Comunicaciones
Solicitud de licencia de diputado
Protesta como diputados de los ciudadanos Fernando Galván Martínez y Mariano Lara Salazar
Iniciativas
Recibidas y turnadas a comisión
José Adrián González Navarro, PAN
Rosa Alicia Álvarez Piñones, PVEM
Marco Antonio Aguilar Yunes, PRI
Soralla Bañuelos de la Torre, PNA
Norma Edith Martínez Guzmán, PES
Marco Antonio Gama Basarte, PAN
Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, PRD
Andrés Fernández del Valle Laisequilla, PVEM
Virgilio Dante Caballero Pedraza, Morena
Luis Alfredo Valles Mendoza, PNA
Ariadna Montiel Reyes, sin partido
Maricela Contreras Julián, PRD
Alicia Barrientos Pantoja, Morena
José Erandi Bermúdez Méndez, PAN
Christian Joaquín Sánchez Sánchez, PRI
Erika Irazema Briones Pérez, PRD
Cuitláhuac García Jiménez, Morena
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política
Por el que se establecen las reglas para la discusión y votación del PEF 2016
Por el que se crea el Consejo Editorial de la LXIII Legislatura
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 293 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (11:41 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Como lo indica, diputado presidente. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa su lectura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Mesa Directiva, por el que se comunica la modificación de turno de iniciativas y proposiciones.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Honorable Asamblea. La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a:
Proposición con punto de acuerdo relativo a la prevención del cortejo o grooming por Internet, presentada por la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Grupo Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, el 24 de septiembre de 2015.
Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez para dictamen.
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 68 Bis y se modifica la fracción IV del artículo 148, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por el diputado Antonio Cuéllar Stefan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México el 8 de julio de 2015. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 2o de la Ley de Planeación, presentada por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza el 19 de agosto de 2015. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.
Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el 4 de noviembre de 2015. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen y con opinión de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Seguridad Social.
México Distrito Federal, 10 de noviembre de 2015.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifican los turnos a las iniciativas y proposiciones mencionadas. Actualícense los registros parlamentarios. Continúe, por favor.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Dos Oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite los informes finales de la Evaluación de Procesos de los programas presupuestarios P002, ¨Fortalecimiento de la Integración y Competitividad de México en las cadenas globales de valor”, y F003, “Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa”, ambos a cargo de la Secretaría de Economía.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el Informe Final de la Evaluación del Proceso 2015 del Programa F001, “Promoción de México como Destino Turístico”, y de las evaluaciones de diseño de los programas F004, “Desarrollo e Innovación de Productos Turísticos Sustentables”, S248, “Desarrollo Regional Turístico Sustentable”, y U002, “Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios”, a cargo de la Secretaría de Turismo.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Desarrollo Social, y de Turismo, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Oficio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con el que informa que los documentos denominados “Consideraciones sobre el Proceso Presupuestario 2016”, y “Resultados Intermedios de la Cruzada Nacional contra el Hambre”, se encuentran disponibles para su consulta en la página oficial de la Institución.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Oficio de la Cámara de Senadores, con los que remite 22 proposiciones como puntos de acuerdo, por las que solicita a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 192-D, 224 y 282 a la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se recibió solicitud de licencia del diputado Jesús Rafael Méndez Salas. Pido a la Secretaría someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Jesús Rafael Méndez Salas, para separarse de sus funciones como diputados federal electo en la segunda circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada. Comuníquese.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Fernando Galván Martínez y Mariano Lara Salazar, diputados federales electos en la segunda circunscripción plurinominal.
Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir protesta de ley, a las siguientes diputadas y diputados: diputado Francisco Escobedo Villegas, diputado Edgardo Melhem Salinas, diputado César Augusto Rendón García, diputada Brenda Velázquez Valdez, diputado Guadalupe Hernández Alcalá, diputada Araceli Madrigal Sánchez, diputado Jorge Álvarez López, diputado Moisés Guerra Mota, diputada María Eugenia Ocampo Bedolla y diputada Melissa Torres Sandoval.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se pide a la comisión cumplir con su encargo.
(La comisión cumple su encargo)
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: También galerías, por favor, a las amigas y amigos que nos visitan, gracias.
Ciudadanos Fernando Galván Martínez y Mariano Lara Salazar, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputados que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Los ciudadanos Fernando Galván Martínez y Mariano Lara Salazar: Sí, protesto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Felicidades. Gracias. Pueden tomar asiento, gracias.
Vamos a pasar ahora al punto de proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno. Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación... ¿Todavía no nos ha llegado? Bien. Entonces, están recabando firmas y vamos a esperar a que nos llegue.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Entonces, pasamos ahora al punto de presentación de iniciativas de diputadas y diputados.
Se recibió del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Igualmente se recibió del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 216 Bis a la Ley General de Salud. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien, ahora tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
El diputado José Adrián González Navarro: Gracias, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladores, en México una de cada diez personas tiene 60 o más años de edad, lo que representa el 9.6 por ciento de la población.
De acuerdo al censo de población y vivienda 2006, del Inegi, entre el 2000 y 2010 la población de personas adultas mayores creció 3.8 por ciento, y derivado de la tasa de crecimiento de la década señalada se tiene previsto que esta población se duplique en 18.4 años, por lo que en el 2029 tendremos por lo menos 20 millones de personas de rango de edad que para el 2050 la cuarta parte de nuestra población se integrará de personas adultas mayores.
El envejecimiento de la población en México y sus indicaciones para la salud demandan de una atención especial e inmediata.
Debemos tener claro que ya es suficiente procurar la sobrevivencia en edades avanzadas sin promover el envejecimiento sano y activo de la población, mismo que es susceptible de ser planeado.
Derivado de la radiografía estadística en materia de adultos mayores, y tomando en consideración el perfil epidemiológico del adulto mayor, emitido por la Secretaría de Salud, se concluye que este grupo poblacional es altamente vulnerable debido a las enfermedades no transmisibles o crónicas, y las discapacidades que tienen como efecto la disminución o pérdida de las facultades físicas o mentales.
En este marco considero fundamental no perder de vista que una persona adulta mayor que es beneficiaria de programas sociales, como el que coordina la Secretaría de Desarrollo Social denominado Pensión para adultos mayores, consistente en el apoyo económico de 580 pesos mensuales no es restrictivo para que una persona de esta edad pueda ser beneficiaria de otros programas sociales, con recursos provenientes de las entidades, como en el caso de Nuevo León en la Secretaría de Desarrollo Social del estado a través del Programa de Apoyo directo de Adultos Mayores otorga 700 pesos mensuales a través de una tarjeta electrónica o vale de papel a las personas adultas con mayores de 70 años o más.
Sin embargo, los apoyos mencionados revelan que nuestros adultos mayores difícilmente pueden pagar actividades relacionadas con la cultura física y la práctica de algún deporte, debido a que sus necesidades están relacionadas principalmente con la atención de medicamentos y el abastecimiento de productos de primera necesidad.
Por ello, las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos convencidos que pese a los logros del Estado mexicano en el proceso de reconocimiento constitucional, de la cultura física y la práctica del deporte como un derecho humano y la expedición de la Ley General de Cultura Física y Deporte, aún hay pendientes como el de garantizar que la vejez activa y saludable de la población de 60 años o más cumplidos y transitar del envejecimiento discapacitador a un modelo de envejecimiento activo y sano.
Por lo anterior, la iniciativa que hoy pongo a su consideración, pretende reformar la fracción II, del artículo 19 y la fracción XXVIII del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en el ámbito de sus atribuciones, impulse políticas específicas y programas que promuevan la cultura física y la práctica del deporte destinados al desarrollo e integración de las personas adultas mayores. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado González. Túrnese a la Comisión de Deporte, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la denominación del Capítulo IV, y adiciona un artículo 15 Bis a la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
El diputado Waldo Fernández González: Con su permiso, señor presidente. Desde que en Occidente la pérdida de la libertad personal se estableció como la vía para instaurar un sistema de penalidades ante la comisión de un delito, existe un debate permanente sobre cuáles son las condiciones en que una persona debe vivir esta penalidad que impone la sociedad política y jurídicamente constituida.
El debate sobre la reclusión de las personas ha tenido diversos momento, incluso, se ha llegado a extremos que van desde su apartamiento del tejido social en medio de tratos degradantes, hasta las propuestas contemporáneas que abordan la reinserción social, las oportunidades de trabajo, la reducción de penas y la formación académica en reclusión.
Sin embrago, un tema común pero a la vez difícilmente tratado ha sido el de las familias de las personas en prisión. La sola mención de este tema remonta a figuras que han traspasado los siglo y que nos llevan a pensar en qué pasa con los hijos, las esposas, las madres y los hermanos de los así llamados sentenciados.
Hoy estudios en sociología, medicina, antropología, sociología del delito y política criminal, muestran que las familias son víctimas secundarias respecto de la pena impuesta al sentenciado, y los espacios familiares de las personas en situación de prisión enfrentan una problemática, en la cual, las personas pasan por diferentes riesgos y tensiones, colocándolas en situaciones de incertidumbre, vulnerabilidad, depresión y necesidades limite.
En el caso mexicano, dadas las características de los delitos, es posible afirmar que un sector superior al 60 por ciento de las personas que están en prisión, fueron sentenciados por delitos de menos de 8 mil pesos. De ese modo, un porcentaje significativo de estructuras familiares, sistemas de familias o tipos de hogares que de por si enfrentan condiciones de marginación social, pasan de forma súbita a enfrentar la perdida de ingresos. Los gastos derivados de tener un familiar en prisión y barreras visibles e invisibles que los apartan, los estigmatizan y alejan de la convivencia social.
Actualmente existen patronatos en algunas entidades federativas derivados de sus respectivas leyes de ejecución de sentencias, sin embargo, no están orientados a la participación familiar y de la sociedad civil. Asimismo, no se trata de un ordenamiento nacional, sino local, y aunado a que enfrentan diversos problemas de estructura, eficiencia y eficacia.
Por otra parte y en el mismo sentido, la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, señala la creación de un patronato, sin embrago, está acotada a la figura de excarcelados o con beneficios de pre liberación, pero no a la estructura familiar ni tampoco prevé la participación de la sociedad civil.
Por todo ello y como un factor elemental de justicia restaurativa, ante el pleno de esta soberanía me permito someter una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, en el título de su capítulo cuarto que llevaría el título, capítulo cuarto. Asistencia a liberado y a familiares de internos; y para adicionar un artículo 15 Bis para quedar del siguiente modo: “se promoverá en cada entidad federativa la creación de un patronato de asistencia a familiares de internos y sentenciados. El objeto de estos patronatos será otorgar asistencia integral a las familias de los internos, poniendo especial atención a niñas, niños y adolescentes.
“Los gobiernos de las entidades federativas sustentarán dichos patronatos de asistencia a familiares de internos o sentenciados, de conformidad con sus posibilidades presupuestales, y fomentarán la participación activa de organizaciones de la sociedad civil, universidades públicas y privadas”.
Las mejores vocaciones de ayuda, solidaridad y apoyo a las familias, pueden desplegarse si tenemos un proceso sistemático para reglamentar una acción de asistencia integral que sume esfuerzos de otras agencias de gobierno y de la sociedad civil organizada.
El altruismo, la filantropía, la asistencia privada, la asistencia pública y otras formas de intervención social que se desarrollan desde lo público y lo privado, pueden encontrarse en esta necesaria atención a las familias que vive en condiciones de riesgo, desprotección, pero sobre todo, de una necesidad pasmosa.
Si hablamos de cambiar nuestro sistema d justicia, también debemos cambiar el modo en que nos relacionamos con las familias de las personas sentenciadas. También debemos de acercar programas sociales y acciones de inclusión, pues ha de recordarse que la familia es la base de la sociedad. El tiempo de la nueva justicia penal es ahora, no mañana ni pasado. Ahora mismo. Nuestro tiempo ha llegado. Las excusas y demoras deben quedar atrás.
Así, por último, dentro de varias décadas cuando las futuras generaciones se pregunten qué fue lo que hicimos quienes habitamos el país en las primeras décadas del siglo XXI, espero que observen que una de las mejores herencias que dejamos fue una justicia penal con rostro humano, más transparente y cercana; una justicia penal solidaria con el dolor de las víctimas.
En suma, ojalá que en el futuro volteen a ver nuestro legado y puedan con orgullo decir: “cumplieron su tarea, pero sobre todo, actuaron con bondad y estuvieron a la altura de los tiempos que les tocó vivir”. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Fernández. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
Están presentes alumnos, docentes y padres de familia, de la Escuela Secundaria Técnica 120 Pedro Sainz de Baranda, de Chicoloapan, estado de México, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero.
Asimismo, alumnos y maestros de la secundaria Diurna número 123, José María Velasco, de la delegación La Magdalena Contreras, invitados por la diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, y también jóvenes de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, invitados por el diputado Carlos Iriarte Mercado. Sean todas y todos ustedes bienvenidas, bienvenidos a este recinto legislativo.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o de la Ley General de Salud.
La diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones: Con la venia de la Presidencia. Buenas tardes, compañeros diputadas y diputados. Llevar una dieta sana a lo largo de nuestra vida, ayuda a evitar la mal nutrición en todas sus formas, así como contraer distintas enfermedades no transmisibles y diferentes afecciones.
A pesar de lo anterior, el aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio en nuestros estilos de vida, han ocasionado un cambio en nuestros hábitos alimenticios.
La alimentación poco saludable es pues la principal causa de las enfermedades transmisibles más importantes, como las cardiovasculares, la diabetes de tipo 2, y determinados tipos de cáncer.
En ese sentido, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, agencia perteneciente a la Organización Mundial de la Salud determinó que el consumo de carnes procesadas como salchichas, jamón, hamburguesas y salami, entre otros, causa cáncer, y comer carnes rojas, como por ejemplo: vaca, ternera, cerdo y cordero, pueden causar cáncer.
Llegar a esta conclusión no fue sencillo, ya que se requirió de una revisión exhaustiva de la literatura científica acumulada, en el que participó un grupo de trabajo de 22 expertos de 10 países, convocados por el Programa de Monografías de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer.
Los expertos concluyeron que cada porción de cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 18 por ciento. Para un individuo el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal por su consumo de carne procesada sigue siendo pequeño, pero este riesgo aumenta con la cantidad de carne consumida, dijo el doctor Kurt Straif, jefe del Programa de Monografías de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer.
En vista del gran número de personas que consumen carne procesada el impacto global sobre la incidencia del cáncer es de importancia para la salud pública. Asimismo, otro estudio que fue publicado recientemente en la revista American Cancer Society revela que una dieta rica en carne, combinada con mecanismos de cocción a altas temperaturas o sobre un fuego, puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de riñón y que esta relación puede verse influida por la susceptibilidad genética a dicho tipo de cáncer.
Lo anterior es preocupante, ya que si hacemos una revisión histórica en cuanto al consumo de carne en nuestro país se destaca que en 1970 los mexicanos consumieron 23 kilogramos de carne, en 1990 el consumo pasó a 34 kilogramos y en 2013 cada persona consumió 63 kilos de carne, es decir, en cuatro décadas el consumo de carne per cápita aumentó 40 kilogramos.
Si hacemos un análisis de los 63 kilogramos de carne que cada mexicano consumió en el 2013 tenemos que 30.9 kilogramos correspondieron a carne de pollo, 16.4 kilogramos consistió en carne de cerdo, 15.1 kilogramos en carne de res y 1.4 kilogramos de carne de pavo, lo anterior según un estudio de Heinrich Böl.
Aunado a lo anterior los mexicanos tiene la expectativa de vida más baja de la OCDE, pues se ubica en 74.6 años en comparación con el promedio del resto de los países de la organización, que es de 80.5 años, y una de las principales causas de nuestro mal desempeño en este rubro se debe principalmente a la mala nutrición y la alta tasa de obesidad.
En el Partido Verde creemos que estos estudios serán de utilidad en la medida en que los gobiernos realicen las políticas públicas pertinentes con la finalidad de brindar las mejores recomendaciones dietéticas y nutricionales para la población mexicana, salvaguardando de esta manera su salud.
Por lo expuesto con anterioridad es que sometemos la presente iniciativa que reforma la fracción XI del artículo 6 de la Ley General de Salud, con el objeto de implementar políticas gubernamentales para limitar el consumo de carnes procesadas y carnes rojas y de esta manera promover la salud en materia oncológica. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Álvarez. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, suscrita también dicha iniciativa por el diputado Erick Alejandro Lagos Hernández, ambos del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras diputados, muy buenas tardes. En México las madres solteras han sido marginadas tanto por la sociedad como por nuestra legislación. Poco hemos hecho desde esta legislatura y legislaturas anteriores para crearles un estatus que les permita tener una vida jurídica, que les permita tener una figura jurídica que contemple la definición que como tal deben tener en la ley, y con ello poder generarles prerrogativas y poderles generar también una mejor condición de vida.
Hablamos de igualdad de género y creo que este es un tema fundamental también para hacer justicia a este gran segmento del que todos hablamos, pero pocos a veces nos preocupamos para precisamente ver qué tenemos dentro de nuestra legislación.
Ha habido legislaciones en estados como Sonora y San Luis Potosí, legislaciones que han pretendido poder darles protección desde la perspectiva de género, pero no tenemos ninguna norma a nivel federal que en un momento determinado pueda darles prerrogativas en cuanto a sus hijos, que pueda darles protección y sobre todo que pueda generar la figura jurídica y la institución de la madre soltera o madre jefa de familia.
Que sus hijos tengan la certeza que la labor de su madre, que todos los días sale a ganarse la vida, estará respaldada por la ley; que tendrán posibilidad de acceder a distintos programas que hoy el gobierno federal y muchos de los gobiernos estatales tienen al conocer con precisión a qué nos referimos cuando hablamos de las madres solteras.
Se prevén ya en nuestro Código Civil algunas garantías, sobre todo a los hijos que son procreados dentro del matrimonio. Sin embargo, el término de madre soltera como institución social es nulo.
Hay normas civiles dispersas, pero desde una perspectiva de mujeres separadas o abandonadas, como el supuesto de establecer a quién corresponde la custodia de los hijos en los casos de separación. Pero como se observará, estas normas pretenden proteger a los hijos, pero no pretenden tampoco poder generar una protección a la madre soltera.
Las normas jurídicas, compañeros y compañeras, tienen que adaptarse a la realidad, a la necesidad de la sociedad y a donde hoy nos encontramos, como en su momento el matrimonio y el divorcio surgieron como institución, como hoy vemos distintas corrientes que expresan con claridad incluso distintas formas de solidaridad y de tener una familia.
En el caso de la madre soltera no existe norma alguna y es necesario crear una institución generadora de un nuevo tipo de familia, como lo es hoy de hecho, pero no de derecho.
Es por ello, compañeros y compañeras, que presento esta iniciativa junto con el diputado Erick Lagos, para crear esta figura jurídica y no únicamente darle el estatus, también iniciar y darle prerrogativas.
La iniciativa de reforma a distintos artículos del Código Civil incluye desde la posibilidad de que el juez del Registro Civil u oficial de Registro Civil declare este estatus desde el asentamiento del hijo, hasta el orden de prelación para los supuestos de sucesión legítima a la madre o el padre soltero, que en su caso el difunto de cujus haya reconocido al hijo o hijos, en los términos de la legislación civil.
Si tienen obligaciones las madres solteras, también deben tener derechos. Es momento de hacerlo, compañeras y compañeros y, sobre todo, proteger a este gran segmento.
En atención al concepto de igualdad de género, en la presente iniciativa se considera la inclusión también de la figura de padre soltero, aun a pesar de que su situación de vulnerabilidad es distinta a la que presenta una madre soltera. Sin embargo, tampoco existen políticas públicas específicas para brindar apoyo y atender a este sector de la población.
Según cifras del Inegi y del Consejo Nacional de Población, existen 21 millones de padres que viven con sus hijos, 20 millones viven en pareja y 259 mil están separados o divorciados, 42 mil están solteros y 495 mil son viudos.
Compañeros y compañeras diputadas, les pido su apoyo en esta iniciativa y sobre todo es momento y hora de hacer justicia a aquellas que todos los días dejan a sus hijos en la guardería para poder ganarse la vida y que todos los días llegan con el ánimo de educarlos haciendo la función de padre y de madre. Gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Aguilar. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal, y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las dos iniciativas en una sola intervención. Adelante, diputada.
La diputada Ernestina Godoy Ramos: Muchas gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. Con su venia, presidente. Acudo a esta tribuna a presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que reforma la Ley Orgánica del Congreso, el Código Penal Federal y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Estas iniciativas tienen por objeto establecer las bases constitucionales y reglamentarias de una nueva relación entre los Poderes y una efectiva rendición de cuentas de los servidores públicos federales ante el Poder Legislativo de la nación.
Así se fortalece la representación popular en sus facultades de control, se genera un mecanismo más ágil para requerir información y documentos oficiales al gobierno, se fortalece la institución de la pregunta parlamentaria, lo que hace posible que los integrantes del Congreso de la Unión formulen cuestionamientos y requieran explicaciones sobre los actos y omisiones del gobierno.
Se avanza en la construcción de una relación democrática entre los Poderes, lo que contribuye a mejorar la calidad de la democracia y la participación ciudadana en los asuntos públicos.
Las iniciativas proponen establecer la facultad de ambas cámaras del Congreso de la Unión para citar a comparecer al titular del Poder Ejecutivo Federal cuando así lo solicite la cuarta parte de sus integrantes y lo apruebe una mayoría calificada de dos terceras partes.
Con esto se genera un mecanismo efectivo de rendición de cuentas del titular del Poder Ejecutivo Federal frente a situaciones que afecten la seguridad nacional, la estabilidad política, económica, la vigencia del Estado de derecho o el funcionamiento de las instituciones nacionales. Esto rompe con los rituales anuales que asumen la rendición de cuentas como actos de propaganda, autoelogio y derroche.
Para que el presidente de la República pueda ser citado ante el Congreso se establece un procedimiento especial y una mayoría calificada, con lo cual se distingue claramente este acto de otras citas a servidores públicos que pueda acordar el Congreso y respeta la investidura del titular del Poder Ejecutivo Federal.
El país gana con transparencia y rendición de cuentas. Las instituciones se fortalecen y se generan los equilibrios constitucionales indispensables para una sociedad democrática.
Por otra parte, la iniciativa también propone fortalecer la facultad de investigación del Congreso. Por ello se amplía su alcance para investigar el funcionamiento de cualquier dependencia, organismo descentralizado o empresa de participación estatal mayoritaria, es decir, toda la administración pública federal.
Se disminuye el número de senadores que pueden solicitar la constitución de estos órganos parlamentarios de investigación al fijarse en una cuarta parte de sus miembros en lugar de la mitad que actualmente fija la Constitución.
Con la reforma propuesta, las comisiones de investigación tendrán facultades constitucionales para citar a cualquier persona y requerir la información que sea necesaria para el desarrollo de sus funciones, independientemente de su naturaleza legal.
Para el efecto se establece la obligación expresa a todas las dependencias de la administración pública federal a entregar toda la información que sea requerida por estos órganos legislativos de control, incluida aquella con clasificación de reserva o confidencial, la cual mantendrá y los órganos del Congreso estarán obligados a mantener la reserva en los términos de ley.
Se faculta a estos órganos legislativos para requerir el respaldo técnico de la Auditoría Superior de la Federación, y en su caso solicitar el apoyo a la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo de sus funciones.
Se otorga congruencia práctica a la declaración bajo protesta de decir verdad. Para el efecto, se propone la modificación de los artículos 41, 45, 85 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Penal Federal, para señalar sanciones a los servidores públicos que al comparecer ante el Congreso, incurran en faltas a la verdad.
Se propone modificar el esquema actual de acceso a la información gubernamental que opera para el Poder Legislativo federal y para los legisladores en lo individual y en su lugar establecer un mecanismo similar a la de la institución de la pregunta parlamentaria, que opera en diversos parlamentos europeos y latinoamericanos.
Espero que estas iniciativas sean aprobadas y estoy segura que el país ganará en transparencia y en rendición de cuentas. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Godoy. Túrnese la primera de las iniciativas a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y la segunda de ellas Túrnese a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Justicia, para dictamen.
Saludamos la presencia del presidente electo de Yecapixtla, Morelos, Francisco Erik Sánchez Zavala y un grupo de personas que visitan esta Cámara de Diputados. Invitados todos por el diputado Javier Bolaños Aguilar, Vicepresidente de la Mesa Directiva.
Igualmente saludamos la presencia del doctor Javier Medina Rodríguez, presidente de la Federación Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Asimismo, del doctor Regino Montoya Valdez, vicepresidente del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y del doctor Andrés Sánchez González, coordinador de asesores de la Fesormex. Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a este recinto parlamentario.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Cuitláhuac García. Sonido ahí en su curul, por favor.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Diputado presidente, solamente para solicitarle a la compañera Ernestina Godoy, si nos permite adherirnos a todos los miembros de la bancada de Morena, a su propuesta.
La diputada Ernestina Godoy Ramos (desde la curul): Sí, adelante.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Hace así, supongo que quiere decir que sí. La diputada Godoy manifiesta su asentimiento, y están a disposición las iniciativas presentadas para quienes deseen suscribirlas aquí en la secretaría, en la Mesa directiva.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 239 y 241 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Mirza Flores Gómez: Con su venia, señor diputado presidente. Buenas tardes compañeras diputadas y compañeros diputados. Por economía procesal, solicito se inserte el texto íntegro de mi iniciativa en el Diario de los Debates, presidente, por favor.
La anterior legislatura celebró un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México, con la finalidad de implementar el programa distintivo ambiental Puma-UNAM de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
El objetivo de este programa consistió en realizar un diagnóstico en el recinto legislativo y propuso una serie de recomendaciones para mejorar el desempeño ambiental de los edificios que integran la Cámara de Diputados, respecto de los temas energía, agua, residuos sólidos urbanos y consumo responsable.
El propósito o fin de este convenio es que una vez que se atiendan las recomendaciones se emita el distintivo ambiental Puma-UNAM. Este distintivo tiene tres categorías: básico, azul y oro.
El diagnóstico realizado en las instalaciones de este parlamento obtuvieron muy baja calificación y con ello, el distintivo Puma-UNAM básico. El diagnóstico realizado proporciona información detallada sobre la infraestructura y operación de los 10 edificios que conforman la Cámara, identificando las principales áreas de oportunidad para dar seguimiento a los indicadores ambientales y evaluar el beneficio de las acciones recomendadas.
El objetivo de la presente iniciativa es muy claro, compañeros diputados y compañeras diputadas, y es reducir el impacto ambiental derivado del consumo indiscriminado de papel, atendiendo a las recomendaciones emitidas por la Universidad Nacional Autónoma de México.
De acuerdo al capítulo 3360 del techo presupuestal de 2015, de la Cámara de Diputados, se destinaron, y quiero que escuchen esta cantidad, 37 millones de pesos en servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión de órganos y unidades vinculadas al quehacer legislativo. Se estima que en este órgano se consume 1 millón 450 mil millares de hojas anualmente, de las cuales una parte considerable de ellas se utilizan para la impresión de la Gaceta Parlamentaria en los días de sesión.
Por ello mi propuesta va en dos sentidos: que la Gaceta Parlamentaria se publique únicamente de manera electrónica, contribuyendo de esta forma al ahorro en los gastos operativos de este órgano de gobierno. Y en la otra forma, a evitar y disminuir el indiscriminado uso de papel.
Compañeras diputadas, compañeros diputados, esta iniciativa no persigue fines políticos, simplemente obedece a la necesidad de realizar en estas instalaciones, las acciones necesarias para cumplimentar las recomendaciones emitidas por la Universidad Nacional Autónoma de México que hizo a la Sexagésima Segunda Legislatura en materia de manejo de residuos sólidos y gobierno digital.
Con esto no solamente se atendería a las recomendaciones de la UNAM, también se atendería de manera puntual a los compromisos que México en los tratados internacionales ha hecho el compromiso en materia ambiental y cambio climático.
De esta forma nos convertiríamos en un ejemplo para las demás dependencias tanto gubernamentales como empresas privadas, en el respeto al derecho de un medio ambiente sano, consagrado en el artículo 4o., constitucional, dando un paso importante para la obtención del distintivo Puma UNAM Oro.
Por lo expuesto con anterioridad, los invito a todas mis compañeras y mis compañeros a que se sumen a este proyecto y voten a favor de esta iniciativa cuando esta sea turnada al pleno.
Subí algunas de las gacetas que guardo en mi escritorio para consulta, y aquí las pongo a la vista de todos ustedes. Me gustaría que por allá, aquí al centro, pudieran voltear. Imagínense esto por 500; por tres años; por 10 años.
¿Qué pasaría si nuestra Gaceta solamente la podemos consultar vía electrónica? Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Flores. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates tal como lo ha solicitado la diputada Mirza Flores, y túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
Saludamos la presencia de alumnos del Centro Universitario Tlacaélel, del municipio de Ixtapaluca, estado de México, invitados por la diputada Maricela Serrano Hernández, así como alumnos de la Universidad del Desarrollo del estado de Puebla, San Matías Tlalancaleca, invitados por el diputado Rubén Alejandro Garrido Muñoz. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.
El diputado Jonadab Martínez García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Jonadab Martínez, por favor.
El diputado Jonadab Martínez García (desde la curul): Con su venia, señor presidente, muchas gracias. Pedirle permiso de suscribir la iniciativa a la diputada Mirza Flores, por parecernos un tema muy importante y trascendental en esta Cámara de Diputados, muchas gracias.
A nombre, si tuviera bien, también, pedirle a la diputada, que es a nombre de toda la fracción de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Flores. Le solicitan la autorización para suscribir la iniciativa.
La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Sí, adelante.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta su aceptación y está disposición de quienes quieran suscribirla aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: No más tierras improductivas por falta de agua. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el acceso al agua es un derecho humano que permite una mayor justicia social y ambiental, sobre todo porque es una de las condiciones fundamentales para la supervivencia. Los recursos hídricos tienen un papel esencial en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental.
El agua propicia bienestar a la población e incluso crecimiento económico. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza sabemos eso, por ello y en congruencia con nuestros principios es que expongo a esta soberanía la presente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales con el propósito de regular la explotación, uso o aprovechamiento de aguas renovables, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable.
El agua es un recurso vital reconocido como asunto de seguridad nacional, que puede provocar inestabilidad y hasta conflictos bélicos. Su manejo adecuado es prioritario para lograr el bienestar social, el desarrollo económico, la preservación de la riqueza ecológica y la sustentabilidad en nuestro país.
El modelo económico actual, basado en la producción y consumo, ha generado un deterioro y contaminación del agua, lo que disminuye su disponibilidad, situación que hace más difícil el abastecimiento y condiciones que generan conflictos de carácter regional, nacional y hasta internacional. De ahí la importancia de conocer y saber gestionar su origen, distribución y, sobre todo, conservación, estableciendo las bases para la generación de políticas públicas de aprovechamiento integral que oriente la planeación y preservación del equilibrio ecológico.
Para Nueva Alianza propiciar su uso de manera sustentable es una necesidad imperante, nos exige cambiar los paradigmas a fin de alcanzar un equilibrio sostenible que garantice el derecho humano al agua.
Ahora, compañeras y compañeros, debemos voltear la mirada hacia soluciones que nos permitan aprovechar el recurso de manera que hasta hoy no han sido totalmente valoradas y explotadas, me refiero a: su captación, uso y aprovechamiento de aguas renovables o pluviales.
El aprovechamiento del agua de lluvia es parte de una solución sustentable e integral, que generaría empoderamiento a comunidades y ciudadanos al contar con autosuficiencia y abastecimiento hídrico.
México recibe mil 849 millones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación al año, de esta agua se estima que el 71.6 por ciento se vaporiza y regresa a la atmósfera; el 22.2 por ciento escurre por los ríos o arroyos y el 6 por ciento restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos.
No estamos haciendo lo necesario para retener el agua que llueve en México, pues no explotamos las técnicas de captación de agua pluvial.
En Nueva Alianza consideramos imperante introducir en la ley el concepto de sistema de captación de agua de lluvia, como toda aplicación que implica infraestructura en represas, ollas de agua, lagunas de infiltración, pozos de absorción y otras necesarias para la captación de aguas pluviales con el fin de incrementar los niveles de agua de los mantos friáticos y su aprovechamiento sustentable, además de establecer la concurrencia de facultades para la regulación, formulación, ejecución y administración de acciones orientadas a la creación de sistemas de captación de agua de lluvia, dependiendo de las condiciones territoriales de cada región.
Debemos transitar hacia nuevas técnicas que nos permitan contar con agua en todo el territorio nacional, pero sobre todo que nos permitan usarla, utilizarla de manera adecuada a fin de alcanzar el desarrollo sostenible en diversas actividades del país.
De esta manera podremos hacer frente a la escasez de agua que se presenta principalmente en el norte del país, y podremos evitar inundaciones y catástrofes que generan las fuertes precipitaciones en la zona sur. Que en Zacatecas o Sonora ya no tengamos tierras improductivas por falta de agua y que en Chiapas o Tabasco ya no haya inundaciones que destruyan la actividad y la vida de los pobladores.
En Nueva Alianza sabemos que la falta de agua es una de las principales causas de desigualdad en México, que genera conflictos y propicia inestabilidad. Por ello mantenemos el compromiso de legislar para llevar a cabo los procedimientos necesarios que permitan a la población disponer de agua suficiente, pero sobre todo limpia y de calidad que no ponga en riesgo su salud.
Esta iniciativa que propongo también tendría un impacto económico importante. Por ejemplo, en Zacatecas, de la que soy orgullosamente originaria, es el principal productor de frijol en el país, cuenta con 150 mil hectáreas de riego que están subutilizadas por falta de infraestructura.
De existir una mejor planeación en el manejo sustentable del líquido vital, con tan solo 50 mil hectáreas de riego sembradas de maíz y tecnificación se tendría una producción de 400 mil toneladas de este grano, que alcanzaría para satisfacer la demanda de consumo en todo el estado de Zacatecas.
Compañeras y compañeros, busquemos soluciones para los grandes problemas del país, empecemos entonces con acciones. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Bañuelos. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.
Saludamos la presencia de 164 alumnos y docentes de la Escuela Secundaria Técnica número 120 Pedro Sainz de Baranda, del turno matutino, de Chicoloapan, Estado de México, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Honorable Mesa Directiva y compañeros legisladores, para el Partido Encuentro Social, lo hemos dicho y lo ratificamos, la familia es el pilar fundamental de la sociedad. Ella tiene como misión la formación de personas, fomentar y respetar los deberes éticos y las convicciones personales y proyectar socialmente a sus miembros para participar consciente y libremente en la sociedad, transformándola en lo necesario y contribuyendo a su pleno desarrollo.
Los que suscribimos la presente iniciativa estamos convencidos de que las políticas públicas en México deben apuntalar esta institución para que desde el apoyo a la familia se fortalezca el tejido social y se recupere la confianza en la sociedad y en las instituciones.
Una consecuencia del proceso tan acelerado de globalización en el que vivimos es, sin duda, la prevalencia de posiciones individualistas que han ido mermando los cimientos sociales. Por ello, quienes tomamos decisiones en nuestra sociedad debemos estar bien conscientes de que buena parte de los fenómenos de violencia, inseguridad y delincuencia tienen su origen en la erosión que hoy padece la familia, los cimientos familiares en el México del siglo XXI, esto tiene que cambiar, debemos reconstruir el tejido social a partir de la familia.
En un entorno social, con tantos retos a los que nos enfrentamos diariamente, la familia sigue siendo el marco de convivencia básica y de desarrollo de los menores. Hoy muchos de los hijos de las familias mexicanas han caído en las garras de las adicciones, o en otros casos se han perdido en la absurda guerra contra las drogas o en una ideologización perversa que contradice los principios que han formado parte históricamente de la transmisión de los valores familiares.
Los legisladores del Partido Encuentro Social creemos que el Congreso tiene la obligación de dotar a la institución de la familia de normas que generen mayor protección y estabilidad a todos sus miembros.
La adopción representa en ese sentido una gran oportunidad para dotarles de una familia a muchos niños que hoy sobreviven en los orfanatos. Es nuestra obligación encontrar las vías para facilitar el procedimiento de adopción, a efecto de evitar que siga siendo un proceso engorroso, poco práctico, y por ende, en algunas regiones de México inclusive subutilizado. Pero hacerlo en serio, con la responsabilidad que ello conlleva, sin utilizarlo mediática o políticamente.
Actualmente vivimos en este Estado federal, en el que nos encontramos cada uno de los Código Civiles del país regula la figura con características y modalidades que considera más convenientes, con lo que en la práctica encontramos en México una amplia gama de normas relativas a la adopción, que en algunos casos llegan a ser inclusive contradictorias entre sí.
Además, existen normas incluidas en otras leyes estatales que rigen las modalidades y requisitos para adoptar, en especial hablamos de estos sistemas de protección de la niñez en las Procuradurías de los estados y en los organismos de apoyo a las familia, como el DIF.
Es decir, tan sólo en una misma entidad concurren por lo menos tres cuerpos de normas que rigen todo lo relacionado con esta figura jurídica. Por si ello fuera poco, el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir con normas contenidas en instrumentos internacionales, y vale la pena decir, que a veces nos encontramos con algunos legisladores locales que no conocen esas normas y que inclusive pueden contradecir el contenido de estas normas, poniendo en riesgo el cumplimiento de los compromisos internacionales que México ha adquirido.
Todo lo anterior trae como consecuencia una enorme dispersión de normas sobre este tema, que nos ha llevado a cuestionarnos sobre la conveniencia de darle cierto grado de autonomía a través de una reforma constitucional que faculte al Congreso de la Unión para emitir una ley general con los requisitos mínimos y modalidades generales a partir de su entrada en vigor regirán a la adopción en México, en los diferentes estados.
La solución que hoy proponemos tiene la enorme ventaja de que logrará armonizar criterios generales y requisitos mínimos de la adopción en México sin vulnerar la autonomía de los poderes legislativos de los estados, para que en uso de sus facultades puedan adoptar el modelo contenido en la ley general a las modalidades regionales que consideren conveniente.
Ello nos permitirá cumplir con objetivos muy concretos. Primero, simplificar y facilitar los procedimientos de adopción, de manera que todos los niños mexicanos tengan derecho a formar parte de una familia.
Segundo, crear un piso mínimo de temas que deberán ser regulados y desarrollados por las legislaturas de las entidades federativas en materia de adopción.
Tercero, cumplir con los compromisos generales adquiridos por el Estado mexicano, armonizando la legislación con el contenido de los instrumentos internacionales de aplicación obligatoria.
Y por último y muy importante, fortalecer en todo el territorio nacional el andamiaje jurídico que protege a la familia por medio de una mejor regulación que redundará en mayores y mejores oportunidades para quienes en el futuro serán adoptados.
Quienes tenemos la alta responsabilidad de moldear a nuestras instituciones debemos estar a la altura de esas circunstancias.
En ese sentido urgen modificaciones a nuestro marco jurídico que se traduzcan en mayor protección a la familia por ser precisamente el pilar fundamental de la sociedad. No tenemos mucho tiempo antes de que el tejido social pueda entrar en una mayor confrontación, desasosiego y caos. La solución se encuentra en la familia, de ahí nuestro deber de fortalecerla.
Por todo lo anterior, los suscritos diputados sometemos a consideración reformas y adiciones a los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
Saludamos la presencia de amigos originarios de Río Verde, San Luis Potosí, invitados por la diputada Fabiola Guerrero Aguilar. Bienvenidas, bienvenidos aquí, al recinto parlamentario.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Edgar Romo García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 19 y 75 de la Ley General de Educación.
El diputado Edgar Romo García: Con su permiso, señor presidente. Estimados compañeros diputados, hoy vengo a presentar una iniciativa de ley que no solo atiende un tema muy sensible para la población, sino que también resulta determinante para contribuir y mejorar la calidad de vida de todos los jóvenes que cursan la educación básica de nuestro país.
Durante la Legislatura anterior, a iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, se aprobó la reforma educativa, que ha sido el primer paso para sintonizar los objetivos de la institución educadora con las aspiraciones de los estudiantes y las expectativas del conjunto social.
Sin embargo, consideramos que en la actualidad existe una asignatura pendiente dentro del ramo educativo, me refiero a la entrega de paquetes de útiles escolares que hoy no ha terminado por contar con estabilidad y permanencia como una política pública verdadera, con una política pública institucional, sino que continúa siendo un pobre programa temporal al arbitrio de las autoridades estatales y de las autoridades municipales que sin duda requiere de una reforma al marco normativo para contar con protección legal, política y presupuestal, que le permita generar beneficios parejos para todos los niños y todas las niñas de nuestro país.
En el año de 1959, atinadamente el presidente Adolfo López Mateos instauró el histórico programa de los Libros de texto gratuitos, ante la situación de que los libros de texto eran excesivamente costosos, de mala calidad e inaccesibles para la mayor parte de las familias mexicanas y bajo la plena convicción de que el libro es un derecho social y que facilita el diálogo y la equidad en la escuela, aprobó precisamente el programa de Libros de texto gratuitos.
El presidente López Mateos, de manera conjunta dispuso la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y que desde entonces es la responsable de materializar esta política pública para lograr el mejor contenido posible de los libros de texto y cumplir con la entrega de los mismos a todos los alumnos de educación básica.
Esa necesidad social de 1959, de contar con un libro, ha evolucionado porque en la actualidad la familia mexicana por cada hijo estudiante debe de desembolsar para comprar la lista oficial de útiles escolares autorizada por la Secretaría de Educación Pública, un promedio de entre 200 y 300 pesos, solo con cuadernos, lápices de colores, pegamento y material para forrar, entre otros. Y estos montos, obviamente, se van elevando de acuerdo con las marcas de los productos, y más, si se incluye una mochila y complementos especiales.
Si a este gasto se le adiciona la compra de uniformes y zapatos, la cantidad puede sobrepasar los mil pesos por estudiante, lo cual representa un gasto excesivo para el bolsillo de quienes ganan el sueldo mínimo.
Sabemos que con el propósito y con el compromiso de contribuir a mejorar las oportunidades educativas, los distintos niveles de gobierno han implementado diversos programas públicos, entre los cuales podemos destacar escuelas de calidad, escuelas dignas, desayunos escolares, programas de beca, entre otras acciones gubernamentales, los cuales buscan aumentar el nivel educativo de la población.
En ese sentido, consideramos que el Proyecto de Nación del Presidente Enrique Peña Nieto, cabe la propuesta de evolucionar en la política educativa a través de la transformación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en un espacio en el que se genere, ya no solo la preparación y entrega de los libros de texto gratuito, sino la de un nuevo paquete escolar que incluya los libros y que también incluya los útiles escolares.
Reconocemos que en el ánimo de ayudar a la economía familiar, los tres niveles de gobierno crean programas para hacer entregas de útiles escolares, pero hay que mencionar que en algunas ocasiones lo anterior se realiza de una forma desordenada, descoordinada y sin un enfoque social, siendo que muchas de las ocasiones se entregan en tiempo posterior al inicio del ciclo escolar.
Además, esta situación genera duplicidad entre los apoyos que entregan las autoridades, ya que la mayoría de los casos existe un programa municipal y otro estatal, lo cual deriva que en el mismo alumno pueda haber recibido más de un paquete de útiles escolares.
Pero lo más grave de esta situación y que es un aspecto fundamental que buscamos erradicar con la reforma que se propone, es el de evitar el lucro político electoral que ciertas autoridades pretenden obtener con la entrega de ese tipo de apoyos.
Hemos sido testigos de programas en los que los gobiernos aprovechan la entrega de útiles escolares para lograr beneficios de índole partidista, al utilizar libretas, mochilas u otros materiales con colores, emblemas y otro tipo de elementos que abiertamente se identifican con algún partido político o con aspirantes a algún cargo de elección popular.
Bajo ese contexto, es nuestra propuesta el que se instaure la entrega de útiles escolares como parte de una mueva política pública institucional y permanente que trascienda generacionalmente nuestro país como es la entrega de los libros de texto gratuito, es decir, un programa en el que establezca la entrega de un paquete escolar que este conformado por los libros de texto gratuito y los útiles escolares que se requiera el educando según el grado que esté cursando de escolaridad. Con esta propuesta se pretende evitar que las administraciones de los tres distintos niveles de gobierno año con año utilicen la entrega de útiles escolares sólo para fines electorales más no educativos.
Se busca que la entrega de útiles escolares de ser un pobre programa temporal e incierto, al arbitrio de las autoridades estatales y municipales con fines electorales, para que se transforme en una verdadera política pública general, transparente e incondicional con protección legal y presupuestal.
También pretende que la autoridad federal en coordinación con las entidades federativas sea rectora en la elaboración, preparación y distribución de los paquetes escolares, como una medida para erradicar los usos electorales y del lucro político que dan a este tipo de programas.
En ese sentido la presente reforma modifica diversos artículos a la Ley General de Educación para establecer la rectoría de la autoridad educativa federal, para proporcionar de manera gratuita a todos los alumnos, el paquete de útiles escolares, que según corresponda conforme al listado oficial de útiles escolares que determine la secretaría para cada nivel de educación básica, esto como parte complementaria a la elaboración y distribución de los Libros de Texto Gratuitos.
Estamos convencidos, compañeros diputados, de que esta iniciativa de ley mejorará la calidad educativa, y todavía más, habrá de transformar positivamente la vida de las personas, porque la educación además de ser un derecho fundamental de todos los niños y de todas las niñas, es, sin duda, crucial para el desarrollo fructífero y productivo de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Romo García. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o., de la Ley General de Educación.
El diputado Marco Antonio Gama Basarte: Gracias, diputado presidente. Hago uso de esta tribuna para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción décimo séptima al artículo 7o., de la Ley General de Educación, a fin de promover el conocimiento sobre las tecnologías de información y comunicación como herramienta para el desarrollo responsable de habilidades personales y familiares y profesionales del educando, a la luz de la siguiente
Exposición de motivos
En pleno desarrollo del siglo XXI, cada año se vislumbra como una meta a futuro el alcanzar una sociedad del conocimiento donde la inclusión de los individuos en la generación del conocimiento sea total, que las sociedades del conocimiento sean fuentes de desarrollo para todos y, sobre todo, para los países menos adelantados.
En este sentido, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TIC juegan un papel muy importante, tanto así que hoy en día cada adelanto tecnológico puede leerse en primera instancia como un progreso social.
Sin embargo, ese progreso no llega o se hace llegar a todos los estratos sociales por igual, toda vez que existen sectores sociales a los cuales esos adelantos no benefician, y la diferencia entre ellos marca evidentes desventajas en el acceso, uso y beneficios de estas nuevas tecnologías creando una brecha digital entre quienes tienen acceso a la información y a los que no.
Lo anterior, no solamente nos obliga a redoblar esfuerzos, sino que nos alerta sobre la situación similar que se vive en prácticamente toda la República, pues son 23 entidades federativas que presentan un déficit de menos del 50 por ciento de su población con acceso a los servicios de red.
Si bien es cierto existe un largo camino para garantizar la conectividad de la población en general, también es cierto que los jóvenes que sí cuentan con internet, pasan cada vez más tiempo en la red, desde tres a seis horas diarias o más, y en muchas ocasiones no reciben la orientación necesaria para aprovechar su tiempo en beneficio de su desarrollo educativo.
Al respecto, es necesario tomar conciencia del papel que hoy en día juegan las nuevas tecnologías en el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Vivimos en un mundo globalizado en el que se usan dispositivos que transmiten información de forma acelerada, se consultan y comparten datos de manera inmediata y se encuentran disponibles para cualquier persona que cuente con una herramienta conectada a la red.
Tal apertura informática debe ser incentivada a fin de abarcar mayor conectividad y al mismo tiempo debe ser encaminada a la juventud como una posibilidad de desarrollo y no como un medio simplificado de ocio. Y de esa manera les permita un desarrollo integral y el mejor aprovechamiento posible de la basta información contenida en los medios digitalizados.
La presente iniciativa recoge la necesidad de establecer dentro de los fines educativos del Estado sus organismos descentralizados y las instituciones de educación privada, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la promoción del conocimiento sobre el uso de tecnologías de información y comunicación, con ello se establecen las bases para utilizar estas herramientas y habilidades de manera responsable, favoreciendo el desarrollo personal de los estudiantes en su vida familiar y profesional.
Estoy convencido que el problema del analfabetismo digital no se resuelve únicamente otorgando compradoras o tablets, sino que trasciende a establecer en los fines de la educación el sentido integral de orientación a fin de que nuestra sociedad se encuentre en posibilidad de obtener todos los beneficios derivados del uso de las tecnologías informáticas.
Debemos mirar de frente el panorama tecnológico que se nos presenta con toda responsabilidad; y reforzar el eje rector que en materia educativa las autoridades han implementado para guiar el uso cotidiano de dispositivos de información, que se encuentran en las manos de nuestros estudiantes. Garanticemos la preparación de nuestros niños y jóvenes para los retos que se viven desde hoy.
Hablamos pues de una iniciativa que busca contribuir a formar una consciencia global en los estudiantes con sentido de responsabilidad en el uso de las tecnologías de información y comunicación que impulse el conocimiento, la diversificación del acervo cultural digitalizado y promueva su desarrollo personal y profesional. De esta manera, compañeros legisladores, estamos dando un importante paso para avanzar en la alfabetización digital de nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación, para su dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Con su venia, presidente. Diputadas, diputados, la iniciativa que someto a su consideración consiste en eliminar la práctica del veto de bolsillo que existe en el marco normativo en el Distrito Federal. Proponemos un plazo fatal para que el jefe de gobierno publique la ley o decreto, de no ser así se reputará aprobado.
El proyecto no devuelto con observaciones a la Asamblea Legislativa del DF, y esta ordenará su promulgación. Se reputará aprobado por el jefe de gobierno todo proyecto no devuelto con las observaciones a la Asamblea Legislativa dentro de los 30 días siguientes a su recepción.
Vencido este plazo, el jefe de gobierno dispondrá de 10 días para publicar la ley. Transcurrido este segundo plazo la ley o decreto será considerada promulgado y el presidente de la Asamblea Legislativa ordenará dentro de los 10 días naturales siguientes su publicación en la Gaceta del Distrito Federal, sin que requiera refrendo.
La iniciativa tiene como fin erradicar prácticas que han generado fraudes a la ley. A la fecha el gobierno del Distrito Federal tiene definidas sin publicarse 77 leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. También se contempla un mecanismo que asegure la aplicación de la ley para los casos en que los secretarios de despacho sean omisos en cumplir con sus obligaciones de expedir el reglamento.
En el proyecto se remarca la obligación del jefe de Gobierno a publicar y ejecutar las leyes que emita la Asamblea Legislativa, así como el reglamento respectivo. También se enfatiza que de no cumplir con la emisión puntual del reglamento la Asamblea Legislativa determinará la aplicación provisional de la ley. Ello para evitar que los secretarios de despacho apliquen lo que denominamos veto de los secretarios.
En particular me refiero a un caso que considero verdaderamente lamentable y preocupante, como es el veto que el secretario de Protección Civil del Distrito Federal impuso a la nueva Ley del Sistema de Protección Civil. A pesar de que ya fue publicada esa ley no se ha elaborado el reglamento.
Por lo anterior expuesto y motivado, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados iniciativa para reformar el artículo 122, Apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, diputado.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ojeda Anguiano. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. Sonido en la curul de la compañera diputada, por favor. Adelante diputada Cecilia Soto.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Diputado presidente, pediría que se ampliara el turno para que fuera turnada a la Comisión del Distrito Federal, para opinión.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se obsequia la petición. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal, para opinión.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Andrés Fernández del Valle, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, los fumadores pasivos son aquellas personas que sin ser fumadoras están expuestas con frecuencia al aire contaminado por el humo de tabaco. Este se desprende del cigarrillo y por el humo que expulsa el fumador después de fumar y es incluso más dañino que el humo que inhala el mismo fumador, ya que contiene mayores concentraciones de químicos perjudiciales.
Desde hace más de 50 años se sabe que el tabaquismo es perjudicial para el fumador, pero recién hace 25 se comenzó a alertar sobre el riesgo que implica el humo ambiental de tabaco para los no fumadores. Lo anterior, gracias al avance de la ciencia y de diversos estudios en la materia hoy en día se sabe que los fumadores pasivos presentan alteraciones respiratorias, cardiacas e incluso cáncer de pulmón.
Los niños son especialmente vulnerables a los efectos del tabaco yes que unos 700 millones de niños; es decir, casi la mitad de los niños del mundo, respiran aire contaminado por el humo de tabaco. Más de un 40 por ciento de niños tienen al menos un progenitor fumador y en 2004 los niños representaron el 28 por ciento de las defunciones atribuibles al humo de tabaco ajeno.
Las cifras vertidas con anterioridad son preocupantes, pero existe un agravante, los niños no pueden elegir. En este contexto, debemos evitar a toda costa que fumen cerca de ellos, ya que el humo ambiental de tabaco constituye un riesgo significativo para la salud de los niños pequeños.
Lo anterior, debido a que en los niños menores de dos años el aparato respiratorio y el sistema inmunológico se encuentran en proceso de maduración, por lo que su organismo es incapaz de atenuar, aunque sea parcialmente los daños de los agentes tóxicos presentes en el humo de tabaco.
En los niños mayores de dos años, las principales enfermedades causadas por el humo del tabaco son la bronquitis, otitis, asma y afectaciones en el desarrollo cognitivo.
Aunado a lo anterior y según las conclusiones de un estudio realizado por la Universidad de Newcastle, en donde fumadores voluntarios fueron sometidos a viajes de 20 minutos para determinar la cantidad de químicos nocivos que un niño puede respirar en un automóvil, y se verificó que la exposición a los tóxicos del humo de tabaco es 100 veces mayor a la recomendada, a pesar de tener las ventanas abajo.
Por lo tanto, la prohibición de fumar en un auto, en movimiento, cuando se encuentran menores de edad en su interior, es vista como un paso vanguardista hacia la inhibición del consumo del tabaco.
La propia Organización Mundial de la Salud recomienda a sus estados miembros que sigan el ejemplo y proteja a los niños contra el humo del tabaco en los vehículos, que puede ser hasta 11 veces más nocivos que los de un bar.
A la vista de lo anterior, insistimos, que la mejor manera de proteger a los infantes del humo del tabaco es dejar de fumar, ya que de esta manera protegemos a nuestros seres queridos y nos protegemos a nosotros mismos. Pero si es imposible hacerlo, evitemos fumar en presencia de niños, y si tenemos hijos y somos fumadores debemos convertir nuestra casa y nuestro coche en espacios sin humo.
Por lo anteriormente expuesto, el Partido Verde, buscando siempre el bienestar de nuestra niñez, proponemos la presente iniciativa que adiciona la fracción XIX al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Con esta adición se propone que las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan medidas tendentes a procurar que las niñas, niños y adolescentes no sean expuestos, bajo ninguna circunstancia, a ambientes con humo de tabaco. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Fernández del Valle. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, como todos ustedes saben, los lectores de este país y la comunidad cultural, se han opuesto siempre a que los libros sean gravados por un impuesto, en particular el IVA. Los gobiernos han acatado esta exigencia ciudadana.
La presente iniciativa no plantea una carga fiscal a la venta de libros ni una reducción de pago de impuestos, sino que se otorgue la facilidad de transferir un impuesto como desde sus orígenes se había planteado.
Desde que se publicó el decreto de la Ley de Impuesto al Valor Agregado el 29 de diciembre de 1978, se señalaron aquellos bienes por los que no se pagaría el impuesto en su enajenación, en donde se incluyeron los libros, periódicos y revistas.
La reforma a la ley del 30 de diciembre de 1980 adiciona un artículo 2-A, señalando que se aplicará una tasa de cero por ciento a la realización de algunos actos o de algunas actividades, las cuales son básicamente para la enajenación de alimentos animales y usos diversos de maquinaria agrícola.
Esta reforma cobra gran relevancia y se convierte en un estímulo fiscal porque en el último párrafo establece que “los actos o actividades a los que se les aplica la tasa del cero por ciento producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto conforme a esta ley”.
Ello implica que para efectos fiscales el impuesto al valor agregado de actividades relacionadas con los descritos en el nuevo artículo puede ser trasladado, lo cual no sucede en el caso de los bienes que no causan IVA, en donde estaban considerados los libros, los periódicos y las revistas.
En marzo de 2002 la diputada Miroslava García planteó la dramática situación que enfrentaba la industria editorial, y en su exposición de motivos aludió las palabras del escritor y periodista Vicente Leñero cuando recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Dijo Vicente “la cultura pertenece al lenguaje de la identidad, a la gramática de la exaltación de la vida, es tan básica y tan alimenticia como nuestra tortilla y nuestros frijoles. Tan indispensable como el agua y la vivienda. Tan gratificante como el amor”.
Esta argumentación fue una de las bases más sólidas para que la iniciativa que reformó el artículo 2-A, se incluyera a los libros dentro de los bienes señalados para ser gravado con tasa cero.
La iniciativa fue votada a favor y se estableció así un estímulo fiscal para una parte de la cadena productiva del libro de manera que las cosas no sucedieron como se planteaba en la iniciativa original. Ella decía que se gravarían con tasa cero libros, periódicos y revistas, pero en el dictamen se especificó libros, periódicos y revistas que editen los propios contribuyentes.
No cabe duda que el estímulo fiscal ha sido muy positivo, porque ha favorecido la producción de libros, ya que al establecer la tasa cero en la edición, permite que los productores de libros, o sea los editores, transfieran el IVA para deducir gastos, cosa que no podrían hacer si el proceso de edición de libros fuera exenta del impuesto.
El problema es que esta situación es inequitativa y no ha repercutido en toda la cadena productiva del libro, tal como se pretendía, o sea que el beneficio favoreciera a toda la cadena en su conjunto, porque la entonces Comisión de Hacienda solo contempló la producción y dejó fuera del estímulo fiscal a la distribución y venta en librerías.
La propuesta que estoy haciendo en la presente iniciativa, no provoca merma en la captación fiscal, ni produce un impacto al consumidor, ya que el impuesto al valor agregado se transfiere.
Actualmente los libreros tienen que absorber el IVA en su totalidad, ya que la venta de libros está exenta del impuesto, de manera que no pueden transferir el impuesto generado por otros gastos que generen impuesto al valor agregado.
En conclusión, la iniciativa que presento no solo beneficia a los libreros, sino que promueve la generación de empleos y además cumple con los principios de Morena: Crear condiciones de equidad en la población. En este caso, en toda la cadena productiva del libro. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Caballero Pedraza.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la compañera diputada Candelaria Ochoa.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Gracias, presidente. Le solicito de la manera más atenta, si el diputado Virgilio, acepta que yo firme junto con él la iniciativa, que lo acompañe yo a firmarla.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Sí, diputada.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Da su aceptación el compañero diputado. Está a su disposición con el mismo trámite que hemos seguido aquí en la Mesa Directiva.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Gaytán, por favor.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (desde la curul): Solicitándole, por favor, al diputado también me permita adherirme a su propuesta.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Da su aceptación el señor diputado, muchas gracias. Está a su disposición la iniciativa aquí en la Mesa Directiva. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen. Sonido en la curul del diputado Álvarez López, por favor.
El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul): En el mismo sentido, para que a nombre de la bancada de Morena, nos deje el diputado adherirnos a su iniciativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El señor diputado ya dio su aceptación y está a su disposición en la Mesa Directiva.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por ciento minutos el diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 183 y 184 de la Ley Agraria.
El diputado Moisés Guerra Mota: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, para los trabajadores al servicio del Estado, estamos con ustedes, el pensionista es de ustedes.
La justicia pronta y expedita es un derecho fundamental para todos los ciudadanos. El artículo 17 constitucional señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que las leyes fijen, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
Sin embargo, en materia de justicia agraria, es precisamente la legislación en materia que promueve la dilación procesal, como es el caso de los artículos 183 y 184 de la ley en materia. En donde el artículo 183 nos indica que si al iniciarse la audiencia no estuviera presente el actor y si el demandado, se impondrá a aquel una multa equivalente al monto de 1 a 10 días de salario mínimo de la zona en que se trate.
Si no se ha pagado la multa, no se empezará de nuevo para el juicio, es decir, este precepto dispone que si el actor no se encuentra presente en la audiencia, pero si se encuentra presente el demandado, el actor será sujeto a una multa equivalente de 1 a 10 días de salario mínimo y, una vez pagado, podrá solicitar nuevamente el emplazamiento.
Por su parte el artículo 184 nos señala que “si al iniciarse la audiencia no estuviera presente ni el actor ni el demandado, se tendrá por no practicado el emplazamiento y podrá ordenarse de nuevo si el actor así lo pidiera”.
En realidad estos dos ordenamientos facultan al actor para demorar el procedimiento por meses, a veces hasta por años, para cumplir las condiciones y se lleve a cabo la audiencia.
La presente iniciativa propone que una vez realizado el debido emplazamiento, surtan todos los efectos legales para que el actor y para que el demandado... el objeto es eliminar la opción a que se presente dilaciones procesales a petición de la parte actora, y se genere una inequidad para la parte demandada y para los tribunales agrarios, ya que se encuentran sujetos al caso en que si el actor no asiste a la audiencia y este realiza el pago de la multa correspondiente, se puede mencionar a petición del actor un nuevo emplazamiento a la demanda.
Para hablar de justicia pronta y expedita, no podemos deducir, sólo a tener tribunales especiales para impartir la justicia. Para garantizar este derecho fundamental a los mexicanos, es necesario tener el andamiaje jurídico dentro de nuestras legislaciones para que se lleve a cabo.
Es nuestro deber como legisladores, generar esos mecanismos dentro de nuestras leyes. Con ello esta iniciativa permite disminuir la carga de trabajo a los tribunales y en consecuencia agilizar los juicios agrarios. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Guerra Mota. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas son principios fundamentales que rigen el actuar de Nueva Alianza.
Al rendir protesta como diputados, asumimos el compromiso con la sociedad de legislar con probidad, honradez y transparencia. No obstante, compañeras y compañeros, estamos inmersos en una crisis de credibilidad social generada por la falta de medios que faciliten y agilicen a la ciudadanía el ejercicio de su derecho de acceso a la información, siendo la opacidad en el empleo de los recursos públicos y su destino, uno de los principales motivos de descontento social.
En el último informe, el país sobre la calidad de la ciudanía en México, los diputados somos calificados con el peor nivel de desconfianza sobre otros actores e instituciones. La transparencia legislativa es un paso significativo para alcanzar un gobierno abierto que combata la corrupción y genere la confianza que tanto se necesita para restaurar el tejido social.
En Nueva Alianza lo sabemos, y por ello estamos decididos a impulsar acciones que permitan revertir esa percepción. Con esta convicción es que ahora pongo a su consideración esta iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La finalidad es establecer a los grupos parlamentarios como sujetos obligados de transparencia y rendición de cuentas, así como especificar los lineamentos necesarios que deban aplicar para cumplir con la obligación de transparentar el uso y destino de los recursos que reciben para el ejercicio de su representación.
Es esencial que todos los grupos parlamentarios abramos y publiquemos nuestra información, transparentemos el trabajo legislativo y rindamos cuentas de los recursos ejercidos, con la finalidad de que cualquier ciudadano pueda consultar estos datos, haciendo expedito el derecho a la información sin mediar solicitud alguna. Esta acción de transparencia proactiva allanará el camino para recobrar la confianza de la sociedad en sus representantes y su gobierno.
Proponemos esta iniciativa con la experiencia que tenemos en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, de tener actualmente disponible información sobre el uso y destino de los recursos, subvenciones, dietas, fondos y partidas presupuestales que recibimos mensualmente, así como todas nuestras acciones legislativas, todo esto a través de nuestra plataforma digital gpna.mx.
Tenemos la gran oportunidad en esta legislatura de consolidar un Congreso más responsable y transparente, que rinda mejores cuentas y que a través de ello integre a los ciudadanos con la actividad legislativa.
En Nueva Alianza seguiremos impulsando los grandes cambios que nos transformen en un mejor país. Por ello, compañeras diputadas y compañeros diputados, ¿nos ayudan a cambiar las cosas? Por su atención y apoyo a la presente iniciativa, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Valles Mendoza.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Candelaria, por favor.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Gracias, presidente. Quisiera preguntarle al diputado Valles si nos permite firmar con él esta iniciativa. En la fracción ciudadana desde el primer día estamos comprometidos con la transparencia y la austeridad. Si me permite, diputado, nos gustaría suscribir su iniciativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado Valles Mendoza da su anuencia.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Y está a su disposición con el trámite que hemos venido siguiendo en casos similares.
El diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Víctor Silva, por favor.
El diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Solamente para pedirle al señor diputado Alfredo Valles Mendoza si permite que nos adhiramos a su iniciativa de parte de la fracción parlamentaria del PRI, Michoacán.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Ya dio su anuencia el compañero diputado, está a su disposición aquí en la Mesa Directiva.
La diputada Lorena del Carmen Alfaro García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Lorena Alfaro, por favor.
La diputada Lorena del Carmen Alfaro García (desde la curul): Gracias. De igual manera, para pedirle al diputado si permite que los diputados del Grupo Parlamentario del PAN nos podamos adherir a su iniciativa, toda vez que ésta es congruente con lo que ya establece la Ley General de Transparencia y Anticorrupción; y que abona sin duda al buen ejercicio de los recursos públicos, particularmente de este Poder Legislativo que ya es sujeto obligado.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El señor diputado está de acuerdo Está a su disposición también la iniciativa aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva. Sonido en la curul de la diputada Gaytán, por favor.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (desde la curul): Al igual mis compañeros diputados y diputadas anteriores, sumarnos como Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la propuesta presentada por el compañero diputado.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado está de acuerdo. Está a su disposición aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por diez minutos, la diputada Ariadna Montiel Reyes, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Estímulos Económicos para las y los Jóvenes Residentes en Territorio Nacional que estudien en Instituciones Públicas de Educación Media Superior, dentro de la república mexicana.
La diputada Ariadna Montiel Reyes: Con su venia, presidente. La suscrita diputada sin partido, diputada Ariadna Montiel, integrante de esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 y 78 del Reglamento, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Estímulos Económicos para las y los Jóvenes Residentes en el Territorio Nacional que estudien en Instituciones Públicas de Educación Media Superior, dentro de la república mexicana.
La presente iniciativa tiene por objeto hacer valer el derecho a la educación, ya que la educación es un derecho humano fundamental. Ya que no solamente cuenta con su propia justificación jurídica, sino en términos generales, es el proceso permanente que desarrolla las capacidades físicas, intelectuales y éticas del ser humano que le permiten integrarse positivamente a la sociedad y al Estado.
En México el derecho fundamental a la educación se encuentra debidamente regulado y tutelado por el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, la cual establece que todos los habitantes del país tienen o deben tener las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional.
Por lo cual, conforme a las disposiciones generales de nuestro país todos los habitantes de México debemos tener las mismas oportunidades de recibir educación.
Derivado de la reforma constitucional en materia de los derechos humanos de 2011, en México, nuestra estructura normativa debe integrar los tratados internacionales que ha ratificado México en la materia y que reconocen a la educación como parte de los derechos sociales pertenecientes a la tercera generación de derechos humanos, como es el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales promovido por las Naciones Unidas, mismo que entró en vigor en 1976 a nivel mundial y que para el ámbito continental se hizo lo propio a través de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y mediante el Pacto de San José.
Sin embargo, para poder alcanzar la igualdad que establecen estos derechos de tercera generación y el derecho a la educación plena, es imprescindible reconocer que existe una amplia y compleja diversidad entre las personas. Por ello, debe examinarse la situación que guarda el derecho a la educación en la legislación mexicana, así como la noción de igualdad de oportunidades educativas, temas que por su importancia deberían impulsarse para su discusión en la agenda educativa nacional.
La ley exige a los padres que envíen a sus hijos menores de edad a las escuelas, públicas o privadas, con la finalidad de que cursen la educación primaria y secundaria obligatoria para todos; sin embargo, no existe ninguna sanción para el incumplimiento de este precepto, porque nuestra realidad va más lejos que solo remediar con sanciones la ley.
Los padres de familia que no cumplen con esta obligación en su inmensa mayoría, se debe a un conjunto de factores culturales, sociales, pero principalmente económicos que impiden hacerlo, por lo que el derecho se invalida. Por eso es preocupante que no se haya legislado para obligar al Estado a proporcionar a quienes sufren las consecuencias de estos factores a obtener los apoyos necesarios para contrarrestar los efectos negativos de los mismos.
En realidad, las medidas que el Estado ha adoptado con este propósito no han sido generales, universales, plenas, de libre acceso, como debe ser pensado el derecho humano a la educación.
Respecto de la enseñanza media superior, la legislación vigente no precisa el derecho de los individuos a acceder a ello, en estos niveles el derecho es menos exigible, puesto que en ley el Estado solo está obligado a promover y atender su desarrollo, en la medida en que sean necesarios para el país.
Respecto a la educación universitaria todavía es más grave, la discusión pública no ha alcanzado consenso ni siquiera respecto a la gratuidad de la educación universitaria, no obstante que la ley y tratados internacionales son claros. Toda la educación que el Estado imparta deberá ser gratuita.
Retomando el eje de esta iniciativa, la igualdad para el acceso a la educación, es importante señalar lo que concluyó el Observatorio Ciudadano de Educación, que el ejercicio del derecho a la educación no se garantiza plenamente si no se logran eliminar las diferencias entre las oportunidades de ingresar al sistema escolar y de permanecer en el mismo, que existen entre los grupos sociales y regiones que están en desventaja.
Este derecho es un concepto más complejo, ya que refiere al derecho de aprender, efectivamente. La verdadera distribución de oportunidades educativas se alcanza cuando se igualan las posibilidades de que todos los individuos dediquen a su aprendizaje las mismas dosis de tiempo y esfuerzo y obtengan los mismos resultados educativos, independientemente de sus habilidades iniciales y de los estratos sociales a que pertenezcan.
Además de la equidad de la distribución de las oportunidades de aprendizaje efectivo, el derecho a la educación comprende la equidad, la gratuidad en todos los niveles, la libertad de elección entre las diversas ramas del sistema educativo, la compensación de las desigualdades para tratar desigualmente a los desiguales y las posibilidades de incrementar la permanencia en el sistema educativo a los jóvenes.
Por lo anteriormente expuesto presento esta iniciativa, que tiene como finalidad expedir una Ley General de Estímulos Económicos para todos y todas las jóvenes y los jóvenes residentes en el territorio nacional que estudien en instituciones públicas de educación media superior de la República Mexicana.
Confiando que todos los aquí presentes elevemos la altura de nuestros debates y le apostemos a la educación como prioridad del Estado, y para ello se incremente la inversión para generar mayor acceso y permanencia en la educación media superior a partir de la expedición de esta ley.
Por nuestros jóvenes y por el futuro de nuestro país, muchas gracias. Es cuanto, diputado.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Montiel Reyes. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La diputada Alicia Barrientos Pantoja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Barrientos, por favor.
La diputada Alicia Barrientos Pantoja (desde la curul): Presidente, para pedirle a la diputada Ariadna Montiel sumarme a su iniciativa, debido a que Morena ha presentado también una iniciativa referente a educación, en donde con esto estamos llevando a cabo la obligatoriedad de la educación media superior.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada Ariadna está de acuerdo, está a su disposición aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.
La diputada Karen Hurtado Arana (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Karen Hurtado, por favor.
La diputada Karen Hurtado Arana (desde la curul): Sí, presidente, muchas gracias. Únicamente también para pedirle a la diputada Ariadna Montiel me permita suscribirme a su iniciativa, ya que en verdad urgen medidas suficientes para precisar el derecho a la educación de los jóvenes, y lógicamente también para obtener la gratuidad de la misma.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada ha dado su anuencia, está a su disposición aquí en la Secretaría de la Mesa.
La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Delfina Gómez Álvarez, por favor.
La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Gracias, presidente. Efectivamente, también pedirle a la diputada Ariadna nos permita sumarnos como fracción Morena a este legítimo derecho que tienen estos jóvenes y que ojalá y que se logre esta propuesta y que no sea solo un discurso. Enhorabuena, diputada y nos adherimos, si nos permites, a esta propuesta que haces. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada está de acuerdo y está a su disposición aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.
Saludamos a los integrantes del honorable ayuntamiento de Tetela de Ocampo, invitados por el diputado José Lorenzo Rivera Sosa. Así como también a alumnos de la Universidad Autónoma de México, de la Facultad de Derecho, invitados por el diputado Jorge Triana Tena.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 59 y adiciona un artículo 59-C a la Ley Aduanera.
La diputada Adriana Terrazas Porras: Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados, en la frontera norte del país un gran número de mexicanos depende de las actividades agrícolas y requieren de vehículos para desarrollar sus labores.
Ante la difícil situación económica que vive la gente de escasos recursos, se ve obligada a comprar unidades extranjeras.
La importación de vehículos usados, en especial permite fortalecer la economía de las familias humildes, contribuye a solucionar las necesidades de transportación de personas de escasos recursos que se ven imposibilitadas de adquirir un auto nuevo en el mercado nacional.
Un gran número de autos se emplean en pro del agro mexicano. Es decir, las familias se valen de automóviles importados para realizar sus actividades productivas, lo cual facilita que la región fronteriza del norte del país pueda ser más competitiva.
Ahora bien, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece que a partir del 1 de enero del año 2009 y gradualmente hasta el año 2019 México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados provenientes de estados de Canadá o de Estados Unidos de América, ello con la intención de eliminar barreras comerciales, promover la inversión y fortalecer la economía nacional para ser más competitivos.
En efecto, la finalidad propiamente es la generación de nuevos empleos basados en los diversos sectores de servicios y oficios en torno a dicha actividad. Esto pone de manifiesto una regulación flexible, por tanto claramente se comprende que esta actividad no significa en ningún momento una afectación a la industria automotriz de nuestro país, ni afecta a las armadoras nacionales.
Desafortunadamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha mostrado insensibilidad ante tal situación, puesto que ha endurecido las reglas para que se sigan importando vehículos usados.
La estricta regulación ha propiciado que se perjudique a un gran número de familias, el sector está a la orilla del abismo, toda vez que se ha desfavorecido a más del 80 por ciento de las actividades comerciales del ramo. Es decir, con ello se ha perjudicado a toda una cadena de valor conformada por lotes de autos, refaccionarias, talleres, mecánicos, carroceros, pintores, tapiceros, yonkeros, llanteros, vidrieros, mofleros, agencias aduanales, personal de trámite, por citar algunos.
Cabe mencionar, que el pasado 31 de diciembre de 2014, mediante decreto emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2015 la importación definitiva de autos usados, las disposiciones regulatorias que mantienen vigente este decreto han propiciado controversias, puesto que se contradice lo establecido en el artículo 133 de la Constitución, toda vez que el decreto es un acto administrativo que no puede estar por encima de un tratado internacional.
Como consecuencia de las contradicciones, un importante número de interesados o afectados, se vieron en la imperiosa necesidad de promover y recurrir al amparo y protección de la justicia de la unión, logrando que los amparos les fueran otorgados, posibilitándoles así la importación de vehículos conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Ante tal situación, gremios y asociaciones, diversos servicios, igual que organizaciones campesinas que se han visto perjudicadas por el decreto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, han sostenido reuniones de trabajo con funcionarios gubernamentales de distintas dependencias, entre las que se encuentran Economía, Hacienda, principalmente, a fin de lograr acuerdos destacando:
1. Tomar como base de cálculo para el pago del impuesto el valor de la factura de compra.
2. Acreditar con el número de identificación vehicular el origen del vehículo, sustituyendo al certificado de origen cómo se maneja actualmente y la importación de vehículos usados fronterizos.
Cabe comentar que los vehículos usados para su importación son previamente revisados en su estatus técnico, mecánico y de sistema, lo cual para su venta obliga a verificar y a acreditar que están en condiciones óptimas, por tanto, no significa una afectación al medio ambiente en emisiones contaminantes.
Ante los argumentos esgrimidos nos podemos dar cuenta, compañeras y compañeros diputados, que necesitamos respaldar a las familias que viven en la franjas fronterizas del norte del país para que sigan generando ingresos económicos de subsistencia para sus hogares, y a la vez, debemos fortalecer la economía y la competitividad de esta zona, misma que de manera significativa aporta al desarrollo de todo México.
Con ese espíritu, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con su fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 numeral 1, fracción I, 76 numeral 1, fracción II, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados conforme a lo siguiente y concluyo.
Proyecto de decreto, único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 59, fracción II del artículo 59 C Ley Aduanera, para quedar de los siguientes términos.
Artículo 59. Quienes importen mercancías deberán cumplir sin prejuicio de las demás obligaciones previstas por esta ley con las siguientes:
Fracción segunda, párrafo. Para importación definitiva de vehículos usados en la franja o región fronteriza en el interior del país, el número de identificación vehicular se podrá utilizar como elemento de identificación y acreditación del origen.
Articulo 59 C y los artículos transitorios primero, segundo y tercero. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Terrazas Porras. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y ordenamiento de los servicios financieros. Parece que no se encuentra en el pleno.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Entonces procedemos a darle el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, a la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Esta soberanía tiene un enorme reto y trabajo en materia de derechos humanos, circunstancia que nos obliga a actuar con mucha responsabilidad, honestidad y sobre todo con un enorme sentido de congruencia de nuestra palabra y de nuestros hechos.
Esas razones son las que nos llevan a proponer, como Grupo Parlamentario del PRD, la derogación de la figura del arraigo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se trata de un esquema de retroceso que atenta claramente contra la presunción de inocencia y es una aberración jurídica dentro del sistema de protección de los derechos fundamentales que actualmente contempla nuestro orden normativo.
Existen cientos de testimonios de víctimas de arraigo que han evidenciado los peligros que esta práctica significa y existen recomendaciones internacionales que exigen que se derogue.
Se han documentado casos de personas arraigadas que nunca saben de qué se les acusa; sufren golpes o confinamiento con tal de que se declaren culpables o que incriminen a personas de las que jamás han oído hablar. Además ha propiciado la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Tan sólo en el sexenio anterior alrededor de 8 mil personas, con datos de las organizaciones de la sociedad civil fueron arraigadas bajo orden federal, lo que sin duda constituye un amplio universo de personas que sufrieron de manera directa por parte de las autoridades actos que atentan contra sus derechos fundamentales.
En el actual gobierno se han tenido más de 900 casos de arraigo y su ineficacia para la acción penal ha quedado de manifiesto. Por ejemplo, en el caso de ex gobernador Granier o en el arraigo de El Mechito, que hasta ahora la PGR no ha podido fincarles una responsabilidad penal, o en el caso de Iguala, que a pesar de haber arraigado a diversas personas, no hay resultados de justicia en este tema.
Hasta ahora el gobierno federal y algunos gobiernos locales han justificado el uso de esta figura escudándose en la lucha contra el narcotráfico o que se está protegiendo a la ciudadanía de la inseguridad.
El arraigo de ninguna manera puede ser un instrumento para avalar o para velar por la seguridad y la justicia, ya que su uso sólo generan nuevas víctimas, independientemente de que tengan o no responsabilidad en los delitos que se le imputan.
El arraigo constituye además una decisión discrecional del ministerio público, ya que para su aplicación éste no cuenta con ningún parámetro para solicitarlo a la autoridad judicial, y el juez tampoco cuenta con elementos objetivos para otorgarlo o negarlo, puesto que no se requiere documentar ninguna acusación ni contar con pruebas convincentes para plantear una orden de arraigo.
Estas consideraciones nos llevan a proponer la derogación de la figura de arraigo para evitar una esquizofrenia jurídica en nuestra Constitución y no andar con medias tintas en el respeto de los derechos humanos.
No podemos permitir que existan principios tan importantes como presunción de inocencia, progresividad de derechos y apelación de normas que en mayor medida benefician a las personas, y por el otro, contemplar figuras que violan sistemáticamente los derechos humanos como es el caso del arraigo.
Por ello proponemos una iniciativa para derogar el arraigo, ya que es una figura que simbolice le abuso de autoridad, la arbitrariedad del Estado, y un atentado contra los derechos humanos.
Anuncio además, que vamos a solicitarle respetuosamente al Senado de la República que devuelva la minuta de reformas constitucionales donde se aprobó por la anterior legislatura, reducir los días en los que una persona pudiera ser arraigada, ya no son 40 días con posibilidad de ampliarlo de acuerdo a lo aprobado en esta soberanía, sino son 20 con posibilidad de ampliarlo.
Para esto pediremos el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y de la academia, además de los organismos internacionales de derechos humanos, que se han manifestado en contra de que el arraigo se encuentre en nuestro orden constitucional.
Nuestra propuesta es que se devuelva la minuta con la derogación total de la figura, no podemos solapar actitudes que escatimen el respeto de los derechos fundamentales, debemos ser congruentes y actuar en consecuencia. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Contreras Julián. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
Saludamos a amigos provenientes del municipio de Cuautla, estado de Morelos, invitados por la diputada Emma Margarita Alemán Olvera. Bienvenidos.
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del compañero diputado Guillermo Santiago, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Sí, señor presidente, con el objeto de pedir rectificación de quórum porque este pleno está casi vacío, si se pueden dar cuenta y pueden ver las cámaras está casi vacío el pleno, cuando deberíamos estar aquí la mayoría de los diputados.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sí, compañero...
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Entiendo que eso va en función a cuando hay votación, pero igual es para exigir y pedirle a todos los demás a que cumplamos con nuestro trabajo, que es estar en el pleno.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, compañero diputado. Efectivamente, como usted bien dice, esto solamente procede cuando ocurran votaciones nominales. Continuamos con la sesión.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
La diputada Alicia Barrientos Pantoja: Con su permiso, diputado. Diputadas y diputados presentes, medios de comunicación que siempre están y que siempre están atentos, quiero comentar que el derecho humano a una vivienda adecuada es el derecho de toda mujer, hombre, joven y niño a tener y mantener un hogar, una comunidad segura en la que puedan vivir en paz y con dignidad, así lo ha definido el primer relator especial de las Naciones Unidas sobre la Vivienda Adecuada por el Consejo de los Derechos Humanos.
Garantizar el derecho a una vivienda adecuada es algo esencial para fortalecer el tejido social, la seguridad personal, la salud y para asegurar el derecho a la vida digna. Es decir que el reconocimiento del derecho a una vivienda adecuada en el ámbito internacional se configura a partir del derecho a un nivel de vida adecuado, recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La Constitución Política, en su artículo 123, Apartado A, fracción XII, establece que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar un crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad dichas viviendas.
Sin embargo, en nuestro país un aproximado de 250 mil trabajadores que obtuvieron su crédito Infonavit tienen un problema de cartera vencida por diferentes razones, que van desde el haber perdido su empleo y no haberlo notificado a tiempo, pues sólo les quedan 30 días de plazo inmediato a la pérdida del mismo, hasta el caso en que el aumento de la inflación y el crecimiento del núcleo familiar con el consecuente incremento del gasto básico cotidiano, entre otras muchas situaciones que hacen muy difícil solventar los adeudos que se acumulan ante tal instituto.
Esta situación al irse agudizando año con año, ha generado un gran problema para un número importante de los trabajadores de nuestro país. Asimismo, son presa de quienes utilizan los vacíos legales para la venta de cartera vencida, lo cual es un acto inaceptable y que desde la LVI Legislatura se ha venido denunciando.
Para el año 2011 se aprobaron modificaciones de la Ley de Infonavit en el mismo sentido de esta iniciativa, y fueron detenidas desde el Ejecutivo federal sin que se haya propuesto ninguna otra alternativa, nuevamente violentando los derechos constitucionales de los trabajadores cuando el trabajador, habiendo accedido finalmente a un crédito para obtener casa habitación, se pierde la fuente de ingreso dejando al trabajador imposibilitado a continuar con el pago de la misma.
Lejos de que el trabajador conozca los mecanismos adecuados que debe instrumentar para resolver la situación, existe la falta de información sobre la obligación que asumió y los intereses extremadamente altos, que sumados a los ordinarios y al monto de los pagos omisos, hacen impagable la deuda.
Las deudas que arrastran los trabajadores con el Infonavit se cuadriplican por el sistema de tasa por salarios mínimos. Los créditos hipotecarios del Infonavit son más caros que una hipoteca bancaria, el instituto aplica intereses hasta por un 10.5 por ciento, mientras los bancos cobran un 9.5 y un 10 por ciento por el mismo concepto.
Al cobrar el Infonavit intereses sobre los saldos insolutos y actualizar el saldo de los créditos, no se permite al trabajador liquidar el crédito de su vivienda y al pasar de los años esta se sigue incrementando. De esta manera el saldo nunca disminuirá y será prácticamente imposible liquidar en el plazo establecido.
Por lo que presento ante ustedes, los que están presentes, una consideración a ustedes, a esta Cámara del Congreso, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, artículo 44, párrafo segundo: Asimismo los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, a la tasa que determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del 4 por ciento ni mayor al 8 por ciento anual sobre saldos insolutos. Estos mismos intereses ajustados no podrán exceder hasta tres veces el monto inicial del crédito solicitado, en tanto la deuda se siga pagando y/o haya sido renegociada.
Señoras y señores diputados, sí a la vivienda y no al desalojo de sus hogares. Es cuanto, señor presidente.
El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del compañero vicepresidente, por favor.
El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (desde la curul): Si me permite hacer una pregunta a la ponente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Compañero diputado, la iniciativa no está a discusión, es solamente una presentación y el Reglamento no lo permite. A ver, sonido en la curul del compañero diputado, por favor.
El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (desde la curul): Señalar que es contradictoria la posición de Morena, en ese sentido de que vienen y proponen vivienda popular, cuando en la Delegación de Tlalpan clausuran 500 viviendas en Rubí, por intereses políticos de David Cervantes y de la propia delegada.
Creo que usted tiene conocimiento de lo que es el Movimiento Urbano Popular y no se vale venir aquí a sorprendernos, cuando en la Delegación de Tlalpan están violando los derechos de las organizaciones oficiales. Es todo.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Compañero diputado, no está a discusión el dictamen, queda consignada su intervención.
La diputada Alicia Barrientos Pantoja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, sonido en la curul de la compañera diputada, ¿con qué objeto, diputada?
La diputada Alicia Barrientos Pantoja (desde la curul): Por alusión, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Perdón, diputada, no hubo alusiones en esta intervención, sólo quedó consignada.
La diputada Alicia Barrientos Pantoja (desde la curul): Sí hay alusión, presidente, y si me permite comentarle y contestarle al diputado del PRD, que el movimiento urbano popular se encuentra ahorita en el salón Cristales, en el salón E, desde hace siete semanas se están manifestando cada ocho días, piden la presencia del PRD y es una falta de respeto que si hablamos del Movimiento Urbano Popular no salgan a atenderlo.
Si realmente le interesa y le preocupa lo que está sucediendo con la vivienda y nuestra ciudad, que salgan a atender al Movimiento Urbano Popular, que lo siguen esperando, y no hagamos aquí denuncias ni actos que solamente lo que hacen es ver un perfil de poca capacidad y sensibilidad para la atención de los mexicanos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, compañera diputada, quedan consignadas sus expresiones. Reiteramos, no está a discusión esta iniciativa. Túrnese a la Comisión de Vivienda, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene ahora el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
El diputado José Erandi Bermúdez Méndez: Gracias, diputado presidente, con su permiso. Honorable asamblea, una patria ordenada y generosa pasa por el fortalecimiento del sistema bancario mexicano.
El combate a la informalidad y el bien común de quienes utilizan los servicios financieros en este país, es un deber que tenemos nosotros, los legisladores, para poner en beneficio de nuestras instituciones.
La experiencia internacional ha demostrado que una medida adecuada para extender los servicios financieros a la población, es regular algunos de estos servicios bancarios básicos, por ello que las cuentas de nómina deben de ser productos que tengan el propósito solamente de facilitar el acceso al sistema bancario, a personas de bajos recursos a través de estos instrumentos homogéneos, sencillos y de fácil entendimiento.
Desde hace algunos años y con un aumento gradual en las coberturas de captación bancaria, uno de los requisitos necesarios por algunas instituciones, tanto públicas como privadas, relacionadas a la contratación de nuevos empleados, es el de abrir una cuenta de nómina en alguna institución bancaria, para que de ahí la empresa pueda hacer el depósito a dicho empleado y remunerar su salario.
Tales cuentas de nómina se constituyen una vía de contrato ad hoc entre el trabajador y el banco, el que previamente habrá celebrado un convenio mayor con el patrón para así dispersar la nómina a todos sus empleados.
Esta finalidad principal es la de recibir depósitos de diversa índole, en particular el salario y demás prestaciones en numerario que el patrón o el empleador transfiera a dicha cuenta como pago de su trabajo. Por ley, dichas cuentas de nómina deben ser completamente gratuitas, como lo dispone el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Pese a lo anterior, en la actualidad se generan costos y condiciones excesivas que se incluyen en los contratos de adhesión, lo que establece comisiones y depósitos obligatorios para abrir la cuenta en cuestión, comisiones por consultas de saldo, por disposición en efectivo en dichas cuentas de nómina, en cajeros de la misma institución, así como el cobro de seguros obligatorios para que el empleado no tenga que pagar dichas comisiones.
Para evitar tal despropósito es indispensable establecer las disposiciones necesarias para acabar con las aun lagunas jurídicas que rigen estos sistemas financieros, referente a las prohibiciones y límite de cobro de comisiones de los empleados.
Como ciudadano me ofende ver cómo el producto del trabajo honesto y formal de millones de personas se menoscabe por las mismas instituciones que debieran de proteger y aumentar sus haberes.
Como legislador me siento obligado a dar cauce a las demandas ciudadanas que me son presentadas en forma de iniciativas simples. Que respondan a las verdaderas necesidades de la gente y no a dudosas razones.
Mover a México, idea que promoviera Pablo Emilio Madero a principios de los años ochenta, implica proteger el dinero de los trabajadores y evitar condiciones leoninas que desestimulen el uso de servicios bancarios, especialmente en lo relativo a sus cuentas de nómina y a su funcionamiento.
La presente iniciativa nos aproxima varios pasos a lograr dar una vida mejor y más digna para todos. En virtud de lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de decreto.
Artículo único. Que se reforme el inciso b) y adicione un inciso d) a la fracción III del artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar en los siguientes términos.
Artículo 4 Bis. Asimismo las entidades financieras tienen prohibido cobrar comisiones a clientes o usuarios por los siguientes conceptos:
A. Por recepción de pagos de clientes o usuarios de créditos otorgados por otras entidades financieras.
B. Por consulta de saldos en ventanillas o en cajeros electrónicos.
C. Al depositante del cheque para abono en su cuenta que sea devuelto o rechazado por el banco liberado y;
D. Por la apertura de cualquier tipo de cuenta de nómina quedando exentas de cualquier otra comisión por retiros y consultas, seguros o por cualquier otro concepto de la institución le otorgue a la cuenta.
Lo previsto en este artículo no limita o restringe las atribuciones del Banco de México en los términos del artículo 4 de esta ley.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Bermúdez Méndez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal; de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; de la Ley de la Economía Social y Solidaria Reglamentaria del Párrafo Séptimo; del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez: Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados, hace ya más de tres décadas que México emprendió un importante proceso de modernización económica con la intención de generar nuevas oportunidades de desarrollo para sus habitantes. La firma del GAT y posteriormente la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, dieron paso a la integración negociada de nuestro país al sistema mundo.
Hoy somos una economía de libre mercado, que tiene la capacidad y el talento para competir con productos de calidad que llegan a todas partes del planeta.
Como resultado de la apertura comercial poco a poco nuestro sector exportador se ha venido transformando, entre 1982 y el 2000, las exportaciones se multiplicaron casi 7 veces. Para el año 2014, las exportaciones representaron la tercera parte de nuestro producto interno nacional.
Desafortunadamente, este proceso de conversión económica ha sido todavía insuficiente para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Lamentablemente, ser indígena y vivir en el campo sigue siendo sinónimo de pobreza y carencias sociales.
Los diputados del PRI respaldamos a nuestro Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, en su lucha permanente por construir mejores condiciones de vida para los mexicanos. La política social del gobierno federal ha sido eficaz para atender a los más pobres entre los pobres.
Sin embargo, es necesario acompañar estos esfuerzos con medidas audaces que sirvan para incluir a los indígenas en la dinámica del desarrollo, con un enfoque moderno y realista.
La presente iniciativa busca impulsar las exportaciones de los productos elaborados por nuestros integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, con la intención de hacerlos participes en las ventajas de la economía de libre mercado. Hablamos de artesanías, productos orgánicos de alta calidad que hoy en día son reconocidos en todo el mundo.
Tenemos un pasado milenario y ancestral que representa una ventaja competitiva frente a otras economías del mundo. Debemos aprovechar el potencial de nuestros pueblos y comunidades indígenas, facilitando la colocación de sus productos en el exterior. Esta no solo sería una forma de decirle al mundo lo orgullosos que estamos de nuestras raíces, sino que también una vía para llegar recursos financieros para las personas indígenas y sus familias.
La propuesta que presento ante esta soberanía consiste en modificar cuatro ordenamientos legales para reorientar el trabajo de las instituciones y de las políticas públicas. El proyecto de decreto que tengo a bien presentarles contiene reformas a la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, con el objeto de que la Secretaría de Economía asista técnicamente a los artesanos y campesinos indígenas, orientándolos sobre la normatividad de exportación de los bienes que producen. Asimismo propongo reformar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a efecto de que se brinden facilidades a los micro y pequeños empresarios de origen indígena, para que tengan posibilidades de exportar la totalidad o parte de su producción artesanal o bienes de origen orgánico.
Las reformas a la Ley de Economía Social y Solidaria, y a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, buscan igualmente generar mejores condiciones para la exportación de los productos artesanales y orgánicos de nuestros pueblos indígenas.
Compañeras y compañeros legisladores, con estas sencillas modificaciones estaríamos abriendo nuevas oportunidades para quienes encarnan nuestras raíces históricas. Las y los indígenas de este país, nuestros hermanos, tienen la capacidad y el talento para deslumbrar al mundo con sus conocimientos y productos.
En nuestras manos está brindarles las facilidades necesarias para que accedan a las ventajas de la economía moderna y competitiva. Los diputados del PRI seguiremos promoviendo iniciativas para favorecer a nuestros pueblos y comunidades indígenas.
Propuestas como estas pueden ser la diferencia para detonar el desarrollo de las regiones que hoy se encuentran rezagadas y que siguen demandando nuestra atención.
Por todo lo anterior expuesto someto a su amable consideración esta iniciativa. Es cuanto, diputados; diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sánchez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social, y de Asuntos Indígenas, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o., de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
La diputada Erika Irazema Briones Pérez: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. México y el mundo entero están atravesando por una etapa llena de sabiduría y de experiencia que sólo los años dejan en nosotros. El envejecimiento, desde el carácter demográfico, ha ido en aumento considerable en el país. Esto no es un problema, el problema como tal no son los adultos mayores, el problema es que no existen los suficientes mecanismos de apoyo y desarrollo para esta etapa de la vida, que al igual que todos, es muy natural.
Trabajamos y hablamos de economía, de mujeres, de niños y niñas, de jóvenes, de adolescentes, lo cual es sin duda un tema de importancia absoluta. Sin embargo, en muy pocas ocasiones recordamos a nuestros abuelos, a nuestras abuelas.
En la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establecen los derechos a los que son acreedores los adultos de edad considerable como el adulto mayor, entre ellos se encuentra el derecho del trabajo.
Los adultos mayores presentan un riesgo social alto, que resulta en parte inherente al avance de la edad y que se ve acentuada por las deficiencias de cobertura y calidad en materia de seguridad social, y en atención a la salud y vivienda, o por su mayor propensión a presentar limitaciones físicas o mentales, las cuales son características tomadas en cuenta para que este grupo sea considerado de manera discriminatoria como improductivo.
La tasa de participación económica de la población de 60 años y más, es de tan solo el 33.7 por ciento, según datos del segundo trimestre del 2014, de la Encuesta Nacional de Ocupación y empleo. De este 33.7 por ciento de adultos mayores que tienen empleo, la mayoría, el 50.5 por ciento labora por cuenta propia, mientras que el 4.9 por ciento, son trabajadores sin pago.
Una tercera parte de los adultos mayores económicamente activos; es decir, el 35.5 por ciento es subordinado y remunerado, y la mitad de éstos, es decir, el 49.2 por ciento no reciben prestaciones de ningún tipo.
La calidad de los empleos no son las necesarias para garantizar que nuestros adultos mayores pueden tener una calidad de vida digna, esto agregando todos los problemas que se presentan por la edad, los abusos por parte de otras personas al ser un grupo en condiciones de vulnerabilidad, entre otros que son muy visibles, pero que no se toman en cuenta.
No existe limitante alguna de edad, de condición, entre otras. Toda persona tiene que gozar al derecho a un trabajo digno, tal y como lo establece nuestra Carta Magna.
El trabajo deberá incluir también una actividad económica adecuada que pueda sobrevivir y, sobre todo, abundar a una calidad de vida adecuada para sus necesidades. Gran parte del envejecimiento mental va muy relacionado con la mala perspectiva de hacer creer a nuestros adultos mayores como improductivos o no aptos para desempeñar un trabajo.
Con la iniciativa que hoy presento quiero adicionar que dentro del derecho al trabajo que tiene el adulto mayor se incluya que se deba fomentar también sus capacidades económica, todo ello para que se pueda establecer programas y mecanismos de apoyo que favorezcan a los adultos mayores a producir algún tipo de bien o algún producto que pueda ayudar a mantener una mente activa y, lo más importante, la calidad de vida que merecen sin quedar en el abandono.
Los adultos mayores han dado años de su vida para este país; cada quien desde su ámbito, pero han sido parte de la estructura que construyó la nación contemporánea. No los dejemos en el olvido. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Briones. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su dictamen.
Saludamos la presencia de alumnos de la escuela Primaria Licenciado Ignacio Ramírez, del municipio de Ecatepec, de Morelos, estado de México, invitados por el diputado José Alfredo Torres Huitrón.
Igualmente de miembros activos de San Luis Potosí, invitados por la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.
El diputado Cándido Ochoa Rojas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Cándido Ochoa, por favor.
El diputado Cándido Ochoa Rojas (desde la curul): Sí. Gracias, presidente. Para felicitar a la diputada Fabiola por la iniciativa que está presentando, y pedirle si me autoriza sumarme a la misma.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Se refiere a la que acaba de presentar la diputada Briones?
El diputado Cándido Ochoa Rojas (desde la curul): Sí, sí, es la misma.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí. Erika Briones. La diputada manifiesta su aceptación, entonces está aquí a disposición la iniciativa para que quienes la quieran suscribir lo hagan aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el diputado Cuitláhuac García Jiménez para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 234 y adiciona un artículo 234 Bis al Código Penal Federal, iniciativa suscrita también por el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, ambos del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez: Gracias, presidente. Esta iniciativa es muy sencilla, así que al poco auditorio que tenemos hoy no lo voy a entretener mucho.
La dificultad de entender cuándo un billete es falso o verdadero, no es una tarea sencilla. Hay varias pruebas que hay que hacer en el tacto, en la vista, a contraluz y esto es aprovechado para delinquir con billetes falsos, pero a quien no tenemos la experiencia de distinguir estas pruebas podemos caer fácilmente en manos de quienes sí deliberadamente circulan los billetes falsos.
Nosotros sabemos que a partir de 2008 se cuenta con una reforma constitucional en materia penal para transitar de un sistema de tipo inquisitorio a un sistema tipo oral, acusatorio y garantista. Es por tanto importante ir adaptando las leyes para evitar injusticias y sentenciar presuntos culpables o aplicar sentencias desproporcionadas.
Particularmente importante es también la introducción del principio de presunción de inocencia en la redacción fina de varios de los artículos de este tema. Sabemos que en la nueva redacción de la Constitución el artículo 20, Apartado B, fracción I, se establece que entre los derechos de toda persona imputada está el de que se presuma su inocencia mientras no se declare responsable, no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.
Igualmente, en la fracción V del Apartado A del artículo 20 constitucional, se enumera dentro de los principios generales del proceso penal que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora; es decir, al Ministerio Público. Por lo que el acusado no es quien tiene que demostrar su inocencia, sino que es la representación social la que debe acreditar su culpabilidad.
De esta manera tenemos, el diputado Emiliano y un servidor, presentando a ustedes una reforma en el aspecto muy específico de lo que se establece en el tipo penal para la falsificación de la moneda.
Actualmente el Código Penal Federal estipula en su artículo 234, primer párrafo, que al que cometa el delito de falsificación de moneda se le impondrá de cinco a 12 años de prisión y hasta 500 días de multa.
Asimismo este artículo, en su tercer párrafo, menciona que comete delito de falsificación de moneda el que produzca, almacene, distribuya o introduzca al territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes y que por ello resulten idóneos para engañar al público, por ser confundibles con monedas emitidas legalmente. A quien cometa este delito, en grado de tentativa, se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y hasta 300 días de multa.
Y en el mismo artículo, pero un párrafo adelante, el párrafo cuarto, estipula que la pena señalada en el primer párrafo de este artículo; es decir, la de cinco a 12 años, también se impondrá al que a sabiendas hiciere uso de moneda falsificada.
De esa manera, el día 11 de marzo de 2011, Esperanza Reyes Aguiñón, fue detenida y encarcelada. Su proceso duró años y es un caso muy resonado, porque era un ama de casa que no sabe leer, no sabe escribir y se dedicaba a tratar de mantener a sus hijos, esta injusticia surgió por esta cuestión desproporcionada al aplicar el artículo 234, al que hice referencia.
Por eso el párrafo cuarto estoy proponiendo, estamos proponiendo, que se derogue y se sustituya por un artículo 234 Bis, que voy a leer detenidamente: “se impondrá de seis meses a dos años de prisión a quien haga uso de moneda falsa a que alude el artículo 234, cuando no se trate de delincuencia organizada, quien realice la conducta no sea coautor o copartícipe en la producción o almacenamiento y por las circunstancias especiales del caso pueda establecerse que se trata de un hecho ejecutado para la realización de un pago u operación lícita”.
Esa es la diferencia, ojalá lo tengan en su consideración cuando esté en la comisión y llegue acá muy a tiempo para su debate en el pleno. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado García. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría dar cuenta de comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes y juntas directivas de diversas comisiones, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobadas. Comuníquense.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para la discusión y votación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.
En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea el Consejo Editorial de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados. En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
Las adhesiones a iniciativas que se soliciten a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados desde hoy y hasta la siguiente sesión ordinaria serán aceptadas.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (14:36 horas): Y antes de que unos cuantos mohicanos y mohicanas sigamos aquí, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 11 de noviembre de 2015, mañana miércoles 11 de noviembre de 2015, a las 11 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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