Comunicaciones
Declaratoria de reforma constitucional, en materia de desindexación del salario mínimo
Iniciativas
Diputado José Luis Toledo Medina, PRI
Diputado Federico Döring Casar, PAN
Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, PRD
Senador Jorge Aréchiga Ávila, PVEM
Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, Morena
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: (lista de asistencia) Señor presidente, hay una presencia de 25 miembros legisladores.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (11:25 horas): Se abre la sesión y desde luego con los mejores deseos para todas y todos, en este 2016.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta de la sesión anterior.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Seguimos con el capítulo de Comunicaciones.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se recibieron oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite los siguientes asuntos:
Comunicación por la que informa el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional el jueves 14 de enero de 2016, a efecto de atender la invitación que le extendió el presidente saliente de la República de Guatemala, Alejandro Maldonado Aguirre, para participar en la Ceremonia de Transmisión de Mando al Presidente Electo Jimmy Morales, la cual tendrá lugar en la ciudad de Guatemala.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Remítase a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe de la Cámara de Senadores, y a la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: El segundo informe semestral de actividades de 2015 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Informe semestral sobre el uso del endeudamiento de Petróleos Mexicanos y de sus empresas productivas subsidiarias, correspondiente al periodo de enero de junio de 2015.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Energía de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación seis contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítanse a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación 13 contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Senadores y por la Comisión Permanente correspondientes al segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítanse a la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oficio con el que remite información relativa a la evaluación de las finanzas públicas, requerimientos financieros del sector público y su saldo históricos, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de noviembre de 2015.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para su conocimiento y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Se recibió oficio de la senadora Graciela Ortiz González, por el que se comunica la reincorporación a sus actividades legislativas.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado, comuníquese a la Cámara de Senadores.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la declaratoria de reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Solicito a la Secretaría dar lectura al oficio de la Cámara de Diputados.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente. Presentes. Me permito remitir a ustedes el expediente y las aprobaciones de los Congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas, a la minuta, proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo para los efectos del artículo 135 constitucional. México Distrito Federal a 6 de enero de 2016. Diputada Verónica Delgadillo García, secretaria.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Solicito a la Secretaría realice el cómputo correspondiente a efecto de dar fe de la recepción de la mayoría de votos aprobatorios de las legislaturas de los estados.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Señor presidente, se recibieron los votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas.
En consecuencia, del cómputo realizado, esta Secretaría da fe de la recepción de 22 votos aprobatorios a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.
Se pide a los presentes ponerse de pie.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados se emite la siguiente declaratoria.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Gracias. Felicidades.
Se han registrado para referirse a este tema, compañeras y compañeros legisladores integrantes de esta comisión. Y en consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con el permiso de la Presidencia. El aumento de los salarios, aunado a la responsabilidad financiera, son condiciones esenciales para reducir la desigualdad.
Compañeras y compañeros legisladores, hace unos días se cumplieron los requisitos para que el constituyente permanente aprobara el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, 17 estados de la República, entre ellos Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Tamaulipas han aprobado la reforma referida, por lo que las condiciones para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo a lo que señala el artículo 135 de la propia Carta Magna, se han cumplido.
En Nueva Alianza nos hemos manifestado a favor de la desvinculación del salario mínimo como una forma de establecer montos de sanciones, trámites, impuestos y multas. Sin embargo, entendemos que ésta sola medida no puede derivar en un aumento del salario mínimo a los niveles deseados y requeridos por la sociedad que representamos.
Si bien es cierto que la homologación del salario mínimo en el país benefició a 51 mil trabajadores que laboran en 2 mil 341 municipios del país y que durante este año se ha experimentado un incremento nominal de un 4.1 por ciento, según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, aún estamos lejos de cumplir las expectativas que la población tiene con su salario.
En este sentido, en Nueva Alianza queremos ser muy claros al afirmar que el salario mínimo no puede incrementarse solo por un decreto, se requiere que existan condiciones necesarias para que el aumento del salario mínimo se haga de manera responsable y que no ponga en riesgo el desarrollo y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Por este motivo somos partidarios de que medidas como esta tenga la decidida participación de todos los sectores involucrados, tanto del sector empresarial como los trabajadores y desde luego el gobierno.
La visión de Nueva Alianza para la política económica del país es amplia e integral, demanda que se identifiquen los factores que incentiven la generación de más y mejores empleos y, de este modo, se combatan los altos niveles de pobreza y se disminuya la brecha de desigualdad que ha mermado la cohesión social.
Por esta razón subrayamos la necesidad de actuar con responsabilidad. Es imperativo que el aumento del salario se sustente en condiciones económicas reales y que no se deje de lado la prudencia, con el único fin de recibir una aprobación basada en el optimismo.
Actuemos con decisión pero con fundamento en el contexto económico que enfrentamos. Hacerlo de otro modo sería iluso y hasta irresponsable. Si queremos resultados, actuemos para conseguirlos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valles. Aprovechamos para reconocer la presencia y dar la bienvenida a este recinto parlamentario del jefe de Gobierno del Distrito Federal, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, e igual del secretario de Desarrollo Económico del gobierno de la Ciudad, doctor Salomón Chertorivski.
Y desde luego que nos da mucho gusto que el día de hoy también, integrándose a la sesión de la Comisión Permanente, se encuentre el coordinador de los senadores del PRI, nuestro amigo senador Emilio Gamboa. Tiene ahora la palabra la senadora Martha Angélica Tagle Martínez hasta por cinco minutos.
La senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Con el permiso de la Mesa Directiva. Uno de los temas más importantes que preocupan actualmente a millones de ciudadanas y ciudadanos que forman parte de la clase trabajadora mexicana, es el relativo a la pérdida del poder adquisitivo de su ingreso salarial.
México es hoy un país de grandes contrastes y desigualdades sociales. Casi la mitad de la población enfrenta algún nivel de pobreza. Esta vulnerabilidad en la población trabajadora está asociada a la implementación de políticas económicas que durante sexenios han beneficiado solo al gran capital y no a la clase trabajadora de nuestro país, impidiendo tener un mejor ingreso salarial.
Si bien se han destinado miles de millones de pesos en programas sociales de corte asistencialista, su objetivo no ha sido superar la pobreza, sino más bien seguir manteniendo a millones de personas en la pobreza.
La pobreza creció 58 por ciento en los últimos 42 años. Es indiscutible que no hay mejoras para los mexicanos, y el ingreso dejó, hace mucho, de ser suficiente. Para dar cuenta de ello, el incremento anual en el salario no ha rebasado el 4 por ciento desde hace muchos años. Por ese motivo desde este año 102 millones de personas en México no pueden acceder a comprar la canasta básica que se establece a nivel constitucional.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, México es el único país de América Latina donde el salario mínimo está por debajo del umbral de la pobreza. Este mismo organismo señala que en México dos de cada cinco trabajadores, es decir, el 40 por ciento de la población, perciben como máximo dos salarios mínimos, por lo que la realidad de México contrasta con la experiencia de otros países.
Asimismo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que por ciento hoy se vanagloria de decir que “México va muy bien”, ha señalado que “México es el país con el salario mínimo más bajo” de los países que integran ese organismo.
Cabe destacar que ambos organismos han concluido en que la pérdida de poder adquisitivo real del salario mínimo en México, se encuentran entre un 75 y 79 por ciento entre los últimos 35 años.
Lo anterior resulta de gran relevancia pues en nuestro país existe un sector poblacional de aproximadamente 7 millones de personas que cuentan con un ingreso de hasta un salario mínimo, es decir, aproximadamente el 13 por ciento de la población ocupada, de la cual 50.3 por ciento son trabajadores independientes, y 45.63 de trabajadores subordinados, de los cuales la mayoría no cuenta con seguridad social.
Sabemos que esta reforma no va a venir a solucionar los grandes problemas que existen en nuestro país, que si no existe la vocación democrática para cambiar la política económica que ha permitido que existan tantos millones de pobres en nuestro país, esta reforma simple y sencillamente no será suficiente.
Pero es importante destacar que a partir de esta reforma no habrá más pretextos. El Ejecutivo federal y particularmente la Comisión Nacional de Salarios Mínimos tendrán que tomar un análisis de manera diferente y no utilizar el tema de los salarios mínimos identificados con otro tipo de medidas, pues es a partir de esta reforma que precisamente queda separado este tema.
Y por eso es fundamental que finalmente haya avanzado la reforma y que hoy demos un paso en materia de desindexación de salario. Sin embargo, es momento de exigir la rendición de cuentas, particularmente que venga a comparecer a esta soberanía el titular de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y explique si el 2.9 por ciento autorizado de aumento al salario mínimo es posible, no que los mexicanos puedan vivir con él, si es posible que él pudiera vivir con un salario mínimo al que sólo se le aumentó el 2.9 por ciento para este año. Muchas gracias, y felicidades por esta reforma.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senadora Tagle. Saludamos también la presencia de la secretaria de Educación del gobierno de la ciudad, la licenciada Alejandra Barrales, bienvenida, secretaria. Colega con licencia también de algunos de los aquí presentes, los senadores y las senadoras. Tiene ahora la palabra, la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, el artículo 123 constitucional menciona que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden de materia social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones distintas de distintas actividades económicas. Por lo anterior, la principal fuente de ingresos de la mayoría de los mexicanos es el trabajo asalariado, y es el único medio con el que cuentan millones de personas para cubrir sus necesidades básicas y mejorar sus condiciones de vida.
Por ejemplo, después de ver los resultados de la unidad de cuenta del aún Distrito Federal y el aumento desmesurado de las multas tenemos que la duda razonable que esta declaratoria de paso adelanta para recuperar el poder adquisitivo del salario como hemos constado no será así.
El salario mínimo se estableció en el artículo 123 constitucional en 1917, terminada la Revolución Mexicana, con el objeto de indicar la cantidad de dinero mínima que debe recibir una persona por su trabajo. Pero, aunque algunos funcionarios digan que con 73.04 pesos diarios alcanza para casa, coche y escuela, esto no es verdad. La realidad es otra.
Los ingresos de los trabajadores han perdido relación con el mandato constitucional, porque desde hace más de 30 años se ha aplicado una política de restricción salarial con argumento de evitar la inflación, que significa en todo caso vender mano de obra barata a empresas del exterior.
Hoy la política, ésa, es la causa verdadera de la desigualdad, la pobreza y la descomposición social, fuente de muchas malas y que postran al país en la violencia. Una política salarial de hambre que permite un sindicalismo pasivo, que le quita sus derechos a los trabajadores, el derecho a una vida digna, y condenando a sus hijos a la pobreza, el desarraigo y la delincuencia.
Solo se explica que casi 70 millones de personas viven en el umbral de la pobreza, de acuerdo al Coneval. Esta política de depresión o contención salarial impacta en la calidad de vida, en el desarrollo y fortalecimiento del mercado interno.
Y, a pesar de existir consensos incluso en el sector empresarial por aumentarlo, esta medida ha sido aplazada año con año, con el argumento de provocar que provocaría inflación. Dicha afirmación es falsa, ¿por qué?, primero porque el aumento salarial no provoca inflación si se atiende a su productividad, y en México la productividad ha aumentado.
Por ejemplo, del 2005 al 2012 el salario retrocedió 3.2 por ciento en términos reales, mientras que la productividad formal aumentó 4.1 y 4.4 por ciento de acuerdo al Inegi, porque aunque aumentando la productividad no se ha incrementado el salario mínimo.
Los datos internacionales lo confirman; Chile, que tiene una productividad laboral comparable con la de México, otorga un salario mínimo tres veces mayor que el nuestro, en cambio, a pesar de tener una productividad cuatro veces mayor que países como Bolivia y Nicaragua, los salarios en México son similares a los de esos países. Estamos muy lejos de Estados Unidos, donde el trabajo por tres horas equivale a un día de trabajo en México, Canadá y la Unión Europea.
La segunda razón para retrasar el aumento del salario mínimo era porque todas las multas, infracciones o indemnizaciones establecidas en las leyes del país se fijaban en función al salario mínimo, pero los artículos 21 y 22 de nuestra Constitución nos indican que no se podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día, y el artículo 22 dice que quedan prohibidas las penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otra pena en este tema.
Por ello Morena acompañó a otros partidos el 11 de septiembre de 2014, una reforma constitucional que establecía una nueva unidad de medida y que fue aprobado. Sin embargo, ésta fue frenada en la Cámara para evitar un incremento salarial en 2015, y lo que provocó que el Ejecutivo lo limitara a un incremento de dos pesos, historia que en este 2016 también se repitió y se incrementó sólo tres pesos.
En este sentido, la verdadera exigencia en el ámbito laboral consiste en que el gobierno actúe con responsabilidad social y establezca políticas que recuperen el poder adquisitivo de los salarios.
Estos aumentos son insuficientes, por ello es una prioridad dar seguimiento real al aumento salarial y a la recuperación del poder de compra, para acabar de una vez por todas con los salarios de hambre que mantienen a nuestro país en cifras y niveles de pobreza indignantes. En Morena seguiremos impulsando reformas para que toda la ciudadanía pueda contar con un salario digno y justo. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Tiene ahora la palabra el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, hasta por cinco minutos.
El diputado Javier Octavio Herrera Borunda: Con su venia, señor presidente. La reforma constitucional de la desindexación del salario mínimo es un logro vital que marca un rumbo claro en la tarea de acrecentar el poder adquisitivo de los trabajadores, es un beneficio real en la persecución de mejores condiciones sociales, el cual trata de generar bienestar en la población, disminuir los niveles de pobreza, desigualdad, que existen en el país. Estas cualidades son de una nueva realidad jurídica que estamos implementando, una nueva realidad que compartimos en el Grupo Parlamentario del Partido Verde.
Los sectores sociales más pobres, los primeros cuatro deciles, que son los ubicados en la base de la pirámide social –según los datos del Inegi– han sufrido caídas abruptas en su participación relativa en el ingreso a lo largo de los últimos 30 años, periodo que como sociedad tenemos la obligación de ir recuperando gradualmente mediante mejores y mejoras salariales, debido a la sensibilidad, importancia y magnitud demográfica del grupo del cual hablamos.
Apoyar esta reforma es dar un primer paso para generar las condiciones necesarias que permitan nuevamente al ciudadano poder adquirir la capacidad de aumentar mayor cantidad de bienes y servicios, significa un incentivo favorable y valioso para generar confianza en el trabajo que desarrollan cotidianamente millones de mexicanos.
Se intenta abonar por una mayor igualdad en lo económico, sin necesidad de convulsiones políticas o financieras, a través de la reorientación de la senda del crecimiento, la distribución del ingreso y una mejor política salarial, sincronizada con los cambios estructurales que está dando el día de hoy la economía mexicana. Esto es una paulatina reducción de la inequidad, que solo se va a materializad inequidad, que solo se va a materializar mediante incrementos progresivos en el salario.
Con el cambio estructural que en los últimos 20 años, a partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la economía mexicana ha privilegiado la exportación manufacturera. Pero no solo en el sector maquilador, sino también a través de actividades que requieren el uso intensivo de la fuerza de trabajo, una fuerza de trabajo calificada.
Ahora, ante la inminente entrada en vigor del Tratado Transpacífico, se debe reaccionar positivamente e intentar alentara a los sectores productivos del país para que logren duplicar esfuerzos y buscar no perder la competitividad y mejorar medidas que apoyen el ingreso a los trabajadores para que se vean recompensados con su esfuerzo.
Decir que un político o un partido en lo particular han contribuido más o menos con esta reforma, sería una real mezquindad. Por ello, quiero felicitar a todos los actores que multiplicaron y coordinaron sus esfuerzos con la consecución de este logro. Y exhortamos a las fuerzas políticas a seguir trabajando en la lucha por mejorar la realidad cotidiana de los mexicanos.
Podemos encontrar por el bien de México muchos otros puntos de acuerdo, el país lo reclama. Nuestra labor es hacer de la política no un escenario de conflictos, sino un lugar donde podamos construir consensos.
Por último, quiero destacar que esta reforma es apoyada por la mayoría de los encargados de las políticas laborales de nuestro país, quienes han visto con buenos ojos el esfuerzo conseguido, primero, debido a que revalora el factor trabajo y la productividad. Segundo, por aumentar la capacidad de compra del mercado interno que en los últimos seis trimestres ha sido el motor de crecimiento económico de nuestra economía. Y tercero, porque de esta manera se da un primer paso hacia la generación de políticas laborales efectivas, sin necesidad de estar conectadas con el fantasma latente de la hiperinflación.
En síntesis, la reforma constitucional de la desindexación del salario mínimo logra materializar un mejor rumbo para millones de trabajadores en busca de un progreso material. Por ello, nos alegra mucho que se esté dando este paso.
Toda política que tenga derroteros de progreso para los mexicanos siempre será prioridad para el Partido Verde Ecologista de México. Demos ahora los siguientes pasos para que el salario deje de ser mínimo y se vulva suficiente y cumpla su función, logremos un México más equitativo y más competitivo. Es cuánto. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Herrera. Tiene ahora la palabra la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.
La diputada Araceli Saucedo Reyes: Con su venia, señor presidente. Con la aprobación de la mayoría de los congresos estatales, el constituyente permanentemente han sancionado la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo.
Corresponde ahora al Ejecutivo la etapa final de promulgación y publicación para que éste pueda entrar en vigencia.
Esta reforma fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras y proviene de diversas iniciativas, incluida una suscrita por los diputados de nuestro grupo parlamentario de la pasada legislatura.
La importancia de esta reforma radica en desvincular el salario mínimo como unidad de medida de diversas multas, créditos, derechos, contribuciones u otros conceptos financieros y administrativos.
La desvinculación del salario mínimo como unidad de medida es un paso efectivo a una política de recuperación de los ingresos de los trabajadores.
Con la reforma se da paso certero en una estrategia para recuperar el poder de compra de los salarios que favorecen el bienestar y la dignidad de los trabajadores.
Una nueva política salarial es urgente y absolutamente necesaria para establecer nuevas estructuras de igualdad y de equidad en el país.
La reforma podrá generar condiciones para un gran acuerdo nacional, político, económico y social que conduzca a la recuperación de los salarios de los trabajadores menos favorecidos.
Ante esto, la Cámara de Diputados ha convocado a un debate nacional para escuchar todas las voces, convocar a los especialistas, producir estudios, aprender de la experiencia internacional y generar propuestas sólidas que permitan recuperar gradualmente el salario mínimo.
Con la reforma constitucional se abre una gran oportunidad para que los representantes de las organizaciones sindicales reivindiquen su papel, se manifiesten en el mismo sentido de lo aprobado en el Congreso de la Unión y se sumen a la exigencia a los esfuerzos por incrementar el salario mínimo.
El objetivo principal es construir el consenso necesario para hacer realidad un mandato constitucional que determine que los salarios mínimos generales en este país deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia.
En el orden material, social, cultural y para poder garantizar esa educación que es obligatoria para nuestros hijos. Es contradictorio ver el fuerte consenso que ha llevado a esta importante medida, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que mantenga una política de contención de los ingresos de los trabajadores, que ha sido inútil controlar las variables económicas para generar ese empleo y mejorar la productividad.
Demandamos desde esta máxima tribuna del país, que se reconsidere y se decrete un nuevo aumento al salario mínimo, que con ello garanticemos esa canasta alimentaria básica para las familias de los mexicanos de este país, pero que constantemente esté alcanzando un nivel de suficiencia constitucional para que esta remuneración pueda tener ese éxito y esa necesidad que hoy se ha planteado en todo el país.
Ante esto algunos sectores han argumentado que tener una política de recuperación de los salarios sería contraproducente y sería una intervención indebida del Estado ante las fuerzas libres del mercado, que debe esperarse a la recuperación económica y al aumento de la productividad en un aumento por decreto por la mayoría e inconformidad en el desempleo, que las empresas se verían impedidas en costear su fuerza laboral y cerrarían masivamente.
Finalmente, que un mayor aumento a los mínimos generaría inflación eliminando la estabilidad monetaria y desencadenando una carrera de precios salarios en que perderían los que menos tienen en este país.
La evidencia nacional, la política salarial de países latinoamericanos y las proyecciones técnicas sustentan la propuesta del gobierno del Distrito Federal, donde demuestra que el aumento a los salarios mínimos sí es gradual si es acompañado de acuerdos que den certeza a los patrones y den medidas de fomento a la producción que garanticen el abasto de productos básicos, permitirá sacar efectivamente de la pobreza a un amplio sector de trabajadores de bajos ingresos, lo que no se ha logrado con otros programas compensatorios y con programas clientelares.
La recuperación salarial es la base del bienestar social, de esta forma ninguna política social será suficiente para saldar los rezagos que hoy enfrenta nuestro país.
La posición de nuestro grupo parlamentario en este tema ha sido insistente.
Es por ello que hoy proponemos –ya que de manera obsoleta, como lo ha venido realizando Conasami–, y sin duda nuestra propuesta es que deba desaparecer, proponemos que sean las instituciones como el INEGI o el Coneval –estos organismos constitucionales autónomos– que puedan, de manera profesional, analizar los diversos factores que intervienen en la determinación del salario constitucional, pero además que sean ellos quienes tengan la facultad de poder así dictaminarlo.
Honorable asamblea, en su declaración de principios, el Partido de la Revolución Democrática finca su compromiso con las grandes mayorías con la justa distribución social de la riqueza en este país. De tal manera que paulatinamente se logren disminuir las grandes diferencias sociales y culturales y que se genere ese acceso a las mayorías con mejores condiciones de vida en el trabajo, en el empleo y en los salarios dignos de las familias. Generar condiciones materiales y culturales para que podamos vivir en un país con equidad y justicia social.
Seguiremos trabajando y acompañando con leyes que beneficien el derecho de los trabajadores para acceder, mediante este esfuerzo, a un salario digno en este país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Saucedo. Tiene ahora la palabra la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PAN hasta por cinco minutos.
La senadora Luisa María Calderón Hinojosa: Le agradezco. Para el Partido Acción Nacional el trabajo no es un elemento de la producción ni un insumo del capital. El trabajo lo concebimos como una actividad eminentemente humana que permite que cada persona que lo realice se sienta mejor y pueda ayudar en la transformación de su entorno.
De ahí que nos congratula –presidente, con su permiso; compañeras y compañeros diputados– en el PAN la culminación de este proceso legislativo de la reforma constitucional que establece la desindexación del salario mínimo como referencia para fines distintos al estricto cálculo de los trabajadores.
Reiteramos en esta ocasión que para el PAN el salario mínimo ha sido una de nuestras principales prioridades, como consta en nuestra plataforma política y las últimas agendas legislativas que hemos propuesto al Congreso de la Unión.
La reforma que culmina el día de hoy abre la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo del salario y hacer que se cumpla con lo estipulado en la Constitución de que sea suficiente para que los trabajadores puedan sostener de manera digna a sus familias, de establecer en el mercado laboral del país un esquema de ingresos mínimos más cercanos a la realidad de nuestros socios comerciales.
Ya en 1946 el PAN proponía una iniciativa para llamarle, salario familiar, precisamente pensando en que las trabajadoras y los trabajadores, se realizan en el trabajo, pero tienen también derecho a que su remuneración sea digna para sus familias.
Partimos de una realidad innegable, el salario mínimo en México es insuficiente y su objetivo original, que era evitar que las familias quedaran en situación de pobreza, ha quedado totalmente rebasado. Así lo constata el Coneval “la pobreza en México ha aumentado”, y no es un asunto de los programas de apoyo a los niños para que tengan menos carencias, sino de falta de ingresos de los adultos en las familias.
Es innegable que el aumento del salario y la elevación del nivel de ingreso de los mexicanos no puede hacerse por decreto. Tenemos que pensar en la competencia internacional, en las capacidades laborales diferentes y nuevas que necesitamos, en el paradigma de cooperación en las comunidades que producen ingresos que es un nuevo paradigma en el que tenemos que afianzarnos, pensando en que cada trabajador lo hace con su propia inteligencia y con su propia capacidad de transformar el entorno.
Y hay que conjugar las tareas que le corresponden al Estado y a los particulares, para incrementar las inversiones de los empresarios en maquinaria y equipo a disposición de los trabajadores, las cuales son la clave para la elevación tanto de la productividad como de la competitividad.
Pero es innegable también que para que haya inversión en México y para que podamos aumentar el número de células o de grupos que producen y que generan empleos, es necesario generar confianza. La confianza no es de gobiernos o gobernantes de foto, es de obligación de transparencia, de obligación de rendición de cuentas, de obligación de hablar con la verdad, de obligación de sancionar a quien abusa en su espacio laboral; tenga el cargo que tenga, hay que castigarlo.
Nosotros hemos estado muy ocupados en que esta política salarial mejore; en estas épocas recurrentes que lleva la pérdida de más del 70 por ciento del poder adquisitivo del salario mínimo en México, se precarizaron las condiciones de vida de la sociedad. Así es una deuda social que tenemos la responsabilidad y obligación de revertir.
El Partido Acción Nacional en el año 2014 inició una consulta y una campaña para hacer que el salario mínimo se convierta en digno. Nos felicitamos porque esta iniciativa se haya hecho compartida con los demás y que haya culminado por lo menos hoy, en esta desindexación del salario mínimo.
Pero esta reformar debe continua ahora con una política salarial enfocada a una segunda desindexación del salario mínimo, respecto al cálculo de las percepciones contractuales, profesionales, los aranceles y demás modalidades que fijan los salarios que se pagan en México.
La base de cálculo de los aumentos salariales debe ser índice de inflación que mide el banco, y el salario mínimo tiene que fijarse conforme a criterios establecidos en la Constitución General de la República.
En el pasado, muchos sindicatos negociaron contratos colectivos donde los aumentos salariales fueron superiores a los del salario mínimo. Muchas empresas han competido por hacerse de los servicios del personal más calificado, creando un mercado laboral que no tiene referencia al salario mínimo. En términos de mercado, los salarios se establecen conforme a la relación costo-beneficio que acuerdan mutuamente empleado y trabajador.
No obstante lo anterior, cada año vemos –como acabamos de constatar hace algunos días– que el incremento determinado por la Comisión Nacional de Salario Mínimos es casi el incremento salarial de aplicación general en el país, lo cual ya no corresponde a la realidad de un mercado laboral con una amplia competencia y movilidad.
Por todas estas razones, el PAN seguirá adelante y no descansará hasta lograr que el salario sea digno, tenga un monto que garantice un ingreso para los trabajadores y sus familias, que deje de ser la referencia para determinar anualmente los aumentos salariales y que sea útil como indicador sobre las percepciones que debe ofrecer el mercado laboral mexicano.
La promulgación de esta reforma es un paso en la dirección correcta y nos congratulamos de su aprobación, pero tenemos que seguir trabajando. Por ejemplo, tenemos que –como decía Morelos– “moderar la opulencia”, e ir trabajando para que se reduzcan las grandes brechas entre quienes más percibimos de salario y quienes menos lo perciben.
Hay aquí, en la Cámara de Diputados, una ley congelada de salarios máximos que esperamos que trabajen los diputados para que no haya tanta diferencia entre quien más gana y quien menos gana, y unos de ellos, somos nosotros.
También es importante aclarar, insistir, en que el campo es un espacio laboral por excelencia. Los trabajadores del campo también merecen ingresos dignos acordes con lo que producen para el país, el alimento para todos. Vamos, pues, avanzando en este sentido. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senadora Calderón. Tiene ahora la palabra el senador Enrique Burgos García, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
El senador Enrique Burgos García: Muchas gracias, señor presidente. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se congratula por la declaratoria de constitucionalidad que el día de hoy ha hecho esta Comisión Permanente.
Reconocemos el trabajo legislativo plural llevado a cabo por el constituyente permanente, para que la desindexación del salario mínimo sea hoy una realidad. La reforma a los artículos 26, 41, 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es sin duda de enorme trascendencia para nuestro país.
Es un gran paso para instrumentar una política real de recuperación del salario mínimo, prevé la creación de la unidad de medida y actualización que permitirá la desvinculación del salario mínimo como unidad de referencia de otros costos de trámites, multas, impuestos y prestaciones, entre otros conceptos administrativos y financieros, lo que contribuirá a establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos.
A lo largo de la historia de nuestro país el salario ha representado un elemento de primerísimo orden en el desarrollo económico y en el bienestar social, siendo el único medio con el que cuentan millones de familias para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar su calidad de vida.
En el ámbito nacional, el artículo 123 de nuestra ley fundamental plantea entre otras cuestiones medulares que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil y que los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos.
Para atender el principio constitucional desde el inicio de la administración, el presidente Enrique Peña Nieto estableció como uno de sus compromisos primordiales el mejoramiento del ingreso de los trabajadores.
En concordancia con ello, el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013 a 2018 señaló como una de las principales acciones avanzar en la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y establecer un salario mínimo único general en todo el país.
Por su puesto que no es un asunto menor, actualmente la población económicamente activa, es decir, la fuerza laboral del país, haciende a 52.6 millones de personas, de la cuales el 96 por ciento está ocupada, cifra que equivale a poco más de 50 millones de personas. Más aún, del total de la población ocupada, 6 de cada 10 personas ganan de 1 y hasta 3 salarios mínimos.
En este contexto, el Estado mexicano, el Estado mexicano como principal garante de los derechos fundamentales de los mexicanos, ha implementado diversas acciones tendientes a garantizar un sueldo justo en lo fundamental y fortalecer el poder adquisitivo de la mayoría de la población.
La reducción de la brecha de los salarios mínimos en las áreas geográficas A y B y su homologación a partir de pasado 1 de octubre representó un paso de mucha relevancia al hacer realidad un anhelo de muchas décadas, pues los trabajadores de México tendrán como referente, sin importar dónde residan o trabajen, un salario mínimo general en el país.
Reconocemos la voluntad de todos y la del gobierno de la república también, para promover la construcción de una política de recuperación de salarios mínimos en el país, así como los importantes esfuerzos y compromisos que el sector empresarial ha asumido con el mejoramiento de los ingresos de los trabajadores, pues son las empresas quienes generan empleos y pagan salarios.
Productividad, competitividad, innovación, son y serán temas de continuidad. No obstante debemos reconocer que si bien los avances son muy importantes, es necesario continuar y consolidar los esfuerzos con el propósito de aumentar la productividad laboral y otorgar mayor dignidad a los salarios que percibe la población.
Muy lejos de advertir resuelto el tema del poder adquisitivo de los salarios, es importante reconocer que la declaratoria de reforma constitucional de la que hoy damos testimonio es un paso fundamental de innegable contenido social, en favor de la clase trabajadora. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senador Burgos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pasamos ahora al capítulo de la presentación de iniciativas, y en consecuencia tiene la palabra por cinco minutos... Perdón, agradecemos la presencia y desde luego le damos un nuevo saludo al jefe de gobierno, al secretario, a la secretaria, amigas legisladoras y gente que vino a acompañarlo. Que tengan muy buen día. Muchas gracias.
Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Luis Toledo Medina, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 y adiciona un artículo 62 Bis, a la Ley General de Turismo, suscrita también por la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado José Luis Toledo Medina: Señor presidente de la Mesa Directiva; señor coordinador de la fracción parlamentaria en el Senado, don Emilio Gamboa Patrón; señor coordinador parlamentario de nuestro partido, doctor César Camacho Quiroz. Señoras y señores diputados y senadores.
Nuestro país motiva viajes, inspira historia y acuña sueños, somos afortunados de vivir en una tierra que podemos compartir con todos. Son muchos los destinos nacionales que atraen al mundo, desde la mística Riviera Maya, que corre majestuosa por el Caribe hasta la Ciudad de México, hogar de muchos y la capital de todos, o el Bajío colonia, que combina la modernidad de un país en movimiento con las tradiciones y las bellezas nacionales.
Bien se dice que como México no hay dos, hay mil por nuestra cultura diversa, amplia gastronomía y abundantes ecosistemas, pero todos se funden en un mismo crisol que le llamamos México.
El turismo, señoras y señores, representa la cuarta fuente de ingresos de la economía nacional, contribuye con el 8.7 por ciento del producto interno bruto y con más de 3.6 millones de empleos directos. Se trata de una herramienta para formar crecimiento económico y generación de empleos de calidad.
Por ello debemos llevar a México al máximo aprovechamiento de su capital turístico y hacer de esta una palanca de desarrollo y bienestar social que genere igualdad de las familias mexicanas.
Gracias al esfuerzo del gobierno de la República México se ha consolidado como el segundo destino en América que recibe más turistas y el único país latinoamericano dentro de las 25 naciones más visitadas del mundo. Asimismo nuestro país se integró a la lista de los 10 países más visitados de la Organización Mundial de Turismo.
Y 2016 es un año que pinta bien para el turismo en México. Creceremos 4.9 por ciento más que el 2015, lo que significa una derrama de poco más de 18 mil millones de dólares. Habrá alrededor de 32 millones de viajeros que llegarán a nuestro país, y el gobierno de la República destinará más de 867 millones de pesos en la promoción turística. Dato para dejar aquí es que es el monto más grande que ha asignado el gobierno de la República en los últimos 10 años. Como lo dijo el Presidente de todos los mexicanos, Enrique Peña Nieto.
El turismo es una importante inversión a favor de México, porque no solo consiste en apreciar y disfrutar de la riqueza de nuestro país o que nuestro país ofrece a nacionales, extranjeros, sino que los mexicanos podamos también apreciar donde hay espacios de oportunidad y de realización personal para nuestras familias.
México tiene una gran vocación turística gracias a su riqueza natural y cultural, tiene el potencial para consolidarse como el coloso internacional del sector turístico. Nuestra nación cuenta con una vasta oferta turística que necesita cada día ser mejor, con vigilancia profunda de atención de los servicios que proveemos a nuestros visitantes.
Y los diputados del PRI lo sabemos, nos comprometemos, además, a actualizar el marco legal para proveer al turismo mexicano de los más altos estándares de calidad. Queremos posicionar a nuestra nación como una potencia a nivel mundial, con calidad de servicios y destinos competitivos para lograr un México más próspero. Nos corresponde, señoras y señores, cultivar la cultura del buen servicio y el cumplimiento de la calidad en que desconfían, en México, como un destino placentero, atractivo y seguro.
Y para coadyuvar al esfuerzo del gobierno de la República, proponemos la creación de un ombudsperson turístico para tener una figura cercana y eficiente al cual los turistas puedan acudir con facilidad. Velar por la calidad de vida de los servicios turísticos de los turistas que nos visitan, y concientizar al sector turístico sobre la importancia de conocer y hacer respetar los derechos de los turistas.
De esta manera los diputados priistas contribuimos a seguir trabajando por un turismo eficiente, respetable y competitivo. Se trata de un sector muy noble que contribuye de manera integral al crecimiento, al tiempo que genera derrama económica, contribuye al gasto social y genera empleos. Invierte para mejorar la infraestructura urbana. Nos permite no solo salvaguardar, sino exportar nuestras tradiciones y culturas. Nos permite aumentar directamente el bienestar de las familias. En pocas palabras, es motor de crecimiento para alcanzar prosperidad para todos.
Señoras y señores legisladores, soy originario de un estado prospero, de un estado que a sus 41 años, pocos cronológicamente pero vastos para la historia que hemos construido, hoy se edifica como un estado de prosperidad para las familias mexicanas, un estado con 900 kilómetros de litoral, con poco más de 90 mil cuartos de hotel generamos un empleo directo y cuatro indirectos por cada cuarto de hotel. Hoy Quintana Roo es, sin lugar a dudas un destino de clase mundial.
México es un destino de clase mundial, somos los quintanarroenses y los mexicanos el punto más cercano entre Asia, África y Europa. La apertura de Cuba, señoras y señores será una gran oportunidad para consolidar al turismo en México y no solo que nos baste ser prestadores de servicios sino excelentes anfitriones. Que nuestros invitados se sientan en casa. Muchas gracias.
La Presidenta senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados para el dictamen.
La Presidenta senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Tiene la palabra, dígame, ¿continúa usted, diputado? Muy bien. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante.
El diputado Federico Döring Casar: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa que quiero presentar ante ustedes, podría pensarse a simple vista que es una iniciativa de forma y que lo único que busca es la armonización entre el texto del 69 y el 93 constitucional, ése es un error de apreciación, es una iniciativa de fondo.
Hace muchos años, el 1 de septiembre se conocía como el día del presidente. Producto de la transición política de este país pasó de ser el día del presidente al día en el que había que insultar al titular del Ejecutivo y eso originó una reforma en el Senado de la República donde ya no es necesaria la presencia del titular del Ejecutivo federal para rendir cuentas ni para decir cuál es el estado que guarda la administración.
Se sustituyó ese ejercicio político de fiscalización parlamentaria por uno que ha llevado a cabo el Congreso ya en un par de legislaturas, la pregunta parlamentaria, la cual está establecida en la Constitución, en el 69, y que tiene la obligatoriedad de responder bajo protesta de decir verdad el Ejecutivo federal, pero es un mecanismo imperfecto.
El artículo 93 también señala la facultad para el Congreso que iniciada la glosa pueda posteriormente mandar llamar o requerir información en un plazo de hasta por 15 días a los titulares de despacho o a cualquier otro titular de un área de gobierno donde requiera ampliación de información.
Ese es espíritu del 93 constitucional, el que recoge el artículo 131 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y para efectos de la Cámara de Diputados es clara la disposición que dice que el presidente de la República tiene solo 15 días para responder las preguntas parlamentarias.
Desafortunadamente el texto constitucional es omiso, y para efectos del Senado de la República no se contempla ninguna disposición de un plazo fatal en términos del Reglamento que aplica al Senado de la República y por eso ha sido costumbre que los presidentes de la República responden –valga la redundancia– la respuesta parlamentaria, concluido el periodo ordinario de sesiones, el 15 de diciembre, y eso no tiene sentido.
El espíritu del 93 es: hacemos la pregunta parlamentaria basada en el 69 que va concatenada históricamente al primero de septiembre y si no nos satisface la respuesta o si queremos ampliar la información recurrimos al texto del 93 para en 15 días tener la ampliación de la información, hay un truco y ahí hay un vacío legal.
Lo que propone la iniciativa de referencia, y aprovecho que está con nosotros el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, el senador Enrique Burgos, es armonizarlos y establecer en el 69 constitucional que el Ejecutivo federal tiene los mismos 15 días que tiene señalados en el 93 constitucional para responder un requerimiento derivado de ampliación de información de la glosa a cualquiera de las dos Cámaras, para responder la pregunta parlamentaria a ambas Cámaras, en el espíritu de que las preguntas parlamentarias que se pudieran formular al Ejecutivo se respondan en 15 días y todavía tengan las Cámaras la posibilidad de requerir información adicional en el ejercicio de la glosa durante el primer periodo de sesiones de cada año de una Legislatura, si es que no le satisfizo la información o la respuesta referida por el Ejecutivo. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para su dictamen.
La Presidenta senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Tiene la palabra, por cinco minutos, el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 85 y 86 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Adelante, señor senador.
El senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, senadora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, como todos sabemos una de las mayores responsabilidades que tenemos como legisladores es el seguimiento a la aplicación total de los recursos públicos, a efecto –como también todos sabemos– de observar su debido cumplimiento en los ejercicios fiscales. La vigilancia entonces al gasto público es por ende un imperativo, un imperativo categórico de cualquier legislador.
En ese sentido, compañeras y compañeros, advertimos que uno de los focos rojos en la oportuna aplicación del gasto es la existencia de opacidad en el manejo de los recursos públicos, condición que debe ser analizada exhaustivamente con la finalidad de generar medidas destinadas a minimizar que esto siga ocurriendo. Es decir que haya subejercicios.
De esta manera la presente propuesta, legisladoras, legisladores, tiene como finalidad crear mecanismos legales que enfrenten esta grave problemática que afecta negativamente la aplicación del gasto público.
En tal sentido sabemos que la opacidad es generada en gran medida por los altos índices de corrupción que a su vez inhibe el efecto social de la inversión pública en áreas estratégicas, fomentando así la agudización de la pobreza y de la propia marginación.
De tal suerte, senadora presidenta, compañeras y compañeros, que la existencia –desde el punto de vista de un servidor– de la opacidad en el manejo de los recursos afecta el cumplimiento oportuno de los objetivos y metas de los fondos y programas.
En virtud de lo anterior, me parece que es imprescindible procurar medidas que limiten las causas de este mal manejo del gasto público que, por el contrario, debiese ser impecable.
Es en este contexto, compañeras y compañeros, que planteo que la existencia de corrupción entonces se vuelve una verdadera problemática para las finanzas públicas en los tres niveles de gobierno. De ahí precisamente la imperiosa necesidad de establecer acciones que impidan la recurrencia de esta situación que está dañando –obvio– significativamente a la sociedad mexicana.
Es así que el impacto de la opacidad en la gestión del gasto federalizado se manifiesta principalmente por las dificultades para la fiscalización de los recursos no ejercidos oportunamente, así como por la falta de certeza que serán efectivamente ejercidos para los fines previstos y con observancia de la normatividad aplicable, cosa que no sucede siempre, como todos sabemos.
Por lo tanto, como podrán notar, estamos ante una situación que lacera a nuestro país ya que la opacidad en la gestión de los recursos públicos abre una gama muy amplia de posibilidades para que los servidores públicos cometan impunemente actos de corrupción; actos de corrupción que hoy en día tienen a nuestro país sumido en el ostracismo internacional; corrupción que ha mermado profundamente la confianza de las y de los mexicanos por sus instituciones, provocando también una incertidumbre ciudadana que lastima gravemente a la nación.
Y es por todo lo anterior que planteamos una reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el objetivo de establecer sanciones penales severas, severas a los servidores públicos que realicen transferencias de recursos a cuentas bancarias no autorizadas por la autoridad.
Necesitamos, compañeras y compañeros, establecer medidas eficaces, pero también severas, en lo que hace al manejo de los recursos públicos, para que los funcionarios encargados de ejercer dicho dinero, sepan claramente las consecuencias de hacer uso indebido de los recursos.
Y es por tales motivos, senadora presidenta, que presento esta iniciativa, confiando, por supuesto, que en un primer principio mis compañeras y compañeros senadores respalden mi propuesta, y después también en esta Cámara de Diputados. Es cuanto.
La Presidenta senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Muy bien. Gracias, señor senador. Túrnese la presente iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
La Presidenta senadora Ivonne Liliana Álvarez García: Tiene la palabra por cinco minutos el senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. Adelante, senador.
El senador Jorge Aréchiga Ávila: Con su permiso, senadora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, buenas tardes. México es reconocido a nivel internacional por su cultura, gastronomía, folclor, usos y costumbres, así como por sus riquezas arqueológicas, históricas y artísticas.
Sin duda alguna el patrimonio cultural de la República Mexicana integrado por vestigios arqueológicos, es motivo de orgullo y vanagloria por ser prueba palpable de la grandeza de nuestros pueblos originarios y base de nuestra identidad.
Es de todos asumir la responsabilidad de conservar este patrimonio en beneficio de la historia de la humanidad, y preservarlo en las mejores condiciones para que podamos seguir disfrutando de los bienes culturales y poder legarlo en condiciones más óptimas a las futuras generaciones.
En ese sentir es el objetivo de la presente iniciativa que hoy presento ante esta soberanía, es dotar a las zonas arqueológicas de México de un instrumento técnico que integre los elementos básicos para garantizar su conservación, así como las acciones de efectuar para lograr su protección y mantenimiento integral; las medidas para lograr su uso y aprovechamiento responsable y racional, el trabajo de fomento y ejecución respecto a investigación, difusión y valoración, al igual que las gestiones para contribuir con el desarrollo sustentable regional y nacional.
Se pretende robustecer la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos al establecer como imperativo que todas las zonas arqueológicas del país tengan un plan de manejo, ya sea a través de esta herramienta que se abone a la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de las zonas y monumentos arqueológicos.
Un plan de manejo es el documento resultado de un proceso de planeación que dirige, organiza y regula la ejecución de estrategias, proyectos y actividades encaminadas a la conservación integral, uso responsable y manejo racional de los monumentos y zonas arqueológicas a un largo plazo.
Actualmente se calcula que en nuestro país existen doscientos mil sitios de vestigios arqueológicos, de los cuales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene bajo su resguardo 187 zonas arqueológicas abiertas al público, y de éstas, sólo 22 tienen un plan de manejo, situación que es preocupante respecto a la conservación y salvaguarda de dichos sitios arqueológicos.
Por ello, es prioritario adicionar la obligación en la ley de la materia, y considerar esta regla legal para regular el manejo integral, conservación, investigación, recuperación de las zonas y monumentos arqueológicos.
México no puede perder su liderazgo en materia cultural, ni tampoco poner en riesgo los vestigios de su historia originaria. A nosotros como legisladores, nos corresponde sumar la bases legislativas para lograr el manejo integral y sustentable de los monumentos y zonas arqueológicas, como también se realiza la adecuada conservación de los bienes culturales, aunado a denotar una oportunidad real para contribuir en el crecimiento económico de las comunidades aledañas, de los sitios arqueológicos, así como preponderar la preservación del patrimonio cultural como un bagaje de oportunidades para obtener un beneficio educativo, cultural, histórico, cívico, social y económico para nuestro país y la humanidad. Es cuanto, senadora presidenta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senador Aréchiga. Ya llegué, ya regresé. Túrnese a la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, suscrita también por las diputadas Norma Rocío Nahle García y Laura Beatriz Esquivel Valdés, todas ellas del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada.
La diputada Norma Xóchitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente. Presento esta iniciativa a nombre de la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés y a nombre de la diputada Norma Rocío Nahle García.
Diputadas y diputados, el tema de la legalización, liberación o despenalización de la marihuana es un tema profundo, complejo e importante, cuyo debate mundial y nacional está dividiendo las opiniones entre la sociedad, los gobiernos, las autoridades de salud y las fuerzas de seguridad de los países.
Por esta razón es el momento de abordarlo con una visión de Estado, que regule esta planta ancestral y proteja a las personas de sus efectos y los riesgos que esto implica. La regulación de la marihuana requiere precisar en la ley conceptos, fines y objetivos sobre su uso médico, lúdico o industrial, para determinar cómo accederán a esta y en los casos de su uso médico terapéutico provocar con evidencias científicas la concentración necesaria, su eficiencia y eficacia, así como la reducción de los efectos secundarios a quienes le sean suministrados.
Su uso con fines lúdicos, medicinal o industrial, para la industria textil o de papel, requiere desarrollar políticas públicas capaces de distinguir claramente entre permitir el consumo de quienes ya las usan y acotar la accesibilidad para quienes aún no la consumen y al mismo tiempo realizar campañas para prevenir su consumo y con ello también la descomposición del tejido social.
En este sentido, existen países con experiencia en el manejo de la marihuana en diversas presentaciones y usos, como son: Estados Unidos, Canadá, Holanda. Sin embargo, estos países al menos tienen cinco características:
1. Cobran altos impuestos por su uso, producción, siembra o venta.
2. Tienen un registro claro de consumidores y productores independientemente si es uso lúdico, industrial o médico, y si se siembra en casas, laboratorios o parcelas.
3. El uso público está prohibido. Se ha restringido su uso y se han puesto límites a las concentraciones de no más del 11 por ciento. Más allá se considera una droga dura. Para uso lúdico y el uso médico está plenamente controlado.
4. El turismo de consumo está restringido y en algunos casos prohibido, y
5. No se permite el consumo a menores de edad.
Pese a estas medidas en estos países les conflictos, así como la violencia, no se han reducido y su principal problema en común sigue siendo el tráfico ilícito de la marihuana, el cual ha generado un mercado negro controlado por grupos.
En el caso de Uruguay, en 2014 hicieron una ley que regula toda cadena de valor y el Estado asume control pleno. Aún es pronto para conocer sus resultados, pero la iniciativa que hoy se presenta puede confundirse fácilmente con un tema polémico que se discute actualmente en México y en el resto del mundo; la despenalización de la marihuana.
Sin embargo, en este caso no nos referiremos a esa variedad que se usa para uso médico o recreativo, sino a la variedad que se usa industrialmente y es más conocida como cáñamo. En este sentido proponemos las siguientes reformas.
Artículo 234 de la Ley General de Salud. Se consideran estupefacientes Cannabis sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas con concentraciones de tetrahidrocannabinol superior al 0.5 por ciento.
Artículo 235, párrafo séptimo. Los actos a que se refiere el artículo sólo podrán realizarse con fines médicos, científicos e industriales y requerirán autorización de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Artículo 237. Se genera el cambio de concentraciones de tetrahidrocannabinol superiores a 0.5 por ciento, y en general las particularidades, se realicen actividades señaladas en el artículo 235 de la Cannabis sativa, índica, marihuana, requiere autorización para la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios donde acredite que los procesos de siembra, cultivo, cosecha y elaboración de productos contienen una concentración tetrahidrocannabinol igual o menor a 0.5 por ciento.
Se adiciona un segundo párrafo, en donde se indican: Las disposiciones señaladas en el artículo no son aplicables a la siembra, cultivo, cosecha e industrialización de productos a partir de la semilla de cáñamo con una concentración de tetrahidrocannabinol igual o menor al 0.5 por ciento, con autorización de la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia de la Cámara de Diputados, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la propuesta de acuerdo de la Comisión Permanente, por el que se condena el asesinato de Gisela Raquel Mota Ocampo, presidenta municipal de Temixco, Morelos.
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena el asesinato de Gisela Raquel Mota Ocampo, presidenta municipal de Temixco, Morelos.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Morelos, a reforzar y mantener la coadyuvancia y coordinación con las autoridades federales, en la investigación y esclarecimiento de este crimen, para que en el ámbito de las facultades de los órganos de procuración de justicia, entre ellos la Procuraduría General de la República, se castigue con todo el rigor de la ley a los responsables de este artero crimen y así evitar que quede en la impunidad.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los siete días del mes de enero de 2016. Firmamos los integrantes de la Mesa Directiva.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el acuerdo.
La Secretaria diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, comuníquese. Pido a las presentes y a los presentes nos pongamos de pie para brindar un minuto de silencio por el asesinato y la muerte desde luego de Gisela Raquel Mota Ocampo.
(Minuto de silencio)
Gracias. Y para referirse al tema y al acuerdo recién aprobado por esta soberanía, se han inscrito compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión Permanente, y en consecuencia tiene la palabra el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT por cinco minutos.
El senador David Monreal Ávila: Con el permiso, presidente. El asesinato de la presidenta municipal de Temixco, Morelos, Gisela Raquel Mota, representa para el Estado mexicano una provocación para las fuerzas de seguridad pública del municipio y no solamente del municipio sino de todo el país, para la impartición de justicia, pero, sobre todo, es un ataque a la democracia ya que contrario a la voluntad popular, las organizaciones criminales a punta de pistola buscan imponer su ley y sus condiciones para gobernar.
La acción de gobernar en los últimos años se ha convertido en una labor peligrosa, ya que lamentablemente, desde presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados locales, federales, funcionarios estatales, funcionarios federales y hasta ex gobernadores han sido víctimas de ataques por parte del crimen organizado.
Además de ser lamentable, es preocupante que en los tres órdenes de gobiernos y funcionarios de todos los niveles se encuentren entre las víctimas, ya que es una muestra de la debilidad y la vulnerabilidad del Estado. Asimismo, son muestras de cómo el crimen organizado se ha infiltrado en todos los espacios del ámbito público y no conformes con eso buscan tomar un control más directo.
Por todo esto, el asesinato de la presidenta municipal de Temixco, Morelos, Gisela Raquel, es condenable, en sí mismo el asesinato es indignante y sobremanera por la función pública que desempeñaba. Porque entonces significa que los grupos criminales quieren hacer valer su propia ley e imponer en las presidencias municipales a quien mejor les parezca y esto no se puede permitir.
Por otro lado, estos hechos revelan una vez más, en la fallida estrategia de seguridad del gobierno federal, lo más afectado son los municipios, porque mientras las fuerzas federales combaten a sangre y fuego el crimen organizado, los municipios son víctimas de la extorsión y del narcotráfico, al ser el eslabón más endeble de los tres niveles de gobierno.
Es decir, el hecho de que la estrategia de seguridad priorice más acciones armadas y menos acciones de inteligencia y de integración social generan que el crimen organizado busque protegerse en los municipios y por ello lo somete a sus intereses y de manera indirecta secuestra a toda una sociedad.
Cuando esto sucede, hablar de democracia pierde todo sentido, ya que de nada sirve que el Congreso de la Unión desate extensos debates para construir instituciones electorales, instituciones de impartición de justicia, instituciones de derechos humanos que llegan a considerarse de clase mundial, si de los hechos la voluntad popular es segregada a un segundo punto y lo único que se respeta es la voluntad del crimen organizado.
En ese sentido, además de condenar la muerte de Gisela Raquel, es necesario hacer un serio análisis introspectivo tanto desde este Congreso de la Unión, pero también desde el gobierno federal, ya que en la última década han sido asesinados casi 100 alcaldes, más de mil funcionarios municipales, lo que sustenta la idea de que la estrategia de seguridad no ha funcionado y sería mejor replantearla en nuevos términos y con menores daños colaterales para la ciudadanía.
Como una medida a los hechos ocurridos en Temixco, el gobernador de Morelos decretó la implantación del mando único policiaco en 15 municipios de este estado. Independientemente del debate que esto ha generado entre la población morelense, es necesario garantizar que los mandos únicos no sean infiltrados por el crimen organizado, ya que hay muestra de sobra del poder que tienen para penetrar en la estructura del Estado mexicano.
En el caso de Morelos, es urgente dar salida al problema de inseguridad, porque de acuerdo con el Índice de Paz en México de 2015, esta entidad federativa es la segunda menos pacífica de México, ya que entre los años 2007 y 2009 experimentó un gran aumento de violencia y desde entonces cuenta con la peor tasa de delitos con violencia en México.
En este sentido, me uno a la condena del ataque contra la presidenta municipal de Temixco, todo acto de violencia debe ser rechazado y condenado, pero cuando se comete en contra de funcionario público para tratar de impedir su labor debe ser doble la condena, porque es una forma de atentar en contra de toda la ciudadanía y en este caso el de Gisela Raquel, representaba al pueblo de Temixco y por lo tanto es atentar en contra de un pueblo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senador Monreal. Tiene ahora la palabra el diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social hasta por cinco minutos.
El diputado Alejandro González Murillo: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El 2016 es un año atípico marcado transversalmente por un calendario electoral en estados y municipios que pondrá a prueba extraordinariamente la capacidad de las instituciones del Estado mexicano para promover y garantizar la vivencia de la gobernabilidad democrática y el estado de derecho aun en tiempos de anormalidad.
La penosa y excesiva experiencia de un crimen político y los excesos criminógenos de la penosa inexperiencia política en los municipios del estado de Morelos, fueron epicentro de la noticia y sobrecogieron a la sociedad mexicana en tan solo una semana.
Paralelamente las fuerzas políticas nacionales y en alguna medida las locales, se encuentran desde las postrimerías del año que recién concluyó estableciendo acuerdos y tejiendo alianzas de todo tipo, desde las naturales y esperables hasta las más amorfas e impensables.
Los Congresos locales y éste, nuestro honorable Congreso de la Unión, serán cajas de resonancia y disonancia de las posturas políticas mediatizadas por la coyuntura política y social, así como por las conveniencias del momento. Por lo anterior, los tiempos que vivimos de turbulencia y agitación político social deben ser tiempos de clara e indubitable definición.
En Encuentro Social si bien no incurrimos en el exceso de desconfianza que pudiese ser confundible con ingenuidad respecto a lo que se puede y debe o no esperar del comportamiento y tendencias de opinión de los distintos actores corrientes, facciones y partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, queremos sin duda fijar claramente en esta oportunidad la perspectiva de nuestro grupo parlamentario, tan joven como sólido y plural, que no se olvida ni pretende olvidarse de sus principios y dinamismo que le dan forma y lo distinguen por su apertura y honestidad.
Para Encuentro Social con, sin o a pesar de la inminencia de lo electoral, no dudamos nunca en llevar a cabo todas las acciones que permitan fortalecer al Estado, pues ello representa fortalecer y multiplicar las oportunidades para las personas. Ningún cálculo político determina o deforma esta visión.
En consecuencia la lid contra la delincuencia organizada nos merece todo nuestro respaldo con la distancia crítica pero edificante que cada lista nos demanda.
Lo que ocurre en Morelos nos interpreta y nos invita a cerrar filas con las instituciones y contra la lacra del crimen organizado que cada vez más busca cómo lesionar al estado y comprar votos, voluntades y conciencias para fortalecer su influencia destructiva.
El Ejecutivo de la unión en el último lustro, con la comisión de los peligros que para México se ciernen, no únicamente en lo político, sino en lo social, presentó en dos momentos distintos sendas propuestas constitucionales y legislativas para dar una respuesta extraordinaria a una situación muy extraordinaria: el escalamiento de la violencia y la desintegración social provocada por el crimen organizado.
La noción del mando único policial en ambos casos, salvadas las diferencias de estilo y profundidad jurídica, representa una solución de emergencia ante la cada vez mayor y más violenta infiltración de carteles y grupos delincuenciales en los gobiernos municipales.
El cobro del derecho de piso a la protección de fuertes sectores de la administración pública municipal, pasando, incluso, por el aprovechamiento indebido de nuestras industrias extractivas, sin olvidar, por supuesto, el acceso electoral a las presidencias municipales.
La obra del crimen organizado se hace presente extorsionando, usurpando, secuestrando, mutilando, matándose adversarios y a la población civil, la que muchas veces se topa con corporaciones policiacas municipales absolutamente cooptadas, las que lejos de vigilar y perseguir los ilícitos, los prohíjan o ejecutan, respetando únicamente las fronteras geográficas de los municipios de distinto color, pero con iguales dinámicas.
En tales circunstancias el mando único constituye una respuesta enérgica que rescata el imperio del Estado; para proteger la función de seguridad pública municipal y restañar el tejido social.
La coordinación del Ejecutivo de la unión con los estatales, amén de los mejores recursos financieros materiales y humanos que al efecto cuentan, no es un asunto de colores o de facciones.
Hoy día que tenemos gobiernos en los estados de diferente partido, color, y coalición originaria e incluso un gobernador independiente, las posibilidades de coordinación con el gobierno de la República se multiplican y ello redunda, sin duda, en beneficio de la sociedad. Volvemos aquí a insistir, tratándose del bien de México y sus habitantes, los colores no deben importar.
Para Encuentro Social municipio libre no significa feudalismo o inexperiencia política; no exime torpeza ni falta de tacto que deriven en protagonismos y confrontaciones estériles e impresentables.
Bien vemos las muestras de cordura y serenidad que parecen estar asomando en la administración de la capital de Morelos. En Encuentro Social sabemos que saber mandar es saber escuchar, y saber rectificar, esto es, mandar obedeciendo. Esta ocasión, desde la tribuna más alta de la nación, y sin una mezquindad político-electoral lo venimos a dejar claro, respaldamos en estos momentos especialmente difíciles al gobernador de Morelos y al presidente de la República, así como a sus respetivos gobiernos.
Y si con la permanente vigilancia y revisión de la LXIII Legislatura al Congreso de la Unión y la décima época del Poder Judicial Federal, apoyamos la aplicación del mando único para combatir –reiteramos– la lacra, el crimen organizado y restaurar el tejido social. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado González. Tiene ahora loa palabra el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza condenamos el artero asesinato de Gisela Raquel Mota Ocampo, presidenta municipal de Temixco.
Con profunda indignación manifestamos nuestra preocupación por este acto, que no sólo es un hecho de violencia e inseguridad, sino un hecho lamentable que atenta contra la gobernabilidad en México.
El asesinato de Gisela Mota, no sólo es un hecho de violencia e inseguridad, es un acto que atenta contra la estabilidad social y la vida democrática de nuestro país. Para nadie es desconocido que en los últimos años se ha incrementado la violencia causada por organizaciones criminales, lo que ha puesto a México en una de las mayores crisis de seguridad pública.
El aumento de la violencia en contra de los servidores públicos representa un grave peligro para el correcto desarrollo de las funciones constitucionales a cargo del Estado. Actualmente ser presidente municipal es un trabajo de alto riesgo, ya que como lo han indicado las autoridades competentes, se han convertido en objetivos de la delincuencia organizada.
Por ello, exigimos que se continúe la investigación para deslindar las responsabilidades de los autores materiales e intelectuales, y en su momento sean castigados con todo el rigor de la ley.
Compañeras y compañeros, la seguridad es un derecho humano que nuestro país está en grave peligro. Este cobarde asesinato, así como la violencia que se vive a diario en nuestro país, es un desafío al Estado mexicano. Es un reto que solo podemos enfrentar en la unidad de estrategia y operación, dejando de lado ideologías y posturas mediáticas. Lo único que debe ocuparnos es el desarrollo y la seguridad de las y los millones de mexicanos que enfrentan a diario el rostro de la violencia y la inseguridad de nuestro país.
Por ello, en Nueva Alianza continuaremos apoyando y buscando nuevas formas de coordinación institucional para combatir este problema que tanto daña el tejido social y la estabilidad de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valles. Tiene ahora la palabra la senadora Martha Angélica Tagle Martínez, hasta por cinco minutos.
La senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, este 2016 lo iniciamos con muy malas noticias. El asesinato de Gisela Mota es algo que nos debe poner sin duda a reflexionar. A Gisela Mota no la mataron en una plaza pública, tampoco en la calle, entraron a su casa, la mataron frente a sus familiares y amigos. Cuando la inseguridad llega hasta las puertas de tu casa algo estamos haciendo mal.
La principal razón de ser del Estado es garantizar la seguridad de sus habitantes y en eso, como Estado, como Poder Legislativo, estanos fallando. Miles de asesinatos, desde que inicio la guerra contra el narcotráfico y que aunque ahora no sean parte de la noticia cotidiana, se siguen dando dado a que la errática política en materia de seguridad continúa, son muestra de que hay un Estado fallido en materia de seguridad.
Al menos 100 ediles muertos, varios funcionarios públicos y también candidatos han sido asesinados durante los últimos años. Y, bueno, la respuesta generalmente de la clase política es pedir seguridad para los políticos y se generan medidas cautelares para protegerlos, ¿pero qué estamos haciendo para garantizar la seguridad de la ciudadanía? Me temo que muy poco.
Al paso de los días después del cobarde asesinato de Gisela hemos estado presenciando lamentables dimes y diretes en el estado por un tema, que es el mando único y que quizás vale la pena recordar aquí que el mando único también surgió como respuesta a una de las peores crisis que estamos viviendo.
Si ustedes no recuerdan, fue uno de los temas fundamentales del Decálogo del presidente de la República cuando se presentó el tema de los 43 de Ayotzinapa. El mando único como instrumento de seguridad no puede ser impuesto por una sola persona, cualquiera que sea su cargo; ni el presidente de la República ni los gobernadores, porque viola la Constitución.
Debe de quedarnos claro que el artículo 115 constitucional le da a los municipios la facultad de velar por su seguridad pública, y si lo relacionamos con el artículo 21 constitucional en materia de Ley de Seguridad Pública, tiene que haber necesariamente un acuerdo que sea ratificado por los presidentes municipales. Pero además es importante considerar que en el tema del mando único las realidades de las policías en el país no son las mismas en todos los estados y municipios.
Hay municipios que cuentan con policías fuertes, estructuradas y funcionales, pero hay estados, policías estatales donde es conocido de sobra la corrupción que existe en esos cuerpos policiacos.
Establecer un mando único homologado no es la solución. Lo que es cierto es que no podemos seguir igual. Hoy en día la suplente de Gisela duda en tomar protesta y con toda razón, la inseguridad sigue presente. Y ahí quiero retomar otro tema que es fundamental, que tiene que ver con la violencia política hacia las mujeres, del cual también los legisladores tenemos un pendiente, porque a varios años de que la senadora Lucero Saldaña presentó una iniciativa, seguimos sin avanzar en la dictaminación de la ley que tipifique finalmente la Ley de Violencia Política por Razones de Género.
Condenar el asesinato de Gisela no es suficiente, compañeros; exhortar a que las autoridades hagan lo que tienen que hacer tampoco es suficiente. Sin embargo, ese es el acuerdo político al que se ha llegado hoy y eso es lo que estamos emitiendo en esta Comisión Permanente.
Les hago un llamado a que ese otro tercer punto que venía en la propuesta original de darnos el tiempo de debatir y analizar sobre la política en materia de seguridad, no sea eliminado. Requerimos los legisladores también hacernos cargo de la parte que nos toca en materia de seguridad, por ser parte del Estado mexicano. Es cuanto, compañeros legisladores.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senadora Tagle. Tiene ahora la palabra la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, por cinco minutos.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente. El Grupo Parlamentario de Morena condena enérgicamente el asesinato de Gisela Mota Ocampo, ex diputada federal y alcaldesa en funciones de Temixco, Morelos, hecho terrible que nos llena de indignación y profundo pesar. Para nosotros sí se trata de un feminicidio.
México vive la crisis de inseguridad y derechos humanos más grande de su historia, lo que ha incrementado dramáticamente los índices delictivos y las tasas de homicidios. La ausencia de una estrategia pública integral del combate al narcotráfico y el crimen organizado en la administración actual ha provocado un incremento de asesinatos, producto de la violencia y la inseguridad en el país. Solo en lo que va de este sexenio la cifra ronda los 57 mil 410 homicidios dolosos, mientras en el sexenio anterior el Semanario Zeta documentó 83 mil 191 ejecuciones.
En los números se refleja que la estrategia de la aprehensión de las cabezas criminales no disminuye la inseguridad y la violencia en el país. Lo que ha variado en este sexenio es la movilidad de la violencia. Si en la pasada administración la sangrienta guerra de carteles y delincuencia organizada estaba en el norte del país, actualmente la inseguridad se mudó al centro y al sureste. Salieron de los primeros cincos sitios del estado con mayor violencia, Sinaloa, Baja California, pero entro Jalisco y Michoacán.
La impunidad en México es el primer factor que permite a los sicarios de los carteles de la droga y de las organizaciones criminales continuar su estrategia. El gobierno no ha logrado disminuir la incidencia delictiva relacionada con los homicidios dolosos, tal como se prometió en la campaña y en los primeros meses de la administración.
Lamentablemente la estrategia durante estos 36 meses ha sido decretar a través de discursos repetidos en 2013, 14 y 15, una incidencia delictiva a la baja que se ha reducido en sus máxima expresión. En el foro de Davos, el Ejecutivo expreso: Ha habido una disminución real en el número de homicidios que se cometen en nuestro país, una disminución de prácticamente el 30 por ciento de homicidios vinculados al crimen organizado, lo cual nos resulta alentador.
Luego en el 2014, el secretario de gobernación declaro el 29 de julio: La violencia se ha reducido a su mínima expresión. Y en el 2015 continuamos con la misma perorata: Sin duda, los niveles de violencia que se están registrando están disminuyendo, sobre todo, los homicidios y secuestros.
La administración llegó a su tercer informe ignorando el verdadero problema de la violencia que se evidencia todos los días en el país con homicidios dolosos. En el gobierno se continúa en su afán de ocultar la cantidad real de asesinatos.
Por su lado, los gobiernos estatales hacen lo mismo, todos insisten en dejar de lado al único dato que es consiente y consistente, la falta de denuncias por parte de la ciudadanía en un 90 por ciento de los delitos. El resultado es la inseguridad, porque la seguridad nunca llega a los ciudadanos.
Lo que tenemos no es seguridad coproducida entre gobierno y gobernados, como orienta el paradigma democrático, es la seguridad impuesta mediante un formato que hace del abuso una rutina.
En 2016 comenzó de manera trágica para la vida política de México la violencia sistemática que ha sufrido nuestro país en las últimas décadas, ha dejado decenas de miles de muertos, desaparecidos y desplazados.
En la actualidad resulta evidente que en Morelos y otros estados del país existe un mando único. El crimen organizado ha conquistado espacios de poder y la toma de decisiones. Se puede decir que el narco poder, donde se ha implantado, cumple las funciones del Estado, legisla, gobierna y ejecuta.
Gisela Mota ganó la presidencia municipal de Temixco, Morelos en las elecciones del 2015 y asumió el puesto el 1 de enero de este año. Duró apenas un día, pues a la mañana siguiente fue asesinada a balazos en la sala de su casa.
En su discurso enfatizó que el combate a la delincuencia sería frontal. Probablemente este discurso designó, desafortunadamente, su sentencia de muerte.
El asesinato de la alcaldesa ocurre en un contexto de deterioro en las condiciones de seguridad de Morelos. En 7 años el nivel de homicidios se triplicó y la entidad pasó de estar por debajo de promedio nacional de asesinatos, a ocupar el cuarto lugar.
Según datos de la asociación de autoridades locales de México, durante el gobierno actual se han cometido 41 asesinatos de alcaldes, lo que implica que no estamos ante un hecho aislado sino ante una emergencia nacional en materia de seguridad. Y en México tampoco existen protocolos de protección para alcaldes o integrantes de los cabildos, no obstante la larga lista de autoridades municipales asesinadas.
El gobernador de Morelos no ha entendido ni el reclamo de la sociedad ni el rol que desempeña como jefe del Ejecutivo en aquella entidad. Ante la inseguridad que priva en el estado responde a un autoritarismo al imponer una medida de dudosa constitucionalidad.
Incluso se han presentado controversias constitucionales para poner en entredicho su manotazo autoritario, con el que intenta eludir toda responsabilidad política ante el fracaso de su administración. Solo es una distracción y mal hace al confrontarse con las autoridades municipales, esto en nada beneficia a los ciudadanos, la política es el arte de convencer, no vencer.
Por último, el Grupo Parlamentario de Morena, expresa su más sincera condolencia a los familiares de Gisela Mota Ocampo, al mismo tiempo que ofrece su apoyo y solidaridad. Ni una más, ni uno más. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Tiene ahora la palabra, la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, hasta por cinco minutos.
La diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Las estrategias encaminadas a combatir la amenaza que significa el crimen organizado se erigen como una de las prioridades del Estado mexicano, como se ha demostrado con la implementación de diversas políticas de seguridad aplicadas en los tres niveles de gobierno, entre las que destacan la creación de la Gendarmería Nacional y la propuesta de aplicar un modelo de mando único policial.
Este último tema ha generado mayor atención e interés público debido a los hechos recientes suscitados en el municipio de Temixco, Morelos, en donde fue asesinada frente a su familia la presidenta municipal Gisela Raquel Mota Ocampo, quien apenas había cumplido 24 horas de haber asumido el cargo.
El homicidio de cualquier ser humano nos impacta como sociedad, pero sobre todo nos indignan los ataques de criminales quienes buscan consolidar un poder alterno al gobierno institucional, porque quieren perpetuar sus actividades ilícitas a fuerza de amenazar y corromper a los funcionarios públicos.
La trayectoria de Gisela Mota, le permitió conocer el complicado mundo de la administración pública y la política, ocupó diversos cargos al interior del partido en el que militó siempre y que la llevó a ocupar un escaño en la anterior LXII Legislatura de esta Cámara de Diputados. Todos, señor presidente, compañeros ciudadanos, lamentamos su muerte y el dolor de sus familiares.
Lejos de intimidarnos vamos a trabajar juntos y hacemos un llamado urgente a las fuerzas de seguridad pública para que coordinadamente persigan, capturen y castiguen a los autores materiales e intelectuales de este condenable acto. Sin importar la afiliación política, aquellos quienes trabajamos dentro de la estructura gubernamental, lamentamos la violencia que se padece en distintas regiones del territorio nacional y tenemos la obligación de trabajar todos los días en contra de los problemas que afectan a los mexicanos y para los cuales reclaman mayores soluciones, entre ellos el tema de la seguridad. Es inadmisible que los mexicanos vivan con miedo a perder la vida.
El trabajo honrado es un pilar de nuestra sociedad. Que no quede duda que la mayoría de los mexicanos que realizamos labores desde las más humildes hasta las más encumbradas, representan lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro país, y estas actividades que se contraponen a aquellos que solo desean el beneficio propio a costa de la seguridad y la vida de los demás, ellos que no representan lo que somos y lo que exigimos los ciudadanos que nos esforzamos por salir adelante todos los días por el bienestar de nuestras familias y por el de nuestro país.
A nombre de mis compañeros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, aprovecho el espacio en la tribuna para expresar nuestro pesar por el fallecimiento de Gisela Mota Ocampo y enviar nuestras condolencias a sus familiares y amigos.
Compañeros legisladores, dejemos atrás nuestras diferencias y honremos la memoria de Gisela Mota y de otras mexicanos que han perdido la vida a manos del crimen organizado.
Es tiempo de decisiones, vayamos con determinación a legislar el modelo de Mando Único Policial para dotar al Estado mexicano de más y mejores herramientas para lograr la paz y la convivencia social que todos anhelamos, que todos merecemos para nuestros hijos. Es cuanto, señor.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Gaxiola. Tiene ahora la palabra el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD.
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Con su venia, su señoría. Compañeras y compañeros legisladores. Los hechos sucedidos el pasado 2 de enero, cuando Gisela Mota, presidenta municipal de Temixco, Morelos, fue asesinada en su casa apenas un días después de haber tomado protesta, merecen nuestra condena y apoyamos la propuesta que hace la Mesa Directiva en este sentido.
También expresamos nuestra solidaridad y condolencia a su familia. Los acompañamos en su dolor. Pero también nos lleva a una reflexión obligada no solo sobre el mando único, sino sobre la estrategia nacional de seguridad que se ha implementado en los últimos años.
Este hecho, lamentable y reprobable, es un desafío más de la delincuencia al Estado mexicano, pero tampoco es un hecho aislado. Tenemos que recordar que más de 40 presidentas y presidentes municipales han muerto en los últimos tres años.
Nos muestra un Estado vulnerado, con capacidades limitadas, ya no sólo para proteger el patrimonio y garantizar la vida de los ciudadanos, sino también ya no podemos suponer ni dar por hecho la integridad y el actuar de las propias autoridades, sobre todo cuando son honestas.
Confirmo mi dicho con el informe del 2015 de Alfonso Ortiz, que es un instrumento que se realiza con apoyo de Naciones Unidas, donde nos muestra la fragilidad del Estado mexicano que ocupa un lugar número 100 entre 178 naciones. Compañeras y compañeros, el tema es la vulnerabilidad del Estado mexicano.
En cuanto al decreto, y quiero abordarlo de una vez, queremos afirmar que el gobernador hizo lo correcto al implementar el mando único. ¿Por qué lo afirmamos? Porque ¿cuál era la alternativa? Era eso ¿o la nada?
Entendemos también que el mando único no es una solución única ni universal, pero en Morelos, por lo menos la evidencia que se presenta con los datos de Conago y del mismo gobierno del estado, ha tenido resultados. Pero el mando único no puede ser el eje de la estrategia nacional, no es el eje del debate. La realidad de Temixco no es una realidad aislada; cuando hablamos de Temixco hablamos de todo el país.
Frente a esto es necesario pensar diferente. El eje de la estrategia no debe de ser sólo un tema de instrumentos policiacos, el punto es fortalecer la capacidad de actuar y responder del Estado mexicano.
Permítanme presentar los argumentos, acotando que este debate no puede partir de una aproximación o de una interpretación partidista y que debemos de revisar con madurez los datos con que contamos
En primer lugar me gustaría poner a su consideración el tema de los resultados. Si bien reconocemos que varios de los principales cabecillas del crimen organizado han sido capturados en los últimos años, también estamos obligados a reconocer que una vez capturados se han fugado o han sido puestos en libertad por deficiencias en la integración de expedientes.
Pero el tema de fondo es que hoy los carteles de la droga no han visto mermada su potencia económica ni su capacidad delincuencias.
En segundo término quiero también comentar con ustedes que reconocemos un compromiso y una intención de combatir estos carteles, tenemos también que reconocer que el Estado mexicano hoy no cuenta ni con mejores herramientas ni con más para enfrentar las redes delincuenciales.
El crimen organizado en este país es hoy una ingeniería compleja, que incluyen desde el pago de derechos de pisos del taquero en el barrio, en la esquina, hasta operaciones multimillonarias en el sistema financiero internacional, pasando por el secuestro, incluso, han tomado actividades productivas como la agricultura, la ganadería, la pesca e, incluso, algunas consideradas estratégicas como la minería.
El control y la potencia económica de estos carteles no son un producto de la suerte, son estructuras construidas con la complicidad, y en algunos casos con la complacencia y alimentados por la corrupción y la impunidad.
Es un grave error pensar que corrupción y crimen organizado son dos fenómenos diferentes, son dos caras de la misma moneda. Ante tal escenario se requiere una estrategia de fortalecimiento del Estado y seguridad pública, que no tenga sólo como componente principal el combate a la corrupción, sino que considere elementos como el desarrollo económico y social, la atención a las víctimas y la reintegración productiva.
El decálogo propuesto por el Ejecutivo federal para fortalecer la seguridad y la justicia, debe de ser debatido y atendido, pero entendiendo que esta fórmula pudiera llegar a ser útil, pero no representa la única solución para la delicada situación.
Estamos obligados a una reflexión profunda y seria, madura sobre qué está funcionando y qué tenemos que hacer para mejorar esta situación. Apoyamos –como hemos dicho– la condena que hace esta comisión permanente, pero la condena sin acción y sin consecuencia no es útil, y tenemos que reconocerlo, las palabras no frenan las balas.
Por eso, en el PRD, creemos que debemos entrar en un diálogo urgente con el titular del Ejecutivo, la gobernadora, gobernadores y jefe del gobierno de la Ciudad de México, el Congreso de la Unión y los principales actores nacionales vinculados con el tema para construir una nueva política de seguridad, fortalecimiento del Estado y combate a la corrupción.
Estamos seguros que con un diálogo incluyente y maduro, podemos construir fórmulas más eficaces y que nos den mejores resultados. Estamos seguros que con esta nueva política que dialoguemos todos y con estas condiciones, daremos un gran servicio a nuestra nación. Es cuanto, señores.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senador Fernández. Tiene ahora la palabra el diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por cinco minutos.
El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias. Y con su venia, diputado presidente. Amigas legisladoras y amigos legisladores, vengo hoy hablar ante ustedes como diputado federal, representante del municipio de Cuernavaca, pero sobre todo como ciudadano morelense.
El artero crimen que privó de la vida a una joven política de Morelos, cuando recién había asumido el cargo de presidenta municipal en Temixco, sin duda indigna y agravia a la sociedad morelense y a todo México.
De inmediato condenamos este crimen cobarde y manifestamos nuestro pésame y solidaridad con los deudos, así como con los policías heridos en ese día de los que casi nadie habla.
Pero este lamentable hecho no es un caso aislado, más bien parece ser la gota que derramó el vaso. Parce ser un eslabón más de la ya larga cadena de delitos que vienen ocurriendo en Morelos.
En ese aciago día, con una celeridad que envidiaría las más prestigiadas corporaciones policiacas del mundo, a escasos minutos de haber ocurrido este terrible crimen ya el Ejecutivo del estado tenía el móvil y a los culpables. Habían sido, así se dijo, los carteles que se disputan esa plaza y que no quieren el Mando Único en Temixco ni en Morelos.
Les informo que el Mando Único en Temixco tenía más de 3 años y tenía el apoyo de la presidenta municipal y de las autoridades, pero a partir de ahí se ha venido tejiendo una trama que sería digna de admirarse, si no se tratara de toda una estrategia que busca de forma desesperada desviar la atención sobre la terrible realidad que atraviesa mi estado.
No. No, amigas legisladoras y amigos legisladores. No, amigos de los medios de comunicación. El debate en Morelos no es si el mando único es viable o no; la voz se alza para que de una vez se reconozca que no ha dado el resultado que se esperaba.
En Morelos, el 86 por ciento de la gente no se siente segura. El debate no es si el mando único permanece o no, la pregunta es por qué ahora sí debemos creer que las cosas van a cambiar, si después de casi tres años con mando único en prácticamente todo el estado, Morelos ocupa el cuarto lugar en homicidios dolosos, el cuarto lugar en secuestros y un deshonroso tercer lugar por el delito de extorsión.
La pegunta es, ¿por qué, si han declarado en todos lados que detrás de este artero crimen está la delincuencia organizada, por qué no han solicitado ya que la PGR atraiga el caso e investigue con toda la capacidad institucional que tiene?
El debate no es mando único sí o mando único no, lo que preguntan los presidentes municipales recién asumidos en cargo es quién les va a explicar cómo opera la estrategia, pues se sienten solos y con los cuerpos de seguridad municipales desmembrados. Lo que quieren saber es qué pasó con los cerca de mil 200 millones de pesos que durante tres años quitaron de sus prerrogativas y de los que nadie les ha entregado cuentas.
No, amigas y amigos legisladores, el debate no es en el tema del mando único. La pregunta que nos hacemos en Morelos es por qué, si ya sabían que la delincuencia organizada se confrontaba en Temixco, como lo han venido diciendo, ¿por qué en esos momentos de coyuntura que se significa cuando cambian los poderes, no incrementaron la presencia de la policía del mando único en Temixco y protegieron a la presidenta municipal?
Más aún. Si sabían, como lo han venido diciendo, que algunos presidentes municipales y los equipos de trabajo que los acompañan están ligados a la delincuencia organizada, ¿por qué no los denunciaron antes de que protestaran el cargo? Y no es un asunto de voluntad política, en Morelos la Ley de los Servidores Públicos obliga a que un servidor público denuncie ante la autoridad correspondiente cuando presuma que otro servidor púbico está cometiendo algún acto fuera de la ley.
Este crimen se suma a otros muchos que han venido ocurriendo en Morelos, como el que ocurrió el 17 de enero de 2013 en Tlaquiltenango, donde fue asesinado en su domicilio Ignacio Domínguez Carranza, su esposa y su pequeño hijo de dos años. Él había sido candidato de Acción Nacional a la Presidencia Municipal, y ese día se ofreció que no habría impunidad y a más de mil días de ese terrible acto, no ha pasado nada.
Se suma al asesinato de Ulises Sánchez, hermano del actual presidente de Yecapixtla, ocurrido apenas en julio del año pasado. Y se suma a cientos de personas ejecutadas, cuyas familias desde el anonimato siguen esperando justicia.
No puedo concluir sin referirme a esta lamentable novela que se ha venido entretejiendo en los últimos días y que ha ocupado grandes espacios, sobre todo en los medios de comunicación, me refiero a la inaceptable disputa que existe actualmente entre el gobierno del estado y, sobre todo, el presidente municipal de la capital de Morelos.
Respetuosamente desde aquí les pido que dejen de lado protagonismos, que dejen de lado la soberbia, que de una vez por todas se sienten a trabajar, que de una vez por todas reconozcan que en Morelos las cosas no están bien, que Cuernavaca es punto nodal para que podamos despuntar.
Que se entienda que la política no es un juego ni mucho menos se puede hacer estrategias para engañar al árbitro. Esto es política y en política el interés de la gente está sobre cualquier interés particular o de grupo. Les conmino a que se pongan a trabajar. Con la seguridad no se juega. Y en esta trama que les platico el único que pierde son los ciudadanos y a ellos nos debemos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Bolaños. Tiene ahora la palabra la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo: Con su permiso, señor presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, que nuestras primeras palabras sean realmente de solidaridad y de una condolencia a un asesinato tan artero, como el de Gisela, una mujer que hace muy poco estaba en esta Congreso.
Fue diputada federal, presidenta de la Comisión de Reforma Agraria, una mujer joven, luchadora, valiente, que solamente las balas la pararon, porque en vida demostró que la violencia política en contra de las mujeres sí se puede parar, y sí puede este muro de contención poder brincar y seguir adelante.
Gisela viene de una familia que ha demostrado ser valiente, por eso ella lo era. Lo que hizo doña Juanita, el querer entregar su vida por su hija, manifiesta de que estaba hecha Gisela, pero más aún, lo que hizo su padre, ir a atrás de los que le quitaron la vida hasta lograr su captura. Eso es un verdadero ejemplo y que el PRI resalta y que el PRI pone en la mesa con un abrazo muy solidario a este pueblo y al estado de Morelos.
La violencia política en contra de las mujeres es peor que el ántrax, tenemos que desterrarla, tenemos que hablar claro y tenemos que demostrar la voluntad política que todas las fuerzas tenemos para poder ponerla en la mesa. Pero más aún, desde esta tribuna le tomamos la palabra a la reacción, y subrayo reacción del gobernador Graco Ramírez, al hablar de un tema que ha sido un debate constante en el Senado de República, que es el plan integral, y repito, plan integral, no sé si por economía verbal le nombran mando único, pero es un plan integral que va más allá de una situación que tiene que ver con la policía, va mucho más allá.
El Presidente Enrique Peña Nieto lo presentó y en su idea clara habla que ninguna fuerza política nos podemos sustraer de un tema tan importante en donde antes de cualquier política tiene que estar la seguridad de las y los mexicanos. Antes de cualquier política la seguridad de las y los mexicanos.
Y esto obedece a la descomposición que han tenido y la incapacidad que han demostrado las policías municipales. Tenemos que reconocerlo, ahí está el gran cáncer que ha propiciado, no solamente la muerte de Gisela, sino otros temas que han convulsionado a este país. Pero también esta propuesta de mando único surge como respuesta al abandono financiero que tienen los municipios y que es urgente que se cambie tecnología, que se capacite a las fuerzas policiacas, pero sin denostar, este policía es estatal y este es federal y este es municipal. Las grandes diferencias han traído el caos de la seguridad pública en este país. ¿Dónde está nuestra policía municipal?
El debate del mando único está puesto en la mesa. No debemos sustraernos y empecemos a analizarlo. Allá en el Senado de la República se ha suspendido por varias veces. Unas voces dicen que sí, otras dicen que no. Lo interesante en el centro tiene que estar la seguridad de los y las mexicanas.
Fíjense lo inevitable que es analizar en este plan integral la situación de las policías municipales. El policía municipal, vulnerable por su sueldo, por sus prestaciones, porque es el que está en el territorio y es el que no se puede sustraer a la problemática real del crimen organizado en este país.
Puede el estado, de alguna manera la federación, pero el que está en el territorio es el que padece seriamente este conflicto que tenemos que poner en la mesa de la discusión.
Esta iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto tiene subrayadamente un tema que es el servicio de carrera profesional de la policía.
Esto les va a dar seguridad no solamente económica sino en su familia. Y si un policía está seguro, pues está segura la sociedad. Si un policía está inseguro, dígame usted qué puede proteger un policía que no cuenta con las herramientas necesarias para la defensa de lo más preciado que es la seguridad.
Quiero traer aquí las palabras de doña Juanita. Cómo me ha llamado la atención la madre de Gisela. Seria, serena, cierta a que Gisela hizo lo que le correspondía. Ella sabía que algo pasaba. Lo dijo pero se sostuvo fuerte, como somos las mujeres. Y doña Juanita ahora fuerte como es dijo, y subrayo su expresión, la muerte de mi hija debe servir para que Morelos no siga siendo el estado más violento de este país.
Y el PRI retoma las palabras de doña Juanita y decimos, no queremos que Morelos sea el estado que tiene más alto índice de secuestro. Que Cuernavaca sea uno de los siete municipios con el robo con violencia más alto de este país.
Señoras y señores, ése es el debate, no nos distraigamos. El reparto de culpas no le sirvió a Gisela. El reparto de culpas no le sirva a los y a las ciudadanas. Empecemos a debatir sobre lo sustantivo, Plan Integral de Mando Único. Y desde aquí el PRI condena este asesinato y hago propicio para decir que si el mando único está en la mesa, el tema de violencia política por motivos de género no lo podemos bajar de la mesa, ¿cuántas mujeres más asesinadas? ¿Por qué nuestros derechos políticos no los podemos ejercer en plenitud? La ciudadanía plena de las mujeres no puede seguir estando regateada.
Desde aquí un abrazo muy fuerte a Morelos y a Temixco. Un abrazo muy fuerte a la familia valiente de Gisela. Y le digo a Gisela desde aquí donde esté, que su vida y muerte va a servir para discutir la seguridad que es lo que vale la pena y para luchar por la causa de las mujeres. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, senadora Gastélum. Con esta intervención se concluye la lista de oradoras y oradores.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (13:51 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 13 de enero de 2016 a las 11 horas.
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