Comunicaciones oficiales
Dictámenes a discusión
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación de los artículos 73 y 117, en sus términos
Dictámenes en sentido negativo
Posicionamiento relativo al aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917
Francisco Alfonso Durazo Montaño, Morena
Luis Antonio González Roldán, PNA
Magdalena del Socorro Núñez Monreal, PT
Zuleyma Huidobro González, PMC
Felipe Arturo Camarena García, PVEM
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 259 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (11:22 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría de igual manera consulte a la asamblea si se dispensa la lectura del acta, considerando que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. ¿Con qué objeto, señora diputada?
La diputada Sonia Rincón Chanona (desde la curul): Quisiera hacer uso de la palabra.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Después del acta. Por favor, continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la Secretaría.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame, secretaria. Diputada Sonia Rincón Chanona, ¿con qué objeto?
La diputada Sonia Rincón Chanona (desde la curul): Gracias, señor presidente. Quiero referirme a los hechos de violencia ocurridos el día de ayer en la ciudad de Oaxaca, en un enfrentamiento de maestros, en la cual agreden a los maestros de la 59, que siempre han estado trabajando en sus aulas.
A nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza condenamos cualquier manifestación de violencia, ya que no existe justificación alguna para agredir a las personas por su manera de pensar o de actuar.
Exigimos a las autoridades correspondientes, locales y federales, actuar con estricto apego a derecho para impedir que siga prevaleciendo este clima de caos y violencia en ese estado de la república.
Y rechazamos, señor presidente, de manera categórica, que quienes exigen el respeto a sus derechos y libertades políticas incidan en los hechos el derecho a la educación de millones de niñas y niños y adolescentes que a la menor justificación los dejan sin clases, o pretenden coartar con agresiones directas la libertad de las y los oaxaqueños a la libre asociación política y sindical. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por hechas las manifestaciones, ciudadana diputada, y en antecedentes del Diario de los Debates.
La diputada Josefina Salinas Pérez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Josefina Salinas. Sonido en la curul de la diputada Salinas, por favor.
La diputada Josefina Salinas Pérez (desde la curul): Sí, muchas gracias. Señor presidente, mi intervención va en el sentido para solicitar su amabilidad y de la asamblea, para que obsequiemos un minuto de silencio en memoria de la enfermera Mónica Orta Ramírez y los demás que lamentablemente fallecieron en el accidente del 29 de enero, del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.
El pasado martes 3 de febrero, como resultado de las lesiones que sufrió durante este lamentable accidente, Mónica, una enfermera honorable, que vivía en el municipio de Tlalnepantla, estado de México, y de quien es obligado mencionar que además de excelente profesionista era una amorosa madre a quien le sobreviven tres hijos. Jael Mendoza Orta de 8 años, Alexis Mendoza Orta de 7 años, Iker Mendoza Orta de 1 año y seis meses de edad, a quien cabe mencionar, esperamos que se garanticen cuando menos los medios necesarios para que tengan un futuro lo más apegado a lo que ella hubiese deseado. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Salinas. Honorable asamblea, esta Presidencia en funciones obsequiará la petición de la diputada Salinas, en términos de decretar un minuto de silencio en mérito de las personas que usted nos ha señalado en los hechos lamentables ocurridos en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, Distrito Federal.
Sin embargo, le ruego su comprensión solamente para escuchar al diputado Eloy Martínez y a don Fernando Belaunzarán e inmediatamente procedemos al minuto de silencio. Gracias. Diputado Eloy Martínez.
El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (desde la curul): Gracias, presidente. Pues lamentablemente también, creo que se tendría que guardar un minuto de silencio para el compañero Alejandro Gustavo Salgado, era dirigente del Frente Popular Revolucionario en el estado de Morales y cuyo cuerpo fue encontrado el día de ayer, decapitado allá en Morelos. Lo cual nos resulta a nosotros bastante preocupante, porque el compañero, un joven además de 32 años que se había distinguido en la lucha, en la organización, en la defensa de otra masacre terrible de Ayotzinapa. No es posible que en este país sigan ocurriendo estas muertes en medio de otra tragedia.
Por eso hacemos un llamado al gobernador del estado de Morelos, a Graco Ramírez Garrido Abreu, para que garantice la seguridad de todos aquellos que están inconformes con las investigaciones en el tema de Ayotzinapa. El compañero Alejandro Gustavo también defendía algunos asuntos en Guerrero, de campesinos.
El llamado también lo extendemos al Presidente Enrique Peña Nieto, para que cesen el hostigamiento, que no haya una muerte más relacionada con el tema de Ayotzinapa, que de por sí es un capítulo bastante doloroso para este país. Una cicatriz que con estos hechos lamentables, con la muerte de Alejandro Gustavo Salgado, no vemos cómo vaya a cerrar. Si queremos que este país de verdad salga delante de este tema, pues se tiene que aclarar muy bien el asunto de Ayotzinapa y respetar las posiciones de inconformidad, como lo fue la de Alejandro Gustavo Salgado, para la cual también creo que sería este minuto de silencio del Frente Popular Revolucionario. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por hechas sus manifestaciones, señor diputado, también se incorporan al Diario de los Debates y se hace extensivo el minuto de duelo.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Fernando Belaunzarán.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Gracias, presidente. Hace un par de días el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo importantes anuncios sobre el combate a la corrupción. Hay una parte polémica, por supuesto lo seguimos en los medios, de quién va a investigar, eso es polémico. Hay quienes pensamos que debiera ser una investigación independiente. Hay otros que piensan que es correcto que lo haga el nuevo titular de la Función Pública.
Pero al margen de eso, que es una polémica que ya en su momento daremos porque por supuesto que nos atañe también como Poder Legislativo, me parece que hay un punto de consenso. El presidente llama a funcionarios de su gobierno a presentar una declaración que él le llama conflicto de intereses. Por supuesto creo que es un llamado que apoyamos y que vemos con buenos ojos, pero me parece que debiéramos avanzar en esta Cámara en legislar en la materia.
Hay una iniciativa ya en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que presentó un servidor precisamente para hacer obligatoria de la declaración de intereses, al igual que la declaración patrimonial.
Simplemente exhortar a todos mis compañeros y por supuesto a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la que yo formo parte para que podamos dictaminar y que no sea un asunto de voluntad, sino que sea legalmente una obligación presentar esta declaración de intereses. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado. Queda en antecedentes su exhortativa, su dicho. Cerramos este apartado con el uso de la palabra del diputado Nájera Medina.
El diputado Víctor Reymundo Nájera Medina (desde la curul): Gracias, presidente. Igualmente para sumarme a la indignación ocurrida en mi distrito electoral con el asesinato, con la ejecución del compañero Alejandro Gustavo Delgado Salgado, joven activista, defensor de los derechos humanos en esta región del estado de Morelos, que seguramente por la incomodidad que representaba para el gobierno municipal, para el gobierno local y el gobierno federal, recurrieron una vez más al sello que caracteriza a este gobierno represor: la ejecución y el asesinato.
Por lo que pido se esclarezcan las causas y se señalen con precisión los culpables involucrados en este asesinato. Gracias –presidente– por darme la oportunidad.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Nájera Medina; quedan también en antecedentes sus manifestaciones.
Esta Mesa Directiva hace suya la petición –y la obsequia– de la diputada Josefina Salinas, a fin de declarar un minuto de silencio en mérito –y además con nuestra solidaridad– al actuar heroico de la enfermera Mónica Horta Ramírez, en los hechos acaecidos el día 29 de enero retro-próximo en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, y los decesos derivados de los propios hechos.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Con nuestra solidaridad a todos los dolientes.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política en relación a los cambios de juntas directivas e integrantes de comisiones ordinarias especiales y grupos de amistad que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación) Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobadas, comuníquense. Continúe.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se recibieron los siguientes oficios.
Del diputado David Pérez Tejada Padilla, por el que solicita que se retiren de los registros de la Comisión de Defensa Nacional la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, presentada el 28 de enero de 2015.
Del diputado Trinidad Morales Vargas, por el que se solicita que se retiren de los registros de las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público la iniciativa con proyecto de decreto que expide una nueva Ley Minera y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada el 23 de septiembre de 2014.
Del diputado José Luis Muñoz Soria, por el que se solicita que se retire de los registros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 36 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, presentados el 30 de octubre de 2014.
De la diputada Elena Tapia Fonllem, por el que se solicita que se retiren de los registros de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Igualdad de Género la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley General de Servicios Profesionales Docente, de la Ley General de Salud, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada el 2 de octubre de 2014.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se recibió oficio del Instituto Nacional de las Mujeres, con el que remite el informe de resultados, así como los avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, con los anexos respectivos, al cuarto trimestre de 2014.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a las Comisiones de Igualdad de Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Oficio de la Secretaría de Salud, con el que remite el informe anual de resultados del Sistema de Protección Social en Salud correspondiente a 2014.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a la Comisión de Salud y a la Comisión Especial de Programas Sociales, para su conocimiento. Continúe, ciudadana secretaria.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se recibieron dos oficios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con los que remite el cuarto informe trimestral de actividades relativo a 2014 y el programa anual de trabajo para 2015.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento. Adelante.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Oficio de la Secretaría de Educación Pública, con los que remite en alcance:
La información correspondiente al destino de los recursos federales que reciben las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, proporcionada al cuarto trimestre del ejercicio de 2014, de la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar.
La información correspondiente a los organismos descentralizados, Colegios de Bachilleres, Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos e Institutos de Capacitación para el Trabajo, para el cuarto trimestre del ejercicio de 2014, ambos de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el listado de cuestionamientos elaborado por el Comité sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, de los cuales algunos se han identificado dentro de la competencia del Poder Legislativo.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítase a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su atención. Adelante.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Remítanse a los promoventes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el que comunica la integración de la mesa directiva, que conducirá los trabajos del Canal del Congreso a partir del 21 de enero de 2015.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Comuníquese.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió oficio del diputado Manuel Añorve Baños, por el que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Comuníquese. Continúe.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Solicitud de licencia de los diputados José Enrique Reina Lizárraga; Miguel Ángel Aguayo López; Cuauhtémoc Galindo Delgado; Máximo Othón Zayas y Damián Zepeda Vidales. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En términos de lo solicitado, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobadas. Comuníquense.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se encuentran a las puertas de este recinto las ciudadanas y los ciudadanos Alberto Leónides Escamilla Cerón, Gloria María del Carmen Valencia González y Celestino Manuel Alonso Álvarez, diputados federales electos en el Quinto y Séptimo distritos electorales de los estados de Yucatán y de México, y de la Tercera Circunscripción Plurinominal, y los diputados Jorge Alfredo Pérez Covarrubias y Jorge Luis Contreras Rojas, diputados federales electos en los distritos quinto y sexto del estado de San Luis Potosí.
Se designan en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a los siguientes diputados y señoras diputadas: Diputada Irazema González Martínez Olivares, diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, diputado Joaquín Navarrete Contreras, diputado Marino Miranda Salgado, diputada Rosa Elba Pérez Hernández, diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo y diputada Cristina Olvera Barrios.
Les ruego cumplan con su encomienda.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se invita a los presentes ponerse de pie.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ciudadanos Alberto Leónides Escamilla Cerón, Gloria María del Carmen Valencia González, Celestino Manuel Alonso Álvarez, Jorge Alfredo Pérez Covarrubias y Jorge Luis Contreras Rojas, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputados que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Los ciudadanos Alberto Leónides Escamilla Cerón, Gloria María del Carmen Valencia González, Celestino Manuel Alonso Álvarez, Jorge Alfredo Pérez Covarrubias y Jorge Luis Contreras Rojas: Sí protesto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Felicidades y bienvenidos.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría con declaratorias de publicidad.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules los siguientes dictámenes.
De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 9o., y se adiciona una fracción XII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
De la Comisión de Población, con proyecto de decreto que reforma el artículo 112 de la Ley General de Población.
De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.
De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 9 de la Ley General de Cambio Climático.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social.
De las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes, con proyecto de decreto que reforma los artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, secretaria. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados para todos los efectos legales, se cumple con la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Señoras, señores diputados, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y de los municipios.
Tiene la palabra el señor diputado Julio César Moreno Rivera, hasta por 10 minutos, en virtud de tratarse de reforma constitucional para fundamentar el dictamen en términos del artículo 230, numeral 2 del Reglamento de esta Cámara que se ha invocado. Adelante, señor diputado Moreno Rivera.
El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, distinguido presidente. Compañeras y compañeros diputados, el 17 de julio de 2013 esta soberanía aprobó por primera vez ese tema.
En aquella fecha las cifras reportaban el registro de obligaciones y empréstitos de las entidades federativas. En municipios ascendía a 390 mil millones de pesos. Y actualmente, este déficit asciende a 490 mil millones de pesos.
Es decir, aumentó casi 100 mil millones de pesos en tan solo un año y medio, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por ello, a nombre de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, nuestra Legislatura presenta nuevamente ante esta asamblea el dictamen con proyecto de decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.
Como ustedes saben, compañeras y compañeros legisladores, este trascendente tema fue ampliamente discutido y debatido en ambas cámaras, por lo que agotamos el procedimiento legislativo establecido en el artículo 72 constitucional, razón por la cual las modificaciones contenidas en la minuta enviada por el Senado de la República el 15 de diciembre del año 2014, se retomaron para presentarlas en una iniciativa que fue suscrita por diputados, incluso senadores de diferentes grupos parlamentarios que es objeto del dictamen que hoy se pone a consideración.
Cabe señalar que si la Cámara de Senadores hubiese considerado de una mejor manera lo estipulado en el artículo 72, fracción H, relativo a que el tema de deuda pública es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y no hubiese insistido en modificaciones estériles que solo retrasaron y postergaron la aprobación de esta trascendental reforma, cuando pudo haberse aprobado desde diciembre de 2013 y en consecuencia estos 100 mil millones de pesos adquiridos hubieran podido ser regulados bajo los principios de la presente reforma.
Es por lo que, compañeras y compañeros diputados, en la actualidad resulta insostenible para el Estado que la deuda pública absorba más del cien por ciento de las participaciones federales de algunas entidades federativas. Estamos hablando solamente de la deuda que registra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero hay otro tipo de deuda en los estados y municipios que no se registra, la cual es muy significativa como lo son las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de los gobiernos, de las universidades, los pasivos a corto plazo que son adquiridos por los proveedores de bienes y servicios o con bancos para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo u otras deudas derivadas por proyectos multianuales.
Sumando este tipo de deudas encontramos que hay siete entidades federativas que rebasan el cien por ciento de las participaciones federales. Compañeras y compañeros legisladores, las cifras hablan por sí solas, el incremento sustancial en la deuda pública de los municipios y estados es evidente, por lo que ante esta situación tan alarmante resulta imperativo que nosotros como Poder Legislativo llevemos a cabo las acciones necesarias para controlar la deuda pública de los diferentes órdenes de gobierno.
En ese sentido, resulta indispensable establecer límites en nuestra ley fundamental, que establezcan las bases para revisar, vigilar el correcto desempeño y la capacidad de pago de endeudamiento en los diferentes niveles de gobierno.
Por esta razón se incluye en la Constitución, un mecanismo para que las entidades federativas y los municipios contraten una deuda de una manera disciplinada y ordenada.
No se trata de poner impedimentos o limitar la adquisición de deuda, sino que ahora cada entidad federativa o municipio deberá ceñirse a las leyes secundarias que establecerán las bases generales para incurrir en endeudamiento, así como la forma en que podrán afectar sus participaciones que servirán para cumplir con sus obligaciones de pago.
Además con esta reforma se avanza en materia de transparencia, ya que los órdenes de gobierno estarán obligados a inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único. Asimismo, se establece la creación de un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda pública. Ahora la ciudadanía podrá conocer el monto de la deuda que se contrata, el acreedor, la tasa de interés, el plazo para el pago y la garantía o fuente del pago.
Se amplían facultades a la Auditoría Superior de la Federación para que pueda fiscalizar la deuda pública y las garantías que otorgue el gobierno federal respecto a la deuda de los estados y los municipios, responsabilizando a los servidores públicos por el manejo de los recursos.
Además se contemplan elementos de responsabilidad financiera como prohibir la contratación de deuda para cubrir el gasto corriente, por lo que ahora la deuda tiene que ser destinada para inversiones públicas productivas.
Otro elemento es que la autorización de los montos máximos de los créditos deberá de ser aprobada por la mayoría calificada. Es decir, por las dos terceras partes de los integrantes de las Legislaturas locales.
Otro de sus elementos es la prohibición expresa de contratar deuda en el último trimestre de un periodo de gobierno y obliga a los estados y municipios a liquidar las obligaciones a corto plazo en ese mismo lapso.
De igual manera la reforma prevé la creación de una comisión legislativa bicamaral, algo fundamental para el sistema que plantea con estas reformas, lo cual fortalecerá al Congreso de la Unión en un tema de vital importancia como es el uso del crédito público. Esta comisión tendrá entre otras facultades la de sancionar y, en su caso, objetar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados que estén contenidas en los convenios que sean suscritos con el gobierno federal para obtener garantías.
Finalmente se establece que en las operaciones de refinanciamiento o de reestructura de una deuda éstas deberán regirse bajo las mejores condiciones del mercado.
No me queda más, compañeras y compañeros legisladores, que reconocer que este dictamen a discusión es fruto del trabajo de ambas Cámaras legislativas en donde ha quedado evidenciado el claro interés por sacar adelante una reforma que traerá ¿grandes bebeficios a todos los mexicanos.
Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, los invito a votar a favor de este dictamen que atiende un tema de coincidencia entre todos los grupos parlamentarios y la sociedad en su conjunto, que además tiene como propósito velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.
Finalizo mi intervención citando al político estadounidense John Adams: “hay dos formas de conquista y esclavizar a una nación, una es a través de la espada y la otra es a través de la deuda”. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias a la asamblea.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dictaminadora en el caso.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para fijar la postura del colectivo de la agrupación de Morena, tiene el uso de la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, hasta por 10 minutos. Maestra Loretta Ortiz.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, en relación con el tema que hoy nos aboca, conviene recordar situaciones que ha vivido nuestro país en relación con el tema de la deuda: 1976, gobierno de López Portillo. Entró en una grave crisis, de las más graves que ha tenido nuestro país, en materia de, gracias a la deuda externa contratada por el presidente.
En 1976 se estableció un control de cambios, fue, no solamente un control de cambios sino se declaró en moratoria al país. No pudimos pagar nuestros empréstitos internacionales; se tuvieron que celebrar diversos convenios, tratados, contratos con la banca extranjera, con más de 110 bancos extranjeros que fueron representados por Eximbank.
Se estableció una austeridad obligada en cuanto al gasto público, intervino el Fondo Monetario Internacional. Y a raíz de esa experiencia las conclusiones que se sacaron, fueron –entre otras– que no se pueden generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, a través de lo que se ha denominado inversión indirecta –es decir– la contratación de deuda.
Pasamos a otra gran crisis que tuvo nuestro país, 1994 Carlos Salinas de Gortari. Recordamos que no dos años anteriores se había dicho, incluso ingresamos a la OCDE y a pesar de eso, de estar dentro de los países, bueno firmamos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya teníamos resuelto nuestro futuro económico y se viene la gran crisis económica de 94 en que resultó que México había emitido los famosos Tesobonos que eran títulos en dólares y que cualquier particular podía hacer valer y que hicieron valer, y que nuevamente ocasionaron la gran crisis del país de no poder pagar estos empréstitos.
¿Por qué se generó en vísperas determinar el gobierno de Carlos Salinas de Gortari? Nuevamente por una irresponsabilidad de endeudar al país, siendo que además, en el sexenio de López Portillo se confió además en el petróleo como única divisa en virtud de la cual podían ingresar recursos al país.
Ahorita estamos discutiendo, y en este gobierno, nuevamente de Enrique Peña Nieto, se ha aumentado tres veces el techo de endeudamiento, y no suficiente con esta situación se permite a las entidades federativas, y dice en la exposición de motivos que puedan adquirir, claro limitado, el aumentar, contratar empréstitos con la sola limitante de que ahora sí se van a tomar en consideración todas las circunstancias para poderles leer la cartilla y en su momento sancionarlos si sobrepasan estos límites, si lo adquieren, la prohibición del último trimestre, y sin embargo no se ve en todo el proyecto ninguna sanción para estos servidores públicos, díganse de las entidades federativas o de los municipios.
En el caso de las entidades federativas, salta a la mente de cualquier persona el caso de Humberto Moreira. Millones, millones de dólares y que finalmente va a tener que hacer hacerse cargo no la ciudadanía nada más del Estado, sino todos nosotros.
Ayer que se hablaba o el martes de la línea 12 del metro, pues esa sí es una deuda que vamos a tener que cargar todos los ciudadanos. Si hubiera la intención real de disminuir esta contratación de deuda y que fuera en beneficio de toda la población se hubiera tomado como primera acción la primera iniciativa que presenté en esta legislatura, el prohibir la celebración de los acuerdos interinstitucionales.
Estos acuerdos interinstitucionales fueron aprobados mediante ley el 2 de enero de 1994 y han servido de instrumento para las entidades federativas, e incluso para los municipios, para contratar deuda externa. Deuda que es totalmente subcontratación, contraria a lo establecido por nuestra Constitución.
Y nos preguntamos: Por qué ahora sí van a cumplir a pesar de estas reformas si no han venido cumpliendo ni los mandatarios que mencioné, José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari, ni Enrique Peña Nieto, con las disposiciones que establece hoy en día nuestra Constitución, de que la contratación de la deuda externa sea con finalidad de aumentar la inversión productiva.
Y, sin embargo, sí nos restriegan en esta exposición de motivos que se va a contratar deuda externa, se va a autorizar por parte de las entidades federativas, porque con eso se van a generar empleos y se va a generar crecimiento económico. Nuevamente vamos a caer en el error que no deberíamos haber caído, que era recurrir a la deuda en lugar de generar inversión y proyectos productivos para generar empleos y el crecimiento económico tan deseado.
El proyecto además nos puntualiza en pocas palabras que las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos meses. ¿Tres meses? ¿Tres meses? Pues para entonces ya se contrató toda la deuda que va a dejar endeudado al estado o al municipio.
Se establece asimismo que en las Constituciones de los estados de la república se precisarán que los servidores públicos responderán por el manejo indebido de los recursos públicos y la deuda, y se propone que en las entidades estatales de fiscalización revisarán las acciones de estados y municipios, revisar un registro, dónde están las sanciones; porque si no, nos va a ocurrir lo mismo que con Humberto Moreira, se van a ir tan tranquilos a su casita después de haber robado cantidad de millones de dólares al erario público que nosotros los ciudadanos vamos a pagar.
Por todas estas consideraciones Morena votará en contra de este proyecto de reforma constitucional. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para fijar la postura de su propio grupo. Hasta por 10 minutos, diputado.
El diputado José Antonio González Roldán: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, el proyecto de decreto que hoy nos ocupa es producto de un proceso legislativo de varios meses, de amplias discusiones y análisis que deriva hoy, si aquí se vota a favor y en el Senado si cumple su palabra, en coincidencias a partir de proposiciones y propuestas de los diferentes grupos parlamentarios que integran la actual legislatura.
Se trata pues de un proyecto que resume inquietudes para atender, orientar y regular el endeudamiento de las entidades federativas y sus municipios, que en su conjunto conforman el Pacto Federal.
El desequilibrio cada vez más pronunciado que muestran las haciendas públicas locales en relación ingreso-gasto, es la preocupación que compartimos los diputados de esta legislatura. Estos desequilibrios han llevado a los diferentes órdenes de gobierno a obtener recursos mediante el endeudamiento.
Se debe señalar que en este dictamen se han condensado distintos puntos de vista sobre los alcances de la deuda que enfrentan las entidades federativas y que según las estadísticas disponibles, pasaron de 90 mil 731 millones de pesos en el año 2000, a 489 mil 875 millones al tercer trimestre del año pasado, lo que equivale a un incremento del 440 por ciento.
Según la distribución por acreedor, la banca comercial otorgó el 58 por ciento de dicho endeudamiento, mientras que la banca de desarrollo y otras fuentes de endeudamiento, como las emisiones bursátiles, los fideicomisos y otros, financiaron a los estados y municipios con el 42 por ciento restante de dicha deuda.
No obstante que el resultado significativamente voluminoso de este endeudamiento en el pasado reciente, las autoridades financieras del país, Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público coinciden en afirmar que este débito todavía no representa un peligro para el sistema financiero nacional, ya que en su conjunto equivale respecto al producto interno bruto a menos del 3 por ciento.
En este contexto, en este entorno, como legisladores estamos actuando a tiempo y de manera preventiva ante una circunstancia que podría transformarse en un problema de dimensiones y alcance nacional.
Las cifras de deuda que he mencionado son un poco más del 60 por ciento de los ingresos garantizables de los estados, sin incluir los ingresos propios municipales, donde se ubican las participaciones en ingreso federal en el Ramo 28, el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el 25 por ciento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, además de sus ingresos propios.
Por ello estamos actuando a tiempo, aún a pesar de la dilación a cargo del Senado de la República para regular el endeudamiento de los gobiernos estatales y municipales y promover el uso eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos.
Con esta reforma se incorpora a rango constitucional el principio de estabilidad de las finanzas públicas y su consideración en el sistema de planeación democrática del desarrollo, así como en la elaboración de los planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo.
También se crea una comisión bicamaral, la cual conocerá las situaciones relacionadas a la contratación de empréstitos con la garantía federal y se establece el concepto de mejores condiciones de mercado para llevar a cabo operaciones de financiamiento público. Se amplían las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar deuda pública contratada con garantía de recursos de origen federal.
Tiene cabida igualmente la creación de un sistema de alerta sobre el manejo de la deuda de estados y municipios. Y se prevén sanciones a los servidores públicos que incumplan con estas nuevas normas.
Lo anterior, entre otros, perfectamente armoniza obligaciones para cubrir necesidades, atributos que contiene el proyecto de reforma que hoy ante esta soberanía se discute.
Entre las medidas de responsabilidad hacendaria se pretende incorporar en este dictamen la posibilidad de que las entidades federativas y los municipios puedan contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, pero que este se haga sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión y, sobre todo, que dicha obligación deberá ser liquidada a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente, y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante estos últimos meses.
Con esta medida se pretende que los gobiernos sean más responsables al contraer dichas obligaciones. Es importante referir, que la reforma no busca debilitar el pacto federal ni restar autonomía a las entidades federativas y a los municipios. Por el contrario, lo que pretende es crear una responsabilidad para conducir adecuadamente las finanzas locales.
En nueva Alianza estamos convencidos que con esta reforma se define la participación de las fuerzas políticas del país, representadas en los Congresos locales, con una tarea muy precisa, ser las verdaderas instancias que conozcan, autoricen y determinen hacia dónde debe ir el endeudamiento de los gobiernos, de los cuales se forma parte.
No tenemos duda, que ejercicios de concertación, confluencia y acuerdos con todas las fuerzas políticas, como el que antecede a esta reforma, es lo que nuestro México necesita para construir una nación más justa, más moderna y con gobiernos estatales y municipales plenamente responsables, transparentes y comprometidos con sus gobernados.
Por todo ello, y lo digo con plena convicción, nuestra voto, el voto del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza será a favor de este proyecto de decreto. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado González Roldán. Del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, don Ricardo, diputado Ricardo Cantú Garza, hasta por 10 minutos. Adelante, estimado diputado.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Puntos Constitucionales de esta soberanía ha hecho llegar al pleno de la misma la declaratoria de publicidad, del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
En el tema en comento, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presenta ante esta soberanía su posición respecto al mismo. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se pronuncia por la regulación integral de un tema que, sin normas claras para el manejo de los financiamientos a la federación, las entidades federativas, los municipios y el Distrito Federal, ha redundado en el uso discrecional e irrestricto de la función de pasivos y para la aplicación de los recursos obtenidos por esa vía.
Para la federación y para las entidades, municipios y Distrito Federal, la normatividad debe ser igual para el efecto de contratar pasivos con condiciones iguales para una y para las otras.
Dicho en otras palabras, debe haber un rasero igual para todas las entidades que forman parte del pacto federal. No hay ningún argumento por el que deban existir tratamientos diferenciados para la federación por un lado, y otro para las entidades, municipios y Distrito Federal.
El principio, si aplicáramos las mismas normas para uno y otros casos, no habría necesidad de modificar la Carta Magna.
Al margen de esas consideraciones debe mencionarse que una deuda con crecimiento exponencial como la que tenemos, deja en condiciones muy vulnerables a México y a los mexicanos.
Dimensionaremos los problemas desde la perspectiva cuantitativa. La deuda pública federal a septiembre de 2014 ascendió a 7 billones 10 mil 40 millones de pesos, equivalente al 40.8 por ciento del producto interno bruto. Frente a 6 billones 504 mil 319 millones de pesos del 2013, iguales a 38.9 por ciento del producto interno bruto respectivo, y a 5 billones 790 mil 846 millones de pesos, que significaban el 36.8 por ciento del PIB de diciembre de 2012.
Es decir, en el sexenio de Peña Nieto los pasivos se incrementaron en 505 mil 721 millones de pesos en 2013. Y en 613 mil 473 millones de pesos en el 2014.
Esas cifras equivalen a un aumento en las deudas por un billón 119 mil 194 millones de pesos, equivalentes al 4 por ciento del PIB.
Adicionalmente, debe mencionarse que no se incluyen los pasivos contingentes laborales de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad.
El incremento de la deuda ha sido descomunal. En cuanto a la deuda subnacional, durante el sexenio de Calderón se incrementó en un 148 por ciento, lo que habla de poco aseo con el que se operaron esos pasivos de forma discrecional, sin restricción alguna. Donde se advierte la comisión u omisión de los servidores públicos de Hacienda que permitieron la asunción de pasivos sin control de ninguna especie y peor aún, convalidando que se garantizaran con participaciones que en impuestos federales les corresponden, sin que se observaran mínimos de seguridad para el pago respectivo.
Peor aún, ante la perspectiva y casi certidumbre de un manejo fraudulento de los recursos obtenidos, en que cuando menos se desvío la intención de la asunción de esas deudas, no se han efectuado las reclamaciones respectivas, ni instaurado las acusaciones que correspondan, exigiendo el resarcimiento de los fondos y aplicando las penas corporales que resulten.
Quienes han dilapidado esos recursos, gobernadores, secretarios de finanzas, se pasean a lo largo y ancho del país y del mundo en algunos casos, sin que haya quien exija nada en aras de la transparencia y la consecuente rendición de cuentas.
En el documento que se comenta no se prevé ningún dispositivo legal que precautoriamente observe esta situación. En este caso, siete entidades del país adeudan el 62 por ciento de un universo de deuda de casi 490 mil millones de pesos equivalentes al 2.67 por ciento del PIB nominal previsto para este año de 18 millones 318 mil millones de pesos.
Obviamente la dimensión de un pasivo y otro es totalmente abismal respecto a la óptica cualitativa hay que mencionar que si bien es cierto que la deuda subnacional sin un control adecuado puede llegar a ser inmanejable y por tanto sujeta a transferirse a la federación, también lo es que la soberanía y facultades de las entidades referidas, no deben ser vulneradas, ni conculcadas.
El precepto relativo al manejo de las finanzas de las entidades debe ser acorde a las mutuas responsabilidades que les corresponden y a la vigilancia que Hacienda debe llevar a cabo sin entrometerse en las determinaciones que las facultades de sus respectivas Constituciones locales les permiten.
El proyecto en comento permite que Hacienda trastoque el federalismo al inmiscuirse en actos soberanos de las entidades, convirtiéndose en un vigilante de las virtudes de ellas, pero sin atender los mismos principios cuando se habla de la asunción de pasivos federales. Se ve la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.
Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, no es aceptable que en la Carta Magna, numeral 8 del artículo 73, respecto a la federación, ahora se incluyan las operaciones de refinanciamiento y no se haga mención expresa de que los pasivos contratados no deben servir para sufragar el gasto corriente, ello va en sentido contrario a lo que correspondería a una política de finanzas sanas que no comprometa a la soberanía del país.
En la experiencia reciente, los pasivos que anualmente se asumen han servido principalmente para refinanciar los pasivos existentes y no para inversiones en proyectos productivos que generen ingresos al país como actualmente lo mandata la Carta Magna.
De la misma manera, al no sujetar los pasivos a proyectos productivos, deja la puerta abierta a que se malgasten los recursos recibidos por esta vía y se destinen a cubrir el dispendioso gasto corriente que en todas las entidades del país, incluida la federación, se realiza sin control de ninguna especie desatendiendo principios elementales de austeridad que en un país como México no sólo se necesitaría, sino es indispensable.
En esa tesitura, en el entorno federal coloquialmente se trata de pelotear los adeudos pagando más intereses y creando un entorno cada vez más sin margen de maniobra para la ejecución de obra pública de infraestructura que es la que genera empleos, incluso el mercado doméstico, y detona la expansión del crecimiento económico de México. En el mismo sentido, las deudas subnacionales deben ser consideradas con respecto al contexto de las finanzas que a cada entidad interesan.
Debe recordarse que existen casos de entidades que tienen hipotecadas sus participaciones en porcentajes muy elevados a plazos muy largos, tanto que no tienen la posibilidad de llevar a cabo obra pública que es la que crea plazas de trabajo, mantiene ocupada a la población en un clima de paz y concordia y permite el desarrollo cuantitativo y cualitativo de ellas.
También de indicarse que las entidades asumen deudas en cuenta abierta que se documentan con simples facturas contra las que se entregan contra recibos a los proveedores que les sirven para después cobrar su importes. Ésta es una práctica usual en esta actividad, lo que es un problema es que sobre estos pasivos no existe ningún control, ya que no debe existir diferencia en cuanto a que sean de corto, mediano o largo plazos para registrarse debidamente estos adeudos.
En este planteamiento el proyecto en comento distorsiona los objetivos para los que se crearon los dispositivos legales para la contratación de deuda pública, tanto la federal como la subnacional, y se convierte en un elemento perverso de sometimiento en las entidades.
A la luz de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará en contra del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Cantú Garza. Hasta por diez minutos, diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Tiene la palabra.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Esta reforma constitucional que hoy se presenta, a los artículos 25, 63, 79, 108, 116 y 117, ha sido motivo de un peloteo parlamentario entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República, que agotó el dispositivo constitucional de reenvíos entre ambas cámaras, y la solución que se adoptó fue presentar –en diciembre pasado– una nueva iniciativa, producto –se dice– del consenso entre ambas cámaras.
Quiero señalar que el de la voz desde octubre del 2012 –prácticamente al inicio de esta Legislatura– presentamos una propuesta de reforma constitucional en materia de deuda publica de los estados y municipios del país.
Lo hicimos porque esto se ha convertido en un grave problema para las finanzas de los estados y los municipios, y un problema de corrupción galopante en los estados, donde los gobernadores y los caciques han encontrado en el endeudamiento, una manera de hacer fortuna, de financiar proyectos políticos o de crecer indiscriminadamente la nómina gubernamental.
Según las cifras de Hacienda, hasta diciembre del año pasado, la llamada deuda subnacional casi llega al medio billón de pesos –490 mil millones– lo que representa casi tres puntos del producto interno bruto.
Esta situación se ve agravada por la difícil situación económica que enfrenta el país, con un barril del petróleo que ha bajado la barrera de los 40 dólares; con un recorte presupuestal de más de 124 mil millones de pesos; con una deuda pública nacional que ha crecido escandalosamente en este gobierno, y con un crecimiento económico raquítico.
Es decir, hay una problemática económica nacional manifiesta y hay un problema de finanzas públicas estatales y municipales.
Este crecimiento descomunal de la deuda de estados y municipios se debe fundamentalmente a la falta de monitoreo y de leyes efectivas para parar esta sangría y estos endeudamientos criminales. Pero también a que la división de poderes en los estados es prácticamente inexistente y las legislaturas locales se han convertido en legitimadoras acríticas de los endeudamientos de los ejecutivos locales.
Aquí incluso subrayaría que no es necesariamente un asunto de partidos, prácticamente de todos los colores han recurrido a endeudar a sus estados con la complicidad –hay que decirlo– la complicidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también de las instituciones bancarias, instituciones bancarias que han hecho de la deuda de los estados un negocio, que han hecho de la deuda de los estados un mecanismo para lucrar comprometiendo el futuro de generaciones enteras de estas entidades.
Hay varios casos de escándalo en las deudas de estados y municipios, quizá el caso más emblemático de corrupción en las deudas de los estados es el caso del llamado moreirazo que sufrió y siguen padeciendo los habitantes del estado de Coahuila.
Y decía que no es un asunto de partidos, porque el hoy secretario de Agricultura, Enrique Martínez, cuando fue gobernador de Coahuila dejó a esa entidad con prácticamente cero deuda, cero deuda pública gubernamental, pero para tragedia de los coahuilenses llega Humberto Moreira y de un endeudamiento de casi cero, pasó a 37 mil millones de pesos.
Y hoy, este personaje, junto con quien lo sustituyó, Jorge Torres López, que está prófugo, junto con el extesorero, Javier Villarreal, se mofan, se pitorrean de los coahuilenses y de todo el país porque están en la impunidad.
Gran parte de esos 37 mil millones de pesos que hoy llegan casi a 40 mil, se fueron no solamente a sus bolsillos, sino a financiar campañas electorales en otros estados. Era evidente que Humberto Moreira financió varias campañas como en Zacatecas, como en Durango, como en Baja California Sur, como en Guerrero, como en Nayarit, por decir algunos estados, y prácticamente a un telefonazo del entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, Moreira mandaba dinero a los estados. ¿Y cuál fue el pago? Hacerlo presidente nacional del PRI.
Fue tal el escándalo, fue tal el descrédito que tuvo que renunciar y cayó –entre comillas– de la gracia del candidato presidencial y hoy Ejecutivo federal. Sin embargo, como pago a sus servicios de haber endeudado a Coahuila hoy está en la impunidad. Hoy señalan que se la pasa en Cuernavaca, se la pasa en España, se la pasa en Cuba, y está muy orondo después de haber endeudado brutalmente esa entidad.
Pero no es el único: está el caso de César Duarte en Chihuahua, que ahora es banquero también, y que ése es todo un tema y nada más lo señalo también, pero están los casos de Quintana Roo, de Veracruz, de Nuevo León, y varios más. Es decir, hay un concurso casi de ver quién endeuda más con la docilidad y la complacencia de las Legislaturas locales.
Y aquí entraría al dictamen que nos ocupa en su parte medular –no puedo regatear que haya avances–, el tema de fijar un plazo para generar créditos o endeudamientos antes de que culmine el periodo o la gestión del mandatario en turno, el hecho de haber un registro de deudas, y que por primera vez se da un tratamiento constitucional de mayor envergadura al tema de la deuda de estados y municipios.
Pero tengo de entrada dos objeciones que profundizaré en dos reservas. La primera, el tema de la comisión bicameral, que fue el forcejeo con el Senado. El Senado ha venido creciendo en atribuciones, facultades y nombramientos. Hay ya una desproporción entre la Cámara de Diputados, que es la que representa al pueblo, y la Cámara de Senadores, que en teoría es la que representa a los estados.
Se están engolosinando, nombran magistrados, ministros, consejeros, y ahora le metieron mano a una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que tiene que ver precisamente con este tema.
Incluso hay que señalar que presentaron una iniciativa que violaba el artículo 72, inciso h), que claramente señala que la Cámara de origen, tratándose de impuestos, contribuciones y empréstitos, tiene que ser la Cámara de Diputados. Pues bien, se salieron con la suya y están planteando una Comisión bicameral para revisar el tema de las deudas de estados y municipios seguramente para proteger a los gobernadores ladrones, a los gobernadores que endeudan a sus estados y que tendrán a sus cabilderos en esta Comisión bicameral.
El otro tema –y con ello concluyo– es el tema de las dos terceras partes de las legislaturas locales. En mi iniciativa de octubre de 2012 plantee que la Cámara de Diputados tiene que refrendar este endeudamiento, es decir no basta que los legisladores locales lo aprueben, sino que también lo tiene que aprobar la Cámara de Diputados.
Voy a profundizar en mi reserva, y lo digo porque no me parece suficiente esa mayoría calificada cuando se habla de miles y millones de pesos de endeudamiento. Los endeudamientos más monstruosos incluso salieron por unanimidad en las legislaturas locales. Es la danza de los millones y de las complicidades y por eso tiene que haber intervención del Congreso federal. Es cuanto, y profundizaré sobre ello.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hasta por 10 minutos, como se ha concedido tiempo a las señoras y señores legisladores, diputada Ruth Zavaleta Salgado. Tiene la palabra.
La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con su venia, presidente. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, como han escuchado, los oradores que me han antecedido en la palabra han argumentado las ventajas y desventajas del endeudamiento, tanto federal como estatal, pero también han remarcado una circunstancia que estamos aprobando en esta minuta sobre las funciones del Senado y de la Cámara de Diputados.
Quiero concentrar mi reflexión. Antes quiero decir que la fracción del Verde Ecologista va a apoyar esta minuta porque tiene más de un año y medio que se está discutiendo el tema y no habíamos logrado concretar, aprobarla en las dos Cámaras, precisamente por ese problema de la Comisión Bicamaral, pero ahorita vamos a revisar eso.
Quiero hacer la siguiente observación, en primer lugar, que no todos los estados de la República –así como lo han dicho los que me han antecedido en la palabra– hacen un mal uso de los recursos, que si bien es cierto que algunos malos gobernantes han utilizado mal los recursos, eso no es justificación –desde mi punto de vista– para hacer los cambios que estamos haciendo concentrando funciones.
Así como nos quejamos de que el Senado está disminuyendo nuestras funciones, nosotros le estamos disminuyendo las funciones a los Congresos locales. Quiero hacer esa observación a propósito de que muchos de los que estamos sentados aquí, o hemos sido gobernantes locales o queremos ser gobernantes locales en el futuro.
¿Esto por qué? Porque si bien es cierto tenemos que controlar el gasto, tanto federal como estatal, también tenemos que cuidar el desarrollo de la democracia estatal. Y este tipo de minutas, a pesar de que están resolviendo una coyuntura ante la población, que exige inconforme sobre la corrupción y la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos, también tendríamos que estar cuidando que los Congresos locales y su relación con los gobernadores en los estados se fundamentara en un equilibrio de Poder y se fundamentara en nuestro principal objetivo de fortalecer la democracia estatal y nacional.
Estoy haciendo énfasis en esto, porque todas las minutas, la gran mayoría que hemos discutido en esta Cámara, si bien es cierto resuelven en términos genéricos problemáticas particulares, también es cierto que estamos nosotros combatiendo la posibilidad de que haya un más rápido de desarrollo de la democracia en los estados de la República.
No tenemos argumentos para poder decir que en este momento no se haga lo que estamos haciendo, dada las condiciones de endeudamiento de los estados y que tenemos que poner límites a ese endeudamiento. Pero también, compañeras y compañeros legisladores, tenemos que buscar acuerdos que profundicen en un debate que construya y que permita la posibilidad de desarrollar otras condiciones de relaciones de gobernantes y gobernados en los estados de la República.
La transparencia y la opacidad requieren un tratado especial de discusión y construcción de acuerdos para que se combata la impunidad, porque el origen de que se gasten los recursos algunos gobernantes en proyectar su imagen o en hacer desvío de recursos, no es que se les aporten más recursos, porque incluso, si revisamos el gasto de la federación, tiene más del 80 por ciento concentrado al gasto de los recursos, que deberían de estarse distribuyendo en mejor igualdad de circunstancia para el desarrollo de los ciudadanos en los estados de la república.
El origen de esta problemática que estamos discutiendo aquí, tiene que ver con la impunidad y con que hay gobernantes que aun cuando se les comprueba que hacen un mal uso de los recursos no se les han fincado responsabilidades, o peor aún, si se les fincan responsabilidades son tan menores que al segundo día o al primer día pagan una fianza y se van riéndose de la poca justicia y procuración de justicia que se da en muchos de estos casos.
Compañeras y compañeros, la minuta que hoy vamos a votar, y que espero que la podamos votar a favor todos, todavía va a tener un filtro y ese filtro es el Constituyente Permanente, y yo espero que verdaderamente en los estados de la república logremos convencer a los Congresos locales de que esta minuta sea aprobada por la mayoría de ellos, porque necesitamos que más del 50 por ciento de los Congresos locales también acepten este cambio.
Y no es solamente imponiendo los cambios, argumentando que todos son corruptos, como vamos a resolver la problemática de la transparencia en el país. Vuelvo a insistir, que tenemos que construir otro tipo de relación con los compañeros que están en los Congresos locales, y por qué no, con los propios gobernantes de los estados de la república.
No todos son corruptos, no todos hacen un mal uso de los recursos, y en lo que sí estoy de acuerdo, es en los cambios que se realizan para obligar a que los recursos que son de deuda tengan que ser de inversión, pero también pediría que esta soberanía ponga atención en la discusión del presupuesto que se hace anualmente, para que cambien las condiciones de distribución de los recursos federales para fortalecer las finanzas públicas de los estados de la república.
Compañeras y compañeros, pido el voto a favor de esta minuta, porque tenemos que dar la cara hacia los ciudadanos de que estamos también de acuerdo en combatir la corrupción. Pero vuelvo a insistir, la fracción del Verde Ecologista, aun cuando vota a favor hace la observación de que tenemos que fortalecer la democracia de los estados de la república.
Por último, compañeras y compañeros, quisiera señalar muy puntualmente, y lo hemos escuchado, que no es ésta la única acción que se está realizando, afortunadamente, para combatir la corrupción y la falta de transparencia.
Quiero aprovechar mis últimos minutos para hacer un reconocimiento al presidente de la República por los anuncios que se hicieron ayer, precisamente de acciones que tienen qué ver con combatir la corrupción. Creo que ha sido una muestra ejemplar que el presidente de la República haya pedido ayer que se le investigue a él mismo y a su esposa por todo lo que ha sucedido.
Tenemos que generar confianza y ésa no solamente es responsabilidad del Ejecutivo federal, es responsabilidad también de los legisladores, porque no me digan que los legisladores tenemos muy buena presencia pública respeto a la transparencia. Todos tenemos que poner de nuestra parte para lograr combatir la corrupción en todos los rincones de este país y volver a rescatar la confianza de todos los ciudadanos en las instituciones públicas. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, señor diputado don Carol Antonio Altamirano tiene usted el uso de la palabra. Adelante, señor diputado Carol.
El diputado Carol Antonio Altamirano: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD vengo a respaldar el dictamen sobre deuda pública, no sin antes destacar la defensa que se hizo de las facultades de la Cámara de Diputados desde que inició esta discusión.
En especial reconozco al diputado Silvano Aureoles, entonces presidente de la Junta de Coordinación Política y al diputado Francisco Arroyo Vieyra, que presidía la Mesa Directiva y con quien, pese a tener diferencias políticas coincidimos y le reconocemos por hacer respetar el artículo 72, inciso h) de la Constitución que especifica la deuda pública como materia de esta Cámara, como cámara de origen.
Los beneficios de la reforma se pueden resumir en seis puntos: primero. Es una reforma que no cancela las facultades de las entidades pero las regula.
A diferencia de los primeros proyectos que simplemente cancelaban y centralizaban las facultades de los estados, la reforma que está por aprobarse deja a las entidades la opción de firmar o no convenios en el caso de que requieran el respaldo de la federación como garantía.
Así, en contra de los criterios centralistas, que pedían que el gobierno federal manejara la deuda local, el Congreso de la Unión definirá criterios y lineamientos permanentes. Y cuando una entidad enfrente condiciones de crisis y niveles altos de deuda podrá acceder a la garantía federal en acuerdos transparentes con el gobierno federal. Pasamos del endeudamiento controlado por los gobernadores, a deudas bajo nuevas leyes, y en el caso de que existan crisis se actuará con convenios que reforzarán el orden y la disciplina.
2. Es una reforma que respeta las facultades de la Cámara de Diputados. Quedó claro que el Senado no actuará como Cámara de origen en materia de empréstito y se reconoce que las leyes secundarias iniciarán en la Cámara de Diputados.
Así se respeta la asignación de competencias que establece el artículo 72, inciso H de nuestra Constitución, tal y como lo debatimos en esta tribuna desde el primer periodo de sesiones.
3. El marco legal se mejora y fortalece. El Congreso establecerá las bases generales para que las entidades federativas y los municipios puedan incurrir en endeudamiento. Además, se establecerá una ley en materia de responsabilidad hacendaria para los tres órdenes de gobierno, esto significa que habrá leyes concurrentes para evitar leyes a modo y que en ese marco de referencia las Legislaturas estatales regularán el endeudamiento de entidades y municipios.
4. Se establecen límites para el manejo de la deuda local. Se establecerán límites para usar las participaciones federales como garantías para evitar abuso. Además, la totalidad de las obligaciones de pago deben inscribirse en un innovador registro público y se creará un sistema de alerta y sanciones.
Estos cambios significan que los gobiernos estatales no podrán comprometer sin límite las participaciones federales y tendrán un registro público de todas las obligaciones de pago para tener transparencia. También se establece el requisito de una mayoría calificada en los Congresos estatales para aprobar la deuda y acotar el poder de los gobernadores a través de mayoría simple.
5. Se eliminan los abusos de los gobiernos salientes. Se establece que las obligaciones de deuda de corto plazo, obligadamente deberán pagarse tres meses antes de que termine el periodo de gobierno correspondiente y que no podrán contratarse nuevas obligaciones durante estos tres últimos meses. Ya se acabaron las deudas heredadas de una administración a otra.
6. Se mejora la fiscalización y se especifica cuando interviene la federación. Se fija la responsabilidad de los servidores públicos de las entidades y municipios por el manejo indebido de los recursos y la deuda pública.
Se establece la fiscalización federal para empréstitos que tengan como respaldo garantías federales. Esto significa que los servidores públicos estatales y municipales serán sujetos del régimen de responsabilidades y que en caso de que existan recursos federales como garantía, la Auditoría Superior de la Federación será quien fiscalice el gasto.
En síntesis, con respecto al federalismo se avanzó en tener una deuda ordenada, bien registrada, acotada en su destino y sujeta a garantías mediante convenios. Y por lo que hace a la intervención del Congreso por medio de la comisión bicamaral, el beneficio de fondo es la transparencia zanjándose las diferencias que teníamos con la Colegisladora.
La reforma señala que para dar cobertura federal a deuda local, las entidades y la federación deberán presentar la información al Congreso y éste tendrá la facultad para hacer las observaciones necesarias.
Compañeras y compañeros, esta reforma es un avance. Sin lugar a dudas representa un cambio positivo respecto de la situación actual y es mejor que los proyectos presentados. El PRD le dice sí a la transparencia, sí al registro público de todos los compromisos de pago, sí a la fiscalización, sí a la defensa de las entidades y al mismo tiempo exigimos acabar con los abusos, estableciendo alertas y criterios en las leyes.
También rechazamos la práctica de comprometer sin límites y a lo loco las participaciones de las entidades; o que una administración pueda comprometer a varias generaciones con el peso de una deuda desproporcionada. Nunca más un Granier, nunca más un Moreira. Nunca más la discrecionalidad de los gobiernos estatales al abusar de la deuda.
Pero nos queda la tarea de mejorar el registro de los pasivos federales. Queda pendiente que todo el pasivo del gobierno federal sea reconocido como deuda pública y eliminar viejas definiciones del déficit para no engañarnos. Esperamos que así como se limita el déficit de las entidades, también se controle de manera más estricta el endeudamiento federal, que ha pasado en menos de dos años de cinco billones 890 mil millones de pesos a siete billones 125 mil millones de pesos. Es decir, un crecimiento de 20 por ciento.
También falta recuperar las facultades del Congreso que fueron invadidas al establecer que los pasivos laborales de Pemex y CFE se convertirán –sin decisión del Congreso– en deuda pública.
Nos queda el reto de enfrentar la corrupción y la impunidad –que es en realidad– lo que frena las inversiones y el principal reto que debemos enfrentar.
Pero hoy damos un paso en la dirección correcta. Y por esa razón el PRD respalda el presente dictamen. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Altamirano. Para fijar la postura del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra el señor diputado Damián Zepeda Vidales; hasta por 10 minutos, señor diputado. Aún presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Adelante, señor diputado.
El diputado Damián Zepeda Vidales: Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Decía el famoso político británico Winston Churchill, que: “el precio de la grandeza es la responsabilidad”. Nosotros compartimos esta visión en el Partido Acción Nacional.
Y de responsabilidad es precisamente de lo que hoy venimos a hablar. La verdad de las cosas es que hay que decir las cosas como son. En los últimos años en nuestro país los estados y los municipios han abusado del uso de las deudas públicas.
El dictamen que hoy venimos a presentar no nada más nos va a ayudar a regular este tema, sino que es más amplio e incluye otras bondades en materia de disciplina financiera. Lo que ha sucedido es que gobernantes con una visión corta, buscando los aplausos hoy, han estado sacrificando el futuro de nuestros hijos, y eso no debe de ser válido.
Lo que ha sucedido es que se ha venido abusando de la falta de claridad en la definición de deuda pública y abusando de las facilidades con las cuales se puede contratar sin más, deuda pública a nivel estatal y municipal. Con eso es con lo que queremos acabar el día de hoy.
Y vamos viendo números. En los últimos 10 años se ha incrementado más de tres veces la deuda pública, pasando de 147 mil millones de pesos a 490 mil millones de pesos, las deudas de los estados y de los municipios.
Y uno pudiera pensar bueno, quizás les hacía falta dinero. La verdad de las cosas es que no. Esto se ha hecho aun cuando jamás en la historia del país los estados y los municipios han tenido tanto recurso como lo tienen al día de hoy.
En los últimos mismos 10 años, en lo que han triplicado sus deudas públicas, las participaciones federales y las aportaciones, se han duplicado.
Es decir, al mismo tiempo que han recibido más dinero –municipios y estados– no les ha sido suficiente y han incrementado tres veces su deuda pública. Esto no tiene otro nombre más que es un abuso, es un abuso de personas con una visión limitada que han sacrificado el futuro de los mexicanos.
Hoy venimos a ponerle un alto, venimos a poner un alto a situaciones como por ejemplo, que permiten que del año pasado de septiembre a septiembre de 2014, 2013-2014, 18 entidades crecieron más su nivel de deuda pública que el nivel del crecimiento económico que tuvieron, según el Inegi. Esto no es justo, esto es irresponsable.
No más historias como aquellas que tuvieron que vivir estados como Coahuila, Veracruz, Nayarit, Zacatecas y muchos otros más, en donde se hipotecó el futuro de los ciudadanos por sus propios gobernantes, no debe ser así.
No más historias en donde estados y municipios con una ambición insaciable de parte de sus gobernantes buscan más recursos hoy para colgarse medallas a cargo de los ciudadanos. No, señores.
Por eso en el PAN hemos venido impulsando no de hoy, sino de años una reforma como la que tenemos hoy en día, y es por lo que hoy venimos a dar el respaldo total a este dictamen que fue construido, fruto de propuestas que salieron de nuestra propia bancada y propuestas de otras bancadas.
Que ese acuerdo, que una vez más que pudimos lograr en esta Cámara de Diputados, que por cierto ha sido la característica principal de este Congreso, lo cual celebramos, hoy nos tiene aquí con un dictamen verdaderamente positivo para este país.
¿Y por qué lo decimos? Porque no es un dictamen invasivo. No estamos queriendo jalar hacia acá la aprobación o no de las deudas como malamente se quiso poner en la mesa de negociación, no. Estamos poniendo reglas claras, estamos acabando el abuso que estados y municipios tenían precisamente, por esa falta de definición clara si quiera de lo que se considera deuda pública en este país.
Hoy es deuda a distintas cosas en los estados y los municipios, y no debe de ser así, es lo que permite ese abuso. Esta reforma que hoy tenemos nos va a permitir homologar criterios y establecer de una vez por todas, de manera específica y puntual lo que se entiende por deuda pública a lo largo y ancho de todo México.
Esta reforma nos va a permitir homologar criterios también de aprobación, porque hoy en día la gran mayoría de los estados cuentan con reglas muy laxas para aprobar las deudas públicas, ¿cómo cuáles? Como la simple aprobación de la mitad más uno de los integrantes y sus congresos locales.
Hablemos claro, la gran mayoría de los gobernantes en este país dominan sus congresos locales y esto no es correcto. La gran mayoría de los gobernantes en este país no tienen ningún problema en ir y lograr la mayoría de mitad más uno en sus congresos locales, y esto no es correcto.
Este dictamen establece reglas más duras que no prohíbe la deuda pública, pero que la dificultan, que aseguran que se hagan análisis serios, ¿como cuáles?, por ejemplo la necesidad de contar con dos terceras partes de tu Congreso local para que sea aprobada la deuda pública.
¿Esto qué genera? Un contrapeso político, porque en la gran mayoría de los Congresos locales no hay ningún partido que domine en dos terceras partes los Congresos locales. Y esto lo que va a hacer es abrir el debate, no pasar si ver precisamente las deudas públicas.
Y queremos ser muy claros, en el PAN no satanizamos la deuda pública, no es eso lo que estamos haciendo aquí, la deuda pública es sana en tanto sea utilizada como una herramienta para hacerse de inversiones productivas que generen un futuro e ingresos mayores al propio estado.
La deuda pública es sana cuando es utilizada para financiar proyectos que vayan y resuelvan problemas reales de la ciudadanía, que sin esta medida fuera imposible acceder a ello, ¿por qué?, porque hay proyectos de inversión que superan la capacidad financiera en un determinado año de un estado o municipio.
No es eso lo que está mal, no nos confundamos. Lo que está mal es el abuso. Lo que está mal es que utilicemos en una mayor medida la deuda pública de lo que en un futuro puedes pagar. Lo que está mal es que un gobernante hoy prohíba con su acción que el siguiente gobernante pueda hacer lo que su ciudadanía requiere, ¿por qué?, porque el dinero está acabado, porque todo debe ser utilizado parta pagar la deuda pública. Eso es lo que venimos a acotar el día de hoy aquí, no la deuda pública per se.
Celebramos este dictamen de deuda pública porque prohíbe de manera tajante y clara que se utilice la deuda pública para el gasto corriente, estableciendo la prohibición textual en la Constitución y obligando que sólo se utilice para inversión productiva.
Celebramos y apoyamos este dictamen porque pone en límite o establece que la ley general que vamos a sacar en la materia deberá regular el uso de las participaciones federales como garantías de los estados.
Y nada más por dar un dato, el 90 por ciento de las deudas estatales y municipales están garantizadas con participaciones federales. Si nosotros acotamos el uso irresponsable de las participaciones federales como garantía de las deudas estatales y municipales estamos resolviendo el 90 por ciento del problema en este país. Eso es lo que la ley de la materia va a hacer. No prohibirlo, sino decir hasta dónde puede llegar en el uso de participaciones para no comprometer el futuro de nuestros hijos.
Celebramos este dictamen porque hace público las deudas que se tienen. Hoy los reto a que tratemos de hacer un análisis de las deudas que tienen los estados, sus tasas y sus plazos. Es imposible hacerlo porque no existe transparencia, y eso es lo que aprovechan los gobernantes irresponsables.
Este dictamen establece un registro único y además ni siquiera obliga a que tengamos que esperarnos a que salga la ley de la materia, sino que un propio transitorio obliga a que en unos días se tenga que hacer público todas las deudas que se tienen.
Celebramos y apoyamos porque da dientes a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar y revisar aquellas deudas públicas que usen como garantía recursos federales.
Señalamos que es positivo que la Federación pueda apoyar a los estados y municipios fungiendo como aval, dando garantía para que los estados y los municipios puedan acceder a deudas públicas más baratas, con mejores términos para que le salga más barato al ciudadano. Creemos positivo que no se le amarre de las manos a los gobiernos locales para que puedan contratar deuda pública a corto plazo, siempre y cuando no se le hereden al siguiente gobernador. Y aquí en el dictamen se establece la obligación de pagar esa deuda pública antes de que concluya su mandato.
En fin, celebramos el dictamen porque viene a poner orden en el manejo de las deudas públicas. Y nada más antes de finalizar quisiéramos resaltar dos temas más. Uno, la obligación que se incorpora de que la ley de la materia establezca los casos en que la deuda pública debe ser licitada, y esto es importantísimo y fue propuesta de la banca del Partido Acción Nacional. Por qué, es increíble, pero hoy en día en este país es obligación licitar papel más no es obligación licitar miles de millones de pesos de contratación de deuda pública.
Imagínense los abusos que esto genera. Hay deudas que se contratan sin explicación a tasas mayores que las que el mercado te está ofreciendo. Este dictamen va a acabar con ello porque obliga a los estados a contratar en las mejores condiciones del mercado y además a que la ley de la materia obligue a licitar. Eso nos va a dar transparencia y nos va a dejar mejores condiciones.
Por último, nada más en referencia a un debate que en nuestra visión ha sido un debate falso. El tema de la supuesta descafeinada que se le dio a este dictamen con la no aprobación de la Comisión Bicameral de diputados y senadores que iba a aprobar o que se quería que se aprobara, no las deudas sino la estrategia de ajuste cuando usaran garantía federal las deudas locales.
Nosotros no coincidimos en ello. Creemos que como viene el dictamen de mera opinión es correcto, porque nada tiene que andar haciendo una comisión de legisladores, de diputados y senadores aprobando caso por caso la deuda pública de los estados y los municipios.
Imagínense nada más el desfile de gobernadores y de alcaldes que se iba a dar con esta comisión todopoderosa, que unos cuantos legisladores iban a definir el futuro de una deuda de los estados y los municipios. No señores, ¿como para qué?; si la ley de la materia ya va a establecer los candados y las condiciones de cuándo procede o no la deuda.
Quien cumpla, que proceda; quien, que no proceda. No tiene nada que andar haciendo un político tomando valoraciones políticas y no técnicas, sobre un tema tan delicado como son las finanzas públicas de este país. No nos engañemos, no era algo positivo esa comisión; era un coto de poder en la Cámara de Diputados y en el Senado, y celebramos que no se haya aprobado. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Zepeda Vidales. Tiene el uso de la palabra la diputada Lizbeth Loy Gamboa Song, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.
La diputada Lizbeth Loy Gamboa Song: Muy buenas tardes. Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, diputada.
La diputada Lizbeth Loy Gamboa Song: Muchas gracias. Hablar del endeudamiento de los estados y municipios, hablar de disciplina financiera para ellos y funcionar de manera correcta una postura sobre la aplicación de los recursos de todos los mexicanos, recursos que han sido comprometidos por los gobiernos estatales y municipales, es sin lugar a duda una añeja necesidad y una importante discusión, que por muchísimos años ha permanecido dormida y de la cual nunca habíamos hablado. Pero los tiempos modernos, los tiempos económicos que vivimos actualmente nos obligan a regular y por ello estamos aquí esta tarde dando este paso histórico que México necesita.
El dictamen que estamos discutiendo resulta de la más alta relevancia para la vida económica del país, así como para la estabilidad de las finanzas públicas, que nacen en los estados y en los municipios. Es decir, las finanzas públicas locales.
Invariablemente tenemos que decir que este dictamen no es bajo ninguna circunstancia una camisa de fuerza para los estados y municipios, sino que es la llave que garantizará la certeza a los ciudadanos y dará sustentabilidad a los proyectos que establecerá cada gobierno.
La reforma que estamos discutiendo y que estoy segura –porque lo he escuchado por parte de los diferentes grupos parlamentarios que me han antecedido– vamos a aprobar, no invade la autonomía estatal o municipal, sino que se convierte en un mecanismo más de control que evita el dispendio o el mal uso de los fondos obtenidos mediante líneas crediticias.
Buscamos promover que las entidades puedan endeudarse, pero un endeudamiento que sea en un contexto de sostenibilidad financiera y que sea también a precios competitivos, que se reconozca la calidad crediticia de las garantías provistas usualmente por los gobiernos locales, como lo son sus participaciones federales.
Esta reforma establece un marco general aplicable a los diferentes órdenes de gobierno y al mismo tiempo respeta el ámbito de competencia de los gobiernos locales, en la emisión de sus ordenamientos legales, la autorización de sus paquetes económicos y, en particular, la aprobación de los montos anuales de endeudamiento y los procesos de contratación.
Bien decía el diputado Zepeda que me antecedió, que no es posible seguir pensando en que haya que licitar papel, pero no licitar deuda pública.
Ojo con lo que voy a decir. Control no es centralización, la voluntad de esta soberanía no es otra más que sentar las bases una vez más de gobiernos honestos, de funcionarios públicos más responsables y de programas públicos mucho más eficientes, que generen beneficio a la población que tanto nos lo reclama.
Es nuestra intención que los recursos ingresados mediante deuda se conviertan en verdadera inversión pública, inversión pública 100 por ciento productiva y que sí no sucede así, se pueda sancionar de manera verdadera a quien tuvo la responsabilidad de que esto no suceda. Servidores públicos que puedan ser sancionados que deban rendir cuentas.
Ése es el espíritu de la iniciativa que estamos por aprobar. Ése es también el espíritu de las diversas y trascendentales iniciativas y reformas que ha encabezado y presentado ante esta soberanía el presidente Enrique Peña Nieto.
Reformas que lograrán mayor transparencia en todos los ámbitos, que permitirán ejercer una mejor fiscalización del destino de los recursos y tener un gasto público mucho más eficaz.
Para quienes integramos el Grupo Parlamentario del PRI, es de alta relevancia la creación del Registro Público Único, donde se publicarán los montos de endeudamiento de estados y municipios.
Mientras mayor transparencia exista sobre las finanzas locales, mayor será la participación de la ciudadanía, en los instrumentos de evaluación y control, y por ello serán muchísimo mejores los resultados que le demos a quienes servimos. Transparencia es la mayor garantía con la que pueden gozar los ciudadanos.
Es de alta relevancia también, que a partir de ahora si los estados y municipios adquieren deuda o refinanciamiento de la deuda que ya tienen otorgada, esos recursos sirvan para generar mejor calidad de vida en nuestros ciudadanos, lo cual será vigilado por la Auditoría Superior de la Federación.
Es muy importante que veamos este dictamen como el inicio de la solución de muchos de los problemas financieros por los que atraviesan algunos estados de la república. Veamos hacía adelante, con el firme propósito de hacer cumplir a los estados y municipios los compromisos financieros que van a contraer.
Que el endeudamiento del que sean objeto tenga sustentabilidad y sea pagadero en el plazo acordado y, en su caso, que los recursos de los refinanciamientos lleguen a buen puerto.
Los mexicanos esperan mucho más de nuestra responsabilidad como sus legisladores federales. Ésta es una muestra de voluntad plural, en la que cada uno de los integrantes de esta legislatura sentamos un precedente y una premisa conjunta a favor de la ciudadanía.
Como ya se ha mencionado, este dictamen deberá ser aprobado posteriormente por el Senado y después por el Constituyente Permanente. Anticipo por ello, que he platicado con la bancada de mi partido, en el Congreso local de mi natal Quintana Roo, y ellos también coinciden y saludan a esta iniciativa y comprenden la urgente necesidad de apretarnos el cinturón para todos.
Aquí los priistas estamos a favor de la presente reforma constitucional, pues lejos de ser un control impositivo es una garantía para todos los mexicanos de que a partir de ahora sus recursos estarán más y mucho mejor vigilados.
Los invito, compañeros, a votar a favor y poder darle una respuesta a quienes nos están exigiendo respuestas claras, precisas y, sobre todo, necesidades que no pueden esperar más. Muchas gracias, presidente. Gracias a todos ustedes.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Gamboa Song.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Honorable asamblea, para dar cumplimiento al artículo 230, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, informo a ustedes que para la discusión en lo general esta Mesa Directiva tiene registrados para participar en pro las siguientes señoras y señores diputados.
En pro, diputada Elizabeth Núñez Sánchez, del PRI; diputado Guillermo Anaya Llamas, de Acción Nacional. Diputada Amalia García Medina del PRD. Diputado Pedro Domínguez Zepeda del PRI. Diputado Rosendo Medina Filigrana del PRD. Diputada Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo.
En contra el registro y en términos del numeral que he invocado, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara de la agrupación Morena. Igualmente, el diputado Alfonso Durazo Montaño de Morena y la diputada Beatriz Córdova Bernal de Movimiento Ciudadano.
Por esa virtud otorgo el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en pro del dictamen que se está discutiendo. Adelante, diputada.
La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez: Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, diputada Núñez. Adelante.
La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez: Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy nos ocupa es referente a la preocupación de muchos de nosotros por los altos niveles de deuda pública que se han contraído en los diversos estados y municipios. Y que lamentablemente se han vuelto insostenibles.
Esto ha provocado efectos negativos en el desarrollo de la vida, de la población y el crecimiento económico de las distintas regiones.
Las principales causas de este gran problema se deben a los constantes cambios de la economía global y a la insuficiencia de las entidades federativas y municipios por crear sus recursos propios.
Los factores que han propiciado dicho endeudamiento, como ya anteriormente lo comentaba, también se deriva, dentro de lo que se destaca, la petición y el otorgamiento de créditos sin el adecuado análisis de la situación económica que en la actualidad viven los estados y municipios. A lo que se suma también, un gasto corriente superior a los ingresos fiscales. Una menor recaudación a la pronosticada, entre muchos otros.
Por ello, en esta Cámara de Diputados se ha analizado y discutido el tema relativo a la disciplina financiera de las entidades federativas y de los municipios de forma responsable e intensa, pero respetuosa, así como también lo hizo la colegisladora.
El día de hoy, firmes en nuestros compromisos de legislar en favor de los mexicanos y de una forma en la que hemos superado nuestras distintas ideologías, a fin de preocuparnos por una adecuada reforma a la Carta Magna para establecer principios, controles y lineamientos de responsabilidad fiscal y disposiciones que promuevan un uso ordenado y sostenible del financiamiento de los estados y municipios. Conjuntamos nuestras voluntades en un solo proyecto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuyo contenido es compartido por los legisladores de ambas Cámaras.
Los legisladores hemos coincidido en que es prioritario que el Congreso de la Unión expida leyes en materia de responsabilidad hacendaria, así como también en que es necesario establecer las bases que las entidades federativas y los municipios puedan incurrir para dicho endeudamiento, que se establezca la obligación de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, que con ello se garantice el empleo transparente y responsable de los instrumentos de deuda pública y de acceso al financiamiento que gozan los gobiernos locales.
Apoyamos a que la Auditoría Superior de la Federación no solo fiscalice los ingresos y los egresos, sino también dicha deuda que es garantizada con recursos federales. En su caso, se otorgue el gobierno federal a los empréstitos de los estados y municipios, en donde la Auditoría Superior tenga también el poder ingresar y el poder supervisar, que conozca el destino del ejercicio de dicha deuda de los recursos de los gobiernos estatales y municipales. En materia de responsabilidad de los servidores públicos, apoyamos que se establezca que será objeto de sanción el uso indebido de los recursos públicos de la deuda pública.
Compañeros y compañeras diputadas, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional otorgamos nuestro voto a favor del presente dictamen, toda vez que el mismo será instrumento que abone a favor de la responsabilidad en el ejercicio del gobierno, que será un instrumento y no precisamente una restricción para sus deudas públicas, porque se trata de una herramienta que contribuirá al mejor uso de los recursos públicos y a una mayor transparencia porque contribuirá también a preservar la riqueza de la nación y a consolidar nuestro sistema democrático. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada. Tiene el uso de la palabra, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para hablar en contra. Hasta por tres minutos, diputado Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: La propuesta que se presenta aun después de la revisión de la colegisladora es incompleta y no genera certeza en la adquisición, objeto, administración y rendición de cuentas sobre deuda pública que contraigan estados y municipios.
La modificación a los párrafos primero y segundo de la fracción I del artículo 79, determina la fiscalización de la deuda y las garantías otorgadas en forma posterior. Esto es, la deuda y su garantía serán fiscalizables una vez que ésta se haya contraído por los estados y municipios. Esto se confirma con las reformas al artículo 116 y 117 del mismo decreto.
El esquema que se propone no atiende en lo mínimo políticas de planeación y prevención del déficit público excesivo en el que han incurrido gobiernos estatales y municipales. Atendiendo a la gravedad del monto de deuda y al costo de las obligaciones financieras existentes a la fecha se omiten bases constitucionales para obligar a gobernadores y Congresos de los estados a establecer programas de estabilidad financiera, con el objeto de establecer equilibrios en los presupuestos estatales y municipales a mediano y largo plazo.
No existen bases para impulsar políticas de estabilidad y crecimiento a partir del conocimiento real de la deuda y de las obligaciones contraídas por estados y municipios. Las deficiencias y la corrupción en el gasto público han generado un déficit que pone en riesgo cualquier proyecto de crecimiento económico. No se podrá poner orden en las economías regionales ni impulsar su desarrollo si antes no se transparenta y se rinden cuentas del déficit generado por deuda pública.
Esta reforma constitucional pierde la oportunidad para reforzar los mecanismos preventivos y establecer controles viables y oportunos del déficit excesivo en que se ha incurrido en el objeto de impulsar un programa de estabilidad.
La reforma al artículo 25 de la famosa comisión legislativa bicamaral es una propuesta que es acotada e insuficiente en el control, supervisión, transparencia y rendición de cuentas para los gobiernos estatales y municipales. Estas funciones de supervisión sólo se restringen a deuda con garantías soportadas en participaciones federales. Se excluye cualquier otro tipo de garantías.
Para culminar, en el artículo sexto transitorio solamente se mandata a entidades federativas y municipios a que envíen al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión un informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor del mismo decreto. El objeto y alcance de dicho informe no se determina. La generalidad se presta a la opacidad. Como ya lo han expresado representantes del sector privado, la deuda de los estados y municipios inhibe las posibilidades de inversión de la iniciativa privada.
Miren, para culminar, el eje del control de deuda es de carácter político puesto que será el todavía Presidente Peña Nieto a través del titular de Hacienda, con acuerdo de las fracciones del todavía existente pacto contra México, quienes determinen el juego de las deudas de estados y municipios. De nueva cuenta el centralismo neoporfirista que se impulsa con las denominadas reformas estructurales.
Y cómo no iba a ser así si estamos con un presidente que es campeón del endeudamiento. Un billón y medio de pesos en dos y medio años de gobierno; ni López Portillo ni Echeverría habían cometido semejante atrocidad en contra del pueblo de México. Pues ésta es la política que impulsan.
Vamos a poner el ejemplo de Veracruz. De cada peso que llega, 70 centavos ya se deben; 25 centavos se los clavan, y quedan 5 centavos para los chuchulucos del gobernador.
Ésta es la política del PRI, ésta es la política de Peña Nieto, y ésta es la política que va a subsistir en el país con esta dizque reformota que van ustedes a controlar el tema de las finanzas de los estados y municipios.
Tiempo es lo que se requiere cuando hablamos de los temas nacionales, decir las cosas como son.
Si usted es tan valiente –diputado de Veracruz– véngase y súbase aquí, pero a su gobernador no lo salva ni todo el mar de Veracruz, de las manchas, del oprobio con el que tienen escondido y lastimado al obre pueblo veracruzano, sumido en la desgracia, en el descrédito y en el tremendo endeudamiento que se tiene para mal de los ciudadanos de Veracruz y de muchas entidades del país.
Quiero culminar diciendo que si ustedes aprueban esta reforma, pobre país, va a seguir caminando rumbo al abismo, al despeñadero. Es cuanto, diputado.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para hablar en pro tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo Anaya Llamas, de Acción Nacional.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Muchas gracias, presidente; compañeras y compañeros diputados, la disciplina financiera de los estados y los municipios en México, es un asunto pendiente desde hace ya varios años.
Hemos visto en estos años cómo las autoridades locales han solicitado líneas de crédito con mayor frecuencia y de manera discrecional. Somos testigos que entidades federativas, como emblemático es el estado de Coahuila, han comprometido el futuro de generaciones enteras.
Para el grupo parlamentario de Acción Nacional es de absoluta trascendencia impulsar aquellas acciones que se encuentren encaminadas al fortalecimiento y salvaguarda de las finanzas públicas de nuestro país.
Es por ello que Acción Nacional acompañó y suscribió de manera conjunta con otros diputados y senadores pertenecientes a otros grupos parlamentarios, la iniciativa de reforma constitucional que hoy estaremos aprobando.
Hace más de un año presenté una iniciativa en esta materia, y reiteradamente también en esta legislatura he presentado puntos de acuerdo para que a través de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Hacienda y de Relaciones Exteriores, se integrara la investigación seria y objetiva para castigar a los exfuncionarios públicos del gobierno de Humberto Moreira, por la enorme deuda pública del estado de Coahuila.
La falta de planes sensatos de pago de limitantes y contrapesos dentro de los ayuntamientos y los congresos estatales para efectos de reconocer cuándo se comience a empeñar el futuro de la comunidad por manejos financieros deficientes y que hoy por hoy tiene a buena parte del país sumido al borde de la bancarrota.
No debe repetirse por ello. No debe haber más moreirazos como el caso de Coahuila, donde Humberto Moreira heredó la deuda de 35 mil millones de pesos, donde hoy la justicia mexicana no ha sancionado a los responsables y priva la impunidad.
En ese sentido es de señalar la importancia que representa para esta Cámara que el dictamen que hoy estamos analizando contemple la atribución del Poder Legislativo y le dé también en las leyes secundarias todo los limitantes para que aquellos gobiernos locales y ayuntamientos se endeuden con responsabilidad, teniendo siempre como el objeto mayor de un endeudamiento el tener una mejor infraestructura y generar con ello mejor calidad de vida y empleos a la sociedad.
En resumen, como ya se ha venido señalando por los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, se busca incorporar el principio de estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.
En ese sentido los diputados de Acción Nacional hacemos patente el acompañamiento que otorgamos al presente dictamen, ante la necesidad de regular y fortalecer la disciplina financiera de los estados y municipios, pero sobre todo la regulación y el compromiso de velar por unas finanzas sanas y sólidas. Por eso votaremos a favor del presente dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Anaya. Hará uso de la palabra el diputado Alfonso Durazo Montaño, de la Agrupación de Morena, por tres minutos. Sólo le ruego, señor diputado, su autorización para dar la bienvenida y saludar a un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sean ustedes bienvenidos. Los ha invitado nuestro compañero el diputado Armando Contreras Ceballos. Gracias por su visita y por su interés. Adelante, señor diputado Durazo Montaño.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados. Estos jóvenes estudiantes, bienvenidos. Fíjense ustedes, qué manera tan diferente tenemos los mexicanos y los griegos de enfrentar los problemas de financiamiento público.
Casualmente el gobierno griego informa hoy que suspende coches, gastos y parafernalias de servidores públicos, de ministros hacia abajo, en su gobierno. Los propios secretarios de Estado o se trasladan en sus vehículos o utilizan sus propios medios de transporte. Por supuesto nada de vuelos privados y mucho menos de aviones extravagantes, como el del presidente Peña Nieto. Ésa es la vía que ellos han definido para –ante la estreches presupuestal– lograr suficiencia en el gasto.
En cambio nosotros estamos abriendo por esta vía de supuesto control peligrosamente la ruta para que los gobernadores se endeuden. Sabemos dos o tres cosas de los estados: 1. Que los gobernadores han sido históricamente irresponsables y corruptos en el manejo de la deuda. 2. Qué, como dicen en mi pueblo, no tienen cerco qué respetar. 3. Sabemos también que estos Congresos estatales están supeditados a los gobiernos estatales y que consecuentemente no les van a representar ningún contrapeso frente a la voracidad de los gobernadores por una mayor deuda.
Entonces, la única salida real que tenemos es que debemos cancelar la posibilidad de que los estados y los municipios se endeuden. Ésa es la única medida responsable. Vean ustedes si no:
Ya se ha mencionado aquí hasta la saciedad el tema de la deuda de Coahuila, pero no se ha dicho lo siguiente. Bueno, creo que sí por ahí se dio el dato de que la deuda de estados y municipios pasó, del 2006 al 2012, de 160 mil millones a 482 mil, es decir, creció 301por ciento. Pero vean ustedes este dato, de 2006 a 2012 nuestro país creció en paralelo en corrupción, del lugar número 75 al lugar número 100. Es decir, hay una proporcionalidad entre el crecimiento de la deuda de estados y municipios y el crecimiento de la corrupción, y por supuesto ello no es casual.
Coahuila pasó de 420 millones a 35 mil en 6 años. Chiapas elevó su deuda en 2 mil 262 por ciento en seis años. El gobernador Pablo Salazar la recibió en 300 y la dejó en 300 y su sucesor la dejó en 20 mil millones de pesos. Si ello no les habla de irresponsabilidad de los gobernadores en el manejo de la deuda, serán ustedes igualmente irresponsables al aprobar la iniciativa que hoy presentan.
Reitero, la única salida es cancelar la posibilidad de que los gobernadores y municipios contraten deuda pública y que se ajusten el cinturón para sujetarse a lo que los mexicanos podemos pagar mediante nuestras contribuciones definidas en el Presupuesto que aprueba esta Cámara. Gracias, presidente por su tolerancia.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Durazo Montaño. Para hablar en pro tiene el uso de la palabra la diputada Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del PRD:
La diputada Amalia Dolores García Medina: Muy estimadas compañeras, compañeros legisladores, legisladoras, señor presidente. Vivimos en un tiempo como se decía, aquí se citó a Winston Churchill hace unos momentos, como lo decía en el marco de la Segunda Guerra Mundial cuando buscaban un gran acuerdo para salir de esa hecatombe que vivió Europa y buena parte del planeta, los gobernantes de Gran Bretaña, de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Decía, por más acuerdos que hagamos, y estaban a las puertas del gran acuerdo de Bretton Woods, decía; Vivimos una época de imponderables.
Es difícil prever lo que sucederá y yo creo que efectivamente hoy en nuestro país vivimos una etapa de imponderables. Es difícil poder predecir lo que sucederá en los próximos meses e incluso en los próximos años.
El ambiente económico en el mundo –y a México le ha impactado de una manera muy fuerte– es de una gran incertidumbre, incertidumbre económica, incertidumbre financiera. De tal manera que especialmente, aunque no sólo por la baja de los precios del petróleo y la baja de la producción tenemos un entorno muy complejo.
Ante eso es indispensable y quiero poner el acento en esto, como ya lo han dicho además también aquí las propias instituciones que tenemos en la Cámara, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, urge y tendrá que haber un rediseño del Presupuesto federal, un rediseño del Presupuesto federal –acentuaría y diría con toda claridad– que no ponga de ninguna manera como una alternativa para sacar adelante el país en este momento de crisis y de incertidumbre ni la deuda, porque no es ni puede ser una alternativa ni tampoco el aumento de los impuestos.
Y tendremos que hacer un rediseño del Presupuesto que ponga el acento en todo caso en lo que verdaderamente importa en una época de crisis: en generación de empleo, en inversión productiva, en educación, en salud, en aquello que fortalezca a la nación en este momento.
Dicho lo siguiente, además agregaría que en el caso específico económico que estamos viviendo lamento de manera muy precisa y lo quiero aquí expresar, que el recorte que ha expresado el presidente de la República haya sido hasta el límite que no rebase el 3 por ciento del Presupuesto que aprobó esta Legislatura en esta Cámara, porque sabemos que mientras no rebase el 3 por ciento solamente tiene obligación el Ejecutivo de informar a la Cámara, pero no de darle la posibilidad y las facultades para decidir en dónde se recorta, y los recortes han sido en áreas que el PRD, yo misma, seguimos considerando fundamentales, el recorte a Pemex y a la CFE seguramente los van a destrozar y los van a acabar.
Regresando al tema fundamental de que no puede ser la deuda lo que saque adelante al país, yo de cualquier manera, junto con mi grupo parlamentario, expreso el beneplácito, porque aquí aunque es perfectible esta iniciativa, esta reforma constitucional pone el acento en algunas medidas que resultan muy importantes, sobre todo en el ámbito de la transparencia, de la información, de la precisión.
Hoy tenemos una información parcial, la que da la Secretaría de Hacienda, la que dan los propios gobiernos de los estados, las Legislaturas, instituciones que hacen análisis, pero no tenemos una información precisa.
Hoy, con esta reforma, los estados, los municipios, la federación, sin duda, estarán obligados a informar a la Cámara. Una Comisión Bicameral conocerá, no va a entrar en litigio ni a discutir, pero conocerá.
En segundo lugar, se crea también, y me parece que esto es muy relevante, un Registro Nacional de Deuda Pública que obliga a los tres órdenes de gobierno, esto abona en la transparencia, es algo que hemos defendido. Y la Auditoría Superior de la Federación podrá, deberá auditar las participaciones federales que hayan sido el sustento y el aval para endeudamiento, esto permitirá tener claridad, transparencia, pero además, está en el sexto transitorio la determinación de que a más tardar una vez que se publique el decreto de lo que vamos a aprobar, los estados y los municipios, en 60 días naturales, tendrán que entregar una información precisa de la deuda y de todo lo que está alrededor de ella que hayan contraído. Me parece que esto es sustancial.
En relación con la intervención de quien me precedió, y termino con esto, que señalaba que para que no haya corrupción ni abuso, no debería haber la posibilidad de endeudamiento ni de estados y municipios. Me permito discrepar.
La deuda si es responsable, si es para inversión productiva, si es para infraestructura, si es para crecimiento, responsablemente, subrayo, es un mecanismo y es un instrumento perfectible y puede existir. Lo que no debería existir es la posibilidad de actos de corrupción, y por eso urge que esta Cámara y el Congreso de la Unión discutan un sistema completo para prevenir, sancionar y garantizar que no haya actos de corrupción, y que la deuda sea una deuda que se contraiga con responsabilidad sustentable y absoluta transparencia. Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Amalia García Medina. Para hablar en contra del dictamen tiene el uso de la palabra la diputada Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente. Y bueno, definitivamente es un tema que da mucho para hablar sobre él. Los pasivos en los estados y municipios se componen principalmente de cuatro mecanismos: emisiones bursátiles, fideicomisos, obligaciones con banca de desarrollo y con banca comercial.
Es el último de estos actores el que está sirviendo como fuente inagotable de recursos para las entidades. El monto contratado por esta vía asciende a unos 50 mil millones de pesos.
Dada la poca contribución que aporta la recaudación fiscal a los recursos estatales, la mayor fuente de ingreso para hacer frente a los compromisos financieros que adquieren, son las participaciones federales que reciben.
Es por esto que es de suma importancia determinar la proporción de éstas con respecto a la deuda para conocer la capacidad de solvencia con la que realmente se cuenta, para que los estados y los municipios del país gocen de libertad en el ejercicio de su gasto, es necesario mejorar el poder recaudatorio y romper la altísima dependencia de las aportaciones federales.
La columna vertebral con la que se sostienen las entidades federativas son los impuestos anónimos y turismo. Es el caso de los municipios que la fuente más importante de ingresos sea el impuesto predial.
Como consecuencia, la recaudación total de los gobiernos nacionales fluctúa entre el 3 y el 4 por ciento de los ingresos tributarios totales de México, a diferencia de países como Brasil, en la que asciende al 30 por ciento, o de Argentina y Colombia, a donde es de alrededor del 15 por ciento.
Al 2010, el saldo total de las obligaciones financieras de entidades federativas y municipios en México era de 314 mil 654 millones. Al 2014 se ha superado con un aumento mayor.
Al observar dichas tendencias de crecimiento resulta innegable que la falta de monitoreo y la falta de leyes efectivas, la subordinación de los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo de las entidades federativas han dado como resultado una libertad absoluta y hasta impune a los gobiernos locales para endeudarse sin limitante legal alguna.
De península a península, de norte a sur, del Golfo al Pacífico, hablamos de los estados con gobernadores y ex gobernadores como Granier, como Moreira, la deuda de Coahuila que tanto ha dado de qué hablar. La deuda tan grande que tenemos. Con los Duartes que se convierten en una vergüenza, tanto el Duarte de Veracruz como el Duarte de Chihuahua. Ubicando al estado de Chihuahua en una situación de escándalo nacional, ocupando el tercer lugar en deuda pública a nivel nacional y primer lugar per cápita que se hace en estos casos, si seguimos con estos marcos jurídicos constitucionales que no nos llevan a abonar en nada a favor de los estados.
Porque lamentablemente en estos casos, cuando se invierte el recurso se genera y se gana a favor de los ciudadanos, pero cuando estamos inmersos en tanta impunidad en esta corrupción, lo único que hacen los estados y algunos gobernadores que son lamentablemente la mayoría en el país, este dinero se desaparece, se lo invierten ellos en cuestiones personales, como hoy vemos en el estado de Chihuahua, que no nos pueden aclarar como el gobernador con una deuda pública de casi 42 mil millones de pesos, hoy tiene para invertir en un banco y tenemos un gobernador banquero en el estado de Chihuahua. Estamos lamentablemente ante los hechos de corrupción más grandes de la historia.
Esta problemática ha resultado altamente preocupante, los endeudamientos en los estados deben tener un límite constitucional. Concluyo, no se preocupen, concluyo, y si gustan pueden pasar.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya, diputada.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Los endeudamientos de los estados –escuchen– deben tener un límite constitucional que obligue a los gobiernos locales a controlar y justificar su gasto, como primer paso hacia una real transparencia. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra, el diputado Pedro Domínguez Zepeda, del PRI, para hablar en pro del dictamen.
El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda: Buenas tardes. Con su autorización, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.
El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda: Compañeras y compañeros diputados. El día de hoy es importante reconocer la labor realizada por la Comisión de Puntos Constitucionales y por legisladores de todos los partidos políticos, que gracias a su trabajo estamos a punto de votar un dictamen que sin duda alguna desembocará en una reforma constitucional histórica y necesaria en materia de disciplina financiera para las entidades federativas y los municipios, que tiene como objetivo final elevar la calidad de vida de las familias mexicanas a lo largo y ancho de nuestra geografía.
Esta reforma es consistente con la decisión anunciada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en su toma de protesta donde estableció como un punto ineludible la necesidad de contar con una ley que pusiera orden al endeudamiento de gobiernos locales y municipales, para evitar que se pusiera en riesgo a las finanzas públicas de las presentes y futuras generaciones.
Claro que los diputados y las diputadas del PRI vamos a votar a favor de este dictamen. Pero vale la pena también hacer algunas precisiones sobre algunos argumentos que se han vertido en esta tribuna.
Hay por parte de algunos compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra un doble discurso, una doble vara para juzgar diversos hechos. Para algunos casos se establecen como tribunales con juicios sumarios donde juzgan y sentencian esta misma tribuna. Y, en otros casos, piden, exigen garantía de audiencia.
Aquí se han señalado algunas cifras sobre la deuda, por ejemplo, del estado de Chihuahua. Yo quiero aclarar que la deuda directa, reconocida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es de poco más de 22 mil millones de pesos y no la que se mencionó hace algunos minutos. Chihuahua ocupa el lugar número 13 en la deuda a nivel nacional, y Chihuahua ha sido reconocido por el Instituto Mexicano de Competitividad como el octavo lugar nacional en materia de transparencia y contabilidad gubernamental.
Usemos esta tribuna para hablar con la verdad. Por ello nosotros comparecemos con toda la decisión del grupo parlamentario de votar a favor de esta reforma, porque con esta reforma se asegura que las deudas públicas que se contraigan tengan un objeto directo de beneficio a la población con inversiones productivas.
Que no se destinen esos recursos a gasto corriente y de esta forma vamos a establecer condiciones de mayor crecimiento de la economía de estados y municipios, generando también un beneficio para los particulares, para las familias, para los inversionistas, para que de esta forma ellos puedan generar mayor riqueza y más fuentes de empleo.
La aprobación de esta reforma será un paso alentador y dará paso a un manejo responsable en las finanzas y los dineros de todas y todos los mexicanos. Es, además y ante todo, un ejercicio de responsabilidad y madurez política y social. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Domínguez Zepeda. También para hablar en pro del dictamen le otorgo el uso de la palabra al diputado Rosendo Medina Filigrana, del grupo parlamentario del PRD.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Diputado presidente; compañeras y compañeros diputados, si bien es cierto que la reforma constitucional que hoy se propone tiene algunas cosas importantes que deben destacarse, también es de señalarse que es una reforma constitucional que llega con retraso.
El crecimiento exponencial de la deuda de estados y municipios, que hoy ronda alrededor de los 4 mil millones de pesos, no solamente constituye un lastre para las propias entidades federativas y para los ayuntamientos, sino incluso para el propio desarrollo nacional.
La propuesta a la reforma constitucional que hoy se somete a nuestra consideración, frena o intenta frenar de manera incipiente los excesos de gobernadores y de alcaldes, porque todos sabemos que en los hechos los congresos locales y los cabildos son ineficaces para poder contener la corrupción que se genera a partir de la adopción de empréstitos por parte de estados y municipios.
El ejemplo de mi estado donde el ex gobernador priista Andrés Granier recibió finanzas públicas con una deuda de 400 millones de pesos y la dejó por encima de los 4 mil millones de pesos, más las deudas a proveedores y otras más que no han sido contabilizadas, ha dejado prácticamente en la quiebra al erario tabasqueño.
Hoy en muchas partes del país ser alcalde o miembro de un ayuntamiento, es estar condenado a tener que lidiar con finanzas públicas inviables.
No solamente son los empréstitos, están también los laudos laborales, están las deudas a proveedores, están las deudas a empresas productivas del Estado como la Comisión Federal de Electricidad.
Por eso me parece que esta reforma no debe quedar únicamente en una reforma al texto constitucional. Tenemos que ir más allá en la reforma a la ley secundaria.
Tenemos que fijar responsabilidad a los funcionarios públicos, no solamente que endeuden a sus estados y a sus municipios en el marco de su gestión gubernamental, sino también fincarle responsabilidades por los laudos y las irresponsabilidades que se cometan, que vayan en contra y en detrimento del erario municipal o estatal.
Tenemos que ir a fondo porque es la única manera de frenar la corrupción que se está generando en los estados y municipios y que prácticamente los tienen al borde del quebranto. Es un asunto de seguridad nacional como lo tiene que ser también la transparencia y la lucha contra el conflicto de intereses que hoy están en la agenda nacional y en el pensamiento de todas las mexicanas y mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias diputado Rosendo Medina. Finalmente tiene el uso de la palabra para hablar en pro del dictamen, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. En realidad vengo a hacer un voto razonado sobre mi posición diferenciada a la de mi grupo parlamentario. En efecto, el tema de la deuda de estados y municipios que se ha hablado mucho aquí, tiene que ver con el libertinaje que se creó después, digamos, de la caída, del endurecimiento de la figura presidencial en este país y que llevó a los gobernadores a ser virreyes de sus entidades federativas y que los llevó a hacer otro tipo de corrupción.
No la corrupción nada más que le metía la mano al cajón, sino aquella corrupción que tenía que ver con utilizar los recursos públicos para beneficiarse a través de los negocios como hoy ha quedado ya en evidencia en varios escándalos en este país, y sobre todo el de utilizar los recursos públicos para a través de los servicios personales, de los viáticos y de los pagos de los excesos de estos gobernadores y presidentes municipales que era a donde realmente se iban los recursos estatales.
Estas medidas constitucionales nos parece que son solamente una solución o el inicio de lo que se podría vislumbrar como una solución. No nos parece que sean suficientes, pero tampoco nos parece que sean negativas; sin embargo, hay cosas y que queremos discutir en lo particular de la que esta reforma adolece.
Primero, que los recursos a los que se apruebe o no la deuda de estados y municipios que ahora tendrá que ser autorizada centralmente, no hay una limitación para que pueda ser utilizada en el gasto corriente.
Es decir, si alguna entidad federativa logra pasar este nuevo procedimiento que se está vislumbrando en la Constitución y que requerirá una ley secundaria, no hay una prohibición expresa para que los actos de impunidad y corrupción posteriores se lleven a cabo.
Hay un argumento también de violación de soberanía de los estados, que tiene que ver con que desde el centro se pueda determinar qué estado pueda avanzar o no a través de la deuda.
No satanizaré la deuda desde esta tribuna, me parece que las finanzas públicas bien manejadas –como no han sido en este país– pueden utilizar la deuda como un elemento de motor económico, sin embargo no solamente hay que señalar que no ha ido así, ya se ha hablado aquí del caso más icónico, que es el caso de Coahuila, o de otros que han sido manejados ya actualmente, como es el caso de Chihuahua, mi estado. Pero no olvidemos que también la federación se ha endeudado a un ritmo de 2 mil millones de pesos diarios, la deuda alcanzó el nivel más elevado en este país de 24 años.
Me parece que el llamado, más que castigar a los estados y municipios, debe ser de congruencia, de transparencia y de un manejo de las finanzas públicas verdaderamente responsable. Hace unos días teníamos a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aquí, hablando de medidas precautorias para no caer en una crisis, pero no dejaban en claro por qué hay un recorte de un tercio en el tema de la infraestructura y en el tema del gasto social.
Nos parece pues que el llamado debe ser en general, necesitamos un manejo sano, una asepsia de las finanzas públicas en este país y no solamente discursos. Y con esto cerraría, señor presidente, haciendo un llamado: que no se tomen estos votos de confianza de los legisladores como un cheque en blanco, que no es un apoyo al presidente y a sus políticas públicas, porque no lo es.
Y, en este contexto, hacer un llamado también para que la propuesta de anticorrupción que se presenta, que no es más que una propuesta de papel y que no vendrá a cambiar el tema de la impunidad en este país, se abra al debate. Y se abra al debate ciudadano, al debate de la gente, de los expertos, no solamente de los partidos políticos o de los compinches del presidente.
Entonces, un llamado desde aquí a Los Pinos para que, si realmente quieren hacer una cruzada contra la corrupción y la impunidad, lo hagan con la ciudadanía y con los mexicanos que están enojados no solamente con el poder público, sino con todas las instituciones. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Lilia Aguilar. En atención a que hemos concluido con la lista de oradores en pro y en contra, y que se dio cumplimiento además a lo contemplado en la última parte del numeral 3 del artículo 230 del citado Reglamento de esta Cámara, consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, ciudadano secretario. Suficientemente discutido.
Esta Presidencia en funciones informa a la asamblea que se han reservado para la discusión en lo particular los artículos 73, fracción VIII, numerales 3o y 4o, por el diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD. 73, fracción VIII, numeral 4o, por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, y 117, fracción VIII, párrafo tercero, por el propio diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En esa virtud, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general, y en lo particular de los artículos no reservados.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general, y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación nominal)
El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Estamos en votación, pero señor diputado Juan Bueno Torio, dígame con qué objeto la solicitud de la palabra, diputado.
El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): Señor presidente, me acabo de enterar en este momento de un hecho lamentable y bochornoso en mi municipio de Córdoba, Veracruz. Hace unos momentos un funcionario del municipio fue agredido por personal de una empresa local, por estar haciendo que se cumpla con la Ley Municipal y estar provocando que se guarde el orden municipal.
Señor presidente, la denuncia es por el motivo de que en Córdoba, Veracruz, existe el mando único de la policía y en este caso la autoridad municipal llamó a la policía para atender el asunto y este llamado no fue atendido, por el contrario llegó la policía y estuvo viendo los hechos, vio la golpiza que se llevaron los funcionarios del municipio por parte de empleados de esta empresa y no hicieron nada.
Señor presidente, este es un mal precedente para quienes quieren poner el mando único en todo el país. El Partido Acción Nacional es quien gobierna ese municipio de Córdoba y en este momento hacemos responsable al jefe de la policía del estado de Veracruz, que es el gobernador Javier Duarte de Ochoa, de los hechos ocurridos en Córdoba. Estamos documentando las pruebas, los testimonios y las evidencias para iniciar un juicio político en contra del gobernador de Veracruz por la omisión que ha tenido la autoridad policiaca en cuidar este asunto.
Lo hacemos porque no es la primera vez, señor presidente, constantemente sucede esto en Córdoba, Veracruz y en otros municipios en donde el gobierno de Veracruz controla la policía. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado. Estamos en efecto en la fase de votación en lo general y en lo particular de lo no reservado de este dictamen. Sin embargo, queda en el Diario de los Debates consignada su manifestación, diputado Bueno Torio.
El diputado Fernando Charleston Hernández (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En términos similares, le expreso a usted que el diputado Bueno Torio, que estamos en fase de votación. Dígame con qué objeto, diputado, adelante.
El diputado Fernando Charleston Hernández (desde la curul): Gracias, presidente. Sobre el mismo tema que menciona el diputado Juan Bueno. En la entidad, el gobierno del estado de Veracruz, del gobernador Javier Duarte, lleva a cabo acciones coordinadas con el gobierno federal para mantener precisamente la paz en la entidad.
Sabemos y no le damos la vuelta ni nos tapamos los ojos ante hechos que ocurren tanto en el estado como en otros estados. Sin embargo, es importante mencionar que se llevan a cabo estas acciones para día a día tratar de mejorar la seguridad en el gobierno del estado. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. No vamos, señoras y señores diputados, por la fase legislativa en que nos encontramos, a abrir a discusión un asunto no considerado en la agenda. Quedan igualmente consignados en el Diario de los Debates sus comentarios, diputado Charleston. Ciérrese el sistema electrónico de votación.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se emitieron 350 votos a favor, 12 abstenciones y 26 votos en contra. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, ciudadano secretario. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 350 y por ende mayoría calificada, como lo ha expresado.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra hasta por tres minutos, el diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar reserva al artículo 73, fracción VIII, numerales 3 y 4 del dictamen. Adelante, señor diputado Posadas.
El diputado Domitilo Posadas Hernández: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes para todos ustedes, señoras y señores diputados. El mérito de esta reforma que hoy estamos abordando, fundamentalmente es el reconocimiento a un problema que tiene el país y que incluso nos ha dado fama mundial, y justamente ese problema es el que con esta reforma pretende ir desterrando de origen que el mal uso, pero también el bueno uso del financiamiento público.
Está comprobado en aquellos países donde hay déficit o ausencia de transparencia o donde los índices de corrupción son altos, hay una mayor reglamentación, y también por esa razón nosotros en este y en otros temas hemos venido legislando justamente, sobre todo por la ausencia de transparencia, en muchas instituciones públicas de nuestro país.
La presente reforma, yo diría, es una buena reforma, a secas, pero yo no echo las campanas al vuelo por esta reforma, porque creo yo que las letras chiquitas, la regulación verdadera de esta reforma va a estar en la ley secundaria. Y me temo que va a suceder lo mismo que nos pasó con la reforma en materia de telecomunicaciones. En donde una buena reforma constitucional la pervirtió una ley secundaria.
Por esa razón, compañeros, compañeras diputadas, mi voto fue en contra. Pero además porque en un apartado de esta reforma el Poder Legislativo federal, a través de la Cámara de Diputados es obsequioso con el Senado de la República al aceptar integrar una comisión bicameral. Pero a la vez se comete una rudeza innecesaria en contra del artículo 72 constitucional.
Dice el dicho que no hagamos cosas buenas que parezcan malas. Y ojalá, y espero que esta violación constitucional no nos la estén modificando en otros espacios legislativos o en otras legislaturas.
Finalmente, la propuesta de reforma que estoy haciendo, ni más ni menos, es el desaparecer esa comisión bicameral, que en mi opinión y en opinión de varios legisladores, que lo hemos comentado, trastoca nuestra Constitución de la República. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva formulada por el señor diputado Domitilo Posadas Hernández.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. Quien presentará reserva de modificación. Me dice el diputado Mejía Berdeja que en una sola presentación argumentará sus dos reservas. Tiene 6 minutos, señor diputado. Adelante.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Como lo comentamos en el posicionamiento inicial, estamos planteando dos reservas: una primera al artículo 73, numeral 4, para eliminar esta comisión bicameral, coincidimos con quien me antecedió en el uso de la palabra, aunque nuestro enfoque es distinto.
Nada tiene que hacer el Senado de la República invadiendo una facultad que de origen, atendiendo al espíritu del constituyente original, le debe corresponder a la representación del pueblo encarnada en la Cámara de Diputados. Insisto en que el Senado ha estado absorbiendo: facultades, responsabilidades, nombramientos y demás en demérito de esta Cámara legislativa.
Por esa razón, lo que planteó es que el Congreso de la Unión a través de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, analice la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados. Es decir, en esta primera reserva nuestro planteamiento es sustituir a la Comisión Bicameral por el trabajo de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto de esta propia Cámara legislativa, que fue la manzana de la discordia en el peloteo parlamentario pasado, pero que no por ello podemos claudicar en una facultad que debiera ser exclusiva de esta Cámara.
El día de mañana el Senado va a querer aprobar también el presupuesto, no tienen llenadera y están extralimitándose, por eso no podemos estar a favor de ello.
La segunda reserva es con relación al artículo 117, donde se habla de las dos terceras partes de las Legislaturas locales para aprobar los endeudamientos. Yo insisto en que es una barrera que pueden remontar los gobernadores. Hay endeudamientos monstruosos que se han aprobado prácticamente por unanimidad o solo con uno o dos legisladores que se han opuesto, porque el maiceo, los moches para aprobar miles de millones de pesos de endeudamiento están a la orden del día y por eso estamos sugiriendo y planteando el candado de la ratificación de la Cámara de Diputados.
Y aquí discrepo de algunos legisladores, que decían que esto era politizar. Yo quiero recordar que el origen del parlamento en mucho es que no puede haber impuestos sin representación. Y yo diría que no puede haber también deuda pública o compromisos financieros a cargo de los contribuyentes sin representación política.
No es un asunto de tecnócratas ni de financieros de cubículo. Finalmente lo que estás comprometiendo es el gasto público de los ciudadanos de una entidad o de un municipio, porque si bien no es condenable en sí mismo el endeudamiento, la experiencia reciente habla de deudas que han ido a financiar campañas electorales, de deudas que han incrementado el gasto corriente de manera excesiva y las nóminas y las burocracias locales, de deudas que han ido a llenar bolsillos y han sido materia de corrupción.
Por eso sí debe haber candados suficientes para este tipo de endeudamiento. Si las deudas son productivas, si son amortizables, si son sanas, podrán pasar estas barreras pero, si no, simplemente vendrán a seguir erosionando las finanzas públicas estatales. Serán motivo de simulación y de encubrimiento.
Un tema importante a combatir es que no por la vía del endeudamiento público se solape la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Y precisamente porque aquí alguna legisladora lo trajo a colación, es por ello que queremos señalar que las medidas anticorrupción presidencial nos parecen insuficientes, además una tomadura de pelo que un subordinado del presidente de la República, como es ésta renacida Secretaría de la Función Pública, sea quien vaya a auditar al propio Ejecutivo en el tema del conflicto de interés de las propiedades y las casas presidenciales.
Y hoy precisamente en entrevista el flamante –entre comillas– secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, acaba de señalar que no es competencia de la Secretaría de la Función Pública investigar ni la casa blanca ni la de Malinalco ni la de Ixtapan de la Sal. Pura faramalla, puro cuento, pura hipocresía. Seguirá la corrupción, seguirá el encubrimiento, seguirán haciendo de las suyas con el Presupuesto público y con los recursos de la nación.
Por eso queremos señalar –con ello concluyo, presidente– que este tema de las deudas, se tiene que ver con lupa y tiene que haber candados para que no siga habiendo estos endeudamientos criminales que comprometen el futuro de millones de mexicanos en los estados y en los municipios. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea –en votación económica– si se admiten a discusión las reservas presentadas por el diputado Mejía Berdeja.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las reservas presentadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ahora, señor secretario, estimadas diputadas y diputados, de conformidad con el artículo 231, numeral 4 del Reglamento de esta Cámara de Diputados, abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación...
El diputado Heberto Neblina Vega (desde la curul): Presidente, pido la palabra.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Dígame, señor diputado. Estamos...
El diputado Heberto Neblina Vega (desde la curul): Disculpe, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias. En los términos del dictamen de los artículos, señor secretario, 73, fracción VIII. Preciso: 73, fracción VIII, numerales tercero y cuarto; 73, fracción VIII, numeral cuatro; 117, fracción VIII, párrafo tercero, en los términos del dictamen, y por cinco minutos, señor secretario.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en los términos enunciados por la presidencia de esta Mesa Directiva.
(Votación)
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: De viva voz.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A favor.
El diputado Julio César Moreno Rivera (desde curul): A favor.
La diputada Lourdes Adriana López Moreno (desde la curul): A favor.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ordénese y cierre el sistema de votación.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, le informo que se emitieron 329 votos a favor, 43 votos en contra. Por lo tanto existe mayoría calificada.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen, por 329 votos. Por consecuencia, aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe la Secretaría con comunicaciones de los órganos de gobierno. En principio de la Junta de Coordinación Política, por favor.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Acuerdo.
Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación y al gobernador del estado de Guerrero, a girar instrucciones en el ámbito de sus respectivas atribuciones a atender las medidas cautelares emitidas en el asunto relativo a la C. Nestora Salgado García, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado, comuníquese. Continúe. Permítame, ciudadana secretaria, es de votación económica. Consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, secretaria. Aprobado, comuníquese. Continúe.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules, dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del centenario de la Fuerza Aérea Mexicana.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En términos y con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad. Continúe. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió oficio del diputado Benito Caballero Garza, por el que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas a partir de esta fecha.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Comuníquese.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de Juntas Directivas e integrantes de diversas comisiones ordinarias y de comisión especial, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobadas. Comuníquense.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es: dictámenes en sentido negativo.
Se informa a la asamblea que, en cumplimiento al artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y también disponibles en los monitores de sus curules.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo, salvo, señor secretario, los enlistados con los números 2, 7, 14 y 15, reservados para su discusión por separado.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo enunciados por la Presidencia. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Bien. Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos total y definitivamente concluidos. Por lo que se refiere a los dos últimos asuntos devuélvanse al Senado para los efectos de la fracción D, del artículo 72, de la Constitución General de nuestro país.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es, posicionamiento relativo al aniversario de la promulgación del pacto fundamental de nuestro país contenido en la Constitución de 1917.
Se han registrado para referirse al tema los siguientes diputados y diputadas, quienes lo harán hasta por siete minutos el señor diputado Alfonso Durazo Montaño, de la agrupación Morena; diputado Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza; diputada; diputada Magdalena Núñez Monreal, del PT; diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; diputado Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde; diputada Aleida Alavez Ruiz, del PRD; diputada Rocío Baca Bonifaz, de Acción Nacional, y el diputado Leopoldo Sánchez Cruz, del Partido Revolucionario Institucional. Tiene el uso de la palabra el primero de los nombrados por el lapso también señalado, señor diputado Durazo Montaño, adelante. Dijimos hasta por siete minutos.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros diputados, el auge regresivo en los cambios constitucionales iniciados en 1982 se consagran en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En escasos dos años de gobierno el presidente ha impulsado alrededor de 70 modificaciones constitucionales, en tales cambios poco ha importado la soberanía, uno de los elementos esenciales de la Constitución del 17.
La república, otro de sus ejes, ha sido una mera apariencia. La democracia, una gran farsa. La libertad, ese elemento clave del Pacto Constitucional de 1917, es hoy privilegio de unos cuantos.
Qué decir de la justicia, piedra angular del Pacto Constitucional de 17, sólo que ahí está de muestra la tragedia de Ayotzinapa, que ha desnudado todas las miserias de nuestro régimen de procuración de justicia.
Del bienestar social, propósito central también del Pacto Constitucional de 17, sólo podemos decir que queda una política social coronada como la reina de las migajas; útil tan sólo para controlar las nóminas electorales. A causa de ese libertinaje constitucional, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha resultado para los mexicanos peor que una plaga bíblica. A causa de esos excesos, su gobierno hace agua por todos lados.
Ayotzinapa; Tlatlaya; el derrumbe de precio del petróleo; el disparo del dólar; las consecuencias económicas del alza de impuestos; los índices crecientes de corrupción, impunidad e inseguridad; una economía prácticamente inerte; un campo abandonado; una educación desmantelada; una clase política convertida en una especie depredadora y costosa por corrupta y manirrota; un gobierno sin transparencia ni credibilidad, con el corazón podrido y una juventud sin horizonte marcan su gestión. Sin embargo, el presidente, parafraseando a uno de los personajes de El Principito, parece no tomarse en serio la tragedia que vive el país.
Parte de la desgracia de México deriva en este momento precisamente de que el presidente no tiene las cosas claras, supone que todo camina bien y cuando al fin reconoce por ahí algún problemilla, como el conflicto de interés de la casa blanca, la única terapia que se le ocurre es aumentarnos a los mexicanos la dosis de simulación. Lo vimos en la reactivación de la Secretaría de la Función Pública para investigarlo y antes en el decálogo presentado para enfrentar la tragedia de Ayotzinapa.
Ayotzinapa es una huella que perseguirá a Enrique Peña Nieto hasta el final de los tiempos, pero esa fatalidad ni comienza ni termina ahí. Lo que vive hoy nuestro país es en realidad una crisis del sistema político mexicano, ese que el diario francés Le Monde calificó como el Estado mafia, en virtud de décadas de corrupción, impunidad, simulación y violencia, que estereotipan el desempeño de todos los Poderes y niveles de gobierno. Ese es precisamente el Estado al que los estudiantes señalan como responsable de la desaparición de sus compañeros. A ese Estado mafia.
La realidad es que el Estado mexicano huele desde hace muchos años a podrido. Un largo proceso de desmantelamiento guiado por sistemáticas medidas neoliberales, una degradación causada por una clase política cada vez con menos escrúpulos, más corrupta y menos sensible, una ética pública en bancarrota, un sistema en el que los gobernadores parecen más cabecillas de bandas estatales que servidores públicos, un sistema de partidos y cuotas de poder que envilecen todo lo que tocan, una administración pública cada vez más infiltrada por el crimen organizado y miles y miles de muertos y desaparecidos por métodos infrahumanos lo tienen en estado de putrefacción.
Ha llegado el tiempo de cortar por lo sano con ese viejo sistema político. Si Enrique Peña Nieto no cambia políticas públicas e integrantes de gobierno se radicalizará la lucha por su renuncia.
Para no quedarme en la simple denuncia y en la crítica, presento ante ustedes una propuesta ultra mínima de cambios urgentes diseñada sin tapujos, fíjense ustedes, para dotar al presidente Peña Nieto de un mínimo consenso social, de tal manera que logre salvar a su gobierno.
Tengo muchas diferencias con el gobierno del presidente Peña Nieto, pero difiero de aquellos de quienes demandan su renuncia. El peor escenario para el país sería vernos enfrentados a una crisis constitucional y en la necesidad de que esta Cámara nombrara al relevo presidencial, ése hecho podría resultar más grave que el más desastroso gobierno del presidente Peña nieto, pero para salvarse debe comenzar por tirar todo el lastre que carga el gobierno, llámense funcionarios ineficaces o corruptos o políticas públicas socialmente rechazadas.
Debe dejar de actuar como deudor de Televisa y cancelar la línea dura de su gobierno. La corrupción y manipulación del proceso electoral es el telón de fondo de la inestabilidad que hoy conoce el país. Consecuentemente la salida de la crisis tiene también que ver con los bajos estándares de nuestra democracia y ello obliga a actuar en consecuencia.
Presidenta, me permito nada más una observación, que el reloj empezó a marcar a partir de los cinco minutos y no de los siete disponibles para esta participación. Gracias, presidenta.
El problema es por supuesto también político...
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Diputado, permítame. Se pusieron los siete, tiene usted unos minutos más, nada más le pediría, en atención a la asamblea, terminar. Gracias.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias. Y perdón por la confusión, presidenta, y gracias por su comprensión.
Les decía que no se puede seguir gobernando al país con criterios de facción, con la idea de que el que gana, gana todo y que el que pierde no tiene derecho a nada, salvo que acepte una relación de subordinación.
Es urgente incorporar las figuras legales de revocación de mandato, referéndum, plebiscito y derecho al voto nulo mediante procedimientos accesibles, repito, mediante procedimientos accesibles.
Están los niveles de corrupción que tenemos que abordarlos, aquí me voy a brincar las propuestas por respeto a su tiempo, pero lo fundamental en materia de corrupción es que es imprescindible reenfocar el debate. Si no se gobierno con el ejemplo y no se aplica la ley no habrá institución ni ley suficiente para combatirla eficazmente.
Termino, presidenta, estas propuestas están lejos de las seudorreformas que se han aprobado en esta legislatura, pero son la oportunidad para que los integrantes de este pleno, para que nuestra Carta Magna empiece a recuperar su espacio en nuestra vida pública. Y de paso, Enrique Peña Nieto consolide y logre salvar hasta el final del sexenio a su gobierno. Gracias, presidenta. Muy amable y muy reconocido.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias. Saludamos ahora al grupo de adultos mayores de la colonia Villas de Guadalupe y escuela de belleza Concepto Creativo. Invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Sean ustedes bienvenidos.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Y le damos ahora la palabra al diputado Luis Antonio González Roldán, del Partido Nueva Alianza, para dar su posicionamiento. Y sí son 7 minutos, hasta por 7 minutos. Todo lo que pudieran respetar el tiempo se los agradece la asamblea, en función del tiempo de los demás. Gracias.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su permiso, señora presidenta. Señoras y señores legisladores. En esta fecha conmemoramos un evento trascendental en la existencia de nuestro cuerpo político. En la vida misma de nuestra nación. Con una vigencia casi centenaria hoy recordamos la promulgación del cuerpo normativo supremo que rige el Estado de derecho de nuestro país, la Constitución Política de 1917.
Fue precisamente un día lunes, del ya remoto año del 17, en el cual nuestra actual Constitución Política da inicio a la regulación de nuestra vida jurídica, y con ella, la de los ámbitos político, social y económico entre muchos otros que han conformado y conforman la vida misma de los mexicanos.
Con los mejores augurios y anhelos el Constituyente de 1917 entregó el resultado de un arduo proceso de conformación legislativa, en el que no solo integró las aspiraciones emanadas de la lucha revolucionaria de 1910, sino además una sólida tradición jurídica constitucional y la visión de un México próspero, igualitario y justo en la mente y en la intención de aquellos distinguidos legisladores.
Mucho se ha escrito y se continuará escribiendo sobre los hombres que conformaron nuestra Constitución Política y sobre su obra. Realizada bajo la iniciativa del presidente Carranza, en su obra realmente delineaba y conformó el futuro de una gran nación: nuestro México.
Nuestra Constitución Política de ningún modo es solo historia. Hoy constituye igualmente la directriz suprema, guía y ordenación de nuestra vida colectiva. Por esta razón se justifica del modo más amplio la remembranza, pero así mismo la renovación del compromiso de velar por su cumplimiento. Protesto que todo servidor público realiza y desea, profundo de que todo mexicano espera de sus instituciones.
Con múltiples modificaciones a lo largo de 98 años, nuestra Constitución Política continúa siendo un instrumento vivo y apto para dirigir los destinos de nuestra nación. En ella conviven la tradición y los valores fundamentales de nuestra organización política, así como las instituciones e instrumentos para dar respuestas al complejo presente y sentar las bases de un mejor futuro.
La constitucionalidad que buscamos encuentra asidero en los valores de la nación y los principios del país que aspiramos ser. Valores y principios recogidos por el Constituyente de 1917 y que se plasmaron en el texto constitucional, cada Legislatura, no me queda duda, ha hecho lo propio para mantenerla viva.
Ésta, la LXII Legislatura, la que hoy tengo el orgullo de integrar ha dado su mejor esfuerzo para mantener su vigencia, actualidad y proyección de nuestra norma suprema, sabedores que en ella se sustenta toda la estructura jurídica-política que nos rige y de este modo incide de manera determinante en la vida misma de cada mexicano.
Es por ello que sin mezquindades, nuestra Legislatura ha transformado nuestra Carta Magna a nuestra realidad social imperante. Los tiempos actuales devienen en una complejidad cada vez más apremiante, es por ello que resulta imprescindible asumir la solidez de los principios, el reconocimiento de lo esencial y la confianza en nuestras instituciones.
El descrédito contra las instituciones reclamando su ineficacia olvida que no son éstas, sino las personas quienes llevan a cabo su realización. La ejecución puede objetarse, pero los instrumentos jurídicos siempre estarán prestos a ser empleados con la mejor intención, la cual constituye el verdadero propósito de quienes los conformaron.
Nuestra Constitución Política no solo es el instrumento fundamental del Estado, sino pervive en la consciencia y en el sentimiento de nuestro pueblo como un garante o protector de sus intereses más esenciales.
Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, la Constitución debe ser una herramienta para la solución de los problemas del país, ahí descansa la trascendencia de su cumplimiento y observancia.
Quienes se ufanan en su pesimismo y afirman que no hay nada que celebrar, se equivocan. Es de celebrar que contamos con una Constitución en la que están contenidas las bases de las instituciones que deben conducirnos al progreso y la prosperidad. Es de celebrar que tenemos una norma fundamental, porque la ley es la única vía para conducir los anhelos del país.
La fuerza del derecho es indispensable para construir una nación, por eso el mayor desafío que enfrentamos es conseguir que se imponga un verdadero estado de derecho sin distingos, sin atajos, sin privilegios. De ello depende el futuro del país. La tarea no es fácil, nunca lo ha sido. Pero el fin es claro. Hagamos valer las palabras contenidas en el texto constitucional porque no sólo son palabras, son nuestro fundamento como nación.
Nueva Alianza hoy confirma su mayor respeto y acatamiento integral de nuestra Norma Fundamental, eje de nuestra más profunda convicción política. Es por ello que reitera la sentencia latina que de manera diáfana se inscribe en el recinto de nuestra Suprema Corte de Justicia. Somos servidores de la ley; de la Ley Suprema para ser libres. Es cuánto.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputado Luis Antonio González.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Le damos la palabra ahora a la diputada Magdalena Núñez Monreal, del Partido del Trabajo, para fijar su postura por su partido, el Partido del Trabajo.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Al Partido del Trabajo le enorgullece y lo motiva a participar en la conmemoración de la promulgación de nuestra Ley Fundamental y recordar en esta fecha al notable Congreso Constituyente de Querétaro integrado por mexicanos de excepción, a los que tocó coincidir en una etapa de gran trascendencia para el futuro de la nación.
Recordar en el presente los encendidos debates que sostuvieron y los diversos estudios que realizaron, nos confirma que la vorágine de la época en la que vivieron no fue impedimento para que aquellos legisladores coincidieran en lo fundamental y plasmaran en el texto constitucional los ideales de la mayoría de las mexicanas y los mexicanos que participaron en la Revolución mexicana.
Por ello es tan importante evocar hoy a esa pléyade de mexicanos que tuvieron la sensibilidad y la capacidad de sintetizar los afanes históricos y las luchas de los mexicanos en la Carta Magna, porque su trabajo nos ilustra respecto a la manera de cómo afrontaron los enormes retos que el país enfrentaba para atender los complejos problemas que vivimos en la actualidad.
El maestro emérito de la UNAM, Mario de la Cueva, decía que el poder reformador de la Constitución debe detenerse ante los principios que contribuyen a la alteración del estilo de vida política del pueblo, y en las difíciles circunstancias en las que nos encontramos vale la pena reflexionar si el denominado Constituyente Permanente durante la presente Legislatura no afectó precisamente los principios fundamentales del pueblo mexicano que contenía la Constitución original, aquéllos que por décadas le dieron certidumbre, continuidad y esperanza a la sociedad.
Es una realidad que las principales reformas enviadas por el Ejecutivo, la fiscal, energética, educativa, laboral, de telecomunicaciones, no han dado los resultados ni los efectos deseados.
En materia económica el crecimiento ha sido mínimo –y en consecuencia– la falta de nuevos empleos aumenta, se incrementa la pobreza, y los recientes anuncios de ajustes al gasto público, nos confirman que el de Peña Nieto habrá de ser un nuevo sexenio perdido.
Podrán argumentarse causas exógenas para justiciar el desastre económico que vivimos. Sin embargo hay que señalar también las ineficiencias y errores de política económica que su administración no ha sabido corregir.
La frustración que ha producido en la sociedad la actual administración, se refleja en los índices de aprobación del presidente de la república, quien no pudo dar resultados en el breve plazo y la paciencia ciudadana se ha agotado.
En lo político la inseguridad pública ha llegado al límite. Los trágicos acontecimientos de Ayotzinapa han lastimado precisamente lo que más amamos las familias mexicanas: a nuestros hijos.
Pero ese profundo dolor habrá de ser el detonante para que a partir del próximo 7 de junio surja una sociedad más participativa que elija una nueva Cámara de Diputados conformada por diputadas y diputados que restablezcan el imperio de la ley en todos los órdenes, fundamentalmente en cuanto al combate a la corrupción y a la delincuencia.
Sin embargo será fundamental que la sociedad esté alerta para que en la próxima contienda electoral se destierren las viejas prácticas antidemocráticas que mantuvieron en el poder por más de 30 años al dictador Porfirio Díaz, y que por más de 70 impidieron la alternancia en el siglo pasado.
Por ello –como lo hemos hecho desde esta tribuna– el Partido del Trabajo convoca a las fuerzas progresistas del país y a los personajes que durante décadas han luchado por la democracia, a que retomen el camino que nos marcó el constituyente de 1917: el de la Revolución Mexicana.
No debemos olvidar que las fuerzas de izquierda representamos la esperanza de millones y millones de mexicanos que no aspiran a vivir con los lujos y las riquezas que ostentan quienes administran el poder público, sino simplemente a que su vida se desarrolle de una manera digna.
Hoy convergen en el ánimo de las y los mexicanos los mismos ideales esenciales de las mujeres y los hombres que participaron en la revolución, porque prevalecen las mismas demandas de justicia y bienestar.
El Partido del Trabajo es una fuerza política respetada que continuará alzando su voz para ser escuchada, inclusive con mayor vehemencia, porque tenemos la calidad moral para ello, ya que a lo largo de la presente Legislatura hemos hecho frente a todas las reformas contrarrevolucionarias que el presidente Peña Nieto, su partido y sus aliados, han impuesto por mayoría aritmética, más no por mayoría de razón, y que han acentuado las desigualdades y reducido las oportunidades de equidad para los que pocos tienen.
Apenas el año pasado, y el Diario de los Debates da cuenta de ello. En esta misma fecha conmemorativa hicimos un llamado a propiciar una cultura de la legalidad, y señalábamos que no podía tolerarse el que se siguiera haciendo negocios al amparo del poder público.
Hoy tristemente confirmamos que esa práctica reprobable continúa vigente. Por ello nos parece cínico el exhorto del secretario de Hacienda que nos conmina a legislar contra el conflicto de intereses cuando los principios de honradez y la honorabilidad de un servidor público no se da por decreto, se inculca desde el hogar.
El Partido del Trabajo es una fuerza política que mantiene vivo en su ideario político el combate a la pobreza, la transformación de nuestras instituciones y la lucha por la democracia.
Nuestro partido representa para nuestros aliados de izquierda la posibilidad de su modernización. Para nuestros adversarios de la derecha, la posibilidad de concretar acuerdos que permitan la gobernabilidad del país, y para la sociedad una alternativa seria para encauzar por la vía institucional, la inmediata transformación del Estado mexicano.
Por ello confirmamos en esta fecha histórica que el Partido del Trabajo seguirá manteniendo en su ideario político el contenido social, liberal y republicano de la Constitución de 1917. Muchas gracias, es cuanto.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias a usted, diputada.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Le damos la palabra ahora a la diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, es hasta por siete minutos, diputada.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Adelante.
La diputada Zuleyma Huidobro González: El Constituyente Natividad Macías dijo: un pueblo miserable, un pueblo harapiento, un pueblo pobre no podría ser jamás un pueblo libre. En la Constitución de 1917 se reconocieron los derechos sociales como el de huelga, el de la organización de trabajadores y el derecho a la educación, entre otros. Se contempla la separación entre la Iglesia y el Estado y la división de poderes. En ella se incorporaron ideas de todos los grupos revolucionarios de aquél entonces.
Hoy deberíamos celebrar el nonagésimo octavo aniversario de su promulgación, y por haber alcanzado esos derechos. Sin embargo, con más de 600 reformas a esos ideales, la Constitución ha cambiado, sí, pero México pareciera estar peor.
Durante esta Legislatura hemos visto reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que nos prometían el cambio, que supuestamente era la panacea para el crecimiento del país; por ejemplo, en materia de educación se prometió la gran reforma, sin embargo vemos que dicha reforma más que educativa es administrativa, seguimos sin saber cuántos maestros hay en nuestro país.
Con la reforma en telecomunicaciones los mexicanos aún seguimos pagando las tarifas más altas en telefonía celular. La reforma en materia de transparencia y acceso a la información pública, donde los comisionados del IFAI han sido nombrados a partir de las cuotas partidarias.
La reforma político electoral, que sólo ha beneficiado a unos cuantos políticos porque las candidaturas independientes y la consulta popular se volvieron en una ilusión, y aún más, cuando no existe la revocación del mandato, pero sí la reelección.
Y así podríamos continuar ejemplificando que las supuestas reformas estructurales realizadas a nuestra Constitución, y de más ordenamientos jurídicos emanados de ella, no han significado más que una retórica discursiva de la oligarquía política, quien embelesa su discurso hueco a través de la retórica infructuosa y la demagogia, olvidándose del pueblo, de la lucha, de la sangre que se derramó para dar origen a nuestra Carta Magna.
Pero no podemos dejar de decir de la reforma energética, la que está privando de recursos a los mexicanos y que terminará en manos de empresarios. Y, si todas estas reformas a la Constitución no fueran consideradas otras ideas más que las del gobierno opresor camuflajeado en el Pacto por México y una Cámara de Diputados, evidentemente convertida en Oficialía de Partes del Ejecutivo federal, hoy subirán a esta tribuna a decir discursos de orgullo y reconocimiento a estas reformas estructurales y de querer seguir engañando a los mexicanos diciendo que velan por sus derechos humanos y sociales consagrados en la Constitución.
Afortunadamente los mexicanos ya no aplauden sus falsas promesas de cambio, porque los ciudadanos ya saben que sus reformas estructurales aprobadas sólo han ayudado a los intereses personales del gobierno federal, dejando por un lado la exigencia de los ciudadanos de un México en el que exista justicia, educación, paz, seguridad, prosperidad, empleo, salarios dignos, servicios adecuados, alimentación, vivienda.
Entiéndanlo de una vez, los mexicanos no podemos seguir viviendo como estamos, envueltos en un sistema corrupto e impune, donde constantemente se viola la Constitución y no pasa absolutamente nada. El pueblo sabe que es momento de honrar a mujeres y hombres retomando sus ideales y principios, evitando la simulación. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Tiene la palabra el diputado Felipe Arturo Camarena García, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado, hasta por siete minutos.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, diputada presidenta.
Es triste y lamentable que no hay más ciego que el que no quiere ver y más sordo que el que no quiere oír. Hoy, 5 de febrero, se conmemora el XCVIII Aniversario de la promulgación y vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Esta ocasión debe ser aprovechada para insertar en la conciencia colectiva de los mexicanos la idea de la necesaria, quizás urgente, reafirmación de los principios constitucionales que el Congreso Constituyente de 1916 redactó, teniendo como derrotero el orden y la prosperidad de nuestra nación.
Es digno resaltar que la Constitución Política de 1917 que hoy nos rige y que está celebrando 98 años de existencia, ha sido un documento dinámico, dúctil y flexible, el cual ha tenido la virtud de amoldarse según las necesidades y realidades de nuestro país no obstante que los requisitos para su modificación entrañan procesos complicados de alcanzar, especialmente en un contexto de pluralismo político como el que hoy día vivimos en nuestra nación.
Debemos sentirnos orgullosos por el simple hecho de que nuestra Ley Fundamental siga estando al espíritu que le imprimieron los legisladores de 1917 y se mantenga al mismo tiempo al a vanguardia de los cambios políticos, económicos y sociales por los que el país y el mundo entero han atravesado.
Algunos de los críticos de nuestra Constitución mexicana han cuestionado el hecho de que el texto constitucional sea demasiado extenso y han señalado la necesidad de adelgazarlo, con el argumento de que las Constituciones deben ser breves y claras con el objeto de que puedan ser comprendidas por su destinatario.
No obstante lo anterior, debe considerarse que nuestra Constitución no es sólo una declaración de derechos fundamentales de los mexicanos o una lista de principios generales que rigen la vida de la sociedad, sino que ésta plantea la realización de programas de transformación y equidad social.
En este sentido, debemos destacar la importancia de la incorporación de las llamadas garantías individuales, las cuales constituyen un hito en materia de los derechos humanos a nivel internacional, ya que la generación de los llamados derechos económicos, sociales y culturales como el derecho a la vivienda; el empleo; la seguridad social; la salud y la educación, fueron plasmados en nuestra Constitución antes que en la de cualquier otro país, constituyéndose en pionera en esta materia.
Como alguna vez lo señaló el doctor Jorge Carpizo, nuestra Carta Magna sintetiza en buena medida la historia política de México, ya que ésta recupera los principios fundamentales de las Constituciones de 1824 y de 1857. Recoge los grandes postulados de los sectores sociales que participaron en el movimiento revolucionario iniciado en el año de 1910, al igual que reivindica las aspiraciones más significativas de las luchas y de los movimientos más importantes que surgieron después de 1917 y que marcaron la evolución de México posrevolucionario.
Por último, queremos recordar que la verdadera esencia de una Constitución es que sus normas sean respetadas y cumplidas por todos y cada uno de sus destinatarios, tanto por los ciudadanos como por el conjunto de los poderes públicos.
En el Partido Verde Ecologista queremos refrendar no sólo que estamos comprometidos con el cumplimiento y el respeto de nuestra Constitución, sino que tenemos también un firme compromiso para hacerla cumplir.
La Constitución mexicana tiene que dejar de ser un ideario incumplido para traducirse en derechos y libertades, a los que las y los mexicanos tienen acceso y pueden exigir de modo efectivo, lo cual ha sido y seguirá siendo uno de los principios rectores de nuestra institución política.
La igualdad y la libertad, así como la seguridad y la prosperidad para los ciudadanos son postulados esenciales de nuestra Carta Magna para el cual el fin último de la política es la íntegra conservación de estos derechos cuyo goce por parte de cada uno de los mexicanos es la condición sine qua non de la felicidad de un pueblo. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, compañeros diputados.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputado Camarena, por su tiempo, por ser breve y conciso.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Ahora le damos la palabra a la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputada presidenta. A 98 años de la promulgación de la Constitución Política de 1917, después de varios procesos revolucionarios sangrientos que vivió y sufrió nuestro pueblo durante las dos primeras décadas del siglo XX, hemos perdido el rumbo respecto de aquel mandato constitucional de establecer un Estado social democrático y de derecho. Nuestro país está a punto de naufragar ante la ausencia justamente de un Estado de derecho que nos tiene al borde de un Estado fallido.
A pesar de que nuestra Constitución fue la primera en el mundo con un marcado carácter y vocación social, la parte esencial de su espíritu y letra es, como se dice coloquialmente, letra muerta.
Parece exageración, pero les pondré algunos ejemplos. Los derechos humanos tutelados por el artículo 1o., hoy están en la peor crisis de la historia reciente, lo que se refleja trágicamente en hechos tan lamentables como las masacres de San Fernando y Tlatlaya, así como la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa. Y con las cifras de los miles de desaparecidos asesinados, torturados, de las miles de mujeres víctimas de feminicidios no esclarecidos y la mayoría ni siquiera investigados, que en cifras oficiales reconocidas como inconsistentes por la propia autoridad supera el número de 25 mil víctimas.
Otro ejemplo, la no discriminación y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, consagradas en el artículo 2o., en gran medida esto es una simulación, puesto que las y los indígenas del país siguen siendo discriminados, perseguidos y violentados en sus derechos y ahora más que nunca en sus propiedades y recursos naturales.
La educación pública y gratuita mandatada en el artículo 3o. constitucional, es una quimera, puesto que hay miles de niños y niñas adolescentes sin oportunidades de estudiar en condiciones de dignidad y seguridad.
La libertad de expresión, consagrada en el artículo 6o., está siendo severamente amenazada con la persecución, el hostigamiento y desgraciadamente con los asesinatos de decenas de periodistas perpetrados en varios estados de la república.
La propiedad de la nación sobre bienes estratégicos, en particular los hidrocarburos, ha sido conculcada en esta legislatura con una infausta reforma al artículo 27, violentando quizá la cualidad soberana de mayor importancia de nuestro país.
Los derechos de los trabajadores y trabajadoras tutelados en el artículo 123 han sido brutalmente socavados, reduciendo al máximo los derechos y las prestaciones laborales. Todo el título cuarto de la Constitución que habla de responsabilidades de los servidores públicos, y patrimonial del Estado, ha sido una mera simulación, en donde la impunidad, la opacidad, la colusión de intereses y la corrupción en el ejercicio de la Función Pública han sido la norma.
Somos un país donde los funcionarios, incluido el presidente de la república, son intocables, se hacen ricos de manera inexplicable e ilegal y nunca pasa nada, y menos aún pasará cuando el presidente acaba de nombrar a un amigo como titular de la Secretaría de la Función Pública, supuestamente esa Secretaría en estado de extinción pero revivida con un amigo para que lo investigue. El colmo del absurdo.
El título quinto que habla de los estados de la federación y del Distrito Federal, también se ha visto socavado su mandato federalista original y ahora vamos claramente a una involución centralista, al extremo de que el titular se quiera apropiar la potestad de disolver poderes de los ayuntamientos, con el pretexto de la inseguridad y de la presencia del crimen organizado.
Tenemos diferentes ejemplos que estar documentando el día de hoy. Lejos estamos de aquel ideal zapatista de tierra y libertad, del anhelado reparto agrario y de la tierra, que es de quien la trabaja.
Ahora son las decisiones del capital con estas reformas, de ese capital usurero que gobierna nuestros campos, deciden qué cultivar. Nos quitaron la suficiencia soberana de nuestro maíz nativo y hoy tratan de suplantarlo con los negocios transgénicos, con el que pretenden detonar nuestra seguridad alimentaria para depender de las empresas del capital extranjero y de los suministros que nos quieran destinar los Estados Unidos. Estamos atados porque así lo han decidido quienes nos han gobernado estos últimos 30 años.
El día de hoy dirijo este mensaje a la gente. Sería absurdo pensar que está uno hablando ante la Cámara de Diputados con un pleno vacío. Por eso, a la gente le decimos el mensaje del día de hoy: que no asumimos la supuesta modernización de México porque las reformas recientes han sido en sentido contrario al espíritu social y nacional de la Constitución. Hoy la Constitución está de luto.
Nos dirigimos a la gente y reiteramos nuestro compromiso de seguir luchando por una Constitución que permita una restructuración unitaria de México, sin que se pierdan los valores democráticos que fueron instituidos en 1917.
Convocamos a trabajar en una nueva Constitución social, nacional y democrática que rescate el espíritu de la de 1917. Hay que retomar la identidad y el espíritu nacionalista que permita a las y los mexicanos condiciones dignas, con amplias libertades o igualdad de oportunidades. Sí es posible un México para todas y todos, donde permee el buen vivir. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Alavez.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Le damos la palabra ahora a la diputada Rocío Baca Bonifaz, del Partido Acción Nacional, para dar el posicionamiento, su primer posicionamiento por su partido.
La diputada Rocío Baca Bonifaz: Compañeras y compañeros legisladores. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada un 5 de febrero de hace 98 años, recoge y refleja una experiencia rica en enseñanzas y aprendizajes que son producto de un devenir histórico en el que el país ha repetido las lecciones que han sido producto no solo de conflictos y enfrentamientos entre mexicanos, como lo fueron las luchas entre liberales y conservadores, federalistas y centralistas durante el siglo XIX y en la Revolución de 1910. Sino de manera más relevante, que han sido muchos casos producto de acuerdos y de consensos que fueron necesarios para el país en momentos difíciles.
Nuestra Carga Magna sienta las bases de nuestro régimen político que en principio presidencialista ha evolucionado para establecer un régimen más democrático, con plena división de Poderes y facultades, que contribuyen a su óptimo equilibrio al fortalecer tanto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como al Congreso de la Unión, estableciendo la estructura organizadora del poder, así como los criterios de selección de los integrantes de la clase dirigente, guardando también normas y procedimientos para el acceso al poder y a su ejercicio, estableciendo las directrices generales que nos constituyen como una república representativa, democrática y federal.
Desde el punto de vista del ciudadano, la Constitución representa ahora el reconocimiento pleno de los derechos humanos y sus garantías, así como la unidad nacional, la legitimidad de los Poderes de la Unión y la separación entre ellos como garantía de que ninguno se impondrá al otro invadiendo sus esferas de competencia. En ella, se observan las estructuras jurídicas del gobierno federal, estatal y municipal, cuyas facultades especialmente las del municipio han venido ganando terreno en el respeto de las otras instancias de gobierno.
A partir del año 2000 con la llegada al poder de Acción Nacional, el respeto a nuestra Carta Magna se hizo realidad, pues verdaderamente se vio entonces reflejada la división de Poderes que en ella se establece y quedaron de lado las facultades metaconstitucionales que caracterizaban a nuestro sistema político mexicano, mismas que de algún modo atentaban contra el estatus de ley suprema de la Unión, que se confiere así misma a nuestra Constitución en su artículo 133, en el entendido de que la voluntad del presidente era mandato imperativo incuestionable y la Constitución y cualquier otra ley en muchos casos no eran más que mera forma.
Hoy, aquellos tiempos en los que la Constitución tan solo se le rendía culto en el discurso han quedado atrás y nuestra Constitución verdaderamente nos rige como ley suprema de toda la Unión. La división de Poderes heredada de las ideas de Montesquieu, en la que cada poder habría de ser un contrapeso efectivo a los otros, deben permanecer siempre en el ámbito de nuestra Constitución.
Resulta indispensable que este 98 Aniversario de nuestra Carta Magna sea motivo de reflexión profunda sobre los incentivos a la cooperación y al efectivo trabajo legislativo que aprueba reformas completas y substanciales sobre temas de fondo, o bien sobre la continuación de la desesperada búsqueda de victorias electorales, con una visión de corto plazo que deja a México y a sus reformas pendientes sepultadas en el marasmo del conflicto.
La situación social, política y económica del país en el siglo XX y los años que llevamos del XXI ha observado cambios substanciales que ahora se han plasmado también en la Carta Magna y a partir de ello se ha generado estabilidad como uno de los requisitos necesarios para el crecimiento económico, para el perfeccionamiento de nuestras instituciones y de nuestra vida democrática. Sin embargo aún falta mucho por hacer para nuestra consolidación democrática.
Nuestra democracia no puede quedarse meramente en las elecciones y en esa escasa participación ciudadana que llega tan lejos como el voto responsable. Es menester construir espacios para mayor participación y sobre todo para una efectiva rendición de cuentas, así como un combate real y serio a la corrupción y un trabajo legislativo que verdaderamente sea acorde con los intereses ciudadanos que lo eligieron.
Todos los partidos políticos representados actualmente en el Poder Legislativo hemos hecho aportaciones que han enriquecido a nuestra Ley Fundamental para la gobernabilidad democrática y el enriquecimiento de la vida cívica. Ello se ha logrado sin mayores sobresaltos –las reformas importantes para nuestro país.
Por lo mismo, no podemos postergar la responsabilidad que nos confiere nuestro mandato al servicio del pueblo de México y avanzar responsablemente hacia una reforma que permita la formación del sistema nacional anticorrupción para salvaguardar nuestra vida democrática y para una economía más sana.
Resulta inminente ponerse al día con las exigencias de nuestro proceso de consolidación democrática y continuar poniéndonos al día con la dinámica marcada por la globalización para aprovechar mejor nuestros recursos y multiplicar las oportunidades de incrementarlos, con la mira puesta en saldar la deuda ancestral que venimos arrastrando de siglos con los más necesitados del país y en suprimir de una vez por todas el sufrimiento evitable de grandes sectores de la población.
La celebración del día en que se promulgó nuestra Constitución es oportuna para seguir sembrando las condiciones de esperanza para millones de mexicanos que en muy buena medida vivirán mejor o peor, sean acertadas o no nuestras decisiones.
No hagamos de esta realidad democrática una en la que los responsables de hacer las leyes para una nación se sigan mostrando como baluartes de intereses electorales partidistas, dejando completamente de lado los intereses de aquéllos a quienes servimos, que no es otro que el pueblo de México.
Pueblo de México que lejos de ser un ente abstracto está integrado por los millones de mexicanas y mexicanos que en suma buscan mejorar sus condiciones de vida, así como mejores oportunidades para vivirla. Para ello una representación efectiva es menester.
Evoquemos la inspiración de nuestro Congreso Constituyente de 1917 para alcanzar los acuerdos necesarios para consolidar nuestra vida democrática y para llevar a nuestra democracia a otra etapa en la que la rendición de cuentas y el combate a la corrupción sean una realidad.
Que la conmemoración de esta efeméride sierva para reavivar el fuego de la conciencia del espíritu de servicio de quienes tenemos el deber y la responsabilidad de velar porque se obtenga el mayor bien posible para la comunidad de quienes tenemos más obligación que el resto de los ciudadanos de trabajar con determinación, para que se generen condiciones de vida cada día mejores y más dignas para todos.
Éste es un día adecuado para traer a la memoria los elementos que convergen en el símbolo de la Constitución, los ideales por los que hemos luchado los mexicanos durante siglos de historia.
Es un día propicio para augurar tiempos mejores, para desterrar de una vez por todas, esa especie de visión deformada que mira más por los intereses propios que por los de la nación, y para estar abiertos a aceptar la razón que se exprese en el diálogo y en el debate para el mayor bienestar del país.
Compañeras y compañeros legisladores, que este 98 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos sirva para consolidar nuestra democracia. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias a usted, diputada Rocío Baca.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Por último le damos la palabra al diputado Leopoldo Sánchez Cruz, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por siete minutos.
El diputado Leopoldo Sánchez Cruz: Con su venia, diputada presidenta; compañeras diputadas, compañeros diputados, a 98 años de su formulación nuestra Constitución permanece como un documento fundacional del Estado mexicano, garante del pacto social y de los derechos fundamentales de los mexicanos.
Custodio sólido de la soberanía nacional y continente indiscutible de nuestras aspiraciones colectivas. Por eso es un documento que nos cohesiona, nos guía, fortalece nuestra identidad, define nuestro perfil y fija nuestra presencia en el mundo en un marco de respeto, igualdad, con otras naciones.
Nuestra Constitución se distingue por ser la primera con contenido social en el orbe. Y si bien ha cambiado con el recorrer de los años, nunca ha perdido la esencia protectora de los débiles y garante de la igualdad y justicia distributiva.
La Constitución se ha transformado. No es la misma de 1917 porque tampoco la sociedad mexicana es la misma que a principios del siglo XX, pues es virtud de las constituciones democráticas la de adaptarse a las necesidades de la nación en un mundo en constante cambio.
Nuestra Constitución no ha variado en sus principios de igual, de justicia, de la libertad y de la inclusión, mismos que garantizan su continuo e incesante mejoramiento.
En este sentido, el de la senda de las reformas constitucionales que se reconoció el derecho, por ejemplo al voto de las mujeres mexicanas; se reconoció el multiculturalismo nacional; se respondió a la evolución de la pluralidad social para dar paso a nuevas formas de representación democrática; se estableció la planeación estratégica; se cambió a monopolios más lesivos para la vida económica: se construyó un control de la constitucionalidad sólido; se crearon instituciones que garantizaban un desempeño más adecuado del poder público a través de organismos constitucionales autónomos dedicados a la organización de elecciones democráticas y a la vida política monetaria nacional.
No se trata de cambiar por cambiar, se trata de evolucionar en función de la realidad social. No podemos caer en fetichismos jurídicos, pues la Constitución no existe para satisfacer los rigorismos académicos, sino para servir al pueblo de que tutela reconociendo y garantizando efectivamente la esfera más amplia de derechos y trazando la ruta que debe de encaminar a la actuación del Estado garantizando sobre todo su correcto funcionamiento y a la vez que establece pesos y contrapesos que garantizan el uso racional del poder público.
Compañeros legisladores, nuestra Constitución efectivamente ha cambiado y lo seguirá haciendo. Estamos en un momento de cambio motivado por una reflexión del papel que juega México frente a una dinámica global más compleja y un mundo plagado de desafíos.
Lo que no cambia es el objetivo de garantizar que las mexicanas y los mexicanos cuenten con herramientas que le den acceso a más oportunidades y mejores condiciones de vida.
Por eso son las reformas transformadoras, que abren mejores perspectivas a nuestro país para resolver los problemas nacionales, superar los rezagos y enfrentar los retos de la modernidad, nos referimos a una reforma, por ejemplo educativa, una reforma energética, a una reforma de telecomunicaciones, una reforma de competencia económica, a una reforma en materia de transparencia, y a una reforma político-electoral.
Todas llevadas a cabo de manera responsable y democrática, incluyendo las visiones de todos los actores involucrados y enriquecidas por la diversidad y la participación de la sociedad civil para responder de mejor manera a los retos actuales y perfilar un futuro promisorio para las generaciones venideras.
Esa es nuestra responsabilidad histórica y esta Cámara y este Congreso han cumplido con ella, superando la confrontación extrema que parecía condenarnos al inmovilismo y a la importancia ante el cambio mundial.
Celebrar un aniversario más de nuestra Constitución es motivo de orgullo y renovada esperanza, porque lo que no ha cambiado –lo que permanece– es precisamente un proyecto de nación construido desde el pueblo, actualizando con instituciones y procedimientos democráticos, fortaleciendo por el propósito común, que es precisamente servir a México. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: A nombre de la ciudadana vicepresidenta Beatriz Zavala y de su servidor, presidente en funciones, diputado Sánchez Cruz, gracias a usted.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se recibió del diputado José Enrique Reyna Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria federal y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual será turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables para el dictamen correspondiente.
Señoras legisladoras y señores legisladores, en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento las iniciativas y las proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado (15:54 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 10 de febrero en curso a las 11 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas. Muchas gracias.
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