Acuerdo de la Junta, con formato que norma la comparecencia
Protesta del subsecretario de la Función Pública
Intervención del subsecretario Julián Alfonso Olivas Ugalde
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Juan Isidro del Bosque Márquez, PRI
Mariana Dunyaska García Rojas, PAN
Víctor Manuel Bautista López, PRD
Laura Ximena Martel Cantú, PVEM
Zuleyma Huidobro González, PMC
José Alberto Benavidez Castañeda, PT
José Luis Muñoz Soria, presidente de la Comisión de Vigilancia
Primera ronda de preguntas y respuestas
Lourdes Eulalia Quiñones Canales, PRI
Benjamín Castillo Valdez, comentarios
Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, PAN
Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, comentarios
Lizbeth Eugenia Rosas Montero, comentarios
Carlos Octavio Castellanos Mijares, PVEM
Carlos Octavio Castellanos Mijares, comentarios
Ricardo Mejía Berdeja, comentarios
José Alberto Benavides Castañeda, PT
María Sanjuana Cerda Franco, PNA
María Sanjuana Cerda Franco, comentarios
Areli Madrid Tovilla, presidenta de la Comisión de Transparencia
Segunda ronda de preguntas y respuestas
Lucila Garfias Gutiérrez, comentarios
Ricardo Mejía Berdeja, comentarios
Rubén Acosta Montoya, comentarios
Roberto Carlos Reyes Gámiz, PRD
Martha Leticia Sosa Govea, PAN
Julio César Lorenzini Rangel, comentarios
María del Rocío García Olmedo, PRI
Juan Manuel Carbajal Hernández, comentarios
Comentarios finales del subsecretario
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla (17:14 horas): Muy buenas tardes. Daremos inicio a la comparecencia del encargado de la Secretaría de la Función Pública, el licenciado Julián Alfonso Oliva Ugalde. Hay quórum y por lo tanto se abre la reunión.
Para dar cumplimiento al acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 9 de septiembre de 2014, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 4, y 45 numeral 4º, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 199 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comparece el maestro Julián Alfonso Olivas Ugalde, a efecto de ampliar el análisis correspondiente al Segundo Informe del estado que guarda la administración pública del país, entregado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla Solicito a la Secretaría dar lectura únicamente a los puntos resolutivos de acuerdo con la Junta de Coordinación Política, relativa a la comparecencia en Comisiones de funcionarios del Ejecutivo federal para el análisis del II Informe de Gobierno. El secretario de esta reunión es el presidente de la Comisión de Vigilancia. Adelante, presidente.
El presidente diputado José Luis Muñoz Soria: Con todo gusto, diputada presidenta.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al análisis en Comisiones del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República.
Acuerdo
Primero. En el marco del análisis del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República, se llevarán a cabo las siguientes comparecencias de titulares de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo federal ante las siguientes Comisiones.
Dependencia; Secretaría de la Función Pública. Titular, Julián Alfonso Olivas Ugalde, encargado de despacho, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, ante las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Fecha y hora, 29 de septiembre a las 17:00 horas.
El funcionario compareciente rendirá protesta de decir la verdad conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Presentación del funcionario compareciente hasta por 15 minutos.
3. Posicionamiento de los grupos parlamentarios hasta por siete minutos cada uno, en orden decreciente. Habrá dos rondas de preguntas, respuesta, comentario.
4. El orden de intervenciones de los grupos parlamentarios en las dos rondas serán en orden decreciente. Segunda ronda en orden creciente.
5. Las intervenciones se desarrollarán de la forma siguiente. Pregunta de cada grupo parlamentario hasta por cinco minutos. Respuesta del funcionario hasta por cinco minutos. Comentario del grupo parlamentario hasta por tres minutos.
Al final de cada ronda el funcionario podrá hacer comentarios generales hasta por tres minutos.
Tercero. Al concluir el maestro Julián Alfonso Olivas Ugalde habrá una intervención conclusiva del presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación hasta por cinco minutos.
Cuarto. Subsecuentemente habrá una intervención conclusiva de la presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción, diputada Arely Madrid Tovilla, hasta por cinco minutos.
Quinto. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que haga del conocimiento del Ejecutivo federal los términos del acuerdo a efecto de que se notifique a los funcionarios correspondientes.
Sexto. Comuníquese y publíquese el presente en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: En cumplimiento a la fracción I del resolutivo segundo del acuerdo referido, pido al encargado de despacho, al subsecretario de Responsabilidad Administrativa y Contrataciones Públicas, ponerse de pie.
Ciudadano Julián Alfonso Olivas Ugalde, encargado del despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, en términos de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protesta usted decir verdad ante las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados a las que comparece con motivo de la Glosa del II Informe del estado que guarda la administración pública federal, presentado por el ciudadano presidente de la república?
El subsecretario Julián Alfonso Olivas Ugalde: Sí, protesto.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, subsecretario. Enterado usted de los alcances y las consecuencias de ello, si así no lo hiciere, que la nación se lo demande.
Nos acompañan en esta comparecencia funcionarios de la Secretaría de la Función Pública, bienvenidos a todos; bienvenidos nuestros compañeros.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Para dar cumplimiento al acuerdo que norma esta comparecencia, se le concede la palabra al ciudadano Julián Alfonso Olivas Ugalde, encargado del despacho subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, hasta por 15 minutos. Adelante.
El subsecretario Julián Alfonso Olivas Ugalde: Gracias. Diputada Areli Madrid Tovilla, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Diputado José Luis Muñoz Soria, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Señoras diputadas y señores diputados.
En tiempo y forma se cumplió con lo dispuesto en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 8o de la Ley de Planeación, al presentarse ante el honorable Congreso de la Unión el II Informe de labores de la Secretaría de la Función Pública que contiene las principales acciones realizadas y los resultados alcanzados en el período comprendido del 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014.
Corresponde ahora responder a la convocatoria de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de esta Cámara de Diputados en su LXII Legislatura para proceder a la glosa de dicho informe.
En sentido literal “informar” significa “rendir cuentas”. Y como tal, es un ejercicio de transparencia que demanda nuestra sociedad y sancionan nuestras leyes y ordenamientos. Concurro ante esta soberanía convencido de su utilidad en materia de buen gobierno, más aún cuando la Secretaría de la Función Pública es la encargada orgánica del Poder Ejecutivo federal para promover la cultura de la legalidad, prevenir actos de corrupción, sobre todo mediante la modernización administrativa de normas y procedimientos y, en su caso, sancionar las conductas ilícitas por sí misma, o turnando los expedientes ante la autoridad competente.
Para agilizar la exposición me atendré a la estructura del documento escrito que fuera entregado oportunamente a su consideración, lo haré de manera breve para después quedar a su disposición y ampliar los temas o asuntos que así consideren las señoras y los señores legisladores, en el entendido de que los compromisos de la dependencia están plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo y en el programa para un gobierno cercano y moderno de la presente administración.
Sin ninguna duda la acción de gobierno pretende equilibrar en todo momento el mando con la norma, buscando conciliar la legalidad de la gestión pública con la legitimidad de las razones que la animan.
Así, conquistar la confianza ciudadana es fundamental para una administración con vocación de transformar nuestra realidad colectiva, que se quiere próxima al interés social y dispuesta a ser evaluada por sus resultados; se trata literalmente de fundar que el quehacer de las instituciones se oriente a brindar certidumbre y seguridad en cada una de las acciones que desarrollen.
La opinión ciudadana a través de la emisión de quejas y denuncias es una fuente inestimable de información, en el periodo que se informa se registraron 14 mil 905 sanciones administrativas involucrando a 12 mil 651 servidores públicos; de este universo fueron 2 mil 614 inhabilitaciones, 3 mil 299 suspensiones, 346 destituciones y se aplicaron 8 mil 4 amonestaciones entre públicas y privadas.
También se impusieron 642 sanciones de carácter económico con un monto total de mil 591 millones de pesos, buscando resarcir el daño, perjuicio, lucro o beneficio causado al erario federal. Éstas últimas se turnaron como dispone la norma a la Tesorería de la Federación.
El monitoreo de los servidores públicos encuentra un instrumento muy valioso en el análisis de la declaración patrimonial que se presenta anualmente por parte de los servidores públicos, su monto de cumplimiento en la última presentación de mayor fue de 97.16 por ciento, lo cual nos dio un incremento del 3.21 por ciento.
En materia de contrataciones públicas se logró un ahorro del orden de los 3 mil 296 millones de pesos, en virtud de la promoción de compras consolidadas, la homologación de condiciones y términos en las adquisiciones de bienes o la prestación de servicios; entre otras modalidades que fortalecen y agilizan el sistema Compranet; además, se reforzó la participación de los testigos sociales en los procesos licitatorios.
De septiembre de 2013 a agosto de 2014 se concluyeron nueve auditorías y siete visitas de inspección a dependencias y entidades, con un monto fiscalizado de 7 mil 806 millones de pesos, de los cuales se determinaron 56 observaciones con un monto irregular o por aclarar de 589.6 millones de pesos.
En materia de control y auditoría a la obra pública ejecutada por las dependencias y entidades federales, de septiembre a diciembre de 2013 se practicaron 23 auditorías a 86 contratos en donde se determinaron 170 observaciones; y de enero a julio de 2014 se iniciaron 144 actos de fiscalización a 663 contratos por 37 mil 601 millones de pesos en 51 dependencias y entidades.
De las auditorías programadas se cumplió con mil 191 revisiones equivalentes al 84.2 por ciento que ya en el seguimiento y atención de observaciones por parte de los órganos internos de control y de la secretaría se recuperaron recursos que resarcieron daños patrimoniales e indujeron ahorros e ingresos adicionales al erario por un total de 3 mil 74.3 millones de pesos.
En el periodo que se informa la Secretaría de la Función Pública y los órganos estales de control de 25 entidades federativas realizaron 157 auditorías, de las cuales 155 corresponden a 24 programas federalizados. En consecuencia de estas auditorías se generaron reintegros a la Tesorería de la Federación por mil 106.4 millones de pesos.
A efecto de materializar el programa para un gobierno cercano y moderno, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública coordinaron el proceso de suscripción de bases de colaboración con las dependencias y entidades de la administración, que tienen el propósito de establecer acciones para el cumplimiento de los objetivos del programa y formalizar los compromisos, haciendo más eficiente su operación con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios.
El gobierno federal está empeñado en la profesionalización de los servidores públicos, el servicio profesional de carrera en la administración es un mecanismo que promueve la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público, ya que su ingreso, permanencia y ascenso dependerá de sus méritos, preparación, comportamiento ético y de un trato equitativo con igualdad de género.
Al 30 de junio de 2014 el servicio profesional está integrado por 36 mil 635 puestos de los niveles de enlace hasta director general, distribuido en 73 instituciones. Durante el primer semestre del año de 2014 se publicaron 3 mil 399 concursos, cerca de 50 por ciento de ellos ya tienen ganador y los demás se encuentran en diversas etapas de procesamiento.
En materia de integridad y ética pública la secretaría ha impulsado la creación de comités de ética en las instituciones para fomentar la cultura de la legalidad. A la fecha, 220 instituciones cuentan con su mecanismo funcionando.
En el ámbito internacional la secretaría ha promovido y realizado programas, proyectos y acciones de cooperación técnica y científica con diferentes países, destacando la suscripción de convenios específicos de cooperación con la República de Francia y el Reino de España. Muy especial el convenio con la República de Francia fue el tema del servicio profesional de carrera.
Asimismo, se han organizado y atendido visitas oficiales para delegaciones provenientes de Brasil, España, Vietnam, Afganistán, Bután, India, Maldivas, Nepal, Paquistán y, últimamente, China.
También en materia multilateral la secretaría ha tenido a su cargo la representación de México en diversos foros. Es el caso de aquellos grupos de trabajo establecidos para el cumplimiento de las convenciones internacionales anticorrupción, los foros de gobierno abierto y aquellos otros de especialidad, como la XVI Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado.
Una de las funciones de la secretaría consistente en sistematizar la documentación e información del registro de la situación física, jurídica y administrativa de los inmuebles del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal se destacan los siguientes números.
Al mes de julio el universo integraba 103 mil 679 inmuebles, de los cuales 36 mil 389 correspondieron al sector público y 67 mil 290 fueron identificados como inmuebles destinados al culto religioso. De ellos 15 mil 160 recibieron certificados de derechos de uso, garantizándose su certidumbre jurídica.
A través de todas las acciones descritas en el presente informe de manera sintética la Secretaría reafirma su voluntad y compromiso de avanzar en la consolidación de un gobierno honesto, eficiente y transparente en beneficio de todos los mexicanos.
La Secretaría de la Función Pública ha asumido el reto de modernizarse y mejorar los grados de habilitación de sus recursos humanos para acompañar los procesos de renovación nacional. Este compromiso exige diseñar nuevos instrumentos de fiscalización además de establecer mecanismos y criterios que fortalezcan la prevención y la evaluación del desempeño.
Convencidos de la necesidad de objetivar la gestión pública mejorando sus procesos, así como la obtención de resultados, hemos impulsado muchas y muy diversas iniciativas de distinto calado y alcance, entre ellas la recuperación en lo que va de la administración de más de 6 mil 114.6 millones de pesos, con fecha al día último de junio de este año.
La puesta en funcionamiento nuevamente de un nuevo número 01 800 para captar las denuncias ciudadanas, la facilitación y simplificación de procedimientos desde los de participación en licitaciones hasta la presentación de declaraciones patrimoniales o la obtención de constancias de no inhabilitación.
Para dimensionar el esfuerzo institucional subrayo que en el primer semestre de 2014 se han sancionado a 8 mil 791 servidores públicos, mientras que durante el mismo lapso, pero del ejercicio 2011, fueron sancionados 3 mil 889 funcionarios. En 2012 la cifra fue de 4 mil 284 servidores públicos y en 2013 4 mil 564 empleados públicos.
Concluyo mi intervención comentándoles que en este mes de septiembre la Secretaría de la Función Pública recibió un comunicado de la Organización de los Estados Americanos, donde se le informó que la dependencia ganó el premio en gestión de recursos humanos ante 74 postulaciones de distintas instituciones públicas de 13 países miembros de la OEA, por la Encuesta de clima y cultura laboral aplicada al personal de la administración pública federal, que en este gobierno ha sido ampliada de 532 mil a 603 mil entrevistados y se pasó de 279 a 284 instituciones del gobierno de la administración pública federal. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, secretario encargado.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Para dar cumplimiento a la fracción III, del resolutivo segundo, del acuerdo que norma esta comparecencia, los grupos parlamentarios han inscrito para fijar posición, hasta por siete minutos, a los siguientes diputados:
Por el Partido Revolucionario Institucional, por el PRI, el diputado Juan Isidro del Bosque Márquez. Por el PAN, la diputada Mariana Dunyaska García Rojas. Por el PRD, el diputado Víctor Manuel Bautista López. Por el Partido Verde Ecologista de México, la diputada Laura Ximena Martel Cantú. Por Movimiento Ciudadano, la diputada Zuleyma Huidobro González. Por el PT, el diputado José Alberto Benavides Castañeda. Y por Nueva Alianza, la diputada Lucila Garfias. Tiene la palabra el diputado Juan Isidro del Bosque Márquez.
El diputado Juan Isidro del Bosque Márquez: Muchas gracias. Con su venia, señores presidentes. Compañeras y compañeros diputados, legisladoras y legisladores que se encuentran aquí presentes.
Maestro Julián Alfonso Olivas Ugalde, encargado de despacho, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, sea usted bienvenido a esta Cámara de Diputados junto con sus colaboradores presentes.
Su presencia es signo inequívoco del presidente Enrique Peña Nieto de su compromiso con la transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas. Su comparecencia el día de hoy ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación es signo indiscutible del diálogo permanente, respetuoso, plural, incluyente y democrático que el gobierno del presidente de nuestra república ha mantenido con esta representación social, con el objetivo claro de buscar los mayores beneficios para todos los mexicanos.
Del análisis del Segundo Informe de Gobierno presentado por el Presidente de la República en lo referente a la Secretaría de la Función Pública, destaca la realización de la tercera edición del Premio a la Innovación de Transparencia para la Mejora de la Gestión Institucional en la que participaron 82 proyectos en la materia. También destaca la elaboración en conjunto con el Consejo Nacional de Evaluación del Programa Anual de Evaluación 2014, de los programas federales de la administración pública federal en el cual se incorporaron 80 evaluaciones que corresponden a programas presupuestarios de distintos al desarrollo social.
La transparencia y la rendición de cuentas son dos ejes que permiten a los Estados democrático-constitucionales elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en su gobierno, así como construir una genuina democracia con objetivos claros, orientados a garantizar la gobernabilidad con certidumbre jurídica y un verdadero acercamiento del ciudadano con sus instituciones.
Se tiene claro que estos derechos permiten fortalecer un gobierno más abierto al escrutinio público y fomentar una relación entre sociedad y gobierno basada en la colaboración, la confianza y en la responsabilidad compartida.
En el marco del Pacto por México, las principales fuerzas políticas del país acordaron llevar a cabo reformas estructurales que permitieran materializar el derecho a la transparencia y acceso a la información. Específicamente se previó que los tres grandes cambios necesarios para mover a México deberían estar orientados a instrumentar la reforma para la rendición de cuentas, la autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información y un genuino combate a la corrupción.
En ese tenor, fue prioritario en la agenda del Ejecutivo federal avanzar en el tema de transparencia, de ahí que la iniciativa en esa materia fuera la primera que se presentó en el Senado de la República como aquella que abriera el exitoso camino de las 11 reformas estructurales aprobadas durante la presente legislatura.
De esta forma, el 7 de febrero de 2014 el presidente de la república publicó el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia.
La reforma constitucional en materia de transparencia incrementa la rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno y en todos los Poderes de la Unión, así como en modernizar el catálogo de derechos fundamentales en materia de transparencia, entre ellos el derecho a la protección de datos personales, que garantiza el derecho a la autodeterminación de la información de los individuos y a su privacidad.
Destaca la ampliación de los sujetos obligados, pues ahora se considera pública toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal.
Además, dicha información sólo puede ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional. Asimismo, a partir de dicha reforma los sujetos obligados deben preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y deben publicar a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.
Igualmente se fortalece nuestro sistema de división de poderes bajo un esquema de pesos y contrapesos, se establece que la Federación contará con el Instituto Federal de Acceso a la Información como organismo constitucionalmente autónomo.
No obstante, se requiere de estándares máximos en términos de cómo se recaban y cómo se protegen los datos personales en todas las esferas de manera genérica así como una normatividad que vuelva homogénea la protección de datos personales en posesión de autoridades.
En concreto, con la reforma constitucional en materia de transparencia, nuestro país cuenta por fin con una eficaz rendición de cuentas; se transparenta el ejercicio de la actividad pública; la entrega de información requerida por la ciudadanía se hará de manera pronta y expedita; habrá una ampliación en el derecho de acceso a la información pública y se acercará el sistema de transparencia a la ciudadanía al garantizarle también a nivel local.
Sabemos que el combate a la corrupción marcha en conjunto con la transparencia hacia la consolidación de un país con gobernabilidad democrática. Este tema representa uno de los principales reclamos más puntuales de la sociedad, así como una necesidad para construir un gobierno más eficaz y con mejores resultados.
La corrupción eleva los costos de los programas de gobierno, genera incertidumbre entre los inversionistas y daña la economía de las familias. De ahí que fuera indispensable generar cambios que pudieran hacer frente a esta problemática.
Es significativo para el combate de la corrupción la propuesta enviada por el presidente Enrique Peña Nieto y recibir en el pleno en esta Cámara el pasado 23 de septiembre en cumplimiento a lo establecido en la reforma constitucional en materia político-electoral, publicada el 10 de febrero de 2014.
La iniciativa que expide la Ley de la Fiscalía General de la República, la cual contará con una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dicha propuesta estará en análisis en el seno de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, misma que emitirá en tiempo y forma su opinión.
Es preciso señalar que su creación dará cumplimiento a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que señala la existencia de órganos encargados de prevenirla, dicho instrumento está vigente desde 1997 en México, además otros instrumentos internacionales que obligan a los estados a garantizar la existencia de un órgano especializado e independiente encargado de prevenir y sancionar la corrupción, son la Convención Interamericana contra la Corrupción; la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales conocida como Convención Anticohecho de la OCDE.
Resultan relevantes los esfuerzos del Poder Ejecutivo para combatir y eliminar las prácticas de corrupción que existen en nuestro país. En este sentido es oportuno señalar que la corrupción representa un lastre en razón a los efectos negativos que provoca. Todo ello, y por ello, los diputados y las diputadas del Grupo Parlamentario del PRI respaldamos con toda decisión las propuestas en materia de transparencia y anticorrupción planteadas por Enrique Peña Nieto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Continuando con la orden del día le cedemos la palabra a la diputada Mariana García Rojas, del PAN.
La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Muy buenas tardes diputadas y diputados, con su permiso diputada presidenta, diputado secretario. Agradecemos a los medios de comunicación y a todos los presentes.
Muy buenas tardes maestro Julián Alfonso Olivas Ugalde, sea usted bienvenido a esta soberanía. El día de hoy que nos reunimos para llevar a cabo el análisis del segundo informe de labores del Ejecutivo federal, en materia de la vigilancia al servicio público y la fiscalización del gasto federal.
Sin duda, nos encontramos ante un ejercicio democrático, en el cual el diálogo entre poderes fortalece la rendición de cuentas del gobierno federal y el trabajo conjunto para el bien del país y de la sociedad a la cual representamos los legisladores y a la cual usted sirve.
Ante la función que usted está desempeñando desde que comenzó esta administración, se han llevado a cabo reformas importantes en materia legal que han fortalecido el diseño institucional, exigiéndose en cada una de ellas un compromiso ético por parte de los servidores públicos que tendrán a su cargo todas y tan importantes funciones.
Como es conocido para todos los aquí presentes, la corrupción es una conducta que desvía a la función pública y debido a ella es de índole privada o para obtener beneficios pecuniarios o de rango o la violación de las reglas por consideraciones de carácter privado. En este sentido debemos recordar que durante las dos últimas administraciones se dieron pasos relevantes que sirvieron al crecimiento de la transparencia, el acceso a la información y el combate decidido a la corrupción, generándose mecanismos necesarios para que la sociedad tuviera un acceso efectivo y real a la información relacionada con el gasto público, así como las acciones realizadas por cada dependencia federal, logros que realmente marcaron un antes y un después de la historia de la administración pública en México.
Dentro del segundo informe de labores de esta administración se dan diversos datos en materia de sanciones a servidores públicos y en materia de fiscalización a través de la realización de auditorías de las dependencias federales a programas federalizados ejecutados por estados, municipios y el Distrito Federal, la detección de irregularidades en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como según reportan han intensificado las acciones de evaluación del desempeño de los servidores públicos.
Los datos que ofrecen en cuanto a servidores públicos que han sido sancionados son importantes, se habla de que la secretaría impulsó 14 mil 905 sanciones administrativas, a 12 mil 651 servidores públicos durante el último año, lo cual indica que los servidores públicos continúan realizando acciones contrarias a la ley, por lo que su vigilancia debe fortalecerse cada día más.
Sin embargo, también observamos vacíos de información respecto a sus facultades de verificación y fiscalización, así como estimamos limitada la información de actividades que realiza con las demás dependencias de la administración pública federal involucradas en el tema.
Hoy hay muchos rasgos de opacidad en el gobierno federal, hay muchos servidores públicos que no cuentan con el perfil para cubrir las plazas que tienen y ello se traduce en falta de eficiencia y profesionalismo; no olvidemos que el servicio público es la razón de todo gobierno y su materialización se da al interior de las instituciones públicas, teniendo como principal objetivo el bienestar de la población para la que trabajamos, por lo que cualquier acción que pretenda interponer el interés particular sobre él deslegitima su existencia.
Nosotros como Poder Legislativo nos mantenemos atentos a crear y a actualizar el marco jurídico que genere la consolidación de la administración pública federal, en el cual la gente tenga plena confianza en los servidores públicos y un verdadero compromiso a favor de la sociedad y es nuestra obligación fomentar el reforzamiento de estas estrategias implementándolas en los tres órganos de gobierno a nivel federal con el Programa De usuario simulado, herramienta creada en administraciones pasadas y que capta permanentemente información sobre calidad, transparencia de los servidores públicos, identifica, detecta y combate a la corrupción, así como presenta propuestas de solución y seguimiento a compromisos y mejoras.
Una de las promesas de campaña del actual presidente de la República fue crear la Comisión Nacional Anticorrupción, además prometió que su gobierno estaría encaminado y fincado en la transparencia, responsabilidad y legalidad, en donde en consecuencia se contribuiría en construir una sociedad cabal, confiada y participativa aspirando a un país fuerte, equitativo, incluyente, situación que a dos años de gobierno no se ha visto reflejada.
La tan nombrada Comisión Nacional Anticorrupción era un proyecto institucional que se basaba en la reforma constitucional y en parte de la reforma político-electoral y estaría facultada de manera prioritaria a impulsar acciones y programas de carácter preventivo buscando promover la ética y honestidad en el servicio público; esta promesa, por cierto, fue la más importante de las 266 firmadas ante notario público en la campaña del actual presidente de la República.
La Comisión Nacional Anticorrupción ha quedado atrás, ahora prometen la creación de una fiscalía especializada en anticorrupción, esperamos que ante la creación de ésta podamos ver respuesta a casos como el tan conocido caso de Oceanografía en materia de Pemex, para pagar los actos de corrupción al interior de esta misma empresa.
¿Cuál será la estrategia? ¿Fiscalía? ¿Comisión Anticorrupción? O dejar a la Función Pública, ya que este Congreso de la Unión, por la mayoría de los diputados dio el aval para la desaparición de la actual Secretaría de la Función Pública y ahora no encontramos ni la de Función Pública ni la de Anticorrupción.
En días pasados el titular de la Secretaría Superior de la Federación manifestó que en cuatro años de su gestión al frente de la Auditoría se han incrementado las denuncias penales con contra de funcionarios públicos, pasando de 30 a más de 400.
Ésta es una declaración preocupante, pues entenderíamos que el nivel de corrupción en el gobierno ha crecido de manera indiscriminada. Por otro lado, en las auditorías realizadas en 2011 y 2012 relacionadas con los contratos de Pemex, en específico con el tema de Oceanografía, encontramos la construcción del muelle de operaciones portuarias de Baja California Sur, por un contrato de 229.6 millones de pesos asignado a Pemex Refinación.
La Auditoría Superior de la Federación determinó en 2012 que existieron irregularidades en las que destacan la ampliación del plazo de ejecución, diferencia de pagos realizados, no se acreditó contar con dictámenes, permisos y licencias necesarios, retrasos importantes en obra electromagnética, obra eléctrica, instrumentación, equipamiento y obras complementarias.
Las auditorías practicadas por la Auditoría Superior destacan un número importante de irregularidades que han derivado en observaciones, acciones preventivas y correctivas, incluso el órgano fiscalizador dictaminó con opinión negativa. No obstante, no se reportan acciones de mayor alcance.
Desde el punto de vista de la fiscalización superior, la corrupción y el fraude de una empresa contratista tan importante para Pemex genera incógnitas y muchas cuestiones pendientes, como las acciones detonadas por la Secretaría de la Función Público en el caso Oceanografía, que es corrupción pública, fraude financiero y habían generado grandes expectativas en términos de fiscalización.
La transparencia y rendición de cuentas, como las sanciones a funcionarios corruptos derivados de la auditoría de la Auditoría Superior de la Federación son nulas. La Secretaría de la Función Pública espera su mutación a la Secretaría de Anticorrupción o Fiscalía. No sabemos si funcionará o no.
¿Nos podría explicar por qué ha iniciado nuevamente las actividades Oceanografía con los contratos de Pemex? Este esfuerzo de la última década en materia de transparencia y erradicación de la corrupción ni nosotros ni los ciudadanos estamos dispuestos a dar pasos atrás en esta materia.
México ya cambió y hoy gobierna con transparencia, con la obligación de informar. Desde hace 14 años es así y debe ser de esta manera. Decimos un rotundo no a gobiernos opacos, un rotundo no a la corrupción en las instituciones de la administración pública en México.
Con esta visión Acción Nacional continuará revisando el marco jurídico en materia de función pública y nos mantendremos vigilantes de las conductas indebidas en las que se comprometa el patrimonio de los mexicanos o que queden en impunidad.
Será nuestra labor el contrapeso del Ejecutivo, será nuestra labor por el bien de la sociedad mexicana. Es cuanto.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputada. Le damos la bienvenida al diputado Miguel Alonso Raya, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Gracias, amigo, por tu presencia.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Continuamos y tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Bautista López, del PRD.
El diputado Víctor Manuel Bautista López: Muy buenas tardes, señor subsecretario Julián Alfonso Olivas Ugalde. Diputada presidenta, diputado presidente, compañeras y compañeros, muy buenas tardes.
He tenido la oportunidad de dar seguimiento a la trayectoria del licenciado Enrique Peña Nieto desde que fuera gobernador del estado de México. Desde aquellos tiempos han sido claras las contradicciones en temas como la transparencia y la rendición de cuentas.
Como gobernador, por ejemplo, llegó a objetar la incipiente ley en la materia porque establecía un procedimiento electrónico para que el usuario accediera a la información, y aunque en sus primero años adoptó la decisión correcta de entregar su cuenta pública a cada diputado de la legislatura del estado en versión electrónica en la segunda mitad de su gobierno, después de que se publicaron diversos estudios que impulsamos sobre la misma bajo la cortina y promovió lo que hasta hoy prevalece en el territorio mexiquense, que se acceda a ella hasta que el órgano de fiscalización entregue este informe.
Y hoy lo vemos presidiendo la Alianza por Gobiernos Abiertos, y no podemos menos que recordar lo que ha manifestado diferentes órganos jurisdiccionales desde el orden internacional.
El respeto de los gobiernos a los derechos de la población y el cumplimiento de sus obligaciones no se satisface por la simple existencia de leyes y procedimientos administrativos formales, las obligaciones se cumplen cuando los principios y los derechos son práctica cotidiana en el ejercicio público y estándar de comportamiento de todos los funcionarios en todos los niveles.
Y la actual administración federal no ha cumplido con los compromisos públicos que formuló en materia de transparencia y acceso a la información. En el informe que hoy analizamos se reporta sólo lo que es consecuencia de la consolidación de la cultura legal, de las instituciones y procedimientos de licitación, pero éstas son formalidades esenciales y necesarias, es cierto, pero insuficientes para detener una práctica generalizada de corrupción, que pretende justificarse como rasgo cultural de la clase política que ocupa la administración pública.
La Convención Interamericana contra la Corrupción, en su artículo III, establece la obligación de que los Estados partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer:
1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones.
A pesar de que es una obligación para el Estado mexicano el gobierno de la república carece de mecanismos efectivos de supervisión para prevenir y sancionar estas malas prácticas. ¿de qué nos sirve que el Código de Ética de la Presidencia de la República señale como obligación de sus funcionarios el atender siempre a la verdad y generar una cultura de apego a ella, si hay casos como el del señor Jesús Ramírez Stabros, quien ocupó el cargo de coordinación de Vinculación mientras se desempeñaba al mismo tiempo como integrante del Consejo de Administración de Iberdrola.
¿Es éste el mensaje que la oficina de la Presidencia envía a la administración pública en su conjunto? La filosofía de la administración federal consiste en la disponibilidad privilegiada de información estratégica del país en beneficio de algunos agentes del mercado extranjero.
¿Qué medidas adoptará la Secretaría para investigar no sólo de este ex funcionario, sino de oficio la posible existencia de otros funcionarios en situaciones similares o equiparables? ¿Qué sanción se promoverá para él, pero sobre todo para quien lo contrató sin asegurarse debidamente de la probidad y el cumplimiento de los requisitos legales del ex funcionario?
A la luz e este tipo de revelaciones es que puede entenderse por qué empresas como OHL obtienen contratos públicos muy importantes, como el tren interurbano México-Toluca, ¿acaso se filtra desde las oficinas públicas la información sensible o estratégica a las empresas del régimen?
Espero que en sus intervenciones nos informe en cuántos concursos han participado OHL en lo que va de la actual administración y cuántos contratos ha obtenido. Y espero que nos pueda enviar la relación puntual de los mismos. Explíquenos por favor también si la Función Pública establece vínculos de coordinación con otras dependencias nacionales y extranjeras; y si se ha realizado alguna investigación precautoria sobre esta empresa; y sobre las denuncias e investigaciones existentes en España, sobre sobornos y financiamientos ilegales, actores políticos a cambio de contratos públicos.
Los constantes conflictos de intereses que prevalecen en el país explican que en el Barómetro Global de la Corrupción 2013 se aprecia una opinión generalizada en Estados Unidos, Argentina, Chile y México, en el sentido de que la influencia indebida de los grandes intereses privados es considerada como frecuente.
Quiero concluir con datos más, el Índice de Competitividad Internacional presenta a nuestro país estancado con una calificación de 32 en una escala en la que cero es muy alta y en las tres mediciones realizadas en 2009, 2011 y 2013 en esos años se ha deteriorado nuestra medición en los sectores derecho, medio ambiente y gobierno.
Según el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2011 nuestro país no llega ni a la mitad del indicador y las capacidades del órgano de control externo se sitúan en el lugar número 19. El control sobre funciones federales es peor aún, con un resultado de 24 y la evaluación de la Contraloría interna de 14.
No será la transparencia, tampoco la política anticorrupción el rasgo de este gobierno, a menos que las nuevas responsabilidades internacionalmente asumidas obliguen a un verdadero cambio de paradigma y... cultural el presidente de México. Hagamos conciencia de algo, no bastan los concursos públicos, nuestro andamiaje jurídico y el sistema electrónico que aún pueden mejorarse más, de nada sirve si aún se pactan y arreglan los contratos en otros terrenos, si los participantes no se sujetan a estrictas reglas anticorrupción y que sancionen con dureza el soborno de los agentes públicos y los conflictos de intereses.
Bien valdría la pena utilizar experiencias extranjeras, asimilar medidas que sancionen esas prácticas corruptas para que no pesen dudas sobre los titulares de la administración federal, por las grandes fortunas familiares que no se reportan en las manifestaciones de bienes y que muchas veces relucen con el brillo de los relojes, bolsas o vehículos de alto lujo.
Sin transparencia verdadera, sin buenas prácticas en el ejercicio de los recursos públicos, la corrupción seguirá impidiendo el adecuado control institucional de la población sobre sus gobernantes, el desarrollo y la competitividad del país seguirán lejos de nuestras coordenadas.
Si los funcionarios públicos no estamos sujetos verdaderamente al imperio de la ley, luchas como las que vivimos frente a la delincuencia seguirán perdidas, porque lo que prevalece no es la justicia sino un Estado defectuoso, la impunidad y detrás de cada escándalo de corrupción se frotan las manos aquellos delincuentes que esperan que la justicia se administre no bajo los preceptos del derecho, sino del poder político y económico. Muchas gracias.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Tiene la palabra la diputada Laura Ximena Martel, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada.
La diputada Laura Ximena Martel Cantú: Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. Muy buenas tardes a todos. Licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública, sea bienvenido a esta Cámara de Diputados.
La Secretaría de la Función Pública en su calidad de órgano interno de control tiene responsabilidades mayúsculas, toda vez que no sólo tiene que garantizar la confianza depositada por el Ejecutivo federal para el adecuado control de la vida interna de la administración pública, sino que además debe responder de manera puntual, clara y transparente y contundente a las exigencias y cuestionamientos de la sociedad.
Hoy la adecuada rendición de cuentas, la transparencia y el respeto a la legalidad son asuntos prioritarios que ocupan un aspecto central de la agenda nacional. De ahí que el Partido Verde Ecologista de México está convencido de que nuestro país sólo podrá superar el rezago existente si combate la corrupción de manera frontal.
Para las instituciones públicas y para los funcionarios, el único camino posible es el de la legalidad, la rendición de cuentas sobre cada peso gastado del erario público y sobre cada acción de los funcionarios públicos, así como de todos y cada uno de los procesos correspondientes y concomitantes a la esfera de la administración pública debe ser colocada en la vitrina pública, en aras de otorgar certidumbre a la ciudadanía.
Precisa recordar que no sólo las accione sino también las omisiones pueden ser objeto de responsabilidad, de ahí que el control gubernamental es un instrumento fundamental para el fortalecimiento de la democracia y para alcanzar la gobernabilidad.
Una y otra vez desde diferentes espacios hemos señalado que en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México estamos comprometidos con el perfeccionamiento de los instrumentos para la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio gubernamental. La Secretaría de la Función Pública fue creada con el propósito de coordinar, evaluar y vigilar el ejercicio público del gobierno federal, en la idea de consolidar un gobierno honesto, eficiente y transparente.
En razón de lo anterior, su presencia hoy aquí es de trascendental importancia, pues es oportuno señalar que de la puntualidad con que dé cuenta del ramo del cual en estos momentos es usted el encargado del despacho, de las respuestas que otorgue a nuestros cuestionamientos y de la claridad que la opinión pública y la sociedad tenga de esta comparecencia se desprenderá también la rendición de cuentas del gobierno federal.
El control de los actos gubernamentales ocupa un aspecto primigenio para la evaluación que habrá de hacerse de la gestión pública para el correspondiente periodo gubernamental. Si la Secretaría de la Función Pública no ha cumplido a cabalidad la misión que se planteó, y los ciudadanos no se sienten confiados con el ejercicio del gobierno, tenemos la responsabilidad, desde el ámbito de nuestras atribuciones, de emprender las acciones conducentes para garantizar la certeza, legalidad y transparencia en el ejercicio público.
Hoy tenemos la responsabilidad de corregir aquellas estructuras que no dan los resultados previstos, y trabajar por construir y consolidar aquellas que nos permitan tener un gobierno eficaz, eficiente y de resultados.
En suma, resulta ineludible hacer nuestras las mejores prácticas gubernamentales para dar paso a lo que se ha denominado como un gobierno abierto, o mejor aún, un buen gobierno.
La rendición de cuentas es un componente esencial de los gobiernos democráticos, de ahí que los mecanismos de gobernabilidad posibilitan las condiciones de participación y proximidad ciudadana, al tiempo que abren nuevos canales de comunicación con el Estado. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Cedemos la palabra a la diputada Zuleyma Huidobro, de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenido. Sobre la corrupción, en Movimiento Ciudadano hemos sostenido que ésta se ha institucionalizado. Sin embargo, el gobierno federal no deja de sorprendernos, porque hay una condena burda y fatalista que la considera un asunto cultural, donde se promueve violar la ley antes que cumplirla.
Mientras en México crece el abuso de poder, la corrupción, los fraudes, el peculado, el soborno, la extorsión, el tráfico de influencias y la falta de ética, el Ejecutivo federal y las televisoras fingen y mienten al pueblo asumiendo que no pasa nada, afirman estar combatiendo este problema, el de la corrupción, y el gobierno mismo se aplaude.
El problema es que piensan con compararse con el sexenio anterior y mejorar las cifras por poco, es suficiente para crear un mejor país. Según se informa, se sancionaron a más de 14 mil servidores públicos, presumiendo y comparando que la administración pasada fueron 13 mil 198 sancionados.
Para el gobierno federal, tal vez esto será un avance para el país, pero por el contrario, el amiguismo y los compromisos de este gobierno están en aumento, así como las sanciones a proveedores y contratistas decaen. Mientras el año pasado fueron 427, en este último sólo se han impuesto 256, que de hecho es la cifra más baja en la historia de 2012. Lo único que se desprende es que la corrupción de servidores públicos va en aumento, en vez de ir disminuyendo.
Diariamente se perciben irregularidades dentro de cada una de las administraciones estatales como en la federal, y lamentablemente al parecer sólo basta contar con influencias para pasar desapercibido. Está el claro ejemplo del secretario de Energía, quien además de desempeñar dicho cargo, es presidente del Consejo de Administración de Pemex, contando con una participación accionaria en cuatro estaciones de servicio y una planta de distribución de combustibles en Cozumel, que comparte con otros miembros de su familia.
También está el ejemplo de los recursos destinados para adquirir automóviles de hasta 300 mil pesos para el uso personal de sindicatos y regidores en Ecatepec, a principios del año 2013, o de la muchas cuentas bancarias de alcaldes, funcionarios, periodistas e incluso, algún otro que sólo conoce al Ejecutivo o allegado de otra autoridad, así como las mismas presidentas del DIF también se encuentran en nóminas, cuyo salario asciende casi al del mismo alcalde, tomando en cuenta que es sólo una labor honorífica.
Los mismos funcionarios y autoridades estatales o federales se mofan del combate a la corrupción y del pueblo, algunos sin vergüenza alguna, se toman la libertad de presumir sus gastos realizados de la noche a la mañana, como el del alcalde de Fresnillo, en Zacatecas, que quien con apenas un año de mandato derrochó 15 millones de pesos en la construcción de una casa, por cierto en uno de los municipios más pobres de México. No conforme con esto, descaradamente presentó su nuevo hogar en una de las revistas locales, los mismos estados solapan la impunidad de sus funcionarios al exculparlos.
Un reporte de la Auditoría Superior de la Federación señala que nueve de cada 10 expedientes que ha enviado a las contralorías estatales para la aplicación de sanciones por irregularidades no se concretan dejándolos impunes. También tenemos el ejemplo del alcalde electo, por segunda vez, que mencionó que él sí había robado del erario público, pero fue poquito, aquí tampoco pasó nada.
Sin importar de qué color sea cada administración, la amistad o el acercamiento al gobierno se debe dar trato imparcial y ser constitucional ante cualquier anormalidad en cuanto al mal manejo del ejercicio público del país, y aunque la secretaría a su cargo está próxima a desaparecer nosotros nos preguntamos, ¿cómo esperar que combatan la corrupción si el gobierno es el principal autor de ésta? Muchas gracias.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Tiene la palabra, el diputado José Alberto Benavidez Castañeda, del Partido del Trabajo, el PT. Adelante, diputado.
El diputado José Alberto Benavidez Castañeda: Muchas gracias. Muy buenas tardes al licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde, sea usted bienvenido; compañeras diputadas, compañeros diputados. El respeto a la legalidad en la función pública debe de conducir a la creación tanto del espacio político y operativo así como del marco legal para la participación de los ciudadanos y de los funcionarios en los procedimientos relativos al servicio público; de esta manera será posible concebir el interés particular como el bien común.
Los problemas de rendición de cuentas, de transparencia y del funcionamiento de los servidores públicos se derivan generalmente por dos causas principales: por un lado, las que devienen de vacíos, ambigüedades o inexistencias en el marco legal y regulatorio de disposiciones sobre las funciones de los servidores públicos y la operación de los programas; y por el otro lado de insuficiencias o debilidades en la coordinación intergubernamental e interinstitucional.
Lo anterior, como ya lo han expuesto diversos críticos de estos temas deriva en un entramo normativo y organizacional en ocasiones contrapuesto y contradictorio. En nuestro país aún no existe una cultura y práctica institucional de legalidad, ni de la rendición de cuentas, con el alcance requerido para impulsar el desarrollo de gestiones públicas más transparentes y más efectivas.
Resulta evidente que para solucionar un problema es necesario primeramente identificarlo, cuantificarlo, conocer las consecuencias y atender el origen de éste. En este aspecto consideramos que el gobierno federal, en su conjunto y en su dirección, ha fallado al no tener claridad, ni firmeza frente a la situación actual al no usar los mecanismos adecuados que limiten el mal actuar de los funcionarios.
La participación ciudadana es sin duda una pieza fundamental en el desarrollo de la cultura de la legalidad y desafortunadamente los esfuerzos destinados a este aspecto no han sido los suficientes.
De acuerdo al informe presentado, solo el 34 por ciento de las instituciones de la administración pública federal cuentan con algún órgano de consulta a la sociedad, el resto, es decir 137 de las 208 instituciones a las cuales aplica la estrategia de participación ciudadana, no tienen ni siquiera una opción que dé entrada a la participación de la ciudadanía.
Por otro lado, durante el periodo de septiembre de 2013 a junio de 2014, del seguimiento de las auditorías registradas por los órganos internos de control en sus programas anuales de auditorías, se determinó una falta de cumplimiento en la realización de las auditorías programadas del 25.8 por ciento.
En este mismo periodo los órganos internos de control promovieron la recuperación de recursos que resarcieron daños patrimoniales por un total de 3 mil 74.3 millones de pesos, sin que en el informe se detalle cuál es el potencial de recuperación total para que con ello sea posible determinar la eficiencia en la recuperación.
Respecto a la evaluación de la gestión institucional solo se menciona una descripción del informe, sin mostrar resultados específicos, siendo que esta evaluación es útil para poder diagnosticar la situación de la gestión en la función pública.
Se muestran los indicadores del programa operativo anual del servicio profesional de carrera de la secretaría, el cual muestra resultados desalentadores. En el apartado de capacitación y certificación solo 30 por ciento de los servidores públicos de carreras titulares certifican la totalidad de sus capacidades profesionales asignadas al puesto que ocupan.
Respecto a los indicadores de desarrollo profesional, se omite la información relativa a los porcentajes de trayectorias de ascenso y promoción autorizados, así como de planes de carrera aprobados, siendo estos elementos razones importantes que justifican el servicio profesional de carrera.
De los resultados de auditorías practicadas durante el periodo de octubre de 2013 a junio de 2014, destacan la insuficiencia del alcance en la fiscalización por parte de los órganos internos de control en las actividades sustantivas de las dependencias y/o entidades.
Al mismo tiempo, preocupa el rezago en la atención de expedientes de quejas y denuncias, en virtud del alto volumen de asuntos a investigar en relación a la plantilla de personal con que se cuenta.
Respecto a este tema, cabe comentar que en la propuesta de Presupuesto de Egresos que fue enviada por el Ejecutivo a esta Cámara de Diputados, el presupuesto de la Secretaría de la Función Pública se incrementó en menos de medio punto porcentual, exactamente en 1.34 por ciento.
A pesar de que se reconoce la falta de personal por parte de la secretaría, lo cual se agrava, considerando que con los cambios que ha traído la reforma energética que ha privatizado el sector existirá un aumento de la carga de trabajo, específicamente el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el cual será el encargado de realizar las evaluaciones relativas a los proyectos de explotación de hidrocarburos que quieran realizar los privados, tal y como se menciona en el artículo 104 de la Ley de Hidrocarburos.
En caso de no poder realizar en tiempo los avalúos o que estos deriven en inconformidades, se dará paso a la constitución de servidumbres legales, lo que afectará directamente y de manera negativa a los propietarios de las tierras susceptibles a ser explotadas.
En otro tema, es inaceptable que se plasme en el informe que la Contraloría Interna lleve a cabo la investigación de quejas y denuncias bajo un sistema eficaz y eficiente de los hechos denunciados y determinaciones respecto a las conductas irregulares de los servidores públicos, cuando el porcentaje de asuntos concluidos por quejas y denuncias es apenas de 24 por ciento.
Es evidente que la corrupción y la falta de transparencia no se solucionan por el simple hecho de decir en organismos internacionales que existe compromiso de atender el problema o con presentar iniciativas que no sean atendidas. Se solucionan cuando se toman medidas drásticas, que impliquen responsabilidades directas que vayan al origen que ocasiona la corrupción.
Es de gran relevancia profundizar en el estudio del sistema de responsabilidades de los servidores públicos en cuanto a su eficacia jurídica y política ante la corrupción. Es responsabilidad del gobierno y de todos aquellos que participamos en un cargo público hacer consciencia del grave problema y buscar soluciones congruentes.
La corrupción no solo es un problema de leyes, existen factores sociales, políticos, económicos, culturales y éticos que también debe ser atendidos. Por consecuencia, la gestión pública debe buscar el camino a la eficacia, la eficiencia, la calidad, la honestidad, la modernidad de los procesos y la moralidad de sus trabajadores.
Debe parar el manejo actual que se les da a los puestos para servidores públicos, el cual lo han hecho en los últimos años un mercado más, en donde todo se mide en sentido oneroso y no en sentido honorable.
Termino. Es una exigencia de la sociedad que se garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito. La implantación del servicio profesional de carrera es un elemento fundamental para fortalecer la institucional democrática del país, por lo que no se puede seguir cayendo en simulaciones de concurso o condiciones al modo de un poderoso designio.
En un modelo de Estado, en donde se ha confundido la modernidad con la sesión de lo público a lo privado, la voluntad y la participación ciudadana deben encontrar en los mecanismos de confianza elementos que permitan la creación de nuevas alternativas que den sentido al orden social.
En mi partido, el PT, tenemos como principio fundamental promover e incidir en que estos mecanismos funcionen y es por ello que presionaremos por los medios legislativos, políticos y sociales para lograrlo, en el entendido de que la corrupción no la producen solamente los individuos, sino los procesos administrativos sistemáticos. No basta con perseguir corruptos, sino también las causas que dan lugar a los hechos. Muchas gracias. Gracias por su atención.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Y para concluir la intervención, como posiciones de cada partido, tiene la palabra la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Partido Nueva Alianza. Adelante, diputada.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta Areli Madrid Tovilla y diputado presidente José Luis Muñoz Soria, presidentes de las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde, encargado del despacho y subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, de la Secretaría de la Función Pública, compañeras diputadas y compañeros diputados, señoras y señores funcionarios, la corrupción dentro del sector público es percibida como una problemática de gran envergadura que detona el descontento de la población, quebrantando la confianza de ciudadanos en sus representantes y transgrediendo los marcos legales, éticos y morales que todos debemos cumplir.
La necesidad de edificar gobiernos capaces de percibir las demandas sociales y atenderlas eficientemente, que sean honestos y racionales en el uso de los recursos públicos y comprometidos con las exigencias sociales es premisa fundamental para generar las transformaciones que la sociedad demanda.
En esta edificación la transparencia y la rendición de cuentas de cara a la ciudadanía representan un compromiso ineludible de todos los servidores públicos y un derecho inalienable de las ciudadanas y de los ciudadanos en un Estado democrático.
Sin embargo, desde hace varios años se ha identificado a la corrupción como uno de los principales factores que imposibilita el desarrollo de nuestro país y sus instituciones. La coexistencia cotidiana de las mexicanas y de los mexicanos con múltiples expresiones de corrupción de toda clase y dimensión ha dificultado la medición exacta de sus efectos y sus impactos.
Si bien es cierto que su cotidianeidad impide su clara identificación y control también lo es que parta la ciudadanía significa inmoralidad, ilegitimidad, destrucción, descomposición de la sociedad y de la vida institucional, y que ésta sólo prospera en espacios donde la opacidad, la falta de transparencia, la impunidad y la ilegalidad se encuentran presentes.
De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción en 10 años pasamos del lugar 64 al lugar 115, lo que estadísticamente representa una tendencia negativa en materia de combate a la corrupción. Además, según el Barómetro Global de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, México se colocó junto con Argentina como uno de los países más corruptos de América Latina durante el año 2013.
Para ser más claros, a nivel mundial nuestro país ocupa el vergonzoso lugar número 106 de los 177 países encuestados. Dicha posición resulta no sólo vergonzosa, sino también preocupante si valoramos que los actos de corrupción ocasionan grabes perjuicios económicos al patrimonio Del Estado y a toda la población.
Según estudios de las Naciones Unidas los daños pecuniarios que generan los actos de corrupción son superiores a 1 billón de dólares anuales, equivalentes del 10 por ciento al 15 por ciento del producto interno bruto, por ello una de las principales exigencias ciudadanas se centra en atender y erradicar, sin demora alguna, este cáncer que representan la corrupción y las prácticas desleales que de ella derivan, que redundan no solamente en la calidad de gobierno sino también en la competitividad, la recaudación tributaria, la violencia, la seguridad, el mercado laboral, la impartición de justicia y la inversión.
En nuestro grupo parlamentario Nueva Alianza, reconocemos que la forma de combatir esta problemática representa un reto para la administración pública en sus tres niveles de gobierno, pues la gran cantidad de aspectos y matices que abarcan la corrupción y la falta de transparencia provocan el surgimiento de grandes distorsiones en la sociedad y en la economía.
Estamos convencidos que el trinomio transparencia-cultural, de la rendición de cuentas de la gestión gubernamental y combate a la corrupción son piedra angulas de las instituciones públicas y la única vía para recuperar la confianza ciudadana en el gobierno y sus representantes, por lo cual deben ser atendidas de manera prioritaria.
Al respecto, reconocemos el primer paso dado por el Ejecutivo federal al proponer las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública, que sienta las bases para transformar los propios objetivos de la Secretaría de la Función Pública y crear un órgano especializado y ajeno a influencias políticas, partidistas o económicas, dedicado a emprender una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad.
Sin embargo, el compromiso no termina ahí, acabar con la resistencia de algunos servidores públicos de rendir cuentas sobre sus decisiones, acciones, omisiones y gestiones es otra responsabilidad impostergable y condición necesaria para quitar el freno al desarrollo nacional.
El combate al flagelo de la corrupción no es un asunto de voluntad unilateral, por sus efectos nocivos en distintos ámbitos de la vida nacional requiere de acciones coordinadas y compromisos compartidos, la tarea de acotar los espacios para la corrupción es una responsabilidad compartida.
La reforma constitucional para crear el ente anticorrupción está pendiente de dictámenes en este recinto legislativo y su perfeccionamiento, discusión y aprobación requiere que todos nos sumemos activamente para consolidar una institución especializada, independiente y con recursos suficientes para prevenir, remediar y revertir la tendencia que lacera las estructuras de nuestra nación.
El Segundo Informe de labores que hoy analizamos da cuenta de diversas acciones y programas para fortalecer y profesionalizar a los órganos de vigilancia y control, perfeccionar los procedimientos de investigación y sanción de los actos y omisiones de los servidores públicos que impliquen una responsabilidad. Crear un gobierno próximo a la gente, la omisión en la presentación de declaraciones de situación patrimonial y mejorar el control del mismo, recuperar recursos indebidamente aplicados o ejercidos e involucrar a la sociedad en las evaluaciones y acciones emprendidas en materia de control, auditoría y combate a la corrupción, acciones que significarán avances importantes que permiten erigir a la transparencia y rendición de cuentas como pilares fundamentales de nuestra democracia e imperativos esenciales de todo actuar público.
Sin embargo, y si bien es cierto se han implementado medidas para combatir la corrupción y sus consecuencias, esas resultan insuficientes y tal como sucede ante muchos otros problemas presentes en nuestra sociedad, la pieza clave para erradicar el problema es la educación, la educación sobre valores éticos y morales en el ejercicio del servicio público, educación sobre el derecho de acceso a la información, el derecho a la transparencia y la obligación de rendir cuentas.
Educación sobre participación ciudadana y corresponsabilidad del actuar gubernamental que trasmita las consecuencias y repercusiones sociales e individuales que acarrea el despego a la legalidad, pues la corrupción representa en sí misma un desprecio por la ley.
Los integrantes de mi grupo parlamentario refrendamos nuestro compromiso de impulsar políticas, acciones y legislaciones que arranquen de fondo las destructivas prácticas culturales, educativas, éticas y morales que a lo largo del tiempo se han propiciado y sobrellevado, generando perturbaciones a los derechos sociales, culturales, económicos, humanos y políticos de nuestra sociedad.
Nuestro país está en un proceso de transición institucional, reforzando su andamiaje jurídico para detonar los cambios que impulsan el desarrollo pleno de las capacidades de la sociedad mexicana.
En este proceso es indispensable institucionalizar la cultura de la legalidad como un compromiso que debemos asumir todos los actores públicos y privados, obligación que nos lleva a fortalecer la ética pública y tornar la integridad y probidad como único camino para avivar y fortalecer la gestión pública y sus resultados de cara al desarrollo nacional.
Esta tarea resulta inaplazable, la sociedad así lo demanda, y todos nosotros, ciudadanos y servidores públicos tenemos en ello una responsabilidad trascendental. Hacemos votos porque en todos los niveles se olvide la visión patrimonialista del cargo público y se cimenten gobiernos honestos, eficaces y transparentes, cuyo actuar complemente la democracia y combata los rezagos sociales. Gracias.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Conforme a los acuerdos tomados por ambas comisiones, cedo la palabra al diputado José Luis Muñoz Soria, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, hasta por cinco minutos, y en su oportunidad haré lo propio antes de entrar a las preguntas. Por favor. Adelante, diputado presidente.
El presidente diputado José Luis Muñoz Soria: Muchas gracias, diputada presidenta. Ciudadano Julián Alfonso Olivas Ugalde, responsable de la Secretaría de la Función Pública, bienvenido. Bienvenidas todas y bienvenidos todos los funcionarios que lo acompañan. Asimismo, a las compañeras y compañeros de la Unidad de Evaluación y Control.
Del análisis del II Informe de labores de la Secretaría de la Función Pública, encontramos algunos datos que usted ha mencionado y que nos llevan a pensar que falta fondo sustantivo a la rendición de cuentas en México.
El documento en lo que respecta al combate a la corrupción, encontramos la numeralia de sanciones, de inhabilitaciones, suspensiones, destituciones, etcétera, y que llevan a sanciones económicas por un monto de mil 591 millones de pesos, recursos resarcidos a la Tesorería de la Federación.
El informe enuncia los impactos resarcitorios, pero nos parece que falta lo fundamental, el impacto específico de las acciones de la Secretaría de la Función Pública para mejorar la gestión de los recursos públicos.
No hay, desde nuestro punto de vista, una valoración profunda de los mecanismos de la fiscalización ciudadana. El informe de la Secretaría de la Función Pública se concentra únicamente en resarcimientos monetarios.
En este tenor se mantiene el programa especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción en las 32 entidades federativas.
La Secretaría de la Función Pública y los órganos estatales de control de 25 entidades federativas practicaron 157 auditorías de las cuales 155 se hicieron a programas federalizados. El monto total de la inversión autorizada de los programas auditados fue de 55 mil 706 millones de pesos, de los cuales se revisaron el 86.88 por ciento, porcentaje equivalente a 48 mil 284 millones de pesos. El monto observado fue de 12 mil 596 millones de pesos lo que representa el 26.11 por ciento. Cabe mencionar que la integración de recursos fue de mil 106 millones de pesos, lo que equivale al 8.78 del monto observado.
Se enuncia poco, insistimos, del impacto preventivo de esas revisiones y se enfatiza el hecho de que hubo 28 dictámenes limpios en lo que concierne a las auditorías aplicadas a los 44 proyectos financiados por organismos financieros internacionales.
Por otro lado, la Secretaría de la Función Pública hace mención de las herramientas que utiliza para vigilar el correcto actuar de los servidores públicos y así cerrar espacios a la corrupción, entre esas la plataforma Compranet y la implementación de nuevas modalidades de contratación pública; sin embargo hay un caso que nos inquieta, nos gustaría escuchar sus comentarios al respecto y es el de la licitación LA009J0U001-705-2014 relacionada con Capufe sobre los servicios de Telepeaje y Tarjeta IAVE.
Nos preocupa también y quisiéramos tener la información sobre la relación con el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación. En este sentido preguntaríamos a la secretaria a su digno cargo, pudiera puntualizarnos ¿cuál es la atención que se le ha dado a las observaciones y recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación realiza con motivo de la revisión de las cuentas públicas?
Algunas situaciones de conflicto que quisiéramos preguntarle, ¿qué es lo que nos pudiera informar? Una de las formas más concretas y sofisticadas de la corrupción contemporánea es lo que se conoce como fraude controlado, un término acuñado por un profesor de la Universidad de Missouri, el profesor William Blake y que nos diga, el fraude controlado es un delito perpetrado por personas de una o más organizaciones, compañías o empresas o entidades públicas o privadas para saquear los recursos bajos las siguientes modalidades: sustracción de recursos de la empresa en perjuicio de los acreedores o accionistas o de los contribuyentes en el caso de desvío de recursos públicos, incremento de los recursos o el balance financiero de una empresa a costa de competidores y de la ruina de otras empresas o de quebrantos del erario nacional, realización de operaciones de alto riesgo en el que los costos los asume la organización, acreedores, trabajadores y los contribuyentes cuando ocurren rescates para salvar a la empresa, en la que casi nunca los perpetradores pagan costo alguno y por el contrario se enriquecen.
Algunas de estas situaciones que nos parece caen en esta definición, quisiéramos preguntarle, ciudadano subsecretario, ¿qué nos puede comentar de Mexlub? ¿Qué nos puede comentar de los daños ocasionados por el Grupo México en los recientes derrames de residuos tóxicos respecto a las conductas de Semarnat y Profeco? ¿Qué nos puede comentar de los recursos asignados para la reconfiguración de la refinería en Minatitlán, que finalmente hubo un exceso en el pago con un monto de 52 mil 722 millones de pesos? ¿Qué nos puede comentar de las irregularidades en el proceso de licitación para adjudicar el contrato de manera directa a un contratista para llevar a cabo las actividades de explotación y producción de campos maduros? ¿Qué nos puede comentar de los contratos otorgados a OHL por Pemex Refinación? ¿Qué nos puede comentar de Oceanografía?
Y finalmente, qué pudiera comentarnos del caso de Protego, al terminar su cargo como secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas, el ciudadano Pedro Aspe crea Protego Asesores, entre los proyectos a su cargo destacaron el financiamiento de la deuda pública de los estados de México, Sonora, Oaxaca y Durango. En 2005 después de reestructura la deuda del estado de México, el ciudadano secretario de Finanzas de esa entidad se convirtió en el secretario de Finanzas del gobierno federal. Quisiéramos, si es posible, escuchar algunos comentarios sobre estos casos. Muchas gracias, diputada presidenta.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Para dar cumplimiento a la fracción IV del Resolutivo segundo del acuerdo que norma a esta comparecencia, los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda de preguntas a los siguientes diputados: la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, por el PRI; la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, por el PAN; la diputada Verónica García Reyes, por el PRD; el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, por el Partido Verde Ecologista de México; el diputado Ricardo Mejía Berdeja, por Movimiento Ciudadano; al diputado José Alberto Benavides Castañeda, por el Partido del Trabajo; y a la diputada María Sanjuana Cerda Franco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Tiene la palabra para formular su pregunta, la diputada Lourdes Eulalia Quiñones. Adelante, diputada.
La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señoras diputadas y señores diputados. Bienvenido, licenciado Julián Olivas Ugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública.
La situación que se generó a partir de la suspensión del servicio en 11 estaciones de la Línea 12 del Metro ha desbordado el mayor interés, tanto en el nivel local como obvias razones, como en el nivel federal por la complejidad del sistema de actores, responsabilidades y ámbitos de competencia que involucra y por la magnitud de las anomalías que se han detectado.
En primer lugar, es de señalarse la afectación de más de 985 mil usuarios diariamente, quienes han visto afectados sus itinerarios, tiempo de traslado y economía familiar. A la fecha no se ha precisado la magnitud del daño económico que implican tanto las afectaciones a los usuarios, como el tiempo y el gasto que significará su reparación, así como la determinación concluyente sobre las fallas y omisiones que derivaron en la situación que hoy todos conocemos.
No nos es ajena la crisis de desconfianza que se suscitó a partir de las relevaciones que indican que las fallas que concluyeron con la suspensión del servicio fueron causadas por actos u omisiones que atentaron contra los principios de imparcialidad, transparencia, legalidad, eficiencia y eficacia que corresponden al servicio público. El hecho impacta más allá del ámbito local, toda vez que el gobierno federal transfirió recursos por un monto de 14 mil 361 millones de pesos.
Conocemos de la disposición por parte de la Secretaría de la Función Pública para colaborar junto con la Auditoría Superior de la Federación, la Contraloría General local y la Contaduría Mayor de Hacienda del Distrito Federal para esclarecer lo que en derecho competa.
Sabemos que se solicitó al Gobierno del Distrito Federal la devolución de 489 millones 422 mil 367 pesos de los recursos federales destinados a la construcción de la Línea 12 que no fueron debidamente justificados.
Nos gustaría conocer, en primer lugar, señor, cuál es su opinión sobre estos hechos. Ahora que la opinión pública conoce las sanciones que emitió la autoridad local, ¿cuáles serán las que impondrá la Secretaría de la Función Pública, considerando que se emplearon los recursos federales?
¿La secretaría a su cargo ha dado vista al Ministerio Público para las investigaciones de carácter penal conducentes? ¿Existen otros funcionarios involucrados a los que se están investigando? ¿Quiénes son las empresas involucradas y qué responsabilidades se les han exigido?
Por otro lado, siguiendo con las anomalías en las vías de comunicación, sabemos que la autopista Durango-Mazatlán presenta diversas irregularidades, algunas de las cuales fueron ya observadas por el órgano superior de fiscalización.
Destaca que se proyectó un costo para la autopista de 8 mil 889 millones de pesos, sin embargo, la erogación final fue de 23 mil 285 millones, prácticamente el triple. Además, los baches en la carpeta asfáltica, las grietas y diversas fallas ponen en tela de juicio la calidad de la autopista, la cual, por cierto, es la más cara del país.
¿Cuáles son las acciones emprendidas por la Secretaría de la Función Pública? ¿Nos podría detallar las irregularidades encontradas y decirnos quienes son los funcionarios y las empresas sancionadas por este hecho?
Finalmente, para evitar la amnesia pública que también lastima a la sociedad, ¿sería tan gentil de decirnos cuántas sanciones se han impuesto, cuál es el monto recuperado y qué estatus guarda la Estela de Luz? Por sus respuestas, muchísimas gracias.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el encargado del despacho, el subsecretario de Responsabilidad Administrativa y Contrataciones Públicas. Licenciado Julián Alfonso, adelante, tiene la palabra.
El subsecretario Julián Alfonso Olivas Ugalde: Muchas gracias. Muy amable, diputada Quiñones. Respecto a sus preguntas, en relación a la Línea 12 del Metro, como usted lo aseveraba correctamente, hubo un traslado de alrededor de 14 mil millones de pesos al proyecto Metro de la Línea 12. En la Secretaría de la Función Pública se revisaron alrededor de 7 mil millones de pesos.
Dentro de las observaciones que nosotros encontramos al inicio de la administración se fue depurando en un trabajo conjunto con la Contraloría del Distrito Federal, ya que –si usted recuerda– estos trabajos se realizan de manera conjunta de acuerdo a los convenios que se tienen suscritos con las Contralorías de los estados. Entonces, con la Contraloría del gobierno de la ciudad y la Secretaría de la Función Pública se llevaron a cabo estas revisiones.
Al final quedaron 597 millones de pesos del Fondo Metropolitano, que se aplicó por la autorización que hizo el comité respectivo de pagar con recursos de 2011 lo que establecían las reglas e operación vigentes en ese momento. En ese momento las reglas de operación vigentes señalaban que tendrían que pagarse las obras que ya estuvieran iniciadas o las obras que se iniciaran en el ejercicio de 2011.
De la revisión que se hizo de esas observaciones se pudieron aclarar alrededor de 107 millones 853 mil pesos, que fueron obras de convenios, contratos que se habían firmado en 2011 o que estaban realizándose en 2011. Por eso nos quedó la cantidad que usted menciona, de 489 millones 422 mil pesos.
Entonces, derivado de que no se pudo aclarar, ya que eran obras que se habían realizado en 2008, 2009 y 2010, se pidió el reintegro al gobierno del Distrito Federal. Desgraciadamente el gobierno del Distrito Federal primeramente nos había manifestado que iba a realizar el pago, había pedido la oportunidad de que se hiciera en parcialidades, como ha ocurrido en otros casos, pero al final presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en contra del cobro de estos 489 millones, que además fueron observados por ambas contralorías, no fue un acto unilateral de la Secretaría de la Función Pública.
Se nos ha corrido traslado de la demanda del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, hemos dado respuesta, se ha dado una ampliación al gobierno del Distrito Federal por lo adicional que pudiera, la magistrada instructora así lo ha considerado pertinente y nosotros estamos en espera de la respuesta del gobierno del Distrito Federal. Y siempre, como se ha manifestado en toda nuestra actuación, seremos respetuosos de la resolución que al efecto emita el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Por lo que hace a lo relacionado con la carretera Durango-Mazatlán hemos encontrado en la Secretaría que se hicieron verificaciones, se hizo apoyo para la realización de esta obra. No se hizo una auditoría.
Por eso nosotros hemos tomado la determinación de que a partir de este último trimestre del año vamos a hacer la revisión correspondiente, sobre todo porque hubo convenios de ampliación y se estaban llevando a cabo los finiquitos de la obra.
Una vez que ya se están terminando los finiquitos correspondientes de la obra vamos a aplicar una auditoria a la obra y, en su caso, de encontrar alguna irregularidad fincaremos las responsabilidades correspondientes.
Por lo que hace a las observaciones que realizó la Auditoria Superior de la Federación son tres las observaciones: Una respecto a una barda de apoyo a los puentes El Verde y Paso de Piedra, que fallaron y que no tenían el cimiento adecuado, y entonces ya se hizo el convenio correspondiente y quedó subsanada esta observación de la Auditoria Superior.
La otra es un PRAS que nos enviaron también a nosotros, donde los servidores públicos del centro SCT de Sinaloa tardaron más allá del plazo establecido en autorizar los precios extraordinarios que resultaron de la obra. Estamos analizando si hay elementos para aplicar las sanciones correspondientes, en su momento se aplicarían.
Y, por último, es una observación y un PRAS hacia el Instituto Nacional de Administración Públicas, por los libros blancos que elaboró y que según la Auditoría Superior de la Federación no cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa emitida por el gobierno federal, y además no se cumplió con el plazo de entrega estipulado en el contrato respectivo. Seguramente ahí también si hay los elementos aplicaremos las responsabilidades correspondientes.
Respecto a su último cuestionamiento, referente a Estela de Luz, deseo señalarle que existen 103 expedientes de presunta responsabilidad en proceso, de los cuales están involucrados 27 servidores públicos entre los que se encuentran el ex director general de Triple I Servicios, que fue la constructora que llevó a cabo esta obra; seis ex gerentes, un subgerente y seis subgerentes. Entonces están en proceso.
No obstante eso, ya cinco procedimientos se ha aplicado inhabilitación de seis meses al anterior titular del órgano interno de control en Triple I Servicios, quien además era el asesor del Comité de Obras Públicas.
También se está llevando a cabo un procedimiento, se notificó hace poco. Ya se desahogó la audiencia de la ley en la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública a miembros del Comité que llevó a cabo eta obra. Entonces con estos procedimientos una vez que se concluyan podremos, en su caso, emitir las resoluciones e informar a la Auditoría Superior de la Federación de las resoluciones que se obtuvieron, pero hemos iniciado 103 procedimientos.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Tiene la palabra para formular su comentario, el diputado Benjamín Castillo Valdez. Adelante, diputado.
El diputado Benjamín Castillo Valdez: Gracias. Diputadas, diputados. Señor subsecretario, continuando con el tema de las comunicaciones, es de señalar que el pasado viernes 1 de agosto del presente, entró en vigor el nuevo contrato de Caminos y Puentes Federales, con la empresa impulsora de Servicios Terrestres, SA de CV, para brindar los servicios de telepeaje de la Tarjeta Llave, un contrato multianual de muchos millones de pesos.
Sobre dicho contrato se dio publicidad a las anotaciones de la testigo social designada por la Secretaría de la Función Pública, Mónica María Rosario Rivera, quien refirió que para la licitación de este servicio Capufe emitió atender en forma diligente las recomendaciones que le fueron presentadas.
Es particularmente preocupante que una vez examinada la documentación e información presentada por las agrupaciones licitantes, y en anexo del acto de fallo así como los detalles de la convocatoria y de las disposiciones que norman a las contrataciones públicas, se tuvo la duda razonada y razonable de que la transparencia del procedimiento haya sido comprometida.
Ante la detección de posibles irregularidades de los resultados de las valoraciones de las propuestas técnicas y económicas llevadas a cabo por los funcionarios de Capufe, cabe la presunción del incumplimiento de la ley así como la igualdad de oportunidades para los participantes.
Existe la duda sobre la verificación que Capufe hiciera del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la licitadora, así como de la certeza de que la propuesta del consorcio ganador fuera la más barata y eficiente. Existe una percepción de opacidad en algunos sectores de opinión pública, así como algunas dudas sobre la actuación de la testigo de la Secretaría. De ahí se le solicitó informe sobre el proceso de licitación llevado a cabo por Capufe, para la contratación del proveedor del sistema de Telepeaje.
Si se tiene la certeza de que el precio del consorcio ganador; si se tiene esta certeza ¿se constituye realmente como la opción más barata respecto al antecesor? Y si así fuera, si existe algún procedimiento o investigación de cualquier índole en contra de algún funcionario, de alguna empresa o tercero respecto del proceso de esta licitación. Agradezco de antemano su comentario, señor subsecretario
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Tiene el uso de la palabra la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez, del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.
La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Con su venia, señor y señora presidentes. Señor subsecretario Olivas.
Uno de los principales compromisos del presidente Enrique Peña Nieto, desde su campaña, y como presidente electo, fue el combate a la corrupción, un simulado combate a la corrupción ya que la Secretaría de la Función Pública de la que usted es encargado, se encuentra sin secretario desde el inicio de esta administración, y por si fuera poco, mutilada y hasta hace unos meses carente de dos de los tres subsecretarios que deberían de integrarla.
Esto es muy grave, pues la Secretaría a su encargo es la responsable de velar por el correcto ejercicio de la función pública, y de implementar las acciones preventivas para combatir la corrupción en la administración pública federal y en toda la proveeduría de bienes y servicios que se le licitan por parte del Estado.
Durante las administraciones panistas hubo un gran avance en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, entre otras acciones se creó el Sistema Nacional de Contratación Pública y una serie de herramientas de nivel internacional, mismas que buscan garantizar la legalidad en la contratación pública, agilizando los procesos y abriendo la competencia para tener las mejores condiciones para el Estado, precisamente uno de estos estos instrumentos es al que me quiero referir el día y de hoy es el contrato marco.
He obtenido información del sistema electrónico Compranet y del portal de Pemex, donde se observa que tras los grandes esfuerzos que la Secretaría de la Función Pública realizó en el sexenio pasado para diseñar el primer contrato marco relativo a ropa de trabajo para Pemex y sus subsidiarias, este contrato marco fue renovado y signado por usted en el 2014, con una serie de vicios y señales de opacidad que quiero resaltar.
En el contrato que usted firmó, existe un incremento del 85 por ciento con relación al precio determinado en el contrato anterior, sin justificación alguna, ya que la inflación en dos años no ha sido del 85 por ciento.
El contrato marco del 2011 establece que el monto por el que se debe de contratar en el futuro, debe ser igual al precio establecido de referencia en dicho contratado. Además en este nuevo contrato se limitó la participación de varios laboratorios certificadores de telas acreditados por la entidad mexicana de acreditación para que sólo el laboratorio de la Profeco pudiera realizar una certificación. Esta decisión propició que se redujera el número de proveedores que contaran con dicha certificación.
Señor subsecretario, existiendo una herramienta por parte de la función pública como lo es el acompañamiento preventivo, quiero saber por qué los funcionarios de la Secretaría permitieron este incremento desmedido de precio por el que Pemex compró las camisas a 198 pesos en lugar de 93 pesos, que era el precio de referencia.
Quiero hacer mención que la cantidad adquirida de estas camisas que corresponde a una sola partida, es de un millón 390 mil piezas, lo que este contrato incluía eran 54 partidas y simplemente esa partida número uno significaba 250 millones de pesos; todos los demás precios se alteraron más o menos a la misma proporción.
Explíquenos, ¿por qué la condición de certificación por un único laboratorio? Ésta es una decisión discrecional y sin fundamento legal que impacta directamente los principales objetivos del sistema de contratación pública, inhibe la competencia, fomenta el direccionamiento y no permite obtener las mejores condiciones para el Estado.
Finalmente, señor subsecretario, me voy a referir nuevamente a lo que se refirió mi compañero, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público contempla la figura del testigo social, un profesional ciudadano, especialista y experto en el tema que atestigua: el testimonio de estos testigos sociales significó muchos ahorros al erario público y evitó acciones de ilegalidad y decisiones discrecionales en los procedimientos de contratación durante la administración del Presidente Felipe Calderón.
Hace unos días llegó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el informe previo de un testigo social sobre la contratación del proveedor del sistema de Telepeaje, en el cual se habla en que la evaluación de esta licitación presuntamente se favoreció a la empresa a la que se le otorgó el contrato ya que no cumplía con la puntuación que se le asignó.
Cabe señalar que el testigo social presentó 14 observaciones en total, de incumplimiento, el monto de esta licitación, quiero hacer mención, es de 4 mil millones de pesos. El informe previo se realiza cuando el testigo social encuentra presuntas irregularidades legales en alguna parte del procedimiento de contratación pública y es obligación de la Secretaría de la Función Pública realizar las investigaciones correspondientes para determinar si existen o no presuntas responsabilidades administrativas de los servidores públicos y si efectivamente el fallo fue legal o no.
Señor subsecretario, ¿qué investigación realizó? ¿En qué estado se encuentra? ¿Por qué no hace pública la rectificación y la verificación de ese informe previo y el cotejo con la propuesta presentada? ¿Por qué el día de hoy la Secretaría de la Función Pública no ha publicado en Compranet el informe previo como lo establece el artículo 68 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones?
Habiendo revisado varios informes previos, sé que es fácil confirmar si las observaciones del testigo social tienen fundamento legal, verificando y comparando la evaluación de las proposiciones y la propuesta a la que se le asignó la licitación. Hace cinco días, el Presidente Enrique Peña Nieto dijo en la ONU que garantizaría la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción; sin embargo con estas acciones yo no encuentro ninguna congruencia en el mensaje del presidente. ¿Realmente están comprometidos a garantizar el respeto de la ley? ¿Están dispuestos a rendir cuentas y a combatir la corrupción? Por sus respuestas, muchas gracias.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos, el licenciado Julián Alfonso Olivas. Adelante.
El subsecretario Julián Alfonso Olivas Ugalde: Por lo que hace al tema de Caminos y Puentes de Ingresos Federales respecto a la licitación que llevó a cabo por el telepeaje, toda vez que el contrato que se tenía anteriormente iba a llegar a su término, por eso Caminos y Puentes tomó la decisión de llevar a cabo la licitación pública que usted menciona.
En esa licitación pública debido al monto que tiene y de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, porque se trata de un servicio, se nos solicitó se nombrara a una testigo social, la testigo social designada fue la licenciada Mónica Barrera, quien actuó como tal durante todo el procedimiento.
Nosotros, dada la importancia que tenía este procedimiento, la Secretaría hizo un acompañamiento también, independientemente de la participación de la testigo social y el día en que se dio a conocer el fallo no hubo ninguna observación.
Estuvo presente el titular de contrataciones públicas de la secretaría, no hubo ninguna observación por parte de la testigo social y se le comentó que si la hubiera, lo hiciera a través de los informes respectivos que le compete llevar a cabo.
Como es de todos conocido, el fallo se emitió el 30 de abril y las observaciones de la testigo social, las 14 a las que hace usted mención, se entregaron a la Secretaría y se le dio vista a la Comisión de Vigilancia, a la Auditoría Superior, a muchos medios de comunicación 7 días después. Por eso no fue posible analizar esas recomendaciones al momento del fallo, además, la testigo ya no estuvo presente.
Por otro lado, nosotros al enterarnos de esta circunstancia de las 14 observaciones pensamos que iba a haber una inconformidad de algunas de las empresas participantes. Se esperó el tiempo establecido en la ley para ver si había alguna inconformidad, dado lo que la testigo social mencionaba en los medios, de que había irregularidades y no se presentó ninguna inconformidad al fallo; todos los participantes aceptaron la emisión del fallo.
No obstante eso, y dada esa circunstancia, se le pidió al órgano interno de control que llevara a cabo una auditoría a todo el proceso de licitación. Cuando vino la comparecencia del titular de Caminos y Puentes, porque fue citado por el órgano legislativo, cuando supimos que ustedes los legisladores habían citado a Benito Neme, entonces atrajimos la auditoría a la Secretaría de la Función Pública.
En la actualidad estamos llevando a cabo la auditoría a todo el proceso licitatorio, además de la implementación del contrato que ya está firmado.
Esta auditoría nos va a poder determinar, en primer lugar, si hay irregularidades y sancionar a los servidores públicos que participaron en el proceso correspondiente. En segundo lugar, atender una queja del director general de Caminos y Puentes Federales respecto a la actuación de Mónica Barrera, en relación a su actuación como una prestadora de servicios de la administración pública federal.
Porque creo que debe quedar muy claro en esta mesa que a pesar de que la testigo social, los testigos sociales son designados por la Secretaría de la Función Pública a través de un comité conformado por servidores públicos y organizaciones privadas, como son las cámaras, estas personas que son designadas, personas físicas y morales, no pertenecen a la Función Pública, no tienen la calidad de servidores públicos.
Por tanto, nosotros con esta auditoría podremos atender la preocupación de si el procedimiento se llevó a cabo, fue un procedimiento que se llevó a través de puntaje y en el puntaje, tanto se califica el aspecto técnico como el aspecto económico.
No es como en otros casos, en las binarias, donde primero se analiza lo técnico y luego se pasa a lo económico. Entonces aquí con la calificación que obtiene el mayor puntaje se hace la asignación. Eso vamos a revisar para ver si los criterios de puntaje y todo el procedimiento cumplieron con la información.
Respecto al informe de Mónica Barrera, le ofrezco revisarlo y ver la razón por la que no está. Nosotros lo subiremos, si es que no está en Compranet. Con mucho gusto, porque no hay razón para ocultar esto.
Tenga usted la seguridad, diputada, que el testimonio de la testigo social está en Compranet, si no es que ya está.
La presidenta Areli Madrid Tovilla: Gracias, subsecretario. Y con todo respeto y afecto, antes de continuar con los comentarios, voy a hacerles un recordatorio, las preguntas son por cinco minutos y los comentarios por tres minutos, aún vamos en la primera ronda, ésa es la razón.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Tiene la palabra la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos para hacer los comentarios.
La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos: Le voy a ceder a mi compañera Betzi Yáñez sus comentarios. Adelante.
La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Voy a tomar la respuesta que me das, señor subsecretario, voy a estar muy pendiente al seguimiento. Nosotros sabemos perfectamente que el informe previo no tiene límites de tiempo, o sea, no tiene número de días precisos para entregarla, éste fue entregado antes de la firma del contrato, o sea que había tiempo de poder hacer correcciones y es importante señalar que el testigo social hizo sus apreciaciones o sus comentarios a los propios funcionarios.
Una de las recomendaciones que ella hace en el documento que leí, que nos envió a la Comisión de Vigilancia, dice que la experiencia de la empresa ganadora la cubre con contratos que no pertenecen a ella, ya que ella no tiene contratos de telepeaje, a lo más que llega es experiencia de estacionamientos.
Como le digo, subsecretario, esto es muy fácil de comprobar y en un contrato de 4 mil millones de pesos tiene que quedar totalmente transparente la aplicación de la ley, el respeto a la competencia y a las mejores condiciones del Estado, y más que puede estar –vamos a decir– en dicho la empresa que no tenía experiencia en este tipo de servicio.
La otra pregunta que ya no me contestó creo que es sumamente importante. Ustedes imagínense el volumen de un contrato marco de Pemex, en donde solamente de una pieza de 54 partidas son de 1 millón 300 mil piezas. No entiendo el por qué se aceptó cuando había en la cláusula del contrato marco del 2011 que el precio de referencia debía ser el precio con el que se contrató el contrato anterior, por qué se acepta que Pemex –de manera discrecional un funcionario de Pemex– cambie el precio de referencia y acepte que el precio de contratación sea 100 por ciento mayor al que se había contratado dos años antes.
Y por qué se limita la competencia a varias empresas certificadoras que están registradas y que son certificadas, y solamente se deja por un solo canal que no le permitió a los proveedores tener el certificado que requerían y no fue posible que pudieran competir, y en lugar de ser 12 –le estoy diciendo un número hipotético– solamente acabaron participando cuatro o seis.
Éste es un tema también en el cual hemos puesto mucho énfasis en el gobierno de mejorar este tipo de contratos marcos. Y más en las condiciones en que Pemex está ahorita, donde requiere tener una total y absoluta transpar3encia y rendición de cuentas en su forma de contratar. Gracias.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Y concedemos la palabra a la diputada Verónica García Reyes, del PRD. Adelante, diputada.
La diputada Verónica García Reyes: Muchas gracias. Muy buenas tardes al maestro Julián Alfonso Olivas Ugarte, diputados y diputadas, compañeros y compañeras. La Secretaría de la Función Pública es y debe ser el garante institucional en la permanente batalla contra la corrupción, que como cáncer en etapa de metástasis ha invadido el cuerpo social mexicano.
Y contradiciendo al titular del Ejecutivo la corrupción no es una cuestión cultural, es una práctica cotidiana en muchos casos, pero atacable mediante la puesta en marcha de acciones que contribuyan a la construcción de ciudadanía, el acatamiento irrestricto a las leyes tanto por parte de autoridades como de los ciudadanos.
En el PRD hemos sido reiterativos de encontrar mejores instrumentos y desarrollar prácticas virtuosas para ir disminuyendo la corrupción y sus efectos nocivos, porque efectivamente el desánimo de que genera en la población la corrupción altera incluso los ciclos económicos, pues los contribuyentes dejan de cumplir sus obligaciones fiscales afectando el presupuesto nacional y, más aún, al ver la impunidad que envuelve a quienes cometen actos corruptos y la infamia recuperación del erario sustraído o mal usado. Los ciudadanos se indignan con justicia y de continuar con esta tendencia, sin ser alarmistas se puede romper el frágil drama social.
Según todos los datos disponibles, tanto por institucionales como las internacionales que miden la percepción sobre los índices de corrupción, México sigue dando saltos hacia atrás en la escala internacional. De acuerdo al índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional, México obtuvo una calificación de 3.4 en la escala de cero a 10, donde cero es altamente corrupto y 10 es altamente transparente.
Por debajo de los 3.6 puntos alcanzados en 2008, cuando obtuvo su mejor calificación, los indicadores para 2013 mantuvieron la misma calificación para México, ubicándolo en el lugar 106 de 177 países. Es decir, nuestro país sigue siendo según esta índice, uno de los países más corruptos.
Otro factor para documentar nuestro pesimismo es la insuficiente credibilidad sobre la fiscalización y la rendición de cuentas. De acuerdo con el más reciente reporte del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestal, sólo el 14 por ciento de los entrevistados tiene una opinión favorable sobre el control interno de México; 24 por ciento sobre los resultados de rendición de cuentas y 29 por ciento sobre las capacidades de la fiscalización externa.
De acuerdo con esta medición, la mejor calificación la obtuvo el avance por tener acceso a la información, en donde existe un 50 por ciento de opiniones favorables. Esta precepción negativa sobre los alcances de la fiscalización alcanza cumbres al referirse a las compras gubernamentales.
Igualmente se genera incredulidad cuando a pesar de todo se establecen sanciones a funcionarios por actos corruptos, resulta que no se les puede cobrar ni recuperar los recursos públicos mal habidos, por eso, señor subsecretario encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública, voy a centrar mi pregunta en las tres siguientes vertientes.
Primero. ¿Qué ha hecho la Secretaría de la Función Pública para disminuir los índices de corrupción? ¿Qué mecanismos administrativos, indicadores, acciones, sanciones y procesos civiles o penales que se hayan dado?
Segundo. Usted como responsable de la Subsecretaría seguramente está enterado que las acciones corruptas tienen su expresión más acabada en las licitaciones de esos órganos públicos donde tienen injerencia los contralores internos designados por la Secretaría de la Función Pública. ¿Por qué no ha podido parar los actos corruptos en estos mecanismos licitatorios, cuyo caso más reciente pudiera ser el tema de Capufe?
Tercero. La Auditoría Superior de la Federación a través de sus auditores ha detectado casos corruptos sancionales y ha establecido sanciones resarcitorias por cantidades en algunos casos billonarias, sin embargo, a la hora de que estos recursos ingresan al tesoro nacional se aducen múltiples razones, ¿qué están haciendo o ha hecho la responsable de continuar el proceso de cobro, es decir la Secretaría de la Función Pública, para resolver esto y evitar que la impunidad y la afectación al erario público prevalezcan? Por sus respuestas, muchas gracias.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Tiene la palabra el subsecretario encargado del despacho por cinco minutos, para dar respuesta.
El subsecretario Julián Alfonso Olivas Ugalde: Muy gentil. Muchas gracias, diputada Verónica García Reyes. Yo creo que es un problema para todos los que estamos en diversos ámbitos del gobierno la percepción que se tiene contra la corrupción. Creo que es tarea de todos dentro de las diversas facultades que tenemos, legislativas, de administración pública, de procuración de justicia, intentar y buscar detener este mal que aqueja a la nación.
Nosotros con los instrumentos que tenemos en la actualidad en la Secretaría de la Función Pública los estamos ejerciendo a cabalidad, a pesar del artículo transitorio, del Segundo Transitorio de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, y creo que debemos de, para comprender mejor este problema debemos tener muy en cuenta los índices de percepción, pero también empezar a profundizar en los índices de la gente que realmente es afectada por la corrupción.
El otro día platicaba yo con el representante de la Organización de Naciones Unidas y me señalaba Antonio Mazzitelli, que alrededor de los que tienen esa percepción sólo el 30 por ciento ha sufrido un acto de corrupción.
Creo que en las encuestas que se realicen en el país, también se debe de incorporar un apartado que nos permita detectar quién realmente sufre de corrupción, no quien nada más tiene una percepción hacia esto. ¿Por qué? Porque nos va a poder permitir identificar en qué lugar en los tres niveles de gobierno está ubicada esa corrupción, porque desgraciadamente en muchas ocasiones el ciudadano común y corriente no tiene la capacidad de distinguir si en el nivel federal, en el nivel local o en el nivel municipal está la corrupción, y más aún, dentro del nivel federal en ocasiones no es fácil distinguir a los tres poderes o a los órganos constitucionalmente autónomos.
¿Qué hemos hecho nosotros para disminuir en las licitaciones? En primer lugar continuar con la política de apoyo de testigos sociales y acompañamiento de la Secretaría de la Función Pública apoyados en los órganos internos de control para que participen en estos procedimientos y puedan hacer en su caso observaciones.
Finalmente, los procesos licitatorios son responsabilidades de las áreas sustantivas de las oficialías mayores y de las direcciones de administración de las entidades y de los órganos desconcentrados que tiene nuestra administración.
¿Qué se la logrado con la Auditoría Superior de la Federación? En primer lugar, con la Auditoría Superior de la Federación hemos establecido una coordinación. Existía ya un convenio y hemos ido haciendo una serie de addendum para establecer criterios de solventación.
En el pasado había ocasiones que por una misma irregularidad en la auditoría estaba solventada y en la Secretaría no, o viceversa. Entonces nos hemos dado a la tarea con Juan Manuel Portal, el auditor superior, de ir haciendo esos addendum al convenio para establecer los criterios.
Y le pongo un ejemplo claro. Por ejemplo había en las reglas anteriormente para construir un hospital, que es un caso concreto de San Luis Potosí, la prohibición de pagar la supervisión. No se podía pagar la supervisión de la obra, únicamente la ejecución al contratista.
Posteriormente las reglas aprobaron que se pudiera pagar la supervisión, entonces le estamos dando efectos retroactivos a este reconocimiento que ya se hizo en las reglas y estamos actuando de manera conjunta con el mismo criterio. Creo que eso es un avance muy importante y, sobre todo, diría yo, creo que ustedes en su papel de legisladores, deberían de valorar la posibilidad de establecer en las disposiciones legales la obligación de la coordinación en un sistema de fiscalización y control entre la Auditoría Superior, la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control, las contralorías de los estados y las entidades de fiscalización local.
En la actualidad se ha dado por la buena voluntad del auditor, y por la disposición de nosotros. Creo que esto debe ser una obligación legal.
¿Qué hemos hecho nosotros en la presente administración? Actualmente a la fecha hemos presentado 23 denuncias de carácter penal en contra de 35 servidores públicos que nosotros les podríamos ampliar la información, y también hemos aplicado 22 mil 729 sanciones a 18 mil 354 servidores públicos.
Creo que ya se me acabó el tiempo, y le pido una disculpa a la diputada Yáñez, pero tiene aclaración lo que a usted le inquieta. En otro momento se lo podría comentar.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Para los comentarios, tiene la palabra la diputada Lizbeth Eugenia Rosas. Adelante, diputada.
La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Con su venia, presidenta de la Comisión de Vigilancia.
Yo lo he estado escuchando con mucha atención, y la verdad es que yo vine a cumplir mi responsabilidad y no vine a simular, y la verdad me preocupa mucho que después de dos años de gobierno se le da la importancia a una institución que tiene que ver con la transparencia y que estemos hablando con un titular del despacho y no con un responsable absoluto con todas sus atribuciones y facultades.
Me preocupa mucho, porque además cuando revisamos los montos de lo que usted nos dice que se ha resarcido respecto a lo que nos está costando esta institución, verdaderamente es lamentable, ¿por qué? Porque casi nos estamos gastando lo mismo en sostener este gran elefante blanco, que lo que aparentemente recupera.
La verdad, se lo digo con todo respeto, señor Julián Alfonso, yo siento que usted nada más está navegando el barco, no está dando los resultados a fondo que cuando menos yo y todos los ciudadanos que están afuera se esperan; porque ese recurso que obviamente se rescata debe de ir precisamente dirigido a lo que más urge, y en este caso estamos viendo que urge mucho para la educación en México, porque muchos jóvenes se están quedando sin estudiar y ahí están las protestas de nuestro compañeros jóvenes del Instituto Politécnico Nacional.
Yo la verdad lo veo que no es una prioridad, porque finalmente la iniciativa, aunque la anunciaron con bombo y platillo se quedó atorada y ahí va a seguir, porque aquí hay que reconocer que hay mayorías parlamentarias, y si no hay voluntad de esas mayorías parlamentarias para sacar algo, pues vamos a seguir simulando, creando figuras de adorno, como yo se lo he dicho con todo respeto a mi compañera Oswelia, en donde creamos figuras de testigos presenciales que no tienen ningún peso y no pueden incidir en ninguna observación o sanción directa a un órgano de este tipo de ejercicio en el gasto público.
Es lamentable porque los datos los acaban de repetir mi compañera Verónica, estamos en el 106 de 177 países a nivel internacional, es una vergüenza para quien no lo quiera aceptar o no lo quiera decir y nos escudemos en que no es un asunto de percepción, habría que medir la parte de la victimización.
Yo le quiero decir, señor, que yo apenas termine, me titulé de la maestría en Gobierno y políticas públicas, y durante todo un periodo nos dedicamos a medir y a revisar no solamente la parte de la percepción del tema de corrupción, sino de la victimización, y le puedo garantizar que sí hay muchos estudios y hay muchas investigaciones y yo creo que requeriría usted quizás abrir más su dependencia para tener convenios de colaboración con las universidades y nutrirse de manera gratuita de esta información, si a usted no le ha llegado cuando menos hasta el día de hoy.
Insistirle también, obviamente en el tema de que en algunas ocasiones cuando hemos escuchado a los compañeros de la Auditoría Superior de la Federación, nos ha reiterado que toda la parte de las sanciones y las averiguaciones que se presentan por este desvío de recursos o manejo irregular de los recursos se quedan ahí en las procuradurías. Yo sí quisiera que me dijera, ¿cuántos casos positivos se han dado para que verdaderamente se finquen responsabilidades penales y se vaya a fondo? La verdad tampoco veo esos datos.
Y finalmente insistirles en que en estos temas de transparencia y de corrupción, mientras se siga en el puro discurso escuchando la buena voluntad de querer construir una cultura de la legalidad, pero no se haga por la vía de los hechos construyendo ciudadanía, empoderando a la ciudadanía, no como un testigo presencial mudo, sino como un promotor activo de la decisión de cómo se ejercer el recurso público, no vamos a avanzar, y vamos a seguir creando como me parece a mí desde ahorita, este tipo de órganos que nos cuestan mucho a los mexicanos y que sus resultados, con todo respeto, dejan mucho que desear. Muchas gracias.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Muchas gracias, diputada. Únicamente le recuerdo, que los comentarios son sobre las preguntas para poder avanzar nosotros en el tema.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Le damos la palabra, al diputado Carlos Octavio Castellanos, del Partido Verde Ecologista de México y mi paisano también, chiapaneco.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Muchas gracias, diputada Areli Madrid Tovilla. Con la venia de la Presidencia y del Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde, encargado de la Secretaría de la Función Pública, buenas tardes, bienvenido a la Cámara de Diputados; compañeras y compañeros. Como es de su conocimiento en el Congreso mexicano, a solicitud de una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto se redactaron una serie de cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual se publicó en enero de 2013.
Los cambios implicaron la modificación del artículo 26 respectivo, donde se apreció la desaparición de la Secretaría de la Función Pública; sin embargo, ésta continúa trabajando. Primero, por su delicada función; segundo, por mandato del artículo segundo transitorio, el cual ordena que continuará subsistiendo hasta en tanto no simplemente legislativamente el órgano constitucional autónomo en materia de anticorrupción.
En este sentido, deseamos conocer si al momento se cuenta con alguna unidad de coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien según el decreto en cuestión en diversas partes establece que será aquella secretaría quien dictará los lineamientos y disposiciones de carácter general para la transmisión de los recursos humanos, financieros y materiales.
Asimismo, conocer qué elementos positivos de operación de la actual secretaría a su juicio vale la pena lo conserve el organismo autónomo correspondiente y por qué debería ser así. Por sus respuestas, muchas gracias.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Tiene la palabra el licenciado Julián Alfonso Olivas, encargado del despacho, por cinco minutos.
El subsecretario Julián Alfonso Olivas Ugalde: Gracias, diputada. Señor diputado Carlos Octavio Castellanos, gracias por sus preguntas. Derivado de la reforma que ustedes aprobaron a la Ley Orgánica de la Administración Pública, nosotros establecimos desde el inicio de la administración –porque también fue una instrucción del presidente, fueron dos instrucciones muy claras de parte de él hacia mí– uno, que la secretaría continuara funcionando a cabalidad. Que continuáramos con todos los procesos, con todas las facultades, con todas las funciones que tiene la dependencia.
Por otro lado, que toda vez que había una reforma aprobada por ustedes como Congreso de la Unión, iniciáramos los trabajos preparatorios para poder trasladar esas funciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En los primeros meses también le dedicamos tiempo a esto y logramos establecer una serie de acuerdos con las áreas de Oficialía Mayor para tener ya listo un organigrama donde se estructurara un área dentro de la Secretaría de Hacienda que tomara esas facultades que ustedes aprobaron como traslado a la Secretaría de Hacienda.
Igualmente, en la cuestión administrativa modificamos y establecimos todos los contratos de adquisiciones, de servicios, de arrendamiento, de obra pública, para que en su momento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se sustituyera como contratante.
De esta forma, que toda vez que se cumpliera el artículo transitorio nosotros pudiéramos incluir todas estas facultades dentro de una subsecretaría en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esas fueron las tareas que hemos realizado, hemos seguido ejerciendo las funciones. La secretaría tiene un presupuesto de mil 400 millones de pesos y en año y medio hemos recuperado 6 mil millones de pesos, una cantidad mayor a su presupuesto de mil 400 en un año, que se va reiterar, como ya se dijo por un señor diputado, con un pequeño aumento mínimo para el año siguiente. Entonces, ha sido el mismo presupuesto y hemos estado ejerciendo esas funciones.
Cabe aclarar que las áreas de la Secretaría de la Función Pública no solo se dedican al combate a la corrupción, tienen otras tareas como son: las áreas de contrataciones públicas, como es el servicio profesional de carrera, como son las áreas de evaluación al desempeño, que no van directamente a la fiscalización, no van directamente a la aplicación de responsabilidades, no van a las denuncias penales, sino que son tareas distintas y que por eso se le cambio el nombre también a la dependencia por Función Pública.
También quiero dejar un dato muy importante que en ocasiones es desconocido. La Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control han sufrido una disminución en su personal del 31 por ciento.
No podemos o no queremos seguir combatiendo a la corrupción disminuyendo las áreas que están dedicadas a esta tarea. Creo que por lo menos debemos mantenerlas y debemos preservar el control interno, y aprovechar la experiencia que se ha acumulado a través de los años en esta Secretaría.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, subsecretario.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Y, diputado, hace usted los comentarios, ¿usted mismo? Adelante.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Muchas gracias, licenciado Olivas. Sin duda alguna el reto de la transferencia del capital humano y patrimonial, así como de competencias a favor del organismo autónomo, será una tarea titánica, la cual debe estar amparada en la ley, y para ello deberá apoyarse de toda la estructura administrativa que en el presente tenga la administración pública federal y hacer valer una verdadera política de selección de perfiles para que ocupen los sitios las personas más capaces y honestas, pues el valor de la honestidad en la administración pública está en juego.
México desea contar con un órgano anticorrupción con carácter autónomo, que escriba su propia historia de dignidad y que sea el mejor instrumento de la rendición de cuentas que el pueblo haya conocido jamás, honrando así los principios republicanos y democráticos, y de transparencia, que la Constitución hace valer en sus artículos 3, 6o., 49 y 90.
Solamente expresamos que tenemos confianza y por ello esperamos apreciar en breve un mayor abatimiento de conflictos, más control, resultados más limpios en auditorías. La ciudadanía y la presión por parte de la opinión pública serán las piezas fundamentales para conseguir este objetivo. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Y continuamos, le damos el uso de la palabra al diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos. Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. En realidad lo que hemos visto en este gobierno es pura simulación, lo transitorio se volvió permanente, hicieron la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública y ya van para dos años en el limbo jurídico, porque supuestamente vendría una Comisión Anticorrupción, y a mí me parece que es una maniobra del gobierno para seguir sobrellevando el tema de la corrupción.
Miren ustedes, desde diciembre el Senado aprobó la Ley Anticorrupción, la Comisión Anticorrupción, atrás de una reforma constitucional, llegó a esta Cámara el 4 de febrero y está congelada. Se han hecho por ahí algunos foros, pero ustedes saben que cuando hay voluntad sacan las leyes en 10 días.
La reforma constitucional en educación la hicieron en 10 días, la publicación de la reforma energética la hicieron en tres días, citando a todos los Congresos locales. La verdad es que no hay voluntad política para crear una Comisión Anticorrupción. Y ahora sacan una Fiscalía Anticorrupción, pero la realidad es que es un tema secundario para el gobierno federal.
Con Miguel de la Madrid a partir de la renovación moral de la sociedad se crea la Secretaría de la Contraloría General de la República, de la federación, con los gobiernos del PAN se crea la Secretaría de la Función Pública y ya van dos años que esta dependencia en el gobierno de Peña Nieto está a nivel de encargado de despacho, ¿por qué?, porque supuestamente llegaría una Comisión Anticorrupción y por otro lado en una definición que lo describe de cuerpo entero Enrique Peña Nieto dijo que era un tema cultural la corrupción, como López Portillo, que dijo que la corrupción somos todos en un lapsus que lo describió de tajo.
Entonces, lo que vemos, señor subsecretario, es que no crece la economía, pero sí crece la corrupción. Y no es un tema de percepciones, de decir: es que la gente cree. La gente cree que hay inseguridad también. Y finalmente es una realidad que el país vive una crisis de seguridad y vive una crisis de corrupción.
Además hay otras maniobras, y quiero su opinión. El caso de Luis Téllez, por ejemplo. Luis Téllez fue nombrado un miembro independiente que maneja el Fondo Mexicano del Petróleo y van a manejar miles de millones de dólares para orientar el destino de los recursos petroleros, pero en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo en el artículo 12 se dice que no es servidor público. O sea, qué opinión le merece eso, una gente que maneja recursos del Estado y no tiene el estatus de servidor público y además conforme al artículo 25 de la propia ley no es responsable cuando haga actos a su leal saber y entender. Eso lo dice la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo. Y por ahí decían, es que él es de Sempra, pero no va a haber temas de energía o de electricidad. Sí, pero es el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores.
Imagínense que el de la Bolsa Mexicana de Valores maneja los fondos petroleros y además no es servidor público. Qué le podemos, cómo le podemos llamar a eso. Me interesa mucho su opinión sobre ese tema.
En el caso de Oceanografía. El procurador el pasado miércoles sigue sosteniendo que es un asunto entre particulares. Entonces yo le pregunto cuál es la visión de la Secretaría de la Función Pública, ¿qué procesos ha instruido conforme a Oceanografía, el caso de Hewlett Packard, que hubo un caso de soborno; el caso también de Evia?, porque además en el caso de Oceanografía un caso echó abajo la inhabilitación de Oceanografía.
Por eso decimos que todo es un juego arreglado. Lo inhabilitan, un juez le permite que regresa a ser contratista de Pemex y Amado Yáñez consignan su caso como delito no grave y el señor está libre y no va a ser responsable de nada al final del día.
Por otro lado el tema de la reforma energética. Yo ahí le preguntaría que qué blindaje está construyendo la dependencia a su cargo para evitar la corrupción, más corrupción.
El caso del aeropuerto de la Ciudad de México es otro caso. Además en nuestra opinión no hay algo que justifique una inversión de 169 mil millones de pesos. Según las cifras el aeropuerto en 2013 tuvo 31 millones de usuarios y 376 mil toneladas de carga y ahora están proyectando 100 millones de usuarios, tres veces y un millón de toneladas de carga. O sea, ¿cómo justifican ese crecimiento el gobierno? Y además que van a invertir 120 mil millones de pesos en este sexenio. A mí me huele a corrupción, me huele a negocio sexenal.
Ahí le preguntaría, platíquenos usted porque el secretario de Comunicaciones decía que OHL había ganado todas las licitaciones, pero usted cree creíble, razonablemente creíble que OHL, una empresa que fue la principal contratista con Enrique Peña Nieto como gobernador, ahora gane todos los concursos o los más importantes. Estamos hablando de más de 41 mil millones de pesos.
Luego otro amigo del presidente, Roberto Alcántara es el beneficiario de Llave, que además estamos esperando a ver qué resulta de él. Otro consorcio constructor donde está otro contratista amigo de Enrique Peña Nieto, don Armando Hinojosa, también está metido en un consorcio que ya prácticamente va a tener la adjudicación del aeropuerto de la Ciudad de México y podríamos seguir hablando, pero voy a ser respetuoso del tiempo, pero primero que nos aclare el estatus de la Secretaría de la Función Pública, que si no es una simulación que tenga dos años el tema de la Comisión Anticorrupción, y luego todos estos casos de corrupción y de conflicto de intereses, empezando por el de Luis Téllez. Es cuanto.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Tiene la palabra por cinco minutos el licenciado Olivas, para dar respuesta.
El subsecretario Julián Alfonso Olivas Ugalde: Gracias, presidenta. Muy amable, diputado Ricardo Mejía.
Por lo que hace al limbo jurídico, como usted recuerda antes de que llegara a la Presidencia el licenciado Enrique Peña Nieto se presentó una iniciativa por parte del PRI y el Partido Verde Ecologista, y después se presentaron dos iniciativas, una por dos senadores del Partido Acción Nacional y otra por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y una más por el Partido de la Revolución Democrática. De ahí se dictaminó en las Comisiones respectivas en el Senado y se aprobó el órgano anticorrupción con las modificaciones constitucionales. Pero a la vez antes de que también fuera presidente Enrique Peña Nieto se presentó una reforma a la Ley Orgánica y esa reforma, esa iniciativa que se presentó no traía el artículo transitorio donde se decía que quedaría condicionado la desaparición de la Secretaría hasta que se creara el órgano anticorrupción. Esto es algo que se introdujo por los legisladores, desconozco sinceramente las razones.
Pero analizando jurídicamente la disposición, encontramos que esto está condicionando que entre en vigencia la reforma donde se trasladan las facultades a la Secretaría de Hacienda. Si ustedes recuerdan también, en esa iniciativa estaba incluido el traslado de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación y ésta ocurrió sin ningún condicionamiento. También estaba el traslado de facultades entre Sedesol y Sedatu y no había ningún condicionamiento.
En el caso de la Secretaría se quedó con ese condicionamiento y lo que nos obliga a mí como subsecretario, que cubro las ausencias del titular de la Secretaría, es ejercer todas las facultades que hago a nombre del secretario por no existir un titular de la misma.
Como lo he señalado el día de hoy y en otras ocasiones cuando se me ha hecho la misma pregunta, todas las funciones las estamos ejerciendo. La Secretaría no ha sufrido una merma en sus facultades, las estamos cumpliendo plenamente.
Respecto al tema del señor Luis Téllez, que usted quería algún comentario mío. Desde la perspectiva de la Secretaría de la Función Pública, y aun cuando la ley que ustedes aprobaron en el Congreso señale que no es un servidor público, si hubiera una irregularidad en su actuación en el manejo de los recursos públicos, la Secretaría de la Función Pública tendría competencia.
Lo anterior lo afirmo en un precedente judicial. Hubo un caso hace unos años del señor Serrano Limón, que recibió recursos públicos y aparentemente los desvió. La entonces Secretaría de la Función Pública aplicó una sanción, que si mal no recuerdo, fue de inhabilitación y ésta se llevó al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia y se confirmó el criterio que no obstante de que no era servidor público, se le podría aplicar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas.
Entonces si alguno de los miembros de este fondo que fue constituido con la reforma energética se ubicara en ese supuesto, creo que la Secretaría, quien estuviera encargado, quien fuera titular, tendría las facultades suficientes para iniciar una investigación y, en su caso, un procedimiento disciplinario establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Por lo que hace al tema de Oceanografía que usted mencionaba, fue precisamente el órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública en Petróleos Mexicanos el que al hacer una auditoría a nueve contratos que estaban vigentes en Pemex con Oceanografía, detectó que las fianzas que habían entregado estaban abajo de los rangos pactados. De ahí se hace la investigación y se inicia un procedimiento con los representantes legales de Oceanografía y al final se emite una resolución con una multa y una inhabilitación.
Después vino un amparo, un amparo que aún está en trámite y después vino la resolución del Juez Consuelo, que usted menciona. Tengo conocimiento que la empresa subsidiaria competente de Petróleos Mexicanos presentó un amparo, un amparo en contra de que se le levanten las sanciones, la económica y la inhabilitación, y un amparo en contra de que se regresen las penalizaciones que aplicó Petróleos Mexicanos en su momento.
El Juez Enrique González Meyenberg, que vio este tema –y lo sé de memoria porque fue mi compañero, casualmente, en la escuela, y revisé el amparo– determinó que solamente daría la suspensión provisional en el caso de las penalizaciones. Estaremos muy atentos a la resolución de carácter judicial que determine en su caso el juez de distrito correspondiente.
Por lo que hace al aeropuerto, deseo señalarle que son tres etapas, son tres etapas las que se van a llevar a cabo en el aeropuerto y ya estamos preparados; estamos preparados en la secretaría para hacer acompañamientos y nombrar testigos sociales e iniciar cuando empiecen los trabajos de construcción respectivos, auditorías acompañando todo el proceso de la construcción del aeropuerto.
Es una obra muy importante, como usted lo ha mencionado, y no solo en el aeropuerto tendremos un grupo especial para hacer esta verificación, lo haremos también en los concursos donde se han dado los trenes de Toluca, que ya se hacía mención; hacia Querétaro, el suburbano de Guadalajara, el de Monterrey donde ya resolvimos también una inconformidad presentada por alguno de los consorcios que ahí participáramos.
Ahí tenemos la ventaja de que ustedes tienen una ley de derechos aprobada donde un cinco al millar va a la secretaría para poder contratar a través de honorarios revisores que lleven a cabo estas actividades. Entonces nos estamos preparando en la secretaría para estas obras importantes que va a llevar a cabo el gobierno de la República.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, licenciado Olivas.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Tiene la palabra el mismo diputado Ricardo Mejía, para hacer los comentarios.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidenta. La realidad es que no nos deja satisfecha su respuesta, porque al contrario, usted confirma la tesis que sostenemos, el PRI quiso sacar el cambio de Gobernación para asumir las funciones de seguridad pública y se logró, porque tuvo la voluntad, porque le interesaba ese tema; después en el tema de Sedatu que absorbe parte de las funciones de lo que era Sedesol, sobre todo la cuestión medioambiental y la cuestión territorial, ya se concretó.
Pero causalmente en el caso de la función pública para migrar, a crear una comisión anticorrupción, ahí no tuvieron voluntad, y no todos estuvimos de acuerdo, nosotros no votamos a favor de la Ley Orgánica, primero por la cuestión de la Secretaría de Gobernación, pero también que advertíamos la maniobra, y eso lo introdujo el PRI en la Comisión de Gobernación. No es una casualidad que hayan dejado en este estatus transitorio, fue una decisión política legislativa de la mayoría.
Entonces nosotros por eso seguimos insistiendo que es una simulación. Primero, la minuta tiene desde febrero y ahí lo sabe la gente que está en la Comisión de Puntos Constitucionales, incluso se organizó un foro con la Comisión de Transparencia, pero ahí ha estado durmiendo el sueño de los justos la Comisión Anticorrupción y me parece que sí hay una degradación de la figura de la secretaría encargada del ramo, si no hubiera un titular, pero lo dejaron a nivel de encargado del despacho, porque ése es el nivel que le confiere el gobierno federal.
Por otro lado, en el artículo 25, en el caso de Luis Téllez, habla de que los miembros del comité, se refiere a los del Fondo Mexicano, no se consideraran responsables por daños y perjuicios cuando se actualicen los siguientes supuestos: uno, tomen sus decisiones con base en la información disponible al momento de la decisión. ¿Qué información disponible tiene Luis Téllez? La que hace como especulador en la Bolsa.
Dos, hayan seleccionado la alternativa más adecuada a su leal saber y entender o los efectos patrimoniales negativos no hayan sido previsibles. El fondo va a poder hacer inversiones; entonces me parece que sí es gravísimo y nosotros en el caso del aeropuerto no vemos el blindaje para la magnitud. No es una licitación más, y tampoco nos aclaró el tema de OHL, por qué ha ganado todos los contratos; casualmente en Pemex ha ganado tres licitaciones muy importantes y casualmente el director era miembro del consejo de administración de OHL que es Emilio Lozoya, usted lo sabe, es público.
El director de Finanzas de Pemex, Boudegard era el director de Finanzas de OHL, es decir, lo que este gobierno ha hecho es institucionalizar el conflicto de interés. Ya no hay conflicto de interés porque ya se legalizó; pero en ese sentido nosotros sí creemos que hay mucha tela de donde cortar. El tema es poco, me voy a reservar a la segunda ronda algunas otras preguntas, pero sí considero que no es casualidad, porque hay una mayoría y una decisión política que ha salido en otros casos y en el caso del tema de la función pública, del combate a la corrupción y de la transparencia el gobierno federal ha querido mantenerlo en un segundo nivel porque, además de todo, es el estatus que le da. Usted podría ser secretario, pero lo dejaron encargado porque así lo quiere tener el gobierno.
Usted puede decir que tiene las mismas funciones, pero no deja de ser un encargado de despacho porque no hay una decisión y porque tienen congelada la reforma constitucional con relación a la Comisión de Anticorrupción. Es cuanto.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Continuamos y damos el uso de la palabra al diputado José Alberto Benavides, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Tiene la palabra, diputado.
El diputado José Alberto Benavides Castañeda: Gracias. Voy a hablar un poco de las sanciones a los servidores públicos, es una pregunta al respecto de ellos, y de los sobreprecios. La diputada ya tocó el tema de los sobreprecios, pero voy a ser más específico.
Partiendo de comparar un periodo de enero a junio de 2014, la Función Pública y los órganos internos de control aplicaron un poco más de 10 mil sanciones a 8 mil 791 servidores públicos, lo que representa casi 50 por ciento más que en los mismos periodos de los últimos 3 años.
Es decir, en 2011 fueron 4 mil 751 sanciones; en 2012 fueron 5 mil 571 sanciones y en 2013, 5 mil 500 sanciones. Estamos hablando que comparativamente es el mismo periodo de enero a junio de dichos años.
No sé si ustedes tengan el análisis de a qué se debe este aumento, se incurre en más irregularidades por parte de los servidores públicos, han cambiado los mecanismos de detección o por qué y cuántos de estos funcionarios, si tienen la cifra aproximadamente, cuántos de estos funcionarios pertenecen al servicio profesional de carrera.
En el otro tema, en el primer semestre de este año Compranet realizó 56 mil 552 contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas por un monto un poco más de 241 mil millones de pesos.
Las cantidades son muy grandes, la pregunta es: ¿cuánto dinero existe como sobreprecio? Porque ahí voy, relacionados con actos de corrupción, porque hay estimaciones. Por ejemplo, el caso de Pemex, los pagos de sobreprecio en Pemex son un problema, le han llegado a costar hasta 13 mil 950 millones de pesos anuales en la compra de equipos, mercancías, servicios y productos requeridos para su operación.
Entonces, creemos que existe una enorme debilidad y gran corrupción en el tema de las adquisiciones, en las obras y en la mayoría de las facturas pagadas con presupuesto del gobierno.
¿Se ha pensado cómo atacar este problema relacionado con funcionarios que van en busca de un beneficio personal, con cargo al erario y con empresas dispuestas a colaborar aprovechando las ventajas que da un sistema ineficiente y corrupto? ¿Cuál es el costo que asume el país por este tipo de actos?
La Coparmex se ha manifestado en ese sentido. En 2011 se dijo que las empresas en México gastan aproximadamente 10 por ciento de sus ingresos en actos relacionados con la corrupción, y que más de 44 por ciento de estas empresas realiza pagos extraoficiales a servidores públicos de todos los órdenes de gobierno. ¿Usted acepta que el problema es de esta magnitud? Por sus respuestas, muchas gracias.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Tiene el uso de la palabra el licenciado Julián Alfonso Olivas, encartado del despacho, para dar respuesta.
El subsecretario Julián Alfonso Olivas Ugalde: Diputado José Alberto Benavides, muchas gracias por su pregunta. Respecto a cómo atacar la corrupción, sí la Coparmex he visto sus estimaciones, no conozco el detalle, los papeles de trabajo que permitan llegar a esa conclusión, pero lo que sí le quiero decir es que no he recibido de la Coparmex ninguna queja o denuncia en contra de un servidor público que solicitó algún dinero por una licitación.
Reo que desgraciadamente nos falta mucho, la participación de todos los involucrados en los procesos de contratación, porque para que haya corrupción –desgraciadamente los servidores públicos que actúan indebidamente, irregularmente, ilegalmente– se necesita un tercero que les ofrece y ellos se prestan a ello.
Pero desgraciadamente son pocos los que presentan esas denuncias y, cuando nos las presentan, por ejemplo, tuvimos un caso de usuario simulado, que era una persona que le estaban pidiendo un requisito adicional para otorgarle una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y esa persona con una pensión muy menor sí tuvo el valor de pedirnos el apoyo, lo acompañamos, hicimos el usuario simulado y se le consignó ante el Ministerio Público, se hizo la denuncia penal.
Y mejor una persona de ese nivel que iba a obtener un beneficio muy menor con la pensión tuvo ese valor. Creo que si todos los mexicanos tuviéramos el valor de esa persona avanzaríamos mucho en la corrupción.
¿Qué estamos haciendo? Para el 26 de octubre de este año vamos a abrir un espacio dentro de la parte de Compranet para que los contratistas y proveedores de la administración pública federal por vía remota puedan presentarnos sus quejas y sus denuncias. Ya lo tenemos diseñado, nada más vamos a hacer el software correspondiente dentro del portal de Compranet para que haya más acceso.
En una ocasión la Coparmex dijo que no había los medios suficientes. Entonces, derivado de ese comentario, tomando en cuenta lo señalado por ellos, vamos a abrir este espacio en la página de Internet.
También, cuando llegamos a la Secretaría, encontramos un servicio de atención telefónica que lo habían enviado a Pro-víctima, habían tomado la determinación de enviarlo a Pro-víctima y ahí está operando ese sistema. La Secretaría no se puede quedar sin un teléfono gratuito que pueda usar cualquier ciudadano desde Tijuana hasta Cancún para presentar una queja y una denuncia.
Desde el día 26 de septiembre ya tenemos operando un Centro de Atención Telefónica, y estamos elaborando una aserie de carteles y trípticos para que la ciudadanía lo conozca y tenga acceso a este Centro de Atención y podamos nosotros dar la atención correspondiente.
Respecto al sobreprecio, creo que el sistema Compranet nos permite –y es un ejemplo muy importante para la planeación de auditorías– cuando nosotros accedemos al sistema Compranet podemos comparar precios de bienes iguales, cuando los bienes son iguales y encontramos sobreprecio ahí proyectamos nuestras auditorías.
Y le voy a poner un ejemplo del trabajo que hemos realizado, encontramos lo que conocíamos nosotros como correctores, que utilizaba uno en la administración pública cuando no había equipos de cómputo –yo soy bastante más viejo como usted y lo usábamos mucho cuando cometíamos errores, ahora nada más se le borra ahí a la computadora y pone uno la otra palabra.
Detectamos algunas dependencias que todavía tienen compras importantes de este producto y entonces realizamos algunas auditorias para hacerles la observación de que disminuyeran esas compras o que nos acreditaran. Algunas sí porque todavía tienen en algunas delegaciones del interior del país máquinas de escribir de la Remington, y eso que conocemos nosotros, que todavía utilizan y también usan el corrector respectivo.
Respecto a los sobreprecios de Pemex, creo que tenemos que seguir con las revisiones en el órgano interno de control y aquí aprovecharía los pocos segundos que nos quedan. Se cambiaron en el nuevo contrato marco por las autoridades de Pemex que participan en el contrato, las características de los uniformes. Tienen características distintas porque no estuvieron conformes con las entregas y el tener un solo laboratorio por parte del Estado nos da uniformidad de criterio, y es un laboratorio confiable para nosotros, y ahorita les digo porqué.
No porque los otros sean desconfiables, sino que hay varios puntos de vista y pueden tener criterios distintos los laboratorios particulares. Preferimos dárselo a Profeco porque en dado caso de que hubiera una irregularidad, ahí sí yo tengo facultades para sancionar directamente a los servidores públicos. Esa fue de las razones que nos motivaron para dejar a Profeco y el cambio de características y además está apoyado como lo sabe la diputada Yáñez, en el mercadeo correspondiente que lo hizo la Unidad.
Estaríamos en la mejor disposición para mostrar esa documentación, porque ése es el proceso finalmente para llegar a un contrato marco; un mercadeo previo que nos determine el precio. No es un precio arbitrario ni de Pemex ni de los proveedores ni de la Secretaría de la Función Pública, sino de un estudio de todo el mercado.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, licenciado Olivas.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Le damos la palabra a la diputada María Sanjuana Cerda Franco para concluir con la primera ronda de preguntas. Tiene la palabra, diputada.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Gracias, presidenta. Buenas noches a todas, a todos. Buenas noches, maestro Julián Olivas Ugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública.
Este periodo de transición hacia un nuevo modelo de transparencia y rendición de cuentas, evaluación del desempeño de la gestión gubernamental y combate a la corrupción está caracterizado por la indefinición en torno al diseño legal e institucional que debemos asumir para cumplir con los objetivos de contar con un gobierno eficaz, honesto y transparente.
En el segundo Informe de Gobierno se percibe la dificultad para informar sobre este tema fundamental, debido precisamente a que la Secretaría de la Función Pública está próxima a desaparecer y no se sabe con certeza cuál será la entidad que la sustituya y con qué abanico de atribuciones.
Se asienta en el Segundo Informe una serie de acciones relacionadas con la estrategia transversal gobierno cercano y moderno, planteado como la visión del Ejecutivo federal para contar con un gobierno eficiente, con mecanismos que permitan mejorar su desempeño y la calidad de sus servicios, que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, que optimice el uso de los recursos públicos e impulse la transparencia y rendición de cuentas.
Desde luego que esos objetivos son compartidos por todos, aunque el contenido de lo que se informa revela que esta estrategia está en una etapa de arranque, con resultados incipientes que aún no permiten formarse una opinión sobre el logro de los objetivos esperados.
Se informan dos puntos fundamentales que vale la pena resaltar. En el primer punto se afirma que el gobierno de la república está consolidando el sistema de evaluación del desempeño y el presupuesto basado en resultados. Estos mecanismos son determinantes para la constante mejora de la calidad del gasto público.
El segundo punto es el que se refiere a las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios a los objetivos plasmados en los programas sectoriales. El Grupo Parlamentario al que pertenezco, Nueva Alianza, reconoce estos esfuerzos sin embargo consideramos que es muy importante brindar mayor certidumbre respecto a la integridad, a la integralidad del compromiso del Ejecutivo con la buena gestión gubernamental, el logro de objetivos y la rendición de cuentas.
En función de lo anterior pregunto, señor subsecretario, en esta etapa de transición institucional, ¿cuáles son las medidas que se están aplicando para garantizar la continuidad de las investigaciones y los expedientes en curso, relativas a irregularidades cometidas por servidores públicos de la pasada administración?
Estamos hablando de miles de casos. Aquí se mencionaron dos o tres que si las camisas, que si las... señor, se compraron sillas para bebé de 600 pesos, a mil 800; botiquines de 60 pesos a 250 pesos; y aquí se trajo a esta legislaturas estas denuncias de una dependencia, y no pasó absolutamente nada; sillas de ruedas de mil 500 a 5 mil pesos. O sea, nada de esto que le digo no es más una mínima parte. Por eso mi preocupación radica en qué va a pasar con esos expedientes que se quedaron de la administración pasada, y de todas las dependencias. No hablo de una en la que una servidora tuvo oportunidad de trabajar.
Es decir, en el tránsito hacia el nuevo ente anticorrupción ¿puede usted asegurar que no habrá un borrón y cuenta nueva? ¿Que la indagatorias actualmente marchan sobre daños al patrimonio público serán entregadas a la nueva institución y continuarán sus respectivos procesos? ¿Y cuántos expedientes se mantienen todavía integrados?
Por otra parte se informa que en febrero de 2014 se emitieron los lineamientos que establece la obligación de las unidades responsables de todos los programas presupuestarios, de registrar ante la Secretaría de Hacienda la matriz de los resultados; la matriz de indicadores para los resultados, a fin de asegurar que el 100 por ciento de los programas presupuestarios cuenten con indicadores al final de este año 2014.
Al respecto le pregunto: ¿cuál es el avance el día de hoy relativo a esta obligación de las unidades responsables de programas presupuestarios que presenten la correspondiente matriz de indicadores por resultados?
Y me quiero referir a los gobiernos de los estados y municipios. Dado que estos órganos de gobierno ejercen una cuarta parte del gasto programable, es importante contar con la información oportuna y confiable para que el sistema de evaluación del desempeño aplique con creciente efectividad respecto al ejercicio del gasto federalizado por parte de los gobiernos locales.
Se asegura en el informe también que se han fortalecido los mecanismos existentes para informar sobre el ejercicio, destino y resultado de los recursos que se transfieren a las entidades federativas y los municipios.
Por lo tanto, le pregunto: ¿cuáles son las principales dificultades de estados y municipios para generar información adecuada a fin de hacer funcionar el sistema de evaluación del desempeño en estos órdenes de gobierno? ¿Cómo se han aplicado en estados y municipios los preceptos de la armonización contable derivados de la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental? ¿Cómo se ha traducido su implementación en materia de resultados, transparencia y rendición de cuentas de los recursos federales transferidos? Por sus respuestas, muchas gracias, señor.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos, el licenciado Olivas para dar respuesta.
El subsecretario Julián Alfonso Olivas Ugalde: Muchas gracias por sus preguntas, diputada. Como usted lo señala, el sistema de evaluación del desempeño es un instrumento de gobierno muy necesario. Es un sistema que se establece desde la época del presidente Zedillo y que no ha tenido todavía la consolidación que nosotros quisiéramos, pero tiene avances importantes.
¿Por qué? Porque con los indicadores del desempeño podemos conocer perfectamente si las dependencias y entidades y órganos desconcentrados cumplen con sus programas importantes, sustantivos, a través de los indicadores estratégicos.
Y también podemos, a través de los indicadores de gestión, saber si las labores que desarrollan para cumplir esas tareas estratégicas son los adecuados. Y en los programas de carácter social, pues los indicadores de cobertura, esos son importantísimos para saber si el programa está llegando a la población que se requiere atender.
Entonces, nosotros vamos a seguir en esos esfuerzos de ir empujando en todas las dependencias y entidades el contar con estos indicadores, no sólo presupuestarios porque en ocasiones el saber que se gastó el gasto no es suficiente. Yo puedo gastar el gasto día a día con la puntualidad, con el calendario establecido, pero no estoy cumpliendo con mis objetivos estratégicos. Entonces tenemos que unir ése tipo de indicadores para poder cumplir con esos objetivos.
Por lo que hace a la matriz de indicadores, tenemos que, al primer semestre de 2014, el número de programas e indicadores analizados por nuestra dependencia se incrementó en 90 por ciento respecto de 2012 al pasar de 150 a 285.
En cuanto al número de indicadores evaluados se pasó de mil 624 en 2012 a 3 mil 84 en 2014, lo que significó evaluar en 2012 el 21 por ciento de los programas con matriz de indicadores para resultados; en tanto que para 2014 vamos a evaluar 42 por ciento del mismo tipo de programas.
Por lo que hace a la armonización contable, eso ha sido una preocupación que vivimos varios servidores públicos desde hace mucho tiempo, y lo digo porque me tocó vivir la expedición de la ley que regula esta materia desde la Auditoría Superior de la Federación. Ahí se empujó mucho con observaciones, con pláticas con los miembros de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, para que se pudiera contar con una ley que regulará de manera general todo el registro contable y patrimonial en los tres niveles de gobierno.
En un primer intento, si usted ve el artículo 74 de nuestra Constitución se establece que todos los recursos federales que se transfieran a estados y municipios deben de registrarse de manera homogénea como lo hace la federación; ése fue un primer intento que hicimos. Después, buscamos sobre todo haciendo un análisis del registro contable, no tiene porque ser distinto en el municipio o en el estado o en la federación.
Finalmente el registro contable y el registro patrimonial es una técnica que se aplica, si se compra un automóvil en la federación, en el estado, en el municipio se tiene que registrar igual. ¿Y eso en qué ayuda? En tener un registro patrimonial que nos permita que en el cambio de las administraciones todo lo que está registrado patrimonialmente se mantenga al cambio, que no haya pérdidas en el cambio. Y por otro lado, nos permite tener guías de auditoría más uniformes para revisar tanto a la federación, como a los estados y a los municipios, porque el registro es homogéneo.
¿Qué hemos hecho en esta administración? Nos pusimos de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, las contralorías de los estados, las entidades de fiscalización local para asignar un convenio e hicimos una guía de auditoría junto con la Secretaría de Hacienda, una guía para revisar estos aspectos; y adicionalmente hicimos un programa piloto en Yucatán y en San Luis Potosí para ver la problemática que se tiene en esos municipios.
Vamos a continuar con esos trabajos en Sinaloa, donde ya tenemos el acuerdo; en Sonora y en Colima, si mal no recuerdo, para ir monitoreando, porque como todos lo sabemos la composición de los municipios de este país es muy heterogénea y tienen deficiencias o tienen carencias distintas.
Con estos análisis que estamos haciendo nosotros nos permitirá revisar y recomendar cuáles son las necesidades que se tienen que cubrir para cumplir con la armonización contable y lograrlo cumplir en el tiempo pactado o si se requiere solicitarle a la comisión respectiva que se creó con la ley una ampliación para que podamos cumplir y se logre ese objetivo. Hasta aquí serían mis comentarios, muchas gracias.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, licenciado.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Tiene el uso de la palabra para sus comentarios por tres minutos, la misma diputada Sanjuana.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Gracias, presidenta; gracias señor subsecretario por sus comentarios, pero se quedaron preguntas sin contestar en función de los expedientes que tienen acumulados ahí, si es que los tienen, de la administración pasada.
Sabemos que la corrupción genera daños de gran magnitud al erario público, a la eficacia de las instituciones y a la integridad del Estado. La corrupción se traduce en miles y miles de millones de pesos que se pierden en costos adicionales para los particulares, para la desviación de los recursos públicos y en general en el estancamiento del desarrollo institucional.
Estamos avanzando apenas en la construcción de un sistema nacional de transparencia. Vamos atrasados en la construcción de un sistema de rendición de cuentas que garantice la restitución integral y expedita de daños al patrimonio público. Aquí se mencionaron que había tantas averiguaciones o sanciones administrativas, pero no mencionamos que muchos de esos funcionarios recurren a lo que en derecho les corresponde también, a amparos que se resuelven en favor de ellos en función de que se les quitan las sanciones administrativas y las sanciones económicas.
Nos falta consolidar eso. Si hay evidencias, si hay pruebas de que esto se cometió, tenemos que coordinar los esfuerzos para que en otras instancias judiciales en realidad podamos destrabar esto; porque todos los esfuerzos se pierden. En un momento dado hay funcionarios que ganan el amparo y piden que se reintegren a la función, etcétera. Eso no lo podemos seguir permitiendo.
Por tanto, es imperativo combatir la corrupción e implantar la cultura de la honestidad en la gestión del gobierno. Es un reclamo social cada vez fuerte y esto no apareció de la noche a la mañana. Estamos conscientes de que esto es cotidiano desde hace muchos años, independientemente de los colores que hay en el gobierno.
Por tanto, lo tenemos que erradicar y nosotros aquí en el Legislativo tenemos una gran responsabilidad, pero también tenemos que tener eco en las instancias de los tres niveles de gobierno, en el otro Poder Judicial, etcétera.
En otras palabras, tenemos que pugnar porque una gestión gubernamental que no alcance los resultados proyectados e indisposición para incorporar mecanismos de mejora constante constituyen también una forma de corrupción.
Es decir, si no hay un gobierno eficiente, implícitamente tenemos que hablar de corrupción, porque no hay eficiencia porque a la mejor no me conviene ser eficiente, a la mejor me conviene encubrir las fallas.
Entonces, la corrupción y la ineficiencia gubernamental también causan daños en la confianza en las instituciones. Hemos perdido la confianza en las instituciones, hemos perdido la confianza en los funcionarios, en las autoridades, en la clase política, en los legisladores. Eso no es producto de un día para otro, repito, se ha venido transitando en esto durante muchos años.
Hoy este gobierno tiene una gran responsabilidad, pero tenemos que asumir todos que hay una lección muy evidente. O nos comprometemos a fondo a mejorar la gestión gubernamental para tener gobiernos honestos y eficientes o seguiremos perdiendo terreno, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, porque aquí se mencionaron indicadores en ese sentido, de lo que se ha perdido en productividad, lugares que se han escalado en corrupción.
Por tanto, quiero terminar mi comentario, señor secretario, ojalá podamos avanzar para erradicar esto. Y ojalá, mire, cuando hago la pregunta –y la he hecho en varias comparecencias– sobre qué pasa con los expedientes de administraciones pasadas, la respuesta es la misma: silencio. La omisión también es parte de una gran falta. Muchas gracias por sus comentarios.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputada. ¿Quiere hacer uso de la palabra para contestar?
El subsecretario Julián Alfonso Olivas Ugalde: Quisiera aclarar que la omisión ha sido por tiempo, no por complicidad. En el caso de expedientes de la administración pasada, si usted revisa las cifras que damos desde diciembre de 2012 y de todo el año de 2013, un número muy importante, le puedo asegurar que 80 por ciento de los servidores públicos sancionados, si no es que más, son de la administración pasada.
Nada más le recuerdo, por ejemplo, el caso de dos titulares de Pronósticos Deportivos, que fueron sancionados por irregularidades que se detectaron en su momento y que nosotros tuvimos los expedientes y emitimos las resoluciones.
Por lo que hace a que son combatidos, es un derecho constitucional que todos ellos tienen. Tienen la posibilidad cuando las resoluciones administrativas las emitimos nosotros, de acudir en primer término con nosotros ante un recurso y después ir al Tribunal Fiscal o inicialmente ir al Tribunal de Justifica Fiscal y Administrativa. Si la resolución les es adversa, pueden ir al amparo.
Le quiero decir que de septiembre de 2013 a junio de 2014 tenemos una efectividad en promedio, en responsabilidades, de 77.5 por ciento, 77.5 por ciento es positivo a la Secretaría de la Función Pública.
Y, por otro lado, por lo que hace a sanciones a empresas, la efectividad es en promedio del 72 por ciento. ¿Qué se ha hecho en las áreas de responsabilidades? Se ha dictado una política desde el inicio de la administración. Solamente cuando existan elementos se sanciona. Si no hay elementos no debemos sancionar, porque luego se nos llegan a caer las resoluciones. De por sí corre uno riesgo que en ocasiones se fija un criterio por u tribunal a pesar de que uno está convencido de que sí se debe emitir la sanción. Y le pongo un caso que nos acaba de pasar:
Sancionamos a los servidores públicos, a unos servidores públicos de PMI, que son de la administración pasada, como usted pedía información, de PMI Internacional, de Petróleos Mexicanos, de la empresa que tiene para la comercialización de todos los productos que van hacia el exterior.
Nosotros, con los elementos que se tenían, que fue un trabajo que se hizo en la administración pasada, emitimos la resolución sancionatoria. Fue a un tribunal colegiado y con una votación de dos a uno se dijo que no les era aplicable la normativa que tenía Petróleos Mexicanos porque son operaciones que realizan en el exterior.
PMI tiene empresas, como les llamamos hijas subsidiarias, que están reguladas porque se constituyen en otros países. Y ése fue el criterio d esos dos magistrados que resolvieron. Nosotros teníamos la convicción que sí les era aplicable la normatividad que estaban llevando a cabo, y por eso salieron exonerados. A pesar de esos riesgos que a veces tiene uno en criterio, nosotros hemos determinado que cuando haya la convicción de sancionar entonces sancionemos.
Y hace unos días acabamos de sancionar a alguien que fue directora general de Incine en la administración pasada también por irregularidades que le detectamos. Y así vamos a seguir, si hay elementos, sean de la administración pasada o sean de la administración actual, vamos a sancionar. Si no hay elementos no nos atrevemos.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, licenciado.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Y conforme al acuerdo me toca la palabra para efectos de –¿Mande? Usted siempre me quiere dar la palabra dos veces, lo cual por eso lo quiero mucho, pero una sola vez–. Me toca hacer uso de la palabra.
Como presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de esta presente Legislatura, celebro el momento tan crucial y paradigmático que el Poder Legislativo de México está viviendo en la construcción de un nuevo diseño constitucional y reglamentario en materia de transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción. Es un momento importantísimo en un tema importante para el país.
Sin duda estas tres maneras impactan de manera horizontal en todos los temas de la agenda nacional, por ello una regularización eficaz sobre las mismas resulta ser una condición necesaria para dar el anhelado paso de una transición democrática a una consolidación de nuestra democracia mexicana.
En esta medida, si bien existen 11 reformas constitucionales en diferentes materias las reformas constitucionales y legales en materia de transparencia y combate a la corrupción, son los pilares que van a sostener el éxito y la eficacia de las demás reformas estructurales.
No por nada en el marco de la 69 Asamblea General de la ONU el presidente de la República reconoció a nivel internacional que los gobiernos abiertos, como en el caso mexicano, deben tener como objetivo fundamental impulsar una gestión más transparente de los gobiernos y combate a la corrupción.
Las reformas mencionadas nos permitirán construir una genuina democracia, pero quiero recalcar este término, una genuina democracia con ética, en donde los ciudadanos puedan tener una fuerte cercanía con las instituciones en un ámbito de transparencia, apego a la legalidad y seguridad jurídica.
No pasa inadvertido que estos cambios van en armonía con los principios que constantemente y conscientes debemos de tener, con el compromiso con una sociedad por vigilar y exigir que los integrantes de los Poderes públicos federales y locales cumplan sus responsabilidades democráticas y ejerzan el poder y sus funciones dentro de los límites constitucionales y legales, en beneficio de los mexicanos.
Cabe recordar que respecto al combate a la corrupción la Secretaría de la Función Pública tiene a su cargo importantes acciones gubernamentales que son prioritarias, tales como la promoción de la cultura de la legalidad, el aprecio por la rendición de cuentas y la adopción de medidas preventivas y sancionatorias de las prácticas corruptas.
En este tenor, el Estado mexicano a través de dicha Secretaría refrendó su compromiso para fortalecer las acciones en materia de combate a la corrupción al participar en la XXIV reunión del comité de expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Americana contra la Corrupción, lo cual leímos en el informe del señor presidente y escuchamos aquí al encargado de la Comisión, es muy importante y también en la Organización de Estados Americanos, en donde se determinó que las medidas fundamentales para solventar dicho problema era regular su aspecto preventivo.
La prevención es urgente e inmediata, no queda duda que México debe tomar lo mejor de las prácticas y normativa internacional a fin de poder consolidar un sólido y eficaz sistema de combate a la corrupción. Por ello debe interiorizar diversos tratados internacionales, tales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, instrumentos que establecen entre otras cuestiones la necesidad de contar con un sistema integral de prevención a la corrupción.
No quiero dejar de decir ya que fue un acuerdo entre las dos Comisiones, yo no voy a hacer preguntas, simplemente quiero aquí dejar una inquietud ante esto.
La importancia de trabajar en el ámbito de transparencia y el combate a la corrupción nos llevará a que tengamos mejores políticas públicas, más claras y transparentes, eficaces y con mayor credibilidad por parte de la sociedad.
Resta decir que las reformas institucionales y constitucionales referidas y sus leyes secundarias han sido de gran calado, pero aún falta por concluir, yo coincido en eso. Falta por concluir positivamente la aprobación de la legislación secundaria en su totalidad, la misma reforma que sacamos en febrero lo dice y lo mandata. La aprobación de la legislación secundaria en su totalidad, así como su implementación en la práctica cotidiana, en donde reflejarán su potencial de largo alcance.
Estos grandes cambios sin duda complementarán las bases para el fortalecimiento institucional, así como el empuje de una nueva dinámica con mayor transparencia, rendición de cuentas y un eficaz combate a la corrupción, lo cual se traducirá en mayor desarrollo democrático para que pronto los mexicanos podamos percibir mejores condiciones de vida.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Continuamos con nuestro formato y entramos a la segunda ronda de preguntas de los grupos parlamentarios.
Se han inscrito los siguientes compañeros, por el Partido Nueva Alianza la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, por el Partido Movimiento Ciudadano el diputado Ricardo Mejía Berdeja, por el Partido Verde Ecologista de México el diputado Rubén Acosta Montoya, por el PRD se ha inscrito el diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, por el PAN la diputada Martha Leticia Sosa Govea, y por el PRI la diputada María del Rocío García Olmedo.
Y dentro de los comentarios tenemos inscrito nuevamente a la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza; al diputado Mejía Berdeja de Movimiento Ciudadano; al diputado Rubén Acosta, del Partido Verde Ecologista de México; al diputado Julio César Lorenzini Rangel, del PAN, y al diputado Alejandro Carbajal González, del PRD.
Tiene la palabra la diputada Lucila Garfias. Adelante, diputada.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Gracias, buenas noches. La Secretaría de la Función Pública como se concibió, ha sufrido cambios en sus funciones. El camino que se ha iniciado desde hace ya varios años debe de consolidarse, consolidar su encomienda ahora ante su eventual transformación a la Comisión Nacional Anticorrupción, el reto es erigirse en un órgano confiable que de certeza y certidumbre respecto a los procesos y procedimientos en los que se encuentran involucrados funcionarios públicos, no sólo respecto al ejercicio de los recursos, sino también en el ejercicio de sus funciones.
Tal encargo resulta fundamental, pues como mencioné en mi intervención anterior, el nivel de percepción de corrupción en nuestro país es muy alto, especialmente para las dependencias de gobierno.
La sociedad mexicana necesita y exige mayor efectividad por parte sus instituciones, precisa de acciones coordinadas que ofrezcan alternativas reales de solución y que se reflejen en el corto, mediano y largo plazo en favor de las y de los ciudadanos.
En nuestro grupo parlamentario coincidimos en que la reformas aprobadas por esta legislatura son pieza fundamental para empezar a cumplir dichas exigencias, al tiempo que reconocemos que estas no darán resultados esperados si los servidores públicos encargados de su implementación no cuentan con la preparación cognitiva, profesional, ética y moral adecuada para realizar sus tareas de manera honrada, cabal, legal y eficazmente.
Al respecto, dentro del segundo informe de labores se establece que se han recibido, tramitado y atendido por parte de la propia secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control, un total de 22 mil 356 quejas y denuncias. Sin embargo, podría informarnos, señor subsecretario, ¿cuál es la principal razón por la que dichas quejas y denuncias son presentadas y de qué forma se han evitado su recurrencia?
Asimismo, ¿cuántos servidores públicos han sido inhabilitados, multados, suspendidos o declarados sin responsabilidad de dicho total? Y ¿cuál es el porcentaje por nivel jerárquico de cada uno de ellos?
Atendiendo a que el ejercicio de los recursos públicos debe ser eficiente, responsable y puntual para atender la mayor cantidad de necesidades y rezagos que enfrenta nuestro país, podría aclararnos de los 586.6 millones de pesos determinados como montos irregulares o pendientes de aclaración, ¿cuál fue el monto reintegrado a la hacienda pública federal y cuánto fue aclarado por parte de los servidores públicos correspondientes?
Nosotros estamos convencidos de que la importancia de la prevención para evitar daños mayores o irreparables, en este sentido consideramos que las revisiones y auditorías deben servir no sólo como medidas correctivas, sino como medidas preventivas para evitar que año con año se presenten las mismas irregularidades.
Por ello, preguntarle: ¿qué medidas ha implementado la Secretaría de la Función Pública para inhibir el mal uso o aplicación de los recursos públicos al interior de las dependencias y entidades, evitando con ello que el reintegro de los recursos sea una práctica cotidiana que no erradica de fondo la problemática?
Por último, señor subsecretario, como herramienta de prevención de la comisión del delito de enriquecimiento ilícito y como medio de recopilación de datos que permiten comprobar o acreditar la presunta responsabilidad de los servidores públicos, las declaraciones patrimoniales son de suma importancia; sin duda alguna la declaración de los servidores público radica tal cual lo establece la normatividad, en que cada uno se debe conducir con estricto apego a la misma, lo que asegurará a la sociedad una administración transparente, eficaz y honrada.
Al respecto, resulta relevante el aumento en el cumplimiento de la presentación de declaraciones de su situación patrimonial pasando de 297 mil 500 en el año 2013 a 301 mil 217 en este 2014. Reconociendo la importancia que tiene la implementación de acciones y programas para reducir el número de omisiones respecto a esta presentación, ya sea de la declaración inicial, de conclusión o de modificación.
Podría informarnos, ¿qué mecanismos se han implementado para detectar el aumento, injustificado o indebido, de bienes de los servidores público? Y, en su caso, ¿cuántos servidores han sido sancionados con base en la información proporcionada en dichos medios de control? Agradezco su atención y respuesta.
El subsecretario Julián Alfonso Olivas Ugalde: Muchas gracias, diputada por sus preguntas.
Diputada Lucila Garfias, respecto a su pregunta de, ¿cuáles son los niveles de los servidores públicos que hemos sancionado? Por ejemplo, en el caso de las inhabilitaciones del primero de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2014, hemos inhabilitado, por ejemplo, a un subsecretario de Estado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; también hemos inhabilitado al titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos; y hemos inhabilitado 88 directores generales adjuntos u homólogos; 525 directores; 640 subdirectores y 830 jefes de departamento.
Por lo que hace a las suspensiones, hemos suspendido a un titular de unidad en la Secretaría de Gobernación. Hemos sancionado 118 directores generales; 601 directores de área; 974 subdirectores; y mil 31 jefes de departamento; 2 mil 587 operativos.
Por lo que hace a amonestaciones públicas hemos sancionado a un oficial mayor de una secretaría de Estado; a un titular de la unidad de gobierno de la Secretaría de Gobernación; y hemos sancionado a 80 directores generales; 626 directores homólogos; 687 subdirectores homólogos; y mil 72 jefes de departamento; y 3 mil 126 operativos.
Las medidas que hemos implementado por lo que hace a las declaraciones de situación patrimonial, al llegar a la dependencia la única forma de poder presentar la declaración de situación patrimonial era a través de la firma electrónica que genera el Servicio de Administración Tributaria.
Nos dimos a la tarea desde el año de 2013 para poder darle una alternativa a los servidores públicos, creo que la obligación de las dependencias es facilitar que la gente pueda presentar las declaraciones de situación patrimonial, porque de ahí nacen las investigaciones que nosotros hacemos cuando pensamos, cuando tenemos denuncias, cuando investigamos que pudiera haber un enriquecimiento inexplicable; entonces generamos una firma que al momento de presentar la declaración se solicita a la secretaría y en ese momento sale la firma que aprueba el servidor público y envía su declaración patrimonial.
En el año de 2013, que es cuando la aplicamos, tuvimos más de 30 por ciento de utilización por los servidores públicos; 30 por ciento se fueron por la nueva modalidad de firma que estábamos llevando a cabo y menos de 70 por ciento, fue como 67 por ciento contra 33 por ciento.
Ahora con las declaraciones de mayo de 2014 logramos que fueran más de 50 por ciento los que se fueron por la alternativa que generamos al inicio de la administración. También les quiero decir que otra cosa que nos preocupó para generar esta firma es que hay una serie de servidores públicos que están obligados a presentar la declaración de situación patrimonial debido a la actividad, la mayoría es por los niveles que tenemos.
Entonces, por los niveles se dice: tú estás obligado por tener ese nivel o porque es homogéneo. Pero ciertas actividades, como de policía, verificador, auditor fiscal, etcétera, que están expuestos al contacto con la ciudadanía en la corrupción, por los salarios que reciben no están obligados a presentar declaración fiscal y los obligábamos a ir al SAT a obtenerla.
Con esta posibilidad mejoramos la presentación de declaraciones. Le doy un dato. En la Policía Federal presentaban alrededor de 80 y tantos por ciento la declaración en el año anterior. En el año siguiente con esta medida logramos un cumplimiento de 98 por ciento.
Creo que la administración pública debe facilitar a los ciudadanos, a los servidores públicos las herramientas para cumplir con sus obligaciones de ley y creo que esta medida ha sido muy favorable para los servidores públicos porque los números nos permiten confirmar esta modificación; que además me costó trabajo, se lo quiero decir aquí directamente.
Cuando llegué y pedí que quitáramos la firma electrónica me dieron mil razones y me dijeron que era la única que podíamos utilizar. Dije: “No le puedo negar al servidor público tener otra opción, vamos a construir otra opción”. La construimos, lo logramos y reitero, ese porcentaje de más de 50 por ciento nos da la razón.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, licenciado.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Tiene la palabra la diputada Garfías, para hacer sus comentarios.
La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Agradezco, señor subsecretario sus respuestas y sus comentarios. El paso del tiempo nos ha demostrado que la actuación de la autoridad, fuera del orden legal y la corrupción lesiona la eficacia de las instituciones públicas y la confianza ciudadana en el gobierno.
No es de extrañarnos que países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Australia, Japón, entre otros, mantengan niveles de corrupción bajos; es decir, existe una relación intrínseca entre desarrollo económico y corrupción.
Con el análisis realizado hoy se pretende dar cuenta a las acciones orientadas a transparentar los procesos de operación de las entidades públicas, fortalecer los mecanismos de difusión y comunicación del gobierno con la ciudadanía, así como para difundir y hacer pública la información gubernamental, establecer los mecanismos para que las y los servidores públicos sin excepción cumplamos con las obligaciones y responsabilidades que la ley establece.
Reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el buen ejercicio de los recursos públicos, establecer sanciones a servidores públicos que incurran en actos y comportamientos ilícitos y para crear mecanismos que faciliten la denuncia pública de los funcionarios corruptos; sin embargo, pareciera que cada esfuerzo realizado no arroja los resultados esperados.
Sin duda alguna nos hace falta mucho por hacer, mucho camino por recorrer. Se han dado pasos importantes en materia de transparencia y rendición de cuentas, pero las mediciones de los índices de percepción de la corrupción tanto nacional como internacional nos colocan en lugares poco deseables.
Aún más allá, los resultados de la encuesta nacional sobre cultura constitucional, legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ponen de manifiesto el poco o nulo interés de la población en los asuntos jurídicos del país.
Por ello, necesitamos instaurar medidas legales, educativas y administrativa de transparencia, que permitan que las mexicanas y los mexicanos confíen plenamente en su sistema como elemento fundamental para reforzar la cercanía entre el gobierno y la sociedad.
A pesar de que en México contamos con dependencias especializadas encargadas tanto del control interno como del externo los resultados de sus funciones continúan siendo marginales en comparación con la magnitud de los problemas enfrentados.
Por tal motivo resulta necesario mejorar la coordinación entre la Auditoría Superior de la Federación, las Entidades de Fiscalización Superior Locales, la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control, a fin de que la integración del Sistema Nacional de Fiscalización sea completada a cabalidad y permita revisar integralmente el quehacer gubernamental, y entregar a la ciudadanía los resultados medibles y tangibles que demanda.
En nuestro grupo parlamentario estamos convencidos de que la rendición de cuentas y la transparencia en la carrera de combate a la corrupción no tienen excepciones, los servidores públicos estamos obligados moral y legalmente a cumplir con nuestro deber de forma honrada e integra, en ningún sentido podemos aceptar que la fiscalización se convierta en un intercambio de complacencias y que la transparencia y rendición de cuentas sea tomada como opcional cuando no lo es. Muchas gracias.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Y continuando le otorgamos le uso de la palabra al diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidenta. En la anterior intervención omitió hablar de bache, entonces quisiera que me pudiera explicar más de 41 millones de pesos en contratos en la administración de Enrique Peña Nieto, contratos en Pemex, y la vinculación que hay entre esta empresa y el director de Pemex, y también todos los contratos que se le otorgaron cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del estado de México, si pudiera profundizar.
Ahora, ene l caso de Oceanografía usted se refirió a las fianzas. ¿Pero es la única línea de investigación?, porque también están los incumplimientos, están supuestos casos fortuitos para no cumplir en tiempo los convenios modificatorios; el caso de Mario Ávila Lizárraga, que fue subdirector de mantenimiento, que incluso aquí Emilio Lozoya reconoció que había un investigación por contratos que se le otorgaron a Oceanografía. Quisiera que pudiera profundizar sobre ese tema.
Por otro lado, nosotros los mexicanos nos enteramos por muchos casos de corrupción porque vienen del extranjero a partir de investigaciones que hace la Comisión para el Intercambio de Valores, la SEC, el caso del propio Citigroup con Oceanografía, el caso de Evia, el caso de Hewlett Packard, el caso de Siemens.
Pero hay otros casos, por ejemplo, Stricker, que es proveedora de equipos ortopédicos a los servicios de salud, que confesó haber sobornado a funcionarios del gobierno mexicano aparentemente del ISSSTE y fue multado en Estados Unidos por 13 millones de dólares.
Ortoflix, que es el mismo caso del anterior, sobornos a funcionarios del IMSS. Tyson Food, proveedora y productora de pollos, confesó sobornos en México a funcionarios del sector salud y pagó 5.2 millones de dólares. Hewlett Packard, que ya lo mencionamos, que confesó cometer actos de corrupción en perjuicio de Pemex. Key Energy, que reveló al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a la Comisión de valores que estaba abriendo una investigación interna sobre posibles actos de corrupción de sus ejecutivos en tratos con Pemex.
El caso de Bizjet, que confesó haber cometido actos de corrupción en contratos por servicios aéreos en la Oficina de la Presidencia de la República. Prite, que confesó haber cometido actos de corrupción al haber hecho pagos ilegales a funcionarios de la Dirección General de Aduanas para facilitar procesos de importación y exportación de plataformas marinas, que pagó 37 millones de dólares. El caso de Siemens, que todavía hay un litigio entre Pemex.
Entonces, al respecto qué acciones se han tomado para tener acceso a esos expedientes en los Estados Unidos que permitan conocer al detalle los sobornos y las personas o empresas involucradas. ¿Qué investigaciones se han hecho sobre estos casos ya confesos? Es decir, casos de corrupción con funcionarios mexicanos, pero que han sido determinados en Estados Unidos. ¿Qué vinculación hay entre la Secretaría de la Función Pública y estas instituciones para sancionar aquí en México también estos casos de corrupción?
Le pido nos indique qué se ha hecho al respecto, si se han sancionado; qué investigaciones están realizando; qué multas se han establecido acorde al monto de las utilidades o si simplemente esto se sanciona en Estados Unidos pero en el caso de México no hay ninguna penalidad. Quisiera sus respuestas. Muchas gracias.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Tiene la palabra el licenciado Julián Olivas.
El subsecretario Julián Alfonso Olivas Ugalde: Gracias, diputado. Por lo que hace al tema de OHL, dentro del programa de auditorías que tienen los órganos internos de control de Pemex Corporativo y sus subsidiarias, estamos revisando aleatoriamente estos procedimientos, si se encuentran irregularidades se aplicarán las sanciones correspondientes.
También en el caso donde haya existido adjudicaciones directas, en el caso de adquisiciones o de obra pública revisaremos si en los artículos de excepción de ambas leyes están los supuestos debidamente fundamentados. En eso estamos trabajando. La vinculación con el gobierno del estado de México a nosotros no nos corresponde, no tenemos competencia.
Respecto al actual. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos cuando trata el tema de interés, establece que si alguna persona tiene vinculación familiar, personal o de sus familiares con alguna empresa, debe de excusarse. Entonces cuando nosotros revisamos si existe ese supuesto de ley y la persona no se excusó, adjudicó un contrato, dio una concesión, dio un permiso, dio una autorización y no se excusó y avisó al superior jerárquico, entonces está incurriendo en responsabilidad y sancionamos.
Si el caso del director de Pemex encontramos que tenía una vinculación y asignó un contrato, firmó un contrato, tendríamos elementos. Si no firmó ningún contrato, la ley no nos permite sancionar esa conducta.
Por lo que hace a Oceanografía. Es cierto, no encontramos ninguna irregularidad en el fraude con Pemex. La empresa realizaba estimaciones para cobrarle a Pemex y estas estimaciones eran pagadas. ¿Qué es una estimación? Se presenta el cálculo que hace la empresa en un periodo determinado de los servicios que prestó a Pemex. Pemex la revisa, la acepta o hace los ajustes correspondientes y lo pasa a la Tesorería y se le paga a la empresa. En este caso a Oceanografía.
¿Qué hacía Oceanografía? Independientemente de esta actividad normal, sin ningún problema, presentaba estimaciones a Banamex, que eran falsas. Las firmas de los servidores públicos ya fueron revisadas por el órgano interno de control de Pemex y las firmas son falsas, notoriamente falsas, no requieren ni peritaje porque son totalmente distintas a las normales de los servidores públicos.
Con estas estimaciones Banamex daba una especie de contrato de factoraje, que no era factoraje pero guarda mucho de las características del contrato de factoraje y le daba recursos a la empresa. Entonces en esta operación que dio lugar al quebranto del banco no encontramos ninguna irregularidad a cargo de servidores públicos.
Sí estamos investigando todo lo relacionado a las ampliaciones de los contratos, están en investigación y también la actividad que realizó en su momento esta persona que usted mencionó, que como le dijo a usted, estaba sujeto a investigación. Tiene dos investigaciones por parte de nosotros y una vez que concluyamos esa investigación iniciaremos procedimiento disciplinario, para en su caso, si no desvirtúa las imputaciones correspondientes sancionarlo. Estamos en ese tramo de la investigación y nos estamos allegando los elementos correspondientes.
El otro tema que usted comenta de varias empresas que en Estados Unidos a través de la información que dan a lo que es la Comisión Nacional de Valores de México, han señalado que han dado recursos a servidores públicos o a intermediarios para obtener contratos.
En el caso de Hewllet-Packard, le pedimos al órgano interno de control que hiciera una revisión si había alguna irregularidad en lo que se contrató, no ha encontrado hasta el momento ninguna irregularidad. No obstante ello, vamos a investigar a dos de los subdirectores que asignaron los contratos, vamos a hacerles una verificación de carácter patrimonial para poder determinar si tienen recursos.
Uno de ellos ya fue sancionado por haber recibido ahí alguna prestación extralegal de un proveedor para ir a un gran premio, en un momento dado, y que en su momento lo sancionó la Secretaría de la Función Pública a través de su órgano interno de control.
Todos estos que usted ha mencionado del ISSSTE, del IMSS, de Salud, de la oficina de la Presidencia de la República y del área de aduanas del SAT, vamos a revisar a los servidores públicos.
Nada más que yo aquí sí quisiera llamar la atención de ustedes como legisladores. La Secretaría de la Función Pública en más de 30 años que tiene de vida, tenemos facultades para pedir información fiscal y bancaria, pero no tenemos facultades para pedir información derivado de las operaciones de la Ley del Mercado de Valores, de la Ley de Sociedades de Inversión ni de la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro. Ojalá le diera a la Secretaría de la Función Pública las facultades para poder hacer una información completa, integral del patrimonio de los servidores públicos.
También se requiere de manera muy importante el fortalecer los recursos que van a estados para la constitución de los registros públicos de la propiedad de manera digitalizada. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, es andar investigando en diversos estados, en diversos registros públicos de la propiedad cuando si todos estuvieran digitalizados, con el poner el nombre de una persona o de sus familiares, podríamos saber dónde están sus bienes ubicados, si tiene un casa en Tijuana, si tiene un departamento en Cancún o tiene una casa en Toluca o en Pachuca.
Desgraciadamente hay que darle más recursos, desgraciadamente no han tenido el apoyo suficiente. Creo que esta Cámara tiene los medios para propiciar esta consolidación de los registros públicos de la propiedad, y creo que con esas facultades, con esa integración podremos hacer mejor nuestro trabajo para la verificación patrimonial.
Con las facultades que tenemos seguimos trabajando y cuando hay elementos iniciamos los procedimientos disciplinarios sancionatorios. En este momento tenemos investigados a dos funcionarios de la Procuraduría General de la República; tenemos uno que fue funcionario pasado, en Petróleos Mexicanos y vamos a iniciar uno que trabajó en el área de medio ambiente, con la información que ya tenemos y que hemos encontrado diferencias y les vamos a dar vista para que puedan, en su caso aclararlas, y de no ser así, aplicar las sanciones correspondientes, y en su caso también dar vista a ministerio público federal.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Muchas gracias, subsecretario.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía, para hacer su comentario, tres minutos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Muy breve. El caso de Mario Ávila, el procurador el miércoles primero negó que hubiera una averiguación previa y después lo reconoció, pero dijo que no era por Oceanografía. No entiendo qué otro caso será, pero yo lo que entiendo, en este caso, en la investigación que hace la función pública es estrictamente por el caso de Oceanografía; en el caso de Mario Ávila.
El subsecretario Julián Alfonso Olivas Ugalde: No, hay otro.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Bueno, ahí vamos a esperar para tener más información, porque nos parece un caso grave. Igual en el caso de Evya, nos gustaría después que también tuvo que ver con Pemex, y es un caso de un fraude similar. Nosotros dudamos que sea solamente un asunto entre particulares, nos parece que tendrían que investigar más en la colusión sobre todo con el órgano interno de control y con el jurídico. Nosotros lo apuntamos como una preocupación para que puedan atenderlo.
Y por otro lado, en los casos que comentamos de la SEC, son muchos casos ya confesos, me parece que ahí no tendría que profundizar en alguna investigación de carácter bursátil, un caso micro que con esas pruebas podrían ya instruir algún procedimiento; ésa es nuestra opinión, pero bueno, vamos a estar también al pendiente.
Igual en el caso de OHL nos parece, insisto, que todas las negociaciones, sobre todo en el caso de la reforma energética tienen que ver con negocios, con contratos con prebendas, nosotros vamos a estar muy cerca porque se abren más tramos de posible corrupción, porque anteriormente era solamente con contratos de servicios o con comercialización, pero a partir de la reforma energética va a haber licencias, va a haber contratos de utilidad, va a haber fiscalización.
Es decir, nos parece que va a tener más trabajo y con el estatus jurídico limitado, esperamos que haya claridad; si no va a haber la Comisión Anticorrupción, pues que le devuelvan plenitud a la función pública para que no estemos en ese estatus de simulación. Gracias.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Concedemos el uso de la palabra, al diputado Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante.
El diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, presidenta; buenas noches, subsecretario. Primero que nada agradecemos la disposición, tanto de usted como del Poder Ejecutivo para que se lleve a cabo este ejercicio democrático que sin duda fortalece desde el punto de vista del Partido Verde Ecologista de México, la transparencia, la rendición de cuentas y a su vez alimenta herramientas para nosotros para combatir la corrupción.
Nosotros vemos, y se ha hablado mucho de ello en el Servicio Profesional de Carrera, una herramienta fundamental, para precisamente llegar, no solo a modernizar el gobierno federal y la prestación de los servicios que nos ofrece a la ciudadanía, sino también precisamente permear esa política de transparencia de rendición de cuentas y combate a la corrupción, y se hablado mucho aquí de ese fortalecimiento que ha hecho la secretaría a través de diversos convenios y etcétera y que si estoy mal me corrige, se habló incluso de una cifra de más de 330 mil servidores públicos que están incorporados al Servicio Profesional de Carrera en 33 instituciones.
Ligando esto al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, que se publicó el 30 de agosto pasado, como parte de ese programa viene la profesionalización de servidores públicos, pero también el programa tiene como alcance que mejoren la prestación de los servicios, los trámites que brinda cada una de esas instituciones. ¿Qué detección ha hecho la Secretaría de la Función Pública, respecto a esa mejora en prestación de servicios? ¿Qué ha percibido la gente? ¿La productividad ha aumentado, disminuido? En fin.
A través de los órganos internos de control sabemos que existen titulares de áreas que se dedican a la parte de auditoría para efectos de modernizar; en ese sentido nos gustaría saber al Partido Verde Ecologista, ¿qué se ha hecho? ¿Y qué resultados favorables se han obtenido? Gracias.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Tiene la palabra, el licenciado Olivas, para dar respuesta.
El subsecretario Julián Alfonso Olivas Ugalde: Muchas gracias, diputado Rubén Acosta. Como usted sabe el Servicio Profesional de Carrera, en realidad tiene poco tiempo a nivel general en la administración pública federal, había existido servicios muy, muy antiguos como el del Servicio Exterior Mexicano, algunos intentos en la Procuraduría General de la República, en el Servicio de Administración Tributaria, uno en el entonces IFE, que era de los mejores que se tenían en su momento.
Creo que es un esfuerzo muy importante y creo que debemos de aplicarle a este Servicio Profesional de Carrera los principios modernos que se han empezado a dar en las experiencias mundiales. ¿Cuál es ese principio básico para el Servicio Profesional de Carrera? Puertas estrechas para ingresar; que para que alguien ingrese acredite adecuadamente el mérito correspondiente. Y la otra es puertas amplias para que si no mantiene ese mérito, esa capacidad pueda salir.
Entonces, uno de los trabajos que estamos llevando a cabo con todas las dependencias que tienen este servicio profesional de carrera es el ir mejorando la capacitación. Que la capacitación no se convierta en un solo requisito para mantenerse, que sea una capacitación que vaya orientada a la actividad del servidor público y si esa capacitación va a mejorar su desempeño, eso obviamente se va a reflejar en la ciudadanía. Va a haber una mejora de los servicios públicos que algunos servidores públicos otorgan a los ciudadanos de este país.
Creo que si seguimos avanzando en ese tema y también en otro que hemos visto, por ejemplo cuando hablábamos del convenio que tuvimos con Francia, con la Escuela Nacional de Administración Pública, y veíamos el servicio de Francia que creo es de los mejores que hay en el mundo, aunque se está modernizando también, veíamos la posibilidad de poder someter a ustedes en su momento, en el siguiente periodo ordinario de sesiones que van a tener, el poder capacitar a nivel de enlace en una primera etapa a servidores públicos con las vacancias que tuviéramos y que se pudiera pagar el personal como se hace en Francia, un año de capacitación general sobre el tema de administración pública; independientemente de que fuera la Secretaría de Comunicaciones, independientemente de que fuera la Secretaría de Gobernación o a la Secretaría de Hacienda.
Una capacitación, una preparación de un año uniforme, uniforme para que llegaran con los conocimientos y esas personas con esos conocimientos y la experiencia que fueran adquiriendo, participaran después en concursos hacia otros puestos y fueran subiendo de niveles y fuéramos conformando en realidad servidores públicos. Sobre todo de egresados de escuelas que tienen vocación por el servicio público y que pudieran tener esa capacitación.
Ésa de las cosas que estamos elaborando en ese proyecto de ley que vamos a someter al área jurídica, al señor presidente para ver si el Ejecutivo puede presentarlo a consideración de ustedes.
Creo que ahí podríamos tener una verdadera profesionalización de los servidores públicos y no que lleguen nada más de fuera, del servicio público, o de dentro del servicio público sin tener una capacitación uniforme.
Y también algo muy importante, irles estableciendo valores éticos, irles estableciendo valores morales para el desempeño e irles estableciendo los principios de transparencia, de rendición de cuentas desde que salen de las escuelas. Porque si no, no vamos a avanzar y no vamos a tener servidores públicos profesionales en beneficio de la comunidad.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, licenciado.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Tiene la palabra nuevamente el diputado Rubén Acosta, para su comentario de tres minutos.
El diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, licenciado Olivas. Agradecemos su respuesta y nos da muchísimo gusto la parte que usted menciona. Por un lado, valores, que es algo fundamental que debemos permear en las instituciones públicas; por otro, que se nos informe de manera más clara que esa capacitación está siendo focalizada y no general. Porque verdaderamente eso nos va a llevar a que exista una mejor prestación de servicios y una profesionalización en las diversas áreas de la administración pública federal.
Yo lo único que dejaría sobre la mesa es que se pudiera ampliar también ese servicio profesional de carrera a otras instituciones adicionales, no nada más esas 33. Seguramente podría ser un esfuerzo complementario que podríamos trabajar junto con la secretaría, para lo cual el Partido Verde está en la mejor disposición. Gracias, secretario.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Concedemos la palabra al diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz, del PRD. Adelante, diputado.
El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz: Gracias, presidenta. Sólo compartirle que no tenía el gusto de conocerle y desde luego respetando lo que ha sido su desempeño profesional y meritocrático pues sólo compartirle que nosotros, quienes formamos parte de la oposición, particularmente en la izquierda, vemos con mucho pesimismo que el tema de la corrupción, que es un tema sustantivo en la vida de una sociedad, para el actual gobierno quedó en segundo plano.
Si hay algún tema que ocupa el interés colectivo de las personas como flagelo, a parte de la inseguridad y el desempleo, es la corrupción. Y a pesar de que desde la propia izquierda participamos y colaboramos en el diseño de lo que significaba una nueva estructura jurídica para el país con una serie de reformas, en donde venía contemplado por cierto el tema de la Comisión Nacional Anticorrupción, que fue uno de los incentivos para participar en el famoso Pacto por México, pues es la fecha en lo que esto no ocurrió.
Y desde luego el tema de la corrupción si a alguien afecta pues es precisamente a la esfera de lo público, porque es en la esfera de lo público, en la cosa pública, donde vivimos un absoluto descrédito por nuestro actuar y sobre todo porque no hay credibilidad a propósito de nuestro desempeño y de nuestra función.
Sé cree que el servicio público, la cosa pública, sirve para plenamente enriquecerse en la mayor de las impunidades. Ésa es la realidad. Y desde luego que el tema de la corrupción no es un tema ideológico, es un tema que incluso de derechas a izquierdas cruza y afecta.
Solamente quiero concluir mi intervención diciendo que este limbo administrativo, en el cual usted ha desempeñado seguramente con el mayor de los esfuerzos y la mayor de las convicciones, ojalá pronto sea superado.
Creo que las posibilidades de una instancia que articule de mejor manera el engranaje de la lucha contra el combate a la corrupción pues sería lo deseable, contar con una infraestructura institucional para combatirla siempre será útil y máxime cuando estamos atravesando, insisto, por un descrédito en el quehacer y la gestión de la cosa pública. Y ahí la sociedad pues no distingue.
Así que, reconociendo su esfuerzo y su personal empeño y entrega, no basta, quiero decirle que es lo que pienso. Qué bueno que de su parte esté esa disposición, pero deberá ser una tarea común y compartida de todas y de todos, incluyéndonos desde luego primordialmente nosotros, los legisladores, pues de tratar de dar un paso adelante en el combate a la corrupción, ¿no? Y, bueno, es todo lo que quiero compartir.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Y tiene la palabra el subsecretario de la Función Pública.
El subsecretario Julián Alfonso Olivas Ugalde: Diputado Gámiz, agradezco mucho sus comentarios respecto a la circunstancia que vive la Secretaría.
Sí ha sido una tarea difícil en un principio encargarme de las tres Subsecretarías y de la Secretaría porque iba a ser una situación temporal. Después el señor presidente de la república nombró un subsecretario y eso nos alivianó la carga. No obstante eso lo hacemos con gran entusiasmo, porque una parte de mi desempeño como servidor público ha sido en estas tareas de fiscalización, de aplicación de responsabilidades administrativas.
Creo que tenemos instrumentos buenos, tenemos experiencias acumuladas en la Secretaría a través de diversas administraciones que no se pueden tirar a la borda. Creo que se debe de aprovechar el trabajo de muchas personas que han estado en la Secretaría, y le quiero decir, hay funcionarios que desde la creación en la época del presidente De la Madrid siguen siendo funcionarios de la dependencia. Les hemos dado reconocimientos por 30 años de servicios.
Entonces esa gente que está comprometida contra la lucha de la corrupción creo que no se debe de desperdiciar, y ha sido un gran avance el que ha logrado esta administración junto con ustedes, con la creación de la Fiscalía General de la República. El darle autonomía a la Fiscalía General de la República y el darle la creación dentro de su estructura de una Fiscalía Anticorrupción, que además tengo conocimiento que el Senado de la República está procesando la designación del primer fiscal anticorrupción, creo que es un gran logro que han logrado ustedes, valga la reiteración, que han obtenido ustedes junto con la administración de presidente Peña Nieto.
¿Por qué? A mí me tocó ser titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y era decepcionante en ocasiones que las denuncias no caminaban, y ahora con una instancia con características de órgano constitucionalmente autónomo creo que se logra un gran avance. La Fiscalía Anticorrupción va a ser un instrumento válido y eficaz contra el combate a la corrupción.
Creo que eso lo debemos celebrar todos los que hemos trabajado en un momento dado por combatir la corrupción, ya sea en la tarea administrativa, ya sea en la tarea legislativa que ustedes desempeñan, o también en la administración de justicia que llevan jueces honestos, magistrados honestos, ministros honestos, porque los hay.
Creo que al final sólo haría una reflexión. Hemos caído tan bajo en ocasiones que ahora la honestidad es una virtud, cuando debería de ser una obligación de un ser humano por el sólo hecho de ser humano. Gracias.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, subsecretario.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Continuamos y tiene el uso de la palabra la diputada Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.
La diputada Martha Leticia Sosa Govea: Muchas gracias. Gracias, presidenta, muy buenas noches. Señor subsecretario, la información que nos ha estado compartiendo ciertamente nos da una mayor visión de las importantes funciones que tiene bajo su responsabilidad.
Tanto la vigilancia al desempeño de los servidores públicos como al correcta implementación y fiscalización de los recursos que desde la Federación son otorgados a los estados, al Distrito Federal y a los municipios adquiere por ello especial relevancia, considerando que son recursos públicos que le pertenecen a la sociedad y que por ello deben ser utilizados únicamente para el beneficio de todos y cada uno de los mexicanos.
La transparencia en su aplicación ahora se encuentra prevista desde nuestra norma fundamental, por lo que todos los órganos encargados de su protección, entre los que se encuentra la Auditoría Superior de la Federación y la propia Secretaría de la Función Pública deberán cumplir con su responsabilidad a cabalidad. Por ello, además de los mecanismos con los que contamos actualmente para hacer pública dicha información debemos transitar a generar aquellos más que nos permitan hacer posible que dicha información se encuentre debidamente publicitada, que esté a disposición de la sociedad para que ésta la consulte en el momento que lo desee, que no tenga que esperar por ella, y que no tenga que realizar una serie de trámites o solicitudes de información que limiten su obtención inmediata.
De esta manera, la función de supervisión del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos que se realiza desde la competencia de la secretaría a su cargo, implica un acercamiento permanente con los gobiernos locales y con los municipios, los cuales, como ya hemos visto en últimas fechas, son opacos en cuanto al manejo de los recursos públicos federales, y en mayor medida en sus propios recursos locales.
En este contexto, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional aplaudimos el convenio de colaboración que celebró en el mes de septiembre de 2013 con la Auditoría Superior de la Federación y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el fortalecimiento de las actividades de control, vigilancia, fiscalización, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de los entes públicos en materia de contabilidad gubernamental.
Se nota que al menos a modo de discurso, se cuenta con la voluntad de vigilar la contabilidad gubernamental. Pero de nada sirve la suscripción de estos convenios si no se informa públicamente los resultados que se obtienen con esta observancia. Hubiera sido idóneo, señor subsecretario, que se diera cuenta de la celebración y resultados de este convenio en el informe que hoy abordamos, y en el caso particular desde las acciones que se informan y que son realizadas por la dependencia a su digno cargo.
Menciono lo anterior también para dejar en claro que no estamos inventando nada y que hacemos estas observaciones basados en los datos que el mismo Ejecutivo federal señala tanto en su II Informe de Gobierno como en los datos publicados en las páginas de las dependencias a su cargo, por lo que obviamente nos sirven como documentos inmediatos para poder determinar si existieron avances durante este último año.
De esta manera vemos que existen además algunos otros datos que debieron contemplarse en este segundo informe, por lo que quisiera que nos informara en materia específica de fiscalización a obra pública lo siguiente: ¿cuáles fueron las instituciones de la administración pública federal que registraron el mayor número de irregularidades?
En el informe del año pasado, esta lista la encabezaron la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que hoy tiene a su cargo el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el ISSSTE; el patronato de obras e instalaciones del Instituto Politécnico Nacional; la Conagua y la PGR, pero en este segundo informe, no se señala qué dependencias fueron.
Además podemos señalar que en el primer informe de gobierno, y que ya no se expresa en el segundo, se dio cuenta de la implementación del programa Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, diciéndose que había sido suscrito con las 32 entidades federativas para controlar y fiscalizar la utilización de los recursos públicos federales que reciben los gobiernos locales.
En tal sentido, ¿cuál es el estado que hoy guarda dicho programa? ¿Qué resultados ha arrojado? Y si se ha emprendido alguna acción legal en contra de algún servidor público de los gobiernos de los estados y municipios. Por su atención y respuestas, muchas gracias.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Tiene la palabra el subsecretario para dar respuesta.
El subsecretario Julián Alfonso Olivas Ugalde: Gracias, presidenta, muy amable. Diputada Sosa Govea, muy amable por sus cuestionamientos. En primer lugar creo que el desempeño es muy importante en la gestión pública. Usted lo mencionaba en la primera parte de su intervención, y desde que llegamos a la Secretaría como encargados del despacho, nos dimos a la tarea de incorporar dentro de las revisiones que llevamos a cabo dentro de las auditorías, las auditorías al desempeño.
Desgraciadamente la Secretaría de la Función Pública no había incorporado esta actividad. Hace muchos años trató de hacerlo a través de despachos externos, pero no se había consolidado un grupo. Entonces, lo que hicimos fue aprovechar la experiencia que ya existía en la Auditoría Superior de la Federación y tuvimos un curso de capacitación con el área de desempeño de Roberto Salcedo, que fue a la Secretaría, lo invitamos, porque sabemos bien –me consta– que ahí empezó el trabajo de las auditorías de desempeño. Yo fui director general de Auditoría de Desempeño al sector gobierno y finanzas en la Auditoría y ahí se construyó la forma en que se hacen estas auditorías, con algunos compañeros que estuvieron conmigo en la Auditoría de Desempeño, como Eduardo Gurza, que es titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental; ya hicimos unos lineamientos y este año casi vamos a llegar a 200 auditorías al desempeño.
Es el primer esfuerzo que se hace cuando creo que podemos caminar con ese mismo tipo de auditorías que los ha hecho muy eficientes la Auditoría Superior de la Federación. Esperamos en el próximo Informe de Gobierno informarles del resultado de las principales auditorías al desempeño.
Me comentaba usted del tema de las obras públicas. Éstas, ¿cuáles son las que tienen mayores observaciones? Pues quienes tienen mayores observaciones son Comunicaciones y Transportes, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Nacional del Agua, el ISSSTE y Caminos y Puentes; obviamente son las mismas normalmente. ¿Por qué? Porque son las que normalmente hacen obra pública. Algunas otras instituciones, le pongo el ejemplo de la Secretaría de la Función Pública, por excepción llega a ser obra pública; en cambio para estas dependencias son tareas sustantivas.
Entonces no se ha movido, tal vez por eso no quisimos repetirlo, pero la información está a la disposición de ustedes; también dentro de las tareas que lleva la secretaría es la de la transparencia focalizada. ¿Qué es la transparencia focalizada? Ir determinando varios temas para que estén los portales de transparencia de la secretaría, para que los gobernados puedan tomar decisiones mejor informadas. Creo que es muy importante para un gobernado conocer qué es lo que le puede otorgar una dependencia o qué requisitos tiene que cubrir para llevar a cabo estas tareas.
El área de gobierno digital en coordinación con la oficina de la Presidencia de la República, con la licenciada Alejandra Lagunes, están haciendo un inventario de los seis mil trámites que tenemos, para establecer cuáles podemos digitalizarlos, porque hay trámites que requieren la presencia necesaria de la persona que va a llevar a cabo ese trámite ante el gobierno federal; pero hay otros que no, que los podemos hacer a distancia, entonces vamos a ir subiendo junto con Presidencia de la República esos trámites para evitar el contacto entre el ciudadano y la autoridad.
¿Y por qué tenemos interés en evitar el contacto entre el ciudadano y la autoridad? Porque evita la corrupción. Éstas son de las medidas para evitar la corrupción que está implementando la Secretaría de la Función Pública, entre más alejados estemos las autoridades y los ciudadanos, será mejor, y además le da menos molestias.
Con otro ingrediente, queremos ir estableciendo, por ejemplo, que si ya quedó acreditado un documento por un ciudadano, como puede ser el acta de nacimiento, como puede ser la cartilla militar, como puede ser el acta de matrimonio, que ya no se lo pida a otra autoridad; ya quedó en el sistema informático acreditado y que ya no se vuelva a pedir ese requisito.
Esto qué nos da como objetivo; menos molestia para el ciudadano; y dos, un ahorro en el costo, porque cada vez que uno va a sacar un acta de nacimiento, un acta de matrimonio, un acta de defunción cuando se va a tramitar una pensión, pues hay que pagar un derecho en el municipio correspondiente. Y por ejemplo en el caso mío que quiera yo sacar mi acta de nacimiento, pues tengo que ir hasta Pachuca y me cuesta algo de gasolina o de casetas, o del camión en el que me vaya, eso tiene un costo para el ciudadano.
Si logramos reducir eso, creo que vamos a mejorar, en eso van encaminados estos programas que tiene la oficina de la Presidencia de la República y donde nosotros estamos apoyando.
El otro tema que me decía, lo del fortalecimiento del control de la gestión pública en estados y municipios. En 2011 se firmó el primer convenio y lo reportamos en 2013, como usted acertadamente señala. ¿De qué se trató esto? De actualizar cuatro indicadores, cuatro indicadores en este año de 2013 y por eso lo informamos.
Estamos haciendo un programa piloto con la Comisión Permanente de Estados-Federación de Contralores. Este programa piloto se está haciendo en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Colima y Sonora. Con esos estados vamos a hacer el programa piloto y esto lo vamos a poder trasladar a las demás entidades federativas, a las 32 que forman esta comisión.
Además, quisiera decirle que tenemos en 21 entidades federativas un programa de educación a niños para inculcarles la transparencia, la rendición de cuentas, la fiscalización.
En el próximo mes de octubre vamos a hacer una feria aquí en la Ciudad de México, para que conozcan ustedes todo lo que han hecho los estados y también lo que hemos hecho nosotros coordinadamente para llevar a los niños esta educación.
A mí me tocado estar, por ejemplo, en el puerto de Mazatlán con el contralor que está aquí, con el contralor de Sinaloa, yendo a las escuelas en donde se les dan reconocimientos a los niños de los programas que se les dieron, que ellos los estudiaron, que ellos los aplicaron y que les nombran en ocasiones inspectores de la transparencia, de la rendición de cuentas.
Vamos a insistir en esos programas y le hemos pedido también al secretario de Educación Pública que se incorpore en los libros de texto gratuitos. Si no empezamos con la niñez en influir en estas políticas de anticorrupción, no vamos a mejorar esos índices de percepción, esos índices que nos afectan severamente a la credibilidad de los que formamos parte del gobierno. Muchas gracias. Eso sería por mi parte.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, subsecretario.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Le concedemos la palabra por tres minutos al diputado Julio César Lorenzini, del Partido de Acción Nacional. Adelante, diputado.
El diputado Julio César Lorenzini Rangel: Gracias, diputada presidenta. Buenas noches, compañeras diputadas y compañeros diputados. Señor licenciado Olivas, gracias por sus puntuales respuestas. Reconocemos la labor que está haciendo como encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública, debido a la circunstancia tan especial en la que se encuentra; sin embargo, nos hubiera gustado que el informe hubiera sido más detallado en una primera instancia, dada la importancia que desempeña la dependencia.
Por tal motivo, solicitamos que la institución encargada de velar por el correcto desempeño de la administración pública sea informante, con toda oportunidad de todas y cada una de sus actividades, dejando de lado la espera de su desaparición o traspaso de facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De ahí la importancia de preguntarle, como se hizo hace un momento, sobre las acciones que ha realizado con dicha secretaría, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el traspaso de estas facultades, ya que son funciones que no pueden suspenderse por ningún motivo, tanto por el bien de la administración pública como el de la sociedad. El combate a la corrupción debe ser frontal y no a medias. Y será a medias en la medida en que no culmine el traspaso de estas facultades como está establecido.
Nos mantendremos atentos a que desde la secretaría a su cargo se continúe cumpliendo con cabalidad tan importante labor de vigilancia en el cumplimiento de las normas de control y fiscalización de los recursos públicos, porque en el Partido de Acción Nacional estamos interesados y también seremos parte coadyuvante en esta vigilancia para que los recursos públicos, que a final de cuentas provienen de los bolsillos de todos los mexicanos, se utilicen de forma eficaz, eficiente, de forma transparente y en beneficio de las personas que más lo necesitan. En ese sentido, considérenos sus aliados para llevar a cabo esta labor. Muchas gracias.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Bueno, continuamos. Y tiene la palabra la diputada María del Rocío García Olmedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada.
La diputada María del Rocío García Olmedo: Buenas noches a todas las diputadas y a todos los diputados. Gracias, señora presidenta. Primero permítanme agradecerle al señor subsecretario. Muchas gracias, subsecretario, a usted y a su equipo de trabajo por atender esta petición de venir a la Cámara de Diputados a profundizar en los diversos temas de su competencia, que ha informado ya el señor presidente de la República Enrique Peña Nieto.
Si hay un tema que nos debe ocupar a todas y a todos justamente es éste que hemos estado abordando durante toda esta tarde y parte de la noche, porque es un tema que es y se ha convertido en un reclamo ciudadano. Allá en nuestros estados, señor subsecretario, en nuestros distritos, en nuestros municipios, bajo nuestra representación política, nos piden hacer esfuerzos para su atención, pero también nos piden ocuparnos de este tema.
Y es un tema que sin duda debe atenderse no solamente para los que tienen que ver con irregularidades mayores, sino también para los menores, para los problemas menores, que todos puede ser tipificados como conductas ilegales, porque de lo que se trata –y aquí lo hemos escuchado en voz de varios compañeros diputados y de varias compañeras diputadas– justamente es de construir confianza y certidumbre, y eso nos compete sin duda alguna a todas y a todos.
Porque combatir conductas ilegales tiene que ver no sólo con incorporar en el marco jurídico las directrices que haya que tomar en cuenta, requiere de la participación de todas y de todos nosotros, pero una participación creciente, y evidentemente de fortalecer las acciones para combatir conductas ilegales.
Pero requiere también, señor subsecretario, de vigilar no sólo la aplicación en el buen uso de los recursos, sino en aquellas evaluaciones en el desempeño poder rescatar realmente los impactos de beneficio de las acciones de políticas pública que se hayan diseñado por parte de las dependencias, en los beneficios directos a los hombres y a las mujeres de este país. Y todo eso lo tiene que hacer la institución ahora a su cargo.
Y, como desde mi punto de vista nada es secundario en esta materia, hay un hecho que sin lugar a dudas irrita a la ciudadanía, con toda razón, por cierto, y que son los actos de prepotencia de servidores públicos, que alcanzan incluso a los cometidos por algún miembro de sus familias, como han sido algunos casos muy difundidos y que generan evidentemente un rechazo colectivo.
Un caso muy conocido fueron, por todo el país incluso, estas irregularidades cometidas por servidores públicos de la Procuraduría del Consumidor en aquel caso de un restaurante que causó alguna molestia a la hija del entonces procurador del Consumidor. Fue muy difundido el tema, fueron muy difundidos estos hechos, pero no fueron difundidos si hubo sanciones para este personal de servidor público de esta dependencia.
Me gustaría conocer si se impusieron sanciones, señor subsecretario y conocer también una figura que sirve justamente para detectar y para desarticular redes de corrupción al interior de las dependencias de la administración pública federal, y que es la figura del usuario simulado. Quiero saber cuántos operativos se han realizado en este año que se informa, si se han iniciado algunos procedimientos administrativos y si se han iniciado también procesos penales.
A mí me da mucha satisfacción, señor subsecretario, el que podamos tener esta comunicación directa con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, porque estas comparecencias desde mi punto de vista no sólo se tratan de conocer y profundizar los diversos temas que se dan a conocer por parte del informe del señor presidente de la república, sino que nos sirven como se ha desprendido de varias de sus intervenciones y que hemos tomado debida nota todos y todas las diputadas, nos sirven para conocer también cuáles son los faltantes que desde la dependencia ustedes todavía tienen y que debemos atender en la competencia que tenemos nosotros desde el marco legislativo. Muchas gracias por sus respuestas, señor subsecretario.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Tiene el subsecretario la palabra para dar respuesta.
El subsecretario Julián Alfonso Olivas Ugalde: Muchas gracias, diputada María del Rocío García Olmedo. Mencionaba usted la evaluación del desempeño. Comentaba yo hace un momento que hemos tomado la decisión de empezar con las auditorías del desempeño en la dependencia, y creo que nos va a ayudar para orientar mejoras en la actividad gubernamental de los servidores públicos.
También comentaba por lo que hace a actos de prepotencia. Todos tuvimos conocimiento del tema de Lady Profeco, que se conoció en los medios. Ahí abrimos de manera oficiosa una investigación para determinar cómo fue la conducta de los servidores públicos respecto al restaurante que estaba involucrado.
Después de la investigación y con los elementos para iniciar un procedimiento disciplinario se aplicaron sanciones al subprocurador de Verificación, al director general de Verificación y al jefe de Departamento de Verificación de Normas. La sanción fue destitución del cargo e inhabilitación por un año. Al director de Procedimientos y Sanciones destitución y a los verificadores una suspensión de su empleo por seis meses. Ésas fueron las sanciones que nosotros aplicamos en este caso.
Toda vez que se aportaron de la normativa, incluyeron algunos elementos que no estaban en la orden de visita, pasaron la orden a otra área para que pudiera haber algunas irregularidades adicionales, y eso nos permitió sancionar.
Por lo que hace al usuario simulado, que se me preguntaba cuántos hemos hecho en la administración, le reitero. Hemos hecho 15; seis en el Instituto Mexicano del Seguro Social, del cual yo ya daba cuenta en detalle; tres en la Procuraduría Agraria; tres en el Instituto Nacional de Cancerología; uno en RTC; uno en Secom; uno en Sedesol; uno en Comisión Federal de Electricidad.
Por ejemplo, en la Comisión Federación de Electricidad, recuerde, es de una persona que le quería arreglar ahí el pago de una cuenta a un usuario del servicio de energía eléctrica. En el caso de Sedesol fue de una persona de estancia infantil que le querían pedir requisitos más allá de los legales, claro, con una contraprestación indebida.
Estos son los que hemos realizado y estamos abiertos al público para recibir cualquier queja o denuncia de alguna conducta irregular, imputable a un servidor público, o alguna persona que maneje recursos públicos federales.
También, ya lo había yo mencionado en esta oportunidad que tuve ante estas dos comisiones de dialogar con ustedes, de algunas reformas de carácter legal para poder nosotros tener una verificación patrimonial más profunda, más amplia, más integral. Creo que eso nos ayudaría mucho.
Respecto al comentario del diputado Lorenzini, le reitero, estamos preparados para pasar las facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero mientras no se elimine el transitorio, las vamos a seguir ejerciendo. Hacienda, en el momento actual no tiene competencia, la competencia sigue siendo de la Secretaría de la Función Pública, y tan sigue siendo, que el día de hoy yo estoy sentado con ustedes. Muchas gracias.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, subsecretario.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Le damos la palabra al diputado Juan Manuel Carbajal, del PRI, para sus comentarios.
El diputado Juan Manuel Carbajal Hernández: Gracias, presidenta. Señoras y señores legisladores; señor subsecretario encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública, a partir del análisis del II Informe de Gobierno, observamos que la Secretaría de Función Pública continuó con la estrategia usuario simulado, el cual ha resultado un instrumento útil para combatir la corrupción, ya que tiene como objetivo asistir al ciudadano en el momento en que se comete la conducta irregular.
De acuerdo al informe recibido por esta soberanía, se instrumentaron cinco operativos en coordinación con los órganos internos de control en el estado de México y el Distrito Federal, derivando en cinco procesos administrativos en contra del mismo número de servidores públicos, en tanto que en la vía penal se encuentran en proceso de integración las averiguaciones previas correspondientes.
Para el Grupo Parlamentario del PRI, resulta de fundamental importancia otorgar protección, certeza y seguridad jurídica a las y los ciudadanos, de ahí que asomo votos para que este programa fundamentalmente orientado a proteger al ciudadano, se instrumente a la brevedad en todo el país y en el mayor número de dependencias públicas.
Es preciso referir que de septiembre de 2013 al 31 de julio del 2014, la Secretaría impuso 14 mil 905 sanciones administrativas a 12 mil 651 servidores públicos; del total de estas sanciones, el 54 por ciento fueron amonestaciones, el 22 por ciento suspensiones, el 18 por ciento inhabilitaciones, el 2 por ciento de destituciones y 4 por ciento de sanciones económicas.
En contraste con las administraciones anteriores, quedan claros los avances cuantitativos y cualitativos, así como en el ánimo de coordinación con la misma secretaría; sin embargo, la realidad del país, la percepción generalizada de la ciudadanía sobre la opacidad imperante, precisan instrumentar nuevos y mejores mecanismos, a redoblar esfuerzos y a imponer sanciones ejemplares en todos los niveles de la función pública.
Los altos índices de corrupción lastiman a la sociedad, a los sectores productivos y a la economía nacional. De ahí que estamos ciertos que para alcanzar el desarrollo y recoger los beneficios de las reformas estructurales, es fundamental hacer valer el impero de la ley y garantizar los principios rectores del servicio público en los tres Poderes y niveles de gobierno. Muchas gracias por su atención.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: De acuerdo al formato le concedemos la palabra al subsecretario para hacer unos comentarios generales.
El subsecretario Julián Alfonso Olivas Ugalde: Agradezco mucho todos los comentarios, los posicionamientos, las preguntas que han surgido en el seno de estas dos comisiones, y lo agradezco en dos sentidos.
El primero de ellos nos permite dar a conocer a los representantes del pueblo lo que está haciendo la Secretaría de la Función Pública, que la Secretaría de la Función Pública no está en el limbo, tiene las funciones, tiene las facultades acreditadas, está pendiente de una decisión legislativa de ustedes, pero no está en el limbo; el que está en el limbo no aplica sanciones, no recupera dinero y la secretaría lo ha hecho.
También agradezco en la otra parte que hacía yo mención, la oportunidad de escuchar señalamientos muy importantes que el equipo de trabajo que el día de hoy me acompaña, y yo mismo me llevo con mucha inquietud para mejorar el desempeño de la Secretaría de la Función Pública.
Esto nos va a permitir profundizar en las tareas que tenemos a cargo, también ampliar algunas de las actividades que hemos realizado y sobre todo mejorar la rendición de cuentas que le corresponde a la Secretaría de la Función Pública.
Yo esta reunión me la llevo con una gran satisfacción, porque sé que en cada uno de los miembros de esta comisión, de estas dos comisiones, siempre hay una comprensión y una colaboración para mejorar el combate a la corrupción; creo que es tarea de todos, no es tarea de un solo servidor público, sino de todos los que formamos parte de los Poderes, parte de los órganos constitucionalmente autónomos, parte de las entidades federativas, de los municipios, de las delegaciones.
Creo que todos debemos mantener la lucha contra la corrupción y mejorar nuestros mecanismos, nuestras herramientas para tener mejores resultados. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por sus comentarios y también muy amables por habernos escuchado. Muchas gracias.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Gracias, subsecretario.
La presidenta diputada Areli Madrid Tovilla: Y de conformidad con el numeral 2, del artículo 200 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las solicitudes de preguntas por escrito que se presenten en los términos del artículo 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se remitirán a la Junta de Coordinación Política a efecto de que dicho órgano defina lo conducente.
De conformidad con el artículo 7o., numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta reunión será remitida al Presidente de la República para su conocimiento.
Las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y la de Transparencia y Anticorrupción, les damos las gracias por su presencia a todos ustedes y señalándole al secretario encargado del despacho que nos agradó su comportamiento y la forma en que nos respondió; el país está pendiente de las respuestas sobre un tema tan delicado. Muchas gracias.
El subsecretario Julián Alfonso Olivas Ugalde: Gracias, presidenta.
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