Comunicaciones
De la Secretaría de Gobernación, contestación a punto de acuerdo
Declaratoria de publicidad de dictamen de la Comisión de Hacienda
Iniciativas
María del Rosario Rodríguez Rubio, PAN
Jasmine María Bugarín Rodríguez, PRI
María Elena Orantes López, PMC
Rosa Guadalupe Chávez Acosta, PRI
Claudia Sofía Corichi García, PMC
Sergio Emilio Gómez Olivier, PAN
Elías Octavio Íñiguez Mejía, PAN
Maricela Contreras Julián, PRD
María Gloria Hernández Madrid, PRI
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política
Relativo a la prevención, atención y erradicación del feminicidio
Comunicados de diputados, que dejan de pertenecer a un grupo parlamentario
Oficio del coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, con integración de diputados
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Como lo indica, diputado presidente. Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 347 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (11:36 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa su lectura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos con comunicaciones oficiales.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que se remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la elaboración de un programa de atención médica, destinado a personas que se les ha detectado cáncer de mama.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Salud, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules, dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Tesorería de la Federación.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pasamos ahora al capítulo de presentación de iniciativas. Tiene por lo tanto la palabra, por cinco minutos, el diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Alejandro Armenta Mier: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, en razón a los procesos de cambio político que se han producido en México, hace más de tres décadas se diseñó el camino hacia la transición y consolidación de la democracia, el cual ha ocasionado que se realicen diversos análisis enfocados al estudio de las instituciones y los actores políticos, entre ellos el Poder Legislativo, con motivo de su pluralidad, y el rol del contrapeso frente al Poder Ejecutivo.
Hoy en día el Poder Legislativo representa el pluralismo social y político, la armonización de intereses y el diseño de tendencias viables para las sociedades modernas, donde la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo; por eso es fundamental que estén representados todos los sectores de la sociedad.
La democracia representativa encuentra su sustento en la decisión de los electores al expresar su voluntad en las urnas. No obstante la democracia representativa no está exenta de imperfecciones, ya que la expresión de la voluntad popular puede verse limitada por la escasez o existencia limitada de partidos políticos con presencia electoral. Los programas políticos que estos representan, así como por mecanismos electorales que inhiban la representación de las minorías.
El actual diseño de representación política en México ha sido el resultado de un conjunto de procesos de modernización. La actual Constitución Mexicana promulgada en 1917, estableció que el Poder Legislativo se deposita en un Congreso General.
La reforma política de 1977 introduce el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados con el antecedente de los diputados de partidos en 1963, cuya fórmula demostró ser insuficiente para abrir espacios representativos a las oposiciones, lo que motivó al establecimiento de un sistema electoral mixto con carácter hegemónico y predominantemente mayoritario. La composición de la Cámara se transformó, se crearon 100 diputados elegidos por el principio de representación proporcional, pasando de 300 a 400.
Con la reforma de 1986, se incrementaron nuevamente el número de diputados elegidos por el principio de representación proporcional a 200, pasando de 400 a 500. Con la reforma electoral de 1996, se introdujo el límite del número de diputados que puede tener un solo partido, no más de 300, frente a lo que anteriormente se disponía de 315.
La Cámara se compone hoy por 300 electos por el principio de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Actualmente observamos que el Congreso mexicano en cuanto a cantidad, costos, calidad y funcionalidad de sus legisladores, representa un alto costo para la democracia a la que aspira la sociedad.
Sus 628 parlamentarios constituyen en términos absolutos un Congreso con demasiados integrantes, superando incluso al de Brasil. En esta iniciativa presento un análisis comparativo en la relación proporcional representante-representado con otros 22 países de América Latina, de Norteamérica y de Europa, demostrando la sobrerrepresentación que tiene nuestro país actualmente.
La presente propuesta está encaminada a reducir 100 diputados por el principio de representación proporcional, permitiendo diseñar una Cámara más funcional y eficaz, así como menos costosa; además de facilitar la toma de decisiones y la construcción de mayores consensos.
Con respecto al rubro de costos, el ahorro por legislatura por cada diputado representa un gasto al erario de casi 7 millones de pesos. Con la reforma que se propone a la asamblea sólo por el concepto de 100 diputados se ahorrarían cerca de 700 millones de pesos.
Por lo anteriormente expresado presento ante el pleno de esta Cámara este proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 1 del artículo 14 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, la sociedad demanda una transformación del sistema representativo, necesitamos fortalecer la gobernabilidad, generar mayor responsabilidad entre los legisladores, reducir los costos de la democracia y lograr con ello recuperar la confianza de los ciudadanos.
Esta iniciativa respeta la representación de las minorías en la Cámara, pero garantiza la auténtica representación popular emanada del voto ciudadano. Los invito a escuchar y a hacer posible éste, que es un reclamo de nuestra sociedad. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Armenta. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen; y a la Comisión de Gobernación, para opinión.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Adelante, diputada.
La diputada María del Rosario Rodríguez Rubio: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Y dando gracias a Dios por la oportunidad de servir desde la máxima tribuna a mexicanas y a mexicanos, pidiendo la sabiduría y la inteligencia para poder logra mejores acuerdos; y, sobre todo, a un país tan hermoso, tan bello, tan capaz y tan trabajador, que son los mexicanos y las mexicanas.
Señoras diputadas y señores diputados, en nuestro país hay sectores de la población que requieren de ayuda especial por parte de la colectividad para afrontar sus problemas, problemas más graves y más difíciles que las de otros sectores. Esta población debe beneficiarse de los programas sociales y, aunque sí hemos avanzado en la consolidación de una política social del Estado, ésta ha sido insuficiente para atender a todos los mexicanos que la necesitan. Este año tenemos 2 millones más de pobres en México, lo que significa que debemos atender a 55 millones de mexicanos que viven en la pobreza.
Muchos son los retos que debemos afrontar para contar con una estrategia en desarrollo social y en el compromiso con las y los mexicanos. Tenemos que tener una política de desarrollo social efectiva y uno de éstos es mejorar en materia de transparencia y rendición de cuentas. Es ahí donde tenemos la obligación de fortalecer el marco normativo institucional.
Particularmente debemos concentrarnos en la opacidad que persiste en la gestión de los programas sociales a nivel local, y hoy día no sabemos cuáles son los programas de los estados y municipios en materia de desarrollo social y mucho menos tenemos información certera sobre sus padrones de beneficiarios o sus presupuestos. Esta falta de transparencia y rendición de cuentas es lo que propicia que los programas sociales sean utilizados con fines político-electorales.
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados detalla que sólo 55.3 por ciento de los programas sociales de los estados cuenta con un padrón público de beneficiarios, y apenas el 53.6 por ciento da a conocer sus respectivos presupuestos.
A esto hay que sumar el problema de multiplicidad de listados o padrones de beneficiarios de los programas de la administración pública federal. Lo anterior refleja la necesidad de un sistema de información y coordinación que contenga información integrada de todos los programas sociales.
La presente iniciativa busca atender esta necesidad mediante la creación del Padrón Único de Beneficiarios de Programas Sociales a nivel federal, estatal y municipal. Además se pretende publicar un catálogo de todos los programas sociales de los tres niveles de gobierno.
Si tenemos la tecnología hay que usarla. Si los mexicanos y las mexicanas piden transparencia y por eso estamos aquí, hay que lograrlo. Por eso, en conjunto la propuesta busca integrar la información sobre los programas sociales y sus padrones de beneficiarios en un sistema de información único, que sea de cobertura nacional y de carácter público. Esto es con el objetivo de fortalecer la coordinación, complementariedad y transparencia de la política nacional de desarrollo social.
Esta medida va a contribuir además a corregir la duplicidad en los padrones de beneficiarios y viene a sistematizar el seguimiento y evaluación de los programas sociales.
Con este padrón único de beneficiarios se estará contribuyendo para construir un piso mínimo de institucionalización y transparencia que marcará el inicio de una nueva etapa de coordinación entre autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, además de incluir este padrón en la Ley General de Desarrollo Social.
Primero. Por eso esta propuesta se propone sancionar en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas a los servidores públicos y también a las normas vigentes aplicables para que sean utilizadas con esos padrones de beneficiarios y que se evite su uso político electoral, comercial o de cualquier índole distinta a su objetivo.
Segundo. Establecer en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que el padrón único de beneficiarios sea requisito obligatorio para ingresar a los programas sociales y recibir los subsidios correspondientes, para que así de esta manera únicamente las personas que realmente necesiten el apoyo y que cumplan con estos criterios de selección, sean efectivamente los que reciban este apoyo.
Tercero. Se busca garantizar que las entidades federativas envíen la información concerniente a sus programas sociales y beneficiarios para la elaboración de un registro único administrado por Sedesol y bajo los criterios que determine la Secretaría de Hacienda, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la propia Sedesol.
Cuarto. Se propone reformar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el propósito de establecer normas mínimas con respecto a la calidad y consistencia de la información gubernamental en materia de padrones de beneficiarios.
Finalmente, la propuesta prevé que mediante convenios de colaboración con el gobierno federal, los estados soliciten asesoría y apoyo técnico para conformar sus propios padrones locales y que también reciban los reportes que les van a ayudar a definir, articular y desarrollar las políticas públicas más focalizadas a los sectores de la población que ellos consideren muy importantes.
Esta iniciativa de ley, diputados y diputadas, propone una estrategia que ayudaría reducir la discrecionalidad con que operan los programas sociales, especialmente en las entidades federativas y en los municipios, con esto se promueve una mayor responsabilidad de los funcionarios y contribuye al monitoreo de las políticas de desarrollo social.
Señoras y señores diputados, las circunstancias actuales exigen una normatividad expresa y obliga a los estados a elaborar padrones de beneficiarios y hacerlos públicos. Con una institucionalidad ideal se podrá lograr que cada mexicano y mexicana logre esa confianza en cada uno de nosotros.
Por eso no podemos, si no lo hacemos, superar esa pobreza ni construir proyectos estratégicos para la inclusión y la equidad. Es momento de que el Congreso legisle para hacer de la institucionalidad de la política social una política de Estado, que opere bajo los principios de integralidad, legalidad y transparencia. Por lo tanto, muchas gracias, diputadas y diputados. Es cuanto, señor presidente, gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Rodríguez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
Debo informar que por una omisión nuestra, al final de la presentación de la anterior iniciativa del diputado Armenta Mier, había solicitado la palabra para solicitar adhesión a su vez el diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, previa aceptación del diputado proponente a la iniciativa presentada. Entonces, ha quedado a disposición para la firma correspondiente de quienes quieran suscribirla aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva. Gracias, diputado.
Saludamos la presencia de amigas y amigos del Cecyt Lázaro Cárdenas, del Instituto Politécnico Nacional, que nos visitan hoy aquí. Bienvenidas, bienvenidos al Palacio Legislativo de San Lázaro.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
La diputada Evelyn Parra Álvarez: Con su venia, diputado presidente. Buenos días compañeras, compañeros y la gente del público que nos ve a través del Canal del Congreso, y por supuesto, los invitados.
Es para mí un honor nuevamente estar en tribuna para hablar de un tema de interés de los mexicanos y mexicanas. Hablaremos hoy entonces de justicia. Su acceso es un derecho elemental reconocido ampliamente en el ámbito internacional. El artículo octavo de la Convención Americana de los Derechos Humanos, tutela lo que se ha dado en llamar garantías judiciales.
Por otro lado, existe la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su capítulo primero llamado derechos, en la fracción decima octava, define el derecho de justicia como aquel que debe gozar toda persona para acudir a los tribunales, para hacer valer sus derechos y que el procedimiento sea sencillo y breve.
Por medio del cual, la justicia lo ampare contra los actos de autoridad que violan derechos fundamentales y que estén consagrados en la Constitución. Nuestra Carta Magna en su artículo 17, tutela y cuida esa garantía, recordándonos aquella máxima de nuestro caudillo José María Morelos y Pavón, que reza: que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario.
Atentos a la reforma en materia de Derechos Humanos del año 2012, nos enfrenta a la obligación como Estado de proporcionar la más alta protección y satisfacción en la matrería. El Estado mexicano también ha suscrito el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Políticos y Culturales, por lo que está obligado a buscar la máxima satisfacción de los derechos contemplados en este pacto, en particular, en la vía legislativa, motivo por el cual se presenta la siguiente iniciativa.
En México la idea generalizada es que no existe el suficiente impulso y trabajo de parte de las autoridades para lograr una procuración e impartición de justicia efectiva. La percepción de las mexicanas y los mexicanos nos señalan que solo confía un 46.2 por ciento de ellos en la labor que desempeñan los jueces.
Para combatir la desconfianza ciudadana, esta legislatura tiene que tomar acciones y dotar de armas a los jueces para lograr el control de convencionalidad al que están obligados.
Analizando el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se observa que en su fracción I, anterior a la reforma del 10 de diciembre de 2010 se indicaba la necesidad de notificar de manera personal al actor en un juicio contencioso-administrativo el auto donde se tenía por contestada la demanda por parte de las autoridades señaladas como responsables, para que a su vez el actor tuviera la posibilidad de ampliar su demanda si así fuese el caso y su deseo.
Sin embargo, en la posterior reforma se determinó por el legislador eliminar esta obligación, ya que buscaba acelerar el sistema de notificaciones.
No se debe olvidar que por el lado formal se debe asegurar que el actor tenga pleno conocimiento del auto que tiene por contestada la demanda, ya que con ello obtiene plena certeza jurídica para poder ampliar su demanda y así integrar de manera correcta el proceso contencioso administrativo, toda vez que el actor no cuenta, la mayoría de las veces, con los elementos suficientes para estar en posibilidad de conocer cuál fue la motivación y fundamentación en que la autoridad demandada apoya su acto administrativo, y así poder ofrecer las pruebas correlativas a demostrar la ilegalidad del mismo o estar en posibilidad de contrarrestar otros actos que desconocía hasta el momento de la contestación.
Por ello, la presente iniciativa propone reformar la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el artículo 67 en su fracción I para dar plena seguridad jurídica al gobernado y así cumplir el mandato del artículo 14 constitucional y corregir la violación que trajo la reforma al mismo, del 10 de diciembre del 2010.
Y se ordena expresamente la obligación de la sala para notificar de manera personal al autor del auto que tenga por contestada la demanda por parte de la autoridad señalada como responsable y pueda, en su caso, ampliar su demanda.
Es por ello que así debemos dar certeza y garantías al procedimiento contra actos de autoridad en ese tipo de materia administrativa. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Parra. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
Saludamos la presencia del alcalde del municipio de Puebla, Puebla, Antonio Gali Fayad, invitado por diputados del PAN. Bienvenido, señor alcalde.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez, espero que así se pronuncie Jasmine, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 48 de la Ley General de Educación y 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
La diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Hoy vengo a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 48 de la Ley General de Educación y 14 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas bajo la siguiente exposición de motivos:
En el año 2000, se celebró por primera vez el Día Internacional de la Lengua Materna; en un mensaje leído durante la ceremonia, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, apoyó la celebración ya que ésta crea conciencia en todos los pueblos sobre el valor de las lenguas. Reafirmando la importancia de la diversidad de estas y su preservación como un patrimonio común de la humanidad.
Asimismo, la Unesco estableció que las lenguas son el instrumento de mayor alcance para la preservación y el desarrollo del patrimonio cultural tangible e intangible y que toda iniciativa para promover la difusión de las lenguas maternas servirá no sólo para incentivar la diversidad lingüística y la educación multilingüe, sino también para crear mayor conciencia sobre las tradiciones lingüísticas y culturales del mundo e inspirar a la solidaridad basada en el entendimiento, la tolerancia y el diálogo.
Según datos publicados por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) en el Diario Oficial de la Federación con fecha 14 de enero de 2008, en México contamos con 11 familias lingüísticas indoamericanas, 68 agrupaciones lingüísticas correspondientes a dichas familias y 364 variantes lingüísticas pertenecientes a este conjunto de agrupaciones.
En 2011, la Unesco en conjunto con el INALI actualizaron el Atlas de las lenguas en peligro de extinción en el mundo. De acuerdo con ese estudio, encontramos cinco clasificaciones, las cuales son: Vulnerables, En peligro, Seriamente en peligro, En situación crítica y extintas.
Dentro de la clasificación de Seriamente en peligro, se consideran en México 31 lenguas, tomando como referencia la lengua náhuatl del Occidente, originaria de estados como Michoacán y Nayarit , así como el jacalteko de Chiapas, Paipái de Baja California y el mixteco de Zapotitlán en Puebla.
En la clasificación En situación crítica tenemos 21 lenguas bajo este estatus como son las lenguas de quicapu en el estado de Coahuila, totonaco de Ozumatlan en Puebla, lacandón del estado de Chiapas y nahua del estado de Tabasco. Cabe mencionar y lo preocupante de esta situación es que cada una de estas lenguas cuenta de cinco a no más de mil 600 locutores, es por ello que se les considera en peligro de extinción.
Con el contexto globalizador en el que se encuentra el mundo, es importante aplicar políticas públicas más contundentes, pero sobre todo, permanentes. Por lo anterior, como legisladores debemos impulsar acciones tendentes a la conservación de nuestras tradiciones, cultura, identidad, y sobre todo, lenguaje.
La presente iniciativa propone reformar la Ley General de Educación a fin de que en los Planes y Programas de Estudio de Nivel Básico, se considere la enseñanza de lenguas maternas, según las regiones del país.
Además de reformar la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas a fin de dotar de facultades al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para determinar conforme al Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, qué lenguas se enseñarían en cada una de las zonas geográficas del país.
Con la aprobación de esta reforma tendríamos como beneficio mayor sentimiento de pertenencia y mejor conocimiento de nuestras raíces, mejor entendimiento de nuestro origen étnico, mayor compenetración con las comunidades indígenas del país y generación de empleos para profesores especializados en lenguas indígenas. Así se evitaría la extinción de nuestra riqueza lingüística y estaríamos acordes con las propuestas internacionales en el tema.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona
Primero. Se adiciona un párrafo al artículo 48 de la Ley General de Educación para quedar de la siguiente manera. Artículo 48: “En los planes y programas de estudios obligatorios y aplicables en toda la República Mexicana, se procurará impartir la enseñanza de una lengua materna, fundamentalmente de aquellas que se encuentran en peligro de extinción con base a los reportes que genere el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y Catálogo de las mismas”.
Segundo. Se reforma el artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con la adición del inciso m), para quedar de la siguiente manera. Artículo 48, inciso m): “Conforme al Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, el Instituto deberá ubicar geográficamente los lugares donde se hablan las diferentes lenguas en el país, y sus variantes, así como identificar cuáles se encuentran en riesgo de extinción para que la Secretaría de Educación Pública tenga elementos suficientes para definir qué lenguas se incorporarán en los Planes y Programas de Estudio de Educación Básica, de conformidad con lo que establece el artículo 48 de la Ley General de Educación”. Es cuanto, presidente. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Bugarín. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Asuntos Indígenas, para dictamen. Tiene ahora...
La diputada Erika Lorena Arroyo Bello (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Erika Arroyo.
La diputada Erika Lorena Arroyo Bello (desde la curul): Gracias, señor presidente. Sólo para preguntarle a la diputada Jasmine Bugarin, si tiene inconveniente en que un grupo de diputadas suscribamos su iniciativa.
La diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez (desde la curul): Sí, adelante.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Dice que sí tiene inconveniente. Manifiesta su aceptación y, por lo tanto, está a disposición de quienes quieran suscribirla aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.
La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Lizárraga, por favor.
La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (desde la curul): Muchas gracias. Igual, para solicitarle a la diputada Bugarin si no tiene inconveniente suscribirme a su iniciativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Acá también le solicitan a la diputada Bugarin, de parte de la diputada Lizárraga, del PAN, su aceptación para suscribirla. Expresa que sí.
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Omar Bernardino.
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Gracias, presidente. Solicitarle a la diputada promovente si me permite adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya ha manifestado esa disposición, y lo reitera a señas desde allá. Bien, continuamos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada María Elena Orantes López, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 88 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 56 de la Ley de Seguridad Nacional, suscrita por el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, ambos del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada María Elena Orantes López: Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, presentamos iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el numeral 2 al artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 56 de la Ley General de Seguridad Nacional, en materia de integración de las comisiones bicamerales.
Los suscritos, Clemente Castañeda y María Elena Orantes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentamos esta iniciativa de proyecto de decreto, ya que las comisiones legislativas son parte esencial de un parlamento, permiten ordenar, organizar y dar fluidez al trabajo de los legisladores, reconociendo los principios de pluralidad, profesionalismo y especialización en el cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas.
Las comisiones buscan eficientar el trabajo legislativo partiendo del principio de la división del trabajo, su finalidad es coadyuvar en el análisis y estudio preciso de las leyes, las iniciativas y los puntos de acuerdo, articulando bajo criterios institucionales las posturas e interese de los legisladores y los grupos parlamentarios, no sin dejar de facilitar la recepción de las demandas ciudadanas.
Las comisiones ordinarias se integran con un máximo de 30 legisladores cada una, en tanto que en las especiales tienen un número de integrantes que se establece mediante la decisión del pleno.
La importancia de la existencia de un sistema de comisiones para el desahogo del trabajo legislativo es tal que sin ellas no se podría dar seguimiento adecuado y eficaz. Un ejemplo muy claro de las antes mencionadas son las comisiones bicamerales que se integran con legisladores de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para tratar asuntos de competencia e interés de ambas Cámaras.
Aunque en las comisiones bicamerales se encuentran reguladas en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el 56 de la ley hoy día se encuentran vigentes cuatro comisiones bicamerales en el Congreso de la Unión: la Comisión de Concordia y Pacificación, la de Seguridad Nacional, la del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, y la omisión del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.
A pesar de la relevancia que éstas tienen debido de su origen, en el que participan ambas Cámaras, éstas se encuentran con un déficit de pluralidad y proporcionalidad den sus integrantes.
Estos dos elementos son de gran relevancia para dichas comisiones, ya que la presencia de estos implica la participación y la representación de todos los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión.
El objetivo de la presente iniciativa es modificar el artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso y el artículo 56 de la Ley General de Seguridad Nacional, para establecer que representa de cada grupo parlamentario, de cada Cámara, sin transgredir en principio de proporcionalidad y los estatutos, normas y leyes que rigen las bases, y el funcionamiento del Congreso de la Unión.
Esta modificación tiene como finalidad que se reconozca la pluralidad inherente en este órgano legislativo, coadyuvando así al buen funcionamiento de las comisiones bicamerales de este órgano.
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un numeral 2 al artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y reforma el artículo 56 de la Ley General de Seguridad Nacional, en materia de pluralidad, proporcionalidad de los integrantes de las comisiones bicamerales.
Artículo primero. Se adiciona un numeral 2 al artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Estas comisiones deberán ser integradas por al menos un representante de cada grupo parlamentario existente en cada una de las Cámaras, respetando los principios de pluralidad y proporcionalidad.
Se reforma el 56 de la Ley General de Seguridad Nacional, para quedar como sigue: Las políticas y acciones vinculadas con la seguridad nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo federal por conducto de una comisión bicameral integrada por al menos uno representando cada grupo parlamentario existente en cada una de las Cámaras, respetando así los principios de pluralidad y proporcionalidad. Muchas gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros diputados.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Orantes. Túrnese a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Gobernación, para dictamen.
Sonido en la curul del diputado Macedonio Tamez.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (desde la curul): Gracias, presidente. Para pedir a mi compañera María Elena Orantes me autorice y autorice al resto de mis compañeros de fracción, a suscribir su iniciativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Orantes. Acepta y está desde luego aquí como lo hemos estilado, a disposición de quienes quieran suscribirla, en la Secretaría de la Mesa Directiva.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos, el diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Parece que salió del salón de sesiones y vamos a continuar entonces con la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 36 y 40, de la Ley de Asistencia Social. Tiene la palabra por cinco minutos.
La diputada Olga Catalán Padilla: Gracias, diputado presidente y apreciados compañeros. En el DIF nacional nos encargamos de conducir políticas públicas en materia de asistencia social, que promueven la integración de la familia. También promovemos acciones encaminadas para mejorar la situación vulnerable de niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Esta es la presentación de apertura que trata de convencer a los lectores a su entrada al sitio de internet del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Trata de convencer sobre la votación de la institución, que en principio se esperaría tuviese la mayor y mejor atención para cumplir precisamente con el objetivo de representar uno de los principales instrumentos con que cuenta la ciudadanía para superar los desequilibrios sociales y los estragos que estos pueden ocasionar.
Algunos de los servicios que ofrece son programa de Estancias Infantiles, asesoría jurídica en materia familiar, procuradurías de la defensa del menor y la familia y atención psicológica.
En teoría, los servicios ofrecidos serían los propicios para la atención de las diversas problemáticas que aquejan a los núcleos mayormente vulnerables de la población.
Lamentablemente, al tiempo de acudir a solicitar ser beneficiados por estos, encuentran grandes impedimentos, que si bien no se traducen en una negativa explícita la prestación de los mencionados servicios, sí en las limitaciones de los recursos con que se instrumentan.
Compañeros diputados, la consolidación de la democracia se convierte en un tema de la mayor importancia y en una asignatura pendiente lograr que el régimen acredite, tanto su calidad democrática como su capacidad de buen gobierno es la cuestión, misma que implica llevar a cabo reformas de las instituciones políticas.
La principal tarea consiste en reafirmar la naturaleza pública de la administración y su capacidad organizativa, directiva y operativa. Esto supone la adopción de normas y procedimientos que aseguren la legalidad y la transparencia del gobierno y, entre otras medidas, establecer un servicio profesional con actas exigencias éticas y una cultura de eficiencia en la gestión pública.
El propósito último de la presente iniciativa consiste en sustentar y potenciar la capacidad del gobierno para resolver los problemas sociales y dar respuesta a las expectativas de la sociedad.
Y sus propósitos intermedios son, aumentar la capacidad técnico-administrativa de los funcionarios públicos, reducir las posibilidades de corrupción y/o cooptación política o privada de los servidores públicos, y mantener la continuidad de las políticas públicas del gobierno federal a través de los diversos sexenios gubernativos.
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, es el organismo público encargado de instrumentar, aplicar y dar dimensión a las políticas públicas en el ámbito de la asistencia social, que combata las causas y efectos de vulnerabilidad en coordinación con los sistemas estatales y municipales, así como instituciones públicas y privadas.
En este sentido, tan grande responsabilidad debe implicar conocimientos y capacidades necesarias para administrar el recurso público, pero también para el diseño e implementación de políticas públicas, y no es la apariencia lo que nos demuestra la capacidad, estos atributos no se consiguen únicamente con el carisma o con la eventualidad de ser el cónyuge del titular del Ejecutivo o de un secretario de Estado, para el logro de sus objetivos el DIF requiere de sus trabajadores, pero sobre todo de su dirección, que esta dé muestra de eficiencia profesional, la cual exige una serie de factores, como: vocación, espíritu crítico, diligencia, hábitos de orden y organización, como también el de conocimientos y el desarrollo de habilidades.
Es por ello, que propongo en este proyecto de decreto de reforma a los artículos 36 y 40 de la Ley de Asistencia Social, a fin de profesionalizar tanto a la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia como a la presidencia del Consejo Ciudadano Consultivo, cargo que si bien la ley marca que no recibirá retribución alguna dado su carácter consultivo, tiene las atribuciones y características necesarias para hacer una herramientas que la sociedad civil, interesada en su propio bienestar, emplee para garantizar el adecuado ejercicio de las funciones asignadas. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Catalán. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación.
El diputado Carlos Bello Otero: Muchas gracias, diputado presidente. Señoras y señores diputados. En Acción Nacional siempre hemos luchado por una educación de calidad. Sabemos que además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu y los valores que nos forman como seres humanos.
En las últimas décadas, México ha tenido avances importantes en la cobertura educativa, no obstante, seguimos estancados en un escenario en el que persiste una gran desigualdad de oportunidades, que entre otras cosas, se ve reflejada en la finalización de los niveles educativos básico y medio superior. Hoy la repetición de grado y el abandono escolar son dos grandes problemas a los que se enfrenta el sistema educativo nacional, dos grandes retos que como legisladores debemos intentar superar.
La deserción no solo afecta a los alumnos, sino a toda la sociedad en general. Como país necesitamos que niños y jóvenes perciban un valor en la continuación de sus estudios para que así podamos construir una verdadera ciudadanía. La deserción escolar es un fenómeno de causas multifactoriales, la pobreza, la migración, el origen étnico o dificultades familiares, todas pueden representar obstáculos para continuar en un sistema educativo.
Así lo han mostrado investigaciones que para explicar el problema de la deserción, toman al individuo como unidad de análisis y lo presentan como el portador del fracaso escolar. La distancia al centro educativo, la desconfianza hacia el modelo educacional, la sobrepoblación en las aulas, la poca capacidad de los docentes para estimular a los alumnos, entre otros, son factores del propio sistema escolar que pueden desincentivar la continuación de los estudios.
Para corregir estas fallas de diagnóstico, enriquecer las políticas contra la deserción escolar, la presente iniciativa busca modificar la Ley General de Educación. El objetivo es establecer que las autoridades educativas lleven a cabo programas y acciones para atender y erradicar las causas de la deserción temporal y permanente en los niveles de educación básica y media superior, con base en un enfoque que considere la corresponsabilidad que la escuela y los actores a su interior tienen en este problema.
Con ello, se delinearan de manera más clara las responsabilidades de las autoridades educativas y contribuiremos a que niñas, niños y jóvenes tengan mejores oportunidades e incentivos para permanecer en el sistema escolar.
Señoras y señores, México necesita crecer, necesita de una sociedad educada. En Acción Nacional buscamos construir una educación equitativa, en la que hombres y mujeres tengan la oportunidad de permanecer en el sistema educativo.
Buscamos sentar las bases para que mexicanos y mexicanas puedan tener un aprendizaje constante durante toda su vida y superar los retos a los que se enfrenten. Por ello se propone el siguiente proyecto de decreto.
Único. Se adiciona una fracción I Bis al artículo de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Fracción I Bis. Desarrollar e implementar programas y acciones integrales para atender y erradicar las causas educativas del problema de deserción temporal y permanente de los educandos en los niveles de educación básica y media superior, con un enfoque que preste atención y corresponsabilidad a la escuela y a los actores en su interior como factores de la deserción.
Transitorios
Primero. Las autoridades Educativas federales, estatales y municipales, en sus respectivos ámbitos de competencia, establecerán los instrumentos y mecanismos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, en un plazo de 180 días a partir de su publicación.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Bello. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos Sarabia Camacho, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil.
El diputado Carlos Sarabia Camacho: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados, México es un país que los últimos años ha sufrido diferentes desastres naturales. Es por eso que hoy vengo ante ustedes para que podamos entre todos, esta soberanía, poder hacer unas reformas a la Ley de Protección Civil.
Una de ellas, la primera es adicionar la fracción XXXIII al artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, a efecto de que se incluya el concepto de instalaciones vitales.
La ley hoy por hoy no incluye el concepto de instalaciones vitales, la ciudadanía tiene derecho a identificar cuándo se trata de una instalación vital y de esa manera poder identificar en nuestras regiones, dónde hay una de ellas que seguramente es para el bienestar y el caminar de este país.
Se adiciona también la fracción LXIII al artículo 2 de la Ley General de Protección Civil para que se incluya el concepto de Programa Interno de Protección Civil Virtual.
¿Qué queremos decir con esto? Hoy cuando estamos en una instalación como esta, por ejemplo, compañeros diputados. Nosotros debemos de saber en la curul donde estamos si ocurre un siniestro, un temblor, cuál va a ser nuestra salida de emergencia, cada uno tenemos una zona y debemos de identificar, por eso es fundamental que en el Programa Interno de Protección Civil, este programa virtual que solamente es a través de un video que no dura más de tres, cinco minutos, nosotros podamos identificar cuáles son las zonas de reunión, las zonas de evacuación, dónde está la zona, por ejemplo, donde vienen los bomberos, dónde están las tomas.
Pero con simplemente nosotros tener ese conocimiento de ese Programa Interno de Protección Civil Virtual vamos a poder evacuar o vamos a poder evacuar cualquier instalación, llámese cualquier edificio de alguna dependencia de gobierno, algún edificio de oficinas privadas para que nosotros podamos facilitar la evacuación y no ocurra algún siniestro, que muchas veces ocurre precisamente porque nosotros no tenemos identificado hacia dónde vamos a salir.
En cualquier instalación, en cualquier edificio de cualquier ámbito de trabajo que se trate, nosotros cuando laboramos ahí, debemos de tener claramente identificado. Por eso el Programa de Protección Civil Virtual, nos va a venir a enseñar a nosotros en muy poco tiempo, pero en una forma visual para que nosotros tengamos la oportunidad de identificarlo de una manera pronta y de esa manera poder colaborar, poder ayudar a las personas de protección civil que también usan sus chalecos, pero que si hoy preguntamos nosotros qué significa cada uno de los colores de esos chalecos, pues vamos a tener ciertas dudas.
Por eso es fundamental adherir el Programa Interno de Protección Civil Virtual, para que nosotros podamos identificar, y lo debemos de empezar a hacer, señores diputados, compañeros diputados, en nuestra casa.
Se adiciona la fracción LII, al artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, para que incluya el concepto de Ruta de Capacitación de Protección Civil.
Hoy los ayuntamientos, los estados, el gobierno federal, o tenemos una ruta de capacitación en protección civil. En cada ayuntamiento el alcalde, el gobernador en su estado, el gobierno federal, se capacitan en protección civil, pero como sabemos, debemos de tener una ruta que se homologue a todo mundo, que los ayuntamientos actúen de una manera similar para que de esa manera nosotros podamos identificar y tener los conocimientos y capacitar a los ciudadanos para que sea más pronta cualquier tipo de evacuación.
Tuve la oportunidad de ser alcalde de Pinotepa Nacional, un municipio que es centro de epicentro de temblores; tiembla mucho ahí. Hay siempre ondas tropicales, huracanes, y es muy necesario que las personas sepan a dónde ir, es muy necesario que identifiquen, que estemos capacitados para que de esa manera podamos tener una reacción pronta, y sobre todo, una reacción preventiva.
Se modifica el artículo 39 de la Ley General de Protección Civil, se adiciona, perdón, la fracción XXXIII al artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, a efecto de que nosotros podamos ver que en las dependencias, en los estados y el gobierno federal, se homologue, ya sea que sea secretaría en un estado, porque muchas veces en los estados de la República, unas veces son direcciones, otras son secretarías. Necesitamos luchar para que sean secretarías y de esa manera formen parte del gabinete del gobierno del estado y se le dé lugar al secretario de Protección Civil para que todo el país, las 32 entidades de la República actuemos en Protección Civil en una manera siempre preventiva, porque siempre va a ser más importante prevenir.
No somos ajenos, todo mundo sabe que apenas pasó el huracán “Patricia” y afortunadamente con las prevenciones que tomó el gobierno federal, el gobierno del estado, los daños no fueron fatales como se pensó que iban a ser.
Pero si nosotros le apostamos a la prevención, si nosotros homologamos a nivel nacional que exista un secretario de protección civil en todos los estados del país; yo sé que se tiene que legislar en los congresos locales, pero nosotros, esta soberanía tiene mucho que ver, y como integrante de esta comisión, es muy necesario que se homologue para que esos secretarios de protección civil tengan el mismo sistema, y los ayuntamientos por igual.
Se modifica el artículo 83 de la Ley General de Protección Civil para que los atlas nacionales de riesgo sean de fácil acceso.
Hoy tenemos ayuntamientos que no tienen el atlas de riesgo. Quiero decirles que la Sedatu, compañeros, la Sedatu tiene recurso para que todos los ayuntamientos reciban ese apoyo y lleven a cabo su elaboración de atlas de riesgo. Me tocó como alcalde y es muy necesario, pero si hoy preguntamos cuántos municipios tendrán el atlas de riesgo nos vamos a dar cuenta que todavía faltan estados, y si el gobernador no le pone interés al atlas de riesgo, imagínense los ayuntamientos.
Entonces yo quiero pedirles, compañeros diputados, que me apoyen en esta iniciativa de reforma a estos artículos para que se hagan secretarías, para que exista una ruta de capacitación de manera igualitaria, para que todo sea homologado.
Por supuesto, nuestro país tiene diferentes zonas, diferentes zonas sísmicas, volcánicas, hay unas donde llegan huracanes, otras no, pero que se adecúe y de esa manera homologar y tener una pronta respuesta y, sobre todo, una buena capacitación a nivel nacional empezando con los ayuntamientos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias diputado Sarabia. Túrnese a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.
Saludamos la presencia del presidente municipal de Ocotlán, Jalisco, Paulo Gabriel Hernández Hernández, invitado por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Bienvenido, alcalde.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, y también para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 84 Bis a la Ley General de Población en una sola intervención.
La diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta: Buenos días. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados; medios de comunicación; público en general, me permito presentar dos iniciativas: la primera, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 84 Bis a la Ley General de Población.
La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer tratado internacional especializado de carácter obligatorio que reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo.
A lo largo de sus 54 artículos establece un marco jurídico inédito de protección integral, a favor de las personas menores de 18 años de edad, que obliga a los Estados que la han ratificado a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de toda las personas menores de 18 años de edad, independientemente de su lugar de nacimiento, sexo, religión, etnia, clase social, condición familiar, entre otros, misma que fue ratificada por México.
En los artículos 2, 3 y 8 de los citados derechos se establece: Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido, el interés superior del niño y el compromiso de respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.
Por su parte, el artículo 51 del Código Civil Federal señala: serán bastantes las constancias que los interesados presenten de los actos relativos para establecer el estado civil adquirido por los mexicanos fuera de la república, siempre que se registren en la oficina que corresponda del Distrito Federal o de los estados.
Que han sido deportados de 2010 al 2015 casi 2 millones de adultos, que equivalen aproximadamente en el año 2015 a 420 mil niñas y niños deportados. Y, según estadísticas del Instituto Nacional de Migración y del Registro Nacional de Población, todavía en Estados Unidos de América existen casi 11.5 millones de indocumentados, los cuales tienen hijos en una proporción de 713 mil niñas y niños sin documentos que podrían ser deportados.
Que los niños que nacen en Estados Unidos de América regresan a México sólo con el acta de nacimiento de ese país, pero al llegar a México se enfrentan al problema de que son indocumentados, ya que tienen que contar con acta de nacimiento mexicana y, para poder conseguir que los oficiales del Registro del Estado Familiar en el país les otorguen dicha acta por ser hijos de padres mexicanos y para acreditar la doble nacionalidad, necesitan presentar un documento de su nacimiento en Estados Unidos de América apostillado, que consiste en una certificación de que la firma y el sello utilizados en ese documento público fueron impuestos por un funcionario facultado para hacerlo.
Entones, lo que están realizando los oficiales del Registro del Estado Familiar en la república mexicana para que las niñas y niños puedan obtener su acta de nacimiento, es expedirlas como si fuera la primera acta, con lo que se logra no la doble nacionalidad sino la doble personalidad, ya que con este acto se trata de diferentes personas.
Los actos realizados ante los consulados para acreditar la nacionalidad mexicana surten efecto jurídico pleno en territorio nacional sin necesidad de legalización o apostillamiento ni de inscripción alguna ante autoridad en la república mexicana. Existe el problema de que deportan a toda la familia, lo que dificulta conseguir el documento apostillado, ya que se tiene que nombrar a un apoderado conllevando tiempo y dinero que muchas veces no se tiene.
Se hace necesario implementar estrategias en las que se vinculen los gobiernos federales, estatales y municipales, organismos no gubernamentales y sectores de la sociedad para realizar campañas mediáticas en pro del derecho a la identidad de los niños.
Los gobiernos federal, estatales y municipales deberán generar condiciones para que los ciudadanos mexicanos se queden en México y tengan el reconocimiento jurídico de sus hijas e hijos, que puede ser un proceso tardío ni costoso. Llevar a efecto una campaña de concientización y orientación a las familias que se encuentren en calidad de ilegales en Estados Unidos de América, para que se acerquen a las autoridades consulares, por la importancia y necesidad de tener el acta de nacimiento de las niñas y niños nacidos en Estados Unidos de América con apostillamiento respectivo, y el acta de nacimiento que les acredite como mexicanos, para que en caso de una deportación ya no tengan ese problema.
Con base en lo expuesto me permito proponer la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona un artículo 84 Bis a la Ley de Población.
Artículo único. Se adiciona un artículo 84 Bis a la Ley de Población para quedar como sigue.
Artículo 84 Bis. La Secretaría de Gobernación federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, representantes consulares coordinados con el Instituto Nacional de Migración y organismos en la materia, organizarán campañas de concientización y orientación a las familias mexicanas que se encuentran en calidad de ilegales en Estados Unidos de América, para que se acerquen a las autoridades correspondientes a efecto de que les expidan el acta de nacimiento de ese país, de sus hijas e hijos, con el respectivo apostillamiento, así como para la expedición del acta de nacimiento mexicana.
En el caso de que las familias sean deportadas, la Secretaría de Gobernación federal, a través de las dependencias correspondientes gestionará el apostillamiento de las actas de nacimiento para que las niñas y niños estén en condiciones de adquirir el acta de nacimiento en el lugar de origen de los padres en la República Mexicana y con esto se determine de manera pronta la doble nacionalidad en beneficio del interés superior del niño.
Me permito presentar la siguiente iniciativa. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII Sextus al artículo 14 de la Ley General de Educación.
El Estado mexicano ratificó la convención sobre los derechos del niño el 21 de septiembre de 1990, por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole, para dar efectividad a esos derechos, estableciendo en el artículo 28:
Los Estados parte reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:
a) Impulsar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas, tales como la implementación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera, en caso de necesidad;
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad por cuentos medios sean apropiados;
d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educativas y profesionales y tengan acceso a ellas;
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.
México también llevó a cabo reformas constitucionales que le han permitido avanzar en el proceso de adecuación de su legislación interna a la Convención sobre los Derechos del Niño, entre las que destaca la reforma al artículo 4o., que incorpora la noción de sujetos de derecho, reconociendo que los niños y niñas son titulares de estos, entre otros, a la educación, y señala que quienes tienen el deber de preservarlos y en el Estado es responsable de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y en el ejercicio pleno de sus derechos.
El artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala en lo conducente: Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad y que fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables.
Con el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos de América, se llevó a efecto la deportación, entre los años de 2010 a 2015, de aproximadamente 2 millones de mexicanos con hijas e hijos, de los que de acuerdo con el reporte de Inegi en el 2014, se inscribieron en escuelas de México 420 mil niños.
En algunos casos estas niñas y niños, aun cuando nacieron en México, fueron llevados a Estados Unidos cuando eran muy pequeños; y en otros, al haber nacido allá se sienten más cómodos con el idioma inglés, ya que el idioma español, en muchas ocasiones, no han tenido oportunidad de practicarlo, lo que conlleva a que en las escuelas de México donde son inscritos sean recibidos con reserva y son víctimas de discriminación y de bullying por parte de los maestros y alumnos.
Además, al haber asistido a escuelas en Estados Unidos de América y ser diferentes los programas educativos, se les dificulta su integración a los programas impartidos en México.
Con base a lo expuesto, me permito proponer la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XII Sextus al artículo 14 de la Ley General de Educación.
Artículo único. Se adiciona la fracción XII Sextus al artículo 14 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
XII Sextus. Gestionar ante las instituciones educativas, donde estén matriculados niñas y niños que han sido repatriados, la impartición del idioma inglés y adoptar las medidas necesarias para su adaptación al sistema educativo, mediante programas de becas, para que los estudiantes de la licenciatura en lenguas, apoyen a estas niñas y niños. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Chávez. Túrnese la primera de las iniciativas referida a adicionar un artículo 84 Bis a la Ley General de Población, a la Comisión de Población, para dictamen. Y la segunda, para reformar el artículo 14 de la Ley General de Educación, túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
Saludamos la presencia de estudiantes de la Facultad de Derecho, de la Universidad del Golfo de México, campus San Andrés Tuxtla, invitados por el diputado Jorge Alejandro Carvallo Delfín.
Igualmente, de alumnos y profesores de la carrera de derecho de la Universidad de Negocios Isec, invitados por el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich. Bienvenidas, bienvenidos todos.
El diputado Alfredo Bejos Nicolás (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido ahí en la curul, diputado Alejandro Bejos, por favor.
El diputado Alfredo Bejos Nicolás (desde la curul): Gracias, presidente. Alfredo Bejos. Para solicitar la adhesión a las dos iniciativas que acaba de presentar nuestra compañera Lupita, por favor.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada proponente. Manifiesta su aceptación y por lo tanto está a disposición para quienes deseen suscribir las iniciativas, aquí en la secretaría de la Mesa Directiva.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Claudia Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional.
La diputada Claudia Sofía Corichi García: Con su venia, presidente. Gracias compañeras y compañeros legisladores, legisladoras. Ciudadanos que nos ven a través del Canal del Congreso. Estudiantes que nos visitan el día de hoy.
Como antecedente a esta iniciativa, comento que el 10 de diciembre de 2012, el Ejecutivo publicó un decreto por el que se establecen medidas para el uso eficiente, transparente, eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la administración pública federal.
Dicho instrumento señala, por escrito, un puntual interés por eliminar la duplicidad de acciones o programas con la finalidad de proporcionar austeridad en el gasto público. Sé que muchos no están aquí, justamente por tratar temas de presupuesto, pero ojalá esto siente un precedente, justamente, para cuando hablamos de presupuesto y de duplicidades.
El artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su cuarto párrafo que en materia menciona, que en materia de seguros que se contraten a favor de los servidores públicos de las dependencias, incluido el seguro de vida de los pensionados, se implementarán procedimientos de contratación consolidada y celebraran los contratos correspondientes siempre y cuando no impliquen dualidad de beneficios para los servidores públicos.
El artículo 1 de la Ley del ISSSTE señala las prestaciones a las que las y los funcionarios públicos acceden, y dentro de ellas claramente se contemplan rubros como los servicios médicos, la atención funeraria, pensiones entre otros.
Bajo ese entendido, la contratación de seguros de gastos médicos mayores para altos funcionarios, evidentemente, prioritariamente para altos funcionarios de la administración pública federal representa una duplicidad de beneficios. Incluso, si algún alto funcionario no hiciera uso de estos servicios no significa, en los hechos, que no cuente con ellos.
La última licitación para otorgar un contrato bianual del seguro colectivo de gastos médicos mayores para las secretarías, entidades y organismos autónomos participantes, en las que se incluyen trabajadores de 178 dependencias, publicado el 9 de septiembre del año pasado, se tradujo en un contrato que firmó la Secretaría de Hacienda con la aseguradora GNP por más de 2 mil 200 millones de pesos.
Claro, también quiero mencionar, cuyo director general de GNP es uno de los empresarios consentidos del sexenio.
Actualmente, en la administración pública federal laboran poco más de 4 millones de personas. Todas y todos ellos cuentan con las prestaciones que establece el artículo 1 de la Ley del ISSSTE, por lo que el pago de la póliza de seguro de gastos médicos mayores para unos cuantos funcionarios altos representa un gasto duplicado por la federación, un gasto que fue de 2 mil 200 millones de pesos, lo repito.
En contraste, 21.8 millones de mexicanos y mexicanas no tienen acceso a la salud. Según datos de Sedesol estos son, digo, más de 21 millones de mexicanos y la erogación para el pago de seguro de gastos médicos mayores resulta un privilegio innecesario y excesivo.
Al inicio de esta legislatura y como acto congruente, los diputados y diputadas ciudadanos marcamos en la agenda legislativa del grupo parlamentario la renuncia al seguro de gastos médicos mayores y de vida en un compromiso con la eficiencia presupuestaria con las ciudadanas y ciudadanos que nos eligieron, ya que esto le costaría más de 18 millones de pesos en tres años al país.
Por lo anterior es que propongo que en congruencia adicionemos un quinto párrafo al artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para que diga lo siguiente: la Secretaría de la Función Pública no podrá autorizar la contratación de seguros de gastos médicos mayores, toda vez que estos representan una dualidad de beneficios para los servidores públicos inscritos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE.
Y adicionar un segundo párrafo al artículo 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional para que diga:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrá autorizar seguros de gastos médicos mayores como parte de los beneficios o prestaciones que reciban los servidores públicos incorporados a la administración pública federal.
Creo, compañeras, compañeros, que es tiempo de acabar en los hechos con la duplicidad, de acabar con los privilegios de unos a costa de otros, y es tiempo también de acabar con los despilfarros, actuar desde el Ejecutivo y por supuesto desde el Legislativo y dando muestras de que podemos aprobar iniciativas como esta, por la austeridad y también, sin duda, por la racionalidad del gasto.
Esto que se gasta en estos seguros de gastos médicos mayores para unos cuantos privilegiados puede ser utilizado en cosas que realmente son importantes. Solamente esto que se está quitando, que se está gastando, estos más de 2 mil millones, son parte del recorte al presupuesto de salud, implican la mitad de lo que se ha dicho del recorte al presupuesto de salud planteado para este año, por eso la importancia. Es cuanto, señor presidente, diputado presidente, amigas y amigos diputados.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Corichi. Túrnese a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
El diputado Jonadab Martínez García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Jonadab Martínez, por favor.
El diputado Jonadab Martínez García (desde la curul): Con su venia, señor presidente, muchas gracias. Pedirle a la ponente de esta iniciativa, que me parece además un progreso para México y una congruencia con el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que le pide a la diputada ponente suscribir esta iniciativa, y también invitaría a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados, que apeláramos a esa congruencia por la cual estamos el día de hoy aquí y no ser diferencia al común denominador de México que no tiene este tipo de prestaciones como son los seguros de gastos médicos mayores. Muchas gracias, señor presidente.
La diputada Claudia Sofía Corichi García (desde la curul): Sí, adelante.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Corichi, proponente de la iniciativa, manifiesta su aceptación, entonces está a disposición aquí para su suscripción correspondiente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Manuel Vallejo Barragán, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o. de la Ley General de Educación, y 88 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Viene haciendo deporte.
El diputado Manuel Vallejo Barragán: Buenas tardes. Muchas gracias y con su venia, señor presidente. Queridos compañeros, en México el sobrepeso, la obesidad y sus complicaciones se encuentran entre los problemas de salud pública más importantes.
La obesidad favorece la aparición de enfermedades coronarias, diabetes y dislipidemias. El sobrepeso y la obesidad combinados con diabetes, padecimientos cardiovasculares, mala alimentación e hipercolesterolemia, causan el 36.5 por ciento del total de las muertes en el país y lo estamos observando cada vez más en personas jóvenes.
Estas enfermedades disminuyen la calidad de vida de las actuales y de las nuevas generaciones, y además afectan la productividad de las empresas, el desempeño escolar y el desarrollo económico del país, constituyéndose en una emergencia sanitaria nacional.
Los costos financieros para combatirlas son altísimos y ponen en riesgo la estabilidad del Sistema Nacional de Salud. De acuerdo a estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, la atención de la obesidad en el año 2008, tuvo un costo de 67 mil millones de pesos, y se estima que si no modificamos la conducta y evolución de estos padecimientos, será en el año 2017 con un costo de 101 mil millones de pesos.
Se han implementado estrategias para el control y prevención de la obesidad, el sobrepeso y la diabetes, efectivamente; se ha prohibido la venta de comida chatarra en los centros escolares; se ha evitado la publicidad televisiva de estos productos en horarios familiares; se han aplicado impuestos a bebidas azucaradas y está en proceso la instalación de bebederos en escuelas.
Sin embargo necesitamos reforzar estas acciones y para ello quiero resaltar que en las escuelas sólo se dedican 60 minutos semanales a la práctica de la educación física, lo que representa una quinta parte del ejercicio recomendado para los escolares, que debe ser de 45 minutos diarios.
Estudios a nivel internacional demuestran que la formación de hábitos para realizar actividad física se adquiere con mayor facilidad durante la etapa escolar, por lo que se debe incidir en este núcleo poblacional que además está a nuestro alcance en los centros educativos.
La ciencia médica ha demostrado que al realizar ejercicio, el corazón eleva su gasto cardiaco, incrementa la perfusión tisular, aumenta la ventilación pulmonar mejorando con ello la aerobiosis en los tejidos y aumentando la energía de las personas mediante la glicólisis, que es el metabolismo de la glucosa; mediante la lipólisis, que es el metabolismo de las grasas, y aprovechando la proteólisis, que es el metabolismo de las proteínas.
Los científicos de la medicina trabajan en estos temas y han publicado informes contundentes como el presentado en la revista metabolismo de la célula, de la escuela de medicina de la Universidad de Harvard, donde se habla del descubrimiento de la molécula BAIBA, que es el ácido beta-aminoisobutírico, que asociado al ejercicio frecuente –lo resalto– asociado al ejercicio frecuente, es el responsable de elevar el metabolismo de la glucosas, las grasas y la proteínas a nivel celular, y esto trae como consecuencia que se controlen los niveles de glucosa, triglicéridos y colesterol en la sangre.
Además, recordemos que el ejercicio frecuente incrementa la eficiencia de la insulina corporal, mejora el sistema inmunológico, disminuye los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, produce endorfinas a nivel cerebral, que generan sensación de bienestar y mantienen la capacidad intelectual del individuo.
Es necesario contar con una política de Estado que nos permita lograr cambios en los patrones de actividad física desde la edad escolar como instrumento preventivo de salud que impactará en la población, disminuyendo sobrepeso, obesidad, dislipidemia y diabetes.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea el proyecto que reforma la fracción IX del artículo 7o. de la Ley General de Educación y el artículo 88 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para que la cultura física sea promovida y fomentada para realizarse cuatro veces a la semana en sesiones de una hora en todos los niveles de educación y enseñanza del país, algo que está a nuestro alcance y que traerá desde luego beneficios importantes. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, queridos compañeros.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Vallejo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Deporte, para su dictamen.
El diputado Jesús Antonio López Rodríguez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado López Rodríguez. Acá.
El diputado Jesús Antonio López Rodríguez (desde la curul): Para felicitar al doctor Manuel Vallejo Barragán por tan importante ponencia y pedirle de favor que me permita adherirme a esta iniciativa, porque la verdad es muy importante el deporte y, bueno, estamos presa de la epidemia más importante del siglo XXI, que es el síndrome metabólico. Quiero que me permita adherirme. Y decirles que, aprovecho el momento para decirles que, a todos los temas de salud todo mundo se ha querido adherir, espero que a la hora de apoyar el presupuesto apoyen al sector salud. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Vallejo, proponente de la iniciativa, manifiesta su aceptación, entonces está a disposición la iniciativa.
El diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul, allá, del diputado Ernesto Ibarra, por favor.
El diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya (desde la curul): Muy buenas tardes. La verdad felicitar al doctor Vallejo y también pedirle que me permita incluirme a esta iniciativa, que es muy importante para todos los mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. El diputado Vallejo ha manifestado su aceptación, la reitera. Está a disposición.
La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul, aquí, de la diputada Rosalina Mazari.
La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): Felicitar al diputado Vallejo y pedirle si me permite adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Ya lo ha manifestado así y lo sigue reiterando. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos, el diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Sergio Emilio Gómez Olivier: Muy buenas tardes, señor presidente.
Compañeros diputados, México requiere impulsar de forma creciente y constante su sistema de investigación científica y tecnológica a través del destino de mayores recursos a la ciencia y tecnología, con la finalidad de mejorar la competitividad nacional y lograr un desarrollo comparable o equiparable con las economías desarrolladas del mundo, convirtiendo a la ciencia y la tecnología en un instrumento eficaz para combatir la pobreza y generar progreso en beneficio del país.
La problemática del desarrollo científico y tecnológico en México es un problema complejo. Es incuestionable que se requiere aumentar de manera considerable la inversión en ciencia y tecnología ya que, aun cuando el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología prevé para el Estado la obligación de designar un monto anual suficiente para que el gasto nacional en las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico no sea menor al 1 por ciento del producto interno bruto, o sea del PIB del país, y a pesar de los esfuerzos tendientes a incrementar los recursos federales asignados a la ciencia y tecnología, no existe una tendencia de crecimiento uniforme y mucho menos proporcional al 1 por ciento del PIB, o sea del Producto Interno Bruto.
Muestra de ello es que entre todos los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir de la OCDE, México se sitúa en el último lugar en cuanto a inversión para investigación y desarrollo al destinar en promedio en los últimos cinco años únicamente el 0.4 por ciento del PIB, mientras que otros países invierten una proporción considerablemente mayor.
Corea del Sur invierte el 4 por ciento de su PIB, seguido de Japón y Suecia, con 3.5 y 3.3 respectivamente. México es superado inclusive por Turquía y Grecia, que están entre el 0.9 y el 0.8 por ciento.
Otros datos que muestran el rezago en materia de ciencia y tecnología se refieren al hecho de que nuestro país ocupa el último puesto en personal ocupado que se desempeña en las áreas científicas y tecnológicas y en registro de patentes, de acuerdo con la OCDE.
La balanza de pagos en el ámbito de la tecnología muestra un déficit considerable y persistente, el que las exportaciones de tecnología cubren menos del 10 por ciento de las importaciones.
A pesar del avance reciente, la capacitación de los recursos humanos en el terreno de la ciencia y la tecnología es claramente insuficiente. Este contexto responde a la necesidad de regular constitucionalmente uno de los aspectos fundamentales de las sociedades contemporáneas, el impulso de actividades científicas, tecnológicas y de innovación.
De este modo, se propone adicionar al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación sean incluidos como variables estratégicas en el desarrollo del país.
Tras la acción propuesta incluye tres conceptos básicos, investigación, innovación y desarrollo, que corresponden a cuatro propósitos prioritarios: crecimiento económico, bienestar social, progreso cultural y solución de los problemas nacionales.
La alusión en términos generales a la investigación permite incluir a las ciencias de la naturaleza, a las ciencias sociales, a las humanidades y a la tecnología.
Con la iniciativa también se pretende propiciar una mayor eficiencia del gasto, dando prioridad al apoyo directo más que a los incentivos fiscales.
El estudio también aboga por la intensificación de los programas de asociación entre los sectores público y privado, en renglones prioritarios como la salud, energía, agua, alimentos y seguridad.
Los gobiernos tienen la posibilidad de acelerar la recuperación y sentar las bases para un crecimiento más sólido, más justo, si realizan las inversiones adecuadas y crean un marco propicio para la innovación.
Para las economías emergentes, como México, la innovación, la ciencia y la tecnología deben ser la piedra de toque de la política nacional de desarrollo. La innovación debe sustituir al petróleo como motor del desarrollo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Único. Se reforma la fracción V y se adiciona un segundo párrafo a la misma fracción del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación, el Estado, federación, estados, Distrito Federal y municipios impartirán educación prescolar, primaria y secundaria. La educación prescolar primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.
V. Además de impartir la educación prescolar, primaria y secundaria señaladas en el párrafo anterior, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, invertirá y apoyará el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
Para el desarrollo de actividades científicas, tecnológicas y de innovación, el Estado proveerá recursos a las instituciones públicas de investigación y de enseñanza superior, otorgará financiamiento a los proyectos que considere estratégicos para el desarrollo económico y social del país, contribuirá a la formación de capital humano, promoverá la cooperación internacional y creará incentivos para las actividades de investigación, de desarrollo tecnológico y de innovación que realiza el sector social o privado. Es todo, señor presidente, gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Gómez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Tomás Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal.
El diputado Tomás Octaviano Félix: Compañeras y compañeros diputados. Con su venia, señor presidente, por supuesto. Señoras y señores, con la presente reforma al Código Civil Federal, pretendemos reconocer plenamente el derecho subjetivo de la personalidad de todas las personas a tener un nombre así como también, proveer de los instrumentos más aptos a la autoridad competente, en este caso al Registro Civil, con un instrumento legal para que de manera rápida y expedita la persona interesada pueda solicitar el cambio de nombre, apellido o apellidos o nombres propios, evitando con esto, que tenga que hacerlo por la vía judicial, ya que estimamos que este reclamo es justo, toda vez que, el derecho al nombre de cualquier individuo, es inherente a su persona como titular de derechos y obligaciones tanto en el derecho público como privado y por ello, valoramos del todo pertinente que se resuelva esta situación jurídica, partiendo del reconocimiento pleno del nombre como un derecho subjetivo de la persona y, por lo tanto, también el derecho para cambiarlo cuando así lo solicite bajo un nuevo procedimiento legal.
Cabe hacer mención que existe un debate sobre el alcance y la naturaleza jurídica del nombre, ya que hay quienes consideran un extremo que constituye un auténtico derecho de propiedad de la persona oponible a terceros.
Sin embargo, hay otra corriente de pensamiento, que es la más aceptada, que considera al nombre como un derecho subjetivo de la personalidad del individuo, de carácter obligatorio, toda vez que es un atributo de la persona, y como tal, es inherente a la personalidad del sujeto e inseparable de la persona.
El nombre es, en resumidas cuentas, el índice con que la persona se identifica en el mundo como alguien, es lo que la persona significa dentro del campo del derecho. Si bien es cierto, que el cambio de nombre en la legislación civil es permitido, también lo es que los casos en que pueda hacerlo es restrictivo a situaciones específicas, por ejemplo, la legitimación o reconocimiento de los hijos fuera del matrimonio, por adopción o sentencia judicial, limitando el papel del Registro Civil a la modificación del acta de nacimiento vía la rectificación, por considerar que existe error en la misma, lo cual no permite actualizar la hipótesis que es materia de la presente iniciativa.
Con esto a los jueces solo les está permitido autorizar el cambio de nombre mediante la rectificación del acta del registro civil cuando no existe propósito de ocultación, se lesionen derechos de terceros o haya mala fe, y siempre que la pretensión del cambio del nombre no sea caprichosa. Esto es, que no esté debidamente fundada o que sea para cambiar el nombre por otros de manera arbitraria y no se trate de un caso que sea atendible.
Esta es, en resumen, la posición tradicional del derecho civil, el cual muestra las verdaderas limitantes que se le imponen a este derecho subjetivo de la personalidad y que lo colocan a un punto de verdadero atraso con respecto al avance que se ha registrado en el reconocimiento de estos derechos en la Constitución, como por ejemplo, el interés superior de la niñez y el derecho de identidad de las personas.
Todavía es aún más marcado el atraso de esta legislación cuando la alusión despectiva de una persona por su nombre se ha convertido en una situación recurrente como desagradable para las personas, que si bien es cierto, es de larga data.
En los últimos años se ha convertido en una situación intolerable, sobre todo, cuando van aparejadas las burlas con la agresión física o verbal o bullying del que son objeto, sobre todo, los menores de edad en las escuelas o en el entorno social o familiar.
Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD, propone a esta soberanía reformar en el ámbito de sus atribuciones el artículo 58 del Código Civil Federal, a efecto de que en el acta de nacimiento que emite el Registro Civil, el nombre y apellidos que le correspondan, en ningún caso puedan contener elementos que sean ofensivos o discriminatorios para la persona.
Asimismo, proponemos que el juez del Registro Civil, a petición de parte interesada, si es mayor de 18 años o si no lo es, por medio de los padres, de la madre o quien ejerza la patria potestad o representante legal, pueda realizar de manera pronta y expedita las modificaciones a las actas de nacimiento que contengan nombres o apellidos que sean ofensivos o discriminatorios para la persona. Así como también se pueda hacer tratándose de nombres propios que se utilizan como apellidos.
Haciendo constar también en el acta el nombre que fue modificado con la aclaración que consideramos pertinente hacer también desde este texto legal, de que el cambio de nombre o apellidos no implica, en el caso de que se haga, la renuncia de derechos u obligaciones para su titular. Es cuanto, señor presidente diputado. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Octaviano. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal. Adelante diputada.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso, diputado presidente. De acuerdo con la Organización Mundial de las Naciones Unidas, la discriminación no nada más es moralmente inaceptable, sino que también es científicamente falsa, pues está comprobado que no existe justificación biológica o fisiológica para dar un tratamiento distinto a las personas.
En alguna sesión anterior, alguna compañera de Nueva Alianza, comentaba que un algún niño se le fue negado el derecho a la educación por motivos de su religión y vestimenta. También por esas fechas alguna otra compañera del PRI comentó el tema de que diversos niños portadores de VIH sufrían de discriminación por su condición de salud.
En mi carrera política he encontrado también muchos casos documentales que tienen que ver con restricciones o negaciones a derechos laborales a las personas con discapacidad. El derecho humano a la no discriminación confiere a cada hombre, mujer, joven, niño o niña, el derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia, por motivos de género, raza, color, origen nacional, étnico, religión, opinión política, edad o cualquiera otra condición que tenga el propósito de afectar o deteriorar el goce completo de los derechos y libertades fundamentales.
Pero a pesar de lo que digan los derechos, nuestras conductas dicen cosas muy diferentes. En la Encuesta Nacional de Discriminación, nos arroja datos que son verdaderamente vergonzantes, seis de cada 10 personas en este país consideran que la riqueza es el primer factor que divide a los mexicanos y los partidos políticos el segundo; seis de cada 10 personas consideran que los niños deben de tener los derechos que les da la ley, pero tres de cada 10 personas consideran que los niños deben de tener solo los derechos que sus padres les quieran dar.
Cuatro de cada 10 mexicanos no estaría dispuesto a que en su casa viviera una persona homosexual y tres de cada 10 mexicanos no permitirían que en su casa viviera una persona con VIH Sida, y así pudiéramos seguir con esta numeralia vergonzante y con conductas que son verdaderamente aberrantes, pero no debemos hacerlo y debemos frenar y educar estas conductas.
La reforma armonizadora que en este proyecto se propone, resulta necesaria para propiciar la precisa aplicación del Código Penal Federal con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en lo que corresponde a las concepciones diversas y vertidas en nuestra Carta Magna.
En efecto, debemos educarnos para aprender a vivir en convivencia, aceptando nuestras diferencias y reconociendo nuestra pluralidad. Pero a la par de educarnos hay que sancionar, pues no podemos dejar pasar tantos años para que comprendamos nuestros errores como sociedad y estos errores además son acciones que vulneran los derechos de otros, limitan el desarrollo humano de las personas y de los pueblos.
Es por eso tan importante que esa reforma al Código Penal que estamos proponiendo, nos ayude también a frenar los actos de discriminación a través de una sanción. Me parece muy importante lo que se hace a través de la Ley Federal para Prevenir la Discriminación, pero el hecho de tener una ley también que nos permita sancionar estas conductas a través del Código Penal, es fundamental para que podamos permitir que muchas personas que ahora se les niega algún derecho educativo, laboral, deportivo o en materia de salud, ya no se siga haciendo y todos podamos crecer en equidad de circunstancias bajo los mismos preceptos de desarrollo. Sería cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Anaya. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada, por favor.
La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (desde la curul): Quiero solicitar la anuencia de la diputada Anaya para adherirme a su iniciativa. ¿Sí escuchó?
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si, sí, sí, lo que pasa es que estamos aquí esperando nada más a que terminaran de hacer los movimientos. Diputada Anaya, la diputada Patricia Aceves solicita suscribir su iniciativa.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Con gusto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Anaya ha manifestado su aceptación, diputada. Entonces está a disposición de quienes quieran suscribirla, aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado José Lorenzo Rivera Sosa, del grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 8 de noviembre de cada año como día del urbanista mexicano.
El diputado José Lorenzo Rivera Sosa: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, el modo de vida urbano, la manera en que se organizan y se estructuran los centros de población, influyen sobre manera en el modo que nos relacionamos con nuestros semejantes y en el territorio que habitamos.
Un pueblo en el que se privilegia el orden, la comunicación, la conectividad, la seguridad, proveerá una mayor calidad de vida en estos pueblos, que no son producto de la casualidad, sino de una planificación adecuada llevada a cabo en el mayor de los casos por profesionales del urbanismo con un profundo y claro compromiso social.
Desde el punto de vista histórico, fueron los pueblos anglosajones quienes impulsaron en su primer momento el desarrollo del urbanismo, pero alcanzó la importancia que hoy tiene en la segunda guerra mundial, donde existía la necesidad de reconstruir las ciudades que habían quedado devastadas.
Actualmente, el urbanismo es un proceso continuo que afecta no sólo al diseño, sino que cubre también temas de regularización social. El decreto constitucional a una vivienda digna al trabajo, a la educación, a la salud, dependen en gran medida de que sea posible y a su vez, al trabajo del urbanista.
En este sentido, el trabajo del urbanista adquiere suma importancia para el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales. Su trabajo impacta en la forma de vida y en la plenitud de los pueblos.
Por ello es necesario reconocer la labor de los urbanistas en México. Quienes hacen una hábitat más agradable y funcional. Es necesario que cada año se recuerde la importancia de generar mejores condiciones de vida en las ciudades. Como recordatorio de la vida en sociedad, que la queremos a mediano y largo plazo.
En 1949, el ingeniero Carlos María della Paolera, fundó la organización Día Mundial del Urbanismo, preocupado por instituir una fecha de celebración y atención del entorno, teniendo a 30 países, donde es parte México.
Es factible que se establezca en México el 8 de noviembre como Día del Urbanista, recordando para vivir adecuadamente, es un derecho básico, humano, fundamental y es un esfuerzo por generar el mejor entorno para la sociedad. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Rivera. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para su dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
El diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía: Con su anuencia, diputado presidente. Señoras diputadas y señores diputados, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, el artículo 4, toda persona, todos los mexicanos tenemos derecho a la protección de la salud, ello implica la existencia de la infraestructura necesaria para lograr tal finalidad.
El día de hoy, compañeros diputados, vengo a defender a un sector que ha sido poco escuchado y que el día de hoy sé que los vamos a escuchar y vamos a respaldar. Vengo a defender a los trabajadores de la salud, a los médicos, a las enfermeras, a los odontólogos y a todo el personal médico que labora en estos centros de atención; porque estos profesionales, técnicos y auxiliares hacen posible que los usuarios de los servicios de salud puedan acceder a las acciones que les permitan prevenir, atender, rehabilitar o recibir los cuidados paliativos para la salud de los mexicanos.
Los fenómenos en materia de salud se caracterizan por ser complejos, por exigir para su resolución la intervención de diversas personas poseedoras de conocimientos, personas con habilidades, destrezas y calificación de la pericia necesarias para poder dotar de buenos servicios de salud a los mexicanos.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la preparación del personal debe ser por lo mínimo dos veces al año, deben estar preparados para tener educación sanitaria, y estos cursos deben ser graduados para que sea una formación profesional.
Sin embargo, la insuficiencia de personal para satisfacer la demanda de los servicios de salud siempre es un reto porque en nuestro sistema de salud y en todo el mundo hacen falta recursos.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, sabemos que va al aumento nuestras enfermeras y nuestros médicos, de acuerdo a los datos que existen y arrojan, han crecido más del 4 por ciento de los trabajadores en salud.
Por otra parte, nuestras enfermeras perciben bajos salarios, sobre todo cuando estudian niveles técnicos y no profesionales. Algunas personas cuentan con el nivel académico, técnicas en enfermería pero tristemente sólo reciben 4 mil 500 pesos netos mensuales, lo cual se encuentra muy por debajo de lo que en otros países, como España, Holanda, Alemania, les ofrece a nuestras enfermeras. Podríamos percibir más de 2 mil 300 euros, lo que equivale estos profesionales de la salud a casi 40 mil pesos.
Al representar un esfuerzo para actualizarse y brindar de manera objetiva menores servicios, la certificación y la recertificación debe de ser reconocida mediante el otorgamiento de una mejor remuneración en su salario.
Resulta indiscutible que la actualización en conocimientos sea un factor determinante para la obtención de resultados en la salud y en la atención de nuestros mexicanos y de la gente que acude a recibir servicios de calidad y de calidez.
Una mala práctica indebida de una prueba auxiliar en el diagnóstico de una enfermedad, una condición de salud puede incrementar el costo de las intervenciones o en todo caso, en casos graves puede ser un daño irreversible en nuestra gente que acude a estos servicios de salud.
Compañeras y compañeros diputados, la presente iniciativa pretende que al personal técnico y auxiliar de la salud les sea garantizado el acceso al entrenamiento, a las habilidades, a las destrezas y sobre todo a la formalización que tanto requieren para que ellos puedan desempeñar sus funciones, y también se garantice el procedimiento idóneo para que puedan acreditar periódicamente y que cuenten con las habilidades técnicas y auxiliares para proteger a todos nuestros mexicanos en el tema salud.
Diputadas y diputados, espero se puedan adherir a esta iniciativa. Pero más que eso, se puedan adherir a no la disminución del presupuesto en salud.
En salud, las diputadas y los diputados no podemos escatimar ningún recurso, porque si nosotros le quitamos a salud nos vamos a ver afectados en los efectos colaterales que tenemos en muchas medidas de prevención.
Gracias, diputados, y espero contar con el respaldo de todos ustedes para que los mexicanos no tengan menos servicios y podamos tener mayor calidad y mejor calidez. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Íñiguez. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
El diputado Carlos Lomelí Bolaños (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Carlos Lomelí, por favor.
El diputado Carlos Lomelí Bolaños (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Es solo para adherirme a la petición de mi compañero diputado, no solamente por un asunto de política social, sino porque un servidor es médico y conozco perfectamente las carencias y los sufragios que pasan nuestras enfermeras y nuestros médicos, que dejan una gran parte de su vida en las camas de los hospitales, siendo tan pocamente, mal remunerados.
Por ese motivo, un servidor le solicita a nuestro compañero diputado, si me permite adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado proponente manifiesta su aceptación, diputado Lomelí; entonces, está a disposición la iniciativa aquí para su suscripción, para quienes quieran hacerlo.
La diputada Mariana Trejo Flores (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul ahí de la diputada Mariana Trejo, por favor.
La diputada Mariana Trejo Flores (desde la curul): Gracias, señor presidente. Definitivamente es de suma importancia la iniciativa que acaba de ser mencionada por el anterior diputado, y a que me permita adherirme a su iniciativa, porque es de suma urgencia que tengamos en los hospitales un cuidado integral y especializado para los cuidados paliativos. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Reitera su aceptación. Por lo tanto, está aquí, como lo dijimos, a disposición.
El diputado Jesús Antonio López Rodríguez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido ahí en la curul del diputado Jesús López, por favor.
El diputado Jesús Antonio López Rodríguez (desde la curul): Para felicitar al diputado Elías Íñiguez, por esa iniciativa y pedirles autorización para suscribirme a la misma.
Decirles de nueva cuenta que la salud es un derecho humano y que afortunadamente todos los diputados hemos coincidido en apoyar todos los planteamientos en función de salud.
Definitivamente el no tener una buena remuneración permite que las enfermeras y los médicos trabajen en dos o tres hospitales simultáneamente, lo que definitivamente disminuye el potencial y la atención que pueden darle a sus pacientes.
Creo que es importante darles la oportunidad de una buena remuneración económica y sobre todo favorecer la posibilidad que se actualicen, para que tengamos mejores condiciones de atención.
Y pedirles de nuevo, no escatimemos esfuerzos para que el presupuesto de salud se disminuya, vamos a darle toda la oportunidad a que se incremente ese presupuesto que tanta falta nos hace. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado.
El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Guadalupe Hernández.
El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá (desde la curul): Presidente, para sumarme a la iniciativa del diputado Iñiguez y también para sumarme a la petición de conservar el presupuesto en salud. Si no tuviésemos salud, ninguno de los diputados podría estar aquí presente, mi querido presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. El diputado Iñiguez manifiesta su disposición para que pueda suscribirse también por usted, diputado Hernández. Y ojalá y todos estemos bien de salud. Bien.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Julio Saldaña Morán: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, ojalá los que estamos en el pleno me puedan poner atención por un punto importante que creo que sucede en todo el país. Las finanzas de los municipios dependen en muy alto grado de los recursos federales, hacerlos llegar como oportunidad y certeza jurídica es muy importante, pues de ello dependen muchas de las acciones de gobierno y obras públicas para el beneficio de los habitantes.
Los recursos financieros son condición necesaria para los gobiernos municipales. Los municipios tienen la responsabilidad de proveer los servicios públicos más importantes para el desarrollo ordenado de la vida comunitaria. México presenta un abanico muy diverso entre sus municipios, los municipios más grandes y poblados tienen una mayor capacidad recaudatoria, pero es una realidad que la mayoría de los municipios son pequeños y con escaso margen para generar ingresos propios.
Los ingresos propios de los municipios resultan insuficientes para hacer frente a las responsabilidades. En promedio, los ingresos propios apenas representan alrededor del 10 por ciento del presupuesto de los municipios. La media nacional pone en evidencia que en promedio el 67 por ciento de los recursos que ejercen los municipios provienen de las participaciones y aportaciones federales. Y entre más pequeño es el municipio, mayor es la dependencia que tiene de los recursos que le transfiere la federación, llegando a representar casi el 90 por ciento del total del presupuesto que ejercen.
Por eso es que la entrega oportuna de los recursos federales a los municipios y la certeza respecto de las fechas en que los recursos serán recibidos, representa la más alta prioridad para el adecuado desarrollo de la actividad gubernamental en ese nivel de gobierno.
Este problema es conocido por todos, varios esfuerzos se han presentado en esta Cámara para resolverlo sin haberse logrado, es una realidad que afecta muchísimo municipios de todos los partidos políticos de las entidades que ustedes y yo representamos en este pleno.
Por ello, la presente iniciativa propone reformar el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que los municipios recibirán las participaciones de la instancia estatal correspondiente, dentro de los cinco días naturales, y en el caso de incumplimiento por parte de los estados, la federación hará la entrega directa a los municipios, descontando la participación del monto que corresponda al Estado en un plazo no mayor de 30 días hábiles.
Hoy, esta iniciativa la hemos traído al pleno como algunos otros más. ¿Quién de nosotros como diputados de nuestras entidades no han escuchado que los alcaldes demandan que sus participaciones lleguen a tiempo.
Hoy, sin ver colores partidistas, aun exhorto a los amigos y compañeros diputados y diputadas, que trabajemos en el sentido de poder ser eficaz, eficiente. Que a todos los alcaldes del país les lleguen sus remesas económicas, sus participaciones a tiempo para que hagan un mejor desempeño y desarrollo en sus municipios que gobiernan. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado y diputada por su atención.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Saldaña. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 102 de la Ley del Seguro Social.
La diputada Yulma Rocha Aguilar: Gracias. Con el permiso de esta Presidencia. “Igualdad para la mujer es progreso para todos”. Ban Ki-Moon.
La incursión de las mujeres, de las mujeres, de las madres de familia en la vida laboral es innegable y se ha ido incrementando de manera paulatina en los últimos años, contribuyendo al desarrollo nacional y económico de nuestro país.
De la población económicamente activa, prácticamente el 38 por ciento son mujeres, y de éste un gran porcentaje son madres. Es decir, que deben ejercer una doble jornada, la laboral y también la familiar. No hay que pasar por alto que es en las mujeres donde recaen mayormente la responsabilidad de criar a los hijos, atender los quehaceres domésticos y adicionalmente realizar actividades que les generen ingresos.
Sin embargo existen retos laborales que se deben superar para asegurar una mayor igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, por ejemplo mayores prestaciones, apertura a los puertos directivos, flexibilidad y respeto, y también ampliación de los derechos que protegen la maternidad en el trabajo.
Y aquí el papel del Estado es estratégico, en la regulación de este conflicto entre trabajo y familia, entre lo que es producción y la reproducción, entre lo social y lo mercantil. Hoy más que nunca se acentúa la necesidad de generar arreglos sociales, que permitan garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.
Y estoy plenamente convencida de la necesidad que representa salvaguardar la protección de la maternidad y los diputados del PRI nos comprometemos a trabajar por un México donde mujeres y hombres tengamos el acceso a las mismas oportunidades, compartamos las responsabilidades sociales y familiares y seamos por igual constructores de la grandeza de nuestro país.
Si bien es cierto nuestra legislación ha ido avanzando en el reconocimiento y garantía de los derechos laborales de las mujeres; sin embargo, aún existen prácticas que obstaculizan el pleno goce de estos derechos.
Por tal motivo, me permito proponer una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 102 de la Ley del Seguro Social, que tiene por objetivo disminuir en un 50 por ciento el número de semanas de cotización requerida, para que una trabajadora embarazada goce del subsidio de maternidad, pasando de 30, que es lo que establece la ley, a 15 semanas, lo que permitirá más oportunidades para las mujeres trabajadoras de acceder a este beneficio sin que se vea condicionado por un tiempo tan prolongado, ya que la Ley del Seguro Social establece como condicionante para acceder a este subsidio: La asegurada tendrá derecho durante el embarazo y el puerperio a un subsidio de dinero igual al cien por ciento del último salario diario de cotización, el que recibirá durante los 42 días antes del parto y 42 días posteriores.
Sin embargo, este subsidio está condicionado por tres elementos y el principal nos dice que haya cubierto por lo menos 30 semanas de cotizaciones semanales en el periodo de 12 meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio.
Por otra parte resulta sumamente contradictorio que en la misma ley se establezcan requisitos contrastantes para el otorgamiento de subsidios en circunstancias que también incapacitan al trabajador a realizar sus actividades laborales, como por ejemplo en el caso de enfermedades no profesionales, se establece que el asegurado sólo percibirá ese subsidio cuando se tengan cubiertas por lo menos cuatro cotizaciones semanales, inmediatamente anteriores a la enfermedad.
Para el caso, por ejemplo de los trabajadores eventuales, percibirán el subsidio cuando tengan cubiertas seis semanas en los últimos cuatro meses anteriores a la enfermedad.
Y un ejemplo adicional; en el caso de fallecimiento la citada ley también menciona que ese subsidio se establecerá para un pensionado, asegurado que haya fallecido cuando tenga al menos 12 semanas de cotizaciones semanales.
En los supuestos ya mencionados hay grandes diferencias. Aun y cuando corresponda al instituto el pago de la ayuda económica, estos sirven como ejemplo para constatar que la exigencia a una mujer embarazada sigue estando muy alta.
En el caso del fallecimiento son 12 semanas y en los dos primeros casos que enuncié son cuatro semanas y seis respectivamente.
Si bien es cierto la Ley del Seguro Social nos dice en el 103 que el goce por parte de la asegurada de este subsidio, exime al patrón de la obligación del pago hasta los límites establecidos en la ley, es decir, las 30 semanas. Cuando la asegurada no lo cumpla, quien pagará será el patrón.
Sin embargo también son múltiples las denuncias de madres trabajadoras que no cumplieron con estas 30 semanas cotizadas y que la obligación del patrón tampoco se materializa, dejando sin protección económica a las mujeres y a sus hijos en un momento de su vida de amplios retos y de amplias responsabilidades para garantizar su salud, la de sus hijos y mantener un nivel de vida adecuado.
Aunado a lo anterior, la cifra de mujeres embarazadas en nuestro país se ha incrementado en los últimos años; también el número de mujeres que enfrentan un embarazo sin la ayuda de una pareja, ya sea por decisión propia o de manera circunstancial. Esto obliga a generar las medidas necesarias para asegurarles a las madres trabajadoras que sus ingresos no se van a ver mermados a causa de una licencia de maternidad.
Para finalizar, decirles que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y los instrumentos internacionales son reiterativos cuando obligan a los Estados a prestar especial atención a las mujeres embarazadas, a adoptar las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres y suprimir los obstáculos para su desarrollo pleno. Creo, ésta es una medida que puede contribuir para cumplir tales preceptos. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Rocha. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Claudia Anaya.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota (desde la curul): Presidente, para felicitar a mi compañera Yulma Rocha, por la presentación de esta iniciativa, y consultarle si estaría de acuerdo que podamos suscribirla algunos diputados.
La diputada Yulma Rocha Aguilar (desde la curul): Adelante.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Rocha manifiesta su aceptación. Además hoy no venía enojada, no me regañó.
La diputada Erika Lorena Arroyo Bello (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Erika Arroyo, por favor.
La diputada Erika Lorena Arroyo Bello (desde la curul): Muchas gracias, presidente. De igual manera, y a nombre de mis compañeros de la fracción priista de Guanajuato, pedirle a la diputada Rocha nos permita adherirnos a su iniciativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada ha manifestado su aceptación y la ha reiterado.
La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Erika Rodríguez, por favor.
La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández (desde la curul): Primeramente, felicitar a mi compañera Yulma, porque es un acto de justicia, donde a las mujeres las tenemos que visibilizar y defender todos sus derechos, y solicitarle si nos podemos adherir, por favor, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si la diputada reitera su aceptación, y entonces está aquí a disposición la iniciativa presentada para quienes quieran suscribirla aquí en la Secretaria de la Mesa Directiva.
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Bernardino, por favor.
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): De igual manera, felicitando a la diputada por su propuesta, creo que eso va ayudar mucho a todas las personas con este caso. Y preguntarle, de igual manera, bueno, ya no quería hacer uso de la palabra, porque ya dijo que podíamos suscribir lo que así lo considera. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Bernardino.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Salud.
La diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, esta iniciativa que voy a presentar, y para la cual solicitaré en su momento el apoyo de las y de los integrantes de la Comisión de Salud –y, en su caso, a todas las diputadas y a todos los diputados–, esta reforma la presentamos en función de entender que la salud es un derecho humano –ya este día se han presentado varias iniciativas, con las cuales por supuesto estaos de acuerdo–, y tener salud es parte de esos derechos, que de gozarla nos permite desarrollarnos en nuestra vida cotidiana.
Su ámbito de aplicación, más allá del bienestar físico o lo que se conoce como estar sano, es algo importante, pero también se refiere a contar con condiciones para vivir lo más saludablemente posible, como lo define la Organización Mundial de Salud. Esas características en materia de salud pública se traducen en la existencia de suficientes instituciones donde las personas puedan acudir a tener el acceso de estos bienes y servicios para generar estas condiciones saludables.
Los servicios de salud no deben negarse por la condición de edad, sexo, religión o apariencia, no debe limitarse tampoco por cuestiones económicas, deben proporcionarse con toda la información necesaria y contar con suficientes recursos humanos y naturales.
En el último informe de gobierno del presidente de la República se reportan diversos avances que buscan dar cumplimiento al derecho constitucional de protección a la salud y a los mexicanos. Sin embargo debemos reconocer la existencia aún de rezagos importantes, que se ven reflejados de manera principal en el acceso a los servicios de salud a grandes grupos de población de mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas y niños.
Las entidades federativas han realizado también esfuerzos importantes para coadyuvar en esta tarea nacional. Y de manera específica quiero referirme a lo que ha sucedido en la Ciudad de México, en el que se ha establecido un instrumento de programa denominado Médico en tu casa. Esto es una estrategia que busca garantizar el derecho a la salud y buscar una disminución en la morbilidad y la mortalidad entre la población vulnerable.
El Médico en tu Casa tiene como objetivo acercar los servicios de salud a través de las visitas que realiza un equipo de salud integrado por médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos y odontólogos, el cual identifica a las personas que por algún motivo no pueden trasladarse a las unidades médicas, como es el caso de personas adultas mayores, enfermas postradas o en situación terminal; personas con discapacidad o con alguna problemática que les impide salir de su casa.
Con esta estrategia se han visitado ya casi 2 millones de hogares en la Ciudad de México y se han otorgado consultas médicas a domicilio referenciando personas a los centros de salud y hospitales, según sea el caso, entregando medicamentos de manera gratuita, y lo más importante; previniendo las causas y enfermedades.
Aquí se ha hablado de la diabetes, se ha hablado de la obesidad y de algunas otras enfermedades o situaciones, como embarazos o embarazos adolescentes, y acercarse a las viviendas nos permite hacer no solamente la labor de atender las enfermedades, sino de prevenir, de orientar y de educar.
Con base en esa experiencia exitosa podemos reformar el artículo 25 de la Ley General de Salud para hacer el Médico en tu Casa en todo el país. De esta manera se establecerán obligación de la Federación y los gobiernos de las entidades federativas, de aplicar programas a través de los cuales se proporcionen los medicamentos de salud a domicilio a mujeres embarazadas, personas adultas mayores y enfermos postrados o en situación terminal; personas con discapacidad, niñas y niños y se pueden identificar de esta manera, enfermedades.
De esta manera los servicios de salud no se quedarán sólo en los hospitales y unidades médicas y centros de salud, sino que llegarán hasta los hogares o incluso a los centros de trabajo, a los espacios de recreación.
Para nosotros es muy importante decir que ésta ha sido una estrategia muy importante de la Ciudad de México, que ha recibido diversos reconocimientos y que nos permite que las personas no lleguen también a los centros hospitalarios ni a los centros de salud cuando son cosas que a veces tienen que ver solamente con la educación o con el manejo de las enfermedades.
Hablemos por ejemplo de las enfermedades crónico-degenerativas y digamos que en ese sentido solamente con información se pueden transformar los hábitos y se puede hacer un mejor manejo de estas enfermedades y se pueden identificar por parte de las personas algunos signos o síntomas que les permitan adelantarse a situaciones graves con este proyecto de El Médico en tu Casa. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Contreras. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 20, 21 y 90 del Código Penal Federal.
La diputada María Gloria Hernández Madrid: Buenas tardes. Con el permiso del diputado presidente, de mis compañeras y compañeros diputados. Saludo con respeto a los medios de comunicación.
La reforma constitucional del 18 de junio del año 2008, modificó trascendentalmente el contenido del artículo 22 constitucional respecto al criterio para la imposición de sanciones penales en nuestro país.
Con la inclusión del texto “Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado”, transitamos del derecho penal de autor al derecho penal de acto, por el que se busca determinar cuál es la pena justa que el autor debe soportar por su hecho, más que centrarse en buscar con la pena influencias en el propio autor o en terceros.
Ahora bien, para que la disposición aludida sea aplicable a cada caso concreto, es necesario que las normas u ordenamientos penales que fijen parámetros de punibilidad respecto de los hechos calificados por la ley como delito, así como aquellos que contengan circunstancias o figuras que incidan en la justipreciación de la pena individualizada para el sentenciado o condenado sean revisadas y, en su caso, armonizadas con el referido principio de proporcionalidad.
Una de las circunstancias que permiten a la autoridad determinar el quantum de la pena a imponer es la reincidencia, prevista y descrita en sus elementos por el artículo 20 del Código Federal y estrechamente vinculado con los relativos 21, 65, 85 y 90, entre otros del mismo cuerpo legal.
Con esta figura jurídica la autoridad jurisdiccional establece la individualización de la pena proporcional, en base a dos elementos fundamentales; el primero, por la consideración misma de la gravedad del hecho ilícito por el que se habrá de sentenciar condenatoriamente, y el segundo, que es atender a las disposiciones jurídicas establecidas por el legislador en la Ley Penal como mecanismo de política criminal, determinadas por el deber que el Estado tiene al ejecutar su función de tutela jurídica, de procurar el orden que queda perturbado por la actividad delictiva de quien tras haber violentado la ley, decide nuevamente infringir el orden jurídico normativo del Estado, momento a partir del cual se genera la conducta reincidente.
La reincidencia como figura de consideración jurisdiccional para determinar la pena proporcional, fue concebida para los delitos de conducta dolosa toda vez que el delincuente conoce con exactitud la antijuridicidad de su propio hacer y, por tanto, es mayor la reprobación que el hecho merece en relación a la conducta desplegada.
No obstante, el texto del artículo 20 del Código Penal Federal establece: “Hay reincidencia: siempre que el condenado por sentencia ejecutoria dictada por cualquier tribunal de la república o del extranjero, cometa un nuevo delito, si no ha transcurrido, desde el cumplimiento de la condena o desde el indulto de la misma, un término igual al de la prescripción de la pena, salvo las excepciones fijadas en la ley”.
Como puede apreciarse, la redacción de este artículo no distingue entre quien comete delitos dolosos y quien obra culposamente, y con ello rompe el principio constitucional de proporcionalidad de las penas al permitir que quien actuó con falta de precaución sea igualmente considerado de quien voluntariamente ha delinquido, sin que puedan justificarse como iguales para efectos de pena proporcional, toda vez que en el segundo caso el nivel de reproche sobre el injusto no se funda en el grado de culpa, sino en su gravedad, derivada de falta de previsibilidad del resultado dañoso.
Además de la problemática abordada, el citado artículo 20 es impreciso respecto al momento en que el sujeto activo debe ser considerado reincidente, pues si bien establece que debe de tratarse de una persona previamente condenada por sentencia ejecutoria, esta característica no subsiste para la segunda conducta, pues tan sólo establece que quien cometa un nuevo delito, dejando en consecuencia la discrecionalidad de la autoridad, considerar esa nueva comisión de delito desde el momento en que el sujeto es detenido en flagrancia, o bien, se ha dictado sentencia.
La importancia procesal de esta precisión se deriva en el contenido del artículo 85, fracción III, del Código Penal Federal, a partir del cual es posible negar la libertad preparatoria a quienes incurran en segunda reincidencia de delito doloso o sean considerados delincuentes habituales.
Es por ello, que la precisión legislativa del momento a partir del cual se debe considerar la reincidencia es necesaria, justificada y protectora de los derechos humanos y procesales de quienes pudieran vincularse con esa hipótesis jurídica.
Finalmente, las precisiones aludidas conllevan a la necesaria modificación del texto del artículo 21 del Código Penal Federal, relativo a la delincuencia habitual. En la que su contenido refiere el término infracciones, que en precisión legislativa debe adecuarse por el término delitos, que corresponde con la realidad jurídica respecto de los hechos que sancionan las leyes penales y se limitan expresiones como misma pasión o inclinación viciosa.
Por los razonamiento y argumentos vertidos, propongo reformar los artículos 20, 21 y 90 fracción primera del Código Penal Federal, para que la reincidencia se configure siempre que el condenado por delito doloso sea sentencia ejecutoriada dictada por cualquier tribunal de la república o del extranjero, y que sea condenado por nuevo delito doloso si no ha transcurrido desde el cumplimiento de la condena o desde el indulto de la misma un término igual al de la prescripción de la pena, salvo las acepciones fijadas en la ley. Y para que el delincuente habitual sea aquel reincidente que en el mismo género de delitos es condenado por un nuevo delito doloso, siempre que la sentencia que haya dictado no sea mayor de un periodo de 10 años. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
Saludamos la presencia de presidentes municipales de Mazamitla, Manzanilla de la Paz, Valle de Juárez y Tizapán el Alto del estado de Jalisco, invitados por la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario, señores presidentes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos con el capítulo de proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno. Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Acuerdo primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que intercedan ante la Asociación de Bancos de México, con el propósito de que se condonen o prorroguen los créditos contraídos con la banca privada por agricultores de los estados de Colima, Jalisco, Nayarit y Michoacán, afectados por el huracán Patricia.
Segundo. Se exhorta al Infonavit para que implemente un programa de prórroga para cubrir las cuotas patronales y del trabajador, a fin de colaborar en una pronta reconstrucción de las viviendas afectadas por el fenómeno hidrometeorológico Patricia.
Asimismo, se le solicita poner en marcha los programas de verificación de daños, con la finalidad de que el seguro de daños a la vivienda que aplica dicha institución cubra lo antes posible las necesidades de los derechohabientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre del 2015. Firman los coordinadores integrantes de la Junta de Coordinación Política.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la prevención, atención y erradicación del feminicidio.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno el siguiente acuerdo:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación desarrolle una base de datos sobre caso de feminicidio, tal y como lo recomienda el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que con base en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia diseñe y ejecute un programa integral para prevenir, atender y erradicar el feminicidio.
Tercero. Se solicita al Poder Judicial de la Federación y a los de las entidades federativas el otorgamiento irrestricto de las órdenes de protección, así como la aplicación efectiva de los protocolos de investigación con perspectiva de género.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2015. Y firman todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
La diputada Eloisa Chavarrías Barajas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Un momentito, es que me habían pedido la palabra primero por acá.
Aquí, sonido en la curul de la diputada Eloisa Chavarrías, por favor.
La diputada Eloisa Chavarrías Barajas (desde la curul): Gracias, presidente. Únicamente de manera personal dar mi agradecimiento por la sensibilidad que tuvo la Junta de Coordinación Política ante el asunto de los afectados del huracán Patricia, de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit. Sé que les va hacer mucho bien porque no hay qué vender, porque ustedes saben que quedaron las plantaciones en el piso. Muchas gracias, de manera muy personal a la Junta de Coordinación.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Chavarría.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Candelaria Ochoa, por favor.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidente, compañeras, compañeros diputados. Como proponente quiero agradecer de manera especial a la Junta de Coordinación Política, por haber sido sensible ante este punto.
Considero que las mujeres y los hombres tenemos una gran responsabilidad para atender, para prevenir y para erradicar el feminicidio. Hay estados que es lamentable cómo está presentándose este delito, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, el estado de México y mi propio estado, Jalisco.
Creo también además que es muy importante que hoy reconozcamos que gastamos millones de pesos supuestamente en prevenir, pero que hoy las mujeres siguen muriendo, siguen siendo asesinadas por sus hijos, por sus parejas y por familiares. Así que, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todas y a todos, y creo que tenemos una gran tarea por delante.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ochoa. Consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse el Acuerdo.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica se pregunta si se aprueba el Acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Oficios de los diputados Alex Le Barón González y Juan Antonio Meléndez Ortega, por los que comunican que han dejado de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Comuníquense.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Oficio del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que comunica la integración a este Grupo Parlamentario de los diputados Alex Le Barón González y Juan Antonio Meléndez Ortega.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Comuníquense.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El diputado Efraín Arellano Núñez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Efraín Arellano, por favor.
El diputado Efraín Arellano Núñez (desde la curul): Sí, presidente, gracias. Nada más para darle las gracias a nombre del estado de Nayarit por la aprobación que acaba de haber de los recursos, de los cuales estaremos muy al pendiente que realmente lleguen a los afectados por el fenómeno. Gracias a todos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (14:21 horas): Gracias, diputado. Las adhesiones a iniciativas que se soliciten a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados desde hoy y hasta la siguiente sesión ordinaria, serán aceptadas.
Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 12 de noviembre de 2015 a las 11 horas. Una larga sesión. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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