Comunicaciones oficiales
Comunicados de la Cámara de Senadores, con minuta; y del Congreso de Baja California, con iniciativa
Dictámenes a discusión
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Que reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, fundamentación
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Comunicado de la Junta, con cambios en comisiones
Turno a comisiones de las iniciativas y proposiciones
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente, 256 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (11:14 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Proceda ahora la Secretaría a consultar si se dispensa su lectura.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura del acta. Proceda ahora a poner a discusión la misma.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la Secretaría.
La Secretaria Francisca Elena Corrales Corrales: Se recibieron de diversas autoridades 10 contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Secretaria Francisca Elena Corrales Corrales: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara Permanente, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a los promoventes.
La Secretaria Francisca Elena Corrales Corrales: Oficio de la Cámara de Senadores por el que informa que ha quedado legalmente instalada para su segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado.
La Secretaria Francisca Elena Corrales Corrales: Se recibió de la Cámara de Senadores acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar recursos específicos a la Secretaría de Gobernación para que diseñe e implemente un programa de atención jurídica, psicológica, física y emocional para niñas, niños y adolescentes migrantes que se encuentran en proceso de repatriación.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Derechos e la Niñez, para su atención.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, secretaria. Señor diputado Durazo, ¿con qué objeto?
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Gracias, compañero presidente. Con objeto de solicitar a esa Presidencia su intervención, de tal manera que los 192 diputados y diputadas que firmamos a fines del periodo pasado la petición para constituir una comisión investigadora de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, sea debidamente constituida.
Han pasado más de dos meses y el tema del conflicto de interés relacionado con la casa blanca, las propiedades del secretario Videgaray y del propio presidente, siguen creciendo en la preocupación, en el ánimo de los mexicanos y esta Cámara no ha dado absolutamente ningún paso para cumplir con su responsabilidad de vigilar la actuación del Ejecutivo.
La Junta de Coordinación Política, con una fingida preocupación por la legalidad, ha solicitado la opinión sobre nuestro planteamiento a la Dirección de Asuntos Jurídicos que nos fue desfavorable, pero ha sido asumida como si fuese una sentencia en última instancia.
No hay argumento jurídico alguno que pueda atentar contra el derecho de esta minoría integrada por estos 192 diputadas y diputados, dado que excede con mucho el límite mínimo establecido en el artículo 93 constitucional como derecho de la minoría para plantear la constitución de una comisión de investigación.
Dado el retraso y la desatención a los signantes de ese planteamiento, solicito a usted tome cartas en el asunto en su calidad de presidente y que se responda a cada uno de los peticionarios si no ha de proceder este planteamiento y cuáles son los argumentos en los que sustentarían esa eventual decisión. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias. Señor diputado, tomo nota y queda registrada su intervención. Solamente preciso que usted conoce el trámite y el procedimiento, y éste es un tema que compete definir a la Junta de Coordinación Política. Tomo nota y estaré al pendiente del tema con mucho gusto.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor diputado Huerta ¿con qué objeto? Si es sobre el mismo tema, no es asunto del orden del día.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Si me permite la palabra.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí, cómo no. A ver, sonido en la curul del diputado Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sí, gracias, presidente. Mire, yo le agradezco en principio que me dé la palabra.
Y segundo, tengo que reconocer que usted hace un gran esfuerzo porque se vigile la normatividad de este parlamento, de esta Cámara de Diputados.
Me consta porque yo le fui a solicitar su firma de esto que está hablando el diputado Durazo. Y usted, aunque tal vez simpatizaba o no dudo que simpatice con la causa, recuerdo a bien que usted dijo: “soy el presidente y me excuso de firmar”. Y lo reconozco.
Por eso pido la palabra porque en el fondo yo le quiero informar que usted sí es responsable en este momento también de lo que ocurra con esta respuesta que necesitamos los diputados.
Y nada más le voy a decir por qué, porque la Junta de Coordinación Política se está amparando en una interpretación que hace el área jurídica; pero le quiero decir a usted –y usted lo sabe y se lo recuerdo– que quien interpreta la normatividad del Congreso es la Mesa Directiva.
En ese sentido le estamos pidiendo a usted, en efecto, que asuma la información y actúe como presidente de esa Mesa Directiva para que los diputados que firmamos tengamos una respuesta o se actúe conforme a derecho, pero usted es el que va interpretar la normatividad del Congreso y no es el área jurídica y mucho menos la Junta de Coordinación Política. Le suplicamos tome cartas en el asunto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Tomo nota de su preocupación, diputado Huerta.
La diputada Cristina Olvera Barrios (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputada Cristina Olvera Barrios.
La diputada Cristina Olvera Barrios (desde la curul): Buenos días, y gracias presidente.
Quiero hacer unos comentarios a nombre de mi Grupo Parlamentario Nueva Alianza. A nombre de mi grupo parlamentario quiero expresar mi más enérgico rechazo a las ideas expresadas por el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Fernando González Salas, quien en el marco de la discusión de la controversia constitucional del artículo 147 de la Ley de Salud Pública del estado de Baja California, señaló que los niños con discapacidad deberían de tener una ubicación especial y separada de otros menores.
Esta desafortunada declaración por fortuna no determinó la decisión de la Suprema Corte de declarar inconstitucional dicho artículo. Sin embargo, consideramos como un asunto muy grave la expresión del ministro, sobre todo por su alta responsabilidad como integrantes de los Poderes del Estado, no puede ni debe pasar desapercibido para esta Cámara.
Si bien el propio ministro ha hecho pública su disculpa por inmensa presión de organizaciones sociales, en Nueva Alianza queremos manifestar no sólo nuestra indignación, sino que tomemos este lamentable hecho como una oportunidad para que juntos –autoridades, representantes populares y sociedad general– construyamos una nación incluyente, lejos de seguir produciendo esquemas discriminatorios que dañan la dignidad de las personas con discapacidad.
Debemos refrendar nuestro compromiso con los derechos humanos, pero sobre todo a que los cambios legales no sean formalismos jurídicos, sino que realmente cambie la estructura y logremos que nos ayuden a entender y ser enfáticos con las personas que sufren discapacidad. Es cuanto, y muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada Olvera. Queda debidamente registrado en el Diario de los Debates lo dicho por usted. Muchas gracias. Señor diputado Añorve.
El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Señor presidente, sólo para pedirle de manera muy respetuosa que podamos continuar con el orden del día, porque aquí se han tocado temas que se están procesando en la Junta de Coordinación Política y el orden del día es muy importante para continuar con esta sesión.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Coincido plenamente con usted. Solamente le preguntaría al diputado Roberto López e inmediatamente continuaremos con el orden del día.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Gracias, presidente. Son dos cosas, la primera es sobre la intervención del diputado Huerta, lo que nosotros hemos valorado en el PRD, que también somos solicitantes de la comisión que se plantea y firmamos el documento, es que en todo caso podamos reformular la petición, dado que el vacío jurídico al que se refiere en este caso el área jurídica de la Cámara podría tomarse como pretexto para efectivamente dar una opinión en ese sentido. Lo que en todo caso yo le propongo al diputado Huerta y al pleno de la Cámara, como se hizo en el caso de la Comisión de Monex, que hagamos una segunda reformulación que se encuadre perfectamente con las empresas que tienen algún vínculo con las paraestatales y se pueda tener en este caso la procedencia de la Comisión. El PRD sí lo juzga necesario y creo que se tendría que tomar en cuenta por esta Cámara de Diputados.
La segunda, informar al pleno de la Cámara que en la Comisión de Derechos Humanos acabamos de acordar solicitar al estado de Puebla garantía de manifestación a los estudiantes que se movilizan hoy en el estado de Puebla. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. No hay alusión en su caso, señor diputado, le ruego me permita continuar. Continúe la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Solicitudes de licencia de los diputados Héctor García García; Faustino Félix Chávez; Flor de Rosa Ayala Robles Linares y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.
Diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presente.
Por este conducto y con fundamento en lo establecido en los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción XI; 6, numeral 1, fracción XVI; 12, numeral 1, fracción III y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar respetuosamente por su conducto al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal por el distrito 09, con cabecera en Linares, Nuevo León, a partir del lunes 16 de febrero del presente año.
Sin otro particular y esperando contar con su valioso apoyo a la presente hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. Atentamente, doctor Marco Antonio González Valdez, diputado federal.
La que suscribe, en mi carácter de diputada federal, por medio de la presente me permito exponer que con base en lo establecido en los artículos 6, fracción XVI, 12, fracción III y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, me permito solicitar a usted licencia para separarme del cargo como diputada federal por tiempo indefinido a partir del 15 de febrero de 2015.
Lo anterior, por estar en el supuesto legal del Reglamento aludido tal como lo establece la fracción III del artículo 12, que a la letra dice: Los diputados y diputadas tendrán derecho a solicitar licencia en el ejercicio del cargo por las siguientes causas: optar por el desempeño de una comisión o empleo de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, por el que se disfrute de sueldo.
En tal virtud, solicito se dé curso legal a mi solicitud de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el relativo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Por último, le externo mi voluntad para que la presente solicitud de licencia sea sometida a consideración del pleno en la sesión de esta fecha. Atentamente, diputada federal Miriam Cárdenas Cantú. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobadas. Comuníquense.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos y ciudadanas Ana María Gutiérrez Coronado, Maribel Enríquez Ramírez, Ricardo Flores Suárez y José Daniel Ochoa Casillas, diputadas y diputados federales electos en el primero, segundo y cuarto distritos electorales de los estados de Sonora, Jalisco y Nuevo León.
Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las y los siguientes diputadas y diputados: diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza. Diputado Abel Octavio Salgado Peña. Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos. Diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares. Diputado Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez. Diputada Rocío Baca Bonifaz. Diputada Joaquina Navarrete Contreras. Diputado David Pérez Tejada Padilla y la diputada Dora María Talamante Lemas, para que los acompañen y los hagan ingresar al recinto.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su encargo)
Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Rogamos también a las personas que nos acompañan en galerías ponerse de pie. Quienes están allá arriba nos hacen favor de ponerse de pie. Muchas gracias.
Ciudadanas Ana María Gutiérrez Coronado, Maribel Enríquez Ramírez. Ciudadano Ricardo Flores Suárez y José Daniel Ochoa Casillas, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputadas y diputados que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Ana María Gutiérrez Coronado, Maribel Enríquez Ramírez, Ricardo Flores Suárez y José Daniel Ochoa Casillas: Sí, protesto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Si así no lo hicieran que la nación se los demande. Muchas felicidades, diputadas y diputados.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforman el segundo párrafo del artículo 3 y la fracción V del artículo 6 de la Ley de Vivienda, y se adiciona la fracción XX al artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para dictamen.
La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Oficio del Congreso del Estado de Baja California, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de los artículos 1, 13, 14, 15 y 15 A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Saludamos a los alumnos de la Escuela Preparatoria Anexa Lomas de Cantera, del municipio de Naucalpan. Invitadas, invitados de la diputada Cristina Ruiz Sandoval. Bienvenidas y bienvenidos.
También saludamos a los integrantes de la Biblioteca Hermanos Flores Magón, del municipio de Los Reyes la Paz, estado de México. Invitadas, invitados por la diputada Cristina González Cruz. Bienvenidas, bienvenidos.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI, al artículo 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
Para fundamentar el dictamen por la comisión, tiene la palabra su presidenta, la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, de la fracción parlamentaria del PRD.
La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, señor presidente. Honorable asamblea, el presente dictamen fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. Aprovecho la ocasión para agradecer a todas y a todos sus integrantes ese apoyo que nos ha permitido trabajar con una gran armonía en la discusión de reformas y sus trabajos parlamentarios que contribuyan al fortalecimiento del sector.
Éste es el dictamen de la iniciativa inscrita el pasado 9 de septiembre, por el diputado Alfonso Inzunza Montoya, quien es a su vez presidente de la Comisión de Pesca. Su propuesta contemplaba adicionar una fracción VI al artículo 11, además de dos artículos, el 64 Bis y el 64 Bis 1 a la Ley General de Sociedades Cooperativas.
En la comisión analizamos el contenido de la iniciativa y coincidimos en reconocer que la adición de los artículos 64 Bis y 64 Bis 1 reflejaba una genuina preocupación por establecer en ley disposiciones para normar los requisitos que deben cumplir los socios para ser integrantes de las cooperativas, así como sus derechos y obligaciones.
No obstante se encontró que los contenidos de esos dos artículos propuestos ya están considerados en el cuerpo de la Ley General de Sociedades Cooperativas, dejando incluso la posibilidad de que por sus actividades y características, las propias sociedades cooperativas podrían precisar derechos y obligaciones en sus bases constitutivas.
Por tal razón, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, consideró fundamental la propuesta para adicionar una fracción y reformar el artículo 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
En la ley vigente se considera que para formar una sociedad cooperativa se requiere un número de integrantes que no puede ser menor de cinco socios. Esta decisión se justifica argumentando que quien tiene el propósito de facilitar la formación de estas figuras asociativas lo puede hacer con cinco socios.
Actualmente la ley general sólo establece como excepción en el artículo 33 Bis el número de socios requerido para integrar las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que deberán ser de por lo menos 25 socios, justificando esta excepción por la complejidad que conlleva formar una sociedad cooperativa de este tipo.
Ahora, el dictamen propone establecer un mínimo de socios para la integración de las sociedades cooperativas de producción pesquera. En este caso propone que deberán conformarse de por lo menos 25 socios.
En el análisis de esta propuesta, en la comisión establecimos consultas con las organizaciones de productores pesqueros, así como de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, además de los argumentos expresados por el mismo promovente.
Encontramos que como resultado de las consultas, la propuesta del dictamen aquí presentado está estrechamente vinculada a las condiciones de operación de la actividad pesquera la necesidad de operar embarcaciones en las condiciones impuestas por los climas y la situación geográfica de las comunidades pesqueras, muchas veces de difícil acceso.
En la comisión dictaminadora también tomamos en cuenta el propósito del cooperativismo de procurar el interés de la colectividad en la que conviven, tal como lo señala el artículo 2o. de la propia Ley General de Sociedades Cooperativas que reconoce que la sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
En el caso del cooperativismo pesquero, la conformación de sociedades cooperativas es con cinco socios. Es una medida que ha derivado en un aumento desordenado en el número de organizaciones de este tipo, lo cual impide hacer un seguimiento adecuado de sus actividades.
En el caso de las cooperativas pesqueras, el mínimo establecido en la ley ha dado lugar a que empresarios incursionen a esta actividad bajo la figura de cooperativa, pero buscando un beneficio privado incluso mediante la contratación de trabajadores asalariados, lo cual contraviene ampliamente el espíritu que da sustento al cooperativismo y la propia ley.
La esencia doctrinaria del cooperativismo y de la economía social queda gravemente fragmentadas ante la evidencia de que el esfuerzo de mano de obra contratada, sirva únicamente para el beneficio de algunos particulares organizados en sociedades cooperativas y no para el goce del colectivo, que es el cual genera la producción de bienes y servicios.
Además el mínimo de cinco socios da lugar a graves asimetrías porque esas cooperativas integradas con apenas el mínimo de socios que establece la ley, en la práctica disponen de igual número de permisos de operación que aquellas que están conformadas por una mayor cantidad de miembros.
Esta asimetría es y va en perjuicio del objeto social del propio cooperativismo. Así elevar a un mínimo de 25 el número de socios necesarios para integrar una sociedad cooperativa de producción pesquera, permitirá una mejor regulación y brindará a los pescadores asalariados la justa oportunidad de constituirse en organizaciones con una verdadera vocación de beneficio colectivo.
Por lo antes expuesto la comisión dictaminadora aprobó la propuesta de adicionar una fracción VI al artículo 11 estableciendo para el caso de las sociedades cooperativas de producción pesquera, que se constituyan entonces por lo menos de 25 socios.
Lo anterior para dar viabilidad a la intención del iniciante de la presente reforma. Y por lo anterior me permito –respetuosamente– solicitar a todas y a todos los diputados, que se pronuncien a favor de la presente reforma. Es cuanto, señor diputado presidente, gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Tiene ahora el uso de la palabra –para iniciar con la fijación de posturas de los grupos parlamentarios– el diputado José Arturo López Cándido, de la agrupación Morena, hasta por cinco minutos.
El diputado José Arturo López Cándido: Con su venia, señor presidente; diputadas y diputados, para mí y para nuestro partido Morena, es muy importante esta fracción que creemos que se debe incluir porque el proceso colectivo y el proceso del desarrollo de la economía social en México es muy importante.
Desde nuestro punto de vista el promover este aspecto de la economía social tiene que ver con impulsar formas nuevas o formas de democracia interna, tiene que ver con problemas de distribución de la riqueza pesquera, tiene que ver con impulsar la producción.
Y desde nuestro punto de vista esta adecuación de pasar de cinco a 25 miembros para formar una cooperativa es muy importante, porque muchas veces las cooperativas se han convertido en empresas privadas y que efectivamente benefician al seno familiar.
Yo creo que hoy tiene que ir más allá, tiene que haber de beneficiar a miles, ya que esta actividad pesquera tiene que ver con más de 160 mil beneficiarios y con más de 3 mil 200 cooperativas pesqueras en todo el país.
Y yo creo que como está el país en términos de que no hay desarrollo y no hay crecimiento, porque desde nuestro punto de vista se ha equivocado el modelo económico. Lo que nosotros proponemos es que se impulse de esta manera la economía solidaria para que efectivamente exista una distribución de la riqueza más equitativa, ya que desde nuestro punto de vista el gobierno mexicano no ha podido con el paquete de resolver el problema económico. Es cuanto.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado René Fujiwara Montelongo, para fijar postura por el Partido Nueva Alianza.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muy buenos días, compañeras y compañeros. Con el permiso de la presidenta.
Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el fortalecimiento de los esquemas de participación comunitaria es necesario para mejorar el cooperativismo y la economía social, lo que permite generar mejores condiciones económicas para nuestra población.
En otras ocasiones nos hemos manifestado en este sentido, y como hoy lo seguiremos haciendo cuando el debate se centre en dos de los dos aspectos que más necesitan de nuestra responsable participación, como es el tema del cooperativismo y el desarrollo del sector pesquero del país.
Si bien el tipo de cooperativas pesqueras se encuentran reguladas en el marco legal vigente, el cambio que se propone contribuirá a subsanar una deficiencia que ha generado un inadecuado seguimiento y ordenamiento de las mismas.
En efecto, tal como está el artículo 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativas que contempla su integración con un mínimo de cinco socios, en el caso de las pesqueras esto genera un impacto negativo, dado que estriba en la contratación de trabajadores asalariados, lo que en los hechos se separa drásticamente del propósito fundamental del cooperativismo y de los principios de la economía social.
La adición de una fracción VI del artículo 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que establece como mínimo 25 socios para constituir cooperativas pesqueras contribuirá a mejorar las condiciones de cohesión social, la autoayuda, la equidad y la solidaridad que se requiere en una actividad con un gran potencial.
El sector pesquero demanda de políticas públicas efectivas y eficaces, destinadas a fortalecer su constante crecimiento. Uno de los instrumentos de apoyo y canalización de estrategias y recursos son precisamente las sociedades cooperativas pesqueras en el país.
Sin embargo, el grado de atomización de cooperativas que actualmente se observa en el sector y la persistencia de casos en que se encuentran y se contratan a trabajadores asalariados contraviene ampliamente el espíritu que da sustento al cooperativismo y a la propia ley.
Es impresionante el dinamismo del sector, y se constata al comparar el número de trabajadores empleados, en 1999 estos eran un poco más de 75 mil trabajadores y al término del 2013 estos alcanzaron la cifra de 272 mil 533, es decir, hubo un crecimiento de 263 por ciento entre 1999 y 2013.
Sin embargo, no pasemos por alto que una gran mayoría no están integrados como socios cooperativistas, por lo que la condición de asalariados los alejas de los beneficios reales y del espíritu mutualista que la ley está inculcando.
Además, hace 16 años estaban registradas 2 mil 113 a sociedades cooperativas y hasta el 2013 éstas dieran 3 mil 931, cada una de éstas integrada por sólo cinco socios. El beneficio del cooperativismo sólo se refleja en poco más del 7 por ciento.
Como legisladores, y legisladoras, tenemos la responsabilidad de legislar para disminuir la inequidad que existe actualmente en nuestro país, que atenta contra el surgimiento de organizaciones con una verdadera vocación de beneficio colectivo, y así evitar con ello la persistencia de una injusta explotación de mano de obra.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza mantenemos un firme compromiso con las mexicanas y con los mexicanos.
Por ello daremos nuestro voto a favor de esta reforma, pues con su aprobación se mejorará la aplicación de las políticas públicas y el ordenamiento de las unidades productoras del sector pesquero, asimismo se verán beneficiados estos organismos del sector social de la economía, la sociedades cooperativas pesqueras, al establecer condiciones idóneas para su promoción, fomento y desarrollo, y sobre todo en la calidad de vida de miles de mexicanas y de mexicanos. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora, para fijar postura por el Grupo Parlamentario del PT, la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo hasta por cinco minutos.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para apoyar el dictamen que nos presenta la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, por medio del cual se adiciona la fracción VI al artículo 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somos firmes impulsores de la economía social en la que particulares se organizan para desarrollar actividades productivas, y en donde las utilidades son distribuidas entre los socios. En esta modalidad productiva hay aportación de capital y trabajo, pero no explotación del trabajador.
El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la participación del sector social en la economía, en el desarrollo de la nación. También es pertinente mencionar que en el artículo 73, fracción XIX-N, se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas.
En tal virtud y con fundamento en lo que se dispone en nuestra Norma Fundamental, esta Cámara de Diputados procede al conocimiento y votación del dictamen en comento. Tiene una finalidad específica en la reforma a la fracción VI del artículo 11, y que consiste en aumentar de al menos cinco socios a al menos 25 para constituir una sociedad cooperativa de producción pesquera.
Nuestro país es rico en especies pesqueras susceptibles de ser explotadas comercialmente. En ambos litorales hay especies de gran riqueza nutricional, pero que no explotamos adecuadamente, existiendo un déficit en el consumo de estas especies.
Una forma de autopromoción del empleo ha sido la constitución de cooperativas pesqueras, exigiendo actualmente la Ley al menos cinco socios, sin embargo, la inversión que se debe hacer para la adquisición de barcos, lanchas, motores, frigoríficos y otros insumos puede resultar muy alta y los cooperativas se ven precisados a solicitar créditos que les permitan iniciar operaciones considerando que puede ocurrir que no tengan el capital para invertir.
Aceptar el incremento del número mínimo de socios a 25 permitirá mejores formas de organización, explotación y distribución de los recursos pesqueros, contribuyendo a mejorar la capacidad de consumo de los mexicanos respecto de los productos pesqueros. Además, no podemos pasar por alto que para la explotación de algunas especies, como el camarón, se decretan vedas en las que se permite la recuperación de la especie en cuestión.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor del presente dictamen, porque en nuestra opinión permitirá una adecuada organización del sector cooperativo pesquero. Es cuanto, diputada presidenta. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Luis Valle Magaña, para hablar por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señora presidenta. Diputadas y diputados, actualmente existen cooperativas en casi todos los 198 países del mundo reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas y otros Estados soberanos, los cuales en su absoluta mayoría se encuentran inmersos en la globalización.
El modelo cooperativo en todos los casos, independientemente de los regímenes políticos es complementario de otros sistemas económicos dominantes, como los de libre empresa, economías sociales planificadas o economías mixtas, pero la mayoría de ellos con una incidencia importante en los niveles de producción, ahorro y empleo digno o decente, estimándose que de los siete mil millones de seres que habitamos el planeta, más de 800 mil son cooperativistas.
Es imprescindible conocer y entender la naturaleza de las cooperativas como expresiones económicas del movimiento de los trabajadores para lograr su correcta ubicación en el contexto nacional y situar correctamente sus limitaciones, evitando posturas erróneas que desprecian y minimizan su importancia o prácticas que sobredimensionan sus alcances, o bien actitudes que distorsionan su estructura y fines, convirtiéndolas en partidos, asociaciones o instituciones de beneficencia, pero no en verdaderas cooperativas como organizaciones económicas del pueblo.
La crisis, el desempleo, el aumento incontenible de la economía informal y la precarización de la ocupación en general, son una cruda realidad nacional que amenaza al país y particularmente a su pueblo y clase trabajadora.
Las principales variables de la economía se encuentran estancadas o a la baja. El desempleo abierto en 2010 alcanza alrededor de tres millones de personas, más de cuatro millones se encuentran en el subdesempleo y cerca de 13 millones trabajan para la economía informal.
Se estima que existen más de siete millones de jóvenes que no trabajan ni estudian porque no hay empleos ni cupo en las escuelas. De diciembre de 2006 a marzo de 2010 el desempleo creció 79 por ciento, demostrando el fracaso de las políticas públicas.
La pobreza y la inequidad social siguen en aumento. Cerca del 50 por ciento de la población total del país vive en pobreza patrimonial, 6 millones más que al inicio del anterior gobierno, mientras que casi 20 millones de personas están en pobreza alimentaria, es decir, que ni para comer o comer bien tienen. Esto es, 5 millones más que en 2006.
El nivel de vida de las y los trabajadores y clases medias se ha deteriorado como nunca. En estos últimos tres años se ha duplicado el costo de la canasta básica, ya que ha ido aproximadamente en 42 por ciento el poder adquisitivo de los salarios.
El salario mínimo de 70.10 pesos en la zona geográfica A es el más alto en este momento y que perciben casi 18 millones de trabajadores de la población económicamente activa, es insuficiente para satisfacer las necesidades de una familia, según datos de la Facultad de Economía de la UNAM y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Coneval.
Más allá de la división legal de las cooperativas en sociedades de consumidores de bienes y/o servicios, de productores de bienes y/o servicios y de ahorro y préstamo, en la práctica cooperativa comúnmente encontramos tres tipos de cooperativismo: empresarial, social y de simulación.
Los dos primeros casos son parte del auténtico cooperativismo, e independientemente de sus particularidades generalmente su sociedad redunda en beneficio de sus asociados y en algunos casos de la comunidad, tendiéndose como prototipos del cooperativismo empresarial a la Cooperativa Cruz Azul y el grupo que la rodea, junto con la Confederación Nacional de la Cooperativa de Actividades Diversas. Y en el cooperativismo social, más cercano a las posiciones del movimiento obrero, se ubican a la Cooperativa Pascual, y recientemente, a la Cooperativa Tradoc, ex trabajadores de Euzkadi. Por citar algunos ejemplos solamente.
En este sentido, el camino está por el cooperativismo social, sustentado en la riqueza de sus experiencias y en la subsistencia con dignidad, ya sea que se derive de las luchas obreras de nuestro tiempo, de las empresas recuperadas o de la organización de las y los desempleados y personas de la economía informal.
En esta labor se enaltece la capacitación y formación de cooperativas y cooperativistas, desde el quehacer de los propios cooperativistas y de la función pública. Sin embargo, es necesario que las sociedades, uniones y confederaciones tensen su esfuerzo, concluyo señora presidenta, tensen su esfuerzo organizacional para fortalecer sus propias sociedades y construir, al mismo tiempo, redes populares para expandirse entre sus iguales, particularmente con el sindicalismo de clase y las redes solidarias de economía popular.
Por lo anteriormente expuesto y porque en la presente iniciativa se definen los criterios para las cooperativas de producción en muchos sectores, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor de la misma. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Rubén Acosta Montoya, para fijar postura por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el concepto de economía social engloba diversas tradiciones de organización económica que surgen en varios países de Europa desde finales del siglo XVIII.
Nos referimos al cooperativismo, asociativismo y el mutualismo. Figuras que han ido evolucionando de manera positiva en el transcurso del tiempo, conformando entidades no pertenecientes al sector público, que con funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de derechos y deberes de los socios practican un régimen especial de propiedad y distribución de las ganancias, empleando los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y mejora de los servicios comunitarios.
Este esquema productivo ha tenido una destacada contribución en el desarrollo económico y social de México y el mundo. Así como un importante impacto en la reducción de la pobreza, la creación de empleos e integración social.
Loa creación y fomento de empresas cooperativas y auto gestionables, se han constituido como una excelente opción para promover el bienestar de la comunidad, no solo en momentos de estabilidad económica sino en tiempos difíciles. Pues se ha demostrado que este tipo de entidades poseen una mayor capacidad de respuesta ante los problemas contemporáneos de la economía. Además, se caracterizan por un fuerte compromiso social que impulsa la construcción de una sociedad más justa, solidaria e igualitaria.
Actualmente hay en nuestro país muchos ejemplos cooperativismo exitosos, como son, por ejemplo, Cruz Azul y la refresquera Pascual Boing, que son las más conocidas. Sin embargo también existen otras experiencias dignas de resaltar, muchas de ellas hoy micro y pequeños empresarios exitosos gracias al esfuerzo constante de sus asociados han logrado consolidarse y dan un fuerte impulso al movimiento cooperativista en México.
Un caso exitoso que vale la pena resaltar por el dictamen que analizamos es precisamente el del sector pesquero, que gracias al modelo cooperativo de negocios se ha fortalecido a grado tal que la mitad de la producción de consumo humano viene precisamente de esas cooperativas de asociaciones pesqueras.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las cooperativas en el sector de la pesca de pequeña escala son una manera de maximizar los beneficios comunitarios a largo plazo para hacer frente a las amenazas que suponen una mala gestión en el sector pesquero, la inseguridad en los medios de subsistencia y la pobreza que son la cruda realidad que viven muchos pesqueros en todo el mundo.
En México el número de cooperativas del sector pesquero y acuícola se triplicó en los últimos 30 años, muestra de una figura exitosa que ha organizado la sociedad sin necesidad de la intervención del sector público. Si bien este crecimiento se puede calificar como positivo, lo cierto es que también ha generado algunas situaciones no precisamente deseables como son las asimetrías señaladas en el dictamen de la iniciativa que hoy nos ocupa y de la cual me permito felicitar al diputado Inzunza, por esta iniciativa.
El hecho de que existan algunas cooperativas de producción pesquera integradas con apenas cinco asociados, genera una situación de inequidad que va en contra del espíritu del propio cooperativismo, pues éstas disponen en la práctica de igual número de permisos de operación que aquellas que están conformadas por una cantidad mayor de miembros que del mismo modo se ven obligadas a contratar trabajadores asalariados, alterando el propósito original de conformación de una organización cooperativa, que la idea es sumar y sumar más a esas cooperativas a fin de llegar a un objetivo común.
Por estos motivos, el Partido Verde Ecologista de México votará a favor del presente dictamen, pues el mismo contribuye en gran medida a fortalecer las asociaciones cooperativas y además a consolidar los esfuerzos tanto de esas mismas asociaciones, como del gobierno, para que existan un mejor crecimiento y un mejor desarrollo en ese sector. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra, la diputada Gloria Bautista Cuevas, para fijar postura por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su venia, diputada presidenta. Las cooperativas han tenido un impacto en la generación de empleo, en la inversión, en la educación y en la salud. Han propiciado el desarrollo comunitario que muchas veces se ha relegado de las corporaciones privadas.
La importancia de la actividad pesquera en México tiene gran peso cuando se considera que esta actividad constituye en fuente de ingresos para las comunidades que habitan en las zonas costeras del país, cuando se recuerda que esta actividad contribuye a la producción de alimentos y su aportación al PIB nacional es del tres por ciento. Sin embargo a pesar de ser un sector productor de alimentos, al igual que los agricultores, éste también padece de acceso a los recursos y oportunidades para mejorar su calidad de vida.
Las cooperativas pesqueras tienen el potencial de contribuir a la pesca responsable, la seguridad alimentaria, el empoderamiento de las mujeres y la mitigación de la pobreza. Entre sus logros encuentran la contribución al descenso de las prácticas pesqueras ilegales y destructivas del medio ambiente, la introducción de zonas de captura bien definidas, seguras y dispersas, la mejor de la supervivencia de la población local de pescados y mariscos.
El texto vigente de la ley dispone al respecto que para integrar cooperativas de este tipo se requiere un mínimo de cinco socios, lo cual, en palabras del proponente, ha derivado en un aumento en el número de estas organizaciones generando en consecuencia un inadecuado seguimiento e indebido ordenamiento de las mismas.
Igualmente, que son contratados trabajadores asalariados al servicio de un grupo reducido de particulares agrupados en cooperativas, generándose así la sobreexplotación de pescadores, espíritu adverso al espíritu que da sustento a la esencia doctrinaria del cooperativismo.
Asimismo, que algunas organizaciones integradas con el mínimo de socios que la ley establece disponen de igual número de permisos de operación que aquéllas conformadas por un mayor número de miembros, lo cual constituye una asimetría en perjuicio de los propios pescadores.
En congruencia al progreso y conscientes de que una buena propuesta se retoma sin distingos de colores o partidos, votaremos a favor de este dictamen para que la actividad pesquera se beneficie.
Que sea la visión de una fracción VI al artículo 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativas la que sirva para dar seguimiento puntual a la creación de agrupaciones con verdadera vocación pesquera con un mínimo de 25 integrantes.
Pero esto no queda aquí. El cooperativismo pesquero implica un compromiso mayor del gobierno mexicano que incluya una reorientación del gasto público en materia de pesca para proveer de créditos, servicios financieros y orientación tecnológica a los cooperativistas.
Aprovechando mi intervención y como integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo, quiero hacer un atento llamado a todos mis compañeros legisladores, pero en especial, a los que integran el grupo plural de legisladores, recién formada, que modificarán la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a redoblar esfuerzos para que nuestras acciones realmente favorezcan al sector cooperativo, porque después de ser considerada como una actividad principal para el desarrollo económico del país, últimamente se ha dejado en el olvido.
El tema de las cooperativas ha pasado a ser negocio de unos cuantos. Tal es el caso de Ficrea, el cual desenmascaró que el problema de las cooperativas de ahorro en México, no es de regulación sobre regulación; el problema que está afectando a estas organizaciones es el resultado de la corrupción, falta de interés e impunidad de nuestras autoridades.
Corrupción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que aplica para unos toda la regulación e incluso con sus abusos discrecionales, y por otra parte, solapa a otros omitiendo o laxando la regulación y supervisión.
Es realmente penoso que tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no salvaguarden los intereses de la sociedad, sino los de grandes inversionistas, y frenan las soluciones propuestas a las problemáticas del sector cooperativista, como el caso del rescate a las sociedades cooperativas en el estado de Oaxaca, que un grupo de legisladores y su servidora planteamos.
Bajo este panorama considero que de no atenderse oportunamente la problemática de los procesos de consolidación de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, se corre un enorme riesgo de que se presenten conflictos sociales en diferentes partes del país que pueden generar inestabilidad política y social. Actuemos con responsabilidad, compañeros. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Erick Marte Rivera Villanueva, para fijar postura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Erick Marte Rivera Villanueva: Déjenme primero felicitar a la persona que elaboró esta iniciativa, porque seguramente que se retomaron muchos ejemplos negativos que exigían en algunos lugares el país, donde lamentablemente las cooperativas no eran más que una simulación donde veíamos que solamente un grupo de pequeñas personas se beneficiaban con el nombre de la cooperativa.
Sin embargo, en este sector en el que nos estamos refiriendo, el sector de la pesca, que aproximadamente estamos hablando de 167 mil personas relacionadas con este aspecto, donde veíamos que solamente un grupo pequeño se beneficiaba y contrataba miles de personas con el nombre de la cooperativa. Y ahí veíamos que los beneficiados solamente eran unos cuantos.
Por eso yo felicito al diputado que elaboró esta iniciativa, pero también a Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, porque ha tenido la sensibilidad de tomar esos temas con mucha responsabilidad, y en esta comisión puedo presumir, es una comisión que ha sabido armonizar los trabajos, de tal manera que nosotros no tenemos ninguna duda de podernos sumar a este proyecto legislativo, a este dictamen, sobre todo porque nosotros en el Partido Acción Nacional vemos con buenos ojos que cuando un objetivo, cuando un bien común se traduce o va exactamente al terreno de la economía social, como es el caso del que estamos hablando, de las cooperativas pesqueras donde les estamos dando los cimientos jurídicos para que puedan ser sujetas de mayores apoyos económicos.
Ya nos los había recomendado la Organización de las Naciones Unidas, concretamente el sector que conocemos como la FAO, donde nos recomendaban que el fomento de las cooperativas de números mayores, es decir, de integrantes, realmente le dieran una imagen de cooperativa, constituían la palanca de desarrollo para estos sectores. Por eso nosotros, en el Partido Acción Nacional vemos con buenos ojos que la suma de esfuerzos, que la suma de voluntades, que la suma de propósitos, es precisamente el éxito de este tipo de organizaciones.
En el caso de las cooperativas pesqueras contar con un mayor número de integrantes como se establece en este dictamen, que reforma la Ley General de Sociedades Cooperativas, le permite, sin duda, alguna mejorar su potencial económico y, ya lo había dicho, los hace sujetos de mayores apoyos.
Sin embargo, nosotros aquí lanzaríamos un reto para que no solamente se quede como un instrumento legislativo, el reto es: que el gobierno de la república, que las dependencias financieras también le dieran valor a este instrumento jurídico, con el que hoy estamos dotando a las cooperativas.
Y el reto es para que las valores, para que las califiquen, para que les den los apoyos económicos y para que el gobierno también ponga su parte en el sentido de que les dé también beneficios sociales, como estar inscritos en el Seguro Social, tener derecho a todos aquellos incentivos económicos de parte de la Secretaría de Hacienda y aquellos incentivos también de la Semarnat para que sean vinculados todos estos sectores y que finalmente repercuta favorablemente y positivamente en el desarrollo verdadero de estas cooperativas.
Por eso nosotros, en el Partido Acción Nacional, vamos a votar a favor de esta iniciativa. Los felicito, a los que sacaron este proyecto legislativo, y cuenten con que el Partido Acción Nacional siempre que se trate del bien común vamos a estar presentes para apoyar, para dar nuestro respaldo sin ningún detenimiento.
Nosotros estamos convencidos de que este tipo de proyectos no solamente va a velar por el desarrollo económico de estas 170 mil familias, sino de todos aquellos sectores que de manera indirecta dependen de esta producción, que ayudaría mucho sobre todo en aquellos lugares donde dependen directamente de este sector económico. Muchísimas gracias a quienes apoyan esta iniciativa. Y muchas felicidades también a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputado. Tiene por último el uso de la palabra el diputado Eduardo Solís Nogueira, para fijar postura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Y quiero saludar también a alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No. 13, provenientes de la comunidad de Ticumán, municipio de Tlaltizapan, Morelos, invitados por la diputada Gisela Mota Ocampo. Bienvenidas y bienvenidos.
El diputado Eduardo Solís Nogueira: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, quiero felicitar al compañero diputado Alfonso Inzunza, miembro de mi grupo parlamentario, iniciador de la presente reforma a la Ley General de Sociedades Cooperativas, asimismo a la comisión respectiva.
La pesca es una de las actividades que es efectuada por cerca de 300 mil pescadores distribuidos en el Pacífico, el Golfo de México, en el Caribe Mexicano y en estados sin litoral marino, por lo que es una de las actividades que permiten crear empleos, realizar comercio y por lo tanto generar bienestar económico en el país.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía establece que nuestro país ocupa el cuarto lugar en el Continente Americano por su volumen de pesca, siendo las principales especies de captura el atún, la sardina, el camarón, la mojarra y el ostión. Sin embargo, la actividad pesquera necesita más apoyos para convertirse en uno de los principales sectores estratégicos del país, por eso se han desarrollado políticas encaminadas a su crecimiento. Tal es el caso del establecimiento de sociedades cooperativas de pescadores.
Por medio de las sociedades cooperativas se logra la conjunción de pescadores que están decididos en reunir sus recursos y trabajar juntos por el logro de un objetivo común, tanto económico como social, en beneficio de todos sus integrantes.
El 3 de agosto de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Sociedades Cooperativas, que tienen por objeto regular la constitución, organización y extinción de las sociedades cooperativas. Asimismo, contiene los derechos de los socios, por lo que existen normas jurídicas ya establecidas que deben acatar los pescadores que deseen constituirse en una sociedad cooperativa, pero también son normas que protegen a los pescadores asociados.
Las metas y funciones de las sociedades cooperativas de pescadores son dictadas por sus miembros, mismas que pueden ser en el campo de la producción, el procesamiento y almacenaje y la comercialización, servicios y abastecimiento; consumo y servicios sociales; manejo u operación de las zonas de pesca y cultas, así como en el campo del crédito y otros planes de financiamiento, entre otros, por lo que es necesario que la sociedad se conforme de un número de miembros suficientes para que sean viables y sobre todo cumplidas sus metas.
Los miembros de las sociedades deben tener una verdadera vocación y principios de solidaridad; esfuerzo y ayuda mutua, encaminados al beneficio de la colectividad, porque con ello se logrará una mayor seguridad económica y social para los pescadores. Por ello los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del dictamen que adiciona la fracción VI al artículo 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, para establecer que las sociedades cooperativas de producción pesquera se constituirán con al menos 25 socios con la finalidad de fortalecer los requisitos y se eleve el compromiso de las personas que se agrupan en sociedades cooperativas, llevando un adecuado ordenamiento y seguimiento de sus objetivos.
Es menester reconocer que la pesca es una actividad que aporta a la seguridad alimentaria y el crecimiento económico de las diversas regiones del país, por lo que su organización a través de sociedades cooperativas con el número suficiente de miembros es importante para que mejore su producción, distribución y consumo pesquero. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: No habiendo más oradores registrados, ábrase el registro para recibir la votación en lo general y en lo particular de este dictamen en un solo acto, por cinco minutos, secretario, por favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Ciérrese el registro, por favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (desde la curul): A favor.
La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señora presidenta, le manifiesto que se emitieron 376 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 375 votos el proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 11 de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Para fundamentar el dictamen tiene la palabra por la comisión, el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez: Con el permiso de la Presidencia. En la Comisión de Transportes estamos conscientes de nuestra obligación ante el pueblo mexicano y de la representación que tenemos y es por esto que el diputado Jorge Rosiñol Abreu presentó una iniciativa con el siguiente objeto.
Es obligación del Estado hacia los mexicanos dar las herramientas necesarias para poder ejercer nuestro derecho de libre tránsito, así como en los caminos y en cualquier otra parte de jurisdicción federal, tanto para el flujo de personas como de mercancías, que conecten las regiones y a sus pobladores, pero sobre todo, que impulsen el desarrollo social y económico de los estados y municipios, con la finalidad de dar un mejor nivel de vida a sus habitantes y fomentar principalmente la competitividad.
Los habitantes de algunos municipios, tanto en Ciudad del Carmen, Campeche, en Tlaxcala, en Tuxpan, en Tihuatlán, Santiago de la Peña y varios otros lugares no cuentan con vías alternas libres de peajes para llegar a sus hogares, escuelas, centros de trabajo, vulnerando un derecho fundamental de libre tránsito y en deterioro no sólo de la economía de los pobladores, sino de la interconexión de las regiones que impacta de manera directa el desarrollo social de este país.
Esta preocupación tiene el respaldo de diversas propuestas que han emprendido compañeros legisladores en ésta y otras legislaturas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para eliminar o exentar del pago de peajes a los residentes de las zonas ubicadas con estas casetas de cobro.
Cabe hacer mención, que en la discusión de este dictamen participamos todos los partidos y todos estamos de acuerdo en apoyar esta iniciativa, tanto el PAN, PRI, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, estamos conscientes de que el libre tránsito es un derecho que todos tenemos.
Por eso mismo exhortamos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y específicamente a Capufe, para que tomen las pertinencias y permita generar acuerdos o convenios para que todos aquellos habitantes de una región que se ven afectados con esta medida, puedan tener convenios adecuados, ya sea para la exención de la misma o en su defecto, tener un convenio para una cuota justa y puedan circular libremente en sus regiones.
Informo, de la misma manera, a esta soberanía, que hemos hecho una adenda en la cual incluimos también a las autopistas concesionadas para que se sumen a esta iniciativa. Informamos para que se tome nota y se lleve a cabo el trámite correspondiente. Es cuanto, señor presidente. Entregamos la adenda a esta Secretaría.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta por la comisión y que en estos momentos entrega el diputado Muñoz Márquez.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la presidenta, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta a nombre de la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular, con la modificación propuesta por la comisión y aceptada por la asamblea. Para fijar posturas...
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: ¿Con qué objeto, diputado Javier Orihuela? Sonido a la curul del diputado Javier Orihuela, por favor.
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Diputada presidenta, gracias. Con el objeto de manifestar públicamente mi reconocimiento a...
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Permítame, diputado, ¿podrían ajustar el sonido del diputado Javier Orihuela, por favor? Adelante, diputado.
El diputado Javier Orihuela García (desde la curul): Gracias. Para manifestar nuestro reconocimiento a esta iniciativa y reiterar, manifestar nuestro apoyo para que Capufe dé respuesta a una solicitud antigua, para que en la zona metropolitana de Cuernavaca, que integran seis municipios, se quiten las casetas del municipio de Emiliano Zapata, de Xochitepec y de Temixco, que perjudica y detiene el desarrollo económico de la central de abastos de Emiliano Zapata y de muchas poblaciones que tienen que pagar la caseta.
Sin embargo, y denunciar que Capufe en diferentes puntos de esta misma carretera México-Acapulco, a particulares les ha dado el derecho de paso sin pagar, por ejemplo a empresas como la cervecería Modelo, al Tecnológico de Monterrey, dejando de lado el derecho al libre tránsito de miles y miles de ciudadanos de los municipios de Xochitepec, Emiliano Zapata y Temixco, por eso nos adherimos a esta iniciativa. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Queda registrado, diputado.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Vamos a dar paso a la fijación de posturas por los grupos parlamentarios y tiene en principio la palabra, el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, para fijar postura por la agrupación Morena, hasta por cinco minutos.
El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas: Con su venia, presidenta. El derecho a circular libremente en el territorio de un estado, no es un derecho absoluto ya que la Constitución y las leyes reglamentarias imponen ciertas restricciones, algunas de ellas por razones de seguridad nacional, mientras que otras como sucede en nuestro país, por motivos de seguridad personal, ya que como sabemos existen zonas del territorio nacional en las cuales no se puede circular libremente por falta de garantías mínimas para la vida.
En ese sentido, en el presente dictamen la comisión calificadora coincide con el autor de la iniciativa en la importancia del derecho al libre tránsito dentro de nuestro país consagrado constitucionalmente en el artículo 11 de nuestra Carta Magna y a nivel internacional en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Como se ha mencionado, el libre tránsito es un derecho fundamental, sin embargo, y tal es el caso de México, es importante destacar que el uso de autopistas conlleva al pago de los derechos para su uso, siendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el ente encargado de proporcionar mayor seguridad y ahorro en tiempo y económicamente hablando a todos los usuarios de las mismas.
Desafortunadamente este quehacer se deja en manos de concesionarios quienes llevan a cabo la construcción, mantenimiento, explotación y conservación de las autopistas y por ende el cobro de las cuotas de peaje, en ocasiones excedentes para quienes las utilizan continuamente.
Aunque esto no corresponde a coartar la libertad de tránsito, el uso de estos caminos se presta a ser parte de los diversos gastos suntuarios que tienen que cubrir miles de familias en todos los municipios del país y esto también se debe a que en la mayoría de los casos no existen otros caminos y puentes a cargo del gobierno local y/o municipal por los que puedan llegar a su destino, teniendo una o varias opciones por las que la población se pueda trasladar.
Cabe mencionar el caso de mi estado natal que es el estado de Morelos, localizado en la parte central de México, estado conformado por 33 municipios, los cuales para fines de ordenamiento y planeación del desarrollo urbano y económico de la entidad se han dividido en siete regiones con municipios colindantes y con similares características de desarrollo.
Es el primer lugar en producción de rosa, aguacate, maíz, higo, ejote y durazno, además de contar con 63 mil 686 unidades económicas, el 2.1 por ciento del país, y el cual emplea a 230 mil 715 personas que equivale al 1.4 por ciento del personal ocupado en México.
Siendo la región de los valles cañeros con los municipios de Amacuzac, Jojutla, Puente de Ixtla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango y Zacatepec de Hidalgo, una de las más importantes del estado y en la cual se encuentra la caseta de cobro popularmente conocida como la caseta de Alpuyeca, ubicada en la carretera federal de cuota, kilómetro 108 en el municipio de Xochitepec, tramo correspondiente a la autopista federal Cuernavaca-Chilpancingo y que da acceso a los municipios antes mencionados, considerada una arteria trascendental para el transporte de los habitantes de esta región y para el constante flujo de mercancías que se da como resultado del desarrollo económico de la misma, ya que diariamente transitan por esa región un promedio de 10 mil automovilistas.
Sin embargo el tramo carretero referido, cuyas tarifas de peaje oscilan entre 40 y 60 pesos para un automóvil de dos ejes, hasta 100 pesos para un camión de entre seis y nueve ejes, se encuentra en una región sumamente transitada por los residentes de la zona que prácticamente a diario cruzan el puesto de cobro para ir a sus trabajos, escuelas, comercios o simplemente para visitar a sus familias, situación que hace que el cobro referido implique un gasto oneroso para la economía diaria de los habitantes de la zona sur del estado de Morelos, lo que también afecta significativamente el desarrollo de la economía local en virtud de que prácticamente todas las comunidades pertenecientes a estos municipios viajan a la capital del estado, Cuernavaca, para abastecerse de enceres básicos.
Es por ello que en el mes de mayo del año pasado presentamos un punto de acuerdo para exentar del pago de la tarifa de peaje hasta en un 50 por ciento a los usuarios de la caseta de cobro Alpuyeca de la autopista de cuota Cuernavaca-Chilpancingo, que acrediten residencia formal en los municipios de la zona sur, misma proposición que fue aprobada por la Comisión Permanente de este Congreso. Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se manifestó incompetente de atender dicha manifestación en virtud de ser una ruta concesionada.
Es por ello que esta modificación a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, es significativa para beneficiar a los habitantes de muchos lugares de la República mexicana al ser necesario crear esquemas tarifarios o exenciones que apoyen a los residentes de la zona donde se tengan las condiciones referidas.
Asimismo, siempre será importante buscar alternativas de apoyo a residentes que sólo cuenten con un camino o puente de cuota para poder trasladarse, ya que los poderes de la Unión –y particularmente los legisladores– tenemos la obligación de apoyar a las personas de bajos recursos.
Es por ello que consideramos oportuno aprobar el presente dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena, para hablar por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con el permiso de la presidencia. El dictamen a discusión tiene como objetivo modificar el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el propósito central de garantizar la libertad de tránsito, según se consagra en el artículo 11 de nuestra Constitución.
Nuestra Carta Magna señala que “toda persona tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otro requisito semejante”.
No obstante este derecho se ve limitado para muchos ciudadanos que día a día tienen que pagar peaje para desplazarse de sus comunidades debido a que el único camino existente implica transitar por una caseta de cobro.
El dictamen señala algunas ciudades que se encuentran en estas condiciones como Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche; Tlaxcala, Tlaxcala; Cihuatlán y Santiago de Peña, en Veracruz.
Si bien es cierto que el pago de una cuota de peaje no es violatorio del artículo constitucional 11, consideramos que el ejercicio de los derechos no debe de estar supeditado a un pago o a una contraprestación monetaria.
Las libertades fundamentales deben de estar garantizadas por el Estado para todos los ciudadanos, sin distinción de la condición económica en que cada uno se encuentre.
En consecuencia la modificación que se pretende establecer en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, vendría a resolver este problema señalando que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantice una vía libre de peaje o en su defecto, que se establezca que los concesionarios, estados, municipios –según corresponda– establezcan los esquemas tendientes a otorgar beneficios de peaje para los residentes de las comunidades que se encuentran en la situación descrita.
La presente reforma la consideramos conveniente no solamente por apoyar a las personas de bajos recursos, como lo menciona el dictamen, sino con la convicción de que es lo justo, que los habitantes de una comunidad no tengan que pagar una cuota para acceder a sus trabajos, a sus escuelas, incluso a sus hogares.
Asimismo, esta modificación a la ley, desde el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza la consideramos de gran beneficio para toda la ciudadanía para mejorar la economía de las comunidades que sólo cuentan con una vía de cuota para su acceso, debido a que las mercancías que entren y salgan de éstas no se verán incrementados los precios finales que indudablemente afectarían al consumidor debido a los costos de su traslado.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, votará favor del presente dictamen. Convencidos estamos de los beneficios que significará para la población de dichas ciudades, comunidades y municipios que se encuentran en condiciones similares en toda la República Mexicana. Gracias, por su atención.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, para hablar por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Transporte de esta soberanía, ha hecho llegar al pleno de esta Cámara de Diputados un dictamen sobre la iniciativa que nuestro compañero Jorge Rosiñol Abreu, elaboró acerca de la creación de esquemas tarifarios o exenciones a residentes tendientes a otorgar beneficios de peaje. Ello, en el marco del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo asume como positivo el planteamiento efectuado por el compañero legislador porque atiende un problema que no sólo se circunscribe a los habitantes de los municipios aludidos de Ciudad del Carmen, Campeche; Tlaxcala, Tlaxcala; Tuxpan, Tihuatlán y Santiago de la Peña, Veracruz, sino que son muchas las localidades del país a las que aqueja esta situación.
El texto constitucional es muy claro en el artículo 11 de nuestro texto fundamental, que consagra el derecho de libre tránsito que literalmente señala:
Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto y otro requisito semejante. Lo que a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal el primer párrafo de su artículo 30 dice:
Artículo 30. La Secretaría podrá –la operación de una libre de peaje.
El punto central en la iniciativa se refiere a que no se buscan alternativas de apoyo a residentes que sólo cuenten con un camino o puente cuota para poder transportarse. Lo que ciertamente es una limitante o, en su caso, un costo al que hay que incurrir para llegar a sus destinos.
Por lo anterior, el promovente plantea que al final del párrafo primero del artículo citado se adicione una frase que permita la creación de esquemas tarifarios o exenciones a residentes que beneficien a los residentes de la zona en cuestión. En vista de lo expuesto el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de la iniciativa en comento. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Luis Valle Magaña, para hablar por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señora presidenta. Diputadas y diputados, la legítima inquietud de los habitantes de diversas ciudades del país por la diaria erogación destinada al pago de casetas y peaje detonaron el análisis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, misma que ahora permitirá un reflejo positivo en la economía de quienes habitamos en lugares que por su ubicación geográfica nos implican la necesidad de pasar a diario por alguna caseta de cobro.
El desarrollo en infraestructura carretera sin duda nos permite mejorar las comunicaciones y el transporte terrestre, sin embargo hasta el día de hoy en un sin número de casos las adecuaciones carreteras incorporadas al sistema de cobro han representado una seria afectación económica para el libre tránsito de familias, estudiantes, trabajadores y el flujo comercial de la región por el pago que se eroga con motivo del tránsito por casetas de cobro, aledañas a algunas poblaciones, convirtiéndolas en regiones limitadas en su competitividad.
Como ejemplo tenemos el puente El Zacatal, considerado el de mayor longitud de Latinoamérica, con un tránsito superior a los 5 mil automóviles diarios en su comunicación con la Península de Atasta con la isla del Carmen, Campeche, que por años ha costado el pago mínimo de 70 pesos por automóvil, incrementándose de acuerdo los ejes de la unidad hasta alcanzar los 295 pesos.
Otros significativos y muy sentidos ejemplos los tenemos en las casetas de peaje que se localizan en la carretera México-Puebla a 15 kilómetros del Distrito Federal, por la que transitan 16 vehículos por minuto, aproximadamente. Las casetas que se ubican en la carretera México-Pachuca, que registran una afluencia promedio de 22 vehículos por minuto, las cuales representan una erogación económica diaria de 100 pesos por cada automóvil de los habitantes residentes en los municipios de Ecatepec, Tecamac, Coacalco, Tultitlán, Amecameca, Tlalmanalco, Juchitepec, Ayapango, Jojotitlán y Tizayuca, por el sólo hecho de cruzar por esas vialidades que los comunican entre sí, y se encuentran controladas por casetas de cobro y peaje, lo cual insistimos genera erogaciones económicas de alto impacto para los usuarios residentes de la zona.
Exentar del pago o fijar tarifas preferentes de bajo costo en casetas para residentes de comunidades aledañas a zonas de cobro en cuota o peaje será sólo uno de tantos ajustes legislativos que realmente reflejarán una recuperación y fortalecimiento de la economía de los mexicanos, en beneficio de su poder adquisitivo.
Pedí yo subir para dar el posicionamiento de Movimiento Ciudadano, también pensando en mi región. La región de los Altos, en el estado de Jalisco tiene, como muchas otras regiones del país, tiene la particularidad de que para que muchos cientos de estudiantes universitarios que acuden día con día al centro universitario de los Altos, de la Universidad de Guadalajara, que se ubica precisamente en Tepatitlán, centro de los altos, quienes los alumnos y alumnas que acuden de la región sur que estamos hablando de Arandas, de Jesús María, de Jalostotitlán, de San Miguel el Alto y de otros municipios, se verían seguramente estos alumnos y estas alumnas beneficiados cuando se ponga en marcha precisamente este dictamen.
Por las razones expuestas y especialmente por la defensa de la economía de los mexicanos, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María del Rosario Pariente Gavito, para hablar por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito: Con la venia de la asamblea. Sobre la justicia se han llevado a cabo varias disertaciones a través de los años. Se aborda como objeto de estudio en el derecho, la filosofía, la sociedad, entre otras disciplinas, pero nadie puede negar que esta se encuentra vinculada con el concepto o la idea de la igualdad. En otras palabras, con un trato similar a todas las personas.
El tema que nos está ocupando en este instante implica transformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en concreto su artículo 30, para poder crear esquemas tarifarios o exenciones a residentes que deben de pagar peaje para llegar a sus sitios de trabajo.
En este caso debemos de estar conscientes de que todos debemos de contribuir a los servicios de mantenimiento, construcción, diseño y bienestar por el uso de sistemas carreteros del país. En eso radicaría la igualdad, todos nos beneficiamos de modo directo e indirecto y, por ende, todos contribuimos, pero hacemos la distinción que la justicia y la igualdad también reconocen esquemas particulares para que precisamente se concreten esos valores.
En este contexto debemos de tener en cuenta la realidad que a diario viven infinidad de personas, quienes solamente cuentan con un camino o puente de cuota para poder trasladarse. En ese tenor, es necesario crear esquemas tarifarios o exenciones que apoyen a los residentes de los sitios en donde se actualiza esta realidad.
De igual manera, en estos supuestos debemos de tomar en cuenta la llamada justicia distributiva, que su principal exponente fue el filósofo John Rawls, quien expresó la convivencia de principios normativos diseñados para guiar la asignación de los beneficios y las cargas de la actividad económica. Es decir, la igualdad entre los diversos grupos desiguales pues no es lo mismo, en el caso que nos interesa, ahora cobrarle a quien usa y disfruta los servicios carreteros porque de ellos obtiene beneficios lucrativos, que cobrarle a quienes son residentes o desarrollan sus actividades de integración social en aquellos sitios.
Por ello, con los únicos fines de la justicia social, de la integración familiar y a la vez facilitar la movilidad de las personas, como un derecho humano, la bancada de mi partido, el Partido Verde Ecologista de México, emitirá su voto a favor del presente dictamen, consciente de que proveerá beneficios a infinidad de personas en pro de un mejor México más justo y coherente. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Luis Manuel Arias Pallares, para hablar por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Luis Manuel Arias Pallares: Con su venia, señora presidenta. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática lucha por el bienestar de los más necesitados y de lograr un equilibrio económico en la población.
Es por eso que estamos a favor de esta propuesta, ya que ayudará directamente a la economía de los pobladores de los municipios que no cuentan con un acceso libre de peaje a sus comunidades.
Las casetas de cobro, a pesar de ser consecuencia de la regulación de libre tránsito en nuestro país, afectan de manera directa este derecho consagrado en el artículo 11 de nuestra Carta Magna, y del artículo 22 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
Si bien es cierto que el derecho de libre tránsito se ha entendido como un derecho individual sin ser extensivo a los medios utilizados para ejercerlo, también lo es que puede pensarse la posibilidad de circular libremente por el territorio nacional sin el uso de un automóvil que lo haga posible.
En este tenor podemos entender el peaje como derecho de tránsito y cantidad que se paga por ello en determinadas autopistas, túneles, carreteras, etcétera.
Lo anterior pone de manifiesto que al no existir libres alternas libres de peaje por las cuales los habitantes de municipios, como Ciudad del Carmen, Campeche; Tlaxcala, Tlaxcala; Tuxpan, Tihuatlán, y Santiago de la Peña, en Veracruz, pueden transitar para llegar a sus hogares, escuelas o centros de trabajo, vulnera el derecho fundamental de libre tránsito en detrimento no sólo de la economía de sus pobladores, sino de la interconexión de las regiones que impacta de manera directa en el desarrollo social del país.
La Ley de Coordinación Fiscal establece que la federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los estados y municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir emplear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, preparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios en donde se ubiquen dichos puentes. O en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión de impacto regional, directamente en la zona donde se encuentra el cobro de peaje.
En los hechos, estas aportaciones podrían ayudar a disminuir el impacto económico del pago de peaje para los pobladores, que no se llevan a cabo.
Si bien existen programas sociales en este sentido, llegan a ser discrecionales para otorgar otros beneficios. Y de igual manera no eran permanentes.
Con esta reforma se crea la obligatoriedad de crear tarifas especiales para los residentes de estas zonas, y con esto, se busca tener una igualdad de oportunidades y un beneficio social encaminado al bienestar familiar.
El PRD apoya y apoyará toda iniciativa que se establezca en beneficio real de la población más necesitada y es por ello que votaremos a favor en el presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Jorge Rosiñol Abreu, para fijar postura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Jorge Rosiñol Abreu: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva. Señoras y señores legisladores, los caminos y las carreteras cumplen una función elemental para la comunicación de las comunidades, para el libre flujo de personas, productos y mercancías son una constante en las entidades federativas.
Hoy no puede haber desarrollo regional sin caminos conectados y bien articulados. Hoy contamos con una basta red de carreteras que es de más de 377 mil kilómetros.
Dentro de la red federal, ésta se compone de carreteras libres, que es más de 49 mil kilómetros, y representa al 82 por ciento. Y la red de cuota que registra 8 mil 900 kilómetros y concentra el 18 por ciento.
Sin embargo, hay poblados que por su posición geográfica solo tienen acceso a una carretera de peaje y carecen de toda conectividad a una carretera libre. Esta situación genera un serio problema para las poblaciones debido a que el hecho de cualquier traslado implica el pago de paje, situación que afecta el ingreso de las familias y el incremento del costo de la vida.
Esta situación está afectando a los habitantes de municipios del Carmen en Campeche, de Tlaxcala, Tlaxcala, de Fortín de las Flores, que el diputado Juan Bueno promovió un punto de acuerdo, de Tihutlán de Tuxpan y Santiago de la Peña, en el estado de Veracruz, debido a que el hecho de transitar para llegar a sus hogares, escuelas, hospitales o centros de trabajo, vulnera el derecho fundamental de libre tránsito en detrimento de su calidad de vida y de la interconexión de las regiones.
Con este dictamen que promoví y que discutimos hoy, pretendemos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuando no existan vías alternas, garantice la operación de una libre de peaje o en su caso elabore esquemas tarifas o de exenciones a residentes, tendientes a otorgar beneficios de peaje y sobre todo la gratuidad.
En Acción Nacional buscamos legislar a favor de los ciudadanos, es por ello que un servidor promovió un punto de acuerdo para beneficiar a las comunidades en el municipio del Carmen, Campeche, cuyos ciudadanos brindaron su apoyo a esta iniciativa con más de 10 mil firmas y esta demanda que data de hace más de 20 años hoy se ve resuelta a favor de los campechanos, y esto se logró también gracias al esfuerzo que hicieron los legisladores de Campeche y de diferentes Legislaturas locales y federales, y sobre todo por los integrantes de la Comisión de Transportes y de la Comisión de Hacienda de los diferentes partidos políticos.
Con este dictamen pretendemos que el Ejecutivo federal elabore esquemas que favorezcan a las poblaciones que por su ubicación geográfica o que por el mismo desarrollo regional los ha incluido a dejarlos sin conexión a una carretera, por lo que es necesario y por lo que es preciso que se elaboren esquemas que beneficien a los residentes de estas poblaciones que les permita satisfacer su accesibilidad sin que les implique un costo adicional.
No debemos perder de vista que la infraestructura carretera permite promover la integración de regiones y de mercados, incrementa la productividad de la economía al reducir costos de producción y distribución, impulsa la competitividad de sectores productivos, es una generadora de empleos y proporciona mejores condiciones de vida para la población. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Quiero dar la bienvenida y enviar un saludo a estudiantes de Educación Superior de ciudad de Nezahualcóyotl que hoy nos acompañan, invitados por la diputada Joaquina Navarrete aquí presente. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por su visita.
Al igual que a alumnos de la Universidad del Distrito Federal, invitados por el diputado Fernando Cuéllar Reyes. Bienvenidos.
A personas del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos del municipio de Nicolás Romero, estado de México, invitados por la diputada Angelina Carreño. Bienvenidos, bienvenidas.
Y a estudiantes de la Universidad Continente Americano, invitados por el diputado Francisco Arroyo Vieyra. Un saludo y mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy en esta sesión.
Por último, tiene el uso de la palabra la diputada Norma González Vera, para fijar postura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Norma González Vera: Gracias. Buenas tardes a todos. Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. Uno de los derechos humanos que ha existido en la Constitución Federal desde su promulgación en 1917 es la libertad de tránsito, consagrada en el artículo 11 y fortalecida con el artículo 22 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en los cuales se señala el derecho de las personas de salir del territorio y transitar y residir en el mismo sin necesidad de algún documento oficial.
Diversas dependencias federales y disposiciones legales se han encargado de proteger y fomentar la movilidad del país con una mayor y mejor infraestructura, la cual aporta óptimas condiciones ambientales y económicas al país y a los ciudadanos, quienes tienen la imperiosa necesidad de utilizar nuevas vialidades que les ahorre tiempo y dinero en sus traslados.
Los caminos, puentes y en general cualquier vía de comunicación, es un rubro de especial atención por parte de la administración federal, por lo que se ha realizado inversiones importantes en esta materia y con ello se ha mejorado el transporte y la movilidad para millones de mexicanos, garantizando con ello el derecho humano establecido en el artículo 11 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las carreteras con una forma de transporte y comunicación para millones de personas que día a día hacemos uso de las mismas, pero cabe señalar, y tal como lo señala la comisión dictaminadora y el legislador proponente de esta iniciativa– las casetas de cobro no significan una restricción o límite al derecho de libre tránsito, sino más bien al peaje que es considerado una fuente de recurso para la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras, vialidades. Es decir, se utiliza para beneficio directo para quienes hacen uso de ellas.
Desde otra perspectiva existen habitantes de diversos municipios que de forma cotidiana, obligados por sus actividades diarias tienen que utilizar las carreteras de forma constante, pasando por las mismas mínimo dos o tres veces diariamente, lo cual significa un peaje considerable frente aquellos quienes de forma esporádica pasan por las autopistas donde el cobro en las casetas puede exceder hasta de 300 pesos por automóvil.
Si bien estas tarifas son utilizadas para la inversión en mejores caminos y la seguridad de los mismos, es importante considerar a las personas que no cuentan con otra alternativa vial más que aquella en la que se tiene que realizar el pago correspondiente.
En este sentido la reforma que ahora se encuentra a discusión no sólo permitirá al Estado realizar una revisión y mejoramiento continuo de los caminos, sino que también se creará un esquema tarifario o hasta la exención de los mismos.
Los residentes que tienen que hacer uso de la viabilidad en razón de sus actividades cotidianas, con lo cual se impactará de forma positiva a la economía y movilidad de millones de mexicanas y mexicanos.
Por lo anterior el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias por su atención y es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Con esto damos concluido la fijación de posturas.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Damos paso a la discusión del dictamen en lo general y en lo particular.
Se han inscrito para hablar en pro los siguientes diputados y diputadas: la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, la diputada Aurora Aguilar Rodríguez, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, y la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano. Tiene entonces la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, hasta por tres minutos, para hablar en pro del dictamen.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputada. Estamos conscientes de que la reforma planteada representa sólo una de tantas respuestas que están esperando los mexicanos.
La legítima inquietud de los habitantes de Ciudad del Carmen, de Tlaxcala, Puebla, Veracruz, por la diaria erogación destinada al pago de casetas y peajes, detonaron el análisis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, misma que ahora permitirá un reflejo positivo en la economía de quienes habitamos en lugares que por su ubicación geográfica nos implican la necesidad de pasar a diario por alguna caseta de cobro.
El desarrollo en infraestructura carretera, sin duda nos permite mejorar las comunicaciones y el transporte terrestre. Sin embargo, hasta el día de hoy, en un sin número de casos, las adecuaciones carreteras incorporadas al sistema de cobro han representado una seria afectación económica para el libre tránsito de las familias, estudiantes, trabajadores y el flujo comercial de la región por el pago que se eroga con motivo del tránsito por casetas de cobro.
Sería el tiempo insuficiente en esta tribuna para mencionar todos los casos en el país. Sin embargo, como ejemplos tenemos el puente El Zacatal, considerado el de mayor longitud de Latinoamérica con un tránsito superior a los 5 mil automóviles diarios en su comunicación con la península hasta isla del Carmen, Campeche, que por años ha costado el pago mínimo de 70 pesos por automóvil, incrementándose de acuerdo a los ejes de la unidad hasta alcanzar los 295 pesos.
Estos resultados y estos análisis son significativos, exentar del pago o fijar tarifas preferentes de bajo costo en casetas para residentes de comunidades aledañas a zonas de cobro de cuota o peaje será sólo uno de tantos ajustes legislativos que realmente reflejará una recuperación y un fortalecimiento de la economía de los mexicanos en beneficio de su poder adquisitivo.
Por estas razones expuestas, y especialmente por la defensa de la economía de todos los mexicanos, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Aurora Aguilar Rodríguez, para hablar en pro del dictamen.
La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez: Gracias. Con su venia, presidenta. En marzo de 1990 nos quitaron a los tlaxcaltecas el libre tránsito, la libertad de entrar a nuestro estado. Desde 1990 hasta hoy, para poder pasar de una población a otra, nuestra gente tiene que cruzar por puentes improvisados, por caminos de terracería o pagar 60 pesos cada vez que cruzan, en detrimento de su patrimonio, sólo porque a alguien se le ocurrió que ya no tuviéramos por dónde pasar.
Son 25 kilómetros y medio y son 60 pesos de cuota; es decir, cada kilómetro recorrido en Tlaxcala cuesta el doble del precio en el Arco Norte que va de Puebla a Atlacomulco. Esa carretera que antes fue federal, se concesionó para mal de nuestra población a Grupo Tribasa, a través de la empresa Aucal. En ese entonces Aucal se constituyó sólo 24 días antes de que se le otorgara la concesión. Pero no sólo eso, a partir de la apertura y hasta el 2010 la concesionaria demandó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno de Tlaxcala a través de juicios civiles, en los que además reclama el cierre de 18 accesos carreteros irregulares y el pago por perjuicios por más de 3 mil 500 millones de pesos. O sea, no solamente no nos dejan pasar, nos cobran por ejercer nuestro derecho.
Finalmente, en el 2010 la concesionaria se desistió, pero no se desistió gratis, tuvo un arreglo confidencial, un arreglo al que los tlaxcaltecas no tenemos derecho a conocer y por ese arreglo se le concesionaron 25 años más. Por supuesto que celebro este dictamen, por supuesto que celebro esta modificación; pero no se queda sólo en votación, vamos a acompañar a los pobladores de Tlaxcala para que este artículo se haga realidad, vamos a acompañar a los pobladores de Tlaxcala para que finalmente nos dejen transitar con libertad, como está garantizado en nuestra Constitución. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar en pro del dictamen el diputado Ricardo Mejía Berdeja, hasta por tres minutos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, compañera presidenta. La iniciativa que es motivo de este dictamen, y que fue presentada en su oportunidad por el compañero diputado Jorge Rosiñol, es oportuna, es conveniente, porque se tiene que garantizar en las carreteras, en los caminos el libre tránsito y se tiene que conciliar con el derecho que tiene también quien tiene una concesión a poder recuperar su inversión y que sea en los términos de la ley también un proyecto productivo que les deje una razonable utilidad.
Pero no puede eliminarse las vías alternas o el derecho de los pobladores, o los residentes de un lugar, a poder tener también ciertos beneficios por la actividad con la que recurren a estas vías de comunicación.
Me parece que hay un interés social y sobre todo una garantía que tiene que prevalecer, que es la comunicación. Por eso apoyamos el presente dictamen que se pone a consideración, de reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, pero también debemos llamar la atención que en el tema de las carreteras concesionadas ha habido también un nido de corrupción.
Ha sido motivo de negocios ilícitos, de rescates carreteros, de obras mal planeadas y que han generado no solamente indignación, sino que han generado también negocios indebidos. Por eso al mismo tiempo que aprobamos esta iniciativa, queremos subrayar que no se debe echar al saco roto, hoy que viene el debate de un sistema nacional anticorrupción, el tema de las carreteras, de los caminos, de la asignación de obras públicas para el contratismo, el tráfico de influencia y los negocios ilícitos de un puñado de funcionarios con sus socios en las empresas.
Por eso subrayamos la necesidad de que esta Cámara le entre ya al tema de la Comisión de Investigación de los Contratos entre el gobierno federal y el conglomerado de empresas del Grupo Higa. No puede haber veda en este tema, n puede haber impunidad, no puede haber protección presidencial a la constitución de una Comisión de investigación.
Casi 200 diputados y diputadas firmamos esta solicitud y con chicanadas de la Dirección Jurídica y la Junta de Coordinación se quiere sepultar esta necesidad. Si queremos ir a fondo al combate a la corrupción más allá de la propaganda, se tiene que crear una Comisión de investigación sobre el tema en términos del artículo 93 constitucional.
No vamos a dejar de señalarlo porque es un lastre que viene arrastrando esta Cámara, el no entrarle a la impunidad del contratismo de los grandes socios del actual gobierno. Es cuanto.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Por último tiene la palabra la diputada Roció Adriana Abreu Artiñano, de Grupo Parlamentario del PRI, para hablar a favor de este dictamen.
La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano: Muy buenas tardes, compañeros diputados. Hoy vengo a hablar en nombre de la fracción del PRI y, sobre todo, vengo a hablar en nombre de la ciudadanía, en el cual nos congratulamos que hemos logrado acuerdos que van en beneficio de la ciudadanía.
Hoy en día, como bien lo señaló el promovente, estamos sumados en los diferentes estados que presentan ante un vacío o ante la adecuación que hoy en día está presentada por la Comisión, la necesidad de garantizar el derecho al libre tránsito. Aplaudimos estas decisiones todos los partidos políticos que con voluntad nos hemos sumado para lograr esta acción en beneficio de la ciudadanía.
Como bien señalaban el caso de Veracruz, Tlaxcala y, en particular, el tema relacionado con el estado de Campeche, el municipio del Carmen, donde una servidora es oriunda, hemos padecido y hemos vivido la necesidad de la ciudadanía por sumarnos en este consenso para poder validar lo que ante la ley señalamos como el derecho de libre tránsito.
Tenemos que ver la necesidad de la ciudadanía, de los pueblos, que van desarrollando y que necesitan hoy en día todas las gestiones necesarias para lograr el consenso, pero sobre todo para ayudar en la economía de los municipios.
En el caso particular que a nosotros nos ocupa, el puente El Zacatal está sumado en el municipio del Carmen, donde su cabecera se alija en Ciudad del Carmen, que es una isla, lo cual no tiene otra opción, ningún otro habitante para poder transitar de las siete comunidades de la península de Atasta, para poder desarrollar precisamente la actividad económica que se concentra en el municipio del Carmen.
Hoy en día nuestra obligación es garantizar el desarrollo de las comunidades, el desarrollo de la economía, facilitar a los estudiantes poder llegar a las universidades, fortalecer a cada uno de los hogares para que esto sea en desarrollo, pero sobre todo en bien del desarrollo de las familias y de México.
Nosotros venimos a hablar en nombre del Grupo Parlamentario del PRI, donde votaremos a favor este dictamen de nuestro compañero Jorge Rosiñol, y donde seguiremos trabajando en las gestiones ante SCT, para que como bien se señaló, no sólo quede en la acción legislativa, sino se lleve a cabo en los hechos ante las gestiones pertinentes ante los organismos.
Hoy en día seguimos sumados por el desarrollo de México y, sobre todo, por los consensos de los partidos políticos. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Con esto hemos agotado la lista de oradores.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, con la modificación aceptada por la asamblea.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Saludamos a estudiantes del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México, que se encuentran hoy con nosotros, invitados por la diputada Lucia Pérez Camarena. Bienvenidas y bienvenidos.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): A favor.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (desde la curul): A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Se emitieron 380 votos a favor, 0 en contra, presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por 380 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Para fijar el posicionamiento por la comisión o para fundamentar este dictamen tiene la palabra la diputada Elvia María Pérez Escalante, hasta por cinco minutos.
La diputada Elvia María Pérez Escalante: Con su permiso, señora presidenta. Honorable asamblea, la iniciativa que es materia del presente dictamen tiene por objeto proteger los derechos humanos de las personas adultas mayores en lo relativo a su condición y circunstancias personales relativas a su edad, que se utilizan para dirigirles un trato discriminatorio por parte de quienes forman parte de su entorno social.
Nuestra Carta Magna en su artículo 1o. prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, la edad, la discapacidad, las condiciones sociales, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra su dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Asimismo, el artículo 1 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación precisa que el objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejercen contra cualquier persona en los términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.
En México existían 10.1 millones de adultos mayores en el año 2010, cifra que representa el 9.66 por ciento del total de la población. De esta cifra, el 27.9 por ciento, como lo señala el impuesto nacional sobre discriminación en México, ha sentido que la edad ha sido motivo para que no se les respeten sus derechos, sintiéndose menos protegidas y vulnerables contra el abuso de autoridad por origen étnico, preferencia sexual o por condiciones de salud. Y que enfrentan dificultades por discriminación en lo laboral, en materia de salud e incluso, por condiciones de incapacidad. Por lo que se considera importante garantizar y proteger a ese sector de la población de toda discriminación que atente contra su dignidad.
Por tal motivo, los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, analizamos la iniciativa tomando en consideración que si bien es cierto que el tema de la discriminación se encuentra regulado desde el nivel constitucional y con una reglamentación específica en materia de discriminación, también lo es que la propuesta de reforma constituye una modificación conceptual del texto existente en el artículo 8 de la Ley de los Derechos de las personas adultas mayores, para darles mayor alcance y precisión.
Para la aprobación del dictamen en sentido positivo, los integrantes de esta comisión tomamos en cuenta la opinión den materia de impacto presupuestal del Centro de Estudios de la Finanzas Públicas. Determinando que no requiere de recursos adicionales para su cumplimiento.
Al discutir el contenido de la iniciativa sujeta a dictamen, acordamos que lo procedente era proponer al pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la aprobación del dictamen en sentido positivo.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXII Legislatura, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para quedar como sigue:
Artículo único. Artículo 8. Ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún especio público o privado por razones de su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades.
Por lo antes señalado, consideramos que debemos consolidar en México incluyente sin ningún tipo de discriminación. Es cuanto, señor presidente, honorable asamblea, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Está ahora a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, las siguientes diputadas y diputados: diputado Juan Luis Martínez Martínez,, diputado José Angelino Caamal Mena, diputada María del Carmen Martínez Santillán, diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, diputado Federico González Luna Bueno, diputada Josefina Salinas Pérez, diputada Mariana Dunyaska García Rojas y diputada Leticia Mejía García.
Tiene la palabra ahora el diputado Juan Luis Martínez Martínez, para fijar la postura de su Grupo Parlamentario Morena, hasta por cinco minutos. De la Agrupación Morena, adelante.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Compañeras y compañeros, con su venia presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Adelante.
El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Contrario a lo que ocurría en épocas antiguas, en nuestro país ser un adulto mayor representa ser parte de un grupo vulnerable. Por increíble que parezca 16 de cada 100 adultos mayores, es decir, alrededor de un 1.7 millones de ancianos son víctimas de violencia física y psicológica, el 40 por ciento de ellos la padecen dentro de sus propios hogares.
Una de las principales causas de esta situación es la intolerancia y la visión negativa que se tiene de la vejez, pues dentro de nuestra sociedad existe la falsa idea de que aquellos que llegan a la edad adulta se convierten en una de las cargas de familia.
Según datos del Consejo Nacional de Población, para el año 2050 México será el país con mayor número de adultos mayores en Latinoamérica, razón por la que debemos anticiparnos en prevenir y fomentar la cultura del respeto y la admiración hacia este importante sector.
Hasta hace algunos años este grupo fue olvidado por la mayoría de los gobiernos y sus instituciones, fue hasta la creación del Programa de Pensión de Adultos Mayores, impulsado en la Ciudad de México por el entonces jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, que puso atención a las problemáticas de este importante sector de la sociedad mexicana. A partir de entonces muchos han querido copiar este esquema con fines electoreros, sin embargo los mexicanos tienen muy claro quién es aquél que impulsó este legítimo derecho.
Tenemos que mencionar que es el mismo Estado mexicano quien ha discriminado y fomentado el olvido hacia los adultos mayores. Lo anterior porque es el mismo gobiernos y sus instituciones quienes han ignorado las necesidades básicas de esta porción poblacional.
En Morena estamos orgullosos de ser pioneros en la atención a los adultos mayores y si bien votaremos a favor de la modificación propuesta, creemos que más que reformas fallidas, hacen falta atenciones concretas y esas no las impulsa el gobierno federal.
En Morena apoyaremos el presente dictamen haciendo votos para que en el México de nuestros días, un México invadido de total corrupción, de una desigualdad profunda, un país teñido en sangre, un país en donde se criminaliza la protesta social y que millones y millones de mexicanos aspiramos a una vida plena y también acompañamos a nuestros adultos mayores, a todas las personas que viven en una pobreza extrema que lacera la dignidad humana. Es cuanto, compañeras y compañeros.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputado Juan Luis Martínez. Tiene la palabra ahora hasta por cinco minutos el diputado José Angelino Caamal Mena, del Partido Nueva Alianza.
El diputado José Angelino Caamal Mena: Con el permiso de la Presidencia y de todas y todos los presentes. La inclusión social debe ser un principio básico a partir del cual se estructure nuestro marco jurídico vigente, ya que sólo de esta forma estaremos generando las políticas públicas en las que ninguna persona quede fuera del alcance de la gestión gubernamental, más aún cuando nos referimos a sectores de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad como es el caso de las personas adultas mayores.
El Grupo Parlamentario Nueva Alianza tiene el compromiso de velar por el respeto a los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. Compromiso que se traduce en legislar para que la dignidad de las personas no quede a la discrecionalidad de las autoridades, sino que se plasme en leyes que sustenten las políticas públicas dirigidas a este sector.
Llamo la atención de los presentes y de toda la ciudadanía que nos sigue en los medios de comunicación, para expresar que con esta convicción presenté el pasado 18 de septiembre del año pasado, la iniciativa cuyo dictamen hoy se somete a discusión de esta soberanía, que propone reformar el artículo 8o., de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
El propósito fundamental consiste en proteger sus derechos en lo relativo a sus condiciones y circunstancias personales relativas a su edad, origen étnico, su preferencia sexual o su condición de salud, a fin de evitar un trato discriminatorio por parte de quienes integran su entorno social.
Agradezco y reconozco el compromiso y sensibilidad de mis compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, porque independientemente del partido político de origen, todos coincidimos a favor de los derechos de las personas adultas mayores al dictaminar en positivo la iniciativa que presenté a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Es innegable el reto que aún implica la inclusión social como eje articulador de las acciones del Estado mexicano. Por ello Nueva Alianza asume este desafío desde el ámbito legislativo a fin de que nuestro marco jurídico se sustente en este principio fundamental de los derechos humanos.
En el caso de las personas adultas mayores, debemos reconocer que prevalecen prácticas de discriminación que los excluye de las políticas y beneficios de la acción gubernamental, además de que atenta contra sus derechos humanos.
La exclusión que sufren las personas adulas, muestra la incongruencia entre lo que pensamos como sociedad y lo que se dice en los medios de comunicación, y al final lo que hacen las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Cito como un ejemplo que por un lado valoramos la experiencia que se adquiere en el ámbito laboral, pero cuando la experiencia rebasa los costos económicos de la seguridad social de las personas adultas mayores, se les niegan las oportunidades de trabajo.
De igual forma mientras los medios presentan imágenes y estereotipos de las personas adultas que no corresponden con la realidad, en las familias padecen maltratos y vejaciones que atentan contra su dignidad.
Finalmente el discurso de las autoridades respecto a los adultos mayores dista mucho de la forma en que limitan sus derechos sociales, ya que con las dádivas económicas que reciben a través de programas gubernamentales, muchas veces se convierten en prácticas clientelares.
Compañeras y compañeros legisladores, atender las demandas de las personas adultas mayores, no sólo es asunto de justicia e inclusión social, es sobre todo un principio ético que habla de la grandeza de una nación.
Las personas adultas mayores son quienes han construido el México en el que vivimos; es nuestra obligación que ahora sean retribuidos, reconociendo sus derechos humanos y garantizando su dignidad como personas, confiamos que con la sensibilidad que ha actuado esta Cámara de Diputados, también esperamos que los compañeros y compañeras que integran la Colegisladora, reciban y aprueben esta reforma que seguramente dará sustento jurídico a los derechos humanos de todas las personas adultas mayores de nuestro país. Muchas gracias, por su atención.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado Caamal. Le damos la palabra ahora, a la diputada María del Carmen Martínez Santillán, hasta por cinco minutos, por el Partido del Trabajo.
La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables ha puesto a consideración de esta honorable asamblea el proyecto por el que se reforma el artículo 8o de la Ley de los Derechos de Personas Adultas Mayores.
El objetivo de la propuesta es proteger los derechos de las personas adultas mayores en lo relativo a sus condiciones y circunstancias personales relativas a su edad, su origen étnico, su preferencia sexual o su condición de salud que se utiliza para dirigirles un trato discriminatorio por parte de quienes forman parte de su entorno social.
Para ello se propone modificar el artículo en comento para armonizarlo con lo que se establece en nuestra Carta Magna, en su artículo 1o. Así, la modificación se encamina a fortalecer la legislación que protege los derechos de las personas adultas mayores y procurar eliminar la discriminación que aún sufre este grupo de la población.
Los adultos mayores siguen siendo uno de los grupos más vulnerables de la población debido a condiciones biológicas y socioeconómicas, por ello garantizar el acceso a los servicios públicos que compensan esta condición de personas, y es fundamental para el buen desarrollo de nuestro país.
Asimismo, es fundamental el erradicar los tratos discriminatorios que sufre este grupo de la población, principalmente de los servicios públicos e instituciones que en teoría deben procurar su seguridad y bienestar.
Compañeras y compañeros, es necesario avanzar en la consolidación del marco institucional de protección a los adultos mayores, pues nuestro país camina rápidamente al envejecimiento de la población.
Hoy nuestro país cuenta con el llamado bono demográfico, que es la presencia mayoritaria de jóvenes con poder de transformar a nuestra nación, por desgracia se está perdiendo, pues los actuales políticos, económicos y sociales no se han encaminado a aprovechar y a detonar las capacidades de nuestros jóvenes.
Pero los que hoy son jóvenes en unos cuantos años serán mayores, por lo que se hace necesario trabajar desde ahora en la concientización y formación de la cultura de derechos e inclusión de los adultos mayores, así como fortalecer el marco legal que garantice las mejores condiciones de vida de trato digno y bienestar.
Si bien hay un avance legislativo en el marco de la protección a los adultos mayores, el gran reto que tenemos como sociedad es que la letra se cumpla y no quede, como muchas veces, en letra muerta.
Nosotros como legisladores hacemos nuestra tarea, ahora queda en el gobierno federal y en los gobiernos estatales y municipales realizar su trabajo y hacer efectivos los avances que hemos logrado.
El Partido del Trabajo aprovecha esta ocasión para refirmar el compromiso que tenemos con los adultos mayores, pues ello ha sido parte de la construcción de nuestra historia, por eso siempre lucharemos por garantizar sus derechos y apoyaremos todas aquellas iniciativas que se encaminen a su bienestar. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Martínez. Tiene la palabra ahora la diputada Martha Beatriz Córdoba Bernal, de Movimiento Ciudadano hasta por cinco minutos.
No está en el salón la diputada en este momento, entonces le damos la palabra al diputado Federico González Luna Bueno por el Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado, hasta por cinco minutos.
El diputado Federico González Luna Bueno: Con su venia, presidenta. Todo ciclo biológico implica el nacimiento, la madurez, el ocaso, y el fin. La vejez es una etapa en la vida donde el cuerpo pierde vigor, los obstáculos para realizar determinadas actividades se multiplican, emergen enfermedades crónico-degenerativas.
En esta etapa la vida puede ser especialmente difícil, aunque ello tampoco es un imperativo. La dificultad de la vida lo será en mayor medida si los adultos mayores son objeto del olvido, del menosprecio, de la soberbia, de la falta de agradecimiento.
Cuando hacemos a un lado la problemática y la debida solidaridad hacia los adultos mayores, nuestros adultos mayores, rompemos la armonía social y fomentamos en cambio la desintegración y el individualismo egoísta.
Qué visión de futuro puede tener una sociedad que maltrata a sus adultos mayores. Cuán sincera puede ser una comunidad en sus propósitos de desarrollo social, de solidaridad, si al mismo tiempo hace a un lado cómodamente a aquellos que han llegado a la vejez.
Ocuparnos de los adultos mayores no es solamente un tema de justicia, que sí lo es, sino de la capacidad mínima de indignación que debe tener toda sociedad. En el mundo habitan alrededor de 700 millones de personas mayores de 60 años, para el año 2050 se calcula que la cifra será de 2 mil millones de personas, es decir el 20 por ciento de la población mundial.
Si no por solidaridad, estas cifras nos hacen ver que se trata de un sector de la población con una enorme capacidad productiva que no podemos excluir del proceso económico. Según el secretario general de la ONU, para el año 2050 en los países desarrollados habrá el doble de personas de edad avanzada que de niños, y en los países en desarrollo está previsto que se duplique el número total de personas en edad avanzada.
Nuestro país no es una excepción al panorama que se vive a nivel internacional y aquí también observamos cambios profundos en la composición de la sociedad. Si bien hoy en día México es un país de jóvenes, la mayor expectativa de vida y la menor tasa de fecundidad harán que pronto se invierta la pirámide demográfica.
Hoy tenemos el placer de contar en México con alrededor de 7 millones de personas de 60 años o más, entre 2000 y 2010 la población de adultos mayores creció a una tasa de 3.8 por ciento. Se espera que esta población se duplique en 18 años, es decir que para 2028 tendremos alrededor de 20 millones de adultos mayores en nuestro país. De ahí la exigencia de generar condiciones para un México incluyente que los involucre en el quehacer de la sociedad por su experiencia y la memoria que representan, y por supuesto por agradecimiento.
Veamos algunos datos básicos que ilustran esta situación. A 6 de cada 10 personas adultas mayores los sostiene un familiar u otra persona. Sólo 2.7 personas de cada 10 reciben pensión por su trabajo. Solamente 6 de cada 100 hombres o mujeres adultos mayores tienen una limitación para moverse, caminar o lo hacen con ayuda de algo, sin embargo, el 24 por ciento ha sentido que la edad ha sido motivo para que no se les respeten sus derechos.
En 2012, según el Coneval, el 43 por ciento de los adultos mayores se encuentra situación de pobreza; 9 de cada 10 adultos mayores consideran que es difícil conseguir algún empleo, en razón de su edad.
Debemos reconocer que la sociedad mexicana, autoridades y ciudadanos, hemos conseguido reducir la agresión auténtica y el olvido al envejecimiento biológico, empero aún es mucho lo que nos falta por hacer. Eso es precisamente el mérito del dictamen que hoy discute esta asamblea, reforzar las acciones en contra de la discriminación de los adultos mayores, en post de darles una vida más digna.
Cuando las personas adultos mayores ven disminuidas sus facultades físicas y mentales, a menudo son objeto de discriminación, incluso el sexo también es causa de mayor discriminación, pues es mucho más aguda la problemática de las mujeres indígenas mayores.
México necesita más y novedosas medidas, con la finalidad de que las personas adultas mayores sean integradas como sujetos que participen en el desarrollo económico y social del país.
En el Partido Verde estamos decididamente a favor del presente dictamen, pues estamos comprometidos a trabajar para que el Estado mexicano sea capaz de proveer un mejor nivel de vida a las personas de la tercera edad, para que los problemas de éstas dejen de ser invisibles para el resto de la sociedad.
Hagamos de los adultos mayores una parte digna, orgullosa y productiva de nuestra cotidianeidad. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado. Tiene la palabra ahora la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, hasta por cinco minutos.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputada presidenta. Los adultos mayores son la experiencia. La experiencia es la vida. En la antigua Grecia los adultos mayores fungían como consejeros de gobierno y la población en general acudía a ellos para orientación en la toma de importantes decisiones y se encargaban de realizar funciones legislativas. En Esparta tenían competencia para poder juzgar a los reyes y en la antigua Roma tenían el poder total del imperio.
Hoy en día, los adultos mayores son ignorados desde el seno de sus propias familias. Muy a menudo vemos y escuchamos frases peyorativas y denigrantes cuando vemos una reunión de adultos mayores.
Sería conveniente que desde la Comisión de Educación y Cultura de esta Cámara se exhortara a la Secretaría de Educación Pública en su plan de trabajo para que señalara puntualmente el respeto a los adultos mayores.
Los adultos mayores en cualquier estado que se encuentren merecen todo nuestro respeto, no podemos hacer caso omiso a todo lo que han trabajado en pro de nuestro país. Debemos rescatar los valores socioculturales y éticos que antes nos ensañaban, en todo lugar, a respetar a nuestros adultos mayores.
Hoy los gobiernos gozan de personas con mucha juventud, lamentablemente en muchas de esas ocasiones esa juventud sin experiencia ha puesto sus intereses meramente particulares a los de la nación.
Debemos de estar muy pendientes de este sector de adultos mayores de la población. Los políticos con experiencia los han relegado, dando paso a errores políticos, culturales, administración y de un quehacer a favor de las mayorías con actitudes autoritarias, antidemocráticas y desapegadas al Estado de derecho que hoy mal mencionan en las altas esferas gubernamentales, y es precisamente en este sector que nos referimos a este tipo de gente que nos gobierna.
Invoco a un político veracruzano que decía: “Cuando el pueblo dice que es de noche, aunque sea medio día hay que prender las farolas”, Fernando Gutiérrez Barrios. Hoy los adultos mayores, personas de 60 años y más, en México, representan el 9.7 por ciento del total de la población, lo que significa 11.7 millones, y la participación económica de este sector representa el 33.7 por ciento.
Muchos terminan, lamentablemente y lo vemos a diario, viviendo en las calles, muchos terminan volviéndose vagabundos, juntando cartones, latas y diversos materiales que puedan vender para poder subsistir, sin contar que no cuentan ellos, valga la redundancia, con un servicio de salud y llevando una vida sumamente precaria.
A través del presente dictamen se propone eliminar cualquier tipo de discriminación hacia los adultos mayores, en razón de su origen étnico o nacional, discapacidades, condición de salud, estado civil o cualquier otra que atente contra su dignidad humana, lo que en todo nos parece muy acertado, máxime que Movimiento Ciudadano ha externado su énfasis en la difusión de la cultura para el trato de las personas mayores, que les propicien una vida digna, acceso efectivo a estos servicios de salud que mencionaba, y la erradicación de conductas que a menudo los convierten en víctimas de maltrato físico y menoscabo de sus derechos fundamentales.
Es muy lamentable que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, quien forma parte de este sector de jóvenes que les mencionaba, anuncie que dentro de los programas de subsidios que tendrán ajustes se encuentra el de la pensión de adultos mayores, y sobre todo, que según su declaración este ajuste no afectará a los actuales beneficiarios.
Les recuerdo en este pleno que uno de los pretextos que fundamentaron la reforma hacendaria fue el que ampliaría los programas sociales en beneficio de los adultos mayores. Y ahora resulta que esto ya no va a poder ser posible.
Entonces, quiere decir que sí están moviendo al país pero lo están moviendo en reversa. Ojalá medite Videgaray su declaración y que sepa que en pocos años va a ser un adulto mayor y que aunque no contará con las mismas condiciones socioeconómicas que cuenta la mayoría de los adultos mayores en el país, sí va a querer exigir el respeto que hoy se les está negando a los adultos mayores.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se manifiesta a favor del dictamen, especialmente porque compartimos la necesidad de adecuar la legislación secundaria al mandato instituido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en beneficio de los derechos integrales de todas nuestras personas adultas mayores. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada Córdova Bernal. Le damos la palabra ahora a la diputada Josefina Salinas Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
La diputada Josefina Salinas Pérez: Gracias, diputada presidenta. Honorable asamblea. La discriminación no refiere solo a un fenómeno degradante de nuestra sociedad. También es un complejo entramado sociocultural que a todos compete y en el que todos parecemos ser víctimas o victimarios.
En otras palabras, la discriminación exterioriza la realidad de las sociedades, que va más allá de los propósitos estimulantes de los discursos políticos que hacen referencia a las bondades de la democracia.
En México la discriminación a las personas adultas mayores se presenta en situaciones cotidianas, como son: el maltrato, la violencia, el abandono, la exclusión entre otros.
Paralelamente se presenta un efecto de pérdida de valores, en la cual se cimientan estereotipos de la sociedad donde los adultos mayores estarían caracterizados por atributos negativos tales como la torpeza, la improductividad, la ineficiencia, la enfermedad y la decadencia general.
En ese tenor, envejecer, siendo un proceso natural tiene una connotación de degradación. Lo que promueve una conducta contraria a los conceptos de igualdad y tolerancia en la que se debe fundar toda sociedad que presuma ser democrática.
En el año 2002 entra en vigor la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos de este grupo en condición de vulnerabilidad, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, siendo este mecanismo jurídico el que expone la regulación de la política pública nacional para la observancia de esta materia, de ahí su relevancia para nuestra sociedad.
En el Partido de la Revolución Democrática, como partido progresista consideramos que la discriminación es un tema que debe de ser atendido con prontitud desde la legislación para contribuir a lograr alcanzar la inclusión de todos los sectores de la población, sin distinción de su edad, género, estado físico, origen étnico, religión o alguna otra razón.
Es pertinente reiterar que en México está prohibida la discriminación motivada por la edad, que en ocasiones es más alta la que se da por sexismo o racismo. El tema de la discriminación se encuentra regulado a nivel constitucional y en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y precisamente para armonizar con este marco legal resulta pertinente la modificación propuesta a la ley en comento, porque en especial este grupo padece discriminación y que menoscaba sus derechos y atenta contra su dignidad.
Peor es el caso de la doble o triple discriminación cuando además de ser adultos mayores son mujeres indígenas o llegan a padecer alguna discapacidad, lo cual los expone en mayor grado a la marginación, exclusión, rechazo y hasta la violencia.
Por ello mi grupo, el del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del dictamen al considerarlo conveniente para continuar perfeccionando el marco legal de los derechos de las personas adultas mayores.
Recordemos que el papel de los adultos mayores en otras épocas era de particular importancia, eran respetados sus consejos, se valoraban y se seguían, y su experiencia resultaba determinante para el adecuado funcionamiento de la sociedad, actualmente se valora más la productividad y la utilidad inmediata.
La idea que en este momento priva sobre los adultos mayores es negativa, solo se piensa en que dependen de sus familias, tienen menor poder adquisitivo, producen un mayor gasto en programas de salud y en pensiones; sin embargo no se valora que esas personas han dedicado sus mejores años a criar hijos, ahora a sus nietos y a trabajar para que el país tenga un mayor desarrollo y en la lucha por los derechos humanos y la libertad.
Finalizo retomando las palabras de Gilberto Rincón Gallardo, cuando afirma que: La discriminación es también olvido y omisión, abandono y exclusión. Una sociedad como la nuestra también discrimina cuando su idea de eficiencia se pone al servicio sólo de las personas con capacidades regulares, cuando deja de lado las necesidades especiales de los menos afortunados y cuando se empeña en reproducir los contextos sociales que ha florecido la propia discriminación. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias a usted, diputada Salinas. Tiene la palabra ahora la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Con su venia, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Adelante, diputada.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Cada año de vida es la suma de la experiencia, del talento que se acumula, y ese talento está en el corazón de las personas que llegan a ser adultos mayores. Debe ser motivo de orgullo, debe ser tutelado el derecho a no ser discriminados.
En nuestro país el envejecimiento se ha hecho evidente a partir de la última década de este siglo, mostrando una inercia en la cual cada vez es más notorio el envejecimiento de la sociedad.
De acuerdo con las proyecciones que tenemos de la Conapo, para 2025 y 2050 el monto de adultos mayores aumentará de 17.2 a 32.4 millones de personas, cambios radicales en la pirámide población en la cual será evidente la proporción de niños y jóvenes cada vez menor. En ese sentido los adultos mayores irán en aumento.
Este envejecimiento de la población es un gran desafío, es un reto para quienes tenemos en las manos las políticas públicas de este país. Según estudios del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, las personas mayores enfrentan graves y permanentes condiciones que limitan sus derechos más elementales. Están asociadas a sus enfermedades, a los problemas que tienen de movilidad, a la poca productividad. Pero lo más triste, a una visión cultural en la cual ser mayor es no tener valor, es ya no ser importante y, en ocasiones, un símil a ya no ser nadie.
Por ello estos estereotipos equivocados los convierten en un objeto permanente de abandono, de maltrato, de exclusión, de invisibilización y son víctimas permanentes de discriminación y ello restringe el acceso a los derechos que ellos tienen. Deben gozar en igualdad, todas las condiciones necesarias que tiene que tutelar un Estado democrático.
Esta problemática se agrava cuando los adultos mayores –de quienes hablamos– son mujeres, son indígenas o tienen alguna discapacidad, pareciendo que esto fuera una condición de desventaja que la sociedad asume a partir de que tenemos más años de experiencia, más años de vida.
Eso genera discriminación, violencia, rechazo, exclusión y daño permanente a quien es adulto mayor.
Por eso desde lo legislativo debemos tener un enfoque integral de acceso a los derechos que mejoren la capacidad institucional para disminuir estas acciones en contra de quien es adulto mayor.
Combatir la pobreza, la desigualdad, el maltrato, el olvido, a esas manos que nos dieron cuidados, cariño y que nos brindan historias de vida que hacen la diferencia.
No podemos apostar a la inacción; no podemos hablar de omisión ante la discriminación y la violencia de quienes han permitido que hoy estemos todos nosotros aquí. Y que ojalá muchos de los que estamos hoy, lleguemos a ser adultos mayores y podamos concluir nuestro periodo de vida con dignidad.
Por ello hay que actuar para impedir que se experimente esta discriminación y para que no haya más violencia.
Por eso Acción Nacional apoya cualquier acción, medida, trabajo, proyecto o política pública encaminada a eliminar la discriminación, la violencia de cualquier persona en este país.
Compañeras y compañeros diputados, en este orden de ideas coincidimos con esta reforma prevista en el dictamen y obviamente estamos convencidos que hay que eliminar la discriminación, hay que integrar a las personas adultas mayores en todos los ámbitos de desarrollo económico y social, sin discriminación alguna, en igualdad de condiciones.
Estos cambios en la ley, homologan al artículo 1o., de nuestra Constitución en el precepto constitucional del derecho a la igualdad y no discriminación; pero también configura principios y fundamentos centrales en materia de derechos humanos.
El Partido Acción Nacional pugna por mejores condiciones de vida para quienes llegan con la fortuna de ser adultos mayores.
En el Partido Acción Nacional buscamos que cada una de esas canas signifique orgullo y respeto, que no sean socialmente marginados o discriminados en ningún espacio público ni privado, en toda acción que atente contra su dignidad o que anule o menoscabe sus derechos y libertades.
Por ello los invitamos a votar a favor de estos dictámenes, porque todos los que estamos aquí, muy prontos eremos adultos mayores. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada Dunyaska. Tiene la palabra ahora la diputada Leticia Mejía García, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
La diputada Leticia Mejía García: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, según datos proporcionados por el Consejo Nacional de Población, en el 2014 se registraron 11.7 millones de personas adultos mayores, pero esta cifra no es fija, ya que se ha notado en los últimos años un crecimiento en este sector de la población.
En la composición actual de la población mexicana se refleja un aumento constante de personas adultas mayores debido a que se ha avanzado en la prolongación de la esperanza de vida provocando el incremento de la longevidad humana. Esta situación no es exclusiva de México, ya que la población mundial de personas adultas mayores corresponde al 12 por ciento; es decir, más de 870 millones de personas de acuerdo con lo dispuesto por el Fondo de Población de las Organizaciones de las Naciones Unidas.
En vista de la realidad social que se está viviendo, es necesario proteger la vulnerabilidad de los adultos mayores, ya que se siguen presentando diversas circunstancias que representan un obstáculo en el ejercicio de sus derechos; hablo principalmente de la discriminación que existe hacia este sector de la población.
A pesar de que a nivel jurídico aquí en esta honorable Cámara se ha trabajado arduamente para erradicar la discriminación a través de diversas reformas tanto a nivel constitucional como en una ley específica, no ha sido suficiente para lograr que este hecho no se manifieste.
Los adultos mayores no sólo son discriminados por su edad, sino que pueden ser víctimas de una discriminación agravada. Es decir, ser discriminados por diversos factores como por ejemplo un adulto mayor que es indígena o un adulto mayor que es discapacitado.
Como refiere la diputada proponente, México comprometió en la Conferencia Regional Intergubernamental sobre el Envejecimiento a defender los derechos humanos de las personas adultas mayores, erradicar la discriminación y crear disposiciones necesarias para que ellos puedan hacer efectivo sus derechos.
Por ello, es necesario llevar a cabo esta reforma, porque tiene como propósito dar un mayor alcance de precisión a lo establecido por la ley. Estamos de acuerdo con la proposición de la Comisión de Grupos Vulnerables que incorpora la protección establecida en la Constitución, artículo 1o., perfeccionando el marco legal de los derechos de las personas adultas mayores.
Es impredecible mejorar la situación de las personas adultas mayores, debido a que existe un mayor índice de envejecimiento producto del cambio de la estructura por edades de la población. El reto es afrontar esta transformación a través de la inclusión social, con solidaridad, fomentando la igualdad y la tolerancia para así favorecer la convivencia para hacer una sociedad incluyente.
Es por lo anteriormente expuesto, y con el fin de proporcionar a las personas adultas mayores un envejecimiento con dignidad, que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Para la discusión del dictamen tiene ahora la palabra el diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.
El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Con su venia, presidenta. Muy buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Es una realidad la falta de sensibilidad que en México se tiene con respecto a los adultos mayores, carecemos del respeto que tendríamos que proporcionarles a este sector específico de la población, quienes también en algún momento de sus vidas, al igual que nosotros, estuvieron llenos de juventud, construyendo nuestro México actual.
El trato despectivo e incluso discriminatorio hacia los adultos mayores es un problema de educación, que incluso se da por parte de las propias familias –las consideraciones y se apartan y terminan abandonándolos o, peor aún, explotados de forma muy injusta.
Las políticas públicas dirigidas hacia los adultos mayores carecen de cobertura, muchas de ellas son deficientes y pocas son tomadas con la seriedad que éstas deberían demandar.
El 26 por ciento de 10 millones de adultos mayores en el país cuentan con debida pensión o jubilación. Dentro de este contexto hay que tener en cuenta que pronto en el país se avecina un cambio demográfico importante, ya que según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores se estima que para el 2050 el número de adulos mayores se triplicará, llegando a un estimado de 34 millones de adultos mayores, por los cuales deberíamos estar preparados desde ahora por las medidas correspondientes para este cambio venidero.
Por lo anteriormente expuesto, en Movimiento Ciudadano estamos totalmente a favor de este dictamen. Creemos en pasar de un enfoque asistencialista a un esquema incluyente e integrador, en donde se garanticen todos y cada uno de los derechos que los adultos mayores merecen, sin menospreciar ningún tipo de condición.
No hay que olvidar que ellos son la viva representación de toda una vida de experiencias, que merecen todo nuestro apoyo y todo nuestro respeto. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Agotada la lista de oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
La diputada Adriana Fuentes Téllez (desde la curul): A favor.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Marcos Aguilar Vega (desde la curul): A favor.
La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): A favor.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Presidenta, le informo que se emitieron 348 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 348 votos, el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la Secretaría, por favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de Juntas Directivas e integrantes de comisiones ordinarias, especial, bicamaral, de grupos de amistad y de organismos internacionales, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobados. Comuníquense.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados José Isabel Trejo Reyes, María Guadalupe Mondragón González y Heberto Neblina Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió de la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Protección Civil.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y de Protección Civil, para su dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 18 y 80 de la Ley Agraria.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se recibió también una iniciativa presentada por diversas ciudadanas y ciudadanos, apoyada por diputadas y diputados, destaco el nombre de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD. Proyecto de decreto que expide la Ley de Aguas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Agua Potable y Saneamiento, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (14:47 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 17 de febrero a las 11 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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