Reunión con funcionarios vinculados con el caso Ficrea
Acuerdo, con formato para el desarrollo de la reunión
Intervención de la presidenta de la Tercera Comisión
Intervención del presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé
Intervención del presidente de la Condusef, Mario Alberto di Costanzo Armenta
Intervención del jefe de la Unidad de Inteligencia, SHCP, Financiera Alberto Bazbaz Sacal
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, PVEM
Senadora Dolores Padierna Luna, PRD
Senador Javier Lozano Alarcón, PAN
Senador Ricardo Urzúa Rivera, PRI
Primera ronda de preguntas y respuestas
Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, PVEM
Comentarios del senador Juan Gerardo Flores Ramírez
Diputada Jessica Salazar Trejo, PRD
Comentarios de la diputada Jessica Salazar Trejo
Diputado Carlos Alberto García González, PAN
Comentarios del senador Carlos Alberto García González
Diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, PRI
Comentarios de la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales
Segunda ronda de preguntas y respuestas
Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, PVEM
Comentarios del senador Juan Gerardo Flores Ramírez
Senadora Dolores Padierna Luna, PRD
Comentarios de la senadora Dolores Padierna Luna
Senador Javier Lozano Alarcón, PAN
Comentarios del senador Javier Lozano Alarcón
Senador Arquímedes Oramas Vargas, PRI
Comentarios del senador Arquímedes Oramas Vargas
Comentarios finales de los funcionarios
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Buenos días. Señores legisladores, señoras legisladoras, funcionarios, para poder iniciar esta reunión de trabajo le solicito a la secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de ciudadanos legisladores de esta reunión agradeciéndole al diputado Fernando Rodríguez Doval que, como el día de ayer, nos permita auxiliar en las tareas de esta Secretaría para el desarrollo de esta sesión. Muchas gracias.
El secretario diputado Fernando Rodríguez Doval: Gracias a usted, presidenta, buenos días. Se informa a la Presidencia que hay un registro previo de 10 ciudadanos legisladores, por tanto, hay quórum.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Le solicito, asimismo, dé lectura y ponga a votación el orden del día de la presente reunión de trabajo.
El secretario diputado Fernando Rodríguez Doval: Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al orden del día de esta reunión de trabajo.
1. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día,
2. Lectura, y en su caso, aprobación del acuerdo que establece el formato que norma la reunión de trabajo,
3. Clausura y cita para la próxima reunión.
Por instrucciones de la Presidencia consulto a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el orden del día. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, secretario.
Para dar cumplimiento al acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en sesión celebrada el 17 de enero de 2015, están con nosotros el licenciado Jaime González Aguadé, titular de la Comisión Bancaria y de Valores; Mario di Costanzo Armenta, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y el maestro Alberto Bazbaz Sacal, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para poder abordar el tema relativo a Ficrea.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: El siguiente punto del orden del día es la lectura y votación del acuerdo que establece el formato para el desarrollo de la reunión de trabajo con los funcionarios del gobierno federal aquí presentes.
Solicito a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica y en un solo acto, si se omite la lectura y si es de aprobarse, tomando en consideración que ha sido previamente distribuido el Acuerdo consensuad por los diferentes grupos parlamentarios y aprobado por la Junta Directiva de esta comisión.
El Secretario diputado Fernando Rodríguez Doval: Por instrucciones de la Presidencia consulto a la asamblea en votación económica –y en un solo acto– si se omite la lectura del Acuerdo que establece el formato para el desarrollo de la reunión de trabajo con los funcionarios del gobierno federal, y si es de aprobarse.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Aprobado el Acuerdo.
La Presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: De manera inicial quisiera compartir con los señores funcionarios que nos acompañan, que ha sido interés de todos los grupos parlamentarios el poder conocer en principio cuál ha sido la situación que llevó al proceso de intervención y revocación de Ficrea.
Segundo –por supuesto– poder conocer los alcances de las acciones hasta ahora realizadas –y por supuesto– tener la información pertinente de cuál será la posición de los ahorradores y de todos los personajes que están involucrados en esa situación.
Para nosotros es de vital importancia no solamente que se llegue al análisis, a la investigación y a las últimas consecuencias de este tema, sino sobre todo también tomar las medidas desde el Poder Legislativo que nos permita –de cara al futuro– evitar situaciones que en un momento dado pongan en riesgo la situación de pequeños ahorradores.
La Presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: En ese sentido tiene el uso de la palabra –hasta por 10 minutos, sabiendo que podemos tener algunos minutos de tolerancia en el equilibrio de las participaciones– el maestro Jaime González Aguadé. Por favor, si es tan amable.
El presidente Jaime González Aguadé: Muchas gracias, senadora Alcalá; honorables miembros de esta honorable comisión, gracias por la invitación.
Como ya señalaba la senadora, nos hemos puesto un poco de acuerdo en cuanto a las intervenciones. Dado que la comisión tuvo un papel preponderante en cuanto a la intervención y al descubrimiento del fraude a la mejor tomaré un poco más de los 10 minutos, pero compensaremos con las demás presentaciones.
El 7 de noviembre pasado, como saben todos ustedes, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores determinó la intervención gerencial de la Sociedad Financiera Popular, Ficrea, S.A. de C.V. Esta resolución se tomó valorando una serie de situaciones prevalecientes en la sociedad a las cuales me referiré más adelante.
Lo anterior se realizó en estrecha coordinación con los participantes que, conforme a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, son coadyuvantes en la supervisión auxiliar de las Sofipos y en la resolución de entidades como son las federaciones y el fondo de protección, respectivamente.
Con esta acción se detuvo la continuación de lo que, a través de la intervención general, se identificó como un fraude, evitando un deterioro mayor a los activos de la sociedad y que más ahorradores perdieran parte de su patrimonio.
Esto se logró antes que el esquema implementado por la sociedad dejara de ser sostenible en sí mismo, es decir, que el pago de los depositantes de la sociedad se continuara haciendo en gran medida con recursos provenientes de los ahorradores y no con el flujo derivado de las operaciones de crédito, como debe suceder en los intermediarios financieros.
La identificación de esta operación se logró, primero, a través de las acciones de supervisión que llevó a cabo la CNBV y posteriormente durante las actividades realizadas en la intervención gerencial.
Qué se hizo durante las labores de inspección. Como lo establece la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la comisión tiene la facultad de efectuar visitas a las sociedades financieras populares como parte de sus labores de supervisión.
En este sentido, en la integración del programa de visitas del año 2014, aprobado por la Junta de Gobierno, se incluyó a Ficrea a efecto de realizar una visita de inspección ordinaria; dicha visita de inspección se inició el 3 de marzo y concluyó el 2 de junio.
Vale la pena señalar que durante el transcurso de la visita se enfrentaron diversas dificultades, las cuales claramente buscaban retrasar, obstruir y limitar la actuación de la comisión, demostrando la falta de transparencia, disposición e integridad de los funcionarios de esa sociedad.
De esta forma, al concluir el término de la visita de la comisión, no se contaba con información y documentación suficiente que permitiera conocer con precisión su situación, operaciones y movimiento, principalmente de aquellos relacionados con los acreditados y con los contratos de crédito.
Como establece la normatividad y dentro de los plazos reglamentarios, el 30 de junio se notificaron a Ficrea las observaciones y recomendaciones, las cuales, conforme a la ley debían de ser contestadas en un plazo no mayor a 20 días hábiles para que en su caso la sociedad aportara elementos para desvirtuar o se comprometiera a atender lo observado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Siguiendo con el comportamiento observado durante la visita de inspección, la sociedad solicitó el 29 de julio, un día antes de concluir el término para ejercer su derecho de audiencia, una prórroga a fin de retrasar aún más la acción de la autoridad.
Dicha solicitud fue negada, primero porque no se justificaron situaciones que le impidieran cumplir lo solicitado dentro del plazo establecido y, segundo, por la relevancia de las observaciones realizadas, entre las que se destacan:
1. La capitalización.
Ficrea registró en su contabilidad aportaciones para futuros aumentos de capital del accionista principal con recursos que provenían de la misma sociedad, afectando con esto su solvencia y solidez.
2. Manipulación de las cuentas del estado de resultados.
Registró indebidamente en su contabilidad ingresos por intereses derivados del incremento unilateral de las tasas de interés a sus propios acreditados sin contar con la documentación y formalización de vida, implicando que los acreditados pagaran más de lo comprometido y además poniendo en riesgo la viabilidad de esos créditos que había otorgado la propia entidad.
Incurrió en gastos de administración y promoción que no tenían la desagregación o detalle necesarios al ser erogados a través de la empresa relacionada Baus and Jackman, que no permitían revisar la razonabilidad de los mismos.
3. Operaciones indebidas con empresas relacionadas.
Celebró operaciones no permitidas para una Sifipo con la empresa relacionada Leadman Trade, misma que se constituyó como deudor de Ficrea. Celebró un convenio de prestación de servicios de cobranza con Leadman Trade para que recibiera en forma masiva recursos que implicaban el pago de créditos actuando frente al público como comisionista, operación que a ese momento, después se cambió la reforma financiera, pero en ese momento estaban prohibidas dichas operaciones.
Aun y cuando no se otorgó prorroga en el plazo, Ficrea presento de forma extemporánea cinco escritos para dar respuesta a las observaciones de la comisión, dichos alcances si fueron analizados por la comisión para no violar alguna garantía.
No obstante, se determinó que estos no desvirtuaban ni atendían de fondo las observaciones señaladas. Asimismo, durante la visita especial en materia de prevención de lavado de dinero, también realizada por la comisión, iniciada en el mes de junio y concluida en agosto del 2014, se identificaron diversas irregularidades entre las que destacan: Existencia de clientes de alto riesgo. Falta de clasificación por grado de riesgo. Fallas en el perfil transaccional. Falta de detección de operaciones y fallas en la identificación del origen de los recursos y propietarios reales de las cuentas.
Todas estas situaciones irregulares impedían a la comisión tener una evaluación clara sobre la solvencia y operación sana y estable de la sociedad financiera popular, las cuales motivaron su intervención.
Ahora bien, vale la pena recordar que dentro del sector de ahorro y crédito popular para las sociedades financieras populares, existen federaciones que son autorizadas por la propia comisión, a efecto de llevar de forma auxiliar la supervisión de las sociedades. Estas federaciones deben, entre otros, verificar que las sociedades cumplan con los preceptos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, con las reglas que emite la comisión y las demás disposiciones aplicables, es decir, existe una identidad entre el concepto y las finalidades de la supervisión directa y la auxiliar en este caso que nos ocupa, Ficrea estaba afiliada a la Federación Atlántico-Pacifico.
Esta federación a través de sus facultades, llego a las conclusiones similares a las establecidas por la propia comisión. Considerando la gravedad del caso, el 19 de septiembre del 2014, se informó a la Junta de Gobierno sobre los resultados de las visitas de inspección, y se plantearon posibles acciones previstas en la ley, para proteger los intereses de los ahorradores.
Derivado de lo anterior, se continuó realizando un análisis exhaustivo de la información proporcionada por la sociedad, con la finalidad de poder integrar un expediente solido en el que se documentara de manera completa las irregularidades detectadas por la comisión y la federación.
Además, durante este tiempo, se coordinaron las acciones a realizar con las demás dependencias que participarían en torno al proceso de intervención gerencial, con la finalidad de salvaguardar los intereses de los ahorradores.
¿Qué se hizo entonces durante la intervención gerencial? Primero ¿Cuál fue la motivación de la misma? La Ley de Ahorro y Créditos Popular señala que cuando a juicio de la Comisión existan irregularidades de cualquier género en una sociedad financiera popular y se determine que se encuentran en riesgo los intereses de los ahorradores, o bien se ponga en riesgo su estabilidad o de manera significativa su solvencia, la Junta de Gobierno de la Comisión podrá declarar esta intervención de carácter de gerencia y designar a la persona física que se haga cargo de la sociedad financiera popular.
La intervención gerencial era indispensable, no sólo para lograr una regularización de la sociedad, sino para conocer el detalle de las operaciones y el verdadero valor de los activos de la misma. Es decir, era una acción necesaria dada la delicada situación que se acreditó durante las visitas de supervisión de la federación y de la Comisión.
Por su parte, el fondo de protección de los ahorradores aprobó la suspensión parcial de operaciones y el cierre temporal de oficinas y sucursales. Lo anterior, para evitar reactivos masivos por parte de los ahorradores que pusieran en riesgo la estabilidad de la sociedad.
Adicionalmente, el 7 de noviembre, la PGR aseguró ministerialmente a las personas morales Leadman Trade, Baus and Jackman Leasing, así como las cuentas bancarias de estas empresas y las de Rafael Olvera Amezcua. Con esa misma fecha, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó las cuentas a nombre de Ficrea.
Las anteriores acciones se llevaron de manera coordinada con la Comisión, con la finalidad de evitar que se sustrajeran mayores recursos de las empresas en perjuicio de los ahorradores.
Ya en la intervención, ¿cuáles fueron los hallazgos? A partir de la intervención fue posible identificar la forma y el monto del desvío de recursos hacia las empresas relacionadas que no eran supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por aproximadamente 5 mil 900 millones de pesos.
El mecanismo utilizado por los socios y administradores de las empresas antes mencionadas, se construyó de la siguiente forma:
El cliente de la Sofipo firmaba dos adeudos, sin embargo recibía el monto suscrito una sola vez. El primero, era un crédito simple con Ficrea, mientras que el segundo era un contrato de arrendamiento puro con Leadman and Trade.
A su vez, Ficrea hacía firmar a sus clientes una carta de instrucción autorizando el envío de los recursos de Ficrea a Leadman and Trade, y construía y registraba una base de créditos para respaldar la información contable, que es la que nosotros veíamos pero que ésta no tenía ningún sustento económico.
Vale la pena señalar, que además les daba una carta a los acreditados en Ficrea diciendo que el crédito suscrito con Ficrea no tenía ningún valor más que representar un trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Con los recursos recibidos de esta operación Leadman and Trade, efectivamente, otorgó arrendamientos por 3 mil 200 millones de pesos a valor contable. La diferencia entre lo que se envió, los 5 mil 900, y los 3 mil 200 millones de pesos asociados a los arrendamientos no se encontraban en las cuentas de Leadman, éstos fueron utilizados para diversas cosas, comprar bienes, gastos personales, inclusive pagar gastos de las empresas y transferencias al extranjero.
Es decir, los recursos captados en Ficrea de los ahorradores se utilizaban, en una parte, para fondear irregularmente las operaciones del Leadman and Trade de arrendamiento, y la otra, para sufragar gastos que no están relacionados con la operación de la Sofipo, y eso es lo que suman los 2 mil 700 millones de pesos, que es el desfalco que se ocasionó a la Sociedad Financiera Popular y a los ahorradores.
c) Y muy importante, la recuperación de activos durante la intervención.
Derivado de la acción oportuna en la Comisión y de la colaboración interinstitucional entre el 4 y el 17 de diciembre, se lograron recuperar diversos activos cedidos por Leadman Trade y Baus & Jackman, y el propio Rafael Olvera, por sus apoderados a Ficrea.
Entre los activos cedidos se encuentran los siguientes: contratos de arrendamiento de Leadman por 3 mil 200 millones de pesos, más o menos, a valor contable. Veintiocho inmuebles, 234 vehículos. Mobiliario y equipo sujeto a valuación. Derechos litigiosos por 58 juicios, por un valor manifestado de 200 millones de pesos. Productos que le pueden corresponder a Leadman Trade como fideicomisario en segundo lugar de un fideicomiso irrevocable, en garantía por un valor manifestado de 110 millones de pesos.
Todos estos activos permitirán, una vez monetizados, pagar parte de los recursos a los ahorradores de Ficrea.
Finalmente, durante este proceso la Comisión emitió diversas opiniones de delito, las cuales están vigentes y son investigadas por la PGR, la Unidad de Inteligencia Financiera y las demás autoridades competentes.
Siguiente tema, muy relevante. La liquidación y la revocación. Dado el desvío y la imposibilidad de recuperar una buena parte de los recursos que habían sido utilizados para fines diversos, la sustentabilidad financiera de la Sofipo se tornó inviable, ya que los activos productivos, descontando los 2 mil 700 millones, los cuales ya no tenían sustento, son significativamente menores al saldo en la captación que al mes de octubre del 2014 era de cerca de 6 mil 240 millones de pesos. Y por otra parte, los 3 mil 200 millones de pesos que estaban en arrendamientos tiene un valor de mercado y se deberían reservar a un menor.
Derivado de esta situación financiera, el Comité de Protección al Ahorro determinó el 17 de diciembre, la implementación del mecanismo de disolución y liquidación para Ficrea, toda vez que la sociedad ya no contaba con viabilidad financiera y operativa en forma alguna para cumplir con su objeto social.
La determinación tuvo sustento en el resultado de un estudio técnico elaborado por Price Waterhouse Coopers en su calidad de auditor externo, designado por ese comité, así como en el informe rendido por el interventor gerente al propio comité, respecto del estado que guardaba esa sociedad.
Como consecuencia de ello el Comité de Protección al Ahorro acordó iniciar el pago del seguro del depósito, el Fondo de Protección y determino que el liquidador de Ficrea, fuera el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, entidad que a la fecha se encuentra en proceso de recepción del encargo llevando a cabo las actividades de su marco normativo legalmente, revocación entonces de la autorización.
Derivado de la determinación del Fondo de Protección de que Ficrea debía disolverse y liquidarse, la Junta de Gobierno contando con la opinión favorable de la federación y habiend escuchado a la propia sociedad actúa en consecuencia, revocando la autorización para operar como sociedad financiera popular, ya que al ser la liquidación una de las causales de revocación que señala la ley.
Con ello, la comisión dio cabal cumplimiento a lo que los ordenamientos legales le confieren en el caso de Ficrea como sociedad financiera popular y consecuentemente su actuación como autoridad en relación con el intermediario que ya no existía al ser revocada quedó agotada.
¿Qué procede en el pago de ahorradores? En el esquema de resolución el Fondo de Protección al Ahorro es el encargado de pagar a los ahorradores las obligaciones garantizadas.
El monto de cobertura de este seguro de depósito para el sector de ahorro y crédito popular asciende a 35 mil UDIs, lo que es equivalente a 130 mil pesos, aproximadamente.
Por otra parte, a través del proceso de liquidación administrativo o en caso de que se determine la quiebra de la sociedad, el liquidador o el síndico buscará hacer líquidos los activos o derechos de la sociedad con objeto de resarcir a los acreedores de Ficrea incluidos, por supuesto, los ahorradores.
La recepción de las solicitudes para iniciar el pago del seguro de depósito inició el 22 de diciembre. A la fecha, les informo, se han recibido 3 mil 516 solicitudes para el pago de seguro, de las cuales, de las 6 mil 876 personas que tienen derecho al cobro del seguro éstas ya las revisó en una buena medida la sociedad y ya las envió al fondo de protección para su pago.
Concluyo. Diversas críticas han surgido en los días más recientes cuestionando la actuación de la comisión. Los servidores públicos que en ella trabajamos entendemos muy bien la frustración de los ahorradores que fueron víctimas de un esquema fraudulento que abusó de su confianza y pretendió engañar a las autoridades financieras.
Sin embargo, cuestionar la labor de la comisión en lugar de señalar a quienes orquestaron el fraude, no resuelve el tema de fondo y vulnera la credibilidad de las instituciones que velan por la seguridad del sistema financiero en su conjunto.
El fraude cometido a Ficrea no pone en riesgo de ninguna forma la estabilidad del sistema financiero mexicano, pero genera sin duda angustia y desesperación entre las familias afectadas.
Debo resaltar firmemente que la comisión actuó de forma responsable y oportuna, que trabajamos intensamente en encontrar los mecanismos que permitan asegurar o respaldar los ahorros de los depositantes.
Por otro lado, una vez que quedó claro que la liquidación era la única alternativa viable que podía adoptar el Comité de Protección al Ahorro, el gobierno de la república se encuentra realizando los actos necesarios que permitan lograr el mayor valor de recuperación posible de los ahorros de los depositantes en el menor tiempo posible.
Sin embargo, decir que todo está bien no es correcto. Reconocemos que existen oportunidades de mejora en el marco normativo del sector de ahorro y crédito popular, por lo que la comisión manifiesta su total disposición a fin de colaborar con esta soberanía y aportar elementos que permitan mejorar la legislación aplicable a dicho sector. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias, licenciado.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: A continuación le pediría al titular de la Conducef, a don Mario di Costanzo, nos pudiera hacer su participación.
El presidente Mario Alberto di Costanzo Armenta: Muy buenos días a todos. Señores legisladores, agradezco la oportunidad para participar en esta reunión de trabajo e informar cuáles han sido las acciones de la Conducef en esta materia y un poco en qué consiste la participación de la propia Conducef.
Primeramente, la Conducef tiene por objeto vigilar que las instituciones financieras cumplan con las disposiciones en materia de contratos de adhesión en donde identificamos si existen cláusulas abusivas o ilegales en los contratos, terminación de operaciones o portabilidad, comisiones, estados de cuenta, comprobantes de operación, publicidad, sanas prácticas, transparencia en cuentas catastróficas, plazos en que las instituciones financieras deben remitir información de conformidad con los registros que opera Condusef, entre otros.
Si pudiéramos resumirlo diríamos que hacemos grandes las letras chiquitas de los contratos.
En particular la Condusef cuenta con algunos registros en este caso, en este tema. Le referiré cuatro.
El Registro de Prestadores de Servicios es público y proporciona información corporativa de las instituciones.
En el caso de Ficrea la fecha de alta en el Sipres, es el 7 de junio de 2008.
El Reca, que es el Registro de Contratos de Adhesión, que también es público y se pueden consultar los contratos que se utilizan para ofrecer y formalizar los productos y servicios financieros.
En el caso de Ficrea los contratos datos de alta en el Reca fueron: 26 contratos con cuatro productos, depósitos, valores e instrumentos de inversión, crédito simple y crédito personal.
Otro registro es el Reune, Registro de Información de Unidades Especializadas, que contiene el directorio de responsables de atención a usuarios y el informe trimestral de reclamaciones.
Ficrea –hasta el momento de su intervención– tenía un titular de la UNE y nueve encargados regionales.
El siguiente registro le llamamos Reus, que es el Registro Público de Usuarios que no desean información publicitaria. Cabe señalar que Ficrea no adquirió la base de datos de este registro.
Evaluación de los documentos. En 2013 y 2014, la Condusef evaluó documentación de Ficrea correspondiente a tres productos. De estos ejercicios normativos se detectaron 122 incumplimientos.
En 2013 se revisó el producto Depósito a la Vista, en donde se encontraron 66 incumplimientos normativos, 21 en contratos, 13 en la carátula, 17 relativos a estados de cuenta y 15 relativos a su página web. La calificación de Ficrea en esa ocasión fue de 5.
En 2014 se revisaron dos productos: Inversión a Plazos, en donde se encontraron 20 incumplimientos normativos, y la calificación obtenida por Ficrea fue de 4.3 Debo aclarar que estas calificaciones son sobre una escala de 10.
Otro producto fue el Crédito Mipyme, que por cierto se dio a conocer todo el estado de este resultado en la Semana del Emprendedor; al iniciar la Semana del Emprendedor, porque no solamente fue Ficrea, fueron bancos, fueron Sofomes, fueron cajas de ahorro y Sofimex.
Se encontraron 36 incumplimientos normativos y la calificación obtenida por Ficrea fue de 3.7.
Condusef, a raíz de estas evaluaciones ordenó a Ficrea subsanar los incumplimientos, de los cuales corrigió 96 –es decir– sólo el 78 por ciento.
De manera adicional durante estas revisiones se encontró lo siguiente: en el caso de Depósito a la Vista se encontró una cláusula abusiva. Cabe señalar que la reforma que ustedes favorablemente aprobaron ya le permite a la Condusef, a partir de este año, ordenar que se retiren de los contratos estas cláusulas llamadas cláusulas abusivas.
En qué consistía en ese momento la cláusula abusiva que se encontró en el depósito a la vista de Ficrea. Se las leo textualmente: “Autorización para cargar adeudos derivados de cualquier producto, incluso si el cliente es obligado solidario en las cuentas que éste tenga con la institución, sin indicar plazo y monto para el cargo”.
Se detectó, en la siguiente revisión –que fue inversión a plazo– una cláusula ilegal. Se establecía una comisión al depositante del cheque para abono en su cuenta que sea devuelto o rechazado su pago por el banco librado. En qué consistía esta cláusula. En que si yo tenía este instrumento en Ficrea y me depositaban un cheque que era rebotado, la comisión se la cobraban al dueño de la inversión, lo cual es evidentemente ilegal.
Qué hicimos. Apoyados en nuestro marco normativo, se solicitó modificar el contrato a efecto de eliminar la cláusula señalada; se inició el procedimiento de sanción por incumplir la norma y por no realizar los cambios ordenados y, ante la negativa de Ficrea para llevar a cabo estos cambios, se ordenó la suspensión del uso del contrato.
Nunca antes la Condusef había ejercido esta facultad. En 15 años no se había ejercido esta facultad y ésta se materializó el 30 de octubre del año pasado cuando notificamos a Ficrea que estaba suspendido este contrato por no realizar la corrección que se había señalado.
En el caso del crédito de Mipyme se encontraron dos cláusulas abusivas: una era la acreditación del pago con cheque que se realice hasta el momento en que la institución se diera por satisfecha. Esto evidentemente juega en contra de los usuarios. La otra era que se daba por vencido anticipadamente el contrato en caso de que el cliente incumpla con las obligaciones que tenga con terceros ajenos a la relación con la institución.
Ambas cláusulas abusivas fueron publicadas en el Buró de Entidades Financieras y desde antes fueron también publicadas en la página de internet de la Condusef.
Como resultado de estas evaluaciones, se generaron 26 procedimientos de sanción en contra de Ficrea por 2.74 millones de pesos, derivados –como lo señalaba anteriormente– de la evaluación del producto depósito de la vista, cinco multas por 660 mil 552 pesos; por la evaluación del producto inversión a plazo, cinco multas por 807 mil 480 pesos; por la evaluación del producto crédito Mipyme, seis multas por 955 mil 518 pesos. Cabe señalar que sobre todo estas tres son derivadas de la aplicación de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros.
Con relación a la aplicación de la ley propia de la Condusef, se impusieron por mala atención a usuarios cinco multas por 93 mil 776 pesos y por incumplimiento a registros y otros, cinco multas por 226 mil 846 pesos.
Qué hicimos a partir del 7 de noviembre. Se propusieron una serie de reuniones con ahorradores a manera de hacer lo que hace la Condusef; es decir, tratamos de instaurar un procedimiento de conciliación entre los ahorradores afectados y, precisamente, las autoridades.
Para que en estas mesas de trabajo o conciliaciones se pudiera informar en aras de la transparencia de qué es lo que estaba sucediendo, cómo estaba aconteciendo y qué es lo que iba a suceder.
En este tema, el 7 de noviembre, cuando recibimos la información del CNBV de lo que estaba aconteciendo, se instruyeron a las áreas de atención de la Condusef a informar de manera clara a los usuarios sobre la situación de Ficrea.
El 11 de noviembre de 2014 se emitió un comunicado de prensa en el que se informa a los ahorradores sobre el proceso y defensa de sus derechos. El 19 de noviembre de 2014 se realiza la primera reunión de Condusef con el comité de ahorradores, la CNBV, el interventor y la PGR; en esa reunión se intercambiaron opiniones y se acordó continuar el diálogo.
El 26 de noviembre se vuelve a llevar a cabo una reunión en Condusef, con la CNBV, el interventor, y se acordó que el comité elaborara un informe detallado de activos y pasivos y se buscaría en lo posible un esquema viable para reactivar a la Sofipo.
El 5 de diciembre se llevó a cabo una reunión en la que se acuerda con el comité de ahorradores reunirse cada viernes, informar sobre los avances del interventor hasta la solución definitiva.
El 12 de diciembre se presenta el informe del interventor, contesta preguntas y los ahorradores solicitan mayor detalle de la información. Se acordó entregar estados de cuenta y flujo de Ficrea.
El 19 de diciembre se informa la decisión de la junta de gobierno de la CNBV de liquidar a Ficrea, asiste el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela y propone que la banca de desarrollo apoye la solución de los ahorradores para buscar el máximo retorno posible de sus ahorros.
El 22 de diciembre se lleva a cabo una reunión con el comité de ahorradores, la CNBV, la PGR, la Secretaría de Hacienda y el interventor, se explica el mecanismo con el cual la banca de desarrollo podría o podrá maximizar la recuperación del ahorro para los ahorradores y la autoridad propone reuniones para revisar a detalle la información.
El 23 de diciembre se publican a través de internet los requisitos y procedimientos para el pago de las obligaciones garantizadas de los ahorradores, mecanismo que como lo informó Jaime González Aguadé, queda a cargo del CNBV.
El 26 de diciembre se informa del avance del proceso de pago del seguro de depósito a los ahorradores y de la apertura de 37 sucursales para presentar las solicitudes correspondientes. En estas sucursales, entiendo que son las sucursales que alguna vez o que pertenecían a Ficrea.
La ley impide, que por ejemplo, la Condusef sea una ventanilla de recepción de estas solicitudes. Si esta soberanía en un momento dado considera pertinente que la Condusef pudiera ayudar a gestionar este tipo de solicitudes, pues estaríamos muy atentos y en cumplimiento de su mandato.
¿Por qué lo señalo? Porque últimamente, como veremos más adelante, hemos tenido consultas de ahorradores que la sucursal de Ficrea les queda muy lejos y entonces han tenido algunos problemas para presentar sus reclamaciones del seguro de depósito.
El 12 de enero se informa a los ahorradores que la solicitud del seguro de depósito no limita sus derechos, en caso de tener un ahorro mayor. Esto es importante porque existía una confusión en los ahorradores, es decir, muchos de ellos piensan que si reclaman el seguro de depósito y, por ejemplo, tenían más o tienen más de los 131 mil pesos que paga el seguro de depósito pierden los derechos a reclamar la diferencia. Esto no es así, es decir, es el seguro de depósito, pero mantienen los derechos para cobrar el resto en la medida en que se lleven a cabo estas recuperaciones que señaló Jaime González Aguadé.
Reiterando en que estuvieran perfectamente informados por eso decidimos el 12 de enero publicar y reiterar en este señalamiento. Toda esta información fue publicada en la página de Condusef, los acuerdos, los resultados de las reuniones, a fin de tener no solamente a los usuarios, sino al público en general informado de lo que estaba sucediendo.
En resumen un poco y algunos indicadores que consideramos relevantes, por ejemplo, en 2014 las acciones de defensa de la Condusef ascendieron a 1.35 millones de acciones de defensa, en materia de Sofipos o la participación de las Sofipos en estas acciones de defensa fue de 6 mil 851 acciones y en el caso de Ficrea en el periodo enero a octubre fueron 345.
En materia de asesorías fueron 1.14 en millones y en materia de Sofipos 6 mil 120, en el caso de Ficrea fueron 338 asesorías. De estas asesorías, ¿más o menos cuánto se convirtió en controversia? 207 mil 882 en el total de actividades de la Condusef, en materia de Sofipos 723 y en materia de Ficrea 7.
De otros procesos fueron 10 mil 889. ¿A qué me refiero con estos procesos? Solicitudes de defensa legal, defensa legal llevada a cabo o dictámenes, y dictámenes emitidos. En materia de Sofipos fueron 8 y en materia de Ficrea fueron 0.
Como ejemplo, los contratos que la Condusef tiene registrados en el Reca, Registro de Contratos de Adhesión, fueron en 2014 10 mil 458 contratos, de los cuales de Sofipos son 367 y de Ficrea, como lo señaló anteriormente, son 26.
Por ejemplo, simplemente para señalarlo, consultas al SIPRES, este registro que fue del primero que hablé, el Registro de Prestadores de Servicios Financieros, fueron 274 mil 802 consultas durante 2014. Consultas al Registro de Contratos de Adhesión fueron 66 mil 801.
En materia de qué ha sucedido o qué sucedió en los meses de noviembre, diciembre y a la fecha, enero de 2015, es decir, durante la intervención general y luego a raíz de la revocación, quiero comentarles que nuestro centro de atención telefónica, como lo señalé al principios, las áreas de la Condusef fueron instruidas para informar de lo que estaba sucediendo el día 7, que fue el día de la intervención, se tuvieron 14 consultas. La segunda semana prácticamente fueron 642, del 17 de noviembre al 21 fueron 301 consultas. En la última semana prácticamente de noviembre 212 y de igual manera están los números para diciembre.
En total durante el periodo de intervención general, tuvimos mil 595 consultas. Como ustedes verán en la lámina, la mayor parte fueron del Distrito Federal, seguidos por el estado de México, Jalisco y entre otros 22 estados sumaron 236.
De manera similar en el periodo de enero, que coincide mucho con el periodo de revocación, sobre todo si consideramos que hubo un periodo de inactividad en diciembre. En total las consultas realizadas o llevadas a cabo en Condusef sobre el tema Ficrea fueron mil 636.
Simplemente para tener una referencia. En el mismo periodo el total de asesorías que otorgó el centro de atención telefónica de la Conducef, fueron de 70 mil 227, por lo que las consultas de Ficrea, digamos, llamémosle así, representan el 2.3 de lo que se acumuló en los meses de noviembre, diciembre y lo que va de enero.
Como lo decía anteriormente, en total de consultas Ficrea tuvimos mil 636, con un promedio de usuarios atendidos o con un total de usuarios atendidos de mil 398. Muchas gracias.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias al titular de la Condusef.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Y a continuación le pediría al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, al maestro Alberto Bazbaz, nos pudiera compartir sus comentarios sobre este tema
El jefe de unidad Alberto Bazbaz Sacal: Muchas gracias senadora. Muy buenos días distinguidas, distinguidos legisladores de ambas Cámaras. A título personal, es un honor estar en el Congreso de la Unión con una calidad de servidor público, invitado a una reunión de trabajo para explicar en parte lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, la participación de esta unidad en esta investigación y, por supuesto, para encontrar la mejor forma de trabajo que pueda auxiliar a los ahorradores en la mayor recuperación de sus bienes.
En principio, senadores, senadoras, diputadas, diputados, si ustedes están de acuerdo resumiría mi participación en forma breve. En primer lugar, respecto a qué hace la Unidad de Inteligencia Financiera en términos generales. En segundo, respecto de por qué participó la Unidad de Inteligencia Financiera, particularmente en el proceso de análisis de las actividades recientes de Ficrea y Leadman y Baus. En tercero, después no sólo por qué participó, sino cómo participó. Y cuarto y más importante, cómo queremos seguir participando en este proceso, en forma coordinada con el resto de las autoridades.
La Unidad de Inteligencia Financiera, una institución moderna en términos reales, creada –digámoslo así– en la última década tiene como finalidad primordial proteger el sistema financiero de operaciones que tengan en su origen o en su destino recursos con alguna calidad ilícita, en resumen.
¿Cuál es la materia prima de la Unidad de Inteligencia Financiera? Es precisamente la información que recibe por cuestión normativa de las diversas instancias, originalmente instituciones financieras y recientemente, apenas el año pasado, derivado de la nueva Ley para Prevenir y Detectar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no sólo ya al sistema financiero, sino determinadas áreas del sector económico.
La Unidad de Inteligencia Financiera recibe toda esta información de forma electrónica, procesa toda esta información de forma electrónica, tiene herramientas modernas que le permite hacerlo con una rapidez y conforme a reglas distintas de otras formas de vigilancia, como serían por ejemplo las auditorías que realizan todos los entes administrativos de gobierno fiscales y, particularmente, su principal función es, una vez que detecta alguna de esas actividades que pudieran ser de origen o destino de recursos ilícitos, denunciarlo ante la Procuraduría General de la República.
Recientemente esta soberanía le otorgó a la Unidad de Inteligencia Financiera otra actividad muy importante, que es el bloqueo en el sistema financiero de operaciones de determinadas personas, que pudiera parecer que están realizando operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dicho esto, ahora me tocaría explicar el por qué participa la Unidad de Inteligencia Financiera en un proceso que al final pareciera ser un fraude por parte de una institución financiera a una cantidad importante de ahorradores.
En principio es, en primer lugar, por la detección oportuna de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de una operación reiterada entre la institución financiera Ficrea Sofipo y otra no regulada, que es Leadman Trade. Esa actividad ya irregular detectada por la Comisión Nacional Bancaria le fue informada a la Unidad de Inteligencia Financiera, particularmente para que dentro de sus facultades pudiera observar o analizar si en el origen de los recursos pudiere haber operaciones con algún origen ilícito.
Derivado del análisis que se hizo –y digo– entiendo que la temporalidad es importante, la información y las comunicaciones primordiales en este caso entre ambas instituciones se dieron a mediados del mes de junio, supongo derivado de las casi ya conclusión de la visita que realiza la Comisión Nacional Bancaria, cuyo presidente acaba de informar, y a partir de entonces hacemos un análisis con la información que tenemos.
Quiero ser puntual en esto, la información recibida por las instituciones financieras. No solicitamos ningún estado de cuenta bancario, no le pedimos a ninguna institución financiera mayor información, precisamente, para mantener con la mayor secrecía posible nuestra participación en este proceso.
En ese sentido, la intención inicial de conocer el origen de los recursos, detectamos conforme a las herramientas que tenemos, no tanto el origen de los recursos porque no había la información suficiente ni se le entregó a la institución financiera, al órgano regulador, en este caso la Comisión Nacional Bancaria ni la teníamos en las bases de datos, pero lo que sí se detectó en este proceso de análisis de alrededor de 32 personas involucradas entre físicas y morales, fue una cantidad importante de transferencias internacionales.
Particularmente la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera conociera transferencias internacionales se da a partir del mes de julio de 2013, antes no tenía esa capacidad la Unidad.
Al detectar una cantidad importante de transferencias internacionales realizadas por las compañías Baus y Leadman a dos países particulares en el extranjero, nos dimos a la tarea de analizar si existía alguna razón que justificara que el dinero proveniente, que ya sabíamos, de una institución financiera pudiera ser transferido por algún motivo, probablemente inversiones, a otros países.
Para ello, solicitamos la colaboración, en términos de los convenios de los organismos internacionales de los que formamos parte, de las instancias similares a la nuestra, en aquellos países.
Y detectamos, derivado de esa información, insisto, es información de Inteligencia que no tiene, hasta que se documente, valor probatorio en un proceso, que parte de esas transferencias internacionales eran dirigidas a realizar operaciones inmobiliarias en el extranjero.
Al detectar que había operaciones inmobiliarias en el extranjero con esos recursos, los analistas consideraron que no había una razón justificada, a final de cuentas, para que el dinero proveniente de la captación generara en adquisiciones inmobiliarias en el extranjero, y eso se le comunicó, por supuesto, de forma coordinada a diversas instancias, particularmente en la Comisión Nacional bancaria y en su momento a la Procuraduría General de la República.
Este análisis del destino de los recursos nos permitió, uno, detectar que efectivamente la operación irregular tenía la motivación, al parecer, de quitar el patrimonio que existía en Ficrea y trasladarlo en beneficio de otras personas no relacionadas con los ahorradores.
Y en segundo lugar, la necesidad de actuar de forma inmediata y contundente como lo hizo en su momento la Comisión Nacional Bancaria.
Al detectar que se realizaron transferencias internacionales para adquirir, entre otras cosas, inmuebles en el extranjero, la Unidad de Inteligencia Financiera consideró que esa actividad concreta podía colmar los elementos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.
Y la ilicitú de aquellos recursos no es que provengan de una actividad ilícita primigenia, sino que en realidad la ilicitú se da por la actividad irregular financiera. Es decir, en resumen, captar recursos, de esos recursos desviarlos para la finalidad originaria de la institución financiera y ese desvío constituye la irregularidad, que a final de cuentas pretende ocultarse los recursos ya con la operación inmobiliaria en el país y en el extranjero.
Al recibir esa información, la Procuraduría General de la República por virtud de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera, y la Comisión Nacional Bancaria, ya coordinadas todas las instituciones, cuando la Comisión Nacional Bancaria determina hacer la intervención, la Procuraduría General de la República, en auxilio a esa institución determina realizar el aseguramiento, insisto, que fue muy importante, de las empresas Leadman y Baus, que son las que recibían la mayor parte de los recursos por parte de la institución financiera Ficrea.
Una vez que se realiza el aseguramiento de esas empresas, que se realiza la intervención por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se detecta ya, al conocer la información contable que dan las empresas, que existe precisamente el fraude y el faltante de los recursos a los que ha hecho referencia el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Básicamente ésa fue, digamos, la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera hasta antes de la intervención.
Lo que sigue, que creo yo, lo más importante y la razón primordial de la petición de los legisladores y del Congreso de conocer qué podemos hacer en beneficio de los ahorradores que fueron engañados en esta actividad de estos señores de la Sociedad financiera popular.
Y para nosotros es muy importante, uno, dejar en claro que la actuación coordinada, tanto de la Comisión Nacional Bancaria como de la Procuraduría General de la República permitió conservar una cantidad importante de activos que se encontraban en entidades no reguladas por el supervisor financiero.
Es decir, Leadman y Baus son, Leadman propietario de una cartera de crédito importante, y Baus y Leadman propietarios de diversos inmuebles en el país y en el extranjero.
Obtener esos inmuebles que es, digamos, el proceso que ahora se está haciendo por parte de las autoridades de la Procuraduría General de la República, obtener esos activos, tratar de conjuntar todos esos activos y destinarlos, precisamente, para restaurar el daño causado a las víctimas del delito, es lo que creo yo lo más importante.
Y para la Unidad de Inteligencia Financiera, en ese proceso, es igual de importante identificar, precisamente, a las víctimas del delito. Particularmente la legislación en materia de víctimas de delito lo permite, particularmente aquellos que tienen las condiciones más vulnerables.
Tenemos, por supuesto, pensionados, tenemos adultos mayores, tenemos gente que ya se vio beneficiada con el seguro, pero todavía mucha gente que tiene un ahorro mayor al que puede recibir del seguro, pero que los activos que han sido recuperados por la intervención de las autoridades pueden ayudar mucho a proteger y a restaurar el daño causado primordialmente, insisto, a quienes se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad.
Y creo que esta reunión de trabajo nos va a permitir mucho encontrar y acercar ese camino, claro, por supuesto en el marco de la ley con la intervención que a cada una de las autoridades la ley nos permite.
Señores legisladores, básicamente sería el marco introductorio y estamos a sus órdenes para cualquier cuestión. Muchas gracias.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias, maestro.
Esta Presidencia quiere reconocer el interés de muchos legisladores, más allá de quienes integramos esta Tercera Comisión. Inclusive, apreciar su profesionalismo, como es el caso del diputado Belaunzarán, para el cumplimiento del Reglamento, y con la certeza de que sus inquietudes están traducidas en las intervenciones de todos los compañeros que harán uso del micrófono en esta ocasión.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Siguiendo en ese sentido, podríamos pedirle al senador Juan Gerardo Flores Ramírez, perdón, pueda iniciar con su intervención para el posicionamiento del Partido Verde Ecologista de México.
El senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, a nombre del Partido Verde quiero agradecer la presencia del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del presidente de la Condusef y del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que hoy han hecho una amplia exposición sobre este importante tema, que sin duda preocupa a todos los que estamos aquí presentes y estoy seguro que a muchos otros compañeros legisladores.
Quiero empezar por hacer referencia a la amplia exposición que hizo el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre este particular tema que sin duda y quiero empezar por la parte o la conclusión de la intervención del licenciado González Aguadé que tiene que ver con su disposición para que juntos podamos revisar el marco legal que regula la actividad de este tipo de instituciones, porque no hay ninguna duda que el hecho de que estemos hoy sentados aquí hablando de este tema implica que hay deficiencias en el marco legal, que merecen ser atendidas y que deben ser atendidas a la brevedad.
Porque es un problema que hoy se presentó en una caja de ahorro relativamente pequeña, pero hay otras cajas de ahorro importantes en nuestro país, que nosotros como legisladores debemos procurar que el marco legal expulse esas deficiencias que se han detectado.
Un problema como éste no es un problema exclusivo de México, es un problema que ya se ha presentado en otros países, es un problema que incluso en Estados Unidos, si mal no recuerdo se presentó a principios de la década de los ochenta. Posteriormente, tenemos un caso mucho más reciente de un inversionista o de un dueño de una institución financiera en Estados Unidos, que ustedes recordarán que es Bernard Madoff, que también engañó a miles de inversionistas en ese país provocando pérdidas cuantiosas de miles de millones de dólares a un número importante de inversionistas que habían confiado en su proyecto.
De hecho ese caso emblemático, por ejemplo, es un caso en el que esta actividad fraudulenta se llevó a cabo a lo largo de un periodo de cerca de dos décadas, en que las autoridades reguladoras de ese país hubieran podido detectar los problemas en el que se estaban viendo involucrados los inversionistas que habían depositado la confianza con esta persona que hoy, en el caso de Estados Unidos, afortunadamente está en la cárcel.
Espero que en el caso de México, en el caso de Ficrea, la procuración de justicia sea oportuna para que sea sancionada tanto esta persona que es el dueño de la caja de ahorro, como todos aquellos que hayan sido cómplices con él en esta actuación fraudulenta.
Estamos sin duda ante un problema que tiene que ver con el dolo y la mala fe. Es un problema que tiene que ver, lo que los economistas llamamos, con asimetría de la información, que es un problema que obliga a ser creativos para poder orillar a estas gentes que tienden a comportarse de esta manera irregular para que revelen sus conductas irregulares o sus conductas ilegales de manera tal que el marco legal y las autoridades correspondientes puedan atajar de golpe este tipo de problemas.
Creo que en el Congreso de la Unión a raíz de este problema podemos trabajar de la mano todos para corregir las deficiencias. Confío en que una vez que logremos estos cambios a la ley, que tienen que ver por un lado con el monto de los seguros, del seguro de depósito del que gozarán o que gozan los inversionistas en este tipo de cajas, tiene que ser revisado.
Tenemos que ver de qué manera les damos mejores facultades a las instituciones para que puedan llevar a cabo su papel de manera más oportuna y que, además, tengan herramientas para sancionar de manera más eficaz este tipo de agentes para que se inhiba este tipo de prácticas.
Me llamó mucho la atención en la presentación de Mario di Costanzo, en el tema de Conducef, cómo nos hablaba al inicio de 26 procedimientos de sanción por el caso de los contratos de adhesión y que esos procedimientos de sanción representaban en total una suma de 2.74 millones de pesos. Me parece que es una suma bastante baja para el tipo de problemas que estamos enfrentando, creo que es una de las cosas que tenemos que revisar. Hay que revisar a la alza los montos de las sanciones.
Hay que revisar también las facultades de la Conducef, para que también pueda actuar de manera más eficaz en beneficio de los ahorradores.
En suma, me parece que es oportuna esta reunión. Celebro que estemos hoy aquí y en mis siguientes intervenciones haré algunos comentarios adicionales sobre el tema. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, senador.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: A continuación le pediría a la senadora Dolores Padierna que pudiera hacer uso de su intervención.
La senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, presidenta. En primer lugar, decir que el caso de Ficrea es un claro ejemplo de la falta de regulación y de supervisión que se ha demostrado una y otra vez que carecen las instituciones del sistema financiero mexicano. No hay una capacidad preventiva para evitar los fraudes de los intermediaros financieros, solo se reacciona ante fraudes consumados.
Nuestras autoridades encargadas de la supervisión son bomberos apagafuegos, pero de incendios que provocan las propias autoridades con su negligencia o tal vez con su connivencia. La consecuencia de ello es trasladar los costos de los incendios provocados por ellos a los contribuyentes y que el daño enorme que sufren los ahorradores también se quede en total impunidad.
Nosotros, en el PRD, no compartimos la idea de que el fraude en Ficrea quede impune o que se conforme la gente con recibir 131 mil pesos de dinero público que pagarán los contribuyentes como seguro de depósito. Ésa no puede ser la solución.
Los verdaderos responsables del fraude en Ficrea son los reguladores y los supervisores del sistema financiero mexicano, muy especialmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que conforme a la ley le corresponde detectar de manera oportuna este tipo de anomalías.
También hay que señalar que no se investigó cuál era la fuente del pago de las tasas de interés de dos dígitos que estaba pagando este organismo, en pleno estancamiento económico y muy por encima de las tasas de interés del resto del sistema bancario. No investigó el crecimiento inusitado de activos dudosos a través de empresas no financieras y se les permitió esta triangulación a lo largo de mucho tiempo.
Tampoco se dieron cuenta que Rafael Olvera Amezcua, dueño de Ficrea, en su mayor parte, aunque la PGR ya lo tenía investigado, de todas maneras le permitieron seguir funcionando a Ficrea.
Y las autoridades detectan todo hasta diciembre de 2014 o marzo de 2014. Pero en marzo de 2014 que se detectan los problemas, es cuando comienza Ficrea una intensa campaña de promoción; contratan a 600 personas, promotores, enganchadores de nuevos ahorradores.
Es de marzo a septiembre que empieza a buscarse intensamente nuevos ahorradores engañados, colocan módulos en los supermercados, lanzan promocionales, todo para lograr una captación de nuevos ahorradores.
¿Por qué la Comisión Nacional Bancaria y de Valores permitió que si ellos desde marzo, al menos desde marzo 2014, sabían quién era y cómo funcionaba Ficrea, por qué les permitieron que hicieran una intensa campaña para lograr nuevos ahorradores?
Más grave todavía es que no sólo no lo evitaran sino que hasta lo facilitaron, facilitaron la huida del accionista mayoritario en un 91 por ciento, Rafael Olvera, que no es creíble que un monto tan grande haya pasado desapercibido para las autoridades que supuestamente estaban supervisando en forma especial a esta financiera.
La Comisión Nacional Bancaria señaló que lograron la recuperación de algunos activos, etcétera.
Pero quisiera señalar que toda la actividad que hoy nos están señalando las autoridades aquí presentes, fue tardía.
Y me pregunto, apareció en la prensa que Rafael Antonio Olvera Amezcua estuvo en la cárcel en 2011 acusado por fraude cometido al Banco Interacciones.
Cómo alguien que estuvo en la cárcel por fraude a un banco, se le dio permiso de operar una institución financiera. Ahora, si se le dio permiso de operar una institución financiera, debió habérsele tenido bajo microscopio. Y lejos de ello se le dio alta permisibilidad para actuar con total impunidad, estar engañando a los ahorradores.
Cómo es posible que en cinco años nadie, ninguna autoridad se diera cuenta que Ficrea operaba en forma fraudulenta y que en este fraude de Ficrea, las autoridades actuaran ex post y no en forma preventiva como les obliga la ley.
Y nos dimos por enterados por el periódico El Universal, el 5 de enero, que la Unidad de Inteligencia Financiera aparecía ahí alguien hablando con una de las empresas relacionadas de Antonio Olvera, con Jackman, un funcionario, Ricardo Tinoco Ortega, director general de Jackman, una de las empresas involucradas en este fraude, hablaba con alguien que la grabación, la conversación sugiere que es de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y por eso está aquí su titular. Yo le pediría a su titular la información que da, pero sobre todo preguntarle si la Unidad de Inteligencia Financiera: si tiene facultades desde 2013 para detectar los recursos triangulados de manera dudosa o recursos con operaciones de procedencia ilícita, por qué fue hasta 2014 cuando detectó las irregularidades. Usted no dijo la fecha: cuándo las detectó y durante qué tiempo las investigó y cuándo avisó de estos hallazgos a las autoridades correspondientes.
Se supone que hay una intervención gerencial –así se anunció en los medios de comunicación– y que la intervención gerencial sería rápida y eficaz y que los interventores –pagados con recursos públicos y que son carísimos–iban a garantizar la viabilidad de Ficrea y que la banca de desarrollo monetizaría toda la cartera para regresar de inmediato el dinero a los ahorradores.
Este plan que aquí se informa que lo propuso el subsecretario de hacienda Fernando Aportela, me parece el más adecuado; no lo que están proponiendo aquí las autoridades.
Se tiene que monetizar a los ahorradores; desde luego hacer uso del seguro, y regresarles su dinero al 100 por ciento. No se vale que ahora nada de lo que se informó ocurrió. Hasta el 19 de diciembre, la comisión bancaria ordena la liquidación de Ficrea y argumenta que encontraron un desvío de dos mil 700 millones e informa que, con los ahorros del público al interior de Ficrea, se compraron bienes inmuebles, autos de lujo, viajes, yates, un vida de rey con dinero ajeno y hasta después se dio cuenta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en la reforma financiera aprobada sin cambiarle ni una coma en el Senado para que se le dieran facultades extraordinarias a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nos salga con que no vio nada sino hasta después.
No admitimos como válida esta campaña que estuvo haciendo Ficrea para aumentar sus captadores de ahorro porque Ficrea desde un principio se caracterizó por ser una pirámide donde depende de nuevos ahorradores para seguir pagando y no depende de su salud financiera para seguir operando, y esto debió haberlo encontrado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Hay evidencias de esta triangulación de recursos desde 2011, con Leadman Trade y, según los reportes de la calificadora H.R. Ratings y el auditor externo, desde 2011 existía esta triangulación de recursos de Ficrea hacia Leadman Trade y la autoridad no lo detectó sino hasta tres o cinco años después. Incluso el propio presidente de la comisión bancaria.
Para ahorrar tiempo haría ya dos propuestas:
Uno, una exigencia de que se preserve el patrimonio de los ahorradores, se les pague a la brevedad posible todo su ahorro, que la evaluación de transferencia de la cartera se haga en forma transparente eliminando el conflicto de intereses, que se dé a conocer al detalle todos los activos, valores de la cartera crediticia, incluida la de los inmuebles que están en el extranjero; y que el proceso se haga con toda transparencia, se dé cumplimiento a la orden de aprehensión de Rafael Olvera, que lo han visto por allá en Estados Unidos, pero no sólo a él, hay un tesorero de Ficrea que hacía las transferencias de Ficrea a Leadman Trade. Cómo el tesorero de Ficrea va a quedar en la impunidad, o cómo el consejo de administración que autorizó esta triangulación de recursos va a quedar en total impunidad.
Y también que los supervisores financieros, principalmente el titular de la CNBV, el vicepresidente de supervisión preventiva, no sé cómo se llame, pero en el organigrama que se aprobó en la reforma financiera se le dan potestades...
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Senadora, perdón, me permitiría pedirle que fuéramos concluyendo.
La senadora Dolores Padierna Luna: Concluyo diciendo que no se debe de admitir ninguna impunidad, que groso modo hicimos una evaluación de los activos y alcanza, perfectamente para regresarle su dinero a los ahorradores. Gracias.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Le pediría al senador Javier Lozano Alarcón, del Partido Acción Nacional, hiciera uso del posicionamiento del grupo.
El senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias senadora presidenta. Buenos días a todos, sean bienvenidos señores servidores públicos, titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Condusef, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a esta que es una reunión de trabajo, no es una comparecencia.
Hago este énfasis porque de lo que se trata es de que habiéndoles escuchado y teniendo este intercambio, podamos encontrar una salida al problema, no solamente esta suerte de sentarlos en un banquillo de los acusados, atacarlos, acusarlos, denunciarlos y salir con las manos vacías.
Particularmente a don Mario di Costanzo le quiero decir que en esta reunión de trabajo usted va a poder constatar cómo sí se puede ser de oposición sin ser un majadero, tratar a la gente con respeto, a los servidores públicos por su investidura y encontrar soluciones que sean productivas para quienes están esperando de nosotros una solución y una atención, y es esa precisamente la posición del Partido Acción Nacional.
Miren, podemos pasarnos horas tratando de indagar qué pasó, cómo pasó y el nivel de responsabilidad que tienen unos y otros. Es evidente que hubo un fraude monumental aquí, es evidente que tenemos responsables señalados porque son los que manejaban esta empresa o este grupo de empresas y que tienen que ser puestos a disposición de las autoridades y encarcelarlos por criminales.
Es evidente también que por más que se defienda a las autoridades, que también es lógico que vengan a defender su trabajo, no se puede esperar otra cosa es evidente también que hubo una acción o reacción tardía de las autoridades y que puede verse esto como un vaso medio lleno o medio vacío.
Evitamos males mayores, pues probablemente sí, es más, seguramente sí, pero probablemente también se pudieron haber evitado los malos que hoy se reportan. Entonces, yo lo que diría, es que nosotros como legisladores aquí estamos, en este equilibrio entre poderes, sí para pedirles cuentas, sí para que ustedes nos den una información.
Pero también tenemos una gran parte de responsabilidad en cuanto a las leyes que estamos dictando y tenemos una responsabilidad hoy en cuanto a la forma en que podemos modificar o adicionar la legislación vigente. Eso sí está en nuestras manos, porque también es injusto pedirle a las autoridades que tengan una actuación so pretexto de un ánimo justiciero que sea al margen de la ley.
En Acción Nacional nunca les vamos a pedir que actúen al margen de lo que las facultades de las distintas –bueno, la Constitución y las leyes les otorgan a ustedes respectivamente. Entonces, si ustedes están llegando al límite de sus capacidades y posibilidades porque la ley prevé un seguro de depósito de hasta 25 mil UDIS, no podemos exigirles que vayan más allá porque es violar la ley. Ah, que sí podemos exigirles, oigan, recuperen el mayor número de activos, monetícenlo a la brevedad y compleméntenle a los ahorradores inversionistas lo que les falte.
En ese sentido también quiero reconocer la actuación del diputado Belaunzarán aquí presente, que aunque no es miembro de nuestra comisión lamento mucho que no pueda tener una intervención en esta reunión porque ha sido muy activo y muy responsable con el tema.
Él me invitó, tuve la oportunidad de reunirme con un grupo de representantes de los ahorradores en Ficrea y tenemos –más allá de los partidos políticos a los que pertenecemos– la misma intención de encontrar una salida en esta reunión de trabajo, que de aquí salgamos con un buen acuerdo y en ese sentido lo que quiero es plantear lo siguiente: una propuesta que nos lleve a atender el tema en tres vertientes.
1. Preventivo, para que no tengamos estos casos en el futuro, o sea, modificando la ley obviamente para darle mejores instrumentos de supervisión y vigilancia, acción y sanción a las autoridades.
2. Correctivo, para castigar como merecen a estos y a los futuros defraudadores que están confiando sus ahorros e inversiones al sistema financiero mexicano.
3. El resarcimiento, que es lo que más le importa a los ahorradores que nos están viendo, nos están siguiendo y están esperanzados en una actuación de nuestra parte. Y ese resarcimiento creo que se puede dar de la siguiente manera:
Que –en un grupo de trabajo tripartito, entre ahorradores, autoridades y legisladores– destinemos el resto del mes de enero para encontrar una muy buena reforma a la ley, a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que nos permita varias cosas:
1. Elevar el monto del seguro de depósito, porque estaba en 25 mil UIDS, pero claramente hay un margen para poder elevarlo, y con eso cubrir un universo mayor al 42 por ciento, que es el que abarcaríamos con los 25 mil UDIS vigentes. Entonces, pensemos, 50 mil, 60 mil, no lo sé.
2. Que los bienes, bueno, ya sea dinero, bienes muebles, inmuebles, todo los recursos que se puedan y activos que se puedan rescatar de este grupo de empresas o personas vayan directamente al fideicomiso que para tal efecto se ha creado o se creé y que de inmediato se proceda a su liquidación y monetización.
Y, entonces, a los que les haya faltado el complemento para cubrir sus 100 por ciento entonces que se utilicen estos activos así monetizados para complementar el 100 por ciento de sus depósitos o inversiones.
3. Que, en lugar de hacerlo de manera proporcional o alícuota –porque lo que no queremos tampoco en Acción Nacional es premiar a los inversionistas institucionales que irresponsablemente pusieron su dinero aquí a sabiendas de que no se podía, y me estoy refiriendo a los Tribunales Superiores de Justicia del Distrito Federal y del estado de Coahuila, porque hasta donde entiendo el artículo 36 de la ley dice: Ficrea era una sociedad financiera popular de nivel operación 1, y para poder recibir ese tipo de depósitos o inversiones se tenía que ser nivel 3 o 4 y con autorización previa de la bancaria.
Entonces, tampoco vamos a premiar a esos irresponsables, pero si, si en lugar de dar ese dinero monetizado en la parte alícuota de los inversionistas o depositantes, vamos de abajo hacia arriba, los más vulnerables como aquí se dijo, los que de buena fe con montos menores depositaron el dinero creyendo en esta institución, vamos empezando con ellos y vamos agotando así el 100 por ciento de todos ellos hasta donde den estos activos.
Decía hace un momento quien me precedió en el uso de la palabra, la senadora Padierna, que no es justo que los contribuyentes paguemos estos. Miren, lo que hay que hacer es precisamente recuperar el mayor número de activos de estas empresas, para que con eso precisamente se haga la compensación correspondiente y no seamos los contribuyentes los que terminemos pagando pato.
Pero claramente los ahorradores también aquí confiaron en el Sistema Financiero Mexicano, y les tenemos que dar una salida. Entonces, con esto simplemente termino con dos aclaraciones.
Primero como dijimos, que bueno que aquí se aclaró por parte de Mario di Costanzo, que el hecho de que reciban su seguro de depósito los ahorradores, no significa que han renunciado a ejercer otro tipo de derechos o acciones legales, o a que sean beneficiarios de los recursos monetizados que se rescaten de parte de estas empresas. Qué bueno que se aclara con todas sus letras. Yo nunca he tenido la duda, pero que bueno que aquí se hace esa aclaración.
Y segundo, insisto, no estaríamos de acuerdo tampoco en que se les cubra a los inversionistas institucionales, que a sabiendas de que no podían poner su dinero ahí, ahora seamos nosotros los que vamos y les vamos a salvar la cara.
Dicho lo anterior concluyo diciendo. Primero, lamentamos este muy penoso caso, este escandaloso caso de fraude. Segundo, si reprobamos la tardía actuación de las autoridades. Tercero, si exigimos el castigo a los responsables de este fraude y a quienes por acción u omisión tuvieron algo que ver con ello. Y cuarto, proponemos entonces una reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, para efectos de prevenir casos como estos en el futuro. Resarcirles al 100 por ciento a los inversionistas de buena fe que depositaron su dinero en Ficrea. Y tercero, castigar a los responsables. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias señor senador. Seguramente en las reuniones de trabajo subsecuentes habrá muchas coincidencias con las propuestas que aquí usted ha vertido por todos los grupos.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: A continuación le pediría al senador Ricardo Urzúa, haga uso de la intervención por parte del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Ricardo Urzúa Rivera: Muchas gracias, senadora presidenta. Bienvenidos a esta reunión de trabajo. Muy buenos días a todos. En el Grupo parlamentario del PRI, reprobamos el fraude cometido en contra de los ahorradores que resultaron afectados por la ilicitud de los servicios de la sociedad financiera Ficrea.
Sin embargo, esto no debe ser utilizado para pretender generar desestabilización en el Sistema Financiero Mexicano, en virtud que desde el Congreso de la Unión, hemos fortalecido el marco jurídico para la regulación de estas sociedades.
Sabemos que Ficrea constantemente ocultaba y alteraba información, complicando el trabajo de las autoridades financieras. No obstante a ello, hasta el momento dichas autoridades han actuado con objetividad, responsabilidad y legalidad.
No se tomaron decisiones irresponsables, tenemos conocimiento que antes de la intervención se contrató un auditor externo para llevar a cabo un estudio técnico, a través del cual se determinó la disolución y liquidación de la sociedad. Acciones que han sido complementadas con la presentación de denuncias penales.
En otras acciones, destaca lo aunado a las averiguaciones que se encuentran en curso. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer que a partir del 2 enero de 2015, se iniciaron los pagos procedentes, y que hasta el día 15 del mismo mes se habían recibido 3 mil 516 solicitudes para ser susceptibles del seguro de depósito al cual tienen derecho los ahorradores afectados. Lo que representaba el 51 por ciento del total de ahorradores registrados en la sociedad financiera popular.
Lo anterior deja de manifiesto que con transparencia y estricto apego a derecho se está trabajando para resolver esta problemática. Prueba de ello es que en esta soberanía se encuentran presentes representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Bajo esta tesitura, si bien reconocemos el profesionalismo y empatía que ha imperado en el desarrollo de las investigaciones, el Grupo Parlamentario del PRI hacemos un respetuoso, pero enérgico llamado para que las autoridades competentes lleguen a la verdad histórica de los hechos, para que estos no queden en la impunidad y se aplique puntualmente la ley.
Desde el inicio de la presente Legislatura y con el firme objetivo de terminar con las prácticas abusivas en quebranto de las familias mexicanas, en el seno del Congreso de la Unión hemos realizado importantes esfuerzos para fortalecer el marco jurídico que regula las cajas de ahorro en nuestro país.
A diferencia del pasado, hoy contamos con un marco más sólido, hoy se cuentan garantizados los derechos de los ahorradores, existen sanciones ejemplares a quienes llevan a cabo este tipo de conductas.
Producto de las reformas aprobadas en el Congreso de la Unión, es obligatorio que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se encuentren debida y plenamente registradas ante las autoridades competentes, para dar certeza jurídica a los socios de que su dinero estará seguro y rindiendo los beneficios prometidos.
Se han fortalecido las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que apoye a las llamadas cooperativas de ahorro en su correcta incorporación al sector financiero, para que se sujeten a las normas y funcionen correctamente. Ahora los ahorradores de las sofipos cuentan con un seguro de depósito para que no pierdan todo su patrimonio.
En síntesis, contamos con una legislación que responde a las exigencias actuales y que aumenta los controles y evaluaciones de estas instituciones para que ya no operen en la ilegalidad. Por ello estamos convencidos que los hechos serán juzgados debidamente.
Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del PRI tenemos presente, hoy más que nunca, que el sector de ahorro y crédito popular requiere de estrictos mecanismos de control y vigilancia, que permitan inhibir irregularidades y conductas que incumplan la normatividad. De ahí la importancia de las acciones hasta ahora emprendidas.
Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI solicitamos a las autoridades financieras que realicen una investigación pronta, expedita y transparente, estableciendo sanciones ejemplares a los responsables que han defraudado a las miles de familias mexicanas, procurando en todo momento tengan como eje central la restitución del patrimonio de los ahorradores. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias, señor senador.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Vamos a desahogar la primera ronda de preguntas y respuestas. Si bien esta Presidencia ha sido tolerante en los espacios del tiempo, les ruego que ojalá y nos pudiéramos ir concretando al acuerdo previamente establecido. Para este propósito, tiene la palabra el senador Juan Gerardo Flores, del Partido Verde Ecologista de México.
El senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, presidenta. Yo quisiera hacer unas preguntas muy concretas, sobre todo, porque yo entiendo la preocupación de varios de mis colegas en el sentido de que, desde su punto de vista, habría una actuación tardía de las autoridades.
Se trata, sin duda, de un tema que a todos nos gustaría que las autoridades pudieran reaccionar de manera expedita, sin embargo, muchas veces el marco legal y las facultades que ellos tienen no les permiten actuar con la rapidez que todos quisiéramos.
Entonces, yo retomando algunos de los comentarios que han hecho mis colegas, creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer ahora en el Congreso, a partir de este aprendizaje de lo ocurrido con Ficrea.
En ese sentido, yo le preguntaría al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por ejemplo, llevándolo a la experiencia internacional, que en casos similares como éste que son denominados o al que yo me referí, como el de Bernard Madoff en Estados Unidos, que son llamados esquemas Ponzi, ¿cuánto tiempo les tomó, por ejemplo, a las autoridades de ese país o de otros países donde se hayan presentado casos como éste, encontrar o detectar un problema como éste? Y, ¿cuánto tiempo les llevó también resolverlo, restituyéndole a los ahorradores, en la medida de lo posible, la totalidad de los ahorros que habían depositado en estas instituciones?
Si nos pudiera también explicar con un poco más de detalle, ¿cómo funcionaba u operaba el mecanismo de fraude, orquestado por el señor Olvera y sus cómplices en Ficrea? Ésas serían mis preguntas para esta parte.
Y sólo me gustaría agregar un comentario en el sentido de algo que también se mencionó en esta mesa hace un momento, de que sólo se reacciona ante fraudes consumados. Me parece que sí, efectivamente, cuando hay un fraude consumado las autoridades reaccionan.
Yo no estoy de acuerdo con que se quiera señalar o se quiera afirmar que estos fraudes ocurren con la convivencia de las autoridades. Si ocurren es porque quienes los orquestan o los diseñan han encontrado huecos en el marco legal que les dan la oportunidad de actuar de manera dolosa y de mala fe en contra de las personas que depositaron su confianza en ellos.
Entonces, es un problema institucional y de diseño al marco legal. Yo no estoy de acuerdo en que se afirme en que las autoridades se coluden con este tipo de personas. Es simplemente un problema de diseño que tenemos que corregir desde el Congreso. Es cuanto, presidenta.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, señor senador.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Tiene la palabra el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El presidente Jaime González Aguadé: Muchas gracias, senador Flores. Efectivamente, estos esquemas de fraude, estos esquemas piramidales tienen una vida propia, como yo señalaba en mi intervención, en la medida en que a través de la propia captación siguen pagando los ahorradores es que entonces siguen subsistiendo.
En este caso de Madoff que ya señalaba usted, no lo detectaron las autoridades de Estados Unidos y nada más duró 18 años. Durante todo ese plazo, las autoridades supervisaron, revisaron, vieron lo que hacía Madoff y no detectaron, porque igual que éste caso, los fraudes están hechos para que no lo pueda detectar la autoridad.
No es como si entras a una recamara cuando entras a la supervisión y veas todo tirado, al revés. Y sobre todo cuando son fraudes es que está todo perfectamente bien organizado, es lo que le enseñan a la autoridad y entonces es que se pueden dar estos esquemas de manera prolongada.
El caso Madoff duró 18 años y costó cerca de 60 mil millones de dólares el daño a las personas. Y no lo detectaron sino que dejaron de poder hacer frente a los recursos de los depositantes. En el caso de Stanford, ése sí lo detectaron, nada más duró ése 20 años.
Entonces, los mecanismos de defraudación están hechos en ese sentido, cuando actúa responsablemente la autoridad, se detienen antes de que dejen de pagarles a los ahorradores, cuando no se pueden detectar, una vez que no fue el caso de México, una vez que dejan de ser sostenibles en sí mismo.
¿Cómo funcionaba este esquema? Como señalaba yo, les hacían firmar dos créditos o dos adeudos a los clientes de Ficrea. Uno en Ficrea y otro en Leadman. Y además, les hacían firmar una carta donde se mandaban todos los recursos a Leadman, de donde entonces ya tenían en uso en una empresa no regulada por la Comisión. Leadman es una SA que otorgaba arrendamientos de los recursos. Y además, les decían que el crédito en Ficrea y les entregaban una carta, era nada más un trámite administrativo ante la Comisión.
Entonces, no solamente el fraude está en los depositantes, sino que hoy tenemos a cerca de 700 acreditados que tienen dos adeudos y nada más recibieron una vez ese flujo. Un adeudo en Leadman y un adeudo en Ficrea. Que es otra cosa que se tendrá también que atender porque, como señalaban, estamos todos nosotros interesados en recuperar el mayor recurso para los ahorradores, pero también hay que atender la parte de los créditos que fueron sujetos de este fraude. Muchas gracias, senador.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Adelante, senador, para su derecho de réplica.
El senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Sí, muchas gracias presidente. Me parece que se trata, como ya lo he señalado en mis intervenciones, de un tema que desafortunadamente es complicado de atacar, porque no solo se presenta en México, se ha presentado en otros países. Y lamentablemente, es inherente a la naturaleza humana de gente que cuando detecta huecos en el marco legal, pues actúa para su beneficio y en perjuicio de la gente que depositó su confianza en ellos.
Yo solo quisiera aprovechar este espacio para retomar lo que dijo mi colega, el senador Lozano, que creo que aquí lo que corresponde es que lejos de que empecemos a señalar culpables o queramos salir de aquí con nombres de gente responsable a la que hay que sentar en un banquillo de acusados, lo que tenemos que hacer es resolver el problema que tenemos hoy de los ahorradores, y tenemos que resolverlo también, sobre todo de la masa más importante de ahorradores. Se trata de un número importante de ahorradores, pero también hemos podido conocer de algunos casos que lamentablemente, para ellos este problema se vino a presentar porque los exhibe y revela, no solo el caso de los ahorradores institucionales sino de algunos otros casos de ahorradores que vieron en este tipo de institución financiera una oportunidad para depositar sus ahorros sin estar sujetos a una supervisión más rígida en otro tipo de instituciones bancarias.
Yo creo que esta situación de Ficrea nos ha dado muchos puntos de aprendizaje, tanto a las autoridades como al Congreso de la Unión.
Entonces, yo lo que quiero es retomar las palabras del senador Lozano para destacar lo importante que es, más bien, trabajar hacia adelante. Trabajar obviamente para restituir los ahorros en la medida de lo posible, a todos los que se pueda y empezar a trabajar en la corrección del marco legal y del diseño institucional. Es cuanto, presidenta.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, senador.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: A continuación le pediría a la diputada Jessica Salazar Trejo, pudiera hacer uso de la palabra para la pregunta que corresponde al Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Jessica Salazar Trejo: Con su permiso, señora presidenta; compañeros legisladores. La primera pregunta va para el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y tomando en cuenta que nuestro partido va a ser muy concreto en todas las preguntas que se lleven a cabo.
Ficrea se formó desde el 2008 y desde inicio ya se tenía la relación con Leadman, siendo el dueño Olvera, y que no puede hacer transacciones ya que por ley no lo permite, y que es el dueño del mismo Olvera. ¿Por qué hasta el 2014 se dieron cuenta de dicha relación, si desde el 2012 la calificadora Ratings había establecido que el principal socio de Ficrea era Leadman y que se encuentra publicada en la págína de la Bolsa Mexicana de Valores?
Ahora, ¿por qué se tomó la decisión tan drástica de la disolución y liquidación de Ficrea y no se llevaron a cabo otros mecanismos como es la fusión, la escisión y la venta? Ahora, se presume que no solo son las únicas instancias estatales como lo es el Distrito Federal y Coahuila las que son defraudadas. Ahora, ¿cuándo nos darán a conocer el padrón de ahorradores para que se pueda tener más claridad de estas instancias?
Ésta es para el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En el caso de la Condusef, ¿por qué permitieron que no se cumplieran los acuerdos que en sus oficinas se llevaron a cabo con los ahorradores y que cabe destacar que aún no se les han mostrado los estados financieros y flujos que desde el 12 de diciembre se comprometieron a mostrarle a dichos ahorradores?
Para Bazbaz. Queremos por favor que nos pueda proporcionar lo que se puede entender como la colusión de autoridades, ya que se hizo una transacción de 8 millones de euros a España en octubre. También, dos días antes se llevaron a cabo 470 millones de dólares y los pagarés que se llevaron a cabo del 6 al 7 de noviembre, que fueron 115 pagares en un solo día, de vencimiento de un día.
Ahora, ¿por qué giraron una orden de aprehensión, la cual tardaron dos meses, para Olvera? ¿Y dónde se encuentran los demás socios? Teniendo en cuenta que Olvera es solamente el secretario, ¿en dónde se encuentra el presidente, el tesorero, los consejeros? ¿En qué momento se van a girar órdenes de aprehensión para dichos funcionarios? Muchísimas gracias.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias a la diputada, por supuesto al diputado Belaunzarán por las interrogantes que nos ha formulado a través de la diputada Jessica Salazar.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Y le pediría entonces a los funcionarios, en el orden en que fueron mencionados, sus respuestas al respecto.
El presidente Jaime González Aguadé: Con mucho gusto, senadora presidenta. Señalar que, por supuesto que sabíamos que había esta relación con Leadman y con Ficrea. Pero como yo señalaba, todo está hecho para que no en la operación y en las visitas de inspección que veíamos no se pudiera detectar.
Sin embargo, es de señalarse que en las observaciones previas que hicimos a la Sociedad Financiera Popular le dijimos que estas operaciones que estaba realizando con Leadman no las podía hacer, fueron observadas por la comisión antes de 2014. Pero como muchas otras que le observó la comisión a la sociedad financiera popular Ficrea, les iba poniendo parches. Entonces, eso iba corrigiendo supuestamente esas observaciones.
Lo mismo ocurrió con depósitos que no se podían hacer en algún momento y me parece que fue para el estado de Coahuila, se le observó por la comisión que no podía hacer esos depósitos porque, como ya lo señalaba el senador Lozano, no era una Sofipo que tuviera ni la autorización ni el nivel para recibir depósitos de esas instituciones; sin embargo, iba creando condiciones para que no pudieran ser vistas por la comisión.
De hecho, en la base de datos de depositantes de Ficrea hoy no aparece ninguno de los que se han mencionado en esta mesa, se buscaron esquemas a través de los cuales irregularmente se llevaban a cabo los depósitos. De los que han señalado en la base de datos no aparece ni el Tribunal del Distrito Federal ni el estado de Coahuila como depositantes, lo hacen a través de otros esquemas que son ajenos a la ley y, por tanto, irregulares.
Entonces, nada más para reiterar, estas operaciones que señalaban que se llevaban a cabo en su momento fueron observadas por la comisión. Supuestamente se corrigieron por la institución y una vez que entramos y que intervenimos ya la instituciones nos dimos cuenta que esas correcciones habían sido nada más superficiales y que se seguían llevando a cabo por la institución. Muchas gracias.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Por favor, el licenciado Mario di Costanzo.
El presidente Mario Alberto di Costanzo Armenta: Aprovecho para reconocer y agradecer la postura del senador Lozano y decirle que si la comisión es invitada a estas mesas, con gusto estará en favor de la protección de los intereses de los servicios financieros.
En materia de por qué no se cumplieron los acuerdos quisiera comentar que en todo momento la Conducef ha inducido y ha procurado que estos acuerdos se vayan cumpliendo, que ha sido y seguirá siendo un espacio de diálogo para buscar los acuerdos entre las autoridades y los ahorradores.
La mejor prueba es que el diálogo no está cerrado y atenderemos con mucho gusto la invitación, si así somos convocados, del Poder Legislativo, del senador, de lo que se proponga como resultado de esta reunión.
En particular en el tema de los estados financieros, estaba publicado así el acuerdo en el Internet, que el 15 de diciembre los ahorradores se reunieron con el señor interventor para acordar el mecanismo de entrega de estos estados de cuenta y estados financieros. Éste fue el acuerdo.
Tengo entendido que la reunión se llevó a cabo y desde luego que si hay algún acuerdo que pueda complementarse o información que se pudiera complementar por parte de Conducef para esta mesa de trabajo que pudiera derivarse de aquí, estaremos pendientes de que la información que corresponde a Conducef se entregue a la brevedad posible.
La Presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: El maestro...
El jefe de unidad Alberto Bazbaz Sacal: Gracias, senadora. Diputada Salazar, efectivamente compartimos, creo que todos los que estamos aquí, senadora Padierna, el tema de que en este caso ni hubo impunidad ni habrá impunidad ni se perseguirá sólo a uno, y estamos seguros que no habrá sólo una orden de aprehensión.
Yo diría, la investigación criminal en realidad inicia con el proceso de intervención que realizó el órgano regulador.
La Procuraduría General de la República recibió la denuncia el día 17 de octubre, la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera, y simultáneamente a la intervención realizó los aseguramientos de diversas empresas y cuentas bancarias.
La orden de aprehensión a la que usted se refiere, no es sólo contra una persona e insisto, no será la única.
Creo que precisamente la actuación del órgano regulador y coordinado con el órgano de investigación, por ejemplo la Unidad de Inteligencia y particularmente la Procuraduría General de la República, no sólo deja en claro que no hay impunidad, sino insisto y más importante todavía, en esa primera fase logró la identificación y el aseguramiento de activos que seguramente serán utilizados en la forma en que la reunión de trabajo y las conclusiones que ahora veo que se están llegando nos lo va a permitir.
Y en ese sentido respecto de la colusión de servidores públicos, y aprovechando para también –senadora Padierna– dejar en claro la inquietud, la llamada telefónica a la que hace referencia, en donde no participa ningún funcionario, servidor público de la Unidad de Inteligencia Financiera; pero además sin hacer especulación sobre quién participa y los motivos y los intereses y las razones por las cuales realizan esa conversación, lo que le puedo decir es que la Unidad de Inteligencia Financiera está formada recientemente en forma muy profesional, es una institución –por su propia modernidad– muy ajena a algunas otras cuestiones que pueden existir en otras instituciones formada por, yo diría profesionales, técnicos muy capaces, muy compartimentados en lo que realizan y estoy seguro, es una afirmación categórica, ningún servidor público de la Unidad de Inteligencia Financiera, empezando por mí y todos los servidores públicos de la Unidad de Inteligencia Financiera, ni en éste ni en ningún caso anterior ni en ningún caso futuro ha tenido algún tipo de acercamiento, solicitud o recepción de algún tipo de bien de cualquier especie para hacer o dejar de hacer cualquier cuestión relacionada directa o indirectamente con la función.
Creo que la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera en éste y en otros casos que se hace conocida o pública por ser casos de alto impacto, siempre después de que se realizan las acciones legales primordiales, es a final de cuentas un identificador garante de que ni en este ni en ningún otro caso ha habido alguna cuestión de ese tipo; y en eso yo me siento muy seguro y muy orgulloso de trabajar con ellos y estoy seguro que todos ustedes de conocerlos, aunque son anónimos por la función de inteligencia, se sentirían igual como mexicanos de la institución que tenemos en la Unidad de Inteligencia Financiera.
Y por lo que hace al caso en concreto, yo recuerdo que la denuncia fue presentada el 17 de octubre, la intervención y las acciones fueron el 6 de noviembre y en ese lapso la Comisión Nacional Bancaria y un servidor daba seguimiento puntual a los saldos promedio de, particularmente de Ficrea.
Y recuerdo –si no me equivoco– que el día del bloqueo y del aseguramiento y de la intervención, la propia cuenta de Ficrea tenía alrededor de 400 millones de pesos líquidos y que seguramente formaban parte de la recuperación de los ahorros de los ahorradores.
Ni siquiera en ese tema existe la posibilidad de que hubiera alguna colusión. No lo creo de la Unidad de Inteligencia Financiara, no lo creo de nadie de los involucrados que conocimos o participamos hasta ese punto en ese proceso. Es todo. Gracias.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias maestro.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: La diputada por favor, para el uso de derecho de réplica.
La diputada Jessica Salazar Trejo: Muchísimas gracias por su respuesta. La pregunta sería muy sencilla. ¿Estarían dispuestos a sentarse con los legisladores para poder revisar la ley y de esta manera crear una mesa de trabajo que –como lo comentaba el senador Lozano– nos permita darle solución, pero sobre todo determinar los mecanismos necesarios para poder presentarles a los ahorradores –valga la redundancia– una solución?
Considero que se tiene que realizar de manera urgente una fiscalización de las propiedades que se encuentran en el extranjero para que de esa manera podamos darles esa solución a los ahorradores y que se les pueda recompensar su dinero.
También celebro que el diputado Manlio Fabio Beltrones se encuentre en estos momentos aquí, como presidente de la Junta de Coordinación Política, para que pudiera darle agilidad a la realización de esta mesa de trabajo. Eso sería todo, señora presidenta.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: No entiendo la agilidad, diputada, pero por supuesto que todos apreciamos la presencia del señor coordinador, dada la naturaleza e importancia del tema que nos ocupa.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: A continuación le pediría al diputado Carlos Alberto García González hiciera uso de la palabra para formular la pregunta que corresponde al Partido Acción Nacional.
El diputado Carlos Alberto García González: De entrada, ya no va a querer venir el diputado Beltrones. Muy buenas tardes ya. Me da gusto que se esté llevando a cabo esta reunión de trabajo. El Congreso ha estado al pendiente de la situación de todos los ahorradores que se vieron defraudados por parte de Ficrea.
En el transcurso de las últimas semanas distintas han sido las posturas frente al fraude de Ficrea. Muchos ahorradores sienten que hubo negligencia por parte de las autoridades para prevenir el problema. En consecuencia, se han puesto en tela de juicio las funciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para poder prevenir fraudes en el sistema financiero.
Por lo anterior, quisiera hacer una serie de preguntas, en particular al maestro Jaime González, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La primera: qué efecto tiene este caso en la totalidad del sistema financiero mexicano. Segunda, qué impacto tiene entonces sobre la solidez del mismo ¿Se pudo haber detectado con más anticipación este caso, maestro? Es decir, ¿se actuó de manera oportuna?
Esto es porque algunos legisladores nos cuestionamos si la comisión a su digno cargo cuenta con las facultades necesarias y suficientes para actuar mejor.
En acción nacional consideramos que sí existían elementos para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pudiera levantar cualquier sospecha sobre Ficrea. Tan solo ver cómo tenían seis mil millones de pesos con seis mil 500 clientes, pues esto arroja un nivel de captación, como ustedes saben, muy por arriba de lo que es el mercado de las sociedades financieras populares, las famosas Sofipos, inclusive por encima de la mayoría de los bancos.
Ficrea, ya lo comentó la senadora Padierna, en agosto de 2013 reportó cifras verdaderamente notables en términos de crecimiento en su captación. Ahí vendría otra pregunta. El crecimiento de indicadores acelerados como la captación, maestro, ¿son señales de fallas operativas?
También, dado que existió una visita de inspección ordinaria en marzo del año pasado, ¿por qué tomó el tiempo en intervenirse? ¿Por qué se intervino hasta el 7 de noviembre del año pasado?
Porque no parece normal que una sociedad financiera popular, cuya cartera de clientes tiene un ingreso mayor al del mercado –yo creo que eso debería haber levantado por lo menos la ceja de alguno de ustedes– porque es incongruente si se piensa en que el seguro de depósito para los ahorradores es de alrededor de 131 mil 500 pesos.
Por eso le preguntaría, y ya lo comentó también el senador Lozano, se tendría que reevaluar el alcance del seguro del depósito de los 25 mil Udis en las sociedades financieras populares, es decir, debería de ser más.
Y bueno, si la resolución final, maestro González Aguadé, debido al fraude fue la liquidación, pues ¿cuál fue la utilidad de esta intervención? Vale la pena preguntar si se exploraron otros mecanismos de resolución antes de decretarse la disolución y la liquidación.
A nombre de Acción Nacional le agradezco la disposición de todos los funcionarios aquí y, sobre todo, les agradezco de antemano las respuestas a las preguntas concretas que le acabo de formular. Muchas gracias.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: El maestro González Aguadé, por favor.
El presidente Jaime González Aguadé: Muchas gracias, diputado García, por sus preguntas.
El efecto en el sector, la Ficrea era la segunda sociedad financiera popular más grande del sector; sin embargo no tiene un efecto sistémico y mucho menos en todo el sistema financiero mexicano, como lo señalaba yo en mi intervención, es un efecto acotado en una operación acotada que no tiene un impacto mayor que, aunque es muy grande no impacta para el resto del sistema financiero mexicano.
Si se actuó de manera oportuna pues esa es la pregunta que todos se hacen, la verdad es que como yo señalaba, con los medios que tenemos, con los derechos de audiencia que tienen todos los supervisados, con las actividades que realizan los propios supervisados, sobre todo en un fraude durante las propias visitas de inspección, fuimos haciéndonos de la información necesaria para construir el caso para la intervención.
Como señalaba primero, entramos nosotros, nos dieron la información, tienen ellos 20 días de información, nos juntamos con las demás autoridades, hicimos otra visita de inspección para el caso de lavado de dinero donde también se observó diversas irregularidades en relación con los controles que deben de tener las propias Sofipos.
Los otros señalamientos que hace, diputado, aunque son ciertos y son parte de lo que nos llamaba la atención no son delitos, no es un delito ni ofrecer una tasa de interés por encima de la del mercado, no es un delito recibir depósitos por encima del sector popular, no hace mucho sentido, es cierto, tener una sociedad financiera popular en Polanco, pero tampoco es un delito ponerla ni recibir esos depósitos.
Lo que es un delito es la forma de actuar de los administradores y de los socios, que fue lo que detectamos, y una vez que teníamos suficiente información, fue que la junta de gobierno de la comisión decretó la intervención una vez que teníamos armado el caso y bien documentado, porque tampoco son decisiones que se pueden tomar a la ligera.
Caso Enron señalan ya varias veces, y no le contesté, y pido una disculpa a la diputada Salazar, ¿por qué se tomó la litigación? ¿Por qué se tomó la decisión de la liquidación? Si no hubiéramos intervenido nos estarían diciendo: ¿por qué no intervinieron?
Entonces, intervenimos oportunamente cuando lo teníamos, páramos un deterioro mayor de los activos, paramos un aumento de los depositantes. La decisión de la liquidación no la toma la comisión, la decisión de la liquidación y disolución la toma el fondo de protección creado por ley e integrado por las propias sociedades financieras populares, con la información que recabó tanto del interventor como del auditor externo Price Waterhouse Coopers.
Y además del fondo de protección tiene que tomar en consideración cuestiones que están en la propia ley. Qué es más caro, un saneamiento, una venta, una disolución o la liquidación que paga las 25 mil UDIS que también están en ley y que se paga no de recursos públicos –como aquí se ha señalado–, se paga por las cuotas que pagan las propias sociedades financieras populares.
Si no alcanza, como es el caso además y son las debilidades de la ley que tendríamos que observar, entonces existe la posibilidad de que el gobierno federal deposite al seguro de depósito. Pero, en teoría y como está construido –como funciona el IPAB, pero aquí lo administran ellos mismos–, es una cuota que debe pagar el seguro de separación por las propias sociedades financieras populares que operan y administran las propias sociedades financieras populares.
Ficrea en intervención está recibiendo hoy las solicitudes de ese depósito y está validando que se cumplan con las características y las condiciones que tiene también la ley para hacer validos esos pagos, que se netee el crédito, que exista en la base de captación, en fin, diferentes condiciones.
Y después del seguro de depósito, que déjenme decirles que tiene cinco personas que no son de tiempo completo, es el que tiene que pagar a los 6 mil 883 depositantes el seguro a través de la fiduciaria que haya escogido conforme a la ley.
Entonces, me parece que sí hay que revaluar, en atención a la pregunta, diputado García, me parece que sí hay que revaluar cómo está construida la ley, quién administra el seguro de depósito, si es suficiente o no, cómo podemos acotar que si son sociedades financieras populares realmente atiendan al sector popular, porque hoy no es un delito lo que se hizo en cuanto a la captación, lo que se hizo fue la defraudación de los recursos.
Ahora, dicho eso déjenme comentarles que la base de captación estaba construida de muchas formas, ¿no? Entonces, más o menos 2 mil 500 personas, como se ha señalado, alrededor del 40 por ciento, salen al 100 por ciento con el seguro, otras 500 personas se les cubre más o menos el 80 por ciento de sus depósitos.
Pero hay 200 personas, 200 personas, que sumados sus depósitos suman mil 780 millones de pesos. Hay 175 empresas en números redondos que suman mil millones de pesos de capitación, es decir, la mitad de la captación está en la suma de 200 personas físicas y 175 empresas.
Entonces, el problema está no en los que se les paga el seguro, que son estas más o menos 3 mil personas si consideramos que el 80 por ciento es algo razonable si eso fuera el caso, sino en el otro pedazo de la base de captación, donde a lo mejor –como señalaba el senador Lozano– es gente que de buena fe que fue ahí a depositar sus recursos y que desafortunadamente fueron víctimas de un fraude y que no estaban conscientes –porque a lo mejor nos falta también parte de educación financiera–. De que el seguro de depósito en una institución que está en Polanco, era solamente de 131 mil pesos. Muchas gracias.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Adelante diputado, para su derecho a réplica.
El diputado Carlos Alberto García González: Gracias, senadora. Gracias maestro González Aguadé por las respuestas. Y bueno, como todos sabemos la Comisión Nacional Bancaria, tiene la misión de supervisar y regular las entidades integrantes del Sistema Financiero, y bueno, los legisladores de Acción Nacional lo que queremos decirles es, respetuosamente, que ejerza de manera cabal con esas funciones, porque estamos convencidos que un sistema financiero estable, eficiente, competitivo, innovador, contribuye a elevar el crecimiento económico sostenido, y obviamente, a apoyar al bienes de todos de los ciudadanos.
Y bueno, para alcanzar estos objetivos, creo que es indispensable que se cuente con una regulación y supervisión que salvaguarden la integridad del mismo sistema y que protejan los intereses, sobre todo del público.
Este sistema financiero realiza una función esencial –como todos ustedes saben para la economía–, capta dinero y también lo coloca, lo que le beneficia tanto a los ahorradores como a los deudores.
Como todos sabemos, y que bueno que están aquí los medios de comunicación, en este Congreso se aprobó una amplia reforma financiera, que tuvo entre sus objetivos el fortalecimiento de la regulación del sistema financiero de este país. Pero pese a lo anterior, maestro González Aguadé, en julio del año pasado inicio la liquidación de un banco, del Banco Bicentenario, en donde se vieron afectados 670 clientes, esto no se había observado –no me dejaran mentir–, desde la crisis económica y financiera del 94, del 95. Ahora tenemos a un corto plazo la liquidación con Ficrea.
Y como usted bien mencionó, hubo 6 mil 366 personas defraudadas. Y qué bueno que a través de lo que ellos depositan se les está liquidando una buena parte de ellos, pero la verdad maestro, no es suficiente.
Por lo cual considero de la más alta prioridad que continuemos con este tipo de reuniones. Secundo y apoyo lo que nos propuso el senador Lozano, de crear un grupo de trabajo de legisladores para revisar junto con las autoridades financieras, la regulación del sistema financiero para proteger lo más que se pueda a los ahorradores.
No queremos más casos similares como el del Banco Bicentenario y este de Ficrea. Necesitamos brindar certeza a los ahorradores del sector formal –aquellos como usted bien lo comentó–, que acuden a las entidades financieras reguladas a depositar su dinero de buena fe. De lo contrario, todos los esfuerzos que se hagan, maestro González, para todo esto que se llama la inclusión financiera van a ser inútiles. Y en Acción Nacional estamos convencidos que debemos de incluir, sin duda, más mexicanos en el Sistema Financiero Nacional. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias, diputado.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: A continuación le pediría a la diputada Lourdes Quiñones, si puede hacer uso de la palabra para la intervención por parte del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales: Gracias senadora. Con su permiso, señora presidenta, compañeras y compañeros legisladores. Quiero agradecer la presencia de los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, por acudir a este recinto legislativo a esta reunión de trabajo para responder los cuestionamientos de los legisladores de esta Tercera Comisión de la Permanente y nos den, nos compartan la información sobre lo que está ocurriendo sobre el caso Ficrea, un acto de rendición de cuentas que fortalece sin duda nuestra democracia.
Las sociedades financieras populares juegan un papel fundamental para lograr la inclusión financiera en nuestro país. Lamentablemente se cometen fraudes que atentan contra el patrimonio de miles de familias mexicanas, tal es el caso de Ficrea.
Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la Unión hemos dado puntual seguimiento a estos hechos, manifestando nuestra preocupación e interés para que se sancione conforme a derecho y sin excepción y distingos a todos los responsables, garantizando el patrimonio de los ahorradores.
En el PRI nos hemos pronunciado siempre a favor de la aplicación irrestricta de la ley y el bienestar de las familias. Nos queda claro que las autoridades financieras han actuado con determinación y en estricto apego al marco jurídico, así lo evidencian las acciones que se han llevado a cabo.
La intervención realizada por las autoridades a Ficrea derivó por la detección de distintas irregularidades y serios problemas de cumplimiento normativo, aunado a la falta de transparencia e integridad por parte de la sociedad financiera.
Sabemos que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros ha estado en estrecha comunicación con las autoridades financieras, a fin de preservar los derechos e intereses de los clientes para informarles el proceso que se deberá seguir en la recuperación de sus ahorros.
A fin de conocer de manera puntual sobre el seguimiento legal que se ha llevado a cabo por parte de las autoridades y a manera de aclarar y garantizar el procedimiento de protección y dar solución a los usuarios que han sido defraudados, es pertinente resolver las dudas derivadas por el procedimiento legal que restituya el daño ocasionado por Ficrea.
Por ello es importante que den a conocer, ¿cuál es el procedimiento que se está llevando a cabo para garantizar el pago a los ahorradores que fueron defraudados por Ficrea? Hasta este momento, ¿cuántos beneficiarios han recibido el pago del seguro de depósito?
Considerando que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene la facultad para intervenir administrativa o gerencialmente a las entidades, con objeto de investigar, suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro la solvencia, estabilidad o liquidez, pregunto al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿qué causas específicas motivaron la intervención y cuánto tiempo llevó la investigación por parte de la Comisión que usted encabeza, para determinar que Ficrea operaba de manera irregular? Así como saber, ¿cuáles son las causas potenciales de este fraude en el sistema financiero?
Ahora bien, la Unidad de Inteligencia Financiera es la instancia central nacional para detectar operaciones financieras vinculadas con delitos derivados de operaciones financieras fuera de la ley. Por ello, en materia de lavado de dinero y tomando en cuenta las nuevas atribuciones que tienen para combatir dicho delito, le pregunto a usted, licenciado Alberto Bazbaz Sacal, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿cuál ha sido el avance en las investigaciones sobre el fraude hecho a los ahorradores de Ficrea? ¿Qué se está haciendo para la recuperación de los recursos y bienes que poseía Rafael Antonio Olvera Amezcua, quien fuera dueño de Ficrea?
Ante el lamentable escenario de fraude realizado por Ficrea y en el afán de proteger a los usuarios y toda vez que la Ley de Protección a los Usuarios de Servicios Financieros establece que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tiene como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los ahorradores frente a las instituciones financieras, así como supervisar y regular, de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero, en este contexto, licenciado Di Costanzo, ¿cuántas y qué sanciones han aplicado al identificar sociedades financieras defraudadores que están operando de manera irregular? Por su respuesta, anticipadamente, muchísimas gracias.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, diputada.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Les pediría a ambos funcionarios si pueden, por favor, hacer uso del micrófono para las respuestas pertinentes.
El presidente Jaime González Aguadé: Muchas gracias, diputada Quiñones por sus preguntas. Las causales de la intervención, como señalaba yo al principio, son diversas, son muchos de índoles distintos, está la parte del capital que irregularmente se hizo para la empresa, que la dejaban realmente sin la solvencia necesaria.
Había esta parte del pago de los gastos a Baus and Jackman donde no estaban necesariamente bien identificados y entonces era imposible saber si tenían una razonabilidad para la operación de la empresa, y había otras, pero sobre todo el problema era la falta de información de los acreditados, la falta de información de cómo se iban a repagar los créditos que se habían otorgado, que es la fuente principal del pago a los ahorradores.
Entonces, en la medida en que no teníamos una base de datos consistentes, que fueran consistentes con lo que los expedientes que se habían generado de forma irregular y fraudulenta con la base de datos, no nos daba certeza que existieran elementos de viabilidad y de repago para los depósitos de los propios ahorradores, porque la razón de ser de la Comisión y de nuestro actuar principalmente es proteger a los ahorradores, aunque muchas veces y aquí se ha cuestionado si eso es cierto, pero todas nuestras actividades van fundadas y motivadas para hacer eso.
Entonces, cuando no teníamos necesariamente esos elementos continuamos nuestras investigaciones en los tiempos que marca la ley para hacernos de elementos suficientes para poder proponer a la Junta de Gobierno con documentación suficiente una intervención, porque como señalaba yo, no es una decisión sencilla la intervención a un intermediario financiero.
A diferencia de Bicentenario, por ejemplo, como lo señalaba el diputado García, ahí no hubo una intervención, ahí hubo una falta de solvencia por parte del banco, que de acuerdo a la ley vigente bancaria, al caer por abajo del capital mínimo necesario, es una causal de liquidación y de revocación de la autorización, y eso fue lo que hicimos.
Y un poco retomando los comentarios que se han hecho, sí la Ley de Ahorro y Crédito Popular es mucho más frágil en ese sentido. Entonces, durante los últimos 15 años hemos pensando que las cooperativas de ahorro y préstamo, las sociedades financieras populares por ser populares deben de tener un régimen a lo mejor un poco más flexible, pero lo que deja es el riesgo que hoy estamos viendo, y como ha ocurrido en otros casos de cooperativas, también se han vuelto insolventes y se generan estas oportunidades de fraude o de malas administraciones que generan un daño a los ahorradores. Muchas gracias, diputada.
El presidente Mario Alberto di Costanzo Armenta: Muchas gracias, por su pregunta, diputada. Nada más como dato que refleja lo que me está preguntando. En el 2014 aplicamos 3 mil 841 sanciones por un monto de 94 millones de pesos, y desde luego coincido, que es el Poder Legislativo que tiene la facultad de aumentar este monto de impuestos por sanciones.
De estos 3 mil 841 multas que impusimos y no solamente o más bien no es por instituciones necesariamente fraudulentas, sino por cuestiones de falta de transparencia, por cuestiones de falta de información a los usuarios, por cuestiones de falta de atención o de cumplimiento a los procesos de conciliación. De ese total fueron mil 645 instituciones de crédito. Fueron 107 al Sistema de Ahorro para el Retiro. Fueron 628 al sector asegurador. Fueron mil 349 al sector Sofomes. Fueron al sector de entidades de ahorro y crédito popular fueron 42.
Adicionalmente o de dónde se derivaron algunas de estas sanciones: de haber llevado a cabo 178 actos de supervisión. De haber evaluado a 172 instituciones en 2014. Haber evaluado 10 productos de alta penetración en el mercado. Y de haber, como lo dije anteriormente, impuesto 3 mil 841 multas.
Creo que siempre es posible mejorar la ley. Creo que no hay ley perfecta. Y desde luego que no dudará la Condusef en utilizar hasta la última coma de la ley que ustedes tengan a bien aprobar, para utilizarla en la defensa de los derechos de los usuarios de servicios financieros. Muchas gracias por su pregunta.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias. El director de la Unidad de Inteligencia Financiera.
El jefe de unidad Alberto Bazbaz Sacal: Gracias, diputada Quiñones. Efectivamente, la primera de lo que parece ser serán muchas órdenes de aprehensión y persecuciones criminales e investigaciones criminales, de la que ya se ha hecho pública la existencia de una orden de aprehensión, es precisamente, no por el fraude que existe. No por las infracciones administrativas que existen. No por los delitos financieros que también existen, sino por el delito particular de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El que esto sea la primera, es precisamente por las herramientas que la nueva legislación que emitió el Congreso, y además, toda la normatividad que en materia de análisis y persecución, particularmente el lavado de dinero nos ha permitido utilizar esas herramientas para actuar como hasta ahora se ha hecho y cómo se seguirá haciendo.
Y por lo que hace a la salvaguarda de los bienes. Yo sí, para mí es muy importante enfatizar el esfuerzo y la acción correcta que hizo la Procuraduría General de la República, al poder lograr que los activos de Learman, que es una cartera de crédito, por lo menos en créditos contables, dejaran de pertenecer a Learman. Eso, en términos jurídicos es importantísimo para el trabajo futuro de pagarles a los ahorradores.
Y por supuesto, y haciendo un comentario nada más a lo que decía la diputada Salazar, por supuesto, me consta que hay un esfuerzo permanente y muy activo de la Procuraduría General de la República, en coordinación con otras autoridades internacionales para tratar de hacer lo más rápido posible cualquier aseguramiento de cualquier bien mueble o inmueble en el extranjero, que pudiera ser utilizado también para pagarle a las víctimas del delito.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Derecho de réplica, la diputada Quiñones.
La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales: Gracias. Pues valoramos y reconocemos la labor de la investigación que tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, La Unidad de Inteligencia Financiera y la Condusef hicieron en este caso. Y tomamos muy en consideración el saber que aquí se encuentra un grupo de ahorradores y que esperemos que después tengamos la oportunidad de darles una información más precisa a los legisladores que estamos aquí sobre su caso y atenderlos como debe ser, diputado Belaunzarán y además también tomar muy en cuenta la propuesta que hace el senador, de hacer una comisión para ver y revisar cómo tenemos las herramientas que le damos tanto a la Comisión Nacional Bancaria, como a la de Inteligencia y como a la Condusef y mejorar esta ley que vimos que a final de cuentas hoy falló. Gracias.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, diputada. Efectivamente para esta Tercera Comisión era de vital importancia tener la información de primera mano que nos permitiera definir con claridad cuáles son los siguientes pasos que debe de seguirse en los distintos ámbitos y sobre todo para tener la atención oportuna a los propios ahorradores o usuarios de este organismo.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Iniciaríamos con la segunda ronda. En ese sentido le pediría ahora sí al senador Gerardo Sánchez pudiera hacer su intervención.
El senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Flores.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gerardo Flores. El otro no pertenece a esta comisión, perdón.
El senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Y es de su partido, presidenta. Muchas gracias. Quisiera básicamente recapitular lo que se ha dicho en esta reunión de trabajo sobre los temas que ameritan ser revisados, por un lado está el monto del seguro, la forma o el mecanismo para recuperar y liquidar, en el caso de situaciones como la de Ficrea, la capacidad de las autoridades para detectar fraudes o malas prácticas en forma oportuna, el tipo de actividades que deben ser consideradas como ilícitas o indebidas.
El presidente de la CNBV mencionaba hace un momento algunos ejemplos de actividades que no necesariamente son ilícitas, pero que pueden ser ilógicas a la luz del fin de este tipo de cajas de ahorro, como el caso de una sucursal en Polanco o estar ofreciendo tasas quizá muy por encima del promedio del mercado.
Quizá vale la pena revisar si alguno de este tipo de actividades ilógicas podemos estudiar aquí en el Congreso si se pueden configurar, en algunos casos, que ya queden en ley como actividades no permitidas o reguladas, por lo menos.
Otro tema importante que se ha comentado aquí es el tema relativo a las sanciones, al monto de las sanciones, no solo el monto sino también el tipo de actividad o de práctica que podrían ser objeto de sanción, me parece que también es importante revisar eso. Con ello queda claro, como ya se ha dicho de manera reiterada en esta reunión que el marco legal e institucional que regula a este sector en particular, evidentemente tiene que ser revisado.
Yo he percibido el día de hoy una actitud positiva de todos los grupos parlamentarios para trabajar en este sentido y obviamente el Partido Verde trabajará en ello.
A mí me gustaría preguntar de manera muy concreta a los titulares de los organismos que hoy nos acompañan, si después de esa enumeración de aspectos que yo he detectado esta mañana, qué otras cuestiones consideran ustedes o qué otras cuestiones han detectado, algunos ejemplos que de manera concreta podamos revisar en el Congreso.
Desde luego es un tema que tenemos que hacer de manera seria, que no se trata de que nos den tres temas cada uno y ya con eso nos vamos a ir a trabajar para modificar la ley. Evidentemente tenemos que trabajar de una manera seria, con rigor, durante varios días o semanas para poder hacer los cambios que correspondan. Pero si me pudieran dar algunos ejemplos concretos de dónde podemos mejorar, aparte de lo que ya se mencionó de manera genérica.
Y si ustedes conocen, en particular desde el punto de vista de la CNBV si hay... Yo tengo siempre el vicio de traer a colación en las discusiones el tema del sector que conozco bien, que es el sector de telecomunicaciones donde, por ejemplo, hay organismos internacionales que se encargan de catalogar o de consolidar lo que se denomina como mejores prácticas internacionales en materia de regulación.
En este caso no sé si nos puedan dar algún ejemplo y, además, si posteriormente nos pueden compartir documentos donde se haga referencia o donde se describan estas mejores prácticas internacionales en materia de regulación de este tipo de instituciones; porque sin duda alguna las vamos a necesitar para la discusión que vamos a tener seguramente en breve en ambas Cámaras del Congreso. Es cuanto, presidenta.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Por favor, si es tan amable, maestro.
El presidente Jaime González Aguadé: Gracias, senadora presidenta. Gracias, senador, por la recapitulación y las preguntas u observaciones que ha hecho al respecto.
Yo no estaría más que de acuerdo con lo que señalaba al principio de mi intervención y hay algunas cosas en particular que me parece que debemos atender, como señalaba el senador. No son cosas sencillas, no son cosas que se puedan discutir; se tendría que generar este grupo de trabajo que se ha señalado aquí varias veces, pero hay dos o tres temas que me parecen muy importantes.
Uno, es el gobierno corporativo de estas instituciones. No es igual de sólido ni con las mismas responsabilidades y funciones que tienen en otros organismos. Esto es, sobre todo, cierto para las cooperativas de ahorro y préstamo; pero también hay un espacio de mejora para las sociedades financieras populares.
Otra parte muy importante es la regulación macroprudencial. México es de los países de vanguardia en cuando a la regulación de indicadores financieros y contables para los bancos. Nos acaba de revisar ahora el Comité de Basilea y salimos mucho mejor calificados que inclusive Europa o Estados Unidos.
Sin embargo, eso no es cierto para otros intermediarios financieros, como es el caso. Tenemos algunas instituciones financieras como podría ser la propia Ficrea. Pero hay otras y cooperativas inclusive, que son más grandes que algunos bancos y que no tienen los mismos niveles ni de calidad ni de tamaño del capital.
No tenemos, por ejemplo, los mismos índices de liquidez; no tenemos las mismas formas de sistema de control interno en las instituciones. Es decir, hay muchas cosas que ya aprendimos y que hemos aplicado para los bancos y que por alguna razón hemos dejado del lado en el sector de ahorro y crédito popular que, desafortunadamente, en lugar de crear un espacio –supongo que era la idea original, que fueran creciendo las instituciones–, dan lugar a que tengamos instituciones que son débiles y que permiten estas cosas.
Creo que debemos aprovechar esas mejores prácticas internacionales, que más bien tienden a que se parezcan más los otros intermediarios a los bancos; sobre todo, a razón de lo que sucedió en 2008, donde se ha fortalecido la supervisión y la regulación bancaria. Me parece que es una buena oportunidad la que hoy se presenta de construir un mejor marco para estas instituciones.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Senador, para su derecho de réplica.
El senador Juan Gerardo Flores Ramírez: No sé si alguno de los otros funcionarios quiera responder sobre el tema de algunas mejoras que ellos consideren que podemos impulsar.
El director Alberto Bazbaz Sacal: Gracias, senadora, gracias, senador. Sí voy a aprovechar la gran oportunidad de comentar sobre algunas cuestiones que pudieran mejorar –digamos– las herramientas legislativas, que creo que lo que se hizo particularmente en este caso puso también en evidencia que se pueden utilizar las que hay para tratar de hacer las mejores acciones posibles.
Pero yo sí veo en materia de sanciones, tanto de infracciones administrativas como particularmente delitos financieros no sólo en la Ley de Ahorro, sino dentro de todo el sistema financiero, sí podría, incluso en temas de prevención, ayudar mucho.
Un claro ejemplo en este caso, la contabilidad no se encontraba en la empresa al momento de la intervención, la tenían físicamente en otra oficina, en otro lado. Cuestiones que a nosotros nos parecen lógicas y naturales; después decíamos, bueno, tan sólo el hecho de que no estuviera la contabilidad nunca en ese proceso, debería de ser una infracción, en temas financieros grandes Yo diría que esa es una.
Y otra que a la larga nos vamos a enfrentar, que tiene que ver con la sofisticación de los procesos tanto de investigación como de persecución en materia financiera.
Platicábamos de esta primera orden de aprehensión por ejemplo, no hubo un análisis todavía de un estado de cuenta bancario y sin embargo ya tenemos una orden de aprehensión; pero hacer una investigación en donde se involucran cientos o miles de millones de pesos, y presentar esa investigación y esas conclusiones a una autoridad judicial federal genérica, también le generan algunos conflictos al Estado en general.
Probablemente así como hay órganos especializados de supervisión, órganos especializados de investigación, probablemente considerar la posibilidad en algún momento que nos habremos de enfrentar órganos especializados de conocimiento y juzgamiento de principio a fin de los procesos.
La Presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Licenciado Di Costanzo ¿quiere agregar algo más?
El presidente Mario Alberto di Costanzo Armenta: No.
La Presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: ¿No? Muy bien.
La Presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Su derecho de réplica, senador.
El senador Juan Gerardo Flores Ramírez: Muchas gracias, presidenta. Muy breve ya. Sólo quiero aprovechar ya este último espacio para agradecer la plena disposición del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del presidente de la Condusef y del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a este muy importante tema que nos ha traído esta mañana a esta reunión.
Yo por parte del Partido Verde hago el compromiso de tener la plena disposición para trabajar en todo esto que evidentemente tenemos que mejorar en el marco legal.
Cuenten con el grupo parlamentario del Partido Verde en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, por la cual también me atrevo a hablar en representación. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.
La Presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, senador.
La Presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: A continuación le pediría a la senadora Dolores Padierna, pudiera, por favor, hacer la pregunta que le corresponde en esta ronda.
La senadora Dolores Padierna Luna: Tres preguntas y una propuesta. Tres preguntas a la Comisión Nacional Bancaria: si en marzo de 2014, hasta marzo de 2014, pero finalmente en marzo de 2014 la Comisión Nacional Bancaria entró a revisar Ficrea, pero se permitió que Ficrea engañara a miles de nuevos ahorradores, porque durante esos cinco meses incrementó en 45 por ciento la captación de nuevos ahorradores, ahora defraudados, la pregunta es: ¿por qué la Comisión Nacional Bancaria y de Valores permitió esta defraudación a nuevos ahorradores?
Segunda pregunta: ¿cuánto se entregó de cuotas de seguro de depósito por parte de Ficrea al IPAB, porque si está robando los recursos de los ahorradores y los está pasando a una empresa suya relacionada, no financiera, no sé si al menos cumplió con el pago de cuotas.
Tercero, cuántos tribunales superiores de justicia de varios estados porque aquí se han mencionado D. F. y Coahuila pero sabemos que no sólo, y también sabemos que varios gobiernos de varios municipios grandes depositaron en Ficrea. Todos ellos verán cómo defenderse. La pregunta es cuántos gobiernos y cuántos tribunales entraron a Ficrea.
Un comentario nada más que mal de muchos no es consuelo de tontos; aunque ocurra en otros lados del mundo no debe ocurrir en nuestro país, mucho menos después de lo ocurrido con el Fobaproa. Cuando ocurrió el fraude del Fobaproa se dijo: hágase una ley y se hizo la ley del IPAB. Otro fraude: hágase una ley. Hay fraudes y la culpa la tiene la ley, y no, porque se acaba de aprobar una reforma financiera y esa ley establece una supervisión preventiva, no reactiva. Así que no es un tema de ley.
Propuesta. Estoy de acuerdo en que se haga una mesa de trabajo y se busque un acuerdo y que este acuerdo debe ser lo más transparente posible. Desde luego debe hacerse una evaluación de todos los activos, armarse este fideicomiso con todos los activos. En materia de activos me preocupa mucho algo.
Aquí traigo una suma con los 400 millones en efectivo que están en las cuentas de Ficrea: los autos de lujo, los inmuebles recuperados, el seguro de depósito y otros más que dan como cinco mil 200 millones de pesos, que alcanzarían para pagar a muchos ahorradores. Me preocupa el tema de la venta de activos, que si no se hace en forma transparente, la venta de activos va a acabar en manos de los funcionarios; así pasó con el Fobaproa; los ferraris de los banqueros acababan en manos de los funcionarios públicos. Tiene que hacerse de una manera muy transparente.
Segundo, la manera más rápida para que se moneticen estos activos es a través de la banca de desarrollo y se pague de inmediato a los ahorradores. Desde luego hacer uso del seguro de depósito y aplicar –subrayo aplicar– todo el peso de la ley contra los particulares y contra los servidores públicos responsables de este fraude.
No nos quedaríamos tranquilos si se hace un fraude, se medio paga y otra vez todo de vuelta a la impunidad. La secretaría de hacienda tiene muchas herramientas y puede ser muy eficaz en la cobranza de cartera, apresurar los procesos legales y gestionar una buena recuperación de bienes en el extranjero.
Me satisface mucho la respuesta del señor Bazbaz en relación a que no tiene ningún funcionario nada que ver con este asunto, me quedo satisfecha con eso y también con lo que está diciendo que muy pronto pueden hacer esta recuperación de bienes del extranjero, qué bueno, y localizar al gran defraudador y aplicar todo el peso de la ley.
Terminaría estas preguntas diciendo que el caso de Ficrea puede ser de dos tipos: un caso de fraude más como otros más que han quedado en total impunidad, y puedo mencionar no sólo bicentenario, la crisis de IXE, la crisis de Sofoles y Sofomes, las pérdidas cambiarias en 2008 y 2009, las crisis de las vivienderas que tan solo 3 se llevaron el 70 por ciento del presupuesto, el fraude de Stanford en México, el tema Quadrum, el tema de interacciones, varios más, puede ser Ficrea uno de esos más que quedaron en la impunidad, o bien Ficrea puede ser un alto total a los fraudes financieros tolerados por la autoridad y un caso ejemplar de justicia para los ahorradores. Espero que sea este segundo caso. Gracias.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, senadora.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Les pediría a los señores funcionarios las respuestas pertinentes, por favor.
El presidente Jaime González Aguadé: Muchas gracias senadora presidenta, muchas gracias senadora Padierna.
Como ya señalaba yo, no es que entráramos en marzo y conociéramos cuál era el fraude o cuál era la situación. Fue una investigación que llevó tiempo, que se le respetaron los derechos de audiencia al supervisado, porque como todo lo que hacemos en la comisión es en apego al marco de derecho y eso implica también respetar esos tiempos.
Además siendo un fraude estaba todo construido para que no nos diéramos cuenta, pero como actuamos coordinadamente con las otras autoridades y como lo hicimos responsablemente, pudimos identificar precisamente que era un fraude porque la autoridad y la Comisión Nacional Bancaria en lo particular no toleran fraudes, y por eso es que hoy estamos aquí sentados. Si lo hubiéramos tolerado, todavía estaríamos con Ficrea operando.
Las cuotas que Ficrea le pagaba al IPAB, pues cero, porque no le paga al IPAB, le paga al seguro de depósito creado por ley, le paga a este seguro de depósito que es administrado por las propias sociedades financieras populares, y de hecho estaba al día en el pago de sus cuotas, que más o menos es una duodécima parte o tres al millar de los depósitos, más o menos 18 millones de pesos al año, y sí estaba realizando este pago. Curiosamente es de las cosas que sí hacía bien esta sociedad financiera popular.
En cuanto a la pregunta de ¿cuántos tribunales? Ya señalaba yo que en su oportunidad fue señalado y observado por la comisión que ésta era una operación prohibida para este nivel de sociedad financiera popular y fue uno de los mecanismos de ocultamiento que utilizó a través de los cuales muchos otros tribunales según se ha dicho en la prensa, y en esta mesa, depositaron ahí.
Al revisar la base de datos de los depositantes no aparecen ninguno de estos tribunales que se ha mencionado. Tenemos conocimiento de algunos de ellos porque han llegado con sus pagarés a la comisión a informar que habían depositado ahí, no es el caso más que el de Coahuila, que así lo hizo. Los demás, por diferentes medios, ha salido que tienen ahí depósitos, pero como se señalaba ya por la senadora Padierna tendrán que reclamarlos a través de los medios legales para ese efecto.
En cuanto a los comentarios de la reforma financiera y que tiene que ser preventivo, pues preventiva la acción de la comisión, precisamente por eso se paró antes de que para, antes de pagarle a los depositantes.
Y bueno, lo que hicimos durante la intervención, de forma preventiva, fue recuperar activos que no estaban dentro de la sociedad financiera, meterlos a un fideicomiso a efecto de que esos puedan efectivamente ser monetizados para el pago de los ahorradores, que no se pagan a valor en libros, tendrá que haber una evaluación, tendrá que haber una ejecución de esos y ese monto es el que efectivamente se podrá repartir entre los ahorradores y demás acreedores de la sociedad. Muchas gracias.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muy bien.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Senadora Padierna, para su derecho de réplica.
La senadora Dolores Padierna Luna: Gracias. En la mesa de trabajo, que ojalá esta Comisión Permanente la apruebe, deberían estar desde luego los ahorradores defraudados y una comisión de legisladoras y legisladores.
Quisiera comentar que están aquí los funcionarios hoy en esta mesa de trabajo de la Comisión Permanente porque los ahorradores se movilizaron y porque salió a la opinión pública en los medios de comunicación. Si no, no nos hubiéramos enterado y hubiera seguido la mata dando.
No están aquí por su voluntad y porque dijeron: vamos a poner un alto en el camino, no, sino por las movilizaciones y por la opinión pública. Y por eso lo abordó la Comisión Permanente y derivado de ello están aquí.
Pero quisiera decir que las Sofipos –como otras instituciones de este tipo– se crearon justamente para atender a la población que no atienden los bancos grandotes, a los adultos mayores, a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, a gente que tiene poquito patrimonio, y hemos recibido –allá en el Senado han llegado– personas llorando.
No saben ustedes qué impotencia y qué coraje da que estén reclamando 300 mil pesos, que era todo lo que tenía un adulto mayor de 75 años. No saben lo que se siente ponerse en los zapatos de una empresa chiquita que durante 20 años de trabajo logró reunir 3 millones de pesos y hoy está sin nada, después de que toda la familia trabajó para lograr este ahorro.
No saben qué indignación da saber que adultos mayores, que es lo único que tienen después de toda una vida de trabajo, hayan sido defraudados. No. No me quedo conforme con que vamos a hacer una mesa de trabajo, vamos a reformar la ley y luego ya se olviden del tema.
Creo que se tiene que establecerse un procedimiento, coincido con lo que propuso el licenciado Aportela y aquí también el senador Lozano, creo que debemos hacer esas mesas de trabajo en forma muy transparente y que el único objetivo de esta reunión sea pagar su dinero a los ahorradores, ellos no tienen la culpa de nada, y –segundo– sancionar a los responsables sean particulares o sean servidores públicos. Es cuanto. Gracias.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias, senadora. Sin duda tenga la certeza de que todos los grupos compartimos sus preocupaciones y sobre todo la solidaridad con muchos de los ahorradores que han externado cada una de sus propias características.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: A continuación tiene la palabra el senador Javier Lozano, del Partido Acción Nacional.
El senador Javier Lozano Alarcón: Gracias, presidenta. A ver, son dos preguntas y una reiteración. La primera es: ¿Qué está pasando? Qué pasa con –vi una nota periodística esta mañana– los 130 trabajadores o empleados de esta empresa de Ficrea, que por la situación prevaleciente no han cobrado, según se dice, durante dos meses sus salarios, sus prestaciones, en fin ¿Cuál es la situación? ¿Quién se está encargando del tema? si nos pudieran aclarar esa parte.
Segundo, también otra nota periodística que vimos hoy, algunas entrevistas también radiofónicas de esta mañana, hablan de una suerte de terrorismo fiscal que se habría emprendido contra estos ahorradores, como una suerte de castigo o de intimidación para que no sigan levantando la voz para tratar de defender y ejercer sus derechos.
Si nos preocuparía mucho que se recurriera a ese tipo de mecanismos intimidatorios, cuando lo que se trata es de encontrar una solución. Claro, también hay que decirlo, varios de estos inversionistas, según se ha revelado, se sirvieron para la causa del fraude, en ese sentido, la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, tiene la obligación de revisar quienes de estos se prestaron para hacer una suerte –como de fachada–, cuando en realidad estaban utilizando estos mecanismos para lavado de dinero.
Entonces, que si distingamos cuando se trata de la actuación de la autoridad en este sentido, pero también otro, que nos den ustedes la palabra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de que no van a emprender una cacería contra esta gente con una suerte de intimidación. De lo que se trata es de que encontremos la salida ahora mismo.
Y tercero, la reiteración. Miren, yo prefiero en lugar de llamarle comisión –porque ya sabemos que cada vez que se habla de una comisión es para que no se llegue a ningún lado–. Un grupo de trabajo tripartita con el grupo de ahorradores que sea muy representativo de la masa de ahorradores. Segundo, con las autoridades aquí presentes –y si tiene que agregarse alguien más, adelante.
Y tercero, con un grupo también plural de legisladores –diputados y senadores–, que tengamos como compromiso que para el próximo periodo ordinario de sesiones, tener una iniciativa de reforma y adiciones a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Y si hay necesidad de meterle mano a otras leyes también lo hagamos, es que es un paquete finalmente. Y que sea con este propósito, elevar este monto del seguro de depósito. Qué bueno que también se ha aclarado, que no es necesariamente que los contribuyentes son los que le hacen frente a un seguro de depósito, sino que son cuotas de las propias sociedades financieras populares, las que sirven para alimentar el fideicomiso, y claro, si hay algún faltante, el Gobierno Federal –como esta previsto en la ley–, tendría que hacer este complemento.
Pero también tengo la confianza que de si tenemos el mecanismo de recuperación de activos y más recursos, más que suficiente será para compensarle al propio Gobierno Federal, en su caso, la cantidad que haya puesto.
Y hago una aclaración ¿Como una ley podría tener un efecto retroactivo para los ahorradores en Ficrea? Lo que prevé el 14 constitucional es el principio de no retroactividad en perjuicio de persona alguna. En este caso es beneficio de ellos, y por lo tanto si podríamos lograr que al aumentar el umbral de 25 a lo que tenga que ser – 50 mil, 60 mil–, lo tendríamos que hacer con las corridas financieras correspondientes, pero muy probablemente el 90 por ciento, el 80, digo, de todos los ahorradores, cubriría con el seguro de depósito las cantidades que habrían perdido.
Y lo que falte, otra vez, lo tomamos de la monetización de estos recursos que se rescaten, que vayan directamente al fideicomiso –que no vayan a pasar por todo el otro esquema tan tortuoso que se tiene–. Y que como decía la senadora Padierna, estoy totalmente de acuerdo con ella, que sea un esquema muy transparente de recuperación de activos, de cuantificación, valuación de los mismos, liquidación, monetización y pagar de abajo hacia arriba a los que les esté faltando para a completar su 100 por ciento.
Y si excluir también –y en eso nos van ustedes a ayudar–, aquellos inversionistas que por voracidad o especulación se metieron a este y que no tenemos porque nosotros resolverles la vida. Si alguien se metió a esta fiesta, a sabiendas de que no podía la Sociedad Financiera Popular recibir esos recursos, pues tendrán que hacerle frente ellos por sus propios medios.
Pero lo que quisiera es que concluyamos con la petición de que nosotros llevemos a la Tercera Comisión de la Permanente y al pleno el próximo miércoles la propuesta de la conformación inmediata de este grupo de trabajo. Pedirles a las autoridades financieras que ya vayan haciendo las corridas financieras, los primeros borradores. Y pedirles a los ahorradores inversionistas de Ficrea que nos tengan, bueno, no solamente confianza, sino que se sumen a este grupo de trabajo, porque estoy convencido de que les vamos a encontrar una salida.
Pero sí me gustaría que respondieran qué está pasando con los empleados de la sociedad financiera popular y de las demás empresas y esto del supuesto terrorismo fiscal contra los ahorradores. Es cuanto.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, senador.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Les pediría a los señores funcionarios sus respuestas en relación con estos cuestionamientos.
El presidente Jaime González Aguadé: Gracias. Efectivamente, parte del problema que tenemos, senador, es que muchas de estas personas no estaban empleadas por Ficrea, era outsourcing, empleados por el propio Baus and Jackman. Entonces, todas las personas que trabajaban en Ficrea o hacían funciones operativas para Ficrea no eran empleados, pero lo estamos pagando.
El senador Javier Lozano Alarcón: ¿Les están pagando?
El presidente Jaime González Aguadé: Sí. A los que no les están pagando son a los que no estaban ahí, pero que estaban en Baus o en otras outsourcing y que tenemos que ver cuál es su situación laboral con estas empresas.
Entonces, sí, efectivamente es un problema que hay que atender. Hoy todos los empleados de Ficrea están recibiendo su sueldo como lo recibían antes. Pero hay otros empleados dentro de esta maraña de sociedades relacionadas, que no necesariamente están recibiendo ahí sus recursos.
En cuanto a lo del terrorismo fiscal, la verdad es que es una función que le corresponde al SAT, pero con mucho gusto platicamos con ellos a ver qué es lo que está sucediendo. Algunas de estas cosas salieron en el periódico, me imagino que por propia investigación de los reporteros, pero que también revisaremos, atendiendo su solicitud.
Por supuesto, senador, supongo que puedo hablar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero cuenten con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para participar en este grupo de trabajo.
El jefe de unidad Alberto Bazbaz Sacal: Exclusivamente, senador, abundar en el tema de que la intención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y todas sus instituciones es, insisto, desde el principio, entre tratar de hacer todo lo posible para satisfacer el daño causado a los verdaderos ahorradores, incluso entre mayor sea el grado de vulnerabilidad. No viceversa, no hacer una persecución y criminalizar, por el contrario.
Sí sin duda en este proceso que se va a hacer de recuperación de los bienes, pues no recuperar ningún bien en realidad que hubiere tenido una razón ilícita, pero no es el caso ni la finalidad y creo que el trabajo en conjunto en esa mesa nos va a permitir dejar muy en claro eso. Gracias.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: ¿Alguien más? ¿No?
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: El senador Lozano para el derecho de réplica.
El senador Javier Lozano Alarcón: No. Simplemente es para agradecer las respuestas, la participación en esta mesa de todos ustedes y confiar que todo esto salga bien. Y también felicitarnos de que una comparecencia o reunión de trabajo tenga un objetivo claro y un buen final y no simplemente un ejercicio estéril. Muchísimas gracias.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, senador.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: A continuación, le pediría al senador Arquímedes Oramas, del Partido Revolucionario Institucional, su intervención, por favor.
El senador Arquímedes Oramas Vargas: Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Primero saludar y felicitar a todos mis compañeros legisladores, una reunión de trabajo muy seria, muy exitosa, porque esperamos tener buenos resultados y buenos acuerdos, y también por la manera tan profesional que se han manejado todos en búsqueda exclusivamente de la justicia hacia los ahorradores.
Nos queda muy claro que todos estamos aquí, porque creemos en el sistema financiero mexicano y creemos que el sistema financiero mexicano debe de estar bien sustentado y estamos en la defensa de los ahorradores.
De manera especial felicito a los funcionarios y los exhorto a que sigan haciendo esa labor, como lo están haciendo.
La Ley del Ahorro y Crédito Popular establece una serie de órdenes para manejar esos sistemas, y de manera especial estamos en la lucha y en la búsqueda de que haya cada día mayores oportunidades de justicia.
La desinformación que ha trascendido en los medios de información, creo que ha sido algo que ha contribuido mucho para la desinformación. En este momento se encuentra pendiente de nosotros una gran cantidad de ahorradores, no solamente afectados, sino también ahorradores mexicanos que quieren saber cómo se lleva a cabo este caso y el caso de justicia. De manera especial felicito a quienes han estado contribuyendo para que se desarrolle de buena manera.
¿Qué creo yo? Creo y me sumo a lo que han mencionado mis amigos y compañeros legisladores, de que efectivamente se tiene que reformar la ley, pero también ustedes nos tienen que dar el conocimiento que tienen, para que podamos aportar y hacer lo propio nosotros en la Cámara de Diputados y Senadores.
Segundo. Hay una pregunta muy concreta, que creo que es clara y que todos estamos buscando que se retribuya el monto a los ahorradores, y yo creo y quiero preguntarles, ¿alcanzan los activos, ya una vez monetizados, para cubrir a todos los ahorradores? Y en caso de que no sea así, ¿qué va a pasar con ellos?
Exigimos realmente que no quede impune. Creemos de manera muy especial que se debe de buscar a los responsables. Y efectivamente, en ese tema yo quisiera preguntarles, ¿quiénes están siendo investigados por esta comisión de actos? Y, ¿cuáles van a ser las consecuencias penales en contra de quienes causaron este gran fraude? Muchas gracias por sus respuestas.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Por favor, si son tan amables.
El presidente Jaime González Aguadé: Gracias, senador Oramas. Primero, comentarle que estoy totalmente de acuerdo con lo que señalaban en cuanto a la desinformación. Eso es lo que ha hecho mucho más grande este tema.
Ya se señalaba el tema del Bicentenario que no pasó desapercibido por ser un fraude, como se señalaba. Se liquidó un banco porque dejó de ser solvente y se le pagó conforme a las resoluciones que existen en la ley y en los mecanismos sin que pasara nada.
Desafortunadamente aquí la desinformación, que a lo mejor la ocasionamos nosotros mismos, pero que también otros han aprovechado para tomar esto como banderas, inclusive, políticas, han hecho que esta desinformación se genere un mal ambiente respecto de cuál es la situación real en la que hemos trabajado para que sean las mejores condiciones para los ahorradores y que se castigue a los responsables, y en eso seguiremos trabajando, y la información que necesiten se las haremos llegar con toda oportunidad.
En ese sentido, cuenten con la disposición de la Comisión respecto del grupo de trabajo para poder construir un mejor marco normativo alrededor del sector de ahorro y crédito popular, que no fue reformado en la reforma financiera. En la reforma financiera se hicieron cambios para que tuvieran oportunidad de ser más eficientes y más competitivos y se emparejaran en algunas condiciones con los bancos, pero no en cuanto a la fortaleza misma de las entidades que conforma el sector de ahorro y crédito popular, que yo creo que ahí debemos trabajar.
En cuanto a la pregunta concreta de los activos monetizados. No, no alcanzan a pagar los que hoy tenemos. Porque los 3 mil 200 millones más los 400, más los otros 400 de cartera que hay en Ficrea, más los activos que pudimos recuperar durante la intervención no alcanzan porque no tienen ese valor en el mercado. Los 3 mil 300 millones de pesos, si estuvieran dentro de la sociedad financiera popular se les tendría que hacer una reserva respecto, porque así lo señala la norma, respecto de la posibilidad de cobro, y ése sería más o menos un aproximado del valor, que evidentemente, más en esta situación, pues no necesariamente es el mismo. Pero en lo que debemos trabajar, es precisamente en recuperar más activos para que se pueda recuperar más, y en ese sentido poderle pagar más a la gente.
Si alcanzarán. No, pues depende cuánto se recupere, el valor de esos y la prelación en la que se establezca en este grupo de trabajo, si es que se pueden hacer esas modificaciones de ley. Muchas gracias, senador.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: ¿Algún otro funcionario quisiera ampliar? Muy bien.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Senador Oramas, para su derecho de réplica.
El senador Arquímedes Oramas Vargas: Aprovecharía solamente para felicitarlos, a todos los funcionarios, y felicitarnos, a todos los legisladores. Reiterar que todos los legisladores y todo el pueblo de México está exigiendo justicia. Que no debemos permitir que queden impunes esos actos.
Y de manera muy especial, también exhortarlos para que se haga una política de información para que estén bien enteradas todas las personas. Que estén bien enterados todos los mexicanos y que esto permita dar confianza al sistema financiero mexicano. Muchas gracias.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias, senador.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: De conformidad con el orden del día tienen una intervención final, si así quisieran hacerlo, cada uno de nuestros invitados.
El presidente Jaime González Aguadé: Pues como están platicando ello, voy. Primero agradecerles la disposición de todos. Me parece que como ya lo han señalado algunos de ustedes, esta reunión de trabajo fue una reunión productiva, pero que debe terminar en algo mejor a través de los mecanismos que ya se han aquí planteado.
Señalar que todo lo que se hace en la Comisión y en las demás autoridades financieras no es tolerar fraudes. No es tolerar desviaciones al marco normativo. Y es en protección de los ahorradores, dentro del marco legal que tenemos, que ha sido nuestra actuación en esta administración, y en este caso en particular.
En ese sentido, me gustaría recalcar, aunque ya lo he dicho varias veces, que no sabíamos desde marzo. Iniciamos la visita de inspección en marzo y que fue a través de un proceso complejo, delicado, de investigación que no solamente involucró a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sino a demás autoridades, en construir solamente las pruebas para permitirnos llevar a cabo la intervención y después conocer el fraude en su totalidad.
En ese sentido es que la comisión actuó –a mí juicio– de forma preventiva, pero es que también los supervisados tienen un derecho que tenemos que respetar y eso a veces hace que estas cosas no sean tan rápidas como quisiera el público en general, los ahorradores en lo particular y sobre todo nosotros. Teníamos ya elementos que a lo mejor nos llevaban a la misma conclusión, pero que teníamos que esperar estas formas legales.
De nuevo señalar, en mi opinión, para el sector de ahorro y crédito popular, me parece que sí hay cambios necesarios que hacer, que tenga una supervisión más rigurosa, que tengan reglas más estrictas, que se comporten un poco más como bancos sin perder de vista evidentemente que están construidos y pensados para atender al sector popular, como lo menciona el propio nombre y que en ese sentido tenemos que pensar cómo es que se puede, como lo señalaba el senador Flores, que no se lleven a cabo estas actividades que no son ilícitas, pero que pueden confundir como fue el caso de Ficrea en lo particular.
Nada más reiterar que cuenten con la disposición de la Comisión Nacional Bancaria, para que este grupo de trabajo tenga un buen fin y mejoremos la situación en la que nos encontramos, en lo particular de los ahorradores y en general del sector de ahorro y crédito popular. Muchas gracias.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias, maestro. A continuación el licenciado Mario Alberto di Costanzo.
El presidente Mario Alberto di Costanzo Armenta: Agradecer esta invitación a esta reunión de trabajo e informar y desde luego manifestar toda la voluntad y toda entereza de la Condusef para estar presente, si es convocada en este grupo de trabajo.
Adicionalmente agradecer al Poder Legislativo las herramientas que le dieron a la Condusef en la reforma financiera. Ahora ya tenemos un buró de entidades que al final del año registró 200 mil visitas, es un buró único en el mundo lo que ustedes nos aprobaron hacer.
Ya podemos ordenar que los o que las entidades financieras remuevan las cláusulas abusivas de los contratos a partir de este año. La herramienta que nos dieron para regular mejor a los despacho de cobranza ya es una realidad, ya está operando desde el 7 de enero y simplemente reiterar la disposición de la Condusef para trabajar de la mano con el Poder Legislativo. Muchas gracias.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, licenciado Mario di Costanzo. A continuación el licenciado Bazbaz, por favor, si es tan amable.
El jefe de unidad Alberto Bazbaz Sacal: Gracias, senadora. Igualmente para agradecer la invitación que realizaron para participar en este proceso y para ponernos a sus órdenes senadores, senadoras, diputados, diputadas. Venir voluntariamente y con mucho gusto cuantas veces sea necesario en éste o en cualquier otro caso en donde esta soberanía requiera cualquier explicación de cualquier actuación de la institución en la que laboramos y de la actuación en particular que también realizamos. Siempre a sus órdenes, muchas gracias.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias por parte de esta Presidencia. Agradecer a los funcionarios sus exposiciones, su disposición, no solamente para esta sesión de trabajo sino para el grupo al que se ha conformado a las y los legisladores comunicarles que llevaré las inquietudes aquí vertidas para la conformación de este grupo tripartita, para que la reunión formal de la Tercera Comisión podamos ser votada, integrada y, en todo caso, ser sometida a la propia Comisión Permanente.
Al diputado Belaunzarán, sus inquietudes también, muchas gracias por su apoyo para el desahogo de esta reunión.
La presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Se levanta la sesión y quedamos convocados para la sesión formal del próximo día martes. Muchas gracias.
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