan un informe detallado y pormenorizado a esta soberanía sobre, primero, las acciones y estrategias que implementarán en el presente año para detener la inflación y amortiguar posibles impactos negativos en la actividad económica del país.
Segundo. Cuáles serán las acciones y estrategias que implementen para estabilizar la política macroeconómica del país.
Tercero. Cómo la reforma fiscal o la miscelánea aprobada en el año 2013 han mejorado el crecimiento y la estabilidad de la economía nacional –es pregunta– y/o cuál ha sido el impacto y costo negativo y a qué sectores productivos ha afectado para poder tomar medidas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor senador. Túrnese la proposición a la Tercera Comisión de Trabajo.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado José Angelino Caamal Mena para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública dé a conocer la programación del plan integral para el diagnóstico, rediseño y fortalecimiento de las escuelas normales públicas. Está suscrito también por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con el permiso de la Presidencia y de todos los presentes. Uno de los retos que enfrenta nuestro país corresponde al ámbito educativo. Para procesarlo con convicción y decisión debemos abordarlo desde sus raíces, de manera integral. Con esa visión fue que en esta Legislatura se aprobó una reforma educativa para lograr una educación de calidad con equidad.
Son varios los factores que debemos atender, y uno de los principales sin duda es la modernización y fortalecimiento del sistema de las escuelas normales públicas. Estas escuelas concebidas como los espacios para la adquisición y desarrollo de conocimientos, competencias, capacidad reflexiva y habilidades profesionales para la formación integral requerida para el ejercicio docente, han sufrido significativos cambios que lo convirtieron en instituciones de educación superior con la intención de profesionalizar al magisterio.
Los hechos demuestran que dichos cambios no fueron los suficientes o no fueron los indicados para lograr el nivel que se necesita para poder brindar la educación de calidad a las niñas, niños y adolescentes.
Los resultados de los exámenes de oposición para el ingreso a la educación básica son muestra de que los avances logrados hasta la fecha en materia de formación inicial de maestros son a todas luces insuficientes.
El porcentaje de reprobación del 60 por ciento es responsabilidad de la autoridad educativa que no ha hecho lo necesario para preparar de manera adecuada a los estudiantes de las escuelas normales a fin de alcanzar el nivel de idoneidad que se requiere para poder acceder al servicio educativo como lo exige el artículo 3o constitucional y la Ley del Servicio Profesional Docente.
Debemos reconocer que los egresados de las normales públicas que presentaron el examen no cuentan con la formación inicial para poder insertarse en el sistema educativo. Esto se debe a que todavía no se cuenta con un modelo integral de las normales que permitan articular el perfil de egreso de este nivel educativo con los conocimientos que deben acreditar para su ingreso a la docencia en la educación básica, así también como el perfil de preparación que se espera tener de los alumnos que asisten a la escuela a tomar la educación.
A pesar de que el vigésimo segundo transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente establece que la Secretaría de Educación Pública debe dar a conocer lo antes posible el nuevo modelo de educación normal y hasta el momento, no se conoce nada de este tema.
Por ello, existe la necesidad de presentar este punto de acuerdo para que la Secretaría de Educación Pública dé a conocer públicamente la programación detallada del Plan Integral para el Diagnóstico, Diseño y Fortalecimiento de las Escuelas Normales Públicas, y establezca con claridad las fechas y términos para la presentación del nuevo modelo de educación normal que permitirá asegurar la calidad de la educación que imparta y la competencia académica de sus egresados, así como su congruencia con las necesidades del sistema educativo.
Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza elevar la calidad de la educación a través de la evaluación de los docentes obliga a la autoridad a reformar la formación inicial, reforzar las estrategias y procesos de formación continua y la profesionalización de los maestros y de las maestras de todo el país. Sin una adecuada formación inicial de los docentes la reforma educativa perderá su propósito fundamental de lograr una educación para todos los mexicanos.
Por las razones expuestas, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, solicito que se analice profundamente y se brinde el apoyo a este punto de acuerdo que seguramente será en beneficio de todo nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Caamal. Túrnese la proposición a la Segunda Comisión de trabajo.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a la situación de desigualdad que afronta nuestro país y las diversas acciones a realizar para atender las recomendaciones de la OCDE y del Coneval.
La senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Presidente, presentaré la que tiene que ver con exhorta al Gobierno de Tlaxcala a rendir un informe en materia de obra pública.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Me informa la proponente que cambia el título y la proposición. La que presentará la senadora Lorena Cuéllar Cisneros es relativa al punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Tlaxcala a rendir un informe en materia de obra pública. Tiene usted la palabra, senadora.
La senadora Lorena Cuéllar Cisneros: Gracias. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, por definición, la corrupción es el mal uso del poder para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente secreta y privada. La colusión es un tipo particular de corrupción que se caracteriza por ser la asociación delictiva que realizan servidores públicos con contratistas, proveedores y arrendadores, con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, a través de concursos amañados o adjudicaciones directas.
A este tipo de corrupción se le conoce como conflicto de interés y se da a muchos niveles. Como ejemplo tenemos el emblemático caso en el que recientemente se ha visto involucrado tanto la Presidencia de la República como el secretario de Hacienda, donde un corporativo que ha sido beneficiado con sustanciosos contratos de obra pública lleva a cabo una venta a nivel de particulares.
Para diversos especialistas es claro que existe un conflicto de interés, dado que por un lado un corporativo lleva a cabo contrato de compra-venta con un funcionario, por otro se ve favorecido en las contrataciones del gobierno federal. Y en este lamentable contexto vengo a plantearles el caso de mi estado, Tlaxcala, donde todo apunta a que están ocurriendo situaciones similares durante el actual gobierno.
Distintos reportes han mostrado que los contratos de obra pública que ha adjudicado el actual gobernador se han concertado en un grupo reducido de empresas creadas ex profeso en los inicios de 2011, es decir a inicio de su gestión. Las empresas más favorecidas por el gobernador actual son Grupo Constructor Engrane, cuya dirección es ocupada por la hija del actual titular de la Secretaría de Obras Públicas; Grupo Constructor Equipo Pesado y Trejo Mendoza y Asociados, propiedad de Miguel Ángel Trejo Mendoza, sobrino de la esposa del titular de dicha dependencia.
Lo anterior fue denunciado incluso por el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, quien le ha dado seguimiento a las empresas que han obtenido contratos durante la administración actual. Estas compañías se han beneficiado con adjudicaciones directas o ternas por invitación, es decir concursan y supuestamente todas ganan.
Con esto, en el mes de agosto pasado de 2014 los archivos de la Secretaría de Obras del estado ya registraban 16 contratos para el Grupo Constructor Engrane durante los años 2011, 2012 y 2013. Veamos si este tema los toca el gobernador en su cuarto informe de gobierno, que es precisamente hoy, porque seguramente dirá que se invirtieron 576 millones de pesos en construcción de recintos de seguridad pública, pero si eso se hizo a través de contratos amañados, entonces habrá que preguntarnos qué tan positivo viene siendo.
Ahora bien, tal parece que el problema no termina en las adjudicaciones, puesto que tenemos el caso en el que se pretende quitar el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura para convertirlo en un Sanborns. Estamos hablando de un edificio que data de 1939 y que ha sido parte de la identidad del estado, y donde se desarrollan actividades culturales para las y los tlaxcaltecas, muchos de los cuales dejarán de asistir por no contar con recursos para trasladarse hacia la nueva sede.
Este despojo no es más que otra muestra de la opacidad y discrecionalidad con que se ha venido manejando la gestión del gobierno estatal y de la rapaz tendencia neoliberal contra nuestros pueblos, y como diría Fray Beto, es capaz de mercantilizar hasta con nuestra imaginación.
Como siempre, la respuesta que se ha dado a la sociedad ante ambos casos ha sido el silencio absoluto. Ni el titular del Instituto de Cultura ni de la Secretaría de Obras se han pronunciado al respecto y ni qué decir del gobernador, que ya nos tiene acostumbrados a que nunca da la cara cuando se trata de rendir cuentas. La situación de estos contratos y obras es indignante y nos ponen alerta.
Tlaxcala es un estado con un índice de desarrollo humano de 0.723 puntos a nivel similar al de Belice y muy por debajo de la media nacional. En Tlaxcala el 40.8 por ciento de la población económicamente activa labora en la informalidad.
En otras palabras, somos un estado lleno de carencias y con un gobierno que sólo parece estar dedicado a generar obras públicas de manera irresponsable y a vender el patrimonio de nuestros ciudadanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora senadora. La proposición será turnada a la Tercera Comisión de Trabajo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto, compañeras y compañeros, es el relativo a las solicitudes de licencia de un grupo de diputadas y diputados, senadoras y senadores. Se recibieron solicitudes de licencia de los siguientes legisladores, diputados: Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Maricela Velázquez Sánchez, Marco Alonso Vela Reyes, Consuelo Argüelles Loya, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jorge Terán Juárez, José Everardo Nava Gómez, María Rebeca Terán Guevara, Oscar Bautista Villegas y Esther Angélica Martínez Cárdenas. Estas son las señoras y señores diputados que están solicitando se autorice su licencia.
De las senadoras y senadores son los siguientes: Socorro Sofío Ramírez Hernández, Jorge Emilio González Martínez, Ricardo Barroso Agramont y me llega una última de Isaías González Cuevas.
De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la solicitud.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: En votación económica se consulta a la asamblea si son de aprobarse. Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobados. Comuníquese a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, según corresponda.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es el relativo a la agenda política. Para hacer comentarios relativos a los actos terroristas acaecidos en la República Francesa.
Para hablar del tema harán uso de la palabra las distintas fracciones parlamentarias, y tiene la palabra la diputada Jessica Salazar Trejo, de la fracción parlamentaria del PRD, por tres minutos. No está la diputada Trejo, en su lugar hablará la diputada Aleida Alavez Ruiz, hasta por tres minutos.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. El Grupo Parlamentario del PRD condena enérgicamente el atentado terrorista cometido en París el pasado 7 de enero, en contra de los periodistas y caricaturistas del Semanario francés Charlie Hebdo y de las personas que junto con ellos fueron asesinadas por fundamentalistas.
Un hecho que debe ser repudiado por toda la comunidad internacional, ya que no solamente es un hecho aislado en el mundo y un ataque contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, que son derechos fundamentales de toda democracia constitucional.
Que más allá de una consideración maniquea, que la descalifique como un valor de la cultura occidental, se debe reconocer como un valor universal que protege a todos por igual, independientemente de sus creencias filosóficas, religiosas o políticas, toda vez que estos derechos fundamentales son valores inherentes a la condición humana y, por lo tanto, deben ser respetados, promovidos y protegidos en toda su extensión por la comunidad internacional, ya que sin ellos entonces, nos queda la barbarie, los fundamentalismos y la violencia, como la que se cometió en contra, no solamente del Semanario francés Charlie Hebdo y del pueblo francés, sino contra toda la humanidad.
Los ataques en contra de la libertad de expresión y la libertad de prensa en cualquier parte del mundo y en particular en México, adoptan diversas formas de represión que pretenden inhibir la libertad de pensamiento y la libre circulación de ideas y con ello la tolerancia, la diversidad y el Estado laico.
En nuestro país la violencia contra la prensa es cosa cotidiana, ya que en el año pasado se documentaron por la Organización Artículo 19, hasta finales de septiembre, más de 222 agresiones a la prensa mexicana, 94 fueron ataques físicos, 40 actos de intimidación, 37 amenazas, 23 detenciones arbitrarias, 3 asesinatos a periodistas y el ataque a las instalaciones de un medio de comunicación.
En octubre, una usuaria de redes en Tamaulipas, María del Rosario Fuentes y Atilano Román Tirado, comunero de Sinaloa, que tenía un programa de radio, fueron asesinados. O más recientemente, el caso de Moisés Sánchez Cerezo, periodista veracruzano que está en calidad de desaparecido, son solamente algunos casos emblemáticos que nos hieren profundamente en lo individual y en lo colectivo.
Todos los datos anteriores permiten contrastar que mientras se asesina en Francia a 20 personas, con motivo de la libertad de expresión, en México cotidianamente se asesina a periodistas por ejercer ese elemental derecho constitucional y humano, y el gobierno federal poco o nada ha hecho para salvaguardar la vida de nuestros comunicadores y enjuiciar a todos aquellos que atenten contra su ejercicio.
Hagámonos cargo que este ejercicio conlleva a dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información.
El presidente Enrique Peña Nieto envió a un alto funcionario de su gabinete a París, para que lo representará durante la enorme e histórica manifestación francesa. Pero estamos convencidos que contribuiría más en favor de la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información si la Procuraduría General de la República hiciera su trabajo más eficazmente y deteniendo y enjuiciando a los asesinos de los periodistas en México.
La impunidad es el peor mensaje que se le puede dar al crimen organizado y a los funcionarios corruptos, y con estas agresiones se priva a la sociedad de una fuente de información y provoca un efecto inhibidor en el trabajo de la prensa.
Según el artículo 19, México tiene uno de los peores records del mundo en homicidio a periodistas, lo que evidentemente quiere decir que la democracia es pobre en nuestro país. Pero también la censura es una forma de represión.
El pasado 10 de enero la Comisión de Quejas del INE tomó la decisión arbitraria de suspender la transmisión de un spot del PRD, en el que hace mención de la situación política del país y en el que incluían una serie de elementos visuales de personajes de la vida pública de nuestro país, como Gustavo Díaz Ordaz, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, así como del periodista Joaquín López Dóriga.
Nosotros sostenemos que esta decisión de retirar el spot que muestra al pueblo de México nuestra visión de la situación del país vulnera la libertad de expresión y demuestra el sometimiento del INE a los intereses de una sola persona, que es un poder fáctico que se ha caracterizado a lo largo de su existencia por la violación reiterada de los derechos a la información, la libertad de pensamiento y la tolerancia hacia otras expresiones de pensamiento.
Esta decisión, rapidísima por cierto, pone en estado de sospecha al propio Instituto Nacional Electoral que resolvió las medidas cautelares a velocidad de meteoro, como pocas veces se ha visto contrasta con la parcialidad y lentitud con la que resolvió el asunto de imponer medidas cautelares para suspender la ilegal campaña del Partido Verde Ecologista de México en medios de comunicación y en las salas de cine del país, gastando recursos de procedencia desconocida y presumiblemente ilegal.
En México no se puede dar marcha atrás en el respeto de los derechos fundamentales, sería tanto como traicionar nuestras legítimas aspiraciones democráticas. El PRD no puede estar dando crédito ni dejando en la omisión estas acciones y por eso el enfrentar junto con quien en el mundo enfrenta los ataques a la libertad de expresión va a ser nuestra tarea cotidiana.
Lamentamos mucho que haya cierta solidaridad, llamados internacionales, cuando en la casa, en nuestro país, en lo que nos toca garantizar como Estado mexicano no se ha hecho lo propio y los periodistas viven una lamentable amenaza en el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada Alavez Ruiz.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra, el diputado José Angelino Caamal Mena, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, por tres minutos.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con el permiso de todos los presentes y de la Presidencia. Hace exactamente una semana que nos enteramos de los acontecimientos trágicos ocurridos en París, al ser atacada la sede de la revista de sátira Charlie Hebdo, en el que perdieron la vida escritores, caricaturistas y un oficial de policía, entre otros. Nuestros pensamientos están con ellos y sus familiares.
Como defensores de la libertad de expresión nos sentimos dolidos, agraviados en lo más profundo, ya que reconocemos que ésta constituye un derecho fundamental cuya única limitante es el respeto de la dignidad de las personas.
En Nueva Alianza consideramos que la libertad de expresión es un fundamento de la democracia y que es precisamente mediante la crítica, el discernimiento, la diversidad de opiniones, la tolerancia y el respeto de las mismas como se puede construir una sociedad bien informada que es su derecho.
La ignorancia y la censura son los mayores peligros que enfrenta un régimen democrático, porque socavan los principios torales del mismo como lo son el diálogo, la diversidad y el respeto de las ideas.
Los fundamentalismos y extremismos de todo tipo, ya sean religiosos, políticos o raciales, sólo conducen a regímenes autoritarios. La historia nos ha demostrado los excesos a los que puede llegar el ser humano mediante el discurso de la intolerancia y la imposición de censuras a los medios de comunicación.
Queremos ser enfáticos en nuestro rechazo a cualquier forma de violencia, pero igualmente instamos a que los medios de comunicación –desde luego— se conduzcan igual de manera responsable y que no inciten a la división ni a la agresión de ningún tipo. Es decir, en un trabajo de corresponsabilidad podemos construir un México con unidad como lo estamos intentando, pero cabe hacer este comentario por lo vivido en nuestra hermana nación de Francia.
Todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión y visión del mundo. A criticar y cuestionar tanto a gobiernos como instituciones. En eso radica el poder de la democracia. Sin libertad de expresión los regímenes democráticos fracasarían definitivamente, pero es indispensable que la ética sea el eje rector de los medios de comunicación y de este modo puedan contribuir a que exista un debate público, informado y alejado de posturas radicales que sólo conducen a la violencia.
En Nueva Alianza defenderemos siempre la libertad de expresión y por esa razón nos sumamos a los comentarios, a las reflexiones y esperemos que las acciones que se lleven a cabo en nuestro país hermano, también sean un llamado de atención para México y abordemos este tema con toda responsabilidad en nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Caamal Mena.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente. El atentado terrorista perpetrado por miembros de Al Qaeda contra la Revista satírica Charlie Hebdo el pasado 7 de enero en la ciudad parisina, es sin duda alguna un acto reprobable de expresión. Fue coartar la libertad de expresión de aquéllos que se dedican a la difusión de la información.
Vivimos en un país en el que sabemos los riesgos de ser reportero. Los peligros que corren aquéllos que opinan distinto al gobierno en turno o a las políticas que se aplican. La diferencia es que la masacre de Charlie Hebdo la llevaron a cabo fanáticos extremistas, religiosos y nada tuvo que ver el gobierno francés.
De acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del año 2000 a la fecha en México han sido asesinados 97 periodistas. Aunado a lo anterior, de 2005 a la fecha 22 comunicadores se encuentran desaparecidos, y desde 2006 se han reportado 42 atentados contra instalaciones de medios de comunicación.
En Movimiento Ciudadano nos pronunciamos solidarios, dolidos e indignados ante la atrocidad de Charlie Hebdo, y en ese mismo sentido debemos preocuparnos por lo que ocurre en nuestro país.
El atentado contra la revista satírica no debió ocurrir, como no debió ocurrir ningún asesinato ni desaparición en contra de nuestros periodistas connacionales en vísperas de la globalización, la revolución de las redes sociales y la evolución natural de la democratización de los medios de comunicación.
La diferencia es que el gobierno de Francois Hollande tardó siete horas en identificar y localizar a los asesinos, mientras que en nuestro país todos los casos que mencioné se mantienen en la impunidad, sin identificación ni castigo a los responsables.
Si venimos a esta tribuna a reconocer y defender la libertad de expresión de Charlie Hebdo, empecemos por hacerlo por los periodistas de nuestro país, por la protección a su trabajo, a su integridad y a la libertad de expresión.
Con un profundo dolor lamentamos lo que ocurrió en Francia. La información no debe ser utilizada como una declaración de guerra. Es lamentable que se utilice el uso de la violencia como instrumento de defensa de cualquier creencia, ya que el fanatismo ciego sólo genera más intolerancia.
Dicho lo anterior, ante esta tragedia, no debemos callar la violación sistematizada de la libertad y los derechos humanos en México, sino fortalecer la garantía a nuestros derechos para poder regocijarnos de una democracia consolidada y paz en nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada Nelly del Carmen.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra el senador Juan Gerardo Flores Ramírez, de la fracción parlamentaria del Partido Verde.
El senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Con su venia, señor presidente. Trataré de ser breve. Se trata de un hecho verdaderamente lamentable el que nos trae a esta tribuna, que es la condena de los actos terroristas acontecidos en territorio francés la semana pasada.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde desde luego se solidariza con las familias de las 17 víctimas acaecidas como resultado de esos atroces actos terroristas.
Por lo mismo, nos solidarizamos con el pueblo francés, pero también con el pueblo judío porque se encuentran como víctimas de estos actos cuatro ciudadanos de origen judío que hoy han sido enterrados en territorio israelí.
Es importante resaltar esto porque no podemos pasar por alto que en un ataque subsecuente de este grupo extremista hayan elegido un local comercial donde se reunía ciudadanía de origen judío; se trata, sin duda, de un problema añejo, milenario y no podemos darnos el lujo, como humanidad, de que vuelva a recrudecerse en perjuicio de la convivencia sana a nivel internacional.
Estamos en contra del extremismo, desde luego, sobre todo aquél que atenta contra el derecho fundamental de cualquier ser humano, que es el derecho a la vida.
Hoy lamentablemente el mundo se está volviendo a polarizar, sobre todo hoy miércoles con la publicación del nuevo número de esta revista Charlie Hebdo, que está causando una reacción negativa en los países de origen islámico que, con el pretexto de proteger la dignidad de la religión que profesan, están censurando, están coartando la libertad de información de las personas que quieren, por ejemplo, tener acceso en internet a este contenido en Turquía. En Irán también está habiendo reacciones negativas.
Tenemos que ser cuidadosos. Lamentamos que haya habido un atentado contra la libertad de expresión en suelo francés; sin embargo, este lamentable hecho nos llama a la reflexión de que el derecho de la libertad de expresión también debe ejercerse de manera responsable.
Condenamos los ataques en territorio francés, lamentamos que 17 ciudadanos hayan perdido la vida como resultado de estos atroces hechos y lamentamos también, como Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, que se haga uso de esta tribuna, cuando estamos hablando de este lamentable hecho, para venir a señalar cuestiones de índole doméstica, de índole partidista, de índole electoral. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor senador. Tiene ahora la palabra el senador Juan Carlos Romero Hicks, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.
El senador Juan Carlos Romero Hicks: Con permiso de la Presidencia. Distinguidos legisladores, la libertad de expresión se inscribe como uno de los derechos humanos fundamentales reconocido como un principio sagrado e intangible. Este derecho en esencia garantiza la promoción y salvaguarda de los valores democráticos; es decir, la esencia misma del estado de Derecho.
Asimismo se inscribe como un bastión de la pluralidad de ideas y opiniones, mismas que resultan la piedra angular de la construcción del conocimiento a favor del entendimiento, del bien común y del desarrollo de las sociedades al amparo de la tolerancia.
No obstante, a la importancia que representa este derecho humano, el radicalismo representa un obstáculo considerable a favor del entendimiento mutuo que impide el correcto ejercicio del mismo, vulnerando con ello, así como atentar en contra de la libertad.
El pasado 7 de enero se llevó a cabo el peor atentado terrorista en Francia de las últimas cuatro décadas, con los hermanos Cherif y Said Kouachi de 32 y 34 años respectivamente, armados con fusiles automáticos AK-47, conocidos popularmente como Kaláshnikov, asesinaron a 11 personas, un policía, ocho empleados, un invitado y a un empleado de mantenimiento del semanario satírico Charlie Hebdo mientras celebraba la reunión de portada del mismo. Posteriormente, los terroristas abandonaron la sede del semanario al grito de “vengamos al profeta y Alá es grande”.
Actualmente este reprobable hecho y sus consecuencias han dejado un saldo de cerca de 20 muertos y al menos 12 heridos, cinco de ellos de gravedad.
Posteriormente, de acuerdo a distintos medios internacionales, centenares de personas abarataron la plaza cercana a la sede de la publicación satírica para rendir homenaje a los fallecidos y apoyar la libertad de expresión.
La protesta se replicó a lo largo del país donde más de 100 mil personas se reunieron en diversas ciudades exhibiendo carteles y pegatinas con el lema de “Je suis Charlie”, “Yo soy Charlie”, que también se convierte en un fenómeno de internet.
Asimismo, el pasado domingo 11 de enero, al menos 3.7 millones de franceses salieron a las calles de todo el país para rechazar la intimidación del terrorismo tras la matanza de la redacción de Charlie Hebdo, el supermercado judío, encabezado por el presidente francés acompañado por 50 líderes de Europa y del resto del mundo dijeron con tristeza y determinación la misma expresión “Yo soy Charlie”.
Otras capitales del mundo hicieron eco a la solidaridad con Francia. Decenas de miles de personas se manifestaron en numerosas ciudades de Europa como Madrid, Bruselas, Berlín y algunos centenares en embajadas de Francia en Buenos Aires y Caracas, entre otros lugares.
Por su parte, el gobierno de México manifestó su más enérgica condena, atentado perpetrado en contra del semanario y en un comunicado a la cancillería señaló que México reitera el rechazo al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, así como solidaridad con el pueblo francés.
Ante este panorama conviene también una reflexión y reconocer que en nuestro país tenemos algunos aspectos que son domésticos y que también tienen que ser atendidos. México envió al señor subsecretario Carlos de Icaza a expresar al Palacio de Elíseo el mensaje de apoyo al mandatario francés Francois Hollande a nombre del presidente Enrique Peña Nieto.
México hoy se encuentra conmocionado y dolido por estas condiciones y al mismo tiempo tenemos pendientes en violaciones de derechos humanos. El 28 de enero tendremos aquí la presencia del ombudsman, quien dará un recuento y un balance de cómo está la circunstancia en el país.
Y cabe mencionar que en el país también surgen preocupaciones, preocupaciones de libertad de expresión como un valor vigente en donde el gobierno, sea el local o el gobierno nacional, en algunos casos tenemos pendientes de periodistas que han sido asesinados o censurados, reporteros cuyas plumas han sido limitadas y, hoy, los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, y de otros, simplemente tenemos que recordar que siguen pendientes.
Urge que opere el Estado de derecho. En Acción Nacional hemos impulsado la libertad de expresión y los derechos humanos desde la fundación en 1939, conocemos las caras de las víctimas, porque también lo hemos sido, y por ello no sólo hemos condenado los ataques a la libertad, sino que hemos consolidado marcos jurídicos necesarios para hacer un país donde se respeten y se promuevan los derechos y las libertades.
El llamado desde Francia ha hecho eco en todo el mundo y des de esta tribuna nos sumamos a la voz que exige libertad y respeto a los derechos humanos de los franceses, los periodistas y de todos los mexicanos que día con día enfrentan atropellos y abusos desde el poder. No puede existir condena internacional alguna si no empezamos por exigir en casa las mismas injusticias que padecen en ocasiones otros países. Es cuanto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor senador Romero Hicks.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra el senador Ricardo Urzúa Rivera, de la fracción parlamentaria del PRI.
El senador Ricardo Urzúa Rivera: Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras, para todo demócrata es un deber condenar enérgicamente los atentados ocurridos en Francia la semana pasada, en los que murieron 12 personas y más de una docena resultaron heridas en el ataque del semanario Charlie Hebdo. Lamentablemente cuatro personas más fallecieron en un acto violento posterior en el interior de una tienda de conveniencia expendedora de artículos Kosher de la capital francesa.
En el marco de las atribuciones del Senado de la República es menester expresar nuestra solidaridad con los habitantes de Francia y señalar nuestro compromiso permanente con un derecho fundamental, la libertad de expresión.
Desde el Senado refrendamos la postura del gobierno de la república emitida a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para expresar las más sentidas condolencias con los deudos y rechazar enérgicamente los actos violentos perpetrados en contra de quienes tienen una de las tareas más importantes de la democracia; informar.
El gobierno de México ha sido y será consistente con su postura a favor de la paz y el diálogo para desahogar todo tipo de diferencias, instrumentos irrenunciables para alcanzar consensos en los esquemas de libertad, respetuosos de los derechos civiles, políticos y sociales.
Para la democracia de México no existe espacio para los actos terroristas y ninguna otra forma de expresión violenta, pues no sólo lastima la vida de inocentes sino lacera el tejido social y lesiona las instancias pacíficas y legítimas para expresar las diversas opiniones propias de las sociedades post modernas y liberales.
El acto terrorista del que fue víctima Francia no es contra un país; ataca y ofende a todas las democracias y a quienes creemos en la pluralidad de ideas y en la tolerancia y en el respeto. Una característica muy importante de los derechos humanos en el mundo contemporáneo es su progreso, estamos en un momento en el que hemos transitado en la defensa de los derechos de los individuos hacia otros en carácter colectivo, donde la diversidad de pensamientos es una virtud y nunca un defecto.
Con todo evento negativo debemos hacer un análisis y reflexión sobre la lección de lo ocurrido. Eso demuestra que las sociedades contemporáneas tenemos que esforzarnos por expandir los valores y los principios de libertad.
Como lo expuso el presidente Francois Hollande, París fue la capital del mundo durante la jornada en que millones de personas salieron a las calles de la ciudad en una marcha histórica, encabezada por diversos líderes mundiales.
Compañeras y compañeros legisladores, acontecimientos como los ocurridos la semana pasada en Francia son actos que marcan la historia no sólo de un país, sino del mundo. Esos vergonzosos actos para la humanidad quedarán en los libros y sentarán precedentes para la toma de decisiones futuras en la búsqueda de promover una convivencia pacífica entre razas, etnias, culturas y religiones.
El Grupo Parlamentario del PRI consideramos de mayor importancia manifestar nuestra solidaridad con el pueblo y el gobierno de Francia y particularmente expresar nuestras condolencias a las familias de las víctimas. Es cuanto, señor presidente. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor senador Ricardo Urzúa. Esta Presidencia informa que se ha agotado la ronda de oradores de las distintas fracciones parlamentarias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En el siguiente punto hemos recibido de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, una solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores, que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Remítase a la Cámara de Senadores.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se informa a la asamblea que las iniciativas y proposiciones que no fueron presentadas en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, salvo aquellas que los grupos parlamentarios anuncien a la Secretaría se difieran para otra sesión.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (14:41 horas): Se han agotado los asuntos del orden del día. Por lo tanto se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 21 de enero de 2015, a las 11 horas.
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