Comunicaciones
Comunicado de la Junta, con cambios en comisiones
Iniciativas
Kathia María Bolio Pinelo, PAN
María Elena Orantes López, PMC
José Bernardo Quezada Salas, PNA
Ana Guadalupe Perea Santos, PES
Sergio Emilio Gómez Olivier, PAN
José de Jesús Zambrano Grijalva, PRD
Sara Paola Gálico Félix Díaz, PVEM
Modesta Fuentes Alonso, Morena
María Candelaria Ochoa Ávalos, PMC
Dictámenes
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 320 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (11:38 horas): Se abre la sesión.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta...
La diputada Sandra Luz Falcón Venegas (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Sandra Luz Falcón, por favor.
La diputada Sandra Luz Falcón Venegas (desde la curul): Señor presidente, solo para aprovechar que en el orden del día aparece un tema electoral, me gustaría que consideraran el tema que también en el estado de México hay una elección extraordinaria en un municipio, donde le estamos pidiendo al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, que saque las manos de esta elección.
Que no estamos de acuerdo en que haga un despliegue de recursos en este municipio justamente cuando va a haber elecciones el próximo 13 de marzo. Que quede claro, señor presidente, que no estamos de acuerdo en que hagan este despliegue de recursos a los ciudadanos.
Aprovechando que en Veracruz se vive este mismo tema, donde el gobernador está desplegando recursos para la candidatura del candidato oficial del PRI...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Falcón, es un tema que está planteado en un punto de acuerdo que se turnará a comisión y allá se dará en primera instancia la discusión correspondiente.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa su lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos con las comunicaciones oficiales.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron los siguientes oficios:
Del diputado Daniel Ordóñez Hernández, por el que se solicita que se retire de los registros de la Comisión de Salud, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada el 22 de septiembre de 2015.
De la Diputada Olga Catalán Padilla, por el que se solicita que se retire de los registros de la Comisión de Salud la iniciativa que reforma los artículos 36 y 40 de la Ley de Asistencia Social, presentada el 11 de noviembre de 2015.
Del diputado Fernando Moctezuma Pereda, por el que se solicita que se retire de los registros de la Comisión de Energía la iniciativa que reforma el artículo 27 de la Ley de la Industria Eléctrica, presentada el 26 de noviembre de 2015.
Y se recibieron de diversas autoridades 17 contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, en cuanto a las comunicaciones correspondientes de parte de los diputados, relacionados con retiros de iniciativas, se tienen por retiradas, actualícense los registros, incluida una del diputado Jonadab Martínez García, que pido a la Secretaría dé lectura de la misma. Y en relación con el último que acaba usted de leer, de contestaciones a puntos de acuerdo, remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento, y a los promoventes, según corresponda.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Del diputado Jonadab Martínez García, por el que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Protección Civil, la proposición con punto de acuerdo en materia de movilidad, presentada el primero de febrero del año en curso.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En el mismo sentido de las actualizaciones de los puntos anteriores.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la protesta de ley, y se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadano Ángel Rojas Ángeles, José de Jesús Galindo Rosas y Sergio René Cancino Barffuson –no sé cómo se pronuncie, pero es la misma persona– diputados federales electos en la segunda circunscripción plurinominal, 8 distrito electoral del estado de Sinaloa, y 10 distrito electoral del estado de Veracruz, respectivamente.
Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados: diputado José Hugo Cabrera Ruiz, diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, diputada César Augusto Rendón García, diputada Lluvia Flores Sonduk, diputado Cándido Ochoa Rojas, diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones, diputada Norma Rocío Nahle García, diputado Luis Ernesto Munguía González, diputado Moisés Guerra Mota, diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputada Carmen Victoria Campa Almaral y diputado José Alfredo Ferreiro Velazco. Además también, el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su encargo)
Se invita a los presente ponerse de pie.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ciudadanos Ángel Rojas Ángeles, José de Jesús Galindo Rosas y Sergio René Cancino Barffuson, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?
Los ciudadanos Ángel Rojas Ángeles, José de Jesús Galindo Rosas y Sergio René Cancino Barffuson: Sí, protesto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Bienvenidos. Felicidades.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibió comunicación de la Junta de Coordinación Política, con relación a cambios de integrantes de comisiones que se encuentran disponibles en el monitor de sus curules.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De enterado. Comuníquese.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pasamos ahora al capítulo de iniciativas. Y tiene la palabra por cinco minutos el diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria.
Bien. No se encuentra el diputado que habíamos mencionado, en el salón de sesiones en este momento y entonces tiene la palabra por cinco minutos el diputado Roberto Guzmán Jacobo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Nos precisan que quien pasará a tribuna a exponer la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la diputada Delfina Gómez Álvarez, iniciativa suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Delfina Gómez Álvarez: Buenos días, compañeros diputados y diputadas. Gracias, señor presidente. Morena propone un cambio urgente de régimen, que permita devolver a la ciudadanía el derecho de elegir libremente a sus gobernantes, pero sobre todo el derecho a decidir sobre todos los asuntos vitales para la regeneración de la vida republicana.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado en el primer periodo ordinario de sesiones de esta legislatura iniciativas en materia de consulta popular y revocación de mandato. En esta propuesta planteamos dentro de los derechos ciudadanos que además de votar en cualquier tiempo, también lo hagan en los procesos referéndum dejando a cargo al INE de tales tareas.
La Ley Fundamental de 1917 no previó el plebiscito y el referéndum, es por lo que elevamos a rango constitucional esas instituciones; es decir, las reformas y adiciones a los preceptos constitucionales.
Al Congreso de la Unión le otorgamos la facultad de legislar además de las iniciativas ciudadanas y consultas populares en los procesos de referéndum. Las Legislaturas de los estados, por su parte, regulan los procesos de referéndum. Además, cuando las reformas o adiciones tengan por objeto modificar la forma de gobierno, los derechos humanos y sus garantías o cualquier otra norma general trascendental para la vida nacional, deberán ser sujetas a referéndum.
El Constituyente de 1824 planteó que la nación estaba obligada a proteger por leyes sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano. Es ilustrativo el proyecto de la ley sobre elecciones populares, presentado al Congreso General en la sesión del 17 de octubre de 1836, pues consideraba que de una buena o mala elección de los hombres que han de llenar los puestos políticos depende en lo principal la suerte de la nación. Cuando la cosa pública está dirigida por personas cuya honradez, patriotismo e ilustración, acumula sobre ellos una fuerza moral reconocida por el voto libre de la nación, a unos errores que son consiguientes a la flaqueza humana, se disimulan sin murmuración y hasta las malas instituciones pierden mucho de su carácter dañino si los templa y encamina al buen juicio y la virtud. Ellos se van corrigiendo y al fin el orden, la prosperidad, aparecen cimentados.
Todo lo contrario sucede cuando los partidos y quienes lo integran, de las clases o de los individuos se sobrepone al voto nacional. Entonces, el interés privado se constituye al público, al mérito, no es considerado con relación al servicio de la comunidad, sino al partido o persona. Ya no hay justicia, no hay orden, la virtud severa se persigue con ardor. Las mejores instituciones no pueden subsistir, la inmortalidad progresa, la ruina de los progresos de los hombres de bien y la subversión del Estado.
El presidente Benito Juárez, recordemos que intentó a través de un plebiscito reformar la Constitución de 1857, al triunfo de la república en 1867, a través de la Ley de Convocatoria a Elecciones de ese año.
El hecho de que se convocara a un Congreso Constituyente para el solo efecto de reformar la Constitución, tal como lo hizo en Querétaro en 1916-1917, fue una consulta popular directa que se hizo a la población para que esta, mediante su voto y elección del Constituyente, aceptara o rechazara la propuesta de reforma a la Constitución.
El referéndum y la iniciativa popular, como mecanismo de participación ciudadana, fueron incorporados al texto de nuestra Constitución, en su artículo 73, fracción VI, base segunda, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de diciembre de 1977 y estuvieron vigentes hasta el 10 de agosto de 1987.
Esta reforma constitucional fue un intento por institucionalizar estos instrumentos de democracia semidirecta en la Ciudad de México.
Dos figuras que no debemos de perder de vista, una de abajo hacia arriba, que es la iniciativa popular, y otra de arriba hacia abajo que es el referéndum, que se implica y que de alguna manera se complementan a través de estos procesos, con ello había de instituirse una auténtica participación activa, una intervención dinámica, una forma de compartir el poder entre los ciudadanos y sus autoridades.
Las labores de gobierno son responsabilidad del conjunto de la sociedad. No podemos permitir que unos cuantos tomen decisiones por todos ni que la mayoría carezca de instrumentos legales para participar en las decisiones de gobierno.
Para lograr lo anterior, se propone introducir en la Constitución la obligatoriedad de consultas nacionales por la vía de referéndum, el cual procedería para la ratificación de una nueva Constitución o para la adopción de reformas o adiciones que afecten normas fundamentales, entre otros casos, la reforma política del Distrito Federal y todas aquellas que afecten el patrimonio nacional.
Hay que devolver al pueblo los derechos establecidos en el artículo 39 del Código Político de 1917. Es por ello, que se hace necesaria la introducción de cambios en las normas generales, incluidas en nuestra Carta fundamental.
La creación o modificación de las actuales estructuras e instituciones políticas, y el establecimiento de los cambios necesarios en las relaciones entre el gobierno y el pueblo, deben contribuir a establecer condiciones para la solución de las auténticas necesidades y requerimientos de la mayoría de la ciudadanía, en un ámbito indudablemente republicano.
Por ello, Morena considera que debemos de darle mayor importancia a los procedimientos de la democracia semidirecta, que se proponen incluir en nuestra ley fundamental como práctica diaria de las y los ciudadanos, en la toma de decisiones de gobierno, lo cual permitirá que puedan manifestarse sobre una materia específica, a pesar de la oposición que se escamoteen los gobernantes en el futuro y así responder a las necesidades reales y claras de nuestro pueblo. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Gómez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Y también, en una misma participación presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 159 y 160 de la Ley Federal de Derecho de Autor.
La diputada Lillian Zepahua García: La necesidad de establecer mejores y más precisos controles en el peso y tamaño de los vehículos de autotransporte de carga debido al aumento de accidentes viales y al deterioro de la carpeta asfáltica de las carreteras del país, así como la falta de seguridad pública y vial en ellas, son razones que motivan a realizar un profundo diagnóstico de esta situación, y con ello, a proponer la introducción de disposiciones normativas en la legislación aplicable que posibilite obligar a permisionarios de transporte de carga a que los camiones con doble articulación circulen sin excepción con un comprobante de peso.
Por otro lado, las condiciones de inseguridad a las que día con día se enfrentan quienes realizan la compleja labor de transporte de carga en caminos y carreteras del país obligan a las y los legisladores a establecer, desde el marco normativo, medidas que posibiliten el fortalecimiento de medidas y acciones de seguridad pública en la correspondiente red carretera, a fin de garantizar que el autotransporte federal y servicios auxiliares cuenten con medidas preventivas, la identificación precisa de factores de riesgo y adecuados mecanismos de coordinación y vigilancia en el ámbito de sus respectivas competencias entre las áreas de seguridad pública y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.
Para nosotros los legisladores es prioritario impulsar la conformación de una cultura que atienda tanto a la seguridad vial como a la seguridad pública en el tránsito por carreteras o caminos y puentes.
Por otra parte, las autoridades, permisionarios y grupos sociales en la prestación de los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, así como en sus servicios auxiliares el exceso de peso y dimensiones de los camiones de carga, combinados con la alta velocidad, unidades en mal estado y la red carretera ocasionan en nuestro país el incremento del número de accidentes y con esto el número de muertes en los últimos años, ubicando a México en séptimo lugar a nivel mundial en siniestros de tránsito.
Asimismo y con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los decesos por accidentes carreteros se incrementaron en 31.4 por ciento entre 1990 y 2010. El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 refiere que en México la seguridad en el transporte se ha convertido en un grave problema derivado de las malas condiciones de la infraestructura y la falta de cultura vial e inseguridad nacional.
En 2011 perdieron la vida en carreteras federales más de 4 mil 400 personas. Se registraron 25 mil accidentes con daños materiales por valor de mil 361 millones de pesos. A nivel nacional, considerando los accidentes en vías locales entre 2006 y 2011 se registraron en el país aproximadamente 440 mil accidentes de tránsito terrestre por año.
A pesar de la gravedad del problema, no existe en México un reporte unificado de accidentabilidad y mortalidad para el sistema de transporte, siendo escasa la cooperación institucional.
La Dirección General de Conservación de Carreteras de la SCT manifiesta que la evolución de la longitud de la red federal de carreteras de peaje ha sido constante en los últimos años, aproximadamente 26 mil 300 kilómetros; es decir, 63 por ciento tienen más de 30 años en operación, fueron diseñadas para una actividad diferente a la actual, donde los pesos autorizados se han incrementado de 34 toneladas en 1960 a 66.5 en 1997.
Los altos costos de los accidentes carreteros hacen indispensable y prioritario incorporar medidas de seguridad, con fuerza obligatoria en la ley aplicable como la que se propone que, de cumplirse a cabalidad facilitaría la supervisión y abonaría a la transparencia y contribuiría al cuidado de la infraestructura carretera. Pero para garantizar su cumplimiento, es necesario darle fuerza obligatoria en la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal.
Por otra parte, a pesar el reconocimiento de la gravedad del problema de inseguridad vial y falta de controles al transporte de carga para que prevenga accidentes en las carreteras del país, problemática que está presente tanto en la prestación de servicio del transporte público federal, como en los servicios conexos a él, es la inseguridad pública por los diversos tramos carreteros y zonas donde se prestan.
La necesidad de garantizar en el transporte por carretera la confiabilidad del envío de mercancías es una exigencia cada vez mayor, donde los traslados de mercancías y bienes valorados, resulta atractivo para la forma de delincuencia que opera, al ser de fácil colocación en el mercado negro.
Señoras y señores diputados, busquemos una armonización del texto normativo a partir de una correcta técnica legislativa y de competencias, al proponer la introducción de disposiciones normativas en la legislación aplicable, que posibilite el fortalecimiento de la seguridad pública en la red carretera del país para garantizar que el autotransporte federal y los servicios auxiliares cuenten con medidas preventivas a la identificación precisa de factores de riesgo y adecuados mecanismos de coordinación y vigilancia en el ámbito de sus respectivas competencias entre los encargados de seguridad pública y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Ello beneficiará sin duda, no solamente a quienes se dedican al ramo del transporte, sino a la economía y productividad del país, al garantizar que los bienes e insumos que día a día se transportan por las carreteras nacionales cuenten con más y mejores mecanismos de protección y salvaguarda.
Por lo que permito presentar ante ustedes, la presente iniciativa por la que se adicionan diversas disposiciones al Título Tercero de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal, a fin de implementar mecanismos de control a permisionarios de autotransporte federal de carga en las carreteras.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe.
La diputada Lillian Zepahua García: Gracias, señor presidente. Nuestro país es conocido en el mundo por su historia y el legado que vivimos del pasado, lo que vivimos en el presente y lo que transmitimos a las generaciones futuras, es decir, por lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura ha establecido como patrimonio cultural.
Con el paso de los años el concepto de patrimonio cultural se ha ampliado para referirse a las lenguas, música, costumbres, expresiones de las culturas populares, tradiciones y prácticas artesanales, acervo intelectual y, recientemente, acervos fílmico y fotográfico, entre otras manifestaciones de la cultura de un pueblo.
A pesar de que son elementos que identifican, son patrimonio de quien con orgullo lo porta y resultan elementos materiales e inmateriales que caracterizan a toda una región, a una comunidad o hasta a un estado.
Los trajes tradicionales indígenas a la fecha no han sido incluidos en la lista de bienes patrimonio, incluso a pesar de contar con ciertos elementos señalados en la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco o bien, los complementan, como es el caso del espectáculo como la danza, los usos sociales, rituales y actos festivos, las técnicas ancestrales tradicionales, así como el uso de instrumentos, objetos y artefactos en espacios culturales que son inherentes a las prácticas y expresiones culturales, además de que han sido heredados de generación en generación tanto en su técnica de elaboración como en su uso.
El arte textil de México es milenario y alcanzó un desarrollo desde mucho tiempo antes de la conquista española. Desde entonces se ha caracterizado por contar con técnicas complicadas y bellos y estilizados decorativos. Lamentablemente mucho de este arte textil poco a poco fue sustituido por telas y decoraciones de tipo europeo con la llegada de los españoles.
Actualmente todavía existen comunidades indígenas que conservan de generación en generación la elaboración y uso de sus trajes, los cuales dentro del propio país han sido poco conocidos y apreciados por su calidad artística, pero no así en el extranjero.
No por ello es coincidencia que en cuanto a la comercialización de productos textiles inspirados en diseños elaborados por comunidades indígenas mexicanas pudieran darse casos de abuso y plagio por parte de quienes de manera abusiva se aprovechan de ello, y no les da el más mínimo crédito y mucho menos una retribución económica a las comunidades.
Por ello se vuelve fundamental legislar en materia de derecho de autor. Se propone una adición a los artículos de la Ley Federal de Derecho de Autor a fin de considerar como patrimonio tangible material –y que existe una plenitud y vigencia– el patrimonio textil a efecto de proteger el patrimonio cultural de las etnias y comunidades indígenas para evitar posibles plagios por parte de particulares, tanto nacionales como extranjeros, en virtud de que las artesanías y particularmente la manufactura textil no fuera considerada como tal.
Asimismo, sabemos que durante la presente Legislatura se han presentado iniciativas que buscan una protección a dichos bienes culturales, por lo que la presente no solo es complementaria a las demás y adiciona la posibilidad de crear un registro, mecanismos de regalías, la obligación de dar crédito a la etnia o comunidad a la que se inspira la creación con fines de lucro, y con ello mandato por norma que en etiquetas promocionales y demás insumos mercadológicos, se incorpore una semblanza de la comunidad y el lugar geográfico al que pertenecen. Todo ello a efecto de dotar de valor agregado al insumo que inspira y que es fuente de creación para diseñadores y comercializadores en todo el mundo.
Con ello se establece todo un esquema integral de protección que involucra a la autoridad y que no sólo es enunciativa, sino con todo un mecanismo normativo que será de gran importancia para la protección de la identidad, uso y costumbre que representa el que pronto podremos denominar, patrimonio textil de las comunidades de México.
Por lo que me permito presentar ante ustedes la siguiente iniciativa de reforma a los artículos 159 y 160 de la Ley Federal de Derecho de Autor en Materia de Protección de Expresiones Culturales de las Comunidades y Etnias Indígenas. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Zepahua. Túrnese la primera de las iniciativas relacionadas con las reformas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a la Comisión de Transportes, para dictamen; y la segunda de ellas, relacionada con reformas a artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor, túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.
Saludamos la presencia de alumnos y maestros de la Escuela Primaria Alicia Martínez Montoya, de la Delegación Iztapalapa, de la ciudad de México, invitados por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano. Bienvenidas y bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o., de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La diputada Kathia María Bolio Pinelo: Con su permiso, señor presidente. La defensa de los derechos de las mujeres ha sido una lucha de muchos años, y aún nos faltan muchas más batallas por librar.
A pesar de los avances en la aplicación de la equidad de género y la hoy llamada paridad, en varios ámbitos del quehacer humano seguimos encontrando muestras de injusticia hacia las mujeres como la violencia obstétrica y la violencia política, que son los temas centrales de mi iniciativa, y que flagelan los derechos humanos de las mujeres.
La violencia obstétrica es cualquier acción u omisión por parte del sistema nacional de salud que se lleva a cabo con motivo de la atención del embarazo, parto, puerperio y en donde se expresa un trato cruel e inhumano hacia las mujeres y/o un abuso en la medicación de administración en los procesos naturales, y que tiene como consecuencia la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre las distintas etapas del embarazo, trabajo de parto, alumbramiento y el nacimiento de un ser humano.
Este tipo de violencia es más común en el sur-sureste de nuestro país, y de mayor padecimiento en las mujeres de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
La violencia obstétrica, podemos definirla como cualquier acción que agreda el proceso reproductivo natural y se exprese mediante un trato inhumano hacia la mujer por parte de cualquier persona o médico durante el proceso que implica su embarazo, pueda ser ésta psicológica, física o moral.
Por otro lado, la violencia obstétrica psicológica se manifiesta en un trato deshumanizado mediante la utilización de lenguaje inapropiado, grosero, de discriminación, de humillación y burlas y críticas respecto al estado de la mujer y de su hijo, o bien el omitir u ocultar información sobre la evolución del embarazo de parte de los profesionales de la salud.
Muchas, quienes hemos tenido la bendición de ser madres, hemos vivido en mayor o en menor grado este tipo de violencia, o conocemos a alguien que la haya padecido. No permitirle ver y abrazar al bebé de manera inmediata el nacimiento sin razón, la práctica de la cesárea sin justificación médica real, histerectomías o ligaduras de trompas sin el consentimiento de la mujer, o han sido maltratadas verbal y físicamente al intentar ponerle algún dispositivo intrauterino sin su utilización. Pero mucho más grave la negación de los servicios de salud, de la madre en cualquier etapa del embarazo, o en el momento del trabajo de parto.
Bajo el nacimiento de estos hijos que terminan dando a luz en las vías públicas, en los baños, en los patios, en los hospitales, en las banquetas, en las carreteras o en el transporte público al ser rebotadas de hospital en hospital o de clínica en clínica, teniendo muchas veces como consecuencia la pérdida de la vida de la madre, del niño o de ambos.
Esto conlleva no solamente a un drama familiar, sino también a la desintegración del núcleo familiar, dejando viudos e hijos mayores en la orfandad. A este tipo de violencia se exponen más de 6 mil mexicanas todos los días, y por ello creo que está justificado que sea aceptada mi iniciativa para adicionar un numeral al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La segunda, violencia política, es cualquier acto u omisión que lesione o sea susceptible de dañar la integridad y la libertad de las mujeres que decidan ejercer el derecho político o los cargos públicos, siendo candidatas a algún puesto de elección popular o accedan a puestos de decisión o designación tanto a nivel nacional como local y/o se obstaculiza o dificulta que las mujeres participen libremente en la toma de decisiones.
Hoy vengo a decir que en nuestro país siguen existiendo diversas manifestaciones de violencia política y que muchas de las que somos diputadas e integramos la LXIII Legislatura vivimos en el pasado proceso electoral. Desde el rechazo en algunos partidos políticos a cumplir con la equidad de género, hasta hechos específicos en debates y eventos públicos en donde de manera directa o indirecta se menosprecia la labor política de las mujeres.
En mi caso, fui impugnada por razones de género, y la ley me dio la razón, pero es mi deseo colaborar con la disminución de este tipo de violencia, poco conocida para muchos, y por ello la solicitud de agregar en el numeral del artículo 6 de la mencionada ley.
El pasado 15 de octubre de 2015 este honorable Congreso modificó tres leyes para establecer como una obligación de los sistemas de salud pública la atención a cualquier mujer en emergencia obstétrica, sin importar su derechohabiencia o afiliación.
Además existe desde diciembre de 2012 un Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de la Emergencia Obstétrica, y desde entonces quedó claro que una emergencia obstétrica puede presentarse en cualquier etapa del embarazo, no debiendo considerarse solamente como horas previas al alumbramiento.
Sin embargo, hay algo que acordamos en esta reforma nosotros, los diputados de esta legislatura, y que aún no se ha cumplido, que –las instituciones relacionadas– se modifiquen los artículos y el reglamento en un plazo de 120 días, mismo plazo que termina este viernes, 12 de febrero, próximo.
Desde esta tribuna exhorto al Instituto Mexicano del Seguro Social a realizar los cambios pertinentes en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios y atención médica, y al ISSSTE para que haga lo propio con el Reglamento de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en memoria de la señora María Rosalía Mukul Chan, originaria del municipio de Chacsinkín, Yucatán, y fallecida a los 40 años de edad el 29 de enero de 2014, dejando a cinco niños sin mamá por sufrir violencia obstétrica después de pasar casi 30 horas recorriendo clínicas y hospitales de mi estado, falleciendo, como se dice en la etnia maya, de parto.
Pido a ustedes, compañeros diputadas y diputados que integramos la LXIII Legislatura de este honorable Cámara, se sirvan aprobar lo que hoy vine a exponer ante ustedes a fin de adicionar dos numerales al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en beneficio y salvedad de los derechos humanos de la mujer mexicana. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Bolio. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Garantizar el Derecho de Réplica; reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y abroga la Ley Reglamentaria del Artículo 6o, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del derecho de réplica.
El diputado Omar Ortega Álvarez: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados y diputadas, vengo a presentar una nueva ley que garantice el derecho de réplica y abrogue la Ley Reglamentaria del Artículo 6o constitucional en su primer párrafo, para garantizar el derecho de réplica. Resulta muy perjudicial cuando se trata del derecho de réplica en materia electoral, ya que no garantiza la disposición, dicho sea de paso, que se aprobó el año pasado, el 5 de diciembre de 2015, no garantiza el derecho sano a la réplica.
Se debe de aclarar de manera ágil, oportuna y expedita la desinformación-propaganda por aquellos que a través de los medios pretendan deshonrar públicamente a cualquier tipo de funcionario público, o en su caso candidato o candidata o partido político.
La ley vigente contiene una serie de artilugios legales, que prácticamente les permiten a los medios de radio y de televisión protegerse a través de un blindaje legal ante cualquier procedimiento jurídico que se pudiera promover, con el objeto de que se transmita una réplica, rectificando la información. De tal forma que cuando las personas, los partidos o los candidatos se sientan agraviados u ofendidos en su honorabilidad, tanto en su vida privada como en su actuación política, por la propagación de información falta, se encontrarán en total indefensión.
Compañeras y compañeros, tal como están redactadas las disposiciones de la ley vigente, los principales sujetos obligados a garantizar el derecho de réplica no son los medios de comunicación, sino los productores independientes y las agencias de noticias.
Es decir, que aunque si el promovente tuviese un proceso judicial exitoso, esto no significaría necesariamente que el medio de comunicación transmitiera la réplica porque bastara con que la agencia de noticias o el productor independiente hicieren un envío a los medios de comunicación rectificando la información.
La ley vigente establece que cuando los medios de comunicación electrónicos, como la radio y la televisión argumenten que la fuente de información fue emitida por alguna agencia de noticias o productor independiente, de manera automática queda exento de la obligación de transmitir o de permitir la réplica.
Adicionalmente esta ley excluye a las autoridades electorales como garantes de este derecho, cuando partidos o candidatos resulten afectados o agraviados en los medios de comunicación y no se contempla ninguna disposición que permita el resarcimiento del daño en materia electoral.
Además las sanciones que se prevén respecto a la negación de los sujetos obligados a emitir o publicar la réplica son tan inocuas, que no representa ningún tipo de apuro, que sea lo suficientemente intimidante para asumir una actitud responsable frente a la importancia de publicar o transmitir información veraz.
Con la ley que se propone planteo que se corrijan todos los excesos en los que se incurrió en la ley vigente. Necesitamos eliminar una especie de inmunidad que tienen los medios de comunicación cuando violenten el derecho de réplica, establecido en la Constitución. Y propongo hacer el procedimiento más expedito, para que tenga sentido la transmisión de la réplica.
En la presente iniciativa los principales sujetos obligados son los medios de comunicación, tanto los electrónicos como los escritos, porque son ellos los responsables de cuidar que la información que se transmita y publique sea veraz.
En esta iniciativa también planteo colocar, tanto al Instituto Federal de Telecomunicaciones como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como los principales garantes del derecho de réplica.
Finalmente, en esta propuesta que hoy pongo a consideración de esta soberanía, planteo que las sanciones para los medios de comunicación que se nieguen a transmitir o publicar la réplica, puedan llegar a alcanzar la suspensión provisional del canal o la frecuencia, a través de la cual se transmitió la información falsa o calumniosa que originó la solicitud de réplica. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ortega. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Radio y Televisión, para dictamen. Y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
Saludamos la presencia de alumnos, profesores y rector provenientes de la Escuela Preparatoria de Cuautitlán, del municipio de Cuautitlán México, estado de México, invitados por el diputado Gabriel Casillas Zanatta. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes a San Lázaro.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.
La diputada Lorena Corona Valdés: Con el permiso de la Presidencia. La usurpación o robo de identidad ha crecido exponencialmente en México. De acuerdo con la información de la Comisión Nacional para la Protección y de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ocupamos el octavo lugar mundial en este delito.
Según la Condusef durante el primer trimestre de 2015, las reclamaciones imputables a un posible robo de identidad se incrementan en un 40 por ciento al pasar de 20 mil 168 a 28 mil 258.
El robo de identidad se presenta cuando una persona se apropia indebidamente de los datos de otra persona para cometer un delito, haciéndose pasar por esa persona ante terceros. Es decir, con la información contrata productos y servicios financieros a nombre de la víctima.
Entre los datos personales que se obtienen de manera ilícita se encuentran los nombres de usuario, contraseñas, números de seguridad social, números de cuentas bancarias, números de identificación personal, números de tarjetas de crédito y fechas de nacimiento.
Se ha hecho frecuente que por medios informáticos se obtengan de manera ilícita datos personales para utilizarles con fines económicos, imputando falsamente la conducta a los verdaderos titulares de los datos.
A esta conducta se le ha denominado suplantación o usurpación de identidad, la cual actualmente no se encuentra tipificada en el Código Penal Federal, por lo que tenemos un vacío legal que genera impunidad.
Al no existir tipos penales específicos que regulen estas conductas ilícitas en el Código Penal Federal propongo la presente iniciativa.
Primero. Tipificar la usurpación de identidad como delito autónomo, adicionándolo a un Capítulo Tercero, al Título décimo octavo, Delitos contra la paz y la seguridad de las personas, estableciendo como el bien jurídico tutelado la dignidad, intimidad e integridad personal y la seguridad jurídica respecto de la persona o identidad.
La finalidad de la conducta atípica consistiría en engañar a un tercero respecto de la identidad de la persona, con el fin de obtener un beneficio ilícito.
Y segundo. Adicionar una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, a efecto de sancionar el lucro indebido que se obtiene a través del uso de la información contenida en una red de telecomunicaciones, sistema o equipo de informática en detrimento del patrimonio de la víctima.
Compañeras y compañeros diputados, el derecho a la identidad es tanto un derecho en sí mismo como un medio para acceder a los demás derechos que consagran las leyes y los tratados internacionales, ya que permite la individualización de cada persona, haciéndola única e insustituible. La identidad permite establecer las posibles consecuencias de una conducta para su autor.
Ante el incremento exponencial del robo de identidad no podemos permanecer indiferentes. En consecuencia, ante un vacío legal, que se está generando impunidad, propongo que legislemos para proteger la identidad y el patrimonio de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Corona, túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
Saludamos la presencia de líderes, mujeres y hombres, de colonias de Morelia, Michoacán, invitados por la diputada Daniela de los Santos Torres. Bienvenidas, bienvenidos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o. y 9o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La diputada María Elena Orantes López: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, una de las expresiones más indignantes de la corrupción es aquella en la que la seguridad física de las personas o su vida se someten a amenazas reales inminentes, como consecuencia de omisiones o acciones de las autoridades.
Esto puede salvaguardar la vida de los seres humanos y la seguridad en las personas y sus propiedades. Este tipo de corrupción en el ejercicio de la función pública históricamente ha sido relacionado con etapas en nuestro desarrollo político, que se generaban en expresiones de autoritarismo, aisladas y limitadas territorialmente.
Como producto de dicho desarrollo, al evolucionar y al tecnificar nuestra democracia se va generando una serie de denuncias a las que se van atreviendo en una nueva cultura as ciudadanas y los ciudadanos.
Se han abierto investigaciones e independientemente del resultado judicial de las mismas se ha logrado modificar los marcos legales. No obstante esos pequeños avances que se han logrado en el contexto de los esfuerzos de las autoridades por poder contener el problema de las drogas ilícitas en nuestro país, la perversión de las autoridades de seguridad pública parecen haber crecido exponencialmente.
Hoy ya no se manifiesta a violencia de algunas autoridades en contra de la población en una función de limitar las aspiraciones de una sociedad en materia de derechos políticos sino en el aparente afán de complementar las autoridades de la delincuencia organizada.
Para combatir este fenómeno han surgido iniciativas para poder intentar cambiar las estructuras y las organizaciones policiacas que han fortalecido los programas de adiestramiento policial y el control de la calidad de confianza y trabajo de los mismos. Así que el esquema vigente de la lucha contra estas dinámicas propias de delincuencia ha planteado un ambiente de violencia social sin precedentes en nuestra historia.
Recientemente ha habido poco más de cien mil muertos durante estos años. En este sentido, algunas autoridades federales, estatales o municipales por acciones u omisiones han tolerado este tipo de actividades delincuenciales. Aún continuamos encontrando en la prensa y en los informes la participación de autoridades en ejecuciones extrajudiciales y en hechos de posible complicidad con organizaciones delictivas.
Por ello, los representantes ciudadanos debemos impulsar mecanismos que inhiban la participación de autoridades en caso, como en el de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos.
En consecuencia, como diputada ciudadana planteó a esta honorable asamblea, la necesidad de establecer cambios en nuestros mecanismos de control político para que destrabe el bloque de los mismos, al menos los concernientes al defender los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida, ello al precisar las cosas que las violaciones graves de los derechos humanos implica.
Asimismo planteando que la ampliación de los periodos en que permanecen las responsabilidades sobre hechos concretos de violaciones graves a los derechos humanos. Esta precisión tiene la finalidad de facilitar el funcionamiento de los órganos de poder público, constituido como un contrapeso mutuo.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración el siguiente decreto que reforma la fracción III del artículo 7 y diversas disposiciones del artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Orantes. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado José Bernardo Quezada Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
El diputado José Bernardo Quezada Salas: Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados. Para lograr incentivar la innovación científica y tecnológica es indispensable protegerla.
La iniciativa que pongo a consideración de esta honorable asamblea, es de una importancia toral para el crecimiento nacional, pero sobre todo para proteger jurídicamente a las y los creadores del país.
Se propone una adición al artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a fin de que se incluya en dicho precepto a los delitos en materia de falsificación de marcas protegidas, previstos en la fracción II y III del artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial. Mediante esta iniciativa el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza busca subrayar la gravedad del delito de falsificación a que se refiere el artículo referido.
De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, falsificar en forma dolosa y con fin de especulación comercial marcas protegidas, producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender en forma dolosa o con fin de especulación comercial objetos que ostenten falsificación de marcas protegidas por la ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificación de marcas protegidas, son actividades que están consideradas como delitos.
Sin embargo, quienes cometen estos delitos no son castigados con debido rigor de acuerdo a la normatividad vigente. Lo anterior se explica porque anteriormente el Código Federal de Procedimientos Penales establecía que los presuntos culpables por comisión de dichos delitos no podían acceder a la libertad provisional bajo caución durante el proceso penal.
Al ser expedido el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales dicha situación cambio, ya que tanto el nuevo código como la Constitución establecen que la prisión preventiva solo procede de manera oficiosa para ciertos casos entre los que se encuentran la delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, etcétera.
La falsificación no forma parte de este presunto. Esto quiere decir que quienes cometen el delito de falsificación previsto por la Ley de la Propiedad Industrial pueden gozar de los beneficios de la libertad provisión, ya que la prisión preventiva no aplica de oficio en estos casos. En Nueva Alianza estamos decididos a poner fin a esta situación fortaleciendo el estado de derecho y la legalidad del país.
La piratería es un negocio millonario que no solo afecta la economía sino que perjudica gravemente el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país.
A pesar de que se ha buscado endurecer las sanciones contra esta actividad, la realidad es que México es uno de los países más afectados por la piratería a nivel mundial. Lo anterior se hace evidente cuando revisamos algunos datos que nos muestran la gravedad de esta situación.
De los países miembros de la OCDE, México ocupa el sexto lugar en materia de piratería. Más grave aún resulta el hecho de que según el Consejo Coordinador Empresarial, en nuestro país nueve de cada diez mexicanos han adquirido productos pirata en alguna ocasión; y dos terceras partes de la mercancía que se vende en la vía pública, en las ciudades, es de procedencia totalmente ilegal.
El propio Consejo Coordinador Empresarial menciona que las pérdidas estimadas para productos de software, se ha incrementado casi 600 por ciento en los últimos 10 años, calculándose en alrededor de mil 250 millones de dólares. Asimismo se afirma que el 59 por ciento de los programas instalados en las computadoras mexicanas, no tienen licencia.
De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo, en 2014 la proyección de consumo de piratería alcanzó hasta 43 mil millones de pesos, lo que equivale al 28 por ciento más que todos los presupuestos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, y 34 veces más el presupuesto anual del Instituto Mexicano de Propiedad Industria, el IMPI.
En Nueva Alianza estamos profundamente comprometidos con el respeto irrestricto del Estado de derecho. En este sentido consideramos necesario fortalecer el marco jurídico a fin de poner un alto a la situación que perjudica no sólo a la industria, sino, sobre todo, a las y los creadores de nuestro país, a aquellos que tienen el deseo de innovar, de crear nuevas tecnologías, productos, procesos, métodos mediáticos, ayudas funcionales, aplicaciones, merecen que el fruto de su trabajo esté protegido por la ley mediante la fuerza del Estado.
La cultura de la ilegalidad, no debe de ser tolerada, ya que no sólo va en contra del desarrollo económico del país, sino que se desincentiva la creación y el desarrollo científico y tecnológico.
En Nueva Alianza estamos comprometidos con el crecimiento y el fomento de la ciencia y la tecnología. Carecer de una efectiva protección para quienes contribuyen con esta labor, es una omisión que nos ha resultado demasiado costosa, es preciso cambiar definitivamente este rumbo.
Por ello, los invito que se sumen a este esfuerzo, a fin de fortalecer las acciones orientadas a combatir la piratería y ponerle fin de una vez por todas a este tipo de actividad. Confío, compañeras y compañeros, que esta propuesta será totalmente respaldada por ustedes. Seamos audaces, actuemos en beneficio de México. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Bernardo Quezada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, a nombre del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o de la Ley de Aviación Civil.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con su permiso, señor Presidente, honorable asamblea. Los diputados de Encuentro Social sabemos de la importancia y trascendencia de la industria turística como motor del desarrollo nacional ante la inminente decadencia de nuestra industria petrolera. Es uno de los pocos temas que hacen coincidir en el discurso y eventos a todas las fuerzas políticas representadas en este honorable Congreso de la Unión.
Es difícil recordar de 30 años a la fecha, algún presidente de la República que no se haya pronunciado por hacer del turismo una catapulta económica para el crecimiento de México. Sin embargo, en la actualidad no llegamos a diez puntos turísticos de gran atracción internacional y nacional, por lo que el impulso a los planes y programas que el gobierno federal en la materia merece ser fortalecido acompañado y vigilado desde el Congreso.
Por otro lado, el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones de 2013 a 2018, ha demostrado ser muy ambicioso en materia aeronáutica, hoy ya se encuentran desarrollándose los estudios preparatorios de hidráulica y suelo, del que será el nuevo aeropuerto de la ciudad de México.
Como todos sabemos, se trata de una inversión multimillonaria que de no tomarse las medidas pertinentes, podría sufrir una subocupación que ponga en riesgo la realización de las etapas subsecuentes, dejando en simple proyecto el desarrollo integral de nuevo aeropuerto.
Además del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, nuestro país cuenta con dos aeropuertos, anclas del desarrollo turístico de nuestro país, se trata de los aeropuertos de Cancún y Los Cabos, dos importantes polos turísticos que han visto frenar el desarrollo de su sector turístico debido a la falta de conectividad que padecen ambos destinos.
Sobre el particular es evidente que una política de cielos abiertos detonaría el desarrollo de dichas terminales aéreas, convirtiéndolas en centros idóneos de conexiones de las principales líneas aéreas.
Aunado a lo anterior, el sector turístico se vería beneficiado de forma directa, pues el costo de los vuelos que representa hasta el 40 por ciento del costo de unas vacaciones, se reduciría permitiéndole a un mayor número de turistas visitar el sur, centro y norte de nuestro país, generando así de manera natural tres robustos polos turísticos de desarrollo.
¿Cuál es la relación entre infraestructura en transporte y comunicaciones y turismo? ¿Por qué es importante abatir el descomunal rezago que tenemos en competitividad en ambas materias? Para responder a estas interrogantes, voy a citar un ejemplo de manera muy específica.
Más del 97 por ciento del turismo que llega a Los Cabos, Centro Integralmente Planeado para SECTUR, tiene que hacerlo por avión; las otras alternativas son, cuando menos, complicadas y lastimosas.
Cualquier intento por expandir y explotar racionalmente el turismo hacia Los Cabos tiene que pasar de modo inmediato por la política aeronáutica, caso muy similar al de Cancún. Esta situación ha provocado que ambos aeropuertos tengan mayor número de destinos internacionales, solo por debajo del actual aeropuerto de la Ciudad de México.
Queda claro que la ubicación geográfica de Cancún y Los Cabos les permite gozar de un potencial para conectar no solo con América y el Caribe, sino con Europa y, de acuerdo con la tendencia actual, con Asia.
Por lo que se refiere al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se estima que su potencialidad será enorme. Según datos oficiales la inversión total será de 169 mil millones de pesos y se habrá de construir en dos fases:
En la primera, se construirán tres pistas de operación triple simultánea, lo que le permitirá atender 50 millones de pasajeros al año y 550 mil operaciones anuales. En la segunda fase, se habrá de duplicar el número de pistas a seis y con ello el número de operaciones y pasajeros recibidos.
En este sentido, nuestras autoridades de aviación civil deben de comenzar a trabajar, desde ahora, en establecer una serie de políticas públicas –como la de cielos abiertos– para dar plena viabilidad operativa y comercial al que habrá de ser el aeropuerto más grande y moderno de América Latina.
Una política aeronáutica de cielos abiertos permite a cualquier aerolínea de cualquiera de los países que la pacten en un convenio específico, operar sin restricción de frecuencias una ruta o varias rutas en particular, todo ello en un contexto de tendencia global hacia la liberalización de las fronteras incluso aéreas.
Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Imco, señala en la propuesta de política para recuperar la competitividad del sector turístico y detonar el desarrollo regional, lo siguiente: Una de las propuestas para atraer más turismo al país que ha funcionado en otros países, como Malasia, es flexibilizar las libertades del aire.
De las nueve libertades que existen, México permite cuatro para empresas extranjeras, por lo que aún hay oportunidad de flexibilizar el marco normativo y permitir más libertades del aire, en particular quinta y la sexta.
Para Encuentro Social el desarrollo de nuestro sistema aeroportuario junto con la aviación comercial nacional, sólo se consigue con el esfuerzo integral de todos. Creemos que la dificultad de la nación y sus problemas debe ser abordada con seriedad. Es por eso que solicito a todas y a todos mis compañeros de legislatura de todos los partidos, a suscribir esta iniciativa, la que será punta de lanza hacia una nueva política aerodinámica mexicana acorde con el progreso al que aspiramos y el propio derecho internacional.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente iniciativa, con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 6o de la Ley de Aviación Civil.
Único. Se adiciona una fracción XVI y se recorre la numeración al artículo 6o de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue.
Artículo 6o. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia de aviación civil y aeroportuaria, sin perjuicio de las otorgadas en algunas otras dependencias de la administración pública federal.
XVI: Instrumentar revisiones periódicas para actualizar el marco normativo que regule su actuación, en concordancia con lo estipulado por la Organización de Aviación Civil Internacional. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Perea. Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos, el diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria.
El diputado Óscar García Barrón: Con su permiso, señor presidente. Señoras diputadas, compañeros diputados, el día de hoy, ante esta Cámara, presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 49, 132, 134, 143, 148, 160 y 161 de la Ley Agraria.
Señoras diputadas, amigos diputados, el campo en México ha sido importante para el bienestar de las familias mexicanas, ahí es el espacio donde los productores del campo generan los alimentos para miles y miles de familias de este querido país de México.
El campo de México tenemos aproximadamente 3.4 millones de unidades de producción, tenemos en el campo de México 32 mil unidades de producción que son ejidos y que son comunidades, y en esos ejidos y comunidades habitan más de 32 millones de mexicanos.
El patrimonio de estas familias es el ejido, es la comunidad y es la pequeña propiedad. Este patrimonio es regulado por la Ley Agraria, esa Ley Agraria que nació el 6 de enero de 1915. Es la Ley Agraria la que da certidumbre al patrimonio de las familias del campo.
El 5 de febrero de 1917, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27 se norma y se reglamenta el patrimonio de ejidos y comunidades, de pequeños propietarios, de avecindados y todas las familias que viven en el campo mexicano.
En el devenir de los años ha habido algunas reformas en este ramo de la materia agraria, y el 2 de enero de 2013 surge la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, hace tres años que surge esa reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública y desaparece quien era la Secretaría de la Reforma Agraria, quien por ley llevaba todo lo relacionado para garantizar el patrimonio de los campesinos.
En esa reforma, en el artículo 41 de dicha Ley Orgánica de la Administración Pública surge la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, asumiendo las funciones que le competían en ese tiempo a la reforma agraria, y la reforma agraria desaparece.
Y hoy a la fecha, después de tres años, la Ley Agraria, en sus artículos en mención, no se ha reformado. Por eso proponemos a esta soberanía la reforma a los artículos ya mencionados, para que la Sedatu, que hoy cumple las funciones en la Ley Orgánica de la Función Pública, asuma las funciones en la Ley Agraria que le compete, logrando con esto armonizar el marco jurídico que le dé certeza y vigencia al patrimonio de miles y miles de familias que viven en el ejido y en la comunidad.
Por todo lo expuesto, compañeros diputados, espero su apoyo para que en el seno de la comisión este dictamen sea a favor y se le dé certidumbre a miles y miles de familias de la gente del campo. Por su atención, muchas gracias, amigos diputados. Señor presidente, gracias.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputado García. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Tiene la palabra ahora por cinco minutos el diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Cambio Climático.
El diputado Sergio Emilio Gómez Olivier: Muy buenas tardes a todos ustedes, con tu permiso. Voy a hablar de un tema muy delicado, que ojalá y le presten atención, de medio ambiente, México tiene un millón 972 mil kilómetros cuadrados, y de los cuales el 70 por ciento lo constituyen bosques. Es decir, tenemos 138 millones de hectáreas y desgraciadamente 112 millones de hectáreas se dedican al pastoreo intensivo y los terrenos, casi el 50 por ciento, es decir, 100 millones de hectáreas están totalmente degradadas, ya no tienen ninguna utilidad.
¿Qué es lo que está pasando? Desde que el chivo, el ganado fue introducido a México, hace 500 años por los españoles, ha casi acabado con nuestros bosques y nuestros territorios.
Herodoto hablaba de que Grecia, Roma eran abundantes en bosques, España lo mismo lo era, África, y con el pastoreo intensivo se han ido degradando y destruyendo todos esos bosques.
Les voy a poner de ejemplo lo que pasa en Tehuacán. En Tehuacán tenemos la reserva de la biósfera, tenemos cactus columnares, material orgánico xerófilo, nolinas y nolináceas o patas de elefante, selva caducifolia baja. Pero principalmente, las famosas patas de elefante que crecen un centímetro por año. O sea, para que una pata de elefante alcance los 10 metros requiere mil 500 años, o una columna trajano u órgano crece 2.4 centímetros, igual el cardón gigante o candelabro (pichicerus weberi). Y resulta que dese que fue introducido el chivo hace 500 años a México ya no hay cactus jóvenes, porque el chivo llegó y se los comió a todos.
Qué es lo que hace el chivo, se supone que hay 30 millones de cabezas de ganado bovino, 7.3 de ganado ovino y 4.1 millones de ganado caprino, que yo creo que es muchísimo más que eso.
El ganado lo que tiene es que una vez que deforesta una zona, que se deforestan 150 mil hectáreas al año, llega, o sea, el chivo, el burro, el caballo, el borrego, el ganado en general arranca las plantas, normalmente los retoños, no agarra las plantas viejas, entonces, planta o árbol que empieza a florecer lo destruyen, se lo comen. Entonces, nunca dejan que se reforesten en forma artificial o repueblen en forma natural los bosques.
Entonces, tenemos en grado de escisión muchas zonas consideradas como reservas de la biósfera.
¿Qué es lo que pasa cuando no crece un árbol? Pues lógico que el ecosistema se daña porque ya no hay nidos, no hay aves, no hay depredadores, no hay halcones harried, no hay águilas, no hay roedores, no hay coyotes, no hay zorras, no hay venados y no hay pumas. Y toda nuestra flora y fauna se ha ido extinguiendo de una forma terrible en México.
Si ustedes son observadores, cuando llueve, en la lluvia, principalmente en laderas aluviales donde hay bajadas, pues como la tierra quedó floja y le arrancó el borrego, el chivo, el ganado, la tierra se aflojó, llega el agua y se lleva millones y millones y millones de toneladas o metros cúbicos de tierra a los ríos y al mar.
Si ustedes se fijan, los ríos en las zonas de Veracruz, del Golfo están achocolatados. Y si ustedes van al mar se van a dar cuenta, donde llegan los cauces de los ríos están totalmente achocolatados por la cantidad de la tierra que se está perdiendo.
Un metro de tierra tarda un promedio de 15 mil años en formarse y en unos cuantos años con el pastoreo se destruye. Es impresionante el daño que está ocasionando el pastoreo.
Les digo que en Tehuacán el daño que hemos visto es irreversible en muchos casos, porque los cactus son viejos, pero esto se extrapola a todos los bosques. Cuando hablo de que México tiene 138 millones de hectáreas de bosque no me refiero a bosques húmedos conocidos como coníferas, también hay bosques de cactáceas, hay bosques de selva baja, de material serófilo, que son los arbustos, de selva tropical o subtropical.
Había una norma, fíjense que es lo peor, que fue abrogada el 28 de agosto de 2015, que se dedicaba precisamente a la rehabilitación, mejoramiento, conservación y aprovechamiento de los terrenos forestales de pastoreo; sin embargo, fue eliminada.
Ahora, ¿qué es lo que estamos planeando o qué es lo que estoy proponiendo aquí a ustedes en este decreto? Uno, primero establecer la obligación entre Semarnat y Sagarpa de: primero, debilitar la deforestación por el pastoreo. Segundo, que se sinergice, se implementen, se generalicen las leyes que permitan precisamente la rehabilitación, mejoramiento, conservación y aprovechamiento de terrenos forestales de pastoreo.
Establecer que el pastoreo debe definitivamente evitarse, debe evitarse la deforestación por el pastoreo pero, más que nada, evitar el pastoreo en zonas que tengan algún grado de riesgo de la flora y la fauna, precisamente por lo que acababa yo de decir, y principalmente donde haya una repoblación natural o una reforestación artificial, o sea inducida.
Compatibilizar las actividades de pastoreo y agrícolas en terrenos forestales de forma sustentable. Determinar que se consideren criterios ecológicos para el aprovechamiento sustentable del suelo, tanto de los programas de manejo de las actividades agropecuarias como los apoyos a las actividades pecuarias que otorga el gobierno federal.
Fomentar sinergias entre programas y subsidios para actividades ambientales y agropecuarias que contribuyan a la protección y sustentabilidad del suelo por parte de la federación, estados y municipios, a fin de incidir en la reducción de emisiones de gases invernadero.
Ahora, miren, nosotros hemos hecho un experimento allá en Tehuacán. Hablamos con pastores y les dijimos: “Vamos a asesorarte, vamos a hacer invernaderos, vamos a sembrar hidroponía, sembramos lentejón, el guaje en forma de forraje y utilizamos también nopal para hidratar al chivo, al borrego.
¿Qué pasa? El animal ya no camina grandes kilómetros, no se deshidrata, gana peso inmediatamente y no sale a deforestar nuestros bosques.
Ahora, también habría que cambiar el uso de en vez de estar esperando que el chivo o el borrego tengan dos años de edad, mejor canalizarlos hacia el norte, en donde se vende el cabrito cuanto es chiquito y que no ocasione tanto daño. Como la hembra ya se le practicó ablactación, ya no está amamantando, inmediatamente ovula y vuelve a reproducirse.
Miren, en Tehuacán quisimos tener otro experimento y un bosque de mil hectáreas se cercó y nada más de dejarlo cercado después de 20 años, es impresionante la cantidad de árboles y la densidad de árboles que han crecido en forma natural.
Lo que propone el Partido Verde Ecologista de dejar en veda esos terrenos que fueron quemados o destruidos, no solo es eso, hay que evitar que haya pastoreo, porque si no todo lo que brote, pues definitivamente no se va a reponer en forma natural.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente decreto. En cuanto a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, pues reformar los artículos 3, fracción XII; artículo 130, 131 y 163, fracción V y en cuanto a la Ley General de Equilibrio Ecológico de Protección al Ambiente, reformar el artículo 87, 99, fracción I, VII; artículo 104 y 105 de esta misma, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; y en cuanto a la Ley General de Cambio Climático, reformar el artículo 34, fracción III, inciso g) de la Ley de Cambio Climático.
Que recuerden que la riqueza de un país se mide por sus bienes naturales...
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Concluya, por favor, diputado.
El diputado Sergio Emilio Gómez Olivier: ... por sus terrenos y por su tierra. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputado Gómez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cambio Climático, para dictamen.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 89 y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Con su permiso, compañera presidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados. Como diputado y presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara, distinción que desde luego me honra, he podido destacar vivamente la relevancia que tiene el concepto de la separación de Poderes como esencia misma de la República.
La muy larga transición hacia la democracia en nuestro país, ha tratado en resumidas cuentas de restituir primero e ir consolidando después esos equilibrios entre los tres Poderes de la Unión, para lograr una convivencia sana y útil entre estos y con el conjunto de la sociedad. No ha sido fácil viniendo de una tradición presidencialista exacerbada y en alguna época podríamos decir hasta absoluta.
La inyección de oxígeno que ha significado la lucha por la democracia impulsada por los partidos y por la sociedad civil, ha sintetizado la lucha entre el conservadurismo de antaño y el progresismo contemporáneo, pues más allá del debate acerca de las necesarias reformas profundas de nuestra Constitución Política hoy vigente, la iniciativa que pongo a su consideración tiene que ver con la afirmación soberana del Poder Legislativo –que representamos nosotros– frente a la posible tentación autoritaria de cualquiera que ocupe la titularidad del Ejecutivo en su momento.
Se trata de acotar de manera razonable los plazos para que el titular del Ejecutivo federal ejerza su facultad para emitir los reglamentos que resultan indispensables para aplicar las leyes vigentes y también para dotar al Poder Legislativo de la facultad de revisar dichos reglamentos para garantizar que sus contenidos vayan acorde con la ley o artículo constitucional que pretenden regular, en aras de la correcta aplicación de las leyes y reformas aprobadas por el Congreso de la Unión y de la sociedad en su conjunto.
En las últimas dos décadas se ha observado que los titulares del Ejecutivo federal han abusado de su facultad constitucional para expedir los reglamentos que para su correcta aplicación requieren las leyes, ya que reiteradamente han rebasado los plazos o simplemente no han emitido los reglamentos requeridos, o han hecho reglas sumamente complicadas o, peor aun, han expedido reglamentos contrarios a la esencia de las leyes que deben regular.
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Constituyente otorgó al Poder Legislativo la potestad para emitir lo actos materialmente legislativos de mayor jerarquía y, por tanto, tiene la autoridad para velar que ningún otro poder desvirtúe el contenido y el sentido de las leyes y decretos por la vía de la facultad reglamentaria o simplemente por la omisión de expedir el reglamento correspondiente.
Por ello es indispensable realizar una reforma constitucional para atemperar la facultad que tiene el Ejecutivo federal para expedir los reglamentos de manera discrecional. Recordemos que el Congreso se ha visto, en no pocas ocasiones, en la penosa necesidad de exhortar al Ejecutivo federal para que acate la obligación de expedir los reglamentos necesarios en los términos del artículo 89 de nuestra Constitución.
Compañeras y compañeros, la iniciativa que les propongo, prevé para el titular del Ejecutivo que, para la expedición y publicación de los reglamentos en el Diario Oficial de la Federación, tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles computados a partir de que cobre vigencia la ley o la reforma respectiva. En caso de no hacerlo, el Congreso citará a comparecer al secretario de Gobernación, o secretaria, en su caso, para que explique los motivos de tal incumplimiento.
Los reglamentos que expida el Ejecutivo deberán ser congruentes con las disposiciones contenidas en las leyes o reformas. En caso contrario el Congreso podrá pronunciarse en queja ante el propio titular del Ejecutivo, para que subsane las incompatibilidades en un plazo no mayor a 30 días.
Se mantiene la posibilidad, tal como lo establece la Carta Magna, de acudir a la controversia constitucional en caso de que las diferencias de interpretación entre ambos poderes, subsistieran sobre determinado marco jurídico y su reglamentación.
También en esta iniciativa se dota al Congreso de las facultades para analizar y garantizar que los reglamentos expedidos por el titular del Ejecutivo sean compatibles con las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, así como para expedir los reglamentos de las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión o por el constituyente permanente, una vez que haya expirado el plazo de 30 días conferido para este propósito al Ejecutivo federal. De eso se trata la iniciativa que hoy pongo a su consideración. Es cuanto, diputada presidenta; por su atención y en espera de su apoyo, muchas gracias, amigas y amigos diputados.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputado presidente. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
La diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz: Con la venia de la Presidencia. En la actualidad sabemos tanto por experiencia histórica, como por observación directa, que el desarrollo en ausencia de paz no solamente es complicado, sino básicamente imposible.
En ocasiones, situaciones aparentemente estables en un país pueden sufrir cambios, tanto inesperados como provocados, que debilitan ese estado y provocan una situación de crisis. En dicho estado de anarquía, cualquier país ve mermado su desarrollo y se sumerge en una situación de estancamiento que afecta a todas las esferas de bienestar.
Por todo lo anterior, hemos de convenir que la paz es un bien imprescindible para el adecuado desarrollo de un país o un área geográfica. Una condición necesaria para el correcto desarrollo de los pueblos.
Sin embargo, la paz precisa de ayuda para mantenerse, dicha ayuda la encontramos en nuestras Fuerzas Armadas, las cuales constituyen el brazo armado de la nación, y no son un elemento exógeno de la sociedad, sino que son parte de la misma, con la misión de mantener su defensa.
Hay que tener claro que sin el gran compromiso y entrega que se ha demostrado tanto en el Ejército Mexicano como la Marina Armada de México, en su lucha contra el crimen organizado, nuestro país estaría en una situación mucho más comprometida de lo que se encuentra en la actualidad.
Todos los años mueren por la patria soldados en cumplimiento de su deber, en total desde 2006, 468 miembros de la Sedena han fallecido en la aplicación de la campaña permanente contra el narcotráfico.
En cuanto respecta a los marinos, en el cumplimiento de su deber, según datos proporcionados por la Secretaría de Marina, 61 de sus elementos fueron asesinados entre el 2006 y el 2015.
Para evitar que el esfuerzo de estos héroes que han dado su vida para proteger a la sociedad de los peligros que implique el crimen, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde proponemos un día para honrar a nuestros compatriotas caídos, ya que su sangre ha sido una ofrenda de sacrificio y valor para México, evitando con ello su recuerdo se desvanezca.
Así pues, proponemos que el primer viernes del mes de mayo, se establezca como día de la conmemoración por ser la fecha en que en el año 2015 el cártel Jalisco Nueva Generación lanzó diversos ataques prácticamente simultáneos en el estado de Jalisco, que dejaron ocho militares muertos y un elemento de la policía estatal, además de derribar un helicóptero bimotor de combate Cougar, los supuestos miembros del grupo criminal incendiaron 36 vehículos, 11 bancos y 5 gasolineras en diversas zonas de la entidad, en lo que se recuerda como uno de los peores ataques por parte de un grupo delincuencial hacia las fuerzas de seguridad del Estado.
Dicho día pretende ser una conmemoración al valor humano y un recuerdo de todos aquellos soldados y marinos mexicanos que murieron en combate, para que nuestro país siga siendo un país de leyes y un país de libertades. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputada Gálico. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para su dictamen.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Modesta Fuentes Alonso: Con su permiso, diputada presidenta. Nuestros pueblos y comunidades indígenas han existido sin el Estado y con él; y tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente en la vida política, económica, social, cultural del Estado.
A los pueblos indígenas se les debe respetar su derecho a exigir a sus propios representantes, de acuerdo a sus usos y costumbres, como una forma alternativa al sistema de partidos para ejercer su derecho político electorales. Además, en ejercicio de su derecho político, conforma parte del Estado mexicano, pueden participar y ser representantes en las elecciones a cargo populares con base a la legislación electoral vigente.
La preocupación por la participación y representación política de los indígenas no es reciente, pero sí ha cambiado de enfoque y de sentido, pues se han promovido la participación y representación política de los pueblos originarios bajo diversas formas y modalidades. Sin embargo, la presencia de legisladores indígenas en el Congreso de la Unión es mínima.
En el caso del Senado, al menos dos legisladores indígenas fueron electos por el periodo de 1994 a 2000. Asimismo, en posteriores legislaturas no es... senadores indígenas. En esta representación nacional el promedio de diputados de origen indígena a las tres legislaturas anteriores equivale a menos del 1 por ciento del total de los legisladores.
Aún falta mucho por hacer para conseguir una verdadera inclusión a los indígenas y para lograrlo se pretende superar al asistencialismo mediante una política de reconocimiento cultural y de la libre determinación de los pueblos indígenas y de su autonomía. Es cuanto, señora diputada.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputada Fuentes. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Tiene ahora la palabra por cinco minutos, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidenta. Compañeros, compañeras diputadas, somos muy pocos, pero este debate que estamos dando aquí es muy importante para todas y todos los mexicanos, porque ellos son los que nos van a escuchar y nos van a votar cuando les toque.
La iniciativa que presento el día de hoy es para reformar la fracción III del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las y los diputados ciudadanos hacemos eco de las demandas de la población y esta es el combate a la corrupción en los ámbitos público y privado.
Diversos estudios demuestran que la corrupción causa un grave daño a la economía del país y es necesario realizar políticas públicas para erradicarla, encaminadas a prevenir y, en su caso, sancionar estas prácticas nocivas.
Dentro del marco de creación del sistema nacional anticorrupción previsto en nuestra Norma Fundamental, según se desprende de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, se destaca que se sancionarán los actos de corrupción cometidos tanto por particulares como por autoridades. Sin embargo, en el caso de estas últimas y no obstante que el sistema de responsabilidades administrativas actualmente en vigor prevé a los servidores públicos que incumplen con las obligaciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades y que encuentran su reflejo en las leyes locales de las entidades federativas, cuando eventualmente como consecuencia de que se acredite su responsabilidad, llegan a ser destituidas e inhabilitadas para ocupar empleo, cargo o comisión en el gobierno federal.
Es muy fácil entonces que burlen esta disposición, pues pueden ser contratados en gobiernos estatales o municipales.
Consideramos que es pertinente establecer en nuestra Constitución que ningún servidor público que sea inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en la administración pública federal, estatal o municipal, pueda volver a desempeñarse en ninguna de ellas por el tiempo en que dure la inhabilitación.
Los diputados y las diputadas ciudadanas estamos convencidas de que todos los mexicanos debemos contribuir a eliminar la corrupción y un elemento de los muchos que deben estar incluidos en las leyes es el que propone la iniciativa que hoy les vengo a presentar.
Al saber los servidores públicos, de cualquier ámbito, que sin son inhabilitados no podrán trabajar en ningún espacio gubernamental, se cuidarán de no incurrir en actos de corrupción.
La reforma propuesta es a la fracción III del artículo 109 y propone lo siguiente. Se aplicarán sanciones administración a los servidores públicos por los actos u omisiones que afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que en su caso haya obtenido el responsable, y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.
La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanciones de dichos actos y omisiones. Ningún servidor público que haya sido destituido e inhabilitado podrá, durante el tiempo que dure esta, desempeñar empleo, cargo o comisión en los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de la federación de los estados o de los municipios ni en órganos constitucionales autónomos a los correspondientes a los estados. Es cuanto, muchas gracias.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputada Ochoa. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Héctor Peralta Grappin, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Héctor Peralta Grappin: Con la venia de la Presidencia. Vengo a presentar el dictamen de la Comisión de Competitividad, referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18, fracciones X y 22, párrafo cuarto, y 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
A la Comisión de Competitividad de la LXIII Legislatura de esta Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos antes mencionados. Presentada por el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Este dictamen se fundamenta de la siguiente manera.
El 14 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interno de la Secretaría de Economía.
De las modificaciones realizadas a dicho Reglamento se destacan la desaparición de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, perteneciente a la Secretaría de Economía. Así como la creación del Instituto Nacional del Emprendedor.
El Inadem es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución con el desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial.
En ese sentido el Inadem tiene seis objetivos: implementar una política de Estado de apoyo a emprendedores y Mipymes, a través de la red de apoyo al emprendedor.
Promover un entorno jurídico y reglamentario propicio para el desarrollo de los emprendedores y de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Fortalecer la capacidad de gestión y habilidades gerenciales en emprendedores y las Mipymes.
Fomentar el acceso al financiamiento y capital para emprendedores y Mipymes.
Desarrollar las capacidades productivas, tecnológicas, de innovación de emprendedores y Mipymes.
Y propiciar el acceso de Mipymes a las cadenas globales de valor.
Después de casi tres años no se han realizado las adecuaciones pertinentes a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en cuanto a la desaparición de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, y reconocer las facultades y atribuciones del Inadem.
Por lo anterior, se propone homologar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Mipymes, con el objetivo de eliminar las diferencias entre los diversos ordenamientos legales que pudiesen generar algún vacío legal.
Incluir dentro del marco conceptual de la ley al Inadem. Integrar al presidente del Instituto Nacional del Emprendedor en el Consejo Nacional para la Competitividad de las micro, pequeña y mediana empresa, y precisar que el consejo contará con un secretario técnico a cargo del presidente del Instituto Nacional del Emprendedor.
De esa manera se adiciona la fracción XVIII del artículo 3o. para el desarrollo de la competitividad, a modo de agregar el concepto de Inadem como Instituto Nacional del Emprendedor.
Asimismo, de reforma el artículo 10, que antes hacía referencia al subsecretario de la pequeña y mediana empresa de la Secretaría de Economía, y ahora queda en la fracción 10 del artículo 18 el presidente del Inadem.
Asimismo, se hacen adecuaciones del mismo tipo en la fracción XXII del citado artículo 18 y en el artículo 19, donde el Consejo Técnico contará con un secretario técnico, al cual lo ponía la Subsecretaría para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, ahora va a corresponder el cargo al presidente del Inadem.
También hay artículos transitorios.
Primero. El presente artículo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Dentro de un término de 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto el Ejecutivo federal y la Secretaría del ramo competentes deberán realizar las adecuaciones normativas del reglamento de Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Tercero. En tanto no sea modificado el reglamento a que se refiere el transitorio segundo respecto a las facultades y obligaciones de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, continuarán aplicándose las normas vigentes del Instituto Nacional del Emprendedor. Es cuanto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias, diputado Peralta.
La Presidenta diputada Daniela de los Santos Torres: Está a discusión en lo general, pero antes damos la bienvenida a la Unión de Comerciantes de la Línea de Fuego, de León, Guanajuato, invitados por la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez.
También damos la bienvenida a alumnos de la licenciatura de ciencias políticas del estado de Nuevo León, invitados por el diputado Waldo Fernández González. Sean ustedes bienvenidos.
De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra por tres minutos cada uno.
En consecuencia, tiene la palabra la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muy bien, le saludo, diputado presidente y compañeras diputadas y diputados. De acuerdo al censo económico realizado en el 2014, el 99 por ciento de las empresas instaladas en territorio nacional son micro o pequeñas empresas y le dan empleo casi al 60 por ciento de la fuerza de trabajo de nuestro país.
Vale la pena hacer una especial atención a la estadística que nos dice que cuatro de cada 10 micro o pequeñas empresas están encabezadas por mujeres, sin embargo solamente generan el 19 por ciento de la producción bruta total. De este modo, ponemos especial énfasis en el hecho de que toda iniciativa que le apunte o que genere condiciones que favorezcan su crecimiento y desarrollo, no son iniciativas menores sino tendremos que ponerles atención.
La iniciativa que nos ocupa consiste en actualizar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, armonizándola con lo establecido en su Reglamento, como resultado de la creación del Instituto Nacional del Emprendedor y de la desaparición de la subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.
Esto es relativamente importante, sobre todo cuando en el sector público sabemos que todo lo que no está permitido en la ley está prohibido, por tanto tenemos que actualizar y asegurar que lo que realice este instituto esté perfectamente contemplado.
Otro asunto importante es que, como actualmente se encuentra la ley, el Consejo Nacional para la Competitividad carece de un secretario técnico que presida ese consejo. La importancia del consejo radica justamente en que es ahí donde se promueve, se analiza y se da seguimiento a los esquemas, programas, instrumentos y acciones que deben desarrollarse en apoyo a tan importante sector.
Es justamente el secretario técnico quien tiene que informar periódicamente a este Congreso de la Unión sobre la evolución de los programas y los resultados alcanzados.
Además, no debemos perder de vista que esta soberanía aprobó un presupuesto de más de 7 mil 200 millones de pesos al Inadem, a través del Fondo Nacional del Emprendedor. Con estos recursos se financian, entre otras cosas, proyectos para el desarrollo de jóvenes y mujeres emprendedoras. Qué importante sería que justamente esa producción bruta total por lo menos empate con ese 40 por ciento que representa la presencia de mujeres en las micro y pequeñas empresas.
Es por esta razón que el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social votará a favor del dictamen, ya que esta iniciativa favorece el funcionamiento de las instituciones en beneficio de este, que es un sector estratégico del país. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez. Tiene ahora la palabra el diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.
El diputado Mariano Lara Salazar: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. En Nueva Alianza estamos convencidos que impulsar y fortalecer el emprendimiento y el desarrollo empresarial potencializa el crecimiento económico de nuestro país. Las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen la columna vertebral de nuestra economía por su alto impacto en la generación de empleos y la producción nacional.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente cuatro millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales el 99.8 por ciento son Mipymes y generan el 52 por ciento del producto interno bruto y por si fuera poco, el 72 por ciento del empleo en el país.
En este sentido el 14 de enero de 2013, el Diario Oficial de la Federación publicó modificaciones al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía mediante las cuales se extingue la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y se crea el Instituto Nacional del Emprendedor, Inadem. Dicho instituto constituye un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía que ejercerá las atribuciones, facultades y funciones de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.
Su objetivo es instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas impulsando su innovación, competitividad y proyección en el mercado nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y la productividad empresarial.
Tres años han pasado desde su publicación y no obstante, pese a su importancia en la economía nacional, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, aún no contempla estos cambios.
Por ello se hace indispensable reformar dicha ley, para subsanar la omisión y finalmente homologarla con las reformas al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía. Lo anterior con el fin de reconocer las facultades y atribuciones del Instituto Nacional del Emprendedor, en ambos ordenamientos, y evitando así duplicidad de funciones.
Recordemos que en nuestra economía predominan los negocios pequeños y los de reciente creación, por lo que es muy importante contar con un organismo jurídicamente estable que diseñe, desarrolle e impulse estrategias y políticas públicas que detonen la cultura del emprendimiento.
El financiamiento es un elemento fundamental para el desarrollo de negocios y de los mismos emprendedores. Es por ello que es imprescindible que el Inadem esté plenamente reconocido en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, pues maneja los recursos para apoyar a este sector.
Compañeras y compañeros legisladores, para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza imprimir mayor dinamismo a la economía nacional es uno de los principales ejes de nuestra agenda legislativa para este periodo ordinario de sesiones. De esta forma buscaremos afrontar los retos de un escenario económico complejo por la volatilidad financiera y la desaceleración económica mundial. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Lara. Y tiene ahora la palabra el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por tres minutos.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, mantener las leyes actualizadas es una necesidad que eventualmente debemos de cumplir para evitar que se generen lagunas que entorpezcan su función.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor este dictamen, ya que consideramos que mantener la disciplina y actualización dentro de la formación de leyes, es indispensable para que cubran las necesidades para las que fueron creadas.
La iniciativa que alude este dictamen, atiende la falta de actualización por parte de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresas, ya que desde el 2013 se aprobaron las modificaciones al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía en las que destacan la extinción de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, y da pie para la creación del Instituto Nacional del Emprendedor. Sin embargo, a dos años de su aprobación y publicación, esta norma aún no está actualizada.
El Instituto Nacional del Emprendedor depende de la Secretaría de Economía, el cual al tratar un tema como lo son las micro, pequeñas y medianas empresas, resulta de suma importancia para los ciudadanos y su propia economía.
La situación del país no está para retrasos, suficiente tenemos con la turbulencia económica por la que estamos pasando. La combinación actual de paridad peso-dólar y el bajo costo del barril del petróleo, convierten a este sector como el más vulnerable y al que debemos poner más atención. Hoy en día, para que no sea golpeado por el entorno macroeconómico.
La inestabilidad económica es cada día más preocupante para los emprendedores, ya que su inversión siempre se ve afectada al no contar con grandes capitales que la respalden, dejándolos aún en estado de incertidumbre y de vulnerabilidad.
Recordemos que la economía de nuestro país está asentada en estas micro, pequeñas y medianas empresas. Mipymes que no encuentran el apoyo económico para salir adelante, y es que el 75 por ciento de éstas, encontrará el fracaso en apenas los primeros cinco años.
Me atrevo a decir que gran parte de este 75 por ciento corre por cuenta del gobierno, ya que éste no ofrece lo necesario para que éstas salgan adelante, pues la Mipymes siguen enfrentando condiciones desfavorables y nadando contra la corriente, en un país lleno de corrupción, burocracia y altas tasas de interés.
No en vano, compañeros y compañeras, hace dos semanas, los reportes señalan que México es el país más corrupto de los integrantes de la OCDE. Bien lo señaló el Consejo Coordinador Empresarial, y es que a 20 años de la existencia de programas y apoyo para las Mipymes, éstas no han rendido los frutos esperados.
Entre los retos a los que se enfrentan estos pequeños empresarios, se encuentran la burocracia, falta de acceso a créditos, tasas absurdas de interés, corrupción, inseguridad, regulaciones excesivas para la capacidad administrativa de un pequeño negocio, obligaciones y costos fiscales y laborales complejos, además de tiempos de respuesta que comen el tiempo y la paciencia de cualquiera.
Estamos en un país que perdona impuestos, y es de memoria corta con grandes empresas, pero es severo y exigente con las pequeñas empresas en este país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ralis. Tiene ahora la palabra la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, por tres minutos.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Por la libertad ya de Nestora Salgado. Nos faltan 43, más cinco, una periodista en Veracruz, y muchos otros más desaparecidos. Con su permiso, señor presidente.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, para la audiencia del Canal del Congreso, para el Grupo Parlamentario de Morena la homologación de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con las modificaciones al Reglamento Interno de la Secretaría de Economía, respecto a la extinción de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, y la creación del Instituto Nacional del Emprendedor, viene a subsanar una omisión que en los hechos se llevó a cabo desde los ejercicios fiscales 2013 y 2014.
Esta armonización normativa si bien es necesaria para eliminar vacíos legales entre facultades y atribuciones de unidades administrativas del gobierno federal, lo verdaderamente importante, lo que se debe subsanar rápidamente es el vacío que existe desde hace más de 30 años de una verdadera política industrial.
La carencia de ella se observa por la incapacidad del Estado de generar entornos favorables para el fomento, promoción y sobrevivencia de este tipo y diversidad de empresas. La necesidad de que el Estado retome su papel como promotor del crecimiento y desarrollo de la economía se ve reflejado por un crecimiento económico insuficiente, que en los últimos 30 años registra una tasa de crecimiento promedio anual de 2.4 por ciento.
Este entorno incierto influye a que en nuestro país las empresas de este sector de la economía tenga un periodo de vida entre uno y dos años, lo que significa el fracaso rotundo de muchas familias que ven truncadas sus aspiraciones de bienestar y supervivencia.
El Grupo Parlamentario de Morena está a favor de la modificación que hoy se vota, pero también manifestamos que no se está haciendo el esfuerzo suficiente para corregir la falta de una política económica verdadera, dirigida para el momento de las Pymes.
Por un lado el Estado debe generar un entorno macroeconómico capaz de propiciar condiciones que fomenten la creación, el crecimiento y la mejora constante de este segmento de empresas, pero por otro lado debe existir una política pública de verdadero apoyo, subsistencia y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa como vertientes genéricas, verdadero acceso al financiamiento, apoyo a la capacitación, al aseguramiento del intercambio comercial y a la innovación.
Sólo así, con el fortalecimiento de las Pymes, se puede impulsar el crecimiento económico y contribuir a aminorar los efectos de la desigualdad y la pobreza. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuata. Saludamos la presencia de alumnos de la escuela de nivel medio superior de San Luis de la Paz, Guanajuato, dependiente de la Universidad de Guanajuato, invitados por el diputado Timoteo Villa Ramírez, que andan por ahí.
Tiene ahora la palabra el diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, hasta por tres minutos.
El diputado Eduardo Francisco Zenteno Núñez: Con la venia de la Presidencia. Compañeros diputados y diputadas, esta iniciativa armoniza las leyes existentes en materia de competitividad, a fin de que el presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, Inadem, tenga presencia en el Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, debido a los estupendos resultados y la práctica en temas de estímulos técnicos y financieros hacia los nuevos empresarios mexicanos.
Además se precisa que el Consejo antes mencionado contará con el valioso apoyo del secretario técnico a cargo del presidente de la Inadem, el dictamen fortalece los vínculos que tienen el Consejo Nacional para la Competitividad y el Inadem. Esta institución, desde su creación en el 2013, ha adquirido un amplio bagaje sobre la problemática existente en el ámbito del emprendedor. De esta manera, ambas instituciones logran elementos muy valiosos para concretar políticas y programas institucionales capaces de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas de manera eficiente.
Las interrogantes acerca de cómo mejorar la competitividad son muchísimas, pero hay dos aspectos claves que se están afinando; primero, al integrar al presidente del Inadem en el Consejo Nacional para la Competitividad, se logra que la experiencia y conocimiento sobre la problemática empresarial sean analíticos y apreciables; segundo, al aclarar que existirá la figura de un secretario técnico en el Consejo, se fortalecerá la existencia de beneficios avalados y comprobados por el propio secretario técnico, el cual estará a cargo del presidente del Inadem.
Esto definitivamente apoyará en mejor medida los elementos de estrategia, estudio y vinculación con el sector empresarial, para que se promueva el desarrollo económico a través de un mejor engranaje institucional.
El tema fundamental del presente dictamen es el bienestar social y económico a través del fomento de empresas mexicanas y la creación de más empleos bien remunerados, objetivo que tenemos que resaltar debido a que en el año 2015 el empleo formal obtuvo excelentes resultados, con una tasa superior al 4 por ciento con respecto al 2014.
En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista confirmamos y apoyamos la visión de promover una cultura empresarial, el acceso a financiamiento con bajas tasas de interés y mejores condiciones para la consolidación de cadenas productivas, las cuales son generadoras de círculos virtuosos para la economía mexicana, para que contribuya de manera global al desarrollo sustentable y equilibrado de largo plazo, siempre que sean equitativas y cumplan con la normatividad ecológica.
El Inadem desde su creación como órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía ha coordinado una política incluyente hacia los emprendedores, impulsando la innovación, competitividad y proyección del mercado nacional, fomentando en todo instante la productividad y cultura empresarial.
La institución, la intención de armonizar la Ley de Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa le dará un empuje colectivo y un enfoque transversal de apoyo a la creación de mercados competitivos, que puedan operar con mejores y más claras estipulaciones en diversos mercados, tanto al interior como al exterior de nuestras fronteras.
Nos congratula y estimula saber que México está dando grandes avances en materia política de emprendimiento, y se reconoce una de las tareas fundamentales, como sociedad al siglo XXI, el crear empresarios que tengan proyectos viables en el cual la población pueda construir aspiraciones reales a partir del asesoramiento intelectual y financiero del Inadem. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Zenteno. Tiene ahora la palabra la diputada Karen Orney Ramírez Peralta, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.
La diputada Karen Orney Ramírez Peralta: Con su venia, diputado presidente. El dictamen que discutimos hace modificaciones a la ley para adecuar las situaciones, como la creación del Instituto Nacional del Emprendedor y la consiguiente desaparición de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de la Economía.
En efecto, el 14 de enero de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se creó el órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía, denominado Instituto Nacional del Emprendedor, cuyo objeto consiste en instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a la micro, pequeña y mediana empresa, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacionales e internacionales, para aumentar su distribución al desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial.
De manera que, desde enero de 2013, el Instituto Nacional del Emprendedor es la instancia gubernamental encargada de todo lo relacionado con la política pública de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa.
Sin embargo, la ley de la materia no refleja esta nueva realidad, por lo que el dictamen en discusión tiene precisamente como propósito hacer las modificaciones para incluir en sus definiciones al Instituto Nacional del Emprendedor. Establecer que el presidente de dicho instituto será integrante del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, así como prever que el secretario técnico del Consejo Nacional antes referido estará a cargo del presidente del Instituto Nacional del Emprendedor.
Se trata de una reforma que va en el sentido correcto y que fue elaborada por la Comisión de Competitividad que preside nuestro compañero diputado Héctor Peralta Grappin. Por lo que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor.
No obstante, quiero aprovechar la ocasión para llamar la atención sobre la difícil situación económica que atraviesa nuestro país y que requiere de la acción urgente del Estado mexicano, incluida esta Cámara de Diputados.
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han reducido previsiones de crecimiento de nuestra economía para éste y el siguiente año. Pese a las llamadas reformas estructurales se mantiene la tendencia de nuestra economía a crecer al 2 por ciento en los últimos seis lustros.
Otras economías emergentes, por ejemplo la India, crecen a tasas del 7 por ciento anual. El precio del petróleo tiene una tendencia de largo plazo a reducirse y actualmente está en 22 dólares promedio por barril, 28 dólares por debajo de lo previsto en la Ley de Ingresos.
Pese a existir coberturas por más de 49 dólares, éstas se pagarán hasta los últimos meses de este año y no son parte de la recaudación federal participable.
Las reservas internacionales tienen un saldo de 175 mil 232 millones de dólares al 15 de enero de 2016, casi 2 mil millones menos en comparación con el saldo al 30 de enero de 2015, que fuera de 196 mil millones de pesos.
El tipo de cambio promedio alcanzó los 17.97 pesos por dólar en el transcurso del 2016. Cinco pesos con veinte centavos más en relación con el precio promedio del 2013, que fue de 12.77 pesos por dólar.
Los riesgos que enfrenta la economía mexicana son diversos y están latentes. Sus efectos se resentirán, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Es necesario tomar medidas de fondo, que modifiquen el modelo económico de estancamiento estabilizador con concentración de ingresos que hemos padecido los mexicanos por más de 30 años. Ese es el llamado que hacemos desde el Grupo Parlamentario del PRD. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ramírez. Ahora sí saludamos la presencia de alumnos de la escuela del nivel medio superior de San Luis de la Paz, Guanajuato, dependiente de la Universidad de Guanajuato, invitados por el diputado Timoteo Villa Ramírez. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes a este recinto parlamentario de San Lázaro.
Tiene ahora la palabra la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por tres minutos.
La diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa: Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes, señoras legisladoras y señores legisladores. Para Acción Nacional uno de los pilares para el crecimiento y desarrollo económico del México es, sin duda, nuestro sector empresarial y hoy más que nunca requiere con toda urgencia de apoyos que le permitan consolidar su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad para que sigan generando empleos y sean el sostén de las familias mexicanas.
Nuestro partido considera que es indispensable que las micro, pequeñas y medianas empresas se consoliden y generen una mayor participación en la economía nacional. En este contexto se vuelve relevante que puedan acceder a mejores fuentes de financiamiento y crédito, a mayores apoyos que les permitan establecer los encadenamientos productivos, lo que les permitirá mejorar sus procesos para ser más eficientes y competitivas en el sector donde se desempeñen. No debemos perder de vista la importante representación que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas en relación a su participación en la economía nacional.
Las cifras nos señalan que del total de unidades económicas que se registran en el país, estas representan 99.8 por ciento del total de las unidades económicas; por eso se vuelve fundamental el papel que desempeña el Instituto Nacional del Emprendedor, que es determinante en el impulso hacia estas unidades económicas.
De la revisión del marco jurídico y con la desaparición de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía y con la creación del Instituto Nacional del Emprendedor es necesario incorporarlo en la ley a fin de armonizar las atribuciones que tiene este organismo como responsable del impulso a la micro, pequeña y mediana empresa.
Las adecuaciones que presenta el dictamen favorecen al sector de las Mipyme en varios aspectos, se actualiza el marco jurídico donde se incorpore y reconoce la figura del Instituto Nacional del Emprendedor. En relación al consejo, se considera como la instancia responsable que promueve, analiza y da seguimiento a los esquemas, programas e instrumentos y acciones que deben desarrollarse en apoyo a las Mipyme.
El dictamen establece la incorporación del presidente del Instituto Nacional del Emprendedor en sustitución del subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía.
Por último, el consejo contará con un secretario técnico, que en este caso será el presidente del Inadem, que anteriormente lo presidía la subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa quien dejó de ejercer funciones.
Todo lo anterior permitirá la creación de empleos, pero también fortalece la búsqueda de un salario digno para todas las y los mexicanos. Desde nuestros documentos fundacionales en Acción Nacional, establecimos el compromiso de la defensa del trabajo decente y del salario digno. Las mujeres y hombres de nuestro país tenemos derecho al trabajo decente y a un ingreso que permita a nuestra familias vivir con un mínimo de bienestar conforme a la dignidad que le es inherente como personas.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ha considerado dentro de sus prioridades apoyar a las mujeres y hombres que crean las Mipyme y es por eso que así lo constatan nuestras agendas legislativas y las iniciativas que de forma recurrente presentamos.
El tema del Inadem ha sido prioridad de Acción Nacional y por ello en esta oportunidad damos nuestro respaldo y aprobación al dictamen que hoy se somete a la consideración de esta soberanía.
Por lo anteriormente señalado, Acción Nacional votará a favor del dictamen, toda vez que el propósito es actualizar el marco jurídico que permita la armonización de la Ley para el Desarrollo a la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a fin de generar claridad y certeza jurídica a los actores que participan en el sector. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Paniagua. Nos honra la presencia y saludamos con mucho afecto, al personal directivo y alumnos colegiados de la Trigésimo Quinta Promoción de la maestría en Seguridad Nacional, de la Secretaría de Marina, que hoy vinieron a tomar aquí un curso, una conferencia. Bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro. Invitados por un servidor.
Por último, tiene la palabra la diputada Martha Hilda González Calderón, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.
La diputada Martha Hilda González Calderón: De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen cuatro millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8 son Pymes que generan 52 por ciento del producto interno bruto y 72 por ciento del empleo en el país.
Como ya se ha mencionado, la pequeña empresa comprende el 13.6 de los establecimientos y origina el 20.8 del empleo. Por su parte a la empresa mediana corresponde el 2.3 de los establecimientos creando el 15.3 del personal ocupado.
Sin embargo, a pesar de que son las principales generadoras de empleo tienen problemas de supervivencia, ya que muchas de ellas no duran más de dos años derivado de situaciones como inexperiencia, falta de capacitación, poca apertura a áreas de oportunidad y el embate de las grandes cadenas o empresas.
Si se toma en cuenta que producen el 72 por ciento del empleo en el país, su crecimiento y mejora debe ser un imperativo para impulsar el desarrollo nacional. Por ello la inclusión del Inadem en el consejo permite fortalecer la operación de las Pymes, al convertirse en un órgano que facilite su acercamiento con las dependencias gubernamentales, sugiere espacios para su profesionalización y coadyuve para detectar y analizar nuevos procesos y brindar nuevas herramientas para encontrar otros mercados.
Según ProMéxico, las Pymes son un importante motor de desarrollo del país. Poseen una gran movilidad permitiéndoles ampliar o disminuir el tamaño de su planta, así como cambiar los procesos técnicos necesarios. Por su dinamismo tienen posibilidad de crecimiento y de llegar a convertirse en una empresa grande.
Absorben una porción importante de la población económicamente activa debido a su gran capacidad de generar empleos. Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con relativa facilidad. Se establecen en diversas regiones del país y contribuyen al desarrollo local y regional por sus efectos multiplicadores.
Quiero en primer lugar reconocer la iniciativa presentada a este pleno por el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, conocedor de la situación de pequeñas y medianas empresas.
En segundo lugar quiero reconocer a la Comisión de Competitividad, que pudo construir escenarios en donde todos ganamos, pero principalmente los pequeños y medianos empresarios, recibiendo la orientación y apoyo por parte de la Secretaría de Economía y particularmente del Inadem, eliminando trabas que obstaculicen la consecución de sus objetivos. Felicidades también por la construcción de consenso, que es la forma más privilegiada de hacer política. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada González.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En virtud de que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprovechamos para saludar la presencia de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por la diputada María Victoria Mercado Sánchez; igualmente al grupo de futbol del Centro de Formación Deportiva Budo de IAP, Institución de Asistencia Privada, invitados por el diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos ustedes.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. De viva voz, diputado Espino.
El diputado Manuel de Jesús Espino (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 422 votos a favor, ningún voto en contra y 1 abstención, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, aprobado en lo general y en lo particular por 422 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3, 18 y 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Tiene la palabra, por tres minutos, el diputo Jorge Enrique Dávila Flores, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Jorge Enrique Dávila Flores: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy a nombre de los integrantes de la Comisión de Economía presento el dictamen a la minuta por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Quiero resaltar que este dictamen fue aprobado por unanimidad en el seno de la Comisión de Economía. La principal característica que se destaca en el dictamen que hoy sometemos a su consideración es la creación de las sociedades por acciones simplificadas, que podrán constituirse por uno o más accionistas quienes externarán su consentimiento bajo los estatutos sociales que la Secretaría de Economía ponga a disposición mediante un sistema electrónico de constitución y todos los accionistas deberán contar con certificado de Firma Electrónica Avanzada, mejor conocida como la Fiel.
La creación de estas sociedades permitirá, entre otras cosas, establecer un mecanismo de constitución administrativa con todos los efectos legales para empresas con ventas anuales de hasta 5 millones de pesos, permitirá opcionalmente la intervención de los fedatarios públicos, se instituye un nuevo régimen societario constituido por uno o más accionistas, personas físicas, sin tener que comprobar un capital mínimo.
Se establecen estatutos proforma con un mecanismo de administración y operación sencillo, se promoverá el uso de medios electrónicos en la toma de decisiones de los accionistas y se contribuirá a elevar los índices de formalidad en la creación de empresas y empleos.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el uso de las nuevas tecnologías de la información y una mejora regulatoria integral que simplifique los trámites que enfrentan los individuos y las empresas permitirá detonar un mayor crecimiento económico.
En México, de acuerdo con el tercer informe de labores 2014-2015 de la Secretaría de Economía, entre las barreras que inhiben la inversión se encuentran los costos asociados a los trámites y registro de la propiedad y del comercio.
De acuerdo con un estudio al portal tuempresa.gob.mx, facilidad y rapidez en la creación de empresas en México, realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE por sus siglas en inglés, y la Secretaría de Economía, hasta antes del lanzamiento del portal tuempresa.gob.mx el proceso para abrir una empresa en México era complicado, había que cumplir con numerosos trámites para obtener los permisos, las autorizaciones y los documentos necesarios.
Los empresarios debían tratar con muchas dependencias de gobierno a nivel federal, estatal y municipal. El ciudadano que deseaba emprender un negocio proporcionaba la misma información al gobierno federal por lo menos en siete ocasiones, y en algunos casos hasta en 18 ocasiones o más. Esta redundancia en los trámites hacía que el proceso fuera largo y costoso, además del pago de derechos, cargos e impuestos. Los empresarios incurrían en un costo de oportunidad por el tiempo que invertían en cumplir con los trámites administrativos.
El dictamen que hoy sometemos a su consideración busca simplificar el proceso de constitución que enfrentan las micro y pequeñas empresas, así como facilitar su vida corporativa a través de una reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles, lo que permitirá a los emprendedores constituir una empresa de manera ágil y sencilla, aprovechando las plataformas tecnológicas existentes.
Además quiero resaltar que las plataformas tecnológicas ya existen, es decir sólo se requiera un módulo de interconexión de bajo costo para aplicar esta reforma.
Esta modalidad trae beneficios, tanto para las empresas como para el gobierno. Para las empresas, porque permite su constitución administrativa en menos de 24 horas. El procedimiento es por medios electrónicos, lo que ahorra tiempo y recursos. La facilitación de estatutos de la sociedad y mecanismos de operación sencilla. Se podrán cumplir con los trámites federales en un solo portal, tanto ante el IMSS, como ante el SAT, como ante Fonacot e Infonavit, y se podrán direccionar y obtener los apoyos federales, tanto de Nacional Financiera como del propio Instituto Nacional del Emprendedor.
Los beneficios para el gobierno. Se fomenta la formalidad en la creación de nuevos negocios y, por ende, de nuevos empleos, que es lo que demandamos todos los mexicanos. Se disminuye el tiempo en la puesta en operaciones de las empresas. Vamos a impactar positivamente y a mejorar positivamente en el ranking del Doing Business sobre apertura de nuevas empresas y además se podrá contribuir a la atracción de inversiones debido a trámites más ágiles para la apertura de nuevos negocios.
Quisiera, compañeros diputados y diputadas, enfatizar que la autentificación del o los accionistas que se constituyan como una sociedad por acciones simplificadas, se realiza a través de la firma electrónica avanzada, la FIEL, la cual es emitida por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, y lleva a cabo un mecanismo de identificación personal, cara a cara con los ciudadanos y, adicionalmente, recolecta información biométrica, como lo son las huellas digitales y el iris.
Actualmente la firma electrónica avanzada emitida por el SAT sirve como llave identificadora para todos los trámites federales y las entidades federativas firmaron un convenio de colaboración para reconocer dicho medio de identificación.
Así también, es muy importante señalar que la Secretaría de Economía compartirá información con la Unidad de Inteligencia Financiera para colaborar en la vigilancia de actos relacionados con el lavado de dinero.
Estimadas diputadas y diputados, ha llegado la hora de elevar la competitividad de nuestro país, reformas como las que hoy sometemos a su consideración son las que por años han esperado los emprendedores y pequeños empresarios.
Por México, por sus emprendedores y por los empleos, que estoy seguro que se van a generar, votemos a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Dávila.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está a discusión en lo general y para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios ya se han enlistado compañeras y compañeros diputados. En consecuencia tiene la palabra el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, por tres minutos.
El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco: Con la venia de la Presidencia. Distinguidas diputadas y diputados, honorable asamblea, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, por mi conducto manifiesta su acuerdo con el dictamen de la Comisión de Economía a esta soberanía, correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y que da lugar a una figura jurídica de avanzada, la sociedad por acciones simplificada.
Para nuestro grupo parlamentario, el gobierno electrónico, la mejora regulatoria y la óptima gobernanza, son las líneas de acción idóneas para una gestión pública moderna y cercana a la sociedad.
Así como hemos reconocido que es deber del Estado mexicano crear y fortalecer las capacidades de modernización para mejorar la calidad y la eficacia en la entrega de servicios públicos que demanda la población. Del mismo modo, en Encuentro Social abrazamos el espíritu de los emprendedores, los que con un profundo amor por México y su gente se arriesgan y generan unidades de producción de bienes y servicios, crean un dinamismo a la economía y generan empleos.
Por tal motivo sabemos que lo menos que podemos hacer como Congreso es simplificar y modernizar el marco legal que permita engrosar las filas de la formalidad y multiplicar el espíritu emprendedor.
Con la creación de las sociedades de acción simplificada México se pone una vez más al día con las tendencias del concierto internacional, y con los objetivos compartidos con la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional y la OEA, en el sentido de fortalecer la cultura de los emprendedores para detonar el desarrollo económico de las naciones y de las comunidades.
La nueva figura jurídica, dirigida a micro y pequeñas empresas que no rebasen los cinco millones de pesos anuales de ingresos, implica la inmejorable aportación de permitir la constitución de las sociedades en línea, en un portal de la Secretaría de Economía, que generarán el contrato social suscrito por todos los socios a través de la firma electrónica, medida de gobierno electrónico, de aprobada eficiencia y confiables sistemas de seguridad informática.
De tal manera, la añeja meta simplificatoria de constituir, perdón, una empresa en un día, se vuelve una propuesta posible y asequible a cientos de miles de empresas que solían reconocerse desincentivados de formalizar sus esfuerzos emprendedores por la gran burocracia que existe en nuestro país, y que impide, y que rezaga en México los estándares internacionales de competitividad.
Lo anterior se fortalece con el robusto contexto normativo e institucional en el que se inscriben las sociedades de acción simplificada. Está creada una sólida legislación en materia de lavado de dinero, separada también de una política pública tributaria con fuertes y eficaces controles fiscales. Estos garantizarán la pertinencia y la realidad de la nueva sociedad mercantil.
Por lo anteriormente expuesto, nuestro grupo parlamentario votará a favor del dictamen y seguirá velando por un nuevo marco y por un nuevo pacto, un pacto federal en que las personas y sus familias puedan disfrutar en sus bolsillos y en sus mesas de los beneficios de las leyes que aquí creamos y de las leyes que aquí recreamos para superar y mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Muchas gracias, diputado Ferreiro. Ferreiro, es que ahorita me reclamó que no había pronunciado bien. No, para nada. Tiene ahora la palabra la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.
La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados. La prosperidad económica de un país depende en gran medida de la existencia de un ambiente propicio para los negocios, de tal suerte que simplificar la apertura de empresas y facilitar la entrada del mercado de nuevas organizaciones fomenta la competitividad y el crecimiento económico nacional.
La competitividad de un país es medida en relación a los bienes y servicios que coloca o puede colocar en el mercado nacional e internacional. Los retos que el Estado mexicano debe asumir para aprovechar y generar ventajas competitivas son impulsar y fortalecer el emprendimiento y el desarrollo empresarial, lo que le permitirá obtener nuevos y mejores beneficios de la globalización económica.
En México, de acuerdo al Inegi, 72 por ciento de los empleos provienen de las micro, pequeñas y medianas empresas, los cuales aportan 5.2 por ciento del producto interno bruto. Las cifras demuestran que en nuestra economía predominan los negocios pequeños y de reciente creación, quienes atraviesan un complejo camino por lograr constituirse.
Para iniciar una empresa en México hay que sujetarse a trámites complicados, que derivan en retrasos y costos adicionales, lo que incluye la conformación de empresas. La tramitología, la pérdida de tiempo y el dinero en muchos casos orillan a los empresarios y a los emprendedores a desarrollar sus actividades en el terreno de la inconformidad. Pero aun, de acuerdo a cifras del Centro de Desarrollo de la Competitividad Empresarial, 75 por ciento de las empresas cierran antes de dos años de vida y solo el 10 por ciento de ellas trascienden más allá de los cinco años.
En este contexto son necesarios nuevos mecanismos que faciliten a los emprendedores los trámites y tiempos de registro de nuevas empresas, así como también de reducir los costos.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que de esta manera se dará un fuerte impulso y se mejorará nuestra economía interna, permitiendo generar más empleos y abriendo la puerta a la formalidad de miles de negocios.
Por ello, votaremos a favor del presente dictamen que incorpora una nueva figura jurídica para facilitar y agilizar la constitución de sociedades mercantiles. La creación de la sociedad por acciones simplificadas, permitirá la constitución de empresas en un día y sin costo para los trámites.
Pensada para servir a quienes arrancan un negocio, la sociedad de acciones simplificadas puede estar constituida incluso por un solo socio.
Sin embargo es importante resaltar que únicamente será aplicable a sociedades que no rebasen los cinco millones de pesos en ingresos totales por año. La idea es ampliar, las oportunidades de personas con espíritu emprendedor. Ayudarles a dar los primeros pasos para cimentar su empresa.
Compañeras y compañeros, la creación de empresas se traduce en inversiones, en crecimiento formal de la economía, pero sobre todo se traduce en nuevos empleos, y estamos seguros que al aprobar este dictamen damos pasos firmes en esa acción, al simplificar los trámites y disminuir el costo para abrir nuevas empresas estamos impulsando el desarrollo económico y también el desarrollo social de nuestro México querido. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Campa.
Tiene ahora la palabra, el diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por tres minutos.
El diputado Carlos Lomelí Bolaños: Gracias. Con su venia, señor presidente; diputadas y diputados. Una de nuestras principales funciones del Poder Legislativo y, en específico, de nuestro papel de representantes de la ciudadanía que es captar las inquietudes sociales; estas inquietudes y cuestionamientos que refleja la problemática que experimentan día a día las personas en el desarrollo de sus actividades y que requiere de acciones del poder público para ser solucionadas.
En nuestro caso, como órgano creador del marco legal que da sustento al estado de derecho, este imperativo de contacto cercano y permanente se vuelve una herramienta indispensable para dotar de contenido real a la norma jurídica, pues de lo contrario se corre el riesgo de tener leyes que no respondan a las circunstancias actuales que deben de regular.
Bajo este contexto la minuta que ha sido remitida por el Senado de la República y que hoy votamos en este pleno responde a una necesidad que desde hace tiempo se venía expresando por quienes se dedican a la actividad empresarial –o nos dedicamos a la actividad empresarial–, sobre todo relacionados con la micro, pequeña y mediana empresa.
Efectivamente, con la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles para establecer la figura jurídica de la sociedad por acciones simplificadas, estamos dando un paso más hacia la formalización de muchos mexicanos que por exceso de trámite o una regulación complicada prefieren permanecer en la informalidad sin adoptar una figura legal más acorde a la realidad de las actividades mercantiles con el fin de lucro.
Podemos afirmar que con la aprobación de esta minuta se responde más eficazmente a la necesidad de un mecanismo que facilite y agilice la constitución de sociedades apegándose a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
Hay que resaltar las ventajas que tiene el hecho de que una persona física pueda integrar por sí misma una sociedad de carácter mercantil, lo que hasta antes de esta aprobación de la reforma era imposible desde un punto de vista jurídico, pues a permitir a quien se dedica al comercio, cuyos ingresos totales no rebasen los cinco millones de pesos inscribirse en el Registro Público del Comercio sin que sea exigible el requisito de elaborar una escritura pública, póliza o cualquier forma adicional, pero sí gozar de un marco legal y acorde a la realización de las actividades comerciales, beneficia en mucho el sostén de una micro y mediana empresa.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en sentido favorable a la misma, pero no queremos dejar de señalar algunos aspectos que consideramos de vital importancia para que esta figura cumpla con plenitud su cometido. Al respecto creemos conveniente que la Secretaría de Economía, como instancia responsable, como instancia responsable de la organización y funcionamiento del sistema electrónico para la constitución de las sociedades por acciones simplificadas, emita reglas de operación claras y sencillas, pero también abone a la transparencia de las sociedades registradas.
Lo anterior para despejar cualquier duda o inquietud respecto a la confiabilidad de las operaciones comerciales que las personas físicas o las empresas lleven a cabo a través de estas sociedades, y así evitar que las ventajas que se prevén con la creación de una nueva figura jurídica se vean opacadas por aquellos que sin ningún escrúpulo en el ámbito de la ley pretendan realizar actividades ilícitas aprovechándose de este nuevo marco jurídico.
En este sentido las autoridades ejecutivas deberán de velar por la exigencia y la veracidad de la información que las personas proporcionan a este registro supervisando que quien intervenga en el proceso lo haga apegado al marco jurídico que hoy estamos aprobando, en específico, el robo de identidades; hay que estar vigilantes.
Sólo me resta expresar que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se congratula de que el trabajo coordinado y las voluntades políticas hayan prevalecido en este dictamen, que estoy convencido impulsará el desarrollo económico de un amplio sector de la población mexicana. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Lomelí. Tiene ahora la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Con el permiso del diputado presidente. El que se pueda aperturar una empresa de manera más rápida y además que se cuente con instrumentos que permitan no simular el número de accionistas, que pueda efectivamente facilitar el trabajo de una pequeña, de una mediana empresa, es algo que debe de ser apoyado; el sentido del voto de nuestra fracción será a favor. Y ciertamente es algo que sirve para mejorar el ambiente de negocios del país.
Creo, sin embargo, e insistiendo que apoyaremos el dictamen en sus términos, que México lleva mucho tiempo insistiendo solamente en el tema de la simplificación, como su estrategia, y al grado de que nos confundimos entre simplificación y competitividad.
Y de hecho México ha avanzado en los indicadores de medio ambiente de negocios, porque efectivamente pasan cosas como que es más rápido ya abrir una empresa, porque hemos invertido en plataformas, hemos invertido en mejorar la regulación y muchas otras cosas.
Pero seguimos sin tener ni una política industrial ni propiamente una estrategia de competitividad en las micro y en las pequeñas empresas. Y entonces no tenemos un sistema financiero ni privado ni una banca pública que permita a este tipo de empresas rápidamente, y a tasas bajas, tener acceso a créditos preferentes.
El sistema financiero sigue siendo una de las razones por las cuales este país no crece. Y tampoco tenemos un mecanismo de inversión pública que detone desarrollo y que precisamente permita que las pequeñas y las medianas empresas participen en este proceso.
Por cierto, el año pasado la inversión pública cayó en más de 8 por ciento, y por supuesto tampoco tenemos un sistema para que estas empresas puedan absorber tecnología y se puedan conectar a las grandes cadenas de valor a nivel global. Y por eso no tenemos pequeñas y medianas empresas que puedan crecer en el país.
Bienvenida la noticia de que se podrá abrir en un solo día una empresa pero lástima que esto no venga acompañado de una política industrial y de competitividad que de verdad pueda hacer que este tipo de negocios florezcan en el país y creen empleo. Esa es la demanda que le tenemos al gobierno de la república. Carecemos de política industrial, carecemos de competitividad y, sobre todo, las pequeñas y las medianas empresas siguen enfrentando un medio ambiente adverso en cuanto a financiamiento, en cuanto a regulación y en cuanto, también, a un sistema fiscal que no es simple y que no permite su desarrollo. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Llerenas. Tiene ahora la palabra la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
La diputada Lorena Corona Valdés: Con la venia de la Presidencia. Las Pymes constituyen la columna vertebral de la economía nacional por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional.
Esta es la razón de ser de esta reforma, ya que con la creación de un nuevo régimen societario se espera facilitar el ingreso a la formalidad y simplificar el proceso de constitución para las micro y pequeñas empresas que actualmente representan el 99.8 por ciento de las unidades económica del país.
Lo trascendente de la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles es que instituye una nueva figura jurídica llamada la sociedad por acciones simplificada, que abre la posibilidad a millones de mexicanos de constituir sociedades mercantiles en un solo día con la eliminación del costo de los trámites a través de un portal de internet que estará a cargo de la Secretaría de Economía y desde el cual se dará seguimiento para la inscripción en el Registro Público de Comercio. Lo anterior en contraposición al tiempo que tarda hoy cualquier trámite de constitución de sociedad que puede ser de hasta 72 días, con un costo de alrededor de 10 mil pesos.
La sociedad por acciones simplificadas se caracteriza por que podrá constituirse con una o más personas físicas, siendo lo novedoso la creación de la figura de la sociedad unipersonal con importantes beneficios, como contar con una figura jurídica diferente a la accionista, que le permite separar el patrimonio privado de la empresarial, limitando la responsabilidad del empresario, quien tendrá toda la autonomía parta tomar decisiones sobre el destino de la sociedad, estableciendo un candado a dicha sociedades hasta pro el ingreso total de 5 millones de pesos, ya que en caso de rebasar tal ingreso deberán cambiar su estatus societario a cualquier otro regulado por la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya que no se debe perder de vista que esta reforma es para apoyar a los emprendedores que han querido formar micro empresas con bajo capital y pocos socios, pero que por cuestiones de tramitología, tiempo o dinero no lo hacen.
Por la importancia de las Pymes en la economía nacional es indispensable instrumentar acciones como este nuevo régimen societario, que apoyan directamente a los emprendedores para constituir empresas a fin de generar las condiciones que contribuyan a su establecimiento, crecimiento y simplificación.
En mi grupo parlamentario estamos convencidos en que la aprobación de este dictamen representa un gran avance para los emprendedores en México, sin embargo también estamos conscientes de las preocupaciones de diversos sectores de la sociedad en torno a la falta de una regulación integral de las sociedades por acciones simplificadas, relativa a la falta de medios para que el contribuyente pueda refutar su consentimiento en cuanto al mal uso de su firma electrónica o la falta de blindaje contra la comisión de delitos, con lo que se limita la acción de la legislación federal en materia de lavado de dinero o como lo relativo a la representación legal, ya que la reforma es omisa en este aspecto. Creemos que estos aspectos deberán ser objetos de posteriores discusiones y reformas.
Compañeros legisladores, la reforma no es perfecta pero sí perfectible y es nuestra labor apoyar este tipo de iniciativas que son pasos agigantados para incentivar a la economía del país, pero estar conscientes que como legisladores debemos trabajar en la presentación de iniciativas que ayuden a perfeccionar la nueva figura jurídica para blindar a la sociedad cuando es unipersonal.
Se reconoce el esfuerzo y la suma de voluntades políticas con esta reforma legal que impactará a la economía del país y que apoyará a los emprendedores en México, por lo que debemos votar a favor el presente dictamen. Gracias.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Ahora tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
El diputado Waldo Fernández González: Con su venia. Acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que presenta la Comisión de Economía, como Grupo Parlamentario del PRD. Nos congratulamos con la aprobación de esta minuta, ya que con estas modificaciones a la legislación de la materia, miles de jóvenes podrán abrir por primera vez un negocio en poco tiempo y sin costo.
En esta LXIII Legislatura estamos dando un paso importante en beneficio de todas y todos los emprendedores que estén planeando abrir un negocio. Se pretende facilitar los trámites a todas las personas que quieran abrir una nueva empresa, para que con ello se reduzca notablemente el tiempo que actualmente se invierte en esta cansada tramitología, que lo único que hace es que la gente se desespere y desista de su cometido, o bien que pasen a engrosar las filas de la informalidad, con lo que sin duda perdemos todos, absolutamente todos los mexicanos.
Lo anterior en virtud de que resulta necesario para nuestro país contar con nuevas fuentes de empleo, pero no sólo eso, sino que tenemos que brindar a todas las personas, pero sobre todo a la juventud, la oportunidad de emprender nuevos negocios que redunden en beneficios para toda la sociedad mexicana.
Asimismo, me permito recordarles que esta propuesta viene de la sociedad civil, de los jóvenes emprendedores que existen a lo largo y ancho del país, mismos que se organizaron a través de las redes sociales.
La Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional, en su informe de grupo de trabajo señaló que un sistema eficaz de inscripción de empresas debería asegurar que este proceso fuera eficiente en cuanto al tiempo y los costos conexos, y que en la legislación vigente sabemos que está lejos de suceder.
¿Quién no conoce o ha escuchado lo tardado y engorroso que es intentar abrir un negocio? De ahí la impostergable necesidad de reducir al mínimo los trámites, así como los costos, pues es de todos sabido las vicisitudes económicas a las que se encuentran las nuevas empresas lo que hace que prácticamente estén en quiebra antes de comenzar a laborar.
En ese contexto, es que en mi grupo parlamentario nos manifestamos a favor de esta noble propuesta de reformas a la legislación mercantil y fiscal aplicable, en virtud de que sin duda alguna se refleja en ella beneficios para todos. Una ventaja más de esta reforma que hoy se somete a nuestra consideración es que se detonará el crecimiento de contribuyentes.
El Inegi señala que las Pymes generan el 52 por ciento del producto interno bruto y el 72 por ciento del empleo en México. Sin embargo y de acuerdo al Banco Mundial, en 2012 se crearon 0.88 empresas por cada mil personas en edad de trabajar, en comparación con Brasil o Colombia, en donde se crean en promedio dos empresas por cada mil personas.
Por otro lado, el Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial dice que solo el 10 por ciento de las Pymes mexicanas llegan a los 10 años de vida y logran el éxito esperado, mientras que el 75 por ciento de las nuevas empresas del país fracasan y deben cerrar sus negocios solo dos años después de haber iniciado sus actividades.
¿Qué es lo que se pretende con la creación de la sociedad de acciones simplificadas? Generar nuevas empresas, que significarán nuevos empleos, simplificar el proceso de constitución de las micro y pequeñas empresas, fomentar el crecimiento de estas empresas para que adopten formas más sofisticadas de operación y administración. Pero sobre todo facilitar su ingreso a la formalidad.
Es por ello que con la nueva figura q1ue hoy estamos discutiendo, una empresa se podrá constituir con una o más personas físicas y sus ingresos anuales no podrán rebasar los cinco millones de pesos y en caso de que los rebasen tendrán otro régimen societario, lo que beneficiará de una vez que empieces arrancando tu negocio, hacerlo de inmediato.
Durante el proceso de constitución, la utilización de los servicios de fedatarios públicos es optativa, no se exigirá el requisito de escritura pública, póliza o cualquier otra formalidad adicional para la constitución de esta sociedad.
El sistema electrónico de constitución estará a cargo de la Secretaría de Economía y se llevará por medios digitales mediante el programa informático establecido para tal efecto.
El administrador publicará en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía, el informe anual sobre la situación financiera de la sociedad, conforme a las reglas que emita la propia Secretaría de Economía, por lo que se da un paso adelante en transparencia.
Por lo anterior, como Grupo Parlamentario del PRD celebramos la aprobación de este dictamen en beneficio de las y los jóvenes que comienzan un negocio. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, del Partido Acción Nacional, el diputado Gerardo Gabriel Cuanalo Santos.
El diputado Gerardo Gabriel Cuanalo Santos: Con el permiso de la Mesa Directiva. Estimados diputados y diputadas, el actual desempeño de la economía no satisface las necesidades básicas de la población, los padres de familia requieren contar con un empleo, con un salario digno para sacar adelante a los suyos.
Por ello, los legisladores del PAN hemos hecho propuestas para fortalecer la economía de los mexicanos, como echar atrás la reforma fiscal que ha resultado tóxica para nuestra economía.
La riqueza y los empleos se crean en las empresas, principalmente en las micro, pequeñas y medianos negocios, los cuales generan ocho de cada diez empleos en este país.
Fomentar su apertura y operación es de gran relevancia para todos, por ello Acción Nacional propone la creación de las sociedades por acciones simplificadas, un esquema moderno de mejora regulatoria, para facilitar la constitución legal de las empresas mediante un proceso ágil, sencillo, expedito y sin burocracia.
Esto se logrará mediante un portal electrónico a cargo de la Secretaría de Economía, en el que se podrá realizar la constitución legal de una empresa sin acudir a un notario o corredor público.
Esta dependencia tendrá un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de esta reforma, para poner en marcha este portal electrónico, mismo que deberá estar vinculado con el Sistema de Administración Tributario, SAT, el Seguro Social, así como los estados y municipios, entre otros.
Será un sistema confiable, pues los emprendedores deberán emplear su firma electrónica avanzada para acceder y constituir la nueva empresa.
La Fiel produce los mismos efectos jurídicos que una firma autógrafa, sin embargo, es más confiable, pues en su elaboración se recaban datos biométricos, lo que garantiza que la Fiel corresponda a la persona física.
Las sociedades por acciones simplificadas serán un nuevo régimen fiscal enfocado a la promoción de las micro y pequeñas empresas que facturen no más de 5 millones de pesos al año, cuando rebasen este monto se tendrán que transformar en alguna de las otras seis figuras de sociedad.
Compañeros, aprobar este dictamen implica una importante mejora regulatoria con beneficios tangibles para los mexicanos, como reducir drásticamente los tiempos para la constitución de la empresa y mejorar la competitividad del país.
En la actualidad el Banco Mundial nos ubica en el lugar 64 del ranking doing business, es decir, hay otros 65 países donde es más rápido y sencillo emprender.
Al mejorar la competitividad fortalecemos tanto la atracción de inversión extranjera como la integración de las Mipymes en las cadenas productivas.
En Acción Nacional seguiremos luchando por mejorar las condiciones de nuestra economía, regresar al régimen de pequeños contribuyentes, así como todas las medidas que fortalezcan a las micro y pequeñas empresas.
Pedimos su voto a favor del presente dictamen, pues sin duda va en el camino correcto para sacar a México del bache económico que actualmente vivimos. Es cuanto, presidente.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Ahora tiene la palabra el diputado Miguel Ángel González Salum, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por tres minutos.
El diputado Miguel Ángel González Salum: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI expresa hoy beneplácito por la discusión e inminente aprobación de la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles por la que se crea la sociedad de acción simplificada.
Es posiblemente el día de hoy, que el Poder Legislativo dará buenas noticias a las y los emprendedores, a las y los pequeños y medianos empresarios de nuestro país.
La minuta que hoy estamos por aprobar es también el resultado de la voluntad política y actuar responsable de la colegisladora y de la Comisión de Economía de esta Cámara, quienes pondrán fin a una discusión que se había presentado en distintas legislaturas sin poder concretarla.
Con la inclusión de la sociedad por acción simplificada a la Ley General de Sociedades Mercantiles se establece un mecanismo de operación sencillo que se adapta a las necesidades de las micro y pequeñas empresas, y se fomenta el crecimiento de las empresas que en el futuro adopten formas más sofisticadas de operación y administración.
En el dictamen de la minuta se precisa que estas sociedades podrán constituirse por una o más personas físicas, que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones representadas en acciones y en ningún caso las personas físicas podrán ser simultáneamente accionistas y otro tipo de sociedad mercantil a las que se refieren las fracciones I a la VII del artículo 1o. de la ley.
También se especifica que los ingresos totales anuales de una sociedad por acciones simplificadas no podrán rebasar de 5 millones de pesos. En caso de rebasar ese monto, la sociedad por acciones simplificadas deberá transformarse en otro régimen societario contemplado asimismo en esta ley.
Con la aprobación de este dictamen, compañeras y compañeros, se da un gran paso en la dirección correcta, pues se amplían las oportunidades para los emprendedores, se genera empleo, se superan obstáculos y al mismo tiempo se agiliza el tiempo de creación a un día de estas empresas y elimina el costo de los trámites, que son excesivamente onerosos, al tiempo en que flexibiliza al máximo los trámites que hasta hoy siguen vigentes y que representan uno de los cuellos de botella más inoportunos para el emprendedurismo en México.
Compañeras y compañeros, es nuestra obligación trabajar en una nueva cultura de la agilización de los trámites para impulsar que haya cada día más emprendedores, impulsen la generación de empleos desde las micro y medianas empresas. Por ello es que solicito, a nombre de las diputadas y los diputados del Revolucionario Institucional su voto a favor de la presente minuta. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado González.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En virtud de que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, aunque antes espéreme, secretaria. A ver, sonido ahí en la curul del diputado, por favor. Sí, diputado Pedro Noble, ¿con qué objeto?
El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (desde la curul): Para abundar en el tema de los pros, efectivamente, presidente. Decirle a la asamblea que en los trabajos de la comisión también participaron el Notariado Nacional, dejaron algunas cuestiones, algunas preocupaciones, pero fundamentalmente de que fueron atendidas éstas a través de la Secretaría de Economía, con la señora subsecretaria, con la propia Comisión de Economía.
Y un aspecto relevante es que, para quienes les preocupaban que a través de las sociedades anónimas simplificadas pudieran acceder recursos de procedencia ilícita, va a haber toda una reglamentación que va a impedir que eso se pueda dar, de tal manera que la Fiel y que los elementos de certeza jurídica queden debidamente sustentados. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias por ilustrar a la asamblea. Un tema que efectivamente preocupa a no pocos en la sociedad mexicana y aquí mismo en el Poder Legislativo, lo que usted acaba de decir para prevenir acciones ilícitas. Gracias, diputado Noble.
En virtud que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría, que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 428 votos en pro y 1 voto en contra, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 428 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (15:20 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 11 de febrero a las 11:00 horas. Buena tarde.
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