Comunicaciones
Iniciativas
Eduardo Francisco Zenteno Núñez, PVEM
Modesta Fuentes Alonso, Morena
María Victoria Mercado Sánchez, PMC
María Eugenia Ocampo Bedolla, PNA
José Alfredo Ferreiro Velazco, PES
Nora Liliana Oropeza Olguín, PRI
Alfredo Javier Rodríguez Dávila, PAN
Patricia Elena Aceves Pastrana, Morena
José Bernardo Quezada Salas, PNA
Juan Manuel Cavazos Balderas, PRI
Martha Cristina Jiménez Márquez, PAN
Germán Ernesto Ralis Cumplido, PMC
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política
Proposiciones con punto de acuerdo
Efemérides
Con motivo del 12 de octubre, Encuentro de dos mundos, Dora Elena Real Salinas, PRI
Con motivo de la fundación de la Universidad de Guadalajara, María Candelaria Ochoa Avalos, PMC
Acuerdo de la Junta, en relación con cambios de juntas directivas e integrantes de comisiones
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 318 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (11:23 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa su lectura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe la Secretaría con el orden del día.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Oficio de la Secretaría de Educación Pública, por el que comunica que la información relativa a lo que dispone el artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se encuentra disponible desde el 30 de septiembre en el portal electrónico de la Secretaría.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se recibió de la Secretaría de Gobernación contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para llevar a cabo una campaña de prevención, orientación e información a las y los mexicanos contra la conducta atípica denominada grooming.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Derechos de la Niñez para su conocimiento.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se recibió oficio del Instituto Nacional de Migración, con el que remite el informe trimestral de avances financieros correspondientes a los programas de protección a migrantes, así como el acumulado al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2015.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se recibieron de la Cámara de Senadores, cinco proposiciones con puntos de acuerdo que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, por las que solicita la a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, considere y destine recursos para varios rubros.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibió de la Cámara de Senadores, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a considerar en el proceso de análisis, discusión y aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación, que la medida de deducción inmediata sea extensiva a todas las empresas de otros sectores de la economía nacional y no sólo al energético y al de infraestructura del transporte, presentada por el senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibió de la Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 36 de la ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se asignan los espacios y las curules que deberán ocupar las y los diputados en el salón de sesiones, durante la Sexagésima Tercera Legislatura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pasamos ahora al punto del orden del día, que es el de iniciativas. En consecuencia tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación.
El diputado Yerico Abramo Masso: Buenos días, buenas tardes, compañeras y compañeros, diputadas y diputados. Con su permiso, diputado presidente. Como muchos de ustedes, que hemos tenido el privilegio de servir a nuestras entidades y espacios locales en diversos ámbitos del servicio público y en particular a través de las campañas que hoy nos tienen en esta máxima tribuna de la nación, he tenido oportunidad de identificar de viva voz de nuestros representados las demandas y propuestas de acciones en el ámbito legislativo.
Precisamente hoy me permito presentar una propuesta de solución a una reiterada demanda de nuestra sociedad, que tiene que ver con la educación de nuestra niñez, juventud y para disminuir la deserción escolar, que de acuerdo con la información de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, en estudiantes de entre 15 y 19 años llega a ser de hasta un 50 por ciento.
Cabe destacar que esta deserción se registra a pesar de los enormes esfuerzos y recursos presupuestales que el Ejecutivo federal realiza y destina al sistema educativo nacional.
Solo por mencionar algunos datos del Tercer Informe de labores del Ejecutivo federal en el periodo 2014-2015, la inscripción en su modalidad escolarizada alcanzó 36.1 millones de estudiantes atendidos conjuntamente por el sector público y privado de la educación.
En el mismo sentido, se informó que a fin de contribuir a la disminución del abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro, en 2014 se brindó el servicio de alimentación a 12 mil 248 escuelas de tiempo completo, lo que benefició a 1.5 millones de alumnos.
De igual forma, se señala que en los últimos tres años del gobierno de la República ha favorecido a los alumnos del todo el sistema educativo nacional con apoyos técnicos y financieros diversificados, los cuales han puesto especial atención en aquellos sectores de la población que presentan mayores rezagos y habitan en zonas de alta marginación.
Asimismo durante el periodo 2014-2015 se indica que tres de cada 10 estudiantes de escuelas públicas del país contaron con una beca para cursar sus estudios, que representa el 30.4 por ciento. El esfuerzo implicó otorgar en total 7.8 millones de becas a alumnos de educación básica, media superior y superior.
El Programa Nacional de Becas permitió ordenar el ejercicio de los recursos destinados a becas dentro del sector educativo, con la finalidad de garantizar el acceso, permanencia y egreso de la población estudiantil.
Para 2015, el presupuesto asignado a este programa fue de 13 mil 699.1 millones de pesos. Lamentablemente, amigas y amigos, y a pesar de los enormes esfuerzos que se han realizado para cumplir con la obligación del Estado mexicano de suministrar educación de calidad en condiciones de equidad, las propias circunstancias de dispersión de la población y las diversas condiciones que privan en distintas regiones y entidades de la república, han imposibilitado la consecución del 100 por ciento de este objetivo, registrándose en algunos casos altos niveles de deserción escolar.
Uno de los principales factores que contribuyen a la deserción escolar lo constituye la falta de recursos económicos de un amplio sector de estudiantes que se ubican en las zonas rurales y en algunos casos también en zonas urbanas. En contraparte, diversos estudios han demostrado que por cada año de escolaridad promedio se incrementa un 9 por ciento la expectativa de ingresos de las personas.
Por eso vengo a esta tribuna, compañeras y compañeros, legisladoras y legisladores, para solicitar su respaldo, para acompañar a esta iniciativa que propone la adición de una fracción VIII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación, para que en la medida de las posibilidades presupuestarias, las autoridades educativas implementen un Programa Nacional de Becas para los estudiantes de escasos recursos económicos que cursen la educación básica y media superior en instituciones públicas, cuyo otorgamiento no se sujete solamente a la obtención de altos promedios escolares.
Es cuanto, compañero diputado presidente. Y espero el apoyo de todas mis compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Abramo. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El diputado Jorge López Martín: Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy, sin duda, revisaremos trascedentes iniciativas que tienen el ánimo de generar un mejor entorno, con una gran importancia, sin duda, por atenderse.
Sin embargo, esta iniciativa que vengo a presentarles no solamente viene a mejorar el entorno, esta iniciativa pretende erradicar la angustia que viven los ciudadanos todos los días ante la necesidad de alimentarse para subsistir en la vida diaria.
Tirano es aquel que gobierna sin limitaciones legales y de manera arbitraria. Pero nosotros nacimos en un país democrático y estamos comprometidos para combatir un México de carencias y de dificultades.
Aquí veo, legisladoras y legisladores, que están puestos para construir las soluciones que nuestra población necesita. Y una de esas soluciones es garantizar el derecho humano de una alimentación nutritiva y suficiente, consagrada en el artículo 4 de nuestra Carta Magna.
Pero este derecho le ha sido arrebatado al pueblo mexicano ante el egoísmo por lucrar con el hambre, incurriendo en un auténtico despropósito del gobierno, que ahora pretende cobrar impuestos aun y antes de que la población inicie su primera actividad productiva que le permita siquiera generar el recurso para su sustento.
En este mismo recinto, el 18 de octubre de 2013, se aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reformaba la Ley del Impuesto al Valor Agregado, donde se propuso extender la tasa de cero por ciento a todos los alimentos.
Este cero por ciento se propuso con el objeto de que se tuviera la posibilidad de acreditar el impuesto que fuera trasladado por todos los insumos y servicios que intervinieran en su elaboración y comercialización.
Pero 20 meses más tarde, el 2 de julio pasado, el titular del servicio de administración tributaria decidió y determinó, a través de una arbitraria modificación a la miscelánea fiscal de 2015, y mediante la regla de carácter general número 4.3.6, que los alimentos preparados por tiendas de autoservicio, súper, mini súper o tiendas de conveniencia tendrían que tasar en un incremento súbito del 16 por ciento.
Esta regla viola el principio de legalidad tributaria. Se aparta de los límites establecidos en la ley, pues todo elemento del tributo debe estar plasmado por el legislador. La autoridad está impedida para decir qué sujetos o qué actos o actividades quedan gravados.
Es un hecho palpable que incrementar el gravamen del 16 por ciento a la lista de alimentos preparados dictada por una gente sin derecho afecta directamente a los contribuyentes y de modo especial se daña de manera irreparable el poder adquisitivo de las clases menos favorecidas que realizan por su necesidad laboral su ingesta diaria en este tipo de establecimientos.
Esta disposición, compañeras y compañeros, afecta a los trabajadores que se deben de trasladar durante horas a sus lugares de empleo, afecta al estudiante que sale con prisa a su escuela y su primera alternativa es consumir un refrigerio en el minisúper, afecta también al comerciante que para evitar cerrar su negocio por un par de horas, decide comprar alimentos en autoservicios para comer al medio día.
Es por ello que vengo a expresar ante esta soberanía, que la voracidad de lucrar con el hambre del pueblo mexicano debe quedar erradicada por esta Cámara de las diputadas y diputados que queremos un México justo, que le reconozca los derechos elementales a los ciudadanos.
Es momento de que dejemos atrás y de una vez por todas, esta crisis de ausencia de derechos humanos señalada incluso desde la propia Organización de las Naciones Unidas.
Ante ello, hoy vengo a proponer la reforma al artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a efecto de eliminar el impuesto del 16 por ciento que el Servicio de Administración Tributario ha decretado en daño directo a las clases estudiantil y trabajadora, que representan hoy el auténtico vigor del México productivo y dinámico que merece el respeto a su dignidad que este gobierno pretende ignorar.
Que esta iniciativa, señoras y señores diputados, represente el mensaje claro de la lealtad representativa que este Congreso le obliga a nuestros electores y a la sociedad entera de este México agraviado. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado López. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Santiago López: Buenos días, con su permiso, presidente. El principio de interés superior del niño debe ser analizado desde una perspectiva histórica que inicia en Gran Bretaña, pasando por Francia y hasta llegar a los sistemas jurídicos de América Latina.
Al principio los niños eran un sector poblacional prácticamente ignorado por el derecho y solo se protegían las facultades generalmente muy disfuncionales de los padres, lo que propiciaba que el interés del niño fuera un asunto privado y en consecuencia quedaba fuera de la regulación de los asuntos públicos.
Conforme creció la preocupación por los niños y sus respectivos intereses, se empezó a reconocer que ellos podían tener intereses jurídicamente protegidos diversos a los de sus padres.
Es ampliamente conocido que el interés superior del niño se encuentra consagrado implícitamente en toda la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que es expresión de un consenso garantista para ese sector poblacional a nivel mundial.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el noveno párrafo de su artículo 4o. señala que en todas las decisiones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez garantizando de manera plena sus derechos.
En el derecho internacional de derechos humanos, el Estado mexicano está obligado a velar en todo momento por el interés superior del niño. Así lo mandata la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los estatutos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño, de los cuales nuestro país es parte.
Desafortunadamente siguen imperando visiones con estigmas positivistas de los tribunales en nuestro país que no solo impiden hacer efectivos los derechos humanos, sino asegurar la integridad física y sicológica del menor durante un proceso de guarda y custodia, aun y cuando exista un riesgo fundado de que el niño corre peligro o puede ser objeto de un delito.
Por lo mismo, el objeto de esta iniciativa es reformar el noveno párrafo del artículo 4o. del Texto Jurídico Fundamental de nuestro país para establecer que los jueces estarán obligados a salvaguardar la integridad física y sicológica del niño desde el momento en que se tenga conocimiento de una controversia de guarda y custodia, o de que haya riesgo fundado de que corre peligro.
Diputadas y diputados, es urgente hacer efectivo el mandato constitucional de que en las decisiones y actuaciones del Estado se vele por el principio del interés superior de la niñez, garantizándole de manera plena sus derechos.
Como se ha dicho, el reconocimiento y la tutela garantista del orden jurídico del niño ha sido un proceso gradual, pero hoy es necesario establecer con claridad las facultades del Estado para intervenir en los asuntos de ese sector poblacional; cuestión que se debe hacer con especial atención en el ámbito de la procuración e impartición de la justicia.
Termino diciendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad debe crecer en el seno familiar, pero también debe desarrollarse en un ambiente de felicidad, amor, comprensión, paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, para lo cual el Estado tiene la obligación de garantizar plenamente los mecanismos institucionales que permitan que eso sea una realidad. Es cuanto, presidente; muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Santiago. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Protección Civil, suscrita, además, por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, ambos del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
El diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez: Con la venia de la presidencia. La naturaleza concentra una gran cantidad de energía que puede convertirse en una potente fuerza destructiva, por lo cual es pertinente reflexionar sobre el hecho que estamos expuestos a los efectos negativos que se desprenden de los fenómenos físicos o meteorológicos.
Si bien es cierto que existen eventos como las sequías, terremotos, maremotos, tornados, ciclones, huracanes y erupciones volcánicas que no pueden ser evitados, sí es posible crear instrumentos preventivos para enfrentarlos e impedir que se conviertan en catástrofes.
La educación y la cultura en materia de protección civil, permite a la sociedad contar con una mejor preparación para responder frente a los desastres naturales. Para cumplir con la meta de aumentar la capacidad de las comunidades para afrontar las afectaciones y riesgos derivados de las catástrofes naturales, es recomendable invertir en la creación de sistemas de alerta temprana que combinan la transmisión rápida de datos con la capacitación de los grupos de pobladores vulnerables de siniestros, la preparación de planes previsores de ocupación de suelos que eviten el establecimiento de asentamientos humanos en zonas de riesgos, y la adopción de modelos de construcción apropiados. El gran reto es elevar la reducción de riesgos de desastres a una prioridad nacional.
Para ello resulta indispensable entender que a través de la prevención y los esfuerzos encaminados a avanzar en la creación de sociedades resilientes a los desastres, se puede contribuir a ahorrar dinero. Pero lo más importante es que éstos resultan fundamentales para salvar vidas humanas.
En este sentido quiero resaltar que Chiapas se ha destacado como pionero en este tema, pues el año pasado el gobernador Manuel Velasco recibió a nombre del Consejo Estatal de Protección Civil, el Premio Nacional de Protección en el Campo de la Prevención, por su labor ejemplar en la realización de acciones de autoprotección y autopreparación frente a los desastres naturales, destacando la creación de más de mil 400 comités de prevención y participación ciudadana en toda la entidad.
Lamentablemente en nuestro país los presupuestos públicos reflejan una diferencia abismal entre la cantidad de recursos que se invierten en la prevención de desastres, y aquellos que se destinan a la reparación de los daños causados por los mismos.
El Fondo de Desastres Naturales, Fonden, que es un instrumento financiero para apoyar a las entidades federativas en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, recibe cada año un presupuesto mucho mayor al que se le asigna al Fondo de la Prevención de Desastres Naturales, Fopreden, cuyo objeto es otorgar apoyos destinados a la realización de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos naturales sobre la vida y los bienes de la población, servicios públicos y el medio ambiente.
Un análisis de los presupuestos de egresos de la Federación en el último lustro, muestra que en ese periodo nuestro país ha gastado más de 33 mil millones de pesos en la recuperación de los efectos producidos por la ocurrencia de desastres naturales; en contraste, el Fondo para financiar la realización de acciones y mecanismos tendientes a reducir los desastres que ha recibido un presupuesto apenas de mil 635 millones de pesos.
Lo anterior indica que en cinco años el monto de los recursos del Fopreden en relación al presupuesto del Fonden, ha sido equivalente apenas al 4.94 por ciento del promedio anual.
Se hace necesario entonces adoptar un enfoque preventivo más que reactivo en lo que respecta a la manera del cual nuestro país enfrenta los desastres naturales y equilibrar en alguna medida los recursos que se invierten en la prevención y aquellos que se destinan a la reparación de daños.
Un ejemplo claro de la importancia que tiene la educación y la cultura en materia de prevención y protección civil de una sociedad son los casos de Haití y de Chile, donde en el 2010 ocurrieron dos terremotos de magnitud similar pero con diferencias considerables en cuanto a las consecuencias de los eventos catastróficos.
El terremoto de Haití tuvo como resultado 316 mil muertos, 350 mil heridos y 1 millón y medio de damnificados. En contraste, el sismo chileno, que fue 31 veces más fuerte y liberó casi 178 veces más energía que el terremoto ocurrido en Haití un mes antes, dejó 525 fallecimientos y 25 desaparecidos.
La abismal diferencia entre un evento y el otro radica sin duda alguna en la capacidad de reacción de la gente y las autoridades para responder ante las eventualidades de la naturaleza, lo cual requiere de años de preparación, así como de un compromiso firme y decidido por parte del sector público de destinar recursos suficientes para la prevención.
En este sentido, la iniciativa que hoy estamos presentando ante esta honorable asamblea en el marco del Día Internacional para la Reducción de Desastres pretende que los recursos presupuestarios destinados a la prevención de desastres naturales sean equivalentes cuando menos 10 por ciento a los destinados a la reparación de los daños causados por estos, porque más vale prevenir que lamentar. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Zenteno. Túrnese a la Comisión de Protección Civil, para su dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa...
El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, antes. Perdón, diputada, perdón. Me está pidiendo la palabra el diputado Joaquín Díaz Mena. Sonido en su curul, por favor.
El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena (desde la curul): Gracias, presidente. Para felicitar al diputado Eduardo Zenteno. Y, porque soy de un estado donde hemos sufrido desastres naturales, estamos convencidos de que la prevención salva muchas vidas, quisiera adherirme a su iniciativa si él lo permite.
El diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez (desde la curul): Sí, por supuesto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, manifiesta que está de acuerdo con la adhesión y quedará entonces como lo hemos estilado en ocasiones anteriores, a disposición de quienes quieran adherirse aquí en la Mesa Directiva, en la Secretaría.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada, tiene por cinco minutos usted, diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52 y 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se informa a la asamblea que la traducción de esta intervención que hará la diputada Fuentes en zapoteco, está ya disponible en los monitores instalados en sus curules y se está también en proceso de impresión para su distribución a cada uno de ustedes en sus respectivas curules.
La diputada Modesta Fuentes Alonso: (Habla en zapoteco). [Traducción: Señor presidente, señoras y señores diputados, hablo en favor de una propuesta indígena. Morena se comprometió a hablar en nombre de los que no tienen voz, de los que no aparecen en los actos políticos, de los que solo cuentan para las frías estadísticas, de los indígenas mexicanos que para la alta burocracia son solo una cifra, un porcentaje, una referencia lejana.
Hablo por ellos, por los indígenas, por la etnias originarias, por los pueblos que son dueños de estas tierras y que para el sistema neo-liberal que nos están imponiendo, aparecen tan solo como un estorbo, como un obstáculo, como una referencia quisieran borrar para siempre.
Pero no lo permitiremos, aquí estamos, somos muchos y ya tenemos voz en la boca de los diputados de Morena.
El artículo 3o. constitucional dice que la democracia es más que una estructura jurídica o un sistema político, un sistema de vida para el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
Pues óigalo muy bien, diputados ese precepto y el 2 Constitucional que reconoce que somos una nación pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas nos dan la razón en la propuesta que hacemos para establecer la sexta circunscripción electoral para asegurar una representación de los pueblos originarios.
Para que haya democracia como sistema de vida que asegure el mejoramiento de nuestros pueblos, para que se haga efectiva la solemne declaración constitucional de que somos una nación pluricultural, debemos aprobar la propuesta que presentamos.
Para que el mixe, el zapoteca, el chontal, el purépecha, el maya, el náhuatl, el otomí, el mixteco, el tzotzil, el totonaco, el mazateco, el chol, el huasteco, el mazahua, el huichol, el popoluca, el cora, el lacandón, el taramahura, el tepehua, el huave, el triqui, el seri, el teko, el chinanteco, el pápago, el tarasco, el tojolabal, el jakalteko, el cuicateco, el mexicano, por enunciar algunas, sean también voces que participen en los debates nacionales, que enriquezcan la representación de nuestro poder legislativo, votemos por el cambio, la equidad, por patriotismo, por justicia.
El 12 de octubre no debemos celebrar la raza, esa es una ficción somos un mosaico de pueblos, somos una gran cultura nacional compuesta por muchos, innumerables culturas locales. El 12 de octubre debería ser el día de la Nación plural, incluyente, justiciera, en la que todos los mexicanos conformemos la patria, en la que todos quepamos y tengamos voz. Eso es lo que exigimos. Muchas gracias.]
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Fuentes. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.
La diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez: Con su venia, señor presidente. Buen día, señoras y señores legisladores, soy diputada del distrito 01 de Cuquío, Jalisco. La encomienda primordial del Estado mexicano, de conformidad con los artículos 1o. y 4o. constitucionales, es salvaguardar ante todo la salud y el bienestar de sus gobernados, defender su vida y dignidad humana, entendida esta como el valor inviolable e intangible de la persona que posee libertad y es capaz de crear cosas, pero sobre todo existir plenamente.
Por ello, que debemos proteger, dar seguridad y evitar que existan amenazas que atenten contra este Estado consagrado. La misión de la Secretaría de Salud es establecer las políticas de Estado, donde la población ejerza su derecho a la protección de la salud, y tiene como visión promover un sistema nacional de salud universal, equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, con particular enfoque a los grupos de población que viven en condiciones de vulnerabilidad, a través de promoción y prevención de enfermedades, así como prestación de servicios articulados basados en la atención primaria.
La generación y gestión de recursos adecuados, con evaluación e investigación científica, fomentando la participación social con corresponsabilidad. Asimismo, depende del Ejecutivo federal la salubridad nacional. Esta encomienda se encuentra en el artículo 73 de nuestra Constitución.
Es por ello, que en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano consideramos urgente la toma de decisiones para mitigar los efectos provocados por el calentamiento global, por lo que sometemos a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Cambio Climático.
Con esta iniciativa se propone dar el primer paso para brindar seguridad a los habitantes de nuestra nación, contra los efectos que produce el calentamiento climático y las enfermedades derivadas del mismo.
Es importante mencionar, que en una de las principales consecuencias del cambio climático es el aumento de la temperatura promedio en el planeta, lo cual se ha incrementado alrededor de 0.75 grados Celsius a lo largo del siglo XX, y las proyecciones de aumento para el siglo XXI oscilan entre los 2 y 4 grados centígrados.
La actividad humana ha acelerado este proceso, nuestro país ha sido responsable, tomando algunas acciones para mitigar los efectos de este fenómeno. Sin embargo, debemos entender que las consecuencias del cambio climático van más allá del daño a la tierra y al ecosistema, ya que impactan directamente a nuestra salud.
La Organización Mundial de la Salud considera que el cambio climático constituye una importante amenaza, por lo que se debe prever la protección de las poblaciones más vulnerables, ya que son estas las principales afectadas por la distribución de enfermedades potenciales mortales, transmitidas por vectores, tales como el paludismo, dengue, chikungunya y otros arbovirus.
En las dos últimas décadas, las enfermedades transmitidas por vectores han resurgido o se han extendido a nuevas partes del mundo.
Asimismo, los cambio en el medio ambiente, el marcado aumento de viajes, el comercio internacional, los cambios en las prácticas agrícolas y las ciudades desordenadas están provocando un crecimiento en la propagación de vectores, acentuando la vulnerabilidad de nuestro grupo de personas, especialmente turistas y viajeros de negocios.
El dengue, transmitido por mosquitos, está presente en la actualidad en más de 100 países, lo que pone en una situación de riesgo a más de 2 mil 500 millones de personas. Es decir, más del 40 por ciento de la población mundial.
En México representa un problema importante para la salud pública, a la vez que se presentan más de 43 casos por cada 100 mil habitantes.
En lo que va de este año, la mayor parte de los casos reportados se concentran en Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Veracruz entre otros. Sin importar que las zonas afectadas se encuentren por encima de los mil 500 metros sobre el nivel del mar.
Esta reforma de la Ley General de Cambio Climático tiene como prioridad otorgar mayor alcance a la estrategia nacional del tema de prevención de enfermedades relacionadas con este problema.
Por lo que se somete a consideración la instrumentación del Atlas del clima y la salud nacional, el cual permitirá prever los problemas de salud más apremiantes en corto, mediano y largo plazo.
El Atlas del clima y la salud nacional propuesto, ofrece modelos prácticos de los posibles usos de la información meteorológica y climatológica para proteger la salud pública y evitar posibles brotes de enfermedades que no tenían contempladas en nuestra nación.
Cabe mencionar que solo contamos con un Atlas de riesgo que contiene información sobre asentamientos humanos, el cual solo es benéfico en materia de protección civil, pero no cuenta con un instrumento de prevención de posibles enfermedades o riesgos epidemiológicos que se vinculen en el clima y la salud.
Señoras y señores legisladores, ése es un tema de vital importancia. Por ello, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone reformar y adicionar la Ley General del Cambio Climático. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Mercado. Túrnese a la Comisión de Cambio Climático para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 211-Bis 8 al Código Penal Federal.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con el permiso de la Presidencia. Buenos días, compañeras y compañeros legisladores. ¿Saben ustedes cuántas selfie publican sus hijos e hijas en las redes sociales? Una pregunta interesante para todos.
La iniciativa que pongo a consideración de esta asamblea para adicionar un artículo al 211-Bis 8 al Código Penal, con la finalidad de tipificar como delito la acción de publicar imágenes o videos, respecto de menores de edad inimputables cuando esto atente contra su dignidad.
Nuestra Constitución Política establece claramente en su artículo 4o., párrafo noveno, que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
El objetivo primordial de mi propuesta congruente con dicho principio es velar por ese interés superior, mencionando que en la Constitución están protegidos las niñas y los niños, de quienes aprovechan personas en las redes sociales con fines delincuenciales.
El interés superior de la niñez se puede entender como el conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible.
Ese objetivo está incorporado en nuestra agenda legislativa, en la cual nos comprometimos a vigilar para que efectivamente se apliquen sanciones correspondientes a quienes atenten contra la dignidad de los derechos de la niñez mexicana.
En este sentido y dada la trascendencia que ha cobrado la tecnología en nuestras vidas, es importante que establezcamos reglas que contribuyan a fortalecer la protección de nuestras niñas y niños. Según la división científica de la policía federal, se estima que el número de incidentes de seguridad cibernética aumentó el 113 por ciento entre 2012 y 2013. En 2014 la cifra incrementó un 300 por ciento.
En este sentido, para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, es imprescindible que contemos con las disposiciones jurídicas que permitan a la autoridad actuar de forma inmediata contra estos ilícitos. En la agenda legislativa de Nueva Alianza, señalamos que es primordial ampliar los alcances de la reforma educativa, reforzando los aspectos pedagógicos e involucrando las nuevas tecnologías.
En el aspecto de incorporar las tecnologías de la comunicación se presentan avances en el país y en el uso de las redes sociales. Ha tenido un incremento sustancial que se verá magnificado por la reforma en materia de telecomunicaciones. Todo el tiempo permanecemos conectados, ya sea en nuestros teléfonos o tabletas o, bien, en nuestras computadoras de casa o en el trabajo.
Según el estudio sobre hábitos de los usuarios de internet en México en 2015, publicado por la Asociación Mexicana de Internet, se calcula que este año existen 54 millones de usuarios de internet con un promedio de seis horas de uso diario. Asimismo se muestra que el 85 por ciento de quienes utilizan internet no hacen por las redes sociales y que el 85 por ciento del uso lo realizan en el hogar.
La magnitud del uso de redes sociales en el país queda de manifiesto cuando vemos las cifras que al respecto ha publicado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De 2001 a 2014, el número de personas de seis años o más que usaban internet pasó del 7.1 a 47.4 millones de personas. De acuerdo con estas cifras la mayor parte de los usuarios son niñas, niños y jóvenes. El 80 por ciento de las y los adolescentes entre 12 y 17 años se declaran usuarios de internet en el 2014. Entre los niños de seis a 11 años del acceso, es también significativo con un porcentaje del 42. por ciento con la expectativa de un rápido incremento.
Lamentablemente existen personas que se aprovechan de los avances de la tecnología para servirse de sus propios intereses; intereses perversos y deleznables como la pornografía infantil, la trata de personas o secuestro.
Sin duda la tecnología es una herramienta poderosa, pero para estar seguros de que se use de forma responsable es imperativo que se incorporen nuevas reglas que impidan que nuestras niñas y niños se vean amenazados por personas sin escrúpulos. Aprovechan la información que se comparte en redes sociales.
Es nuestra obligación dotar a las instituciones de las facultades para perseguir este tipo de delitos. Nueva Alianza quiere contribuir con esta iniciativa para proteger a nuestras niñas, niños y jóvenes de México. Somos la bancada de la igualdad, por ello queremos preservar la igualdad que hemos conseguido mediante la tecnología para que esta no se utilice con fines perniciosos.
Hagamos lo necesario para salvaguardar la seguridad de nuestras hijas y nuestros hijos. Esperamos contar con su valioso apoyo, compañeras y compañeros, para este propósito. Es cuanto, presidente; gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ocampo. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
Damos la bienvenida a amigas y amigos del Tec de Monterrey, de la licenciatura en relaciones internacionales, Tec de Monterrey Campus Estado de México, invitados por la diputada Lorena Corona Valdés; e igualmente a ciudadanos del estado de Morelos, invitados por la diputada Margarita Alemán Olvera. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes a la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995.
El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco: Con su permiso, señor presidente. Buenos días, diputadas y diputados. El día viernes pasado, estando en una colonia de Mexicali, encontrándome con un grupo de adultos mayores hablando de la problemática social que enfrentan ellos, y recordando durante algunos años los planteamientos que ellos han tenido, las diferentes legislaturas tanto estatales como federales, me encontré con una señora que representa ese sentimiento del adulto mayor hacia nuestro país, ese sentimiento que en ocasiones suena a abandono, suena a estar un poco confusa de lo que está pasando en nuestro país.
Abdulia es una persona que trabajó toda su vida, que trabajó en el Seguro Social, cotizó; que teniendo 52 años de edad fue dada de baja de una empresa maquiladora, y que por ello no tenía derecho a pensión porque las reglas del Seguro Social dicen que esta persona tiene que tener 65 años, 500 semanas cotizadas, y aparte estar en sus derechos laborales.
Abdulia se presentó cuando cumplió los 65 años, a reclamar esa pensión, porque fue lo que le dijeron “cuando cumplas 65 años, preséntese en el Seguro Social, en el área de Pensiones para hacer su trámite”.
Ella llega a las oficinas y le dicen a Abdulia: tienes que estar vigente en tus derechos. Y la señora pregunta: ¿cómo vigente en mis derechos? Tienes que estar laborando, tienes que estar trabajando. Y ella les contesta: yo ya trabajé, ya coticé mis 500 semanas, ya tengo 65 años. Y la trabajadora le dice: es que la ley dice que tiene que estar vigente en sus derechos, tiene que estar trabajando.
Entonces Abdulia, y como muchos mexicanos, van a buscar, a tocar puertas a las empresas privadas a pedir trabajo, y se encuentra con una realidad que estamos viviendo en México. Le preguntan: ¿qué edad tiene señora? Pues 65 años. Pues no tiene derecho a trabajar, ya es una mayor de edad. Si ya de 40 años en adelante batallamos para conseguir empleo.
Nosotros al ponernos a revisar esta problemática de Abdulia y de muchas personas de adultos mayores del país, damos cuenta que la Ley de 1935 marca, aparte de los requisitos que tiene que cumplir un trabajador, de haber cumplido las 500 semanas, tener 65 años de edad y todo lo que se le pide al trabajador, tiene que estar vigente en sus derechos, y vigente en sus derechos significa que tiene estar laborando.
Esta reforma que se presenta en la Ley del Seguro Social, lo que pretende es darle el derecho que tiene el adulto mayor, que trabajó toda su vida, que trabajó las 500 semanas que le exige la ley, que tiene 65 años de edad y que aspira ella a tener una pensión, si no digna, pero sí una pensión cuando menos para poder comer.
Entonces, Abdulia me dijo: ayúdennos, por favor, a que todos los adultos mayores que trabajamos desde 1975, que son los que se están pensionando ahorita, tengamos derecho a eso. Ayúdennos a tocar esa puerta, a hablar con la gente más sensible de México para que modifique esa ley y que los adultos mayores que laboramos y cumplimos al pueblo de México trabajando, tengamos derecho a eso.
El Partido Encuentro Social viene a promover una reforma de decreto que es sencilla y fácil. Es una reforma que le va a dar derecho a esos adultos mayores –como les dije– que trabajaron, que aportaron al Fondo de Pensiones, que tienen los 65 años y aspiran a tener esa pensión que le corresponde.
Entonces la modificación que se propone sería, la siguiente iniciativa de proyecto de decreto
Artículo único. Se agrega un segundo párrafo al artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995 en los siguientes términos:
Los asegurados que opten por acogerse al régimen de ley que se deroga, tratándose de la pensión de vejez, tendrán derecho al otorgamiento de la pensión respectiva cuando hayan cumplido los requisitos de edad y del número de semanas cotizadas establecidos en dicha ley, aun cuando a la fecha de la solicitud de pensión se hubiese excedido el periodo de conservación de derechos señalados en el artículo 182 y sin que sea necesario cubrir los requisitos previos en el artículo 183 de la ley que se deroga. El pago a las pensiones otorgadas en los términos de este párrafo se regirá conforme al artículo duodécimo transitorio de esta ley.
Por eso hago un llamado a los diputados y a las diputadas, a los coordinadores de las bancadas, que este gran tema, este gran compromiso que tenemos con el adultos mayor de México, con todos aquellos por el cual tenemos el mandato de poder ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los adultos mayores, a los indígenas, que con una simple reforma podemos dar aliento y satisfacción a un gran número de estas personas. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ferreiro. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para su dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.
El diputado Rafael Yerena Zambrano (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, perdón, diputada, antes. Sonido en la curul del diputado Yerena Zambrano.
El diputado Rafael Yerena Zambrano (desde la curul): Solamente para pedirle al diputado que hizo uso de la voz si me permite adherirme a su ponencia.
El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (desde la curul): Sí, por supuesto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Da su aquiescencia para que así sea y está a disposición entonces de quienes quieran suscribirla.
El diputado Cándido Ochoa Rojas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado. Sonido en la curul del diputado Cándido Ochoa.
El diputado Cándido Ochoa Rojas (desde la curul): Sí. Gracias, señor presidente. Con el mismo fin, toda vez que existen muchas leyes que conservan trampas legales, que lejos de beneficiar a los ciudadanos los afecta, como el caso que acaban de exponer. Gracias.
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Bernardino.
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): De igual manera, creo que los candados que existen en las normas deben de abrirse con las llaves de los legisladores, entonces pedirle que si tiene a bien darnos la oportunidad de adherirnos a la iniciativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya ha manifestado su aceptación para que así pueda ser y está entonces a disposición de quienes quieran suscribirla, aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva. Sonido en la curul de la diputada Delia Guerrero.
La diputada Delia Guerrero Coronado (desde la curul): Únicamente para solicitarle al diputado adherirme a esta iniciativa, la cual es muy interesante y felicitarlo por ella. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Ahora sí, perdón diputada Oropeza, adelante por favor.
La diputada Nora Liliana Oropeza Olguín: Gracias, diputado. Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, la iniciativa que presento reforma y adiciona la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el objetivo de establecer en dichas leyes el concepto de responsabilidad social como parte importante de la estrategia pública para lograr una mayor interacción entre Estado, sociedad y empresa a través de las obligaciones específicas de éstas últimas con la ley al adoptar esquemas de responsabilidad social para la protección y cuidado del medio ambiente de los ecosistemas.
Al incorporar la responsabilidad social empresarial en la ley se logrará configurar empresas de compromisos claros con la comunidad, contribuyendo al desarrollo económico sostenible con el objeto de mejorar la calidad de vida de las familias.
Se propone que por mandato de ley la autoridad en materia d protección al ambiente suscriba convenios o acuerdos de coordinación con las cámaras empresariales y sus confederaciones, con el objeto de que asuman compromisos de protección y preservación del suelo, la flora y fauna silvestre terrestre y los recursos forestales y de control de acciones para la protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al amiente de la zona federal marítimo-terrestre, así como la zona federal de los cuerpos de agua considerados como nacionales.
Las reformas que se plantean en esta iniciativa consideramos son oportunas, ya que en el ámbito de lo social no existe esta interrelación, la mayoría de las empresas en México no reportan variables de responsabilidad social, sólo variables financieras que reflejan su crecimiento u otra circunstancia.
Ante esta situación, consideramos que con esta propuesta de reforma se fortalecen los instrumentos jurídicos relativos a la protección del ambiente. En nuestro país la responsabilidad es que continúa la tala indiscriminada de árboles, los líquidos tóxicos se siguen vertiendo en los ríos y mares, los daños irreversibles a la capa de ozono por unos contaminantes.
Prácticas irresponsables de las grandes empresas aquí establecidas han ocasionado deterioro irreversible al medio ambiente y, en consecuencia, a la calidad de vida de las familias trasgrediendo el derecho tutelado de los mexicanos a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.
Desde la ley debe darse una transformación cultural, una nueva relación social de la empresa para mejorar sus sistemas de procesos de producción, por lo que es imperativo impulsar este principio empresarial en México para generar condiciones amigables de recuperación de los entornos ecológicos, que evite continuar con la degradación e impulsar una cultura de calidad en la fabricación de los productos de consumo para el fomento de una actividad empresarial sustentable.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto con el que se adiciona a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones la fracción XIV del artículo 2o., para quedar como sigue: responsabilidad social empresarial, es el compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible con el objeto de mejorar la calidad de vida, el conjunto de prácticas empresariales abiertas y transparentes basadas en valores éticos y en el respeto a los trabajadores, las comunidades y el ambiente.
Se adiciona la fracción XV del artículo 7o. de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para quedar como sigue: promover la responsabilidad social en acciones concretas para sus empresas agremiadas, para contribuir al desarrollo económico sostenible.
Y la fracción XVI en este mismo artículo 7o., para quedar como sigue: Colaborar con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, informando de actividades que realicen sus empresas agremiadas sobre acciones que puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública, a los ecosistemas o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.
Se adiciona el artículo 15 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue.
Artículo 15. La federación, por conducto de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con las cámaras empresariales y sus confederaciones, con el objeto de que asuman compromisos de protección y preservación del suelo, la flora, fauna silvestre y los recursos forestales y de control de acciones para la protección del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en la zona federal marítimo terrestre, así como en la zona federal de los cuerpos de agua considerados como nacionales.
Por último, se reforma el párrafo primero del artículo 38 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para quedar como sigue.
Artículo 38. Los productores, empresas u organizaciones empresariales desarrollarán procesos de autorregulación ambiental, a través de los cuales mejoren su desempeño ambiental, respetando la legislación y normatividad vigente en la materia y se comprometerán a superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección al ambiente. Es cuanto, diputado presidente.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputada Oropeza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila: Con el permiso de la Mesa Directiva. El día de hoy presentamos, la diputada Ximena Tamariz García, el diputado Miguel Ángel Yunes Linares, el diputado Francisco Gutiérrez de Velasco, y un servidor, iniciativa que dota a los municipios para que la federación les pueda entregar de manera directa las participaciones, las aportaciones y todos y cada uno de los recursos que esta Cámara le etiqueta a los municipios de todo el país.
Esta iniciativa fortalece las asignaciones de recursos que hacemos nosotros en esta Cámara. El día de hoy le hablo a todos los diputados, que ya repiten en esta legislatura o que ya fueron alcaldes, todos saben que es un problemón y es una monserga estar buscando los recursos que en la federación nos indican que ya fueron transmitidos a las entidades federativas, y las entidades federativas nos dicen que no es cierto, que no ha llegado ese recurso, y los municipios, que no tienen ninguna necesidad –en la gran mayoría de los casos–, se quedan esperando esos recursos sin ningún valor agregado de parte de los estados, más que de firmar un convenio de coordinación.
Esta legislatura data de 1980. La Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria fueron elaboradas en 1980. En esa época se entendía claramente que los recursos era mucho más difícil la transmisión. No existía el Internet, no existía la facilidad electrónica que se tiene el día de hoy.
Lo que esta iniciativa busca, para lo cual les voy a pedir su voto a favor en las comisiones y en el pleno de este Congreso, es eliminar esa triangulación innecesaria. Hoy en día cuántos municipios de su estado no le dicen que ahora le llegaron menos participaciones y la federación sí es muy cumplida al publicar en la Gaceta o en el periódico oficial cuándo y cuánto fue el monto que distribuyó a las entidades federativas.
Pero los estados con los municipios no. Están jugando al gato y al ratón durante todo el año y resulta que como en mi estado, que es Nuevo León, ahora que cambió el gobierno a otro partido, a otra persona, resulta que reconocen que tenían arriba de 477 millones de pesos de atrasos, de recursos que le tenían que entregar el Estado a los municipios.
Entonces, que baje directo el recurso de la federación, es el mismo botón que van a aplicar. Se llenan los mismos formatos.
Hay algunos comentarios de algunos diputados que me dicen, hay municipios muy chiquitos que no tienen la capacidad de tener la certeza jurídica en esos convenios con la federación.
Esta iniciativa le da la oportunidad a esos municipios pequeños de que por decisión propia esos municipios terminen firmando un convenio de colaboración con el Estado para que siga funcionando como funciona hasta la fecha.
Es increíble que en los recursos que nosotros etiquetamos como Cámara de Diputados, a las asociaciones civiles les podamos asignar hasta 30 millones de pesos y no pasan por la entidad federativa, van directo a las asociaciones civiles. Es prácticamente lo mismo.
Hay muchas veces que malos gobernantes estatales. No todos, gracias a Dios, utilizan estos recursos que nosotros etiquetamos, que lo ponemos como mandato de ley para tratar de tener ciertas ventajas competitivas con los alcaldes, ya sea en temas electorales o de buscar una gobernabilidad mal habida. Porque ese recurso es de los municipios y los gobernadores les retrasan la entrega de esos o la firma de los convenios. O, lo peor de todo, en muchas ocasiones tratan ellos a través de tener un acuerdo con la federación, buscan quedarse con los recursos. ¿Y qué ocasiona eso? Que el mandato de ley que nosotros le dimos a las entidades federativas, a la federación y a los municipios no se cumpla.
Compañeros y amigos diputados, esta es una iniciativa muy clara, muy sencilla, aprovechemos la modernidad, quitemos tanta burocracia y hagamos algo que le debe servir a todos los diputados de este Congreso. Fortalezcamos el mandato de ley que nosotros le damos a la federación y evitemos que los gobernadores hagan uso político de los recursos que nosotros mandatamos y asignamos en este Congreso. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputado Rodríguez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
El diputado Baltazar Martínez Montemayor (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Sonido en la curul del diputado Baltazar Martínez.
El diputado Baltazar Martínez Montemayor (desde la curul): Buenos días, diputados. Nada más para sumarme a la propuesta que hace el diputado Alfredo Rodríguez Dávila. Y mencionar que hace unas horas instalamos la Comisión de Desarrollo Municipal y m i participación en ella fue precisamente en ese sentido, que cambiemos las reglas de operación para que los municipios puedan recibir lo que en esta soberanía se lucha, se discute, se analiza, para ver el mejor desarrollo de estos municipios de la República Mexicana.
En ese sentido, nos pronunciamos en esta comisión, en su instalación, y coincidimos totalmente, no podemos mandar a nuestros municipios a que vayan de rodillas ante el gobierno del estado por un mero trámite de que tiene que pasar por el estado antes de entregarle este mandato de esta soberanía legislativa a esos municipios, y por ende le pido de favor, pregunte al diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, si nos permite suscribirnos a esta iniciativa.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Diputado Rodríguez, ¿tiene algún inconveniente de la adhesión del diputado Baltazar Martínez?
El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (desde la curul): No tengo inconveniente. Adelante.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Adelante, así será.
La diputada Brenda Velázquez Valdez (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Sonido en la curul de la diputada Brenda Velázquez.
La diputada Brenda Velázquez Valdez (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Igualmente, solo para preguntarle al diputado Alfredo Rodríguez, si me permite suscribir su iniciativa, ya que lamentablemente Nuevo León fue uno de los estados donde no llegaron los recursos, más de 900 millones de pesos, no fueron llegados al destino de nuestros alcaldes metropolitanos y sí creo que es algo que ya debemos de solucionar nosotros como legisladores. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias. Diputado Rodríguez, ¿tiene algún inconveniente de la adhesión de la diputada Velázquez?
El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (desde la curul): Ninguno, presidenta.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Adelante; muy bien.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
La diputada Evelyn Parra Álvarez: Con el permiso de la Mesa. Buenos días, compañeros diputados y compañeras diputadas, y gente que nos ve a través del Canal del Congreso.
El día de hoy quiero presentar un proyecto que demuestra el interés de esta Legislatura para resolver los problemas más urgentes; aquéllos que de verdad preocupan a la población y de esta manera enviar el mensaje a los ciudadanos de que efectivamente se les está escuchando.
Los datos con los que contamos no son desde luego los más alentadores al respecto y la propia Secretaría de Desarrollo Social reconoce en su tercer informe un aumento de dos millones de personas en el número de pobres, puesto que en solo dos años, es decir de 2012 a 2014 pasó de 53.3 a 55.3 millones, lo que prácticamente significa que la mitad del país es pobre.
La salud es el bien más preciado para cualquier ser humano, por ello el Estado mexicano debe avanzar para contar con una legislación de vanguardia. Por ello el gobierno no puede permanecer indiferente y se deben tomar las medidas cautelares necesarias para poder garantizar a la población un estado de bienestar completo y real empezando precisamente por la salud, ya que sin ella no es posible lograr otros satisfactores.
Aun y cuando en nuestra actual legislación está reconocido este derecho humano pero el mismo es exiguo, y sin tomar en cuenta la obligación internacional adquirida como país al haber suscrito el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo que nuestras leyes deben progresar para obtener el máximo grado de satisfacción posible en el disfrute de los derechos reconocidos en este instrumento.
La Organización Mundial de la Salud define a los medicamentos esenciales como aquellos que cubren las necesidades de atención prioritarias de la salud y se pretende que estén disponibles en todo momento en las cantidades suficientes, sin embargo no termina ahí la obligación del Estado. Éste por igual debe cuidar que los medicamentos reúnan las formas farmacéuticas necesarias con una calidad garantizada y que esté plenamente avalada.
En esta tendencia se expresan nuestros máximos tribunales como es el caso del Tribunal Primer Colegiado del Noveno Circuito, quien el día 14 de julio del año 2015 en el amparo en revisión número 136 2015, al realizar una interpretación de la tesis 19 2000 con el rubro Salud, el derecho a su protección que como garantía individual consagra el artículo 4o. constitucional, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos, y determinó que el IMSS debe otorgar a sus pacientes los medicamentos que les prescriban aun y cuando no formen parte del cuadro básico, sentando un precedente a seguir.
La presente iniciativa busca que el Estado mexicano progrese en su lucha para lograr el más alto nivel de satisfacción de los derechos fundamentales del ser humano. En el caso concreto fortalezca la garantía a la salud que constitucionalmente tienen las mexicanas y los mexicanos.
Lo que se pretende es que ningún paciente tenga algún deterioro o retroceso en su salud por no contar en la dependencia de la que es beneficiario o en la que se atienda, con el medicamento indicado por el doctor, para restablecerla, combatiendo de manera eficaz y puntual su enfermedad.
Es verdad que se buscan alternativas y se recetan otros medicamentos de similares características o de plano los que existan en un inventario. Si no hay obligación del Estado de vigilar que tengan el mismo funcionamiento, incluso se debe prohibir a las dependencias del Sector Salud, el uso de medicamentos que aunque puedan servir al enfermo, ocasionen o atraen aparejados síntomas, efectos, daños colaterales o cualquier situación que vaya en el detrimento de la salud del paciente, lo que vuelve contraproducente su uso.
Para lograrlo se plantea la reforma de los artículos 1 Bis; 10, párrafo segundo; 29; y se adiciona el número 51 Bis 3, todos de la Ley General de Salud, para dejar de manera patente y expresa la obligación del Estado de garantizar, pero a la par de vigilar la existencia y aplicación de medicamentos esenciales, sin afectar la salud del paciente por el uso de otros de similares características o fórmulas, pero que no tengan idéntico resultado al indicado.
Asimismo en la presente se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que destine y etiquete los recursos necesarios a fin de que el Estado garantice no sólo la existencia sino también el uso de los medicamentos esenciales dentro del Presupuesto de la federación que turna el Ejecutivo al Congreso para su aprobación.
Esto es precisamente para garantizar el derecho a la salud con los medicamentos que deben existir en el sector. Es cuanto, muchas gracias.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputada Parra. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen. Le damos la más cordial bienvenida a 90 alumnos, maestros y padres de familia de la escuela secundaria oficial Francisco Villa número 881 del municipio de Chicoloapan de Juárez, estado de México. Invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada María Ávila Serna, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
La diputada María Ávila Serna: Con su permiso, diputada presidenta. En México, y en buena parte del mundo occidental, las enfermedades infecciosas han dejado de ser las responsables de la morbilidad, la incapacidad y la muerte de los habitantes que ahora padecen enfermedades crónicas frecuentemente degenerativas que producen con demasiada frecuencia la pérdida de las funciones de órganos vitales que producen a corto plazo la muerte a quienes así han enfermado a edades muy por debajo de la esperanza de vida.
Sin embargo, los impresionantes avances en las ciencias médicas permiten en la actualidad que los órganos insuficientes o dañados, puedan ser sustituidos exitosamente por órganos sanos obtenidos o bien de cadáver o de individuos vivos sanos.
Lo anterior se ha traducido en un aumento de la demanda de órganos, que siempre ha sido superior a la oferta; esto, a pesar del exponencial aumento de donación de órganos de personas fallecidas y del aumento de las donaciones de personas vivas en los años recientes.
Por consiguiente, esta iniciativa tiene dos objetivos centrales para incrementar la oferta de órganos. En primer lugar se propone la sustitución del término “consentimiento tácito” por el de “consentimiento presunto”. Esto, con la finalidad de homologar los conceptos utilizados en los tratados internacionales ya que en los principios rectores de la OMS sobre trasplantes de células, tejidos y órganos humanos se menciona que el consentimiento para la obtención de órganos y tejidos de personas fallecidas, puede ser “expreso” o “presunto”, y no tácito, como se encuentra actualmente en la Ley General de Salud.
Aunado a lo anterior, en la mayoría de las legislaciones sobre donación de órganos de países hispanoparlantes se utiliza el término de consentimiento presunto.
El segundo objetivo de la presente iniciativa pretende la transición de un sistema de consentimiento presunto débil a un sistema de consentimiento presunto fuerte, en el cual basta con que el paciente no se haya opuesto en vida a la donación para que esta pueda tener lugar con independencia de la opinión de los familiares.
Por lo tanto, buscamos reformar el artículo 324 de la Ley General de Salud, relativo al consentimiento presunto de la donación de órganos, proponiendo el siguiente texto:
Toda persona mayor de edad con capacidad jurídica a quien se le haya diagnosticado la muerte se presumirá donante de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, salvo que existiese una manifestación de voluntad en contrario.
Además, se agrega que la expresión afirmativo negativa para donar puede ser revocada en cualquier momento por el manifestante, pero no puede ser revocada por persona alguna después de la muerte.
Consideramos que la presente iniciativa es el primer paso para revertir la inercia negativa en materia de donación de órganos en nuestro país, ya que los trasplantes en México están muy por debajo de nuestras necesidades.
Lo anterior queda de manifiesto si observamos las cifras que nos brinda el Centro Nacional de Trasplantes, y es que según este organismo especializado existen 19 mil 977 personas las cuales requieren un trasplante de órgano, de las cuales 12 mil 76 esperan recibir un trasplante de riñón, 7 mil 431 un trasplante de córnea y 401 trasplante de hígado.
En el caso concreto de los trasplantes de riñón a la fecha se han realizado 2 mil 18 trasplantes, lo cual significa que existe un déficit de casi 10 mil donantes. Lo anterior es un dato preocupante, pues se debe considerar que de 2007 a 2015 la lista de receptores en espera de un riñón creció 2.6 veces, de 4 mil 584 a 12 mil 76.
La situación empeora si nos comparamos con otros países, por ejemplo, la tasa anual de donantes en nuestro país es de solo 3.6 por millón de habitantes, muy por debajo de Brasil con 12 por cada millón de habitantes, Colombia 6.8 por cada millón de habitantes y Venezuela con 3.7 por cada millón de habitantes, lo cual significa que la donación de órganos en nuestro país es casi nula. España sigue a la cabeza de los trasplantes de órganos con una tasa anual del 35 por cada millón de habitantes.
Aunado a las modificaciones pretendidas por esta iniciativa será necesaria una urgente inversión de recursos e infraestructura; es decir, si hoy se duplicaran los donadores de nada serviría la presente reforma a la ley, ya que no tenemos los suficientes cirujanos especializados ni las instalaciones adecuadas para efectuar tan delicadas intervenciones quirúrgicas.
Concluyo. En este sentido, y teniendo en cuenta que el 26 de septiembre se celebró el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, es que hacemos votos para que la presente iniciativa presentada por nuestro partido sea sólo el principio de un gran movimiento a favor de la donación de órganos, pues es tiempo de dejar atrás tabús y supersticiones sobre el tema y tomar conciencia sobre la importancia de un decisión que permite salvar y mejorar la calidad de vida de pacientes con insuficiencias de algún órgano.
No olvidemos, compañeras y compañeros, que la donación de órganos es un acto supremo de caridad, generosidad y amor que una persona puede hacer por otra en vida. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputada Ávila. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para declarar el 5 de junio de cada año Día del Cuidado y Atención Infantil.
La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana: Señoras y señores diputados, señor presidente, el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora, sucedió uno de los acontecimientos más lamentables en nuestro país; un total de 155 niños de entre 5 meses y 5 años de edad fueron víctimas del incendio de la Guardería ABC. 49 niños y niñas murieron y el resto resultaron heridos.
El estado de Sonora era gobernador por Eduardo Bours Castelo y en la Presidencia de la República estaba Felipe Calderón Hinojosa. Las consecuencias sociales de dicho suceso generaron que la sociedad civil organizada estuviera inconforme y creara Manos Unidas por Nuestros Niños y el Movimiento Ciudadano por la Justicia del 5 de Junio, AC. para exigir a las autoridades justicia ante los hechos.
Incluso a partir de la desgracia se ha buscado y en su caso realizado audiencias con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como plantones y marchas cuyo propósito ha sido no dejar impunes a los responsables federales y locales.
Sin embargo, a seis años de la tragedia los padres de familia han hecho saber que aún no se les hace justicia, por lo cual realizaron diversos actos conmemorativos en junio pasado, en Sonora y la Ciudad de México, y por primera ocasión algunos niños que resultaron lesionados en el incendio del 5 de junio de 2009, cuyas edades oscilan entre los 7 y 9 años, marcharon junto a sus padres.
Es oportuno recordar que la instancia infantil funcionaba por el modelo de subrogación por el Instituto Mexicano del Seguro Social desde el 6 de agosto de 2001 y según declaraciones de Mario Luis Fuentes, ex director del IMSS, las guarderías subrogadas se habían convertido en una actividad rentable para ambas partes, ya que el IMSS pagaba por cada niño atendido en una guardería subrogada alrededor de 2 mil 500 pesos, mientras que en una guardería ordinaria se erogaba de 6 mil a 7 mil pesos, debido a que el personal del IMSS recibía prestaciones.
En mayo de 2010 distintos diarios dieron a conocer el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que dio seguimiento al incendio de la Guardería ABC, la cual informó que el contrato que había sido suscrito por el entonces director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, por el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes y la representante legal de la sociedad Sandra Lucía Téllez Nieves.
Entre otras cuestiones se señaló que la capacidad máxima del establecimiento era de 196 lugares y según la comisión, al momento de la conflagración había más de 200. Es decir, si el IMSS pagaba a los dueños de la estancia 2 mil 110 pesos al mes en total, los dueños del lugar recibían más de 422 mil pesos mensuales.
Durante seis años los familiares de niñas y niños muertos, así como distintas organizaciones de la sociedad civil que encabezaron la causa, han dado a conocer distintas irregularidades encontradas antes y después del incendio, en el que estuvieron involucrados funcionarios de los gobiernos local y federal.
A la fecha no hay ninguna persona bajo proceso judicial, ya que de un total de 19 funcionarios involucrados inicialmente, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación todos han sido exonerados.
En materia legislativa, el 24 de octubre de 2011 se expidió la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, mejor conocida como la Ley 5 de junio.
A pesar de estos esfuerzos institucionales, los familiares de los afectados continúan clamando justicia y castigo a los responsables. En este sentido y en un acto de solidaridad por parte del Grupo Parlamentario de Morena con los padres de niños y niñas muertos, así como por las secuelas que tienen y tendrán que afrontar por el resto de sus vidas los pequeños lesionados en el incendio, y convencidos de apoyar el derecho que tienen los inconformes de exigir justicia y evitar que se olviden estos hechos, suscribo la presente iniciativa.
Cito. Proyecto de decreto por el que se declara el 5 de junio de cada año Día del Cuidado y Atención Infantil.
Artículo único. Se declara el 5 de junio de cada año Día del Cuidado y Atención Infantil.
Transitorio. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias, por su atención.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputada Aceves. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Álvarez Maynez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Jorge Álvarez Maynez: Con el permiso de la Mesa Directiva, de las compañeras y compañeros diputados presentes en esta sesión. Nosotros partimos, para la presentación de esta iniciativa, de un hecho que nos parece que no se puede controvertir.
El sistema de justicia en México vive la paradoja de la impunidad: el culpable sale libre, mientras el inocente paga. De acuerdo con el investigador Guillermo Zepeda Lecuona, el nivel de impunidad en México es del 98.8 por ciento y cada día 95 mil presuntos inocentes viven en las cárceles como culpables.
Una encuesta coordinada por Elena Azaola y Catalina Pérez-Correa, en los Centros Federales de Readaptación Social, en 2012, arrojó que sólo el 59 por ciento de quienes se encuentran en la cárcel por un delito del fuero común han recibido una sentencia condenatoria; 4 de cada 10 personas que están en las prisiones de este país no tiene sentencia. En tanto que, en el ámbito federal, sólo un 53.3 por ciento guarda una calidad de procesado, lo cual implica que en 2012 más de la mitad se encontraban en la cárcel sin recibir una sentencia condenatoria; 40 y 50 por ciento en los diferentes sistemas penitenciarios de México, de las personas que están en la cárcel no tienen una sentencia.
El doctor José Buendía dice que si el crimen rebasa la autoridad en las calles de algunas ciudades del país, la prisión es el último reducto del monopolio del Estado, por lo que perder el control de las cárceles evidencia un Estado incapaz de mantener la seguridad y la paz para su gente. La autoridad no ha logrado controlar ni sobreponerse a la voluntad de los presos.
Según el diagnóstico Situación y desafíos del sistema penitenciario de México evalúa, en 65 de los 101 centros visitados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encontró autogobierno o cogobierno entre recluidos y autoridades.
Frecuentemente, en lugar de servir como centros de reinserción, estos funcionan como núcleos de formación para criminales donde se unen a bandas delictivas, incrementando la inseguridad.
La situación actual del sistema penitenciario mexicano es deplorable, los presos viven en condiciones de hacinamiento y sobrepoblación que violan sus derechos fundamentales.
El mismo informe antes citado de México evalúa señala que nuestro sistema carcelario está colapsado, se encuentra entre un 250 o hasta un 305 por ciento de su capacidad. En una celda para 6 personas en realidad viven entre 14 y 20 personas.
Una de las tantas causas que pueden explicar la sobrepoblación en nuestro sistema carcelario son las sanciones que ejecutan los jueces. El 97 por ciento de las penas en México se sanciona con la cárcel, dejando fuera los distintos mecanismos alternativos a la prisión.
Los diputados de Movimiento Ciudadano hemos asumido el deber de hacer escuchar la voz de aquellas personas que aun siendo privadas de su libertad piden ser tratados con justicia y dignidad.
La presente iniciativa busca incidir en uno de los problemas centrales del sistema penitenciario, el de la sobrepoblación en los penales y la criminalización de la pobreza.
México evalúa señala el uso y el abuso de la prisión preventiva es una de las principales causas de la sobrepoblación. El 46.7 por ciento de la población carcelaria guarda esta condición.
La prisión preventiva es la privación de la libertad antes de que exista una sentencia condenatoria. Esta institución del derecho procesal penal dice, Asencio Mellado, ha sido calificada, incluso, de inmoral, porque supone una privación de libertad que recae sobre la persona aun no declarada culpable, que la cumple en definitiva una persona jurídicamente inocente.
Sin embargo, su uso no puede ser, como lo es actualmente, regla general. El artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de que México forma parte señala]: la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales, y en su caso, para la ejecución del fallo.
Debemos entender que la encarcelación masiva no es la solución. Un sistema penitenciario sobrepoblado es incapaz de hacer programas eficientes para la reinserción de los ciudadanos a la sociedad como sujetos productivos.
Por ello, proponemos eliminar la prisión preventiva de oficio, así como los delitos inexcarcelables que contravienen el principio de presunción de inocencia, así como lo dispuesto en el derecho internacional, en el ámbito de los derechos humanos. Deben de ser los jueces quienes soliciten la sanción preventiva a partir de la evaluación de cada caso, tomando en cuenta el riesgo fundado de fuga, interferencia en la investigación o el riesgo para la víctima o la sociedad y no en función del delito imputado.
Un país en el que la mitad de sus presos están en la cárcel sin saber si son inocentes o culpables es un país en el que reina la impunidad. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputado Álvarez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Justicia, para opinión.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8 y 11 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.
El diputado José Bernardo Quezada Salas: Con permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. Ser joven representa una de las etapas más importantes de la vida, significa libertad, sueños, esperanza, buscar el conocimiento y aprender. Los jóvenes representan el desarrollo presente y futuro del país, son agentes estratégicos del desarrollo nacional.
Actualmente el entorno económico global es sumamente complicado y la incorporación de millones de jóvenes a los mercados laborales es cada vez más desfavorable. Para Nueva Alianza impulsar la educación de calidad, así como el trabajo digno de los jóvenes que egresan de los centros de estudio es un compromiso que hemos asumido desde nuestra conformación.
Por ello y en congruencia con nuestros principios básicos, y el compromiso que tenemos con la juventud mexicana, presento ante esta soberanía una iniciativa que busca establecer dentro de los lineamientos de ley para impulsar un incremento de productividad y competitividad de la economía nacional, la necesidad de diseñar políticas que vinculen a los sectores productivos del país con la educación media y superior.
En Nueva Alianza tenemos la firme convicción de que la educación de calidad es la base fundamental para el crecimiento y desarrollo de una nación. En este sentido consideramos imperativo que se empiece a cerrar la brecha entre el sector productivo y el educativo, pues la educación es un compromiso y una responsabilidad compartida por la sociedad y el Estado.
Una de las principales problemáticas que enfrenta la población joven de nuestro país es su ingreso al campo laboral debido principalmente a la falta de experiencia, pero también a que no egresan con los conocimientos y la preparación adecuada para las necesidades que tiene el sector productivo. Son el grupo más afectado en materia de inclusión laboral. Su tasa de desempleo ha llegado a duplicar el promedio general conduciendo hacia la informalidad a los recién egresados.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 61.7 por ciento de los jóvenes se encuentran inmersos en un trabajo informal, de los cuales el 44.8 por ciento cuenta con estudios de nivel medio y superior. Punto importante a resaltar es que el 17.7 por ciento de los jóvenes que se emplean en el mercado informal reciben hasta un salario mínimo diario, mientras que el 32.3 por ciento obtienen ingresos que oscilan entre uno y dos salarios mínimos.
Sin duda este es un escenario desalentador para millones de jóvenes que buscan con los conocimientos y habilidades adquiridos durante sus años de estudio los medios necesarios para su desarrollo y bienestar personal y familiar.
Si bien estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revelan que el desempleo en nuestro país ha bajado y la participación laboral es del 60.7 por ciento, también apuntan que México aun no presenta señales de alcanzar el promedio que la OCDE ubica en el 65.9 por ciento.
Las cifras nos muestran una realidad preocupante y más cuando la misma OCDE apunta que de los países miembros como México, es el que menos gasta en políticas activas de empleo.
En Nueva Alianza estamos convencidos que pare revertir esta situación hace falta vincular al sector productivo con la educación y educar y adecuar los planes de estudio a fin de agregar valores a los conocimientos.
En la legislación no existen políticas de vinculación del sector productivo con la educación media y superior. Por ello debemos generar la sinergia que posibiliten por un lado, combatir el desempleo de millones de jóvenes, y por otro impulsar al sector productivo mediante la incorporación de profesionales capacitados en las diferentes áreas de producción y generación económica.
Lo que se pretende con esta iniciativa es que el sector productivo se relacione, participe e influya en los planes y programas de estudio para que las instituciones que forman profesionales con capacidades acordes a las actividades económicas de cada región, cada zona o cada estado, porque no es lo mismo formar profesionales especializados en hotelería en estados o en regiones con infraestructura y potencial turístico, donde pueden emplearse al egresar, que en medio de una zona agrícola o minera.
Hay que potencializar las capacidades de cada región y educar a los jóvenes en las ramas específicas de las actividades económicas de dicha zona para que su inserción al mercado laboral sea más fácil y productivo que en Puebla y Querétaro donde se ubican importantes empresas automotrices y de autopartes.
La oferta educativa se especializa en esa rama, se genera en la planta laboral altamente capacitada que el sector requiere y que con ello se detone la economía regional que a la postre movilice la economía nacional.
Los jóvenes tienen la facilidad de crear, renovar ideas, conceptos, abrir su mente a un mundo de posibilidades múltiples.
En la bancada de la igualdad reconocemos que nuestra responsabilidad es brindar las herramientas para que sus acciones vayan encaminadas hacia la construcción de una sociedad más justa, igualitaria, que detone el desarrollo y el crecimiento sostenible de México.
Démosle esa oportunidad a nuestros jóvenes que esperan de esta Legislatura las modificaciones para poder incursionar a algo tan importante que es el mercado laboral. Es cuanto, señora presidenta; muchas gracias.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputado Quezada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Competitividad y de Economía, para dictamen.
Saludamos y damos la bienvenida a invitados del estado de Veracruz, a cargo del diputado Francisco Rojas San Román; y a estudiantes de la licenciatura de mercadotecnia y contabilidad de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, del municipio de Nicolás Romero, invitados por el diputado Héctor Javier Álvarez Ortiz.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal.
El diputado Juan Manuel Cavazos Balderas: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, los accidentes viales son ocasionados por diversos motivos: los conductores, ya sea por falta de pericia y cultura vial; por estado de intoxicación, por alcohol o diversas sustancias que producen efectos similares; por exceso de velocidad, o simplemente causada por inobservar o desconocer los reglamentos de vialidad y tránsito de las municipalidades.
Éste no es un tema menor, y es un tema que nos afecta a todos, ya que los accidentes viales representan –y esto lo quiero dejar muy claro– representan la primera causa de muerte entre niños y jóvenes de 5 a 29 años. Y es la segunda causa de discapacidad permanente. Asimismo, es el primer motivo causal de orfandad. Cada año fallecen en México más de 16 mil personas en percances viales, de los cuales, un alto porcentaje pudo haberse evitado.
La distracción en la conducción de un vehículo automotor, es un importante factor de riesgo de traumatismo por accidente de tránsito. Existen diferentes tipos de distracciones; siendo el más importante utilizar el teléfono celular.
Hablar por teléfono celular, y sobre todo escribir mensajes al conducir, el famoso “textear y manejar”, desplazó ya la ingesta de alcohol como la primera causa de accidentes viales, según datos de la Cruz Roja Mexicana.
Los conductores que utilizan el teléfono celular mientras conducen, corren un riesgo aproximadamente cuatro veces mayor de verse involucrados en un accidente. Un conductor que en lo particular textea mientras conduce, tiene 23 veces más probabilidades de verse involucrado en un choque que alguien que no lo hace.
Es claro, que utilizar el teléfono celular durante la conducción de un vehículo, tiene una serie de efectos perjudiciales que afectan el comportamiento del conductor. Ello se debe a que el conductor no solamente se distrae físicamente al llamar y conducir simultáneamente, sino que además se produce una distracción cognitiva y a que ha de dividir su atención entre la conversación que mantiene y las tareas propias de conducir.
Bajo ese contexto, es que se considera conveniente revisar las penas para los delitos derivados de la conducción de vehículos, tales como las lesiones que pongan en peligro la vida del ser humano y los homicidios, que cometan aquellos ciudadanos por conducir y a la vez utilizar los teléfonos celulares, el ir texteando u otros aparatos de comunicación, ya sea para hablar o enviar mensajes de texto, con la salvedad de que se utilice con tecnología de manos libres u otra tecnología que evite distracciones.
Debemos tomar acciones legislativas para que los ciudadanos tomen conciencia de los efectos y consecuencias negativas que ocasiona realizar este tipo de conductas, en perjuicio de la sociedad misma, lo que va a ocasionar una mejor cultura vial en nuestra sociedad, disminuyendo considerablemente los motivos por los cuales se ocasiona un perjuicio a un ciudadano.
Por lo anterior, me permito proponer ante el pleno de esta honorable asamblea la presente iniciativa que reforma los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal, a fin de aumentar la pena para los delitos derivados de la conducción de vehículos de motor cometidos por conductores que utilicen radios, teléfonos celulares o cualquier otro medio de comunicación, con la salvedad de que se utilice con tecnología que evite la distracción del conductor, y asimismo aumentar la pena de aquellos conductores que cometan un delito y conduzcan en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes al momento de ocasionar un accidente vial.
Aquí, compañeros, en el estado de Nuevo León tenemos trabajando más de un año en una campaña denominada Si manejo no texteo. La pretensión de un servidor no es aumentar la pena por aumentar la pena, es hacer un llamado a nuestra sociedad para que pongamos atención y seamos claros, es la primera causa de muerte en nuestros niños y jóvenes. El textear y manejar ya desplazaron la ingesta del alcohol como principal motivo de accidentes viales.
Creo que tenemos mucho que hacer, la sociedad, los legisladores, los empresarios, los medios de comunicación, les pedimos de la manera más atenta que nos apoyen, que nos apoyen en las comisiones y que veamos como en otros lugares, en otros países, hay campañas nacionales fuertemente dedicadas a no textaer y manejar. Aquí vamos tarde. Esperemos, compañeros, que lo hagamos realidad por la cultura vial que todos merecemos por una cultura vial a la altura de los mexicanos. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cavazos. Perdón, diputado Cavazos. La vicepresidenta Daniela de los Santos solicita si usted no tiene inconveniente adherirse a su iniciativa.
El diputado Juan Manuel Cavazos Balderas: Por supuesto que no tengo inconveniente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Adelante. Está a disposición la iniciativa. Túrnese a la Comisión de Justicia, para su dictamen.
Esta Presidencia saluda al presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero, Marco Antonio Leyva Mena, invitado por la diputada Beatriz Vélez Núñez. Sea usted bienvenido, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica.
La diputada Martha Cristina Jiménez Márquez: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, la electricidad constituye un elemento fundamental para el desarrollo económico y social del país, así como uno de los factores relevantes para garantizar la productividad y el fortalecimiento de nuestra nación. Por tanto el desarrollo humano en sus vertientes económica y social están estrechamente vinculados con la generación de energía eléctrica.
En este sentido, es necesario llevar a cabo una serie de acciones cuya finalidad sea precisamente resolver el tema de las tarifas eléctricas en beneficio de las personas más desprotegidas a lo largo y ancho de nuestro país.
Después de todo no hay que olvidar que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, prometió una reforma energética eléctrica para disminuir las tarifas eléctricas en beneficio de la población y de la industria.
Han transcurrido ya tres años y lo cierto es que no se aprecian acciones tendientes a conseguir esta finalidad. De ahí que en mérito de lo expresado y prometido por el presidente de la República, la finalidad de la presente iniciativa consiste en que la Comisión Reguladora de Energía establezca una tarifa especial aplicable a aquellas localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 33 grados centígrados como mínimo.
Frente a una reforma eléctrica cuyos efectos no se hacen sentir en beneficio de la población, se estima prudente la adopción de esta medida al resultar injusto e inequitativo para los habitantes de las zonas del país con climas extremos, que deban pagar elevadas cantidades por concepto de consumo de energía eléctrica.
A manera de fundamentación y motivación de la presente iniciativa de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, tenemos que sus artículos 12, 27 y 139 establecen que la Comisión Reguladora de Energía está facultada para establecer las condiciones generales para la prestación del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y expedir y aplicar la regulación de las tarifas finales del suministro básico.
Dichas condiciones generales determinarán los derechos y obligaciones del prestador del servicio y del usuario, conteniendo como mínima las tarifas aplicables y la Comisión Reguladora de Energía aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico.
Ahora bien, las tarifas domésticas se relacionan con la temperatura media de cada región, por lo cual los precios son diferentes en las distintas entidades federativas debido a los subsidios aplicables en las regiones más cálidas del país, además de que existe una variación en los precios dependiendo de la época, ya sea verano o invierno.
Por lo anterior, se propone establecer en la Ley de la Industria Eléctrica que la Comisión Reguladora de Energía pueda establecer tarifas especiales para los servicios de energía eléctrica destinados para uso exclusivamente doméstico en aquellas localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 33 grados centígrados como mínimo.
Lo anterior, ante el uso necesario, indispensable y por demás justificable de ventiladores y diversos aparatos eléctricos, a fin de poder contrarrestar el clima caluroso que se presenta en verano en diversas entidades federativas de nuestro país.
Esta es una medida que atiende como quede dicho un primer lugar a un compromiso expreso del Ejecutivo de la Unión. Pero, sobre todo y más importante, que se inspira en la elemental noción de justicia y de equidad.
En términos de lo anterior mucho le ruego, señor presidente, sea tan amable de instruir que la presente iniciativa se inscriba en los términos en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Jiménez. Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen.
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Rocío Nahle, por favor.
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): A ver, una pregunta a la oradora, me llamó la atención su iniciativa en cuanto a las tarifas eléctricas y que menciona que a 33 grados centígrados ambiente podría ser una tarifa especial, ¿qué pasa en aquellos lugares donde puede estar a 28 grados o a 27 grados, pero la humedad es altamente y se tiene una percepción de 35, 36 o 37 grados, pero no marca 33 grados el termómetro? Esto porque es interesante esta iniciativa, pero considerar este tipo de factores que en varias partes de la república sucede.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En el momento procedimental oportuno, en el seno de la Comisión de Energía a la cual se le ha dado turno, diputada Nahle, ahí se podrá dar el debate y la diputada podrá, en su caso, responder a la pregunta que usted formula. No es el momento ahorita del debate de la iniciativa, por eso se le ha dado el turno correspondiente. Gracias.
El diputado Cándido Ochoa Rojas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Cándido Ochoa.
El diputado Cándido Ochoa Rojas (desde la curul): Sí, para adherirme a esta iniciativa, señor presidente, porque el tema del consumo de electricidad generado por las altas temperaturas es algo que se presenta en varias partes de la república y que debemos atender nosotros los legisladores.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. La diputada proponente no tiene objeción, al contrario, saluda que haya esta adhesión. Entonces, está a disposición la iniciativa para que sea suscrita por quien así lo considere.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Julio Saldaña Morán: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión es la residencia de la representación nacional. Es la sede de la democracia mexicana.
La reforma del Estado es una labor inacabada en nuestro país. Adecuar el marco legal a la realidad política de nuestro estado es una necesidad y una demanda de los ciudadanos mexicanos.
En el tema del régimen de Estado y gobierno un aspecto fundamental es el fortalecimiento del Poder Legislativo.
El ejercicio sustantivo de la labor legislativa es una demanda social. Los periodos en los que sesiona el Poder Legislativo federal superan, de manera regular, apenas medio año calendario.
Es necesario que los diputados federales y los senadores dediquemos mayor tiempo a la labor por la cual fuimos electos.
Los legisladores debemos dar muestra de sensibilidad y atender las demandas de la gente y proponer reformas para las normas en este sentido. Debemos también difundir buenas prácticas y reforzar el trabajo legislativo.
Las normas que nos rigen deben de reforzarse para expresar las necesidades de los ciudadanos y sus aspiraciones para darles respuesta eficaz.
Actualmente nuestros dos periodos de sesiones ordinarios suman, diputadas y diputados, suman 195 días hábiles cuando en otros países de América Latina, como Venezuela, Uruguay, Argentina, Brasil y Colombia trabajan entre el promedio, 247y 315 días al año. Qué decir de Estados Unidos que trabajan de manera permanente.
Ya en la reforma política aprobada por la anterior legislatura se prevé que en el año que inicia el sexenio presidencial, el año legislativo empieza el 1 de agosto. Con esta iniciativa qué propongo. Qué les propongo, amigos diputados y diputadas. Que cada año legislativo inicie el 1 de agosto, de manera que el primer periodo ordinario de sesiones se desarrolle a partir de la fecha 1 de agosto y concluir 15 de diciembre.
El segundo periodo ordinario se mantiene sin cambio, del 1 de febrero al 30 de abril.
Con la propuesta se aumenta un mes de trabajo calendario legislativo, para pasar a 226 días hábiles de trabajo legislativo. El electorado mexicano ha mandato que nuestro sistema político adquiera mayores elementos de naturaleza parlamentaria, ahora el Congreso de la Unión es un Poder en el que la negociación y la construcción de acuerdos adquieren una gran relevancia para concretar reformas, sean estas a partir de propuestas surgidas desde el Ejecutivo federal o de los propios integrantes del propio legislativo.
Por ello, se requiere de la mayor posibilidad de tener mayor tiempo posible con la finalidad de poder concretarlos y en medida de lo posible cumplir con las expectativas de los ciudadanos mexicanos.
Para ello se reforma el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Gracias por su atención y ojalá le prestemos un seguimiento a la iniciativa que hoy presento, para darle mayor y mejor resultado a los ciudadanos que esperan mucho más de este Congreso. Gracias, diputados y diputadas. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Saldaña. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La diputada María Chávez García: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados. Como instrumento de política ambiental de mayor relevancia tenemos a las áreas naturales protegidas. Estas son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados.
Estas porciones del territorio nacional de gran importancia están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación y restauración, por lo cual las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas deben ser acordes al cuidado y preservación del medio ambiente.
De tal forma que hay actividades económicas que de hecho son incompatibles con los objetivos que llevan a decretar un área natural protegida. Entre estas actividades tenemos la minería a cielo abierto. La minería a cielo abierto es una actividad de alto impacto económico, ecológico y social que consiste en la extracción de minerales cuando estos se encuentran dispersos dentro de la tierra. Es decir sin formar graves vetas.
Este método de minería requiere el uso intensivo de explosivos, maquinaria pesada y se forman cráteres de más de dos kilómetros de diámetro con profundidades que sobrepasan los 500 metros y no es inusual que lleguen a los 800 metros, y aun sobre un acuífero y sobrepasando la profundidad del mismo se llevan a cabo las operaciones extractivas.
Los procesos de beneficio incluyen técnicas de separación física-química tales como concentración por gravedad, separación magnética, separación electrostática, flotación, extracción por solventes, proceso de electro obtención lixiviado, precipitación y amalgamación frecuentemente con mercurio, y los desechos de estos procesos incluyen relaves y lixiviados.
El lavado de las pilas, del material extraído, se lleva a cabo por varios días por lo que a esto se le conoce como relave y de él resulta una agua en la cual se encuentra en suspensión el metal buscado; además de fuertes concentraciones del tóxico agregado al líquido, este coctel altamente venenoso es conducido hacia la planta de procesamiento donde se aceptará o separará el metal.
Parte del agua utilizada se pierde en el proceso por evaporación del agua que llega al final del mismo; aproximadamente el 20 por ciento se queda en el depósito de desecho, formando millones de metros cúbicos de desechos líquidos y barros altamente contaminados.
En la minería a cielo abierto se emplean explosivos, agua y sustancias tóxicas en cantidades que parecen sacadas de una novela de ciencia ficción; cantidades de 40 a 80 toneladas de explosivos diarios son comúnmente usados, causando el efecto de un temblor de 4.1 a 5 en la escala de Richter en el sitio de las explosiones.
De igual manera y aun tomando en cuenta que parte del agua que se recicla en el proceso, cantidades del orden de los 32 a más de 100 millones de litros al día suelen ser necesarios. De igual manera los tóxicos empleados son utilizados con singular prolijidad, por ejemplo, la minera San Javier para sus operaciones extractivas en el cerro de San Pedro, emplea 32 millones de litros de agua diarios, mezclados con 16 toneladas de cianuro, y esa mina no es de las de gran tamaño. Entonces todo en la minería a cielo abierto es de grandes dimensiones, pero igual de grandes y peligrosos son los residuos que deja la actividad extractiva.
Para empezar el retiro de la flora y fauna de los sitios donde se ubica el tajo, las pilas de lixiviado, el depósito de los lodos resultantes del proceso forman áreas de cientos de hectáreas de ecosistemas totalmente destruidos.
El cráter para extraer el mineral y las montañas de escombros que quedan después del lixiviado, trasforma por completo el paisaje. Simplemente para obtener un gramo de oro, se necesita remover hasta tonelada y media de material, el cual queda como un residuo de alta peligrosidad por las cantidades de agua que requiere y las cantidades de tóxicos que le añaden a la misma los volúmenes de lodo altamente tóxicos, también son enormes.
En cuanto al polvo generado un estudio de impacto ambiental realizado en la mina Meridian Gold, de Argentina, reveló que un día se explotación supone el uso de 7 toneladas de explosivos para volar 42 mil toneladas de roca, lo que genera alrededor de 14 toneladas de partículas en suspensión al día. Este polvo, dependiendo de las condiciones de la zona y las meteorológicas, pueden llegar a viajar hasta 200 kilómetros con efectos nocivos sobre las plantas y animales, contaminando el agua, el aire, el suelo; incrementando el índice de cáncer y otras enfermedades crónicas o fatales.
Por todo lo expuesto, podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que no existe una actividad extractiva que sea más nociva para el medio ambiente que la minería, a cielo abierto. Simplemente por definición esta actividad no puede ser sustentable, ya que encuentra su razón de ser en la extracción de un recurso natural hasta agotarlo.
Si revisamos la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, encontraremos que el establecimiento de áreas naturales protegidas tiene por objeto preservar los ambientes naturales, salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres, asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas; proporcionar un campo propicio para la investigación científica y el estudio de los ecosistemas; proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales, aprovechamientos agrícolas, entre otros.
En cambio, la minería a cielo abierto provoca graves desequilibrios ecológicos; es más, destruye por completo el ecosistema y por definición no puede ser sustentable. Esto es claro que según lo señalado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no califica para desarrollarse en ninguna de la subzonas que esta ley crea para las actividades productivas.
Si no se cumplen los objetivos que señala la Ley General Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente, qué alternativas tenemos al respecto para el caso que nos ocupa simplemente por ser totalmente incompatible la minería a cielo abierto con la creación de un área natural, es el prohibirlas en estas zonas tan importantes para el país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Chávez. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos, la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Angélica Reyes Ávila: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, les saludo con respeto. Aun cuando la historia de nuestro país muestra que las mujeres hemos tenido una presencia fundamental en los movimientos políticos y sociales, nuestra participación en las tareas de gobierno y toma de decisiones aún sigue siendo limitada, incluyendo los tres Poderes de la Unión.
En el Poder Legislativo federal, desde 1959, cuando las mujeres logramos el reconocimiento de nuestro derecho al voto y partir de reformas legislativas y sentencias recientes, es hasta esta legislatura que las mujeres representamos el 42.4 por ciento del total de las curules en esta Cámara de Diputados, el máximo en su historia.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que, a pesar de los avances que hemos logrado en el Poder Legislativo federal, aún falta mucho por hacer para generar mayor participación de las mujeres en los órganos de toma de decisión del Poder Ejecutivo y Judicial, así como en los diferentes ámbitos de competencia.
Históricamente la presencia de las mujeres en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido limitada dentro de los puestos de mando, es decir, para ocupar puestos de ministras, magistradas y juezas.
El panorama actual respecto a la participación de las mujeres en el Poder Judicial de la Federación nos compromete a seguir marcando precedentes que impulsen nuestra participación, atendiendo así a nuestra propia legislación y recomendaciones internacionales que mandatan en la labor del Estado a través de sus distintos poderes desempeñar un papel central en la generación de cambios en las relaciones de dominación y subordinación de género, impulsando relaciones de igualdad a partir de programas, planes, políticas, legislación y jurisprudencia.
Para bien de nosotros, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya establece el principio de igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres, este principio nos compromete a seguir incorporando en la vida diaria las acciones necesarias que permitan reflejar esta igualdad jurídica en una igualdad sustantiva.
Si bien es cierto que para avanzar en el logro de la paridad en los otros dos Poderes de la Unión se requieren mecanismos específicos por la propia naturaleza jurídica que ello implica, desde lo que a nosotras corresponde, es necesario incorporar lineamientos específicos en dichos procesos que favorezcan la reducción de las brechas de desigualdad que aún persisten.
La propuesta que hoy pongo a su consideración promueve la participación de las mujeres en el Poder Judicial de la Federación, encabezado en nuestro país por el máximo tribunal constitucional.
En próximos días se iniciará la discusión para relevar a la ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas y el ministro Juan Silva Meza, ministros que concluyen su encomienda. Por las reiteradas manifestaciones a favor de la igualdad, estamos seguros que en este proceso de elección el presidente Enrique Peña Nieto incorporará este principio, no obstante es necesario plasmarlo y no dejarlo más a la interpretación.
Compañeras y compañeros legisladores, favorecer la participación equilibrada de hombres y mujeres en los distintos ámbitos y Poderes de la Unión mejora la calidad de nuestra democracia, por ello es necesario recurrir a medidas afirmativas y atrevernos a pensar que en un futuro sean innecesarias y seamos incluidas de manera natural y cotidiana en la participación de cualquiera de las esferas de la vida de nuestro país.
Específicamente esta iniciativa propone con la modificación al artículo 96 constitucional, incorporar que en el proceso de nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someta al Senado una terna que incluya representación de ambos géneros. Por su apoyo y atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Reyes. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o de la Ley del Servicio Militar.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladoras, legisladores, la desvalorización femenina está profundamente arraigada en creencias sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, que se traducen en deberes que ellas deben de cumplir por naturaleza en la familia y en la sociedad.
Por muchos años se ha considerado que la mujer tiene capacidades diferentes respecto al varón y se les ha destinado y educado para que sólo realicen labores o funciones propias de su sexo. Sin embargo, cuáles son las labores o funciones propias del sexo femenino. Pensar que por ser mujer no pueden o deben realizar alguna labor, función o una instrucción es menoscabar la integridad del género femenino.
De acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional la educación militar es un proceso educativo que presta especial atención y fortalecimiento de los valores y virtudes humanas y militares, con la finalidad de desarrollar hombres y mujeres autodisciplinados, con deseos de superación y con un firme proyecto de vida, que tenga un alta estima del cuidado de la salud, el fortalecimiento de sus habilidades, capacidades físicas y mentales, así como una dedicada y decidida inclinación al estudio y a la superación personal.
Como bien sabemos, tanto la escuela como la familia constituyen un eje indispensable para la incorporación de la perspectiva de género en los planteles escolares con formación militar, ya que es ahí donde a través de los textos se producen prácticas sexistas de invisibilidad hacia las mujeres y las sitúan en una posición inferior a la del hombre de subordinación.
Dentro del artículo 2 de la Ley del Servicio Militar Nacional, establece que los establecimientos educativos de la federación, los del Distrito Federal y territorios federales, los particulares incorporados y los de los estados, cuando estén sujetos al régimen de la coordinación federal impartirán instrucción militar conforme a los reglamentos y disposiciones, que coordinados con la Secretaría de Educación Pública expida la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual tendrá a su cargo este servicio y designará a los instructores.
Y dice: En todo caso se cuidará que la instrucción de este tipo que se imparta a las niñas tienda a ser capacitarlas para las labores propias de su sexo y conexas con el Servicio Militar.
Limitar y menoscabar las capacidades de las mujeres resulta discriminatorio. Debemos impulsar la paridad entre hombres y mujeres en el ámbito militar, pues es una obligación que debe ser acatada para prevenir y eliminar la discriminación, estar en concordancia con los instrumentos internacionales y de esta manera lograr la igualdad y equidad de género.
En Movimiento Ciudadano tenemos la firme convicción de que la educación escolar resulta de gran importancia con la formación, ya que la escuela actúa como agente de socialización y tiene el encargo de transmitir saberes, formar valores y establecer normas de comportamiento, por lo que debe proyectarse hacia modelos no sexistas y más democráticos, de manera que las presentes generaciones estén capacitadas para enfrentar los retos de esta sociedad en condiciones de equidad.
Por lo que pongo a su consideración, diputados y diputadas, la eliminación del texto en el que se pide que la instrucción que se imparta en las escuelas de formación militar a las niñas tienda capacitarlas para labores propias de su sexo y conexas en el Servicio Militar. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ralis. Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a dar lectura a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Acuerdo
La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Oaxaca para que implemente las medidas precautorias recientemente emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y procure la creación de instancias que faciliten la mediación y el diálogo.
Segundo Acuerdo
La cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice los diagnósticos correspondientes sobre las causas que han originado los diversos casos de insuficiencia renal crónica, presentados en la zona oriente del estado de Michoacán, e implementar una campaña médica para prevenir y diagnosticar oportunamente y atender este padecimiento.
Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados. Comuníquense.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que emita la declaratoria de zona de desastre afectados por la tormenta tropical Marty.
Es una proposición con punto de acuerdo de carácter de urgente u obvia resolución.
La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Honorable asamblea, amigas y amigos diputados, señor presidente, buenas tardes. Los fenómenos naturales se presentan cada año de diferentes formas, algunos impactan en las comunidades en mayor medida que otros, pero todos afectan a miles de personas.
En los últimos años se ha hecho patente la fuerza de la naturaleza y México no ha sido la excepción. Queda claro que todos hemos pagado un precio muy alto por los desastres naturales, pero no tanto como se ha cobrado a las personas que viven en las zonas de alto riesgo.
Hoy en día nos encontramos ante los remanentes de la tormenta tropical Marty, de mi querido estado de Sonora, que ha dejado un saldo preliminar de 35 mil damnificados y severos daños en la infraestructura de Cajeme, Guaymas, Bácum, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto y Empalme. Además de que existe un riesgo latente para la ciudadanía por los niveles alcanzados en las presas del estado, al llegar a más de 100 mililitros de lluvia.
De los 35 mil damnificados, 9 mil 381 corresponden a Gaymas, mil 238 corresponden a Bácum, 5 mil 279 a Cajeme, 2 mil 397 a Empalme, 4 mil 492 a Etchojoa, 4 mil a Huatabampo, 5 mil 482 a Navojoa, mil 641 a Benito Juárez y mil 90 a San Ignacio Río Muerto.
Esto ha provocado que el gobierno del estado, en conjunto con el gobierno federal dictaminaran la declaratoria de emergencia en Sonora, para los municipios de Cajeme, Empalme y Guaymas.
Sin embargo, cabe señalar que existe una diferencia entre la declaratoria de emergencia y la declaratoria de desastre. Ya que la primera dirige la atención de la vida y la salud de la población, mientras que la segunda tiene por objeto proporcionar recursos para la reconstrucción de los daños sufridos de las viviendas e infraestructura pública.
Dentro de los múltiples daños de infraestructura están los municipios afectando viviendas y vehículos, así como la pérdida de animales y sembradíos, siendo estos de gran impacto negativo en la economía de la entidad, pues como bien es sabido, Sonora es un estado agricultor.
Por si esto fuera poco, se suma a la alarmante declaración de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, en la cual dio a conocer el trabajo de desfogue de dos presas que reportan un 103 por ciento de su capacidad, poniendo en riesgo a los habitantes más cercanos de los ríos, como es el caso del municipio de Navojoa.
Yo como sonorense, y con el respaldo de los diputados y diputadas de Movimiento Ciudadano, externamos nuestra preocupación por la situación que están pasando nuestros hermanos de Sonora y de las futuras repercusiones que habrá si continúan las lluvias.
Por lo que solicitamos el carácter de urgente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación para que en la Declaratoria de emergencia por la presencia de lluvia severa ocurridos los días 3 y 4 de octubre de 2015, en los municipios de Cajeme, Empalme y Guaymas del estado de Sonora, se considere la inclusión de los municipios de Bacum, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto, igualmente damnificados por este fenómeno natural. Por su comprensión y atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Garzón.
Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, perdón. Diputada me habían comunicado a la Mesa que no había oradores u oradoras, y me están manifestando que sí los hay, entonces vamos a dar el procedimiento correspondiente. Muchas gracias, disculpe.
Entonces habiendo oradores, en consecuencia tiene la palabra, el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.
El diputado Francisco Javier Pinto Torres: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Recientemente, como escuchábamos, el estado de Sonora se vio afectado por una devastadora tormenta tropical. Quienes vivimos en estados que están expuestos a eso lo entendemos y nos solidarizamos. Colima, estado del cual yo provengo, no es la excepción.
En Nueva Alianza queremos manifestar a la población afectada que nos solidarizamos con ellos y nos sumamos a esta proposición con punto de acuerdo a fin de que la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de desastre para los municipios de Cajeme, Guaymas, Bacum, Hechoja, Huatambo, Navojoa, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto y Empalme, que fueron dañados por la tormenta tropical Marty.
Para Nueva Alianza la seguridad y la protección de la población en caso de desastres naturales son prioritarias. Es por ello que reconocemos la labor tanto del gobierno del estado como del gobierno federal al reaccionar como lo hicieron, emitiendo la declaratoria de emergencia en dichos municipios.
Sin embargo los daños que han sufrido estas comunidades son más duraderos que la tormenta. Según las estimaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil, hay aproximadamente 35 mil personas afectadas por las lluvias, así como 800 viviendas dañadas por el mismo motivo.
La protección al medio ambiente y la sustentabilidad son temas fundamentales para Nueva Alianza y están a la par de la educación para la prevención de los desastres y la protección civil.
Para nuestro grupo parlamentario es fundamental que se garantice no solo la seguridad de los habitantes ante estas situaciones de emergencia, sino que se actúe decididamente para que los sonorenses salgan de esta circunstancia lo más pronto posible. Hoy por Sonora. Mañana por todo el país.
No basta con una evaluación de los daños, es imperativo que se emita esa declaratoria de desastre para proporcionar los recursos necesarios para la reconstrucción y reparación de las viviendas, así como de la infraestructura pública perjudicada.
Somos la bancada de la igualdad. Circunstancias como las que vive actualmente el estado de Sonora requieren que con ese criterio se asignen los recursos para el establecimiento de las condiciones de vida digna de la población afectada.
Hagamos algo al respecto y creo que con la conciencia y el buen manejo político que todos tenemos aquí, se logrará. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pinto. Tiene ahora la palabra la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Con su venia, señor presidente; buenas tardes, diputadas y diputados. Yo como bajacaliforniana y con el respeto de las diputadas y los diputados de Movimiento Ciudadano, extremamos nuestra preocupación por la situación que están pasando nuestros hermanos en el estado de Sonora, y de las futuras repercusiones que habrán si continúan las lluvias, por lo que solicitamos de carácter urgente se resuelva esto. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada García. Tiene ahora la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señor presidente; compañeros diputados y pueblo de México. El día de hoy aparece en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de emergencia por la presencia de lluvias severas los días 3 y 4 de octubre del presente año en los municipios de Cajeme, Empalme y Guaymas.
Enhorabuena, ya se habían tardado 10 días para atender un desastre natural. Si hubiese sido una emergencia de otro tipo, probablemente no hubieran rescatado a nadie; pero nuevamente digo qué bueno que ya existe esta declaratoria.
Pero qué malo que se les olvidó que se había solicitado que esta declaratoria fuera emitida también para los municipios de Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, San Ignacio Río Muerto y Bácum.
Los que igualmente resultaron damnificados con severos daños para la población y la infraestructura por los efectos adversos de la tormenta tropical Martí, en el estado de Sonora.
Esto es notorio a simple vista, nadie puede dudarlo o estar en desacuerdo con ello, pero la bendita burocracia no consideró que los daños fueran suficientes para también emitir una declaratoria de emergencia.
En esos municipios, como si la población afectada no existiera o no contara. ¿Qué criterios utiliza? Por qué a unos sí o por qué a otros no, compañeros. Resulta paradójico e incluso incomprensible que sea necesario emitir una declaratoria de desastres naturales para efecto de cumplir con las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, y que la autoridad federal necesite de mecanismos burocráticos lentos e impersonales, en lugar de formas ágiles e inmediatas de respuesta para atender demandas imprescindibles como es el techo, la ropa, el trabajo, comida o educación.
Esto sólo puede explicarse de una manera, control político, compañeros. Control político e incluso en medio de la adversidad y el desastre del estado de necesidad y la tragedia humana, control político que equivale a miedo a que la gente se auto organice, que exija sus derechos y la acción de las autoridades, primero para prevenir y luego para reaccionar ante las inclemencias de la naturaleza, miedo a que el producto de la organización y la exigencia de derechos resulten organizaciones vigorosas, una sociedad articulada en movimientos como demandas concretas, como vivienda, salud, educación y otros servicios. Tal y como sucedió después de los terremotos en la ciudad de México del año 85, con el despertar de una sociedad que se organiza.
El Fonden, mejor conocido como Fondo de Desastres Naturales, tiene como objetivo atender los efectos de desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades federales, así como las entidades federativas y que es un complemento de las acciones que deben llevarse a cabo para la atención de desastres naturales, compañeros.
Al menos en teoría es para lo que fue creado. Todos estamos a merced de las contingencias ambientales. Si bien este fondo es necesario, puesto que como se ha demostrado año con año a lo largo y ancho del territorio nacional, suceden desastres naturales originados por distintas causas que pueden afectar desde municipios costeros, como Chiapas, Oaxaca o Guerrero, hasta la sierra de San Luis Potosí o el norte del país, como Nuevo León o el estado de Tamaulipas.
También necesitamos avanzar en materia de prevención de desastres, sabedores de que año con año tenemos daños y catástrofes naturales por heladas, sequías, exceso de lluvia, granizadas e incluso movimientos telúricos, resulta contrario a toda razón e incluso disfuncional que no pongamos énfasis en los mecanismos preventivos y solo nos limitemos en reparar a una ínfima parte de los efectos negativos del clima o de la naturaleza embravecida.
Termino, compañeros. El Fonden debe cambiar sus reglas de cooperación y hacerse un mecanismo ágil, oportuno, de una adecuada compensación y no en el reparto de migajas como forma de control político.
El Grupo Parlamentario de Morena se solidariza con las miles de familias afectadas por los severos daños en la infraestructura en municipios de Cajeme, Guaymas, Bácum, Etchojoa, Huatabampo, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto y Empalme, sobre todo por la pérdida de vidas humanas y el daño al patrimonio de los más de 9 mil 381 damnificados en Guaymas, los mil 240 en Bácum, los 5 mil 280 en Cajeme, los más de 2 mil 400 de Empalme, los 4 mil 500 de Etchojoa y los más de 4 mil en Huatabampo, así como también los 5 mil 500 en Navojoa, los mil 640 de Benito Juárez y las mil 100 personas que de una u otra manera resultaron afectadas en San Ignacio Río Muerto.
Para todo ellos nuestro más sincero apoyo y sobre todo nuestro compromiso para legislar en materia de protección civil a nivel federal, para que estas tragedias humanas sean reducidas al mínimo posible, prohibir la formación de asentamientos humanos en los lechos, causes, ríos y zonas expuestas, variaciones, terrenos y de más zonas que puedan hacer daño a la población.
El complimiento de estas disposiciones evitarán que en el futuro se repitan hechos trágicos y lamentables para el hombre, y al mismo tiempo permite mitigar los efectos que los fenómenos atmosféricos puedan tener sobre las poblaciones.
Los desastres naturales son impredecibles, sin embargo la negligencia humana no lo es. Por ello, Morena votará a favor de aprobar este punto de acuerdo, y que se incluyan los municipios antes mencionados como zona de desastre. Muchas gracias, compañeros. Les deseo una excelente tarde.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cañedo. Tiene ahora la palabra hasta por tres minutos, la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
La diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso: Con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputados, en los últimos años hemos sido testigos de eventos climáticos que nos permiten hacer conciencia respecto a lo vulnerable que nos encontramos como sociedad. Los desastres naturales cada vez son más frecuentes y si bien no podemos evitarlos, sí podemos ejecutar acciones que abonen a la disminución de los factores de riesgo y a la prevención para saber cómo actuar ante dichos fenómenos.
Aun con los grandes avances que se han logrado en materia de prevención de desastres, es lamentable que hoy en día sigamos percibiendo la materia ambiental como un tema de menor relevancia. Sin embargo, debemos estar conscientes que es precisamente la intervención negativa del hombre la que ha dañado gravemente a los recursos naturales que lo rodean.
Precisamente hace unos días conmemoramos el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales y ocupamos la misma para hacer un atento llamado a las autoridades y en general a la sociedad, para que se sumen a las labores de concientización y participación en favor de protección de nuestro medio ambiente, pues a partir de ello podremos minimizar los efectos negativos de dichos fenómenos naturales.
Hoy precisamente, hacemos referencia a la tormenta tropical Marty, que a poco más de una semana de acontecido dejó a su paso más de 35 mil damnificados en tres municipios costeros de Sonora; Cajeme, Empalme y Guaymas. Dichos damnificados además de verse afectados en su patrimonio, hoy en día se encuentran en peligro inminente de ser contagiados por plagas debido al derrame de aguas negras, lo que los hace susceptibles de contraer enfermedades sanitarias como dengue, chikungunya, cólera y otras enfermedades.
Para su inmediata atención las autoridades locales y federarles han declarado estado de emergencia en dicha zona, ejecutando un programa de rescate que permita garantizar la seguridad personal y la salud de sus habitantes.
No obstante, coincidimos con la solicitud hecha en un punto de acuerdo que hoy se somete a consideración de esta asamblea, pues para su total recuperación resulta indispensable emitir la declaratoria de desastre, pues a partir de ella se podrán proporcionar los recursos para la reconstrucción por los daños sufridos en viviendas y en la infraestructura pública.
Como representante de mi bancada reitero el compromiso de respaldar todas aquellas acciones que tengan como finalidad mejorar la calidad de los mexicanos, más aún por tratarse de una situación de emergencia tan lamentable por la que atraviesan los habitantes del estado de Sonora.
Es por ello que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del presente punto de acuerdo, pues coincidimos en la necesidad de exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, para que se emita la declaratoria de desastre en los diferentes municipios afectados por la tormenta tropical Marty, en el estado de Sonora.
Ello como vía idónea para garantizar la ejecución de programas que abonen a la inmediata recuperación de las zonas afectadas y la salvaguarda de los miles de damnificados, que hoy más que nunca necesitan de la ayuda de todos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Arzaluz. Tiene el uso de la voz la diputada Cristina Gaytán, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Compañeras y compañeros diputados, acudimos a esta tribuna para manifestar la posición y el sentido favorable del voto que emitirá el Grupo Parlamentario del PRD, en torno a la muy grande necesidad de contar con una declaratoria de desastre natural, que permita recuperar el funcionamiento de los servicios públicos, la infraestructura básica y atender los daños a los comercios y casas habitación en varios municipios del sur de Sonora, que han sido devastados por las inundaciones y lluvias torrenciales que se han suscitado desde finales de septiembre.
Acompaña nuestro voto un gesto de solidaridad y comprensión con todos los municipios y comunidades del valle del Yaqui, de la zona costera de Guaymas y del sur de Sonora, a todos los habitantes y familias damnificadas que requieren y reclaman la intervención oportuna y eficaz de los distintos órdenes de gobierno y las instancias de representación popular.
A Sonora le llueve sobre mojado. Y sí, porque después de la tragedia asociada al fuego, a la negligencia y la impunidad que significó el incendio de la Guardería ABC, a las más recientes tragedias, todas ellas que han estado asociadas al agua, a su mal manejo, al uso de las políticas públicas hídricas para beneficiar los intereses de los poderosos por encima del interés público y del bien común, como los intereses de la minera México, como los intereses de las empresas constructoras y concesionarias del acueducto Independencia, asociados a los intereses y excesos del ex gobernador Guillermo Padrés.
Hoy día que cientos de habitantes de los municipios de la cuenca del Río Sonora aún siguen padeciendo en su salud y en sus bienes los estragos de la contaminación provocados por la minera México.
Hoy día, que nada se sabe sobre el dinero del fideicomiso que fue creado para atender a aquel desastre. Nada que no sea que quedó en los bolsillos de los funcionarios municipales y estatales.
Hoy día, que la tribu Yaqui, los agricultores del Valle del Yaqui han sido despojados de su garantía de acceso al agua, de la que depende su sustento económico y vital.
Hoy día se suma la tragedia de las inundaciones, tragedia cuyos efectos indeseables pueden ser en cierta medida prevenidos y evitados, pero seguimos siendo reactivos ante los fenómenos naturales asociados al cambio climático.
Siempre resultará más económico y más efectivo invertir en acciones y obras de prevención, que destinar cuantiosos recursos para reconstruir, pero ni los gobiernos del PAN en su momento ni los del PRI hoy día desean entender esa elemental lección, y para muestra el proyecto de presupuesto 2016 que nos ha enviado el Ejecutivo.
Resulta, que las partidas donde se propone el mayor recorte al Ramo 16 corresponden al programa que canaliza inversión a la infraestructura de protección, estamos hablando de poco más de 2 mil 600 millones menos, que representan un recorte del 32 por ciento con respecto a los programas vigentes en el presente ejercicio fiscal.
Nos parece inconcebible que el nivel de inversión total en este tipo de infraestructura sea igual o menor al gasto de comunicación social de la Presidencia de la República.
Más allá de los exhortos, las y los diputados federales, podemos contribuir en mayor medida si enmendamos y corregimos estos despropósitos, ejerciendo nuestra facultad de modificar el presupuesto federal.
Por lo demás, consideramos correcta la distinción que hace la diputada proponente entre una declaratoria de emergencia y una de desastre, misma que en términos de ley corresponde a la figura de declaratoria de desastre natural.
Al respecto vale decir, que con anterioridad 8 de los 9 municipios para la que se solicita la declaratoria, ya habían sido declarados en emergencia desde el 23 de septiembre y 3 de octubre, mediante los boletines 530 y 550 de la Secretaría de Gobernación, lo que indica que los habitantes afectados y damnificados llevan padeciendo los efectos de lluvias severas desde hace más de dos semanas.
Reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo sonorense y el sentido favorable del voto que emitirá el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Gaytán. Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, el diputado José Everardo López Córdova, del Partido Acción Nacional.
El diputado José Everardo López Córdova: Con su permiso, presidente. El día de hoy nos ocupa un hecho que ha dejado daños incalculables en perjuicio de la gran parte del estado de Sonora.
Las graves consecuencias de los fenómenos naturales requieren de una sumatoria de esfuerzos más allá de colores partidistas, con la finalidad de atender de manera puntual la situación de los damnificados y la población en general, que viven en zonas de alto riesgo en distintas entidades federativas.
Los múltiples daños que ha dejado la tormenta tropical Marty, en el estado de Sonora, particularmente los del pasado sábado 3 de octubre, se traducen en la pérdida del patrimonio de miles de familias mexicanas, lo que a todas luces requiere de una solución integral y responsables que permita asegurar la debida reparación de los daños ocasionados por este meteoro.
Las fuertes lluvias han dejado personas lesionadas, deslaves carreteros, aumentos en el cauce de ríos, inundaciones, suspensión de clases, suspensión del servicio de agua entre otras afectaciones que requieren de la atención puntual por parte de esta soberanía y de las autoridades correspondientes.
En Sonora se han contabilizado, a la fecha, 35 mil damnificados, siendo mayormente identificados en el municipio de Guaymas, y para ser exacto en dos colonias: en la colonia Fátima y en la colonia Estación Oros.
En los municipios de Bácum, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto.
Por otro lado, 16 municipios fueron declarados zona de emergencia por el fenómeno Marty. No obstante, las consecuencias del mismo ameritan una nueva solicitud de asistencia que permita brindar la ayuda correspondiente ante los problemas recientes.
Cabe mencionar que en la región del sur de Sonora los daños ascienden a 500 millones de pesos, por lo que requiere de la emisión de las declaratorias de emergencia para acceder al Fondo de Desastres Naturales, a efecto de canalizar los apoyos necesarios para apoyar las familias afectadas.
Señoras y señores legisladores, el Grupo Parlamentario del PAN, se suma a lo expuesto en este punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que emita la Declaratoria de desastre para los municipios afectados por la tormenta tropical Marty en Sonora, es momento de buscar los mecanismos que permitan que estos instrumentos como la Declaración de emergencia y de desastre en este país sean de manera rápida y expedita.
Tenemos que trabajar en ese sentido y desde luego que Acción Nacional se suma a este punto de acuerdo por nuestras hermanas y hermanos de Sonora que están padeciendo este gran problema y que desde luego la exhortamos a que sigamos trabajando en esta comunidad. Muchísimas gracias por su atención, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado López. Y por último en esta ronda de participaciones tiene la palabra, la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.
La diputada Susana Corella Platt: Con su permiso, señor presidente, compañeros diputados y diputadas de este pleno. Quiero reconocer ampliamente la preocupación y participación de la compañera sonorense, diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, de Movimiento Ciudadano, por lo que está aconteciendo hoy por hoy en el estado de Sonora.
También por supuesto quiero agradecer la suma de los demás grupos parlamentarios, Encuentro Social, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Morena, Partido Verde, PRD y PAN por su preocupación de este caso que nos ocupa a todos los sonorenses y los mexicanos. Sin embargo, creo que es muy importante decir ante este pleno la diferencia que existe entre lo que es una Declaratoria de desastre y qué es una Declaratoria de emergencia.
La Declaratoria de desastre es la manifestación pública por parte de la Secretaría de Gobernación y a solicitud de alguna entidad federativa o dependencia federal, de que ha ocurrido un fenómeno natural perturbador, en lugar y tiempo determinado, mismo que ha causado daños tanto a la vivienda como a los servicios e infraestructura pública, federal, estatal y/o municipal, todo de acuerdo a lo que determinan las reglas de operación del Fonden.
Se trata de un requisito fundamental para que las entidades federativas o las dependencias federales puedan acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales y así poder coparticipar con recursos para la normalización de los servicios públicos o reconstruir los daños sufridos en las viviendas de la población de bajos ingresos como la infraestructura pública federal, estatal y/o municipal que hoy por hoy en Sonora está destruida.
¿Qué es la declaratoria de emergencia? La declaratoria de emergencia es el reconocimiento de la Secretaría de Gobernación que uno o varios municipios o delegaciones políticas de una entidad federativa se encuentran ante la inminencia o alta probabilidad de que se presente un fenómeno perturbador de origen natural que provoque un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población. Dicha declaratoria podrá subsistir ante la presencia de una declaratoria de desastre.
Yo sí quiero dejar muy en claro, compañeros y compañeras diputadas, que nuestra gobernadora del estado, la licenciada Claudia Pavlovich Arellano, desde un principio emitió y pidió ante la Secretaría de Gobernación que se declarara zona de emergencia y zona de desastre.
Con fecha 29 de septiembre de 2015 la Secretaría de Gobernación hizo la declaratoria de desastre natural por lo ocurrencia de lluvia severa de los días 20 y 21 de septiembre en 16 municipios: Guaymas, Empalme, Rayón, San Miguel de Horcasitas, Hermosillo, Carbó, Pitiquito, Cucurpe, Opodepe, Cajeme, Hechoja, Quirurgo, Rosario de Tesopaco, Navojoa, Huatabampo y Benito Juárez.
El 30 de septiembre se hizo la declaratoria de emergencia por la Secretaría de Gobernación por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 20 y 21 de septiembre en cinco municipios: Hermosillo, Guaymas, Empalme, Rayón y San Miguel de Horcasitas.
El primero de octubre la Secretaría de Gobernación hizo la declaratoria de emergencia por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 20 y 21 de septiembre en 11 municipios: Carbó, Pitiquito, Cucurpe, Opodepe, Cajeme, Echojoa, Quiriego, Rosario, Navojoa, Huatabampo y Benito Juárez.
Y hoy, 13 de octubre, se hace la declaratoria de emergencia por la Secretaría de Gobernación por la presencia de lluvia severa ocurrida los días 3 y 4 de octubre en tres municipios: Cajeme, Empalme y Guaymas.
Yo sí quiero aclarar que mi distrito cuenta con 39 municipios. La mayoría de esos municipios son parte de este desastre natural. Quiero reconocer la rápida respuesta de la Secretaría de Gobernación a cargo del licenciado José María Tapia, quien dirige el Fonden, a solicitud de la gobernadora del estado de Sonora, licenciada Claudia Pavlovich, quien de inmediato, de inmediato llegaron los recursos.
Lo bueno de ahora de la era moderna, es que podemos ver en redes quiénes han visitado los municipios; y pueden ustedes constatar que nuestra gobernadora del estado ha visitado dos veces cada uno de los municipios afectados.
Este sábado va a visitar nuevamente el municipio de Guaymas, Empalme y los demás de las etnias yaquis. Cordialmente invitamos a todos y a cada uno de ustedes.
Por lo tanto le solicito a este pleno que se incluya en la declaratoria de Zona de Desastre únicamente a Bakúm y a San Ignacio Río Muerto; los demás ya se encuentran solicitados. Es cuanto, señor presidente; muchísimas gracias por su atención.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Corella. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba el Acuerdo.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba el Acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, comuníquese.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Acuerdo. Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través del Instituto Nacional de Cancerología, y en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, elabore un programa de atención médica que forme parte del Acuerdo General de Colaboración para el Intercambio de Servicios de Salud, destinado a aquellas personas a las que se les ha detectado cáncer de mama.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de octubre del 2015 Firma la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría visible, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, comuníquese.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos la diputada Carolina Monroy del Mazo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo de urgente resolución.
La diputada Carolina Monroy del Mazo: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Con la potestad que me otorga la ley, y con su venia, señor presidente.
Compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación que nos acompañan, a todos los mexicanos que nos ven a través del Canal del Congreso, acudo a esta máxima tribuna a nombre de mis compañeras y compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional, es un hecho que para el otorgamiento de su confianza las y los mexicanos exigen que la gestión de gobierno genere beneficios tangibles en su vida cotidiana, y al mismo tiempo que la conducta de los gobernantes se dé bajo los principios de honestidad, integridad, respeto, eficiencia, imparcialidad, transparencia, justicia, legalidad y tolerancia.
Considerando que todo cambio ha de gestarse a partir de la asunción de un compromiso individual y de un acuerdo colectivo para actuar con dignidad, pulcritud y verdadera vocación de servicio, es que los códigos de ética o de conducta son una herramienta esencial que ya ha sido adoptada por varios países.
Tal es el caso de naciones como Francia y Alemania, y en los últimos años se han reproducido con excelentes resultados en los Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Paraguay, Chile y Perú, entre otros.
En el caso de México, legislaturas pasadas han presentado a este pleno al menos 30 iniciativas y puntos de acuerdo que pretendieron desde la creación de una ley federal de ética parlamentaria, hasta la integración de una comisión que se encargaría de vigilar que las y los legisladores se rigieran por los principios básicos de educación y convivencia.
A pesar de estos esfuerzos nada se ha concretado. Las diputadas y los diputados del Revolucionario Institucional creemos que es tiempo de reconocer que falta un paso decisivo y que este debe emanar de la abierta y clara voluntad de honestidad y transparencia de cada legisladora y de cada legislador para honrar así sus deberes y a la patria.
Con este propósito se exhorta a la Cámara de Diputados a la creación de un Código de Ética y Conducta Parlamentaria, de carácter obligatorio y coercitivo, y la instauración de un comité plural que con método y sistema garantice el cumplimiento y avance real de este importante rubro.
Asimismo, el comité tendrá también la tarea de investigar sistemática y constantemente las mejores prácticas legislativas alrededor del mundo, con el propósito de replicarlas en nuestro sistema legislativo.
La necesidad de recuperar la confianza, siendo esta un sentido indispensable de la reconstrucción del tejido social, es un imperativo nacional e internacional y nuestro ámbito legislativo no es la excepción, por ello se propone su regulación formal a acompañada del formato permanente de una actuar basado en principios y valores que nos alejen de conflictos de interés, actos deshonestos y opacidad. La enorme responsabilidad de representación y la toma de decisiones sobre la vida nacional que nos corresponde así lo reclaman.
Debemos atender con honradez, honestidad y absoluta disciplina el mandato de servicio que nos impone el privilegio de ser diputadas y de ser diputados, y la responsabilidad de representar nada menos que a 112 millones 336 mil 538 mexicanos. No podemos creer que las cosas serán distintas si a partir de hoy no hacemos las cosas de manera diferente.
Les digo que si queremos percepciones y resultados distintos hay que dejar de hacer lo mismo de siempre y hacerlo como personas sin mayor ideología que el deseo de ser íntegros y dignos de confianza, con trabajo y con buenos resultados.
Es por ello que hacemos un llamado a esta nueva legislatura, a ser el primer referente en este sentido. Debemos buscar, como los romanos llamaban, el decorum, que significa simplemente ejercer la política con ética y congruencia, apropiadamente con honorabilidad.
En este afán, y solo como ejemplo, nos preguntamos si es imprescindible que sigamos permitiendo la venta de alcohol en instalaciones de la Cámara de Diputados. Este ejemplo en relación a las bebidas alcohólicas sé que puede ser visto como algo no sustancial, por sí solo no lo es, como parte de una conducta general mucho menos, sin embargo me pregunto, ¿debemos tener los diputados un tratamiento diferente al de cualquier otro trabajador? ¿Es que en nuestro centro de trabajo entonces sí se permite, y no en otros?
No me refiero a la decisión personalísima de cuánto consumir, sino al hecho original de que frente a otros ciudadanos que trabajan igual que nosotros, nosotros gozamos de posibilidades distintas.
Quisiera solicitar, ojalá fuera posible, que la administración de esta Cámara tome las medidas correspondientes. En realidad no nos parece que pudiera ser tan difícil de lograr.
El objeto de este punto de acuerdo, lo subrayo, el objeto de este punto de acuerdo es la creación de y adopción del Código de Ética que complete la normatividad de la Cámara de Diputados. Desde la Constitución, la Ley Orgánica, el Reglamento y con la decisión de ustedes seguramente el Código de Ética y Conducta Parlamentaria.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Único. Por el que se exhorta a esta honorable asamblea que se instruya la creación de un grupo de trabajo plural para el desarrollo de este Código de Ética y Conducta Parlamentaria, con la finalidad de regular el actuar de las y los diputados federales, hacer más eficiente la labor legislativa y reformar la confianza y credibilidad de la sociedad mexicana hacia el Poder Legislativo. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Monroy. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo propuesto.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobado. Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su atención.
Tiene la palabra ahora, desde su curul, el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo. Sonido en la curul, por favor, ahí.
El diputado Macedonio Tamez Guajardo (desde la curul): Gracias, presidente. Quiero expresar, tanto a título personal como a nombre de la fracción de Movimiento Ciudadano mi simpatía y apoyo por esta iniciativa de contar con un código de ética en esta Cámara de Diputados.
Me nace recordar en este momento a Max Weber, filósofo alemán, que dijo a principios del siglo XX que hay que distinguir entre la ética de las convicciones y la ética de los resultados o de las responsabilidades. La ética de las convicciones parte de nuestra naturaleza, de una u otra manera aquí las compartimos todos y son los valores que guían nuestro actuar, el problema es bajarla a los resultados.
Tan convencidos estamos de eso los diputados de Movimiento Ciudadano, que el pasado 23 de septiembre anunciamos nuestro código de ética, que aportaremos con gusto a este grupo de trabajo.
E insisto en la necesidad, amigos y amigas de dar resultados. En este momento el gobierno nos está bombardeando con una frase Ya chole con tus quejas. Los mexicanos decimos: Ya chole con la falta de resultados.
De tal manera que insisto en mi aprecio por la iniciativa que acabo de escuchar, el apoyo propio de la fracción que represento y una forma muy respetuosa: convino a todos a trabajar para que los resultados que tanto espera México de nosotros, los demos a partir de este grupo de trabajo y contemos con un código de ética efectivo, profundo y convincente. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Tamez.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del 12 de octubre, Encuentro de dos mundos. Tiene la palabra para referirse al tema, la diputada Dora Elena Real Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Dora Elena Real Salinas: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su permiso, señor presidente. Hoy se cumplen 523 años del encuentro de dos mundos, hecho que representó uno de los momentos históricos más importantes de la historia de la humanidad.
Se trató de un cambio rotundo en la vida de los habitantes de todo el planeta, pues se dio un intercambio en todos los sentidos, esencialmente en la cultura y en lo religioso. El 17 de abril de 1492 los monarcas españoles nombraron a Cristóbal Colón virrey y gobernador de todas las tierras que descubriera en su travesía.
El proyecto de Colón era establecer nuevas rutas comerciales que lo llevaran de forma más rápida a China y Japón. La conquista fue violenta, brutal. La discriminación hacia los pobladores del continente por parte de los colonizadores europeos fue una política intencional, se les menospreció tanto que incluso llegaron a argumentar que no tenían alma.
Las consecuencias que conlleva la conquista fueron, la eliminación de los sistemas políticos de los pueblos indígenas, la desaparición de numerosas lenguas, la discriminación de sus culturas originales, la destrucción de obras culturales, la evangelización, el desconocimiento de sus derechos como seres humanos, ya que los trataban como esclavos.
Sin embargo, también conllevó a la apertura de nuevas vías de comunicación marítimas entre Europa y América, la creación de decenas de puertos oceánicos y pluviales, el inicio de la mundialización y la aparición del comercio trasatlántico.
En general, podemos señalar que en el Encuentro de dos mundos dio lugar a la unidad política, lingüística, social y cultural, que caracteriza a los países que forman la América hispana.
Por ello, el Congreso de la Unión decretó el 24 de septiembre de 1892 que este día fuera una fecha conmemorativa, a partir de 1917 se le denominó Día de la Raza. A iniciativa del presidente Venustiano Carranza, posteriormente Emilio Portes Gil, oficializaron el festejo cívico y el Congreso aprobó el 10 de octubre de 1929, el 12 de octubre fuera denominado Día de la Raza y Aniversario de descubrimiento de América.
Es nuestra obligación como diputados y diputadas de esta Cámara hacer respetar los derechos e identidad de los pueblos indígenas, porque constituyen una cifra no poco importante, ya que son 15.7 millones de mexicanos quienes representan el 14 por ciento de la población total, de los cuales 6.5 millones son hablantes de una lengua indígena.
Por ello, constituyen parte importante de nuestro legado cultural. No debemos permitir que sigan perdiendo su lengua, sus tradiciones, sus creencias y su cultura.
Por ello, compañeras diputadas y diputados, los exhorto a que en cada una de las iniciativas en las que participemos velemos por los derechos humanos de los indígenas, ya que para ellos somos una esperanza, somos una esperanza de vida, de mejorar cada día más, porque ellos contribuyen a la riqueza y la cultura de nuestra nación. Por nuestros pueblos indígenas vamos a trabajar en unidad. Muchas gracias. Es cuanto, señor.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Real. Damos la bienvenida a alumnos de la Facultad de Derecho de le Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por el diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac.
Igualmente, a un grupo de jóvenes vecinos del municipio de Netzahualcóyotl, del Estado de México, invitados por el diputado Carlos Iriarte Mercado. Bienvenidas, bienvenidos todos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del 12 de octubre, Día de la resistencia y dignidad de los pueblos indígenas, en el marco del Día de la Raza. Tiene la palabra para referirse al tema el diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Victoriano Wences Real: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día 12 de octubre tiene una connotación histórica porque marcó un cambio drástico para la humanidad entera.
Para los países europeos la prosperidad y para los pueblos originarios de América la inauguración de las peores formas de explotación, genocidio físico y cultural, interrumpiendo formas de organización y cosmovisión propia, millones de personas y culturas que habitaban en Mesoamérica, Centro y Sudamérica fueron exterminadas, pero la grandeza y la luminosidad de nuestras culturas primigenias quedaron atrapadas por la ambición y la miseria humana, la ambición irrefrenable por el oro y por la plata fue la maldición histórica para los primeros habitantes de estas tierras.
Pero esta historia de pobreza y dolor para los pueblos indígenas es cíclica, que hoy en día se está recrudeciendo más, si hace 523 años llegó Cristóbal Colón con su espada y su cruz, ahora están llegando las empresas mineras con la promesa del desarrollo. Los propios datos del gobierno federal son desalentadores.
De acuerdo con un estudio de la minería en México, realizado en el año 2012 por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, dependiente de la propia Secretaría de Gobernación, señala que en los últimos 17 años se ha concesionado una extensión equivalente casi a la mitad del territorio nacional en proyectos de minerías para empresas extranjeras con perjuicio en las comunidades rurales.
En dicho estudio se hace hincapié que desde el año 1994 al 2012 se han otorgado 43 mil 675 concesiones. Cabe señalar que al mes de julio del año 2013 se expidieron 644 títulos de concesiones que amparan una superficie de 1.6 millones de hectáreas que refiere el Primer Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo federal, el licenciado Enrique Peña Nieto, hecho llegar a esta soberanía.
Reconoce el gobierno federal que la explotación minera en los últimos años en territorio indígena de México ha transformado la atención social entre las comunidades, empresas y gobiernos de distintos órdenes. Estos hechos de explotación a gran escala, a cielo abierto de manera masiva y con casi nulas medidas de seguridad ambiental, que se reconoce que son la génesis de múltiples conflictos sociales, que derivan en enfrentamientos armados, desplazamientos forzados de comunidades y en aumento de la violencia, acelerando la descomposición del tejido social.
Es impresionante el reconocimiento del propio gobierno de Peña, que este proceso de explotación de la minería se hace sin respetar los derechos que tienen los pueblos indígenas sobre su territorio, a su propiedad, al uso y goce de sus recursos.
Sin duda que esta situación es grave por su propia naturaleza. Las concesiones mineras y la explotación de las mismas, en efecto atentan contra la propia existencia de los pueblos y comunidades que desde su cosmovisión ven la tierra como parte integrante de su vida pasada y futura.
La explotación minera compromete seriamente la soberanía del país y pone en riesgo la vida futura de todos los mexicanos, hombres y mujeres. Pero ésta es solo una parte del infortunio de los pueblos indígenas. De seguir así, México en el futuro será sin los pueblos indígenas.
Por eso es importante que esta soberanía popular que representa a todos los mexicanos se comprometa a resarcir los daños históricos cometidos con nuestros pueblos originarios. No hay deuda histórica que se pueda pagar con ello. Este compromiso debe traducirse en leyes, normas, reglamentos y políticas públicas que ayuden a transformar la relación asimétrica de subordinación y de desigualdad.
Sin menosprecio y reconociendo su dignidad, contribuyamos a crear una ley general de consulta para los pueblos y comunidades indígenas. Con los parámetros internacionales esa ley es fundamental, toda vez que las recientes reformas en materia energética impactan de forma directa en sus vidas y sus recursos.
Comprometámonos sin reticencias a legislar para que se reconozcan a los pueblos indígenas como sujetos jurídicos plenos para que en materia de justicia, salud, vivienda, medio ambiente y desarrollo social, sean los pueblos y comunidades indígenas una prioridad como lo expone el mismo Plan Nacional de Desarrollo del presente gobierno federal.
Nuestra pluriculturalidad y plurilingüismo con los pueblos indígenas debe fundarse en una relación de respeto con todos los pueblos y comunidades indígenas. Reconozcamos este 12 de octubre con una autocrítica y que celebremos con ellos la resistencia cultural y la dignidad histórica que los ha caracterizado. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Wences.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del Día de la Raza y aniversario del Descubrimiento de América 1492, y tiene la palabra para referirse al tema la diputada Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Blandina Ramos Ramírez: Gracias, presidente. Compañeras diputadas y diputados, ayer el calendario oficial señalaba la conmemoración del Día de la Raza, un nombre bonito para los calendarios con el que se señala el Descubrimiento de América, pero con el que se cubre una trágica realidad para los pueblos y naciones originarios de nuestro continente.
Cada vez se reaviva más la discusión sobre el verdadero sentido y resultados del encuentro y choque entre los pueblos originarios y los ejércitos invasores de España, el caso específico de México.
Genocidio de destrucción de vidas y culturas enteras, transformación e imposición de una identidad política, económica y cultural artificial. El rostro verdadero que se ha conservado en nuestros pueblos es un rostro plural en sus usos y costumbres que hoy y siempre han exigido la inclusión y el reconocimiento, la recuperación de la riqueza de su identidad y la no discriminación.
En la práctica se privilegian, y hacen menos los derechos de nuestros pueblos indígenas. Se le da preferencia al libre mercado y sus postulados que han significado mayor represión y dominación. El modelo de mercado principalmente, punto de apoyo en los procesos coloniales, es parte de la otra conquista que ha traído consecuencias en nuestros pueblos indígenas, caracterizado por la creciente desigualdad, la pobreza, la exclusión social, la privación de bienes básicos, el desequilibrio ecológico, la violencia y los desplazamientos, el saqueo continúa y parece no tener fin.
Ahora es representado por las empresas trasnacionales y su hambre por nuestros recursos naturales. En nuestro país viven cerca de 14 millones de indígenas, las políticas y programas públicos dirigidos a ello no sólo han modificado sus usos y costumbres para imponer artificialmente un modelo que ha generado una división nacional exclusiva.
Esos programas son, en muchos casos, la continuidad del proceso colonizador en contra de los pueblos originarios. La historia no coincide del todo con la realidad, la invasión es parte de la misma trama del dominio hoy nuestro, y los indígenas parecen ser los invisibles, los que resisten, los que son desplazados por la obsesión del capital de expandir mercados y fronteras.
Nosotros no podemos estar de lado de los que se apropian de lo ajeno, de una historia contada sin reconocernos y que oculta la historia a las tradiciones de nuestros pueblos y de su riqueza, que es nuestra propia historia, hagamos que la historia la escriban quienes la viven y son sus protagonistas, recuperemos la memoria, reconozcamos y respetemos a nuestros pueblos indígenas. Es nuestro compromiso en Morena. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ramos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo de la fundación de la Universidad de Guadalajara.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra para referirse al tema la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, soy hija del campo y de la universidad pública, por eso voy a hablar desde esa posición.
Fue gracias a la intervención del fray Antonio Alcalde y Barriga que el 18 de noviembre de 1791 se funda la real Universidad de Guadalajara, segunda universidad de la Nueva España, que inicia con sus cátedras de medicina, derecho, teología y filosofía. Hace un año fue renombrada como benemérita por el Congreso del Estado de Jalisco.
Hace 90 años, el 12 de octubre de 1925, José Guadalupe Zuno refundaba la Universidad de Guadalajara, en un proyecto precursor en su tiempo que dotó al occidente del país de una institución pública de educación superior para el pueblo, que retomaba en algunos de sus rasgos fundamentales la institución de finales del siglo XVIII por fray Antonio Alcalde.
La educación laica y socialista refundada por Zuno se distinguía por su ideología de la real y literaria universidad de fe católica como todo en aquel tiempo que fundaba el fraile en 1791. Pero más allá de las ideologías ambos proyectos buscaron dotar a la región, una región amplia con centro en Guadalajara, de aulas en las cuales formar como profesionistas a los nacidos en ella.
Podemos decir que hasta 1925, siendo gobernador José Guadalupe Zuno, se marca el acontecer universitario del siglo XX, su primer rector fue don Enrique Díaz de León. El acontecer político no ha estado ausente del devenir de la universidad, ya que ha transitado entre nombres y hombres que han marcado su historia.
Han pasado por sus aulas la primera médico, María Jacinta de la Luz Curiel, Fernando González Gortázar, Alí Chumacero, Hugo Gutiérrez Vega y Gabriel Flores, entre muchos otros, y han dado clases importantes personajes, como María de la Luz Villarreal de Puga, Fernando del Paso y Juan José Arreola.
La historia de la Universidad de Guadalajara no es fácil de contar en unos breves minutos, menos cuando está cumpliendo 90 años. Decir 90 años significa educación para Jalisco y estados como Aguascalientes, Michoacán, Colima, Nayarit, entre otros, que a pesar de contar con universidades de alta calidad ven a la Universidad de Guadalajara como una opción de estudio para carreras que quizá en sus lugares de origen no existen.
A partir de 1989 la modernidad apareció a las puertas universitarias y se empezó a desarrollar la red universitaria que permitió llevar a la universidad a casi todos los municipios de Jalisco. Hay que destacar su planta académica que se ha actualizado en muy corto tiempo, se ha ampliado la oferta educativa e impulsado la descentralización que a lo largo de estos 26 años se conforma en 15 centros universitarios, 60 escuelas preparatorias, 255 mil 944 alumnos, de los cuales 116 mil 424 forman parte de la planta del nivel superior; 30 programas y 210 postgrados.
Toda esta masa estudiantil será masa crítica, pero para ello necesitamos que los centros educativos como el nuestro creen, formen y transformen el conocimiento, pero en el presente para que en el presente se conviertan en esas y esos profesionales que necesitan los 110 millones de personas que están afuera de este recinto y que cada día trabajan para que existan instituciones como la nuestra.
Las y los maestros tienen un gran reto por delante; convertirse en los promotores de esa masa crítica que ayude a resolver los problemas que nos aquejan.
Muchas y muchos de los diputados que han pasado por este recinto han sido egresados de la Universidad de Guadalajara. Hay que honrar a quienes nos antecedieron como don Enrique Díaz de León y Fray Antonio Alcalde. Hoy el impulso a la educación pública superior laica y gratuita en los estados también fortalece el federalismo y es urgente seguir construyendo y desarrollando centros de educación superior con esos principios.
No será fácil cambiar los esquemas ancestrales de la participación política al interior y al exterior de la universidad, pero el reto democrático lo tenemos aquí, vamos como profesionales en este 90 aniversario a honrar los principios de Enrique Díaz de León, hombre de ciencia, ideólogo de izquierda, poeta, orador y diputado local y federal que ocupó también este recinto. También que impulsó el lema que hoy la universidad tiene: piensa y trabaja.
También el legado de Fray Antonio Alcalde, filántropo, quien con su generosidad y humildad nos dejó a esa gran universidad. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ochoa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, suscrito por los diputados Jesús Valencia Guzmán y Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del PRD. Tiene la palabra para referirse al tema, el diputado Jesús Valencia Guzmán.
El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Con su permiso, señor presidente. Primero que nada, agradezco a mi compañera Karen Hurtado, que me ha permitido hacer uso de la palabra.
Compañeros y compañeras diputadas, diputados, vengo a esta tribuna para recordar una fecha sumamente importante para todos nosotros, no solo en México, sino a nivel mundial: el Día Internacional de la Niña, el cual no tendríamos la oportunidad de celebrar si antes no se hubiesen establecido compromisos globales, en aras de reconocer los derechos de las niñas, de los niños y los adolescentes.
Esta búsqueda de mejorar las condiciones de vida para ese sector de la población se materializa el 20 de noviembre de 1989, cuando el mundo se comprometió a proteger y promover los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, aprender a crecer, a desarrollarse y alcanzar su pleno potencial, así como a lograr que sus voces fueran escuchadas con la firme constitución de la Convención de los Derechos de los Niños.
Desde aquel momento las niñas, los niños y los adolescentes son reconocidos como sujetos de derechos y no solamente como objetos de protección. El formar parte de dicha Convención obligó al Estado mexicano a revisar la legislación con que cuenta nuestro país para armonizar y adecuarse a los instrumentos internacionales sobre el tema.
En ese marco de ideas, el 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 66/170, en la que se declara el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña, para concientizar sobre los desafíos excepcionales que enfrentan las niñas de todo el mundo, y sobre todo reconocer sus derechos.
No debemos dejar de lado que en la actualidad millones de niños, niñas y adolescentes en el país viven en condiciones de pobreza y desigualdad económica, que frenan el goce de sus derechos y coartan sus oportunidades de desarrollo humano.
Por ello, en el marco de la celebración de esta fecha, debemos de sensibilizarnos ante la problemática que enfrentan nuestras pequeñas mujeres de manera cotidiana, y crear conciencia sobre la situación de las niñas en todo el mundo, para promover y proteger el pleno goce de sus derechos humanos.
La mayor obligación de velar por el reconocimiento de sus derechos las tenemos quien aquí trabajamos para cualquiera de los tres Poderes de la Unión, los representantes de los tres niveles de gobierno y la sociedad civil en su conjunto.
Permítanme referirme a lo que yo considero que debemos de anteponer más allá de los intereses partidistas por el bien de nuestra niñez, de la cual estoy convencido contaré con su apoyo.
Hoy he escuchado, por lo menos, nueve intervenciones relacionadas con niños o niñas, de distintas fracciones parlamentarias. En estos días estaremos discutiendo el paquete económico enviado a esta soberanía por la Presidencia de la República, el cual en muchos de sus conceptos es posible técnica, legal y financieramente incorporar recursos para que diversas dependencias del gobierno federal y los estados puedan implementar políticas públicas con enfoque de transversalidad, pensando en nuestra niñez.
No sólo eso, las y los diputados integrantes de las demás comisiones, ya formadas en esta Cámara, tenemos obligaciones con este sector de la población. ¿Acaso la Comisión de Salud, de esta Cámara, no tiene que ver con este tema? ¿Cuántos embarazos prematuros no atendidos, en donde muchas de las veces, de manera lamentable pierden la vida, no sólo el bebé, sino también la madre joven, adolescente o incluso niña?
La Comisión de Educación, sin duda, una de las más importantes será un actor fundamental en este proceso de reconocimiento de los derechos de las niñas de este país, pues solamente con educación vamos a lograr que las niñas salgan del rezago en las que muchas de ellas se encuentran.
Urge también que la Comisión de Justicia, como también ya se dijo, haga las reformas necesarias al Código Penal Federal para endurecer las penas contra aquellos que explotan a las niñas exhibiéndolas, así como también combatir el grooming, este término que no es otra cosa que el abuso sexual de las niñas por parte de individuos que las contactan por las redes sociales y después las amenazan si no les realizan favores sexuales.
Estoy seguro que la Comisión del Trabajo y Previsión Social también deberá cuidar la ley en la materia que sancione severamente a quienes exploten laboralmente a las menores y adolescentes.
La Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara también tiene su tarea. La Comisión de Seguridad Social, de Desarrollo Social, de Desarrollo Territorial Urbano, Equidad de Género, en fin, compañeras y compañeros, todos tenemos mucho qué hacer por nuestras niñas de este México. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valencia.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a dar lectura comunicaciones que han llegado.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política en relación a los cambios de juntas directivas e integrantes de diversas comisiones que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobadas. Comuníquense.
Se informa a la honorable asamblea que de conformidad con lo que dispone el artículo 146, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a la fecha han quedado legalmente instaladas, además de las que ya se dio cuenta en sesión anterior, las siguientes comisiones: Derechos Humanos, Igualdad de Género, Fomento Cooperativo y Economía Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Educación Pública y Servicios Educativos, Desarrollo Municipal, Fortalecimiento al Federalismo, Puntos Constitucionales y Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Deporte. Comuníquense.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En términos del artículo 100 del Reglamento, las proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (15:13 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 14 de octubre de 2015 a las 11 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.
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