Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIII Legislatura
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 29 de septiembre de 2015

Apertura de la sesión

Orden del día

Acta de la sesión anterior

Comunicaciones

De la Junta, con designación de representantes de Morena ante el INE; de la Secretaría de Gobernación, con informe y contestaciones a puntos de acuerdo; de la Cámara de Senadores, con proposiciones, minutas, conformidad con acuerdos e iniciativa; del Congreso de Chihuahua, con iniciativa

Acuerdo de la Junta, relativo a la comparecencia del titular de Hacienda para análisis del Tercer Informe de Gobierno

Presentación de iniciativas

María del Rocío Rebollo Mendoza, PRI

Jisela Paes Martínez, PAN

Waldo Fernández González, PRD

Omar Noé Bernardino Vargas, PVEM

Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Morena

Jorge Álvarez Maynez, PMC

Soralla Bañuelos de la Torre, PNA

Manuel Jesús Clouthier Carrillo, independiente

María Bárbara Botello Santibáñez, PRI

Marco Antonio Gama Basarte, PAN

Julio Saldaña Morán, PRD

Jesús Emiliano Álvarez López, Morena

María Candelaria Ochoa Avalos, PMC

Angélica Reyes Ávila, PNA

Miguel Ángel Sulub Caamal, PRI

Lucía Virginia Meza Guzmán, PRD

Juan Romero Tenorio, Morena

Luis Ernesto Munguía, PMC

Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, PAN

Presentación de proposición

Luis Fernando Antero Valle, PAN, relativa a las denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación en contra del gobierno del estado de Colima

Receso

Comunicaciones

Del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, que deja de pertenecer al GPPVEM; del coordinador del GPPRI, con integración del mismo diputado a su grupo parlamentario; del Ejecutivo, con iniciativa

Acuerdo de la Junta, con integración de comisiones

Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones

Clausura de la sesión


 
 
 
 
 
 

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Como lo indica, señor presidente. Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 446 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (11:34 horas): Se abre la sesión.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa su lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto es el referido a comunicaciones oficiales.

El diputado Felipe Reyes Álvarez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Felipe Reyes Álvarez. ¿Con qué propósito, señor diputado?

El diputado Felipe Reyes Álvarez (desde la curul): Un posicionamiento en relación a un pronunciamiento de la Comisión de Salarios Mínimos el día de ayer.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, diputado, perdón, estamos en el punto de comunicaciones oficiales. Entonces, no lo veo en el orden del día que tenemos aquí y que aprobamos en otra...

El diputado Felipe Reyes Álvarez (desde la curul): ¿Podría ser incluida esta breve participación, señor presidente?

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, diputado, con todo respeto, pero no ha lugar de acuerdo con el Reglamento con el que regimos nuestras sesiones plenarias.

Yo le rogaría que pudiera usted inscribirlo y si nos lo comunica a la Junta de Coordinación Política para en su momento abrir el tema al respecto, sería, por supuesto, inscrito usted en la lista de oradores correspondiente.

El diputado Felipe Reyes Álvarez (desde la curul): Muy bien, gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.

La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, ahí, sonido en la curul de la diputada Mirza Flores.

La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Presidente, con su venia, quisiera exhortarlos a todos para que tomáramos conciencia el día de hoy respecto de los hechos, totalmente condenables, por el gobernador de Nuevo León, en contra de una diputada del PAN, por el hecho de que esta diputada de nombre Leticia Benvenutti tomó la palabra y estuvo haciendo manifestaciones de que no iba a aprobar su cuenta pública por no tener elementos suficientes para hacerlo y él y su equipo están haciendo una persecuta política publicando fotografías de la diputada que se tomó hace algunos años por un empleo que tenía.

La diputada tiene la libertad de ejercer cualquier empleo y eso no es suficiente para ser víctima de una persecución y violencia política.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada, con todo respeto, pero no está inscrito el punto y no ha lugar para que se ponga a discusión. Se registran en todo caso sus expresiones para que se considere de la manera que sea. Adelante, continúe la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Oficio de la Junta de Coordinación Política, por el que informa la designación de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, como consejeros, propietario y suplentes del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Comuníquese.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el informe final de las evaluaciones externas de los programas presupuestarios a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para conmemorar el Día mundial sin automóvil, el 22 de septiembre del presente año.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítanse a la Junta de Coordinación Política para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron de la Cámara de Senadores veinte proposiciones con puntos de acuerdo, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, por las que se solicita a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 considere y destine recursos para varios rubros.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Oficios de la Cámara de Senadores con los que devuelve, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional, nueve expedientes que contienen las siguientes minutas:

Con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a los artículos 4 y 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Competitividad para dictamen.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 53 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 456 de la Ley General de Salud.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 139 del Código Penal Federal.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso 19) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos penales.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 705 del Código Civil Federal.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: La Cámara de Senadores remite tres comunicaciones por las que se expresa su conformidad con los acuerdos de la Cámara de Diputados que desechan las siguientes minutas:

1. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25, 26, 27, 28 y 31 de la Ley Agraria.

2. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 181 de la Ley Agraria.

3. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 148 y se adiciona el artículo 148 Bis y una fracción VI al artículo 155 de la Ley Agraria.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado, queda concluido el proceso legislativo de los asuntos mencionados.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Oficio del Congreso del Estado de Chihuahua, con el que se remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 101 de la Ley General de Población.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Población, para dictamen.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes iniciativas con proyecto de decreto:

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en materia de prevención de lavado de dinero, presentada por los senadores Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, Juan Carlos Romero Hicks, José María Martínez Martínez, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Maki Esther Ortiz Domínguez, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Héctor Larios Córdova y Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto son proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Acuerdo

Primero. Con la finalidad de profundizar en el análisis del Tercer Informe de Gobierno, específicamente en lo relativo a la política económica y para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados, al secretario de Hacienda y Crédito Público, el jueves primero de octubre de 2015 a las 10:00 horas.

Segundo. Conforme a lo establecido por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el funcionario compareciente rendirá protesta de decir verdad ante el pleno.

Tercero. El formato de la comparecencia será el siguiente:

1. Presentación a cargo del secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por 15 minutos, en la cual deberá referirse al Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República específicamente a la materia económica, así como al paquete económico para el ejercicio fiscal de 2016.

2. Una ronda de proposiciones de los grupos parlamentarios y del diputado independiente hasta por siete minutos cada uno en orden creciente:

A), diputado independiente; b), Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; c), Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; d), Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; e, Grupo Parlamentario de Morena; f), Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; g), Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; h), Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; i), Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

3. Habrá tres rondas para preguntas, respuestas y comentarios en las que se abordará el análisis del Tercer Informe de gobierno, así como el paquete económico para el ejercicio fiscal 2016 conforme al siguiente formato:

A), pregunta del grupo parlamentario hasta por cinco minutos; b), respuesta del funcionario compareciente hasta por cinco minutos; c), comentario del grupo parlamentario hasta por tres minutos.

El orden de cada ronda será el siguiente:

A), Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; b), Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; c), Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; d), Grupo Parlamentario de Morena; e), Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; f), Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; g), Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; h), Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Cuarto. En términos del artículo 22, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados realice la notificación correspondiente al Ejecutivo federal.

Quinto. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorio único. El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2015. Firman los coordinadores de los grupos parlamentarios. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra en el punto de la presentación de iniciativas, por cinco minutos, la diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 126 y 130 de la Ley del Seguro Social.

La diputada María del Rocío Rebollo Mendoza: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la iniciativa que hoy presento aborda uno de los temas fundamentales en el cimiento de toda sociedad, me refiero a la seguridad social que en nuestro país es reglamentada con la Ley del Seguro Social.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sienta las bases para propiciar un marco jurídico de protección a los trabajadores y a sus familias con un claro sentido tutelar, procurando mejorar su nivel de vida, estabilidad y certidumbre, mayores oportunidades de empleo y salarios más elevados, mejores y más equitativas condiciones al momento de su retiro laboral.

En tal sentido, la legislación secundaria vigente debe trazar las líneas generales de la finalidad que persigue la seguridad social constitucional, estableciendo que debe garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, a lo cual se le denomina Seguro Social, definido por la ley como el instrumento básico de la seguridad social y se le establece como un servicio público de carácter nacional.

Para cumplir con tales propósitos, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con cuatro ramos de aseguramiento: invalidez, vejes, cesantía en edad avanzada y muerte, riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, así como guarderías.

A pesar de estas realizaciones, se debe reconocer que para constituir el sistema de seguridad social que requieren hoy las mexicanas y los mexicanos y necesita México y este siglo XXI, es indispensable corregir deficiencias, superar limitaciones y sentar bases sólidas para que la seguridad social sea en mayor medida la vía por la cual avancemos hacia la eficacia plena de los derechos sociales.

Lo anterior es lo que me motiva a proponer la modificación de los dos preceptos normativos que a continuación planteo. Es un hecho que cada vez somos más las mujeres que trabajamos, en gran medida para lograr nuestro propio desarrollo personal, pero también y muy importante para poder brindar a nuestra familia mejores oportunidades y calidad de vida a través de un mayor ingreso familiar. Nuestro trabajo y aportaciones deben poder ser disfrutadas por nuestros compañeros de vida y familia.

Por tal motivo, encuentro en la Ley del Seguro Social un precepto que vulnera la garantía de igualdad de no discriminación contenida en el artículo 4o constitucional al establecer mayores requisitos para el otorgamiento de una pensión por viudez al varón que a la mujer, y que se contiene en el segundo párrafo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, dado que exige que el hombre viudo dependa económicamente de la asegurada para ser beneficiario de la pensión por viudez.

Dicho párrafo incluso ha sido declarado inconstitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia definida, y en ese sentido, la finalidad que persigue esta iniciativa es armonizar y fortalecer nuestro marco normativo nacional con los principios y las garantías tuteladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, los invito a apoyar mi propuesta para reformar el segundo párrafo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social eliminando la frase que dice “...que dependiera económicamente...”. Frase impuesta injustificadamente para los varones viudos o concubinos de las aseguradas fallecidas, lo cual favorecerá en mayor medida a las familias de las trabajadoras mexicanas al otorgársele al viudo o concubino, sin condicionamiento de dependencia económica, la pensión por viudez lograda por las aseguradas.

Por otra parte, el artículo 126 de la Ley del Seguro Social dispone que el IMSS suspenderá el pago de la pensión temporal si el pensionado por invalidez se niega a someterse a los exámenes previos o posteriores, y a los tratamientos médicos prescritos o abandone estos.

Lo anterior resulta sumamente arriesgado por el supuesto en que el pensionado temporal por invalidez se encuentra –como en muchas ocasiones ocurre– internado en alguna de las clínicas del Instituto, y por ende no acude a las citas de regularización clínica dado que corre el riesgo de verse suspendida su pensión, lo cual es incuestionablemente injusto.

Por lo anteriormente expuesto, considero también que el artículo 126 de la Ley del Seguro Social debe reformarse en su primer párrafo para adicionar un párrafo donde se exprese el supuesto de que si el pensionado temporal por invalidez se encuentra internado en una clínica del Instituto, se le dispense de acudir al Departamento de Medicina del Trabajo para la regularización de la pensión por la invalidez temporal.

Por una seguridad social justa y equitativa, los invito pues, compañeros diputados, a apoyar mi propuesta en beneficio de las y los asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Rebollo. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La diputada Jisela Paes Martínez: Con la venia de la Presidencia. Señoras diputadas y señores diputados, a nombre de los diputados de Baja California Sur, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Ernesto Ibarra Montoya, Herminio Corral Estrada, y el mío propio, presento iniciativa por la que se adiciona un último párrafo al artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para prohibir de una vez y para siempre la política del gobierno federal de aprobar la minería a cielo abierto en áreas naturales protegidas cuando se empleen sustancias como cianuro y mercurio.

Las áreas naturales protegidas son uno de los instrumentos preponderantes para la protección y conservación de los ecosistemas, y por lo mismo de la biodiversidad, y son en buena parte los responsables de suministrarnos los servicios ambientales indispensables para la subsistencia del género humano.

El mercado internacional a la alza de los metales preciosos en los últimos lustros, sobre todo del oro, ha generado una gran presión sobre los recursos naturales del país, incluyendo los que se encuentran dentro de las áreas naturales protegidas. Por la escasa obtención de oro a través de los métodos antiguos su extracción se realiza ahora a través de la minería a cielo abierto, la cual es una actividad de alto impacto económico, ecológico y social.

La minería a cielo abierto requiere el uso intensivo de explosivos y maquinaria pesada que forman extensos cráteres, aun excediendo a la profundidad de los acuíferos. Según investigadores, en 20 años una mina de oro productiva puede usar en el sitio hasta 500 toneladas de explosivos, el 40 por ciento de las bombas arrojadas durante la Segunda Guerra Mundial.

El proceso de lixiviado merece particular mención, ya que consiste en agrupar el material molido en montículos de material extraído y rociarlas de forma continua con agua, a la que previamente se le ha agregado sustancias altamente tóxicas, como cianuro o mercurio, para la recuperación del metal.

La minería a cielo abierto contamina ríos y acuíferos con metales pesados, afecta flora y fauna, genera grandes cantidades de contaminantes, emisiones altas de gases y polvos a la atmósfera, enfermedades humanas, destruye áreas de potencial turístico, afecta las actividades económicas y locales, y genera entornos sociales de marginación y de pobreza.

Según un estudio realizado en 2010 existía superposición entre los polígonos de 24 mil 715 concesiones mineras, otorgadas hasta este año con las áreas naturales protegidas federales, y 1 mil 609 concesiones mineras coincidían con 63 áreas naturales protegidas. Si consideramos que se han otorgado actualmente más de 27 mil concesiones mineras y un gran número de estas se encuentran dentro de las áreas naturales protegidas, es claro el grave peligro en que se encuentran la vida humana, la biodiversidad y los recursos naturales que nos son indispensables, como lo es el agua y, en general, el medio ambiente.

En junio de 2014, la Semarnat autorizó la manifestación de impacto ambiental al proyecto Los Cardones, para extracción de oro en el área natural protegida Sierra de la Laguna, en Baja California Sur, que es la principal fuente de recarga de los acuíferos que abastecen el sur del estado más árido de la república, proyecto que no ha iniciado porque aún faltan permisos por otorgarse, aunque un grupo de regidores del Ayuntamiento de La Paz, a cuatro días de concluir su encargo acordó, en reunión secreta, aprobar el permiso de uso de suelo, lo cual ha generado una fuerte protesta social de los sudcalifornianos, a la cual nos sumamos.

Resulta una contradicción que una actividad tan destructiva no se encuentre prohibida y menos aún en las áreas naturales y, por tanto, quede abierta la posibilidad de que la Semarnat la autorice.

Es fundamental aumentar la protección de este instrumento de preservación ambiental. ¿Para qué queremos seguir decretando estas áreas, si vamos a permitir legalmente su destrucción?

En razón de lo anterior, sometemos a su consideración esta iniciativa, para que en el texto de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se prohíba de manera expresa la minería a cielo abierto que use cianuro o mercurio en áreas naturales protegidas, como única forma de evitar que se sigan aprobando este tipo de megaproyectos mineros.

No queremos ya que en ninguna parte del país vuelva a suceder lo que hoy está ocurriendo en Baja California Sur, que por una decisión arbitraria e ilegal del gobierno federal, aunado a la ilegalidad y contubernio de un ayuntamiento saliente, se ponga en riesgo la vida y la salud de sus habitantes, así como la paz y la estabilidad social de la entidad, ante lo cual el gobierno estatal y el municipal, con las herramientas legales disponibles, se han comprometido enarbolar la lucha por impedir que este megaproyecto Los Cardones acabe con el futuro de un desarrollo sustentable al que tienen derecho los sudcalifornianos.

Atentamente, diputada Jisela Paes Martínez, diputado Ernesto Ibarra Montoya y diputado Herminio Corral Estrada. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Paes. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento a la Integración de Insumos Nacionales para Obras de Infraestructura Pública no Energética.

La diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, diputado Fernández, antes, la diputada. Sonido en la curul de la diputada Esthela Ponce, por favor.

La diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán (desde la curul): Muchas gracias. Solamente para sumarme a la iniciativa que acaba de presentar la compañera diputada Jisela Paes, por Baja California Sur, gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si la diputada proponente no tiene inconveniente de adhesión, la Secretaría de la Mesa Directiva pondrá a disposición la iniciativa, en virtud de que la proponente no tiene, en modo alguno, objeción. Gracias. Perdón, diputado Waldo Fernández González, ahora sí, por favor.

El diputado Waldo Fernández González: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en México y en el mundo se viven situaciones y problemáticas adversas a la economía, cuyos mayores impactos recaen en las personas, comunidades y regiones con menores ingresos y oportunidades.

Se trata de una problemática económica, que por ser al mismo tiempo social y política demanda la acción de todos los poderes públicos, de la sociedad civil y de los partidos políticos para abrir nuevas avenidas hacia un desarrollo social y humano incluyente.

En el caso de nuestro país se han planteado una serie de metas y acciones económicas que pasan por grandes inversiones de recursos públicos. Esto es, por los recursos propiedad de todas las mexicanas y los mexicanos.

Una de esas áreas de gasto público es la construcción de infraestructura, basta señalar que el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 prevé una inversión programada de 7 mil 750 billones de pesos, distribuidos en 743 proyectos, de los cuales el 60 por ciento aproximadamente corresponde a proyectos no energéticos.

En ese marco, el sector de infraestructura representó el 3.7 por ciento del producto interno bruto del país, en promedio, en los últimos tres años. En su mayor parte, las obras se realizan con recursos públicos y constituye el 22 por ciento del valor generado por las actividades secundarias, pero sobre todo, la infraestructura es parte de la riqueza nacional.

El sector genera 5 millones 600 mil puestos de trabajos directos y 2 millones 8 mil de empleo indirecto. Es así, la cuarta actividad económica con mayor capacidad de generación de empleo.

Como sabemos, en los próximos años, miles y miles de millones de pesos se destinarán a la infraestructura que requiere nuestro país, derrama económica que por provenir del esfuerzo de todas y todos los mexicanos debemos aprovecharla al máximo para generar nuestro potencial productivo, generar empleos e incrementar la productividad.

Y a la vez, para que lo hecho en México se utilice en las obras que van a construirse para México.

Bajo estos referentes, presento en esta alta tribuna una iniciativa de Ley de Fomento a la Integración de Insumos Nacionales para Obras de Infraestructura Pública no Energética, cuyo propósito radica en impulsar de forma contundente la industria nacional.

Queremos que al perfeccionar nuestro marco normativo, el desarrollo de la infraestructura y la obra pública reflejen un alto grado de integración y contenido de insumos nacionales, y esto detone el potencial de las empresas mexicanas, de nuestras empresas.

Es un hecho que el rezago, ante las necesidades cambiantes del entorno de nuestro país exige modificar leyes, normas e instituciones.

Partimos de una lógica de reciprocidad con nuestros socios comerciales, que a la vez responda a las necesidades de la empresa mexicana desde una visión integral donde se entrecruzan el empleo, el ingreso, la inversión y sobre todo, el desarrollo social y humano de nuestros compatriotas.

La Ley México, por definirla así, que hoy presento ante esta soberanía, lejos está de vocaciones proteccionistas, lejos de atavismos que se fugan de la historia y lejos de iniciativas que evaden la evidencia de la economía de mercado, de la globalización y de la interdependencia.

Pero sí, esta iniciativa sí está cerca de recuperar, para el bien de todos, una auténtica política industrial, cerca de los productores e inversionistas nacionales, cerca de las necesidades de empleo e ingreso existentes en la población y cerca del análisis riguroso de otras iniciativas similares que aplican nuestros socios comerciales.

Esta iniciativa se propone fomentar el uso de bienes y servicios de calidad en las obras de infraestructura pública en sectores no energéticos.

En otros términos, comprar lo hecho en México para construir bien y mejor en apego al derecho nacional e internacional.

Con el contenido de esta ley podremos incentivar a las empresas nacionales y extranjeras, para que opten por utilizar insumos nacionales en los contratos de obra que le sean asignados.

Por tanto, no supone la exclusión del capital extranjero, de hecho uno de nuestros socios comerciales que creó la Ley Buy American, donde sí excluyen al resto de los socios comerciales y los países llamados BRICS han establecidos métodos de protección contrarios a la ley y los tratados firmados.

La iniciativa se sustenta en el artículo 25, párrafo octavo de nuestra Carta Magna que a la letra dice: la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece la propia constitución.

En la reforma al artículo 25 constitucional se señaló que al sector privado se le reconoce su función social así como la conveniencia de que existan condiciones favorables para el desenvolvimiento de la empresa privada, sujetando su desarrollo al interés público.

Por ello es viable proponer desde el legislador, una política que alienta y proteja la industria nacional sin incumplir tratados ni normas que nuestro país ha suscrito con organismos internacionales.

La infraestructura tiene función social insoslayable, de entrada es el sector de la economía que absorbe la mayor cantidad de mano de obra no calificada del país, es la cuarta actividad económica con mayor capacidad de generación de empleo y el efecto multiplicador de la construcción de infraestructura es sustancial, de cada 100 pesos que se destinan a la construcción, 56 se utilizan en la compra de servicios y materiales que ofrecen 37 de la 72 ramas económicas existentes en nuestro país, más de la mitad de estas ramas son impactadas.

Por ello cuando la construcción crece contribuye al dinamismo de la mitad de las otras actividades productivas y con ello aumenta las inversiones en México y eleva su productividad. En materia de empleos para el año 2012, el sector infraestructura generó más de un millón 200 mil puestos de trabajo. Con la aprobación de esta iniciativa se podrían generar hasta dos millones 300 mil empleos directos y un millón 200 mil empleos indirectos.

Debemos recordar que en los próximos años el gasto de infraestructura crecerá a razón de 1.4 billones de pesos por año, el impacto económico en la generación de cadenas de valor será mucho mayor a este.

Por tanto, sí tiene un interés público el efecto de esta inversión en las empresas mexicanas que producen insumos para el sector, y sí tiene interés saber cuántos empleos y cuántas inversiones podemos aprovechar al incentivar los insumos nacionales.

Esta iniciativa considera todas las cifras y cálculos económicos obtenidos de fuentes oficiales y otras reconocidas a nivel internacional. Por ello es importante esta iniciativa que se pone a su consideración. Les pido analizarla para que pueda aprobarse en su momento oportuno y así beneficiar a la ciudadanía con la creación de trabajo, inversión y ahorro.

La infraestructura es la plataforma sobre la que México estará en condiciones de producir y comercializar internacionalmente con sus socios comerciales y competidores.  La mejor política económica es aquélla que se refleja en el trabajo, en generar oportunidades y obtener resultados concretos. Es la que se ve reflejada en el bolsillo de los ciudadanos.

Los invito a estudiar y a analizar esta iniciativa. Legislar es luchar por el bienestar de todos. Nuestra vocación nacional debe de ser el eje en la toma de decisiones políticas y económicas. Es tiempo que el compromiso con México sea bastión de nuestra fortaleza, de nuestra soberanía en un mundo global. El impulso de una nación moderna y equitativa es tarea de todos y deberá ser obligación de este gobierno.

¿Qué nos impide actuar para apoyar a las empresas mexicanas que generan insumos para la infraestructura? ¿Qué nos impide fomentar el uso de la producción nacional en obras que se construyen con dinero que es de todas y de todos? ¿Qué nos impide promover el consumo de los bien hecho en México? Finalmente, ¿qué nos impide impulsar el crecimiento de las empresas que crean lo necesario para que el país incremente su patrimonio y su riqueza?

La respuesta es simple. Nada. Llegó el momento de pasar de la dependencia a la autodeterminación. Honremos a México dándole a México las oportunidades de contribuir al interior, de fortalecerlo, de ser productivos, de ser nosotros los primeros en aportar. Busquemos crear esas estructuras que posibiliten que hay una prioridad por lo mexicano y una prioridad para los mexicanos capaces.

Soy Waldo Fernández y, como ustedes, creo en lo hecho en México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Fernández. Túrnese a la Comisión de Economía para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul). Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputada. Sonido en la curul de la diputada Cecilia Soto.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Para pedir la autorización al diputado Waldo. Toda la fracción queremos apoyar esta iniciativa para mejorar la industria nacional. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Entiendo que por sus expresiones corporales, el diputado Waldo Fernández no tiene inconveniente. Por tanto, la Secretaría de la Mesa Directiva pondrá a disposición la iniciativa para quienes la quieran suscribir. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Omar Noé Bernardino Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas: Diputado Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, quien suscribe, diputado Omar Noé Bernardino Vargas, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura, someto a la consideración de esta soberanía, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto a fin de modificar diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, atendiendo a la problemática siguiente.

Exposición de motivos

La presente iniciativa pretende resolver el desempleo abierto que sufren por lo menos 7 millones de jóvenes en el país. También la escasa información a que tienen acceso las micro y pequeñas empresas con respecto a las licitaciones que publica el sector público. Además, pretende disminuir el costo en los servicios de consultoría, asesoría e investigaciones, apoyándose para ello en el Conacyt.

Por último, busca detonar el mercado interno impulsando para ello a la micro, pequeña y mediana empresa que sea integrada por campesinos, ganaderos, artesanos, talleres y empresas formadas por mujeres.

Como les decía, en materia de jóvenes reconocemos que el 35 por ciento de la población económicamente activa son de jóvenes. Sin embargo, el sector de la juventud y muchos jóvenes que nos están viendo, no nos dejarán mentir, el sector de la juventud ha sido muy discriminado por el asunto de la inexperiencia, les dicen: tienes que empezar desde abajo, te tienes que foguear para ocupar un cargo, ya sea en sector privado o en el público. En fin, son discriminados las y los jóvenes de nuestro país.

Por eso, en esta iniciativa pretendemos que como Congreso de la Unión generemos los mecanismos normativos para que más jóvenes puedan ingresar al sector público y privado, pues los jóvenes ya están cansados de discursos retóricos o de falsas promesas. Ellos están deseosos de oportunidades reales para tener empleos dignos y bien remunerados.

Por eso, una propuesta para reformar el artículo 14 de esta ley, es estimular a las empresas mediante otorgamientos de preferencia en ciertas licitaciones o, en su defecto, se les otorguen puntos adicionales a su favor siempre y cuando estas empresas que están en licitación, pues tengan por lo mínimo el 5 por ciento de su esquema nominal a jóvenes entre 18 y 25 años de edad. Con esto tendrán mayores estímulos.

También proponemos reformar el artículo 19 para reducir los costos en asesoría e investigación y consultoría del Ejecutivo federal y el Ejecutivo estatal. Para ello proponemos que estas asesorías descansen en la Conacyt cuando son asesorías del Ejecutivo federal y cuando son asesorías o consultorías o investigaciones del Ejecutivo estatal que descansen en los órganos o consejos estatales. Para ello se va a reducir un recurso significativo.

También conocemos que existe la página compranet.gob.mx que la mayoría de los micros y pequeños empresarios que son los que en realidad generan empleos, pues no la conocen, y por ende no conocen cuáles van a ser las normativas para poder vender sus productos que ellos mismos producen.

Por eso nosotros proponemos, mediante la reforma al artículo 21 de esta ley, que los tiempos del Estado en radio y televisión sean también para promover lo que establece esta página CompraNet, para que más micro y pequeños empresarios conozcan cómo pueden acceder a ello.

También para fortalecer el mercado interno, que debe ser la palanca ahorita de nuestro país en materia económica por la difícil situación que está pasando nuestro país, referente al entorno global económico, pretendemos reformar el artículo 41 y su fracción XI, para que se incrementen; el aspecto de agregar a los: artesanos, ganaderos, pequeños talleres y empresas formadas por mujeres, ganaderos en la zonas rurales, a la excepción establecida en dicho artículo, con la finalidad de que las dependencias y entidades públicas adquieran productos de los grupos precitados. Ello mantiene mediante el esquema de adjudicación directa o por medio de invitación; es decir, debemos de consumir lo que las micro y pequeñas empresas producen.

Por último, y en armonía con la propuesta anterior, es necesario reformar el artículo 42, quinto párrafo, con la finalidad de incrementar el umbral presupuestal del 30 al 35 por ciento para los esquemas o procedimientos para adquisición de productos, asignación directa o invitación. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Bernardino. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 35 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Con su venia, diputado presidente. Antes de comenzar quiero disculparme de antemano si de alguna forma ofendo a sus eruditas percepciones, pues es la primera vez que me encuentro ante tan notables personalidades.

Estoy aquí como un hombre del pueblo. Ese pueblo que muchos políticos, salvo algunas excepciones, conocen únicamente a través de datos estadísticos y al cual dan la mano solo en periodo electoral para tomarse la foto.

El día de hoy puedo hablar ante ustedes, en igualdad de condiciones, gracias a la oportunidad histórica que me ha brindado Morena y estoy aquí sin aquellas atribuciones que omiten muchos defensores de la meritocracia; es decir, el amiguismo, el influyentismo o el nepotismo. Condiciones que afectan gravemente al sano desarrollo de la vida parlamentaria.

Diputadas y diputados presentes, pueblo de México, traigo ante ustedes un tema de vital importancia para el buen desempeño del trabajo legislativo, el cual seguramente apoyarán y tiene que ver con la Junta de Coordinación Política.

En una democracia representativa, el papel que juegan las y los diputados es sustancial, por ello el Poder Legislativo más que un órgano político es un órgano social, y más que formar parte del Estado forma parte de la sociedad. Al menos así lo concibo, pues somos representantes de la nación y debemos ser el contrapeso ante un Ejecutivo claramente incompetente para el buen destino del país.

Hemos de recordar que el acceso a la información pública gubernamental se ha convertido en un derecho humano central y que justamente así se contempla en el artículo 4o. de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Al día de hoy, la percepción ciudadana coloca a la clase política, especialmente a las y los diputados, en la cúspide de la desconfianza. A poco no.

Por ejemplo, la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa ha demostrado a través de distintos análisis que el Congreso mexicano aún no garantiza la difusión de todos los actos que derivan de sus facultades. No publica información completa y actualizada sobre los gastos de recursos públicos y tampoco transparenta el destino de las subvenciones recibidas por los grupos parlamentarios.

La pasada legislatura, motivada por un pacto que atentó contra México, trabajó bajo un velo de opacidad que dejó en el aire muchas dudas para las y los mexicanos. Cerraron las puertas a la deliberación y dejaron todo en las manos, poco claras, de la negociación entre unos cuantos.

De ahí emanaron de procesos difusos, turbios, las reformas estructurales que siguen moviendo a México al endeudamiento, a la inseguridad, a la crisis y a la entrega de los recursos naturales del pueblo de México a intereses extranjeros o de particulares, pues no hay maquillista ni maquillaje, aún proveniente de los expertos de la farándula, que oculte la grave situación que vive el país.

Por eso, les quiero hablar a las personas que nos siguen a través del Congreso, a aquellos hombres y mujeres libres que siguen el actuar de las y los diputados sobre la Junta de Coordinación Política, mejor conocida como la Jucopo. Una instancia seguramente necesaria, porque ayuda a agilizar los trabajos legislativos.

El artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara, instancia integrada por los coordinadores de cada uno de los distintos grupos parlamentarios.

Proponemos que el trabajo de la Junta de Coordinación Política debe ser abierto al escrutinio ciudadano. Es decir, transmitir a través del Canal del Congreso, en tiempo real, las negociaciones, acuerdos y decisiones que se toman en la Junta de Coordinación Política, esto propiciará que los integrantes de las cúpulas partidistas asuman la responsabilidad política de sus cargos, así como transparentar el apoyo o no a las propuestas que ahí se exponen. Además, que se evitarán decisiones privadas que puedan beneficiar a particulares y así disminuir el pernicioso riesgo de la corrupción.

Al menos en Morena no tenemos nada que ocultar, nos sabemos bien representados por la coordinación de nuestro grupo parlamentario, ya que en Morena anteponemos la autoridad moral a los intereses personales y entendemos la política como un imperativo ético.

Les reitero que, en Morena, estamos aquí para reivindicar el trabajo legislativo a favor del pueblo de México. Es momento de actuar, acorde a la gran responsabilidad que se nos ha encomendado, con transparencia.

Por tal, es justo recordar lo plasmado en el artículo 12 de los Sentimientos de la Nación, en el cual se expresa que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, modela opulencia y la indigencia, y del tal suerte se aumenta el jornal del pobre que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.

Tengan la bondad de ser felices, señores diputados, sí se puede, haciendo el bien a los demás. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Álvarez Maynez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Organizaciones Ganaderas, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Jorge Álvarez Maynez: Con su permiso, presidente. Con el permiso y la atención de los compañeros presentes en esta sesión vengo, a nombre de la bancada de los ciudadanos, de diversas compañeras y compañeros diputados que signamos esta iniciativa. Y también quiero agradecer que nos acompañen hoy los activistas por los derechos de los animales, de la organización Animal Héroes, Antonio Sanyuti, Adriana Buenrostro, Mitzy Pantoja y Karen Muñoz, que nos acompañan en la presentación de esta iniciativa.

Compañeras y compañeros, México no avanza en la dirección correcta en el sector económico. Las reformas estructurales concebidas en el Pacto por México no han logrado revertir el problema ni del bajo crecimiento ni de la precarización laboral que tiene nuestro país.

El gobierno insiste en anunciar recortes y ajustes. Más de 92 mil 700 millones de ajuste en el proyecto de Presupuesto de Egresos que se nos presentó. Sin embargo, estos son un reflejo de cómo el gobierno, a través del gasto público, sigue priorizando intereses políticos y de propaganda, por encima del bienestar de los mexicanos.

El gobierno no puede seguir gastando sin rumbo, gastando mal y mucho menos en tiempos de crisis. Subsidiar proyectos para unos cuantos es no entender la crisis económica en la que viven la mayoría de los mexicanos.

La presente iniciativa tiene un objetivo muy concreto reformando diversas leyes. Eliminar uno de los muchos gastos superfluos del gobierno, los subsidios a los espectáculos de maltrato animal. En específico, los subsidios y las subvenciones que se dan al ganado del toro de lidia para espectáculos taurinos.

Las corridas de toros no deben ser una prioridad para los gobiernos, ya que se trata de eventos privados destinados a una pequeña parte de la población nacional. Un mínimo porcentaje de la sociedad nacional acude a este tipo de espectáculos. Apenas dos de cada 10 mexicanos han asistido, alguna vez en su vida a alguno de ellos. Y la enorme mayoría de quienes asistieron no volvieron a asistir.

Según una encuesta publicada por parametría, la mal llamada fiesta brava es un espectáculo rechazado por la mayoría de la sociedad mexicana. Casi nueve de cada diez mexicanos están en desacuerdo con que el gobierno use sus impuestos para apoyar las corridas de toros. Mientras que crear y mantener escuelas taurinas con financiamiento público es rechazado por el 87 por ciento de la población. Además de que el 86 por ciento de los mexicanos considera que el gobierno no debe utilizar los medios públicos para promover las corridas de toros.

Nosotros como representantes populares, y me refiero a todos los aquí presentes, debemos considerar seriamente el impacto que tienen estas tradiciones en nuestra sociedad, la tradición no puede justificar la crueldad, los actos que se llevan a cabo, cuyo aprendizaje tiene un costo de crueldad, perversidad e insensibilidad son inaceptables.

A pesar del abrumador rechazo que generan los espectáculos taurinos, diversos gobiernos estatales y municipales han destinado recursos públicos que consisten en varios millones de pesos para promover negocios privados relacionados a los espectáculos taurinos, a través de patronatos, como son el caso de Aguascalientes y Puebla; empresas privadas como Espectáculos Taurinos de México SA se han beneficiado con casi 14 millones de pesos en subvenciones por parte del erario de la nación para eventos como la Feria de San Marcos, en Aguascalientes.

A las asociaciones relacionadas con la crianza de ganado de lidia se les proporcionan fondos de acompañamiento y capacitación a través del Comité Nacional, Sistema Producto Bovinos Espectáculo de Sagarpa, el cual se encarga de llevar a cabo las estrategias necesarias para mejorar y elevar la cadena de productividad de los toros de lidia. Criar toros para después matarlos es claramente un acto de crueldad.

Los pocos empresarios taurinos que existen defienden un sector que sobrevive con fondos públicos, cuya actividad se ha desplomado y cuyas crueles prácticas rechaza una mayoría social, fondos que además son distribuidos con discrecionalidad entre los empresarios y sin reglas claras para su funcionamiento.

En Movimiento Ciudadano nos hemos propuesto ser la voz de los ciudadanos en el Congreso, por ello vamos a asegurarnos de que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente, que sean utilizados con transparencia y que el gobierno actúe con austeridad, que ayudemos a lograr que el país sea más equitativo y también más productivo y no un país que gaste mal, en el que se beneficien unos cuántos y en el que se subsidien actos que violan la integridad de los seres vivos. Actos, que hay que decirlo, son rechazados por la enorme mayoría de las mexicanas y de los mexicanos. Gracias, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Ganadería y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva:  Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: Sin respeto a los derechos humanos no hay justicia. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El mayor reto de la incorporación del nuevo sistema penal acusatorio es el plazo constitucional para su implementación a nivel nacional, el cual vence el próximo año.

En Nueva Alianza sabemos que nos encontramos en un momento sin precedentes en la historia jurídica de México, ya que del éxito de la transformación del sistema penal depende en gran medida el futuro de nuestro país.

La adecuada transformación de nuestro sistema penal es una empresa que implica una nueva manera de entender la forma en la que se ejerce justicia. Debemos enmendar los errores que nos han conducido a los niveles de impunidad que hoy padecemos.

En ese sentido, y dado que se cuenta con la experiencia de que en algunas entidades federativas ya han iniciado la implementación del nuevo sistema penal, resulta necesario realizar una revisión y hacer algunas precisiones de modo que se respeten plenamente los derechos humanos de los imputados.

Por ello es indispensable empezar por poner la palabra penal en el artículo 13 del código, pues no podemos confundir ni confundirnos. No es lo mismo responsabilidad penal que civil o administrativa.

Los derechos de los imputados están contenidos en el artículo 152 del código que se pretende reformar, pero a pesar de dicha disposición encontramos en la redacción del código algunas limitantes a estos derechos, las cuales impiden que el proceso se lleve a cabo con total apego y respeto a los derechos humanos.

Por este motivo estamos convencidos de que el nuevo sistema penal acusatorio debe necesariamente descansar en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Consideramos pertinente hacer algunas reformas para que así se refleje en el ordenamiento el objeto de esta reforma.

No abundaré en cada una de las modificaciones propuestas por obviedad de tiempo, pero considero que el espíritu de la reforma descansa en que el imputado no vea vulnerados sus derechos humanos durante el proceso penal.

Por ejemplo, se propone reformar el artículo 18 del código en mención, a fin de que las autoridades intervengan, velen por que tanto el imputado, la víctima o el ofendido conozcan sus derechos y la forma de ejercerlos durante todo el desarrollo del procedimiento, y no como actualmente se menciona, solo al inicio del mismo.

La iniciativa no descuida a las víctimas u ofendidos, ya que se incluye en la definición del artículo 108 no solo a su persona como sujeto pasivo, sino que incorpora la afectación que resiente directamente sobre sus bienes y derechos jurídicamente tutelados producidos por la conducta delictiva.

En el tenor de poner como centro del procedimiento penal el respeto irrestricto a los derechos humanos, cabe destacar la adición de un párrafo al artículo 114, referente a la declaración del imputado, por medio del cual se busca contribuir a terminar con las confesiones obtenidas por medios violatorios a los derechos del imputado.

Se busca adicionar un tercer párrafo que incluya la prohibición expresa de obtener la declaración del imputado mediante métodos o conductas que transgredan sus derechos fundamentales, así como el requisito de que la misma se debe otorgar de forma libre, espontánea y con estricto apego a la ley.

Que a nadie se le torture para obtener una confesión, eso es lo que aún no ha quedado claro en la redacción del nuevo Código Penal. Del mismo modo, se pretende erradicar el llamado coyotaje, proveyendo a los imputados de una defensa jurídica adecuada y que se cuente con un registro de los profesionales del derecho que se dediquen al litigio de la materia.

De igual forma, para que el acusado pueda tener una buena defensa, empecemos por dejar que el abogado y el imputado se conozcan y platiquen con libertad, sin prohibiciones y sin limitaciones de ley.

Estas son algunas de las modificaciones que buscamos incorporar al Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, pueden decir que exageramos, que somos minuciosos; pero el texto vigente nos queda a deber mucho en cuanto al respeto de los derechos humanos de los acusados.

En Nueva Alianza creemos que los derechos humanos son para todos. Si luchamos por la igualdad no podemos ser desiguales al momento de aplicar las penas para quien comete un delito.

Un código único que cumpla con las expectativas que de él se tienen, no sólo que armonice las penas, sino que obligue a los ministerios públicos a apegarse a la ley y eviten la interpretación que les convenga, que se capture a los culpables y se libere a los inocentes, libres de corrupción y apegados a los derechos humanos. Ese es el objetivo. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Bañuelos. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 385 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo: Gracias, presidente. Compañeros diputados, la iniciativa que presentamos el día de hoy es complementaria de la iniciativa que presentamos la semana pasada para ampliar el derecho humano de participación política de los ciudadanos mexicanos a través de las candidaturas independientes.

Ya lo hemos dicho, el derecho humano de participación política de los ciudadanos mexicanos a votar y ser votados como candidatos independientes, es de configuración legal, pero el legislador federal ordinario cuenta con libertad de configuración y puede establecer requisitos, condiciones y términos. Sin embargo, éstos deben de ajustarse a principios convencionales y constitucionales de derechos humanos que ya están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito.

En el caso particular, nos referimos al requisito de solicitar, además de las firmas para poder ser candidato, se solicita hoy copia simple de las credenciales de elector. Esto, ha quedado evidenciado que es un requisito irrazonable y desproporcionado, y así lo ha manifestado el Tribunal Electoral en varias resoluciones, y en particular, en el caso Hernández Rea, de Zacatecas.

Este requisito debe eliminarse y así lo sustenta el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación diciendo: si la finalidad de solicitar las copias simples de las credenciales para votar es corroborar que lo asentado en las relaciones de apoyo ciudadano coincida con lo previsto en el padrón electoral, resulta excesivo e injustificado que se exija su presentación en los términos que prevé la ley y el reglamento, nos dice –repito– el Tribunal Electoral.

Al mismo tiempo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado en el caso Yatama que si bien el derecho humano de participación política es de configuración legal y que ese derecho no es absoluto sí pueden tener limitaciones, su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

El solicitar copias de credenciales de elector no es necesario para que el INE pueda constatar la veracidad de la información de las firmas. Esto está, repito, más que evidenciado, está ya plasmado por el propio tribunal y lo correcto sería eliminar ese requisito de la ley para que así pues no sea un requisito restrictivo, sino que se amplié el derecho humano de participación política de los ciudadanos que quieran hacerlo como candidatos independientes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Clouthier. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para su dictamen.

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Álvarez Maynez, por favor.

El diputado Jorge Álvarez Maynez (desde la curul): Sí. Para solicitarle al orador que acaba de pasar a leer la iniciativa, el diputado Manuel Clouthier, que nos permita suscribir su iniciativa, toda vez que los actos jurídicos a los que se refiere, en espacial la Ley Electoral de Zacatecas, fue un proceso en el que nos tocó participar.

A nosotros nos tocó participar también en la consecución de una candidatura independiente, fuimos a recolectar las firmas en la manera en la que él describe, que es una manera a todas luces ilegal, violatoria de los derechos humanos y de los derechos políticos de quienes aspiran ser candidatos independientes. Entonces, pedirle al diputado Clouthier suscribir su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Clouthier no tiene inconveniente y por lo tanto queda a disposición la iniciativa presentada para suscripción aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva. Gracias.

Damos la bienvenida a profesores y a alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Huasteca de Ciudad Valles, invitados por la diputada Delia Guerrero Coronado. Bienvenidas y bienvenidos.

Así como a invitados especiales que forman parte del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, invitados por el diputado Manuel Vallejo Barragán. Igualmente bienvenidas, bienvenidos, amigos.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 146 y 193 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Con su venia, señor diputado presidente. Honorable asamblea, nuestro presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado César Camacho Quiroz, nos ha instado a que esta sea una legislatura productiva, eficaz, que expida las leyes secundarias pendientes relativas a las reformas constitucionales que logró la pasada legislatura, que sea una legislatura eficiente para que hagamos más con menos.

Hoy se integran las comisiones y por eso nos parece muy pertinente presentar esta iniciativa, que busca elevar la productividad de las comisiones y de la Cámara, en su conjunto. Y es que, en efecto, la labor legislativa en nuestro país es recurrentemente cuestionada por diversos sectores de la sociedad, haciendo uso, por supuesto, de su derecho constitucional de libre expresión y opinión, en particular, la figura del diputado federal suele ser evaluada por los ciudadanos con los números muy bajos en las encuestas de opinión e indicadores de desempeño muchas veces y lo hacen con justa razón.

La presentación de iniciativas, la participación en tribuna, la asistencia a sesiones ordinarias, así como a reuniones de comisiones, no son suficientes para medir el desempeño parlamentario, pero son obligaciones mínimas que hemos de realizar en función del encargo que hemos asumido. No ejercerlas responsablemente demerita el trabajo del Poder Legislativo en su conjunto.

En este sentido, las comisiones ordinarias y sus integrantes de esta LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados deberemos asumir el reto de dignificar las actividades parlamentarias que nos corresponden en el seno de las propias comisiones, que son el espacio central de análisis y discusión, y cuya función es generar un dictamen.

Como lo señala Miguel Ángel Camposeco Cadena, el dictamen legislativo es el curso reglamentario que debe aplicarse a una iniciativa de ley, el cual para su elaboración requiere de voluntad colegiada de cada uno de los integrantes de sus comisiones y sin este no se puede cumplir con el procedimiento previsto en el artículo 72 constitucional.

Otras atribuciones de las comisiones previstas en el numeral 1 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, además de la elaboración de dictámenes, son la emisión de informes, opiniones, resoluciones, contribuyendo a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

En virtud de lo anterior, podemos afirmar que las comisiones son parte central de nuestro sistema bicameral, porque constituyen las áreas de desarrollo y especialización del trabajo legislativo.

Sin embargo, es un hecho que normalmente el trabajo de dictaminación, en las últimas legislaturas, se ha distribuido de manera desigual entre las comisiones, ya que se concentra la mayor carga en sólo 10 de 56, principalmente y son, en Puntos Constitucionales; Hacienda y Crédito Público; Justicia; Gobernación; Presupuesto y Cuenta Pública; Salud; Educación Pública y Servicios Educativos; Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; Trabajo y Previsión Social; y Economía.

Esta carga de trabajo en unas comisiones y la inactividad en otras, genera un desequilibrio en el funcionamiento de los órganos legislativos, en tales circunstancias se genera un desinterés de los propios legisladores por acudir a las reuniones de trabajo, ya sea por exceso de los temas a tratar, o bien, por lo intrascendente de los asuntos que han de abordarse para el análisis, discusión, aprobación de los dictámenes en comisiones. Por lo tanto, se propicia el ausentismo y la falta de cumplimiento en las actividades del Congreso.

En relación con este tema, el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y el artículo 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados, señalan que las comisiones deberán sesionar cuando menos una vez al mes, lo que en la práctica se traduce en una baja productividad y rezago legislativo en esta Cámara, ello refuerza la percepción ciudadana de que se erogan demasiados recursos para el funcionamiento de estos órganos dictaminadores y que se obtienen pocos resultados.

Por ello vengo a esta tribuna a presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforme el inciso d) del número 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Y el numeral 4 del artículo 146. Y los numerales 1, 2 y 4 del artículo 193 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Esta propuesta tiene por objeto fortalecer la labor de las comisiones para que sesionen, cuando menos, dos veces al mes, aun en los recesos del Congreso.

Actualmente la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, como el Reglamento de la Cámara de Diputados establecen que las comisiones ordinarias deben sesionar, cuando menos, una vez al mes.

Por otra parte, se propone también que las diputadas y los diputados que acumulen dos inasistencias a convocatoria de comisiones, sin justificar durante un bimestre, les sean descontados dos días de dieta. Además, para que en el caso de que el legislador acumule cuatro inasistencias a reunión sin justificar durante un bimestre cause baja de manera automática.

Sin el trabajo de comisiones el Poder Legislativo renuncia a su función intrínseca que tiene que velar por mejorar el orden jurídico nacional de nuestro país. Y por tanto, no ejerce de manera efectiva su función en el equilibrio de poderes.

El desempeño parlamentario comienza dentro de las comisiones, por lo que es preciso no desdeñar las actividades que se desarrollan en estos importantes órganos de la Cámara de Diputados.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, en esta LXIII Legislatura tenemos el compromiso de que nuestro desempeño durante estos tres años sea con profesionalismo, eficacia y productividad, tal y como nos lo ha pedido nuestro coordinador, el diputado César Camacho Quiroz, porque la gente quiere, de sus representantes, resultados.

Requerimos renovar la imagen que tiene de nosotros la ciudadanía, asumiendo de manera responsable el encargo que nos ha ido confiriendo y cumpliendo a cabalidad con las obligaciones que tenemos como representantes populares. Muchas gracias. Solicito atentamente, que esta iniciativa sea inscrita en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Botello. Así se hará. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

El diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido allá en la curul del diputado José Luis Orozco. Sí, diputado.

El diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Para preguntar a la diputada Bárbara Botello, si acepta que todos los diputados del PRI, de Jalisco, podamos adherirnos a su iniciativa. Muchas gracias.

La diputada María Bárbara Botello Santibáñez (desde la curul): Claro que acepto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Dice que como quiere que se apruebe acepta y por lo tanto se pone a disposición aquí en la Mesa Directiva, a través de la Secretaría, para quienes quieran suscribirla.

El diputado Yerico Abramo Masso (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Yerico Abramo, allá por favor.

El diputado Yerico Abramo Masso (desde la curul): Presidente, de igual forma, a nombre de las diputadas y diputados del PRI del estado de Coahuila, si nos permite la diputada Botello, adherirnos a su iniciativa.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Omar Bernardino.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): De la misma manera. Si me permite adherirme a la iniciativa de la diputada Bárbara Botello, soy Omar Bernardino, del Partido Verde. Gracias, diputada.

El diputado Ricardo Ramírez Nieto (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Ramírez Nieto. Sonido ahí en la curul.

El diputado Ricardo Ramírez Nieto (desde la curul): Del mismo modo, para pedirle a la diputada Bárbara Botello, el Grupo Parlamentario del PRI, de Guanajuato, si nos permite suscribir su iniciativa.

La diputada María Esther Camargo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Félix. Perdón, de la diputada María Esther Camargo, corregimos.

La diputada María Esther Guadalupe Camargo Félix (desde la curul): Igual, para preguntarle a la diputada Botello, el grupo de Tamaulipas queremos suscribir en el mismo sentido. Muchísimas gracias.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Moctezuma.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): En el mismo sentido, pedirle a la diputada Botello, que el Grupo Parlamentario del PRI de Hidalgo, nos podamos sumar a su iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Antonio Ixtlahuac.

El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (desde la curul): Señor presidente, para adherirnos a la propuesta de la diputada, la bancada de Michoacán.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido también en la curul del diputado Antonio Meléndez por favor.

El diputado Juan Antonio Meléndez Ortega (desde la curul): De la misma manera, solicitar a la diputada Botello si podemos suscribirnos a su iniciativa. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Sonido en la curul de la diputada Delia Guerrero.

La diputada Delia Guerrero Coronado (desde la curul). Primero a nombre de la bancada de San Luis Potosí, felicitar a nuestra diputada Botello por esta iniciativa y si lo permite, adherirnos a ella.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Antonio Tarek, por favor.

El diputado Antonio Tarek Abdala Saad (desde la curul): De igual forma pedirle autorización, diputada, para suscribirnos a su propuesta.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Gianni Ramírez.

El diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo (desde la curul). Diputado.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado, perdón. Una disculpa.

El diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo (desde la curul): Nada más sumarnos a la propuesta; sumarnos de Nayarit a la propuesta de la diputada Bárbara. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado Gianni Ramírez. Está, como se dijo y se reitera, a disposición en la Mesa Directiva a través de la Secretaría la iniciativa de la diputada Botello, para quienes quieran suscribirla.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El diputado Marco Antonio Gama Basarte: Gracias, diputado presidente. El que suscribe, Marco Antonio Gama Basarte y diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a través de la siguiente

Exposición de motivos

La discriminación ocupacional por motivos de género sigue siendo un fenómeno importante en todas las regiones del mundo, independientemente de su nivel de desarrollo en el ámbito internacional. Mediante un comunicado de prensa realizado por la Organización Internacional del Trabajo, refiere que la remuneración de las mujeres en el mercado laboral es en promedio 25 por ciento inferior a la de los hombres.

En México, según reporte presentado por el Consejo Nacional de Población, la población femenina ha transitado por un proceso caracterizado por el incremento de su participación en la vida económica, social y política, en cuyo avance han prevalecido condiciones de desigualdad de género, violencia, discriminación y diferenciación en el acceso a las oportunidades.

La participación de la población femenina en el mercado laboral ha mostrado un crecimiento sostenido durante los últimos 30 años, sin embargo, a pesar de la creciente incorporación de la mujer en el mercado laboral, persisten patrones en la división de género en el trabajo que restringen las oportunidades laborales de las mujeres, quienes son las principales responsables del trabajo productivo, lo que representa dificultades considerables para conciliar sus trayectorias productivas con el cuidado de la familia.

El informe en cuestión, a su vez, señala que existen evidentes diferencias entre hombres y mujeres, principalmente cuando se trata del trabajo no remunerado, en el que una de cada 10 mujeres no recibe ingreso por su trabajo; o bien, aunque la población femenina ocupada se ha concentrado desafortunadamente y de manera tradicional en actividades relacionadas con servicios personales y domésticos, así como en el comercio mayorista y minorista, sin embargo, estos también se encuentran asociados frecuentemente a condiciones de inestabilidad, pérdida de ganancias laborales, expansión del trabajo asalariado al entorno doméstico, así como irregularidad en las percepciones salariales.

La encuesta en comento refiere que las mujeres en mi entidad, en San Luis Potosí, tienen una mejor preparación académica en comparación con los hombres; sin embargo, son menormente remuneradas, y los cargos de empleadores siguen siendo siempre ocupados por hombres. El 56.98 por ciento de la población económicamente activa del sexo femenino, estudió educación media superior o superior, mientras que esta cifra es únicamente del 29.99 por ciento en los varones.

Sin embargo, únicamente el 4.87 por ciento de las mujeres ocupadas ganan arriba de cinco salarios mínimos, mientras que en los hombres esta cifra es del 6.16 por ciento. Las mujeres que ganan el salario mínimo son el 17.72 por ciento de la población ocupada y en varones es el 5.54.

Así pues, la presente iniciativa propone reformar la Ley Federal del Trabajo con el fin de establecer dentro de las prohibiciones a los patrones o a sus representantes, el que se condicione la permanencia, las oportunidades de ascenso y de salario, y las condiciones generales de trabajo a las trabajadoras. Asimismo, se propone instituir como una conducta sujeta de multas al hostigamiento o acoso laboral, así como a la especificación de la conducta misma en la ley.

Finalmente se busca adicionar la definición de violencia laboral que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia añadiendo a ella la negativa ilegal de condicionar sus oportunidades de ascenso. Es cuanto, diputado presidente. Solicito se inserte íntegra en el Diario de los Debates la presente iniciativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Gama. Atiéndase la solicitud presentada por el proponente. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Igualdad de Género, para dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Erika Irazema Briones Pérez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, antes, diputado Saldaña, la diputada Briones Pérez, por favor ahí, sonido en curul.

La diputada Erika Irazema Briones Pérez (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para solicitarle al diputado que antecedió con la palabra nos podamos adherir a su iniciativa. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Gama.

El diputado Marco Antonio Gama Basarte (desde la curul): No tengo inconveniente, presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No tiene objeción, y con el mismo procedimiento se pondrá a disposición de quienes quieran suscribir su iniciativa.

La diputada Brenda Velázquez Valdez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, sonio ahí en la curul de la diputada Brenda Velázquez.

La diputada Brenda Velázquez Valdez (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente también para solicitarle al diputado Marco Antonio si nos permite a todo el grupo legislativo del PAN suscribirnos a su iniciativa. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Ya se escuchó, no hay objeción. Adelante, perdón, diputado Saldaña.

El diputado Julio Saldaña Morán: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, la transferencia en el uso y destino de los recursos públicos es una de las reformas más importantes de los últimos años y es una obligación para todo ente público obligado que administre estos recursos, así o menciona la Ley Federal de Transparencia e Información Pública Gubernamental.

Las instituciones del Estado mexicano se encuentran debilitadas debido a la severa crisis política y social que vivimos. Es la corrupción y la impunidad que existe dentro de las instituciones lo que hace difícil que la población confíe en ellas y en los servidores públicos.

El Congreso de la Unión no es la excepción, pues la imagen de los legisladores y partidos ha sido desgastada ante los ciudadanos por diversos escándalos relacionados al manejo del dinero público. La sociedad es consciente de ello y exige mayores mecanismos de transparencia que faciliten al ciudadano comprobar cómo y en qué se gastan los recursos públicos.

Siendo la Cámara de Diputados donde se discutieron y aprobaron las reformas más importantes, como la reforma de la Ley Federal de Transparencia e Información Pública Gubernamental y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, es indispensable que sea congruente y dote a la población de información sobre cómo los grupos parlamentarios administran el dinero que se les destina.

El PRD siempre ha velado por recuperar la legitimidad de las instituciones y, en ese sentido, busca la reorganización administrativa de las Cámaras del Congreso de la Unión y este proyecto es un primer paso.

En consecuencia, el presente proyecto propone que los grupos parlamentarios que tengan representación en la Cámara de Diputados presenten obligatoriamente un informe detallado del ejercicio de los recursos otorgados ante la Coordinación Política y dichos informes serán publicados en la Gaceta Parlamentaria, para conocimiento público.

Para ello se adiciona un numeral al artículo 26 y segundo párrafo al numeral 1 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y se reforma el artículo 19 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Esto es en base a que hemos coincidido con muchos diputados que en esta tribuna han mencionado que debemos de trabajar más y que debemos de ganar la confianza de los ciudadanos.

Hoy, con este proyecto de iniciativa, también debemos de transparentar los recursos que tanto demandan los ciudadanos mexicanos. Si en esta Cámara se han aprobado grandes reformas, como la que ya mencioné, ¿por qué no darles respuesta a los ciudadanos y ser transparente? El PRD siempre ha trabajado en función de transparentar los recursos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Saldaña. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba en el Muro de Honor del recinto legislativo de San Lázaro la frase: A los Mártires del Movimiento Estudiantil de 1968.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López: La fracción parlamentaria de Morena manifiesta su solidaridad...

La diputada Evelyn Parra Álvarez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, perdón. Perdón, diputado, perdón. Por acá alguien me está solicitando, acá, sonido en la curul de la diputada Evelyn Parra.

La diputada Evelyn Parra Álvarez (desde la curul): Sí, gracias. Para que el Grupo Parlamentario del PRD firme también la iniciativa que acaba de comentar el diputado Saldaña.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Saldaña no tiene ningún inconveniente y con el mismo procedimiento estará a disposición aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva para quienes quieran suscribirla. Gracias. Perdón, diputado Álvarez López, adelante ahora sí.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López: La fracción parlamentaria de Morena manifiesta su solidaridad con la lucha de los trabajadores del SAS y pobladores de Veracruz Puerto, Boca del Río y Medellín, en defensa de sus fuentes de trabajo. Reiteramos nuestro rechazo total a la privatización del agua.

Con su venia, señor presidente. “Bajo la noche funeral, los jóvenes masacrados seguían temblando, todos tenían en los ojos más o menos el mismo recado: No nos olviden”.

La historia de México ha juzgado el 2 de octubre de 1968, al menos en su terrible significación moral de los gobernantes de aquellos años, a pesar de que nunca se conocerá el número exacto de muertos en aquella tarde en Tlatelolco, no existe la menor duda de que fue un crimen masivo, inútil e injustificable.

Un acto de terrorismo de Estado contra un movimiento estudiantil, que al margen de sus acciones de protesta, nunca recurrió a métodos de lucha violentos. Una masacre que dejó incontables muertos y a la sociedad mexicana en estado de shock, y el trauma de esta matanza que no merece el eufemismo de tragedia, sino debe de ser nombrado como lo que fue, un crimen de Estado, impune hasta el día de hoy.

Fueron cuatro meses del movimiento estudiantil mexicano, de julio a octubre de 1968, que hoy cumple sus 47 años de vida y muerte. El movimiento estudiantil representó la lucha por las libertades cívicas y contra un presidencialismo autoritario, la lucha contra un sistema político que aún nos asfixia y no termina aún por transformarse.

El movimiento estudiantil despertó a la sociedad de un letargo, donde sólo se había ocupado de vivir una realidad fantasma en un país en el que nada pasaba, a una realidad combativa, enfrentándose a la violencia de un Estado paternalista, combatiendo con el arma más importante que posee la juventud, que es la imaginación.

El gobierno mexicano mostró su verdadero rostro autoritario con la matanza, vio sellado su destino, un gobierno que asesina su disidencia cívica es una dictadura. Donde había disidencia juvenil, el gobierno consideró que existía la oscura conspiración comunista contra México.

La justificación gubernamental para reprimir a los estudiantes, era el falaz argumento de una supuesta injerencia extranjera. Pretendía justificar el autoritarismo del sistema político, que ya había mostrado su cara represiva contra médicos, maestros y ferrocarrileros.

En 1968 hubo vencedores y vencidos, el régimen venció al movimiento democrático. No obstante, no fue una derrota para siempre ni un triunfo total de viejo régimen, el prestigio del movimiento creció, el descrédito del partido gobernante y sus formas de gobernar se profundizó.

Aunque haya matices sobre el impacto del 68, no hay duda de que esta lucha anticipó una larga lucha por el derecho a la democracia y a la diversidad, a la ciudadanía y a la libertad de los mexicanos y las mexicanas.

Compañeras y compañeros legisladores, México cambió después de 1968, pero aun es un país con profundas desigualdades sociales, sin libertades democráticas plenas y con un sistema político que se resiste al cambio.

Hoy, a 47 años del movimiento estudiantil nosotros y todos los que comulgamos con las causas democráticas no dudamos que esta Legislatura debe rendir un homenaje a los jóvenes que marcharon por las calles de la Ciudad de México exigiendo un futuro democrático para nuestra nación.

En Morena sabemos que al rendir tributo a los mártires del movimiento estudiantil de 1968, estamos rindiendo un tributo a los millones de mexicanos que durante décadas han aportado su sabiduría o su sangre para la transformación democrática de nuestra patria.

Por ello, presento esta iniciativa de decreto para escribir con letras de oro, en el frontispicio de esta representación del pueblo la frase “A los mártires del movimiento estudiantil de 1968”, para que seamos capaces de alzar la vista para identificarnos en nuestra historia moderna, para reconocernos bajo una misma causa libertaria.

En los muros de este recinto está escrita parte de nuestra historia patria. Son nuestra memoria y nuestra guía. Por eso resulta necesario romper el hito de la historia oficial y reconocer a dichos actores del cambio democrático como parte insustituible de la historia nacional. Hoy como en el pasado, 2 de octubre no se olvida.

Por lo anteriormente expuesto presento a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa. Decreto para inscribir con letras de oro, en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la frase “A los mártires del movimiento estudiantil de 1968”. Yo no estuve ahí pero tampoco olvido. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Candelaria...

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido a la curul del diputado Cuitláhuac García.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Diputado presidente, para adherirme y resaltar la importancia de que esta Cámara impida el despido de mil 700 trabajadores del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano en Veracruz, Puerto, Medellín y Boca del Río. Ojalá en un punto posterior abordemos el tema. Y desde luego, solicitarle al diputado Emiliano que nos permita adherirnos a su propuesta. Gracias.

La diputada Cristina Gaytán Hernández (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido a la curul de la diputada Cristina Gaytán.

La diputada Cristina Gaytán Hernández (desde la curul): Para pedirle al diputado García, me permita adherirme, al igual que el Grupo Parlamentario del PRD, a la iniciativa propuesta.

La diputada María Chávez García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido a la curul de la diputada María Chávez.

La diputada María Chávez García (desde la curul): Buenas tardes. Me quiero adherir a la iniciativa propuesta por el diputado Emiliano Álvarez.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias. Sonido en la curul del diputado Guillermo Santiago.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): En el mismo sentido, presidente, para que toda la fracción de Morena nos podamos suscribir a iniciativa del diputado Emiliano Álvarez.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muy bien. Si el diputado promovente no tiene ninguna objeción, la Secretaría pondrá a disposición en esta Mesa Directiva, la iniciativa para la firma correspondiente. Muy bien.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y del Código Penal Federal. Adelante, diputada.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, las mujeres tenemos que vivir libres de violencia, como un derecho fundamental sin el cual no es posible construir el entramado del resto de nuestros derechos. Vivir sin violencia es indispensable para que las mujeres ejerzan de manera libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Las mujeres hemos logrado en los últimos años irrumpir paulatinamente en los espacios públicos, ejerciendo actividades políticas y de representación popular, no sin obstáculos, amedrentamientos y agresiones de todo tipo.

Las mujeres que ejercen su derecho a fungir como representantes de elección popular, enfrentan condiciones asimétricas, de garantías y oportunidades, que afectan el desarrollo de liderazgo femenino en los partidos políticos y en la conformación de las estructuras de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, una de esas condiciones es ser objeto de violencia de género.

La violencia que por razones de género se ejecute contra todas las mujeres en el ejercicio de la participación política, es un factor de desigualdad que no solo pretende discriminarnos sino impedir la participación en la vida democrática del país y representa un retroceso en los avances que México ha logrado a partir de la reforma para alcanzar la paridad de género en el tema electoral.

Esta realidad no se ciñe a México. La Asamblea General de las Naciones Unidas emitió en 2011 una resolución sobre la participación de la mujer en la política mediante la cual afirmó que las mujeres siguen estando marginadas en gran medida en la esfera política en todo el mundo.

A menudo esto es resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios. La violencia política se debe identificar, erradicar y sancionar conforme la interpretación de los derechos humanos de las mujeres en nuestra Constitución.

La participación política y el debate de ideas propias del espacio público han sido tradicionalmente desarrolladas por hombres, lo que ha generado una asimetría desproporcionada en el acceso al poder y a la toma de decisiones que ha limitado el ejercicio de las mujeres de sus derechos políticos, por lo que en la arena política, en donde de manera más ostensible se puede apreciar la histórica desigualdad de acceso al poder entre mujeres y hombres, es en donde las mujeres no solo han tenido que luchar para exigir la paridad, sino también como una medida afirmativa para alcanzar el acceso equitativo a las oportunidades en la participación política.

También la diferencia de los candidatos hombres puede vivir el riesgo de verse afectada por la violencia de género por su atrevimiento de ejercer su derecho de participar en el gobierno del país y de expresar sus opiniones políticas, de plantearse y plantarse en el espacio público y convocar a votar a la población.

Como resultado de los últimos tiempos, se han visto casos de absoluta discriminación que ha sido impune contra las mujeres en la actividad política como el caso de Eufrosina Cruz Mendoza, a quien el grupo de hombres en el poder de la comunidad de Santa María en Oaxaca, le negaron el acceso al cargo de presidenta municipal.

Es necesario que la legislación aporte garantías a las mujeres en la política para reducir y erradicar la brecha de género. La participación política debe ejercerse sin riesgo de violencia. El Estado debe verificar con sentido estricto no solo el respeto y promoción de los derechos humanos, sino transformar las estructuras discriminatorias y las instituciones políticas que practican la desigualdad.

Deberán buscarse condiciones idóneas y seguras para que se desarrollen las potencialidades y se ejerza el liderazgo político sin violencia y sin discriminación. Debemos desterrar en este país –y este es un espacio muy importante para ello– todo tipo de violencia, en especial la violencia política que incide y se manifiesta en amenazas, difamación, acoso, hostigamiento, insultos, coacción, persecución, secuestros e incluso feminicidio. De no ser así, las mujeres no tenemos derechos políticos plenos.

Actualmente la violencia política contra las mujeres no está tipificada, pero las diputadas y senadoras de la LXII Legislatura también promovieron una iniciativa muy similar. Refrendamos ese compromiso hoy.

Y solo quiero decir, para finalizar, que el señor presidente de esta Mesa Directiva hace un momento le quitó el micrófono a mi compañera Mirza Flores, porque denunció al gobernador de Nuevo León, quien está ejerciendo violencia política en contra de la diputada Leticia Benvenutti, de Nuevo León, por decirle que no le va a aprobar su cuenta pública. La está exhibiendo públicamente por un trabajo anterior que ella tuvo. Pero ella está también ahí representando las voces de muchas mujeres, de muchos ciudadanos inconformes con ese gobernador que está acusado de malversación de fondos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Gobernación, para dictamen.

La diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos (desde la curul): Presidente, por moción de apego al tema, por la falsedad con la que se está manejando la información.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada, ya terminó la oradora y ya se turnó a comisiones su iniciativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley para Impulsar el Crecimiento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional.

La diputada Angélica Reyes Ávila: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, les saludo con afecto y respeto. El pasado domingo, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, 80 países –incluyendo el nuestro– ratificaron su compromiso para asegurar que todas las mujeres y las niñas podamos alcanzar nuestro desarrollo pleno en el año 2030. Seguimos comprometiéndonos porque no hemos alcanzado la igualdad sustantiva y sólo con acciones específicas podremos seguir avanzando en rumbo a la paridad real.

Saludo con beneplácito este compromiso que nos involucra a todos como Congreso y como Estado mexicano. Nuestra presencia en las actividades empresariales ha cobrado una progresiva importancia a nivel mundial, creciendo de manera sostenida en los últimos 20 años.

Pese a ello, las mujeres continuamos tropezando con barreras que se oponen a nuestro crecimiento económico y a nuestro desarrollo en actividades empresariales acentuando una gran desigualdad entre hombres y mujeres.

Es una triste realidad que en México las mujeres estemos subrepresentadas en el sector empresarial, tan solo el 2.5 por ciento del total de la población femenina ocupada son empresarias en comparación con el 6 por ciento de los hombres ocupados.

De acuerdo con el informe global de la brecha de género 2014 que califica a 142 países respecto a la brecha entre hombres y mujeres en términos de participación y oportunidades económicas, México se encuentra en el lugar 120.

Con esta cifra queda claro que en México la participación de las mujeres en la creación de empleos formales, generación de riqueza, contribución directa al desarrollo y bienestar social, se está desaprovechando y revela el grado de desigualdad en dicho sector del país.

En Nueva Alianza, somos la bancada de la igualdad. Por ello, estamos seguros que se debe promover la competencia y la competitividad en el sector empresarial, más allá de las preferencias por razones de género.

La bancada turquesa quiere en México un trato igualitario, parejo para hombres y para mujeres con salarios iguales y con las mismas oportunidades y apoyos para impulsar su participación en la vida económica de la nación, pues reconocemos el potencial y la importancia de la participación de las mujeres en la economía nacional como impulsoras y creadoras de nuevas empresas.

Si implementamos políticas de productividad y competitividad de la economía nacional con una perspectiva de género obtendríamos más y mejores empresas generadoras de empleos, que contribuirían considerablemente ampliar la base tributaria al permitirles salir de la informalidad.

Por ello propongo a esta soberanía la presente iniciativa, que busca reformar el artículo 8 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, para incluir una perspectiva que permita el diseño y ejecución de políticas públicas encaminadas a impulsar las actividades productivas de los emprendedores de las micro, pequeñas y medianas empresas en igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.

Consideramos que es importante establecer en las leyes acciones afirmativas que corrijan la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, en cuanto a su participación en la economía nacional, de tal modo que se acelere la igualdad sustantiva entre ambos sexos en dicho rubro.

Las mujeres tenemos amplias responsabilidades en nuestra sociedad, empezando por las que asumimos en la familia, y a lo largo de la historia hemos enfrentado obstáculos para desarrollarnos y participar activamente en la vida económica nacional. Obstáculos que incluyen la discriminación para educarse y capacitarse, así como también para la contratación, el acceso al crédito y el derecho a la propiedad. Padecemos cotidianamente la desigualdad en los salarios y no logramos ascensos profesionales simplemente por nuestra condición de ser mujeres.

La igualdad no debe ser solo un discurso, debemos poner letra a la voluntad de los ciudadanos a quienes representamos y convertir en leyes las necesidades de la población en beneficio de la sociedad. Que las mujeres seamos tomadas en cuenta y que tengamos las mismas oportunidades para participar en el sector económico, porque podemos y porque queremos construir y aportar lo mejor de nosotras para el desarrollo y crecimiento de nuestro país.

En Nueva Alianza continuaremos impulsando la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y nuestra participación en todos los sectores económicos y productivos de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a las Comisiones Unidas de Competitividad y de Economía, para su dictamen.

Esta Mesa Directiva saluda al presidente municipal, síndico, regidores y directores del municipio de Xicotepec, estado de México, invitados por el diputado Edgar Castillo Martínez. Asimismo al grupo de mujeres hidalguenses de diversos municipios de Hidalgo, invitadas por la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Presidente. Perdón, diputado Sulub. Sonido a la curul del diputado Bernardino, por favor.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Presidente, nada más para pedirle a la diputada Angélica Reyes, si me permite adherirme a su propuesta.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No tiene ningún inconveniente, por lo tanto está a disposición para suscribirla aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva. Ahora sí, adelante, diputado Sulub Caamal.

El diputado Miguel Ángel Sulub Caamal: Con su permiso, diputado presidente. Diputados integrantes de la Mesa Directiva, apreciados compañeros y estimadas compañeras diputados federales, representantes de los medios de comunicación, ciudadanos que dan seguimiento a las labores de esta Cámara a través del Canal del Congreso.

Voluntad del pueblo mexicano fue constituirse en una federación y en un marco de colaboración y acuerdo conjunto vislumbrar fórmulas que permitan atender las necesidades de la población, para enfrentar así los grandes desafíos de una nación con características diversas, pero con un amplio anhelo de integración.

Esta esencia del federalismo mexicano fue lo que motivó, en 1980, la creación del sistema nacional de coordinación fiscal, que entre sus objetivos consideró fortalecer la capacidad financiera de los órdenes de gobierno, buscando eliminar desigualdades y desequilibrios en la distribución del ingreso fiscal, en aras de que todos los ciudadanos de las entidades federativas cuenten con las mismas oportunidades y beneficios.

Desde entonces, a través de las disposiciones que contiene la Ley de Coordinación Fiscal, se ha planteado la necesidad de mejorar el sistema fiscal en su conjunto, procurando fortalecer a los gobiernos locales, como bien se desprende de las reformas aprobadas entre 1980 y 2007, siendo la última el que amplió el mecanismo resarcitorio como reclamo de las entidades federativas que más recaudan y tienen un mayor desarrollo económico.

Es así que a partir de 2008, lo relativo a la primera parte de la fórmula de distribución del Fondo General de Participaciones, cuya proporción de distribución es del 60 por ciento, se empezó a fijar de acuerdo al monto nominal de las participaciones recibidas por cada entidad federativa en el 2007 y se distribuye el incremento o crecimiento en el fondo, que deriva de una mayor recaudación federal participable, en función de los aumentos en la actividad económica, cuyo indicador de medición es el producto interno bruto del estado respectivo, con base a la información oficial del último año que hubiere dado a conocer el Inegi.

Ahora bien, el análisis y seguimiento del coeficiente de distribución del Fondo General de Participaciones Federales, respecto a la primera parte de la fórmula, muestra que de 2008 a 2014 se han observado variaciones positivas o negativas muy pronunciadas para algunos estados, como es el caso de los estados, sobre todo, de Campeche y de Tabasco, así como de otras entidades federativas, variaciones pronunciadas que han hecho que estos estados reduzcan los recursos, el monto de las participaciones que reciben.

Lo anterior, debido a la actual distribución, disminución y la producción de hidrocarburos y la baja en los precios del petróleo a nivel internacional, dichas circunstancias hace que parezca que el producto interno bruto estatal, de algunos estados, esté en notable decrecimiento, toda vez que al estar indexada la actividad petrolera en el sector minero, reportan un débil desempeño que repercute al momento de aplicarse la actual fórmula de distribución de participaciones, aun cuando la economía local reporte crecimiento sin considerar la actividad petrolera.

Sin duda, un sistema de distribución que se jacte de ser justo o equitativo, no observaría a variaciones que propicien inseguridad financiera a las entidades federativas respecto de lo que habrán de recibir del principal fondo participable, mucho menos, cuando como bien se expresa en el plan nacional de desarrollo, hoy más que nunca hay que impulsar un federalismo articulado, partiendo de la convicción de que la fortaleza de la nación proviene de sus regiones, estados y municipios.

En ese orden de ideas, el día de hoy hago uso de esta tribuna para proponer la modificación al contenido del quinto párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, con el propósito de que la distribución de la primera parte del Fondo Federal de Participaciones se realice considerando el producto interno bruto estatal no minero y así otorgar mayor estabilidad al sistema de distribución de participaciones.

Es preciso reiterar que la propuesta que se plantea no modifica la estructura de la fórmula ni el porcentaje de distribución del Fondo General de Participaciones, se mantiene la suma cero, se otorga mayor estabilidad al sistema de participaciones, se da mayor estabilidad y seguridad financiera presupuestal a las entidades federativas, debido a que las variaciones se reducen considerablemente, no se elimina el objeto resarcitorio de la fórmula, ya que se continúa manejando el producto interno bruto estatal con un componente más justo y de acuerdo con la realidad económica que prevalece en las entidades federativas. Y ante contingencias financieras se garantiza mayor certidumbre y estabilidad al sistema de participaciones, de tal forma que ninguna entidad federativa tenga una volatilidad tan pronunciada como la vigente en su coeficiente efectivo, y sigue la directriz de no hacer dependientes a las finanzas públicas del comportamiento que se dé en la actividad petrolera, menos ante las variaciones que se han dado en los últimos años y que no permiten dar certidumbre a la economía.

Estamos convencidos que el federalismo renovado que México quiere es el que da certeza, seguridad y equilibrio para generar los beneficios que la sociedad demanda y superar las desigualdades que existen entre nuestras regiones, como bien lo promueve el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

El contenido de la iniciativa que hoy se somete a consideración de esta asamblea se encuentra en la Gaceta Parlamentaria y solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva se considere su texto íntegro en el Diario de los Debates de esta sesión. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sulub. Así se hará atendiendo a su petición. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra, por diez minutos, la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de la Beca Salario.

La diputada Lucía Virginia Meza Guzmán: Con su permiso, diputado presidente. Saludo con respeto a todas y todos los diputados aquí presentes. La educación es la médula de toda sociedad. En México la educación es y seguirá siendo una prioridad para el desarrollo, pero en los hechos no estamos atendiendo la realidad de millones de estudiantes de todos los niveles educativos que a diario se ven obligados a abandonar sus estudios por la falta de dinero, porque los padres de familia sencillamente no pueden seguir apoyando a sus hijos para que se concluya su secundaria y bachillerato.

Una carrera universitaria es solo un sueño para miles de mexicanos, ya que una inmensa mayoría de niños y jóvenes abandonan la escuela sin tener otra opción, algunos para trabajar en empleos informales y mal pagados o muchos más de nuestros adolescentes engrosan las filas de la delincuencia y el crimen organizado, sencillamente porque no tienen un proyecto de vida, porque no pueden concluir sus estudios, simplemente por la falta de dinero para ir a la escuela y seguir estudiando.

Las estadísticas indican que en algunos estados de la República, la mayor deserción se encuentra a nivel secundaria, sin embargo en todo el país vivimos a diario con experiencias desafortunadas. Estoy segura que ustedes en cada uno de sus distritos conocen alguna historia así, en donde personas, niños, familias, en algún momento han solicitado su apoyo para continuar en el camino de la educación.

Al ocupar una curul en este Congreso de la Unión, ustedes están representando a esos miles de niños y jóvenes que hoy desean seguir estudiando, no los defraudemos, la educación es un derecho, que no se nos olvide. La falta de presupuesto aunada a la crisis que hoy enfrenta el país, nos obliga a discutir un presupuesto austero, pero socialmente responsable, apegado a la racionalidad en el gasto público, a cancelar escandalosos gastos superfluos en todos los niveles de gobierno y eso está bien.

Sin embargo, la propuesta que hoy les planteo en esta tribuna, requiere de una voluntad de todos, motivo por el cual no debemos ir contra la educación en nuestro país, este esfuerzo tiene solo un beneficiario, es el alumno, no son los maestros, no son los administrativos, no son los sindicatos, son los niños y los jóvenes que quieren estudiar.

Compañeros, debemos atender que el alumno no es el medio sino el objetivo, él es el centro de la enseñanza, él es el sentido del enfoque de la beca salario universal, es ir más allá de un programa asistencialista y clientelar, es tácticamente deponer el centro de nuestras decisiones el verdadero rostro de la educación, ése que hemos dejado atrás, el de nuestros jóvenes mexicanos que todos los días enfrentan a cientos de problemas para ir a la escuela.

Meter la mano al bolsillo y no encontrar nada, en consecuencia no poder pagar el transporte, no poder comprar un libro o acceder al Internet por falta de recursos, no poder comprar un desayuno o comida que les permita seguir estudiando con la fuerza necesaria, eso compañeros nos debe de poner a todos, y digo a todos nosotros, sin importar el color del partido, a reflexionar.

La educación es importante, pero nuestras decisiones hoy marcarán el destino de miles de niños y jóvenes en nuestro país. Una niña trabajando desde los 15 años vendiendo en la calle o en algún bar o cantina, muchachos que a los 18 años no tienen la ilusión de estudiar una carrera universitaria y son usados en la delincuencia. Podemos escribir otra historia para ellos. Que el primer capítulo sea estudiar.

Yo les pregunto ¿queremos becarios o queremos sicarios? ¿Qué estamos dispuestos a hacer al respecto el PRI, el PRD, el PAN, Morena, el Partido Verde, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Encuentro Social, diputados independientes? ¿Vamos a seguir ignorando la realidad? ¿Vamos a permitir que miles de estudiantes sigan desertando de la escuela? ¿En verdad vamos a permitir que esta nación siga sumida en la falta de oportunidades para los niños y jóvenes que son el verdadero rostro de la educación?

La deserción escolar en la República mexicana no cede, ya que casi un millón y medio de niños y adolescentes han abandonado sus estudios en México en el último año. En el reciente fin de año escolar, 14 millones de estudiantes mexicanos en todo el país concluyeron su ciclo escolar empero muchos de ellos también se han quedado en el camino.

Actualmente solo uno de cada 10 alumnos que egresan del nivel de primaria logra concluir sus estudios universitarios. Para percibir la magnitud de la llamada deserción escolar a lo largo de las escolaridades, mismas que van desde la primaria a la educación media superior, debe considerarse que de cada 100 niñas y niños que ingresaron en 1999 a la primaria, únicamente 80 lograron egresar del sexto año a esa instrucción.

En esa tesitura, los datos de la SEP indican que había una lenta disminución de la tasa de deserción escolar, la cual pasó del 18.8 por ciento en el ciclo 1990-1991 a una de 14.4 por ciento dentro del ciclo 2011-2012. Esto significa una reducción únicamente de cuatro puntos porcentuales o bien una reducción de 23 por ciento en dos décadas.

El total entre los ciclos escolares 2001 y 2011, más de 6.5 millones de adolescentes han tenido que abandonar la escuela de acuerdo al módulo especial de la encuesta nacional ocupación y empleo en relación con la educación media superior. Más del 52 por ciento de ellos han tenido que hacerlo debido a las dificultades económicas en sus hogares, mientras un 23 por ciento dejó la escuela por embarazo, matrimonio o unión.

Según estudio en 2014 elaborado por la OCDE, en México persisten altos niveles de deserción escolar en la educación media superior y superior, ya que cerca del 65 por ciento de los jóvenes entre 15 y 28 años de edad no participó en la educación en 2012, sin contar que el 22 por ciento no estudiaba ni trabajaba.

Según cifras de la SEP, 850 mil estudiantes siguieron con sus estudios a nivel de educación media superior en las distintas escuelas públicas y privadas, y de ellos solo lograron ingresar a la universidad alrededor de 150 mil alumnos en las diferentes licenciaturas que se ofrecen en las universidades y los institutos tecnológicos. De estos, al final solo 425 mil alumnos lograron titularse cada año.

Hoy hablamos en este Congreso de transparencia, de rendición de cuentas, de austeridad; hablamos de combatir la desigualdad social. Si de eso hablamos, entonces los invito con respeto a ir al terreno de los hechos y hacer los ajustes necesarios para que este proyecto de beca salario sea una realidad en México y contribuya al desarrollo del país apoyando al sector más vulnerable: nuestros niños y jóvenes. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Meza. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por diez minutos el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas.

El diputado Juan Romero Tenorio: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, de nueva cuenta traemos ante este pleno el tema que ha puesto a México en el ámbito internacional como un país en el que no se respeta la dignidad y la vida de las personas.

Esta ley que se propone, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas, atiende a la necesidad urgente de atender el reclamo de miles de ciudadanos que aún siguen con la esperanza de encontrar a sus seres, a sus hermanos, a sus hijos, a sus padres en esta búsqueda incansable; búsqueda incansable que no es solo de un día, es de todos los días.

Tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados se presentaron organizaciones de ciudadanos que claman por sus familiares. Presentaron propuestas que deben considerarse en una ley general que atienda esta problemática nacional. Ante la emergencia de la situación, no es posible hacer oídos sordos o mostrar una actitud insensible.

En una intervención que tuve en días anteriores preguntaba cuántos diputados tenían familiares desaparecidos. Al menos fueron dos manos que se levantaron. Yo volvería preguntar si en el transcurso de estos días han encontrado una esperanza en encontrar a sus familiares o han encontrado o un eco en la autoridad ministerial, en la autoridad investigadora de estos delitos.

Yo creo que no, seguimos siendo un estado que no atiende a la necesidad de su población, un estado que difunde noticias de un bienestar que no existe, un estado que no tiene una política pública en el presupuesto que se presenta para el año 2016 sobre desaparición forzada.

La desaparición forzada es un problema que tiene múltiples efectos, no solamente destroza  a los familiares, sino destroza a su economía familiar, cambia la dinámica social de la comunidad que padece ese crimen, cambia la dinámica social entre los ciudadanos y sus familiares porque genera una crisis familiar económica, una crisis de convivencia. Debemos atender a esta necesidad. Existen en el ámbito internacional diferentes tratados que ha suscrito el Estado mexicano que lo obligan a atender este problema en forma urgente.

La última actualización del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de acuerdo a la información que proporciona el Sistema Nacional de Seguridad, es de 25 mil 398 personas. Esta ley que se propone busca atender en forma urgente esta demanda de justicia, busca atender esta demanda de esperanza que tienen todas las mañanas los familiares de personas desaparecidas.

El objeto de esta ley es prevenir la desaparición forzada de personas, tipificar el delito de desaparición forzada de personas y desaparición de personas por particulares. Sanciona a las o los autores, cómplices e encubridores del delito de desaparición forzada, así como la tentativa e incitación a la comisión del mismo.

Pretende inhibir la práctica de la desaparición forzada estableciendo una sanción bajo cualquier circunstancia, incluyendo a aquellas acciones que se realicen por situaciones de emergencia, peligro, disturbio público, catástrofe natural o cualquier otra.

Establece directrices para la creación de protocolos de búsqueda inmediata de personas desparecidas y protocolos de investigación del delito. Realiza acciones encaminadas al descubrimiento de la verdad ocurrida con las personas desaparecidas, así como la pronta localización de su paradero.

Asimismo, propone establecer las acciones a seguir para el respeto y protección de los derechos de las víctimas o de sus familiares en los casos de desaparición forzada, especialmente se pretende garantizar el derecho a la vida, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la integridad personal. Buscar el derecho a la verdad es una demanda de miles de ciudadanos, de miles de familias que siguen buscando a sus familiares desaparecidos.

La tragedia ocurrida en Iguala, donde 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos fueron desaparecidos, fue simplemente un detonador para que el tema de las desapariciones forzadas se planteara de nueva cuenta como un asunto de interés nacional y de prioridad en la política de seguridad pública. Es un asunto sobre el que toda la sociedad reclama justicia y poner fin a la impunidad. Impunidad que está soslayada y encubierta por la corrupción de los cuerpos policiacos y de los cuerpos de las procuradurías de los estados, y la propia procuraduría federal.

La muestra se tiene con la investigación que se realizó en el caso de Ayotzinapa, el procurador Murillo Karam sabía desde junio de 2013 que en Iguala actuaba un grupo de delincuentes que habían masacrado a dirigentes sociales que pertenecían al PRD.

El propio Senado de la República solicitó y exigió a Murillo Karam, a través de la Secretaría de Gobernación, que atrajera la investigación de esos crímenes que estaban solapados por la alcaldía del municipio de Iguala, situación que no se oyó, situación que llevó a esta situación trágica de los 43 estudiantes de la Normal Rural.

Estas cifras no son nuevas, desde el 2013 la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, informó que la Subsecretaría hizo entrega de una base de datos en donde se registraban 27 mil casos de desaparición.

Este problema es grave y es urgente atenderlo, por eso apelo a la sensibilidad, apelo al compromiso de ustedes como legisladores para acelerar los trabajos que nos permitan presentar una respuesta a las miles de familias que han venido a este Congreso a exigir justicia, que han venido a este Congreso a pedir que se les escuche y se les dé una esperanza para crear un mecanismo que garantice encontrar a sus familiares con vida. No solamente a los 43 estudiantes, sino también a todos los miles de desaparecidos, a los que han surgido en las fosas en el municipio de Iguala, en esta búsqueda que realizó la sociedad civil, en la búsqueda que se hace en todos los estados por familiares desaparecidos.

Esperamos dar buenas cuentas a los ciudadanos que nos eligieron, para garantizar ese derecho de acceso a la justicia. Apelamos a su sensibilidad para que la comisión a la que sea turnada esta ley presente pronto un dictamen a este pleno y se atienda la demanda ciudadana. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Romero. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

La diputada Lía Limón García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido allá en la curul de la diputada Lía Limón.

La diputada Lía Limón García (desde la curul): Presidente, para solicitar al diputado que acaba de presentar esa iniciativa, si me permite suscribirla, dado que es un tema de enorme importancia y que habremos de analizar y atender.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Romero, ¿escuchó?

El diputado Juan Romero Tenorio (desde la curul): No tengo inconveniente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No tiene ningún inconveniente y como en casos anteriores, está a disposición de las y los diputados que quieran suscribirla aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Delfina Gómez.

La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Señor presidente, le pido a nombre de toda la bancada de Morena también la solicitud de adhesión a esta iniciativa que presentó el compañero Juan.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien, en el mismo sentido que lo expresamos hace un momento. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo el diputado Luis Ernesto Munguía, iniciativa suscrita también por los diputados Moisés Guerra Mota y Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Luis Ernesto Munguía González: Señor presidente, compañeras y compañeros diputados, yo nací en la Ciudad de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, como en la mayoría de los habitantes de este destino turístico internacional, crecí disfrutando sus playas, su clima, sus atardeceres, bienes que estaban al alcance de todos.

En el seno de nuestra comunidad, año tras año surgieron hoteles de mayor lujo, condominios exclusivos en torno a los cuales se iluminaban y se embellecían. Iban reclamando sus propias porciones de playa, sus propias vialidades, zonas que poco a poco definían su identidad, una distinta del resto de la comunidad.

En nuestras zonas turísticas, el tiempo en los hogares se mide en temporada alta o baja, es por ello que el fomento al turismo es fundamental.

El primer esfuerzo institucional fue el Fondo de Garantía y Acceso al Turismo, Fogatur, creado en 1956, para estimular la inversión turística. En 1969 se constituyó el Fondo de Promoción e Infraestructura Turística, Infratur. Y en 1974 se crea el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, cuya misión es detonar proyectos de inversiones sustentables en el sector turístico, orientados al desarrollo regional, la generación de empleos, la captación de divisas, el desarrollo económico y el bienestar social, para mejorar la calidad de vida de la población.

La función social de Fonatur es imprescindible y, sin embargo, la brecha social que se abre entre los centros turísticos y las comunidades, que ellos empeñan en su trabajo, es cada vez más grande.

En México se viven dos realidades, los que llevamos al mejor parte nos ponemos a discutir plácidamente y sin mucha convicción el cómo resolver la desigualdad y la pobreza, pero los que llevan la peor parte no pueden seguir esperando. México es un país en el que las 80 personas con mayor fortuna controlan la misma cantidad de riqueza que el 50 por ciento de la población.

Es ahí donde comienza la putrefacción del estado que vemos reflejada en todos los ámbitos de la vida pública, y uno de los ejemplos más dramáticos es esa desigualdad que se vive en los destinos turísticos.

El turista llega al aeropuerto, es recogido por el alguna agencia de viajes o renta un coche, hace chek-in en su hotel, visita los lugares de interés turístico, consume en ellos y se va.

Por otro lado, el trabajador o trabajadora que le preparó sus alimentos, le limpió la habitación, le brindó todo tipo de atenciones, termina su jornada, abandona la zona turística, vuelve por vialidades en mal estado y mal iluminadas a una casa que no siempre tiene los servicios básicos. Luego de pulir los pisos de mármol encuentra en su casa un piso de tierra.

En 2010 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval, realizó un censo de medición de la pobreza a escala municipal, del cual resultó que la mayoría de las ciudades que integran el Atlas turístico de México, elaborado por la Secretaría de Turismo, el porcentaje de las personas que viven en pobreza es alarmante.

En Acapulco el 51 por ciento de la población vive en pobreza y el 13 en pobreza extrema. En Puerto Vallarta sufre un 45 por ciento de pobreza con un 25 de población con problemas para acceso a la alimentación. En Puerto Escondido la pobreza alcanza 66 por ciento. En destinos como San Cristóbal de las Casas, Palenque o San Miguel de Allende, la población en pobreza alcanza el 66 por ciento, 82 y 69 por ciento, respectivamente.

La agenda de nuestro Movimiento Ciudadano pone en primer lugar el combate a la desigualdad. Es hora de poner en práctica medidas concretas para abatir esta deformación que lacera nuestro país.

En tal virtud, los diputados que suscribimos la presente iniciativa proponemos la creación de un fondo para el desarrollo social de los municipios turísticos, el cual se distribuiría en función de los ingresos turísticos que estos producen y se destinaría a impulsar proyectos que generen un impacto social positivo y significativo en materia educativa, de salud, apoyo a la vivienda digna, vialidades y servicios básicos.

Para su asignación y administración se propone la creación de comités estatales especializados, integrados por representantes de los tres niveles de gobierno. Según información del Inegi, la participación del turismo en el producto interno bruto nacional en 2013 fue 8.7 por ciento. Y es imperativo que rompamos el efecto embudo que concentra los beneficios de la actividad turística y hagamos llegar a las comunidades, que a pesar de darle vida al sector son las más vulnerables.

Los diputados que suscribimos esta iniciativa no vamos a quedarnos de brazos cruzados y dejar que pasen tres años de nuestra legislatura discutiendo frivolidades. Es urgente legislar para rescatar a nuestra gente del olvido y la marginación. Construyamos instituciones que aligeren las penas en los hogares y les ayuden al fin a conocer una vida digna. para eso estamos aquí y el pueblo mexicano se merece que cumplamos con nuestro deber.

Lo que hoy buscamos en este movimiento es que se haga justicia social para los trabajadores del sector turístico y sus familias, eso es lo que nos mueve para impulsar esta iniciativa, lo que les duele a ellos nos duele a quienes estamos conociendo esta profunda desigualdad.

Que no existan más dos realidades distintas en los destinos turísticos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Munguía. Túrnese a la Comisión de Turismo, para dictamen.

La diputada María Verónica Agundis Estrada (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido acá, en la curul de la diputada Verónica Gómez.

La diputada María Verónica Agundis Estrada (desde la curul): Verónica Agundis, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Agundis, perdón.

La diputada María Verónica Agundis Estrada (desde la curul): Buenas tardes a todos. Nada más adherirme a este punto de acuerdo. Yo pertenezco a una ciudad turística también, San Miguel de Allende que tiene una disparidad terrible entre ricos y pobres. Estamos de acuerdo, gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada.

El diputado Luis Ernesto Munguía González (desde la curul): Claro que sí.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado expresa su consentimiento, y por lo tanto como lo hemos acostumbrado está a disposición para su suscripción aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.

El diputado Salvador Zamora Zamora (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido allá en la curul.

El diputado Salvador Zamora Zamora (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para adherirnos, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a la iniciativa que presenta nuestro compañero Luis Munguía. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyectop de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

La diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro: Con la venia de la Presidencia, señoras diputadas y señores diputados. Desde su conformación en el año 1997, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal contempla, vía la Ley de Coordinación Fiscal, la posibilidad de que los municipios utilicen hasta un dos por ciento de los recursos que le corresponden por dicho fondo para instrumentar con ello un Programa de Desarrollo Institucional llamado PRODIN.

Sin embargo, el uso del dos por ciento de los recursos del fondo para instrumentar un Programa de Desarrollo Institucional es opcional, por lo que más de la mitad de los municipios optan por no ocuparlo, lo que contrasta con las necesidades institucionales que muchos de ellos presentan.

En febrero de 2015, la Auditoría Superior de la Federación presentó el diagnóstico de desarrollo institucional municipal donde se señala que en el 2013, de acuerdo con la información de la Sedesol, 453 municipios firmaron con esta dependencia el convenio para la realización de un Programa de Desarrollo Institucional Municipal, es decir que solo el 18.5 por ciento del total de los municipios del país.

Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, cada municipio debe de tener la facultad para que dentro de un marco general pueda dotarse por sí mismo de un estatuto congruente con las circunstancias geográficas, demográficas, sociales y económicas que le permitan mejorar su capacidad de gestión y potenciar sus condiciones para competir exitosamente en el entorno global, atrayendo con ello inversiones, conocimiento y tecnología.

Para el incremento de las potencialidades de cada municipio es menester atribuirles la responsabilidad de la prestación de servicios públicos como lo son el educativo, de salud, de vivienda y de transporte con el fin de ofrecer a sus habitantes el desarrollo de sus capacidades, así como la generación de una infraestructura acorde con la vocación económica municipal.

La inclusión de un programa de desarrollo institucional por concepto del gasto en el fondo, responde por consiguiente a la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas, organizacionales y administrativas de los municipios, a fin de alcanzar mejores resultados en su ejercicio de gobierno.

Uno de los rubros en los que pueden invertirse los recursos del Prodim es en la capacitación de los funcionarios municipales. Al respecto el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2013 publicado por el INEGI, muestra un universo de posibilidades ya que de los 39 mil 422 titulares de alguna dependencia municipal, nueve mil 276, equivalente al 23 por ciento, solo tienen estudios de hasta primaria o secundaria. Por otro lado en lo que respecta a la experiencia laboral, únicamente el 15 por ciento del total de los titulares de área habían trabajado previamente en el gobierno municipal.

En materia de elaboración y actualización de planes municipales de desarrollo, es otro rubro al que podrían destinarse los recursos del Prodim. El mismo censo muestra que solo mil 943 municipios disponen de dicho instrumento primordial para la gestión municipal.

En materia de reglamentación, el censo también expone un panorama de carencias en los municipios, ya que por enunciar algunos ejemplos, solo 37 por ciento de los municipios cuenta con reglamento interior del ayuntamiento, 21 cuenta con reglamento de transparencia, el 20 por ciento con reglamento de obras públicas, el 13 por ciento con reglamento de participación ciudadana y solo un 12 por ciento con reglamentos de recursos materiales y financieros.

La distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a los Municipios, no debería de propiciar en ellos el abandono de su capacidad para recaudar ingresos propios, especialmente el del impuesto predial. Para ello, es necesario que los municipios mantengan actualizado su catastro, así como las tarifas y el padrón de contribuyentes; acciones en las que también podrían invertirse los productos del Prodin.

Actualmente solo 10 municipios tienen ingresos por concepto del impuesto predial equivalentes a 20 por ciento o más de sus ingresos totales, pero el promedio nacional apenas llega a 2.6 por ciento.

Por todo ello, es necesario que esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, para que los municipios y las demarcaciones territoriales dispongan obligatoriamente de hasta un 2 por ciento del total de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal que les corresponda a la realización de un programa de desarrollo institucional, municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Los recursos de este programa deberán utilizarse para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión del municipio o demarcación territorial, de acuerdo con lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los lineamientos del fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social. Es cuanto.

La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo a las denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación en contra del gobierno del estado de Colima.

El diputado Luis Fernando Antero Valle: Con su venia, diputado presidente. El suscrito, diputado Luis Fernando Antero Valle, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de esta LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 55 y 58 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es que someto a la consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa con punto de acuerdo en relación con las denuncias penales interpuestas en contra del gobierno del estado de Colima, ante la Procuraduría General de la República por el desvío de recursos y la simulación de reintegros de fondos federales.

Esta iniciativa de acuerdo tiene como propósito llamar la atención sobre uno de los mayores problemas que enfrentan las entidades federativas de México y que tienen grandes repercusiones negativas con amplia magnitud sobre todo la población.

En efecto, me refiero al problema del manejo irresponsable, el manejo ilegal, el uso de partidas presupuestales con fines distintos a su origen, gasto de dinero público para beneficio personal, corrupción visible en contrataciones públicas, generación de déficit presupuestal y contrataciones desmesuradas e ilegales de deuda pública.

Les comparto, compañeras y compañeros diputados, que en México la impunidad por actos de corrupción cometidos por gobernantes es altísima. De acuerdo al libro México: anatomía de la corrupción, de María Amparo Casar y respaldado CIDE y el Imco, de 41 gobernadores que fueron exhibidos por casos de corrupción claros, solamente se investigaron a 16, y de éstos, única y exclusivamente cuatro fueron castigados.

Esto significa que de cada 10 gobernadores en México, quienes se les encuentran evidencias por hechos que califican como corrupción plena, tan solo uno nada más llega a ser castigado.

Para ser más concreto, vamos a poner en el escenario el caso del estado de Colima, este es un ejemplo claro de dónde el gobernador Mario Anguiano Moreno, además de que tiene la entidad en una situación deplorable jamás vista en toda su historia, está denunciado ante la Procuraduría General de la República por esta Auditoría Superior de la Federación debido al desvío de recursos federales y la gran simulación de reintegro de fondos federales, así como también debo informarles que éste está siendo denunciado por legisladores locales ante el órgano estatal de fiscalización, razón por la cual hacen falta más de 1.5 de millones de pesos de recursos estatales que nadie sabe en Colima dónde se encuentran.

La comisión de delito por uso indebido del servicio público y manejo ilegal de recursos, no es nuevo en Colima. Cuando este gobernador tomó posesión en el año 2009, la deuda pública se encontraba en 853 millones. Les debo de decir, compañeras y compañeros, que para el año 2014 la deuda estatal alcanzó los 2 mil 700 millones de pesos, pero recientemente se contrató una nueva deuda, ésta por el orden de mil 700 millones de pesos más, apenas la semana anterior. Esto suma ya 4 mil 500 millones de pesos de deuda pública, esto representa más del 50 por ciento del presupuesto total anual del estado de Colima. Debo comentarles que la deuda en el estado de Colima se quintuplicó tan solo en los seis años del gobierno de Mario Anguiano Moreno.

Compañeros, Colima está destrozado en sus finanzas, está destrozado en su seguridad, está destrozado en su estabilidad y en su expectativa de futuro. Los maestros son despedidos y no se les paga, los trabajadores del gobierno estatal han sido lacerados en todos sus derechos, en seis años más de 4 mil 500 trabajadores han sido despedidos.

Como nunca en la historia, la Sección 39 del SNTE realizó un paro completo durante una semana para exigir el pago de sus salarios, cuyo recurso nunca fue entregado.

Como nunca en la historia, compañeros diputados, el Poder Judicial en el estado de Colima detuvo varios días su trabajo en exigencia de pago de sus sueldos afectando no solamente la impartición de justicia, sino la autonomía de este poder en el estado de Colima.

Como nunca en la historia, los adultos en plenitud llevan casi seis meses sin recibir su pensión alimenticia y esto sin el beneficio de forma indiscriminada de 2 mil millones de ellos.

Debo decir que esto también acompaña la intromisión del gobierno del estado en el proceso electoral. El actual gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, no se limita nada más a desquebrajar las finanzas públicas y endeudar décadas en Colima, también se metió en la campaña electoral y está debidamente documentado con grabaciones e intromisiones de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Colima. Mediante esta dependencia se emprendió un ejército electoral para favorecer el proceso electoral a favor del priista Nacho Peralta.

Es importante decir que tan solo después del proceso electoral se ganó, en el estado de Colima, en el Partido Acción Nacional, por más de 400 votos, declarado esto por la propia presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, pero sorpresivamente y por un diputado priista federal que está en esa sesión 40 minutos después cambió el resultado electoral, dándole el triunfo al PRI en el estado de Colima. Esto es deleznable de lo que está sucediendo.

Por todos estos hechos, para terminar quiero poner a consideración de la Presidencia el siguiente punto de acuerdo. Solicito respetuosamente, diputado presidente:

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta, atenta y respetuosamente, al auditor superior de la federación a que en el ámbito de sus atribuciones realice de manera inmediata una revisión exhaustiva del uso de todos los recursos públicos federales puestos en manos del gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, durante todo su sexenio. Asimismo se insta a la Auditoría Superior de la Federación a informar completa y oportunamente a esta Cámara de Diputados de las conclusiones de sus indagaciones minuciosas que se arrojen.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República para que complete urgentemente las investigaciones derivadas de las denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación contra Mario Anguiano Moreno, gobernador del estado de Colima, por desvío de recursos federales y simulación en el reintegro de fondos federales.

La Procuraduría General de la República deberá fincar de inmediato, en caso de ser la conclusión de sus investigaciones, las responsabilidades que haya lugar, solicitando su desafuero y su posterior encarcelamiento. Se solicita a la Procuraduría General de la República a informar completa...

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Concluya, por favor, diputado.

El diputado Luis Fernando Antero Valle:... y oportunamente a esta Cámara de Diputados las conclusiones que resulten de las indagaciones señaladas. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Antero. A solicitud del Grupo Parlamentario proponente, del PAN, se cambia el trámite que originalmente se había también solicitado. Y por lo tanto, túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Antero.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Presidente.

El diputado Enrique Rojas Orozco (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul del diputado Ramírez Marín, luego al diputado Llerenas, en ese orden me pidieron, y luego el diputado Rojas Orozco. Sí, diputado Ramírez Marín, por favor.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Agradeciendo en primer lugar que el asunto haya tenido el trámite que corresponde.

En segundo lugar, ofrecerle al orador que la próxima vez diga mi nombre, para que me dé la oportunidad de contestar. Mientras más grandes son sus mentiras, se demuestra que más grande es su desesperación. No van a ganar Colima pataleando en la Cámara, no ganaron en las urnas. Muchas gracias.

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Vidal Llerenas, sonido en la curul del diputado.

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Gracias, presidente. Creo que hay un tema muy grave en el caso de Colima, que no lo mencionó el orador, y yo quisiera proponer un cuarto numeral en el punto de acuerdo, que diga:

La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al Congreso del Estado de Colima a que revoque la autorización de endeudamiento por mil 728 millones de pesos, de fecha 21 de septiembre de 2015, 41 días antes de finalizar su mandato, porque a ello contraviene el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haberse realizado dentro de los últimos 3 meses la administración estatal.

Es decir, el Congreso de Colima, faltando 41 días para terminar la administración, de manera ilegal, violando la Constitución, aprobó un endeudamiento. Por lo tanto, propongo que en el punto de acuerdo también se pida al Congreso del estado que se revoque ese endeudamiento ilegal y corrupto.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En virtud de que se le ha dado turno a la Comisión que ya se ha señalado, el momento procesal oportuno para procesal oportuno para presentar enmiendas o modificaciones es el seno de la propia comisión.

El diputado Enrique Rojas Orozco (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, aquí en la curul del diputado Rojas Orozco, por favor.

El diputado Enrique Rojas Orozco (desde la curul): Presidente, solamente para lamentar que se revuelvan los temas, y que lo que no saben ganar con votos lo quieran venir a ganar en la mesa.

Hemos acreditado quién es el futuro gobernador de Colima, que es Nacho Peralta, y lamento mucho que tengan que utilizar un punto de acuerdo para sumar otro tema, revolver los temas, pero definitivamente es claro que lo que no saben ganar en la calle no lo van a ganar en la mesa. Es cuanto.

La diputada María Luisa Beltrán Reyes (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada María Luisa Beltrán, por favor.

La diputada María Luisa Beltrán Reyes (desde la curul): Me sumo a la propuesta del diputado Antero, todos, la fracción del PRD también, nada más que considero que falta sustento a lo que presenta hoy, y solicito sea incluida la propuesta que hace el PRD a través de mi persona, donde solicito que se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo noveno transitorio del decreto de la Ley de Ingresos de 2015, del estado de Colima.

Y termino diciendo, espero que la intención del PAN sea real, ya que sus diputados votados por esta nueva deuda, dejándonos a todos los colimenses endeudados. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (14:28 horas): Igual, en el mismo sentido, diputada Beltrán, en la comisión correspondiente a la que se le ha dado turno. Con las facultades que confiere el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General a esta Presidencia, y en atención a la solicitud de los grupos parlamentarios, se decreta un receso hasta las 17 horas del día de hoy, en espera del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la integración de comisiones ordinarias.

(Receso)

Miércoles 30 de septiembre de 2015

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (17:38 horas): Se reanuda la sesión unas cuantas horas después. Proceda la Secretaría a dar lectura a Comunicaciones que han llegado a la Cámara de Diputados.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con su venia, presidente. Se recibió oficio del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, por el que comunica que deja de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Comuníquese.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Oficio del diputado César Camacho Quiroz, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, por el que comunica la integración del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, a ese grupo parlamentario.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Comuníquese.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se informa a la asamblea, que se recibió iniciativa que remite el Ejecutivo federal, solicito a la Secretaría dé cuenta.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por instrucciones del Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona el artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales, documento que el titular del Ejecutivo federal propone por el digno conducto de ese órgano legislativo.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, acompaño al presente copias de los oficios números 312A0032 Y 353A0462 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envía el dictamen de impacto presupuestario.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida. Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, licenciado Felipe Solís Acero.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de sus curules, el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integran las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura. Pido a la Secretaría dar lectura a los resolutivos del documento mencionado.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Con su venia, diputado presidente.

Junta de Coordinación Política.

Acuerdo

Primero. Se constituyen 56 comisiones ordinarias de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados quedando configuradas de la siguiente manera.

Agricultura y Sistemas de Riego, PRI.

Agua Potable y Saneamiento, PRI.

Asuntos Frontera Norte, PRD.

Asuntos Frontera Sur-sureste, Partido Verde.

Asuntos Indígenas, PRI.

Asuntos Migratorios, Partido Encuentro Social.

Atención a Grupos Vulnerables, PAN.

Cambio Climático, PAN.

Ciencia y Tecnología, Partido Nueva Alianza.

Competitividad, PRD.

Comunicaciones, PRI.

Cultura y Cinematografía, PAN.

Defensa Nacional, PRI.

Deporte, PRI.

Derechos Humanos, PRI.

Derechos de la Niñez, PRD.

Desarrollo Metropolitano, Movimiento Ciudadano.

Desarrollo Municipal, Partido Verde.

Desarrollo Rural, PAN.

Desarrollo Social, PRI.

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, PRI.

Distrito Federal, PRD.

Economía, PRI.

Educación Pública y Servicios Educativos, PRD.

Energía, PRI.

Fomento Cooperativo y Economía Social, Morena.

Fortalecimiento al Federalismo, PAN.

Ganadería, PRI.

Gobernación, PRI.

Hacienda y Crédito Público, PAN.

Igualdad de Género, PRI.

Infraestructura, PRI.

Jurisdiccional, PRI.

Justicia, PRI.

Juventud, PAN.

Marina, Movimiento Ciudadano.

Medio Ambiente y Recursos Naturales, Partido Verde.

Pesca, PRI.

Población, PRI.

Presupuesto y Cuenta Pública, PRI.

Protección Civil, Movimiento Ciudadano.

Puntos Constitucionales, PRD.

Radio y Televisión, Partido Verde.

Recursos Hidráulicos, Partido Verde.

Reforma Agraria, Morena.

Relaciones Exteriores, PRI.

Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, PAN.

Salud, PAN.

Seguridad Pública, PAN.

Seguridad Social, Morena.

Trabajo y Previsión Social, PRI.

Transparencia y Anticorrupción, Morena.

Transportes, PAN.

Turismo, PAN.

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, PRD.

Vivienda, PRI.

Segundo. La integración personalizada de cada una de las comisiones ordinarias será la que se señala en el anexo del presente Acuerdo.

Tercero. La composición numérica propuesta en este Acuerdo podrá ser ajustada por la Junta de Coordinación Política, a efecto de asegurar en todo momento los principios de proporcionalidad, pluralidad y equidad en la conformación de las comisiones.

Cuarto. La Junta de Coordinación Política reconoce la necesidad de revisar la pertinencia de las comisiones legislativas a efecto de que en su caso sean transformadas o reformadas para asegurar la eficacia de la función legislativa.

Quinto. Comuníquese a la Mesa Directiva y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorio. Único. El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre del 2015.

Firmado por los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, secretaria. Consulte la Secretaría a la asamblea –en votación económica– si se aprueba.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, comuníquese. Honorable asamblea, esta Presidencia informa que hoy 30 de septiembre del 2015 venció el plazo determinado en el primer párrafo del artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a las inasistencias de diputados. A partir de esta fecha, la Mesa Directiva dará cumplimiento a lo que dispone el artículo 63 constitucional.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Además, en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Asimismo, se invita a los proponentes de efemérides para que entreguen a la Secretaría los textos respectivos para su incorporación al Diario de los Debates.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (17:48 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves primero de octubre de 2015 a las 10 horas. Se les informa que el registro de asistencia se hará en los lectores biométricos que estarán disponibles desde las 8:30 horas en el vestíbulo del salón de sesiones.

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