Comunicaciones
Iniciativas
Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, PRI
Miguel Ángel Yunes Linares, PAN
Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, PRD
Claudia Villanueva Huerta, PVEM
Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, PMC
Carmen Victoria Campa Almaral, PNA
Norma Edith Martínez Guzmán, PES
Gloria Himelda Félix Niebla, PRI
Lorena del Carmen Alfaro García, PAN
José Refugio Sandoval Rodríguez, PVEM
Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Morena
Cynthia Gissel García Soberanes, PMC
María Eugenia Ocampo Bedolla, PNA
Emma Margarita Alemán Olvera, PAN
Maricela Contreras Julián, PRD
Javier Octavio Herrera Borunda, PVEM
Víctor Manuel Sánchez Orozco, PMC
Manuel Alexander Zetina Aguiluz, PNA
Norma Xóchitl Hernández Colín, Morena
Claudia Sofía Corichi García, PMC
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política
Con modificación de fecha de comparecencia
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Como lo indica, diputado presidente. Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 370 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (11:39 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa su lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos con el orden del día en materia de comunicaciones.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se recibió oficio del diputado Alex Lebaron González, por el que solicita se retire de los registros de las Comisiones Unidas de Energía y de Gobernación, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Energía para el Campo y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada el 27 de octubre del año en curso.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe final de la evaluación de procesos del programa presupuestario G003, Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social para su conocimiento.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Oficio de la Secretaría de Educación con el que remite información complementaria de las unidades responsables, correspondientes al destino de los recursos federales que reciben las universidades e instituciones públicas de educación media y superior, al tercer trimestre del ejercicio 2015 de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondiente al tercer trimestre de 201, así como informes en cumplimiento a diversas leyes de carácter fiscal.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Oficio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con el que remite el informe sobre la situación financiera patrimonial y operativa del instituto al cierre de 2014.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Vivienda para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Oficio del Instituto Nacional de las Mujeres con el que se remite el informe de resultados, así como los avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, con sus respectivos anexos al tercer trimestre de 2015.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Igualdad de Género y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Oficios de la Cámara de Senadores con los que se remite un acuerdo aprobado y cuatro proposiciones con puntos de acuerdo por las que se solicita a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron de diversas autoridades ocho contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes minutas.
Con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que devuelven para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Juventud, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y de Igualdad de Género, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se recibieron oficios de la Cámara de Senadores, con los que se remiten las siguientes iniciativas:
Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34, fracción XIV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por la senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Aduanera, presentada por senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y del Trabajo.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos con el capítulo de Iniciativas de diputadas y diputados.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Candelaria Ochoa, por favor. ¿Con qué propósito, diputada?
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidente, gracias. Buenos días, compañeras, compañeros. Tengo más o menos dos meses insistiendo aquí en que el feminicidio ha alcanzado niveles gravísimos.
Todos los días se suceden muertes de mujeres y me interesa muchísimo que de verdad nos pronunciemos, porque ya lo hice hace dos semanas en la tribuna, pero me gustaría que hoy insistiéramos en esto.
Requerimos un programa urgente para atender y prevenir el feminicidio. Las mujeres estamos muriendo todos los días en manos de sus compañeros, de sus hijos, de sus esposos. Necesitamos parar esto y me parece que es urgentísimo que de verdad hoy la Cámara se pueda pronunciar en pleno. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Grijalva Zambrano: Yo respetuosamente le sugiero a la diputada Candelaria Ochoa que para cumplir con la norma, las normas que nos hemos dado en esta Cámara de Diputados, se remita su petición, su preocupación que, estoy seguro la compartimos muchos y muchas de los integrantes de la Cámara, pero que lo haga a través de la Junta de Coordinación Política porque una vez ya entrados en el orden del día, éste solamente podrá ser modificado a propuesta de la Junta y hay que presentar esta solicitud para que la Presidencia misma nos lo haga del conocimiento acá.
Yo respetuosamente le sugiero esto, diputada Ochoa. De nueva cuenta sonido en la curul de la diputada.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Ya lo hice hace tres semanas, por eso es que insisto nuevamente. Ya lo hice, ya cumplí el procedimiento pero necesitamos que la Junta de Coordinación Política lo valore como un tema de urgente u obvia resolución.
El Presidente diputado José de Jesús Grijalva Zambrano: Que se tome nota por nuestras amigas y amigos integrantes de la Junta de Coordinación Política de este llamado que usted muy respetuosamente también ha formulado. Gracias.
Se recibió de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Grijalva Zambrano: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, para presentar iniciativa con proyecto que reforma el artículo 381 Bis, y adiciona un artículo 381 Ter al Código Penal Federal, suscrita también por los diputados Francisco Javier Santillán Oceguera, y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela: Con el permiso de la presidencia. Diputadas y diputados de la República, para muchos mexicanos la palabra “abigeato” es desconocida, y por lo tanto ignoran la problemática que ella genera.
Este delito consiste en el robo de ganado o animales domésticos que sucede por lo regular, aunque no en forma excluyente en el campo. Este delito ha aumentado en el país, en 23 por ciento durante los últimos tres años, sobre todo en los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Michoacán.
Según información del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las denuncias por abigeato pasó de 6 mil 134 averiguaciones en 2012, a 7 mil 667 en el año del 2013.
Para noviembre del 2014, de acuerdo con las averiguaciones previas, el número se encontraba en 7 mil 553 en todo el país, con tendencias a aumentar para cerrar el año y crecer en el 2015.
Debido a la preocupante situación que vive Chiapas por este delito, el gobierno del estado creó la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito al Abigeato, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Por su parte dentro de las acciones que emprendió la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en mayo de 2014 para reducir el abigeato en el país, se impulsó la llamada técnica del aretado que consiste en asignarle un número único de identificación individual al animal, lo que permite dar seguimiento a sus movimientos.
Con esta medida la Sagarpa informó que se dificultaría el robo del ganado, toda vez que la base de datos sería compartida con las procuradurías estatales, la policía federal, las policías municipales y así poder tener mayor vigilancia en caminos, carreteras y autopistas.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por las instancias del gobierno federal y locales, no se ha podido frenar este delito y las ganancias para el sector ganadero se han visto seriamente dañadas por el robo de su ganado.
Existen localidades donde a plena luz del día comandos armados se presentan a hurtar a los animales que han sido cuidados por muchos años. Desafortunadamente en muchos lugares del país, el abigeato no es delito grave, por lo que en menos de 72 horas los culpables salen pagando una fianza y peor aún, la pagan con el mismo dinero que obtuvieron en el mercado ilegal, teniendo aún así una ganancia,
El artículo 381 Bis del Código Penal Federal que hace referencia a este delito es muy endeble, que no inhibe su acción. De esta forma, la mayoría de las denuncias no terminan en una sentencia condenatoria por el pago de fianzas porque la víctima ya no ratificó su denuncia por el poco interés de las autoridades de realizar su trabajo, además de los índices de corrupción que son de los más altos en el país.
Según información de Sagarpa, en promedio cada mes ocurren entre 500 y 650 casos de robo, de ganado a nivel nacional. Los agricultores y campesinos se presentan de parte fundamental de la población que reclaman respeto a su trabajo, a su patrimonio, a sus familias y exigen mejores niveles de vida.
El campo mexicano enfrenta el reto de sostener la alimentación fundamental de los mexicanos y requiere para ello seguridad jurídica en sus formas de propiedad, en su trabajo, en su patrimonio, el campo es la palanca para la transformación estructural de nuestra agricultura y ganadería, y para disminuir las condiciones de vida entre la población del campo y la ciudad.
Debemos tomar con preocupación este problema, ya que la actividad ganadera es sostén directo de muchos trabajadores y de sus familias, de los ganaderos, de la economía, de la formal economía, de la alimentación de la población; por ello el daño que ocasione el abigeato no sólo afecta a una persona, a un grupo, sino afecta la región en donde se comete, y a todos en general, por lo que es necesario sancionar con mayor severidad este delito para desincentivar su práctica. Muchas gracias, presidente. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ixtlahuac. Túrnese a la Comisión de Justicia, para su dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Miguel Ángel Yunes Linares, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Alex Le Barón González (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, diputado Yunes. Sonido en la curul del diputado Alex Le Barón, por favor.
El diputado Alex Le Barón González (desde la curul): Presidente, solicitarle al diputado Ixtlahuac la posibilidad de sumarnos a esta iniciativa que acaba de presentar.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Dónde anda? Ah, ya. Bien, el diputado proponente manifiesta su aquiescencia, entonces acá está a disposición la iniciativa presentada para que pueda ser suscrita por quienes lo deseen hacerlo.
El diputado Antonio Tarek Abdala Saad (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Allá, sonido también en la curul del diputado Tarek Abdala. Sonido ahí. Ahí está, diputado.
El diputado Antonio Tarek Abdala Saad (desde la curul): Gracias, presidente. De igual forma, a nombre de los diputados de Veracruz, pedirle al diputado Ixtlahuac sumarnos a su iniciativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien, ya ha manifestado él su asentimiento; entonces está, diputado, aquí a disposición.
El diputado Antonio Tarek Abdala Saad (desde la curul): Gracias.
El diputado Salvador Zamora Zamora (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido, acá, en la curul del diputado Zamora, por favor.
El diputado Salvador Zamora Zamora (desde la curul): Gracias, presidente. En el mismo sentido, presidente, para pedirle al diputado proponente que nos permita, tanto al diputado Gustavo Cárdenas como a su servidor, sumarnos a la presente iniciativa. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Gracias. Bien. Ahora sí, diputado Yunes, por favor.
El diputado Miguel Ángel Yunes Linares: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en México puedes asesinar y salirte con la tuya, en Estados Unidos no. Mientras en México apenas el 20 por ciento de los homicidios reciben una condena, en Estados Unidos 9 de cada 10 homicidas son sentenciados. Sólo el 10 por ciento de los secuestros cometidos en México son denunciados. Éste es un delito de bajo riesgo y altas ganancias.
Qué duras expresiones, pero también son ciertas. No son afirmaciones mías aunque las comparto, son de Rudolph Giuliani, quien logró reducir la tasa global de delincuencia en Nueva York en 56 por ciento, los asesinatos en 66 por ciento, las violaciones en 40 por ciento y los asaltos en 72 por ciento.
Dice también Giuliani que para lograr seguridad el tema medular es el cumplimiento de la ley y el fortalecimiento de los mecanismos para cumplirla. Lo expresó en Tijuana, un municipio gobernado por el Partido Acción Nacional que puede preciarse de haber logrado abatir los índices delictivos coordinando esfuerzos y capacidades, sin abdicar de la responsabilidad del propio municipio de cuidar de la vida, la integridad física y el patrimonio de sus habitantes.
Giuliani, alcalde de Nuevo York, y Jorge Ramos, alcalde de Tijuana, hoy diputado federal, lograron lo que queremos alcanzar para todo México; abatir la inseguridad y recuperar la paz y la tranquilidad para las familias.
Se ha dicho hasta el hartazgo, hoy el problema que más preocupa a los mexicanos, a más del 70 por ciento, es la inseguridad y en la búsqueda de soluciones a este grave problema nos da por repartir culpas en lugar de distribuir responsabilidades. Hoy se dice que el culpable de la inseguridad es el municipio y que la solución es apretarle el cuello y quitarle más facultades.
A ese paso lo que sigue es que cualquier día se proponga la desaparición de los municipios y los estados y que volvamos a un régimen centralista. Pero no se trata de repartir culpas sino de encontrar soluciones. Está muy bien lo que dijo hace unos cuantos días el presidente Peña Nieto; En materia de seguridad pública no se vale nadar de muertito.
Lo suscribo, debe ser tarea de todos, el problema es enorme, por eso el PAN no propone una solución simplista como lo es agrupar todas las corporaciones municipales en una policía estatal o mando único. Vamos por una cirugía mayor, que parte de reconocer en el municipio la potestad de proteger los derechos esenciales de sus habitantes y de apoyar al municipio para que lo logre.
Asumir también que habrá ocasiones en que el fenómeno delictivo rebase a la célula municipal y entonces se le tengan que apoyar, o de manera subsidiaria intervenir o sustituir. Para Acción Nacional el camino no es centralizar, sino desconcentrar y coordinar y darle bases técnicas a la operación de las instituciones de seguridad.
Estas son las razones de la iniciativa que hoy presentamos a su consideración. Se trata de cambiar un modelo que no ha funcionado, por uno nuevo, en el que sean criterios técnicos, científicos y no políticos, los que orienten el rumbo de la seguridad pública en México.
¿Qué es lo que planteamos? En esencia, lo siguiente: crear el Instituto Nacional de Seguridad Pública, integrado por expertos designados por el Senado de la República, organismo que sustituiría al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Consejo Nacional de Seguridad Pública y a las distintas conferencias que operan en esta materia. Esto sería a costos compensados, no tendría costo adicional.
Instituir el servicio nacional de carrera policial para la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de todos los miembros de las instituciones policiales. Condicionar el funcionamiento y existencia de las instituciones de seguridad pública al cumplimiento de los estándares y capacidades establecidos por la ley.
Diseñar un nuevo modelo de evaluación e intervención de las instituciones de seguridad, mediante el cual el instituto podrá evaluar, auditar, intervenir y disolver una institución de seguridad cuando incumpla los estándares que establezca la ley.
Facultar también al instituto para definir las reglas de operación de los fondos y subsidios y evaluar su aplicación.
Crear el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, para contar con un órgano de alta capacidad y especialidad para la ejecución de esta tarea básica para el proceso penal. Y establecer un tabulador salarial a nivel nacional para los miembros de las instituciones policiales, garantizar sus derechos laborales y brindar seguridad social a ellos y a sus familias.
Compañeras y compañeros diputados, Acción Nacional actúa con responsabilidad, la iniciativa que hoy presentamos es resultado de varios meses de trabajo, análisis y consulta con especialistas.
La seguridad pública debe ser un tema de Estado, así lo asumimos, por eso lo que planteamos es una solución de fondo, un replanteamiento serio de nuestro modelo constitucional en materia de seguridad. No venimos a repartir culpas y señalar culpables, sino a plantear soluciones. Esta es la nuestra, esperamos poder contrastarla y debatirla, para entre todos tomar la mejor decisión y poder enfrentar el grave problema de inseguridad que hoy cimbra a México. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Yunes. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El diputado Jorge Ramos Hernández (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Jorge Ramos, por favor.
El diputado Jorge Ramos Hernández (desde la curul): Presidente, sólo para solicitarle al diputado Miguel Ángel Yunes si pudiéramos adherirnos toda la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, en virtud de que su propuesta refleja la integralidad con la que un tema tan serio como la seguridad pública requiere para este país.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Yunes manifiesta su asentimiento, quiero pensar que automáticamente. Entonces, está a disposición de quienes quieran suscribir la iniciativa recién presentada por el diputado proponente, aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Saludamos a maestras y maestros de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Tamaulipas, invitados por el diputado Jesús Rafael Méndez Salas. Bienvenidas, bienvenidos amigas y amigos, a este recinto parlamentario.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Agustín Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, nuestra Constitución tiene fortalezas y debilidades, pero sus debilidades son crecientes.
Nuestra Constitución tiene, a juicio mío, un vicio de origen, un vicio que le viene de lejos, dicho sea de paso, si me apuran, desde La Colonia, de aquel, acátese pero no se cumpla, pronunciado por algún virrey que después se volvió frase sacramental, porque la legislación de las colonias del imperio español, de los virreinatos, se elaboraba en Madrid con un gran desconocimiento de la realidad de estas tierras.
Y entonces la norma quedaba muy lejos de la realidad. Y ese abismo entre norma y realidad se volvió tradición e inercia. Ése es el vicio de origen al que me refiero.
Cuando la norma está tan alejada de la realidad, esa brecha se llena con códigos de reglas no escritas, que son los que realmente funcionan y los que realmente se aplican. Y se generan incentivos perversos para la corrupción.
Pero además de ese vicio de origen, nuestra Constitución tiene ahora otro que es producto de una cantidad enorme de enmiendas de reformas que se le han hecho, y estoy hablando de la Constitución vigente, la de 1917, que en rigor es la de 1857 reformada.
Esa cantidad enorme de reformas no solo la ha hecho extensa, nuestra Constitución tiene alrededor de 74 mil palabras, según cálculos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es una de las más largas del mundo, quizás la segunda o tercera después de la de la India, pero no solamente decía por la extensión sino también por la incoherencia que es inherente, inevitable cuando se hacen tantas modificaciones y cuando el texto se vuelve tan complejo.
Por eso, esta iniciativa que presento propone crear lo que en algunos países como España se llaman leyes orgánicas constitucionales. Es un estrato intermedio entre la Constitución y las leyes secundarias, en donde se descarga el fardo reglamentario de la Carta Magna.
No solo en España existen, existen también en varios países latinoamericanos, con diferentes nombres. En México lo propuso hace mucho tiempo el doctor Héctor Fix Zamudio. Lo ha propuesto el doctor Diego Valadés. Lo ha propuesto el doctor Ricardo Sepúlveda, a quien le agradezco, por cierto, el apoyo en la elaboración de esta iniciativa.
Se trata, decía, en éstas que aquí en México han denominado leyes de desarrollo constitucional y que yo en mi iniciativa les llamo leyes de ordenamiento constitucional. Insisto, de descargar la Constitución, aligerar su estructura y poder reordenarla y darle coherencia. Éste sería el primer paso hacia la nueva Constitución que México necesita.
Lo he dicho en muchas ocasiones y lo sostengo ahora, México necesita una nueva Constitución. Esta es ya disfuncional. Este sería el primer paso. Lo han hecho muchos países hermanos en América Latina recientemente, han elaborado nuevas Constituciones. No hay razón por la que los mexicanos no podamos hacerla, se viene el centenario de 1917 al 2017, el centenario de esta Constitución y es el mejor momento para plantear una nueva Carta Magna.
Me parece que esta iniciativa que reforma los artículos 72 y 73 constitucionales, para crear las leyes de ordenamiento constitucional tiene esa virtud, es una iniciativa seminal, solamente es una exhortación, es un punto de arranque para que se empiecen los trabajos que a mi juicio deben darse ya para elaborar un nuevo texto constitucional para el 2017.
Esa es la propuesta que estoy haciendo hoy. Esa es la propuesta que le pido a la Comisión de Puntos Constitucionales que tome en cuenta como lo que es, como lo que pretende ser, una iniciativa seminal que siente las bases para un trabajo mucho más profundo. Ya hay un texto, por cierto, un texto que publicó esta Cámara de Diputados, coordinado por Diego Valadés y por Héctor Fix Fierro, sobre las Leyes de Desarrollo Constitucional, ellos les llaman Leyes de Desarrollo Constitucional.
La diferencia entre esa propuesta y la mía es que ellos prevén una Ley de Desarrollo Constitucional, que a mí juicio generaría dos Constituciones paralelas. Yo propongo 12 leyes de ordenamiento constitucional, pero el objetivo es el mismo. El objetivo es descargar a nuestra Constitución de ese fardo reglamentario, aligerarla, reordenarla, volverla coherente y preparar lo que debe ser nuestra nueva Carta Magna. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Basave. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Claudia Villanueva Huerta, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 10 y 101 de la Ley Agraria.
La diputada Claudia Villanueva Huerta: Con el permiso de la Mesa Directiva, con su venia, señor presidente; legisladores y legisladoras, amigos todos. Subir a esta tribuna representa una enorme responsabilidad porque nuestra palabra se convierte en la voz no solo de aquéllos que votaron por nosotros, sino en la de aquellos mexicanos que tenemos la obligación de representar. Por ello es necesario entender que no podemos subir a esta tribuna sin una causa justa que defender y no bajar de ella sin la satisfacción del deber cumplido.
Es por eso que he decidido impulsar esta iniciativa de ley en la cual pretendemos que el mecanismo de defensa de los derechos humanos empiece a dar sus primeros pasos en el tema de tenencia comunal y ejidal de la tierra.
Hablar de la propiedad agraria es hablar de un sector que no solamente acapara la importancia alimentaria. Además también estamos hablando de un sector que representa a una buena parte de la población de nuestro país.
Según datos arrojados por la Sedatu, el 51 por ciento del territorio nacional está compuesto por núcleos agrarios, mismos que representan a un número superior a los 31 mil, ya sea ejidos o comunidades.
En este marco de ideas tenemos una primera aproximación del universo de personas al que puede proteger esta iniciativa. Sin embargo debemos entender que el objetivo de la presente reforma no recae solamente en los actuales habitantes de la comunidad agraria, también en el número de potenciales migrantes que pueden llegar a residir en estos núcleos, mismos que deben de disfrutar de la protección de los derechos que les reconoce la Constitución Política de nuestro país.
En el año 2010, datos obtenidos por el INEGI, más de tres millones de ciudadanos trasladaron su residencia de un estado a otro dentro de nuestro país,, de los cuales casi el 60 por ciento lo hicieron por motivos laborales, situación suficiente para que una familia completa deje su lugar de origen y se vea en la necesidad de adaptarse a un entorno totalmente diferente al que estaba acostumbrado.
De acuerdo a estudios realizados en el tema de migración, es muy alto el número de migrantes que se ve afectados a adaptarse a sus nuevos entornos, toda vez que cambiar los hábitos de vida de una persona no es una tarea fácil y se dificulta aun más cuando el entorno se muestra receptivo a la llegada de un nuevo habitante.
Es aquí en donde surge la necesidad de proteger a los migrantes en el ejercicio de sus derechos humanos. El fenómeno de la discriminación es una tarea pendiente por erradicar en el contexto social mexicano, es por ello que debemos sumar esfuerzos para evitar que los derechos de nuestros connacionales puedan verse vulnerados debido a malas interpretaciones de la ley, así como buscar salvaguardar el espíritu constitucional del derecho del ejercicio de los usos y costumbres.
En este tenor de ideas es que presento esta iniciativa de reforma y adición a la Ley Agraria de nuestro país, reforma que pretende que alguno de los que ejercen sus derechos comunales o ejidales, frenen sus actitudes discriminativas hacia miembros de la misma comunidad.
Al respecto de la iniciativa que se impulsa, debemos precisar que centra en dos artículos básicos de la ley en comento, me refiero al artículo 10 y al artículo 101, procurando en todo momento por la protección a los derechos humanos de los miembros de los núcleos agrarios.
Compañeros, los invito a que revisemos el tema agrario, pues estudiarlo significa fortalecer al campo mexicano, un sector al que estamos aún a tiempo de tenderle la mano, y que nuestra obligación histórica es apoyar, pues un país que es incapaz de generar la mayoría de sus alimentos, es un país que está a merced de las voluntades más extrañas y caprichosas del entendimiento humano. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Villanueva. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley General de Salud.
El diputado Roberto Guzmán Jacobo: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en México hay más de 60 mil pacientes con insuficiencia renal que no on atendidos por ningún servicio público de salud, desgraciadamente; y el problema cada vez es más grave en el país porque se registra un aumento constante de mexicanos con complicaciones de diabetes e hipertensión.
Las autoridades de salud no cuentan con un censo real de enfermos a nivel nacional. Se calcula que habría más de 100 mil distribuidos en todo el territorio nacional, de los cuales 37 mil cuentan con un tratamiento adecuado de manera continua, según la OMS.
Es decir, el 80 por ciento de estos enfermos son atendidos por el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular.
Estaríamos hablando de que en México hay más de 60 mil pacientes que no reciben un tratamiento adecuado para paliar enfermedades, y los que son atendidos no siempre cuentan con las condiciones básicas necesarias para tratar estas patologías.
Las unidades de hemodiálisis existentes son insuficientes en nuestro país, ya que se calcula que de cada diez pacientes sólo ocho reciben la diálisis peritoneal; es decir, el procedimiento tradicional que ha quedado rebasado y únicamente dos reciben hemodiálisis.
Los números confirman este vacío. Hasta el 2011 se tenían identificadas sólo 312 unidades de hemodiálisis, la mayor proporción se ubicó en el Distrito Federal con el 16.8 por ciento; seguido de Jalisco, el 8.4 por ciento; Tamaulipas, con el 6 por ciento. Además, el 37 por ciento corresponde al sector privado, el porcentaje más alto, la atención de los servicios públicos de salud se distribuye así: el 22 por ciento a la Secretaría de Salud, el 20 por ciento al ISSSTE, 16 por ciento al IMSS, 4 por ciento Pemex y el 1 por ciento a un hospital universitario. También es importante resaltar que el tratamiento es muy costoso y deja sin posibilidades de acceder a él a un número significativo de pacientes.
Se calcula que, en clínicas privadas sólo para iniciar el tratamiento se debe pagar en 6 mil a 15 mil pesos, además de que el costo por sesión puede ser entre 800 y mil pesos como mínimo; si tomamos en cuenta que un paciente requiere de tres sesiones a la semana, estaríamos hablando de 2 mil 400 a 3 mil pesos, cifra imposible de pagar para un gran número de mexicanos.
Hoy vengo a esta tribuna a referirme al derecho humano a la salud, consagrado en el artículo 4o de la Constitución Política.
Señoras y señores diputados, el derecho a la salud no sería realidad en México mientras el universo de ciudadanos que tienen padecimientos renales no cuenten con una atención adecuada de las instituciones púbicas que les permita mejorar su calidad de vida.
Por ello, Morena propone modificar la Ley General de Salud en contexto en el artículo 1o de la misma, con el objeto de que sea de competencia del Consejo de Salubridad General promover la instalación de una unidad de hemodiálisis en todos los hospitales generales de segundo y tercer nivel del sector público que brinden atención gratuita a la población.
Por ello buscamos contribuir a identificar y atender de los problemas de salud más apremiantes que sufre un sector de la población mexicana, siendo de las enfermedades crónica-degenerativas con mayor morbilidad en México.
Por lo anterior expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. El artículo único se adiciona en la fracción IX del artículo 17 de la Ley General de Salud, corrigiéndose de la fracción para quedar como sigue:
Artículo 17. (...)
IX. Promover la instalación de una unidad de hemodiálisis en todos los hospitales generales de segundo y tercer nivel del sector público que brinde el servicio de manera gratuita para una atención oportuna, eficaz y de calidad.
Hagamos consciencia, compañeras diputadas y compañeros diputados. La salud no es un juego. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Roberto Guzmán Jacobo. Túrnese a la Comisión de Salud, para su dictamen.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Rosa Alba Ramírez.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (desde la curul): Muchísimas gracias, presidente. Solicitando a nuestro compañero diputado la oportunidad de signar tan excelente propuesta, en razón de que el día de hoy hay un gran número de personas enfermas del riñón que no tienen oportunidad de accesar al tratamiento, incluso ni siquiera en las unidades del seguro social y del ISSSTE por la falta de capacidad de esas unidades. Espero tenga a bien permitirme participar con él en esta propuesta.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada.
La diputada Araceli Madrigal Sánchez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada Araceli Madrigal. Adelante, diputada. Sonido en la curul de la diputada Araceli Madrigal, por favor.
La diputada Araceli Madrigal Sánchez (desde la curul): Muchas gracias, presidente. También para pedirle al diputado que presentó la iniciativa si me permite adherirme a la misma. Me consta, soy médico, que no hay unidades de hemodiálisis en todos los hospitales del sector salud y, por separado, es un peregrinar de los familiares de los pacientes que son atendidos en su domicilio y no cuentan con los medios y los medicamentos necesarios.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada.
La diputada Claudia Sofía Corichi García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Sofía Corichi.
La diputada Claudia Sofía Corichi García (desde la curul): Gracias, presidente. Nada más para pedirle al diputado, de parte de la diputada Marbella Toledo y de una servidora, si nos permite adherirnos a su iniciativa importantísima en el tema de prevención y de salud de todas las mexicanas y de todos los mexicanos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Diputado Roberto Guzmán Jacobo, ¿sí está de acuerdo con estas adhesiones?
El diputado Roberto Guzmán Jacobo (desde la curul): Sí, por supuesto.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado da su anuencia.
La diputada Mariana Trejo Flores (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Mariana Trejo, por favor.
La diputada Mariana Trejo Flores (desde la curul): Sí, pues efectivamente si una vez nos logremos adherir todo el Grupo Parlamentario de Morena, porque en sí queda de manera perjudicial que lastimosamente la Secretaría de Salud no le brinda lo que es la atención adecuada para lo que es las enfermedades crónico-degenerativas en este rubro primordialmente todos se van en lo que es diálisis peritoneal, y queda en otro rubro que no ha sido sustituido todavía aun lo que es la hemodiálisis. Es de suma importancia. Hagamos conciencia.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. El diputado Guzmán Jacobo ya dio su aprobación y se dará el trámite que hemos venido dándole a las demás iniciativas, poniéndolas a su disposición aquí en la Secretaría. Sonido en la curul del diputado Jorge Tello.
El diputado Jorge Tello López (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Efectivamente hoy la propuesta que hemos los del Grupo Parlamentario de Morena sin duda es una propuesta de suma importancia, ya que la gran mayoría de mexicanos y mexicanas hoy no tienen derecho a ese servicio de salud. Yo le pediría a los demás compañeros legisladores de este Congreso que se sumen, que demuestren que efectivamente hoy estamos en favor de pueblo mexicano. Es cuanto.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Tello. Ya el diputado promovente dio su autorización. Sonido a la curul del diputado Julio Saldaña Morán.
El diputado Julio Saldaña Morán (desde la curul): Diputado, de igual manera para hacer de manifiesto la importancia de esa iniciativa y de igual forma quiero pedir si me puedo allanar a la misma.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Ya dio su autorización el diputado Guzmán Jacobo y está a su disposición aquí en la Secretaría. Sonido en la curul de la diputada Erika Briones.
La diputada Erika Irazema Briones Pérez (desde la curul): Gracias. De la misma manera, solicitarle al diputado adherirnos a su iniciativa. En el estado de San Luis Potosí en la zona centro ha sido afectado, es una zona vulnerable a estas situaciones que vive la ciudadanía en el tema de salud. Pedimos por favor al diputado que nos permita adherirnos. Gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Briones. Ya dio su autorización el diputado promovente y está a su disposición aquí en la Secretaría.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos, al diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación.
El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez: Con su venia, señor presidente. Vengo muy emocionado porque el día de hoy recuerdo enormemente a mi padre, quien fue el que propuso el 30 de octubre de 1986 esta iniciativa, y que hoy todavía está vigente y que debe estar vigente, y debo de trabajar y pugnar por ella. Por eso les exhorto a todos mis compañeros diputados y diputadas a que hagamos de esta propuesta una realidad.
Propuso que la educación en México tuviera como un objeto fundamental fortalecer los valores y sus principios éticos y cívicos. Con profundo orgullo lo digo aquí en esta más alta tribuna de nuestro país, a quien le rindo hoy un reconocimiento a mi padre Jorge Cárdenas González.
Lo que expresó en su momento fue en la LIII Legislatura, es una necesidad que en nuestros días aún no se ha concretado y que actualmente se ha convertido en una terna de la mayor urgencia.
En estos días, mi padre proponía, como lo apelo hoy a la conciencia, señores diputados, un cambio estructural en la política educativa, es regresar a nuestros orígenes, destacando la necesidad de una cruzada hacia el rescate de estos valores, al reconocimiento y al respeto de nuestras raíces históricas y de nuestras instituciones.
La violencia, la inseguridad y la violación a los derechos humanos son un problema tal, que nuestros adultos mayores recuerdan que la solución estaba en la educación familiar, en el hogar. Es donde inculcamos los valores.
A México le urgen soluciones a estos problemas sociales. Nuestro sector educativo plantea en aula la formación vía educación cívica, pero a nivel bachillerato, olvidando que esa formación debe venir desde la educación preescolar y básica.
Retomo la opinión que hace algunos meses expresaron algunos de nuestros compañeros, que una política de valores da mayor rendimiento cuando va dirigida a la niñez. En otras palabras, expresaron que los valores que inculcamos en nuestra niñez son la llave para lograr el cambio en México.
En nuestro México de ocurrencias, la reforma educativa ha invertido en este ciclo escolar 2014-2015, casi 1 mil 300 millones de pesos, sin priorizar en la cultura cívica de los menores, de 0 a 6 años.
Los valores se maman desde la niñez y es precisamente en la niñez donde, de 1 año a 5 años es donde se aprende muchísimo y gran parte de la personalidad de un adulto se forma, precisamente, en la niñez, pero cuando estamos verdaderamente chiquitos. Por eso, compañeros, levanto la voz para lograr un cambio y abonar en la inversión educativa desde la niñez.
Por lo anterior, vengo a exponer a esta soberanía lo que mi padre expuso en su iniciativa de ley, que aún hoy no ha perdido vigencia. Un pueblo sin educación cívica es un pueblo condenado a la confrontación estéril y a la negativa infiltración de ideologías extranjeras, las cuales bajo ninguna circunstancia debemos permitir que proliferen en la conciencia de las nuevas generaciones.
La honradez y el respeto a las instituciones nacionales como fundamento de la educación, es necesario para que la juventud crea en la patria, la defienda y luche por el progreso social, económico y político del país.
Y concluía. Estas actitudes conforman la columna vertebral de la vida pública y privada de México. Compañeras diputadas y diputados, les pregunto, ¿de qué sirve buscar el crecimiento del producto interno bruto, si nuestra identidad nacional se encuentra aniquilada? La fortaleza de una sociedad es saber de sus orígenes, para saber adónde va y cómo defenderse.
La esencia del ser humano es el espíritu, y les pregunto, ¿dónde está el trabajo real para el fortalecimiento del espíritu de los mexicanos? Dónde queda la expresión de José Vasconcelos que decía “Por mi raza hablará el espíritu”.
Es tiempo de cambio, es tiempo de reformar lo que no ha favorecido a nuestra historia nacional. Por ello, diputadas y diputados, hoy siguiendo los pasos de mi padre vengo a proponer la modificación a la fracción XIII del artículo 7o. de la Ley General de Educación.
Artículo 7o. La educación que imparta el Estado y sus órganos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, tendrá además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
Fracción XIII. Fomentar los valores y principios del cooperativismo.
Hoy propongo que esta fracción diga lo siguiente. Fracción XIII. Fomentar el conocimiento y el respeto de las instituciones nacionales, así como enaltecer e inculcar la honestidad y la honradez de la palabra y de obra, como principios vertebrales de la vida pública y privada de México.
Por lo anterior, concluyo, compañeros, ayer alzar la voz era arriesgar la vida, pero hoy no hacerlo es arriesgar el futuro de nuestros hijos, de mi estado de Tamaulipas y de nuestro México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Cárdenas Gutiérrez. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido a la curul del diputado Tamez.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (desde la curul): Pido al diputado Gustavo Cárdenas me autorice y le autorice a los demás miembros de esta fracción, suscribir esa noble iniciativa, por favor.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Tamez. El diputado promovente da su anuencia. Y como en las anteriores iniciativas está a su disposición en la mesa de la Secretaría.
El diputado Pedro Treviño Garza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Garza, por favor.
El diputado Pedro Treviño Garza (desde la curul): Buenos días a todos. Nada más para suscribirme. Le pido al diputado Gustavo Cárdenas, me hizo recordar mi primaria, unirnos a esa iniciativa de fomentar los valores.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Ya el diputado Cárdenas dio su anuencia y está a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría.
Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Carmen Victoria Campa... Perdón.
El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Alfredo Basurto, por favor.
El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Sí, gracias presidente. Al igual que el compañero diputado que me antecedió, por parte del grupo de Morena, si lo permite el diputado Gustavo Cárdenas, adherirnos a su iniciativa que es muy buena. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias. El diputado ya dio su autorización y para el resto de los diputados que deseen adherirse está a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo, 42 de la Ley del Seguro Social y 56 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza tiene el firme compromiso de legislar teniendo como principal propósito mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos. Somos sensibles ante los problemas que enfrentan los diferentes sectores de la población.
Bajo esos principios nos conducimos con congruencia con ellos y ponemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa que reforma el artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 42 de la Ley del Seguro Social, así como el artículo 56 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Con ella pretendemos ampliar la protección a las mujeres y los hombres que antes de acudir a sus caminos de trabajo tienen que llevar a sus hijos a sus respectivas estancias de bienestar infantil, guarderías o escuelas.
Actualmente la legislación prevé el riesgo de trabajo como un elemento fundamental del sistema de seguridad social, entendido este como los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de trabajo. Esta definición no solamente tiene que ver con los eventuales incidentes que puedan ocurrir en los centros de trabajo, sino que abarca el traslado de los trabajadores y las trabajadoras de su domicilio a su centro laboral y viceversa.
Sin duda es un buen principio de protección laboral, sin embargo la dinámica económica y social que vivimos actualmente así como las crisis de seguridad han generado que la gran mayoría de las personas trabajadoras tengan la necesidad de llevar personalmente a sus hijos a sus respectivas instituciones educativas, situación que no está prevista en la ley y que ha ocasionado un mayor desplazamiento de los padres trabajadores que ante esta circunstancia no están debidamente protegidos.
En este sentido la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no contemplan los accidentes que puedan llegar a ocurrir durante el trayecto que recorren los padres hacia las escuelas con sus hijos.
En Nueva Alianza consideramos oportuno e inaplazable actualizar las leyes, reglas y normas de protección laboral y seguridad social a los requerimientos que la realidad nos apremia. Nuestra propuesta es clara y sencilla. Propuesta que considera como riesgo de trabajo los accidentes que puedan ocurrir, que pueda sufrir un trabajador durante todos y cada uno de los trayectos de la casa al centro escolar de sus hijos y de ahí al trabajo o viceversa, y homologar dicho mandato en las tres leyes que prevén el riesgo de trabajo.
De este modo en Nueva Alianza buscamos establecer las condiciones que propicien la producción afirmativa a las y los trabajadores, quienes tendrán la certeza jurídica de que sus derechos de seguridad social están plenamente garantizados.
Con esta propuesta asumimos el compromiso de seguir impulsando leyes que garanticen los derechos de las mujeres y los hombres trabajadores. En Nueva Alianza entendemos que solo así nos encontraremos en el camino correcto para alcanzar una sociedad cada vez más equitativa. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Grijalva Zambrano: Gracias diputada Campa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social para dictamen.
Saludamos la presencia de estudiantes de la carrera de Derecho por parte de la Universidad de Negocios ISEG, invitados por el diputado Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Bienvenidas, bienvenidos al recinto parlamentario de San Lázaro.
Igualmente a alumnos de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM también aquí presentes. Bienvenidos, amigos.
El Presidente diputado José de Jesús Grijalva Zambrano: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 10 Bis a la Ley General de Salud.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Le agradezco, presidente. Buenos días a mis compañeros de la Cámara. El ejercicio de la profesión médica y el de todas las relacionadas con las ciencias de la salud constituye un elemento esencial para garantizar el derecho humano a la salud que se encuentra consagrado en nuestra Constitución.
Los profesionistas de la salud, como todos los ciudadanos, deben ejercer sus derechos dentro de un marco jurídico que les garantice su seguridad jurídica y también sus derechos laborales en todas las circunstancias y casos en los que la práctica de su trabajo se enfrenta a situaciones que ponen en riesgo sus valores éticos.
Por ello es imperativo reconocer en la ley el derecho a la objeción de conciencia, prerrogativa que no es nueva en el derecho positivo mexicano, pero sí necesaria en su inclusión expresa dentro del marco jurídico.
El artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, consagra el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.
“Nadie deberá ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.
“Los Estados parte del presente Pacto también se comprometen a respetar la libertad de los padres, y en su caso de los tutores, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones”.
La preocupación de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ante las continuas violaciones de los preceptos anteriores por parte de los Estados miembros, se cristalizo en la aprobación el 25 de noviembre de 1981 de la Declaración para la Eliminación de todas las Formas de Intolerancia y Discriminación, fundadas en la religión o en las convicciones.
La objeción de conciencia es el derecho consistente en la negativa a realizar determinados actos o servicios derivados de una orden de autoridad o de una norma jurídica cuando estos contradicen los propios principios éticos o morales.
Es una expresión y de manera aún más alta del denominado “derecho de resistencia a la opresión”. La objeción, por tanto, entra en juego cuando se da un choque a veces de manera dramático entre la norma legal que obliga a un hacer y la norma ética y moral que se opone a esa actuación.
En caso así el objetor de conciencia se decanta por la negativa a lo establecido en la norma jurídica, atendiendo lo que considera un deber de conciencia.
Aunque en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos no existe un precepto expreso que proteja el derecho a la objeción de conciencia como tal, lo podemos inferir de la lectura del artículo 24 que garantiza la libertad de conciencia.
No obstante los vacíos jurídicos existentes en la legislación federal, en los últimos años se han efectuado una serie de reformas a la legislación de los estados de la República. Mexicana, por las que se reconoce el derecho a la objeción de conciencia en determinados supuestos, todos ellos relacionados con el ámbito sanitario que es la que abarca, de manera general, procedimientos y actividades realizadas por profesionales de la salud.
De lo anteriormente expuesto resulta clara la necesidad de incluir expresamente el derecho a la objeción de conciencia del personal que presta sus servicios en el Sistema Nacional de Salud, para que puedan disfrutar de esta prerrogativa de la cual ya gozan colegas de diferentes de la República.
Hacerlo además de reconocer este derecho en todo el territorio, permitirá plasmar en nuestro ordenamiento jurídico un compromiso vinculante que asumimos como nación al asignar y ratificar en el Senado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y otros más que se ha ido signando al respecto. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
Damos la bienvenida a directoras y presidentas del DIF aquí presentes, invitados por la diputada Kathia María Bolio Pinelo.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el constitucionalismo mexicano se ha distinguido sobre todo, por su gran vocación social. Nuestra Carta Magna de 1917, además de consagrar las garantías individuales, fue propulsora del establecimiento de los derechos sociales.
Éste ha sido, sin duda, uno de los mayores aportes de México al constitucionalismo moderno. De manera progresiva se incorporaron en nuestra Carta Fundamental el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud, a la alimentación a la cultura, a un medio ambiente sano y a un trabajo digno.
Como parte de este proceso, en el artículo 123 de nuestra Constitución se estableció el derecho a la seguridad social, así como las bases mínimas de su organización.
Habría que subrayar que en nuestra Carta Magna la seguridad social quedó consagrada solamente como una prestación de los trabajadores. Es por ello que hemos presentado una iniciativa con proyecto de decreto, que tiene como propósito agregar un párrafo VIII al artículo 4o. constitucional, para incorporar la seguridad social como un derecho humano fundamental de todos los mexicanos, es decir, se trata de que la seguridad social deje de ser y de concebirse únicamente como una prestación laboral, y forme parte de los derechos humanos que consagra nuestra Carta Magna.
Conviene recordar que el artículo 1o. de nuestra Constitución establece que las normas relativas a los derechos humanos deben brindar en todo momento la protección más amplia a las personas. En ese sentido, en la iniciativa que sometemos a consideración de esta asamblea, proponemos que en nuestra Carta Fundamental se establezcan las bases mínimas de la seguridad social, de acuerdo a los mejores estándares internacionales.
En la iniciativa que estamos presentando sostenemos que la seguridad social debe concebir y debe brindar asistencia médica y prestaciones en caso de enfermedad y desempleo, accidentes de trabajo y enfermedades con motivo del ejercicio profesional, maternidad, invalidez, vejez y muerte.
Tenemos plena consciencia de que no basta constitucionalizar más derechos, el reto es garantizar su ejercicio, por ello consideramos que éste debe ser tan sólo el primer paso. Después de consagrar la seguridad social como un derecho humano tendrían que venir nuevas acciones en materia legislativa, presupuestal y de política pública para lograr que la seguridad social sea efectivamente un derecho de todos los mexicanos.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, consagrar la seguridad social como un derecho humano fundamental significa honrar y enriquecer la tradición del constitucionalismo social mexicano. Con la adición al artículo 4o. de nuestra Carta Magna la legislatura de la que todas y todos formamos parte hará una contribución importante y significativa para seguir haciendo de México un país de más y mejores derechos sociales. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Félix. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Lorena del Carmen Alfaro García: Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, una de las mayores expectativas del cambio democrático en México en el año 2000 fue la posibilidad de transparentar las decisiones del gobierno, abatir los niveles de corrupción que se observaron en administraciones anteriores y contar con gobiernos eficientes.
Por ello, en el mes de octubre del año 2002 el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa por la que se creó la Secretaría de la Función Pública, sustituyendo a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Secodam, a la par de la aprobación de otro instrumento que pretendía romper con las históricas prácticas de opacidad y nepotismo al interior de la administración pública; la Ley del Servicio Profesional de Carrera.
Lo que en aquellos momentos se pretendía era contar con sólidas instituciones encargadas de dar seguimiento, vigilar y evaluar lo establecido en la ley en los términos de acción gubernamental, el gasto público y los esquemas de contratación de personal en las distintas dependencias del gobierno. Es decir, que en nuestro país se contara con elementos de control gubernamental para evitar los malos actos por parte de los funcionarios públicos.
Sin embargo, el 2 de enero del año 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a efecto de desaparecer la Secretaría de la Función Pública, sujetando su extinción a la conformación de un órgano constitucional autónomo responsable de combatir la corrupción y se distribuyeron sus facultades en distintas dependencias del Ejecutivo federal, entre las que se encuentra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
No obstante las modificaciones señaladas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el órgano autónomo previsto no fue aprobado y en la actualidad permanece en funciones la Secretaría.
Cabe destacar que en la reforma constitucional aprobada por esta soberanía el año pasado, en noviembre de 2014, por la que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, se estableció que la Secretaría de la Función Pública, como responsable del control interno del Ejecutivo federal debía reasumir las funciones que tenía previo a las reformas aprobadas en el año 2013.
En Acción Nacional estamos convencidos que el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública es indispensable para lograr los objetivos del nuevo sistema nacional dentro del cual dicha dependencia es una institución fundamental para su diseño e instrumentación.
Para ello, compañeros y compañeras, debemos de volver a dotar de facultades y atribuciones a dicha dependencia, el Sistema Nacional Anticorrupción así lo precisa y necesitamos llevar a cabo las acciones legislativas que sean necesarias para ponerlo en marcha.
Es por ello que a nombre propio y de las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento ante esta soberanía la iniciativa por la cual se restablece formalmente a la Secretaría de la Función Pública y se le reincorporan atribuciones que le fueron eliminadas en la última reforma en el año 2013.
La Secretaría de la Función Pública será la única dependencia encargada del control interno de todas las dependencias del gobierno federal. Una de sus principales atribuciones será la de conocer e investigar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como remitir para su sanción al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y/o presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.
La Secretaría de la Función Pública organizará y coordinará el sistema de control y evaluación gubernamental. Se encargará de vigilar el cumplimiento de las normas de control y el cumplimiento de las normas en materia de fiscalización.
Con esta iniciativa y en congruencia con nuestras propuestas en materia de anticorrupción, se le están otorgando atribuciones específicas como miembro integrante del sistema nacional, pues la Secretaría deberá informar periódicamente al sistema y al titular del Ejecutivo federal sobre el resultado de la evaluación respecto de las dependencias y entidades de la administración pública. Es por ello, compañeros, que estamos presentando esta iniciativa.
También habla sobre los requisitos para ser secretario de la Función Pública, que es indispensable que para que pueda nombrarse al secretario de la Función Pública, este no debe ser ni haber sido miembro del mismo partido político o de alguno de los de la coalición, en su caso, que haya postulado el titular del Ejecutivo federal en funciones. No haber sido candidato por el partido político o coalición que haya postulado al titular del Ejecutivo en funciones. Y no tener conflicto de interés o vínculos de amistad con el presidente de la república ni con el resto de los titulares de las dependencias o entidades de la administración pública federal.
Compañeras y compañeros diputados, en el PAN estamos convencidos de la necesidad y la urgencia de que haya un control real sobre las acciones del gobierno y de sus funcionarios.
El combate frontal a la corrupción es una tarea pendiente que no puede esperar ni un minuto más, requerimos una Secretaría de la Función Pública que realmente atienda una de las problemáticas que más hieren a la sociedad y, por supuesto, un titular que se ciña a los principios de honestidad y responsabilidad en el que el cargo demanda. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Alfaro. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.
Saludamos la presencia de alumnos de la carrera de derecho del Tec de Monterrey, campus Santa Fe, del primer semestre, invitados por la diputada Alma Carolina Viggiano Austria. Bienvenidas, bienvenidos amigos.
El diputado Rubén Alejandro Garrido Muñoz (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Rubén Garrido, por favor.
El diputado Rubén Alejandro Garrido Muñoz (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Si me permite adherirme a la iniciativa de la diputada Alfaro.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Alfaro, está siendo muy felicitada pero voltee para acá. Gracias. Que sí. Está aquí la iniciativa a disposición para quien la quiera suscribir. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Arturo Santana Alfaro: Con su permiso, diputado presidente. Es de todos conocido, compañeros y compañeras legisladoras, que en los últimos meses se han estado registrando algunos sucesos que han estado causando indignación, sobre todo en contra de jóvenes considerados como de excelencia académica que han sido enjuiciados, han sido detenidos, consignados, enjuiciados y posteriormente salen absueltos, ya sea en el auto de término constitucional al dictárseles un auto de libertad por falta de elementos para procesar. O en su defecto, en el transcurso de procedimiento penal se comprueba que no son responsables y se decreta sentencia absolutoria.
Es el caso de la estudiante Jesica Saraí Espinosa López, del Instituto Politécnico Nacional, a quien se le imputó el delito de robo por 90 millones de pesos y que fue absuelta y liberada este fin de semana.
El caso, por ejemplo, de la profesora Ángel de María Soto y los estudiantes Oscar Montes de Oca o Angélica López, involucrados en el tráfico de estupefacientes y psicotrópicos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que también fueron absueltos, se le reconoció su inocencia. Y sin embargo, siguen padeciendo la persecución, siguen padeciendo un gravísimo problema al no poder borrar completamente sus antecedentes penales con este denominado registro administrativo que todos conocemos como ficha signalética.
El problema aquí es que el Código Federal de Procedimientos Penales establece como mandato para el juzgador que una vez que se le ha decretado auto de libertad por falta de elementos, o en su defecto, sentencia absolutoria, se debe cancelar ese registro administrativo o lo que comúnmente conocemos como ficha signalética, esto no ocurre.
Y por ello el día de hoy, y reconociendo que en esta LXIII Legislatura existe un número muy importante de reconocidos juristas, creo que lo asumiremos así como una obligación del legislativo y como una obligación del Estado, el garantizarle a estos procesados sujetos de derecho que han sido absueltos, la destrucción total de la ficha signalética o del registro administrativo con el cual fueron registrados e ingresados a los reclusorios.
Estamos proponiendo en primera instancia una reforma constitucional para, de ser aprobada por esta Legislatura, en particular en la Comisión de Puntos Constitucionales, de inmediato pasemos a la reforma, al Código subjetivo, es decir, al Código Federal de Procedimientos Penales en su artículo 165 Bis y 165 Ter.
Estamos proponiendo nosotros la adición de una fracción X al artículo 20 constitucional para quedar de la siguiente manera:
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
B. De los derechos de toda persona imputada:
X. Una vez que sea declarado absuelto por sentencia ejecutoriada o que se decrete su libertad por falta de elementos para ser procesado, a que se destruya su ficha de identificación administrativa, así como toda constancia que suponga su existencia, como puede ser las copias simples, copias certificadas o cualquier resquicio que haga suponer su existencia.
Es decir, estamos proponiendo, compañeras y compañeros legisladores, la destrucción total de este registro que como, reitero, afecta de manera importante en el desarrollo normal en la vida de aquellos o aquellas personas que han tenido la desgracia de pasar por este penoso proceso en su vida y que tienen que seguir arrastrando por el resto de su vida con estos antecedentes penales, porque no hay una legislación o alguna normatividad que ordene de manera fehaciente la destrucción de este documento.
En resumen, compañeros y compañeras, se trata de darle también vigencia al derecho de la dignidad humana de estas personas que se encuentran en estos supuestos.
La ficha signalética en México es un registro administrativo que marca para toda la vida a los individuos que tuvieron esa desgracia de pasar por ese tipo de procesos y no basta con la cancelación que el día de hoy se ordena mediante el Código Federal de Procedimientos Penales y es por ello que estamos proponiendo su destrucción y que estas personas que han sido absueltas y que no cometieron el delito puedan gozar de sus actividades normales para el resto de sus días. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Grijalva Zambrano: Gracias, diputado Santana. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. Sonido en la curul del diputado Andrés Fernández del Valle.
El diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla (desde la curul): Qué tal, señor presidente. Para solicitarle al diputado Santana me permita adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado José de Jesús Grijalva Zambrano: Si el diputado proponente manifiesta su aquiescencia al respecto, quedará a disposición de quienes quieran suscribirla aquí en la Mesa Directiva la iniciativa presentada. Sonido en la curul de la diputada Evelyn Parra.
La diputada Evelyn Parra Álvarez (desde la curul): Para solicitarle al diputado Santana adherirme a su iniciativa porque sobre todo hay jóvenes que padecen precisamente de lo que coloquialmente se dice fichados, después de que se comprueba su inocencia. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Grijalva Zambrano: Gracias. Ya se ha manifestado el asentimiento del diputado Santana, entonces ahí está.
El Presidente diputado José de Jesús Grijalva Zambrano: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 70 Bis a la Ley General de Salud.
El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Uno de los grupos poblacionales que más requiere la atención y la dirección de las políticas especiales son los adolescentes. Ello debido a la complejidad que representan las características inherentes a dicha etapa de la vida.
Hoy este sector padece una alarmante realidad. La creciente tasa de embarazos en menores de 19 años de edad. Dicho fenómeno tiene presencia a nivel mundial, sin embargo de todos los países que integran a la OCDE, México es el primer país con el mayor número de embarazos en menores de 19 años de edad.
Se tiene estimado que al día se registran en nuestro país 6 mil 260 nacimientos, de los cuales mil 252 corresponden a madres adolescentes, lo que representa que en uno de cada cinco nacimientos en México, está implicada una menor de 19 años. Esto quiere decir, amigas y amigos diputados, que cada minuto en México, más o menos, está naciendo un bebé de una madre menor de 19 años. O sea que tenemos niñas teniendo bebés.
La maternidad a temprana edad conduce a los menores de manera abrupta a un mundo adulto para el cual no están preparadas, con efectos desfavorables sobre su vida y la de sus hijos.
De los principales efectos que ello ocasiona, se encuentra el abandono escolar, siendo el 80 por ciento de los adolescentes que desertan a los estudios, lo cual resulta preocupante pues procede automáticamente su integración a la vida laboral, claro, cuando encuentran trabajo.
Según datos de la UNICEF, en nuestro país más del 55 por ciento de los adolescentes son pobres; uno de cada cinco tienen ingresos familiares y personales tan bajos que no alcanza siquiera para la alimentación mínima requerida, situación, sin duda, que con la llegada de un bebé impide o hace mucho más difícil su reinserción a la vida escolar.
Es importante subrayar el hecho de que el embarazo en una menor de 20 de edad, es considerado por la Organización Mundial de la Salud, como un embarazo de riesgo en el que se afecta la salud, tanto de la madre como del embrión en desarrollo.
En nuestro país poco más de 13 por ciento de las defunciones maternas, ocurre en mujeres menores de 20 años de edad.
Estoy convencido de que la educación integra en sexualidad, es un aspecto fundamental que involucra a los diversos sectores para fomentar la toma de decisiones importantes en torno a su sexualidad.
Para ello resulta indispensable que las autoridades se sumen a la tarea de garantizar la oferta y dotación de todos los métodos anticonceptivos de manera simple y de manera efectiva a toda la población, en específico de preservativos para así prevenir los embarazos en adolescentes y también prevenir las enfermedades de transmisión sexual.
El Informe de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, la Anexfam, indicó que nuestro país es uno de los últimos lugares en todo el mundo en el uso de preservativos, pues más del 62 por ciento de los adolescentes de México, no utilizaron un condón cuando tuvieron su primera relación sexual.
Indicó además, que en países como Alemania o como España, los hombres usan en promedio cuatro condones al mes, mientras que nuestro país, en México, un varón usa cuatro preservativos al año, lo que nada tiene que ver con su práctica, sino con una vida sexual menos protegida.
Por ello insisto, que la iniciativa que aquí estoy exponiendo de ninguna manera debe ser mal interpretada, la propuesta es clara y, sobre todo, es responsable, no se puede ser omiso ante una realidad alarmante que puede ser combatida con acciones muy sencillas.
Es urgente que en México rompamos tabús, y así dar cara a la problemática que hoy demuestra que los adolescentes en nuestro país, no hacen uso de los preservativos por falta de recursos o, inclusive, por pena de comprarlos.
Es por ello que someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 70 Bis a la Ley General de Salud, cuyo objetivo es garantizar el suministro de preservativos en los centros de salud, así como las acciones necesarias para facilitar ya sea la venta o la entrega de dichos métodos anticonceptivos en lugares visibles al interior de las instalaciones de hoteles y de moteles, en establecimientos que vendan bebidas alcohólicas, y en instituciones de educación secundaria, educación media y educación superior, siendo indispensable en estas últimas, la aplicación de un programa informativo en materia de salud sexual que permita a los estudiantes tomar decisiones responsables respecto de su vida sexual, que sepan que las relaciones sexuales son cosa seria, logrando entender las consecuencias de tener relaciones sexuales sin protección.
Lo anterior, convencido de que es la vida idónea para poner un alto a la alarmante situación de embarazos en adolescentes, propiciando con ello la protección de sus derechos más elementales como lo son la salud sexual y la educación.
Compañeras y compañeros diputados, abramos los ojos ante este grave problema que enfrenta hoy nuestro país, legislemos y cambiemos el futuro de miles de adolescentes. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sandoval. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
La diputada Lía Limón García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Lía Limón, por favor.
La diputada Lía Limón García (desde la curul): Presidente, para solicitarle al diputado Refugio si me permite sumarme a su iniciativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Sandoval, le preguntan si quiere que le suscriban su iniciativa para que empiece un buen proceso.
El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez (desde la curul): Por supuesto, presidente. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Está a disposición entonces de la asamblea para quienes quieran suscribir la iniciativa presentada.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Candelaria Ochoa, por favor.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidente, para solicitarle al proponente también que me permita adherirme. Creo que por primera vez en este Congreso se está hablando de un tema que es muy importante para las y los jóvenes. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Ya ha manifestado el proponente y reitera su asentimiento. Bien.
La diputada Ana María Boone Godoy (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Ana María Boone.
La diputada Ana María Boone Godoy (desde la curul): Diputado presidente, para solicitarle al diputado Refugio Sandoval que nos permita, a la bancada del PRI de Coahuila, suscribirnos a su iniciativa, por favor.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Gracias. Reiterada la aquiescencia.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señor presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, y al pueblo de México, con mucho honor. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el artículo 2, reconoce que la finalidad de todas las asociaciones políticas es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, y esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión.
La libertad de asociación tiene un papel esencial en la conformación de las democracias modernas, pues expresa la posibilidad de constituir agregados interpersonales de intereses que tengan reconocida una personalidad jurídica.
La naturaleza asociativa necesita de las libertades de expresión, de opinión y pensamiento como elementos necesarios para que ese espacio deliberativo común tenga efectos democráticos. Bajo esos términos, los derechos de asociación y reunión son hoy premisas fundamentales en el Estado constitucional mexicano.
Una de las formas de violación más comunes al derecho de reunión es la detención de participantes en manifestaciones públicas pacíficas. La criminalización de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión, es inadmisible ya que puede generar un efecto amedrentador en el ejercicio del derecho de reunión.
El amedrentamiento de la reunión y la expresión a través de la imposición de penas privativas de la libertad para las personas que ejercitan estos derechos tiene un efecto disuasivo sobre aquellos sectores de la sociedad que expresan sus puntos de vista o sus críticas a la gestión de gobierno como una forma de incidir en los procesos de decisión y políticas estatales que los afecta de manera directa.
El artículo 9 constitucional señala que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. También menciona que no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o una reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad, sin embargo pese a ser una norma suprema constitucional el derecho a la asociación, ha sido violentado constantemente por aquellos que dicen ser defensores de la democracia, abusando de su poder.
La violación al derecho de asociación pacífica ha devenido en la comisión de diversos delitos, tales como el homicidio, la violación de mujeres, la desaparición forzada, el abuso de poder, la privación ilegal de la libertad, entre otros delitos por parte de cuerpos policiacos y castrenses que a la larga gozan de la impunidad por tener en nuestro país un sistema judicial ineficiente y corrupto. En algunos casos estos cuerpos son serviles al Poder Ejecutivo, tanto federal como local.
Desgraciadamente los cuerpos castrenses y policiacos, lejos de brindar seguridad a la ciudadanía se han convertido en un medio de disolución social, empleados como gatilleros, como mercenarios al servicio del poder.
Por mencionar uno de los casos, la matanza de Tlatelolco ha sido un acontecimiento que marcó la historia de nuestro país, un hecho lamentable que el Estado haya sido cómplice de asesinatos y desapariciones de estudiantes que se reunían de manera pacífica para defender sus derechos.
Recordemos de igual manera el caso de Atenco, en 2006, cuando siendo gobernador Enrique Peña Nieto, con el aval del presidente Vicente Fox, cuerpos policiacos reprimieron con un uso excesivo de violencia y fuerza a toda una población que defendía sus derechos, sus tierras y sus campos.
Cabe señalar que los cuerpos castrenses disfrazados de Policía Federal incurrieron en la comisión de diversos delitos: secuestraron a hombres y mujeres; se reportaron actos de violación, allanamiento de morada, sin previa orden judicial, además de la muerte lamentable de un menor de 14 años, a manos de estos cuerpos castrenses. A la fecha, los principales responsables siguen impunes por la protección del Estado.
Un gobierno democrático es aquel que se apega al marco jurídico, donde se prioriza el diálogo y el entendimiento para dirimir los problemas sociales. No es democrático aquel gobierno que se esconde en edificios rodeados de elementos castrenses, de Gendarmería y policíacos, listos para sacar el tolete y sus armas para reprimir a aquellos que les brindaron la confianza y su voto para que fuesen representantes de la nación.
No es democrático aquel gobierno que prefiere obedecer el mandato de oligarcas y que le tienen miedo a un pueblo que se manifiesta en las calles, harto de las mentiras, harto de la campaña y de la corrupción, así como también no es democrático el hecho que haya legisladores que alaben las acciones represivas del Estado, del Ejecutivo y estén en contra de garantizar el derecho a la libre asociación pacífica, eliminando el que se emplee el uso de elementos policíacos, militares y de Gendarmería, como medio de disolución social.
Compañeros diputados, México convulsiona ante un inexistente Estado de derecho. En las últimas tres administraciones federales se han vulnerado derechos tales como el derecho a la salud, a la educación, al empleo, a una vida digna.
El pueblo no se manifiesta por gusto, el pueblo se manifiesta porque está enfadado, harto de tanta represión, de tantas mentiras, de tantos sobajamientos. De ustedes depende que México siga catalogado internacionalmente como uno de los países más corruptos y represores del mundo. Ustedes deben obedecer el mandato popular y no el mandato de líderes corruptos que tenemos en este país.
Por esta razón, se propone adicionar al artículo 9o. un nuevo párrafo, para garantizar y amarrar el derecho a la asociación, el cual dice así: No se podrá, bajo ninguna circunstancia, hacer uso de las Fuerzas Armadas, policiacas y de Gendarmería como medio de disolución social y represión social. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cañedo. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. Tiene ahora la palabra, por cinco minutos...
El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Basurto, por favor.
El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Gracias, presidente. Desde luego para retomar la importancia que tiene la iniciativa del compañero de Morena, que acaba de presentar, el licenciado Cañedo, para adherirme y pedirle a todo el Grupo de Morena que nos adhiramos a esta reforma tan importante para el país, en estos momentos tan crucial por el que está pasando nuestro país, una crisis de seguridad. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Cañedo. Manifiesta su aquiescencia para que pueda ser suscrita también por quienes así lo deseen.
El diputado Jorge Tello López (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido allá en la curul del diputado Tello.
El diputado Jorge Tello López (desde la curul): También solicitarle al compañero Roberto Cañedo, desde luego que todo el Grupo Parlamentario de Morena podamos pasar a suscribir tan importante iniciativa, y pedirle, nuevamente, a los compañeros diputados de las demás fracciones parlamentarias se sumen a este importante proyecto. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. El diputado reitera su asentimiento para que pueda ser suscrita por quienes así lo consideren.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 137 Bis 9 de la Ley Aduanera.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Buenos días, señor presidente. Buenos días, compañeros diputados y diputadas. Me permito poner a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 137 Bis 9 y 178, fracción XI de la Ley Aduanera.
Desde sus comienzos, la industria automotriz junto con el sector de autopartes ha jugado un papel importante en la economía internacional, a grado tal que, que algunos economistas la refieren como la sexta economía de categoría mundial.
Derivado de su importancia y trascendencia, varios países, incluido México, han celebrado tratados internacionales que han permitido y favorecido el desarrollo del comercio y la industria automotriz.
Muestra de ello, fue la celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dirigido a atender el mercado interno para la industria automotriz de México, Estados Unidos y Canadá. En esta norma de jerarquía superior se establecieron reglas de carácter general para la importación de vehículos originarios, usados, canadienses o estadounidenses.
Ante la legalización de la importación definitiva de los autos usados provenientes de Estados Unidos y Canadá se ha causado un revuelo entre las agrupaciones relevantes relacionadas con la industria automotriz en México y la administración pública federal, que ha generado diversas modificaciones en el marco normativo sobre esta materia a través de la promulgación de varios decretos, que no han hecho más que generar una constante incertidumbre tanto para los inversionistas como para los consumidores.
De un análisis riguroso y serio podemos concluir que las circunstancias económicas durante los últimos años no han sido propicias y que la frontera norte ha venido perdiendo competitividad y poder adquisitivo, al igual que los ingresos per cápita que han disminuido, tal como lo dicen las estadísticas publicadas en Inegi.
Ello ha propiciado que las personas de escasos recursos, cuyo ingreso no supera los tres salarios mínimos se vean obligados a comprar vehículos en el extranjero con un precio más bajo en los estados fronterizos e introducirlos de manera indebida a nuestro país. Incluso a que muchos de ellos acudan a tramitar juicios de amparo mediante los cuales les permitan circular sin importar el tipo de automóviles ni sus condiciones. Sin contar con seguro por daños a terceros, sin cubrir impuestos, sin portar placas de circulación, sin pasar por los centros de verificación y control de emisiones al medio ambiente.
Es decir, hoy día transitan por la zona fronteriza infinidad de vehículos de motor de procedencia ilegal, en pésimas condiciones mecánicas que emiten emisiones negativas a la atmósfera. Que ponen en peligro a todos los ciudadanos y ocasionan problemas de seguridad pública y saneamiento. Amén a lo que han cubierto los derechos e impuestos correspondientes.
En resumen, el decreto actual no protege a los más necesitados, a los grupos vulnerables de la sociedad, que aparte de obtener un ingreso exiguo tienen que cubrir un transporte caro y pésimo para trasladarse dentro de las ciudades existentes en la frontera norte.
Es de reconocerse que carece de políticas públicas que permitan alcanzar un esquema de movilidad urbana realmente sustentable, por lo que mientras no se desarrollen opciones de transporte público y no motorizado, el control de la oferta de los vehículos usados seguirá siendo muy limitado.
En consecuencia, un derecho humano reconocido es al humano lo que el derecho a la propiedad, por lo que no podemos limitar el derecho de importación definitiva a ese sector de la población.
Así las cosas, lo mínimo que como Estados Unidos Mexicanos podemos hacer es facilitar el acceso de bienes inmuebles que hoy día se han convertido en sumamente necesarios, como lo es el tener un vehículo automotor.
Por otra parte, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor el primero de enero de 1994, prevé en los anexos 300-A, apéndice 300-A.2, párrafo veinticuatro, que a partir del primero de enero de 2009 y gradualmente hasta el año 2019, no se puede prohibir ni restringir a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de Estados Unidos de Norteamérica o Canadá, en función del año modelo antigüedad de los automóviles.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, permite la importación libre de aranceles de vehículos usados entre los países parte del mismo, siempre y cuando se certifique que tales automotores sean de origen regional.
Por lo tanto, la problemática se circunscribe a la acreditación de tal circunstancia, que conforme al decreto en comento sólo es posible mediante el certificado de origen; lo cual se traduce en una traba contraria al propio tratado.
El numeral 501 del capítulo V del Instrumento Legal signado por México no establece ni por error la hipótesis prevista en el diverso 3 del decreto en mención, por lo que es evidente que al excederse en requisitos, contraviene lo ordenado por el artículo 133 de nuestra Carta Magna y en consecuencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En ese orden de ideas debe considerarse, que para tener conocimiento respecto de, si el bien califica como originario, basta con el número de identificación vehicular compuesto por diversos dígitos que se encuentran adheridos al vehículo y que son únicos, de los que se desprende el lugar de origen, año de fabricación, marca, modelo, entre otros, y que la autoridad hacendaria siempre ha aceptado como válido y legal; ya que así lo estipula el capítulo 3.5 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2014 y sus anexos 10 y 21, publicados el 29 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.
Igualmente, actualmente se le carga un gasto extraordinario a todo aquel que compra un vehículo en los Estados Unidos de Norteamérica, ya que para avalar que se ha dado cumplimiento a la normatividad ambiental, se exige un certificado que es emitido por la autoridad competente de aquel país, el cual tarda alrededor de quince días; por lo que estas personas se ven obligadas a internarlo en un estacionamiento, el cual asciende a un costo mínimo diario de 25 dólares, moneda americana.
Ante tal situación, deriva inexcusablemente lo siguiente:
Es de imperiosa necesidad, el otorgar un marco de seguridad jurídica a los propietarios de autos usados, quienes, en ejercicio de sus derechos previstos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, han optado por adquirir un vehículo de esas características, por lo que proponemos ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto a través de la cual se adicionan diversas disposiciones al artículo 139 Bis 9 de la Ley Aduanera.
Actualmente la lista de precios resulta ilegal y contraria a la constitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se encuentra agregada en el anexo 2 en la resolución que establece mecanismos para garantizar el pago de contribuciones de mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicado el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones a la última de ellas el 30 de enero de 2015, la cual no nos dice cómo se determinó cada uno de los precios y en lo contrario debe tomarse en consideración el precio de la factura. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada García. Sonido a la curul de la diputada Gina Cruz.
La diputada Gina Andrea Cruz Blackledge (desde la curul). Gracias, presidente. Antes que nada, quiero felicitar a la diputada Cynthia García de Baja California por esta iniciativa y solicitar, si me lo permite la diputada, mi adhesión a la misma.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: La diputada ha mostrado su aceptación. Queda a disposición en la Mesa de la Secretaría de esta Presidencia para que se suscriban. Sonido a la curul de la diputada Claudia Corichi.
La diputada Claudia Sofía Corichi García (desde la curul): Gracias, presidente. Para felicitar a la diputada Cynthia y además un tema muy importante, creo que no solamente en la frontera, sino en el norte del país y para muchísimas y muchísimos hombres y mujeres que tienen este problema, y también para pedirle tanto a la diputada Vicky, al diputado Moisés, a la diputada Cuquita, prácticamente a toda la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano que nos permitan adherirnos a esta iniciativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias. Sonido a la curul del diputado Alfredo Ferreiro.
El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (desde la curul). Señor presidente, también para adherirnos a la iniciativa de la diputada García. Es una iniciativa importante para todos los que vivimos en la frontera norte y de gran interés para todos los ciudadanos que no cuentan con un transporte para moverse, y sobre todo para regularizar todos los transportes que están en toda la frontera y también para combatir la contaminación y el medio ambiente. Muchas gracias y felicidades.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias. Queda a disposición en la Mesa Directiva para las adhesiones correspondientes. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con el permiso de la Presidencia. El filósofo griego Aristóteles apuntó: “No hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico”. Y con esta propuesta que hoy presento a la asamblea, le agregaría a esta frase: “un gobierno transparente”.
Transparentar las acciones de gobierno es la mayor herramienta con la que un ciudadano puede contar para hacer efectivo su derecho a la información. Nuestra obligación como representantes populares es dotar de estos mecanismos para empoderar a la ciudadanía.
La presente iniciativa reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Su finalidad es incorporar la visión de un gobierno abierto y que los organismos garantes en efecto estén obligados a proporcionar información transparente, eficaz y eficiente, aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías.
Lo anterior con la finalidad de promover una mayor participación y un necesario empoderamiento de los ciudadanos.
La vocación de apertura, transparencia y rendición de cuentas está inserta en los principios de Nueva Alianza. Para nosotros el buen gobierno es sinónimo de una administración honesta y transparente.
Garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de gobierno, es un compromiso en Nueva Alianza, con los ciudadanos. Sabemos que contar con un gobierno abierto es la mejor forma de recuperar la confianza y dignificar el ejercicio de la política. Sin embargo aún falta mucho por conseguir los principales objetivos de una política de transparencia y apertura gubernamental.
De acuerdo con el Índice de Gobierno Abierto 2015, México ocupó el lugar 42 de 102 países. La variable a mejor desempeñó demostró, fue los mecanismos de queja, mientras que el rubro peor calificado, fueron las leyes y datos hechos públicos.
En este sentido es necesario involucrar a la sociedad de manera más activa en la conducción del ejercicio de gobierno.
Educar a la población en materia de transparencia para exigir que sus gobiernos no sólo proporcionen información sino que lo hagan de manera eficiente, innovadora y eficaz; es la manera de crear un vínculo y una corresponsabilidad entre gobernantes y gobernados.
Entre lo más y mejor informado es que la población más exigente será con sus gobernantes. En Nueva Alianza tenemos la determinación de cambiar la forma de pensar y de hacer política. Por este motivo creemos que es necesario adecuar la ley para constituir el fundamento jurídico con una efectiva y eficaz apertura gubernamental. Buscamos que los organismos garantes no sólo coadyuven con los sujetos obligados en la implementación de políticas de apertura gubernamental, sino que tengan la obligación de proporcionar información transparente, eficaz y eficiente. Pretendemos de este modo generar una mayor participación ciudadana y que se incorporen las ventajas que hoy nos proporcionan las nuevas tecnologías.
Es preciso que la ley haga una mención clara y específica de lo que se entiende por un gobierno abierto, de otro modo las políticas públicas que se pretenden aplicar carecerán de la certeza jurídica necesaria y la vaguedad del principio a la que se convierta en letra muerta.
El actual artículo 59 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública aborda la apertura gubernamental de forma muy somera, lo cual parece una contradicción en una norma que busca contribuir a que se persiga ése fin.
Aunado a lo anterior, es importante referir que nuestro país es miembro fundador de la alianza para el gobierno abierto, la cual se creó en 2011, mediante la declaración de gobierno abierto.
Resulta paradójico entonces que la ley en materia dedique unos cuanto enunciados a la apertura gubernamental. Nuestro país ha contraído un compromiso en este tema y es actor fundamental en consecuencia de los objetivos de la referida alianza multilateral.
Lo anterior se ha podido comprobar en recientes días. El presidente de la República inauguró la Cumbre Global de la Alianza de Gobiernos Abiertos ante la representación de 66 países que están decididos a promover una mejora de la gestión gubernamental.
La alianza para el gobierno abierto busca promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos y combatir la corrupción, y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza.
Eso es imprescindible lo que pretendemos con esa iniciativa, a pesar del compromiso internacional de nuestro país, de que existe un plan de trabajo y la voluntad política para cumplirlo, los objetivos de la alianza no se han plasmado de forma clara en el texto vigente de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, consideramos que no sólo es oportuno, sino urgente e indispensable reformar la ley a fin de definir el fundamento jurídico de un gobierno abierto.
En Nueva Alianza estamos decididos a conseguir objetivos de un verdadero gobierno abierto.
Compañeros diputados y compañeras diputadas, necesitamos una sociedad más participativa e informada, necesitamos recuperar la confianza de la ciudadanía, necesitamos combatir la corrupción que tanto cuesta y ha costado al país. Contribuyan a cambiar esto, ayúdenos a hacer historia y a definir la transparencia que tanto necesita México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Ocampo. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Fernando Uriarte Zazueta para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Fernando Uriarte Zazueta: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, acudo hoy a la tribuna a plantear a la asamblea y, en consecuencia, al país en general una problemática que ha concitado a los diferentes grupos de esta Cámara, y es la problemática de los estados fronterizos. Me voy a referir particularmente a las ciudades fronterizas, que de manera masiva son receptoras de población migrante.
Ésta es una problemática que se ha venido presentado desde hace muchas décadas, pero que no ha sido lo suficientemente atendida. Se han hecho, se han tratado una serie de acciones inconexas, pero no se ha logrado articular una estrategia de manera integral, y esto ha generado una serie de desequilibrios y de trastornos.
En datos proporcionados por el Instituto Municipal de investigación y planeación de Ciudad Juárez, un centro muy prestigiado por el rigor de sus análisis, nos dice que en los últimos años –y me refiero a los años de este siglo– han llegado y se han asentado en Ciudad Juárez más de 250 mil personas. Cabe señalar que estas personas contribuyen con su fuerza laboral, con su fuerza cultural, al igual que las centenas de miles que han venido llegando en las últimas décadas.
Pero esta fuerza en la que contribuyen y que sobre todo fortalecen a la industria maquiladora de exportación con todos los beneficios que esto reporta para el país no se traducen, no se reflejan en una mejora para las ciudades y, lo que es más grave, no se reflejan en una mejora para los propios trabajadores migrantes.
Son, repito, decenas de miles que van llegando, que van en busca de trabajo o frustrados en sus aspiraciones por pasar al otro país se van asentando donde van pudiendo, muchas veces en lugares, en zonas de riesgo, lo cual genera un caos urbano, contrario completamente a lo que aspiramos de tener un desarrollo urbano ordenado, con las mejores prácticas ambientales y con criterios de sustentabilidad.
Ciudad Juárez vivió los peores momentos o los momentos más difíciles de su historia hace apenas unos años. Se le catalogó como la ciudad más peligrosa del mundo con todas las consecuencias negativas que esto conlleva en un mundo global, de competencia descarnada, en donde la imagen y la confianza son fundamentales.
Afortunadamente, gracias a una acertada política de seguridad combinada con factores educativos y tratos con el Poder Judicial, hoy la gente de Juárez presenta una nueva cara, sin embargo se ha generado un gran rezago en cuanto a infraestructura. Si bien es cierto que el origen de la inseguridad es pluricausal, esta toma grandes facilidades y condiciones propicias cuando existe una descomposición, cuando se debilita la estructura social y ésta a su vez se debilita cuando no existe el suficiente arraigo, cuando no hay sentido de pertenencia, cuando no existen, cuando no se pueden proporcionar los recursos de los servicios suficientes para la población.
Estos municipios, con los mismos recursos tienen que afrontar este crecimiento desproporcionado y tienen que ofrecer los servicios que merecen todos los mexicanos para poder vivir con dignidad.
Es importante señalar que si se sigue presentando este tipo de situaciones, si dejamos que año tras años siga creciendo el rezago, no va a haber municipio, no va a haber estado que pueda hacer frente a esta situación. Es un desarrollo urbano, repito, desordenado, conflictivo y que genera enormes beneficios.
Por lo tanto, es importante dotar a las ciudades fronterizas de mayores recursos a través de un fondo compensatorio, un fondo de infraestructura. Estos fondos ya han sido autorizados al DF por diversas y justificadas causas, a través de los Fondos de Capitalidad. Consideramos que es importante, porque conceder estos fondos supone una política de la mayor y más variada utilidad.
Conceder estos fondos no significa ni pretende privar a las otras entidades federativas de los recursos a los cuales tienen derecho; significa, implica en todo caso hacer una mejor distribución de los ingresos nacionales. Significa hacer más eficaz la fórmula distributiva contenida en nuestra Ley de Coordinación Fiscal.
Yo agradezco mucho el apoyo para esta iniciativa, de mis compañeros diputados chihuahuenses y también del resto de la frontera, de Tamaulipas, de Baja California, de Sonora, de Nuevo León inclusive, que nos han apoyado porque presentan todas estas ciudades las mismas características.
Las políticas públicas tienen que ir dirigidas a satisfacer las necesidades de las persona. Las ciudades fronterizas han jugado un papel muy importante de contención, de cobijo y de abrigo a muchos de nuestros conciudadanos.
Si Ciudad Juárez ha sido generoso y solidario con la República, la República tiene que ser generosa y solidaria con Juárez. Es cuanto.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Uriarte. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.
La diputada Emma Margarita Alemán Olvera: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, como ya hemos insistido en diversas ocasiones, dada la tóxica reforma fiscal del Ejecutivo, hoy es necesario redefinir la estructura tributaria de nuestro sistema hacendario, para que este permita establecer un desarrollo sostenido a través de medidas necesarias para lograr un régimen que sea el detonador de la economía de nuestro país.
El fortalecimiento de las finanzas públicas, fomentar la inversión productiva, la generación del empleo y el ahorro interno, establecer medidas que otorguen seguridad jurídica e implementar la simplificación fiscal que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias, combatir permanentemente y eliminar la economía informal, son los grandes temas que necesitamos atender.
Con todo esto, ustedes recordarán, en el marco de la iniciativa del Paquete de Ingresos de 2016, dentro de las modificaciones del Código Fiscal Federal se contempla la eliminación de la figura de dictamen fiscal.
Si bien es cierto que dicho dictamen no ha cumplido a cabalidad el objetivo para el que fue creado como medio de fiscalización al servicio de la autoridad, el eliminarlo representa un error de grandes proporciones, si consideramos que el fisco federal no cuenta con la capacidad suficiente para llevar a cabo directamente la revisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.
Por otro lado, entre los beneficios que brinda este dictamen podemos mencionar: la reducción del plazo de la devolución de saldos a favor y el saldo a favor del IVA, con declaratoria del contador público, la conclusión anticipada de visitas domiciliarias, el contar con un filtro para las revisiones directas por parte de la autoridad, gozar de reducciones en multas por diferencias menores en el pago de contribuciones, contar con el instrumento que mediante la aplicación de normas de auditoría permita detectar y corregir errores, omisiones e interpretaciones agresivas de la norma fiscal, entre otros.
Es necesario reconocer que cuando un contribuyente dictamina sus estados financieros para efectos fiscales, obtiene la certidumbre y la confianza de un profesional experto en materia y reconocido por la autoridad fiscal. Ha revisado los registros contables y declaraciones de impuestos, lo que además ayuda a mejorar la calidad de los mismos.
Asimismo, se fomenta y fortalece una cultura contributiva al amparo del principio de la legalidad, en donde la transparencia y la rendición de cuentas se inscriben con los mecanismos por excelencia sobre la contribución del gasto público a favor de la consolidación del bien común.
Cuando por virtud del dictamen se corrigen las desviaciones u omisiones incurridas por el contribuyente o se detectan errores de criterio en la aplicación de la ley, no sólo se cumple con la misión de autocorrección del sujeto pasivo de la relación tributaria, sino que se le otorga un alto grado de confianza al empresario acerca de la veracidad de la información financiera con los que toma decisiones.
Por tanto, de eliminar esta figura se estaría suprimiendo un valioso elemento de competitividad para el empresariado mexicano, mismo que estaría en desventaja con otros competidores provenientes de economías que tienden a profesionalizar y armonizar los procesos de fiscalización.
Señoras y señores, todo lo anterior hace evidente el hecho contundente que debe existir en la dictaminación fiscal en forma voluntaria, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuente con herramientas para poder seguir realizando cualquier tipo de acción fiscalizadora, directa o indirecta a un gran segmento de contribuyentes. De esta manera, se pone de manifiesto la necesidad de volver al dictamen fiscal de forma voluntaria.
Por lo anterior expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, a efecto de reformar el artículo 32 A del Código Fiscal de la Federación, para que las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales puedan optar por dictaminar sus estados financieros, por contador público autorizado, en los términos del artículo 52 de este Código.
Asimismo, los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, podrán optar por hacerlo de conformidad con las reglas generales, que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no podrán ejercer la opción a que se refiere este artículo, las entidades paraestatales de la administración pública federal. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Alemán. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
La diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia. Agradezco al diputado Omar Ortega Álvarez, a la diputada María Candelaria Ochoa, a la diputada Karen Orney y a la diputada Lluvia Flores la adhesión y la firma de esta iniciativa.
Diputadas y diputados, creo firmemente que en esta soberanía estamos obligados a legislar para que existan relaciones más justas y más humanas, atendiendo las legítimas aspiraciones de las personas. No negar la realidad, y sobre todo, a no utilizar la ley como medida de represión en el ejercicio de los derechos.
Hago uso de esta tribuna para presentar una serie de reformas y adiciones a la Ley General de Salud en materia de gestación subrogada como una técnica de reproducción asistida.
La práctica de la reproducción asistida se ha desarrollado en nuestro país en instituciones de salud pública y también en la iniciativa privada sin contar con una regulación específica que proporcione certeza a todas las personas que están involucradas en estos procedimientos, desde el personal médico, las personas que recurren a ellas y los menores que nacen como consecuencia de las mismas. Sin normas claras de afiliación, de filiación y de protección de los derechos fundamentales.
Tomar la decisión de ser madre o padre a través de la reproducción asistida es multifactorial, va desde la causa de infertilidad. Si hablamos de esto, en México existen alrededor de un millón y medio de parejas que tienen problemas para concebir. O simplemente de la libertad para ejercer un derecho al libre desarrollo sexual y reproductivo.
El caso que proponemos, la gestación subrogada, ya es materia de regulación en países como Inglaterra, Francia, Italia, Costa Rica y España. En estas legislaciones se pretende garantizar el derecho de las personas a procrear y regular prácticas para reconocer y proteger sus derechos, lo que les ha permitido contar con prerrogativas y límites que establecen sus estados en beneficio de las personas.
México ya no puede permanecer ajeno de esta regulación, máxime que actualmente la práctica médica de gestación subrogada ha empezado a extenderse por todo el país y se regula de manera aislada como es el caso de Tabasco o en Coahuila, todas perfectibles.
Esta iniciativa de ley busca proporcionar certeza jurídica al derecho consagrado en nuestra Constitución para acceder a los derechos reproductivos y al ejercicio de la libertad de decisión para ejercer la maternidad o la paternidad, sin importar condiciones en el pleno respeto al principio de la igualdad.
Como legisladoras y legisladores debemos entender que las construcciones sociales sobre el concepto de familia han ido cambiando y estas son acorde a la propia dinámica que vivimos. Por ello. proporcionemos un nuevo capítulo denominado Gestación subrogada en el que se plasme el concepto de este tipo de maternidad, a la vez que establece que las técnicas de reproducción asistidas deben garantizar el respeto a la dignidad humana e interés superior del menor.
Se dispone que debe realizarse sin fines de lucro para las partes, es decir, no se trata de una renta de úteros, sino de la posibilidad de colaborar con un fin altruista y de buena fe para que puedan tener descendencias las personas que así lo deseen y cumplen con uno de sus mayores anhelos y objetos de su ciclo de vida.
Asimismo, se señalan obligaciones que deben atender los médicos tratantes, referentes a los principios como el secreto profesional, así como el asesoramiento médico a todas las partes que intervienen en la práctica médica, explicándoles los riesgos y alcances y la formalización del acuerdo ante notario público.
Se establece también que para el caso de la gestación subrogada, que la mujer gestante no debió haber cursado embarazo en un lapso de 365 días, así como tampoco se puede gestar a través de técnicas de producción asistida en más de dos ocasiones. Con lo anterior se cuida la salud de la mujer y del niño o niña que nazca y a su vez se evita que esta práctica se realice con fines de lucro o pueda dar pie al tráfico de personas.
Además, se proponen las mismas sanciones que para el delito de trata de personas a cualquiera de los actores involucrados en la realización de técnicas de reproducción asistida que no lleven a cabo el procedimiento prescrito en la ley y con ello el objeto de evitar el lucro, se establecen reglas para la certificación de nacimientos donde las alusiones o referencias relativas a la madre o a su identidad se entienden referidas a la persona o personas solicitantes de la gestación subrogada y cambiar el principio de presunción de maternidad únicamente para el alumbramiento.
En suma esta propuesta busca regular la realidad y no evadirla. La gestación subrogada es una opción para garantizar el derecho a ejercer la maternidad o la paternidad; no debemos negar esta posibilidad.
Las y los invito a un análisis amplio y sin prejuicios. Estoy convencida que de aprobarse la presente iniciativa estaríamos legislando para las personas y atendiendo sus derechos humanos.
Finalmente decirles que en las investigaciones que hemos hecho y en las conversaciones que hemos tenido con personas que han tenido a sus hijas e hijos con este procedimiento han sido en su mayoría personas que son cercanas, personas que forman parte de su círculo inmediato. Hay que regular lo que es la realidad porque es más necia que nuestros deseos. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Contreras. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 33 de la Ley General de Educación y 201 de la Ley del Seguro Social, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
El diputado Javier Octavio Herrera Borunda: Con su venia, compañero diputado presidente. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, México ocupa tristemente el primer lugar en embarazos adolescentes. Hablamos de niñas entre 12 y 19 años de edad que en muchas ocasiones debido a un embarazo no deseado ven sus sueños de vida truncados.
Cada día se registran en nuestro país mil 252 partos de madres que se encuentran en este rango de edad, casi un alumbramiento por minuto; cuatro en lo que dure mi intervención.
Para la OMS el embarazo en la adolescencia sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad materno-infantil y a la reproducción del círculo de pobreza, ya que en el 80 por ciento de los casos los jóvenes y las jóvenes que están en esta situación abandonan sus estudios.
La adolescencia es una etapa de profundos cambios; subestimada debido a la cultura en la cual nos desarrollamos. Los adolescentes son rebeldes y actúan a veces con inmadurez. No son niños pero tampoco son adultos, por consecuencia se muestran renuentes, rebeldes, indiferentes hacia el mundo que los rodea.
Un embarazo no deseado en esta etapa además del alto riesgo que implica para su salud, altera su plan de vida, dejan de tener las vivencias propias de su edad, las cuales les forman y les permiten desarrollarse. Abandonan la adolescencia para dar paso a otras transiciones como es el ingreso al mercado laboral o el inicio de su vida conyugal en el mejor de los casos. En muchos otros casos tristemente enfrentan rechazo social, abandono, carencia en los ingresos, secuelas psicológicas y conflictos familiares.
Las alternativas para una joven que desea reincorporarse a la escuela y continuar sus estudios sin descuidar a sus hijos, se reducen. Para lograrlo tienen que conseguir un empleo que les brinde seguridad social o bien que les garantice un ingreso suficiente para poder pagar una guardería particular, lo cual se antoja un tanto difícil, ya que esto implica un gasto entre mil 500 y 2 mil pesos mensuales.
Esto hace que se vuelva realmente difícil porque ellas no tienen, en muchos de los casos, la capacitación para acceder a un empleo de calidad, y cuando logran conseguir un empleo lo hacen en la la mayoría de las veces en la informalidad.
Trabajar, no debería de ser su actividad principal, estudiar debería de ser la oportunidad que le debemos de garantizar. La generación de políticas de prevención de embarazos no deseados a temprana edad, así como la instrumentación de programas para atender a quienes viven una maternidad temprana, contribuyen a ampliar las posibilidades reales de continuar y concluir los estudios, permiten reducir las condiciones de pobreza y desigualdad, al mismo tiempo que romper el círculo vicioso.
Cabe destacar que si bien el gobierno federal ya realiza algunos esfuerzos para apoyar a las madres jóvenes y adolescentes como son el programa de becas Promajoven y el Programa Estancias Infantiles, éstos resultan insuficientes dada la alta incidencia de los embarazos precoces en nuestro país.
El año pasado, para tener un dato, sólo hubo 71 mil beneficiados del programa Promajoven, y hoy en día la situación por deserción escolar debido a los embarazos precoces es que hay 280 mil jóvenes que han abandonado la escuela.
Por eso el Grupo Parlamentario del Partido Verde propone modificar la ley para que la política pública deje de ser programa sujeto a la voluntad de un gobierno, y se convierta en una verdadero y auténtico derecho social, de tal suerte que proponemos que las madres que se encuentren entre los 12 y 21 años 11 meses de edad, accedan al seguro de guarderías que otorga la Ley del Seguro Social a sus derechohabientes con el solo requisito de estar matriculadas en las escuelas de nivel básico, medio superior y superior que presta el Estado.
El objetivo primordial en esta iniciativa es promover la equidad de género, la no discriminación a los adolescentes que enfrentan la maternidad en edades tempranas, ampliando sus posibilidades de acceso y permanencia en la educación del país.
Velar por el derecho de los adolescentes a la educación es aportar un componente fundamental tanto en la prevención como en la atención de quienes por motivo de maternidad o embarazo han sido excluidas del acceso y el ejercicio pleno de sus derechos.
La deserción escolar es un problema que crece día a día en nuestro país y que tenemos que asumir compañeros, tiene consecuencias graves para el desarrollo de nuestro país. Permitamos que las jóvenes cumplan su sueño de vida. Es cuanto, diputado.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Herrera. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Seguridad Social, para su dictamen.
Esta Presidencia informa que amplía el turno dado a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el día de hoy por el diputado Miguel Ángel Yunes Linares, para quedar en los siguientes términos.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, como se había dictado, y se amplía a la Comisión de Seguridad Pública para opinión, a petición del proponente y a juicio nuestro procedente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Alfredo Basurto Román: Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Con su venía, señor presidente. Los derechos humanos desde luego juegan un rol importante en el aspecto social, político y jurídico, diría, en la vida social de México.
Hoy la reforma que se presenta ante esta soberanía popular implica que se reforme el segundo párrafo del inciso b) del artículo 102 constitucional, sin embargo es importante dar algunos precedentes históricos sobre los derechos humanos.
Estos surgieron primera vez en el siglo XVI, en Suecia y en Finlandia, donde el rey nombraba a un funcionario llamado Preboste de la Corona, quien se encargaba entre otras cosas de vigilar a los fiscales, desde luego en el cobro de los impuestos, que no se excedieran; sin embargo no tuvo gran relevancia, puesto que ambas figuras eran nombradas por el rey
En España y Portugal, en los años 1974 y 1975, una vez que terminaron las dictaduras de Franco y Oliveira Salazar, se nombró a un defensor público, quien entre otras facultades se encargaba de vigilar a la administración pública y también a la administración de justicia, dándole facultades desde luego como defensor de los derechos humanos.
En América Latina, fue hasta el año de 1985 cuando Guatemala nombró a un procurador de los derechos humanos, ya con más facultades como hoy conocemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En México no fue hasta el año de 1992 cuando se reformó el artículo 102 constitucional, que establece entre otras cosas, la vida orgánica y la vida funcional de la Comisión que hoy conocemos como Derechos Humanos y asimismo se instruyó para que las legislaturas de los estados hicieran lo propio creando por primera vez las Comisiones estatales de los Derechos Humanos. Este precepto constitucional, compañeros, establece entre otras cosas las facultades tanto como está organizado y cómo funciona la Comisión de los Derechos Humanos.
Sabemos que la conforman 10 consejeros, el presidente del mismo organismo es el que la preside. Este puede ser incluso reelecto por un periodo inmediato de cinco años, que es lo que dura su administración, sin embargo los derechos humanos sabemos que están limitados para conocer sobre los órganos de justicia, sobre los órganos laborales y sobre cuestiones electorales, porque ahí están previamente tribunales previamente establecidos, que son los que se encargan de la administración y aplicación de la ley. Entonces ahí es donde no tiene injerencia los derechos humanos.
En México ha habido dos reformas fundamentales a los derechos humanos, yo diría que la más importante es la de 2011, compañeros. Ésta, entre otras facultades que se ampliaron al organismo le da autonomía, personalidad, patrimonio propio en sus decisiones y al mismo tiempo también se da la cobertura y se da la coyuntura a nivel mundial para que los tratados, sobre todo los tratados internacionales tengan también facultades y tengan injerencias sobre los derechos humanos en nuestro país.
Vean incluso recientemente cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una recomendación sobre los 43 desaparecidos en el estado de Guerrero. Entonces vemos pues que ya tienen facultades en base a esa reforma constitucional que surgió.
Los derechos humanos han sufrido bastantes modificaciones de matices, más no de fondo yo diría. Los que son abogados no me dejarán mentir en la gran obra literaria de Ignacio Burgoa Orihuela, que en paz descanse, El Derecho de Amparo. Cuando se nos daban las cátedras en las diversas universidades, en las Facultades de Derecho, sobre los primeros 29 artículos de la Constitución, que se establecían como dogmas, traducidos en otra cosa; es decir, obligación para la autoridad y derechos para el gobernado. Es decir, que la autoridad tiene la obligación de respetar esas garantías individuales y el particular de hacerlos valer.
Después de garantías individuales pasó el nombre a derechos humanos, y últimamente se llaman derechos –con las reformas que sufrió nuestra Constitución– se les llama derechos fundamentales, que en esencia es lo mismo, compañeros.
Por eso se pretende hoy meter esa reforma, que hago valer ante esta soberanía popular, porque actualmente, compañeros, las autoridades en los diversos niveles de gobierno cuando se emite una recomendación y la misma autoridad señalada como responsable no da cumplimiento a la misma, establece el artículo 102, inciso b), que la Cámara de Senadores podrá mandar llamar a la autoridad señalada como responsable una vez que se haya emitido una recomendación en sentido positivo, que haya procedido, el por qué no da cumplimiento a tal recomendación.
Por otro lado, también se establece que estableciendo en la Comisión Permanente, cuando concurren ambas Cámaras, podrán mandar llamar a la autoridad señalada como responsable para que explique el poder no se da cumplimiento a tal recomendación.
Deja un vacío de poder ahí el tal precepto constitucional ya citado, compañeros, donde esta soberanía popular, de la cual me digno formar parte, no puede mandar llamar a la autoridad también señalada como responsable, el que explique por qué no da cumplimiento a una recomendación donde ya ha sido procedente.
Entonces, el segundo párrafo del inciso b), que hoy pretendo presentar ante esta soberanía y que en su momento sea aprobada la reforma, es en el sentido que se le den facultades a esta soberanía para que también tenga el poder de mandar llamar a la autoridad señalada como responsable, el por qué, que motive y fundamente por qué no da cumplimiento a tal recomendación, compañeros.
Pero miren, el hablar de derechos humanos, la esencia de los derechos humanos, diría yo, con el Constituyente revolucionario de 1917, que por cierto nuestra Carta Magna está por cumplir años, va a estar de manteles largos, en el artículo 16 constitucional estableció, yo diría, una garantía de legalidad. Esa garantía de legalidad, compañeros, implica que todo orden de gobierno, independientemente del nivel, debe velar y debe cumplir y hacer valer los derechos más fundamentales de los ciudadanos, compañeros. De ahí pues, la esencia que nuestros derechos humanos no han podido florecer, no han podido cumplirse como tal. Es cuanto, compañeros, gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Basurto. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco...
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, sonido en la curul del diputado Macedonio Guajardo, por favor. Perdón, Tamez Guajardo.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (desde la curul): Gracias. No se mortifique, presidente. Gracias. Pido al diputado Alfredo Basurto, mi vecino de curul, me autorice a sumarme a la iniciativa, así como al diputado Gustavo Cárdenas y algunos compañeros de Movimiento Ciudadano. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado proponente Basurto. Diputado Basurto, oídos abiertos para acá.
El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Sí, por supuesto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Que felizmente dice que sí, por supuesto. Gracias. Aquí está a disposición entonces, como lo hemos acostumbrado, la iniciativa para ser suscrita por quienes lo consideren. Gracias.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido aquí también en la curul del diputado Ariel Juárez, por favor.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Sí, presidente, únicamente para pedirle al diputado Alfredo que acepte que el grupo parlamentario se adhiera a su iniciativa. Me parece que el tema de derechos humanos en este país es muy importante y debiera de ponerse énfasis. En el Senado lo tienen, aquí debiéramos de tenerlo también. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. El diputado proponente reitera su aquiescencia para que eso suceda. Bien.
Tiene ahora, en turno ya en tribuna, la palabra ahora sí diputado, perdón, diputado Sánchez Orozco, adelante.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, los diputados ciudadanos presentamos una iniciativa que reforma los artículos 57 y 584 del Código de Justicia Militar.
El artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, y especifica que los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército, y pese a este fundamento, en nuestra Carta Magna el llamado fuero de guerra o fuero militar ha servido de pretexto para que diversas violaciones a derechos humanos, en las que están involucrados elementos del Ejército queden impunes.
El 17 de octubre del presente año, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos resolvió que las adecuaciones legislativas que México había hecho al Código de Justicia Militar eran insuficientes. No cumplían en cabalidad las resoluciones, señalando que debido a que el artículo 57 del Código de Justicia Militar reformado aun autoriza la intervención del fuero militar en los delitos en que el imputado y la víctima sean militares y en los delitos que el imputado sea militar y no sea un civil, el sujeto pasivo del delito, titular del bien jurídico, por ejemplo, los delitos contra la salud y la seguridad nacional entre otros, la Corte estima que la actual legislación continúa sin adaptarse parcialmente.
Dictando lo siguiente, en esta sentencia resuelve: punto uno. Declarar que el Estado da un cumplimiento parcial a su obligación de adoptar las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Punto tres. Disponer que el Estado presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 5 de octubre de 2015, informes en los cuales indique todas las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas por esta Corte en las sentencias de los casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega y Rosendo Cantú. Que de igual manera la Corte Interamericana de los Derechos Humanos resolvió que el fuero militar solo debe ser para casos estrictamente contra la disciplina militar.
Por tanto, cualquier delito que no sea relativo a dicha disciplina no debe investigarse en jurisdicción castrense. Y que no debe dividirse la investigación cuando en un mismo hecho delictivo se generen tanto conductas de disciplina militar como conductas del fuero común.
Deberán integrarse en una misma investigación y bajo las reglas civiles. De lo contrario, se corre el riesgo de impunidad, de que se pierda alguna prueba o que no se valore en conjunto con otros medios de convicción.
Además de que se lleven dos juicios sobre una misma cosa, generando irregularidades en los procesos, como juzgar la misma causa dos veces o dictar resoluciones contrarias sobre el mismo hecho.
Sobre la importancia de restringir el fuero militar atendiendo a los bienes jurídicos lesionados, organizaciones señalaron en su momento que si bien el estándar internacional enfatiza la restricción de la jurisdicción militar cuando se trata de violaciones a derechos humanos, es sin duda relevante acotar el alcance de éste tratándose de delitos que vulneran bienes jurídicos exclusivamente castrenses, cuya persecución interesa a la sociedad en su conjunto.
Además, si se toma en cuenta que las instancias castrenses de procuración y administración de justicia no otorgan garantías orgánicas de independencia e imparcialidad, es posible que las acusaciones dirigidas contra militares por este tipo de delitos en dichas instancias atenten contra el debido proceso.
En un comunicado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos publicó que la Corte Interamericana ha ordenado al Estado mexicano entregar a más tardar el 3 de agosto y el 5 de octubre, un informe sobre todas las acciones adoptadas para cumplir con las siguientes reparaciones pendientes:
Una, adecuar de forma completa en un plazo razonable el derecho interno en materia de jurisdicción militar;
Dos, investigar, juzgar y sancionar los actos de tortura enunciados por los casos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, la desaparición forzada en el caso Radilla, y las violaciones cometidas en contra de Valentina Rosendo e Inés Fernández;
Tres, tomar medidas para fortalecer el registro de personas detenidas en el país, así como reformar el Código Penal Federal para tipificar adecuadamente la desaparición forzada de las personas.
Por otro lado, la figura del arraigo en el procedimiento de tribunales militares abre la puerta a posibles violaciones a derechos humanos y con carácter de grave como es la tortura. En este caso debo dejarlo claro, actualmente el Código Militar establece que el arraigo puede darse, incluso, para testigos, algo que nos parece sumamente grave y que lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta resolución que debo dejarlo también muy claro, no se ha cumplido por el Estado mexicano y el Estado mexicano, señoras y señores diputados, también es el Congreso de la Unión.
La confianza de la ciudadanía ante las instituciones que deben brindarnos seguridad es prácticamente nula, nuestros gobiernos no han respondido a quienes representan, por lo que desde esta tribuna empecemos realizando las adecuaciones a nuestra legislación, que frenen las violaciones a los derechos humanos.
Si bien es cierto hay que reconocer que hay un avance en materia de las reformas al tema de justicia militar, también es cierto que esas son insuficientes como hemos dejado claro.
Por lo anterior, se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 57 y 584 del Código de Justicia Militar para quedar como siguen:
Artículo 57. Son delitos contra la disciplina militar...
El inciso a) se deroga,
Y quedaría: En todos los casos, cuando concurran militares y civiles como sujetos activos o pasivos o se violen derechos humanos, deberán ser juzgados por tribunales del Poder Judicial y o por la Justicia Militar.
El artículo 584 se propone que sea derogado.
Es cuanto, presidente, compañeras y compañeros diputados.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sánchez. Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional para dictamen.
Saludamos la presencia de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, invitados por el diputado Santiago Torreblanca Engell. Bienvenidos, bienvenidas, amigas y amigos.
Igualmente a un grupo de visitantes de Ciudad Fernández, estado de San Luis Potosí, invitados por el diputado Marco Antonio Gama Basarte. Igualmente bienvenidas, bienvenidos, amigos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o. y 47 de la Ley General de Educación.
El diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz: Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros. La iniciativa que presento el día de hoy tiene como finalidad reformar los artículos 7o. y 47 de la Ley General de Educación para ampliar los fines y contenidos de la educación que se imparte en el país.
En este sentido buscamos incorporar en el texto de la ley algunos conceptos que para Nueva Alianza resultan fundamentales en la consecución de los objetivos de una educación de calidad.
Queremos enfocarnos al fomento de las habilidades para buscar información, comunicarse eficazmente y hacer uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. Ampliar los alcances del fomento a la lectura y considerar la diversidad cultural del país en los programas de estudio.
Por este motivo hemos sido los primeros promotores de una educación de calidad ya que sabemos que este es el mejor medio para alcanzar la libertad, garantizar la justicia y la igualdad de oportunidades.
Si bien se han realizado esfuerzos importantes para transformar el modelo educativo de nuestro país y reconocemos que la educación ha tomado un papel trascendental en las políticas públicas. La realidad es que aún estamos lejos de conseguir las metas planteadas por la reforma educativa.
Los retos que nuestro país enfrenta en esta materia son mayúsculos, multifactoriales y complejos. Basta señalar que en pruebas de competencia como PISA se muestra que las niñas, niños y adolescentes en nuestro país poseen un dominio insuficiente en áreas como matemáticas, lectura y ciencias, colocándonos en la posición 52 de 65 países evaluados con un puntaje promedio de 424 de una escala de mil.
Esto quiere decir que nuestros estudiantes se encuentran en una desventaja significativa, n sólo en su educación, sino más grave aún, en el desarrollo de sus capacidades y habilidades para enfrentar la competencia laboral en un mundo globalizado.
El objetivo primordial de una educación de calidad debe estar dirigido a conseguir que los educandos posean las competencias suficientes para aplicarlas en su vida cotidiana y participar en la sociedad.
Lamentablemente eso es justamente de lo que adolece nuestro sistema, y lo que queremos cambiar con la reforma educativa. Dicha carencia resulta aún más significativa cuando nuestras niñas, niños y adolescentes tienen acceso a las nuevas tecnologías y aun así son incapaces de integrar el conocimiento y la información a sus actividades cotidianas; no cuentan con las herramientas para discernir, catalogar, comprender y utilizar los datos a los que tienen acceso.
De qué sirve entonces poseer tanta información si no se tiene la capacidad para procesarla y utilizarla.
Reconocemos el esfuerzo del gobierno federal y coincidimos con las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, una de las cuales pretende promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Sin embargo es necesario subrayar que el hecho de no tener la capacidad de comprensión en textos, de síntesis, de deducción e inducción, hace que el esfuerzo por incorporar las nuevas tecnologías a la educación, no dé los frutos esperados.
El fomento a la lectura exige un enfoque integral para que el educando entienda el lenguaje escrito, comprenda la esencia del contenido, integre la información leída y sea capaz de transmitirla eficazmente, para lo cual requiere hablar con precisión y escribir con eficacia comunicativa.
En Nueva Alianza tenemos un compromiso irrenunciable con la calidad de la educación. Por este motivo estamos decididos a ampliar los alcances de la reforma educativa, reforzando los aspectos pedagógicos de un nuevo modelo educativo.
Por estas razones, los diputados de Nueva Alianza estamos convencidos de que es preciso incorporar conceptos que den una visión más amplia a la Ley General de Educación, buscamos soluciones, empecemos con acciones. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Zetina. Túrnese a la Comisión Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o y 135 de la Ley General de Salud.
La diputada Ana María Boone Godoy: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que hoy pongo a consideración de este honorable pleno, tiene como objetivo actualizar y fortalecer el marco jurídico vigente que tenemos en la Ley General de Salud para el combate a las enfermedades infecciosas.
Las enfermedades transmisibles, también llamadas infecciosas, son definidas por la Organización Mundial de la Salud como aquellas que se originan por patógenos como virus, bacterias u hongos, y pueden propagarse de manera directa entre personas, o indirecta a través de animales, el medio ambiente u otros medios de contagio.
Respecto a estos padecimientos, nuestra Ley General de Salud expone a detalle los protocolos a seguir con estas enfermedades en su título octavo denominado Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes, específicamente en su capítulo segundo llamado Enfermedades Transmisibles, el cual nos presenta un compilado de algunas de estas terribles enfermedades como la cólera, la tuberculosis, la difteria, el SIDA.
El artículo 135 de la ley establece que la Secretaría de Salud, las instituciones del sector y los gobiernos estatales, quienes deberán de realizar acciones y estrategias en materia de control y erradicación de estas enfermedades infecciosas, denominación que el sentido jurídico incorpora el importante elemento de erradicación de la enfermedad como uno de los objetivos en la atención de estos padecimientos.
Lo anterior, sin embargo, se contradice con lo que establece el artículo 3o. de esta ley, el cual nos presenta 35 fracciones que comprenden los asuntos de observancia obligatoria en cuestión de salud pública y en su fracción XV dice de forma literal que compete a las políticas de salubridad nacional la prevención y el control de enfermedades transmisibles, omitiendo completamente la erradicación de las mismas.
La interpretación conjunta de los artículos 3o. y 135 da lugar además a un error que origina una confusión en las responsabilidades y atribuciones de las autoridades sanitarias, debidamente establecidas en el numeral 4 de la ley de la materia, la cual numera éstas en orden de jerarquía, empezando por el presidente de la República, seguido por el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y, por último, los gobiernos de las entidades federativas.
En efecto, el artículo 3o. estipula que es materia de salubridad general las políticas de prevención y de control de las enfermedades transmisibles, pasando por alto la erradicación de las mismas, que es el fin máximo del combate contra un padecimiento y, si bien el artículo 135 sí contempla este objetivo, lo asigna como competencia de la Secretaría de Salud federal y las estatales, dejando fuera al Consejo de Salubridad General, autoridad superior que –anteriormente mencionada, y que tal como establece el artículo 15 de la multicitada Ley General de Salud– depende directamente del presidente de la República e incorpora no sólo a las entidades federativas, sino también organismos autónomos y a las Academias Nacionales de Medicina, y Mexicana de Cirugía, por conducto de sus titulares.
Es por esta razón que es necesario, a fin de establecer las competencias y objetivos en materia de enfermedades transmisibles, reformar los artículos 3o., en su fracción XV, y 135 de la Ley General de Salud para incorporar en el Consejo de Salubridad General como autoridad sanitaria en la elaboración y ejecución de los programas o campañas destinadas al combate de las enfermedades transmisibles, para así evitar que por imprecisiones jurídicas pueda haberse afectado el combate a las enfermedades. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Boone. Túrnese a la Comisión de Salud, para su dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra ahora por cinco minutos la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Brenda Velázquez Valdez: Con su venia, diputado presidente. Honorable legislatura, tengo claro que la presente iniciativa refleja la intención que tenemos todos los diputados federales, sin excepción, de actuar con ética y transparencia. Tengo claro que ninguno de los presentes se negará a aprobar mi propuesta de dar a conocer su declaración fiscal, patrimonial y de intereses, conocida como Tres de Tres, porque todos nos hemos impuesto en lo personal cumplir la siguiente máxima; el que nada debe, nada teme.
Esta propuesta que inició en el Instituto Mexicano para la Competitividad, así como Transparencia Mexicana, ayuda a demostrar que ninguno de nosotros sería capaz de incurrir en ningún tipo de ilícito durante nuestro encargo.
Con este ejercicio de rendición de cuentas podremos saber si los legisladores estamos al corriente en nuestro pago de impuestos y si tenemos nexos con algún grupo que pudiera influir en nuestras tomas de decisión como servidores públicos, y porque sé que se debe predicar con el ejemplo fui la primera candidata del estado de Nuevo León y de las primeras en todo el país en presentar mis tres declaraciones, la fiscal, la patrimonial y la de intereses.
Es que según el último informe que presentó IMCO y Transparencia Mexicana de la Plataforma Tres de Tres, somos muy pocos quienes nos hemos adherido voluntariamente a esta campaña.
Leo las siguientes cifras. Miembros del gabinete federal, cero; senadores, 11 de 128; diputados federales, 55 de 500; gobernadores y jefes de gobierno, 9 de 32; alcaldes, 18; jefes delegacionales, 6 y sólo 15 diputados locales de todos los Congresos estatales.
Nadie de los presentes me negará que el principal valor que debemos ostentar como servidores públicos es la ética, que garantiza transparencia, eficiencia y eficacia, es decir los principios que nos honran como servidores públicos de este gran país. Por lo anterior, someto a su consideración la siguiente iniciativa.
Único. Se modifica la fracción XX y se adiciona la fracción XXI del artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue.
Artículo 8.
1. Serán obligaciones de las diputadas y diputados:
I-IX, quedan igual.
XX. Durante el primer y último semestre de cada legislatura y bajo protesta de decir verdad, deberán realizar y hacer pública la declaración fiscal, patrimonial y de intereses, las cuales deberán ser difundidas para conocimiento público por medio de los servicios de información en internet de la Cámara de Diputados;
XXI. Las demás previstas en este Reglamento.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Compañeros, honremos la alta responsabilidad que significa representar al gran pueblo de México. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Velázquez. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
Esta Presidencia amplía el turno dado a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada el día de hoy por la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, para quedar como sigue: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para opinión.
Diputada proponente Velázquez, la diputada De los Santos solicita adherirse a su iniciativa. Manifiesta su asentimiento. Ahí está, puede usted bajar a firmarla.
La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Hauffen Torres, por favor. Adelante.
La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres (desde la curul): Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos. La fracción parlamentaria se une a esta propuesta, ya que desde hace un mes y medio estamos pugnando por esa e invitando a todos los diputados a realizar la Tres de Tres, incluso los diputados siendo candidatos, los diputados ciudadanos hicimos este tipo de declaraciones. El Tres de Tres, si nos permite la fracción parlamentaria nos sumamos a su propuesta. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. La diputada proponente ha manifestado su aquiescencia para tales efectos.
El diputado Jorge López Martín (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aquí sonido en la curul del diputado Jorge López, por favor.
El diputado Jorge López Martín (desde la curul): Gracias, diputado presidente. En los mismos términos, para preguntarle a la diputada Velázquez si me permite suscribir esta iniciativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En los mismos términos se expresa la diputada, y aquí se reitera la invitación para quienes quieran suscribirla.
La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Allá con la diputada secretaria Verónica Delgadillo. Sonido ahí, por favor.
La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Muchísimas gracias, diputado presidente. Como lo manifestó mi compañera Denisse, los diputados ciudadanos hace más de mes y medio invitamos a todos los diputados que forman parte de esta legislatura a sumarse a este tipo de esfuerzos.
Los ejercicios de rendición de cuentas son indispensables para la vida democrática de nuestro país. El que nosotros veamos de frente a los ciudadanos, no sólo se trata de hacer y entregar un papel, significa que estamos viéndolos de frente y que le estamos dando buenas cuentas de nuestro trabajo y que no vamos a hacer mal uso del servicio que le estamos brindando a la ciudadanía.
Yo también quiero invitar a todos los compañeros, que entendamos lo que significa. Todos aquí en este Congreso queremos dignificar la política, queremos dignificar la vida pública y unirnos a este tipo de esfuerzos, de manera voluntaria es muy importante y si lo dejamos también como parte del reglamento de los diputados sería un buen ejercicio.
Repito, creo que tenemos que darles buenas cuentas a los ciudadanos y al final de un mes o de un par de meses los 500 diputados tendríamos que tener presentada nuestra declaración Tres de Tres. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Ya hizo una exposición de motivos. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Omar Ortega Álvarez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados y diputadas, el día de hoy subo a esta tribuna para presentar una iniciativa con proyecto de decreto para reformar, adicionar y modificar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para decretar el procedimiento de retiro de la inmunidad del presidente de la república y también acotar el procedimiento de inmunidad constitucional de todos los servidores públicos.
El sistema nacional anticorrupción que se aprobó el año pasado, que forma el marco fundamental para generar las mejores condiciones, estaría incompleto si no podemos dar paso a acotar la inmunidad constitucional.
De poco sirve fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación y crear la Fiscalía Especial de Delitos Anticorrupción si no podemos acotar este escudo protector que sirve como un blindaje para que algunos servidores públicos puedan evadir la acción de la justicia.
Yo considero que el combate a la corrupción debe aplicar para todos, sin excepción ni privilegio alguno.
Está claro que si no tenemos la capacidad de acotar la inmunidad, el combate a la corrupción se aplicaría de manera selectiva, y me parece que con eso no estamos respondiendo a los ciudadanos que tienen la confianza en sus servidores públicos.
Hoy más que nunca, este Congreso debe pugnar de manera consistente en eliminar de la manera más posible esta inmunidad constitucional.
Una pieza fundamental que hace falta concretar para garantizar el funcionamiento eficaz del sistema nacional anticorrupción es acotar, como decía, la inmunidad constitucional.
Existe la percepción de que ya hay una reforma, una minuta sobre este particular. Lo cierto es que ésta ya naufragó y en la Cámara de Senadores tiene más de dos años congelada dicha iniciativa y no se ve ningún avance de la misma.
No obstante, eso no debe ser un impedimento para que seamos responsables, y sobre todo sensibles con uno de los temas que forman parte de los principales disgustos de una sociedad cansada de tanta impunidad y de tanto exceso, cometidos por muchos de los altos servidores públicos de este país.
La gente no ve con buenos ojos que existan ciudadanos que gocen del privilegio de eludir la acción de la justicia cuando pesan sobre ellos acusaciones graves que nada tienen qué ver con el desarrollo de sus responsabilidades en el servicio público sino con actos delictivos.
La inmunidad constitucional que originalmente fue concebida para salvaguardar los actos de los servidores públicos y para protegerlos de las acusaciones sin fundamento se ha pervertido, al grado que hoy se ostenta como un permiso para transgredir la ley y un privilegio exclusivo para eludir la acción de la justicia.
Compañeros y compañeras, la acción de la justicia no debe estar determinada por una decisión política. Ninguna persona debe de gozar de una prerrogativa especial que le permita cometer actos ilícitos sin ser juzgados.
Actualmente, los altos servidores públicos que son acusados de cometer actos ilícitos no pueden ser procesados, gracias a que cuentan con la inmunidad que en los hechos funciona como un dique a la acción de la justicia.
Por eso estamos proponiendo, que los servidores públicos que sean acusados por cometer delitos graves enfrenten su proceso y cuenten con la posibilidad de defenderse y demostrar su inocencia. No obstante, en el momento en que la autoridad judicial emita sentencia condenatoria en primera instancia, el servidor público perderá automáticamente su envestidura y por lo tanto deberán ponerse a disposición de la autoridad competente.
Sin tener que transitar por ningún procedimiento largo y tortuoso que al final solo permite la evasión de la justicia, ya sea por la vía del acuerdo político o de la fuga del servidor público en cuestión.
Con esta propuesta de reforma, se suprime la función de la Cámara de Diputados, de erigirse en un jurado de procedencia para resolver la culpabilidad de los servidores públicos. Con eso pretendemos devolver esta facultad a la instancia jurisdiccional a la que corresponde aplicar justicia y también hemos previsto dar garantía para que los servidores públicos inculpados puedan defenderse en libertad, pues no serán objetos de medidas cautelares mientras estén en funciones.
En esta iniciativa que hoy presento con ustedes, pretendo rescatar la propuesta de retirar la inmunidad al presidente de la República y para ello propongo un nuevo procedimiento, de tal forma que sea un Congreso revocatorio el que resuelva sobre el retiro de la inmunidad del presidente.
Considero que la envestidura presidencial obliga a tener una conducta que sea ejemplo para todos los mexicanos, ya que se trata de la persona que tiene la responsabilidad máxima de conducir al país y por tanto él debe de dar mayor muestra de rectitud y de honestidad.
La LXIII Legislatura tiene el desafío de pasar a la historia como la Legislatura que contó con la mayor visión de Estado. Tenemos la oportunidad de atender uno de los mayores reclamos ciudadanos y estamos obligados a combatir la impunidad que gozan unos cuantos.
Yo los llamo a pensar más allá de la coyuntura, más allá de los actores políticos del momento, los llamó a pensar en el futuro que queremos para este país y para las siguientes generaciones. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ortega. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Lía Limón García, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Lía Limón García: Con su venia, presidente. Hoy pongo a consideración de esta Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al apartado b) del artículo 102 constitucional que tiene por objeto fortalecer a los organismos de derechos humanos de las entidades federativas.
Para este fin se propone expresamente en el texto constitucional que tendrán autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, además de que en el proceso de designación de los presidentes de las comisiones estatales de derechos humanos no podrá participar el jefe del Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate, con la finalidad de que no exista un control político de origen sobre los ombudsman estatales.
La construcción de un estado de derecho tiene como eje transversal el respeto irrestricto a la dignidad de las personas que es la razón de ser y fundamento de los derechos humanos. Por ello debemos asegurar la construcción de instituciones sólidas e independientes.
La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 definió un nuevo paradigma constitucional de la protección y defensa de las libertades fundamentales. Una de las finalidades esenciales que abordó dicha reforma fue lo concerniente a dotar de autonomía constitucional plena, tanto al ombudsman nacional como a los organismos estatales de derechos humanos en las entidades federativas.
La autonomía de los organismos públicos de protección a los derechos humanos ha sido una labor de permanente construcción que en cada reforma se enfila hacia una mayor autonomía política de estos organismos.
Por ejemplo en 1991, con la integración del apartado b) al artículo 102 constitucional, se otorgó rango constitucional a los organismos públicos de protección a los derechos humanos.
Posteriormente con la reforma del 13 de septiembre de 1999, se dotó únicamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, y en ese entones el constituyente no consideró necesario reconocer la autonomía a los organismos estatales de derechos humanos.
Fue hasta el proceso que culminó con la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 que se definió desde la Constitución el sentido de que los organismos públicos protectores de derechos humanos tengan independencia.
Sin embargo con la reforma constitucional del derechos humanos del 2011, no se consignaron expresamente los conceptos de autonomía de gestión presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios de los ombudsman estatales, ya que sólo se hizo un tratamiento de autonomía lisa y llana para tales organismos locales sin la precisión y puntualidad con que estos elementos se consignan para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo que estimamos que por su importancia deben ser elementos que deben estar definidos expresamente en la norma fundamental.
Destacamos que el texto vigente del párrafo quinto del apartado b) del artículo 102 constitucional, se estableció un principio de libre configuración para que las legislaturas locales en lo concerniente a la forma de garantizar la autonomía de los organismos de protección a los derechos humanos lo definiesen.
Por tanto en las legislaturas locales pueden existir múltiples visiones, formas y procederes sobre cómo lograr una misma finalidad constitucional. De ahí que nos permitimos proponer con esta iniciativa, dar bases constitucionales mínimas e uniformes que habrán de seguir las legislaturas de las entidades federativas en el proceso de designación de los órganos estatales de derechos humanos sin que se pueda relajar o flexibilizar.
Esta propuesta se justifica y apoya con diversas recomendaciones internacionales dirigidas a fortalecer a los órganos públicos de protección de derechos humanos, particularmente los principios de París, de la ONU, las recomendaciones del Examen Periódico Universal en Materia de Derechos Humanos, conocido como el EPU, y en criterios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En los principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, mejor conocidos como los Principios de París, se refiere que el ombudsman debe tener garantías de independencia y pluralismo y que su procedimiento de designación deberá ofrecer todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil interesadas en la promoción y la protección de los derechos humanos.
Otro fundamento para fortalecer a las comisiones estatales son, sin duda alguna, las recomendaciones del Examen Periódico Universal, que es un examen en donde el Consejo de Derechos Humanos revisa periódicamente el cumplimiento de los 192 estados miembros de las Naciones Unidas en cuanto a los principios de derechos humanos, y justamente en una de las recomendaciones se establece que se deben considerar las medidas adecuadas para garantizar que las funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sean independientes e imparciales, y continuar los esfuerzos para garantizar la autonomía de las instituciones nacionales encargadas de la protección de los derechos humanos.
Además, cabe señalar que el 90 por ciento de los casos que se someten a consideración del Sistema Interamericano de Derechos Humanos involucran a las autoridades estatales, y esta reflexión la hago porque muchas veces cuando se habla de recomendaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, todos voltean a ver al Ejecutivo federal.
Lo he dicho en diversas ocasiones –y lo repito– las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos son recomendaciones hechas al Estado mexicano en su conjunto, eso quiere decir a los distintos órdenes de gobierno y a los distintos Poderes de la Unión.
Por ello me parece fundamental el fortalecimiento de las comisiones de derechos humanos de las entidades federativas, y considero que cualquier esfuerzo encaminado a fortalecer a los órganos garantes de derechos humanos reforzará el compromiso de México y coadyuvará a cumplir con las recomendaciones formuladas en el ámbito internacional en esta materia.
Bajo estos argumentos es que justificamos esta propuesta de iniciativa para conceder una autonomía plena a los organismos estatales de derechos humanos de las entidades federativas. La independencia y autonomía es un elemento clave para el desempeño de cualquier órgano constitucional autónomo, ya sea de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de las comisiones estatales.
Manifiesto que esta iniciativa se inserta dentro de una adecuación progresiva de las normas constitucionales que fortalece la posición institucional de las comisiones estatales de los derechos humanos en las entidades federativas.
En la compleja situación de derechos humanos que hoy se vive en algunas regiones del país, es incuestionable que el fortalecimiento de estos derechos requiere de una mayor presencia y solidez de las instituciones garantes en las entidades federativas. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Limón. Túrnese a la Comisión Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra ahora por cinco minutos la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, a excepción de aquellos casos en que se ataque los derechos de terceros, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.
El artículo 6o. constitucional destaca la imposibilidad de someter la manifestación de las ideas a inquisiciones de los poderes públicos, por una parte y a su vez, es la propia norma suprema la que fija los límites. En el Congreso Constituyente de 1856-1857, insignes diputados dieron cuenta de la manifestación de las ideas en su sesión del 25 de julio de 1856.
Ignacio Ramírez, el Nigromante, sostenía que toda restricción a la manifestación de las ideas le parecía inadmisible y contraría a la soberanía del pueblo. En su opinión, prohibir al pueblo que exprese que las leyes son malas, cuando soporta su influencia, no solo sería atacar la libertad, sino arrebatarle al hombre hasta el derecho de quejarse.
El creador de la Procuraduría de los Pobres, Ponciano Arriaga, concebía a la conciencia pública como la garantía suficiente contra las siniestras interpretaciones de la ley, cuando los jueces abusaban del texto de la ley, cuando imponían un castigo arbitrario, la conciencia pública, el espíritu del pueblo, condenaría a esos jueces, y recaería sobre ellos la infamia. Cuando se pronunciara una absolución escandalosa, cuando los empleados que robaban en una aduana marítima quedaban impunes, la conciencia pública, el espíritu del pueblo no los absolvería y los condenaría a ellos y a sus jueces.
Guillermo Prieto declaraba que este derecho se refería a una de las más preciosas garantías del hombre, la de la idea, la del pensamiento, reflejo puro y brillante de la divinidad. Es muy bella la teoría de la conciencia pública, opinaba; sirve de fundamento a la institución del jurado, al juicio del pueblo por el pueblo, al sistema representativo, pero en el caso concreto no ofrece una garantía bastante, pues el hombre inocente a quien condenaba la justicia, no se le da consuelo ni reparación con decirle; la opinión te absuelve.
Ignacio Ramírez, refiriéndose a Ponciano Arriaga, notaba que había asentado que todas las Constituciones y que el pueblo no, y se preguntaba; ¿Hemos declarar que un diputado vale más que el pueblo? Aseveraba que si un diputado requería inviolabilidad para ser libre la necesitaba el pueblo también, la necesitaban todos los individuos para poder dar a conocer sus opiniones y toda restricción que se pusiera era un ataque a la libertad.
En su intervención creía que 300 años de esclavitud por los que pasó nuestro país nos habíamos acostumbrado a que la manifestación de ideas se hiciera precisamente en humildes representaciones, llenas de fórmulas vacías y escritas en papel sellado. Confirmaba que conquistada la independencia había declarado que el soberano era el pueblo y sin embargo para hablarle al pueblo no le escribían en papel sellado, y para que el pueblo les hablara le habían de imponer mil restricciones. Lo único que habría sería usurparle su soberanía.
Los debates en el Congreso Constituyente sobre la manifestación de las ideas y sus restricciones siguen vigentes, el Constituyente de 17 sólo retomó el debate dado en el siglo XIX por la anterior asamblea constituyente y no abordó la discusión del artículo 6o de la Ley Fundamental.
El 6 de diciembre de 1977 se publicó una segunda reforma al primer párrafo del artículo 6o del Código Político de 1917, para establecer que el derecho a la información sería garantizado por el Estado. Los razonamientos del Constituyente Permanente para modificar el artículo 6o constitucional fueron exiguos y se abocaron más a la reforma política de esa época.
Hoy, a casi cuatro décadas de la última reforma al primer párrafo al artículo 6o constitucional, es pertinente plantear su modificación. Consideramos que la manifestación de las ideas no puede ser objeto ni ser sometida a ninguna inquisición judicial o administrativa, y además de garantizar el Estado el derecho a la información. Este deberá promover la formación de la opinión pública para el ejercicio de una democracia representativa.
No hacerlo sería tanto como continuar usurpando la soberanía del pueblo por un derecho a quejarse. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Claudia Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La diputada Claudia Sofía Corichi García: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores; ciudadanas y ciudadanos que nos ven a través del Canal del Congreso. La crisis migratoria en todo el mundo no es más que consecuencia de la complejidad que día a día continúa embistiendo este fenómeno migratorio.
Pocos temas conjugan de manera tan intensa y clara aspectos sociales, económicos, de seguridad, políticos, como lo hace la migración. Esta mayor complejidad ha venido a exigir de manera obvia y pública a los gobiernos medidas transversales y sectoriales enfocadas a atender diferentes aspectos del mismo, entre otros el presupuestal, como se hace en otras naciones.
Las olas de migrantes sirios a Europa, la de centroamericanos y mexicanos a Estados Unidos son símbolos de que a pesar del desarrollo que hemos logrado como humanidad algo está mal, algo estamos haciendo mal.
Esta condición es en extremo evidente cuando hablamos de los niños migrantes no acompañados, nuestros niños mexicanos no acompañados en Estados Unidos, o de la foto que todos conocemos y a todos nos conmovió de Aylan, que dio la vuelta al mundo por tratarse de un niño sirio de apenas tres años, que terminó ahogado en su intento por migrar con sus padres.
Si no entendemos la migración, entre otras cosas como una consecuencia de la falta de oportunidades, del subdesarrollo, de la pobreza, de la violencia, estaremos negando que este simplemente también producto de la ineficiencia del Estado o de los Estados.
Es por ello que la atención fenómeno debe exigir integralidad y ecuanimidad. No podemos decir que los migrantes están en el centro de la agenda pública, si recortamos los recursos destinados a su atención. Es decir, no hay prioridades si en ello no se canalizan recursos.
Por ello, como ha sucedido en otras áreas donde se exigen acciones sustantivas, como es la de igualdad de género entre hombres y mujeres, es necesario que exista un anexo específico que sirva para hacer visible de manera desglosada los recursos, montos, dependencias y programas en los que se implementan los recursos públicos para atender un fenómeno en el que todas y todos, autoridades y ciudadanos, somos corresponsables.
México, como parte de la Alianza Mundial por los Gobiernos Abiertos, debe atender la recomendación 23 de esta Alianza, en la que se subraya la pertinencia de que haya una desagregación por grupos de población beneficiada de los recursos presupuestarios, ya que esto permite la transparencia, pero también nos permitiría la verificación de qué se está canalizando, dónde se está canalizando y tenerlo claro.
A esto debe abundar el hecho de que en el Plan Nacional de Desarrollo, el Ejecutivo se comprometió a elaborar un programa transversal e intersectorial de políticas y gestión migratoria.
La atención al fenómeno migratorio en México es brindada no sólo por las autoridades fronterizas y del Instituto Nacional de Migración, sino a través de diferentes mecanismos muchas veces implementados por los sistemas de desarrollo integral para la familia, los DIF de los estados, o de órganos autónomos también, como las comisiones de derechos humanos en los estados o a nivel federal o incluso a través de programas de salud o seguridad pública.
Por lo que es indispensable hacer visible y conocer el impacto de estos en la población que atienden y qué decir, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para traslados de cuerpos, para apoyo diplomático en muchos lugares donde están nuestros migrantes, sobre todo en Estados Unidos.
Desde la pasada legislatura se ha subrayado la urgente necesidad de hacer visibles a los migrantes en el presupuesto, incluso, ha habido propuestas de fondos de migralidad. En realidad yo no vengo a proponer hoy un fondo de migralidad y aunque la semana pasada platee algunas cosas para hacer que los migrantes tuvieran visibilidad en los espacios de decisión, hoy a nombre de muchas, de muchos de ellos, pero sobre todo, segura estoy que también a nombre de muchas y muchos compañeros de este Congreso, creo que debemos hacer visible en dónde están los presupuestos, en dónde están los recursos para ello.
Quiero pedirles, compañeras y compañeros, que aprobamos esta reforma, esta iniciativa, con la finalidad de hacer visibles a los migrantes en el presupuesto a través de un anexo específico.
No se trata de más o de menos recursos, ojalá fueran más, por supuesto, pero hoy se trata en esta iniciativa de que el presupuesto que está planteado pueda verse de manera clara, a través de este formato, que resulte estratégico en la política migratoria, en el orden presupuestal.
Lo que no se hace visible, lo que no hagamos visible, lo que no podamos ver claramente en un anexo en el presupuesto, no existe. Hagamos que nuestros migrantes, que nuestros mexicanos en el exterior, pero también hagamos que el tema migratoria exista para esta Cámara de Diputados. Es cuanto, compañeras, compañeros, ciudadano presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Corichi. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos con proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno. Proceda la Secretaría a dar lectura a acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la fecha de comparecencia ante comisiones del titular de la Secretaría de la Función Pública para el miércoles 11, a las 11 horas, mismo que se encuentra disponible en la Gaceta Parlamentaria y en las pantallas de sus curules.
En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política en relación a cambios de juntas directivas e integrantes de diversas comisiones que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobadas. Comuníquense.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
Las adhesiones a iniciativas que se soliciten a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados desde hoy hasta la siguiente sesión ordinaria serán aceptadas.
Asimismo, se invita a los proponentes de efemérides para que entreguen a la Secretaría los textos respectivos para su incorporación al Diario de los Debates.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (15:19 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 5 de noviembre de 2015 a las 11 horas, informándoseles que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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