Comunicaciones
Iniciativas
Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, PRI
Senadora María Marcela Torres Peimbert, PAN
Diputado Javier Octavio Herrera Borunda, PVEM
Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, Morena
Diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, PRI
Diputada Angélica Moya Marín, PAN
Sara Paola Gálico Félix Díaz, PVEM
Acuerdos de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
Relativo a las sesiones y el orden del día de la Permanente
El Presidente senador Aarón Irízar López: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
La Secretaria diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Por instrucciones de la Presidencia, procedemos a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.
(Pase de lista)
¿Alguna diputada, diputado o senador falta por emitir su asistencia? Con la asistencia de 30 legisladores, señor presidente, hay quórum.
El Presidente senador Aarón Irízar López (11:29 horas): Se abre la sesión.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando su mano (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Se dispensa la lectura.
El Presidente senador Aarón Irízar López: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión de instalación. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando su mano (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta de la sesión de instalación.
La Secretaria diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando su mano (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Aprobada el acta.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Continúe con Comunicaciones, ciudadano diputado secretario. Adelante, senador.
El Secretario senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Buenos días, señor presidente. Doy lectura a las comunicaciones.
Se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en el ámbito de sus atribuciones, amplíe a 20 meses el plazo establecido en el artículo transitorio segundo de la Norma Oficial Mexicana, NOM-001-SAG/GAN-2015. Es cuanto.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Remítase a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
El Secretario senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy cuenta del segundo asunto. Se remitió de la Cámara de Senadores un oficio con el que se remite el presupuesto de dietas, honorarios, sueldos y gastos de la Cámara de Senadores para el mes de enero de 2017, y el presupuesto ejercido durante el mes de noviembre del año en curso.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
El Secretario senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto en comento. Quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Aprobado el punto, señor presidente.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Aprobado y comuníquese.
El Secretario senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy cuenta del tercer asunto, señor presidente. Es un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que se informa que en el mes de noviembre de 2016, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancía perecedera de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al servicio de administración y enajenación de bienes.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Remítase a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para su conocimiento, y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Procedemos al capítulo de iniciativas de legisladores.
La diputada María Candelaría Ochoa Ávalos (desde la curul): Presidente.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Adelante, compañera.
La diputada María Candelaría Ochoa Ávalos (desde la curul): Presidente, me parece que hoy tendíamos que hacer un pronunciamiento muy serio respecto a las declaraciones del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, no solamente son misóginas y machistas, sino son discriminatorias y racistas en contra de las mujeres indígenas de su estado. Y además, al otro día se le ocurre rifar una cena de su secretaria de Educación.
Me parece que hoy aquí hay compañeras y compañeros de Hidalgo y deberíamos hacer un pronunciamiento muy serio toda esta Comisión Permanente. Muchas gracias.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Tomo nota de sus expresiones, compañera legisladora. Tiene la palabra, por cinco minutos, la senadora Diva Hadamira Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Muchas gracias, señor presidente. Presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el párrafo segundo del artículo77 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sostenibles. Y dos consideraciones es que en México las prácticas de higiene, la manipulación, transformación y transporte de pescado y los productos pesqueros, así como la adecuada refrigeración en todos los procesos, en materia de traslado, pueden reducir en gran medida los brotes de enfermedades ocasionadas por la contaminación de estos.
En esta línea, uno de los organismos mundialmente aceptados por países miembros del gremio pesquero acepta a la Organización Internacional de Normalización como la Federación Mundial de Organismos que define la calidad pesquera de los productos.
En esta tesitura y para generar las condiciones de una adecuada inocuidad y la calidad de los productos pesqueros, ésta basada en la determinación de los riesgos, minimizándolos a través de la concepción y disposición del entorno físico en el que puedan asegurarse.
Este contexto en el que nos encontramos, que es la autoridad de control de la inocuidad en materia pesquera en nuestro país, es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que es Senasica.
La Organización Mundial de Comercio, de la cual México es miembro, establece en el Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, el derecho de los países miembros de adoptar las medidas que sean necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales.
Por eso, el día de hoy presento una reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura en el artículo número 77, que dice de la manera siguiente:
“Dada la necesidad de especificar que debe realizarse la verificación exacta de la inocuidad en materia pesquera, en los traslados desde la extracción hasta la etapa final de la línea de comercialización del producto pesquero, el derecho a la salud y la alimentación deben ser garantizados por el Estado mexicano y, por ende, deben otorgarse las facilidades necesarias para que los mismos estén en las mejores condiciones para proteger la salud de los consumidores”.
En esta línea el encargado de coadyuvar en la inspección, vigilancia y traslado de todo este producto pesquero lo es Senasica. Por eso la reforma que estamos proponiendo es al artículo 77, que dice de la manera siguiente:
“En el ejercicio de sus funciones, Senasica coadyuvará en la inspección, vigilancia y traslado de todo producto pesquero; ya sean vivos, frescos, enhielados, congelados, provenientes de la pesca o la acuacultura que se realice por vía terrestre, marítima o aérea en cualquier parte del territorio nacional en materia de inocuidad”. Por su atención, muchísimas gracias.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Túrnese a la Comisión de Pesca y a la de Agricultura de la Cámara de Diputados.
Antes de iniciar con la siguiente propuesta de iniciativa, quiero informarle a esta asamblea que el señor presidente de esta Comisión Permanente se tuvo que ausentar porque fue convocado a una reunión con el señor presidente de la república. Están ustedes enterados formalmente.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Tiene la palabra por cinco minutos la senadora Marcela Torres Peimbert, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 18 sobre la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, suscrita por la diputada Jeanette Ovando Reazola, del Grupo Parlamentario del PAN.
La senadora María Marcela Torres Peimbert: Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Compañeras, compañeros legisladores, en México aún falta mucho por hacer para que la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad.
El compromiso implica trabajar en todos los ámbitos para que esta igualdad se refleje tanto en la vida pública como en la vida privada, aunque el artículo 4o. de nuestra Constitución ya incorpora el principio de igualdad entre mujeres y hombres mediante la reforma en 1974, su efectividad no ha sido inmediata.
Por ejemplo, aún se tiene pendiente el cumplimiento de los artículos 2 y 5 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificada por México en 1981, que implica modificar leyes, disposiciones y prácticas socioculturales, basadas en la idea de inferioridad o superioridad entre hombres y mujeres.
También falta cumplir con el artículo 7 de dicha convención, que mandata a adoptar medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país. En la agenda 2030, para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, México planteó cumplir 17 objetivos a partir de 2016, entre los que destaca el 5 que consiste en lograr la igualdad y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Eso implica poner fin a todas las formas de discriminación contra precisamente mujeres y niñas, así como fortalecer las políticas y las leyes que promueven la igualdad entre hombres y mujeres.
Ahora bien, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres expedida en 2006, establece las bases de coordinación de los tres niveles de gobierno para asegurar el respeto y la promoción de la igualdad sustantiva en los ámbitos públicos y privado.
Acción Nacional se ha propuesto hacer realidad en enfoque de la igualdad entre mujeres y hombres, incorporándolo de manera transversal en el ámbito político y en las prácticas educativas. En este sentido, para lograr que las mujeres que han tenido una destacada participación en la vida pública de nuestro país, sean referente para las presentes y futuras generaciones, consideramos indispensable se introduzcan en los procesos formativos, imágenes, valores y símbolos que ayuden a reconocer el valor histórico de las mujeres en nuestro país.
Esto exige modificar prácticas administrativas y disposiciones normativas, como las que ordenan hacer homenajes a las personas que forjaron nuestra patria y sus valores, pues éstas tienen repercusión en la consciencia cívica de las personas. También se deben revisar los patrones socioculturales en que está basada nuestra historia para reconocer las hazañas y proezas que las mujeres realizaron para forjar la patria que hoy tenemos.
Así, resulta impostergable que se les reconozca mediante homenajes con el uso de símbolos patrios a fin de hacer memoria de su nombre, de su vida y de sus obras.
Compañeras, compañeros legisladores, enaltecer el trabajo de las mujeres que forjaron nuestra historia y soberanía tiene un efecto positivo e inspirador en la formación de las nuevas generaciones, especialmente para fomentar en las niñas aspiraciones políticas que las lleven a construir liderazgos de gran valía en beneficio de México.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto por el que se reforma el artículo 18, incisos a) y b) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para declarar el día 8 de septiembre como fecha conmemorativa del nacimiento de una gran mujer, Josefa Ortiz de Domínguez, así como los días 2 de marzo y 21 de agosto como aniversarios de la muerte de Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, respectivamente.
Las fechas solemnes en honor a las mujeres mexicanas antes mencionadas, tienen un efecto simbólico que trasciende más allá de un día para festejar o recordar. Influyen no solo en la formación de las personas que participan en cada homenaje, sino también en las actuales y futuras generaciones de mexicanas y mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su dictamen.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.
El diputado Javier Octavio Herrera Borunda: Muchas gracias, con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores. En el Partido Verde nunca hemos claudicado en la defensa de nuestro medio ambiente y la biodiversidad.
Alzar la voz por los seres vivos que conviven con nosotros en este planeta y la protección a nuestros ecosistemas, nunca ha sido para nosotros una moda, sino un producto de nuestro trabajo constante.
La iniciativa que expongo ante ustedes tiene precisamente ese derrotero y trata sobre las barrancas. Las barrancas se presentan como hendiduras o laderas que sirven de refugio para la vida silvestre, así como cauce para escurrimientos naturales de ríos, riachuelos o precipitaciones pluviales, por ende las barrancas constituyen zonas importantes para el ciclo hidrológico y resultan de relevancia para la concreción de una serie de procesos vitales para la biosfera.
Los ecosistemas que se albergan en la barrancas proveen diversos servicios ambientales, por ejemplo una importante diversidad biológica, servicios paisajísticos, la regulación de flujos pluviales de los cuales se deriva el abastecimiento en nuestros mantos acuíferos, así como la regulación del clima y la prevención de inundaciones.
Por ello, es que el reconocimiento del valor ambiental de la barrancas de México, así como la necesidad de su rescate, es no sólo un tema ambiental sino un tema y una cuestión social.
Lamentablemente en la actualidad las barrancas enfrentan una fuerte presión demográfica y graves problemas de contaminación ambiental que las han degradado significativamente e irremediablemente, lo cual amenaza su subsistencia.
Cuando una ciudad se asienta en un territorio con elementos naturales como lo son las barrancas, se establece una relación entre el ser humano y estos elementos que adquieren un valor urbano.
Por ello resulta necesario reconocer estas relaciones que se generan en las diversas ciudades de nuestro país para hacer hincapié a la vez en la responsabilidad de sus habitantes con la conservación de la naturaleza y es que el crecimiento urbano desordenado desborda ya las laderas de las barrancas, debido a la falta de control de las obras inmobiliarias y otras actividades ilícitas, lo que hace que éstas sean susceptibles de ser ocupadas de manera irregular provocando como consecuencia una modificación, erosión y contaminación de la misma.
Lo anterior, como lo he dicho, genera varios problemas, entre los cuales destaco que los escurrimientos pluviales producen deslaves a las construcciones que se encuentran adyacentes a las barrancas, que se reduzca el porcentaje de la infiltración de agua que recogen los mantos acuíferos, que desaparecen diversas especies de flora y fauna silvestre que son endémicas de nuestro país, se altera el clima de nuestras ciudades y se pierden los suelos orgánicos que son importantísimos para el desarrollo de la flora y la fauna.
En virtud de que las barrancas juegan un papel estratégico en la conservación de la vida silvestre y humana, así como en la filtración de aguas y a los mantos acuíferos, es importante que se regularicen las mismas desde el ámbito federal para asegurar su máxima protección, su conservación y la restauración de las mismas.
En este sentido, un paso importante para proteger mejor las barrancas con las que cuenta nuestro territorio, sería incorporar a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente como ley marco en la legislación ambiental de nuestro país, criterios para su regulación en donde se reconozcan, primero a las mismas como área natural protegida, las cuales necesariamente deberán contar con un programa de manejo adecuado y en las que se especifique claramente su valor ambiental y se señalen por qué no los plazos para su rescate.
Es precisamente lo anterior el objeto de esta iniciativa que hoy les pongo a su consideración, y la cual tiene como fin último contribuir a garantizar el derecho humano al medio ambiente sano que tenemos, así como el derecho humano a un agua limpia y de calidad que merecen los mexicanos y las mexicanas.
Compañeros, acabamos de ser el país sede en la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre la Biodiversidad, la COP 13. Dentro de la amplia gama de asuntos que se abordaron se encuentra la necesidad de proteger nuestra biósfera, las áreas naturales protegidas son una herramienta ideal, así lo reconoció nuestro presidente Enrique Peña Nieto cuando en un hecho histórico decretó triplicar la cantidad de áreas naturales protegidas que tiene el país, poniendo a México a la vanguardia del mundo.
Pocos ecosistemas hay con tanto aporte de servicios ambientales, como los son las barrancas. Por eso les pido que le demos un reconocimiento, que merecen, la protección adecuada, y sigamos poniendo a México a la vanguardia en la defensa del cambio climático, pues es la principal amenaza que enfrenta hoy la humanidad. Muchas gracias.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados, para su dictamen.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ariel Juárez Rodríguez, quien presenta iniciativa a nombre de la diputada Norma Rocío Nahle García y Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Buenos días, diputadas, diputados; senadores y senadoras. La decisión del Estado mexicano de mantener la figura de arraigo penal, como parte de nuestra legislación constitucional y de nuestras prácticas de procuración de justicia, es un hecho que agravia a la sociedad y que ha merecido la condena de las naciones democráticas del mundo.
El día 19 de noviembre de 2015 el Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa para derogar el párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales. Sin embargo, nunca fue atendido este trámite y el tiempo de vigencia de la iniciática precluyó en abril de este año.
Ahora insistimos en ello porque es de suma importancia lograr la derogación de esta figura que vulnera la base del garantismo en que se funda nuestra Constitución, en el cual todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Ley Fundamental y en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Que no obstante lo anterior, la existencia de arraigo penal supone un agujero negro en el entramado legal de nuestro país, por donde se cuelan la arbitrariedad, la prepotencia, la ilegalidad y las violaciones a los derechos humanos. Así, lo que se diseñó como un mecanismo, como una herramienta para limitar el poder del Estado sobre las personas ha quedado en simple quimera.
No le demos vuelta al asunto, compañeros y compañeras legisladores, el arraigo penal es inconstitucional, así lo ha denunciado y ha combatido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil interesada en el tema, los gobiernos de países como Bélgica, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Francia y otros más, y así queremos que lo reconozca este Congreso para que juntos logremos y hagamos lo necesario para desecharlo de la legislación mexicana.
Somos, o queremos ser una nación democrática, respetuosa de los derechos humanos, que se encuentra su lugar entre las naciones más democráticas del mundo, entonces hagámoslo. Pero esa aspiración no podemos alcanzarla mientras en nuestras leyes existan figuras jurídicas como la de arraigo penal.
Hace apenas unos cuantos meses se declaró con bombo y platillo la puesta en marcha del nuevo Sistema de Justicia Penal de corte acusatorio y oral, basado en principios como el de presunción de inocencia, pero al observar que el arraigo penal es una práctica cotidiana surgen las preguntas obligadas: ¿Cómo se aplicará este nuevo sistema a una persona que es detenida y arraigada hasta por 80 días? ¿Cómo podrá saber quién lo acusó y cuáles son los cargos, para preparar su defensa? ¿Cómo podrá expresar sus alegatos? ¿Qué autoridad jurisdiccional podrá escucharla mientras se encuentra bajo arraigo?
Ahora bien, dicen los defensores del arraigo penal que no está dirigido en contra de la población en su conjunto, sino solamente en contra de aquellos que forman parte de la delincuencia organizada. Hasta se apoya en una teoría, por cierto una mala teoría, conocida como derecho penal del enemigo, según la cual el Estado puede legítimamente violentar los derechos humanos de las personas que se han colocado como enemigos del Estado, sin que para ello deban tenerse en cuenta los principios que rigen la procuración e impartición de justicia de nuestro país.
El paradigma fundamental del nuevo sistema de justicia penal es la presunción de inocencia. Ese principio es olímpicamente ignorado, desde el momento en que el Ministerio Público solicita al juez una orden de arraigo en contra de una persona sobre la que se pretende realizar una investigación. Es decir, se le detiene para investigarlo, no se investiga para detenerla.
Con este proceder, la autoridad está considerando culpable o presunto culpable, cuando la Constitución, en su artículo 20, apartado B, establece que es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Otro principio paradigmático del nuevo sistema de justicia penal es el principio del debido proceso. Al igual que el anterior, es ignorado desde el momento en que se solicita la orden de arraigo, porque en esta detención no hay proceso y, por tanto, no hay garantías procesales para que el detenido sea respetado, debido al principio del debido proceso de la inocencia.
Este proceso implica la observancia de una serie de supuestos, como el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, la prohibición de tribunales especiales y leyes privativas, el derecho de garantía de audiencia, etcétera, que son imposibles de cumplir cuando una persona se encuentra bajo arraigo.
Los defensores del arraigo penal –concluyo– dirán que se trata de una figura constitucional y, por tanto, son legítimas las acciones que al respecto lleva a cabo la PGR y la autoridad judicial.
En cambio, nosotros decimos que la constitucionalización del arraigo penal no resolvió su problema de inconstitucionalidad y, por ello, seguimos promoviendo su derogación. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para su dictamen.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o., 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández: Con la venia de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores, señoras y señores de los medios de comunicación, ciudadanía que nos acompaña por el Canal del Congreso, el día de hoy acudo a esta tribuna de las decisiones para exponer ante ustedes el proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XXVII, XXVIII y XXIX al artículo 3 y se reforman los artículos 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de las y los diputados para incorporar el enfoque de la perspectiva de género en la formulación de iniciativas.
La subordinación histórica de las relaciones desiguales entre mujeres y hombres, son muchas veces el origen de la aceptación y normalización de la discriminación de género, es por esto que la incorporación de la estrategia de la perspectiva de género debe de obedecer a eliminar leyes excluyentes.
Ante esa situación, las diputadas y los diputados debemos de incorporar en el proceso legislativo la estrategia de la perspectiva de igualdad de género, configurar y legislar con esa estrategia para diseñar políticas y programas más eficientes que permitan eliminar las brechas de desigualdad existentes.
La reforma en materia de derechos humanos de 2011 nos obliga a como autoridades a reconocer y respetar el ejercicio de los derechos humanos. Es por ello, que nuestra Constitución es muy clara al establecer el principio pro persona, puntualizando la prohibición de toda forma de discriminación, entre ellas, la de género.
Compañeras y compañeros, género no es sinónimo de mujer. Con la aprobación de este proyecto de decreto impulsamos establecer la estrategia de perspectiva de género como un proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas en todos los sectores y en todos los niveles.
Al incorporar esta estrategia, beneficiará a nuestras preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres. Que sea un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas públicas y los programas en todas las esferas económicas y sociales, particularmente en las iniciativas de ley ante la Cámara de las y los diputados presentes. El objetivo final será lograr la igualdad entre géneros.
Citando a la jurista Catharine Mackinnon, las teorías jurídicas feministas han sido impulsadoras de cambios sociales, al hacer énfasis de las condiciones diferenciadas entre mujeres y hombres, a partir de las experiencias viviendas refieren a la necesidad de incorporar el análisis y estableciendo las categorías de género, clase, raza, así como observar los diversos contextos.
Incorporar la perspectiva en la elaboración de iniciativas rompe con el esquema de ciudadanía hegemónica para atender la diversidad social y cultural dinámica. Sin embargo, no hemos logrado incidir en la construcción del quehacer parlamentario desde la perspectiva de la igualdad de género, necesitamos acciones concretas en el ámbito legislativo.
El compromiso de la LXIII Legislatura es alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, es por ello que en el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidas y convencidos de que legislar con perspectiva de igualdad de género es más que una frase de discurso.
Este es un objetivo primordial en nuestra agenda, legislar con perspectiva de igualdad de género significa construir un lenguaje común acerca de la igualdad que buscamos para nuestro país. Significa reconocer que la desigualdad de género plasmada en las leyes, en las políticas y en las normas ha retrasado por siglos el avance y el desarrollo de la vida de las mujeres.
Representa también compartir una estrategia colectiva para erradicar esa desigualdad que ha producido tanta violencia contra las mujeres.
Como legisladora sé de la importancia que adquiere incorporar herramientas y criterios que desde la perspectiva de género contribuyan a fortalecer nuestro quehacer legislativo cotidiano.
Es decir, incorporar la perspectiva de igualdad de género como un eje transversal en la formulación de nuestras iniciativas, desde que formulamos una reforma de ley hasta la etapa del análisis y dictaminación en las comisiones, a fin de que nuestras propuestas legislativas impacten de manera correcta para eliminar las brechas de desigualdad que persisten en la vida de las mujeres.
La incorporación de la perspectiva de igualdad de género en todas las comisiones de trabajo legislativo que integran la honorable Cámara de Diputados y de Diputadas, podrá fortalecer análisis diferenciados por sexo tanto en la elaboración de los diagnósticos de género, así como en el análisis de las problemáticas.
Necesitamos realizar análisis más profundos de la desigualdad del género. Tomar en cuenta la condición y posición de las mujeres y las niñas en sus vidas en cualquier región de nuestro país permitirá contar con instrumentos de medición de impacto diferenciado de género para asegurar que ninguna ley o reforma provoque discriminación o desigualdad. Fortalecer nuestro trabajo legislativo, generar leyes y normas más eficientes.
Señoras y señores legisladores, el presente dictamen tiene el interés de aportar la construcción de leyes no discriminatorias, eliminar la desigualdad. Es decir, leyes que corrijan la desigualdad contra mujeres y garanticen derechos a mujeres y hombres en igualdad de oportunidades.
Ante ustedes se encuentra la legislatura más cercana a la paridad y quienes representamos a hombres y mujeres en este Congreso.
Esta legislatura debe de aportar a la historia y ser reconocida por construir las bases y reformas necesarias para alcanzar la igualdad sustantiva. Legislar con perspectiva de género no es una opción, es una obligación que emana de los acuerdos internacionales y la legislación mexicana.
No más retórica, es ahora el momento del cambio profundo de nuestros procesos internos y las mentalidades, sobre todo en los hechos. Es el momento de pensar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de acceso a la justicia, el ejercicio de derechos, de la igualdad salarial, en suma, igualdad por resultados. Es cuanto, presidente.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, para su dictamen.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Angélica Moya Marín, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, suscrita por la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Angélica Moya Marín: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores, el desarrollo eficiente de la acción penal representa uno de los componentes que asegura la efectividad en materia de procuración e impartición de justicia, en aras de alcanzar el establecimiento pleno del Estado de derecho.
La vigencia de la ley se plasma en una serie de ordenamientos que deben su eficacia y eficiencia en la medida que aseguran el respeto, promoción y salvaguarda de los derechos humanos, a la luz de los compromisos que el Estado mexicano ha adquirido con la Comunidad Internacional, en referencia a la defensa de la dignidad humana.
De tal suerte que la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene como uno de sus principales objetivos establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal.
Lo anterior, con el fin de regular los medios que faciliten tanto el establecimiento de una justicia restaurativa, como la reinserción social en beneficio de toda la sociedad. No obstante, aún existen problemáticas que es necesario atender con puntualidad, como es el caso de las condiciones de las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en los centros de reclusión de nuestro país.
De acuerdo con el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la materia, existe una población total de 618 niños que se encuentran en estos centros, dato que confirma que casi se ha duplicado en los últimos cuatro años.
Es por ello que resulta urgente atender la situación de estos menores desde el momento de su nacimiento en los centros penitenciarios, en donde se garantice de manera irrestricta la observancia del interés superior de la niñez, así como los diversos derechos consagrados tanto en la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, como en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por tanto, es menester contemplar dicho principio como uno de los ejes rectores del sistema penitenciario, a través de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el fin de que se observe en todas y cada una de las actuaciones que tengan como fundamento la citada ley.
En este mismo orden de ideas, el derecho a la identidad y el registro de menores, más allá de una obligación, representa un derecho civil de cualquier ciudadano, que no debe ser obstaculizado bajo ningún supuesto, ni quedar condicionado a lagunas de redacción jurídica. Por lo que también se contempla una adición al artículo 33 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el fin de facilitar el cumplimiento de esta acción por parte de las madres reclusas.
Compañeras y compañeros legisladores, la realidad que vive nuestro país requiere el fortalecimiento y la adecuación institucional con el fin de atender de manera puntual el desarrollo integral de los menores y procurar su condición de ciudadanía; de tal suerte que la defensa del interés superior de la niñez representa una prioridad, en aras de procurar de manera plena no solo el desarrollo pleno del estado de derecho sino del propio espíritu constitucional de la norma.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional somete a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4o. y se reforma el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que estamos convencidos de que en la manera en que nuestro marco normativo promueva y proteja los derechos de nuestros menores, podremos asegurar el capital social y humano que México necesita para hacer frente a retos y desafíos del siglo XXI. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para su dictamen.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Paola Félix Díaz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.
La diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz: Con el permiso de la Presidencia. Agradezco a todos los senadores y diputados federales que suscribieron esta importante iniciativa.
La dimensión del problema, la gravedad y recurrencia de los hechos obliga a este Congreso en sus dos Cámaras, a responder a la altura, es importante modernizar sus órganos y adecuarlos a la exigencia de la sociedad. Para ello es preciso crear nuevos espacios y mecanismos de interlocución entre las dos Cámaras, que nos permitan realizar análisis precisos con el enfoque que la sociedad nos demanda. De ahí, la presente iniciativa en la que se propone reformar la Ley Orgánica del Congreso General de los dos Estados Unidos Mexicanos para incluir al listado de comisiones ordinarias establecidas para el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
La creación de la comisión ordinaria contra la trata de personas en cada una de las dos Cámaras, con el objeto central de controlar y evaluar las políticas y acciones vinculadas con estos delitos, interviniendo en la formulación e implementación de una política de Estado en materia de trata de personas, así como garantizar la continuidad de la misma al término e inicio de cada Legislatura.
Comisiones que impulsen la adopción de las acciones necesarias llevadas a cabo en la comunidad internacional, para combatir la trata de personas, reconocido como el delito de carácter transnacional e impulsado por redes de la delincuencia organizada.
Asimismo, dichas comisiones promoverán, coadyuvarán y darán seguimiento a los proyectos, programas, acciones y políticas públicas para prevenir, combatir y sancionar y erradicar el delito de trata en sus distintas formas para brindar atención y protección integral a las víctimas de estos delitos en coordinación con los tres poderes, instituciones académicas, el sector privado y representantes de la sociedad civil.
En suma, se propone que a través de la creación de comisiones ordinarias contra la trata de personas en el Senado y en la Cámara de Diputados, se constituya el espacio idóneo donde sean escuchadas tanto las instituciones gubernamentales como el Poder Judicial, los integrantes del Poder Legislativo, los académicos y expertos en la materia, las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto, como una prioridad, las víctimas de esos delitos.
La trata de personas se ha convertido en un asunto de seguridad nacional ya que no solo significa un agravio a la dignidad de las personas y de los derechos humanos más elementales, sino también representa una actividad altamente rentable en la que está involucrado el crimen organizado, a su vez se encuentra asociado con las actividades ilícitas tales como el tráfico de armas, el tráfico de migrantes, lavado de dinero, narcotráfico y explotación de la prostitución ajena.
Ante estos hechos, como legisladores no podemos continuar siendo simples observadores, se requiere de un esfuerzo altamente interdisciplinario para poder enfrentarlo.
En este contexto, resulta importante el contar con órganos legislativos que permitan establecer medidas a largo plazo y no solo medidas coyunturales que atiendan esta problemática.
Señoras y señores, estoy convencida que esta Cámara y el Congreso deben modernizar sus estructuras para poder dar un encuentro genuino con la sociedad y sus causas. Necesitamos modernizar a los órganos de este Congreso. No podemos enfrentar nuevas realidades y nuevos fenómenos con estructuras obsoletas y tradicionales.
Es menester lograr la especialización para dar puntual respuesta a la demanda de nuestra sociedad. Es cuanto, presidente, muchísimas gracias.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados para su dictamen.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Se pide a la Secretaría dar lectura al acuerdo de la Mesa Directiva relativo a las sesiones y el orden del día de la Comisión Permanente, mismo que fue distribuido a todos los grupos parlamentarios.
El Secretario senador Luis Humberto Fernández Fuentes: En virtud de que el acuerdo en comento se ha distribuido a todos los grupos parlamentarios, se va a poner a votación, en votación económica, si se aprueba este punto. Por lo anterior, quienes estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Aprobado el acuerdo, señor presidente.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Aprobado y comuníquese.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Se pide a la Secretaria dé lectura al acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente relativo a la integración de las comisiones de trabajo del primer receso del segundo año de ejercicio de esta LXIII Legislatura.
El Secretario senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Doy lectura, señor presidente.
Acuerdo
Primero. Se propone para ocupar las mesas directivas y para integrar las correspondientes comisiones de trabajo de la Comisión Permanente durante el presente receso a los siguientes legisladores.
Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia:
Diputado Edgar Romo García, senador Ricardo Urzúa Rivera, diputada Angélica Moya Marín, diputada María Concepción Valdés Ramírez, senador Ernesto Gándara Camou, senador Arturo Zamora Jiménez, diputada Bárbara Botello Santibáñez, diputado José Alfredo Torres Huitrón, diputada Alma Carolina Viggiano Austria, diputada Jasmine Bugarín Rodríguez, senadora Adriana Dávila Fernández, senador Fernando Torres Graciano, diputado Federico Döring, diputado Héctor Javier García Chávez, diputado Javier Octavio Herrera Borunda, diputada Norma Rocío Nahle García y diputada María Candelaria Ochoa Ávalos.
Siendo presidente de esta comisión, el diputado Edgar Romo García, y secretario el senador Ricardo Urzúa Rivera y secretaria la diputada Angélica Moya Marín.
En cuanto a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa y Educación Pública:
La senadora Luz María Beristain Navarrete, como presidenta; la senadora Laura Rojas Hernández, como secretaria; el diputado Víctor Giorgana Jiménez, como secretario; la diputada Cristina Gaytán Hernández, como secretaria.
Como integrantes el senador Aarón Irízar López, la senadora Hilda Ceballos Llerenas, el senador Jesús Priego Calva, la diputada Flor Estela Rentería Medina, diputada Erika Rodríguez Hernández, senador Fernando Torres Graciano, senadora Silvia Garza Galván, diputada Angélica Moya Marín, senador Juan Gerardo Flores Ramírez, diputada Mirna Isabel Zaldívar Paz.
En cuanto a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas
La presidenta, diputada Alejandra Gutiérrez Campos; secretaria, senadora Marcela Torres Peimbert; diputada Gloria Himelda Félix Niebla, secretaria; secretario, senador Mario Delgado Carrillo.
Como integrantes, senador Ricardo Urzúa Rivera, senadora Angélica Araujo Lara, senador Manuel Cavazos Lerma, diputado José Luis Sáenz Soto, senador Fernando Yunes Márquez, diputado Federico Döring Casar, senador Luis Humberto Fernández, diputado Emilio Enrique Salazar Farías, diputada Rocío Nahle García, diputado Alejandro González Murrillo, diputado Próspero Ibarra Otero, la diputada Laura Plascencia Pacheco y el senador Carlos Manuel Merino Campos como integrantes.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Someta la votación, por favor.
El Secretario senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Someto a votación económica el punto de acuerdo en comento. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Aprobado el acuerdo, señor presidente.
El Presidente senador Aarón Irízar López: Aprobado. Y comuníquese. Continúe, señor secretario.
El Secretario senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor presidente, se han agotado los asuntos de esta sesión.
El Presidente senador Aarón Irízar López (12:19 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 5 de enero de 2017 a las 11 horas.
---o0o---