Formato que norma la comparecencia
Protesta del titular de la PGR
Intervención del procurador Jesús Murillo Karam
Intervención del presidente de la Comisión de Seguridad Pública
Intervención del presidente de la Comisión de Contratos Celebrados por Pemex
Intervención del presidente de la Comisión de Justicia
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
José Alberto Rodríguez Calderón, PRI
Margarita Elena Tapia Fonllem, PRD
Primera ronda de preguntas y respuestas
Jorge Francisco Sotomayor Chávez, PAN
Ramón Antonio Sampayo Ortiz, comentarios
Alfa Eliana González Magallanes, PRD
Trinidad Secundino Morales Vargas, comentarios
Felipe Arturo Camarena García, PVEM
Felipe Arturo Camarena García, comentarios
Zuleyma Huidobro González, PMC
Ricardo Mejía Berdeja, comentarios
Loretta Ortiz Ahlf, comentarios
Segunda ronda de preguntas y respuestas
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, PT
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, comentarios
Ricardo Mejía Berdeja, comentarios
Carlos Octavio Castellanos Mijares, PVEM
Carlos Octavio Castellanos Mijares, comentarios
Catalino Duarte Ortuño, comentarios
Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, comentarios
Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, PRI
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Compañeras diputadas y compañeros diputados, señoras y señores, muy buenas tardes. Señor procurador, muy bienvenido. Para dar cumplimiento al acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 9 de septiembre de 2014 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, numeral 4, y 45, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y del 199 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comparece el licenciado Jesús Murillo Karam, a efecto de ampliar el análisis correspondiente al segundo informe del estado que guarda la administración pública del país, entregado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos en materia de procuración de justicia.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Solicito atentamente al diputado Guillermo Anaya Llamas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a las comparecencias en comisiones de los funcionarios del Ejecutivo federal para el análisis del Segundo Informe de Gobierno.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, presidente.
Acuerdo
Primero. En el marco del análisis del II Informe de Gobierno del presidente de la República se llevarán a cabo las siguientes comparecencias de los titulares de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal ante las siguientes comisiones.
Fiscalía General de la República, Jesús Murillo Karam. Comisiones de Justicia, de Seguridad Pública y Especial de contratos celebrados por Petróleos Mexicanos, sus empresas subsidiarias y filiales de 2006 a la fecha. 24 de septiembre, a las 17:00 horas.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Muchas gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: En cumplimiento a la fracción I del resolutivo segundo del acuerdo referido pido al señor procurador general de la República ponerse de pie.
Ciudadano Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, en los términos de los dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protesta usted decir verdad ante las comisiones de Justicia, Seguridad Pública y de investigación de contratos celebrados por Petróleos Mexicanos, sus empresas subsidiarias y filiales de 2006 a la fecha de la Cámara de Diputados, a la que comparece con motivo de la glosa del segundo informe del estado que guarda la administración pública federal, presentado por el ciudadano presidente de la República?
El procurador Jesús Murillo Karam: Sí, protesto.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Enterado usted de los alcances y consecuencias de ello sí así no lo hiciere que la nación se lo demande.
Señoras y señores, compañeras diputadas y compañeros diputados, quisiera dar la bienvenida, junto con el señor procurador, a diferentes servidores públicos de la dependencia que hoy comparece ante estas comisiones.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: En el mismo tenor del cumplimiento de los acuerdos contenidos en el de la Junta de Coordinación Política se concede la palabra al señor procurador general de la República hasta por 15 minutos.
El procurador Jesús Murillo Karam: Muchas gracias. Primero que nada déjenme decirles que me siento muy a gusto volviendo a un salón del que a lo mejor no debiera haber salido. En el ánimo de entrar de lleno al tema me gustaría hacerles un resumen muy breve –para dejar el mayor tiempo posible a lo que a ustedes les interesa– de lo que hemos hecho en dos años, bueno, casi.
Primero tuvimos que enfrentar un hecho contundente, que no tiene remedio. En dos años, a partir de que llegamos había que instaurar a nivel federal la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Y esto es lo que realmente ha sido una de las tareas más intensas.
Estamos a punto de empezar la implementación en los estados para que podamos empezar a tener las experiencias que se requiere y poder implementarla después ya con mayor velocidad en otros.
¿Qué implica la implementación del nuevo sistema de justicia? No se trata de ver qué salas ponemos para ver a donde se hacen los juicios, o qué edificios construimos para ver en donde se instalan los que van a juzgar o los que van a investigar, se trata fundamentalmente de construir algo que es mucho más difícil: una nueva mentalidad.
Cuando se hizo la reforma penal, se planteaban muchas cosas nuevas para mejorar nuestro procedimiento, para poder lograr que pudiésemos estratificar adecuadamente algo que todavía nos queda mucho tramo por hacer y es el hecho de cuáles son los delitos que realmente merecen pena corporal, cuál es el tamaño de las penas, cuáles son aquellos que pueden pasar por medios alternativos, los diversos medios alternativos, cómo los vamos a plantear en los términos de la nueva ley y cómo vamos a capacitar a personal que tiene muchos años trabajando bajo un sistema y tener que transformar esa mentalidad para poder entrar al otro.
Es una tarea que tenemos que terminar en el plazo en que la ley nos obliga, pero que tendrá que ser permanente. Va a llegar un momento en que vamos a tener –lo he dicho– tres procesos, el viejo, el nuevo y los que se quedan en medio. Y tendremos que tener jueces, ministerios públicos, investigadores, peritos, que puedan entender la forma de los tres.
Esto y la permanencia de la capacitación nos hizo pensar en la construcción de un órgano que conjugue el CAP, es decir el instituto de capacitación que ya tiene la Procuraduría, el Inacipe, que es diríamos el centro de estudios penales de la procuraduría, y la creación de un nuevo instituto, que además asuma estos dos de formación profesional, para tener una formación profesional permanente.
El mejor control de confianza que puede darse es el perfecto y continuo seguimiento al desempeño de cada uno de los trabajadores. Esto parece difícil, pero hoy, con todos los medios electrónicos y las posibilidades técnicas que hay puede ser muchísimo más sencillo.
Este nuevo instituto que se construyó en el estado de Querétaro, en San Juan del Río, en terreno que había pertenecido a un delincuente y que hoy tiene ya, diría todo lo que hoy la tecnología nos puede dar para poder hacer capacitación y estudios más pronto, tiene 500 camas, tiene un comedor para 500 gentes, tiene aulas de lo más moderno, con salas de proyección, todas las aulas tienen área de proyección, tiene áreas deportivas, tiene auditorio.
En él queremos que permanentemente estén pasando quienes trabajan en las áreas, no sólo en la Procuraduría, sino en todas las áreas que tienen que ver con la persecución de los delitos e incluso con aquellos que tienen que ver con la administración de la justicia. Este está a punto de terminarse, diría que en unos meses lo terminamos, pero lo estamos usando ya. Ya estamos dando capacitación ahí para la implementación y en otros muchos lados.
Este ha sido el reto a futuro que es más importante, porque incluye no sólo la implementación de un nuevo sistema, es fundamentalmente la implementación de una nueva forma de hacer justicia, que requiere una nueva concepción de funcionarios públicos, que traigan adentro la vocación, que tengan adentro los principios éticos que requiere un funcionario que tiene que hacer justicia y que puedan aplicarlo y que pueda darse y sostenerse.
Ojalá y sean pocos los años que nos tardemos en lograr esto, porque quien diga que lo puede hacer en meses, o es mago o nos está engañando. Lo vamos a hacer así, porque lo que queremos es dejar instituciones que puedan garantizarnos una forma distinta de aplicar la justicia y de recibir la justicia.
Por el otro lado, tenemos un problema serio con la investigación, las áreas de investigación de la Procuraduría estaban aislada, incluso hasta en diferentes subprocuradurías. Decidimos también unificar áreas y el área que tiene que ver con la documentación y el análisis de la documentación que se llama Cenapi, se integró en lo que es la Agencia de Inteligencia Criminal junto con el área que tiene lo que antes era la Policía Ministerial y será, ahorita está en el limbo, igual que yo, constitucionalmente soy fiscal y legalmente soy Procurador, será el área de investigación de los delitos, y a ésta se le suma toda el área pericial.
En el área pericial encontramos un muy buen sostén en la Procuraduría, tenemos una buena área pericial, la hemos venido reforzando y para que quede más reforzada pudimos adquirir -me van a corregir, pero es 93 o 96 y si no me la dejan en medio- camionetas que tienen laboratorios de diferentes especialidades, que ubicaremos en las diferentes entidades del país, de manera tal que el acceso a una escena de crimen pueda ser inmediato y el análisis también pueda ser inmediato. Una gran cantidad de casos se complican y se dificultan porque la escena en donde se dio, se modificó o se cambió o no es posible asegurarlo.
Junto con esto recibimos una capacidad aérea de una nave. Decía el peritaje que me entregaron, que solamente una volaba, se cayó como a los ocho días, en consecuencia prácticamente estábamos en cero, hoy tenemos volando 34 helicópteros y 3 aeronaves, algunas de ellas requisadas. Volando y manteniendo, es decir, está ya habilitada la Procuraduría para estos efectos.
Hemos habilitado a algunas delegaciones, incluso en el caso de Tabasco construir una nueva porque está en pésimas condiciones y prácticamente en todas estamos construyéndolas, fundamentalmente, porque la custodia de la evidencia se va a convertir en algo fundamental en el proceso judicial que se dé en adelante y requerimos tener espacios adecuados para que esta custodia pueda darse materialmente, independientemente a lo que la ley de lo que la ley dice. Incluso estamos construyendo espacios en todas las delegaciones.
En el momento en que ustedes determinen que la Procuraduría se convierta en fiscalía, voy a tener que transformar también algunas áreas de la fiscalía en función de que habrá procedimientos distintos, todos los procedimientos de intermediación, todos los alternos requerirán especialistas, y hemos estado procurando ya desde hace unos meses especializar los grupos de investigadores en materias específicas, para que puedan realmente ir al lugar en donde sucede un tipo de delito, los que conocen de ese tipo de delito.
El otro gran problema es la información. Cualquiera de ustedes que conozca un expediente penal sabe que es un cerro de papeles enorme, en el que en la mayor parte de los casos es una repetición constante. Cada vez que el Ministerio Público o sus secretarios en un acuerdo tienen que repetir prácticamente todo, simplemente para decir con fundamento en tal artículo se establece la comparecencia de fulano de tal. Para decir eso se vuelve a repetir todo y entonces se convierten en unos expedientes verdaderamente aburridos, repetitivos, inconsistentes, difíciles de analizar y lo que un investigador requiere, que es información fresca que pueda ser compatible, no se da.
Necesitamos digitalizar todos esos expedientes, para que el próximo proceso penal pueda darse de manera viable, de manera adecuada. Necesitamos empezar a digitalizar todos esos expedientes, y por lo pronto los nuevos tenemos que hacerlos ya, conforme el nuevo sistema nos lo va a reclamar, en el sentido de que ya estén en condiciones de poder ser digitalizados.
Un juicio va a ser firmado, donde el principal sostén de archivo de éste tendrá que estar en ese tipo de tecnología. Esto es lo que hemos también venido digitando, ya nuestro Centro de Formación Profesional lo tenemos como si fuese el procedimiento nuevo, yo espero que terminemos en la fecha prevista, es decir, en el 16 y que podamos estar ya empezando a implementar el nuevo.
Una de las grandes gracias del nuevo Sistema de Justicia Penal consiste en que los sistemas de intermediación le van a quitar mucho trabajo a los jueces, porque solamente llegarán a juicio aquellos casos que verdaderamente lo reclamen, que verdaderamente tengan una gravedad tal que ameriten la prisión o que deban ser juzgados por el interés público de otra manera.
Pero esto requiere o necesita, lo decía hace un momento, que tengamos una capacidad suficiente en las áreas absolutamente nuevas para el ámbito federal que implican los procedimientos alternos.
Los estados que ya están implementando el procedimiento nuevo, realmente, obviamente cualquier cosa que empieza tiene tropiezos y correcciones, pero en la mayor parte de los casos realmente les ha facilitado el trabajo y han podido ser mucho más ágiles y mucho más eficientes. Espero que podamos hacerlo también en el nivel federal.
Esto es lo que estamos viendo en la visión de futuro. Hemos duplicado el área de Asuntos Internos para tener más control sobre los funcionarios. Estamos pensando que cuando se haga Fiscalía se modifique el sistema de delegaciones con un subprocurador que controla a 32 delegados, y que por consecuencia, no controla, para poder tener ramos de control mucho más cortos que nos permitan estar atentos y sabedores de lo que sucede en cada una de las fiscalías regionales, como las estamos ensayando en Tamaulipas, en las que en lugar de una delegación hay cuatro fiscalías regionales que tendrán que tener un coordinador, cuando se junten con otras seis, que se encargue solo de tener el control de éstas, para poder asegurarnos de que tenemos la vigilancia de lo que está sucediendo y cómo se están haciendo las cosas.
No quisiera tomar más tiempo, porque estoy seguro que entre las cosas que me van a preguntar vamos a poder llenar el informe completo hasta donde dé. Así que si no tienen ustedes inconveniente me pongo a su disposición.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Muchas gracias, señor procurador.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Esta comparecencia es copresidida por tres comisiones de la Cámara y en esa consideración, señor procurador, los tres presidentes, incluido su servidor, han considerado que previo a los posicionamientos de los partidos, que se darán enseguida, pudieran hacer una breve intervención de tres minutos para acreditar esta copresidencia en el transcurso de la propia comparecencia. Así es que le pediría al diputado Anaya haga uso de la palabra.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, presidente Pacheco. Señor procurador, sea usted bienvenido a la Cámara de Diputados. La Comisión de Seguridad Pública, a la cual pertenezco y presido, tiene una relación muy, pero muy estrecha, precisamente con su labor la Procuraduría de Justicia, la persecución, la investigación de los delitos.
Hay una grave preocupación por el altísimo porcentaje de impunidad que tenemos en nuestro país, alcanzando, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del Delito, del Inegi, relativa al 2013, cerca del 92 por ciento. Y para lograr tener una procuración de justicia eficaz, fuerte, necesitamos un poco de lo que usted ha mencionado con antelación: formación, capacitación, integrar los expedientes de forma precisa, de forma sólida, de forma indudable, la profesionalización del Ministerio Público federal es un requisito indispensable y básico para que no haya criminales libres en nuestras calles y que esto no genere un círculo vicioso y la tentación de hacer justicia por su propia mano o el no querer denunciar por falta de credibilidad ante las instituciones.
Pero no solamente está, señor procurador, el tema y el aspecto jurídico de la investigación del delito por parte de la Policía Ministerial, sino que ésta debe estar alimentada por criterios, como usted lo dijo, científicos, con minuciosidad y estricto respeto a los derechos humanos. Así como sujetarse fielmente a los principios internacionales del uso legítimo de la fuerza.
Actualmente, de acuerdo al Segundo Informe de Gobierno entregado por el Ejecutivo federal a esta soberanía, se cuenta con el menor número de elementos de la Policía Federal, Ministerial, desde el año 2000 hasta el día de hoy, 2014.
Si bien son cifras preliminares al mes de junio, cuatro mil 823 elementos. Cierto es también que una cantidad baja de estos elementos no contribuye a cumplir las funciones que se les encomienda a los mismos, con lo cual se alienta a que no cumplan con su deber o que recurran a violencia o a violación constante de derechos humanos para compensar la baja cantidad de elementos.
Sabemos que este número se debe en parte a los resultados de evaluación de las pruebas de control de confianza. Sin embargo también creemos que para que podamos contar con una fiscalía más fuerte, debe iniciarse cuanto antes un proceso de reclutamiento que seleccione a los mejores hombres y mujeres de nuestro país al servicio de la justicia.
En la Procuraduría General de la República, según los datos de la misma procuraduría, hay más personal directivo y administrativo que personal sustantivo, llámese agentes del Ministerio Público, policías ministeriales y peritos. Ése es el personal encargado de la persecución, investigación de los delitos e integración de los expedientes. O sea la razón, el corazón de esta representación social.
Sabemos también que la política no tiene lugar en la persecución de los delitos. El tránsito hacia la Fiscalía General de la República, en todo derecho autónoma, no exime a la autoridad actual de conducirse con apego a la objetividad de lo científico y de lo jurídico. Estoy seguro que los que integramos esta Legislatura coincidimos en respaldar que se redoblen los esfuerzos en este tema.
Coincidimos también con usted en lo establecido en el Programa Nacional de Procuración de Justicia respecto a la inteligencia en el combate a la delincuencia organizada, pero insistir en que se tome especial atención en enfocar esfuerzos a neutralizar el financiamiento de las agrupaciones criminales a través de lavado de dinero, tráfico de armas, drogas y personas.
Otro episodio que debemos considerar es el examinar de forma minuciosa y que aun cuando seguramente es innecesario traerlo a su atención, porque a ciencia cierta se ocupa de el de las ejecuciones en Tlatlaya los Derechos Humanos. El debido proceso y el uso legítimo de la fuerza, deben limitar el actuar de las fuerzas de seguridad.
No puedo concluir sin mencionar el asunto de las personas desaparecidas, tanto en la hipótesis de la desaparición como en las muchas otras que existen son un gravísimo problema que impacta en la tranquilidad y economía de las familias mexicanas.
Por último, también pendiente tanto de atención en puntos de acuerdo que han salido de este Congreso en relación a denuncias interpuestas por la megadeuda del estado de Coahuila para la investigación de los culpables de esta megadeuda y -sabemos que en Estados Unidos ya se está siguiendo proceso contra el extesorero de Coahuila, se está persiguiendo al exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres por lavado de dinero, no sabemos al día de hoy que está haciendo la autoridad mexicana para ello.
Agradezco su atención y su disposición. Colaboremos juntos para lograr y consolidar un México en democracia. Muchas gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Gracias, diputado Anaya.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene ahora la palabra el diputado Espinosa Cházaro como presidente de la Comisión para la Investigación de contratos celebrados por Petróleos Mexicanos. Adelante.
El presidente diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro: Gracias, diputado. Señor procurador general de la República, licenciado Murillo Karam. Compañeros presidentes de las Comisiones de Justicia y de Seguridad Pública. Compañeros del presídium, secretarios de estas comisiones. Saludo desde aquí a mis compañeros secretarios de los partidos de Izquierda, del PRD, del PT y del MC que hoy no nos acompañan en el presídium –desconozco por qué razón.
Como usted lo sabe, señor procurador, en la Ley Orgánica de la Procuraduría, se define la atribución indelegable de la comparecencia ante las Cámaras del Congreso de la Unión. Quiero informarle con mucho respeto que los integrantes de la comisión de investigación que tengo el honor de presidir, tenemos casi tres meses esperando que nos responda cuando le permita su agenda presentarse a una reunión de trabajo, misma que fue aprobada por el pleno de la comisión por unanimidad. Le entregaré una copia del oficio.
Y en el mismo artículo 93 de la Constitución Política se dota para tales acciones a esta comisión investigadora. Ojalá que en esta visita suya por acá pudiera darnos una fecha. Me parece que el asunto, los asuntos que nuestra comisión toca, bien vale la pena abrir un hueco en su agenda.
Si bien la Jucopo incluyó a esta comisión hoy para la comparecencia, quiero plantearle que no consideramos ésta como un elemento que de por desahogada la reunión de trabajo que insisto, ha sido planteada.
¿Y para qué se solicita su presencia? Para que nos explique en qué avances van las averiguaciones previas del asunto de Oceanografía, por qué un arraigo cómodo para Amado Yáñez, por qué hoy está en libertad. Qué pasa con la denuncia presentada y que usted reconoció contra Mario Ávila, por distintos ilícitos. Cuáles fueron las consideraciones de la procuraduría que usted encabeza para que se venda un equipo de futbol que había sido intervenido por ser probablemente parte de estos mismos hechos. Hay muchas preguntas en el aire, señor procurador, que el silencio no responde y que dan lugar a muchos cuestionamientos.
Aquí viene obligada la pregunta si el gobierno federal en el marco de la discusión de la reforma energética avala la discrecionalidad de la aplicación de la justicia por parte del gobierno federal o solamente son las conducciones normales y naturales de estas averiguaciones previas a las que me he referido.
En relación a lo anterior señalo también la poca disposición de los entes encargados de los manejos de recursos públicos. Seguimos esperando la mitad de los contratos que fueron solicitados a Pemex, y si en el discurso el gobierno federal ha planteado siquiera un combate a la corrupción, pues el tema de que no haya más impunidad sería un tema obligado, señor procurador y no vemos que estas acciones tengan la celeridad que insisto, las mismas ameritan.
Déjeme poner tres o cuatro de los cuestionamientos recurrentes por parte no de los diputados y las diputadas que hoy están aquí, sino de la gente en la calle.
Estuvo aquí la semana pasada el director de Pemex, reconoce que hay pérdidas equivalentes a 15 mil 300 millones de pesos y nos dice, cito: “yo no soy Ministerio Público”.
Aprovechando que hoy está usted por acá, le pregunto si es cierto que en siete años consignó la PGR sólo el 13 por ciento de los casos por robo de combustible, y hablando de combustible y al respecto cuál es el estado que guardan las averiguaciones por la denuncia del río San Juan, en Nuevo León, qué hallazgos hay, qué avances se tienen.
Qué hay además, hablando del tema ambiental, de la denuncia penal presentada contra Grupo México por la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora. ¿Hay probables responsables, se tienen identificados, se tienen arraigados, se tienen detenidos?
Hablaba usted de la fiscalía y efectivamente hay bastante por hacer en materia legislativa de modificaciones respecto de lo que la procuración de justicia debería hacer en este país, pero a mí me parece que en lo que damos esa discusión hay muchos temas que requieren de respuestas muy concretas y muy contundentes.
Hablamos ya del tema de Oceanografía, ojalá que nos pueda explicar usted con toda claridad; hablamos del robo de combustibles; ya se mencionó aquí el caso de Tlataya. Hay mucho que hace pensar que podría hacerse más en el tema de procuración de justicia.
Concluyo esta intervención reiterando la enérgica condena que hizo nuestro coordinador, el diputado Alonso Raya, respecto del artero asesinato de nuestro compañero Gabriel Gómez Michel, y reitero la solicitud que ayer fue planteada en el pleno de que la procuraduría pueda atraer el caso, pero ojalá que lo atraiga para que se dé con los probables responsables de la muerte de un compañero diputado, que se convierte en un franco desafío a las instituciones, desde nuestro punto de vista.
Si es condenable cualquier asesinato, el asesinato de un diputado federal, de un representante de uno de los poderes del Estado, me parece que de ninguna manera, señor procurador, debe quedar impune. Concluyo mostrándole mi respeto como persona, como funcionario, pero diciéndole también con toda claridad que los resultados hacen falta de manera inmediata.
Qué bueno la implementación, qué bueno los retos que están por delante, pero los resultados ya no pueden esperar y los números en materia de procuración de justicia no han mejorado y, como usted bien decía al inicio de su intervención, han pasado ya dos años. Ojalá que esta presencia suya aquí nos permita clarificar estas dudas que la ciudadanía hoy tiene y que es muy importante que no continúen.
El presidente diputado Ricardo Alberto Pacheco Rodríguez: Muchas gracias, diputado presidente.
El presidente diputado Ricardo Alberto Pacheco Rodríguez: Tocaría ahora el turno a la presidencia de la Comisión de Justicia hacer alguna reflexión inicial en esta comparecencia.
Lo primero que debo decir es que me queda claro que el procurador General de la República tiene perfectamente establecidos los focos de a dónde debe llevarse esta institución en este tránsito del país hacia un nuevo sistema de justicia penal que requiere, como él lo ha dicho, la profesionalización, la capacitación, la actuación, la preparación de todos los actos que están a su mando.
En ese sentido, debo decir que al escucharlo con la precisión con la que hace sus manifestaciones siempre, no he de agregar más a lo que han dicho mis compañeros presidentes de las comisiones. Solamente decir que en el privilegio que he tenido de coincidir con el procurador General de la República en tareas diversas en espacios legislativos, aquí mismo en la Cámara de Diputados, como él bien lo señala, he aprendido que el uso eficiente del tiempo que uno puede hablar es uno de los valores mayores que los políticos debemos utilizar.
Así es que con lo dicho y sabiendo que mis compañeros y mis compañeras diputadas serán exhaustivos en las preguntas que harán al señor procurador General de la República, daría por resuelta la intervención de la presidencia de la Comisión de Justicia.
El presidente diputado Ricardo Alberto Pacheco Rodríguez: Pasaríamos, si le parece bien, señor procurador, al posicionamiento de los diversos grupos parlamentarios que integran las comisiones que aquí desahogamos esta comparecencia, por lo que damos la palabra al diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Alberto Rodríguez Calderón: Muy buenas tardes a todas y todos. Señor presidente, con su permiso. Señor procurador General de la República, licenciado Jesús Murillo, sea usted muy bienvenido a esta casa de los mexicanos, que sigue siendo su casa, sigue usted siendo un diputado como todos nosotros.
Saludo con gusto a la señora subprocuradora, a la señora Oficial Mayor, a los funcionarios de la Procuraduría General de la República que el día de hoy acompañan al procurador, a los vicecoordinadores de las distintas bancadas partidistas en esta Cámara, a los señores presidentes de comisiones, a las compañeras y compañeros diputados de las comisiones de Justicia, Seguridad Pública, Especial de Pemex, a los amigos de los medios de comunicación.
Por qué estamos hoy reunidos en torno a esta comparecencia del titular del Ministerio Público federal. Además de que existe una obligación legal que el señor procurador cumple a cabalidad, por qué estamos reunidos para hablar con el titular de la cabeza principal en materia de justicia en este país.
El asunto se interpreta de manera muy rápida. El orden jurídico es la estructura legal que permite la gobernabilidad en una sociedad, así de sencillo. La justicia es el eje social que permite la convivencia, y para ello se requiere de instituciones fuertes y sólidas como son las que tenemos en nuestro país.
El Ministerio Público federal, su titular es el licenciado Murillo Karam. Brevemente, ¿qué es el Ministerio Público? Ministerio Público, la palabra “ministerio” proviene de la palabra latina ministrare, y ministrare significa “dar”. Dar seguridad, dar orden, dar y procurar la justicia a toda una sociedad.
La procuración de justicia en nuestro país vive momentos coyunturales. Desde hace 90 años en nuestro país no vivíamos cambios jurídicos y la reingeniería legal que todos hemos ido perfectamente determinando y que hemos participado con la aprobación, en su caso, de los que lo han hecho, de este nuevo orden jurídico que todos los mexicanos estamos diseñando.
Estos cambios estructurales de la procuración de justicia se basan principalmente en el impulso que el presidente Peña Nieto a través de sus iniciativas ha ido generando para diseñar la estructura de lo que va a ser el nuevo sistema de justicia penal.
Efectivamente, bien lo dijo el procurador, esto está fraguándose; esto está detallándose y se encuentra en proceso de que se consolide, llevará su tiempo, pero seguro estamos de que será un proyecto viable, un proyecto de éxito para todos los mexicanos.
Derivado de la reforma político-electoral aprobada por el Congreso de la Unión, en próximas semanas, antes de que termine este año lo esperamos, tendremos una nueva institución: la Fiscalía General de la Federación, y esta fiscalía no solamente es un cambio de nombre, es el cambio de un diseño institucional, es el cambio de un paradigma que duró 90 años y que ahora, socialmente todos tenemos que ir trabajando para entenderlo y para irlo aterrizando.
¿Cuáles son las principales características? Primero, el Ministerio Público adquiere autonomía. La fiscalía tendrá una total autonomía, no dependerá de ningún poder específico del Estado. La fiscalía, el fiscal, su titular, será designado por el Senado de la República, ya no será una atribución del Ejecutivo.
Estas son algunas de las nuevas formas en que la justicia cambiará para bien de toda nuestra sociedad. Junto con ello también vale la pena reiterar y hacer comentarios que adicionan lo referido por el procurador Murillo, la reforma a lo que es la legislación penal y la creación del nuevo sistema penal acusatorio en el país, implica un cambio que ya ha sido realidad, que fue el sueño durante muchos años de legisladores y de académicos, y de toda la sociedad exigiendo una forma de justicia igual para todos los mexicanos. Y es por ello que nace y se consolida el Código Nacional de Procedimientos Penales, legislación única en materia procesal. Se juzgará a todos los mexicanos de la misma manera, ya no habrá ningún tipo de diferencias.
Esto genera una certeza jurídica y una celeridad en los procedimientos. El nuevo sistema de justicia tiene ya su estructura, su guion; la forma, el proceso ya está definido, los operadores tendrán que ir diseñando la forma en cómo aterrizarlo.
Los medios alternos de solución de conflictos, de solución de controversias, esto es una de las partes fundamentales del nuevo sistema. En términos sencillos ¿qué significa? Darle a la sociedad, a los ciudadanos, la posibilidad de resolver ellos mismos sus propios problemas. Dar a través de la mediación, de la conciliación, del arbitraje, los instrumentos para que los ciudadanos lo puedan hacer.
La brevedad en los procesos penales. Se establece el máximo como un año. Y esto es un éxito, es un gran éxito cuando la sociedad mexicana reclamaba la celeridad y la certeza en la manera de aplicar la justicia.
Igualmente se habla de la forma, la oralidad. La oralidad es una forma que permitirá hacer que los procesos sean mucho más rápidos y que exista trasparencia en el momento en que se rindan y se dicten las sentencias. Y siempre habrá un juez, cosa que actualmente difícilmente ocurre. Éstas son algunas de las circunstancias valiosas que implica la nueva justicia en México.
Los priistas, los diputados priistas de esta Legislatura hemos vivido muy cercanos los cambios, hemos vivido de manera emotiva lo que significa este cambio de paradigma, lo que significa esta ruptura de estructuras, y la vemos con gran éxito y la vemos bien dirigida por el señor procurador, licenciado Jesús Murillo Karam.
Señor procurador, los priistas confiamos en nuestro procurador, confiamos en la procuración de justicia de nuestro país y confiamos en las instituciones que han generado esta estructura tan valiosa. Señor procurador, nuestro reconocimiento a su trabajo y nuestro reconocimiento a la actividad y al nuevo modelo y a la nueva cara que está teniendo la Procuraduría en sus manos. Muchas gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Karina Labastida Sotelo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por siete minutos.
La diputada Karina Labastida Sotelo: Con el permiso de la Presidencia. Señor licenciado Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, le agradecemos su presencia ante estas comisiones unidas para abordar con motivo del Segundo Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto las acciones realizadas por la Procuraduría General de la República a su digno cargo.
Es innegable que la investigación y la persecución de los delitos federales no admite impericias, dolo o negligencia alguna. Preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución se vuelve un objetivo insatisfecho ante la falta de transparencia en el manejo de la información y ante la manipulación de cifras, signos inequívocos y representativos de la presente administración federal, entre otros factores.
Por ejemplo, un tema que lastima sin duda a los mexicanos es precisamente el desempeño de los Ministerios Públicos poco comprometidos, que lejos de ayudar a las víctimas del delito en muchas ocasiones las revictimizan, que no asumen el alto compromiso con la sociedad que les ha sido encomendado.
Las cifras oficiales pretenden ocultar la realidad, ya que sólo uno de cada 10 delitos es denunciable. Las causas de ello, simple: la falta de confianza en las autoridades amén del temor a las represalias por la colusión de éstas con los delincuentes.
Recordemos que en marzo del presente año el Inegi informó que 72 por ciento de los mexicanos consideran insegura su ciudad, 4.4 más que en diciembre de 2013. Lo anterior se refleja en la economía del país, pues no en vano perdimos cinco lugares al pasar del lugar 48 al 53, según datos emitidos por el Banco Mundial.
El gobierno de la república presume una disminución del 18 por ciento en homicidios dolosos relacionados a delitos federales, situación muy lejos de la realidad. A pesar del discurso triunfalista tanto homicidios dolosos como secuestros no han disminuido. Las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública contradicen esos datos.
Señor procurador, debido a la importancia que representa la correcta procuración de justicia para el desarrollo del principio de legalidad rechazamos la justicia selectiva, la justicia al servicio de intereses políticos y la violación que con ello se hace a la dignidad de la persona humana.
Como prueba de lo anterior –y por mencionar tan solo un ejemplo– cabe señalar la resolución de la Procuraduría General de la República en torno al caso Rodrigo Vallejo Mora, la cual pone de manifiesto un trato diferenciado y una aplicación discrecional de la justicia en Michoacán.
En efecto, la liberación de delincuentes, como Caro Quintero, sólo se explica por la inactividad, negligencia o complicidad del Ministerio Público.
Señor procurador, exigimos que actúe en consecuencia para sancionar a los responsables y para que ya no se sigan liberando a más delincuentes.
Por lo que hace a la política criminal, la PGR tampoco ha destacado en este rubro, pues todo indica que le resulta más fácil criminalizar a quien comete un robo simple, que al policía ministerial federal que extorsiona comerciantes, secuestra o vende armas, por dar sólo un ejemplo.
Como órgano defensor de los intereses de la sociedad, la Procuraduría General de la República le debe a los mexicanos. En el 2012 la PGR recibió un presupuesto de 14 mil 905 millones de pesos; en 2013 fue de 15 mil 221 millones de pesos, y para 2014 fueron 17 mil 288 millones de pesos. Es claro entonces que su presupuesto se ha incrementado, pero le pregunto, señor procurador, ¿los resultados también?
Según los indicadores proporcionados en el II Informe de Gobierno, se explica que de septiembre a diciembre de 2013, se logró una disminución constante en los delitos que más afectan a la sociedad. Que de enero a julio de este año los delitos del fuero federal, en todas las regiones del país han disminuido de manera significativa hasta en un 68.9 por ciento tan sólo en la región centro del país.
Sin embargo, según datos de la matriz de indicadores de resultados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existe un subejercicio para investigar y combatir los delitos del crimen organizado, lo que contradice la necesidad de investigación de estos delitos.
En 2013 se otorgaron dos mil 374 millones de pesos para tareas correspondientes a investigar y combatir delitos del crimen organizado y sólo se gastaron mil 827 millones de pesos. Lo que representa una diferencia de 547 millones de pesos que no se erogaron.
En el mismo año, para la investigación y persecución de delitos federales no se gastaron 508 millones de pesos de los nueve mil 53 que fueron entregados a la PGR, en donde sólo se gastaron ocho mil 544 millones de pesos para un porcentaje de 5.61 por ciento de subejercicio.
Como podemos observar, presenta resultados que no nos quedan claros, nuevamente tenemos ante nosotros lo que tanto esfuerzo nos llevó superar y construir, tenemos ante nosotros nuevamente un gobierno de reflectores, de cifras en ocasiones maquilladas, de autoritarismo y con las mañas del viejo régimen. Un gobierno que no acepta la realidad y que no reconoce la problemática de la denuncia social.
Compañeras y compañeros legisladores; señor procurador, abogamos por la profesionalización de la institución que encabeza y la de todos aquellos que laboran en la misma, con la finalidad de que cumpla a cabalidad las funciones y atribuciones que tiene encomendadas. Coincidimos en que las instituciones son para brindar servicio al ciudadano y no a los criminales.
En esta tarea, señor procurador, tiene a su principal aliado en el Poder Legislativo, pero también a su primer vigilante. Requerimos de manera urgente una Procuraduría más cercana a los ciudadanos, una Procuraduría que genere confianza. Queremos que el Estado de derecho sea regla y no la excepción y que todos los mexicanos seamos iguales ante la ley. Queremos una Procuraduría que sea verdadera protectora de los derechos de los ciudadanos.
Para llevar a cabo lo anterior de manera exitosa, es necesario fomentar el apego a la transparencia, a la rendición de cuentas y los demás principios que permitan el desarrollo del sistema democrático que debe imperar, con la finalidad de presentar un combate frontal y efectivo contra los crímenes, la corrupción, pero sobre todo, contra la injusticia.
Queremos dejar claro y reiterar que en Acción Nacional seguiremos luchando por un Estado que no se someta a la voluntad y al poder de los grupos criminales, pero que tampoco aplique la ley de manera selectiva. Luchamos por un país en el que las instituciones permanezcan sólidas, respetando siempre la independencia y la despolitización de la justicia. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Muchas gracias, diputada Labastida.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Hará uso de la palabra ahora la diputada Elena Tapia Fonllem, por el Partido de la Revolución Democrática, hasta por siete minutos.
La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Muy buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señores presidentes. Bienvenido, licenciado Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, y paso a dar lectura.
Para nosotros en el PRD es importantísima esta comparecencia, pues consideramos que en un país con gran desigualdad y descomposición social muchas personas se ven orilladas a buscar recursos de manera ilegal. Sin embargo, pobreza no es sinónimo de delincuencia.
La presencia simultánea de criminales organizados y de autoridades ineficientes, es lo que lleva a las personas comunes a cometer delitos de alto impacto.
En años recientes este Poder Legislativo ha aprobado reformas en materia penal, de derechos humanos y de jurisdicción militar, así como la Ley General de Víctimas. Sin embargo, aunque nosotros creemos que esto debería implementarse de manera escrupulosa, no vemos que esto se haya cumplido.
La máxima instancia federal para esclarecer hechos delictivos y lograr sanciones justas ha tenido un pobre desempeño. Sabemos que la efectividad de la justicia tiene un impacto sobre los índices de violencia. Esto no ha ocurrido.
La tasa de impunidad se mantiene arriba del 93 por ciento para delitos denunciados y 98.5 por ciento para delitos cometidos. Y qué decir de los feminicidios, señor procurador, las extorsiones y las agresiones contra periodistas que ocurren con una frecuencia alarmante.
Es cierto, este gobierno cambió el discurso y la estrategia de comunicación. La consigna de la guerra contra el narcotráfico quedó en la historia. Sin embargo, las acciones contundentes han sido escasas, pero expuestas ampliamente de acuerdo a los efectos mediáticos que pueden generar.
La corrupción y la impunidad están ausentes en el informe que usted presenta y no hay diseño institucional que asegure soluciones. La Procuraduría enfrenta serios problemas de operación, coordinación y mando, como usted mismo reconoció en su plan de trabajo.
Donde también afirmó que al interior prevalece una marcada tendencia a las relaciones clientelares y de grupo. Que la organización interna es lenta. Que las unidades y la información de la PGR están aisladas entre sí y separadas de otras instancias.
La calidad del trabajo de ministerios públicos, agentes y peritos no se acredita acumulando certificaciones, cursos y programas cada vez más específicos, como asienta la mayor parte de su informe, sino mediante indicadores que muestren efectos sobre la impunidad y la criminalidad.
Dos años eran suficientes para comenzar una reestructuración interna y establecer bases mínimas para garantizar investigaciones profesionales mediante el debido proceso y con respeto a los derechos de victimas e imputados.
Hoy nos seguimos preguntando, ¿qué cambios ha habido para conducir con eficacia la procuración de justicia? Lamento decirle, que la eficacia y la eficiencia de la Procuraduría dejan mucho qué desear.
De acuerdo al Inegi, los homicidios denunciados alcanzaron los 22 mil casos el año pasado, y según el Sistema Nacional de Seguridad Pública en lo que va de este año ya se superó esta cifra. Sería aventurado sacar conclusiones definitivas en ausencia de una cultura de la denuncia, pero tenemos la certeza de que nada ha cambiado.
Los grandes cárteles continúan incursionando en robo, extorsión, secuestro, trata de personas y asesinato. Nos preguntamos cómo los grupos delictivos logran hacerse de armas, cometer crímenes, escapar de la escena, recorrer el territorio, anular a las autoridades y mantener su coto de poder violento.
El crimen organizado ha construido estados paralelos en varias entidades del país. Amplias regiones donde la Procuraduría no ha podido desarticular estructuras que operan con total impunidad.
El número de averiguaciones previas despachadas disminuyó de 2008 al año pasado. Esto provoca que cada averiguación costará, según la Auditoría Superior de la Federación, 81 mil pesos en 2008 y usando el mismo método, el año pasado habría costado 143 mil pesos cada una.
Si apenas un tercio de las averiguaciones termina en consignación, esto indica que la justicia no solo es ineficiente, también es ofensivamente cara. Las violaciones a derechos humanos corresponden a una lógica autoritaria y a una crisis institucional del Estado.
Nos preocupa profundamente, ya se dijo, pero nos preocupa profundamente el caso de Tlatlaya y las posibles transgresiones que se desprenden de las versiones recientemente divulgadas en un contexto donde las detenciones y acciones arbitrarias abundan.
Hace unos meses el relator de Naciones Unidas sobre la Tortura manifestó encontrar casos de tortura en todo el territorio por parte de las instituciones de Seguridad, Marina y Ejército, hasta Policía Federal y policías municipales.
Las técnicas de tortura muestran patrones estables y repetitivos dirigidos a obtener pruebas a cualquier costo. Crecen los testimonios y quejas mientras que las sentencias simplemente no aparecen. La tortura sigue siendo una práctica generalizada y sistemática.
Usted manifestó que iba a reducir la incidencia del arraigo penal, que es una práctica violatoria de derechos humanos en sí misma. Los agentes siguen cometiendo injusticias por corrupción, por falta de pericia, por actuar bajo presión o por mala distribución de los recursos.
Nos preocupa el futuro del sistema penal acusatorio, pues fabricar culpables, alterar pruebas, encerrar inocentes, inventar delitos son mecanismos sintomáticos de un sistema de procuración de justicia disfuncional.
Cada víctima de estos abusos representa un rotundo fracaso de una larga cadena de funcionarios. Hemos planteado nuestra prioridad por resolver el grave problema de las desapariciones que se concentran especialmente en mujeres, en jóvenes, en personas de escasos recursos.
A principios de 2013 se manejó una cifra bruta de más de 26 mil víctimas de desaparición. Lo que corroboró públicamente la subsecretaria Elia Limón.
Hace unos meses, la subprocuradora Benítez dio una cifra de 22 mil personas. Sin embargo, usted sostuvo hace unos meses que el número correcto era de 13 mil personas tras un cotejo con las personas localizadas y registros erróneos.
Por el contrario, el secretario de Gobernación afirmó que con la depuración de las listas se habían contabilizado solo 8 mil y días más tarde aclaró que eran 16 mil.
En fin, no seguiré por respeto al tiempo con las cifras, pero sí quisiéramos saber los resultados concretos para identificar a las personas desaparecidas.
Finalmente, quisiera yo decir que entregaré por escrito la solicitud de varios casos que han llegado a la Comisión de Derechos Humanos, de personas que se encuentran con sus derechos humanos violados, que están encarcelados injustamente y queremos una respuesta al respecto.
Y por otra parte, reiterar la disposición del Grupo Parlamentario del PRD para atender las necesidades de presupuesto de esta institución, que esperamos que al ser fiscalía –cuando se apruebe esta minuta que acaba de llegar-, signifique o represente un verdadero cambio en la estrategia, en el diseño y en el fortalecimiento de la institución para la procuración de justicia. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene la palabra el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por siete minutos.
El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Gracias, diputado presidente. Distinguido señor procurador Jesús Murillo Karam. Apreciados señores presidentes de las comisiones aquí reunidas. Estimadas compañeras y compañeros diputados de esta Cámara. Señoras y señores.
El ejercicio responsable de la actividad parlamentaria que la Constitución encomienda a los representantes de la nación impone como primer deber el relativo a la comprensión asertiva de las condiciones históricas a partir de las cuales ha de realizar la actividad legislativa, cimiento esencial sobre el cual puede construirse un Estado civilizado y democráticamente organizado.
A lo largo de los dos últimos años el gobierno de la República, los Poderes de la Unión involucrados en la ardua labor de discutir, elaborar y promulgar las leyes, han identificado la añeja necesidad de erradicar la grave desigualdad que divide a los mexicanos como un objetivo primordial del que depende la consolidación del bienestar cierto y duradero para la población.
Es en el marco de este entendimiento que la expedición de las reformas, adiciones y las nuevas leyes aprobadas durante la presente Legislatura, están íntimamente relacionadas para configurar un sistema normativo que no tiene otro propósito sino el de propiciar condiciones jurídicas y sociales que aseguren la inversión y la producción como camino legítimo para la ocupación digna y remuneración equitativa del pueblo de México.
Un fenómeno sin embargo ha venido empañando a lo largo de los últimos años el gran esfuerzo que quienes amamos a México hemos venido realizando para mejorar las condiciones de vida de las generaciones venideras. El crecimiento de las actividades delictivas.
En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México entendemos la importancia de generar condiciones de empleo como vía idónea para prevenir y evitar la delincuencia que en ocasiones encuentra en la desesperación la desocupación la fuente propicia para allegarse de militantes.
Nuestra simpatía con los jóvenes de México que han migrado hacia actividades ilícitas en las condiciones relatadas, nos ha motivado a aprobar el cúmulo de iniciativas presentadas de las que depende el mejoramiento de la educación, la abolición de los monopolios, la apertura al crédito, el aprovechamiento de los recursos públicos como vía justa para lograr la más pronta y eficaz redistribución de la riqueza, pues confiamos en que todas ellas, aplicadas de manera conjunta, permitirán atraer inversiones que demanden el ímpetu, el esfuerzo y la vocación de servicio de cada uno de ellos, descarrilados por la insuficiencia de oportunidades.
Existe una delincuencia, en cambio, que no es fruto de las condiciones cíclicas de la economía, un cáncer que carcome a nuestra sociedad, que afecta el desarrollo de la juventud e impide la consolidación del arduo trabajo que todos los mexicanos llevamos a cabo para lograr la estabilidad, condición a la que está sujeto el éxito de la anhelada transformación nacional a la que me vengo refiriendo.
Hemos escuchado y sido muy sensibles con relación al más vehemente reclamo de nuestra sociedad con respecto a los enemigos de México y de los mexicanos, y hemos presentado e impulsado iniciativas que ofrecen los instrumentos para castigar con absoluta severidad a quienes con sus actos tienen realmente secuestrada la tranquilidad y la esperanza de quienes vemos en nuestros horizontes un país mejor. No queremos más secuestradores en las calles o en los senderos. Ningún levantamiento más en ningún rincón de México.
Señor procurador, recibimos con beneplácito el II Informe de gobierno del ciudadano Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, porque en el contenido que concierne al ámbito de la procuración de justicia a su cargo, observamos el mejoramiento de los índices y resultados que todos los mexicanos estamos deseando.
No echamos las campanas al vuelo; irresponsable sería pensarlo. Pero confiamos en que hemos emprendido un camino confiable sin retorno que nos permitirá recuperar la seguridad, el aliento y, con ello, nuestra truncada libertad.
Permítanme aquí, por favor, hacer una pausa porque quiero referirme a breves estadísticas que están reflejadas precisamente en el contenido del Informe, específicamente con relación al capítulo de combate a la delincuencia organizada.
Del primero de septiembre del 2013 al 31 de julio del 2014 fueron iniciadas 2 mil 425 averiguaciones previas, lo que representa un incremento del 14.3 por ciento respecto del periodo anterior.
Se determinaron 1 mil 997 indagatorias que refleja un aumento del 9,5 por ciento respecto al mismo lapso anterior.
Fue dictado auto de formal prisión a mil 630 personas que obtuvieron 171 sentencias condenatorias en ese rubro, lo que significa un incremento significativo del 34,6 por ciento respecto a lo realizado en igual periodo anterior.
Fueron condenadas 320 personas que equivale al 25, por ciento más con relación al mismo lapso anterior.
En el aseguramiento de numerario destaca el aseguramiento de 46 millones 31 mil 755 pesos que significa un incremento de 89,6 por ciento en comparación con el mismo periodo anterior; y 11 millones 319 mil 605 dólares americanos, cifra que representa un incremento del 73,9 por ciento en comparación con igual lapso anterior.
En el aseguramiento de inmuebles declarados en abandono hay un incremento de 233 por ciento con relación al periodo anterior. Las estadísticas no engañan, son datos duros.
En la búsqueda añorada de la estabilidad nacional estamos conscientes de que la legalidad y la certidumbre jurídica constituyen un ingrediente indispensable del que se nutre al crecimiento económico y la paz social.
Vivir en un Estado de derecho alude a un concepto político jurídico y social en el que destaca de manera preeminente la obligación irrenunciable del gobierno de cumplir y hacer cumplir la ley.
Es dentro del cauce del derecho que se legitima el ejercicio del poder público y se salvaguarda el orden social; y es fuera de la ley que se alumbra a la impunidad.
A pesar de cualquier progreso visible en el campo de la persecución de los delitos federales que conciernen a esta institución que usted dirige.
La sociedad demanda resultados más expeditos en la erradicación de la impunidad; prevención, más investigación científicamente sustentada, mejores acusaciones, atinada atención a las víctimas del delito, correcta reinserción del delincuente y pronta y efectiva reparación del daño. La tarea es importante y nos compete a todos.
Hemos aprobado las iniciativas de ley que han cumplido con el motivo de la reforma constitucional que cambió nuestro sistema penal, el artículo 73 para habilitar la expedición de una codificación única en materia procesal penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales en sí mismo, y la Ley General de Víctimas.
Valoramos en su dimensión precisa los esfuerzos que la presidencia de la república por conducto de la procuraduría a su cargo realizó con la Comisión de Justicia de esta Cámara para coordinar las distintas actividades que permitieron el mejor entendimiento, el estudio y análisis previo al proceso legislativo que culminó con la aprobación de los citados ordenamientos.
Confiamos en que estos, en unión de esta nueva reestructuración del organismo encargado de loa procuración de justicia debe llevarnos a encontrar el éxito en la lucha contra el crimen que ha asediado al pueblo de México y que inhibe el desarrollo de todo su potencial.
Discutiremos ávidamente las iniciativas que permitan materializar el contenido especial del marco jurídico general que ya hemos aprobado. En este afán de combatir la inseguridad, sin embargo la prisa no nos permite dejar de ser cautelosos. El ejercicio responsable de la fuerza pública nos impone el deber de respetar los derechos humanos del gobernado.
El paradigma que arroja la protección más progresista de los derechos del hombre contenido en el artículo 1o., de nuestra Constitución arroja a su cargo el enorme reto de ser escrupulosamente selectivo en la designación de los mejores hombres y mujeres para el cumplimiento de la atribución suprema de investigar y perseguir los delitos.
En este nuevo proceso creativo y de organización de la Fiscalía General de la República, confiamos en que su empeño y dedicación arrojarán los resultados de los que ya se obtienen datos en el informe que hemos analizado.
Esta Cámara recibió ya la iniciativa presidencial que atiende al mandato de la magna reforma política por la que se ha dotado de autonomía a ese organismo de procuración de justicia.
Con el mismo deseo de servir a México y de lograr el fortalecimiento indiscutible de esta institución, en la que hoy más que nunca se cifran tantas esperanzas.
Estaremos abiertos para recibir toda la información que favorezca el mejor entendimiento de la proposición y que eleve el debate parlamentario al estado que debe siempre conservar. La flexibilidad en el ámbito de la impartición de justicia alternativa en materia penal, es ofrecida por nuestra nueva codificación procesal.
La prontitud con la que se dictará sentencia en toda causa que la oralidad del juicio permite, la intervención obligada de defensores más capacitados y el profesionalismo y patriotismo con el que quienes servirán a la sociedad a través de la Fiscalía General de la República nos garantiza el respeto por la ley, permite a los diputados y diputadas que conformamos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tener la tranquilidad de saber que en la parte que a nuestro voto se refiere hicimos frente al reto que nuestra responsabilidad histórica nos ha demandado.
En esta Cámara, señor procurador, hemos construido los cimientos; es hora de edificar el México del mañana que todos esperamos. Enhorabuena y nuestros mejores deseos en esta nueva etapa, señor procurador. Muchas gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Continúa en el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Señores presidentes, compañeras y compañeros legisladores: por cierto, ayer había más gente en esta sala; era la comparecencia del secretario de comunicaciones. La diferencia es que él reparte contratos, señor procurador, y usted reparte órdenes de aprehensión. Por eso no vemos el mismo aforo.
Pero ya hablando sobre el tema que nos ocupa, en este gobierno continúa la brutal violación a los derechos humanos, las desapariciones forzadas, la tortura, persiste la figura del arraigo, a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales, a pesar de que sé que usted era partidario de derogar esta figura, pero ahí sigue ominosa la figura del arraigo, la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, prevalece la impunidad y los presos políticos, como el doctor Mireles en el estado de Michoacán.
También hay un conjunto de recomendaciones no acatadas en los hechos por parte de la dependencia a su cargo. Pero lo más grave es que mientras el titular del Ejecutivo Enrique Peña Nieto presumía el día de ayer en Nueva York la disminución de la violencia, de la inseguridad, así como los avances en la procuración de justicia, aquí en México, a plena luz del día, con total impunidad, con la permisividad, con la complicidad podría decirse, de corporaciones policiacas, grabado por cámaras que estaban colocadas en un boulevard, fue secuestrado y horas después victimado un miembro de esta Cámara, que hoy guarda descanso, el diputado Gabriel Gómez Michel.
Éste es el México real, no el de la propaganda del régimen o el de los eventos que realiza para el autoconsumo. La crisis de la guerra contra el narcotráfico no ha terminado; por el contrario, hasta el día de hoy siguen existiendo víctimas de estos delitos que ahora ni siquiera podemos conocer a través de los medios pues pareciera haber un ocultamiento mediático que, sumado a la violencia que se ejerce en contra de periodistas, ha dejado un vacío de información. No es que haya menos delincuencia que en el sexenio pasado; simplemente ahora se oculta mejor.
Las víctimas de este país no reciben ni justicia ni reparación, a pesar de ejercer los recursos legales. El pasado 11 de julio nuevamente tuvo que venir del extranjero la presión internacional de un reportaje de organismos internacionales de derechos humanos la evidencia o elementos que ponen en franca duda la versión original de la Secretaría de la Defensa Nacional frente a los hechos en el municipio de Tlatlaya en el estado de México.
Según versiones periodísticas sólidas, no fue un enfrentamiento, sino fue un fusilamiento en un paredón, en una bodega, de 25 presuntos delincuentes. Nosotros queremos, señor procurador, que se vaya a fondo en este tema. Ya lo ofreció el presidente de la república y dijo que la procuraduría iba a informar sobre esto y queremos que así sea.
Aunque presuroso, oficioso, como lo es, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que más bien parece el vocero del régimen, Raúl complascencia ya dijo que fue simplemente un enfrentamiento.
Lo que aquí decía la compañera Tapia es muy cierto, cifras van y cifras vienen con relación a los desaparecidos. Un dato fue el que dio a conocer la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales que eran más de 22 mil; sin embargo ha habido un manoseo de cifras y quisiéramos que usted nos dijera, bajo el juramento que está, cuántas personas desaparecidas tiene reportados el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Mientras estos casos de víctimas se acumulan, existen casos de delincuencia extrema, de desfachatez y de cinismo, como el caso de Servando Gómez, alias La Tuta, que aparece donde y cuando quiere, en las pantallas de televisión o en las redes sociales. La Tuta, un individuo que en los hechos ha puesto en jaque al gobierno y nosotros preguntamos, señor procurador, para cuándo van a detener a Servando Gómez, alias La Tuta. ¿Quién protege a La Tuta?
Y esta es la pregunta porque cuando hubo voluntad para ir por El Chapo Guzmán, en unos días lo agarraron, quiere decir que probablemente lo tenían ubicado.
En el caso de la tortura, el subcomité para la prevención de la tortura de las Naciones Unidas, así como el relator de las Naciones Unidas sobre el tema, han denunciado la relación en el uso de la figura del arraigo y la tortura. Quisiéramos que se pronunciara sobre este tema, porque parte de los estudios que han hecho, es que este tipo de tortura se da utilizando la figura a de la flagrancia. Y hay un informe amplio de Juan Méndez, relator de las Naciones Unidas sobre el tema, y quisiera que pudiera profundizar sobre esto.
Por último, el tema de Oceanografía. Usted estuvo en marzo pasado para hablar sobre este tema, decía que era un asunto entre particulares. ¿Sigue sosteniendo esa versión, que fue un asunto entre particulares?
Y quiero aquí, compartir con usted, una versión que en los hechos fue confirmada por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aunque él le dio cierto matiz. La versión es la siguiente, que el día 9 de julio a las 14:00 horas, en las oficinas del SAE Amado Yáñez fue presentado por el director del SAE, Héctor Orozco Fernández, con los acreedores, había representantes de los bancos mexicanos, de los bancos holandeses, tenedores de fondos, dueños de embarcaciones, y ahí fue presentado como un facilitador o asesor informal, no que esté en la nómina, como dijo Videgaray, un asesor que iba a ayudar en todos los procesos de renegociación.
Luis Videgaray lo reconoció, dijo que sí, que efectivamente fue una reunión con el SAE y con la PGR, pero que supuestamente a una invitación de un proveedor. ¿Qué nos puede decir de la reunión, señor procurador? ¿Es válido que un sujeto a proceso, que está libre bajo caución, tenga reuniones con la PGR y el SAE para negociar adeudos?
Por otro lado quisiera que nos informara ¿por qué al momento de consignar el ministerio público a su cargo calificó o consignó por un delito no grave el caso de Amado Yáñez?
Quisiera que nos pudiera comentar si esto no deriva de una negociación, un delito menor a cambio de información sobre corruptela, es un pacto de impunidad, sobre todo cuando estaba por aprobarse la reforma energética.
Cuando la PGR lo tuvo arraigado por dos períodos y la empresa fue intervenida, ¿por qué no pudieron allegarse de mayores elementos probatorios para poder consignar por un delito grave y no la burla por lo cual fue consignado. Hoy Amado Yáñez se pasea en la impunidad, vive en el Hotel Aqua, en la zona de mayor plusvalía de la Ciudad de México, y francamente no va a pasar nada. Ya le regresaron la posibilidad de celebrar contratos con Pemex a Oceanografía; es decir, la total impunidad.
¿Qué ha pasado con Mario Ávila? ¿Con Carlos Morales? ¿Con José Luis Fong? Con Sergio Aceves? Y también, aprovechando el viaje, quisiera que nos dijera qué estado guarda la orden de búsqueda y localización de Gastón Azcárraga.
Voy a concluir, presidente. Y después podríamos hablar en otro turno, porque va la diputada Huidobro en la siguiente, sobre algunas denuncias que hemos presentado y que guardan el sueño de los justos, denuncias del de la voz y otros legisladores que hemos presentado sobre diversos aspectos relacionados con delitos electorales, delitos cometidos por servidores públicos y también por uso indebido de atribuciones, la última sobre Siemens. Todavía no nos llaman a ratificar, pero es una denuncia contra el jurídico de Petróleos Mexicanos por el uso indebido de atribuciones. Es cuanto. Y muchas gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene la palabra ahora la diputada Lilia Aguilar Gil, del PT.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Muy buenas tardes y sea usted bienvenido, señor procurador. Me hubiese gustado darle la bienvenida desde este pódium, pero consideraron que nosotros éramos demasiado peligro y nos dejaron acá abajo. Entonces, no están las fuerzas políticas representadas en el presídium, pero desde aquí le damos la bienvenida.
Señor procurador, hace ocho años el gobierno de Felipe Calderón –y lo he sostenido así– nos metió en el peor problema de seguridad en la historia del país. A pesar de que el gobierno de Calderón presume haber atrapado 25 de los 37 criminales más buscados no se puede negar que la evidente escala de violencia y muerte no se detuvo en ningún momento en aquella administración y, como ya se ha dicho reiteradamente en este espacio, pareciera que tampoco en este sexenio.
Ahora con este actual gobierno el presidente Peña Nieto ha prometido que esto va a cambiar, pero nosotros sostenemos que a dos años de gobierno el cambio no es perceptible por no decir que no ha cambiado nada. Los problemas de fondo, señor procurador, nosotros creemos que no se reducen, sino que se diversifican. Y el problema de la inseguridad solamente cambió en la estrategia mediática y en la estrategia en la que se dan a conocer las cifras y en la que no se habla con claridad de los asuntos.
El saldo político de estos dos años es de una preocupación doble, la falta de certeza en la aplicación de justicia y un halo de autoritarismo e impunidad. El caso claro es el que se suscitó en la comunidad de San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya, estado de México, el 30 de junio de 2014, donde elementos del Ejército mexicano ejecutaron –y lo digo con todas sus letras– a 21 presuntos delincuentes.
Usted y yo sabemos que el objetivo del Estado, señor procurador, no es el de castigar a las personas y tampoco ése es el objetivo de la procuración y la impartición de justicia. Creo que tampoco, y mucho menos, el de ejecutarlos.
Aunque el presidente de la República dijo que la PGR ahondará en la investigación el hecho no solamente es preocupante, y por eso lo mencionamos, sino que pareciera el augurio de viejos tiempos de impunidad, de abusos y de violaciones de derechos humanos. Y aunque no hay resultados los indicios de la ejecución estarán como un fantasma de esta administración.
Y por eso considero pertinente preguntarle, señor procurador, cuánto tiempo cree usted que tendrá los elementos suficientes para dar respuesta a la ejecución de 21 personas cuando en otros casos en 88 días se le ha dado resultado a persecuciones que parecieran más importantes.
No hablaría de justicia selectiva, por no utilizar un término ya usado en este espacio, sino diría investigaciones, unas más rápidas y otras menos importantes.
Lo pregunto, porque en lo que va de esta administración –y este dato usted lo tiene– Human Rights Watch denunció que en lo que va de esta administración 628 civiles han muerto en enfrentamientos con militares.
Permítame abordar otro tema que nosotros consideramos que es no solamente estructural, sino icónico de lo que está sucediendo en este país. El lamentable deceso de nuestro compañero Gabriel Gómez Michel, que desapareció y fue desgraciadamente encontrado muerto apenas el día de ayer.
Estoy convencida de que quien ataca a un diputado ataca a la institución. Con eso dicho, le pregunto, ¿qué es lo que nos dice esta desaparición y qué es lo que nos dice este hecho? ¿Qué certeza hay, no solamente sobre el ejercicio público, sino sobre la vida de las personas?
Aunque la Fiscalía de Jalisco ha declarado que no existen líneas de investigación claras, el asesinato de ningún mexicano puede quedar impune. Me uno a la exigencia de que tengamos una pronta resolución de este problema.
Otro caso icónico es el tema de Michoacán. El tema de Michoacán, que es el ejemplo claro de un Estado superado por el crimen, para no utilizar las palabras que utilizó Condoleezza Rice, para describir al gobierno de Calderón, al que llamó un Estado fallido. Donde el cambio de gobierno, señor procurador, no ha sido suficiente –y lo digo con mucho respeto– Pareciera que la Tuta y sus grabaciones dominan al Estado.
La pregunta concreta en este tema es, ¿por qué no se ha logrado la pacificación de Michoacán? ¿Por qué no se ha reinstalado el Estado de derecho? ¿Y por qué la aplicación de justicia más rápida y más lenta, específicamente en la detención del doctor Mireles y su cerco mediático? ¿Por qué no se ha detenido a la Tuta?
Que nos diera usted su diagnóstico de los otros michoacanes que ahora están surgiendo, como es el caso del estado de México y el estado de Morelos.
Señor procurador, el uso del poder para chantajear, intimidar, amenazar pareciera que se está reinstalando con una característica intrínseca al régimen autoritario, con figuras jurídicas que están listas para ser despertadas, como la del arraigo. Pero sobre todo en el propio cambio y diseño de lo que ustedes hicieron de la administración pública, por ejemplo, al pasar la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación. La impunidad y la corrupción pareciera que regresan con fuerza.
En lo que va de su gestión la procuración de justicia pareciera que sigue siendo precaria. Porque solamente –y este dato usted lo conoce– 2.8 de cada 10 averiguaciones previas se concluyen en esta administración. Las cifras muestran que la PGR de enero de 2013 hasta julio de este año se han iniciado 165 mil 518 averiguaciones previas, pero solamente 28 por ciento terminan en una consignación.
Derivado de estas cifras le preguntaría si usted realmente considera que están siendo eficaces y eficientes en la procuración de justicia. Pero sobre todo viendo al futuro y debido a su intervención inicial, le pregunto, ¿qué ha hecho la PGR, más allá de los números para eficientar la procuración de justicia, frente al nuevo sistema de justicia penal? Del que, por cierto, no tenemos claridad en su aplicación y, sobre todo, se lo pregunto con todas sus letras, ¿qué garantías de independencia y eficiencia habrá de esta nueva fiscalía, que tanto se ha hablado en esta comparecencia, si no podemos ver los vestigios de la autonomía en la propia PGR?
Según el gobierno federal en la actual gestión se busca disminuir la impunidad con la sustitución de viejas prácticas y métodos, pero le confieso que la autonomía de dicha fiscalía adquiere un carácter sui géneris en el momento en que el titular del Ejecutivo podrá remover a quien será el fiscal de la nación.
Y hablando de impunidad y de corrupción -y con esto cierro-, con los dos casos icónicos de impunidad y la corrupción en este país. Oceanografía, primero, y el reciente caso de Grupo México.
En el caso de Oceanografía, yo repetiré las preguntas que ya alguna vez le hicieron, ¿qué es y cuántos detenidos hay en el caso de Oceanografía? Y por qué este proceso, a modo que ya ha explicado el diputado Mejía en esta comparecencia, ¿por qué no acusar a Amado Yáñez por el total del desfalco, que sí lo hicieron con tres empleados del banco y que sí lo hicieron con su socio, que hoy ya tienen órdenes de aprehensión?
El caso del Grupo México -y con esto concluyo, señor presidente-, yo simplemente diría, este abuso ecológico que ha causado Grupo México y que es evidente para todos nosotros, pareciera que no va a ser castigado, no solamente por las autoridades administrativas, sino por la PGR.
Ya hay una denuncia presentada por la Profepa y a mí me gustaría saber cuándo y hasta cuándo vamos a tener resultados sobre esto, uno de los delitos ecocidas más grandes que ha existido en este país y evidentemente el más importante en la historia de la minería de México. Muchas gracias, señor procurador.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Vamos a escuchar el último posicionamiento, que es el de la diputada Sonia Rincón Chanona.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Diputados presidentes de las Comisiones Unidas a esta comparecencia. Señor procurador general de la República, licenciado Jesús Murillo Karam, sea usted bienvenido.
En la construcción del Estado de derecho democrático, el acceso a la justicia se convierte en un factor fundamental, debido a que un Estado no puede decirse democrático si no es justo. Las reformas estructurales que hemos aprobado en esta legislatura, esperando impulsar el desarrollo económico, político y social de nuestro país, resultarán ineficaces si no atendemos los aspectos que impiden un acceso a la justicia pronta y expedita.
El anhelo de justicia es un tema que a todos nos concierne y, sobre todo, nos preocupa. Pareciera que la impunidad es la normalidad en esta materia, estamos acostumbrados a no denunciar los delitos, porque partimos de la idea de que no habrá consecuencias jurídicas. No podemos ser insensibles a uno de los más sentidos clamores de la sociedad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública de 2013, publicada por el Inegi, el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa en nuestro país, durante ese año, fue de 92.1 por ciento, lo que se conoce como cifra negra. Esto quiere decir, que de 100 delitos cometidos, excluyendo delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de indocumentados, más de 92 no se denuncian.
Ahora bien, según la misma encuesta, los motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar, son circunstancias atribuibles a la autoridad, como considerar la denuncia como una pérdida de tiempo y la desconfianza en las autoridades con un 61 punto 9 por ciento de los encuestados.
Las cifras que he mencionado son síntomas de un sistema que muestra poca efectividad en materia de justicia. Según su propio programa nacional, la percepción de la procuración de justicia por parte de la sociedad es disfuncional, ineficiente y poco confiable, lo que origina el bajo interés por parte de la ciudadanía para acercarse a las instituciones de procuración de justicia.
Debemos señalar que un sector importante de la ciudadanía lo considera poco útil por la desconfianza en las autoridades, por los altos costos que implica o por resultar contraproducente para las víctimas.
Esta última afirmación nos llama poderosamente la atención porque la víctima del delito se siente doblemente afectada si es que llega a denunciar.
Con esto no estoy afirmando que el Poder Ejecutivo será inconsecuente con esta preocupación. Por el contrario, en el informe existen elementos que muestran los esfuerzos que han emprendido la dependencia a su cargo para implementar el nuevo sistema penal acusatorio que ha sido una labor compartida con el Poder Legislativo.
En este sentido los procuradores hemos cumplido, al aprobar el marco normativo que sustenta el nuevo sistema penal acusatorio, tanto con la reforma a la fracción XXI del artículo 73 constitucional como al aprobar el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Mismo que fue publicado el pasado 5 de marzo.
La meta es, para el 18 de junio de 2016 entra en vigor en todo el país. Sin embargo, como nos lo hace saber el informe, aún se encuentra en construcción lo que será la norma sustantiva en materia penal. Consideramos que esta iniciativa debe presentarse con toda celeridad a fin de estudiarla a profundidad y contar con un sistema penal integral de forma simultánea.
Otro factor que contribuye a la impunidad es que cuando se presenta la denuncia la capacidad de acción de la autoridad deja mucho qué desear. Las cifras no son alentadoras, ya que las tasas de efectividad de los ministerios públicos son sumamente bajas. Esta realidad usted la conoce bien. No necesito enfatizarla pero es imperativo que además de los esfuerzos que señala en su informe se haga una vinculación con lo que ocurre a nivel local, y que el sistema de justicia que se ha formado empiece a dar resultados.
Es imperativo, además de fomentar la cultura de la denuncia, fortalecer los mecanismos de protección de los derechos humanos de las víctimas. Resulta inadmisible que por negligencia de los ministerios públicos al momento de integrar la averiguación previa, o incluso por la corrupción que aún está presente en estas instancias, los presuntos delincuentes no sean sentenciados para que paguen o reparen el daño social que han provocado.
Para ello es indispensable la coordinación plena entre las corporaciones de seguridad pública y los ministerios públicos, a fin de que los jueces tengan los elementos suficientes y apegados al debido proceso para emitir las sanciones establecidas en la ley.
Resulta alarmante que el 68 por ciento de las denuncias, según cifras de su institución, llegan a averiguación previa y, de éstas, sólo el 35 por ciento deriva en una consignación. Es decir, el crimen queda sin castigo en la mayoría de los casos.
Finalmente en lo que respecta a la transformación de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General como organismo público autónomo, aún surgen muchas interrogantes.
Si bien como señala en su informe ya existe un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación por el que se crea la Fiscalía Especial en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción –le pido presidente, que me permita, porque todos mis compañeros y compañeras que me han antecedido en el uso de la palabra, han sido tolerantes. Por favor, presidente-, es necesario ser más claros con la población a fin de que estas reformas no sean las más cercanas y con acciones contundentes. Sólo de esa forma se podrá empezar a cambiar la percepción que tienen los ciudadanos con respecto a las autoridades.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tenemos el firme compromiso de acompañar y enriquecer las iniciativas que conduzcan a una mejor forma de ejercer la justicia para los ciudadanos. Que la ciudadanía tenga la seguridad que haremos lo posible para coadyuvar a integrar un sistema más eficaz de procuración de justicia cercano a las víctimas y que contribuya a disminuir los índices de delincuencia, que son el factor primordial limitante del desarrollo del pueblo mexicano. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Muchísimas gracias, diputada. Compañeras y compañeros legisladores. El desahogo de los posicionamientos de cada uno de los partidos políticos que hemos escuchado, indudablemente que no sólo ha sido eso, un posicionamiento. En muchos de los casos ha habido cuestionamientos al procurador general de la República. En este espacio de posicionamientos naturalmente que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política no permite un espacio de respuesta a estas preguntas que muchos de ustedes han hecho.
Sé que el procurador general de la República tiene un respeto absoluto por el Poder Legislativo del que forma parte. En ese sentido quiero dejar aclarada esta circunstancia, además de señalar que creo mi responsabilidad poner en conocimiento de la propia Junta de Coordinación Política que esta primera ronda de posicionamientos ha provocado algunos cuestionamientos que en consideración a la división de poderes debiésemos permitir que se convirtiera también en una ronda de preguntas y respuestas, y no solamente en una ronda de posicionamientos. Lo dejo así establecido.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Decretaremos un receso de tres minutos para regresar luego a la primera ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
(Receso)
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Compañeros, reanudamos la reunión de trabajo, la comparecencia. Voy a dar los nombres de quienes van a intervenir en la primera ronda de preguntas, que tendrán hasta cinco minutos para realizar las preguntas, y les pido de la manera más atenta a quienes lo vayan a hacer, que seamos muy puntuales en nuestro tiempo. Ahora mismo que tuvimos los posicionamientos, cada una de las intervenciones además de los siete minutos que teníamos por el Reglamento, se pasaron dos minutos cada uno de los oradores. Les solicito que seamos muy puntuales en nuestras intervenciones, que en primer término será la diputada Miriam Cárdenas Cantú, inmediatamente el diputado Jorge Sotomayor Chávez, después la diputada Alfa González Magallanes, el diputado Felipe Camarena, la diputada Zuleyma Huidobro González, la diputada Lilia Aguilar, y la diputada Lucila Garfias. Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Miriam Cárdenas Cantú.
La diputada Miriam Cárdenas Cantú: Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Señor procurador, voy a ser muy breve, no voy a hacer uso de mis cinco minutos. Voy a hacer específicamente dos preguntas señor procurador.
Lo primero que voy a decir es lo siguiente: la migración de niñas, niños y adolescentes no acompañados, es uno de los temas que a las y a los legisladores del grupo al que pertenezco, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nos preocupa y ocupa, por eso hemos realizado algunas acciones legislativas para poder coadyuvar en la solución de esta problemática que consideramos es de gravedad.
Sabemos también que se trata de un asunto al que el gobierno de la república ha dado especial atención, por lo que en este tema yo quisiera, señor procurador, que usted nos ampliara la información y concretamente le pregunto:
¿Cuáles son las acciones que la Procuraduría General de la República ha impulsado, realizado, a favor de abatir los crímenes de que son víctima las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que transitan por nuestro país o bien que son deportados a su lugar de origen desde tierra estadounidense?
Y si me lo permite, señor procurador, quisiera aprovechar para hacer una segunda pregunta, que es un tema que ocupa a la Comisión de Derechos Humanos, la cual presido, y en lo personal me interesa, que es el de las personas desaparecidas, y específicamente la pregunta es: Qué se tiene pensado para poder desasociar la información y poder distinguir a aquellas personas desaparecidas por desaparición forzada, de aquella que se conoce en la comunidad internacional como desaparición involuntaria, que es muy distinta y tiene características si bien comunes en cuanto a la sustracción de una persona, a la privación de su libertad en forma ilegal y el ocultamiento de su paradero, es muy diferente quien la realiza. En un caso la desaparición forzada se realiza por agentes del Estado, pero en la desaparición involuntaria, que no es un término que a mí me parezca muy apropiado, es una persona distinta a una organización delictiva distinta la que realiza la desaparición de las personas y me parece importantísimo poder distinguir la información y tenerla clara. Es cuanto, muchas gracias.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene usted la palabra, señor procurador, hasta por cinco minutos.
El procurador Jesús Murillo Karam: Muchas gracias. Ésta es la comparecencia de los señores diputados ante el procurador. Bueno, era al revés, pero realmente es la primera vez que entro a la tribuna, o sea que comparecieron ante mí; les agradezco muchísimo.
Me hubiera gustado contestar muchos de los planteamientos que se hicieron en los posicionamientos, pero casi estoy seguro de que me los van a repetir y entonces iré contestándolos conforme se vayan dando.
En el caso de la pregunta de usted respecto de los desaparecidos, totalmente comparto con usted el planteamiento. El término correcto es no localizados y en los no localizados puede haber desaparición forzada, puede haber desaparición y puede haber otro tipo de cuestiones.
Dar cifras de algo que tiene un enorme movimiento como éste conduce a que surjan las confusiones. La cifra que se dio originalmente es la cifra que se tenía en la procuraduría que habían reportado las procuradurías locales de cuántas denuncias tenían de no localizados, para decirlo en el término correcto.
Esta cifra nunca se depuró, nunca. Cuando salió la primera cifra apareció una cifra muy grande, nos dimos cuenta del problema, empezamos a trabajar, se creó una comisión de desaparecidos, indebidamente y después la cambiamos, pero realmente mantenemos un grupo para los que sí sabemos que son desaparecidos y desde luego toda la función de la procuraduría está enfocada a lo que serían las desapariciones forzadas, que por fortuna son muy pocas, muy pocas.
Qué significa esto. Significa que con el simple hecho de depurar las informaciones de procuradurías por las mismas procuradurías la cifra disminuyó enormemente porque entre las personas que se había denunciado que no aparecían se hizo a veces la simple pregunta de cómo iba y dicen: ya llegó, ya lo encontramos, ya apareció, se fue de migrante. Y disminuyó la cifra.
Pero las denuncias de nuevos no aparecidos, no localizados generan que se incremente. Si usted me pregunta la cifra al día y como protesté decir la verdad prefiero no decirla porque si me equivoco con uno ya dije una mentira y ya falle a la protesta. En consecuencia, no me voy a meter en problemas, pero las cifras están ya en una página de la procuraduría en donde pueden ustedes consultarlas.
El grupo de desaparecidos es un grupo de quienes sí sabemos que no pueden ser únicamente una cuestión de no localizados por los antecedentes o los precedentes que hay. Para eso se instauró una comisión que recibe prácticamente todos los días, atiende prácticamente todos los días y el procurador se reúne con ellos por lo menos cada mes para ir analizando caso por caso y para ir viendo qué se puede hacer y qué avances se dan. Por lo menos cada mes. Esta es, en consecuencia, la situación clarísima que usted bien señala.
En cuanto a la migración de niños, más que qué ha hecho la procuraduría porque es muy poco lo que puede hacer, es lo que ha hecho el Estado. Estamos regulando el ingreso de migrantes, simplemente saber quiénes son.
La posición nuestra es muy clara. Se la planteamos. Ustedes recordarán que hace muy poco tiempo nos reunimos aquí en México con el procurador de los Estados Unidos, el fiscal de Guatemala, el fiscal de El Salvador y el fiscal de Honduras.
El planteamiento nuestro, el de México, fue muy claro. Primero, para nosotros los migrantes no son criminales, menos que nadie puede decirlo un nieto de migrantes a cuyos abuelos acogieron en este país con todas las posibilidades, con todos los medios y menos podría decir o criminalizar a un migrante. Primer punto, fundamental, no penalizar a los migrantes.
El segundo punto y fue acuerdo de los procuradores, de los cinco, del de Estados Unidos, el de Guatemala, el de Honduras, el de El Salvador y su servidor, que en este problema por lo menos lo que había que atender, y esto me parece que fue muy importante porque fue acuerdo generalizado, era el no dividir a las familias.
Es decir, que estos menores que estuvieran separados de sus padres, tuvieran un trato distinto de los demás. Y el siguiente punto fue la protección total y absoluta de los derechos humanos de estos niños. Esto es en cuanto a la migración.
¿Qué es lo que está sucediendo? En este momento me dice usted, para mejorar esta situación. Primero, volvemos al problema de replantear ante los funcionarios del gobierno las funciones. Si entendemos la migración como un fenómeno natural en el mundo, yo diría incluso, hasta enriquecedor para los países, podemos entender que el trato que tenemos que darle al migrante tiene que ser un trato no sólo humano, no sólo digno, sino también la igualdad de oportunidades que la Constitución prevé para los mexicanos y para quien pise suelo. Esa es nuestra posición.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, procurador, y gracias a la diputada Miriam Cárdenas por la puntualidad en el uso del tiempo y respeto a los demás. De nueva cuenta tiene la palabra la diputa Miriam Cárdenas, por tres minutos.
La diputada Miriam Cárdenas Cantú (desde curul): Declino.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Perfecto. Gracias, diputada.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Sotomayor Chávez, por cinco minutos.
El diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez: Muchas gracias, diputados presidentes. Compañeros legisladores, procurador Jesús Murillo Karam, sea usted bienvenido.
Durante la administración anterior, hay que reconocerlo, en materia de impartición de justicia y combate a la corrupción, se cometieron errores y abusos. Su servidor reconoce la buena intención de la actual administración. Desafortunadamente con discursos y con el cambio de nombre a las instituciones, no se resolverán los problemas de México.
Todos conocemos las deficiencias en la PGR y las procuradurías estatales, así como el del Distrito Federal. Esto no es nada nuevo. Señor procurador, en la historia de la PGR hay 551 denuncias de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. Es decir, 310 de la primera y 241 de la segunda.
De este universo, la procuraduría a su cargo reconoció solamente la existencia de cuatro denuncias con seis funcionarios sentenciados. Lo anterior nos da como resultado que las denuncias por actos de corrupción presentadas por empresarios, ciudadanos, e inclusive legisladores contra funcionarios, sólo se estimula la investigación de la PGR, terminando todas en impunidad. Lo anterior suponiendo que todas fuesen atendidas.
La pregunta que le hago es: ¿qué hará usted para que realmente se investiguen y se atiendan todas las denuncias, sin distinción alguna, para combatir la corrupción?
En materia de transparencia la PGR es una de las dependencias con mayor opacidad y de las que se niega a cumplir con las resoluciones que emite el IFAI, por lo que los diputados de esta honorable Cámara de Diputados respetuosamente le preguntamos: ¿qué acciones está realizando para cambiar esta situación?
La PGR combate la delincuencia organizada tratándose de los templarios o los narcotraficantes. Sin embargo, cuando en las dependencias los oficiales mayores con los funcionarios encargados de compras operan licitaciones dirigidas a los amigos del titular, obviamente con sobreprecios, para la PGR estos no son delincuentes organizados, todo lo contrario, gozan de impunidad.
Lo anterior a pesar de que se generan operaciones de lavado de dinero multimillonario para cobrar obviamente la mordida, es decir, el cohecho. ¿Qué instrucciones dará al respecto, para que esto deje de suceder?
En otro tema, Pemex reporta miles de millones de pesos en robo de combustible al año, con la pérdida que obviamente esto representa para el erario, le pregunto: ¿Cuántos dueños de gasolineras están hoy en la cárcel?
Lo más lamentable es que los errores en la PGR se siguen dando y son tan graves como la investigación actual contra la reportera de la revista Proceso, Anabel Hernández, a quien se le investiga por realizar un reportaje en el que exhibe un acta de nacimiento y una de matrimonio que demuestran la fabricación de pruebas falsas de ADN por la PGR.
El secretario Luis Videgaray declaró hace algunos días que la PGR irá contra los evasores fiscales. Esperamos que esta historia no se repita sólo con detenciones de artistas o empresarios deudores, sino que se aplique sin distinción tanto a funcionarios corruptos y además delincuentes.
Señor procurador, los diputados del PAN le solicitamos nos informe detalladamente sobre las denuncias presentadas y el estatus que tiene cada una de éstas respecto a la captura de Javier Villarreal, ex tesorero de Coahuila, toda vez que el gobierno de los Estados Unidos lo capturó e incautó millones de dólares. Y él confesó que estos son ilícitos, por lo que al respecto le pido que nos informe por qué la Procuraduría no ha hecho nada al respecto.
Y díganos si están colaborando con el gobierno de los Estados Unidos en la captura del ciudadano Jorge Torres, gobernador interino en el periodo de Moreira, y si existe alguna averiguación previa o investigación del propio ex gobernador Humberto Moreira Valdés. En caso de no tener acciones concretas le pido que nos explique por qué estas tareas las tiene que realizar un gobierno extranjero y no directamente la PGR que usted encabeza.
Por último, me gustaría comentarle que hace algunos días su servidor ha presentado denuncias ante la PGR por un fraude muy grande, la línea 12 del Metro, en la que se erogaron 14 mil 500 millones de recursos federales. Sabemos que son 500 mil usuarios afectados diariamente, que hay más de 350 familias con viviendas afectadas y predios no indemnizados; y que el ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Mario Delgado, hoy senador, nos endeudó por 22 mil millones de pesos al rentar trenes que son incompatibles de la marca CAF, que además demuestran un evidente sobreprecio de mil millones de dólares. Lo anterior a través de una asignación directa derivada de un estudio de mercado con información falsa para que ganara la empresa española.
El de la voz, como le indico, ya ha hecho lo propio. Señor procurador, aquí estamos los diputados para que juntos podamos trabajar y cambiar la situación de este país. Por sus respuestas muchas gracias.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, diputado.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene usted la palabra. Si quiere usted hacerlo desde aquí mismo tiene la palabra, señor procurador, hasta por cinco minutos.
El procurador Jesús Murillo Karam: Lo primero que quisiera dejar claro, porque cada vez que manejamos las estadísticas en la forma en la que las manejamos me preocupan, en la mayor parte de los países del mundo –si ustedes lo revisan– van a encontrar porcentajes bajísimos entre la denuncia, la consignación y la sentencia, por una razón simple, no todo lo que se denuncia es delito. Decir que se metieron 100 denuncias y solamente se atendieron 10 y que eso significa el 90 por ciento, sería suponer que las 100 denuncias que se interpusieron eran delito, lo cual no es cierto. Es más, déjenme decirles, la mayor parte de las denuncias que se interponen no constituyen delito, la mayor parte.
Sin embargo, lo cierto es que mucho de lo que se ha dicho aquí, en cuanto a los resultados del CEM es cierto, funciona muy mal. Y funciona muy mal, porque funciona mal desde su esencia. Precisamente por eso quienes éramos legisladores en el anterior periodo modificamos la ley y planteamos ocho años para empezar un nuevo procedimiento, que es el que estamos implementando.
Con toda la franqueza del mundo, tengo que decirlo, cinco años después, cuando me toca llegar a la Procuraduría la implementación iba muy lenta, estaban mucho más adelantados los estados que la federación, y en este periodo de dos años hemos venido haciendo todo lo que tenía que hacerse para implementar el nuevo sistema en la mayor parte de los estados, apenas vamos a empezar con dos, a aprender de esos dos y de inmediato irnos de lleno sobre los demás. Por eso hablaba al principio de la necesidad de crear ese instituto de formación profesional, que es el que nos va a permitir actuar más rápido y funcionar más rápido para hacerlo.
La confianza, la esperanza –diría yo– es que con este nuevo sistema se resuelvan muchas de las cosas de las que ustedes aquí han planteado y que tienen razón. Tan tienen razón que lo dije en la Cámara cuando estábamos replanteando el sistema. Tan tienen razón que, bueno, nosotros estamos actuando prácticamente en los mismos términos y con la misma Procuraduría que había, porque estamos esperando implementar la nueva.
Si ustedes ven la estructura de la Procuraduría verán que hay huecos, porque se me hace que sería absurdo llenarlos para un mes o dos meses lo que ustedes se vayan a tardar en aprobar la Ley Orgánica, que será la que nos modifique el estatus de Procuraduría a Fiscalía, pero no creo que se tarden mucho –espero– y, en consecuencia, estoy mejor esperando para no hacer un cambio y luego hacer otro dentro de dos meses.
Implementar el nuevo sistema implica algo que en algunas de las cuestiones –de las muchas, porque hicieron muchas cuestiones antes de que pudiera hablar– señalaban entre otras, por ejemplo, dicen: ¿por qué no consignan a todos? Porque lo peor de un sistema penal es consignar a todos. Es exactamente lo que no se debe hacer.
Un buen sistema penal es aquel que castiga al que merece una pena corporal y que se reduce a la situación que los propios códigos señalan cuando debe darse. Ese es un sistema humanista y ese es el que estamos buscando.
Plantear mete a la cárcel a todos se llama autoritarismo; entonces, porque aquí me está acusando de autoritarismo, pues resultan más autoritarios cuando plantean una cosa de esta naturaleza. Nosotros somos humanistas en ese sentido y estamos buscando un sistema humanista.
Me ponen el ejemplo de Oceanografía. De veras, me da la impresión de que nunca me oyeron. Primer punto claro, lo dije la vez pasada, lo he repetido y se lo repito, señor diputado: es un asunto entre particulares, por eso no es grave. Es un asunto en el que el daño se pagó.
No sé si este señor estuvo o no en el SAE, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea, no soy el SAE. Lo que sí sé es que no es dueño de Oceanografía, porque lo primero que se hizo fue quitársela para evitar de que pasara lo de Mexicana, para evitar que 11 mil trabajadores y sus familias se quedaran en la calle, para evitar que me contaminara la Caja Libertad, de la cual era socio, en donde hay un millón 200 mil ahorradores de pocos recursos.
Si simplemente hubiera actuado como usted me lo plantea, si simplemente en un arrebato de disque justicia, simplemente lo meto a la cárcel por delitos graves, ahorita tendría impugnaciones, estaría amparado, no hubiéramos podido arrebatar Oceanografía, se hubiera amparado Pemex, 11 mil familias no tendrían trabajo y un millón 200 mil ahorradores tendrían un problema muy serio. Eso es justicia, esa sí es justicia, no demagogia.
Luego, me decía usted del robo de combustible. No, no voy a meter a cualquier gasolinero a la cárcel, tengo que meter a los que roban la gasolina y después los obligan a comprársela, que eso es lo que está sucediendo y eso es lo que estamos combatiendo. En los últimos dos meses hemos detenido una cantidad enorme, enorme en comparación, porque también es muy baja en cuanto al número de gentes que están en ese tema de robo de combustible. Y no tengo ninguna denuncia contra la señora Anabel Hernández, por el contrario, estamos colaborando con el Distrito Federal, de su seguridad.
Denuncia sobre la captura de Villarreal. Es un asunto en el que hasta este momento no se ha detectado que estén incluidos bienes federales, son del Estado, lo tiene la Procuraduría del Estado, y es el mismo caso en la línea 12, cuando en el momento que el Distrito Federal nos diga que tiene detectado que se usó dinero federal, en ese momento intervendremos.
Yo entiendo a la Procuraduría de una manera distinta. La Procuraduría tiene la obligación de buscar justicia, no es una ejecutora de sanciones penales, a como ven, a como vengan, a como sucedan.
Yo creo que el procurador tiene la obligación de ver las consecuencias de sus actos. Si yo hubiera actuado arrebatadamente, hubiera hecho mucho más daño que el que hubiera resuelto, y para mí es esencial la justicia. No sé si con esto le di respuesta a todas sus preguntas.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Gracias, procurador.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene la palabra por tres minutos el diputado Ramón Sampayo.
El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz: Muy buenas tardes, señor procurador, muchísimas gracias por asistir a esta comparecencia. Señores integrantes del presídium, muchísimas gracias.
El gobierno de la república reconoce de manera expresa que desde el inicio de la actual administración México ha enfrentado graves problemas de seguridad pública, caracterizados por una generalizada manifestación de violencia y delincuencia, que generan altos costos económicos y sociales.
Pero dos años de gestión de este gobierno pretende convencernos por medio de un cúmulo de spot y cuentas alegres que ha cumplido en materia de seguridad. Cifras oficiales y estudios de opinión pública, indican que el fenómeno delincuencial se ha desbordado en los últimos meses y que las acciones gubernamentales para combatirlo han sido ineficientes.
Un compromiso incumplido por el señor presidente, quien en campaña aseguró que el problema de seguridad pública se resolvía con tan sólo cambiar las estrategias en materia, criticando y señalando la anterior administración del presidente Calderón.
Escenas de ejecuciones, hallazgos de cadáveres, intimidaciones públicas de grupos criminales, extorsiones policiacas y balaceras, son hechos que solían vincularse exclusivamente con la realidad de diversos puntos en el norte del país, pero ahora se han replicado en el estado de México y continúan en el norte del país.
Señor procurador, a nombre del Congreso de la Unión, le manifiesto que no ha cumplido la Procuraduría en la atención a proposiciones con punto de acuerdo, entre otros, el aprobado por la Comisión Permanente el 31 de julio de 2013, mediante el cual se le exhortó a usted y al secretario de Hacienda y Crédito Público a realizar las acciones preventivas y, en su caso, las investigaciones correspondientes a las operaciones financieras y económicas de los líderes sindicales de nuestro país.
Tampoco se cumplió con el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del 7 de agosto de 2013, mediante el cual se le exhortó a usted y a los titulares de las procuradurías de justicia de las entidades federativas a reforzar las acciones realizadas, derivadas de las denuncias, y llevar a cabo las investigaciones pertinentes para que sean consignados los responsables de la empresa Chamba México Agencia de Empleos, o Chamba México, Sociedad Anónima, por la presunta comisión de delito de fraude y demás delitos que se terminan afectando a miles de personas en el país. ¿Cuál es la razón de la omisión de estos puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente?
Asimismo, en junio y julio del año pasado, el Grupo Parlamentario del PAN le solicitó a usted, nos informara de la situación respecto a los policías federales ministeriales, que de manera sistemática emprendían acciones de revisiones arbitrarias, en donde sin ningún respeto a los protocolos internacionales, numerosas personas eran obligadas a descender de los autobuses en los que viajaban, para ser cateados por las presuntas madrinas de la misma policía, quienes les robaban sus bienes a esas personas y los amenazaban para no presentar las denuncias correspondientes.
Estos hechos se presentaron principalmente en los estados de Nuevo León, Aguascalientes y Morelos, por lo que le pedimos respetuosamente nos explique qué es lo que se hizo o se está haciendo al respecto.
Le pedimos también, señor procurador, nos informe que la PGR ha estado llevando a cabo con respecto a la reciente matanza en Tlatlaya, estado de México. Queremos saber si dicho enfrentamiento fue una ejecución premeditada o equivocación o un enfrentamiento derivado de acciones de investigación.
Y por último, señor procurador, ayer nos enteramos del cobarde asesinato de dos ciudadanos, un empleado y el otro, compañero diputado federal. Ha habido varios casos que han sido atraídos por la Procuraduría General de la República por ser escándalos mediáticos y que desafortunadamente terminan en el olvido.
Le pedimos a nombre de todos los diputados de esta honorable Cámara de Diputados que este caso no sea más de los archivados. Muchísimas gracias, señor procurador.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, diputado Sampayo.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene la palabra la diputada Alfa González Magallanes. Dónde está, diputada. Adelante, no te había visto.
La diputada Alfa Eliana González Magallanes: Muy buenas tardes. Bienvenido, señor procurador. Lamentablemente y como todos sabemos, la violencia ha sido una constante característica tanto del sexenio del ex presidente Felipe Calderón, quien en su declaración de guerra contra el narcotráfico dejó enlutados a más de 100 mil hogares.
Como del actual gobierno emanado del PRI, que a pesar de sus líneas discursivas de los últimos meses, en el sentido de que la violencia ha sido combatida de forma eficaz, no ha logrado que la realidad en las ciudades ligadas con el crimen organizado y con los delitos de alto impacto cambie.
Como parte de este discurso, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto declaró en el Foro de Davos, en enero del año pasado que, y cito textual: “ha habido una disminución real en el número de homicidios que se cometen en nuestro país. Una disminución de prácticamente 30 por ciento de homicidios vinculados al crimen organizado, lo cual nos resulta alentador”. Fin de la cita.
Sin embargo, hace tres semanas el diario Zeta documentó de forma amplia que en los primeros veinte meses de este gobierno la cifra de homicidios dolosos es superior al mismo periodo del sexenio anterior.
Las cifras apuntan un escenario distinto a lo señalado por el presidente de la República. Por ejemplo, de acuerdo con el sistema nacional de seguridad pública, durante los primeros meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2014 se registraron 57 mil 899 averiguaciones previas por homicidios doloso y culposo.
Mientras que en contraparte en el mismo periodo del sexenio del panista Felipe Calderón la suma fue de 43 mil 694.
La diferencia entre ambas cifras arroja que el actual gobierno registró 14 mil 205 homicidios más.
El secretariado ejecutivo de ese sistema desglosa que en ese periodo 29 mil 417 averiguaciones previas corresponden a homicidios dolosos. Mientras que en el periodo en mención de Calderón el número fue de 18 mil 451.
Las cifras de las procuradurías locales y de los consejos de seguridad distan de las presentadas por el Inegi. Por ejemplo, en el 2013, en Jalisco las autoridades de la Procuraduría estatal reportaron mil 584 homicidios dolosos y en esa entidad el Inegi solo reportó mil 485.
En Baja California, en ese mismo año el Consejo Estatal de Seguridad Pública reportó 865 homicidios dolosos, mientras que ese organismo federal reportó solo 770.
En Michoacán la cifra es más distante, ya que mientras la Procuraduría local reportó mil 415, el Inegi solo 916.
Las cifras anteriores reflejan que el discurso repetido en los últimos meses, de que la violencia ha ido a la baja y los homicidios han disminuido en el país gracias a las políticas, a las estrategias y a operativos realizados por el gobierno del cual usted es parte, están entredicho.
Es evidente que existe una falta de coordinación entre la dependencia a su cargo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y las procuradurías o fiscalías locales, ya que el INEGI, que debiera ser el más confiable, maneja cifras que no coinciden con la información de este sistema federal.
En este sentido mi pregunta es ¿qué medidas ha adoptado la procuraduría respecto a esta coordinación que mencioné? Asimismo, solicito nos informe cuántas de las citadas averiguaciones previas corresponden a homicidios dolosos relacionados con el fuero federal y cuántos de los presuntos responsables han sido aprehendidos por agentes de la Policía Federal y Ministerial.
De su respuesta en una de las intervenciones, me queda la duda si lo que nos quiere decir respecto a Oceanografía es que la procuraduría aplica la ley según la conveniencia social y política del asunto.
Finalmente, señor procurador, esperamos que la nueva fiscalía no sea solamente un cambio de nombre y que todo lo demás permanezca igual. Muchas gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Gracias, diputada Alfa González Magallanes.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene la palabra el procurador hasta por cinco minutos.
El procurador Jesús Murillo Karam: Entenderé contestar la anterior también, ¿no?, y ahí se complican las dos preguntas. ¿Ha disminuido o no ha disminuido la delincuencia? Mires ustedes, por desgracia todavía tenemos una enorme delincuencia en el país.
Pero si la pregunta es si ha disminuido, la manera fácil es caminar en el territorio del país. Ustedes pueden caminar tranquilamente por Nuevo León, donde no se podía. Hoy ya pueden caminar en Tamaulipas. Nada más les pregunto a los michoacanos que están aquí, si es lo mismo hoy que hace un año. Les pregunto si en La Laguna hay diferencia o no la hay.
Ahora estoy hablando de la realidad. Tan realidad como lo social y lo penal. En lo penal naturalmente que es social, pero naturalmente que es social. El derecho es social, es la conducta humana lo que regula el derecho y esa conducta humana y las consecuencias son las que da el derecho. Naturalmente que tiene que ver lo social, naturalmente que quien imparte justicia tiene que tener un sentido claro de que su decisión en lugar de ser mucho más dañina, beneficie o no afecte a tantos. Naturalmente. No tengo ninguna duda en responderlo.
Por lo que se refiere a las revisiones de la policía –que fue desde la primera pregunta que el señor diputado me planteó– me dice qué se ha hecho. Se prohibió estrictamente que participen en retenes o en ese tipo de cuestiones. Tenemos detenidos, hemos detenido –tenía aquí una tarjeta de las muchas que me pasan- cerca de 56 que fueron descubiertos en esa circunstancia y hoy, si alguno de ustedes sabe que hay un retén de Policía Ministerial que no esté acompañado de otra policía, por favor denúncienmelo para que de inmediato lo paremos. No tienen facultades porque no son ya policías, son investigadores. No tienen que hacer la función de policía. Ésa es otra de las modificaciones en la procuraduría.
Tlatlaya. El asunto de Tlatlaya lo tenemos ya nosotros, lo atrajimos. Es un asunto bastante complejo en el que nuestra obligación es encontrar la verdad sea cual sea. Me puedo comprometer con ustedes que eso haré, buscar la verdad sea cual sea. Me tienen que dar el tiempo que necesito para poder hacer peritajes –aquí tenía yo cuántos–, que es todo lo que tengo que hacer para hacer una idea de por qué tenemos que tomar tiempo.
Necesito una ampliación del dictamen de criminalística, un dictamen de trayectorias de impactos y de vehículos, una ampliación de necropsias para el establecimiento de tiempo y modo de muerte, posición víctima-victimario para determinar trayectorias, reconstrucción de hechos, ampliar y recabar muestra hemática para confrontación de ADN, mecánica de lesiones y una cantidad mayor de investigaciones para determinar con precisión cuál es la verdad.
Es clarísimo que no puedo pronunciarme porque ha sido una cosa o haya sido la otra. Sería un gravísimo error que sin tener todos los elementos yo planteara una definición. El papel fundamental de una autoridad de este tipo es ser seria. En el momento en que la tenga, eso sí me comprometo, será la verdad la que salga.
¿Tenía yo algún otro punto? Sí, claro, el del diputado. Ya también solicité la atracción, aquí sí no porque se me antoje, es un asunto claramente federal en razón de que hay hechos delictivos en dos entidades y además se trata de un diputado federal. Es indudablemente que es un asunto verdaderamente doloroso; los antecedentes que tengo del diputado es que era una gente intachable, y es no sólo doloroso, sino que realmente aquí sí nos vuelve a impactar fuertemente porque es un hecho que no puede repetirse. Estoy totalmente de acuerdo y es responsabilidad nuestra aclararlo; tengo la responsabilidad, ojalá y tenga la capacidad para resolverlo.
Las encuestas de INEGI, compararlas con las de la coordinación de policías y procuraduría, no se puede, son diferentes medidas.
Los homicidios que cuenta INEGI, tienen que ver y quiero decirle que son más fuertes nuestras cifras a veces que las de INEGI. Lo que cuenta INEGI a veces son una mezcla de dolosos con culposos, se me atoró, y las nuestras son exclusivamente homicidios dolosos; entonces por eso son diferentes, no pueden ser las mismas cifras.
Pero yo francamente le digo, las cifras sirven mucho para poder hacer planes y para poder hacer estrategias. Pero será la paz, la sensación de paz, la tranquilidad, la que nos diga que ya salimos adelante.
Nunca el presidente dijo que el problema se resolvería fácilmente. El presidente dijo que es un problema muy complejo y que requiere no sólo de la perspectiva policial o de procuración de justicia para resolverse, sino fundamentalmente de un crecimiento equitativo y oportunidades en el país.
Señaló claramente que lo primero que tenemos que hacer es generar mejores condiciones de vida en el país, y eso de manera muy natural empezará a batir la delincuencia, además de que tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer desde las perspectivas policiacas. Creo que son todas las preguntas.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, procurador.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene la palabra para hacer comentarios al respecto, por tres minutos, el diputado Trinidad Morales Vargas.
El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas: Gracias, compañero presidente. De manera inicial nos habíamos inscrito para hacer una serie de preguntas. Evidentemente resaltaba el hecho tan notorio, tan fuerte como es de Tlatlaya. Sin embargo dado la respuesta y dado lo recurrente de la pregunta, le planteamos y también en el carácter de la réplica, planteamos que nos pudiéramos referir a una situación que hace semanas, meses ya, nos tocó como Comisión de Seguridad, cuando fuimos a la ciudad de Morelia.
En aquel entonces la Comisión de Seguridad Pública presidida por nuestro compañero Guillermo Anaya, nos reunimos con el comisionado especial, y nos decía que era cuestión de horas la detención de la “Tuta”, que tenían todo un dispositivo, una herradura y que era cuestión de que de inmediato se iba a lograr su captura.
No me preocupa que se haya logrado o no porque nos dan cifras y nos dan números, nos dicen “tantas cabezas de la delincuencia han caído”, que bueno, como logros policiacos, vamos, pueden ser plausibles.
Lo que me preocupa es de por qué realmente cuando se les pregunta o cuando incluso en los discursos coincidimos que lo que hay que atacar más fuerte son las causas, éstas en los hechos quedan muy minimizadas.
No pudo el comisionado Castillo en esa ocasión decirnos efectivamente qué causas estaba atacando en Michoacán, y fueron preguntas expresas. Aquí la ausencia también debida a las causas aunque todos sabemos que si esas no se atienden podrá caer una cabeza criminal, pero son como las hidras, surgen dos.
Ha habido declaraciones de los propios delincuentes que, en la búsqueda de ellos, ya está el sustituto. No vamos a lograr mucho solamente con eso, aunque logros policiales de todas maneras son muy plausibles, son resultado de una investigación, de una eficiencia y de un esfuerzo de la procuraduría, no se niega. Pero las causas, procurador, cómo se están atendiendo éstas.
Usted puede decirnos que la percepción social que hoy se tiene en el país, en La Laguna, en Michoacán es diferente. Pero si va con la sociedad civil y platica con ellos lo que le dicen es que evidentemente hay una mejoría, pero no la atribuyen a la eficiencia nuestra, la atribuyen a que los medios ya no la publican, a que ya están ahí las cosas muy sordas, pero siguen pasando.
Más que preocuparme por preguntas y también de querer ver de un solo lado y atacar las causas, quiero decirle que este compromiso para con la sociedad mexicana sigue siendo muy mínimo, y nos incluimos nosotros en ello, no queremos dejarla de un solo lado.
Pero la conminación sería entonces, si coincidimos en que aquí está la razón y coincidimos además en que ésta es la cuestión de fondo que propicia lo de Tlatlaya, que propicia lo de Michoacán, la gran corrupción y cobijo que hay a veces de ella de tantos delitos, por qué no se nos informa cómo se está atacando esto a fondo. Muchas gracias.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, diputado Trinidad Morales Vargas.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Camarena García, hasta por cinco minutos.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Gracias, presidente. Muy buenas tardes tenga el procurador General de la República, licenciado Jesús Murillo Karam.
Me enfocaré exclusivamente, señor procurador, en dos preguntas que cuando usted asumió esta institución dio una gran esperanza para evitar la violación a los derechos humanos, y es la figura del arraigo.
Estoy plenamente convencido de que es una violación y a través del arraigo, independientemente de que esta Cámara, quienes no estuvimos de acuerdo, pudo sacar adelante el disminuir la misma figura en cuanto al tiempo, sigo convencido de que es una violación flagrante a los derechos humanos.
Quisiera preguntarle, derivado de esa disminución que hubo de acuerdo a la reforma que se hizo en esta Cámara, cuántos arraigos ha habido por parte de la Procuraduría General de la República y de esos arraigos cuántos ejercicios de acción penal se han derivado y cuántos han culminado en sentencia condenatoria.
No es fácil porque por el arraigo en un mes o algo se obtiene esa sentencia condenatoria, pero de donde se ha ejercitado y ha habido la impartición de justicia pronta y expedita si se tiene conocimiento de cuántos han sido sentenciados.
La otra figura y que estamos convencidos también que en el pasado se utilizó como presión política también y en donde no estamos de acuerdo en ningún momento con el término que se les da son los testigos colaboradores.
Porque una cosa es ser testigo de la comisión de un delito y otra cosa es ser copartícipe o autor material o autor intelectual de la comisión de un delito, cosa que un testigo colaborador no tiene porque lo que está haciendo es confesar su participación dentro de un delito. Y qué pasaba, pues que quedaba impune y no solamente no se le consignaba, sino que hasta se le premiaba y se le daba dinero al señor por atestiguar. Cuántos asuntos de la Procuraduría General de la República se cayeron por haber comprado testimonio de delincuentes bajo estas circunstancias.
Estoy convencido, al igual que con la figura del arraigo, que debe desaparecer el término de testigos colaboradores. Son delincuentes en donde están ellos señalando claramente la participación que pudieron tener en la comisión de un delito, y no por eso hay que premiarlos, hay que atenuar desde luego por el hecho de apoyar a la autoridad de procuración de justicia en la investigación y llegar hasta las últimas consecuencias en una averiguación.
Es por esa razón que yo quisiera conocer también, señor procurador, ¿qué opina usted de que podamos atenuar, ése es beneficio y que jamás se les otorgue cantidad alguna a quienes han cometido un delito y no son testigos, que son delincuentes? Muchísimas gracias, por su respuesta, señor procurador.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, diputado Camarena.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene usted la palabra, señor procurador, hasta por cinco minutos.
El procurador Jesús Murillo Karam: Estoy totalmente de acuerdo con usted. Totalmente no, totalmente no. Mire usted, el arraigo es una medida precautoria, debiera ser una medida precautoria. ¿Por qué se usan las medidas precautorias en el mundo? Es el mismo caso de la prisión preventiva.
La prisión preventiva también es violatoria de derechos humanos, viola la presunción de inocencia, y sin embargo, en todo el mundo se utiliza la figura de la prisión preventiva. ¿Por qué se utiliza, porque no he encontrado a nadie, una figura que pueda sustituirla? Porque es una sobreposición de valores.
Es decir, el arraigo afecta derechos. Yo no tengo la menor duda, me oyó usted decirlo muchas veces, tanto en la Cámara como en la Procuraduría, lo digo hoy todavía, afecta la presunción de inocencia. Pero cuando la afectación de la presunción de inocencia evita afectar derechos fundamentales como la vida o la libertad, es preferible recurrir a una medida precautoria como lo son todas las medidas precautorias que son invasivas de derechos.
Y, el problema de cómo se legisló el arraigo es, que fue de 80 días que me pronuncié en contra, y no hemos tenido prácticamente, excepto cuando ha sido para otros efectos, es decir, como resolver determinadas cosas antes de la conciliación para que ésta sea efectiva, creo que son dos casos.
Pero le puedo dar los números y verá usted que no hablo en balde. Mientras que en el 2011 hubo 2 mil 385 arraigos; en el 2012 mil 641; en el 2003 ya sólo hubo 626, porque me agarraron descuidado, pero ya en el 2014 vamos con 218. El día hoy sólo hay 19 arraigos, y el menor número que he tenido es de 7. En casi ningún caso terminan el arraigo, o consignamos o liberamos, pero casi en ningún caso terminan el arraigo.
En cuanto a los testigos o protegidos o colaboradores, porque son varios tipos de testigos, hay alguno que sí es válido, el testigo al que tenemos que cuidar o esconder porque pudiera ser lastimado por su testimonio. Ése es válido, ése incluso hay que pagarle, no confundamos.
Pero el testigo que puedo decirle, hay unas 60 o 70 averiguaciones en que el mismo testigo es testigo de todo, estuvo como en 2 mil lados al mismo tiempo, y bueno, pues evidentemente nosotros ya lo descalificamos como tales, e incluso, cuando no los usan en averiguaciones en el exterior, inmediatamente las descalificamos, no consideramos válido el testimonio de alguien que estuvo en 60 lugares al mismo tiempo. Y desde luego no hemos pagado a ningún nuevo testigo que no haya adquirido derechos previamente.
Estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento, excepto en que las medidas precautorias deben ser excepcionales y siempre para proteger un valor superior.
Quiero decirle que en el arraigo hay protección judicial. Si el arraigo tiene que darse con control judicial, igualito que la prisión preventiva, eso lo atenúa, pero no deja de ser lo que usted bien dice, es una violación de derechos humanos.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, procurador.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene la palabra para comentarios, el mismo diputado Felipe Camarena, hasta por tres minutos.
El diputado Felipe Arturo Camarena García: Muchas gracias, procurador, por sus respuestas. Quisiera comentar, sobre todo hacer una reflexión importante que usted ya hacía. A mí me preocupa mucho que muchos de los compañeros diputados, confundimos los términos y, sobre todo, la función que el Ministerio Público tiene.
Si realmente la Constitución señala que el Ministerio Público, su obligación es investigar y perseguir delitos y delincuentes, en su caso, por qué siempre le atribuyen al Ministerio Público que por la actuación del Ministerio Público sigue la impunidad, y sigue además la comisión de muchos delitos, cuando hay otra institución totalmente distinta a quien investiga y persigue, como en este caso a nivel federal, es la Secretaría de Gobernación a través de la misma comisión que hay para prevenir todos los delitos en el país, son cosas totalmente distintas y usted lo señalaba.
Pero también me preocupa que se hable de impartición de justicia y se le atribuya también al Ministerio Público.
Pero claramente usted ha señalado –y me quedo muy tranquilo y creo que cada día más convencido– que los mexicanos tenemos un excelente procurador general de la República. ¿Por qué razón? Porque ha usado los términos y ha puesto los puntos muy claro y preciso. Y creo que eso nos conviene y sabemos perfectamente del trabajo que usted viene haciendo. No es fácil, la institución del Ministerio Público es de las que ha sido señalada más corrupta y más deshonesta.
Pero no todo cabe en ello, porque las instituciones son de buena fe. Y pregunto: ¿Qué la Cámara de Diputados no es de buena fe? ¿Y todos los que estamos realmente somos de buena fe? Por eso es importante que no se le cargue al Ministerio Público que todo lo que pasa en el país es por esa institución. Y creo que ha señalado claramente usted los puntos.
Le pediría nada más que ojalá puedan desaparecer en el Ministerio Público las actas circunstanciadas. Hay que denunciar a través de una averiguación previa e iniciar. Y usted claramente lo señaló: no toda denuncia que se hace en una averiguación tiene que terminar en la consignación porque no todos los hechos que son denunciados son motivo de un delito, y qué bueno que lo ha precisado.
Pero también creo que se ha señalado que la autonomía del Ministerio Público va a ser por el simple hecho del cambio de nombre, así de dijo cuando se hizo o se persiguió buscar que el Ministerios Publico con el hecho de que ya no fuera designado directamente por el presidente de la República, sino a propuesta de él aprobado por el Congreso a través de la Cámara de Senadores. Creo que es algo parecido con una autonomía, pero no solamente en esta fiscalía que esperamos pronto poder aprobar con la Ley Orgánica y con toda la iniciativa que se manda por el presidente, es realmente darle esa autonomía que el Ministerio Público federal tiene.
Y creo que compartimos que no solamente es por el cambio de nombre, sino realmente por es profesionalización a la que usted se ha referido, de la que es y necesita el Ministerio Público, sobre todo en el aspecto científico para poder dar los resultados que el Ministerio Público debe darle a los mexicanos. Muchísimas gracias, señor procurador.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, diputado Camarena.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene el uso de la palabra la diputada Zuleyma Huidobro por cinco minutos.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Gracias. Buenas tardes a todos. Los formatos de las comparecencias muchas veces, y lo hemos comentado, atropellan la inteligencia, pues saturan a los servidores públicos y no permiten bien el desarrollo de ideas y de respuestas. Si el tiempo no se lo permitiera, señor procurador, le pido me conteste por escrito a todos los cuestionamientos que voy a presentarle porque son preocupaciones legítimas en materia de justicia y de derechos humanos, dos temas que se vienen devaluando en la actual administración.
Claro que consideramos que derivado del procedimiento para la implementación del nuevo sistema acusatorio penal muchos servidores públicos están trabajando en su actualización o capacitación, me refiero a los jueces, a los Ministerios Públicos, investigadores, los propios abogados, porque tienen que continuar y aprobar las nuevas reglas.
Y lo que produce a nuestro punto de vista es un rezago en la investigación y persecución de los delitos, por lo que le preguntaría: ¿Cuál es el rezago actual en materia de investigación y consignación para la ejecución de sanciones penales por parte de la Procuraduría a su cargo?
¿Qué nos debe la Procuraduría antes del 2016?
Y en lo personal tengo un tema muy claro, un caso, y por eso le pregunto a nombre de las madres y padres de los niños fallecidos y lastimados en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, por qué razón no se ha resuelto el caso, por qué a pesar de haber transcurrido más de cinco años de esta tragedia y a casi dos años de que asumió usted la responsabilidad en la Procuraduría General de la república todavía no se resuelve nada en relación a los funcionarios de diversos niveles de gobierno que se encuentran como indiciados por la falta de cumplimiento a sus respectivos deberes de atención y cuidado a los menores.
¿Qué ha motivado la falta de avances en las investigaciones sobre la hipótesis de que el incendio en que murieron los niños fue provocado? ¿Cuándo habrá justicia para esas 25 niñas y 24 niños? ¿Por qué la Procuraduría a su cargo no ha dado respuesta a un punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en junio pasado, para que informara a esta soberanía, a la brevedad, el estado actual de las investigaciones del caso de Guardería ABC, a fin de determinar las responsabilidades a los involucrados.
En otro tema, por qué en el Presupuesto de 2015 se presenta un decremento de 60 por ciento en el presupuesto de la Procuraduría, que aún dista mucho de haber cumplido con los mínimos para los que fue creada, por ejemplo, la base de datos de personas desaparecidas y que puede operar en territorio nacional en coordinación con las autoridades estatales y federales.
¿Qué número de mujeres asesinadas cada día necesita la justicia federal para comprender el fenómeno de casos de feminicidio? De verdad, investigarlo como un cáncer social que es necesario erradicar, castigar y prevenir.
¿Cuándo se dejará de dar carpetazos a estos casos con la salida fácil del móvil pasional, como coartada de la ineptitud de funcionarios y ministerios públicos? ¿Por qué los ministerios públicos no atendieron las denuncias que madres y padres de familia realizaron de manera puntual en contra de los policías federales que realizaron la infame revisión a niñas y niños que asistieron al zócalo capitalino el pasado 15 de septiembre, violando evidentemente los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes?
El gobierno –y lo digo con todo respeto– está en la oportunidad de iniciar una ruta para que se atiendan las causes del desastre en materia de procuración de justicia y que apelen a la paciencia de un pueblo indignado y terminen con la corrupción e impunidad. Por ello resulta de vital importancia abandonar la simulación y la demagogia. Por sus respuestas, señor procurador, muchas gracias.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Muchas gracias, diputada Zuleyma.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene usted la palabra, señor procurador, hasta por cinco minutos.
El procurador Jesús Murillo Karam: Todas las preguntas que me hace que tengo que recurrir a archivos sí les voy a contestar, si no tienen inconveniente se las contesto por escrito.
Me llama mucho la atención su último planteamiento, con el que también estoy de acuerdo. Es decir, si estamos cambiando el sistema es precisamente porque sabemos que está mal, porque sabemos que no funciona, por lo menos no funciona como debiera funcionar y usted lo señala bien.
¿Hasta cuándo? Hasta que este sistema empiece a funcionar. Y el sistema no va a empezar a funcionar simplemente con aplicar la ley, eso sería engañarnos, también es importante que tienen que aplicarla quienes estén también preparados para el sistema. Por eso le digo que se va a tardar, porque tenemos que preparar.
Hace un rato me hicieron la pregunta y ahorita recuerdo la importancia de ella, no la contesté. Me preguntaban del reclutamiento y me decían que el reclutamiento era un problema. Es un problema. Cuando se abren las convocatorias para convocar a ministerios públicos o policías, pues desgraciadamente es tan mala la imagen, que quien se acerca en lo general busca otra cosa.
En consecuencia, hemos cambiado el sistema de reclutamiento. Hoy nosotros vamos a las universidades, escogemos a los egresados de esas universidades y los ingresamos al Centro de Formación Profesional de la Procuraduría, de ahí mismo se van autodepurando los que no les gusta o los que no les da.
Déjeme decirle que la primera generación que metimos, que inició con 56, se quedaron 45 de la Universidad de Nuevo León, hoy son de los mejores agentes que tenemos investigadores en la Agencia de Inteligencia. Este será el camino.
Evidentemente si la quiero calmar o convencer diciéndole: no se preocupe, la semana que entra. La estaría engañando. Es todo un cambio para que sea real. No es cambiar estructura solamente, es cambiar mentalidades, es crear vocaciones, es generar compromisos. Es bastante amplio. Eso es lo que queremos hacer en ese centro.
Invitaría a los señores diputados que quieran hacerlo de estas comisiones que lo visiten, no sólo para que pueda decirles miren, qué bonito vamos, sino para que me digan qué no funciona, o qué puede funcionar mejor, o qué se puede componer. Ojalá lo hagan cuando tengamos clases para que puedan entrar, ver a los alumnos y preguntarles y ver la realidad, ver si vamos por buen camino o no, o aportarnos soluciones.
Solamente le contestaría otra cosa, porque me dice usted, ¿por qué no han actuado en el asunto de ABC? Sí, sí hemos actuado. Mire usted, hemos hecho seis, a partir de que llegué se han hecho cinco, seis en total peritajes sobre si fue incendio provocado. De esos uno dice que pudo haber sido y cinco que no.
Me han presentado testigos que cuando, por ejemplo, uno de ellos dice que vio desde una gasolinera cuando a dos días después del incendio sacaban unos papeles, a la hora de la reconstrucción de hechos, pues desde esa gasolinera no se ve el edificio. Así de fácil.
Se presentó otra testigo, que es la más valiosa o pareciese es la más valiosa, pero resulta que estuvo como en cinco lugares y en los cinco oyó hablar de la conspiración para incendiar. Es decir, yo no puedo inventar una averiguación ni puedo inventar culpables. Me encantaría encontrar culpables, se los digo de veras, con toda la honestidad del mundo, me encantaría encontrar culpables, pero no los puedo inventar, los tengo que encontrar y tampoco es un asunto de agarrar una varita mágica y decirle que me los dé.
Entiendo su molestia, creo que usted tiene toda la razón en tenerla. Entiendo la molestia de las madres que perdieron a sus hijos, yo estaría peor que ellas, estaría en peores condiciones, pero tengo que hacer sólo lo que puedo hacer, no tengo otra manera de hacerlo, más que en las posibilidades reales. Lo demás se lo contesto por escrito, si usted no tiene inconveniente.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, procurador.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene la palabra para comentarios hasta por tres minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Señor procurador, el caso de Oceanografía se convirtió en el parto de los montes. Cuando este caso apareció por la prensa extranjera por un asunto de Citigroup, parecía que el gobierno tenía voluntad política y legal para actuar, pero vemos hoy que todo se está diluyendo y usted lo confirma.
Decirle que la función de la Procuraduría y del Ministerio Público es investigar y perseguir los delitos, usted no es secretario de Trabajo ni secretario de Economía para preocuparse más por las fuentes de trabajo, en todo caso se tomaron medidas precautorias, intervino el SAE para efecto de tener relación con los acreedores, los 11 mil trabajadores, creo que ésa fue una medida adecuada, pero su función, la suya, es perseguir los delitos. No se puede cambiar fuentes de trabajo por impunidad.
Me parece que la razón fundamental es, o hay incapacidad del Ministerio Público o hay complicidad, o hay un pacto de impunidad para fijar un delito mejor que alcance fianza y que el señor se siga pavoneando después de que ha hecho negocios con el gobierno, y además hay complicidades y usted lo sabe, aquí lo dijo Emilio Lozoya, en marzo pasado.
El señor Mario Ávila firmó adendum cuando ya no era funcionario. Hubo colusión con funcionarios. Todos los convenios modificatorios y los incumplimientos fueron avalados por el jurídico de Pemex y por el Órgano Interno de Control, evidentemente esto implicaría también responsabilizar a servidores públicos.
Además, en todo este trance Amado Yáñez ha tenido privilegios. Fue arraigado en Acapulco, Martín Díaz no está tampoco sujeto a proceso, no se sabe nada de Mario Ávila, de Carlos Morales, de Sergio Aceves, o sea, la verdad, es que están diluyendo el tema, aunque usted se moleste, la realidad es que este tema es un caso de impunidad. Es un caso de impunidad.
Y hablando de Mexicana, ¿dónde está Gastón Azcárraga? O sea, por eso son temas que nosotros sí queremos señalar, porque en todo el trámite de Amado Yáñez hubo complicidades dentro de Pemex y no vemos detenido a ningún funcionario o ex funcionario de Pemex, gente del jurídico, gente del Órgano Interno de Control, Mario Ávila, Sergio Aceves, Carlos Morales, es decir, y decir que se puso un delito menor para conservar fuentes de trabajo, pues me parece que no es el papel del titular del Ministerio Público, para decir que no pasara lo de Mexicana, cuando lo que nosotros dijimos es: ¿por qué al momento de consignar al Ministerio Público, acreditó para un delito menor que alcanzó caución y por eso Amado Yáñez hoy vive en el hotel Aqua, hoy sigue participando en negociaciones con el SAE. Y además, yo no lo dije, lo dijo Luis Videgaray el 10 de septiembre, dijo, sí reconozco que hubo una reunión entre el SAE y la PGR y estuvo Amado Yáñez porque fue invitado por un proveedor.
Y ahí están las versiones estenográficas, está el Diario de los Debates. Yo lo único que le estoy preguntando como titular de la Procuraduría General de la República es, qué sabe usted de la reunión.
¿O sea es práctica común que un individuo que está sujeto a un proceso, que está libre bajo caución participe en reuniones para renegociar con los acreedores, con el SAE? Es lo único que yo le pregunté y ahí está, en el Diario de los Debates la declaración del secretario de Hacienda, que confirma lo que yo señalé.
Hubo una reunión y Amado Yáñez fue presentado para ayudar en la renegociación de los pasivos. ¿Y esto qué implica? Que hay, evidentemente una facilitación para que este tema se vaya resolviendo, se vaya diluyendo y finalmente sea impunidad o delitos menores que no impliquen pena corporal ni tampoco se sancione a sus cómplices que tuvo desde el gobierno. Es cuanto.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, diputado Mejía. Yo sé que es su deseo contestar a cada uno de los cuestionamientos que hacen los diputados, pero el formato no lo permite y la Junta de Coordinación Política y la asamblea así aprobó este formato, señor procurador. Una disculpa.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene la palabra, diputada Lilia Aguilar Gil.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Espero que no me lo hayan dejado enojado, señor procurador. Pero para que usted pueda dar respuesta a todos los cuestionamientos que ha hecho el diputado Mejía, porque además soy una interesada en el tema, me uno a los cuestionamientos que le acaban de hacer para que usted pueda contestarnos en los minutos que tendrá para hacer uso de la palabra después de mis cuestionamientos.
Yo trataré de ser breve, le digo trataré porque me cuesta mucho trabajo. Pero a ver. Yo he dicho en mi intervención que este lío en el que nos metió Felipe Calderón, lo voy a decir hasta el cansancio, de seguridad, donde viene a darle patadas al avispero con el pretexto de hacer frente al crimen organizado en lo que parecía más una negociación que un verdadero ataque al crimen, no ha cambiado en la entrada de esta administración porque insisto que pareciera que lo único que ha cambiado es simplemente el manejo de la información.
Y yo de manera muy general le voy a reiterar la pregunta que le hice en mi posicionamiento. Es, ¿cuál es la estrategia contra el crimen organizado de este gobierno, en términos prácticos?
Es decir, sé que no me la podrá dar toda, pero en términos generales sí nos interesa a los mexicanos saber cuál es el cambio en la estrategia para enfrentar al crimen organizado. Porque usted hablaba aquí del mal manejo de números y yo coincido con el diputado Trinidad Morales en el hecho de que a qué estamos jugando con las cifras.
En efecto, también en lo que se refiere a la percepción de inseguridad que ha crecido entre los ciudadanos. Mire, yo soy de Chihuahua, conozco el tema de Ciudad Juárez, viví en Ciudad Juárez algún tiempo. Conocemos el tema de los feminicidios.
Evidentemente, Chihuahua ha cambiado pero yo sostengo que los focos de criminalidad simplemente se están moviendo. Es este tema de, ¿qué le dicen ustedes? El fenómeno de las cucarachas, que tapas una coladera y salen por otro lado.
Es decir, no está solucionado el problema del crimen organizado sino que simplemente se está migrando.
Y yo, aquí, en un tema, entiendo lo que usted ha dicho sobre el arraigo y los testigos, colaboradores. Pero señor procurador, si usted no cree, entiendo que usted dice que es necesario pero ¿es necesario violentar derechos para procurar justicia? ¿Por qué mantener el arraigo?
Le haré también una pregunta –porque se me acaba el tiempo– en lo que tiene que ver con la eficiencia de la procuración de justicia actual. Yo di aquí cifras sobre la eficiencia en el manejo y en la consignación. Yo no creo, soy una creyente del nuevo sistema de justicia y no creo que el consignar todo signifique eficiencia. En eso tiene usted razón. La pregunta en concreto es que tampoco necesariamente el no consignar todo significa deficiencia.
Yo le pregunto, en su percepción, ¿cuál es la eficiencia de la procuración de justicia actual, primero, pero sobre todo viendo al futuro, qué está haciendo la procuraduría más allá de la infraestructura y los números –tomando su dicho–, para enfrentar no solamente el nuevo sistema de justicia del que, insisto, los diputado no sabemos de su implementación absolutamente nada, y sobre todo en términos reales qué está haciendo la PGR para garantizar una autonomía frente a esta ley –el cambio constitucional ya estaba hace tiempo– para que nosotros, actores políticos, no digamos que simplemente es un cambio de siglas, sino que tengamos la certeza de que va a haber autonomía? Porque yo le insisto. No parecieran, los resultados de la procuración de justicia, que van hacia ese camino.
En el tema de Michoacán yo no le voy a preguntar por qué no han detenido a la Tuta, porque me va a decir que porque están en investigaciones, pero le voy a preguntar por qué no hemos podido llevar a Michoacán a un estado de derecho y sobre todo –se lo digo con mucha honestidad- por qué la persecución de Mireles. ¿Qué acaba el Estado mexicano actual metiendo a un hombre como Mireles a la Cárcel, qué es lo que le representa esta persecución? Insisto, lo que nosotros percibimos cómo el cerco mediático alrededor.
En el tema de nuestro compañero, se lo vuelvo a preguntar. ¿Qué signos nos manda no solamente el caso Tlatlaya, del que usted ya habló, sino el caso del lamentable deceso de nuestro compañero diputado? Es decir, ¿estamos enfrentando realmente un Estado que no puede, que está siendo superado frente a los problemas de seguridad en México? Ésa es la pregunta en concreto.
Yo terminaré con las preguntas que le hacía yo sobre el Grupo México. Usted tiene una denuncia por parte de la Profepa en el caso del Grupo México y yo le voy a decir mi diagnóstico –evidentemente que usted no debe de compartir- que es que pareciera que en este caso ya se negoció, porque ya se apagó el tema y ahora resulta que el último derrame ya no es ni contaminante, dijo el secretario del Trabajo. Yo le pregunto qué avance lleva el tema de Grupo México y si está negociado y si realmente vamos a ver gente responsable por el tema de este ecocidio.
Y en el tema de Oceanografía, adicionar a lo que dijo el diputado Mejía, simplemente ¿por qué en el caso de Amado Yáñez, a diferencia de los tres empleados de Banamex y a diferencia de su socio, no se le fincó responsabilidades por el total del monto del fraude? Muchas gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Gracias, diputada Lilia Aguilar.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene usted la palabra, señor procurador.
El procurador Jesús Murillo Karam: Primero déjeme darle las gracias a la diputada que me da la oportunidad de contestar lo anterior. Le agradezco la oportunidad, diputada. Yo creo que es conveniente dejar claro qué pasó en Oceanografía. Lo he dicho muchas veces, pero como aparentemente no he sido claro, es muy importante decir que pasó.
Una empresa que tenía contratos con Pemex –y que los cumplía- solicita créditos a un banco y como garantía de esos créditos le enseña los avances del contrato. El banco le da los créditos y sin consulta con Pemex, para poderle dar esos créditos muy altos –mucho dinero-, lo mete en la línea de crédito de Pemex -el banco- sin que Pemex lo supiera. Y empieza la salida de recursos mediante este tipo de estimaciones –les llaman-, pero ni siquiera en eso porque no estaban autorizados, y metía las estimaciones para ponerle su nombre y el banco le prestaba sobre esto.
De repente Pemex se da cuenta que algunas fianzas que tienen no han sido sustentadas y reclama el pago de las fianzas. Cuando Pemex reclama el pago de las fianzas, el banco brinca y le quiere cortar los créditos a Oceanografía y nos damos cuenta de que hay un problema y hay una denuncia.
¿En qué consiste la denuncia? ¿A quién se defraudó? Primero, fraude no hay, porque estaban de acuerdo ambas partes. Lo que hay es un movimiento delictivo en el que se usa el dinero de un crédito para otra cosa, que eso es exactamente lo que se hacía. Ese está tipificado en el artículo con el que se consignó a Amado Yáñez, y no es grave.
Ah, pero en el caso del socio, Martín Díaz, que planificó y envolvió otro tipo de acciones en razón de otras empresas mucho más delicadas como la Caja Libertad, y por eso le digo que no me puedo olvidar de eso.
Usted me pide que yo haga justicia a ciegas, como en la Edad Media, de ninguna manera; afecto a millones de gentes. No me pida eso, me extraña, me extraña que me lo pida.
En el caso de Martín Díaz, el delito es grave porque implica ya un daño posible a una mayor cantidad de gente y entra en otra fracción del mismo artículo. ¿Qué significa? Desde luego, en consecuencia ¿qué significa? El proyecto en justicia en términos de la ley, se le consignó por lo que se le tenía que consignar. El delito es entre particulares y una buena parte de responsabilidad tuvo el banco, una muy buena parte de responsabilidad.
No sé por qué habría que verlo de otra manera. No sé si estuvo o no en una reunión del SAE, pero no lo dudaría por una razón simple. Él entregó todo lo que eran las acciones de Oceanografía, entregó bienes, entregó un equipo de futbol y seguramente tendría que firmar alguna cosa o tendría que entregarla, no sé. Esto es especulación pura, pero no me sorprende. Lo único que le digo no es que sepa yo si estaba o no, es que no me sorprende. Espero que sea tan claro como lo planteé y ahora sí se haya podido entender.
¿Qué pasa con Azcárraga? Me preguntaba usted. Bueno, pues resulta que nosotros solicitamos la extradición de este señor y él solicito asilo, y está en un juicio de asilo político. ¿Qué puedo hacer?
La eficiencia de la procuraduría, diputada, no es buena; yo le diría que es mala, yo le diría que nuestra capacidad de resolución es muy lenta, muy complicada, muy burocrática, pero a mí ya no se me daba cambiar lo que tenemos, porque ya venía la modificación desde el 2008, para que esto se trasladara al nuevo sistema.
Entonces lo que hemos invertido es en el nuevo sistema, es en cómo nos preparamos para el nuevo sistema, y no voy a componer lo que no tiene, podría tenerlo pero nos costaría mucho trabajo y lo que buscamos con el nuevo sistema es precisamente eliminar esas ineficiencias.
Y entonces concédame el mérito, con todas esas ineficiencias he podido navegar dos años, con todas esas.
Luego me habla usted del Estado de derecho y tiene toda la razón. Si usted observa, nuestro verdadero problema es ese, la implementación plena del Estado de derecho.
¿Qué era lo que pasaba en Michoacán? Estaba de alguna manera roto el Estado de derecho. ¿Quién mandaba? Un señor que todavía manda videos; no había autoridad. Hoy hay un gobernador que ya medio funciona, y no por culpa de él, sino por las circunstancias que tiene.
Hoy hay presidentes municipales, unos en la cárcel y otros trabajando. Se habla de la acción del Estado. Ya hay un Estado funcionando, ya se está aplicando el Estado de derecho. Naturalmente, nos falta. Tenemos que desenraizar todo lo que en años se clavó y se metió. Naturalmente que nos falta, es indudable. Nunca hemos dicho que ya ganamos. Hemos dicho que los índices nos son optimistas, nos dan optimismo de que se puede, porque esto nos deriva en su última pregunta que ¿cuál es la estrategia?
Creo que el dolor es pensar en una estrategia nacional. No tiene nada que ver el problema de Michoacán con el de Chihuahua; son completamente distintos. Y aplicar una misma estrategia para dos problemas distintos, es un error. En consecuencia lo que hemos hecho es una estrategia por estado. Por ejemplo a Tamaulipas nos metimos hasta que pudimos descifrar lo que nosotros consideramos eran los nudos que había que deshacer para poder empezar a dar seguridad en Tamaulipas, muy distintos.
Si usted observa con cuidado verá que tiene que ver el nivel poblacional, las aduanas, los puertos, la comunicación, la capacidad de la propia autoridad local, la capacidad de la autoridad federal en el territorio, todo eso forma parte de lo que tuvo que analizarse, conducirse para poder empezar a resolver el problema.
Una estrategia no implica una solución inmediata o de un día, implica una perseverancia y permanencia en el ataque a un problema, y en eso estamos. Por eso cuando vemos esos índices, que son reales de baja en la criminalidad, que no se pueden negar y usted misma lo acaba de decir, en Chihuahua está distinto también es mérito de este gobierno.
Qué significa. Que vamos despacio, sí, tiene usted toda la razón, pero vamos, y eso es muy importante. Gracias.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias procurador.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene la palabra para comentarios, hasta por tres minutos, la diputada Loretta Ortiz.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Buenas tardes procurador, buenas tardes, compañeras, compañeros legisladores. Agradezco la franqueza del procurador que haya reconocido que el arraigo es violatorio de los derechos humanos, pero la verdad es que me preocupa muchísimo, sobre todo si tomamos en cuenta el artículo 1o constitucional que establece el respeto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que está precisamente contenido en esos tratados internacionales el respeto no solamente a la presunción de inocencia, sino también a lo que es el derecho a la libertad.
Hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que el arraigo es violatorio de los derechos humanos. Nosotros somos parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y también somos parte del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Siento disentir de usted, procurador, porque conocí bien el proceso. La copia, literalmente copia de lo que es nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, el que se va a aplicar no sabemos cuándo pero cuando estén capacitados todos para aplicarlo, es una copia que sospecho que se ha hecho desde Estados Unidos y que es con punto y coma y que se aplica en Colombia, en Paraguay, en Argentina, en distintos países de América Latina.
La preocupación de los norteamericanos es más que nada en materia de extradiciones y a su servidora, cuando estaba como directora del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, me llamó mucho la atención porqué tenían esa preocupación por la materia penal.
Luego caí en cuenta que era precisamente el poder aplicar un código penal como el que nos está rigiendo actualmente. Es poder tener un control desde Estados Unidos de Norteamérica en materia del crimen organizado y no tanto su preocupación por los derechos humanos.
En Estados respetuosos de los derechos humanos como estos que he mencionado, tanto Colombia, la misma España, etcétera, hay sentencias de su tribunal constitucional –es el caso de España– del arraigo. Es un Estado moderno, que se precia de moderno y respetuoso de los derechos humanos, las autoridades que detienen a una persona, dígase Ministerio Público o fiscal, tienen que tener la cuasi certeza antes de detener a una persona.
Ellos tienen que hacer la investigación y que la presunción de inocencia para detener a una persona o arraigarla la carga de la prueba recae sobre las autoridades. Si no, se deja en estado de indefensión, y es una denegación del derecho de acceso a la justicia para los procesados.
Aunado a esta situación que me preocupa y creo que me va a continuar preocupando está la de los migrantes.
Las personas que carecen de recursos, que no pueden tener asistencia jurídica gratuita, que no pueden acceder como en otros países porque se garantiza el acceso a la justicia garantizando el acceso a un abogado, porque el hecho de que estén los tribunales abierto, no garantiza el acceso a la justicia, hay que pagar un abogado para poder tener, precisamente, acceso a este derecho, es como el derecho a la salud, desgraciadamente en nuestro país difícilmente vamos a ver garantizado este derecho, y no solamente para las causas penales, sino debería de ser en todos los órdenes, administrativo, civil, etcétera.
En el caso de los migrantes, pues es una situación alarmante, por el simple hecho de ser indocumentado se les criminaliza, y así está el caso de Ángel Amílcar Colón Quevedo, que lleva cinco años y que el asunto está para conclusiones en la Procuraduría General de la República, siendo inocente, que precisamente fue objeto de un secuestro por parte del crimen organizado, fue detenido y encarcelado sin que obraran pruebas suficientes de su culpabilidad, el gobierno de Honduras ha participado ejerciendo la protección diplomática que le corresponde. Entonces, estamos a la puerta y no será el único caso de una reclamación internacional por parte del gobierno de Honduras.
Y así son un sinnúmero de casos de indocumentados que no por el hecho de ser, porque son personas como nosotros, que conforme al artículo 1o constitucional y a los tratados internacionales, merecen el respeto de sus derechos humanos, y es el caso y el momento actual que a los migrantes indocumentados se les criminaliza y no se les respeta estos derechos.
Espero que en el caso de Ángel Amílcar Colón Quevedo, se le haga justicia prontamente. Muchas gracias.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, diputada Loretta.
El presidente diputado José Guillermo Anaya Llamas: Tiene el uso de la palabra para concluir con esta primera ronda de preguntas, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, hasta por cinco minutos.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Señores presidentes de las comisiones, señor procurador de la República, licenciado Jesús Murillo Karam. Buenas noches a todas, a todos, compañeros y funcionarios.
La justicia representa uno de los ejes centrales en el que se sustenta la construcción de un sistema democrático, ya que determina el tipo de relación entre gobernantes y gobernados. Su aplicación imparcial y apegada a la legalidad, genera certeza y seguridad jurídica, de lo contrario atenta contra el pacto social y deslegitima cualquier gobierno que pretenda ser democrático.
Por esta razón, nosotros estamos convencidos de la importancia que tiene para el futuro del país construir un sistema de justicia imparcial, equitativo e, inclusivo. Sabemos que es tarea de todos, gobierno federal, estatales, Poder Judicial y por supuesto del Congreso de la Unión.
La coordinación efectiva entre las instituciones de procuración de justicia debe ser una constante si queremos lograr que la estrategia de seguridad obtenga lo resultados que esperamos.
Al final de cuentas lo que buscamos es que la sociedad mexicana viva en un clima de paz y armonía, con la certeza de que su seguridad física y patrimonial estará garantizada por el Estado.
En este sentido consideramos que la reforma constitucional que crea la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, es una decisión acertada y con la visión de Estado ampliamente solicitada por la sociedad.
Destacamos que en la redacción del texto constitucional se pondera la capacitación de servidores públicos y el desarrollo de la carrera profesional en su interior, así como la obligación para que el fiscal rinda cuentas cada año ante los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
Si bien, nos encontramos en la etapa de modernización con la propuesta de creación de la Fiscalía General de la República que contempla la estructuración interna y procesos administrativos de operación, consideramos que existen temas que deben ser incorporados de manera prioritaria a su estructura organizativa, me refiero particularmente a las instancias que deben perseguir los delitos que afectan a grupos en situación de vulnerabilidad como las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas.
Es necesario cuidar que la fiscalía atienda prioritariamente el aumento de los delitos de abuso sexual, trata y explotación perpetrados contra las niñas y niños migrantes acompañados y no acompañados que transitan por nuestro país, el aumento de los delitos de violencia contra las mujeres, los feminicidios, la tragedia ocurrida en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y el caso del albergue La Gran Familia, Mamá Rosa. Esos últimos con expedientes abiertos y que demandan una investigación puntual y la presentación de los responsables para que respondan ante los tribunales y ante la sociedad.
Por tal motivo y en este cambio hacia la modernización e integración de la Fiscalía General de la República consideramos de suma importancia continuar con la especialización de los Ministerios Públicos en tema como la perspectiva de género, el interés superior de la niñez, los derechos humanos, la migración y los asuntos indígenas.
Ante tal escenario, señor procurador, y reconociendo cuan indispensable es la profesionalización y capacitación del personal responsable de la procuración de justicia para fortalecer la confianza de las ciudadanas y de los ciudadanos en estas instituciones, podría informarnos cuál es el porcentaje del personal ministerial, policial y pericial que se ha profesionalizado y capacitado durante este periodo para desempeñarse bajo este nuevo modelo de impartición de justicia y reestructuración organizacional.
Así como cuáles son los criterios de selección de los candidatos a agentes de investigación que se consideran ahora indispensables para poder asegurar que en el ejercicio de sus funciones cumplan con los principios de certeza, legalidad y objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos.
Y por qué en el Segundo Informe de Gobierno, con la reciente creación de la Agencia de Investigación Criminal, la formación, actualización, especialización y desarrollo de los agentes de la policía ministerial, se visualiza la baja respecto del número de personal capacitado.
Por otra parte preguntar: Qué acciones se implementan en la reestructuración de la Procuraduría General de la República para que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia combata eficientemente la corrupción en el sector público o, en su caso, cuáles son los mecanismos de coordinación contemplados entre la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General de la República para reducir los delitos en esta materia. Agradezco su atención y respuestas, señor procurador.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Muchísimas gracias, diputada Lucila Garfias Gutiérrez.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene usted la palabra, señor procurador.
El procurador Jesús Murillo Karam: Gracias. Diputada, todas son preguntas de fondo que requieren una amplísima información. ¿Usted tendría inconveniente si se las contesto la mayoría por escrito?
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (desde la curul): Por supuesto que no, señor procurador. Gracias.
El procurador Jesús Murillo Karam: Muchas gracias. Nada más le comento lo esencial de la pregunta de cuántos están en capacitación. Miren, la verdad es que en capacitación están desde hace muchos años, pero la pregunta es muy concreta de su parte. En capacitación ya para la implementación prácticamente le diría que estamos empezando.
Se capacita personal – A ver, en el ámbito de investigación estamos formando formadores, es decir, apenas estamos creando los cuerpos que saldrán, que cada policía municipal o estatal formen a los policías. En lo que se refiere a la implementación ya concreta en territorio estamos capacitando las delegaciones de Puebla y Durango, que son los dos primeros estados en donde vamos a entrar ya con el proceso nuevo.
Iniciaremos del 6 al 14 de octubre. Perdón, en octubre iniciaremos la capacitación para las delegaciones Yucatán y Zacatecas, y luego entraría Querétaro. En los siguientes meses todos, ya con la experiencia de –tenemos que medir cómo estamos capacitando y sus resultados para no cometer errores.
En todo lo demás, el reclutamiento me volvió a preguntar y le vuelvo a insistir: todos los alumnos que tenemos hoy en el centro de profesionalización son licenciado, o en psicología o en derecho o en antropología, son gente que nos puede servir para peritos o que nos pueden servir para investigadores o que nos puede servir para Ministerios Públicos, por ejemplo.
Ahorita en este momento tenemos a 500 reclutando a 500 para agentes investigadores y a 120 para agentes del Ministerio Público de la federación, con el procedimiento de reclutamiento que le señalé hace un momento, nosotros vamos por ellos, no hacemos convocatoria.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Gracias por su respuesta, señor procurador.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Comenzaríamos ahora la segunda ronda de preguntas y respuestas. Quisiera, compañeras y compañeros, hacer un breve comentario en torno a esta comparecencia que estamos desarrollando y que tiene que ver nuevamente con cuestión del formato.
Evidentemente bien lo precisó el diputado Trinidad Morales Vargas, ahora estamos ante la posibilidad de una pregunta o varias, inicialmente los grupos parlamentarios que lo van a desarrollar, luego de una respuesta del procurador general de la República y después de un comentario, que en estricto sentido entiendo el respeto que nos debemos como legisladores para pronunciarnos o realizar cualquier expresión durante este comentario, pero es evidente que se trata de un comentario sobre la pregunta que se haya realizado al procurador general de la República y no un nuevo cuestionamiento, porque generaríamos esta disparidad de la que hemos hablado.
Lo digo en una perspectiva –insisto– de equilibrio entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, representado ahora por el procurador general de la República y sólo en ese son. Así es que comenzaríamos la segunda ronda dando la palabra a la diputada Sonia Rincón Chanona, por favor.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Gracias, diputado presidente. Señor procurador, en la integración de las averiguaciones previas las autoridades no sólo son lentas, sino que cometen violaciones a los derechos humanos, que pueden dar origen a la liberación de delincuentes, a quienes no se les respetó su derecho a un debido proceso, o en casos igual de lastimosos se llega a condenar a personas inocentes, en la integración de la averiguación previa.
En este sentido, señor procurador, con el informe que usted nos ha dado comprendemos que la Procuraduría ya se encuentra en la fase que ustedes le llaman pre-implementación de lo que posteriormente va a ser la Fiscalía. Así que la creación de dos nuevas unidades, la de Atención Inmediata y la de Investigación y Procesos cuya función es la investigación de los delitos por parte del Ministerio Público federal.
En este contexto, señor procurador, me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las acciones que está realizando la Procuraduría a su cargo para evitar que por una mala integración de las averiguaciones previas los presuntos culpables evadan la acción de la justicia?
Otra pregunta, ¿qué estrategia está implementando la Procuraduría para que las y los indígenas que enfrentan procesos de carácter federal sean juzgados con base en el debido proceso y apegado a sus derechos humanos?
En ese mismo sentido, me gustaría saber –esto que le voy a preguntar si lo tiene en mente me lo responde y si no, también si es tan amable nos lo podría enviar– ¿en qué etapa del proceso se encuentra el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que condenó a la Procuraduría General de la República a indemnizar y reconocer públicamente la inocencia de la indígena otomí, de Jacinta Marcial, quien usted recuerda había sido sentenciada a 21 años de prisión y luego estuvo tres y por ahí hubo alguna situación para ella, a ver en qué situación se encuentra. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene la palabra el señor procurador general de la República.
El procurador Jesús Murillo Karam: En cuanto a qué estamos haciendo para evitar que alguien que sea culpable salga, todo lo posible, y eso es mucho. Mire usted, primero es la capacitación, segundo es la vigilancia, el control, los tramos de control son larguísimos, la subprocuraduría tiene que ver con lo regional.
Tiene 32 delegados, entonces prácticamente el control no existía, estamos generando medios de control intermedios regionales. Hicimos cinco regiones en el país para tener un acercamiento mayor al control y poder controlar un poco más.
La capacitación es crucial, hemos hecho ya capacitación, ya tenemos ministerios públicos que le diría yo son punta. Sí, tenemos que empezar con poquito e ir crecimiento poco a poco. Y que están mejorando las averiguaciones.
El sistema, con todas las modificaciones que hicimos, y digo hicimos porque era yo legislador y fui partícipe, incluso, algunas fueron iniciativa mía, generamos un Estado de derecho distinto, que evidentemente embona con el próximo procedimiento pero no mucho con el actual y esto nos genera una especie de espacio, de fuga, en el que principios de salvaguarda de los derechos humanos chocan a veces con el procedimiento.
Le pongo un caso muy claro. A nosotros nos dejan un detenido para consignarse, nos lo dejan cualquiera de las policías, municipal, estatal o federal, y no tenemos más que 48 horas cuando mucho para poder integrar, porque la flagrancia per se, bien lo decía hace un rato el diputado Mejía, hay que tener mucho cuidado, a veces es más pretexto que realidad. Entonces, tenemos que cuidar que realmente se integre y esto es un problema real.
En consecuencia, cuando les digo que todo lo posible, estoy diciendo realmente que cuanta medida hay, que podamos tomar mientras implementamos el juicio nuevo, que supongo que no nos dará este problema, porque será tal como lo decía la diputada que me antecedió a la palabra, es diferente. Se presenta ante un juez el caso, el juez cita a juicio y sólo se aplica –y es en lo que no estoy de acuerdo con la diputada, ya no la veo- en el caso en que hay que defender un bien mayor en todo el mundo.
No ha habido país que encuentre una forma de resolver el problema en la prisión preventiva, ese problema se da en todo el mundo, pero con el nuevo proceso nos permite ya preparar los casos, nos da tiempo, nos señala muy bien los estándares de prueba y podríamos tener mucho más facilidades para realmente integrar mucho mejor una averiguación.
Y tiene otra ventaja. El fiscal que la empiece la tiene que terminar. Es decir, tendrá que continuar con el procedimiento y será el propio proceso el espacio en donde se tengan que aportar las pruebas. Quiere decir que tendremos que tener un fiscal trabajando permanentemente en el asunto.
Es decir, yo tengo mucha fe en que en el próximo procedimiento podamos mejorar, sobre todo porque creo y ojalá así sea, en los estados que lo están aplicando bien, ha sucedido, disminuye enormemente los casos que tienen que llegar a juicio.
Hay medidas de mediación, hay medidas en que la conciliación o algún otro tipo de procedimientos se puede aplicar, reducen enormemente la cantidad de individuos que van a un juicio y hace que el juicio sea mucho más elaborado y cuidado por la menor cantidad. Ése es el procedimiento oral. Realmente el juicio oral es el final de un procedimiento. Ojalá y lo apliquemos bien.
Ah, me preguntó más cosas, perdón. Me preguntó, qué estamos haciendo con la resolución. Me preguntó sobre la resolución y lo tengo que decir con toda claridad, porque verdaderamente me sorprendió, la resolución dice que en razón de que el juez interpretó mal algo, la Procuraduría pague. Así dice, bueno, está bien, pero es una resolución del juez y yo las acato. Y la acatamos ya.
Se utilizaron los procedimientos que la ley nos da para poder resolver el conflicto. Porque la Procuraduría puede consignar con la presunción, es una validez constitucional que tiene la Procuraduría.
Si en todos los casos tuviéramos que pagar porque la presunción no culminó, pues no le alcanzaría el dinero al país para pagar indemnizaciones. La presunción es constitucional.
Pero en este caso cumplimos con la orden judicial. ¿Creo que era todo, verdad?
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene ahora la palabra el diputado Manuel Huerta.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Escuchar su versión sobre quién manda en Michoacán me dejó helado. Y no solo en los videos. Manda en la realidad el que un niño de tres años puede informarle, la Tuta.
Pero yo no voy a discursar sobre... voy a discursar sobre su informe que nos ha presentado, donde los enfoques a las acciones de investigación y combate a la delincuencia a futuras acciones derivadas de reformas legales y de una larga paciencia. Casi me recuerda el discurso de aquel que dijo que la corrupción es un problema cultural. Hay que tener paciencia.
Y a dos años de haber asumido el control de la PGJ no se justifica dicho discurso ante las víctimas y sus familiares que no encuentran, ya no solución a sus tragedias personales sino atención con dignidad y respeto a su situación personal.
La justificación de acciones que no medran la capacidad de la delincuencia organizada y la corrupción abundan en el segundo informe de la Procuraduría que presentaron ante la Cámara de Diputados.
La Ley General de Víctimas ordena la integración del Reporte Nacional de Personas Desaparecidas, cifras inconexas y dispersas que proporciona la Secretaría de Gobernación y la PGR.
Generan incertidumbre en el trabajo de esta última. La respuesta general que presentan no justifica la falta de coordinación y verificación de la información de las procuradurías de justicia de las entidades federativas.
Ante los senadores, el 22 de mayo de este año el Secretario de Gobernación señaló, cito, del 2006 al 12 tenemos más de 27 mil reportes de personas desaparecidas, y hoy con este dato que les doy tenemos 13 mil reportes de desaparecidos pero los datos siguen. Del 2012 al 14 otra vez hay 16 mil que se han reportado nuevamente como no localizados y quiero decirles que se han encontrado 8 mil vivos y 385 muertos. Entonces, tenemos hoy, no localizados de esta nueva cuenta, 8 mil nada más.
La organización de Amnistía Internacional aseguró que el gobierno de México no ha demostrado que está atendiendo debidamente a los reclamos de los familiares de personas desaparecidas en el país, y que además resulta preocupante no saber cuántas son víctimas de desaparición forzada.
Informaron que al 21 de agosto del 14 la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR anunció que el número de personas no localizadas sobre las que se presentó una denuncia suman 22 mil 322.
Yo le pregunto, ¿puede indicarnos con certeza y objetividad el número de personas desaparecidas que la PGR investiga en forma real?
¿Cuántas personas, familiares desaparecidos se encuentran asistidas por la Procuraduría General de la República en el marco de la Ley General de Víctimas?
Yo, por otro lado, le quiero decir qu3e en su segundo informe, en el combate a la delincuencia organizada se informa que del 1 de septiembre, del 13 al 31 de julio del 14, el aseguramiento de armas consistió en 493 armas largas, 283 cortas, 111 mil 286 cartuchos, mil 682 cargadores, 6 punto 8 granadas y 970 diversos.
Y también informa que en el combate al narcotráfico aseguraron 108 armas largas, 79 cortas, 14 mil 115 cartuchos, 42 granadas –está en la página 60.
Y si revisamos el informe en el tema de armas de la Secretaría de Defensa Nacional –en la página 106-, como resultado de las operaciones para reducir los índices de violencia del primero de septiembre del 13 al 31 de agosto del 14, reporta recibir seis mil 894 armas de fuego, 733 granadas y un millón 88 mil 280 cartuchos. Y puedo seguir un glosario que por abreviar en el tiempo se lo voy a mandar por escrito a usted.
Pero ¿por qué señalo los datos sobre aseguramientos de armas de otra dependencia? Por la incertidumbre en la información que se genera al analizar los datos de aseguramiento de armas que se registren en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, unidad que depende de la SEIDO, lo que señala que el aseguramiento y sujeto a investigación al 31 de julio de 2014 es un total de ocho mil 540.
¿Qué representa esta dispersión de información sobre aseguramiento de armas? ¿Acaso la PGR no integra en sus investigaciones las armas aseguradas por la Sedena y la Semar en operaciones contra el narcotráfico –entiéndase delincuencia organizada?
¿En la investigación de tráfico de armas no existe un registro común de las entidades que integran el Sistema de Seguridad Nacional? ¿Cuáles son los resultados de la investigación de las armas del programa Rápido y Furioso? ¿Cuántas de las armas registradas por la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas se han detectado como parte del programa Rápido y Furioso?
Quiero culminar diciéndole que en el informe del Ejecutivo federal y en particular de la PGR, se percibe la ausencia al combate a la corrupción y la impunidad, eje sobre los que gira la inseguridad en el país y la consolidación de la delincuencia organizada en el mismo.
Señor procurador, alguien no está haciendo bien su trabajo. En este desorden del Sistema Nacional de Seguridad es el que permite la ilegalidad y la impunidad de acciones que se denuncia a través de la prensa internacional, como es el caso Tlatlaya, y según todos los que se han cuestionado y seguimos estar el día de hoy sin encontrar respuestas satisfactorias. Espero que usted, las que yo le he realizado, nos las pueda contestar con precisión.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene la palabra el señor procurador General de la República.
El procurador Jesús Murillo Karam: Como protesté que no iba a decir mentiras, tengo que darle los datos por escrito. No me equivoque yo con un número y me acusen de haber violado la protesta. En consecuencia le voy a contestar por escrito.
Déjeme decirle que sí, hay muchos alguienes que no están haciendo bien su trabajo. Tantos como muchos alguienes que quisieran que no lo hiciéramos bien. Y tantos como muchos alguienes que les beneficiaría que no lo hiciéramos bien. Aquí por lo menos estamos haciendo el esfuerzo de hacerlo lo mejor que podamos, eso se lo puedo asegurar. Le contesto por escrito todo lo demás.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene para realizar un comentario el propio diputado Manuel Huerta el uso de la palabra.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Me temía esta respuesta y yo lo que le quiero decir es que la falta de certeza en la información que proporciona la PGR, se señala en el diagnóstico que se presenta en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-18, publicado ya en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del año en curso. Esto es hace poco más de cuatro meses.
En la publicación oficial se precisa lo siguiente: En cuanto a otros delitos de alto impacto social México está catalogada como país de origen, tránsito y destino para la explotación sexual, comercial y el trabajo forzado, denominado como trata de personas. Sin embargo México carece de un sistema de información para describir con precisión las dimensiones de este delito.
Otra información relevante para el contexto de inseguridad, es el número de armas que podrían estar ingresando al país por cruces ilegales.
En el 2011 se aseguraron 23 mil 586 y de enero a julio del 2012 se aseguraron 15 mil 835, para que lo incorpore a las respuestas que debe enviar.
¿Cuál es la certeza en la investigación de delitos cuando no existe coordinación ni control fidedigno de la información de las autoridades responsables en el ámbito federal y estatal? ¿Se confirma la tesis del Estado fallido que no se puede recuperar como se acredita con la ineficacia e ineficiencia de políticas públicas que se soportan en la impunidad y la corrupción? La muestra es Michoacán y Tlatlaya.
Quisiera culminar porque obviamente uno quisiera que a este país le fuera mejor; por desgracia se está imponiendo un modelo que nos lleva al despeñadero, y no es por el apellido, sino por la realidad.
En esta serie de comparecencias de los titulares de la secretaría del Ejecutivo federal ante la Cámara de Diputados, en el que todo cambia para seguir igual, o más bien, para estar peor que cuando inició el gobierno de Peña Nieto.
Las declaraciones que ha manifestado usted, procurador, me trae a la mente el habitual barroquismo irónico del novelista cubano Alejo Carpinteiro, en su clásica novela El Recurso del Método, en el cual inicia el capítulo primero con un epígrafe de René Descartes, del Discurso del Método. Cito: “Mi propósito no es el de enseñar aquí el método que cada cual debe seguir para guiar acertadamente su razón, sino solamente el demostrar de qué manera he tratado de guiar la mía”.
¿Cómo aceptar en forma razonable el discurso que en materia de investigación y persecución de los delitos presenta el día de hoy la PGR?
Mire, culmino. Es de verdad, califíquenlo, si con Calderón andábamos mal, hoy, y a mí me da mucha pena decirlo, la opinión pública dice “que Peña Nieto está peor”. Ya digo, para llegar a esos niveles de pensar que Peña Nieto está peor que Calderón, que está juzgado en La Haya por delitos de genocidio, pues nos habla de que algo grave está ocurriendo en este país. Muchas gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Está claro que no vamos a coincidir en el tema de Oceanografía, señor procurador, me parece, insisto, que hubo un tratamiento inadecuado, pero al margen de eso omitió responder sobre la situación jurídica de Mario Ávila Lizárraga, sobre el ex director de Pemex Exploración y Producción, Carlos Morales, que tuvo que ver mucho en contratos, en convenios modificatorios de Amado Yáñez, Carlos Morales, porque no solamente fue el ilícito bancario o la simulación o fraude que hubo con la complicidad también de gente dentro de Pemex, sino también todos los convenios modificatorios que se hicieron para justificar los incumplimientos, para modificar contratos que ganaba con otros más bajos que sus competidores y que luego le corregían por la vía de convenios donde cobraba finalmente cantidades mayores. Entones me gustaría que eso nos lo pudiera comentar.
Y pasando a otros temas, en lo relativo a la tortura, cuántas denuncias penales por tortura ha recibido la PGR en lo que va de la presente administración, cuántos exámenes realizaron peritos de la PGR bajo las directrices del Protocolo de Estambul el año pasado en casos de posible tortura y cuántos salieron positivos. Cuántas averiguaciones previas por tortura ha abierto la PGR en lo que va del año 2014. En cuántos casos ha logrado una sentencia condenatoria por tortura en lo que va del actual sexenio y cuántas de éstas quedaron firmes.
Qué porcentaje de personas detenidas por delitos federales son detenidas en flagrancia y no por orden de aprehensión. De las denuncias de tortura recibidas por la procuraduría en el presente sexenio cuántas incluyen víctimas mujeres.
Por otro lado, en el caso de Ángel Amílcar Colón, migrante hondureño, que ha sido nombrado preso de conciencia por Amnistía Internacional por considerar que su detención se basa en discriminación racial, cuál es la postura de la Procuraduría General de la República en este caso. Debido a que Ángel Amílcar denunció haber sido torturado por policías federales y elementos militares y una prueba pericial basada en el Protocolo de Estambul disponible en el expediente así lo confirma, qué acciones concretas ha emprendido la procuraduría para investigar la denuncia de tortura. Cuál es la respuesta y el tratamiento que la procuraduría ha dado a la representación diplomática de Honduras con relación a este caso.
Por otro lado, señor procurador, advertimos en el caso de Michoacán que los tratamientos jurídicos son atendiendo las características de a quien persiguen. Por ejemplo, cómo se explica que Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador Fausto Vallejo, haya recibido el auto de formal prisión sólo por el cargo de encubrimiento, mientras que el doctor José Manuel Mireles enfrenta una larga serie de imputaciones, entre ellas el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y contra la salud, por los que ya recibió formal prisión, a pesar de que se ha insistido por diferentes organizaciones, por diferentes defensores acerca de la siembra de armas y droga para imputar al señor Mireles, que no estuvo de acuerdo en el dispositivo que se echó a andar por parte del señor Alfredo Castillo.
Por otra parte, que precisara las circunstancias de La Tuta, porque se mueve con total impunidad, es toda una productora de videos y sin embargo todos lo encuentran menos el gobierno. En el caso de El Chapo Guzmán, cuando el gobierno quiso lo detuvo, pero hubo muchos años que no quiso detenerlo, no necesariamente de esta administración, pero sí quisiéramos también que pudiera respondernos sobre eso.
Concluiría diciendo, respecto a lo que decía la diputada Zuleyma Huidobro sobre el caso de la Guardería ABC que se engañó durante la campaña presidencial del hoy presidente Enrique Peña Nieto que dijo que no iba a haber impunidad y sin embargo, como decía la diputada Huidobro, los padres y madres de estos niños dicen que no van a alcanzar justicia porque los peritajes no arrojan pruebas concluyentes.
Pero me gustaría que profundizara sobre lo que ha dicho Índigo con relación a la bodega que estaba a un lado y que atribuyen a que personajes del gobierno del exgobernador de Sonora, Bours, mandó quemar papelería financiera que podía comprometer a su administración.
Nos gustaría que pudiera profundizar sobre ese caso porque no queremos que ABC sea un caso más de impunidad en este país. Es cuanto.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene la palabra el licenciado Jesús Murillo Karam, procurador General de la República.
El procurador Jesús Murillo Karam: Voy a empezar por lo último. En el caso de La Tuta nosotros tampoco quisiéramos que hubiera impunidad, ni en el caso del ABC. Le aseguro que ojalá y pudiéramos, espero que sea pronto, no voy a decir cuándo. No sé, ni idea tengo, pero ojalá pudiéramos detenerlo, tampoco queremos que tenga impunidad.
En lo que se refiere al asunto de Mario Ávila, no tengo ninguna averiguación en su contra. En lo que se refiere al asunto de Rodrigo Vallejo, es muy sencillo. ¿Qué es lo que aparece en el video? Él, sentado junto con La Tuta y es una fiesta, no hay ningún diálogo que sea incriminatorio.
¿De qué lo acusamos? De encubrimiento, porque ése sí lo hay. Por lo que usted dijo hace un rato se liga, el problema es que nadie nos informa. Si nosotros vamos, La Tuta se esconde con tranquilidad porque le da miedo a la gente decir la denuncia.
Esto mismo que hicimos con la tortura, permítame decirle qué hemos hecho para eliminar los casos de tortura. Se les pidió a todos los jueces que en cuanto se mencionara un caso de tortura se diera vista de forma obligatoria a la Procuraduría de la República.
De tal modo que el año pasado tuvimos 183, y este año gracias a esa decisión, ya tenemos mil quinientos –déjenme porque no veo; digo una mentira de estas y me van a hacer levantar la protesta– mil 395, hasta el 30 de abril, no vaya a ser que haya ahí otro, hasta el 30, perdón, no de abril... –de qué fecha es el corto– de agosto, perdón, ya dije una mentira, pero la compuse luego, luego, para no tener problema.
Entonces son mil 395. ¿Qué significa? Que tenemos más campo de investigación. Si tenemos un espacio enorme. La única forma de evitarla es castigando a quien la haga, y la única forma de castigar a quien la haga es teniendo el conocimiento. Esto nos está permitiendo tener conocimiento de los casos de tortura, y estamos empezando a aplicarlo, ya tenemos consignaciones, no le quiero dar el dato exacto, no le voy a dar ni un número exacto, no me quiero equivocar, se los voy a mandar por escrito. No quiero equivocarme, quiero darle un dato preciso y ya después me lo reclama.
Me preguntó también de Carlos Morales, ¿en qué casos?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde curul): (Fuera de micrófono).
El procurador Jesús Murillo Karam: Qué, perdón. Mire, no puedo adelantarle, porque no debo hablar de cuestiones que todavía no son, no se preocupe, punto. ¿Cuál otro?
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde curul): (Fuera de micrófono).
El procurador Jesús Murillo Karam: Ése no sé quién sea.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde curul): (Fuera de micrófono).
El procurador Jesús Murillo Karam: Y de qué está acusado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde curul): (Fuera de micrófono).
El procurador Jesús Murillo Karam: Ah, bueno, eso dice usted. No tengo tampoco averiguación de eso. ¿Qué me falta de contestarle? Me lo pasa y se lo contesto, y tiene más chance, se lo contesto por escrito, tiene más modo de exhibirme después. Gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Gracias, procurador.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene derecho conforme al acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado por el pleno, a hacer un comentario el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Sí vamos a esperar las respuestas por escrito, señor procurador. Incluso también la diputada Tapia y su servidor vamos a presentarle otras preguntas más, adicionales a estos casos, pero me parece muy grave que usted diga que no hay ninguna averiguación previa en contra de Mario Ávila Lizárraga, que fue subdirector de, precisamente de Pemex Exploración y Producción y que tuvo que ver con contratos de Oceanografía, contratos y addendums, que incluso firmó cuando ya no era funcionario.
Y aquí usted estaba en marzo cuando Emilio Lozoya dijo que ellos habían presentado una denuncia, y usted dice que no hay ninguna averiguación previa. Yo creo que a lo mejor usted está confundido, lo digo respetuosamente, porque sería gravísimo que por quizá el caso más cuadrado de un delito de un servidor público de Pemex, en el caso Oceanografía, pues ni siquiera en este caso actuara el Ministerio Público federal, sería ya la impunidad total.
Y Carlos Morales no era cualquier funcionario. Digo, se me hace extraño que usted no sepa quién sea él, porque él fue director de Pemex Exploración y Producción varios años, y fue el encargado de entregarle varios contratos a Amado Yáñez. Y sospechosamente nunca se aclaró.
Cuando surge el caso de Oceanografía, tanto el caso de Citigroup como el caso de las fianzas, sale entre comillas por razones personales Carlos Mortales. Es un altísimo funcionario de Pemex, sólo abajo del director general, es de una de las filiales de Pemex Exploración y Producción por varios años. Entonces, me parece que no puede –lo digo con respeto– manejarse con ligereza el tema de esta magnitud.
El procurador Jesús Murillo Karam: Le corrijo. El problema es la forma en que me lo preguntó, no tiene que ver con Oceanografía. Es otro delito, está en otra Subprocuraduría. Lo buscaron en Oceanografía y por eso me dijeron que no tenía nada.
Voy a decirle algo que no acostumbro, voy a decirle que sí hay averiguación previa. Es un error, no debería decirlo...
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: ¿Sí hay averiguación previa entonces?
El procurador Jesús Murillo Karam: Sí.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Bueno, pues agradecemos que...
El procurador Jesús Murillo Karam: Y está en otra Subprocuraduría, no tiene que ver con Oceanografía, pero sí hay averiguación previa.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Pero son por hechos que finalmente se generaron por Oceanografía, no creo que sea por otro...
El procurador Jesús Murillo Karam: No generados por Oceanografía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Bueno, entonces concluiríamos diciendo entonces que nosotros queremos que se profundice en este caso, señor procurador, porque con la reforma energética vendrán más contratos, más licencias, más operaciones, y si en este caso de Oceanografía, que no tiene el peso de compañías como las extrajeras, Chevron, Exxon, y todas las demás que usted conoce, Shell desde luego, hay estos casos pues qué podemos esperar si en el caso de Oceanografía hay impunidad.
También quisiera, en otro turno, sé que el formato no lo permite, pero usted tiene tiempo en otras intervenciones, saber qué vinculación hay con la Comisión de Intercambio de Valores de Estados Unidos, la SEC, en casos de empresas que están ligadas a sobornos y corrupción.
Quisiera que nos diera en que se ha avanzado en el caso de Hewlett Packard, que es otro caso de corrupción y de cohecho, que nos dijera qué ha pasado con el caso de Evia y si han estado investigando, porque muchas de las empresas que estarán vinculadas al tema energético en sus países de origen están acusadas de prácticas ilícitas, de corrupción, de soborno, y queremos ver qué hace la PGR para detectar estos posibles casos anticipándose preventivamente a los hechos. Es cuanto.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Gracias, diputado Mejía.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Como le he señalado al inicio de esta ronda, hay aquí en el acuerdo la posibilidad de que los diputados y las diputadas hagamos un comentario con respecto a la cuestión que el señor procurador haya respondido y en el caso evidentemente teniendo información que –como él lo ha mencionado– la hará llegar por escrito a los diputados correspondientes, no tendría la oportunidad de responder a un nuevo cuestionamiento en el turno del comentario, así es que tiene ahora la palabra el diputado Carlos Castellanos Mijares.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Buenas noches a todos. Con la venia de la Presidencia. Señor procurador, buenas noches. Señor procurador, al inicio de este año, para ser exactos el 10 de febrero pasado, se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el cual se dio a conocer, el modo formal, las nuevas facultades concedidas por el Congreso de la Unión a la Procuraduría General de la República. Se le asignó a la todavía hoy Procuraduría General de la República el carácter de órgano autónomo constitucional, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
Lo anterior en su puesto le brinda un carácter libre de ataduras para mejorar el proceder en tareas como la implementación del sistema penal acusatorio, la persecución e investigación de hechos presuntamente delictivos, entre otras tareas. Esto lo deja a usted en la posibilidad de ser el primer fiscal general de la República.
En ese contexto, sabemos bien que la implementación de esta reforma constitucional depende en gran medida del Congreso, de que lo aprobemos aquí, pero al momento queremos conocer, ¿cómo se prepara la Procuraduría para asumir esas nuevas competencias? Es decir, si su coordinación de planeación, desarrollo e innovación institucional ya le reportó algún parámetro de dónde deba fortalecerse más a la institución.
¿Cómo se fortalecerán áreas tan exigidas por la sociedad, como los derechos humanos, la atención de los delitos contra la libertad de expresión, que tantos dolores provocan a los reporteros y periodistas, la violencia contra las mujeres y la prevención de los delitos, en general? Por sus respuestas, señor procurador, muchas gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene la palabra el señor procurador general de la República.
El procurador Jesús Murillo Karam: Mire usted, sería una pregunta que tiene dos vertientes, es cómo nos preparamos en todos los frentes para esto, no únicamente nos señala que requieren una preparación de orden general. Y luego, cómo nos preparamos específicamente para lo que usted me plantea, que requiere ya una especialización, sin duda alguna. Es justamente lo que va a ser el Instituto de Formación Profesional, es exactamente lo que estamos generando en ese lugar.
Déjeme decirle, repetirle que tenemos 500 espacios en donde pueden dormir, comer y permanecer una buena temporada, porque el lugar tiene formas de reflexión, módulos deportivos, de manera tal que sea constante la capacitación para que tenga efecto. Las capacitaciones que son de cada semana son mucho más complicadas. El propósito es ir especializando. Por eso también –insisto– no será tan pronto, tendremos ya unidades especializadas claras y permanentes.
El problema central de la Procuraduría radica en que si hoy se le asigna a un personal, Ministerio Público e investigador, una investigación, a los tres días vienen otras dos que por ese día son más urgentes y hay que cambiar al investigador; entonces, lo que estamos tratando de darles es permanencia a los investigadores. Hoy estamos tratando de no moverlos y de que el caso que les toca lo tienen que presentar hasta el final.
Les repito, estamos tratando, porque todavía no podemos en todos los casos, estamos apenas armando el esquema, hay todavía estados en los que no podemos implementar esta cuestión. Entonces, la idea es esa, especializar investigadores y especializar fiscales.
El problema del procedimiento que viene va a radicar también en mucho en la capacidad del fiscal de exponer, de plantear su caso, de demostrar lo que tiene que demostrar, que hay hechos constitutivos de una conducta que está tipificada y una responsabilidad de a quien se les adjudican estos hechos ilícitos.
Es que tiene que haber una habilidad de convencer al juez, de convencer a quien le oye para poder ganar su asunto. Esto es lo que más trabajo nos va a costar, porque hasta hoy nuestros fiscales se quedan en la averiguación previa.
Ya hay un intento de adentrarse en procesos y hay algunos fiscales que lo hacen, pero todavía no es la mayoría, todavía no es lo común. Eso será fundamental y la especialización, desde luego.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene derecho el diputado Catalino Duarte... Perdón, Carlos Castellanos Mijares de realizar su comentario, en un momento seguido.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Ya me está cambiando de personalidad, señor presidente. No, no, con todo respeto también.
Gracias, procurador, pues tienen un reto importante, la consolidación de la fiscalía será una tarea titánica, no por lo que implica administrativamente hablando, sino por las expectativas que generan a la sociedad y en beneficio de la sociedad.
Aunque utópico, la sociedad se dispone a vivir en un clima social, donde las conductas ilícitas no se actualicen, exista seguridad pública, la gente no delinca o no pueda delinquir, los sistemas de justicia acusatorios sean eficaces y dé los resultados que de ellos se esperan.
La Procuraduría tuvo, antes de este gobierno, años duros donde la exhibición de los indiciados alteró el procedimientos penal correspondiente, o simplemente se integraron mal los expedientes, donde se dejaron las bases para colocar a nuestro país como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo.
En este sentido, consideramos que debe de luchar para estructurar las nueva fiscalía con grandes resultados, de modo tal que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión no reporte ninguna averiguación previa por estar viviéndose en México un clima de respeto y de libertad a las profesiones de los periodistas.
De igual manera, donde las mujeres no sean objeto de violencia de ninguna índole, donde las estrategias de inteligencia sean transversales para asegurar, en general, en beneficio y seguridad de todos los mexicanos, cumpliendo a cabalidad las recomendaciones de los organismos internacionales.
Por todo lo anterior, deseamos éxito y acudimos a su responsabilidad para llevar a buen puerto las tareas que tiene asignadas. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Ahora sí, compañeras y compañeros, tiene el uso de la palabra el diputado Catalino Duarte Ortuño, del PRD.
El diputado Catalino Duarte Ortuño: Voy a obviar apoyarme en unos documentos que preparé, porque nuestro procurador ha reconocido que en este país la justicia es lenta y a lo mejor si yo estuviera en su lugar diría lo mismo.
El problema de la justicia en este país es de estructura, es de origen. Valdría la pena, señor procurador, saber, ¿por qué ha crecido tanto la impunidad en este país? ¿Quiénes son los culpables? ¿El Congreso de la Unión? ¿Las instituciones? ¿Dónde está el problema? ¿Cómo le podemos exigir a un Ministerio Público que sea eficaz, si en mucho de los casos, usted lo sabe, no tienen ni papel para levantar una averiguación previa?
Tenemos estados donde no cuentan con edificio propio ni siquiera teléfono de oficina, no cuentan también con lugares para practicar las necropsias o autopsias. ¿Cómo trabajar en cuidar el círculo de los indicios en donde se comete un delito?
El problema aquí no es consignar averiguaciones previas. No. El problema es otro. Tenemos que atacar la descomposición social, lo dijo usted bien. Tenemos que generar mejores condiciones de vida, ¿y cómo lo vamos a hacer? Cambiando la política que impulsa este gobierno, atendiendo la educación, el desempleo.
¿Por qué muchos de los jóvenes después de que salen de las universidades se van a formar parte de los grupos de la delincuencia organizada? En algunos casos porque no hay oportunidad.
Y no coincido con usted cuando dice, que se respira paz en Michoacán, yo soy vecino de Michoacán, lo invito, vayamos usted y yo a Michoacán sin seguridad, sin carros blindados y diga, aquí viene el diputado federal Catalino Duarte y el procurador general de la República.
Tenemos que reconocer que en Michoacán, efectivamente han afectado al grupo delictivo de la Tuta pero han fortalecido otro.
La pregunta aquí es, si tenemos instituciones importantes como la Marina, el Ejército, que cuentan con una estructura importante, que saben, por supuesto que saben y el procurador sabe cómo están constituidas esas células delictivas, dónde están y por qué no actúan.
Termino. Me voy a centrar en el tema de Tlatlaya. Con mucho respeto se lo digo, es una irresponsabilidad de su parte decir que va a esperar los dictámenes. Usted es un hombre profesional, es inteligente, tiene experiencia, lleva dos meses el asunto en la PGR.
Si usted ya tiene el dictamen en materia de criminalística. Si usted ya tiene la inspección ocular, tiene fe de lesiones, fe de cadáver, fe de media filiación, tiene el dictamen en materia de balística forense, tiene la autopsia o necropsia, la verdad, son indicios importantes para poder establecer cómo fue, cuál era más o menos la ubicación víctima, victimario.
Fue una venganza, señor. Usted sabe que anteriormente a ese hecho, en Apaxtla de Castrejón privaron de la vida a un alto mando de la Marina. Un grupo que se dedica a cometer ilícitos.
Después, en el municipio de Arcelia el Ejército privó de la vida a cinco o seis ciudadanos sin justificación alguna. En respuesta a eso los pobladores del lugar por mutuo propio se organizaron, detuvieron a los militares y los pusieron a disposición del Ministerio Público.
Termino. En respuesta a eso el Ejército contestó en los términos que contestó.
Si usted y yo vamos al lugar de los hechos, al pueblo, todos le van a decir que formaron, el Ejército formó a los señores y los asesinó. Si gusta, vayamos al lugar. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Sí, señor. Adelante, señor procurador general de la República.
El procurador Jesús Murillo Karam: Qué bueno que es usted diputado y no juez. Sería terrible condenar de esa manera sin elementos. Y le aseguro una cosa, voy a llegar a la verdad y entonces me juzga, antes no.
Nunca dije que se respiraba paz en Michoacán. Dije que había mucho mejores condiciones que las que había y hay una diferencia enorme entre una cosa y la otra. Sí es muy importante dejarlo claro.
He ido muchas veces a Michoacán, diputado. Y no voy con escolta, no me gustan las escoltas porque llamo la atención. Tampoco sea que son tan...
De ir al asunto de Tlatlaya ya hice mi compromiso. Dice que tengo desde hace dos meses el asunto, no es cierto. El asunto lo tengo desde hace menos. Primero lo vio la Procuraduría del estado de México y después me lo turnaron a mí y yo tengo que hacer mis propios peritajes.
Incluso, en algunos casos de los que tengo, tengo que rectificarlos, ya leí la lista de todo lo que tengo qué hacer.
Me pregunta usted quiénes somos culpables de esto. Todos. No tengo la menor duda, todos somos culpables. Es un problema realmente en el que todos tenemos que poner una parte para resolverlo. Indudablemente hay quienes tienen mucho más responsabilidad para hacerlo, que somos el gobierno, sin duda alguna, indudablemente, pero todos tenemos algo que hacer. Es algo que no podemos eludir la responsabilidad. Yo no eludo la mía. Estoy en ella, incluso aquí estoy señalándole lo que puedo, porque mire, déjeme decirle algo que es muy importante.
La averiguación previa es una cuestión delicada. Sé que usted fue ministerio público, ¿o me equivoco? ¿Sí fue? ¿No? Sí fue. Sabe perfectamente que en una averiguación previa se analizan varias opciones y que puede haber incluido en una averiguación previa mucha gente que por alguna razón esté en una línea de investigación, pero que no necesariamente es culpable. Hacerlo público implica afectar prestigios. La gente después ya no distingue si se dijo estaba en una averiguación previa o si se sentenció o se le culpó.
Por eso es que la averiguación previa está protegida por la ley para que no se haga pública. Ahorita, hace un rato cometí un error. Tuve que aclarar que sí tengo una averiguación previa contra un individuo porque cometí el error de que pensé que la pregunta era en relación a Oceanografía. Ya lo tuve que aclarar, pero es un error. Es un error porque involucro a gente que todavía ni siquiera el juez ha dicho que amerita una orden de aprehensión.
Yo creo que la averiguación previa debe abrirse cuando se hace el juicio, y sobre todo en el nuevo sistema en donde prácticamente el juicio es totalmente abierto. Pero no antes para no afectar derechos y datos de particulares.
Por lo demás, le repito en el caso de Tlatlaya, verá usted que con suficiente contundencia –no podrá ser de otra manera en un caso que está tan polarizado- tendrá que salir la verdad.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: ¿Diputado, hará uso de su derecho al comentario? Adelante.
El diputado Catalino Duarte Ortuño: Nosotros coincidimos que debemos trabajar para fortalecer las instituciones. Va a ser muy importante la investigación que usted realice, el resultado, porque eso va a fortalecer a nuestro Ejército mexicano, a la Marina. Eso va a ser fundamental. Creo que va a ser un buen precedente porque usted lo sabe, con esta reforma hay cambios importantes en el tema de procuración de justicia y valdría la pena.
Termino, señor procurador, diciendo que no se va a resolver el problema de la inseguridad, de la justicia mandando a la cárcel a cualquiera que cometa un delito. Se tiene que tener una visión distinta de cómo reestructurar, cómo fortalecer, cómo reorientar, cómo recomponer el tejido social.
Podemos tener el mejor procurador, la mejor mujer en la procuraduría, la mejor estructura, pero hay que atacar el origen, las causas por qué se cometen los delitos. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene el uso de la palabra el diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Partido Acción Nacional.
El diputado Andrés de la Rosa Anaya: Muy buenas noches. Saludo al señor procurador, saludo también a los integrantes del presídium, a la diputada integrante también de este presídium.
Hemos escuchado con atención, señor procurador, lo que usted ha venido comentando desde su participación inicial y a lo largo de esta comparecencia, del tema de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que la verdad podemos escuchar o hemos escuchado algunos rasgos precisamente de ese proceso, pero quisiéramos escuchar aún más, información más puntual, más detallada de cómo se está generando ese proceso de implementación sobre todo porque tenemos una fecha fatal precisamente para junio del 2016 y que realmente eso también es preocupación de nosotros los legisladores, saber cómo vamos, qué va a pasar con ese proceso de implementación y que realmente podamos ubicar el contexto adecuado de lo que está haciendo la Procuraduría General de la República dentro de su ámbito de competencia.
Y sabemos también que está el proceso de implementación en las entidades federativas. Por ejemplo el caso de Baja California, de donde soy originario, hay una experiencia también importante en el proceso de implementación; pero bueno, es un proceso que se tendrá que dar para arribar precisamente a esa fecha y en el afán, digo, no solamente el planteamiento, en este tema es para hacer reiterativo, sino simplemente porque realmente esa verdadera preocupación y a nosotros nos toca si hay que hacer ajustes y si no están las condiciones en algún momento, para efecto de que se pueda llegar a buen puerto en la fecha definida hacer las adecuaciones y prórrogas correspondientes.
Por otra parte también comentar, aquí se hizo una expresión en alguna de las participaciones iniciales que el diseño y la implementación del nuevo sistema de justicia penal arrancó prácticamente en diciembre del 2012, y yo quisiera referir y aclarar que la realidad del diseño y la implementación del nuevo sistema viene de junio del 2008, precisamente a partir de la reforma constitucional que le da origen a este proceso de implementación y que viene precisamente del gobierno del presidente Felipe Calderón.
Voy a referirme entonces, señor procurador, precisamente al tema del proceso de implementación y al final también poderle hacer alguna pregunta que tiene que ver con el tema de la geolocalización derivada de la reforma en telecomunicaciones.
El 17 de abril de 2012 la Procuraduría General de la República creó la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, a efecto de emprender diversas acciones en materia de normatividad, reorganización institucional, personal y administración del cambio, infraestructura y equipamiento y coordinación intra e interinstitucional, con la finalidad de acelerar el proceso de implementación de la reforma constitucional de seguridad y justicia penal del año 2008.
No obstante lo anterior, durante la presente administración la Procuraduría General de la República ha quedado a deber al pueblo de México en la adecuada implementación del sistema de justicia penal acusatorio que ordenó la referida reforma constitucional.
Es de destacar que la Procuraduría General de la República debe ser faro que guíe a las demás instituciones de procuración de justicia del país, es decir, debe ser referente para ellas mismas. Sin embargo a la fecha eso al menos desde lo que podamos atisbar no ocurre.
Señor procurador, para cumplir el objetivo de garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, la Procuraduría General de la República se impuso como estrategias, el abatir la impunidad y lograr una procuración de justicia efectiva.
Lo que los mexicanos queremos ver es una Procuraduría General de la República más proactiva en el ámbito que le corresponde para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio.
Señor procurador, esperamos que la Procuraduría a su cargo no utilice como escudo para postergar la transición al sistema acusatorio la entrada en vigor a nivel federal del Código Nacional de Procedimientos Penales ni, en su momento, de la Ley de la Fiscalía General de la República, cuya iniciativa se acaba de presentar por el Ejecutivo federal.
Sabemos que la Procuraduría General de la República es uno de los actores y no es el responsable exclusivo del proceso de implementación. Sin embargo, a nuestro parecer resultan insuficientes las acciones emprendidas y los esfuerzos realizados por ustedes en dicho tema.
Por ejemplo, ¿no le parece demasiado tiempo, a veces más de un año, para concluir el documento que servirá de guía para la implementación del sistema acusatorio?
Ahora bien, concluyeron dicho documento en enero de 2014 y ocho meses después no hubo resultado alguno del cual pudiera rendir cuentas a la nación. Usted sabe, señor procurador, que el 18 de junio del 2016 está a la vuelta de la esquina, como lo comentaba al inicio. Dada la titánica labor a realizar por qué no se han realizado reuniones interinstitucionales con la Secretaría de Gobernación y el Poder Judicial de la federación para que estén en condiciones de pedir al Congreso de la Unión las declaratorias de entrada en vigor gradual respectivas lo antes posible, que están contenidas en un transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Señor procurador, qué estrategias llevará a cabo para participar de manera más significativa y efectiva en la implementación del sistema de justicia penal acusatorio.
Finalmente preguntarle sobre el tema de la geolocalización porque es un tema pendiente que tenemos por aquí y que incluye precisamente la participación de la Procuraduría General de la República. Le preguntaría –y disculpe la expresión– cuándo dará el visto bueno el Grupo Parlamentario del PRI para que conjuntamente podamos generar el proyecto que tiene que ver con la geolocalización, tal y como se expresa en la exposición de motivos de la reforma en telecomunicaciones que nos permita conocer los alcances y límites de esta herramienta tecnológica, pues nos preocupa mucho que no haya responsables que determinen el acceso a esta herramienta y que eso detone o genere discrecionalidad o excesos de la propia autoridad al momento de aplicar este tipo de medidas. Es cuanto.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Adelante, señor procurador.
El procurador Jesús Murillo Karam: Por lo que se refiere a la última pregunta pregúnteselo al grupo del PRI; yo no tengo la menor idea. Por lo que se refiere a la primera, qué bueno que usted aclaró porque primero me dejó con la duda. Me dice usted que desde 2008 se empezó a implementar y luego resulta que lo único que no está implementado es lo federal, o sea que no es cierto. Está usted dejando conmigo que no hay ninguna implementación.
Le voy a explicar por qué se cometió un error. Se ubicó una unidad de implementación que se dedicó a la planeación y finalmente pudo salir el código; no es pretexto. Sobre qué capacito para implementar federalmente el nuevo procedimiento. Cómo lo aplico si no lo conozco, cuánto hace que aprobaron el código. A partir de ahí estamos capacitando. Así de sencillo. Como usted podrá ver, tenía yo razón, no usted. Gracias, diputado.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene el uso de la palabra la diputada Elizabeth Yáñez Robles.
La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Muy buenas noches. Señor procurador, el gobierno del presidente Peña Nieto se comprometió a lograr un México en paz, a garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente y a abatir la impunidad.
Yo acepto la respuesta que nos dio y estoy de acuerdo en que todas las denuncias no se concretan en delitos y no todas se concretan en consignaciones. Sin embargo, usted sabe que no son esos casos los que generan la impunidad que tenemos en la procuración de justicia, sino aquéllas que sí son delitos y aquéllas que sí deben ser consignadas y que desafortunadamente no tienen un procedimiento legal expedito por parte de los ministerios públicos en donde que, ya sea por ineficiencia o por corrupción, se guardan las averiguaciones previas por años y años y no se resuelven.
Eso es lo que genera la impunidad y eso es lo que genera los precarios resultados que tenemos en la aplicación de la justicia. Usted nos comentó que las cifras no sirven definitivamente para hablar de la percepción y del daño, pero que sí sirven para planear.
Sin embargo hay cifras que son importantísimas que sean precisas por el daño y por la importancia que tiene el problema ante la sociedad. Y yo quiero tomar uno preciso. Me parece muy grave la diferencia que existe entre los datos que da el gobierno federal y los datos que están manejando las organizaciones civiles que le están dando seguimiento a los secuestros, y por eso le quiero preguntar de manera muy precisa, señor procurador, ¿cuánto es el número de casos que se han atendido de secuestros por estados y cuánto es el número de casos que se han atendido de secuestros por la Procuraduría General? Porque no coinciden en lo absoluto con el seguimiento que están dando las organizaciones civiles, y sí es importante dar respuestas precisas a ese tipo de problemas.
Hay otro problema sumamente delicado y al que usted y el presidente Peña Nieto no le han dado ninguna importancia, es el relativo a las acciones y compromisos que ante la nación y ante el electorado asume la Procuraduría General de la República dentro del ámbito de su competencia para garantizar que durante el desarrollo del proceso electoral que está próximo a iniciar, se respetarán y protegerán los derechos fundamentales políticos-electorales de los ciudadanos y los principios constitucionales y legales a que deben sujetarse entre otros obligados.
En las últimas elecciones todos los mexicanos fuimos testigos de múltiples violaciones a la Ley Electoral y muchos de ellos fueron por integrantes de autoridades del partido político al que usted pertenece, señor procurador. Eso lo hace a usted doblemente responsable y a la institución que usted pertenece para que sea esa institución la garante, ante todos los mexicanos, de que se respete el Estado de derecho, se respete la ley y se respete el derecho que tienen todos los mexicanos de escoger libremente a sus gobernantes.
Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Ha realizado la diputada Elizabeth Yáñez Robles el comentario al cuestionamiento del diputado Andrés de la Rosa Anaya.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: En consecuencia, tiene ahora la palabra el diputado Pedro Domínguez Zepeda, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda: Buenas noches, diputadas, diputados. Buenas noches señor procurador general. Quisiera iniciar la pregunta con una serie de reflexiones. Ha habido expresiones en esta sala que me hacen pensar que muchos de ustedes creen que la violencia, que la inseguridad inició en 2012, o me hacen pensar que no existe una intención manifiesta en los hechos de resolver estos graves problemas que en el país se viven.
Señor procurador, ha hecho cosas interesantes, yo coincido particularmente en una de ellas. Hay un notable avance en la cuestión de la tranquilidad con la que ahora podemos vivir en algunas zonas altamente conflictivas del país.
Soy originario de Chihuahua, de la capital del estado, y hemos visto cómo ha cambiado nuestra calidad de vida, cómo recuperado los espacios públicos. No digo que no haya problemas, no digo que no haya incidentes delictivos, pero que ha habido un cambio drástico que va más allá de las cifras y los índices sí lo hay y no lo puede negar nadie. Y lo constato, porque tengo un contacto permanente con los habitantes de mi distrito.
Creo que no se puede acusar de inacción al gobierno del presidente Enrique peña Nieto ni al procurador general de la República. El dejar de tener como letra muerta esta reforma constitucional de 2008 y dar pasos decisivos para constituir este ente autónomo de persecución del delito creo que es un paso que necesitaba el país para poder abatir esta circunstancia de inseguridad que no solamente se limita a los hechos de delincuencia organizada, también hay que pensar en delitos de otra naturaleza.
Por ello, señor procurador, le pregunto: Esta reforma, esta ley que acaba de llegar, este cambio de paradigma en la procuración e impartición de justicia en base al sistema acusatorio que sustituye al inquisitorio necesita un elemento fundamental, que es la coordinación entre las diversas etapas para hacer justicia entre la prevención, entre la procuración que le corresponde a usted y la impartición de justicia que corresponde al Poder Judicial.
De qué forma podemos los mexicanos esperar que se dé este proceso de coordinación, sin el cual creo respetuosamente que no podemos pensar en resultados positivos. Por su atención muchísimas gracias.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Tiene el uso de la palabra el señor procurador general de la República para responder el cuestionamiento del diputado Pedro Domínguez, y así mismo hacer algunos comentarios generales para concluir esta segunda ronda de preguntas y respuestas.
El procurador Jesús Murillo Karam: Primero le digo, diputado, que usted tiene la razón. Si no me equivoco es en octubre. Y aquí no puedo inventar, porque... ¿Qué fecha de octubre empezamos con la Corte?... Perdón, noviembre. De entrada ya estaba mal.
El 24 de noviembre iniciamos, según el acuerdo que tuvimos con el presidente de la Corte, ejercicios comunes, defensores, Ministerios Públicos y jueces, ya con la clara visión de lo que es el nuevo Código Procesal y en el Centro de Formación Profesional que le señalo tenemos incluso cuatro salas, que simulan las salas de juicio oral, para llevar desde las –lo que va a ser más difícil eh– medidas alternas hasta el posible juicio oral.
Sí tenemos el tiempo muy escaso, no podemos perder tiempo. La realidad es que nos queda muy poco tiempo. Espero –según el calendario que tenemos– que podamos cumplirlo en el territorio nacional.
Tenemos una enorme ventaja, algo que ha pasado en este país muchas veces, no es la primera vez, es que se nos adelantaron los estados. Hay estados que adelantaron la reforma, la implementaron y la hicieron muy bien. Y esto, pues que debería de darnos un poco de pena en el gobierno federal, a mí francamente le digo que me da gusto porque estamos aprendiendo enormemente de lo que ellos hicieron, en donde se cometieron errores y corrigieron, en donde se hizo bien, en donde funciona una cosa, en donde funciona otra. Y esto nos está permitiendo que la federal vaya ya sobre hombros de gentes que ya lo experimentaron.
O sea, la verdad es que dentro de lo malo, porque bien decían hace rato, debimos haber sido faro, pero –bueno– pues qué bueno que vayamos a la cola, pero sí, pero aprendiendo. Y qué bueno que podamos todavía tener el tiempo suficiente para implementarla adecuadamente. Es una esperanza, alguien lo dijo también y también lo creo. Es una esperanza que prácticamente está en nuestras manos sacar adelante.
Creo que debates como este, porque la verdad es que no es una presentación, es un debate, en el que me dejaron en franca desventaja, me limitaron para contestar, pero es un debate que nos enriquece, que nos da una perspectiva.
Es decir, mientras más agresiva es la pregunta, más obligado estoy a pensar qué tanta razón tiene. Y es la forma en que podemos realmente mejorar las cosas. Si nos fuéramos en la unanimidad, no encontraríamos nunca un camino con luz, como decían hace un momento. Entonces, qué bueno que haya debate, qué bueno que el debate sea franco, abierto. Qué bueno que sea educado, como lo fue hoy. Qué bueno que no sea mediante ofensas o ironías que insultan.
Francamente les digo: hoy me llevo muy buenas cosas de preocupación, por lo que aquí me han planteado –que ojalá y haya apuntado bien todas las que me pusieron– para poder empezar a encontrar respuestas mejores que las que hoy tenemos para este tipo de cosas. Les agradezco mucho la oportunidad y les prometo que no vuelvo a decir una palabra, porque son cerca de las 10 de la noche. Muchas gracias, son muy amables.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Gracias a usted, señor procurador.
El presidente diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Hemos desahogado, compañeras y compañeros, la comparecencia que teníamos planteada para esta tarde, ya noche. Agradecerles su presencia y su tolerancia. Asimismo agradecer al procurador que haya tenido la disposición, que ha tenido para con nosotros y pedirle que siga con esa misma disposición para con la Cámara de Diputados y estas comisiones en específico. Muchísimas gracias por su atención. Se levanta la sesión.
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