Comunicaciones oficiales
Protesta como diputado del ciudadano Álvaro Martínez García
Comunicado de la Cámara de Senadores, con iniciativas
Comunicado de diputado, con reincorporación
Dictámenes a discusión
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política
Relativo a las condiciones de trabajo de los jornaleros agrícolas
Solicitud de licencia de diputado
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 268 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera (11:30 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, si se dispensa la lectura, tomando en consideración de que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, secretaria, se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Proceda la Secretaría.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Se recibió oficio del diputado Salvador Romero Valencia, por el que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Esta Presidencia da de enterado y comuníquese.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Oficio de la Secretaría de Gobernación, contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para desplegar campañas para la prevención, tratamiento y erradicación del sobrepeso, obesidad y desórdenes alimenticios, dirigidos a las mujeres.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Remítase a la Comisión de Salud, para su conocimiento. Proceda la Secretaría.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Oficio de la Cámara de Senadores por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De enterado. Se da por concluido su proceso legislativo.
Se recibió solicitud de licencia del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos. En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si es de aprobarse.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobada. Comuníquese.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Álvaro Martínez García, diputado federal electo en el VIII distrito electoral del estado de Jalisco. Se designan en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados. Diputado Patricio Flores Sandoval, diputado Abel Octavio Salgado Peña, diputado Roberto Cabrera Solís, diputado José Adán Avellaneda, diputada Bárbara Gabriela Romo y diputado José Luis Valle Magaña.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su encargo)
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Ciudadano Álvaro Martínez García, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?
El ciudadano Álvaro Martínez García: Sí, protesto.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Muchas felicidades.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibieron de la Cámara de Senadores, oficios con los que se remiten las siguientes iniciativas:
Con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo V denominado “de los Estímulos Fiscales a la Investigación y Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación”, al título VIII; el artículo 190 Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y se reforma el artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología, presentada por el senador Francisco Salvador López Brito, del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.
Esta Presidencia informa que me han pedido o me han solicitado la palabra –desde su curul– el diputado José Luis Muñoz Soria, del grupo parlamentario del PRD. Adelante, diputado, tiene el uso de la palabra desde su curul.
El diputado José Luis Muñoz Soria (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Como seguramente es del conocimiento de un gran número de legisladoras y legisladores que integramos esta Cámara, un servidor es precandidato, porque no hemos recibido todavía el registro formal de la instancia electoral, a la jefatura delegacional de Cuauhtémoc en el Distrito Federal.
El día de ayer –según información que se tiene– en un deportivo, bajo la responsabilidad de la Delegación Cuauhtémoc, se presentó un hecho que preocupa. Un grupo de ciudadanas y ciudadanos encabezados por unos dirigentes de un partido político de reciente registro, acudieron a esta instancia con la intención de denunciar una supuesta acumulación de despensas, que según ellos, serían utilizadas para favorecer a un servidor en su campaña.
Y digo que es preocupante porque ha sido una conducta reiterada de estas gentes en tratar de buscar o de ver que todo mundo pueda tener actitudes deshonestas como muchas de ellos tienen. Les decimos que se equivocan.
Cualquiera de ellos, inclusive un legislador actual, desconoce que en esta ciudad hay una ley que se llama Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal, y que en el artículo 11 de dicha ley marca con claridad cuáles son las atribuciones de las delegaciones en el sentido de garantizar para las familias de menores recursos, en esos espacios, la posibilidad que tengan de hacerles llegar elementos de la canasta básica balanceados para la cuestión nutricional de la familia.
Agredieron incluso, al personal de seguridad, y quisieron entrar a la fuerza violentando toda situación legal. Lamentamos, se informa que algún representante de un medio de información, comentan que fue agredido; le expresamos a los medios de comunicación nuestra solidaridad y quién haya sido agredido, que cuenten con un servidor para apoyarlo en su denuncia.
De manera personal, estoy planteándole al encargado de despacho en la delegación Cuauhtémoc que realice las investigaciones pertinentes, y de igual manera a la Contraloría Interna y a la Contraloría General del Distrito Federal para que investigue al respecto si dichos artículos alimentarios que están en ese deportivo corresponden o no al cumplimiento de la delegación para esta Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Queremos expresar que ha sido una conducta reiterada de algunos integrantes de ese partido político. Les queremos decir que se equivocan, que muchos somos morenos de color de piel, con mucho orgullo, pero no en conductas políticas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Sus expresiones se incorporan al Diario de los Debates. Me solicitó el uso de la palabra desde su curul la diputada Zuleyma Huidobro González. Adelante, diputada.
La diputada Zuleyma Huidobro González (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Pues es en el mismo sentido, nosotros condenamos la agresión de la reporta y el fotógrafo del periódico Reforma por funcionarios de la delegación Cuauhtémoc de esta ciudad. Es muy lamentable que al haberse descubierto en sus artimañas electorales al acumular y ocultar miles de despensas se lesione a las personas, a los fotógrafos, a los reporteros, a los periodistas en este país por hacer su trabajo.
Vergüenza les debería de dar, al utilizar las mismas prácticas de las que se han quejado por años para comprar votos. Exigimos a la Fepade atienda de manera urgente estos hechos que claramente constituyen delitos electorales y se sancionen a todos los responsables. Muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Su intervención quedará incorporada al Diario de los Debates. Me ha solicitado el uso de la palabra también desde su curul el diputado José Higuera Fuentes. Adelante, diputado.
El diputado José Higuera Fuentes (desde la curul): Con el permiso, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.
El diputado José Higuera Fuentes (desde la curul): El día lunes 23 de marzo asistí como integrante de la Comisión de Turismo a la inauguración del Tianguis Turístico Acapulco 2015, en su edición número 40, y no quiero pasar desapercibido este acontecimiento porque he sido testigo del gran éxito que ha tenido, porque la asistencia fue numerosa, asistieron 65 delegaciones de igual número de países, así como delegaciones de todos los estados de la república mexicana.
Por ello pido a esta honorable asamblea que desde este recinto hagamos un reconocimiento público a aquellos empresarios y a aquellas empresarias que, desde un sentido patriótico, siguen apostándole al desarrollo de Acapulco a pesar de la adversidad. Asimismo, también a todas y a todos los trabajadores que día a día ponen su mejor esfuerzo para hacer posible que Acapulco siga siendo uno de los destinos turísticos más importantes del país y del mundo.
De igual manera un reconocimiento al gobierno del estado y al doctor Rogelio Ortega Martínez, por su gran esfuerzo en darle un rostro diferente al estado de Guerrero. Nuestro reconocimiento también al gobierno federal por haber permitido que el Tianguis Turístico regrese a Acapulco, donde nació hace 40 años.
Ojalá y esta derrama económica no sólo sirva para el sector turístico, también sirva para las clases más desprotegidas de mi estado. Y pido de igual forma que así como se impulsa el turismo de Acapulco, se impulsen otros destinos turísticos como son los destinos turísticos rurales del turismo alternativo que se llama.
Como diputado federal y como guerrerense quiero decirles que vamos saliendo adelante, que estamos en la ruta de remontar la situación que estamos viviendo. Estamos juntando nuestras fuerzas, estamos juntando nuestros corazones y las buenas voluntades, porque Guerrero siempre ha dado buenas cuentas a la patria y en eso estamos.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputado, solamente le pediría que concluya por favor.
El diputado José Higuera Fuentes (desde la curul): Por ello yo desde esta tribuna termino. Quiero pedirles ese reconocimiento para todos los empresarios. Muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Sus expresiones se incorporan al Diario de los Debates.
Le concedo el uso desde su curul a la diputada Rosa Elia Romero Guzmán. Adelante, diputada. ¿No se encuentra la diputada? A esta Presidencia le solicitó el uso de la palabra desde su curul, el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, de agrupación Morena. Adelante.
El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (desde la curul): Gracias, presidente. Compañeros, muy buenos días, para no pasar una efeméride que consideramos importante, como fue la del Día Meteorológico Mundial que celebra la Organización Meteorológica Mundial. Este se llevó a cabo el pasado 23 de marzo.
Y con un llamado muy dramático acerca de las consecuencias del cambio climático que se está viviendo en todo el planeta. Y particularmente preocupados por lo que está sucediendo en nuestro país.
Hace algunos meses pedimos que se hiciera un exhorto desde este Poder para las instancias correspondientes que se encargan de enfrentar en este país, de alguna manera prevenir el cambio climático, que no se puede prevenir, porque es algo que sucede y lleva una fuerza indomable, que es la fuerza de la naturaleza debido a la acción humana.
El llamado que está haciendo la Organización Meteorológica Mundial es adaptarnos a las consecuencias de un cambio climático muy severo.
En el exhorto que realizamos hace algunos meses pedíamos se pudiera especial cuidado en el fenómeno de El Niño, que cuando hicimos el exhorto no se había declarado oficialmente, ahora ya es un hecho, y la Organización Meteorológica Mundial está mencionando que este fenómeno de El Niño es un fenómeno que se va a presentar de manera inusual y que podría prolongarse por lo menos durante dos años, como consecuencia del cambio climático.
Nuestro país en las últimas semanas ha estado viviendo los efectos climáticos de este fenómeno, aunados al calentamiento global. Por lo cual hacemos un llamado a las instancias correspondientes para que sensibilicen y se preparen en protección civil ante lo que será el embate de la naturaleza muy severo en los próximos días y meses.
También hacer un llamado para que reconsideremos esta reforma energética que fue aprobada hace poco más de un año y en donde se está permitiendo la extracción de todo el petróleo del subsuelo, del gas Shale, que va a incrementar y exacerbar el cambio climático. Son gigatoneladas, miles de gigatoneladas de CO2 que se inyectarán a la atmósfera y que contribuirán a la elevación de la temperatura.
Debemos considerar eso y debemos seguir las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, para por lo menos dejar del 60 al 80 por ciento del petróleo para evitar los fenómenos que estamos viviendo en el subsuelo, si no éste será el principio de un caos climático, para el cual ni toda la riqueza que pudiera generar, teóricamente, esta reforma energética nos va a servir de nada.
Y finalmente también, presidente, no dejar pasar por alto los seis meses que han transcurrido desde los tristes acontecimientos en Ayotzinapa. Seis meses en donde nos solidarizamos con los padres de los 43 normalistas, que no han encontrado una respuesta acerca del destino de estos estudiantes.
Nosotros aportamos, en diciembre pasado, información, presidente, importante de imágenes satelitales que fueron tomadas por la NASA el día supuestamente de esta verdad histórica que nos planteó la PGR en el basurero de Cocula, en donde no se observa en las imágenes de la NASA ningún incendio.
El satélite que tomó las imágenes en el basurero de Cocula...
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputado, con todo respeto, puede concluir, por favor.
El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (desde la curul): Es importante. Son seis meses, compañeros, de dolor, de sufrimiento y de caos en este país, debido a la negligencia de las autoridades que no han sabido concluir y llevar a una certeza científica.
Lo que quiero concluir y a lo que quiero llegar es que debemos tomar en cuenta todas estas evidencias. Nosotros hicimos un llamado a la Procuraduría General de la República, para que basada en esta información satelital reabra el caso y considere esta evidencia científica. No queremos la verdad histórica, queremos la verdad científica de Ayotzinapa. Vivos se los llevaron y vivos los queremos.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Raquel Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, adelante, diputada.
La diputada Raquel Jiménez Cerrillo (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Numerosos gobiernos alrededor del mundo reconocen ya el 25 de marzo como el Día del Niño por Nacer, ¿México, cuándo?
El respeto a la vida como derecho humano fundamental, debe ser principio imprescindible de nuestras leyes, sin él es imposible exigir el respeto a todos los demás derechos. Sin vida no hay persona y sin persona no hay derechos.
Es por ello, que asumiendo el compromiso como representante de los niños y las niñas que aún no pueden hablar ni defenderse por la etapa misma en la que se encuentran, he propuesto ante la Cámara de Diputados, a modo de respeto y justicia, que se establezca en nuestro país, de manera oficial, el 25 de marzo, como día del niño por nacer.
Para el Partido Acción Nacional, de acuerdo a nuestros principios de doctrina, la vida y la dignidad del ser humano deben protegerse desde el momento de su concepción y hasta la muerte natural. Defender la vida humana, sin embargo, se ha convertido en algo por demás difícil, se ha creado una mentalidad de pérdida progresiva de valor. Se cree que hoy defender la vida no está de moda. Se cree que hoy defender la vida no es una propuesta de avanzada.
Como consecuencia, existe un respeto menor a la persona humana, un valor que es fundamento de toda convivencia civil, independientemente de lo que en cualquier fe se profese o cualquier partido político se milite.
Afortunadamente, como mencioné, en distintos países se ha declarado ya el 25 de marzo como día oficial del niño por nacer.
Es una muy buena oportunidad hoy, 25 de marzo, para reflexionar sobre el valor de la vida. El día del niño por nacer es una oportunidad para que la sociedad, políticos, padres de familia, maestros, gobernantes, todos reflexionemos si la ola de violencia, secuestros, asesinatos, trata de personas, entre otros, no tiene justamente su origen en la desvalorización del ser humano y de la vida.
Por ello, espero sea aprobada la iniciativa que he mencionado y que ello favorezca a una opción positiva en favor de la vida. Sí, y siempre sí a la vida.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada, sus expresiones se incorporan al Diario de los Debates. Antes de cederle el uso de la palabra a quienes así lo han solicitado desde su curul, esta Presidencia les hace un respetuoso exhorto a que sean breves para poder continuar con la sesión.
Me solicitó el uso de la palabra, desde su curul, la diputada Luisa María Alcalde Luján, de agrupación Morena. Adelante, diputada.
La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): Presidente, de manera muy breve. Únicamente sumarme al rechazo de lo que hoy es primera plana del Reforma, y que tiene qué ver con las despensas encontradas en la delegación Cuauhtémoc. Yo creo que el que nada debe, nada teme. Y no habría entonces, si no hay ilegalidad alguna, si no se pretende comprar el voto, pues haber tenido que agredir a periodistas, que impedir la toma de fotografías, que llevarse al Ministerio Público a varios compañeros y periodistas del Reforma.
Creo que son hechos que no se pueden pasar por alto y que se suman a prácticas que también se están realizando por el gobierno de Manuel Toledo en Coyoacán, donde se está cobrando el 20 por ciento a todos los funcionarios de la delegación para poder contribuir a la campaña de Valentín Maldonado y así mismo obligar a los mismos trabajadores de la delegación a que se lleven a familiares o a amigos a solicitar el domicilio en Coyoacán, justamente con las mismas prácticas.
Lo que les solicito a los compañeros de estos gobiernos es que no se comporten igual que el PRI, déjenles eso que son muy expertos, son totalmente expertos en estas prácticas, pues déjenselos a ellos y nosotros vámonos por una contienda limpia y democrática. Gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada, sus expresiones son incorporadas al Diario de los Debates.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se le concede el uso de la palabra, desde su curul, al diputado Roberto López Suárez, del PRD. Adelante, diputado.
El diputado Roberto López Suárez (desde la curul). Gracias, presidente. Solamente para ilustrar a los compañeros y compañeras diputadas sobre lo que se ha estado planteando aquí del tema de la delegación Cuauhtémoc.
Yo quisiera decirles a las compañeras diputadas de Morena, que se informen. Hay un programa alimentario que está regulado y que está regulado por Coplade, una instancia, un comité formado por diferentes instancias de gobierno para el Programa Alimentario en el Distrito Federal, que no quieran mal informar a la opinión pública.
Y como lo dijo el diputado José Luis Muñoz, ya se ha iniciado una investigación no para ver el tema de si algún funcionario golpeó a los reporteros de Reforma, que quede claro, fue un incidente que lamentamos y que fue con un elemento de seguridad pública y que ya está por cierto siendo investigado y el cual nosotros acompañaremos a esta denuncia porque no estamos de acuerdo con que se le obstruya el trabajo a los periodistas.
Y por último decir, que efectivamente ya inició próximamente para nosotros la contienda electoral y que también sepan que estamos vigilando muy bien lo que está haciendo Clara Brugada, con el gasto excesivo de dinero, que queremos saber de dónde sale para la delegación Iztapalapa.
Y el tema de Monreal, nosotros no tenemos prácticas priístas, nunca hemos militado en el PRI, como sí lo ha hecho Ricardo Monreal y que hoy se avergüenza de su militancia en diferentes partidos políticos. Tenemos memoria y en la delegación Cuauhtémoc tenemos mucha memoria de lo que es Monreal, porque nunca ha vivido en la delegación Cuauhtémoc y además ha sido militante de diferentes partidos políticos y ha vivido del presupuesto público durante los últimos 21 años.
La diputada Leonor Romero Sevilla (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Sí, permítame, diputada. Compañeros diputados, me solicitó el uso de la palabra, desde su curul, la diputada Leonor Romero Sevilla, de Acción Nacional. Hago también de su conocimiento que para cerrar esta lista está inscrito el diputado Abel Octavio Salgado Peña y el diputado José Luis Cruz Flores Gómez. Con el diputado José Luis Cruz cerraríamos esta lista, sin embargo están solicitando nuevamente el uso de la palabra, para lo cual yo les pediría que fuesen breves en su intervención y podamos continuar con la presente sesión. Le doy el uso de la palabra a la diputada Leonor Romero Sevilla. Adelante, diputada.
La diputada Leonor Romero Sevilla (desde la curul): Gracias, presidente. Para informar a este pleno que en el Presupuesto de Egresos de 2013 se destinaron 3.5 millones de pesos para la construcción de una cancha de fútbol 7 en el municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas del estado de Tlaxcala, gestión realizada por una servidora. A la fecha esta obra está inconclusa.
En su momento hicimos las observaciones pertinentes a la Comisión Nacional del Deporte (Conade), sin embargo no vemos ningún avance. Pero eso sí, para este ejercicio 2015 dicho municipio tiene presupuestado un millón de pesos para la rehabilitación de un campo deportivo, a sabiendas de que en el momento de recepcionar los proyectos los municipios no deben tener ningún pendiente de ejercicios anteriores.
Es por ello que pido respetuosamente a la Conade y a las autoridades correspondientes su intervención a fin de brindarles una solución a los ciudadanos de dicho municipio para que puedan tener la obra concluida y con ello utilizar su cancha, en donde puedan ejercitarse y disfrutar con su familia de su tiempo libre. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Su intervención y expresión queda incorporada al Diario de los Debates. Le doy el uso de la palabra desde su curul al diputado José Luis Cruz Flores Gómez, una vez que el diputado Abel declinó su intervención. Adelante, diputado.
El diputado José Luis Cruz Flores Gómez (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente rogarle que pudiésemos continuar con el orden del día. Con todo respeto para todos los compañeros que nos antecedieron en el uso de la palabra, ojalá y sus asuntos de carácter político, sus trapacerías, sus inconstancias que se dan entre los que aquí vienen a traer temas que deben de estar dirimiendo en la contienda electoral, pudiésemos dejarlos para esos esquemas y en esas vías.
Ojalá esas trapacerías las arreglen entre ellos y a nosotros nos permitan –como usted bien lo decía– iniciar con la sesión, porque ni siquiera hemos iniciado con la misma, presidente. Rogarle también respeto a los que integramos esta asamblea para que podamos continuar con el orden del día que estaba establecido.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. En el mismo tenor el diputado Abel Octavio me pide declinar su intervención para continuar con el orden del día.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Proceda la Secretaría.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se recibió oficio del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, por el que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas a partir de esta fecha.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De enterado. Comuníquese.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 537, y se adiciona un inciso d) al artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Everardo Nava Gómez, para fundamentar el dictamen.
El diputado José Everardo Nava Gómez: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados, en primera instancia agradezco a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a su presidente, diputado Fernando Salgado Delgado, a mi amiga la diputada Claudia Delgadillo González, así como a mis compañeros diputados integrantes de esta comisión, por la aprobación de este dictamen de la iniciativa que presentó un servidor a la Ley Federal del Trabajo, y que demuestra nuestro compromiso para buscar cada vez más mejores soluciones a las demandas de la población mexicana en el tema de empleo.
Está comprobado que la mayoría de los seres humanos tiene al trabajo como principal fuente para obtener riqueza económica. Gracias a éste la persona que lo realiza obtiene bienestar material para sí misma y para sus seres más cercanos.
Si por razones injustas, arbitrarias y sistemáticas quien trabaja pierde su empleo, se eleva gravemente el riesgo de no contar con las condiciones mínimas para conducir una existencia digna. Y por ello todo Estado democrático debe defender y garantizar a cabalidad la protección de este importante derecho.
En México el derecho al trabajo es un derecho humano que encuentra sus principales fundamentos en los artículos 1o., y 123 del texto constitucional, en la Ley Federal del Trabajo, y en los diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
No obstante a ello, y a pesar que el Estado mexicano cuenta con un sistema jurídico amplio en la materia, a pesar que nuestro actual gobierno federal mantiene el impulso de importantes acciones y políticas públicas encaminadas a la generación de empleo para los mexicanos, estamos conscientes que aún falta mucho que aportar.
Para garantizar que nuestra ciudadanía pueda ejercer este fundamental derecho con plenitud y sin discriminación, es notorio que los últimos años en México la edad se ha convertido en un obstáculo para conseguir empleo. Esto, como consecuencia de las prácticas discriminatorias promovidas por el sector empresarial en los procesos de otorgamiento y concursos de vacantes de empleo.
Por economía de tiempo y los datos aportados por especialistas a asociaciones civiles, por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación referidos en el documento y que son suficientes para poner de relieve esta situación en toda su magnitud y que nos demuestran que los adultos, después de los 35 años, son quienes tienen el mayor riesgo de ser desempleados y, sobre todo, de las trabas que enfrentan para volver a incorporarse al mercado laboral, que cuando los aceptan suelen emplearlos a cambio de remuneraciones muy bajas, la mayoría de las veces en áreas ajenas a sus conocimientos y talentos que nos les generan más que frustración por no poder aplicar su experiencia, ni mucho menos satisfacer las necesidades básicas que tienen para consigo mismo y con sus respectivas familias.
Estamos ante una problemática que resulta necesario legislar de manera responsable. Debemos coadyuvar en el fortalecimiento de la ley a fin de combatir al fenómeno de discriminación por edad en el empleo que lamentablemente lastima a nuestra sociedad mexicana, particularmente a las personas adultas.
En este sentido destacamos, como señala la comisión dictaminadora, que esta reforma representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos del sector que comprende a las personas adultas.
De esta manera respaldamos la intención que anima a la propuesta de reforma encaminada a establecer una obligación compartida entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como instancia encargada de llevar la política laboral del país, las entidades federativas y el sector empresarial tendiente a diseñar y ejecutar políticas públicas y programas dirigidos a generar oportunidad de empleo que realmente garanticen la inclusión de la aprobación mexicana al mercado laboral y, sobre todo, que permitan aprovechar la vasta experiencia, sabiduría y capacidad de los millones de mexicanas y mexicanos que superan los 35 años de edad en favor del desarrollo productivo, económico y progreso del país.
No debemos olvidar que la pirámide poblacional de México envejece a pasos agigantados, a tal grado que la población que rebasa los 36 años de edad, en los próximos 11 años representará 60 por ciento de nuestra población total, por ello la urgencia de generar las condiciones apropiadas que aseguren el futuro de México.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social solicitamos a esta LXII Legislatura su voto favorable al presente dictamen, para atender estas demandas ciudadanas tan sensibles y las podamos entregar como respuestas para el bienestar del pueblo de México. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Está a discusión en lo general.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados.
De agrupación Morena se le concede el uso de la palabra a la diputada Luisa María Alcalde Luján. Adelante, diputada, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.
La diputada Luisa María Alcalde Luján: Pues veo tristemente que estamos malgastando estas últimas sesiones que nos quedan de este periodo y de esta Legislatura, porque en realidad todos los dictámenes que están enlistados para los próximos días son modificaciones sin ningún tipo de relevancia y sin ningún tipo de impacto y beneficio social lamentablemente.
Éste es uno de esos casos, de nada sirve que digamos que el Servicio Nacional de Empleo tendrá ahora un objetivo, que es impulsar el empleo a los adultos, es evidente que así debe ser y no por ponerlo en esa ley se hará, para impulsar los empleos se necesita un gobierno honrado, un gobierno honesto que detenga este interés, cosa que lamentablemente no tenemos, ya casi dos años y medio de la reforma laboral vemos los resultados, no se generan empleos ni para adultos ni para jóvenes ni para ningún sector.
Lo que estamos haciendo en estos últimos días es prácticamente darle la oportunidad a nuevos diputados que están llegando o a los que no han subido a tribuna, a que utilicen sus cinco minutos de tribuna y reflectores para que les tomen la foto y entonces sí salgan en los diarios de sus comunidades. Y lamentable, porque tenemos muchísimos temas pendientes que deberíamos estar tratando y discutiendo en este pleno.
Sin duda la problemática del desempleo y del subempleo en México es un problema fundamental. A esta problemática se suman los abusos laborales y los escándalos cada vez más frecuentes de la explotación laboral, como es el caso de Zapopan, donde 129 costureras y costureros fueron rescatados de una maquiladora coreana que inexplicablemente estaba certificada por la Secretaría del Trabajo.
Hace dos semanas la empresa reinició operaciones tras pagar una multa irrisoria de 2 mil 800 pesos, y lo peor, lo más triste es que varios trabajadores explotados pidieron ser recontratados, pues tener un trabajo miserable es mejor que no tener ningún trabajo.
Este caso es similar al de Baja California Sur, donde más de 200 jornaleros tarahumaras fueron rescatados de un rancho agrícola donde eran explotados no obstante el sitio había sido inspeccionado hacía dos meses por las autoridades laborales. Las víctimas en lugar de recibir indemnización y justicia fueron expulsadas de la entidad. Muchos se negaron a volver a Chihuahua y pidieron ser recontratados bajo la misma lógica de que un trabajo indigno es mejor que la ausencia de trabajo.
En Colima, 49 jornaleros mixtecos fueron rescatados el día de ayer de un rancho productor de pepino, mientras que en San Quintín un movimiento de jornaleros de Ensenada se reveló en contra de sus patrones en demanda de, fíjense bien qué crimen, un salario por encima del mínimo; jornadas de trabajo de 8 horas; el séptimo día de descanso; seguridad social; pago de horas extras y el fin del abuso y la violencia sexual contra los trabajadores. Es decir, que lo único que exigían estos jornaleros era lo que la Constitución reconoce a todos los trabajadores desde 1917. Pese a lo justo de su reclamo, los manifestantes fueron desalojados con lujo de violencia, más de 200 fueron detenidos y el día de hoy 53 siguen tras las rejas.
Queda claro que la falta de empleo y el empleo indigno son dos caras de la misma moneda. El Estado no sólo está obligado a promover e implementar mecanismos para combatir el desempleo, sino asegurar que los empleos que ya existen sean dignos y bien pagados. Por desgracia, las autoridades laborales han perdido completamente la brújula social y en lugar de proteger a los trabajadores se ha privilegiado a los patrones, callando y encubriendo todos sus abusos.
Si hoy queremos y en efecto es genuino nuestro interés por mejorar los empleos en México, yo les tengo el camino perfecto. Ayuden a que la desvinculación de salarios mínimos que fue aprobada por esta Cámara de Diputados sea aprobada en el Senado de la República, porque lamentablemente Javier Lozano hizo que se parara esta iniciativa y hasta el día de hoy no tenemos los salarios mínimos desvinculados de los cientos de leyes a los cuales se integra. Y ello no ha permitido que exista un verdadero incremento al salario mínimo.
Compañeras y compañeros, el salario mínimo está por debajo de la pobreza. Si no atendemos esto, no atendemos nada. Ayuden en sus diferentes grupos parlamentarios, ayuden los panistas que utilizaron esta bandera incluso para su consulta popular y que hoy la utilizan para la campaña, que si realmente les interesa el tema salarial y el tema del salario mínimo es con su compañero Javier Lozano con quien tienen que estar platicando para que esta Ley de Desvinculación salga y tengamos un salario mínimo digno y decente para todas y todos los mexicanos. Gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna a la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, para fijar su postura hasta por cinco minutos. Adelante, diputada.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, efectivamente todos sabemos que la generación de empleos hoy más que nunca es primordial para el país, pero empleos bien pagados, formales, que correspondan al esfuerzo de los trabajadores y que estén respaldados por la seguridad social mínima que las leyes otorgan.
La reforma que está a discusión plantea que existe una crisis de empleo en nuestro país, sobre todo para las personas mayores de 30 años, misma que se ve agravada mientras el trabajador aumenta de edad.
El informe de la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo en el 2014 lo ratifica, señala que de los más de dos millones de mexicanos sin empleo, el 45 por ciento es mayor de 30 años. Por ello la modificación que propone el dictamen en discusión establece que el Servicio Nacional de Empleo tendrá como objetivo promover la inclusión de los adultos, además de otras facultades y obligaciones que actualmente establece el artículo 537.
De igual forma, la reforma propuesta en el inciso d), fracción I, del artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá realizar acciones para generar empleo, la inclusión de jóvenes, adultos y grupos de situación vulnerable dentro del sector empresarial y gobierno.
A este respecto, considero oportuno el haber retomado a los jóvenes y a los grupos vulnerables, como objetivos de políticas públicas que promuevan la inclusión laboral, específicamente a los adultos mayores, que como lo menciona el dictamen, la situación de discriminación laboral se agrava en este sector de la población.
Para esta reforma se tuvo que haber tomado en cuenta que el Código Civil Federal señala en el artículo 646, que la mayoría de edad empieza a los 18 años, mientras que los jóvenes son considerados como tales en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, como la población comprendida de los 12 a los 29 años de edad. Es decir, la reforma que estamos aprobando tiene un gran alcance de población, desde los 15 años de edad, que pronto será la mínima para trabajar, hasta los adultos mayores.
Nuestro grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen, en primer lugar, porque trata de erradicar la discriminación motivada por la edad de las personas, y en segundo lugar, por promover el trabajo entre las y los mexicanos.
Por último, como representantes de la sociedad tenemos que reconocer que la falta de empleo es una de las mayores problemáticas que aquejan a la población, por ello iniciamos esta legislatura con una reforma laboral y a tres años, casi a tres años, este tema aún está pendiente y no ha quedado resuelto, y en consecuencia tenemos que seguir modificando nuestro sistema laboral y buscar la forma idónea de crear de manera efectiva mayores empleos, que a su vez se traduzcan en mayor satisfacción para todas y todos los mexicanos. Es cuanto, presidente. Por su atención, gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Compañeras y compañeros diputados, antes de continuar con el siguiente orador, esta Presidencia hace de su conocimiento, y a nombre de todos ustedes, que los integrantes de esta LXII Legislatura acompañamos al diputado José Angelino Caamal Mena por el lamentable deceso de su señora madre doña María del Carmen Mena Moo, quien falleciera el día de ayer en el estado de Campeche. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad en estos momentos. Descanse en paz.
Procedemos con la sesión, y le damos el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, al diputado Javier Gutiérrez Reyes, del Partido del Trabajo, para los mismos efectos. Adelante, diputado.
El diputado Javier Gutiérrez Reyes: Diputado presidente, diputados de la Mesa, muchas gracias. Compañeras y compañeros diputados, actualmente somos poco más de 125 millones de personas, de mexicanos, y a la fecha se calculan cerca de 30 millones de jóvenes en nuestro país.
Población joven, entre los 14 y 40 años de edad, sin lugar a dudas, el motor de esta nación. Sin embargo, a pesar de que México es considerado como un país joven, no se ha logrado generar un esquema socioeconómico que verdaderamente procure la estabilidad en todos los sentidos para ellos.
Faltan oportunidades de empleo que coadyuven a su estabilidad económica. Hay muchas carencias en cuanto a opciones educativas y económicas para buscar un desarrollo promisorio.
Por el contrario, sí para la mayoría de los habitantes del país aún existen condiciones de miseria, incluyendo los salarios, pobreza y marginación, y no se diga de quienes por desgracia no cuentan con un empleo.
Y por si fuera poco, ahora se hace presente un fenómeno nada alentador. Buena parte de esta población joven es sujeta de desprecios e inclusive malos tratos al momento de pedir trabajo, aspecto totalmente discriminatorio.
Debemos recordar que esta condición de falta de empleo es generada por una incorrecta estrategia económica implementada en el país. Estrategia que únicamente reconoce un manejo de mano de obra barata y no precisamente basada en la adquisición y aprovechamiento de experiencia.
Desafortunadamente, de esta forma de actuar, principalmente el sector empresarial, es un reflejo de la división internacional del trabajo, lo que hace por la fuerza volverse especialistas en bienes manufacturados bajo un modelo de trabajo salarial con disposición de incorporar principalmente a personas con un solo rango de edad que no debe pasar de los 35 años.
El propósito de ello es solo uno, el de contratar a personas más jóvenes, condicionándolas a un salario mínimo y dispuestas a sacrificar muchas expectativas de vida personal y laboral, en lugar de contratar a personas maduras que seguramente buscarán estabilidad y prestaciones mínimas que la ley les puede garantizar.
Ello deja sin posibilidades de competir con conocimientos, capacidades y aptitudes a muchos quienes pueden incorporarse al mundo laboral. Muchos de ellos seguramente pueden obtener buenos resultados en sus labores.
Compañeras y compañeros diputados, el PT por varias legislaturas hemos estado en contra de las formas de explotación para los trabajadores, así como en nuestro país y en el resto del mundo. Para el PT el Estado mexicano aún mantiene estas formas de explotación y una explotación modernizada, ya lo hemos visto recientemente lo que acaba de pasar con los jornaleros de San Quintín, en Baja California, que fueron cruelmente castigados por las autoridades locales y estatales por el sencillo hecho de estar en desacuerdo con los engaños y condiciones inhumanas para los trabajadores: salarios mínimos de 100 pesos a la semana, sin seguridad social, jornadas hasta de 16 horas de trabajo diarias, bajo condiciones climáticas insoportables.
Nos recuerda hoy lo que pasaba en el tiempo del porfiriato, aquí no importa la edad y la experiencia para pedir trabajo, pero a cambio hay que estar de acuerdo con las miserables condiciones que imponen las empresas para conseguir una paupérrima forma de ganarse la vida. No es cosa de casualidad que por años estemos proponiendo mejoras salariales, mayores oportunidades de trabajo y la eliminación de cualquier tipo de práctica discriminatoria hacia los trabajadores.
Bien es cierto que mediante la propuesta que maneja el dictamen en comento, quedará inscrito en la Ley Federal del Trabajo el carácter de probabilidad para el diseño de políticas públicas encaminadas a la generación de oportunidades de empleo para los jóvenes, adultos y grupos en situación vulnerable en el mercado laboral. No obstante, nos parece que aún que queda en el texto una expresión solo potestativa y n una obligatoriedad para el gobierno y el sector empresarial.
Lo estamos viviendo, compañeras y compañeros, en párrafos anteriores ya hemos dado un ejemplo y la ley no se respeta para quienes buscan empleo o quienes exigen mejores condiciones de trabajo, pero a la mayoría nos queda claro que a través de las autoridades o con el cobijo de una mala interpretación de la ley hay que complacer los mezquinos intereses de las grandes empresas.
Pensamos que con ello nada garantiza que el sector empresarial trabaja a favor de esta propuesta y que el poco más de un millón de personas, entre mujeres y hombres mayores de 35 años quienes en este momento buscan empleo, puedan ser canalizadas a alguna actividad natural laboral sin condicionamiento y hostigamiento, para cesar con sus objetivos de mantenerse en el empleo.
Lo más devastador de este proyecto económico, neoliberalismo, lo estamos viviendo con la reciente reforma laboral y sus resultados: condiciones precarias de trabajo, desempleo, sobre la explotación, inclusive formas veladas de esclavitud son validadas por la actual ley.
Ello solo origina, por ejemplo, que la población adulta con edad para alcanzar su retiro para vivir tranquilamente, hoy se vea en la necesidad de andar buscando un segundo trabajo aparte de la pensión que no le alcanza. Esto es una verdadera crisis en nuestro país.
Trabajos que inclusive ponen en riesgo su integridad, franeleros, valet parking, lava carros, algunos. Aquí cabe destacar que de la población económicamente activa de nuestro país, el 53 por ciento se encuentra fuera de una situación laboral justa, se encuentra en lo que se llama la economía informal.
Que quede claro. No nos oponemos a que el presente dictamen se transite, pero hacemos una crítica a nuestros compañeros legisladores para dar más de sí, pues estamos convencidos de que nuestro trabajo puede dar la pauta para que miles de personas mayores de 35 años logren ser contratadas sin miramiento ni prejuicio alguno.
Aprovecho esta tribuna para manifestar que estamos de acuerdo con la posición que mandó el Partido de Morena. Creemos que es una posición muy correcta y también con el compañero que hizo uso de la palabra, porque no hay que perder de vista la situación que vive nuestro país. Al día de mañana convocamos a todos los aquí asistentes a que asistan a la manifestación de solidaridad con los desparecidos de Ayotzinapa, compañeros. Esto es un parteaguas en la historia de nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna al diputado José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos, para los mismos efectos. Adelante, diputado.
El diputado José Luis Valle Magaña: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante, diputado.
El diputado José Luis Valle Magaña: Compañeras y compañeros. En México el desempleo es una problemática evidente que se viene dando desde hace muchas décadas. Obtener un puesto dentro de una empresa o institución se ha convertido en un obstáculo por diferentes factores.
Actualmente conseguir un empleo no es nada fácil siendo una persona joven y resulta aún más difícil siendo una persona mayor de 35 años. Un ejemplo de esto es lo que vemos en los anuncios de empleo que tienen los periódicos donde la mayoría hace mención a la edad de la vacante que oscila entre 25 y 35 años como uno de sus requisitos indispensables, excluyendo y discriminando a las personas que superar este rango de edad.
Para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), estos avisos representan un acto discriminatorio al condicionar o negar el derecho al trabajo por cuestiones de edad.
De acuerdo a la Asociación Mexicana por la no Discriminación Laboral por Edad o Género, el 90 por ciento de las vacantes ofrecidas dejan fuera a los mayores de 35 años. La oferta laboral disponible para este segmento poblacional se reduce a 10 por ciento, pero se trata de empleos de bajo salario que no tienen que ver con el perfil académico del solicitante, desperdiciándose así años de experiencia.
Muchas empresas prefieren también a los jóvenes porque tienen añadidos los sistemas de tecnología casi a la perfección, por su disponibilidad a viajar o cambiar de residencia, flexibilidad, y –sobre todo– menores pretensiones salariales.
En México es muy complicado tener los elementos de prueba para demostrar la discriminación laboral por edad y reclamar esas actitudes ante las juntas de conciliación y arbitraje. Al final la empresa contrata a quien decide, y no se ha podido corregir esta cuestión desde el punto de vista jurídico.
A su vez es importante mencionar la gran capacidad y experiencia que puede tener una persona con ese rango de edad, siendo aún eficiente y productivo, así como preparado y con la especialidad necesaria y clara de los negocios.
Es necesario que el Estado implemente programas eficientes donde proteja a este sector de la sociedad, donde se garanticen mejores oportunidades de empleo, y que contratar personas con ese rango de edad, no signifique sinónimo de vejez, sino profesionistas experimentados.
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano considera que existe el motivo suficiente y válido, para votar a favor del dictamen que se dirige en el sentido de favorecer a las personas trabajadoras que rebasan el rango de edad de 35 años en adelante, mediante la promoción de empleos en coordinación con las entidades federativas y el sector empresarial, implementando mecanismos y programas necesarios que ayuden a la inclusión de personas adultas al mercado laboral.
Quiero aprovechar ésta que será mi última intervención en esta máxima tribuna, para agradecer a todas mis compañeras y compañeros, no sólo los de mi Partido Movimiento Ciudadano, sino a los de todas las demás fracciones que han conformado esta Sexagésima Segunda Legislatura, por todo lo que he aprendido.
Regreso a mi municipio de Arandas, con mayor experiencia, capacidad y conocimientos, y con un gran deseo de seguir sirviendo a mi comunidad y a mi país por encima de diferencias partidarias. A todas y a todos muchas gracias. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias diputado José Luis Valle. Se le concede el uso de la tribuna al diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos, para los mismos efectos. Adelante, diputado.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Con la venia de la Presidencia.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Compañeras y compañeros legisladores, uno de los derechos humanos fundamentales y al que todo individuo debe de acceder, es el trabajo. La posibilidad de poder participar en actividades de producción y prestación de servicios en la sociedad y el disfrute de los beneficios derivados de la realización de estas actividades.
Todo mundo tiene derecho a que de manera libre pueda elegir al trabajo al que quiera dedicarse y por ello tener una remuneración digna que le permita satisfacer sus necesidades y las de su familia.
El dictamen que hoy se propone a consideración del pleno y con el cual el Partido Verde Ecologista de México está totalmente de acuerdo, es el de poder llevar a cabo acciones que eviten la discriminación.
¿Cuánto hemos visto que al llegar a cierta edad las personas cada vez son menos contratadas o que bien los grupos vulnerables tienen esa tendencia a no poder ser contratados porque se requiere una mano de obra más joven que puede ser en teoría más barata de una mano de obra mayor calificada?
La propuesta que hoy presenta la Comisión del Trabajo y Previsión Social, es agregar al artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo una fracción para que el Sistema Nacional de Empleo garantice el trabajo de las personas adultas.
La pirámide poblacional en nuestro país está variando, está cambiando constantemente. En unos años la población adulta será mucho mayor que la población joven, y por eso es necesario garantizar en igualdad de circunstancias, el que puedan accederse a trabajos dignos y remunerados.
Esto porque el derecho laboral en nuestro país aún no ha sido capaz de eliminar factores, como la discriminación en el empleo, y esto puede afectar a hombres o mujeres, ya sea por motivo de sexo, de nacionalidad, de raza, de color de piel, de extracción social, de diferencias políticas. Los que debemos buscar todos es la inclusión, la igualdad para que no haya discriminación de ningún tipo para acceder a cualquier fuente de trabajo.
Bajo esta premisa y esta lógica el Partido Verde Ecologista de México votará a favor de la presente reforma, que pretende garantizar el acceso al trabajo a los miembros de determinados grupos de edad, impulsado con ello que sean los méritos y la capacidad lo que se determine para desempeñar un trabajo; y no características irrelevantes, como la edad, los factores determinantes para que se pueda acceder a éste. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna a la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos para los mismos efectos.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Gracias. Con su permiso, presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Subo a esta tribuna a hablar como representante popular y de la clase obrera y trabajadora de este país. La iniciativa que reforma los artículos 537 y 539 de la Ley Federal del Trabajo será votada en sentido afirmativo, nadie puede estar en contra de que el Servicio Nacional de Empleo diseñe, conduzca y evalúe programas que garanticen la inclusión de los jóvenes al trabajo; así como la adición de un inciso al 539, que establece que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en materia de promoción diseñe en coordinación con las entidades federativas y el sector empresarial políticas y programas para generar oportunidades que garanticen la inclusión de jóvenes, adultos y grupos en situación vulnerable.
Recordemos, y nos recuerda esto, lo que decía Morelos: Hay que dictar las leyes o las leyes que dicte este Congreso deben ser tales, que obliguen a constancia y al patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte que se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejándolo de la ignorancia, la rapiña y el hurto.
En el presente dictamen desde su discusión en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que fue el 19 de febrero pasado, aniversario, un año más de Pasta de Conchos, propusimos que incluyeran a las personas con discapacidad dentro de las acciones específicas para acceder al empleo. Nos parece que existe una gran responsabilidad al marginar a quienes son discriminados, es decir las personas con discapacidad que deberíamos apoyar de forma específica para que ellas, ellos puedan contar con un empleo, pues las cifras no mienten, más del 60 por ciento de estas personas se encuentran desempleadas.
El hecho de que los principios generales de la Ley Federal del Trabajo, particularmente el artículo 2 se haga alusión a los discapacitados, no exime la necesidad de consagrar de manera destacada las acciones concretas de políticas públicas para que se les respete su derecho humano al trabajo digno. Estamos convencidas y convencidos de que al no aceptar nuestra solicitud quizá no fue muy buena intención, pero con muy mal tino. Estaríamos distinguiendo y prefiriendo sectores de la población como al establecer de manera concreta programas para jóvenes y adultos para el empleo, dado que el propio concepto de trabajo dignó establece el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Hoy ya señala que tampoco debe haber discriminación en razón de la edad, lo que incluye a los adultos y a los jóvenes.
Tampoco podemos concluir que las personas con discapacidad clasifican en el grupo genérico de vulnerables que contienen los artículos 537 y 539, pues también se conceptúan como grupos vulnerables a los jóvenes y a los adultos, destacadamente a las y los adultos mayores que son excluidos del trabajo. Esto de acuerdo a la CEPAL, a la ONU y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En este sentido, los artículos en mención no se dividen en jóvenes y adultos por un lado y grupos vulnerables por el otro, sino que todos son grupos vulnerables incluidos los jóvenes y los adultos. Pregunto, si todos son grupos vulnerables, unos y otros, ¿por qué sólo destacar a los jóvenes y a los adultos para impulsar a su favor acciones específicas de empleo?
De acuerdo a la OIT, las personas con discapacidad experimentan un índice de desempleo entre el 80 y 100 por ciento superior a los trabajadores sin discapacidad. Si la no discriminación de los discapacitados se consagra en la normatividad general sustantiva de la Ley del Trabajo, por el contrario se exige la consagración de las autoridades del trabajo y servicios sociales sobre la situación de los discapacitados para aterrizar jurídicamente las acciones a cargo del gobierno.
Sería una noticia loable, entre tanto padecimiento que vivimos todos los mexicanos, que hoy un sector de la población fuera reconocido por esta soberanía para mitigar la falta de oportunidades permanentes en las que se encuentran muchos de los millones de mexicanos en este país.
Aprobaremos la iniciativa, pero eso no basta. El cambio verdadero viene del pueblo, de obreros y campesinos, de profesionistas, de hombres y mujeres honestos, de la energía y la indignación ante la injusticia, de los jóvenes, de los trabajadores agrícolas.
Como se ha mencionado ya en varias ocasiones lo ocurrido en San Quintín, en Baja California, que ante tanta explotación exigen respeto a los derechos laborales, revocación del contrato colectivo firmado por la CT y la CROC, afiliación al Seguro Social, pago de todas las prestaciones de ley, como aguinaldo, vacaciones, horas extras, desaparición del salario compactado, sueldo de 300 pesos por día, respeto a los derechos de las madres trabajadoras y fin al acoso sexual por parte de los mayordomos y patrones. No es mucho pedir, hay que atender obviamente puntualmente esos problemas.
Pero, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para poder garantizar que haya el pleno respeto a este derecho? Tiene que incorporarse que haya el empleo, un salario remunerador. Todo presupuesto debiera estar encaminado a detonar el crecimiento y desarrollo de una economía que se refleje en un salario bien remunerado para reactivar el mercado interno. Salario sí, empleo sí. Salario tiene que ser remunerado para que realmente pueda mejorar las condiciones en este país. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada María del Socorro. Le vamos a dar el uso de la tribuna, por cinco minutos para los mismos efectos, al diputado Rafael Micalco Méndez, del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado.
El diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez: Antes de hacer referencia a dos artículos constitucionales, que es el 123: Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo, conforme a la ley.
El segundo artículo a hacer referencia es el 3o. de la Ley Federal del Trabajo. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio.
No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro tipo que atente contra la dignidad humana.
No obstante la importancia de estos dos artículos, de estos preceptos constitucionales, sabemos que las reformas constitucionales y sobre todo la Ley Federal del Trabajo, que fue objeto inicio de esta legislatura, con todo y que estas reformas tardan tiempo en hacerse efectivas, tardan tiempo en lograr que tengamos una nueva cultura laboral, con todo y esto les proporciono algunas cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del cuarto trimestre del 2014, que refiere que más de 2 millones 284 mil personas están desocupadas, la mayor parte tienen mayor de 35 años, estas personas tienen una experiencia laboral y están capacitados, jefes y jefas de familia que no consiguen trabajo y que por rebasar los 35 años tienen impedimento para conseguir una entrevista de trabajo.
Aunado a ello, la situación actual del mercado de trabajo se caracteriza por un déficit de competitividad de la fuerza laboral y una limitada generación de empleos de calidad, lo que deriva en un círculo vicioso de baja disponibilidad y baja demanda de trabajo laboral.
Esperamos que el crecimiento económico y las reformas estructurales aprobadas detonen el acceso a mayores y mejores fuentes de ingreso y empleo para las familias mexicanas. Esperemos que así sea, en el corto y mediano plazo, pero la realidad es que en la oferta de empleo las plazas vacantes descartan, de entrada, a los mayores de 35 años, como se puede verificar en los anuncios publicitados, principalmente en los portales de empleo.
El rango de edades que piden los empleadores es un 80 por ciento que sean menores de 35 años. Los empleadores consideran que las personas mayores de 35 años ya no son productivas, que no son rentables, pese a contar con experiencia y a que física y mentalmente tienen muchos años más de vida productiva. En esta clase de discriminación por edad, contribuyen todos los sectores, tanto el público, privado y el social.
Por ello, mientras llegan los frutos de las ansiadas reformas estructurales, el Estado mexicano está obligado a establecer mecanismos que eviten la discriminación laboral por edad, y políticas públicas efectivas que incidan en el ejercicio pleno del derecho humano al trabajo.
Políticas públicas que sensibilicen a los empleadores a aprovechar la vasta experiencia, profesionalismo y capacidad de los millones de mexicanos y mexicanas que superan los 35 años de edad en favor del desarrollo productivo, económico y progreso del país.
Cómo lograr ciudadanos más efectivos, más activos y participativos en los asuntos públicos, si no les garantizamos lo más básico que es llevar el sustento a su hogar. El no sentirse rechazados, incluso, humillados en su autoestima por el veto inmediato que da el simple hecho de tener más de 35 años de edad.
En este sentido, las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional apoyamos este dictamen de la Comisión del Trabajo y Previsión Social que busca establecer una obligación compartida entre la Secretaría del Trabajo como instancia encargada de llevar la política laboral del país y las entidades federativas.
Es así que dentro de las políticas públicas a instrumentarse, necesitamos mejores estadísticas para conocer las características de los contratados: edad, sexo, nivel académico, experiencia y habilidades, a fin de crear un banco de datos que permita dar seguimiento del perfil de las personas que han contratado empleo. Esto permitirá saber que en México tenemos verdaderas políticas de inclusión laboral.
Por las razones expuestas, el Partido Acción Nacional votará a favor de este dictamen, que de aplicarse por el Ejecutivo federal abonará a evitar la discriminación por edad y a que los empleadores actúen con responsabilidad social y en cumplimiento de los derechos humanos. Es cuanto, presidente y gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Para concluir la lista de oradores se le concede el uso de la tribuna a la diputada Dunia Eliane de la Vega Preciado, del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada.
La diputada Dunia Eliane de la Vega Preciado: Con el permiso de la Presidencia. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, el derecho humano al trabajo, como prerrogativa consagrada en nuestra Carta Magna, así como en diversos instrumentos jurídicos internacionales que nuestro país ha ratificado, ha sido una preocupación constante para nosotros como legisladores. Por lo que desde esta tribuna hemos trabajado para generar políticas públicas encaminadas a la generación de empleos para las nuevas generaciones y a la permanencia de las personas en ellos. Pero también, destinadas a la reincorporación al mercado laboral de las personas.
La mejor muestra de lo anterior es la gran reforma laboral aprobada en el segundo semestre del año 2012, la cual significó una modificación trascendental para el modelo aplicable en nuestro país.
Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos legislativos y del Poder Ejecutivo, aun persisten prácticas que atentan en contra de este derecho como las limitaciones en los procesos de otorgamiento y concursos de vacantes en relación con la edad, reflejado en personas adultas mayores de 35 años.
Un ejemplo también de estos retrocesos son las personas quienes piensan que es una pérdida de tiempo estar aquí defendiendo los derechos a un trabajo digno, bien remunerado y con equidad de uno de los derechos fundamentales de los hombres y las mujeres en nuestro país, en esta sociedad que hoy por hoy es tan competitiva y donde se hace necesaria la integración de este sector en nuestra ley.
Compartirles, compañeros y compañeras, que la Asociación por la No Discriminación Laboral por Edad o Género, Asociación Civil, AC, estimó que el 90 por ciento de las ofertas que se realizan en el país excluye del mercado laboral a las personas mayores de 35 años, mientras que del 10 por ciento de las ofertas que sí los consideran, solo el 2.7 por ciento son empleos reales y formales.
Recordemos que en el año 2011 se efectuaron diversas reformas constitucionales en materia de derechos humanos, que significan un gran avance para todos nosotros como mexicanos, permitiendo entre otras que el Estado garantice el goce de los derechos fundamentales sin discriminación alguna, cuya obligación es inmediata y prescinde de cualquier acto que conduzca a la exclusión, discriminación y fomente la distinción entre las personas en cualquier ámbito.
En el caso que nos ocupa, decirles que es totalmente inviable la discriminación laboral en razón de la edad, por ello los y las legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del dictamen que reforma la fracción VI, del artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo para que el Servicio Nacional de Empleo tenga dentro de sus objetivos el diseño, la conducción y evaluación de programas específicos para generar oportunidades de empleo que promuevan la inclusión de los adultos destacando que en la norma jurídica ya se encuentran incluidos los jóvenes y los grupos en situación de vulnerabilidad.
Decirles, que un ejemplo del compromiso del Ejecutivo en esta reforma es precisamente el anuncio del Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, el día de ayer durante su gira de trabajo en el estado de Chiapas, de una inversión de 135 millones de pesos al Programa de Apoyo de Empleo y Capacitación en el sur de nuestro país.
Asimismo, consideramos factible la adición del inciso d) a la fracción I del artículo 539 de la ley en comento, para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de promoción de empleo proponga el diseño, en coordinación con las entidades federativas y el sector empresarial, de políticas públicas para generar oportunidades de empleo que promuevan la inclusión de los jóvenes, los adultos y los grupos en situación vulnerable al mercado laboral.
Compañeros legisladores. En este acto refrendamos el firme compromiso que tenemos para evitar que ninguna persona se sitúe en estado de indefensión y desventaja en el ejercicio de sus derechos. Por ello debemos generar acciones conducentes a fortalecer la inclusión de las personas jóvenes y adultas a las oportunidades de empleo, así como prevenir y eliminar la discriminación en razón de la edad. Por el favor de su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Agotada la lista de oradores, ha solicitado para su discusión en pro el uso de la tribuna la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México y se le concede hasta por tres minutos. Adelante, diputada.
La diputada Rosa Elba Pérez Hernández: Hola, buenos días a todos. Quise razonar mi voto en un esfuerzo, una estrategia de posicionar, de fortalecer el problema de la discriminación expresa, explícita a los mayores de 35 años.
¿Por qué? Porque a tres semanas de haber llegado a la más alta tribunal del país presentamos una iniciativa en este sentido. Casi al mismo tiempo mi compañera Esther Quintana del PAN también la presentó. ¿Por qué hicimos eso? Porque la realidad social es la fuente de la legislación y para eso estamos aquí.
Ahora queda no tres semanas, tal vez una seis de esta Legislatura. Ahí es donde encontré yo la ironía. A tres semanas de haber llegado la presentamos y a tres o seis semanas de irnos, es que vuelve a emergen la gran realidad social de la discriminación laboral a las personas de entre 35 y 50 años.
En aquella ocasión les pregunté ¿Qué van a hacer ustedes? Creo que la mayoría tiene 35 años o más. ¿Van a encontrar trabajo? ¿Van a encontrar trabajo cuando vayan a una fábrica y donde solamente el vigilante o el velador tienen más de 35 años o el personal de higiene y limpieza tiene más de 35 años?
Qué pasa, si lo recuerdan, espero que algunos de mis compañeros los recuerden, les mostré dos periódicos: El Universal y Reforma, donde se explicitaba que “no se presentaran personas mayores de 35 años”. En otros países –compañeros- eso está prohibido.
Si bien mi voto será a favor, el incluir este tema en el Sistema Nacional de Empleo, es el mínimo indispensable. Esta iniciativa transitó de parte de su servidora a través del esfuerzo de varias leyes para que fuera incluida.
El artículo de la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, la Ley para la Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas, la Ley de Igualdad y Género, un sinfín de leyes donde le tratamos de encontrar espacio. Por ende un buen número de comisiones, donde tratamos de cabildear con sus presidentes, que fuera incluida.
Treinta y cinco años –señores– no es mucha edad. Y sin embargo en los periódicos explícitamente está prohibido presentarse a una entrevista de trabajo si tienes 35 años o más. Podemos hacer –tal vez– lo que se hizo con aquellos anuncios de los table dance donde se prohibía, porque también nos dijeron que podía estar limitado por el tema de la libertad de expresión, pero se hizo con el tema de los table dance.
Debemos ser o debemos pedir como mínimo indispensable que en los periódicos no se prohíba presentarse. Se discrimina explícitamente a las personas mayores de 35 años. Esto es ilegal y sin embargo lo vemos todos los días.
Bueno, está de más decir lo ilegal que es esto y sin embargo ocurre. Entendemos –por otra parte– a nuestros compañeros del sector privado, a nuestros compañeros que están de este lado, no voy a decir los nombres porque los aprecio en lo personal, pero me dijeron claramente: “las personas mayores de 35 años no son competitivas”. Y yo les respondí: “a ver y ¿tú eres competitivo? Si no eres ¿qué haces aquí?” No me contestaron más.
En fin, mi voto es a favor pero porque no me queda más que aceptar el mínimo indispensable que es el Sistema Nacional de Empleo, que procure esa no discriminación. Pero no es suficiente.
Yo les invito aquí ¿quién tiene 35 años o más y no se considere competitivo? Muchas gracias, compañeros. Y gracias también a mis compañeros Esther; compañero del PRI también de allá, que a seis semanas de terminar esta Legislatura están retomando en esta tribuna la realidad social que es la fuente de la legislación. Gracias, compañeros.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Esta Presidencia saluda a los jóvenes estudiantes del Instituto Leonardo Bravo AC, plantel La Raza. Bienvenidos. Asimismo, a las niñas y niños de la escuela primaria Didacta Magna, invitados por la diputada Alicia Ricalde Magaña. Bienvenidos a todos ustedes. Finalizamos con la intervención del diputado Carlos Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos. Adelante, diputado.
El diputado Angulo Parra Carlos Fernando: Gracias, presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.
El diputado Angulo Parra Carlos Fernando: Quiero nada más hacer hincapié en mi más decidido apoyo a esta iniciativa. Como lo acaba de mencionar mi compañera que me precedió en esta tribuna, de las primeras, bueno, de hecho en la primera reforma que estuvimos discutiendo fue la reforma a la Ley Federal del Trabajo en donde incluía un artículo, precisamente sobre el combate a la discriminación laboral.
Había presentado una reserva en su momento para hacer más explícito ése artículo. En ese momento no fue posible que se aceptara, y me da mucho gusto que la Comisión de Grupos Vulnerables tomó el tema, mi compañera Esther Quintana a su vez, junto con los que me precedieron en la tribuna tomaron este tema, y me da a mí mucho gusto que estemos ahora ya a punto de aprobar esta, el fortalecimiento al combate a la discriminación por motivos de edad.
Su servidor, como muchos de ustedes saben, es del Distrito III, con sede en el municipio de Juárez, Chihuahua, y en nuestra sociedad existe una fuerza laboral enorme, enorme que tiene más de 40 años de experiencia en todo tipo de actividades a nivel de calidad mundial para los efectos de realizar manufacturas, no nada más como operarios, sino también como profesionistas, como supervisores, como técnicos, como ingenieros, que cuando pasan de una edad determinada, se les hace luego muy difícil hasta cambiarse de trabajo por esta amplia discriminación. Estoy seguro, compañeras y compañeros, que en nuestro país la discriminación por edad es la más ignorada de las discriminaciones.
La discriminación por edad en nuestro país es verdaderamente escandalosa. No hay un país del mundo desarrollado en nuestro orbe que tenga una discriminación por edad a los grados de los 35 años en adelante, cuando los talentos, la experiencia, los conocimientos y la responsabilidad sabemos muchos que se da en la edad madura y pudiéramos decir que de los 35 a los 45 años es una edad muy joven para que se considere una edad de incapacidad para el trabajo. Entonces, apoyo de la forma más contundente este dictamen para que lo aprobemos a favor. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Finalizamos con la participación, también por tres minutos, de la diputada Esther Quintana Salinas, del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.
La diputada Esther Quintana Salinas: Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.
La diputada Esther Quintana Salinas: Agradezco la oportunidad que me dan de estar en la tribuna para celebrar esta iniciativa. Y efectivamente cuando recién iniciábamos esta Legislatura esta servidora, junto con la diputada promovente, presentamos una iniciativa en este sentido.
En este país creo que tenemos los trastos de la cabeza al revés, porque hay dos problemas: el primero lo tienen los jóvenes, a los jóvenes no les dan empleo porque les falta experiencia; y a los adultos, pues porque nos sobra experiencia.
Entonces, cuanto se haga en este país; y desde este espacio se pueden hacer un millón de cosas para que este país sea productivo, para que la gente sea productiva y para darle de veras en toda la torre a la delincuencia organizada, porque el trabajo, el trabajo con trabajo, es un arma insustituible para cambiar la realidad de México. Así que yo celebro esta iniciativa, celebro que desde la Cámara de Diputados estemos generando las condiciones para que en este país todos tengamos empleo. Muchas felicidades, su voto por favor y muchas gracias por permitirme esta intervención. Buena tarde.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Agotada la lista de oradores y en atención a que no existe reserva de artículo para su discusión en lo particular, abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto. Adelante.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Ciérrese el sistema de votación.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se emitieron 338 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 537 y se adiciona un inciso d) al artículo 539 de la Ley Federal del Trabajo. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X Bis al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Sergio Armando Chávez Dávalos para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Sergio Armando Chávez Dávalos: Con su permiso, diputado presidente. A nombre de la Comisión de Gobernación vengo a fundamentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X Bis al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El municipio es la base de la organización estatal y el orden de gobierno con mayor cercanía a la población. Su gestión incide de forma directa e inmediata en todos los ámbitos de la vida diaria del ciudadano.
Por ello, es menester que sus funcionarios sean profesionales altamente capacitados y con sentido ético y responsabilidad. Que sepan integrar su acción en el ámbito de su competencia, con aquellos que les correspondan a los estados y a la federación.
El sentido del dictamen que hoy se pone a su consideración y que deriva de una minuta remitida por la colegisladora, reside, precisamente, en fortalecer los procesos de formación de los servidores públicos municipales, a través de los convenios de colaboración, y por tal efecto, suscribe con la Secretaría de Gobernación.
De igual forma, la propuesta que se presenta busca elevar a rango de la ley las facultades del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el Inafed, para suscribir convenios de coordinación con las autoridades locales para implementar capacitación, certificación y profesionalización para todos los servidores públicos de los gobiernos locales.
Compañeras y compañeros, la reforma del artículo 27 que se somete a su consideración hará posible avanzar en la profesionalización de la administración y la gestión pública municipal para obtener los servicios de calidad bajo los principios de eficiencia y eficacia que demanda la ciudadanía en nuestro país.
De igual forma, contribuirá a la búsqueda, aplicación de soluciones eficaces en el fortalecimiento del federalismo e impulsan el desarrollo equilibrado de los estados y municipios en beneficio de los mexicanos. La profesionalización de los funcionarios municipales indica el sentido de permanencia e identidad al municipio como primera instancia del sistema republicano.
La creación de mecanismos dará a los municipios la capacidad para el desarrollo de sus atribuciones conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en base a la legalidad que incluye a todas las órdenes de gobierno y realizar acciones transversales que fortalezcan el federalismo.
Estoy seguro que podremos sumar las voluntades de todos los grupos parlamentarios para la aprobación de este dictamen. La capacitación y formación de los servidores públicos es una tarea permanente inalienable del Estado mexicano, el camino siempre será largo, pero no cabe duda que hoy daremos un paso más en la dirección correcta. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Está a discusión en lo general y en lo particular. Se le concede el uso de la tribuna para fijar su postura, al diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, hasta por cinco minutos, por Agrupación Morena. Adelante, diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Ojalá y hoy esta Cámara de Diputados actuara como logramos, espero que no sea truco, que no me tengan aquí debatiendo y ya los de la Comisión de Gobernación se van a reponer un procedimiento que querían discutir sin aparecer en el orden del día, el dictamen de transparencia.
Por suerte se logró evidenciar este grave error de esa comisión y ahorita esperamos llegar e incorporarnos a la reunión; forma es fondo. Pero ahora esta Cámara tendría el reto de corregir lo que la Comisión de Gobernación comete como un grave error.
Miren ustedes, la propuesta de adición que se presenta al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública violenta el artículo 115 de la Constitución general, que determina que los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, que será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa que la competencia que la Constitución otorga al gobierno municipal, se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del estado.
Autonomía municipal que se pretende violentar con un subterfugio de asesoría, capacitación y formación permanente de los integrantes de los ayuntamientos, además de los funcionarios y empleados municipales en su carácter de depositarios de funciones y servicios públicos.
En la adición que se presenta y que se propone en el dictamen, que presenta la Comisión de Gobernación –escúchese bien—, dispone que los municipios son –ésta es la adición– depositarios de funciones y servicios públicos, calidad que afecta la autonomía municipal al artículo 115 de la Constitución que claramente determina que los municipios tienen a su cargo las funciones y servicios públicos que en dicho artículo se indican. No son depositarios, son la instancia de gobierno que debe garantizar esas funciones y servicios públicos.
Se propone artificialmente un control a los gobiernos municipales por encima de la autonomía que les otorga la propia Constitución. ¿Con qué objeto establecer un control a los municipios? Obviamente simple y llanamente por ser la instancia de gobierno que tiene a su cargo las funciones y servicios públicos importantes para la implementación de políticas privatizadoras del gobierno federal en áreas como el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, entre otros.
La propuesta atenta contra la autonomía municipal y contra los principios federalistas al entrometer a la administración federal en ámbitos de competencia estatal y de la autonomía municipal.
En el párrafo tercero de la fracción III del 115 constitucional se determina que los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les corresponda, en cuyo caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más estados deberán contar con la aprobación de las Legislaturas de los estados respectivos.
Diputados y diputadas, no cometan una aberración legislativa al establecer atribuciones para la Secretaría de Gobernación que le permita al gobierno federal entrometerse en áreas de estricta competencia de los municipios y de los estados, puesto que corresponde a cámaras locales de las entidades de la Federación expedir las leyes para establecer las bases generales de la administración pública municipal.
Es claro que la implementación de reformas constitucionales que ha impulsado Peña Nieto a través del PRI, PAN y la Revolución Democrática en el mal llamado Pacto contra México, exige implementar mecanismos que subordinen a los gobiernos estatales y municipales para facilitar las políticas privatizadoras de servicios públicos básicos para la población.
No nos engañemos; no pretendan engañar al pueblo de México, diputadas y diputados. La propuesta que se presenta tiene ese objeto, subordinar a los gobiernos estatales y municipales para facilitar las políticas privatizadoras de servicios básicos a la población. Esto es el objeto, subordinar a los municipios a un presidencialismo centralista, autoritario y avasallador, subordinado a las empresas nacionales e internacionales que tienen en los servicios públicos un jugoso negocio.
Esto es lo que pretenden hacer y compartir con esta idea todavía que traen de hacer una Ley de Aguas Nacionales privatizadora. Es lo que lo han hecho con la energía eléctrica, y ahora hasta con la basura la quieren privatizar en sus servicios.
Y para eso es esta ley; no es cualquier cosa. Por eso llamamos la atención, y ojalá tuvieran la decencia de no violentar más la Constitución en este tema que no es trivial. Es cuanto, diputados.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna –hasta por cinco minutos– al diputado Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, para fijar la postura.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su permiso, presidente, compañeras y compañeros legisladores, el Estado mexicano como Federación está constituido por entidades sobernas. Éstas tienen como sustento de su división territorial y organización política y administrativa, al municipio libre. Instancia inserta en nuestros tres órdenes de gobierno que hoy amerita a tomar acciones que conlleven a un desarrollo equilibrado en las entidades federativas.
El gobierno municipal es, sin duda, la instancia de la administración pública más cercana a la gente, más cercana a la ciudadanía. Tiene la responsabilidad de garantizar el orden público, las libertades y derechos ciudadanos, así como atender necesidades y dar respuestas a las diferentes demandas de grupos sociales.
Es ese espacio donde se llevan a cabo procesos democráticos cotidianos que favorecen la participación amplia de la población en la vida pública, pero también es la instancia más susceptible de un análisis y valoración inmediata en el ejercicio de sus labores y en su desempeño.
Este ente gubernamental es directamente responsable de funciones de gobierno y administración, y la coordinación eficiente y funcional de diversas unidades administrativas y operativas que la componen.
El desarrollo de su capacidad institucional, el profesionalismo, la eficacia y la eficiencia, es la clave para un funcionamiento efectivo del municipio. Su cultura organizacional debe cambiar si los gobiernos municipales quieren tener éxito y satisfacer plenamente las necesidades y aspiraciones sociales o de su colectividad.
En la actualidad la mayoría de los municipios existentes en México no cuentan con un sistema consolidado de profesionalización y capacitación. Sin duda, existen experiencias valiosas que buscan mejorar el desempeño de las instituciones locales. No obstante –y lo reitero– la falta de capacitación y esquemas de profesionalización laboral implican debilidades estructurales y administrativas para los entes públicos municipales.
Por tal razón, hoy ante esta soberanía nos ocupamos en analizar y evaluar el dictamen de la minuta de proyecto de decreto que adiciona una fracción X bis al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentado por el Senado de la República cuya aprobación permitirá ampliar las atribuciones del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Gobernación, la que busca se traduzca en mayores beneficios de la gestión administrativa y de gobierno de los municipios, sin violentar de ninguna manera su plena autonomía constitucional.
La motivación central de este proyecto de decreto, es precisamente ése, capacitar y profesionalizar a los gobiernos locales para propiciar con ello el desarrollo equilibrado e institucional de la municipalidad mexicana.
En Nueva Alianza consideramos que los gobiernos municipales deben resolver el cúmulo de necesidades de la población y promover el desarrollo local integral. Es necesario que lleven a cabo procesos de planeación que definan políticas claras, por ello es ineludible contar con personal idóneo, con capacidad y compromiso, que traduzca dichas políticas en programas y acciones que impacten el desarrollo y bienestar de la ciudadanía.
En mi grupo parlamentario, en Nueva Alianza, estamos convencidos de que esta propuesta es sin duda una herramienta que permitirá contrarrestar la problemática que enfrentan las instancias municipales, al contar con un equipo comprometido con las habilidades y capacidades necesarias para prevenir y enfrentar los problemas que aquejan a las comunidades, y así detonar procesos tendientes a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y con ello propiciar su desarrollo. Por tal razón nuestro voto será a favor de la propuesta presentada. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado González Roldán. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la palabra el señor diputado Javier Gutiérrez Reyes hasta por cinco minutos. Adelante, diputado.
El diputado Javier Gutiérrez Reyes: Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.
El diputado Javier Gutiérrez Reyes: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del PT acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Gobernación, por el que se adiciona una fracción X Bis al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El artículo 27 en comento se refiere a las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, con la adición de la fracción X Bis se pretende dar competencia a la secretaría para incidir en la capacitación y formación permanente de los integrantes de los ayuntamientos del país.
En poco menos de un mes se cumplirá el 496 aniversario de la fundación del primer ayuntamiento de américa latina de la Villa Rica de la Vera Cruz por parte de Hernán Cortés, de entonces a la fecha el gobierno municipal ha estado arraigado a la vida de nuestro país.
Para evitar la nulificación de las autoridades municipales que se dio mediante el porfiriato con la figura de los jefes políticos en el texto de la Constitución del 17, en el artículo 115, primer párrafo, se estableció la figura del municipio libre, cuyo gobierno corresponde a un ayuntamiento integrando por presidente municipal, regidores y síndicos.
Actualmente en nuestro país existen 2 mil 454 municipios, la constante en la mayoría de ellos es la falta de recursos públicos para poder cumplir con la prestación de servicios que la Constitución establece a su favor. En el Grupo Parlamentario del PT consideramos que es necesaria la capacitación constante de todos quienes prestan sus servicios en los municipios del país.
Si bien es cierto coincidimos con el dictamen, formularemos una reserva para el efecto de que la fracción X Bis se sustituya la palabra funcionarios y empleados municipales por la palabra servidores públicos.
Como se puede apreciar, nuestra norma fundamental deja perfectamente claro que todos quienes desempeñan una función dentro de los municipios son servidores públicos. Por estas consideraciones y con la salvedad comentada, votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto. Gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Gutiérrez Reyes. Señor diputado, si me permite usted. Tengo registrada una reserva propuesta de modificación, si fuera usted tan gentil, la asamblea y un servidor le agradeceríamos si lo hace de una vez. Por favor. Gracias.
El diputado Javier Gutiérrez Reyes: Muchas gracias. Reserva. A nombre del Grupo Parlamentario del PT acudo a esta tribuna para fundamentar la reserva presentada a la fracción X Bis del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Decía en mi anterior exposición que es conveniente eliminar de la fracción X Bis del artículo 27 las palabras funcionarios y empleados, porque desde la reforma a la Constitución, al artículo 4 de nuestra norma fundamental, del gobierno del presidente De la Madrid se utiliza la voz de servidores públicos para todos aquellos que desempeñamos un empleo, cargo o comisión en los gobiernos federal, estatal, municipal y del Distrito Federal o en cualquier otra demarcación territorial.
Todos independientemente del cargo que desempeñamos, somos servidores públicos. Como está construido el dictamen tendríamos la siguiente estructura administrativa. Integrantes del ayuntamiento, presidente municipal, síndicos y regidores, funcionarios y empleados municipales. Siendo los integrantes del ayuntamiento electos por el pueblo, tendríamos que determinar quiénes son los funcionarios y en los correspondientes reglamentos interiores de todos los ayuntamientos, que tendrían que ser desde el secretario del ayuntamiento hasta el último de los directores generales, y en consecuencia empleados todos los demás.
Por ello, nosotros proponemos que las frases de las que proponemos su eliminación sean sustituidas por la de servidores públicos. Esto estaría acorde a la presente reforma –a la Ley Orgánica– del artículo 108 constitucional. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Gutiérrez Reyes. Le voy a pedir a la Secretaría consulte a la asamblea si se admite a discusión la modificación presentada por el propio señor diputado Gutiérrez Reyes.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor secretario. Se desecha. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, le otorgo el uso de la palabra a la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, hasta por cinco minutos.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene usted el uso de la palabra, diputada.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: El artículo 115 de nuestra Carta Magna señala que los estados adoptarán bases de su división territorial para efectos de su organización política y administrativa y que los municipios serán gobernados por un presidente municipal, así como por el número determinado de regidores y un síndico. Asimismo dispone el numeral de la Ley Suprema que la competencia será ejercida de manera exclusiva por el ayuntamiento, sin que exista autoridad mediadora entre el mismo y el gobierno del estado al que pertenezcan. Este es el principio del municipio libre.
Las circunstancias políticas de gobierno que imperan actualmente en el país demandan servidores públicos con vocación de servicio para los tres niveles de gobierno, pero además también que se encuentren preparados profesionalmente, que tengan los debidos conocimientos profesionalmente para poder servir a su municipio y, sobre todo, para el correcto desempeño de los encargos que les son asignados y que el pueblo mexicano tuvo a bien encomendarles con el ejercicio de la democracia.
La Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009, que fue realizada a 2048, de los 2 mil 456 municipios y delegaciones políticas del Distrito Federal, reporta que datos de mil 92 presidentes municipales tenían estudios de licenciatura, 161 contaban con estudios de maestría y solamente 14 tenían preparación a nivel de doctorado, 42 presidentes municipales tenían solamente educación básica, 38 tenían educación media superior y 14 contaban con educación técnica o comercial. Así también se sabe, que 368 presidentes municipales habían tenido como último empleo algún cargo dentro de la administración pública municipal.
De los datos anteriormente expuestos, tenemos que en su gran mayoría los presidentes municipales no tenían experiencia en las labores concernientes al sector público municipal, toda vez que el 49.7 por ciento tenían experiencia sólo en el sector privado y únicamente el 15.4 por ciento había estado activo en el gobierno de los municipios.
Circunstancia similar prevaleció en el proceso electoral de 2013, en donde se celebraron elecciones para elegir a más de mil presidencias municipales, en donde nuevamente se pudo constatar que los perfiles de las candidatas y candidatos a ocupar dichos encargos de elección popular prevaleció en ellos el desconocimiento por parte de los mismos de la administración y gestión pública municipal.
Así también, refiere la Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009, que por lo que hace a los funcionarios municipales encargados de la administración de bienes y servicios públicos municipales, la prevalencia en su mayoría reportaba la poca o escasa experiencia en los gobiernos municipales.
De los datos expuestos anteriormente, podemos presenciar que estamos ante la imperante necesidad de tomar acciones que permitan que los integrantes de la administración pública municipal tengan una debida preparación y capacitación que les permita ejercer de manera correcta y eficiente sus funciones de gobierno.
Estos personajes que ocupan estos cargos, porque en muchas ocasiones algunos son personajes, deben estar dotados de los suficientes conocimientos que los instruyan para desempeñar el ejercicio de sus encargos de manera favorable y acorde a las necesidades específicas de los territorios que gobiernen y a los cuales sirven.
Se necesita que tengan estos conocimientos, pero además, que reciban una constante capacitación tanto en aquellos que representen al gobierno municipal como en quienes desempeñan funciones para la correcta aplicación de los recursos, de bienes de servicio, de implementación y cumplimiento de programas sociales de la ejecución de proyectos. En general, a todo el personal sustantivo y operativo de los gobiernos municipales.
Hoy en día es muy común ver que la mayoría de los municipios ni siquiera tienen acceso a los proyectos y a las gestiones que se pueden hacer desde la Cámara de Diputados a estos diferentes municipios, por el desconocimiento total de estos recursos que pueden llegar a los diferentes municipios, este desconocimiento por parte de los alcaldes.
Se necesita implementar programas de moralización y profesionalización acordes a las funciones que realizan, y atendiendo también a los criterios y necesidades particulares de los municipios para los cuales prestan sus servicios.
Pero así también, que derivado de los programas o esquemas de capacitación se tenga a bien implementar aparatos de evaluación que permitan diagnosticar y dar seguimiento a la productividad de los servidores públicos municipales de todos los ámbitos, desde el ejecutivo hasta el operativo.
Razón por la cual hacemos un atento y respetuoso llamado al Poder Ejecutivo, para que a través de la función de la Secretaría de Gobernación tenga a bien, concluyo presidente, reconocer que le compete la implementación y desarrollo de esquemas de capacitación, y sobre todo, de manera recurrente, la preparación de funcionarios públicos y empleados de los municipios del vasto territorio nacional.
Es entonces que en razón de todas estas consideraciones expuestas, el grupo.... Miren, yo sé que les molesta estar aquí sentados esperando que nos pasemos dos minutos.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Córdova Bernal, concluya, por favor.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Concluyo, presidente, pero le voy a hacer mención, aprovechando la molestia que hay, en el municipio de Ciudad Juárez este año no recibió casi nada de los presupuestos federales por el total desconocimiento del alcalde municipal de Ciudad Juárez, porque aparte se le pasaron los tiempos.
Hoy Juárez, aparte de la crisis que hemos vivido anteriormente en materia de seguridad está en una fuerte crisis económica por la reforma hacendaria y por el desconocimiento de alcaldes como el de Ciudad Juárez, que hoy no tienen recursos federales porque desconocen la manera de bajarlos, porque desconocen los tiempos y finalmente quedan sin nada.
Entonces así como sucede en nuestro municipio, sucede en muchísimos lugares del país.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya diputada Córdova Bernal.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Pero haciendo mención y reconociendo que se necesita esta capacitación a los diferentes municipios en todo el país, les digo que Movimiento Ciudadano se pronuncia a favor de este dictamen. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Nos visitan y les damos la bienvenida, a estudiantes de la noble y humanitaria profesión de la enfermería del Hospital, o mejor dicho, del Centro Médico Nacional de las diversas especialidades, del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias por su visita, gracias por su interés de los trabajos de esta Cámara.
Le otorgo el uso de la palabra, a la diputada Mónica García de la Fuente, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada.
La diputada Mónica García de la Fuente: Gracias, con su permiso, señor presidente. El municipio es el nivel básico de la organización del Estado mexicano, esta figura es un nivel de descentralización política equiparable a las entidades federativas respecto de la federación.
La importancia del municipio para el sistema federal está reconocida en nuestra Constitución en los artículos 40, 105 y 115 en donde se reconoce su personalidad jurídica, a tal grado que puede enfrentar a los poderes clásicos y a otros poderes de descentralización política.
Al tratarse de la autoridad básica del Estado, es el primer nivel de gobierno con el que interactúa nuestra ciudadanía, toda vez que es la encargada de proveerle a ésta los servicios públicos fundamentales y que por su importancia no pueden delegarse a los particulares. Por estas razones, es necesario asegurar a los servidores públicos de este nivel la capacitación adecuada que les provean con las competencias óptimas a favor de los ciudadanos.
Los funcionarios, en el caso de los presidentes municipales, desarrollan la representación ejecutiva del municipio, pero la totalidad del ayuntamiento determina las directrices que aquél debe de seguir. Todos los integrantes del poder municipal desarrollan los acuerdos de cabildo e incluso pueden emitir bandos de policía y de buen gobierno que se aplicarán en beneficio de la población.
En este contexto es más que notoria la necesidad de una preparación de quienes integren la estructura municipal, por ello la bancada del Partido Verde Ecologista de México expresa su apoyo para que se adicione una nueva fracción, la X Bis, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal relativa a las facultades de la Secretaría de Gobernación para diseñe, instrumente y desarrolle programas y herramientas institucionales de asesoría, capacitación y formación permanente de los integrantes de los ayuntamientos, así como de los funcionarios y empleados municipales en su carácter de depositarios de funciones y servicios públicos con el fin de contribuir de manera efectiva a la profesionalización de los gobiernos locales y el desarrollo institucional de los municipios mexicanos.
Con esto se hará el respaldo legal necesario a todo instituto, cuyo fin sea fortalecer la municipalidad en México como es el órgano desconcentrado denominado Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo, el Anafe cuya misión es orientar y coordinar las acciones de los tres ámbitos de gobierno, con el fin de favorecer las relaciones intergubernamentales subsidiarias e impulsen el desarrollo equilibrado de estados y municipios en beneficio de la ciudadanía.
La labor de profesionalizar las estructuras municipales con representantes cada vez mejor preparados siempre ha sido una misión de nuestro grupo parlamentario. Basta recordar las gestiones que se desarrollaron por todas las fuerzas políticas en la Comisión de Desarrollo Municipal, presidida por el Partido Verde Ecologista de México.
En este sentido, reiteramos una vez más nuestro apoyo incondicional a la presente propuesta de reforma y los invitamos a votar a favor de este dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada García de la Fuente. Le otorgo el uso de la palabra al diputado Abraham Correa Acevedo, para argumentar y para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Abraham Correa Acevedo: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, señor diputado.
El diputado Abraham Correa Acevedo: La minuta con proyecto de dictamen que hoy nos ocupa, recibida por esta Cámara en febrero de este año, reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para atender un problema sustantivo en el ejercicio de gobierno que se registra de manera cotidiana en prácticamente todos los ayuntamientos del país, y por la falta de profesionalización y especialización de quienes integran la administración pública local.
No es novedad advertir que en nuestro país existe una inmensa corrupción en el ejercicio de la función pública. Y en esta Cámara ya hemos dado pasos para atajar este problema con la reciente aprobación de la reforma constitucional que hace posible la creación de un sistema nacional anticorrupción y que actualmente está por ser discutida en la Cámara de Senadores.
Aunque una gran parte del fenómeno de la corrupción en la administración pública se da por acciones dolosas de los servidores públicos, también es cierto que gran parte de estas malas prácticas tiene que ver con omisiones y fallas de los servidores públicos, debido a su deficiente o nula formación en la administración pública.
Según datos del INEGI, recopilados desde 2009 a la fecha y referidos en el proceso de dictaminación de esta minuta en la colegisladora, más del 50 por ciento de los presidentes municipales del país provienen de la iniciativa privada, de negocios propios y de actividades independientes.
Es decir, que más del 50 por ciento de estos funcionarios carecen absolutamente de experiencia dentro de la administración pública; pero dicho sea de paso, sí tienen –muchos de ellos y ellas– una amplia visión de negocios.
En contraste, sólo el 42 por ciento de las y los presidentes municipales han registrado en estos últimos años, experiencia en el gobierno federal, 11 por ciento; gobierno estatal 16 por ciento, y municipales 15 por ciento.
Frente a esta realidad los senadores iniciantes de esta reforma del PRI, PRD y PAN, propusieron que fuera la Secretaría de Gobernación el órgano de la administración pública federal encargo de impulsar y coordinar una política de capacitación hacia los integrantes del ayuntamiento y funcionarios municipales, la cual sería otorgada después de la publicación de los resultados oficiales de las elecciones, y antes de la toma de protesta de éstos.
Nuestro grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen, reiterando nuestro voto en comisión, ya que la creación de mecanismos de profesionalización para los funcionarios municipales, dará a los ayuntamientos la capacidad para el desarrollo de sus atribuciones conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; promoverá la eficacia gubernamental; abundará en la confianza ciudadana en las autoridades locales y en las buenas prácticas gubernamentales que deberán ir cerrando el paso al flagelo de nuestros días que es la corrupción.
Sobre este tema no pudiera ser más oportuno y necesario ya pasar a lo importante que es la prevención de las fallas de los ayuntamientos en cuanto a lo que tiene que ver con actos administrativos y separarlo totalmente de la corrupción, precisamente en Baja California como seguramente ocurre en otros estados.
Pero el día de ayer el Congreso local resolvió sobre dos juicios de procedencia contra dos expresidentes municipales: el caso de la capital del estado, un juicio que impulsó el sindicato de burócratas por el cobro y no pago de la seguridad social al Issstecali, y en el caso del ayuntamiento de Ensenada, un procedimiento que inició la sindicatura municipal por la venta de terrenos supuestamente o presuntamente con conflicto de interés dado que fue un trato entre la familia del alcalde.
Entonces esto sucede seguramente y no son los únicos en otros municipios y qué bueno que podamos separar lo que tiene que ver con errores administrativos, con fallas en la administración de lo que es estrictamente, actos de corrupción. Enhorabuena porque esto nos ayuda para que los ayuntamientos tengan un mejor desempeño. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias diputado Correa Acevedo. Me doy oportunidad para saludar a un grupo de representantes de la Sociedad Civil Organizada del municipio de Papantla, pero también de la sierra de Totonacapan, del propio estado de Veracruz, sean bienvenidos. Han sido invitados por la diputada Alma Jeanny Arroyo Ruiz. Gracias por su visita.
Y también saludar a personas de organizaciones no gubernamentales del municipio de Nicolás Romero, del estado de México. Sean también bienvenidas y bienvenidos. A invitación de la diputada Elizabeth Flores Vázquez. Gracias por su visita.
Le otorgo el uso de la palabra al señor diputado Juan Jesús Aquino Calvo, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado. Hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Jesús Aquino Calvo: Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, es innegable el hecho de que la población necesita servidores públicos y funcionarios capaces y eficientes en el desempeño de sus funciones. Funcionarios que no vengan a aprender a expensas de los ciudadanos y de las ciudadanas a los que deben servir.
Las autoridades municipales son por mucho la esfera gubernamental más cercana a la ciudadanía, su existencia y dispersión en todo el territorio nacional se hace presente en los 2 mil 454 municipios, los que a su vez cuentan con decenas de funcionarios cada uno.
Sus funciones van desde las tareas más significativas, como proveer de servicios básicos a la población hasta coordinar en conjunto con las autoridades estatales y federales distintos programas en beneficio de toda la ciudadanía.
En este sentido, gracias a la vida democrática, que poco a poco se ha venido consolidando en nuestro país con la participación de la oposición y el régimen de partidos, la ciudadanía experimenta cambios de gobiernos locales atendiendo a las preferencias electorales de la mayoría democrática de esa comunidad, lo que trae como consecuencia un aprendizaje en las labores de gobierno. En este sentido el Congreso de la Unión ha visto la necesidad de proveer a la ciudadanía de una mayor gobernanza de la vida municipal.
Por ello es fundamental facultar a la Secretaría de Gobernación por ser ésta la conductora de la política interior del Estado mexicano, para que a través de sus órganos desconcentrados instrumente programas y herramientas institucionales para la asesoría, capacitación y formación permanente de los integrantes de todos los ayuntamientos, así como de los funcionarios y empleados municipales.
Hay que señalar que un adecuado manejo de la administración y de las finanzas públicas locales permitirá disminuir el nivel de endeudamiento en el que se han visto envueltos decenas de municipios en nuestro país. La capacitación y el apoyo que puede proveer la federación, a través de la Secretaría de Gobernación, fortalecerá los lazos entre el primer nivel de gobierno y las ciudadanas y los ciudadanos que participan en la contribución a las finanzas municipales.
Acción Nacional concuerda con la dictaminadora en la necesidad de dotar al municipio de mayores y mejores herramientas de funcionamiento del servicio público municipal, esto con el fin de contribuir de manera efectiva a la profesionalización de los gobiernos locales y el desarrollo institucional de los municipios mexicanos.
Por ello es que Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, solicitando a las demás fuerzas políticas lo hagan en consecuencia. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Aquino Calvo. Voy a otorgar a don Adán David Ruiz Gutiérrez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sólo deme oportunidad, estimado diputado, de saludar a un grupo de representantes de colonia de Querétaro capital, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Sean bienvenidos. Gracias también por su visita. Ahora sí, don Adán David Ruiz Gutiérrez, adelante por favor. Hasta por cinco minutos.
El diputado Adán David Ruiz Gutiérrez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en democracia los ciudadanos demandan que todos los servidores públicos a nivel federal, local y municipal tengan la capacidad y conocimientos mínimos para cumplir con sus funciones y con ello dar respuesta cabal a las necesidades de la población.
Atento a esta demanda, por demás justificada, el Congreso de la Unión aprobó la reforma política publicada el 10 de febrero de 2014, en la cual se contempla la reelección de diputados, senadores, presidentes municipales y jefes delegacionales, enmienda que entre otros objetivos busca profesionalizar a los funcionarios públicos para así brindar mejores bienes y servicios a la población.
Sin embargo, esta labor no culmina aquí, por el contrario, existen numerosos rubros susceptibles de modificación a fin de mejorar el desempeño de los servidores públicos. Como representantes de la población mexicana, debemos de crear herramientas que den pie a la dignificación del servicio público, el cual debe ser ejercicio con responsabilidad y honor frente a quien decidió que estuviéramos en dicho puesto, es decir los ciudadanos. Nos debemos a los ciudadanos.
Respecto al ámbito municipal, debemos reconocer que así como existen presidentes municipales, regidores y síndicos altamente preparados, con experiencia en el ámbito político y administrativo, también hay quienes apenas se incorporan a la función pública, por lo que se vuelve una necesidad que cuenten con la mejor capacitación posible, a fin de que sus gobiernos puedan tener mejores resultados.
Una institución de gran relevancia para el desarrollo municipal ha sido el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el cual tiene como principal objetivo el orientar y coordinar las acciones de los tres ámbitos de gobierno para diseñar e implementar políticas públicas, programas y servicios que fortalezcan las relaciones intergubernamentales subsidiarias e impulsen el desarrollo equilibrado de los municipios y de los estados en beneficio de la ciudadanía.
Dicho instituto forma parte importante en el seguimiento y vigilancia de los trabajos coordinados de los tres niveles de gobierno y, al mismo tiempo, se caracteriza como un órgano trascendental en el desarrollo de la administración municipal. Por lo que con la aprobación de esta reforma se ampliarán sus funciones en beneficio de más de dos mil 500 municipios en el país.
Lo anterior se afirma, toda vez que el dictamen que se encuentra a discusión establece que la Secretaría de Gobernación a través del referido instituto coadyuvará en la capacitación y formación permanente de los integrantes del ayuntamiento y empleados municipales, con lo cual se contribuirá al profesionalismo de todos los servidores públicos municipales conforme a sus atribuciones establecidas en el artículo 115 de nuestra Carta Magna.
Es esencial para un buen gobierno que todos los servidores públicos, en sus tres niveles, tengan la capacidad y conocimientos necesarios para llevar las riendas de la administración pública, permitiendo así que el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales se realicen con plena responsabilidad y con el único objetivo de beneficiar a la sociedad.
Es por lo anteriormente expuesto que las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen. Quiero unirme a las voces que han denunciado el incremento alarmante de feminicidios en los estados de Guanajuato y en mi estado, Baja California. Hoy en Baja California en menos de 11 días hemos tenido nueve feminicidios.
Hoy le pido, le demando y le exijo al gobernador que se coordine adecuadamente para atender este problema, que está evidenciando la falta de protección a la mujer. Exijo justicia y exijo que se atienda esta situación. Ya una joven de 12 años fue asesinada y en días pasados, en una forma brutal, una joven fue de 27 años fue asesinada y atada a un motor de vehículo. Exijo...
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame, diputado Ruíz Gutiérrez, permítame, por favor. Diputado Huerta Ladrón de Guevara, solamente recuerdo a usted, si es con ese propósito, de que no puede usted interrumpir al orador, en virtud de que se encuentra fijando la postura de un grupo parlamentario, pero dígame usted.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sí, presidente, es que el orador está tocando un tema que es de atención nacional, porque el tema de los feminicidios no nada más está en los estados que él menciona. Un estado que debería estar emitiendo la alerta en el tema es el estado de México, y yo quería preguntarle al orador si el suscribiría su llamado, evidentemente también extenderlo al estado de México, que desde esta administración y la anterior debería de tener ya emitida esa alerta sobre el tema.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Ruiz Gutiérrez, no le despacho, no le doy trámite a la pregunta planteada por el diputado Huerta Ladrón de Guevara, le ruego a usted concluya con la fijación de la postura de su grupo parlamentario.
El diputado Adán David Ruíz Gutiérrez: Atender con justicia esta situación tan grave que hoy afecta al estado Baja California y a Guanajuato. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En atención a que hemos dado trámite a la reserva que en oportunidad formuló el diputado Gutiérrez Reyes, y por tratarse de artículo único, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz, diputados, por favor.
La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): A favor.
El diputado Carlos Humberto Aceves y del Olmo (desde la curul): A favor.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se emitieron 303 votos a favor, 4 abstenciones y 27 votos en contra.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobado en lo general y en lo particular por 303 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X Bis al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Proceda la Secretaría.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a las condiciones de trabajo de los jornaleros agrícolas.
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al ayuntamiento de Ensenada, al gobierno del estado de Baja California, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que en el ámbito de sus competencias investiguen, atiendan y resuelvan mediante el diálogo y la concertación, los conflictos generados en la zona sur del municipio de Ensenada derivados de las condiciones en que viven los jornaleros agrícolas.
Asimismo, para que incrementen las medidas de control y de supervisión de las condiciones laborales y servicios bajo las cuales viven y son contratados, a fin de generarles condiciones dignas de trabajo, salud, educación y vivienda.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California Sur para que se investigue y, en su caso, se apliquen las sanciones pertinentes por las autoridades competentes a los responsables de la violación de los derechos humanos de los 200 indígenas tarahumaras que laboraban en condiciones de explotación en el municipio de Comondú por parte de la empresa El Cerezo, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que en el ámbito de sus competencias, revisen e incrementen las medidas de control y supervisión de las condiciones laborales bajo las cuales viven y son contratados los jornaleros agrícolas a nivel nacional.
Se da en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 25 de marzo de 2015, firmado por todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, secretaria. Esta Presidencia informa que se han registrado los siguientes oradores para fijar la posición de su grupo parlamentario. Se han registrado diputadas y diputados, quienes tendrán el uso de la palabra hasta por tres minutos. Le damos el uso de la tribuna a la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hasta por tres minutos. Adelante.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Como algunos de nosotros hemos sabido, en el rancho El Cerezo, sociedad agrícola, en Comondú, Ensenada, se rescataron 200 campesinos rarámuris, de mi tierra, Chihuahua, víctimas de explotación laboral.
Los rarámuris fueron reclutados a base de engaños en Creel, Chihuahua, alojados en casas de madera y hule; sólo se les prestaban 200 pesos para que utilizaran en una no muy moderna tienda de raya, y tenían una promesa de salario a futuro.
El 17 de marzo alrededor de 50 mil jornaleros de Vicente Camalú, Colonet, Vicente Guerrero y San Quintín, en Ensenada, Baja California, se fueron a huelga para obtener mejores salarios y condiciones laborales.
Sueldos de 100 pesos diarios que no alcanzan ni para comer ni para mantener una familia. Estas son las verdaderas víctimas de los abusos laborales que tienen horas extras sin paga, que son despedidos sin indemnización, que no se les brinda día de descanso y que a partir de los 12 años son considerados como adultos en términos laborales.
A nivel mundial hay 21 mil millones de personas víctimas del trabajo forzoso. La explotación laboral afecta tanto a hombres como a mujeres y en las últimas fechas se ha detectado un incremento en el porcentaje de mujeres que son victimizadas con esto.
El trabajo forzoso en la economía privada genera ganancias anuales en nuestro país de 150 mil millones de dólares, según la Organización Internacional del trabajo. En México alrededor de 3 millones de personas trabajan en situación de explotación laboral. Los principales estados donde se da este fenómeno, se registran como: Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, y en los últimos días, Colima.
Sin embargo esta problemática no es privativa de estos estados. Específicamente en Chihuahua de donde son estos rarámuris, estos indígenas que fueron encontrados en Baja California, en la parte noroeste, se da exactamente la misma situación con indígenas de la sierra de Guerrero, indígenas que empiezan solamente a trabajar para que pueda su familia y ellos medio comer y donde sus hijos, su prole, son considerados también material para el trabajo barato y para la explotación laboral.
Este punto de la Junta de Coordinación Política no debe de ser solamente el planteamiento de posicionamiento, sino una llamada a la Secretaría de Trabajo para que intervenga en estos casos.
Estos, los casos de los jornaleros donde hoy por cierto el gobernador de Baja California dice que tratarán los dueños de estos ranchos de equiparar los sueldos, pero que le parece muy difícil porque entonces tendrían que pagar demasiado, y ¿dónde está la dignidad de los jornaleros y dónde está la dignidad de los trabajadores y dónde está el respeto a los derechos humanos?
Este problema tiene que ser abordado por la Secretaría del Trabajo, no puede quedar solamente como un llamado a misa de la Cámara de Diputados, no puede quedar solamente en la indignación, sino que tiene que ir a un llamado a la acción. Y desde esta tribuna, el Partido del Trabajo hace un llamado a la acción para que se revisen las zonas agrícolas del país y se identifique lo que es sumamente evidente, tarahumaras, rarámuris e indígenas de otros estados que están siendo explotados, que viven en grandes bodegones y a veces hasta en la intemperie y que son explotados. Necesitamos que la Secretaría del Trabajo haga lo que debe de hacer, garantizar los derechos de todos los mexicanos aunque estos sean indígenas. Muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la tribuna, hasta por tres minutos para los mismos efectos, al diputado José Arturo López Cándido, de la Agrupación Morena. Adelante, diputado.
El diputado José Arturo López Cándido: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes compañeros diputado y compañeras diputadas. El pasado 17 de marzo a las tres de la mañana comenzaron las protestas por medio de tomas de carreteras de los trabajadores agrícolas del Valle San Quintín, por la falta de pago y la explotación laboral que sufren día a día en las granjas de este lugar.
La esclavitud que estos sufren en sus lugares de trabajo, este proletariado agrícola se debe a la falta de contratos con las empresas mexicanas y extranjeras, lo que no les permite acceso a la seguridad social, al servicio de salud y mucho menos al tipo de derecho laboral.
Es importante mencionar que estas granjas invierten en alta tecnología y, sin embargo, tienen en una situación deplorable a sus trabajadores, los jornaleros que laboran en ese lugar provienen de los estados de Guerrero, Michoacán, Veracruz y principalmente de Oaxaca, buscando bienestar para ellos y sus familias, pero sólo encuentran maltratos, se vive como en la época feudal, se les paga con un cheque que únicamente se cambia en la tienda que se les indica, como las tiendas de raya de la época del porfiriato. Se ha hecho denuncias ante sindicatos, ante la Secretaría del Trabajo y la Comisión de Derechos Humanos, los cuales han hecho caso omiso.
Cabe mencionar que la violación a los derechos humanos es el pan de cada día en este lugar, ya que no sólo la violación a los derechos laborales son los que se viven, sino que también las mujeres sufren de acoso sexual y violaciones por parte de mayordomos de este lugar, por lo que las jovencitas prefieren andar con el rostro tapado para evitar alguna situación de este tipo, ya que las denuncias tampoco prosperan.
Ciento veinte kilómetros durante veintiséis horas fue lo que estos jornaleros mantuvieron su manifestación para que el país les pusiera la atención que les ha negado gobierno del estado y de sus estados, no obstante que ellos son quienes aportan cuatro quintas partes del valor de la producción agrícola estatal, principalmente por la siembra de fresa, algodón, tomate, naranja, pera, tabaco, uva, y entre otros, en donde los dueños son aproximadamente 15 familias de la zona, quienes forman parte del gobierno del estado, así como de empresas transnacionales y mientras tanto ellos se siguen haciendo ricos a costa del trabajo y salud de miles de jornaleros que ahí laboran.
¿Dónde está la aplicación de la tal esperada reforma laboral del gobierno federal, que se promulgó en noviembre de 2012? ¿Dónde están los comités de inspección de la Secretaría del Trabajo? ¿Dónde está la Comisión de Derechos Humanos, estatal y nacional?
Ante estas omisiones, está Cámara de Diputados, debemos tomar cartas en el asunto o acaso tenemos que esperar el exhorto internacional para actuar, tal como es el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayontzinapa, ¿dónde está la conciencia que no permite que esto siga pasando en nuestro país y en estos tiempos? Por lo que Morena exhorta a que liberen a los detenidos de los disturbios del Valle de San Quintín, a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal realice las averiguaciones correspondientes y las formas de trabajo y bajo qué rubro laboran estos jornaleros, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos a abrir un expediente y que realice las averiguaciones correspondientes por violación a los derechos laborales, ya que son parte de los derechos humanos.
Por último, decirles que si se sigue así vendiendo al país u otorgando concesiones como ahora se les llama, todos los trabajadores de este país terminarán en estas condiciones. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna a la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos, para los mismos efectos. Adelante, diputada.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Con su venia, diputado presidente. Primeramente las diputadas y los diputados que integramos el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza nos unimos al dolor de nuestro compañero y amigo, diputado José Angelino Caamal Mena, ante la pérdida irreparable de su querida madre, doña María del Carmen Mena Moo, acaecida el día de hoy por la mañana en Hecelchakán, municipio de Campeche.
Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza ve con optimismo el diálogo anunciado entre los jornaleros agrícolas en paro y los patrones del Consejo Agrícola del estado de Baja California. Esto muestra sensibilidad política entre las partes, sensibilidad que no mostró en su momento el titular del Ejecutivo en esa entidad, y que sin duda se demanda de quien asume la voluntad emanada del pueblo.
Brindamos nuestra solidaridad con los que justificadamente luchan por la defensa de sus derechos y hacemos votos para que los acuerdos beneficien y regularicen la situación laboral en que se encuentran más de 80 mil trabajadores agrícolas en esa entidad. Sin embargo, la situación que llevó a los jornaleros de San Quintín a manifestarse no es exclusiva del estado de Baja California, no había pasado ni una semana del rescate de 200 jornales agrícolas en el estado de Baja California Sur, cuando el lunes nos enteramos que en Colima la Secretaría del Trabajo y Previsión Social procedió al rescate de 49 trabajadores indígenas mixtecos del estado de Guerrero. Y lo más grave es que entre ellos se encontraban 13 menores de edad que laboraban en el campo, situación expresamente prohibida por nuestra Ley Federal del Trabajo.
Sin embargo, esta situación que hemos estado viviendo en todo el país, más de seis millones de mexicanas y mexicanos son ocupados como trabajadores agrícolas, no obstante escasamente estos niveles de ocupación corresponden con los registros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que denota una grave falta de protección y goce de prestaciones sociales, ya no digamos las condiciones laborales en que se encuentran.
Por ello, a nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el diputado Angelino Caamal presentó el día martes un punto de acuerdo coincidente, por el cual se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que en coordinación con los titulares del Ejecutivo en los estados se implementen las inspecciones laborales que sean necesarias, a fin de garantizar y proteger los derechos laborales de quienes trabajan en el campo, así como la sanción de quienes emplean a menores de edad.
Como Grupo Parlamentario Nueva Alianza apoyaremos este punto de acuerdo. Pero no lo limitemos, los invito a que lo hagamos extensivo para todo el país y no esperemos que en otros puntos de la República, con justa razón, más jornaleros agrícolas se manifiesten en contra de una situación insostenible e inhumana. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada Sonia Rincón. Le vamos a dar el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, al señor diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado.
El diputado Danner González Roldán: Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.
El diputado Danner González Roldán: Honorable asamblea, la proclama insurreccional de la Junta Tuitiva de La Paz de 1809 se lee: “Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez”. Han pasado más de dos siglos desde entonces, pero las causas que motivaron los grandes movimientos sociales de América Latina siguen siendo las mismas: explotación, abusos, condiciones inhumanas en el campo.
El único pecado que cometieron los jornaleros de San Quintín, de los que aquí se ha hablado, fue exigir justicia. Las demandas de los jornaleros son las que establece la Constitución: salario digo, condiciones dignas de trabajo, seguridad social y las prestaciones que por ley les corresponden.
Los jornaleros no son únicamente manos para trabajar, tienen derechos, libertades y dignidad. Alzaron la voz porque eran objeto de esclavitud, con jornadas inhumanas y condiciones ínfimas que conculcan a todas luces derechos laborales, además de que muchas mujeres sufrían hostigamiento y abuso sexual.
Este trato contrasta rotundamente con la aportación económica que ellos generan, por ejemplo, Ensenada es el segundo productor de fresa en México con 27.3 por ciento del total nacional, de 2005 a 2012 la producción creció 92 por ciento al pasar de 57 mil 913 a 111 mil 708 toneladas, pero por cada hectárea de cultivo de fresa se requiere entre 180 y 200 jornaleros.
Además, pensemos en las mujeres o en los menores que laboran en los campos agrícolas, aun cuando está prohibido por la ley que laboren menores de edad, y que les pagan la caja de tomate de 30 kilos en 2 pesos o la caja de fresa en 5 pesos.
Cuántas cajas tienen que pizcar y cuántas horas tienen que laborar para obtener, ya no digamos ingresos dignos, sino el ínfimo salario mínimo de 66 pesos; 30 cajas de 30 kilos de tomate, cada una, tendría que trabajar una mujer jornalera para ganar 60 pesos diarios.
Yo les pregunto, ¿es justo que se les dé la espalda con figuras que recuerdan, ya no digamos el porfiriato, sino la figura de la encomienda en la Nueva España? El Congreso de la Unión tiene que sacar adelante, a la brevedad posible, el tema del incremento del salario mínimo. Actualmente, la pérdida del poder adquisitivo es superior al 70 por ciento, lo que implica desigualdad, pobreza, inseguridad y falta de cohesión social.
En Movimiento Ciudadano nos preocupa la problemática de los jornaleros agrícolas de todo el país, por eso apoyamos su lucha y seremos portavoces de sus demandas. El asunto de los jornaleros del Valle de San Quintín es solo la punta de iceberg. No puede pasar de noche el tema de los 48 jornaleros agrícolas mixtecos que fueron rescatados en Colima, ni el de los 200 jornaleros de la sierra tarahumara. O los más de 700 trabajadores jaliscienses, que a decir del propio secretario del trabajo local están en condiciones de explotación en la empresa sinaloense del campo, de los jornaleros de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, en suma, de todo México.
El asunto que estamos discutiendo tiene dos problemas de fondo: la dignificación del salario y la adecuada planeación del Estado sobre la producción agrícola basada en la justicia social. La historia, compañeros y compañeras diputados, es para no olvidar. Sobre este tema, el Congreso mexicano no debe seguir guardando silencio. Es cuanto, presidente. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna al diputado Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos, para los mismos efectos.
El diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, presidente. En nombre de mis compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México expresamos a todos los jornaleros, en particular a los indígenas, y de nuevo muy en particular a los 200 tarahumaras que fueron identificados en la empresa El Cerezo en Baja California, nuestra indignación y nuestra solidaridad para acompañarlos en esta lucha. Porque no sigan siendo explotados, que su trabajo sea pagado de manera justa tal y como lo establece nuestro marco jurídico.
Cuentan con todo nuestro apoyo y todo nuestro compromiso para poder establecer no solo esta lucha sino garantizarles una justicia digna y correcta, que es la que merecen como mexicanos, a los cuales también nos debemos solidarizar todos, y como lo señalé, nuestro marco jurídico establece perfectamente las condiciones de trabajo que deben de establecerse para cada uno de ello.
Pero no solo eso, el marco internacional también lo establece, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 23, por solo poner un ejemplo de ella, establece como trabajo decente aquél en el que se desarrollan las aspiraciones de la gente durante su vida laboral, significa poder contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y produzca un ingreso digno y seguridad en el lugar de trabajo, mejores perspectivas de desarrollo personal, libertad para que la gente exprese sus opiniones y participación en las decisiones que afectan sus vidas.
Lamentablemente para algunas personas en México el trabajo decente no se respeta, como lo estamos viendo hoy. Éste es el caso de los trabajadores agrícolas de casi todo el país. Son considerados trabajadores agrícolas aquellas personas que laboran en granjas y plantaciones y en el procesamiento de materias primas para la producción de fibras y alimentos, pueden ser trabajadores permanentes, estacionales, temporales, migrantes o como lo estamos viendo hoy, indígenas.
Estas personas enfrentan una serie de desventajas y obstáculos que ponen en peligro su bienestar. Por ejemplo, con frecuencia llevan a cabo trabajos peligrosos, son explotados por medio de condiciones abusivas de trabajo y pago y tienen contratos inseguros con frecuentes periodos de desempleo y tienen poco o nulo acceso a la seguridad social.
El grueso de los trabajadores agrícolas que emigran a otros estados para trabajar proviene de zonas marginadas, en donde la población es preponderantemente indígena. El razonamiento es obvio, migran buscando mejores condiciones de vida y mejores condiciones de vida a su vez para sus familias.
Se calcula que solo en San Quintín, Baja California llegan más de 20 mil jornaleros indígenas por año. Es una situación que debemos de atender de manera urgente. El problema de raíz se debe atacar, como lo señalé ya de manera urgente, procurando cambiar la realidad estructural de una parte del medio rural, la cual carece de infraestructura y de apoyos para el desarrollo.
Asimismo, el incremento en la migración indígena y su incorporación al mercado de trabajo como mano de obra barata, nos plantea la necesidad de diseñar e implementar políticas que contribuyan a detonar estas regiones olvidadas. Es prioritario proteger a los trabajadores agrícolas de todo el país que ya se encuentran laborando en varias partes de nuestra República Mexicana.
A este tenor, vuelvo a expresar la solidaridad y compromiso del Grupo Parlamentario del Partido Verde y llamamos a las autoridades correspondientes a vigilar que los jornaleros agrícolas tengan las condiciones óptimas de trabajo y de descanso adecuadas, así como las condiciones de salud, alimentación, hogar y todas las demás que se requieran para que su trabajo sea dignamente prestado a esas empresas. Es cuanto.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos para los mismos efectos el diputado Abraham Correa Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputado.
El diputado Abraham Correa Acevedo: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.
El diputado Abraham Correa Acevedo: En la presente Legislatura, de la que somos parte, se reformó la Ley Federal del Trabajo con el objeto de modernizar las relaciones laborales a los tiempos del siglo XXI. Se dio flexibilidad a las relaciones laborales, se buscó combatir el empleo informal. En fin, fue una reforma que benefició a los empleadores y se les restaron derechos a los trabajadores.
Sin embargo lo que ha ocurrido recientemente en Comondú, Baja California Sur; lo que ha surgido en Colima y, sobre todo, el levantamiento de los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín que, si es cierto, tiene su origen en ser jornaleros agrícolas migrantes, pero en este caso los que están levantados en San Quintín y que tienen en paro a la producción agrícola desde el 187 de marzo hasta esta fecha, en su mayoría son jornaleros que residen permanentemente y que viven en el municipio de Ensenada.
Esto que ha ocurrido y de lo que han venido a señalar aquí los diputados que me antecedieron y en lo que coincidimos todos, debiera ser un acicate, debiera sentar un precedente de que éste tipo de situaciones no se presenten más en nuestro país y que no vengamos aquí a denunciar, a señalar lo que ocurre si no ponemos cartas en el asunto.
Agradezco a la Junta de Coordinación Política que haya retomado este tema. Para mí es importante. Presenté un punto de acuerdo en este sentido y qué bueno que lo estamos tocando.
El exhorto que hoy hace este Congreso para mí es muy importante y debiera de –como ya lo dije– sentar un precedente y que los tres niveles de gobierno se aboquen de inmediato a atender este importante tema.
Hay muchas aristas en esta situación, sobre todo lo de San Quintín, que es el municipio del que yo provengo, y de que me consta la situación que viven los jornaleros agrícolas y de los términos de cómo son empleados.
Y advierto que el asunto es mucho más complejo. En el caso particular de Baja California, quiero señalar que debiéramos revisar si no existe conflicto de interés, puesto que quienes son hoy empleadores de los jornaleros agrícolas, y de quienes se quejan los trabajadores, de que son empleados en condiciones no apropiadas, son –aparte de empleadores– los encargados de diseñar y de establecer las políticas en materia de respeto a los derechos de los trabajadores y de impulso a las relaciones laborales.
Particularmente en Baja California el secretario de Fomento Agropecuario del gobierno anterior, es del Valle de San Quintín, es empresario de una de las principales empresas productoras de hortalizas.
En el caso de este gobierno, el secretario de Planeación y Finanzas, es también de una de las principales empresas que hoy están paradas. Y el secretario de Fomento Agropecuario, que es de la misma familia del secretario de Planeación y Finanzas, también es de otras de las empresas señaladas. Así es que tenemos que actuar en consecuencia. Seguramente esto ocurre en otros estados, seguramente ocurre en otros niveles de gobierno.
También me refiero –por ejemplo– al delegado municipal de Camalú, una de las zonas que están paradas, que también es parte de las familias de una de las principales empresas de ese municipio.
Enhorabuena Junta de Coordinación Política y esperemos que esto no se vuelva a presentar, y que este llamado que estamos haciendo aquí todos los partidos políticos, todos los diputados, tengan resultados inmediatos.
El día de hoy, en este momento, están reiniciando la mesa de diálogo en San Quintín, esperemos que la concertación, el diálogo, que el sentido común, que los derechos de los trabajadores en este momento sean respetados, y que el día de mañana ya estemos laborando en condiciones normales y bajo otras circunstancias, el caso de los jornaleros agrícolas de Valle San Quintín. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Se le concede el uso de la tribuna a la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.
La diputada Eufrosina Cruz Mendoza: Gracias presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Adelante.
La diputada Eufrosina Cruz Mendoza: Con el permiso de la Mesa Directiva. A nombre propio y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a esta tribuna para dar voz a uno de los problemas más agudos que enfrenta hoy la sociedad mexicana, la explotación de jornaleros indígenas en campos de cultivo agrícola de diversos estados del país.
Este posicionamiento tiene su origen en los numerosos casos de explotación laboral en contra de las personas provenientes de pueblos y comunidades indígenas que han sido denunciados ante esta honorable Cámara.
La fuerza de trabajo indígena migrante, la mayoría proveniente de los estados del sur de este país, constituye un componente fundamental en la producción agrícola, sobre todo de los estados del occidente y del norte del país.
Existen dos causas esenciales de este fenómeno, la primera son las condiciones de alta y muy alta marginación en las que sobreviven prácticamente 7 de cada 10 indígenas, y la segunda, es la existencia de un mercado laboral desreglamentado, que demanda esta fuerza de trabajo barata y carente de conocimientos sobre sus derechos laborales más elementales. E, incluso, me atrevo a decir, ignorante de sus derechos humanos.
Pero entre ambas condiciones existe un vacío aún mayor que es aprovechado por estas redes de tráfico de personas, porque hay que llamarlo por su nombre, que con el señuelo de oportunidades de trabajo bien remuneradas someten a la explotación y a la esclavitud a nuestras hermanas y hermanos indígenas, no sólo por hombres adultos, sino también –y más aún grave– por mujeres y niños que en lugar de que estén en las aulas.
Este hueco es la falta de una acción institucional seria, ordenada, estructurada, responsable e integral, que salvaguarde los derechos laborales y las garantías sociales de los jornaleros indígenas migrantes.
Por ello quiero hacer un llamado a las instituciones gubernamentales, a la Procuraduría General de la República, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Secretaría del Trabajo, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a estos organismos autónomos y de la sociedad civil, encargados de la defensa de los derechos humanos, para que coadyuven en la preservación de la integración de este grupo de indígenas migrantes, a efecto de que verifiquen sus condiciones de salud en las que se encuentran, y que garanticen el respeto a sus garantías individuales en el regreso a sus comunidades de origen.
Es paradójico, triste y hasta vergonzoso que en los casos más representativos de defensa de los derechos humanos, del debido proceso y de la preservación de las garantías individuales y los derechos humanos beneficien a personas extranjeras, narcotraficantes, homicidas confesos y delincuentes de cuello blanco, que han agraviado profundamente a la sociedad mexicana, en vez de proteger la dignidad y los derechos humanos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas indígenas.
¿Hasta cuándo vamos a permitir que se lucre con la pobreza? ¿Hasta cuándo vamos a cerrar los ojos frente a estas redes de explotación? ¿Hasta cuándo se realizará una investigación seria y profunda para castigar a todos los responsables de estas redes de tráfico? Y no solamente acuso a un nivel de gobierno, son responsables los tres niveles de gobierno.
Los tres niveles de gobierno asumirán su responsabilidad. Ya basta de ocupar a los indígenas como botín político. Ya basta de ocupar a los indígenas bloqueando Reforma. Ya basta de ocupar a los indígenas para sus intereses personales. Basta de tanta impunidad.
De verdad espero que el Instituto Mexicano del Seguro Social nos informe a esta honorable Cámara cuántos jornaleros agrícolas se han incorporado al régimen de seguridad social, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.
De verdad, basta de discursos, sino que tenemos todos que asumir nuestras responsabilidades. No solamente son los indígenas que no conocen sus derechos, somos los que estamos aquí para defenderlos. No hay que gritar, hay que sumar esfuerzos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Medina Fierro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Medina Fierro: Con su venia, señor presidente. Los hechos que nos ocupan son de suma gravedad porque se trata de afectación a una importante actividad económica, de la vulneración de derechos fundamentales de trabajadores del campo y abuso a los derechos de la gente indígena tarahumara y que nos representan en cada uno de los estados.
Los casos de San Quintín y Comondú reflejan una situación que afecta al campo mexicano y que merecen atención prioritaria. El sector es el escenario donde se despliegan buena parte de las posibilidades para lograr la inclusión social de amplios grupos de población en desventaja, para aprovechar y potenciar nuestros recursos naturales y para impulsar un modelo de desarrollo agrícola sustentable, sostenible y de alta productividad que fortalezca la base económica del sector primario.
Los jornaleros mexicanos han enfrentado históricamente condiciones adversas. El campo mexicano es campo bipolar en el que conviven realidades diferentes. Por una parte un segmento comercial altamente competitivo, con empresas que generan divisas por más de 20 mil millones de dólares anuales, y por la otra parte la mayoría de las unidades económicas rurales que son subsidio y autosuficientes.
El rezago del campo revela hoy aspectos críticos que tornan urgente la necesidad de fortalecer acciones para su adelanto. Todos conocemos y estamos preocupados por los hechos que sucedieron en Ensenada, Baja California y en Comondú.
En el caso de San Quintín las acciones para atender la demanda de los jornaleros y restaurar las condiciones de la paz social requieren prioridad en el más alto nivel de gobierno, pues la situación ya rebasa a los funcionarios estatales de Baja California, que no han dado la cara en Baja California porque están involucrados en los temas, los empresarios, los grandes empresarios que generan más de 20 mil millones de pesos, en dólares, de los cuales son representan ni siquiera el apoyo para el sector que estamos comentando, hablando de dónde están las utilidades, dónde está la Comisión de Asuntos Indígenas, dónde está la Comisión de Seguridad e Higiene, que defienda a los trabajadores jornaleros por parte del gobierno del estado.
El Grupo Parlamentario del PRI estamos de acuerdo en suscribir este llamado para que las autoridades federales, estatales y municipales, en el ejercicio de sus facultades tomen acciones especiales para resolver ambos problemas, que se llegue al fondo de la investigación en el caso de las empresas o personas que abusan de jornaleros y delitos de trato y esclavizan a los trabajadores indígenas y en contra de los responsables de actos vandálicos que enturbiasen el tema de que puedan ellos llegar a un derecho que por ello les corresponde a los jornaleros hablando de una huelga.
Desde esta tribuna los diputados de Baja California de la fracción del PRI estaremos dando puntual seguimiento a estos hechos para que les haga justicia laboral y social a todos los compañeros y amigos de San Quintín y de Comondú.
Hago un llamado exigente al gobernador del estado de Baja California, a Francisco Vega de la Madrid. Debe entender la diferencia entre ser administrador de gobierno del estado y gobernar el estado de Baja California.
También, ¿dónde están los diputados del PAN y senadores de Baja California, que no han dado la cara en nuestro estado? Eso es todo, compañero presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado.
La diputada Eufrosina Cruz Mendoza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Sí, diputada, ¿para qué efectos? Sonido a la curul de la diputada Eufrosina, por favor.
La diputada Eufrosina Cruz Mendoza (desde la curul): Sólo para hacer una aclaración al diputado que me antecedió. Decir que la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas hemos hecho, o la Comisión en su conjunto hemos hecho dos veces solicitando el permiso de la Junta de Coordinación Política para que fuésemos a sesionar precisamente ahí en la zona de San Quintín. La Junta de Coordinación Política nunca nos autorizó el permiso, mucho menos el presupuesto para que fuésemos a sesionar. Que quede claro y que se conste. Gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada.
La diputada María del Carmen López Segura (desde su curul): Presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputada, ¿para qué efectos?
La diputada María del Carmen López Segura (desde su curul): Sobre el mismo tema.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Diputada María del Carmen Segura. Sonido a la curul de la diputada, por favor.
La diputada María del Carmen López Segura (desde su curul): Gracias, presidente. No se trata de polemizar un problema tan serio, tan grave, que aqueja no nada más a Baja California, creo que se acaban de prender los focos rojos para que en todo el país se haga una revisión a fondo de las condiciones de trabajo, no nada más de las etnias, de todos los mexicanos.
No debe de haber mexicanos de primera y de segunda, y no podemos suscribirnos a que nos den un permiso o que nos apoyen con recursos para poder atender los problemas. Los problemas están ahí, hay que afrontarlos, y yo creo que todos los diputados tenemos recursos, suficientemente ganamos y tenemos recursos para ir a atender los problemas.
Considero que es momento en que todos afrontemos este asunto y no ser muy omisos, empezando por el gobierno del estado y todas las instancias que les compete este asunto. Es cuanto, presidente.
El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputada. ¿Diputado Juan Manuel Gastélum, para qué efectos?
El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Únicamente para precisar, me extraña sobremanera lo expresado por quienes me han antecedido en la voz, y pues bueno, si de nombre se trata, a los compañeros diputados del PRI, donde se declaran desconocedores y exigentes de la actuación gubernamental.
El día de ayer en la Comisión de Frontera Norte tuvimos ahí al titular, y bien, vocero de la Secretaría de Gobernación al arquitecto Martínez Veloz, explicando la situación real de San Quitín, y dándonos un panorama exacto de lo que se estaba haciendo, y en todo momento, deben ellos de conocer, tal vez les pasó de noche, que la atención se ha dado tanto por el gobierno federal como por el municipal, que se ha hecho lo necesario para que las calles, la carretera transpenínsular se vuelva a abrir, para que los trabajadores, los jornaleros regresen a sus trabajos, para que el empresariado agrícola genere los recursos suficientes para pagar ese trabajo muy digno de los jornaleros, de los cuales sin los jornaleros San Quintín no sería lo que es ahora.
Yo exhortaría, que antes de venir a aquí a hacer señalamientos tan pobres, tan faltos y carentes de elementos, se interiorizaran en el tema. No debemos de politizar la problemática social de México. No debemos de politizar la problemática laboral de nuestro país. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no es lo que debemos de hacer.
Y debemos de hacer lo que aquí propone la diputada Eufrosina, ir allá, sesionar, conocer de viva voz la problemática antes de venir aquí a engañar, a pretender engañar. Yo sí quiero precisarlo, porque eso consta el día de ayer en las actas de la sesión de la Comisión de Frontera Norte. Muchas gracias, señor presidente.
El diputado José Antonio Rojo García de Alba (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Me solicitó el uso de la palabra, desde su curul, el diputado José Antonio Rojo, adelante.
El diputado José Antonio Rojo García de Alba (desde la curul): Señor presidente, no es un tema de viáticos, no es un tema de partidos, es un tema de interés general. En los jornaleros agrícolas están los campesinos más pobres de los pobres, y todos los partidos tenemos la obligación de ver por eso.
Quiero decir, número uno, que desde luego estamos a favor de este acuerdo. ¿Quién no podría estar a favor? Número dos, señalar que este Poder Legislativo ha hecho su parte en lo que tiene qué ver con el tema de jornaleros.
En la primera reforma grande, estructural que llegó a esta Cámara de Diputados, que fue la laboral, se reconoció en un capítulo muy importante a la Ley Federal del Trabajo. Por primera ocasión los derechos de los jornaleros agrícolas, y en él viene una parte importantísima de lo que son su familia, el cuidado incluso de sus hijos.
Esto, desde luego no ha sido suficiente, pero es parte importante de lo que esta Cámara de Diputados ha hecho a favor de los jornaleros agrícolas.
Por eso, el trabajo tiene que seguir y nosotros estamos a favor de que con una visión mucho más alta, de mucho mayor interés general vayamos a aprobar este acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.
La Secretaria diputada Francisca Elena Corrales Corrales: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En consecuencia, queda aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Acuerdos.
Primero. Que el diputado Javier Filiberto Guevara González sustituya al diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como representante de esta Cámara del Congreso de la Unión ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo al titular del Ejecutivo federal, así como a los titulares de las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública.
Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria. Firma la Junta de Coordinación Política.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Proceda la Secretaría.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación a los cambios de Juntas Directivas e integrantes de diversas comisiones ordinarias, especiales, de investigación y de grupos de trabajo, que se encuentran disponibles en sus pantallas de sus curules.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Es cuanto.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobadas. Comuníquese.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Se recibió solicitud de licencia del diputado José Luis Valle Magaña. En virtud de que se encuentra disponible en los monitores de sus curules, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si es de aprobarse.
La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera: En términos del artículo 100 del Reglamento, las iniciativas contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Julio César Moreno Rivera (15:06 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves, 26 de marzo, a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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