Acta de la sesión constitutiva
Declaratoria de constitución de los grupos parlamentarios
Protesta como diputada de la ciudadana Mónica Rodríguez Della Vecchia
Comunicaciones
Iniciativas
Esthela de Jesús Ponce Beltrán, PRI
Claudia Sofía Corichi García, PMC
Araceli Damián González, Morena
Luis Alfredo Valles Mendoza, PNA
María Eloísa Talavera Hernández, PAN
Juan Fernando Rubio Quiroz, PRD
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
Efeméride relativa a la proclamación de las Leyes de Reforma
María Candelaria Ochoa Ávalos, PMC
Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, PRD
Luis de León Martínez Sánchez, PAN
Gonzalo Guízar Valladares, PES
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 462 diputadas y diputados. Por lo tanto hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (11:28 horas): Gracias. Se abre la sesión.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión constitutiva. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura de la sesión constitutiva tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Honorable asamblea, esta Presidencia, con fundamento en lo que establece el artículo 24, numeral uno del Reglamento de la Cámara de Diputados, declara que han sido constituidos los siguiente grupos parlamentarios para la LXIII Legislatura:
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Grupo Parlamentario de Morena.
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Además un diputado independiente, y una diputada sin partido.
En consecuencia a partir de esta fecha se estará a lo que dispone el numeral 2 del artículo 24 del Reglamento.
Publíquense los documentos constitutivos de los grupos parlamentarios, en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Informo que se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Mónica Rodríguez Della Vecchia, diputada federal electa en la cuarta circunscripción. Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a las siguientes diputadas y diputados:
La diputada Citlali Ceja García, diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, diputado Héctor Javier García Chávez, diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso, diputada Sandra Luz Falcón Venegas, diputada Mirza Flores Gómez, diputada Angélica Reyes Ávila, y diputada Norma Edith Martínez Guzmán.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su cometido)
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
(Puestos todos de pie)
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ciudadana Mónica Rodríguez Della Vecchia: ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La diputada electa Mónica Rodríguez Della Vecchia: Sí, protesto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Oficio del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que notifica la imposibilidad de acudir a rendir la protesta constitucional en la fecha y hora señaladas del diputado Miguel Ángel Yunes Linares.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Oficio de la diputada Ariadna Montiel Reyes, por el que comunica que ha dejado de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Actualícense los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Se recibieron oficios de las diputadas Karina Padilla Ávila y Yulma Rocha Aguilar, por los que comunican que optan por el cargo de diputadas federales a la LXIII Legislatura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Archívense en sus expedientes.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Con su permiso, presidente. Oficio del diputado Jorge Gaviño Ambriz, por el que comunica la imposibilidad de acudir a la sesión constitutiva de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Oficio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el que remite e informe previo de resultados de la gestión 2015 del órgano Interno de Control del Instituto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: El Instituto Mexicano del Seguro Social remite el informe sobre la composición y situación financiera de sus inversiones, correspondiente al segundo trimestre de 2015.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Seguridad Social, y de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.
Debo informar a la asamblea que los asuntos turnados se conservarán en la Dirección General de Proceso Legislativo, hasta que se apruebe la integración de las comisiones.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Se recibió de la Auditoría Superior de la Federación, el análisis del informe de avance de gestión financiera 2015.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Se recibieron los oficios de la Cámara de Senadores, por los que se comunica
1. La instalación de su primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y
2. La conformación de la Mesa Directiva para el primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se recibieron oficios de la Cámara de Senadores, con los que devuelven para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional, los expedientes por los que se desechan los siguientes proyectos de decreto
Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Deporte, para dictamen.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con proyecto de decreto por el que se adicionan los incisos l) y m), a la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 Bis, a la Ley General de Salud.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 2, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 12 y 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Deporte, para dictamen.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Deporte, para dictamen.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación 16 oficios, con los que se remite el tercer informe de labores de las siguientes secretarías: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Defensa Nacional; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Economía; Educación Pública; Energía; Función Pública; Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Marina; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Relaciones Exteriores; Salud; Trabajo y Previsión Social, y de la Procuraduría General de la República.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Distribúyanse a las diputadas y los diputados.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para prevenir y erradicar la discriminación hacia los menores de edad infectados con VIH en los centros de educación básica y media superior.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes minutas:
Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para dictamen.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos Primero y Tercero transitorios y se adicionan los artículos Quinto, Sexto y Séptimo transitorios al Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2015.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Con proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara el 28 de mayo de cada año Día Nacional por la Salud de la Mujer.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Oficio del Congreso del Estado de México, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso h) bis a la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente capítulo es el referido de las iniciativas de diputadas y diputados, a nombre de sus respectivos grupos.
Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 78 de la Ley General de Protección Civil.
La diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán: Señores integrantes de la Mesa Directiva. Compañeros legisladores y legisladoras. La suscrita Esthela de Jesús Ponce Beltrán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, 56, 62 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración la presente iniciativa.
El turismo es una actividad de enorme potencial para México y la región latinoamericana. En el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018 se definieron acciones específicas para afrontar los desafíos que planteaba la caída sistemática de la competitividad del sector, y que impedían aprovechar el potencial turístico y las ventajas comparativas del país en esa materia, con resultados que hoy son patentes.
De 2012 a 2014 la llegada de turismo a México de diferentes países y del propio turismo nacional creció alrededor del 70 por ciento.
Es ampliamente reconocido que nuestro país cuenta con importantes ventajas comparativas que le brindan su ubicación geográfica, su amplio inventario turístico y su capacidad para generar productos turísticos de calidad.
Sin embargo, asociado al privilegio de su ubicación y diversidad geográfica, se encuentra como una variable sustancial la vulnerabilidad a la que estamos expuestos, a los efectos adversos del cambio climático, considerando, desde luego, la variabilidad climática y los fenómenos extremos.
En este sentido, debemos emprender acciones que permitan incrementar la capacidad del sector turístico para hacer frente a este tipo de eventos.
Consideramos que se han emprendido importantes esfuerzos de tipo político y regulatorios, que brindad un marco general adecuado. Sin embargo, es preciso atender las fisuras que emergen con la concurrencia de eventos de este tipo.
Hace un año tuvimos un ejemplo de las acciones que aún nos falta por concretar. La llegada del huracán Odil a Baja California Sur ocasionó la pérdida de infraestructura urbana y turística, y mantuvo a más de 30 mil turistas varados durante varios días, padeciendo una situación por demás adversa.
Muchos de ellos sin recursos, sin posibilidades de hacer uso de los servicios de la banca, sin poder comunicarse con sus familias o regresar a sus lugares de origen.
En estas situaciones se cuenta con el apoyo institucional para todos los niveles de gobierno. Y es cierto también que tenemos hoy en día un sistema de protección civil muy fuerte en nuestro país, en coordinación con los tres niveles de gobierno.
Ante la imposibilidad de evitar esta ocurrencia de estos eventos, que son climatológicos, queremos y deseamos proponer a este honorable Congreso, una iniciativa para que sea tomada en cuenta en la Ley General de Protección Civil, en su artículo número 78.
Y a la letra dice:
Único. Se agregará texto en el artículo 78 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:
Artículo 78. Los particulares que por su uso y destino concentren o reciban una afluencia masiva de personas, están obligadas a contar con una unidad interna de protección civil y elaborar un programa interno en los términos que establezcan esta ley y su reglamento, sin perjuicio de lo señalado en los respectivos ordenamientos locales, así como asistir a los turistas, durante la posible contingencia derivada de un fenómeno natural.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 3 de septiembre de 2015.
Dejo esta iniciativa a consideración del pleno de este Honorable Congreso de la Unión. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
La diputada Minerva Hernández Ramos: Con su permiso, diputado presidente. Apreciadas diputadas y diputados, los saludo cordialmente. Nadie en este país resulta ajeno que el panorama económico que estamos viviendo es desalentador. La disminución en la producción de la plataforma petrolera, la estrepitosa caída del precio del barril, el meteórico ascenso del tipo de cambio del peso frente al dólar y el difícil contexto financiero internacional son noticias que preocupan a la población al no tener certidumbre respecto del rumbo económico que tomará México en el corto y mediano plazos.
Y cómo no estar preocupado, cuando el salario ha venido perdiendo su poder adquisitivo y cada vez que se hacen las compras para el hogar alcanzan para menos. Tal como lo demuestra el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza elaborado por Coneval, la encuesta del Inegi sobre el Índice de Confianza del Consumidor refleja que ésta se encuentra por los suelos, pues al preguntar si consideran que en un año mejorará la situación económica, cada vez son más quienes dudan en responder afirmativamente en vista del desempeño de la economía.
Los ciudadanos saben que prevalece una difícil situación económica en sus finanzas, si analizamos las cifras de la Antad, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, corroboramos que las personas se han abstenido de comprar bienes de consumo duradero, como muebles y electrodomésticos. La población vive al día y ha centrado su consumo en lo esencial: Alimentos, bebidas, pago de telefonía, gas, agua, electricidad y otros servicios elementales.
Cómo no estar preocupados cuando reiteradamente voces oficiales transmiten a los mexicanos que hay que apretarse el cinturón, que éstos son tiempos de austeridad. Además se advierte que tanto instituciones gubernamentales mexicanas como instituciones financieras internacionales y algunas consultoras privadas, consistentemente han venido ajustando siempre a la baja las expectativas del crecimiento económico.
Apenas en noviembre pasado nos decían que la proyección económica del PIB sería del 3.7. Al finalizar el segundo trimestre de 2015 la proyección es apenas del 2.1 por ciento. Es decir, en tan solo siete meses esa expectativa de crecimiento disminuyó 1.6 por ciento. Dicho de otra manera el PIB tuvo que ajustarse a la baja 0.22 cada mes, lo cual no solamente es inaudito sino que incide en los patrones de consumo, de ahorro y de inversión de la población.
Estamos entrapados en in círculo vicioso. Poco crecimiento económico, pocos empleos, pocos salarios competitivos, poco consumo y por ende el mercado interno no ha podido fungir como el motor del desarrollo financiero que requiere México.
El Partido Acción Nacional tiene miu claro que es responsabilidad de esta Legislatura establecer las bases para la reactivación económica y velar en todo momento por la protección de los intereses de los mexicanos que nos confiaron con su voto y nos comprometieron a estar aquí para dar la vuelta de timón y abrir posibilidades a un futuro mejor.
En Acción Nacional estamos convencidos que construir mejores condiciones de desarrollo económico a los ciudadanos y a las empresas repercutirá en la expansión del mercado interno, en la creación de mayores y mejores empleos y en el tan anhelado crecimiento económico.
Estamos seguros que debe fomentarse los vehículos a la inversión de bienes de capital en activos fijos que permitan a los agentes económicos tener el beneficio de mejorar tecnológicamente, adquirir activos con los que produzcan mejores bienes y una óptima prestación de servicios que incentive el desarrollo de ciertos sectores de la economía y dinamice el desarrollo entero del país.
El Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la Unión ha insistido desde la Legislatura pasada en que debe retomarse el tratamiento fiscal de la deducción inmediata de inversiones. Esto es de la depreciación acelerada en los bienes nuevos de activos fijos, tal como estuvo previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta desde 2002 y hasta 2013.
Es innegable que las inversiones en activos fijos que realizan las empresas incrementan su productividad y su competitividad, que es una oportunidad de financiamiento para la planeación, desarrollo y expansión de las actividades comerciales de los agentes económicos.
Además de que no podemos perder de vista que dentro de los sistemas impositivos de los países con los que mantenemos relaciones comerciales, el crecimiento, la productividad y la competitividad es alentada por sus gobiernos, otorgando estímulos a la inversión de capital en diversos sectores económicos.
Además de que con los países con los que México compite para atraer inversión como son: Brasil, China e India, se cuenta también con esquemas de depreciación acelerada de inversiones.
Tan resulta cierto que las inversiones en activo que realizan las empresas incrementan su productividad, que en situaciones de desastres naturales en las que se requiere una actividad económica inmediata, la propia Secretaría de Hacienda recurrió o recurre a la deducción inmediata como mecanismo detonador del crecimiento, como ocurrió el año pasado cuando nos alcanzó Odile y causó severos daños materiales en Baja California Sur.
Hacienda emitió un decreto que considera la deducción inmediata de inversiones, aplicando inclusive una tasa de hasta el 100 por ciento del monto original de la inversión.
La importancia del tema que nos ocupa es tal que incluso en septiembre del año pasado la procuraduría que defiende a los contribuyentes se pronunció a favor de reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta con el objeto de regresar al incentivo fiscal generado por la deducción inmediata de inversión.
Compañeros, medularmente esta iniciativa plantea retomar la deducción inmediata de inversiones prevista en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que estuvo vigente de 2002 a 2013, y atendiendo a la estructura de la ley de la materia, adiciona una sección cuarta al capítulo de las deducciones del título, de las personas morales.
Aplica únicamente para el activo fijo que se ha utilizado por primera vez en México, incentivando el gasto de capital de los agentes económicos en todo el territorio nacional.
Es menester que las diputadas y los diputados integrantes de esta soberanía, tengamos presente en todo momento que la depreciación acelerada en bienes de activos fijos constituye una de las deducciones estructurales más importantes dentro de los esquemas de tributación directa sobre los ingresos, pues según los expertos esta podría considerarse la tercera deducción más importante después del costo de lo vendido y de los salarios, toda vez que atiende a los factores reales de la producción.
Mientras el costo de lo vendido reconoce fiscalmente el efecto económico de las adquisiciones e insumos, y los salarios atienden a la retribución de la fuerza de trabajo mediante esta, la deducción inmediata en inversiones, se reconoce racional y sistemáticamente el costo de tales bienes distribuidos durante su vida útil, de tal forma que esta depreciación acelerada permita que el agente económico obtenga recursos necesarios para la reposición de los bienes depreciados, para que conserve su capacidad operativa y su capacidad productiva. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada. Túnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (desde la curul): Presidente, para que nos haga el favor de preguntarle a la diputada Minerva Hernández, debido a la importancia del tema, y que todos los demás diputados de la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional tenemos interés en suscribirla, nos haga usted el favor de preguntarle si tiene algún inconveniente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pregunto en esos términos a la diputada Minerva Hernández si tiene algún inconveniente en la solicitud de adhesión formulada por el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza.
Sonido, por favor, en la curul de la diputada Minerva.
Lo hacemos económico, si usted no tiene inconveniente en la adhesión, que parece que no es así... Ahí tiene ya. Ahí tiene ya sonido.
La diputada Minerva Hernández Ramos (desde la curul): Por supuesto, diputado Presidente, es un honor que el grupo parlamentario suscriba la iniciativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, en tal virtud, la Secretaría de la Mesa Directiva pondrá a disposición la iniciativa para quienes la quieran suscribir, acá mismo a la derecha de esta Presidencia.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Francisco Martínez Neri, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Francisco Martínez Neri: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados.
Vengo a esta tribuna a nombre del PRD para presentar una iniciativa que fortalezca tanto al titular del Poder Ejecutivo como al conjunto del Poder Legislativo, pero más aún, que fortalezca el sano equilibrio y la necesaria separación de poderes de la república.
Demandamos a nombre de la sociedad que el presidente venga personalmente a entregar su informe y a dirigir un mensaje a la nación en esta tribuna cargada de significación e historia, y también queremos discutir en un marco de respeto y de forma posterior el informe que presenta el Ejecutivo en primerísima instancia con el señor presidente.
El formato del informe de gobierno debiera ser un ejercicio de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo ante el poder Legislativo, sin embargo desde la reforma de 2008 este ejercicio se ha pervertido al grado de haberse convertido en un simple trámite burocrático, en el que el funcionario de mayor rango del gabinete se presenta en el Palacio Legislativo a entregar el documento que contiene el informe de gobierno. El diálogo republicano fue rebajado entonces a recibir un importante enviado, pero que solo actúa como mensajero.
Después de una sede alterna, alejado de toda investidura histórica, el presidente de la república realiza un acto, y en el que se rinde culto a la personalidad de la figura presidencial, alejado de la pluralidad política, de la representación nacional y de la responsabilidad de rendir cuentas a la nación. Ello demuestra su preferencia por la comodidad mediática y el aplauso en vez de sostener el debate entre poderes.
Haciendo un recuento histórico, es notorio que el Ejecutivo históricamente acudía a la sede congresual para recibir un apoteótico recibimiento y la suma de apoyos políticos. En la cúspide de la era del partido hegemónico la presencia del titular del Ejecutivo empezaba fuera del recinto legislativo desde la residencia oficial del presidente con un desfile multicolor, que visto ahora más parece un desfile que evoca la era de los líderes de los países totalitarios.
En las siguientes décadas la sociedad mexicana cobró más vigor como respuesta natural a la asfixia de un régimen hegemónico y se logró abrir el sistema de la pluralidad política. Esta pluralidad se expresó con fuerza ante el Ejecutivo, siempre cuestionando la legitimidad de su investidura y el estado de cosas en el país. Así ocurrió de manera significativa en 1988, en 1997, en 2006; y acabó con la intocabilidad y la fanfarria el llamado Día del Presidente.
Posteriormente en 2008 se suprimió la obligación de asistir –subrayo la palabra asistir– por parte del presidente de la república a presentar su informe. Con esa reforma el concepto fue cambiado por la presentación de un informe escrito. Así se suprimió, es cierto, el ceremonial en torno al Ejecutivo que llevó a considerarse el día del presidente, pero se perdió el diálogo y el equilibrio de Poderes.
Con la reforma de 2008 se demostró la mala relación entre los dos Poderes de la Unión, donde los contrapesos no existían y el presidente lucía incapaz de entablar un diálogo fructífero, tanto con los diputados como con los senadores.
La presente iniciativa pretende enriquecer la información que la sociedad mexicana tiene derecho a recibir sobre el estado auténtico de la administración. La propuesta del PRD respeta la figura del presidente de la República en México, en tanto concentra en su investidura dos cualidades; la del jefe de Estado por un lado, y la del jefe de gobierno y titular de la administración pública por otro.
En esta iniciativa las y los legisladores que integramos el Grupo Parlamentario del PRD proponemos que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año, el presidente de la República en su calidad de jefe de Estado acuda al pleno del Congreso de la Unión a dar un mensaje político y a entregar por escrito un informe de gobierno, y proponemos que en fecha posterior acuda a la Cámara de Diputados en su calidad de titular del Ejecutivo y de la administración pública federal, a exponer lo fundamental de su informe y sostener un intercambio de opiniones con la representación nacional.
Posteriormente a este acto, iniciará la glosa y el análisis del informe, conforme a lo establecido por los artículos 69 y 93, de esta Constitución. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Francisco Martínez Neri. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Claudia Sofía Corichi, a nombre de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
La diputada Claudia Sofía Corichi García: Gracias, señor presidente. Vengo a nombre propio, por supuesto de la bancada de las y los diputados ciudadanos.
Diputadas, diputados, presidente de esta Cámara, la presente es una serie de reformas, es la primera apenas, una serie de reformas que las y los diputados ciudadanos presentaremos en el ánimo de la rendición de cuentas, del trato republicano y el debate y el equilibrio entre Poderes que debe existir.
Como cada año y por mandato constitucional, la entrega del informe presidencial al Poder Legislativo precede las citas a comparecer de los secretarios de Estado o de los directores de entidades paraestatales, como lo señala el artículo 69 de nuestra Constitución.
El informe presidencial, entendido como el documento que el presidente de la República presenta anualmente al Congreso de la Unión, expone el estado que guardan los asuntos de la nación y los impactos de las políticas públicas diseñadas e implementadas acorde a lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo.
El artículo 63 de la Constitución de 1857 establecía que a la apertura de sesiones del Congreso asistiría el presidente de la Unión y pronunciaría un discurso en el que manifestaría el estado que guarda el país. El presidente del Congreso contestará en términos generales, decía desde la Constitución de 1857.
El primer presidente en presentarse ante el Congreso fue Guadalupe Victoria, que sin estar obligado a hacerlo, es decir antes de estas reformas, se presentó el 1 de enero de 1825 a dar cuenta sobre su gobierno. A partir de ese momento se creó la tradición que los siguientes presidentes continuaron.
El presidente Guadalupe Victoria retomó la idea de la rendición del informe presidencial ante el órgano legislativo, tanto de Estados Unidos de América como de la Gran Bretaña, los cuales aun teniendo regímenes de gobierno distintos buscaban que el jefe de Estado fuese responsable ante el Parlamento de su actuación al frente de la administración pública. Es decir, el informe era visto como un acto de responsabilidad republicana.
Con la ampliación de la administración pública a lo largo de todos estos años, pero sobre todo en la década del siglo XX, la responsabilidad de rendir cuentas del Ejecutivo se amplió a los secretarios de Estado y a otros titulares ya mencionados.
Dentro del marco de transparencia y rendición de cuentas destaca la función del control parlamentario, que en este caso desarrollan la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, es decir el Congreso, a través de diferentes herramientas de las que destaca la figura de la comparecencia, a través de la cual el Congreso le exige al Ejecutivo manifieste, en general, el estado actual que guarda la administración pública o rinda informes sobre un asunto o rubro en particular, lo que debería incluir en esta dinámica republicana al propio presidente de la República, pero que lamentablemente desde el 2008 dejó de estar presente en nuestra constitución.
La comparecencia sirve, no solamente como un acto público, en el que el Congreso tiene la responsabilidad y la posibilidad de evaluar el desempeño del gobierno, sino como un acto de rendición de cuentas ante las ciudadanas y ciudadanos. No es un acto solamente protocolario, sino que debería ser un efectivo acto republicano y de rendición de cuentas.
La Constitución Mexicana de 1836 señalaba en la fracción III del artículo 31: “a cada uno de los ministros le corresponde presentar, a ambas Cámaras, una memoria específica del estado en que se hayan los diversos rubros de la administración pública”.
La Carta Magna de 1843 señalaba también, que son obligaciones de los ministros presentarse anualmente ante las Cámaras, y muchos otros estipulados más. Sin duda, es importante mencionar esto porque hay un precedente histórico.
En el texto original de 1917 sólo los secretarios de despacho tenían la obligación de presentarse ante el Congreso cuando esto lo requiriera. Con las reformas del 74 se obligó a comparecer a los jefes de los departamentos administrativos también, que fue eliminado en 2008 también. Como a directores y administradores de organismos descentralizados.
En el marco jurídico de la rendición de cuentas en México se ha complementado a través de instrumentos internacionales, como la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual México es parte desde el 97, y muchas otras.
Se han creado marcos internos que promueven la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. De estos últimos marcos jurídicos destacan la obligatoriedad de vigilar el actuar de los funcionarios públicos, incluso un año después del fin de sus encargos, lo que promueve la transparencia a pesar de los cambios administrativos y posibilita la evaluación de sus acciones a posteriori.
En este orden de ideas es evidente señalar, que el espíritu de las leyes antes citadas han sido el de tratar con seriedad y forma la rendición de cuentas.
En el terreno del Poder Legislativo, en lo que respecta a esta soberanía, particularmente las comparecencias, incluida la del presidente, deben ser valoradas como una herramienta de control parlamentario, como una herramienta de control ciudadano, toda vez que la Cámara de Diputados refleja y debe reflejar a más y mejores ciudadanos.
Es indispensable que el Poder Legislativo tenga la capacidad de ejercer control sobre los actos e incluso omisiones de los funcionarios públicos que apoyan la labor del Ejecutivo y que tienen responsabilidades.
Por eso resulta urgente considerar ante el anuncio del presidente, hace unos días, de 10 cambios en su Gabinete, justo en la víspera del inicio de este proceso de comparecencias y de la entrega de este informe, que la acción de revisar el estado que guarden los respectivos ramos de la secretaría resulte endeble, ya que estos secretarios se encuentran en un periodo de transición dentro de sus respectivas secretarías.
Por eso a través de esta iniciativa, la primera de muchas, se pretende que cada funcionario citado a comparecer rinda cuentas sobre su actividad al frente de cualquier dependencia del Poder Ejecutivo, ya sea que esté ejerciendo en este momento o no el cargo, y que no por el hecho de haber sido removidos o cambiados puedan renunciar a sus responsabilidades como funcionarios públicos y de responder a esta soberanía.
Es decir, la propuesta es, y termino con ello, que si un funcionario citado a comparecer ante esta soberanía o la Cámara de Senadores, cuenta con menos de 60 días ejerciendo, sea posible llamar a comparecer a su predecesor para subsanar o profundizar informaciones que sean requeridas.
Todo esto no valdría la pena si seguido de ello no viene una serie de toma de conciencia de parte de nosotras, de nosotros, diputados y diputadas de esta Legislatura, de que se tiene que cambiar.
Es momento de exigir que el Poder Legislativo ejerza sus facultades de control, facilite la rendición de cuentas hacia los ciudadanos.
Es tiempo donde la confianza en las instituciones, siendo un bien escaso, debemos privilegiar que se vuelva a recuperar, sin duda de los ministros, como hoy se plantea en esta iniciativa, pero empezando por el presidente de la República, como jefe del Ejecutivo, como ya comentaremos seguramente en una siguiente iniciativa que tenemos preparada los diputados ciudadanos para la siguiente semana.
Es tiempo de la rendición de cuentas y sin duda, es tiempo también de un trato republicano y de equilibrio entre poderes. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Corichi García.
Como se pudieron dar cuenta hubo una confusión en el listado de las iniciativas. Y lo que la diputada Claudia Sofía Corichi García ha presentado es una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La diputada María Elena Orantes López (desde la curul). Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada María Elena Orantes, para qué objeto. Con qué objeto.
La diputada María Elena Orantes López (desde la curul): Presidente, solamente para solicitar a la diputada Corichi, si permite a la fracción parlamentaria suscribirnos a la iniciativa y pedirte la corrección de cambio que hubo al nombrar a la diputada Corichi y al mencionar a la diputada Cinthya. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya lo expresé, diputada. Si la proponente no tiene inconveniente en la solicitud, me dice que no. La Secretaría, igual que la anterior ocasión, que todavía está en curso, de la iniciativa que se presentó hace algunos minutos, la Secretaría de la Mesa Directiva pondrá a disposición, igualmente, la iniciativa para las firmas de adhesión que se quieran agregar. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por 10 minutos, la diputada Araceli Damián González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Austeridad Republicana, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Araceli Damián González: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, la Ley de Austeridad Republicana que hoy propongo en nombre de las y los diputados de Morena, cuenta con 29 artículos que contienen como objetivo central, la aplicación de una política de austeridad, no del gobierno, sino del Estado, para reducir de manera sostenida el costo de la administración pública en beneficio de la sociedad. Partimos de la convicción de que el gobierno y sus funcionarios deben servir a la sociedad y no servirse de ella.
Éste es el planteamiento central que inspira la propuesta que racionaliza el gasto con un propósito de beneficio para las mayorías. Se busca generar un marco legal que promueva la austeridad republicana, que el presupuesto se distribuya con justicia, donde los ahorros generados por la aplicación de la presente ley se concentren en un fondo especial que se destinará a la educación, a la salud y a la inversión productiva nacional.
En una primera etapa, la aplicación de la Ley de Austeridad Republicana, permitirá ahorrar 450 mil millones de pesos, sin afectar en lo más mínimo las funciones sustantivas del gobierno. Parte de estos recursos se podrían aplicar en lugar de aumentar la deuda pública mediante la bursatilización para la inversión en infraestructura educativa, como propone Enrique Peña Nieto.
El ahorro se obtendría básicamente con la reducción a la mitad de los salarios de los altos funcionarios públicos y con la eliminación o reducción de los gastos superfluos del gobierno. En México la racionalización del gasto es una preocupación de la sociedad.
La diferencia entre lo que propone Morena y lo que hace este gobierno está en los renglones que afectan a unos y a otros. El gobierno aumenta impuestos, castiga los programas sociales y la inversión productiva, generando más desigualdad y pobreza, como lo muestran las cifras del Consejo Nacional de Evaluación, que además tenemos ahora dos millones más de pobres oficialmente reconocidos. Morena propone ahorros y disminuir los elevados salarios y prebendas de la alta burocracia.
Frente a la baja en los ingresos petroleros y el riesgo de aumento en las tasas de interés en Estados Unidos, Hacienda y Crédito Público ha insistido en la necesidad de reducir el gasto afectando principalmente a Pemex y a la Comisión Federal de electricidad y a otras áreas, con un alto costo social que no obedece a una cultura de racionalidad.
Mientras que en 2012 el gasto corriente era equivalente al 15.3 por ciento del producto interno bruto, para 2014 ya fue de 16.9. Está claro que el aumento de los recursos presupuestarios no se utilizó para mejorar ni los servicios ni los programas sociales, como lo demuestran los crecientes índices de desigualdad y de pobreza.
Hoy se puede afirmar que la riqueza petrolera fue dilapidada debido a la orientación y al ineficiente ejercicio del gasto público el cual se desarrolla de manera poco transparente y no puede ser debidamente vigilado por la sociedad, lo cual esta Cámara tiene que asegurar.
Por otro lado, en los años recientes desde la crisis del año 2009, la deuda pública de la administración federal se ha incrementado, lo que ya representa un riesgo para la estabilidad de nuestra economía. Las finanzas del gobierno se han visto muy afectadas por la caída de los ingresos petroleros.
Ahora, en 2015 y previsiblemente en 2016, los recursos que aportará el petróleo no serán suficientes para financiar el desarrollo con estabilidad. Se estima que para este año el déficit del balance público del gobierno mexicano será tres veces más grande que el de 2014.
Debido a lo anterior, el costo financiero de la deuda creció en más del 31 por ciento en un solo año y los requerimientos financieros del sector público alcanzan 47 por ciento del PIB.
Para el año 2016 es inminente un recorte del gasto público con respecto al Presupuesto de 2015. La economía nacional padece las consecuencias de las equivocadas políticas económicas de los últimos 30 años.
Son las empresas estatales las que han cargado con los mayores costos de las malas decisiones financieras del país, pero también los programas sociales como el de 65 Años y Más, cuyo presupuesto fue recortado con respecto a lo aprobado por esta Cámara de Diputados.
Además contra lo que sería recomendable, en este 2015 el crecimiento del gasto corriente fue del 7.7 por ciento con respecto al año pasado.
Destacan también casos de opacidad como el concepto de Otros Gastos de Operación que creció más de 18 por ciento.
Para no afectar la calidad de vida de los mexicanos, la disminución de los recursos presupuestales, tendrán que enfocarse en el gasto corriente no prioritario para la administración pública.
No se deben de afectar programas sociales ni los servicios públicos, y tampoco podemos reducir la inversión en infraestructura que es la que puede ayudar a impulsar la economía nacional.
Asimismo no es posible incrementar los impuestos es un contexto de estancamiento. Lo que sí es posible es hacer una reforma fiscal progresiva en la que paguen más los que más tienen.
De hecho se requiere rectificar buena parte de la reforma económica acordada en este mal llamado Pacto por México, que debe decir pacto contra México.
Es importante insistir en que es imposible recortar gastos como el oneroso contrato del avión presidencial. También se pueden reducir las compras de vehículos terrestres y aéreos del personal administrativo del gobierno.
Haciendo caso de un reclamo de la sociedad, es posible y necesario ajustar los salarios de los altos funcionarios: el seguro de separación individualizada, los gastos de representación y las millonarias pensiones de los ex presidentes.
También se pueden reducir a la mitad las prerrogativas de los partidos políticos, las subvenciones a los grupos parlamentarios y las prebendas de los altos funcionarios del Poder Judicial.
Algo que es particularmente urgente es el ajuste en el gasto de comunicación social. Sólo en 2014 el total ejercido fue de 7 mil millones de pesos; 5 mil millones de pesos más de lo que aprobó esta Cámara de Diputados.
Como consecuencia de la aplicación de esta iniciativa, entonces podría ser posible un ahorro del gasto de alrededor de 450 mil millones de pesos. Todos ellos en renglones de gasto corriente, distinto a los programas de apoyo social.
Dicho ajuste obligaría a una racionalización de los rubros de gastos no prioritarios y permitiría mantener los niveles de inversión pública proyectados para 2016, e incluso incrementarlos.
Estos recursos serían también suficientes para mantener el gasto social y la inversión para enfrentar la crisis por la caída de los ingresos petroleros y garantizar el desarrollo productivo del país.
México se enfrenta a una gran crisis, la inestabilidad internacional está en una puerta. No podemos permitir que en esta Cámara de Diputados la pobreza siga creciendo, las carencias en este país. No solamente estamos hablando de los 55 millones de mexicanos reconocidos por este gobierno, hay adicionalmente 40 millones de mexicanos que tienen vulnerado alguno de sus derechos reconocidos por el gobierno federal.
Estamos hablando de 100 millones de mexicanos que no tienen cubiertos sus derechos socioeconómicos, que requieren de un apoyo y requieren de que en esta Cámara se legisle para ellos. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Damián. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados: de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción del año 2014, nuestro país ocupa el lugar 103 de 175 países que fueron evaluados por transparencia internacional. Dicha posición nos coloca como uno de los países con la peor percepción en cuanto a la corrupción se refiere.
Países latinoamericanos como Chile o Uruguay están muy por encima de México, e inclusive Brasil, que también enfrenta severos problemas en la materia, se ubica en el lugar 69.
En el documento referido se hacen algunas recomendaciones para que las naciones que se ven más afectadas tomen medidas tendientes a abatir sus índices de corrupción. Una de estas recomendaciones es detener la impunidad ante casos de corrupción. Si bien se han tratado de tomar medidas legislativas para disminuir la corrupción en el servicio público la realidad nos rebasa y nos muestra que la impunidad es la principal aliada de las prácticas corruptas en el país. La impunidad de los servidores públicos en materia de corrupción se debe a que existen vacíos legales, lo que contribuye a profundizar el problema.
No podemos permitir que el hastío de la población llegue a niveles en los que se cuestione la propia legitimidad de las instituciones democráticas. Es nuestro deber tomar las medidas legislativas necesarias para detener no solo la corrupción, sino la impunidad de la que abreva y se nutre.
Sabemos que la corrupción limita y obstruye la competitividad de los actores económicos, pero lo más grave es que propicia la desconfianza y el descrédito de las instituciones poniendo en peligro la gobernabilidad del país. No estoy exagerando al afirmar que la corrupción es el mayor enemigo del Estado mexicano, el desprestigio del servicio público es un lastre para el progreso del país.
En Nueva Alianza estamos decididos a tomar acciones para detener esa percepción, por lo que presentamos esta iniciativa que, consideramos, responde al clamor social. Uno de los vacíos legales a los que me refiero se presenta precisamente en el caso de los empleaos del Congreso de la Unión, incluyendo por supuesto a los diputados, a las diputadas, a los senadores ya las senadoras.
El artículo 108 de la Constitución menciona que, para los efectos de las responsabilidades de los servidores públicos vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, se considerará como servidores públicos a los representantes de elección popular, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la administración pública federal o en el Distrito Federal, así como los servidores públicos de los organismos autónomos.
A pesar de lo anterior, el Código Penal Federal en lo referente a los delitos cometidos por servidores públicos omite la mención expresa que se hace en el texto constitucional, lo que conduce a que se carezca de un fundamento jurídico para la individualización de las sanciones establecidas en este título.
Con la vaguedad de la redacción vigente se contribuye a la impunidad en actos de corrupción que no solo ofenden a la ciudadanía, sino que abonan al desprestigio de nuestra función.
En congruencia con los principios que defendemos en Nueva Alianza, consideramos indispensable mencionar expresamente en el artículo 212 del Código Penal Federal, que son considerados servidores públicos los diputados y senadores del Congreso de la Unión; los diputados de las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el jefe de gobierno del Distrito Federal y los gobernadores de los estados; los presidentes municipales y jefes delegacionales en el Distrito Federal, así como los miembros del Poder Judicial en el ámbito federal, local, municipal y del Distrito Federal.
Compañeras y compañeros, en Nueva Alianza hemos decidido apartarnos de la cómoda opacidad y el mutismo complaciente, para contribuir con iniciativas que respondan a las demandas ciudadanas a fin de eliminar el sistema de complicidades y corrupción que tanto daño han hecho al país. Hoy estamos decididos a poner un alto al mal ejercicio del servicio público, con normas claras que permitan a los juzgadores aplicar la ley sin distingos.
Nuestro propósito es muy claro; recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en quienes somos sus representantes. Por su atención, gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valles. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa también suscrita por el diputado Juan Pablo Piña, del mismo Grupo Parlamentario, con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 51 de la Ley General de Partidos Políticos.
La diputada María Eloísa Talavera Hernández: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, hoy, con toda responsabilidad acudo a la máxima tribuna de la nación para presentar esta iniciativa a nombre de los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
México está viviendo momentos difíciles. La economía por los suelos; la pobreza en aumento; la corrupción que sigue latente y esto ha provocado un déficit de credibilidad y de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones. Ante este escenario, en Acción Nacional creemos que es necesario y pertinente que los partidos políticos se ajusten a la realidad imperante.
La voz ciudadana es clara, los partidos políticos salen muy caros, gastan mucho y todo a costa del erario público.
La sociedad mexicana ha hecho durante muchos años señalamientos justos en este sentido, de que es desproporcional y descomunal el presupuesto que se destina actualmente para el funcionamiento y viabilidad de los partidos políticos. Ello obliga no solamente a reflexionar o disertar sobre el mismo tema, sino también nos obliga a actuar y a tomar decisiones al respecto.
Durante muchos años, el PAN se pronunció en contra del financiamiento público a los partidos políticos. Sin embargo, también reconocimos que es uno de los elementos más importantes en el proceso de transición a la democracia, para que los partidos tuvieran piso parejo para enfrentar los procesos electorales y que se redujera el financiamiento privado para evitar conflictos de interés y contiendas desproporcionadas.
La reforma postelectoral de 1996 fue de los diversos avances de reforma del marco constitucional sobre el financiamiento de los partidos políticos. De manera inédita se estableció una suma anual para cada uno de los partidos políticos por concepto de actividades ordinarias y otra suma igual a la asignada por el concepto citado en el año de la elección federal ordinaria.
Aquella reforma tuvo como objetivo principal establecer límites en el financiamiento público, así como darle prioridad a dicho financiamiento sobre el financiamiento privado.
En enero de 97, el Partido Acción Nacional, por conducto de su entonces presidente nacional Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, devolvió a la Tesorería de la Federación la cantidad de 29 millones de pesos, que correspondían al 39 por ciento del financiamiento público de los meses de noviembre y diciembre de 1996.
El PAN consideró que el financiamiento excesivo impuesto por el PRI gobierno en la reforma electoral de 1996 ofendía y lesionaba a la nación entera por las condiciones de pobreza extrema que prevalecían en aquella época y en las cuales aún persisten desgraciadamente millones de familias mexicanas.
En ese entonces Acción Nacional señaló que se trataba de una reforma que en lo económico había sido hecha a la medida del PRI y del gasto descomunal que de manera ilegal hacía y aún hace el PRI de las arcas públicas.
Al paso del tiempo se hizo necesaria una valoración de la reforma de 1996, sobre todo en el sentido de disminuir el gasto de los partidos políticos en sus actividades ordinarias y en sus gastos de campaña.
Con ese tenor y después de una discusión al respecto, en el 2007 el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional en materia electoral, sustentada en tres ejes primordiales: la disminución en forma significativa en el gasto de las campañas electorales, el fortalecimiento de las atribuciones y facultades de las autoridades electorales y federales, el diseño de un nuevo modelo de comunicación entre la sociedad y los partidos políticos.
Con aquella reforma se logró la reducción del financiamiento público de los partidos nacionales. Sin embargo, la situación actual económica exige que se analice la posibilidad de reducir en mayor cantidad el financiamiento público en lo que respecta a las actividades ordinarias que realizan.
Proponemos reducir el financiamiento público destinado a los partidos políticos nacionales para sus actividades ordinarias, con la modificación de la fórmula que establece la Constitución Política para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos políticos, disminuyendo de 65 a 35 por ciento la proporción del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, el cual se multiplica por los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, lo cual traería como resultado la disminución aproximada de un 50 por ciento del monto del financiamiento público que actualmente reciben los partidos políticos.
También es necesario eliminar el financiamiento que las autoridades locales otorgan a los partidos políticos, en el entendido de que el Instituto Nacional Electoral ya destina recursos para este concepto, por lo que se duplica. Y el financiamiento público para las actividades ordinarias de los partidos políticos. Es decir, reciben dinero por partido doble.
Señoras y señores diputados, la iniciativa que hoy presentamos es congruente con lo que históricamente hemos dicho y propuesto. Hoy, como ayer, el PAN considera que no se justifica ni es aceptable el despilfarro y el gasto desproporcionado de los partidos políticos, mientras que la mayoría de la población vive en la pobreza y en condiciones adversas que le impiden tener un nivel de vida digno.
Consideramos como una acción justa recortar el presupuesto destinado al financiamiento público de los partidos políticos, y así como fortalecer la fiscalización y la vigilancia de los recursos públicos que se les otorgan para sus actividades. Los convoco a actuar con responsabilidad, México lo demanda. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Talavera. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, y a la Comisión de Gobernación para opinión.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Fernando Rubio Quiroz para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 237, 243 y 245 de la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz: Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Solicito a la Mesa que antes de comenzar mi exposición en el Diario de los Debates quede explícito el nombre de la iniciativa, debido a que ha sido omitido el nombre con el cual fue suscrita.
Es iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma la Ley General de Salud para reconocer legalmente las cualidades terapéuticas del THC y el cannabidiol, sustancias activas de la cannabis. Se lo solicito de manera respetuosa, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Que tome nota la Secretaría, por favor.
El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz: Muchísimas gracias. Compañeros y compañeras diputadas, el día de hoy es para mí un gran honor y un verdadero orgullo presentar ante ustedes una de las iniciativas de ley que pretende hacer justicia social y justicia a la salud pública.
La Ley General de Salud contiene disposiciones que en la actualidad resultan obsoletas frente a los avances científicos que se han desarrollado en los últimos años respecto a las cualidades terapéuticas que la comunidad científica y estudios e instituciones reconocidas han demostrado. Han demostrado, sí, en la sustancia de la cannabis.
La Ley General de Salud contiene férreas prohibiciones y disposiciones punitivas respecto a cualquier forma de prescripción médica de la cannabis, negándole con ello la posibilidad a los pacientes de acceder a medicamentos que tienen una eficacia comprobada por notables instituciones de investigación en el tratamiento de padecimientos como el Síndrome de Lennox, el Síndrome de Dravet, la esclerosis múltiple, el glaucoma, el cáncer y la epilepsia, por mencionar algunos.
En este sentido quiero resaltar que los últimos avances científicos han demostrado que el Cannabidiol, principio activo de la Cannabis tiene efectos muy positivos en el tratamiento de la epilepsia. Yo solo quisiera que todos ustedes se imaginaran lo que es vivir todos los días 400 convulsiones diarias y si son capaces de soportarlas.
Existen estudios probados por la Academia Americana de Neurología, que demuestran que un grupo nutrido de pacientes que tienen el síndrome de Lennox, se han sometido a un tratamiento de Cannabidiol y han logrado una reducción aproximada del 50 por ciento de sus convulsiones.
Es por ello, que nuestra sociedad reclama que se haga una revisión minuciosa y profunda de nuestro marco jurídico en la Ley General de Salud.
En este sentido me gustaría darle voz a una lucha que se ha demostrado y ha sido mediatizada, pero no debemos de politizarla debido a que es una necesidad social, es el caso de la niña de ocho años Grace. Yo quisiera que este Congreso se pronunciará en que todos somos Grace, porque todos y todas han tenido algún familiar, conocido con algún tipo de enfermedad cuyo acceso a la justicia social no ha sido posible.
Los legisladores tenemos el poder de cambiar esta situación, porque es realmente terrible que los ciudadanos tengan que acudir a tribunales para poder ejercer un derecho constitucional que una ley secundaria no garantiza.
Esta iniciativa que hoy pongo a su consideración prevé darle reconocimiento terapéutico –repito– terapéutico al Cannabidiol y al THC, sustancias activas de la Cannabis para que con estricto apego a los tratados internacionales en materia de estupefacientes suscritos por México, nos sometamos a la regulación internacional a fin de poder quitar estos candados y poder utilizar los medicamentos derivados de sustancias activas, que desafortunadamente nuestro marco legal sigue teniendo una moral que no debe de estar por encima de la ciencia. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Rubio. Se ha tomado nota de la petición que ha hecho, en relación con el título de la iniciativa. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Álvarez Maynez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Jorge Álvarez Maynez: Compañeras y compañeros. Esta iniciativa presentada junto a mis colegas diputados ciudadanos, es un homenaje al pensamiento lúcido del escritor mexicano Gabriel Said. Said ha sido, además de un brillante ensayista y poeta, un animador permanente del debate público. La suya es una crítica metódica que con originalidad siempre encuentra caminos de esperanza fundados en ideas simples que no renuncian a la viabilidad ni a la profundidad por el hecho de serlo.
Por el contrario, su visión nos propone abandonar, además del espejo de la ilusión oficialista, el fatalismo de una oposición que constantemente se juega el todo o nada en propuetas grandilocuentes. Frente a esos caminos que han definido la discusión nacional, Said opta por abrazar un gradualismo inteligente y sensato, pero al mismo tiepo audaz.
En el tema particular que toca a esta iniciativa, que es el combate a la corrupción, Said escribe lo siguiente. Si todos somos corruptos, como dijo famosamente el Presidente López Portillo, quién va a sanear; no hay nada que hacer. La afirmación tajante sirve para eso, para no hacer nada.
Para lo mismo sirven las explicaciones absolutas como la que dice que la corrupción está en nuestra cultura o en nuestra historia o en nuestros genes. Y las soluciones radicales como las que dicen que hay que enseñar a ser de otra manera desde la infancia; o que hay que rehacer las instituciones; o que hace falta una nueva Constitución; o que hay que reinventar al país.
Todos somos corruptibles, pero eso implica libertad no fatalidad. Ser corruptible no es lo mismo que ser corrupto. Es perfectamente posible evitar la degradación personal, no contribuir a la ajena y –cierro la cita de Gabriel Said– apoyar el saneamiento institucional de manera práctica y sin fariseísmo. Hay prioridades. Tiene más fuerza multiplicadora la corrupción de un jefe que la de un subordinado. La corrupción de las autoridades que las de las familias mexicanas.
En el ciclo que va desde la ocasión, el delito, la denuncia, la averiguación y el juicio hasta el castigo; nada tiene más fuerza multiplicadora que la impunidad de las autoridades delincuentes.
Por ello, porque en Movimiento Ciudadano entendemos que la corrupción no es un destino inamovible de nuestra nación, la presente iniciativa aspira a ser una batalla más en la interminable lucha, interminable, desde el punto de vista personal, pero también desde el punto de vista social, contra la corrupción.
Proponemos crear el portal de adquisiciones de la administración pública federal dentro de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que todas las dependencias que realicen adquisiciones y sean sujetos obligados en el artículo 23 de la ley antes citada, publiquen la información sobre todas las compras mayores a 10 millones de pesos, licitaciones o adquisiciones directas que lleven a cabo a través de un sitio de Internet homologado. Esta información deberá ser publicada en un plazo no mayor a 10 días de ejercida la compra.
Al desarrollar esta idea –que es de su autoría– Said explica: “Si todos los pagos del gobierno fueran públicos, sería más fácil observar la conducta morosa, inepta o delincuente; la sociedad, la prensa y los órganos del Estado tendrían mayores oportunidades de intervenir para mejorar la administración pública. Para el arranque habría que limitarse a los pagos federales de 10 millones de pesos o más. La publicación de cada pago debería incluir persona física o moral que lo recibe, cantidad, concepto, fecha, dependencia, funcionarios que autorizan en calidad de qué, cuentas ´programáticas y cuentas afectadas”.
Toda esta información ya existe electrónicamente al expedir el pago. La novedad es que el programa suba automáticamente una copia a un portal de pagos federales, administrado por la Auditoría Superior de la Federación.
Esto facilitaría sus revisiones sobre la marcha sin esperar al cierre del ejercicio, y sobre todo abriría a terceros la oportunidad de cooperar con señalamientos concretos de cosas que vale la pena investigar.
El acceso a la base de datos actualizada diariamente, no requeriría solicitud ni tipificación y ni siquiera dejar los datos del interesado en consultarlas.
Se trataría de enfrentar la corrupción desde una visión que utilice los avances tecnológicos y que recupere los logros ya alcanzados en materia de transparencia por nuestra legislación, y posibilidades por nuestro diseño institucional.
Para ello se propone el siguiente proyecto de decreto que busca reformar el artículo 60, 62 y 64, y adicionar el inciso g) de la fracción VI del artículo 3o., recorriéndose los subsecuentes; la fracción VIII del artículo 31 recorriéndose las subsecuentes; y la fracción X y XI del artículo 41, recorriéndose los subsecuentes. Todos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Atentamente, la bancada de los ciudadanos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno correspondiente en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la efeméride relativa a la proclamación de las Leyes de Reforma. Tiene la palabra para referirse al tema, el diputado Antonio Amaro Cancino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
Debo informar –discúlpeme unos segundos, diputado– que damos la más cordial bienvenida, se encuentran presentes aquí estudiantes de la Universidad Autónoma del estado de México, campus Valle de Chalco. Bienvenidos estudiantes, amigos y amigas.
El diputado Antonio Amaro Cancino: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, hoy vivimos en una república democrática y representativa gracias a la visión de nación del más universal de los mexicanos, el prócer del Estado mexicano, me refiero a don Benito Juárez García, hombre de cuna humilde, orgullosamente de la Sierra Juárez de nuestra entidad Oaxaca, quien con valentía enfrentó el paradigma que vivía el Estado mexicano construyendo el andamiaje jurídico necesario para que hoy disfrutemos de los derechos y libertades que otorgan las llamadas Leyes de Reforma.
Nos encontramos en un momento de la historia del país donde ha sido necesario reconstruir las bases jurídicas para que el Estado mexicano tenga las herramientas suficientes para responder a las necesidades de la población, muestra de ello es la visión que ha tenido el presidente de la república, el licenciado Enrique Peña Nieto, quien mediante el diálogo entre las fuerzas políticas del país, buscó las condiciones que permitieran anteponer el bienestar de la nación por encima de posiciones ideológicas o de partido. Sin que esto haya implicado, sin lugar a duda la sumisión de un poder a otro, la ciudadanía de México se encuentra exigiendo resultados concretos de sus representantes.
Cuando protestamos la Constitución para desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputados federales es para que asumamos con responsabilidad, honestidad y transparencia nuestras obligaciones y que el producto del trabajo que realicemos en este emblemático recinto pueda generar mejores condiciones de vida para las mexicanas y para los mexicanos.
Invito a todas mis compañeras legisladoras y a todos mis compañeros legisladores a exaltar el ejemplo de don Benito Juárez García en la historia nacional, como lo demostró en las leyes de reforma, que en su nacimiento la opinión pública incluso la satanizara por su contenido polémico de ese tiempo.
Los retos que hoy enfrenta México no son menores, muchos de ellos incluso son utilizados parta hacer presión política mediante opinión pública generalizada. Pero combatir la pobreza exige de nuestro más amplio compromiso con la nación, con la población, con nuestra ciudadanía; generando condiciones de igualdad en oportunidades económicas, de salud, de empleo, así como de acceso a la educación de calidad.
Juntos podemos hacer mucho por México, partiendo del perfeccionamiento del Estado de derecho que merece la sociedad y con ello corresponder de manera cabal a la oportunidad que nos ha dado la ciudadanía.
Un 6 de septiembre de 1860 México se movió con las leyes de reforma, pasó a ser un Estado de instituciones. Hoy, en las decisiones que tome esta Cámara de Diputados, se encuentra la gran oportunidad de que México se mueva para ser un Estado donde su población viva con mejor y mayor prosperidad. Muchas gracias.
La Presidente diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Partido Movimiento Ciudadano.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. Benito Juárez García.
Presidente, compañeras y compañeros diputados, decir Benito Juárez es decir defensa de la república y de la patria; de la legalidad; de la honradez; de las libertades; del Estado laico. Decir su nombre es reconocer a quien resguardó a la patria y a la república en tiempos aciagos. Promulgó las denominadas Leyes de Reforma; la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos; la Ley del Matrimonio Civil; la Ley Orgánica del Registro Civil y la Ley sobre Libertad de Cultos.
La práctica de la honestidad, de la probidad en el ejercicio del poder público, lo condujeron a esa honrada medianía que debería ser norma de todas las personas que ejercen un cargo público.
Si este país se rigiera por el principio de esa honrada medianía no tendríamos que lamentar la corrupción que lo desangra con descaro y en la más completa impunidad. Nos guiamos por los principios juaristas de austeridad, transparencia y respeto. Así lo haremos como fracción de Movimiento Ciudadano.
Por ello, propusimos renunciar a los seguros colectivos de gastos médicos mayores y al seguro de vida, para que esta Cámara ahorre 370 millones de pesos, y nuestra posición no fue de palabra, lo oficializamos. Esta es una oportunidad para pedirles a todos ustedes que renuncien a esos privilegios.
El compromiso con las libertades ciudadanas hizo de Juárez y de su generación promotores incansables del Estado laico. Esa expresión que todavía causa resquemores por ignorancia y que es en realidad una de las primeras condiciones de la construcción de la democracia.
A través del Estado laico la generación Juárez imaginó no sólo la no subordinación de los actos de gobierno a los dictados de la iglesia; imaginó, creó bajo el concepto de igualdad ante la ley, un sistema político que está en la base del México moderno. Ambos principios eran entonces y son hoy, inseparables.
El Estado laico está obligado a garantizar el libre ejercicio de los derechos individuales a manifestar su creencia religiosa, de tal manera que no se obliga a nadie a practicar ninguna religión, pero tampoco se le obliga a no hacerlo.
Ante la realidad religiosa pluralista del mundo contemporáneo es preciso, no solamente mantener el carácter laico del Estado, sino profundizarlo, porque es cada día más complejo nuestro paisaje político.
Los principios de la laicidad del Estado se encuentran hoy en varios artículos de la Constitución, en el 24, en donde se especifica que toda persona es libre para profesar creencia religiosa que más le agrade y practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta por la ley, así como que este Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.
En el artículo 130 se establece que tanto la Iglesia como el Estado deberán permanecer separados y considera que es obligatorio que todas las iglesias, asociaciones y grupos religiosos estén registrados, y limita la participación de sacerdotes o ministros en asuntos políticos. Y les prohíbe ocupar puestos de elección popular, a menos que suspendan sus funciones de liderazgo espiritual.
Un Estado laico es aquel que garantiza la libertad religiosa, pero también aquel que no tiene preferencia por cualquiera de ellas. Pero, sobre todo, que garantiza que en el espacio público toda organización social respeten las leyes civiles. El Estado laico no reconoce religión, reconoce a los creyentes y esos creyentes son quienes otorgan el reconocimiento a la religión que profesen.
Este honorable Congreso debe reflejar una parte de lo que puede ser la convivencia bajo el principio de laicidad, reúne a creyentes de una, de otra y tal vez de otra religión, y a quienes no profesan religión alguna. Esta diversidad, antes que ser obstáculo para el diálogo político, lo enriquece.
Compañeras y compañeros diputados, respetable público, la palabra Juárez condensa los principios de austeridad, de defensa de las instituciones de la República, de la consolidación del Estado laico.
Frente a esos principios tenemos un conjunto de tareas pendientes: la defensa de los derechos humanos y las libertades de las mujeres y los hombres; la eliminación de la violencia y el feminicidio; el respeto a la legalidad, el ejercicio transparente y honesto de los recursos públicos; la austeridad y la rendición de cuentas.
Juárez no ha muerto, sus principios siguen vivos. Defendamos la paz, los derechos, las garantías individuales y sociales, la República y el Estado laico. Es cuanto.
La Presidente diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Ahora tiene la palabra el diputado Alfredo Basurto Román, de Morena, hasta por tres minutos.
El diputado Alfredo Basurto Román: Con su venia, señora presidente de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y diputados, buenas tardes tengan todos ustedes. Las Leyes de Reforma constituyen la verdadera independencia de México y la formación de un Estado de nación.
Las Leyes de Reforma implicaron que cada institución se dedique y se ocupe a lo propio. Es decir, el Estado a la política y la iglesia a la religión.
Las Leyes de Reforma representan la confirmación de los derechos humanos y las libertades consignadas en la Constitución de 1857, que es y se aplicó en aquella época para todas las personas.
Las Leyes de Reforma son un regreso al pensamiento de Hidalgo y Morelos. La esclavitud física fue abolida, y la espiritual también.
Las Leyes de Reforma representan un gran salto en la historia, a comparación de los países europeos que tardaron décadas e incluso a veces siglos en alcanzar esos propios principios. Nuestro país los actualizó en tres años, lo que representó una gran modernización para México.
Las Leyes de Reforma representan y son la dignidad misma de la nación, son el águila mexicana que rompe con las cadenas de la esclavitud, así lo expresó el doctor Jorge Carpizo.
La Constitución de 1857, en su artículo 3o. declaraba que la enseñanza era libre y que la ley determinaría qué profesiones necesitarían título para su ejercicio. Así de esa manera, compañeros, en 1859 al presidente Juárez le correspondió expedir y promulgar las Leyes de Reforma.
Entre otras creó la nacionalización de los bienes de la iglesia. La creación de la institución del registro civil. En 1860 se precisaron los principios sobre las libertades de culto. En 1861 pasan al Estado los hospitales y los establecimientos de beneficencia que estaban en manos de la iglesia. Y en 1863 se abolieron las comunidades religiosas.
Las Leyes de Reforma marcaron el tránsito de un antiguo régimen de autoridad absolutista y de privilegios, a un nuevo orden de libertad y de igualdad ante la ley.
Hoy es vergonzoso y antinacional lo que el gobierno federal viene haciendo al aprovecharse de las rentas públicas y cómo los altos funcionarios se ven con fortunas escandalosas adquiridas por corrupción y red de complicidad. Olvidándose de los más pobres, que somos más en México, y dejando a un lado los principios éticos, morales y políticos, donde únicamente les interesa obtener una fortuna rápida. Es cuanto, señores, señoras diputados. Gracias.
La Presidente diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Ahora tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada María Ávila Serna: Con su permiso, diputada presidenta. Las Leyes de Reforma son la esencia liberal de la Revolución Francesa. Transmiten los valores de la igualdad entre todas las personas. El aseguramiento pleno de los derechos. La despersonalización del poder. La asignación de la representación estatal de las funciones en poderes. Asimismo, separó la iglesia del Estado y consolidó una visión republicana.
Estos cambios fueron dados durante el lapso que abarcó del año 1855 a 1963. Ello implicó la administración de los presidentes de la República Juan Nepomuceno Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez.
Todas aquellas disposiciones legales fueron recogidas y aglomeradas en la última Constitución del siglo XIX, la cual en un sentido estricto convirtió a la propia Constitución de 1857 en una ley reformista que a la postre se convirtió en la primera constitución social del mundo.
Por la valía social de las leyes de reforma, el aporte histórico y cultural y la consolidación del orden jurídico mexicano, la bancada del Partido Verde Ecologista de México saluda la efeméride que está en tribuna.
Es un momento propio para reconocer a los idealistas de las leyes, resaltar la historia y a sus procederes, Melchor Ocampo y Lerdo de Tejada, así como el manifiesto de Juárez dictó a la nación, pero también es tiempo del presente, por ello debemos destacar que así como en su momento existió un paquete de leyes transformadoras en el siglo XIX, que condujeron a México a la modernidad, hoy en día existe un paquete de reformas estructurales que a la LXII Legislatura le tocó aprobar, el paquete de las leyes transformadoras del siglo XXI.
Ahora, nosotros como la Legislatura subsecuente tenemos la responsabilidad de transformar nuevamente a México, impulsando y analizando las leyes que vienen y legislando para un futuro con un México en paz, un México incluyente, México con educación de calidad, México próspero y México con responsabilidad global.
Tenemos todos hoy en día la responsabilidad de llevar en buen puerto las reformas estructurales del Ejecutivo federal y con ello reformar nuevamente a México, ponerlo en movimiento y pasar a la historia de la modernidad.
Por este motivo, la efeméride que se presenta está en un mejorable momento histórico al marco de las reformas transformadoras del Presidente Enrique Peña Nieto, así como el inicio de la Legislatura LXIII.
Estamos convencidas que todas y todos los legisladores deseamos lo mejor para México, ese rumbo asumiremos y lo haremos posible. Para ello, esperaremos la suma de esfuerzo de todas las fracciones parlamentarias y la de los diputados independientes, teniendo presente que el aplauso barato, las respuestas rápidas y las expresiones sin argumentos no tiene cabida en esta Legislatura, la cual pretende realizar las leyes de reforma del siglo XXI, estando cercanos al sentir de la sociedad y en beneficio de la gente. Es cuanta, diputado presidente. Y por su atención, gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ávila.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Las Leyes de Reforma tienen hoy más de siglo y medio después todavía mucho que enseñarnos a los mexicanos contemporáneos. Tienen varias lecciones que creo que todavía no hemos aprendido.
La Constitución de 1824 fue una Constitución semiliberal. Decretó la igualdad de todos los mexicanos ante la ley y acabó con fueros y privilegios, pero que dejó un asunto pendiente, una asignatura que habría de realizar la Constitución de 1857, que era la separación del Estado y las iglesias.
Esa asignatura pendiente la llevaron a cabo una generación de políticos mexicanos extraordinaria, encabezada por Benito Juárez. La lección primera que nos deja esa generación de grandes mexicanos es la de la austeridad republicana. Juárez y todos los demás liberales de la reforma fueron políticos honestos que demostraron con hechos lo que don Benito llamaba la honrada medianía en la que deberían de vivir todos los que ejercieran el servicio público.
La segunda lección es la de ese grupo de estadistas –porque eso es lo que fueron ante todo–, ese grupo notable, extraordinario de estadistas que se adelantaron a su tiempo y que entendieron que el papel de un gobernante, que el papel de quienes tienen las riendas del Estado no es seguir a ciegas lo que se cree, piensa o siente la sociedad. Es en ocasiones, sobre todo en ocasiones importantes, adelantarse a lo que después va a ser una demanda y un reclamo social y fijar ese rumbo y pavimentar el camino para jalar hacia delante a esa misma sociedad.
Si no hubiera sido por esa visión, ese sentido de Estado de esa generación, no habríamos logrado la separación del Estado y las iglesias y viviríamos en tiempos oscurantistas en el México de hoy.
No se limitaron, pues, a ver qué pensaba alguna u otra parte de la sociedad. Se dieron cuenta de que había un imperativo histórico y lo echaron hacia adelante.
Y la tercera lección que me parece la más importante, es que no tuvieron miedo al cambio, no fueron misoneístas, fueron filogenistas, se cuenta de que se necesita un parteaguas histórico en México porque las leyes de la reforma, junto con la Constitución de 1857, significaron ese segundo gran capítulo de la historia de nuestro país.
Es tiempo, y esa es la lección que debemos aprender hoy nosotros, es tiempo de saber que México pide a gritos otra transformación, un nuevo capítulo histórico, una nueva Constitución y que le entremos sin miedo y asumiendo nuestra responsabilidad como representantes de la nación. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Basave.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora –por último– la palabra el diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Luis de León Martínez Sánchez: Buenas tardes. Señoras y señores diputados, nuestro país ha vivido transformaciones de enorme magnitud para garantizar la existencia de instituciones democráticas.
La revolución de independencia, las leyes de reforma, la revolución de 1910, y la transición a la democracia en el México contemporáneo, son los cuatro grandes periodos históricos mexicanos.
Las leyes de reforma brindaron a nuestro país la cimentación del Estado, la separación entre la iglesia y el Estado, y el acceso a la democracia liberal. Actualmente es una tradición que se ha consolidado, luego de circunstancias históricas muchas veces conflictivas que se sucedieron durante más de 140 años.
Sin embargo durante el siglo XIX y buena parte del XX, la laicidad del Estado era considerada como una especie de ideología o confesión oficial, persecutoria de la religión, aduciendo a razones que en su momento histórico tuvieron una experiencia y una explicación por la antigüedad de la vinculación entre el poder del Estado y el de la Iglesia, pero que desde hace décadas y en la actualidad debe ser considerada como la norma que establece la no intromisión de los asuntos que son propios del uno, en los asuntos que son propios del otro.
En términos juaristas, la laicidad es también el parámetro que asegura buena parte del respeto al derecho ajeno, que abarca la libertad de pensamiento, de creencias y de culto para todos los ciudadanos.
Actualmente vivimos y convivimos en paz porque nuestro estado laico tiene entre sus características fundamentales la libertad religiosa, que es también libertad de expresión de todos los ciudadanos, así sean ministros de culto de cualquier confesión religiosa o cualquier ideología política y la tolerancia. El derecho a la libertad religiosa no se limita a la libertad de creencia o de conciencia, porque la creencia se refiere a convicciones de la conciencia personal, en tanto que el derecho a la libertad religiosa es un término más amplio que supone un ejercicio que se observa en la vida cotidiana y social.
Finalmente, no es laicidad la que garantiza la autonomía de las instituciones. La garantía está en los ordenamientos que las establecen, que le señalan sus objetivos, los procedimientos, los recursos necesarios para alcanzarlos y las condiciones en que dichos procedimientos deben realizarse.
Señoras y señores diputados, hoy a más de 150 años de estas leyes, los legisladores y legisladoras de esta LXIII Legislatura sabremos estar a la altura de las grandes transformaciones necesarias para garantizar un sistema político democrático pleno en libertades y en su garantía por parte del Estado. Esa es la convicción de un oaxaqueño, esa es la convicción de Acción Nacional. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado de León Martínez.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Han pedido también participar en este punto y tiene el uso de la palabra, el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social, hasta por tres minutos.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Amigas y amigos diputados, hablar de Juárez sin duda es un momento propicio para hablar de la libertad, el respeto, del derecho que tenemos todos los mexicanos para comunicarnos, para dialogar y fundamentalmente para vivir en paz y en armonía.
Juárez, un liberal, ratificó su compromiso con firmeza cuando quisieron violentar el destino histórico de la república. Como lo narra Fernando del Paso en su obra Noticias del Imperio, no se quebrantó ante la súplica de Carlota para sancionar a los que pretendían lastimar a la república.
Esa firmeza de mando, ese ejemplo de fortaleza, ese ejemplo que nos dejó su legado internacional, plasmado aquí arriba, entre los individuos como entre las naciones: El respeto al derecho ajeno es la paz, incluyendo desde luego el derecho a profesar una religión, una fe; y, por supuesto, dejando plasmado, confirmado que el Estado laico es aquel que no profesa ninguna religión, pero que permite con libertad plena la libertad de culto. Son ejemplos claros que nos ha dejado esta inspiración histórica las Leyes de Reforma, pero también –por otro lado– nos deja un ejemplo de austeridad plena.
En próximos días, amigas diputadas y amigos diputados, llegará a esta soberanía; que por cierto celebro las iniciativas anteriores, donde la rendición de cuentas se debe dar en la soberanía, donde el presidente de la república debe tener un debate respetuoso, cordial, pero firme en aquellas expresiones que no coinciden con el rumbo de la república.
Pero también la autoridad –decía– es un ejemplo para que en esa entrega en próximos días del decreto de presupuesto de gasto público, que habrá de dar el Ejecutivo federal, lo hagamos con plena conciencia en su revisión, que ese famoso presupuesto base cero sea sin detrimento de los grupos vulnerables de la niñez, de los minusválidos, del campo, de los más necesitados, que entendamos que es una oportunidad que tenemos como Cámara de Diputados para mandar un mensaje a la sociedad de honestidad, de firmeza y de preocupación plena por aquellos que dieron su voto democráticamente, y para vernos aquí representados cada uno de nosotros.
Así es como Encuentro Social ve este momento oportuno y expresa esta reflexión con mucho respeto ante la soberanía de este país. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar. Enviamos también desde aquí un cordial saludo a ciudadanos, ciudadanas vecinas del estado de Sinaloa, invitados por el diputado Quirino Ordaz Coppel, del Partido Verde Ecologista de México. Bienvenidas, bienvenidos, amigos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (13:29 horas): Habiéndose terminado la lista de oradores, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 8 de septiembre de 2015, a las 11 horas, y se les informa que el registro de asistencia se hará en los lectores biométricos que estarán disponibles desde las 9:30 horas en el vestíbulo del salón de sesiones. Gracias. Buenas tardes.
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