Comunicaciones
De diputada, con retiro de iniciativas; de la CNDH, con estudio
Iniciativas
Salomón Fernando Rosales Reyes, PRI
Marco Antonio Aguilar Yunes, PRI
Adriana del Pilar Ortiz Lanz, PRI
José Luis Orozco Sánchez Aldana, PRI
Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, PRI
Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, PRI
Alma Carolina Viggiano Austria, PRI
Julieta Fernández Márquez, PRI
Ricardo del Rivero Martínez, PAN
Emma Margarita Alemán Olvera, PAN
Adriana Elizarraraz Sandoval, PAN
Cristina Ismene Gaytán Hernández, PRD
Sharon María Teresa Cuenca Ayala, PVEM
Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, PVEM
Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Morena
Blanca Margarita Cuata Domínguez, Morena
Germán Ernesto Ralis Cumplido, PMC
Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, PMC
Hugo Eric Flores Cervantes, PES
Ana Guadalupe Perea Santos, PES
Declaratoria de publicidad de dictámenes
Acuerdo de la Junta, con cambios en comisiones
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 271 diputadas y diputados, por lo tanto, señor presidente, hay quórum.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (11:57 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Consulte la Secretaría a la asamblea, si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobada el acta. Pido a la Secretaría dé lectura a las comunicaciones oficiales... Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobada el acta. Trámite que ya se había realizado.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Pido a la Secretaría dé lectura a las comunicaciones oficiales.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se recibió de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, oficio por el que solicita el retiro de dos iniciativas: con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares.
Y con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de arraigo penal, presentadas el 29 de noviembre del año en curso.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido a la curul de la diputada Araceli Damián.
La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Para agradecer a todos los partidos políticos que permitieron que saliera ayer el extrañamiento por el comportamiento del secretario Miranda, pero al mismo tiempo, manifestando que en ese extrañamiento no se incluye el que el Ejecutivo federal evalúe las calificaciones para que Miranda continúe o no en la Secretaría de Desarrollo Social. Y mantengo mi deseo porque, efectivamente, se ponga a una persona con mayores capacidades y un verdadero funcionario público y no un operador político electoral. Gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Quedan asentados sus dichos y, asimismo, solicito a usted que se haga del conocimiento de la Junta de Coordinación Política. Gracias, diputada. Adelante con la lectura, secretaria, por favor.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se recibió oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el que remite el estudio sobre la igualdad entre mujeres y hombres en materia de puestos y salarios en la administración pública federal (2015).
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes.
El diputado Salomón Fernando Rosales Reyes: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, medios de comunicación y a las mexicanas y mexicanos que padecen esta enfermedad.
La diabetes es una enfermedad crónica-degenerativa que afecta aparatos, órganos y sistemas. Cuando se detecta tardíamente y no se trata adecuadamente, ocasiona en algunos pacientes la retinopatías, que es la pérdida gradualmente de su vista.
Los problemas renales. Éste es un tema donde cuando se han dañado los dializan, los hemodializan y las nefropatías es cuando se amputan sus miembros inferiores, ya sea parciales o totales. México ocupa el sexto lugar mundial en número de personas con este padecimiento y el tercer lugar en América Latina. En México es un problema de salud pública, como ejemplo, Michoacán y la Ciudad de México son las únicas entidades federativas que cuentan con esta ley, el 35 por ciento de los michoacanos son diabéticos.
Desde el año 2000 la diabetes mellitus en México es una de las principales causas de muerte. En 2011, de cada 100 mil muertes, 70 fallecieron por esta enfermedad. Cada hora se diagnostican 38 nuevos casos, es la epidemia del siglo XXI, así como en un reto de salud global a nivel mundial de mil 995 a la actualidad, casi se ha triplicado el número de personas con este padecimiento. Con cifra actual estimada, en más de 422 millones de personas a nivel mundial que la padecen, en adultos, más niños y niñas que ha aumentado en nuestro país.
Por tratarse de un padecimiento incurable, los diabéticos deben de prescribir tratamientos toda su vida. El desafío para la sociedad y los sistemas de salud es enorme, debido al costo económico y la pérdida de calidad de vida para quienes la padecen y sus familias.
Esta ley indica prevención, control y tratamiento, por eso es importante que en cada entidad federativa contemos mínimo con una Uneme. ¿Qué es esto? Una Unidad Especializada para contar lo esencial, con personas especializadas, y año con año aumenten en las regiones en donde más personas cuenten con este padecimiento. La iniciativa de ley que hoy presento, está integrada por 55 artículos.
Por último, quiero hacer un exhorto respetuoso a todas y todos mis compañeros diputados y diputadas a sumarse a esta iniciativa y a la Comisión de Salud para reiterarle mi total disposición a partir de la elaboración del dictamen que es tan necesaria.
Como ejemplo, los días posteriores cuando aprobamos el Presupuesto 2017, cuántos diputados y diputadas de diferentes bancadas estuvieron en esta tribuna pidiendo presupuesto para esta enfermedad, esperando congruencia con lo que se dice y se comenta. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Rosales. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos para presentar dos iniciativas, el diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, de Grupo Parlamentario del PRI. La primera con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o. y 19 de la Ley de Vivienda y la segunda con proyecto de decreto que reforma los artículos 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 17 Ter de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de la Protección al Ambiente.
El diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado o hemos escuchado a tantas personas decir: Con tanto que llueve aquí, cómo es posible que no tenga agua?
Es una pregunta recurrente en mi distrito y en muchas partes de la República, en donde paradójicamente llueve en abundancia pero se carece de agua potable. Esto se debe a políticas públicas inadecuadas en materia de recursos hidráulicos.
Año con año vemos los efectos de una gestión pluvial inadecuada. Inundaciones, desbordamiento de ríos, drenajes saturados, encharcamientos, entre otros efectos. El agua pluvial debe de aprovecharse al 100 por ciento.
Se ha demostrado científicamente que el ser humano puede vivir con carencia de alimentos pero no con carencia de agua; con escasez de agua es muy difícil poder llevar una vida adecuada, por lo cual esta iniciativa tiene como finalidad que dentro de la política nacional de vivienda se fomente y se promueva la utilización de materiales que permitan el aprovechamiento del agua de lluvia y esté al alcance de las comunidades que carecen de un suministro adecuado, atendiendo a requerimientos de cada zona geográfica del país y a la posibilidad física, técnica y financiera, para ello se requiere la adecuación a la Ley General de Vivienda.
De igual manera se pretende complementar la facultad que tiene la Comisión Nacional de Vivienda para expedir la norma oficial mexicana a fin de que se capte el agua pluvial en los términos de la Ley Federal sobre Meteorología y Normalización.
Es trascendental que la sociedad y el gobierno en el diseño e instrumentación de sus políticas públicas aprendan a comprender el ciclo hidrológico y sus variables para optimizar la captación y el aprovechamiento del agua de lluvia, motivo por el cual siguiendo con el mismo tema, presento a ustedes reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ya que es importante que la administración pública federal se promueva el uso del agua pluvial.
Si bien es cierto en el artículo correspondiente en la ley de la materia se señala que los poderes de la unión deberán contar en sus inmuebles con sistemas de captación de agua pluvial, no se prevé en ninguna parte de la ley qué dependencia será la encargada de vigilar su cumplimiento y sobre todo de fomentar estas acciones. Por lo cual proponemos que sea la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales la dependencia que se encargue precisamente de que se cumpla con la ley.
Una norma vacía, una norma que no tiene vigilancia, es una norma que no se va a cumplir, compañeros. Es por esto que la necesaria reforma que hoy propongo podrá llevar agua a muchos hogares que hoy no tienen, sobre todo hogares marginados; podrá dar lugar a políticas públicas adecuadas y podremos unirnos todos para que algo que es fundamental para la vida como es el agua, pueda llegar a más hogares de gente que la necesita y de mexicanos que necesitan este vital líquido, y sobre todo, que hoy carecen de ella. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, ciudadano presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Aguilar. En cuanto al proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., y 19 de la Ley de Vivienda, túrnese a la Comisión de Vivienda para dictamen. Y en lo que se refiere a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 17 Ter de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario de PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 45 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
La diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz: Con el permiso de la Mesa Directiva. Honorable asamblea, en mi calidad de diputada federal presento ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 45 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La presente iniciativa busca contribuir a la protección y conservación de la biodiversidad de especies, de flora y fauna de nuestro país a través de la creación, implementación y protección de corredores ecológicos. México, es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, con más de 64 mil especies conocidas.
En palabras del presidente Enrique Peña Nieto, ser un país megadiverso conlleva una gran responsabilidad de cuidar nuestro entorno que no sólo es patrimonio nacional sino de toda la humanidad.
Nuestra legislación contempla las áreas naturales protegidas como aquellas zonas en donde los ambientes originales no han sido alterados por la actividad humana o requieren ser preservadas y restauradas, aunado al concepto de áreas naturales protegidas ha surgido en la comunidad científica la noción de corredor ecológico, también llamado corredor biológico o de conservación, entendido como una forma de reconectar grandes ecosistemas.
En ecosistemas aislados las especies no pueden desarrollarse ni evolucionar naturalmente, los hábitats necesitan estar conectados a otros corredores de vida natural para sobrevivir en el largo plazo.
A través de los corredores ecológicos se estabiliza la diversidad, la disminución de las tasas de extinción, el aumento de la población, la adaptabilidad de las especies ante el cambio climático, así como su evolución, protegiendo su diversidad genética.
También proveen áreas de alimentación y desplazamiento para especies migratorias y permiten el desarrollo sustentable. Los hábitats naturales se traslapan entre diferentes países, y muchos corredores biológicos de gran importancia cruzan límites geopolíticos como el corredor Himalaya Oriental, el corredor China-Rusia, el corredor Verde-Europeo, y desde luego el corredor Mesoamericano.
Desde 2002 México opera con nueve corredores ecológicos en los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Oaxaca, que a su vez se vinculan con el Corredor Biológico Mesoamericano. Sin embargo, hasta hoy el concepto de corredor ecológico biológico y de conservación no ha sido incorporado a nuestra legislación.
La presente iniciativa propone además que las autoridades competentes promuevan, incentiven y garanticen la protección de los corredores. Apreciables diputadas y diputados, gracias al conocimiento científico hoy tenemos la oportunidad de realizar reformas cada vez más profundas destinadas a preservar nuestra biodiversidad.
Biodiversidad significa vida y futuro para nuestros hijos, protegerla en el ámbito legislativo es nuestro compromiso. Por ello les pido el respaldo en esta iniciativa, para avanzar juntos en beneficio de México. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Ortiz. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Lillian Zepahua García para presentar dos iniciativas, del Grupo Parlamentario del PRI. La primera con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, la segunda, con proyecto de decreto que expide la Ley sobre los Derechos, la Cultura y el Desarrollo de las Comunidades Afromexicanas.
La diputada Lillian Zepahua García: Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea, la incorporación de África a occidente es un relato que incluye el tráfico forzoso de millones de personas que destruyeron a sociedades enteras. La dominación europea en África se tradujo posteriormente en fronteras artificiales, muchas veces ajenas a los intereses de sus pobladores, dando como resultado prácticas abominables como el apartheid o la administración belga del Congo.
Nuestro país no resultó ajeno a semejante tragedia, tras la conquista ocurrió un despoblamiento del cual surgió la necesidad de los colonizadores por hacerse de mano de obra que supliera a los indígenas. Ello trajo consigo el traslado forzoso de cerca de 120 mil esclavos hacia la Nueva España.
La capacidad de adaptación de los africanos les permitió insertase en la sociedad novohispana hasta convertirse en un elemento para el surgimiento de la nacionalidad mexicana. Muchos de ellos lograron liberarse y crearon enclaves. También se sucedieron numerosas revueltas en contra del dominio español, la más famosa de ellas encabezada por el negro Yanga.
Uno de los objetivos de los héroes de nuestra independencia lo fue la abolición de la esclavitud, Hidalgo y Morelos proscribieron esta actividad y tal propósito fue reiterado en las diversas leyes fundamentales que posteriormente entraron, lo cual no impidió que en Texas los colonizadores continuaran con ella.
La presencia africana sigue viva entre nosotros, su jovialidad forma parte de nuestra identidad y puede percibirse a partir de instrumentos como la marimba. De diversas expresiones musicales se puede percibir en la construcción de chozas circulares, empero la raíz africana no cuenta con el reconocimiento ni con los apoyos de que gozan las comunidades indígenas con las cuales comparten la discriminación y el atraso.
La Encuesta Intercensal 2015 reflejó que el 1.2 por ciento de la población mexicana se considera afro-mexicana. Para este grupo la tasa de fecundidad global es de 2.4 hijos por mujer, ocho de cada 10 están afiliados a los servicios de salud, tienen una escolaridad promedio de 8.9 años y el porcentaje de analfabetismo es de 6.9 por ciento.
El nivel de desarrollo de una sociedad puede medirse a partir de la forma en que esta atiende a sus integrantes más desvalidos, y justo hacia allá es hacia donde apunta la presente iniciativa, a la integración de miles de mexicanos a los beneficios del desarrollo, a la ampliación del concepto de pluriculturalidad.
Por consiguiente, presento ante ustedes la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y se adicionan los artículos 2o y 73 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.
Así como la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General sobre los Derechos, la Cultura y el Desarrollo de las Comunidades Afro-mexicanas, que tiene por objeto garantizar a esta comunidad el respeto y desarrollo de sus culturales, creencias, conocimientos, lenguas, usos, costumbres, medicina tradicional y recursos, así como el reconocimiento de sus derechos históricos y parte del principio consagrado en la Carta Magna, de que la sociedad mexicana tiene una composición multiétnica, pluricultural, sustentada en la presencia de diversos pueblos y comunidades.
Soy optimista de que tales objetivos serán compartidos por todos los integrantes de esta asamblea. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Zepahua. La primera iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La segunda iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal sobre los Derechos, la Cultura y el Desarrollo de las Comunidades Afromexicanas, túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 381 del Código Penal Federal y reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Adelante, diputado.
El diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, en nuestro país, como en cualquier otra nación, el autotransporte de carga es elemental en el funcionamiento de la economía, así ha sido y lo seguirá siendo.
Basta mencionar que a través de este servicio se transporta el 82 por ciento de la carga total vía terrestre, aporta el 5.9 por ciento del producto interno bruto y del sector transporte, correos y almacenamiento, y se registra cerca de 1.8 millones de empleos formales.
Es un sector imprescindible, clave y estratégico que ha crecido, pero también sigue enfrentando obstáculos.
Problemas que han impedido su desarrollo en la magnitud y velocidad que se requiere, particularmente me refiero al robo de autotransporte de carga. La situación es alarmante, en el 2012, México fue el país a nivel mundial con el mayor número de asaltos a camiones de carga, registrando incrementos anuales del 40 por ciento de este delito.
Si bien a la fecha se ha avanzado al respecto, apenas ha disminuido su recurrencia en un 25 por ciento. Se registran alrededor de 65 mil asaltos o robos a camiones de carga al año. Es decir, 180 unidades de autotransporte al día son víctimas de una delincuencia violenta, armada y organizada.
Esta situación tiene múltiples repercusiones; primero, en inseguridad, no únicamente para la carga o los operadores, sino para la población, en general, porque estas bandas comercializan ilegalmente la carga robada en zonas altamente delictivas, extendiendo así la incidencia de su delito.
Por otro lado, eleva costos, porque los operadores independientes o pequeñas empresas tienen que adecuar sus trayectos a horas y zonas más seguras, o las compañías medianas o grandes tienen 20 por ciento de gastos adicionales por la contratación de seguridad privada.
Como se puede apreciar, no podemos quedarnos inmóviles o indiferentes ante este problema, se trata de un sector indispensable y estratégico, y el sustento de familias que están viendo amenazado su trabajo, su integridad, futuro e incluso la vida del ser querido que está tras el volante.
Nos encontramos frente a un delito de cuantiosas ganancias y dentro de un círculo altamente dañino al tejido social, por ello considero que ninguna autoridad ni esta soberanía deben ser ajena a la estrategia integral que este problema requiere, porque nadie estamos exentos de ser víctima directa o indirecta de este delito. Si no actuamos decididamente, tampoco nuestro futuro está a salvo.
Nosotros, compañeras y compañeros, debemos legislar para disponer a las autoridades de este país, de las herramientas necesarias y acordes, para que sus esfuerzos, en todos los niveles, tengan la mayor efectividad posible en el hoy y en el mañana, para perseguir a quien roba y secuestra las unidades y a sus operadores, a quien transporta y comercializa la mercancía robada, y también debemos de poner sobre la mesa la necesidad de llevar ante la justicia a quienes llevan la contabilidad administrativa de los cuantiosos recursos ilícitos de estas bandas de la delincuencia organizada.
Ante la gravedad de este delito, no podemos ser vacilantes ni mucho menos indecisos, el autotransporte mexicano de carga requiere de nuestro apoyo, por eso presenta una iniciativa que castiga con mayor severidad este delito y a todos aquellos que de manera directa o indirecta participan en él. Hoy el autotransporte de carga necesita de nosotros, por el bien de todos no lo ignoremos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Orozco. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen. Tiene la palabra...
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: A ver, sonido a la curul del diputado Ramírez Marín, por favor.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Gracias, señor presidente. Solamente recordar a los señores oradores, que el tiempo que se exceden en su intervención se computa a su grupo parlamentario. Entonces, suplicarles, por favor, que se atengan al tiempo previsto.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Muchas gracias, por el comentario de la Junta de Coordinación Política. Efectivamente, rogamos a todos ustedes nos ciñamos a los tres minutos que acordamos para el desarrollo de esta sesión.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 171 del Código Penal Federal.
El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda: Con su permiso, señor presidente. Conforme a la publicación hecha por el Centro de Prensa de la Organización Mundial de la Salud, cada año los accidentes de tránsito causan la muerte de aproximadamente un millón 250 mil personas en todo el mundo.
Las lesiones causadas por el tránsito son la causa principal de muerte en el grupo de entre los 15 y 29 años de edad.
La Organización de las Naciones Unidas ha tomado el problema con toda seriedad y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en el 2015, en su propia sede de Nueva York, estableció una meta en uno de sus objetivos, el cual plantea reducir a la mitad para el 2020 el número mundial de muertes y lesiones por accidentes de tránsito.
Cabe mencionar que esta Agenda fue firmada por el presidente Enrique Peña Nieto y la colocó como una importante guía de acción para su gobierno.
Es por ello que debemos atender este problema y prevenir mediante la estructura jurídica y la educación, que continúen mermando la calidad de vida de los mexicanos ocasionando pérdidas a nuestras familias, además de evitar los cuantiosos costos que representa para el Estado y la economía nacional.
Una de las principales causas de los accidentes de tránsito es la manipulación de los teléfonos celulares o dispositivos de comunicación al manejar un vehículo. Tanto es así que se han generado múltiples campañas alrededor del mundo, a fin de evitar que los conductores envíen mensajes de texto cuando manejan.
Estas distracciones en épocas recientes, se ha registrado un aumento notable como resultado del uso de los teléfonos celulares por los conductores. La distracción derivada del uso del teléfono mientras se conduce puede trastornar la conducción. Los conductores que usan un celular pueden tener un tiempo de reacción más lento, en particular el tiempo de reacción para frenar, pero también creación frente a las señales de tránsito una capacidad limitada de mantenerse en el carril correcto y una distancia menor con el vehículo que se ve adelante.
Es por ello que ante el incremento exagerado que tenemos de accidentes de tránsito, provocado por el uso de celulares durante el transcurso, hemos decidido proponer esta reforma al artículo 171 del Código Penal Federal en su artículo, para que mencione lo siguiente:
Artículo 171. Se impondrá prisión de 1 a 5 años, de 500 a 10 mil días-multa y suspensión o pérdida del derecho a usar la licencia de manejar a quienes violenten y manejen en esta condición. Y también el párrafo segundo, en donde obviamente e igual en la misma condición a los que manejan alcoholizados, drogados y hoy, en esta igualdad, considerar esta propuesta.
Ojalá los representantes populares de todas las fracciones pudieran acompañarnos en esta iniciativa para salvaguardar la integridad de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Moctezuma. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar dos iniciativas. La primera, con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y la segunda, que reforma y deroga diversas disposiciones en materia del Código Civil Federal en materia de matrimonio infantil.
La diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez: Con su venia, diputado presidente. El futuro de los niños es siempre hoy, mañana sería tarde. Así lo decía la primera ganadora latinoamericana del Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, y con eso en mente estoy frente a ustedes para presentar dos iniciativas que sin duda alguna mejorarán la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes en México.
La primera de ellas reforma y deroga las diversas disposiciones del Código Civil Federal en materia de matrimonio infantil. Una de cada cinco mujeres entra en unión conyugal antes de cumplir los 18 años de edad. Tan grave es que la ONU ya considera como una forma de matrimonio forzoso, ya que no cuenta con el consentimiento pleno, libre e informado de una de las partes o, en su caso, de ninguna de ellas.
El matrimonio infantil en la mayoría de las ocasiones viene acompañado de embarazos precoces, lo cual desafortunadamente genera altas tasas de mortalidad materna. Otra de las consecuencias de matrimonio infantil es la deserción escolar, debido a que por usos y costumbres la pareja llegue a atender las necesidades que implica conformar un hogar, por lo que desafortunadamente deben abandonar sus estudios, dejando trunca su educación y, por supuesto, su formación.
Asimismo, no podemos perder de vista que este fenómeno representa un mayor riesgo de violencia doméstica para nuestras niñas, que en ocasiones son obligadas a casarse con hombres de mayor edad.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala en su artículo 45 que las leyes federales y las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años de edad, cuestión que a la fecha solo es atendida por 21 entidades federativas, sin embargo en algunas establecen excepciones y dispensa a la edad.
La esencia de esta iniciativa es reformar el Código Civil Federal para eliminar la posibilidad del matrimonio infantil, derogando dispensa e inclusive el hecho de contemplar la emancipación como un derecho derivado al matrimonio. Considero que ya es tiempo de hacer algo.
La segunda iniciativa tiene que ver con las niñas, niños y adolescentes que ven limitado sus derechos a tener una familia. En 2005 en nuestro país había 1.6 millones de niños que coincidían en orfandad, atribuible a múltiples causas, por abandono a los padres, por muerte accidental, por enfermedad o, por supuesto, por muerte postparto que se da mucho en estos días, entre otras cosas.
Para el mismo año había 657 casas hogar al mismo tiempo que las proyecciones indicaban un incremento de 29 mil 310 niños en 2010 y para el 2040 llegaría un aproximado de 33 mil 242 niñas, niños y adolescentes institucionalizados y lo peor, sin poder tener una familia.
Los problemas de institucionalización son ampliamente conocidos, los niños carecen de un sentido de pertenencia, crecen inseguros, faltos de amor, pero sobre todo necesitan tener una familia, convirtiéndolos en un sector poblacional aún más vulnerable...
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, por favor, diputada.
La diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez: ...y expuestos a caer en situaciones de delincuencia y adicciones, en un círculo de pobreza y falta de oportunidades, por lo que la esencia de esta presente iniciativa se centra en dotar de una nueva facultad al Congreso de la Unión para que pueda expedir una nueva ley general en materia de adopciones.
Diputados y diputadas, agradezco su atención, pero también les pido su apoyo para mejorar la calidad de vida de nuestros niños y niñas de México, por su atención muchísimas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Gamboa. La primera iniciativa, con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. Y la segunda, con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal en materia de matrimonio infantil, túrnese a la Comisión de Justicia para Dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por tres minutos para presentar dos iniciativas, la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del PRI. La primera iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al Código Civil Federal y la segunda iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de Partidos Políticos en materia de delitos electorales y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por las diputadas Martha Sofía Tamayo Morales, Yulma Rocha Aguilar y Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputada.
La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Muchas gracias, señor presidente. Estimados compañeros, en esta ocasión presentaré ante ustedes de manera breve dos iniciativas, la primera, para crear en el Código Civil Federal el registro de deudores alimentarios morosos, y la segunda, en materia de violencia política contra las mujeres.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tres de cada cuatro niños de padres separados no reciben pensión alimenticia y el 67.5 por ciento de los hogares sostenidos por madres solteras no la reciben como consecuencia de una serie de argucias de los deudores alimentarios para evadir su responsabilidad.
El mecanismo más eficaz que normalmente se utiliza para obtener el pago de alimentos, consiste en el descuento sobre nómina que un juez ordena que el patrón realice sobre el sueldo del deudor alimentario, si embargo para ello se requiere la existencia de una relación laboral formal.
Recientemente en esta Legislatura aprobamos y entró en vigor el proyecto de decreto por el que se adicionó la fracción VI del artículo 48 de la Ley de Migración, con el fin de establecer que las personas en su carácter de deudores alimentarias deje de cumplir con esta obligación que impone la legislación no puedan salir libremente del territorio nacional.
Sin embargo, para hacer valer este derecho, las autoridades migratorias no tienen manera de conocer la situación legal de estas personas. Para ello es necesario crear un mecanismo de información fidedigno que cuente con los datos de forma sencilla y rápida.
En consecuencia, es necesario impulsar la creación de registros de deudores alimentarios morosos de carácter público en las entidades federativas que administren una base de datos actualizados de las personas que no cumplan. Por tal motivo, a través de esta iniciativa se propone adicionar diversas disposiciones del Código Civil Federal.
En suma, se trata de asegurar que los niños y adolescentes tengan un mecanismo que asegure sus alimentos.
Por cuanto hace a violencia política, el 5 de abril de 2015 inició la campaña electoral en la que fuimos elegidos los diputados y diputadas de esta Legislatura. Durante este proceso electoral diversas mujeres que obtuvieron una candidatura fueron objeto de actos u omisiones que constituyeron violencia política de género. Este fenómeno se hizo más visible que ningún otro proceso por el efecto de la paridad de género.
Un año después, durante el 2016, tres entidades federativas tuvieron elecciones locales y en esta ocasión se presentaron aún más casos de violencia política. Es por ello que con la finalidad de crear el escenario más adecuado a la realidad que viven las mujeres en México en el concepto político electoral, se plantea:
Primero. Reconocer la violencia política de género en las Leyes Generales de Procedimientos e Instituciones Electoral, del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de Partidos Políticos, y en Materia de Delitos Electorales.
Reconocer la violencia política como una modalidad en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Establecer a la violencia política de género como causal de nulidad de elecciones federales y locales cuando sea determinante en el resultado electoral.
Establecer como uno de los fines del INE la promoción del voto en condiciones de igualdad y no discriminación. Regular que la propaganda jurídica...
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, por favor, diputada.
La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Concluyo. ...no motive o genere violencia política de género.
Que los actos u omisiones considerados como de violencia política, sean reconocidos como infracciones en materia electoral. Que los partidos políticos tengan la obligación de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política.
Por último, tipificar como delito las conductas más graves. Por ello les pido a todos ustedes apoyar estas dos iniciativas. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Viggiano. En cuanto a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
Y en cuanto al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de Partidos Políticos en Materia de Delitos Electorales, y de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, túrnense a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul del diputado Alfredo Basurto.
El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Sí, gracias, presidente. Nada más para, y retomando el comentario del diputado Marín, y apelando a lo que él exponía y proponía, las dos ponentes pasadas, las dos diputadas, excedieron un minuto en el tiempo que se les concedió, solicitando pues que se les reste y se les quite a la fracción del PRI. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Solicito a todos los oradores que van a hacer uso de la palabra, se ciñan al acuerdo que suscribieron todas las fuerzas políticas de este Congreso, que es por tres minutos.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, por tres minutos, la diputada Julieta Fernández Márquez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 67 de la Ley General de Víctimas, suscrita por el diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Julieta Fernández Márquez: Muy buenos días tengan todos ustedes. Con su venia, señor presidente. Buenas tardes compañeras y compañeros diputados.
Según las cifras del 2016, el Registro Nacional de Personas no localizadas y desaparecidas en México es alarmante. Afirman que 24 mil 288 casos de personas no fueron localizadas o fueron desaparecidas, y éstas pertenecen al fuero común y 979 al fuero federal.
Además el Instituto Nacional de Estadística, Geografía señala que en el último año hubo 115 mil denuncias y quejas ante organismos de los derechos humanos, estatales y federales, una parte importante por omisión en la investigación efectiva de desaparición de personas vulnerando de esta manera dolosa a cada una de las víctimas.
México tiene un grave problema de desaparición de personas, México tiene un grave problema también de víctimas del delito donde las personas no son reclamadas en la Semefo y donde las víctimas desaparecen.
Es por esto que el gobierno federal en su reciente informe de gobierno señaló la implementación desde junio del 2015 de un protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada de personas, el cual tiene como objeto general definir los principios y procedimientos generales de actuación homologada y obligatoria para agentes del Ministerio Público, personal de servicios periciales y policías responsables de la investigación del delito de desaparición forzada; para una búsqueda e investigaciones eficaces, que permitan localizar a estas víctimas, sancionar a los responsables y garantizar que no se repitan más estos hechos en otras latitudes, de acuerdo con mecanismos de búsqueda establecidos.
Además generar la búsqueda para garantizar el derecho a la verdad y la obtención efectiva de pruebas con estándares de observancia obligatoria para la emisión de dictámenes especializados.
Está en discusión y ya en aprobación la Ley de Víctimas en este Congreso. Y esto es un acierto de nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pero no ha sido suficiente, aún falta dar más protección a la víctima por parte de todo un sistema gubernamental.
Es por eso que en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece su párrafo tercero que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios...
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, por favor, diputada.
La diputada Julieta Fernández Márquez: De universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley.
En el artículo 20 habla del...
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, diputada.
La diputada Julieta Fernández Márquez: Sí. Habla del establecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Es por eso que el diputado Armando Luna Canales, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, y su servidora estamos proponiendo...
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputada, concluya, su tiempo se ha agotado.
La diputada Julieta Fernández Márquez: Estamos proponiendo el cambio al artículo 67 y 69 de la Ley General de Víctimas, para que las víctimas puedan ser reparadas y no necesariamente se tenga que comprobar el delito...
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputada, por favor, concluya.
La diputada Julieta Fernández Márquez: A través de una sentencia, es decir, que –antes de la sentencia– cuando se determine que es víctima se repare el daño totalmente a los derechos humanos. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Fernández. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por tres minutos, el diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de la Agencia Mexicana del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agrícola, Pecuniaria, Agroforestal, Pesquera y Acuícola, y reforma los artículos 92, 93, 94 y 96 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
El diputado Evelio Plata Inzunza: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputados, compañeros diputados, la iniciativa que hoy me permito someter a su amable consideración propone la Ley que Crea la Agencia Mexicana del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agrícola, Pecuaria, Agroforestal, Pesquera y Acuícola, como una institución que por mandato legal robustezca la política pública al dar articulación a los distintos instrumentos regulatorios que norman la acción gubernamental, instituciones cuya misión esté dirigida a procurar el debido cumplimiento de las políticas públicas en esta materia.
El organismo respectivo deberá contar, entre otras atribuciones, con la capacidad técnica y normativa necesaria, además de la independencia que le permita emitir regulaciones y vigilar la aplicación de las mismas, de manera tal que se protejan los sistemas de producción, de salud humana, de medio ambiente y de la producción sustentable.
En segundo término, incrementando la oferta de las empresas certificadas y procurando el cumplimiento de la normatividad en la materia, al ser una institución independiente y autónoma, por cuyo hecho será garante de asignar responsabilidades específicas y responsable de aplicar mecanismos de control y medición del desempeño.
Al amparo de un ordenamiento legal, la agencia estará en condiciones de garantizar su reglamentación, su operación con sustento científico, protegiendo la salud de la población gracias al establecimiento de atribuciones y responsabilidades por parte de aquellas instituciones responsables de proteger precisamente a los consumidores.
En razón de estos motivos, solicito de su amable apoyo a la presente propuesta. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputadas y diputados federales.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Plata. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Sistemas de Riego y de Ganadería, para dictamen y a las Comisiones de Desarrollo Rural y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
El diputado Ricardo del Rivero Martínez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, nuestra Constitución deposita en el Estado la tarea de planear, conducir, coordinar y orientar actividades de la economía nacional, así como llevar a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demanda el interés general.
La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa le atribuye al Estado el imperativo de promover el entorno favorable a estas empresas. Se busca contar con una cultura empresarial orientada a la calidad de los procesos de producción, distribución, mercadeo y servicios.
El acceso al financiamiento, la capitalización al incremento de la producción, la constitución de nuevas empresas y la consolidación de las existentes, apoyos para su desarrollo, la compra de productos nacionales y servicios competitivos, condiciones para crear y consolidar cadenas productivas y esquemas para su modernización, innovación y desarrollo tecnológico, así como la cooperación y asociación de estas empresas, a través de sus organizaciones empresariales y de los sectores y cadenas productivas.
El censo económico del año 2014 reveló que hay 5 millones, 654 mil 14 empresas que emplean a 29 millones, 893 mil 584 personas, de las cuales el 95.4 por ciento son microempresas; el 3.6 por ciento son pequeñas empresas, el 0.8 por ciento son medianas empresas, y el 0.2 por ciento son grandes empresas.
Las empresas se agrupan en el sector de los servicios en 42.4 por ciento, en el comercio el 44.8 por ciento, en manufactura el 10.6 por ciento, y en otras actividades el 2.2 por ciento.
Sin embargo, a pensar que abarca una alta proporción a todas estas empresas, las Mipyme generan en su conjunto el 57 por ciento del producto interno bruto nacional y generan el 75 por ciento del empleo en nuestro país.
Las micro, pequeñas y medianas empresas, existentes a lo largo del país, han sido objeto del fomento necesario para su crecimiento y el incremento de su productividad y competitividad.
Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar el empleo y la generación de más y mejores Mipyme, estableciendo en la ley el que se establezcan programas y apoyos en materia crediticia, información estratégica de tecnología y asistencia técnica, la simplificación de trámites y requisitos, y la reducción de plazos para la autorización de la apertura para un sano crecimiento económico.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso e) a la fracción I del artículo 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
En el artículo se adiciona el inciso e) que dice así: información estratégica de tecnología, asistencia técnica, así como la simplificación de trámites y requisitos, y la reducción de plazos de autorización para la apertura de las Mipyme. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Rivero. Túrnese a la Comisión de Competitividad, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Leticia Amparano Gámez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 110 de la Ley Federal del Trabajo, y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
La diputada Leticia Amparano Gamez: Con su permiso, señor presidente. Señoras diputadas, señores diputados, el derecho a la vivienda es reconocido internacionalmente como un derecho humano y se constituye como un elemento generador de desarrollo social.
Desde 1972 los trabajadores formales en México han podido beneficiarse del Instituto del Fondo de Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es el Infonavit. Hoy, prácticamente uno de cada cuatro mexicanos habita una vivienda financiada por Infonavit.
En el año 2015 el 78 por ciento de la población que demandó vivienda mediante el Infonavit tiene ingresos menores a los cuatro salarios mínimos. Pero a pesar de la función social de esta institución y aunque la demanda de vivienda se concentra en trabajadores de bajos recursos, en los hechos los créditos del Infonavit no suelen ser baratos, y muchas veces la base de interés supera la que ofrecen instituciones financieras privadas.
Aunado a ello debemos destacar que la legislación vigente no contempla las dificultades a las que se encuentra un trabajador si cambia de empleo y comienza a percibir un salario mínimo.
Actualmente la Ley del Infonavit establece que los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años, pero en 30 años un trabajador podría cambiar cualquier número de veces de empleo mientras está pagando su crédito, sin que necesariamente perciba un salario mayor.
Aunque existen distintos tipos de apoyo por parte del Infonavit ante pérdidas del ingreso de los trabajadores por situaciones como la pérdida de empleo, incapacidad, enfermedad, fallecimiento, etcétera, estos esquemas no aplican a los trabajadores que siguen laborando, pero por un ingreso inferior y que quieren seguir pagando su crédito.
Ésta es una falta en la legislación que afecta enormemente a los trabajadores y que debe ser corregida a la brevedad.
Por otra parte, con el objeto de mantener sanas las finanzas del Instituto se establece en artículo 44 que la tasa de interés que fije el Consejo de Administración no será menor del 4 por ciento anual sobre saldos insolutos.
Sin embargo, no existe un tope superior de la tasa de interés, muchas veces alcanza el 10 por ciento y puede subir si el sueldo del trabajador se incrementa, pero jamás puede bajar o adecuarse si el trabajador percibe menos en un cambio de trabajo.
Esto también debe de modificarse, pues los trabajadores de los estratos más bajos merecen contar con un crédito para vivienda que no ponga en riesgo la satisfacción de sus otras necesidades.
Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa tiene como objeto modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Por un lado se propone establecer como tope el 30 por ciento del salario para el pago de un crédito de vivienda. Por otro, se busca fijar un tope superior a la tasa de interés...
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, diputada.
La diputada Leticia Amparano Gamez: ...para aquellos trabajadores que perciban hasta cuatro salarios mínimos, para que esta no sea mayor al 6 por ciento. Compañeros, pedimos el apoyo. Estamos convencidos de que con las reformas propuestas...
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, diputada.
La diputada Leticia Amparano Gamez: ...contribuiremos enormemente, por supuesto, a que los trabajadores cuenten con un patrimonio sin afectar gravemente su ingreso familiar. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Amparano. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda, para dictamen. Recuerdo nuevamente a todos los compañeros diputados que el tiempo es de tres minutos.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 22 Y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputado.
El diputado Juan Carlos Ruiz García: Gracias. Con su venia, diputado presidente. Buen día, compañeros y compañeras diputadas. El día de hoy, bajo la gran responsabilidad que nos han conferido los ciudadanos a los diputados federales con el voto popular para representarlos y se su voz en la más alta tribuna del país, vengo ante esta soberanía a presentar dos iniciativas de gran relevancia.
Ellas responden a grandes demandas sociales, mismas que han manchado la gran responsabilidad de los servidores públicos con indignantes casos de corrupción y desvío de los recursos que la población confía a sus gobernantes para cubrir las demandas de la sociedad y promover el bien común. Ambas iniciativas están elaboradas en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Agenda 20-30 de Desarrollo Sostenible.
En tal virtud, la primera de ellas propone reformar los artículos 19, 20 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción mediante el establecimiento del delito de peculado, como delito sujeto a prisión preventiva decretado oficiosamente por un juez en el auto de vinculación a proceso y para que los bienes del servidor público que incurre en dicho delito sean sujetos a extinción de dominio y decomiso a favor del Estado.
Esta iniciativa hará posible que se castigue con firmeza y contundencia desfalcos y fugas como las que hoy tienen en jaque e varios estados en nuestro país, víctimas del abuso, de la ambición desmedida de ciertos personajes, como el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte; el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira; el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington; el exgobernador de Chihuahua, César Duarte; el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz. Y por qué no decirlo también, del exgobernador Guillermo Padrés, de Sonora, quien al día de hoy de manera voluntaria se ha entregado a las autoridades para seguir su proceso.
La segunda de mis iniciativas plantea la modificación de los artículos 94, 116 y 122 de la Constitución Política, a fin de que puedan ser disminuidas las remuneraciones de los servidores públicos durante su encargo y que éstas no superen la que percibe el Ejecutivo federal, ello por razones de equidad y proporcionalidad, ambas, bases de la verdadera justicia en el contexto de un país tan lastimado por la desigualdad social y la inequitativa disminución de la riqueza.
No es posible que nuestro marco jurídico tolere que los servidores públicos tengan ingresos discordantes con la realidad que vive nuestro país, por lo que es imperante que se realicen las modificaciones normativas que permiten ubicar las remuneraciones de la alta burocracia al contexto nacional y por debajo de las percepciones del titular del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido a nuestra Constitución Política.
Espero así, como lo han manifestado en sus discursos los presidentes de los partidos políticos, que esta iniciativa sea aprobada por unanimidad. Es cuanto diputado presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Ruiz. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el artículo 77 Bis, 29, de la Ley General de Salud.
La diputada Emma Margarita Alemán Olvera: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Agradezco la oportunidad de presentar esta iniciativa, primeramente a dios, porque hoy le estoy cumpliendo a un grupo de hombres y mujeres cuidadoras de gente con discapacidad.
Compañeras y compañeros diputados, todas las personas necesitan de apoyo y cuidados, por diferentes causas y situaciones, sin embargo, para algunas personas las necesidades de cuidado son más apremiantes. En nuestro país confluyen diversos grupos poblacionales que requieren de atención y cuidados específicos, como niñas y niños y personas adultas mayores con deterioro funcional debido a la edad y personas con enfermedades crónico-degenerativas. Adicionalmente se encuentran personas con limitaciones físicas y/o mentales permanentes.
El Instituto Nacional de las Mujeres, en septiembre de 2013 realizó un estudio conocido como la encuesta laboral y de corresponsabilidad social de 2012. Indagó sobre las personas que necesitan de cuidados en los hogares. Por ejemplo, en el 5.2 por ciento de los hogares viven personas con alguna discapacidad o algún problema de salud y que requieren de cuidados permanentes. Hablamos de cerca de 694 mil hogares.
Cuidar bien a un familiar con discapacidad o con problemas de salud y lograr un contexto de cuidado exitoso, no es responsabilidad única del cuidador, sino de una multitud de actores y de factores. En muchas ocasiones sin el apoyo de familiares o amigos, servicios y apoyos públicos o privados y otras alternativas, la carga del cuidado es demasiado pesada y de soportar para la mayoría de las cuidadoras y los cuidadores.
Por ello, toda ayuda que los cuidadores puedan recibir solo puede redundar en la mejora de las condiciones de vida cotidiana de las personas y de su familia. Con apoyo el cuidador se encontrará en el mejor estado de salud, con mayor fortaleza emocional para enfrentar los problemas y las dificultades cotidianas, con capacidad de atender a sus propias necesidades, con conocimiento sobre cómo cuidar al familiar con afecto y con un enfoque rehabilitador, y sobre todo con capacidad para prestar los cuidados sin comprometer con ello su autonomía y salud a largo plazo.
Es por ello que el día de hoy presento ante esta soberanía una iniciativa por la que se adiciona un párrafo al artículo 77 de la Ley General de Salud, con el objeto de reconocer la labor que realizan los cuidadores y cuidadoras de las personas con discapacidad en el apoyo que realizan a diario para mejorar la calidad del enfermo o persona con discapacidad. Eso es todo, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Alemán. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 64, 84 y 130 de la Ley del Seguro Social.
La diputada Jisela Paes Martínez: Muchas gracias, diputado presidente. Diputadas y diputados, la presente iniciativa busca proponer, reformar la Ley del Seguro Social para establecer la igualdad de derechos en hombres y mujeres en el caso de la pensión por viudez, ya que hoy se exigen requisitos adicionales a los hombres viudos, en la búsqueda de proteger la institución más sagrada que tenemos que es: la familia.
La seguridad social es el instrumento del Estado mexicano que permite proteger a los ciudadanos contra los imponderables que se pueden presentar, lo cual nos obliga a legislar para que esta protección sea lograda sin distinción alguna, acorde al principio de igualdad establecido en nuestra Constitución.
El primero de julio de 1997 entró en vigor la actual Ley del Seguro Social, y en dicha ley se establece el derecho de la esposa o concubina para gozar de la pensión de viudez, previo al cumplimiento de determinados requisitos, y de igual forma se prevé el derecho para que los esposos o concubinos puedan beneficiarse de este derecho.
Sin embargo al género masculino se le impone un requisito superior que los determinados para las mujeres, en el sentido de que los hombres viudos deberán acreditar su dependencia económica de la trabajadora asegurada. Otro requisito, por el hecho simplemente de ser hombre.
El texto actual de la ley es contrario a los principios de igualdad y no discriminación porque implica un trato discriminatorio por razón de género, lo cual es violatorio a lo establecido en los artículos 1o., 4o., 123, apartado a), fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el PAN creemos que este trato diferenciado e inequitativo en los servicios de seguridad social, es sin duda violatorio a la garantía constitucional de la no discriminación, y así lo ha considerado ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mediante esta reforma se evitará que los hombres en estos supuestos tengan que acudir a las instancias jurisdiccionales para reclamar su derecho, sino que por conducto de la solicitud y en cumplimiento de los demás requisitos, les sea otorgada su pensión de viudez y la familia no quede desprotegida ni en la incertidumbre.
El principio de igualdad de género como derecho humano plasmado en el precepto de que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, debe ser una prioridad del Estado mexicano y de este Poder Legislativo en lo particular, por lo cual debemos actuar en esta perspectiva.
En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional seguiremos promoviendo políticas que fomenten una cultura de igualdad y aseguren mejores condiciones de trabajo para mujeres y para hombres. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Paes. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2o., 5o., 30 y 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
La diputada Adriana Elizarraraz Sandoval: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, la presente iniciativa tiene como fin preponderante la salvaguarda y protección de los derechos de las personas con discapacidad que han hecho del deporte una práctica constante, a fin de que puedan tener acceso a todas la oportunidades en el entorno social, personal y ambiental dentro del área del deporte.
Por ello, se consideró el análisis del ámbito internacional de diversos documentos en materia de deporte para discapacitados y de la legislación en el marco jurídico mexicano, a fin de comprender los derechos consagrados en la ley y que son inherentes a las personas con discapacidad.
Garantizar mediante los instrumentos legislativos y en las leyes correspondientes la dignidad, libertad e igualdad de las personas con discapacidad, permitirá que puedan practicar deporte.
Nuestro país es uno de los pocos que ha reconocido el derecho de todas las personas, en especial con discapacidad para participar en actividades deportivas, ya sea como recreación o como deporte de alto rendimiento. Sin embargo, aún me hace falta adecuar la legislación para favorecer de manera primordial la igualdad de condiciones.
Por ello, la presente iniciativa busca integrar dos aspectos importantes que son de interés para las personas con discapacidad, y que han hecho del deporte una forma de vida. Sin embargo, hay dos términos que ayudarían a dar solidez a la legislación deportiva.
El término: deporte adaptado, que se refiere a todas las actividades dedicadas a la educación, práctica, promoción y administración deportiva, realizada por atletas con alguna discapacidad.
Por ello, al incluir el término de deporte adaptado en la legislación, se comprenderán todos los tipos de discapacidad que se encuentren reguladas por los organismos internacionales correspondientes.
Por otro lado, también es importante incluir el concepto de accesibilidad desde el punto de vista universal a fin de relacionarlo con el conjunto de características que debe de disponer un entorno urbano de instalación deportiva, servicio, para que sea utilizado en las condiciones de comodidad, seguridad, igualdad y autonomía. Y con esta propuesta no solo se beneficiará a las personas que han encontrado en el deporte una forma de vida, sino que contribuirá a una mayor medida para que las personas con discapacidad puedan practicarlo.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, los invito a analizar la presente iniciativa para hacer de México un país más justo, más incluyente a través de la práctica del deporte, al conceder un derecho que dará acceso a las personas con discapacidad para intervenir en las actividades deportivas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Elizarraraz. Túrnese a la Comisión de Deporte, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Informo a la asamblea que el Grupo Parlamentario del PRD hará uso de sus 15 minutos con la presentación en tribuna de tres iniciativas.
Por tal razón, tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Karen Hurtado Aranda, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar dos iniciativas. La primera, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 8 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud; y, la segunda, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La diputada Karen Hurtado Arana: Con su venia, señor presidente. Estimados compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para presentar dos iniciativas de gran importancia para el país.
La primera pretende hacer frente al grave problema de los feminicidios a partir de la implementación de acciones preventivas en situaciones en las que la violencia feminicida se ha salido de control.
La segunda, permitir que el Congreso mexicano tenga la participación en la planeación y discusión de políticas públicas que el gobierno mexicano implemente a favor de los jóvenes.
En el primer caso les pido su apoyo para presentar una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un segundo párrafo al artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Lo anterior a causa de que, a pesar de que desde el año 2007 contamos con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y también con su reglamento, enfrentamos el fenómeno de los feminicidios y a través de la emisión de la Declaratoria de alerta de violencia de género se cuenta con un grave problema.
Éste es que la solicitud para que el gobierno federal emita la declaratoria a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es un trámite por demás largo y engorroso para las entidades solicitantes, lo anterior retarda la implementación de acciones preventivas que en muchas ocasiones son urgentes para detener la muerte de las mujeres inocentes.
Por ello, propongo una adición al artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que mientras se hace toda la investigación por parte de la Comisión para saber si se activa o no la alerta de género, las autoridades tomen algunas medidas preventivas para que las mujeres que están en ese territorio determinado encuentren el amparo de las autoridades y no sigan siendo víctimas de violencia feminicida, para quedar de la manera siguiente.
El procedimiento para declarar dicha alerta de violencia de género se realizará de conformidad con lo establecido en el reglamento de la ley, sin menoscabo de los resultados de las investigaciones que se realicen por parte de las autoridades. Una vez emitida la solicitud de Declaratoria de alerta de violencia de género, las instancias correspondientes de los tres órdenes de gobierno deberán implementar las acciones preventivas de seguridad y de justicia necesarias para enfrentar y combatir eficientemente la violencia feminicida y por agravio comparado.
En el segundo caso propongo una modificación a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para que las dos Cámaras que integran el Congreso de la Unión cuenten con un lugar en la Junta Directiva del Instituto de la Juventud, la cual hasta el día de hoy se encuentra integrada por 10 miembros que son titulares de las siguientes Secretarías:
Desarrollo Social; Hacienda y Crédito Público; Gobernación; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Trabajo y Previsión Social; Salud; Educación Pública; Economía; Comunicaciones y Transportes y el director general de la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Además de estos 10 miembros, la integración debería de ser de siete más, que serán los representantes de tres entidades federativas, dos rectores o directores de universidades o instituciones públicas de educación superior, y dos jóvenes integrantes del Consejo de Seguimiento de Proyectos y Programas.
La inclusión en la Junta, de los representantes del Congreso permitirá que este cuerpo soberano conozca a profundidad y con detalle cuáles son las necesidades que tienen los jóvenes, a fin de que esta información se pueda ir perfeccionando en el marco jurídico nacional del beneficio de la juventud mexicana.
Quiero terminar mi intervención diciendo que soy mujer y soy de Ecatepec y no estoy de acuerdo con las declaratorias que acaba de dar nuestro presidente municipal. El día de hoy llevó a cabo su informe de gobierno, en el cual manifestó que él no está de acuerdo en que Ecatepec sea tomado en cuenta como el peor lugar para vivir en México.
Lamentablemente nuestro presidente municipal no se ha dado cuenta que en el transcurso del año van 41 feminicidios cometidos en este municipio y que también los jóvenes no tienen opción, más que unirse a la delincuencia.
Desgraciadamente la falta de sensibilidad de este presidente municipal es inaceptable. Deberíamos preguntarle a la gente de este municipio si en verdad se siente segura. En Ecatepec los ciudadanos todos los días batallan con la delincuencia, es a ellos a quienes debemos preguntarles y debemos pedirles que pidan y exijan revisión de cuentas al presidente municipal. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Karen Hurtado Arana. Túrnese a la Comisión de Juventud, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, que presentará dos iniciativas en una sola intervención. La primera, proyecto de decreto que adiciona el artículo 212 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la segunda iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de corrección ortotipográfica. Adelante, diputado.
El diputado Daniel Ordoñez Hernández: Gracias, diputado, con su permiso. Yo sí le voy a hacer caso del tiempo.
La primera iniciativa es adicionar un párrafo segundo al artículo 122 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Tiene que ver con el asunto de publicidad engañosa, el tema es que regulemos que hay algunos aspirantes a diferentes cargos y hacen pasar en tiempos fuera de lo electoral y fuera de lo permitido, mediante revistas que luego andan publicando en espectaculares o andan inventando portadas de revistas, o andan inventando portadas de periódicos y luego las publican en los espectaculares o en mantas o en autobuses promoviendo su imagen. Algunos gobernadores por todo el país, ahí diciendo que salieron en primera plana.
Entonces, eso es una publicidad electoral engañosa. La idea es que podamos regular esta situación, no está ocurriendo porque hay una desventaja para con quienes no tienen el recurso económico para estar haciendo eso todo el año, como sí ocurre y desafortunadamente con varios gobernadores de todos los partidos políticos, no específicamente de ninguno.
Entonces, mi reforma, la propuesta es que se reforme y se adicione un párrafo segundo al artículo 122 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Eso sería la primera.
La otra, está más fácil, es hacer correcciones a la Constitución. Detectamos 10 artículos, el 27, el 28, 47, 52, 72, 90, 111, 115, 117 y 123, que tienen diferentes errores ortográficos y de tipografía, lo que hace que desafortunadamente cuando lo publica alguna editorial le pone SIC y ese SIC es estar diciendo que los legisladores hacemos mal las cosas todo el tiempo, y a veces no. Entonces, la idea es que corrijamos eso, es muy sencillo. Ya no hay Comisión de Estilo, entonces a veces se van estos errores ortográficos y de tipografía, y entonces quienes impriman textos de nuestra Constitución no lleven estos errores, que es algo muy sencillo.
Sería cuanto. Mire, le regalo todo ese tiempo a mi fracción o a los que quieran. Gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Ordoñez. En lo que se refiere al decreto de adición al artículo 212 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
El decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de corrección ortotipográfica, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
En lo que se refiere a la iniciativa presentada por la diputada Karen Hurtado Arana, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, para presentar dos iniciativas la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD.
La primera. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Militar de Procedimientos Penales.
Y la segunda. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 31 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Adelante, diputada.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy presento ante este pleno dos iniciativas, como ya se ha indicado, en ambos casos estas iniciativas buscan garantizar y proteger los derechos humanos tal y como ha sido el compromiso de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
En primer término, debo recordar a este pleno que el 21 de abril pasado y con una fuerte oposición de mi grupo parlamentario se aprobó por la mayoría la expedición del Código Militar de Procedimientos Penales, el cual contiene diversas disposiciones que abiertamente resultan violatorias de los derechos humanos y transgreden el ámbito de aplicación de una jurisdicción extraordinaria como la militar, establecida en el artículo 13 de nuestra Constitución.
Compañeras y compañeros diputados, la expedición de un Código de esta naturaleza a lo único que ha contribuido, que busca contribuir, es a proporcionar un... de legalidad a las violaciones de derechos, que de hecho se producen en esta jurisdicción.
En tanto, presento la presente iniciativa de reformas al Código Militar de Procedimientos Penales para recomponer lo que mal se hizo en aquella ocasión al extender los límites constitucionales de esa jurisdicción extraordinaria.
Es importante señalar que estas violaciones a los derechos humanos han sido señaladas también por la oficina en México del alto comisionado de Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes se han pronunciado en el ámbito de sus respectivas competencias, alertando de los riesgos que estas reformas implican para los derechos humanos, de la importancia de que no se afecten los derechos civiles, extendiendo esta jurisdicción, y sobre todo, para delimitar los derechos de las víctimas.
Esta iniciativa tiene por objeto la modificación y reforma de diversos artículos de este ordenamiento militar para ajustarlo en los términos de protección y defensa de los derechos humanos previstos en la legislación ordinaria vigente.
La segunda de las iniciativas que hoy presento, y en el marco de esta intensa campaña en contra de la violencia, de la eliminación de la violencia hacia las mujeres, es una reforma de Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ordenamiento que regula los requisitos para la expedición de licencias individuales y colectivas de portación de armas.
En este sentido debemos señalar que uno de los principales problemas que tiene nuestro país en este momento es el alarmante incremento de la violencia hacia las mujeres. Lo anterior se refleja en altos índices de feminicidios que se han incrementado en un 46 por ciento los últimos cuatro años, principalmente en entidades que sufren altos índices de violencia y para ejemplo tenemos el estado de México.
La violencia feminicida es la expresión más extrema de la violencia de género, y desgraciadamente se genera por falta de acceso a mecanismos de protección y restricción como el que hoy proponemos.
Es importante señalar que el Poder Legislativo se encuentra obligado a establecer todas aquellas acciones afirmativas en favor de la prevención de este tipo de violencia hacia las mujeres.
Por lo anterior, propongo a ustedes, compañeras y compañeros diputados, que el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego establezca como requisito para la expedición de una licencia de portación de armas individual o colectiva, que el portador no haya sido condenado por delito doloso o de violencia feminicida. Y en el artículo 31, que sea motivo de cancelación de la licencia de portación de armas el haber sido condenado por delitos dolosos o de violencia feminicida.
Agradezco, compañeras y compañeros diputados, el apoyo a estas iniciativas, particularmente buscando que ni una más, ni una mujer más sea asesinada en nuestro país que, como ya se ha señalado, este hecho tan lamentable ha crecido en los últimos años, en los últimos cuatro años, cerca del 46 por ciento.
Es cuanto, diputado presidente. Agradezco sean insertos los textos íntegros de ambas iniciativas en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Gaytán. En cuanto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Militar de Procedimientos Penales, túrnese a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen, y a la Comisión de Marina, para opinión. Y la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 31 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, túrnese a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen. Asimismo, que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Se recibió iniciativa del diputado Armando Soto Espino, del Grupo Parlamentario del PRD, con proyecto de decreto que reforma los artículos 335 y 336 del Código Civil Penal Federal. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
Asimismo, se recibió del diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, en materia de subsistemas nacionales de información. Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista mexicano.
La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes, honorable Asamblea. En el año 2908, la Ley de Formación, Estadística y Geografía fue abrogada, la que regula al Inegi y, en consecuencia, se expidió una nueva ley, la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, donde el Inegi cambió su personalidad jurídica adquiriendo autonomía, técnica y de gestión, y esto lo convirtió en un órgano constitucionalmente autónomo.
Esta autonomía lo hace responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, así como la facultad de captar y difundir la información de México en cuanto al territorio, los recursos, la población, la economía, etcétera, lo cual nos permite conocer la características de nuestro país para la ayuda de toma de decisiones y construcción de políticas públicas focalizadas.
El Inegi es una institución estratégica en el Estado mexicano, que construye herramientas para la toma de decisiones de política pública, social, económica y territorial, donde el Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica se divide en subsistemas para su pleno y mejor desarrollo y funcionamiento. Estos subsistemas nacionales producen, integran y difunden la información demográfica, social, económica y financiera.
La Ley del Inegi dispone que estos subsistemas se van a crear a través de la Junta de Gobierno previa opinión favorable del consejo para poder crear otro subsistema a lo que se estableció en esta nueva ley en el 2008. Cabe señalar que en diciembre de 2008 durante un acuerdo de la Junta de Gobierno del Inegi se creó un nuevo subsistema el denominado subsistema nacional de información de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, esto fue a través de un acuerdo.
Este subsistema es de gran relevancia, porque se encarga de producir, integrar, administrar, conservar y difundir información de interés nacional sobre la gestión y desempeño de instituciones públicas que conforman al Estado y sus Poderes; asimismo las funciones del gobierno, de seguridad pública, de impartición y procuración de justicia, a efecto de apoyar los procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en estas materias tan importantes.
En el Partido Verde estamos convencidos de la relevancia de esta iniciativa, ya que un subsistema nacional de tanta relevancia, como es el de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, no debe operar bajo un fundamento en un documento administrativo en el año 2008. Este argumento debe de estar fundamentado en la ley como los otros subsistemas que actualmente están en vigor.
Es por ello que se está proponiendo que este subsistema referido quede establecido en la ley que regula al INEGI y esto sería un elemento que fortalecería las reformas constitucionales y legales en materia de transparencia y anticorrupción, ya que la percepción de corrupción que tienen los ciudadanos sobre el trabajo de las autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia es alto.
La aprobación de esta reforma otorgará a este sistema una operación permanente. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Cuenca. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada María Ávila Serna, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción XVII del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada María Ávila Serna: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Hago uso de esta tribuna para exponer la presente iniciativa a nombre de mi compañero, diputado Mario Machuca Sánchez.
Se estima que aproximadamente ocho millones de mexicanos padecen alguna enfermedad de las consideradas raras o huérfanas. Éstas son aquellas que por su baja incidencia no cuentan con un diagnóstico claro o tratamiento específico.
Afortunadamente mediante el tamiz neonatal ampliado, el cual se refiere a un conjunto de procedimientos analíticos practicados a los recién nacidos, hoy existe la posibilidad de detectar estos padecimientos a tiempo cuando aun no se ha instalado el daño orgánico.
Es importante subrayar que este valioso examen se debe realizar dentro de las primeras 48 a 72 horas de vida del bebé. Los programas de tamiz neonatal deben constituir una prioridad en la atención de los problemas de salud pública, pues desde hace más de cuatro décadas el tamizaje ha demostrado ser un procedimiento eficaz en gran número de países desarrollados.
Cabe señalar que muchas de las enfermedades que pueden ser detectadas con el tamiz ampliado son capaces de causar discapacidad intelectual, además de la muerte prematura en el recién nacido. Se presentan de manera silenciosa, no tienen síntomas visibles al inicio y cuando aparecen ya los primeros síntomas puede ser ya demasiado tarde.
Resulta alarmante que en el país el 50 por ciento de los padecimientos considerados raros, afectan a menores, sin embargo debido a su diagnóstico tardío, a la falta de información y de opciones de tratamiento, estas enfermedades no permiten que el niño o niña que las sufre llegue a una edad adulta.
Uno de los derechos fundamentales cuando un niño o niña nace, es garantizar su derecho a la vida, y consecuentemente su derecho a la salud, a la supervivencia y al desarrollo, la cual puede verse vulnerada al no aplicarse el tamiz neonatal ampliado.
De manera precisa la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que estos tienen derecho a que se preserve la vida, la supervivencia, el desarrollo y a gozar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad. En este sentido estamos proponiendo establecer la aplicación del tamiz neonatal ampliado como un derecho de los menores en nuestro país, con la intención de fortalecer la política de prevención en materia de salud que requiere la atención materno infantil.
Con esta reforma será posible identificar más de 60 enfermedades hereditarias y congénitas para evitar con ello el sufrimiento derivado de las repercusiones irreversibles y en la salud de quienes por desgracia las padecen. Es cuanto, diputado presidente; por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Ávila. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado Cándido Ochoa Rojas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Cándido Ochoa Rojas: Con el permiso de los presentes. En principio debo señalar que la anterior disposición de la Ley del ISSSTE establecía un plazo de 28 y 30 años para que los trabajadores que hubieren cotizado pudieran obtener una pensión por jubilación, y también tenían que establecer una edad de los mismos; sin embargo hubo una reciente reforma en la que se estableció no sólo ese plazo sino que paulatinamente se iría aumentando el periodo de cotización y la edad de los mismos trabajadores que están bajo este régimen de seguridad social.
Pues bien, la presente iniciativa indirectamente va hacia ellos porque realmente busca proteger el derecho humano de los menores discapacitados que son hijos de un trabajador o de una trabajadora o de alguien que tiene bajo su custodia y cuidado a uno de ellos, para que de esta manera puedan los menores que no es factible, dada su discapacidad, valerse por sí mismos, tener en menos tiempo consigo a su papá o a su mamá o a la persona que los cuida y que esté atendiéndolos, y esto implica que se haga una excepción a la disposición que hoy existe en la ley del ISSSTE para las personas, para los trabajadores que estén en esta situación.
Por lo tanto esta iniciativa versa, aunque directamente sobre los trabajadores, va en forma efectiva sobre los menores discapacitados cuyos derechos humanos busco que sean protegidos.
De esta forma planteo adicionar un párrafo último a los incisos a) y b) del artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que se haga una excepción a los trabajadores que coticen en ese régimen y que tengan un hijo o el cuidado de una persona con discapacidad y pueda, de esta forma no estar en las regla del aumento paulatino para su jubilación.
Por lo anterior presento a esta soberanía esta iniciativa que espero sea aprobada. Por su atención, muchas gracias y es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Ochoa. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII al artículo 49 de la Ley General de Prestaciones de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.
El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado: Con su venia, señor presidente. No hay causa que merezca más prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones, y de hecho, de la civilización humana.
Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la infancia el 30 de septiembre de 1990. El maltrato infantil es toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación que se da mientras el niño se encuentra bajo custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra persona que le tenga a su cargo. Esto de acuerdo a la Asamblea General de la ONU de 1989.
En México se han registrado diversos casos de maltrato infantil, tanto en centros de atención públicos como los subrogados o privados. Doy solo un ejemplo reciente, el 15 de octubre de 2016 hubo el caso del fallecimiento en la estancia infantil Happy Kids, de Sedesol, ubicada en Toluca, en donde la madre del menor fallecido declaró que el dolor de perder a un hijo es solo superado por la incertidumbre que causa el no saber la circunstancias en las que falleció.
Ante estos acontecimientos e maltrato infantil que se han registrado en nuestro país y dentro del ámbito legal que como legisladores tenemos, debemos impulsar acciones jurídicas en favor de la protección de los derechos de la niñez. No debemos ser indiferentes ante las posibles transgresiones al principio del interés superior de la niñez.
Debemos promover acciones en contra de todo tipo de maltrato: del maltrato físico, del maltrato psico-emocional. Debemos de pugnar porque no se violen los derechos de los niños y de las niñas que por diversas razones sus padres necesitan encargarlos en algún centro de atención infantil.
Es por ello que propongo la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción XIII al artículo 49 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, que tiene por objeto que todos los centros de atención y desarrollo infantil instalen equipos de circuito cerrado de televisión para registrar las actividades en las áreas de atención, cuidado, convivencia y esparcimiento que se desarrollan dentro de sus instalaciones; los cuales servirán como medida de prevención, de persuasión y como elemento probatorio para deslindar en un momento dado la responsabilidad o consecuencia de lo ahí sucedido, pero principalmente cuando así sea quitar de esa incertidumbre a las madres y padres de familia de no saber lo que realmente sucede o sucedió al interior de dichos centros. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Márquez. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado Juan Romero Tenorio para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas cometidas por Particulares, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con venia de la Mesa Directiva. Es un tema urgente esta Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares.
Son graves las cifras que se manejan en el tema de seguridad, en donde se ven involucradas personas desaparecidas, más de 28 mil personas desaparecidas según datos oficiales de la Secretaría de Gobernación, 28 mil personas desaparecidas a las que suman los 43 normalistas y cientos más que se van acumulando día tras día.
La ley que se propone tiene como objetivo prevenir la desaparición forzada de personas y la desaparición de personas cometidas por particulares, tipificar el delito de desaparición forzada de personas, sancionar a los y las autores, cómplices y ecubridores del delito, realizar acciones encaminadas al descubrimiento de la verdad, definir criterios generales para la creación de banco de datos genéticos de cadáveres no identificados, entre otros. Establecer medidas de garantías para las personas que denuncian desaparición forzada y establecer protocolos que nos lleven a conseguir la verdad.
El Estado se encuentra en una situación en la cual ha desatendido el garantizar la vida de las personas, llegando al absurdo de ser incapaz e incompetente para preservar la vida de las personas desaparecidas, ya sea por autoridades o por particulares.
Es grave el asunto, un ejemplo muy claro lo tenemos en la reciente acción de la sociedad civil que se ha dado por buscar a sus familiares en fosas clandestinas. En el estado de Veracruz se han encontrado recientemente 120 cráneos, se estima que habrá unas 200 víctimas en esos predios, en el predio de las colinas de Santa Fe, en Veracruz. Es grave el asunto, por eso urge esta ley general para poder tener un marco legal que permita actuar a la autoridad.
La autoridad se encuentra limitada por la propia ley, pero también por la política pública que no previene y sanciona este delito de lesa humanidad. El marco internacional ha establecido protocolos que no somos capaces de atender y no somos capaces de atender esa necesidad de todos los ciudadanos que se ven afectados por este delito. De ahí la importancia de presentar esta iniciativa, que se suma a varias que ya se han presentado en esta Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
Pronto todos los legisladores estarán de vacaciones, pero los familiares seguirán buscando a sus víctimas en fosas clandestinas, sin el apoyo de un Ministerio Público creíble, objetivo, imparcial y profesional en la búsqueda.
Esa es la propuesta, señores legisladores, queda un pendiente legislativo en nuestra agenda. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Romero. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen y a las Comisiones de Derechos Humanos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de la Industria Eléctrica y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Adelante, diputada.
La diputada Ernestina Godoy Ramos: Gracias. Con su venia, presidente. La reforma energética es un fracaso. El gobierno federal planteó que la reforma buscaba la modernización de dicho sector disfrazando su privatización. Entre los engaños para promover la reforma se utilizó como argumento, para el caso del suministro eléctrico, que las tarifas bajarían favoreciendo sobre todo al sector doméstico, hoy llamados usuarios básicos.
Lo cierto es que la política de aumento progresivo de las tarifas de suministro de energía eléctrica de uso doméstico se ha venido estableciendo a través de la emisión de muchos acuerdos que al efecto ha emitido la Secretaría de Hacienda, que han tenido como finalidad crear nuevas tarifas domésticas, como la 1F o la DAC, suprimir el subsidio, fijar o crear rangos de límites mínimos y máximos, de uso de energía, o fijar factores de ajuste y actualización en función de los precios de los combustibles, sobre todo del gas natural y la inflación.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha establecido en sus informes que la Comisión Federal de Electricidad se encuentra dentro de los 10 entes públicos con más quejas presentadas en su contra. La Profeco habla de 60 mil quejas presentadas en contra de esta empresa y el 70 por ciento tiene que ver con la indebida facturación en el suministro eléctrico.
Esta problemática de los altos cobros de luz ha generado un movimiento de resistencia nacional, hecho público y notorio que los mismos funcionarios de la Profeco, la CNDH y hasta la misma CFE han reconocido.
Esta resistencia existe prácticamente en todo el país, que ha llevado a miles de quejas, juicios y demandas en contra de la empresa que supuestamente iba a tener una mejor calidad en el servicio, una vez aprobada la reforma energética.
La problemática de los altos cobros implica la violación a un derecho humano básico, que es contar con el suministro eléctrico como satisfactor de necesidades humanas, a su vez, la existencia de una política de cobro intimidatoria.
No ha sido posible que la CFE proponga una solución integral, por eso proponemos esta iniciativa, con el objetivo de que las leyes regulen el derecho humano a recibir energía eléctrica, que se regule la obligatoriedad de establecer una tarifa para grupos y zonas de alta marginalidad para garantizar los derechos de los consumidores, que se establezca la regulación y la sanción por actos lesivos a la sanas prácticas comerciales por parte de los trabajadores y los contratistas de la CFE.
Los legisladores no podemos cerrar los ojos y ser omisos ante la angustia cotidiana que viven miles de personas en el país por la amenaza permanente de sufrir el corte de la energía eléctrica, por imposibilidad de cubrir los altos e injustos cobros derivados de los llamados recibos locos. Es cuanto.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Godoy. Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados, diputadas, y pueblo de México que nos sintoniza a través de los medios de comunicación.
Dar crédito a los clientes, es decir, vender el crédito, es una forma de aumentar las ventas o de mantener las relaciones comerciales con un cliente, con el máximo nivel de crédito que podemos permitir y los plazos que brindarán para el pago de los susodichos créditos.
Una vez que se ha evaluado a un cliente y determinado que es digno de un crédito, se determina el crédito a otorgar, así como las condiciones de este, las cuales deben ser aceptadas por ambas partes y de preferencia sean firmadas en un contrato por escrito.
Las instituciones que por excelencia se dedican a otorgar los créditos son las instituciones bancarias, las financieras y sobre todo, también, lo que son cajas populares.
Los contratos de adhesión donde pasamos a lo que nos concierne y es materia de estudio, en el proceso de otorgamiento de un crédito se debe de pasar por una etapa de evaluación exhaustiva, donde se investiga si el cliente es viable para otorgarle un contrato de crédito.
Es bien sabido los fraudes que son sometidos y cometidos a personas a las que se les suplanta la identidad, que de repente les llega un cobro de la tarjeta, el cobro a un carro que no pidieron o créditos exorbitantes.
Entonces, si las financieras son tan cuidadosas para otorgar cualquier crédito, por qué no lo son los requisitos para autorizarlos. Por qué no se investiga a fondo que los documentos no sean apócrifos y que la persona sea identificada plenamente.
Es tan fácil desestimar de esta manera si se otorgó el crédito a la persona o no. Entonces, las entidades financieras deben endurecer los requisitos de esta forma para no caer en el encubrimiento de un fraude.
La huella digital es irrepetible, solo hay una en cada ser humano. Por lo que creemos que sería un mecanismo ideal para evitar suplantar a una persona, con ello se acabaría la mala práctica y las colusiones para realizarse este tipo de esquemas de fraudes.
Es por ello que solicitamos que se requiera para cualquier crédito mayor a 20 mil pesos, en todo contrato de adhesión, como requisito, la huella digital del solicitante, para la seguridad de la entidad financiera y sobre todo, del peticionario.
Además de lo anterior, también solicitamos como requisito que los contratos de adhesión tengan el lenguaje de la localidad, no solo del español sino también el zapoteco, el náhuatl, el mije, entre otras lenguas que caracterizan a este país.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente decreto en el artículo 11, numeral 8, párrafo quinto para quedar como sigue: todo contrato de adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar por escrito en idioma español y el idioma de la localidad, y deberá contener la firma y huella digital del cliente o su consentimiento expreso para los medios electrónicos que al efecto se haya pactado. Por su atención les agradezco a todos. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Barrientos Pantoja. Túrnese a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social y de la economía.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Saludos a la audiencia del Canal del Congreso, porque aquí está muy escasa. Con su permiso, presidenta.
El término transversal se refiere a la ubicación que se pretende ocupen dentro del plan y programas de estudio determinados contenidos, consideramos como socialmente relevantes. Estos son concebidos como ejes que atraviesan en forma integral al currículo, de tal manera que en torno a ellos se articulan los contenidos correspondientes a las diferentes asignaturas que se enseñarán en los procesos educativos.
El tema de la transversalidad de los contenidos curriculares es introducido al terreno de los debates político-educativos en el marco de las reformas impulsadas en los distintos países durante las décadas de los ochenta y noventa. Así, el término transversal se enmarca en la nueva concepción curricular que ante la crisis de la función normativa de la escuela, la cual pretendió alcanzar conductas neutras y susceptibles de ser generalizadas, ahora promueve un modelo en el que las problemáticas socialmente relevantes se constituyen en el eje articulador de propósitos y actividades educativas.
Los grandes ejes transversales que se consideran pertinentes para los fines de esta iniciativa son: educación para la economía comunitaria y educación para la convivencia. El primero contempla la educación efectivo-social, o sea trabajo personal sustancial para el desarrollo económico colectivo. El segundo, abarca la educación para las relaciones igualitarias entre géneros, la prevención del abuso laboral infantil y la educación para la convivencia no violenta.
Los temas transversales hacen referencia a problemas y conflictos que afectan actualmente a la humanidad, a los colectivos, al propio individuo y a su entorno natural. Son contenidos que pretenden ofrecer una formación integral al educando y una educación para la vida, ya que nuestra Constitución alude al imperativo de que la educación aspire al desarrollo integral de la persona y no se limite solo a la apropiación de contenidos conceptuales, sino que también impulse el desarrollo de habilidades y actitudes encaminadas a la mejora de sus condiciones materiales de vida.
Los programas de formación cooperativa deben contemplar, además de los ritmos de aprendizaje propios de cada nivel, ejes sociales a fin de superar prácticas educativas en la que los contenidos parecen discurrir por un camino distanciado de la realidad, adquiriendo así el valor de instrumentos necesarios para la consecución de los fines deseados; sus principales características son las siguientes. Están vinculados a la innovación educativa y a un concepto participativo de la educación; propician un desarrollo equilibrado de la personalidad y el respeto a los derechos humanos; en los procesos educativos de los cooperativistas es importante crear fundamentos sólidos que permitan enfrentar los nuevos retos del siglo XXI, la economía social debe ser un factor de crecimiento a partir de su mejor instrumento, que son las cooperativas.
Para ello, propongo modificar el artículo 8o., párrafo tercero de la Ley de la Economía Social y Solidaria, que en lo referente al sector social de la economía habla de fomentar la educación, información, impulsando prácticas que consoliden una cultura solidaria, creativa y emprendedora, y agregando a esto el texto: promover la transversalidad en los contenidos de dichas acciones. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Cuata Domínguez. Se turna a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen. Y en cuanto a la iniciativa presentada por el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: A continuación tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4o. a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta. Compañeros y compañeras legisladoras, legisladores, México es un país de jóvenes, la población estudiantil de nuestro país es numerosa.
De acuerdo al Inegi el nivel medio superior asciende alrededor de cuatro millones 813 mil jóvenes, mientras que en el nivel superior son alrededor de tres millones y medio los que tenemos en nuestros país.
El 25 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 19 años de edad estudian y trabajan al mismo tiempo. Algunos de ellos deben de enfrentarse a problemas como la poca motivación o apoyo por parte de sus familias, la falta de recursos para sostener sus gastos escolares, enfrentar vicios, embarazos no deseados, entre otros muchos más.
Ser joven en México no es sencillo y menos en un entorno económico como en el que nos encontramos. Factores como la economía de sus familias, su estado emocional o problemas de adaptación e integración social, pueden ser una de las causas de enfermedades como la depresión, ausentismo escolar, caer en adicciones o, peor aun, caer en las garras de la delincuencia organizada que les ofrece más que lo que el propio Estado tiene para ellos.
La iniciativa que hoy propongo busca la creación de un programa que otorgue una tarjeta de beneficios dirigida a la población joven de nuestro país. Una tarjeta a través de la cual puedan acceder a actividades gratuitas o bien a descuentos de orden cultural, deportivo, educativo y recreacional, desde una entrada gratuita a un museo hasta un descuento en la compra de su material escolar, en la adquisición de un libro o en el transporte público que deben tomar a diario para realizar sus actividades.
Implementar los apoyos correctos en nuestros jóvenes puede ayudarlos a encontrar su vocación profesional, evitar la deserción escolar, incrementar su actividad tanto física como intelectual, pero sobre todo poner un piso más parejo para que tengan igualdad de oportunidades.
En la Ciudad de México y en otras ciudades del país este programa ya existe y los resultados han demostrado ser positivos. Es tiempo de extender estos beneficios a nivel nacional y brindar apoyo real a nuestros jóvenes, los cuales representan el futuro de esta nación.
Impulsar el crecimiento cultural y educativo en la población juvenil es invertir a futuro y el país lo agradecerá. Aprovechemos el ímpetu que tiene todo joven de generar una sociedad más responsable y ambiciosa en sus decisiones y con la ética y moral en sus comportamientos. No sigamos omitiendo el apoyo a este sector de la población que día a día crece y exige sus derechos y una oportunidad para vivir en un México mejor.
Compañeros y compañeras, esta iniciativa es solo un recordatorio de que con poco, con muy poco se puede lograr mucho, Impulsemos en nuestros jóvenes sus intereses en los ámbitos culturales, políticos, sociales y deportivos. Apostemos por ellos. Hagamos hoy la diferencia. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Ralis Cumplido. Túrnese a la Comisión de Juventud, para dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra hasta por tres minutos para presentar dos iniciativas en una sola intervención, el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y una segunda con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción , y de la ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez: Con su venia, señora presidenta. Saludo a mis compañeros diputados, y especialmente a los ciudadanos que nos ven y nos escuchan a través de la televisión, y a todo aquel que está preocupado por el rumbo que toma México.
Hoy día la confianza es la base que sostiene a la democracia, y en el caso de los servidores públicos, es inherente que el cargo debe ganarse todos los días. En nuestro país los mexicanos piensan que somos el país más corrupto. Este dicho se sustenta en el último índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional sobre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y muchos nos preguntamos por qué se percibe esto. Parte del motivo es que al ciudadano no se le incluye como elemento activo en las acciones anticorrupción ni se tiene contemplada su participación individual en el Sistema Nacional Anticorrupción.
El sistema en el que los servidores públicos verifican a otros servidores públicos, está siendo obsoleto y no ha dado resultados. En cambio aspiramos a uno en el que el ciudadano común y corriente participe, se involucre y levante la voz al detectar algún problema. Por ello pongo a su consideración, los dos decretos siguientes:
El primero que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y un segundo que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
En el primer caso se busca fortalecer el marco normativo que permitirá precisar facultades de la Auditoría Superior de la Federación en su labor; en el segundo, es necesario darle voz al ciudadano e incluirlo de manera textual en el Sistema Nacional Anticorrupción con una participación activa vía el Comité de Participación Ciudadana, a fin de que el mexicano se involucre cada vez más en lo que es la fiscalización, y dar el peso específico a este trabajo, sabedor que esta es una herramienta que sirve a todos a fin de atender, conocer y exigir mejores cuentas y evitar la discrecionalidad en el ejercicio público.
Por todo ello, estimados compañeros, les pido que tomen en cuenta las dos iniciativas, que presento en las que se hacen cambios que pueden parecer pequeños, pero son cambios que van a permitir a México dar un paso gigante en su lucha por un sistema honesto y eficaz.
Por economía procesal, solicito que se integre el texto íntegro de estas dos iniciativas en el Diario de Debates, y señora presidenta, le pido que se turne a la Comisión de Hacienda para su estudio. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias diputado Cárdenas Gutiérrez. Como lo ha solicitado, se inserta el texto íntegro en el Diario de los Debates.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul del diputado Ralis Cumplido, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (desde la curul): Presidenta, únicamente para solicitar al diputado promovente si me permite suscribir su iniciativa que creo que tiene gran relevancia para nuestro país. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado.
El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (desde la curul): Adelante.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: El diputado ha aceptado, por lo tanto está a disposición en la Secretaría de esta Mesa Directiva para la suscripción correspondiente.
El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul del diputado Manuel Clouthier, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): Gracias, presidenta, en el mismo tono, sumarme a la iniciativa, pidiéndole al diputado si así lo autoriza.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: El diputado ha aceptado, por lo tanto está a disposición de la Secretaría de esta Mesa Directiva para su suscripción.
En cuanto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para opinión.
Y en lo inherente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para opinión.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, hasta por tres minutos la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 33 del Código de Comercio.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis: Gracias, presidenta. Buenas tardes. Agradezco la cortesía de que todavía algunos estamos en este recinto. Con la autorización de la presidenta, pongo a disposición de ustedes la –cómo está, qué gusto saludarle– con el fin de que se adicione en el artículo 33 del Código de Comercio, el inciso numeral número F. Esto con el fin de llevar a cabo la contabilidad productiva.
Y ustedes dirán que qué nos interesa contabilizar la productividad de las empresas. Esta contabilidad productiva significa la gran diferencia entre poder incentivar a las empresas que proporcionen más empleos, con aquellas que sean de menos oportunidad de empleos para los mexicanos.
La productividad está definida como la relación entre lo que produce una empresa y los recursos que utiliza para dicha producción. El término contabilidad de la productividad expresa la filosofía de una contabilidad unificada, dirigida a satisfacer simultáneamente las necesidades de la contabilidad de custodia como las de contabilidad administrativa.
Por lo tanto, es necesario que la incorporemos a este artículo para que esto pueda ser el referente a utilizarse y llevar a cabo un verdadero control de la productividad y de las fianzas de las empresas. De tal forma que se podrá incentivar a las empresas que verdaderamente cumplan con el equilibrio entre ganancias y oportunidad de generar empleo.
La contabilidad en México ciertamente está regida basándose en normas de información contables muy precisadas, pero me pregunto –y ustedes también se deben preguntar: ¿Por qué el crecimiento de la productividad en otros países, como España, incorporan otro tipo de modelos a las mediciones de su productividad? Pues porque van ellos más adelantados que nosotros.
Por eso les invitamos a que fortalezcamos esta contabilidad productiva, que permite apoyar las cualidades de la información orientada a la determinación de los procesos de producción y gestión, tomando en cuenta la interacción entre la eficacia económica, la eficiencia de gestión y la economía de recursos, así como la circulación real en conjugación con los estados financieros. Por eso es necesario que se reoriente hacia la observancia de los mercados externos y la medición de la productividad de estas empresas.
La idea fundamental es que estas mismas ejerzan un apoyo para construir y consolidar una base de datos ciertos, para que puedan implementar la medición y que podamos en su momento por esta sencilla razón llevar a cabo esta adición a esta fracción, en razón de que esto nos dará la fiel oportunidad de poder cuantificar y medir la productividad de las empresas en aras de una proyección a la micro y macro economía de este país.
Por ello considero optimista esta propuesta, porque con ella se va a dar oportunamente ese vínculo de crecimiento que este país necesita. Espero la analicen y la consideren. Es cuanto, presidenta, buenas tardes.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Ramírez Nachis. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.
Se recibió iniciativa del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6 y 13 Bis, de la Ley Minera, para lo cual se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.
Se recibió de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 7o y 48, de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 89 y 158, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Ángel García Yáñez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 89 y 158, del Reglamento de esta Cámara de Diputados.
De acuerdo con los datos de la Encuesta de Confianza en Instituciones, 2015, realizada por la consulta Mitofsky, la Cámara de Diputados se ubica en la penúltima posición con una aprobación de 5.2, en la escala de 1 a 10, lo cual nos deja solo por encima de los partidos políticos, quienes cuentan con una aprobación de 4.9 puntos.
Para Nueva Alianza un compromiso fundamental es dignificar la política de México y fortalecer su papel de servicio a la sociedad. Para mi grupo parlamentario es imprescindible e insoslayable recobrar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Compañeras y compañeros, este esfuerzo y esta responsabilidad reside únicamente en nosotros mismos. Tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica muy serio si queremos mejorar la percepción que la gente tiene de nuestro trabajo.
En ese sentido, es necesario revisar los resultados de la labor legislativa. Seamos realistas, el costo político de que no se apruebe una iniciativa no recae en las comisiones dictaminadoras, sino en cada uno de nosotros cuando enfrentamos a los electores, quienes depositaron en nosotros la responsabilidad de representarlos en esta tribuna.
Por tal motivo, en Nueva Alianza estamos convencidos que es necesario fomentar el diálogo y el análisis de todas y cada una de las iniciativas que se presentan en esta Cámara y atender la problemática y las posibles soluciones que abordan cada una de ellas.
Nueva Alianza tiene el firme compromiso de cambiar la imagen que la sociedad tiene de sus políticos en general y en sus legisladores en particular. Por eso propongo en esta reforma, que las iniciativas que no fueron dictaminadas dentro de los periodos previstos para ello puedan volver a ser presentadas en el siguiente periodo legislativo por su autor, lo que incluye por supuesto su derecho a retirarla.
En Nueva Alianza somos conscientes de que en nuestras manos está mejorar la percepción que los mexicanos tienen de la política, los políticos y sus instituciones. Por ello consideramos que la recepción que tenga esta iniciativa dará muestra de quienes están verdaderamente dispuestos a cambiar las cosas y a trabajar por el bien de todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado García Yáñez. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 55, 82 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 12 y 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
El diputado Hugo Eric Flores Cervantes: Estimadas y estimados diputados, ha llegado el momento en este país de vivir en una verdadera libertad religiosa, en cambiar muchos de los dogmas mal entendidos de nuestra cultura política.
El pasado 4 de diciembre, hace unos cuantos días, conmemoramos el 156 Aniversario de la Ley de Libertad de Cultos, y aquellos que nos pregonamos y nos sabemos juaristas siempre vamos a decir que el espíritu de Juárez era una total separación de funciones entre el Estado y las iglesias, lo que no significaba intentar hacer una sociedad atea, sino una sociedad bien ordenada y con respeto a la ley.
En base a este principio de separación de funciones entre el Estado y las iglesias, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, a través de mi persona, está proponiendo a esta soberanía la modificación a un artículo para darle a los ministros de culto derechos políticos amplios y plenos, que no solamente tengan el derecho a votar, sino también a ser votados, y sabemos que muchos van a decir que se está violando el Estado laico, no, no.
Lo que nosotros estamos pidiendo, es que como en todos los demás casos, si un ministro de culto decide dedicarse a la vida política y social de este país, retirándose de su ministerio religioso, pueda buscar postularse a un cargo público, y estamos pidiendo exactamente lo mismo que se pide para otras muchas profesiones o para otras posiciones públicas, que con tres meses de anticipación a la fecha de elección el ministro de culto pueda y tenga en su poder este retiro de su cargo de ministro de culto público.
Yo conozco a muchos líderes que tienen más conciencia social, que tienen más contacto social de la problemática que realmente le sucede a la gente, que no tengo duda, que muchos de ellos serían excelentes y grandes representantes populares, y no quiero dejar de tocar que han sido muchos ministros los de culto los que han cambiado las realidades políticas y humanas en muchos países.
Puedo citar algunos, no voy a dejar de mencionar nunca a Martin Luther King, que siendo pastor y dedicándose a la actividad política y pública, logró levantar ese gran movimiento, que después de 100 años concretó la verdadera libertad para los negros en los Estados Unidos, para los afroamericanos que, finalmente, después del esfuerzo de este reverendo triunfó un gran movimiento que venía acumulándose, de más de 100 años de injusticia que había sido impartida una ley.
Por eso les pedimos que este dictamen sea pronto discutido, porque es el momento de empezar a acabar con los tabúes de la cultura política del Estado mexicano. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Flores Cervantes. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales la parte que le corresponda, y a la Comisión de Gobernación la parte que a su vez le corresponde para dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, para presentar iniciativa a nombre del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona artículo 6, 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, la suscrita en representación del diputado Alejandro González Murillo, coordinador del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, acudo a someter a consideración de esta soberanía las iniciativas con proyecto de decreto que reforman el artículo 6 y adiciona una fracción X al artículo 19 y las fracciones X y XI al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social en Materia de Medición de Pobreza, y con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley de Coordinación Fiscal en Materia de Testigos Sociales.
Con la iniciativa que reforma la Ley de Desarrollo Social, Encuentro Social pretende incorporar a los criterios de medición de pobreza dos nuevos indicadores. El primero, relacionado con la calidad de entorno urbano de la vivienda. El segundo, que aborda el acceso a las tecnologías de la información y comunicación dentro de la vivienda.
Consideramos que establecer en la ley que los programas y acciones encaminados a garantizar el acceso de calidad a ambos criterios sean considerados como prioritarios y de interés público y reconocerlos como derecho para el desarrollo social, actualiza y armoniza nuestra política de Estado en materia de desarrollo social.
Con la iniciativa que reforma la Ley de Coordinación Fiscal buscamos incorporar la figura del testigo social y facultarlo para participar con derecho a voz en los procesos de licitación, ejecución y finiquito de los contratos de obra y adquisiciones que realicen las entidades federativas y la Ciudad de México con cargo al Fondo de Aportaciones Federales.
De este modo, con acciones legislativas que promueven la transparencia y detonan el desarrollo social en México, en Encuentro Social honramos nuestra palabra de resonar en el Congreso las demandas sociales que durante largos años habían esperado trascender.
No hay camino para el reencuentro, el Encuentro Social es el camino. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Perea Santos. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.
Se recibió iniciativa del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116. 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Se recibió iniciativa de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170 de la Ley Federal del Trabajo, 101 de la Ley del Seguro Social y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Por lo tanto, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Declaratoria de publicidad. Proceda la Secretaría.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules los siguientes dictámenes.
Primero. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 420 del Código Penal Federal, y se adiciona una fracción X al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Segundo. De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 419 Bis al Código Penal Federal.
Tercero. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nombramiento de los titulares de los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Proceda la Secretaría con Acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se recibieron Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes en Juntas Directivas de comisiones ordinarias, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules. En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado. Comuníquese.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla (14:34 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana jueves 8 de diciembre de 2016 a las 11 horas.
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