Comunicaciones
Protesta como diputada de la ciudadana Katia Berenice Burguete Zúñiga
De la Cámara de Senadores, con minutas
Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales
Iniciativas
Virgilio Daniel Méndez Bazán, PRI
Hortensia Aragón Castillo, PRD
José Alberto Couttolenc Buentello, PVEM
Blanca Margarita Cuata Domínguez, Morena
Manuel Alexander Zetina Aguiluz, PNA
Solicitud de licencia de diputada
Dictámenes
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Proposición
Acuerdo de la Junta, con cambios en comisiones
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 341 diputados y diputadas, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (11:28 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se ha encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa su lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos con el capítulo de comunicaciones oficiales. Permítame un momentito, secretaria, por favor. Sonido en la curul el diputado Luis Munguía, por favor. ¿Con qué propósito, diputado?
El diputado Luis Ernesto Munguía González (desde la curul): Con hacer mención precisamente de un acontecimiento que ocurrió el día de ayer, con el que Rommel Pacheco Marrufo gana la medalla de oro en la Copa Mundial de Clavados de tres metros, y esto es con la idea de, así como se invitó al equipo de hockey solicitamos que se le convoque a él para que se le dé el reconocimiento que se merece. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se toma nota. Hay que turnarlo a la Comisión de Deporte para que pueda tomar también nota del asunto y desde luego mandamos nuestras felicitaciones a nuestro campeón mexicano Rommel Pacheco.
El diputado Pablo Gamboa Miner (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido ahí en la curul del diputado Pablo Gamboa, por favor.
El diputado Pablo Gamboa Miner (desde la curul): Gracias, señor presidente. Solo para avisarle al diputado que ya fue invitado Rommel. Como presidente de la comisión, si me deja apoyar, claro que lo vamos a hacer.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahí está ipso facto, satisfecha la propuesta. Gracias, diputado. Ahora sí, continúe la Secretaría con el capítulo de comunicaciones oficiales, por favor.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibió oficio del diputado Alberto Martínez Urincho, por el que solicita el retiro de la iniciativa que adiciona un artículo 216 Bis a la Ley General de Salud, presentada el 10 de noviembre de 2015.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que remite los empréstitos y obligaciones inscritos en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, los siguientes asuntos:
1. Informe correspondiente de los ingresos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, durante el ejercicio fiscal 2015.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: 2. Informe trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2015.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron de diversas autoridades 11 contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, con su trámite.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento y a los promoventes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Katia Berenice Burguete Zúñiga, diputada federal electa en la tercera circunscripción plurinominal.
Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a las siguientes diputadas y diputados: diputado Hernán de Jesús Orantes López, diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, diputada María Cristina Teresa García Bravo, diputado Omar Noé Bernardino Vargas, y diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su encargo)
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ciudadana Katia Berenice Burguete Zúñiga: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La ciudadana Katia Berenice Burguete Zúñiga: Sí, protesto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades y bienvenida, diputada. Luego se dará cuenta de que no todo es aplausos, pero ahorita recíbalos con satisfacción.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Continuamos.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes minutas:
1. Con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: 2. Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas, que devuelve para los efectos de la fracción E) del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Túrnese a la Comisión de Marina, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Hago de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Senadores dio cuenta con un oficio suscrito por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el secretario de Gobernación y por la procuradora general de la República, con el que solicitan al Congreso de la Unión la emisión de la declaratoria de la entrada en vigor, a nivel federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del 29 de abril de 2016 en los estados de Campeche, Michoacán, Sonora y Veracruz. Y a partir del 14 de junio de 2016 en los estados de Baja California, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, así como en el archipiélago de las Islas Marías y en el resto del territorio nacional a que se refieren los artículos 42 y 48 constitucionales.
El Senado de la República realizó la declaratoria correspondiente y la Presidencia dictó el siguiente trámite: Remítase a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta consideración, senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, vicepresidenta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Cámara de Diputados emite la siguiente declaratoria:
El Congreso de la Unión declara la entrada en vigor, a nivel federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del 29 de abril de 2016 en los estados de Campeche, Michoacán, Sonora y Veracruz. Y a partir del 14 de junio de 2016 en los estados de Baja California, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, así como en el archipiélago de las Islas Marías y en el resto del territorio nacional a que se refieren los artículos 42 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul de la diputada Candelaria Ochoa, por favor.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. El día de ayer se publicó en un periódico que el gobierno federal había utilizado recursos públicos para defender al señor Moreira en España, y que además la procuradora había intervenido para los cargos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pero, perdón, diputada, nada más...
La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (desde la curul): Quisiera hacer un llamado a que este Congreso le pidiera transparencia y rendición de cuentas al Ejecutivo en esa materia, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Haga la solicitud por los procedimientos conducentes que ya se conocen y que en su caso se le atienda la petición, de así considerarse procedente. Gracias.
Saludamos la presencia de la ciudadana Liliana Ibáñez, representante en Río de Janeiro 2016, en la disciplina de natación y que nos visita hoy a invitación de la diputada Adriana Elizarraráz Sandoval. Bienvenida al recinto parlamentario. Acá está. Siga compitiendo.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pasamos a ver el capítulo de presentación de Iniciativas. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán, del Grupo Parlamentario del PRI para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, así como también para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que expide el Código Militar de Procedimientos Penales. Ambas iniciativas se presentarán en una sola intervención por el diputado Méndez Bazán. Adelante, diputado.
El diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, la justicia militar es uno de los sistemas jurídicos más completos y eficaces, gracias a su adecuado funcionamiento se garantiza la preservación del valor supremo que vincula nuestras fuerzas armadas.
La disciplina, la lealtad, patriotismo, entrega y dedicación de la tropa tiene en la justicia militar uno de los pilares más sólidos. La disciplina constituye el nanismo que sanciona todo acto contrario a la legalidad, con el propósito de contar con fuerzas armadas ejemplares, con integrantes cuya actuación sea respetuosa de la Ley de los derechos Humanos.
El actual sistema de justicia militar se refleja en órganos como el Supremo Tribunal Militar, los juzgados militares, el Ministerio Público, el cuerpo médico legal y el cuerpo de defensores de oficios, los cuales salvaguardan los valores y principios castrenses.
La reforma constitucional del 18 de junio de 2008, significó un cambio de paradigma en la procuración y administración de justicia con la introducción de juicios orales, garantías para las víctimas u ofendidos, el principio de presunción de inocencia y nuevos mecanismos de resolución y controversias.
El artículo segundo transitorio de la reforma constitucional mandata que el sistema procesal penal acusatorio debe entrar en vigor sin exceder un plazo de ocho años. Las reformas que se han mencionado conllevan el reto de modernizar la justicia militar, para armonizarla con el nuevo sistema de justicia penal.
El objetivo de esta modernización debe ser la eficacia en la procuración y administración de justicia castrense, es por ello, que es necesario actualizar el Código de Justicia Militar.
Con las reformas que presento a la consideración de esta soberanía, se ajusta la estructura orgánica de los operadores del sistema de justicia penal militar y se deroga el procedimiento actual, se suprimen instituciones jurídicas como los Consejos de Guerra Ordinarios y Extraordinarios y se crean Juzgados Militares de Control y Tribunales Militares de Juicio Oral.
La Procuraduría General de Justicia Militar pasará a ser la nueva Fiscalía General de Justicia Militar, encargada de encabezar al Ministerio Público. Se transforma el cuerpo de defensores de oficio, en defensoría de oficio militar, con lo que se garantiza la defensa técnica de calidad, los delitos de competencia del fuero militar. Se crea la Coordinación de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, como un organismo imparcial que brindará servicios periciales tanto al Ministerio Público como a la Defensa, con lo que se materializa el principio constitucional de la igualdad de las partes.
Con estas adecuaciones se transitará a un nuevo sistema de Justicia Penal Militar, garantizándose el sostenimiento de la disciplina como bastión de las instituciones armadas.
La reforma al Código de Justicia Militar no se explica sin la expedición de un nuevo Código Militar de Procedimientos Penales. El código que propongo, a la consideración de esta soberanía, consolida el tránsito al nuevo paradigma de la justicia penal. Con la nueva normatividad se fijan las reglas que habrán de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos para establecer los hechos, proteger al inocente, procurar al culpable que no quede impune y que se repare el daño.
Se establece que el proceso penal será acusatorio y oral, y en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
La participación de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas será exclusivamente en el carácter de testigos. En el caso de los menores que participen en calidad de testigos se observarán las difusiones en materia de debido proceso contemplados en la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Se establece que los órganos de impartición de justicia militar serán independientes en el ejercicio de sus funciones técnicas con respecto a las otras autoridades. El Ministerio Público militar será la instancia responsable de conducir la investigación, coordinar las policías, resolver sobre el ejercicio de la acción penal y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes.
La Policía Militar ministerial actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público. Se delimitan las funciones de juez de control del Tribunal Militar de juicio oral y del Supremo Tribunal Militar. El código prevé sanciones alternas y formatos de terminación anticipada, así como el procedimiento ordinario, las etapas de investigación e intermedia del juicio y los medios de impugnación.
Diputadas y diputados, con estas disposiciones la justicia militar se armoniza con el nuevo sistema penal. Las instituciones creadas, los procedimientos previstos y las garantías que se otorgan, permiten transitar al nuevo paradigma salvaguardando en todo momento la disciplina militar.
La propuesta que he presentado respalda la consolidación de un estado de derecho en el que la justicia responda a los ideales constitucionales de ser pronta y expedita. Estoy cierto que con las reformas al Código de Justicia Militar y con la expedición del nuevo Código Militar de Procedimientos Penales, habremos de dar los pasos necesarios para consolidar un nuevo sistema de justicia a la vez que se conservan la unidad, la disciplina y la lealtad de nuestras Fuerzas Armadas. Es cuanto. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Méndez. Túrnese la primera de las iniciativas referida a diversas disposiciones del Código de Justicia Militar a la Comisión de Defensa Nacional para dictamen; y la segunda de ellas, referida al Código Militar de Procedimientos Penales, túrnese a la Comisión de Defensa Nacional para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn: Con su venia, presidente. Esta iniciativa está presentada en beneficio de las mujeres, madres de familia, trabajadoras, que muchas veces son quienes mantienen el hogar. Las madres trabajadoras de México son uno de los pilares fundamentales en este país.
Lamentablemente es un hecho que hoy en día las mujeres sufren de algún tipo de discriminación laboral en sus trabajos. Esto es aún y cuando alcanzan la misma o mayor productividad que los hombres. Las mujeres reciben trato y salario distinto. Aunado a ello las mujeres no tienen participación equitativa de las ventajas y dignificación del empleo, y en muchos casos carecen de prestaciones y de seguridad laboral.
Lo anterior se demuestra con las cifras que han arrojado algunos índices en la materia como el Informe Sobre el Desarrollo Mundial 2012, del Banco Mundial, dirigido exclusivamente al tema de igualdad de género y desarrollo. Dicho estudio establece que en México existe una diferencia salarial de alrededor del 20 por ciento entre los hombres y mujeres. Es decir, que en México por cada peso que un hombre gana las mujeres solamente reciben 80 centavos, a pesar de realizar el mismo trabajo. Esto, diputadas y diputados, es inconcebible en un Estado democrático.
Para el Grupo Parlamentario del PAN, estos datos resultan alarmantes y reflejan la necesidad de realizar adecuaciones legislativas, así como reforzar las políticas públicas que eliminen la brecha de desigualdad entre los salarios que perciben las mujeres y los hombres, y así caminar hacia un camino de igualdad sustantiva que establece nuestra Carta Magna.
El artículo 123 constitucional es claro: “para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad”.
Nuestro país sigue rezagado en materia de equidad de género. Ante estos hechos los legisladores no podemos permanecer pasivos, por lo que considero pertinente reforzar dichas disposiciones en nuestro marco jurídico.
Con la presente iniciativa propongo fortalecer el principio de igualdad salarial entre hombres y mujeres en la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, eliminando así cualquier tipo de discriminación salarial a las mujeres que se pueda suscitar en el campo laboral.
La iniciativa, entre otras cosas, propone a los patrones pagar a las mujeres y a los hombres salarios iguales por trabajos desempeñados en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, y a quienes no lo cumplieren, se harán acreedores a una multa de 50 a 2 mil 500 veces la unidad de medida de actualización.
También se considera como un caso especial a las madres, dejando intactas las prestaciones que les otorga actualmente el marco jurídico y además garantizar su igualdad salarial.
De igual forma, propongo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dentro de su plan anual de trabajo diseñe políticas e impulse acciones que garanticen a las mujeres acceder a una igualdad salarial.
Por último, propongo que en cada uno de los poderes públicos federales de aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, formulen observaciones, sugerencias y directrices que permitan llevar a cabo en el salario que perciben las mujeres, de modo que se garantice una equidad entre hombres mujeres. Esto, como una medida de nivelación que busca hacer efectivo el acceso de las mujeres a la igualdad real de oportunidades, eliminando cualquier barrera que obstaculice el ejercicio de sus derechos y libertades.
Diputadas y diputados, en el PAN estamos comprometidos con la igualdad entre mujeres y hombres. Sabemos que existen brechas que deben ser superadas con reformas progresistas como la presente, que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y con acciones de todos los niveles de gobierno y demás actores en nuestro país que eliminen cualquier tipo de discriminación.
Por lo anteriormente expuesto, consideramos que la desigualdad implica una violencia a un derecho fundamental, una forma de violencia y una forma de discriminación hacia las mujeres.
A través de la presente iniciativa se pretenden cambiar los cambios estructurales a los distintos ordenamientos que regulan la percepción salarial, con la finalidad de alcanzar igualdad y eliminar esta forma de violencia económica hacia las mujeres de todo el país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Piña. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Igualdad de Género, para dictamen.
La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido allá en la curul de la diputada Verónica Delgadillo, que de repente se nos ausenta de acá de la Secretaría. A ver, sí.
La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Gracias, diputado presidente. En el marco de la iniciativa que se acaba de presentar por mi compañeros diputado quisiera hacer un señalamiento, su servidora hace unos meses presentó una iniciativa en el mismo marco, buscando la equidad salarial para hombres y mujeres, porque –como bien mencionó nuestro compañero– es un promedio de 20 por ciento de salario menos lo que percibe una mujer por el mismo empleo.
Creo que somos muchos los que coincidimos en la importancia de hacer acciones efectivas para transformar esta realidad de las mujeres, y es así que quiero hacer esta participación para exhortar a las comisiones dictaminadoras que den celeridad a las iniciativas que ya hemos presentado en torno a ello y que tomemos cartas en el asunto. También pido la sensibilidad del resto de mis compañeros diputados para que podamos avanzar en términos efectivos de la igualdad de género. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Ahí está hecha ya la propuesta, desde luego siendo de la misma materia cada una con sus especificidades, lo aconsejable es que se puedan dictaminar de manera conjunta en su oportunidad y desde luego hay que estar pendientes de que las comisiones trabajen y arrojen frutos ya con dictámenes. Gracias, diputada Delgadillo.
Saludamos la presencia de alumnos, mujeres y hombre, por lo que veo desde acá, del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Jalisco, invitados por la diputada Mirza Flores Gómez, que ahorita está aquí a nuestra derecha geográficamente hablando. Bienvenidas, bienvenidos, todos ustedes, amigos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene la palabra por cinco minutos ahora la diputada Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, y los artículos 22 y 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
La diputada Hortensia Aragón Castillo: Gracias, presidente. Debido a los acuerdos que la Junta de Coordinación Política de esta Cámara toma, sobre los tiempos reglamentarios que disponemos para expresarnos en tribuna, y que se reducen en nuestro desempeño a la mitad de lo que deberíamos de disponer, pido que se inserte íntegramente en la Gaceta Parlamentaria, tanto el contenido íntegro de la iniciativa que voy a presentar, como los comentarios vertidos en esta intervención.
En mi calidad de diputada federal de esta legislatura presento ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversos artículos de la Ley General de Educación y de la Ley General del Servicio Profesional Docente, de conformidad con lo siguiente.
El proyecto de ley que pongo a su consideración es con la finalidad de que la evaluación que se aplique a los docentes en el sistema educativo nacional no sea necesariamente una herramienta que determine su situación laboral en términos de permanencia, sino un mecanismo que nos permita tener directrices para el logro de la calidad educativa.
A qué voy. Primero. Una de las reformas estructurales que fueran aprobadas por la anterior legislatura, y digo aprobadas porque no necesariamente fueron discutidas aquí, y que a juicio de muchos y muchas mexicanas es, si no la principal, sí la que ha generado mayor expectativa en la sociedad, y me refiero a la reforma educativa, porque la historia de este país desde hace muchos años, en la evaluación de los instrumentos internacionales de la educación en México ha sido vergonzante. Hemos ocupado los últimos lugares en la adquisición de conocimientos varios, no específicamente en uno y por lo tanto tener una reforma educativa, que se plantea darle la vuelta a esta forma de ver la educación en México y hacer posible que el tema educativo se convierta realmente en la palanca del desarrollo para el país, es algo que no pudiéramos desdeñar y mucho menos estar en desacuerdo.
Sin embargo, la parte más polémica de la educación de la reforma, que no es la única, que se refiere a la evaluación, desde nuestra opinión y de la de muchos maestros, regulares maestros algunos, por su desempeño, pero también la opinión de muy buenos maestros y maestras, es que vincular estrictamente la evaluación de los docentes a su permanencia en el servicio con el derecho que tienen como trabajadores, no solo es discriminante para este sector laboral, sino que no se vincula en ningún sentido a la calidad educativa.
Voy a tratar de explicarme en esos segundos que quedan. Primero. Porque la evaluación tiene como finalidad tener un diagnóstico y el diagnóstico tiene como razón la existencia de medidas para corregir.
A los maestros se les ha venido evaluando, pero no se les ha capacitado en los huecos que esa evaluación ha arrojado, para que estén en condiciones de mejorar su desempeño.
El recorte presupuestal, por cierto, que se ha anunciado de 3 mil 660.2 millones de pesos en educación contradice el discurso de la importancia de la educación para el Ejecutivo federal, y es ahí donde pega ese recorte, en la capacitación de los docentes y otra vez vamos a evaluar sin haber corregido las fallas.
Y, por ello, nosotros planteamos que mientras no se tengan los recursos y el Estado no vaya y capacite debidamente, no puede estar reprobando y acorralando al magisterio, a riesgo de que pierdan su trabajo, que es en contra totalmente de su derecho como trabajadores.
Me parece que la evaluación también recae sobre todo el sistema educativo y sobre la propia reforma que se aprobó en la legislatura anterior y esa reforma tiene que ser evaluada, y este es uno de los elementos de evaluación.
¿Hasta cuándo puede modificarse una ley? ¿Hasta que le dé la gana a quién? ¿Hasta que se sienten de nuevo los actores? No. La ley se modifica cuando el Legislativo encuentra que hay fallas de origen y que se puede perfeccionar.
Yo creo que la reforma educativa, la Ley de Educación se puede perfeccionar si vinculamos la evaluación de los docentes al desempeño y la calidad de la educación y no cerramos los ojos a que estamos midiendo distinto a unos docentes de otros. En un sindicato porque no están en clases, y en el sindicato oficial porque tampoco están en clases, se les da otro trato.
Los miles de maestros del SNTE no están frente a grupo y se les están dando otro trato, y no es justo. La vara debe de ser pareja y debe de ser la evaluación para corregir y no para hacer de manera punitiva una amenaza constante sobre el desempeño docente. –Lamento mucho molestarles su conciencia–. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Aragón. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen, e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates tal como lo solicitó la diputada proponente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley General de Salud.
El diputado José Alberto Couttolenc Buentello: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, amigos todos, antes que nada quisiera agradecerle a todos los presentes por estar aquí en el inicio de este proyecto para construir una estrategia nacional en contra del cáncer de próstata.
Tengo la certeza de que estamos dando partida a un esfuerzo grande y necesario, destinado a sentar las bases de un enfrentamiento innovador de esta enfermedad que llamamos cáncer, cuya palabra misma nos provoca sensaciones encontradas, recuerdos dolorosos, pero que a la vez despierta voluntades y compromisos, como pocas palabras en esta época de individualismo y egoísmo en la que vivimos.
Llevamos varios meses pensando en cómo es posible sumar conciencias y personas para elaborar un proyecto que levante la necesidad de tener una actitud colectiva, solidaria, preventiva frente a este problema, sin duda la epidemia del siglo XXI.
Como antecedente, quisiera recordar que el cáncer es un proceso de crecimiento incontrolado de células anormales que pueden aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. Cada año 14 millones de personas en todo el mundo son diagnosticadas con cáncer, y 8 millones fallecen como consecuencia de esta enfermedad.
La presente iniciativa se refiere al cáncer de próstata, el cual se ubica como la segunda causa de muerte de los hombres en edad económicamente activa. Uno de cada diez hombres entre 40 y 70 años de edad padece de esta enfermedad.
En la actualidad este padecimiento es curable mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia. Especialmente cuando se detectan en una fase temprana. Pero peor aun, lo que es realmente alarmante es que en el 93 por ciento de los casos la enfermedad se detecta cuando ya se ha dado un proceso de metástasis, es decir, que ya existía un daño en la próstata y los órganos adyacentes.
Es importante señalar que el principal obstáculo al cual nos enfrentamos es la carencia de una cultura del cuidado de la salud en la población masculina. En la actualidad varios países ya cuentan con programas y leyes de prevención para contrarrestar los daños provocados por este mal.
Hoy países como Colombia y España cuentan con un programa integral de prevención y tratamiento de cáncer de próstata y México no será la excepción.
Con campañas como Cada noventa minutos muere un hombre o Movember, se ha logrado revertir y visibilizar el cáncer de próstata. Buscamos despertar conciencias para que el tema de salud masculina deje de ser un tabú, así como lo fue hace algunos años la campaña de cáncer de mama.
Por ello es importante que en México, como en muchos otros países, trabajemos por la modificación del paradigma de la salud reactiva. Pues aun existe una desatención sobre el tema de la prevención.
Si bien existe un programa nacional y en algunos estados se trabaja de manera aislada para la atención de este cáncer, es necesario elevar a rango de ley la prevención y atención de este padecimiento.
Es por eso que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone reformar la Ley General de Salud para establecer acciones concretas, coordinadas y principalmente realizar uno uso eficiente de los recursos económicos para que el derecho a la prevención, detección y tratamiento de cáncer de próstata sea una obligación del Estado. Es cuanto, muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Couttolenc. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Compañeras diputadas y compañeros diputados, para los que no saben o menosprecian los esfuerzos que hacemos para crear universidades en Morena, les enumero las ya existentes: la Escuela de Contabilidad y Administración Pública Carmen Serdán, en Azcapotzalco; Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, en la delegación Cuauhtémoc; Escuela de Ingeniería Heberto Castillo Martínez, en la delegación Tláhuac; Escuela de Medicina Comunitaria y Salud Integral Doctor Guillermo Montaño Islas, en Tlalpan; Escuela Normal Othón Salazar Ramírez, en Xochimilco; Escuela de Agricultura de la Universidad de Calkiní, Campeche; Escuela de Derecho Alberto Pérez Mendoza, en Comalcalco, Tabasco; Escuela Normal Intercultural Bilingüe María Alicia Martínez Medrano, en Valladolid, Yucatán.
Invitamos a las fracciones parlamentarias y en proporción al número de integrantes de sus bancadas a que hagan el esfuerzo de Morena, y habremos resuelto el problema de estudiantes rechazados.
Con su venia, presidente. Para del Grupo Parlamentario de Morena la legalidad y el profesionalismo son características obligadas que debe cumplir cualquier persona a la que se le haya conferido una responsabilidad que esté vinculada con la aplicación de recursos públicos, máxime si son destinados a la operación de programas sociales encaminados a abatir los altos índices de desigualdad en diferentes sectores de nuestro país.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que presento ante esta soberanía, tiene la intención de propiciar la profesionalización de los delegados de las dependencias del gobierno federal para el ejercicio de sus funciones. Desafortunadamente, en la normatividad correspondiente el perfil del puesto para los titulares de las delegaciones de dependencias federales carece de requisitos precisos que deben cumplirse para evitar el sesgo partidista y de posibles desvíos de recursos públicos o bien para evitar en lo posible que dichos titulares tengan favoritismos hacia determinados sectores de beneficiarios de los programas sociales.
Asimismo, por si fuera poco, nos encontramos en muchos casos con la falta de la experiencia necesaria de dichos servidores públicos en las áreas encomendadas, mermando así la capacidad para administrar correctamente los programas públicos con la legalidad que merecen y así lograr atender los derechos fundamentales de los ciudadanos que más lo necesitan.
En los últimos años, diversas organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y actores políticos, hemos denunciado públicamente la transgresión de las normas y la comisión de diversos ilícitos por parte de funcionarios públicos adscritos a las diversas dependencias, relacionadas con el uso electoral de los recursos destinados al combate de la pobreza, así como con el manejo inadecuado de los programas sociales y la manipulación de la población que se encuentra en los padrones de dichos programas con miras al beneficio particular o partidista y sobre todo en años electorales.
Además, en la mayor parte de los casos ha resultado que precisamente la designación de delegados se trata de personas íntimamente ligadas a la operación electoral de algunos partidos políticos, cuya experiencia en los sectores ligados a las políticas públicas que se han implementado para mejorar la educación, salud, desarrollo social, agricultura, autoempleo, por mencionar algunos.
Esta situación es nula o con muy bajos índices en el conocimiento del perfil de la dependencia, y al contrario, su desarrollo profesional y experiencia laboral se centra en actividades netamente política electoral.
Es de importancia toral, que el actuar de los servidores públicos relacionados con la política social, no se desvincule por ninguna razón al combate de la corrupción, de la obligación de rendir cuentas y transparentar ante las instituciones y la sociedad los procesos, resultados de las actividades que involucran las funciones del puesto de trabajo que tienen dichos servidores públicos.
La redacción actual de la ley correspondiente es imprecisa en cuanto a los requisitos profesionales, ambigua respecto de la experiencia administrativa en el sector público, y omisa en cuanto al distanciamiento de los cargos partidistas y los puestos de elección popular.
De esta manera el reto es pasar de un esquema de nombramientos discrecionales a uno acotado por la ley, precisando de manera lógica los requisitos tanto para elevar el nivel de profesionalización y especialización como para tomar distancia de los intereses políticos en general.
Por lo anterior, de aprobarse la presente iniciativa estaremos induciendo la legalidad e imparcialidad en el manejo de recursos públicos distribuidos a la población por medio de subsidios vía programas sociales, así como otorgarle al marco legal en esta materia la fortaleza de ser clara y precisa que permita la adecuación, selección y designación de funcionarios relacionados con la correcta y legal operación de programas sociales.
Además, estaremos coadyuvando a la disminución de un alto porcentaje de actos de intermediarismo y corrupción clientelar, abonando al principio de transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de recursos públicos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuata. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.
Saludamos la presencia de un grupo de directivos, docentes y alumnos del Instituto Primaria Estefanía Castañeda IPEC, del municipio de Ecatepec de Morelos del estado de México, invitados por el diputado Pablo Bedolla López. Bienvenidas, bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 29 Bis a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Permítame un momento, diputado Zamora, por favor. Sonido en la curul del diputado Ariel Juárez.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Nada más, presidente, para pedirle a la diputada Margarita Cuata que pudiéramos suscribir lo que acaba de presentar en tribuna, si no tiene inconveniente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputada Cuata.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Sí, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada Cuata manifiesta no tener inconveniente, por lo tanto da su consentimiento para que esto suceda, y está a disposición de quienes quieran suscribir la iniciativa presentada por la diputada, aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva. Adelante, por favor diputado, y una disculpa.
El diputado Salvador Zamora Zamora: Gracias, señor presidente. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Hoy me presento ante esta tribuna para presentar una iniciativa que tiene como finalidad cambiar la política pública de construcción por una con conciencia ecológica.
Cada año en la República mexicana ante los pronósticos de bajas precipitaciones pluviales, se han establecido una serie de estrategias y programas para ahorrar y disminuir el consumo del agua, del vital líquido; estrategias que al paso del tiempo han dejado de sufrir efectos ante la creciente necesidad de consumo en las diferentes actividades del país.
En diversos foros se ha manifestado la necesidad de tomar medidas reales respecto de la escasez a la que nos estamos enfrentando en el campo y la ciudad; situaciones como el racionamiento de agua por reparaciones y mantenimiento mayor al sistema Cutzamala, reflejan el futuro incierto que podríamos enfrentar de no tomar medidas que impliquen el ahorro del consumo del agua, sin mencionar el alto costo que representa en cada hogar, industria u oficina, y lo sencillo que representa para algunos el abrir una llave de agua y gozar sin conciencia de este recurso. Sin embargo hay hogares en el campo y en las grandes metrópolis en donde esta simple acción es aún un beneficio inalcanzable.
Se contempla que en los próximos años, en los próximos 15 años, la población del país crecerá en un 40 por ciento, lo que podría provocar un déficit del 38 por ciento del total del agua que se demanda en el hogar, industria y comercio; motivo por el cual se hace necesario incrementar todas las medidas que repercuten en un menor uso del vital líquido, su aprovechamiento eficiente y reducción de pérdidas en su gestión.
Gracias a las últimas tecnologías hoy tenemos a nuestro alcance instalaciones sanitarias de amplia eficiencia hídrica, sistemas sanitarios ahorradores de agua y sistemas secos que repercuten en ahorro de agua, ahorro de consumo de energía y ahorro en el pago de derechos por suministro.
Es así que la presente iniciativa tiene la finalidad de hacer obligatoria la implementación de sistemas sanitarios eficientes, ahorradores de agua y de los llamados secos en todas las obras nuevas que los gobiernos contraten y que además, en toda la instalación gubernamental, las instalaciones se adapten a las nuevas tecnologías para ahorrar energía, recursos naturales y recursos destinados al pago de derechos por el consumo y suministro de agua.
En sintonía con lo expresado con anterioridad, la iniciativa que hoy presento contempla la adopción de nuevas tecnologías lumínicas en instalaciones de gobierno y en todas las obras que se contraten. Si bien aún no podemos sustraernos del consumo de energía eléctrica, sí podemos adoptar medidas que permitan un consumo más eficiente, nuevas tecnologías como la luz emitida por diodos, mejor conocida como luz led, es un mecanismo que permite mayor luminosidad con consumos de energía mucho menores y con mayores períodos de durabilidad.
Ejemplo, es que en este honorable Congreso ya empezamos con la transformación de ello y se han estado removiendo las luminarias tradicionales reemplazándolas por lámparas led.
Las nuevas luminarias para interiores y urbanas, además deben contribuir a un menor costo por pago de energía eléctrica, contribuyen a un a un mejor medio ambiente al requerir menores recursos naturales para la producción de energía en nuestras plantas eléctricas.
Además de los beneficios ya comentados, se suma una nueva ventaja adicional, que es la de contar con celdas solares que recojan baterías instaladas en las mismas luminarias, implican menores costos en la instalación del tendido eléctrico a lo largo de la infraestructura carretera, y a lo largo y ancho de las calles y avenidas de cualquier ciudad, sin mencionar los beneficios en la infraestructura urbana, evitando un gasto al no tener que abrir calles ni banquetas para proporcionar luz, eliminando los costos para reparar calles en mal estado.
La nueva legislación que se propone el día de hoy, contempla que la Federación dé un ejemplo a todas las legislaciones estatales, obligando a que todas las obras que se realicen en los próximos años, sea obligatoria la instalación de servicios sanitarios ahorradores de agua, privilegiando la instalación de sanitarios llamado secos, que no utilizan agua para su funcionamiento, y esta simple acción implica un ahorro del total de casi 200 mil litros de agua al año, por cada servicio sanitario.
Por lo anterior le pido a la comisión, a la que sea turnada la presente iniciativa, la pueda priorizar con la finalidad de no esperar más tiempo para que esta Cámara tome acciones más eficientes al respecto. Es cuanto, compañeros diputados. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Zamora. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Tranquilo, tranquilo.
El diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vivimos en un mundo que está inmerso en el desarrollo tecnológico, donde el avance de las tecnologías de la información y la comunicación ha cambiado nuestra forma de vida.
Sin duda la implementación y uso cotidiano de las TIC genera importantes cambios de paradigmas en la sociedad, la economía, la cultura y, por supuesto, la educación. En Nueva Alianza estamos convencidos que en un país con educación tiene mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo, pues las sociedades más avanzadas en el ámbito económico y social son las que han logrado cimentar su progreso en el conocimiento.
Para ello, la vinculación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos es determinante, ya que una educación de calidad implica incluir nuevas tecnologías que faciliten la adquisición de conocimientos.
En ese sentido, el sistema educativo en nuestro país ha incorporado en las tres últimas décadas herramientas tecnológicas, tales como computadoras, televisores, tabletas, pizarrones electrónicos, como una solución a problemas de alfabetización, demanda de servicio y apoyo a la labor educativa.
Si bien estas TIC han generado avances substanciales en los procesos de enseñanza-aprendizaje, las desigualdades que prevalecen en el país generan un desequilibrio en su acceso y uso. Mientras algunos alumnos y docentes cuentan con todas las herramientas para acceder al conocimiento a través de la tecnología hay comunidades marginadas y en pobreza, que no tienen resueltas necesidades básicas de alimentación, salud o servicios, mucho menos e conectividad y acceso a las herramientas electrónicas. Sin duda los esfuerzos por incorporar las TIC al ámbito educativo son muy importantes, no obstante resultan insuficientes y en muchos casos sin la orientación debida.
En Nueva Alianza consideramos indispensable replantear el enfoque actualmente utilizado de las tecnologías de la información y comunicaciones en los procesos educativos, pues sabemos que la efectividad de las TIC depende de su utilidad real. Por ello promovemos esta iniciativa que reforma los artículos 18, 12, 14 y 47 de la Ley General de Educación, para que de manera integral se incorporen las tecnologías de la información y las comunicaciones al proceso y contenidos educativos desde la esfera curricular.
El objetivo es vincular trasversal y articuladamente el uso de las herramientas tecnológicas con los planes y programas de estudio en el nivel básico y medio superior, así como también en la formación inicial y preparación continua de los docentes.
Lo que se busca es generar individuos activos que no sólo adquieran las capacidades y habilidades necesarias para llegar a ser competentes en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, sino que sean analíticos, capaces de discernir y priorizar la cantidad de información disponible. Es decir, que construyan sus conocimientos.
Compañeras y compañeros, hoy en día vivimos en la sociedad del conocimiento, donde ya no basta educar y dar información; se debe dotar a las nuevas generaciones de más y mejores herramientas que les permitan desarrollar un pensamiento crítico que garantice la generación del conocimiento. En Nueva Alianza impulsamos la transformación integral de la educación. Gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Zetina. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 Bis 1 de la Ley General de Salud.
La diputada Arlet Mólgora Glover: Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Con el permiso de esta Mesa Directiva hago uso de esta máxima tribuna, para someter a consideración de todas y de todos ustedes de una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley General de Salud, en materia de acceso a la información respecto de los expedientes clínicos.
La salud es un derecho de todas y todos los mexicanos, el cual está previsto en el artículo 4o. de la Constitución federal y que implica para su correcta aplicación el desarrollo de diversas prerrogativas, dentro de las que se encuentra el acceso a la información debido a que estas medidas, su ejercicio, los pacientes pueden contar con datos relevantes respecto de las enfermedades que padecen, así como los tratamientos y medicamentos efectivos y seguros para su curación.
La información antes mencionada constituye datos personales en materia de salud, que son registrados en el expediente clínico, que es el documento que contiene la historia médica de una persona, dejándose constancia de los padecimientos, diagnósticos, tratamientos recibidos y por ello y debido a la sensibilidad de los datos referidos, se expidió en su momento la NOM 004 en el 2012 del expediente clínico, a efecto de regular el supuesto en cita.
Sin embargo, los lineamientos previstos en la citada norma son totalmente insuficientes para proteger los derechos de acceso a la información y protección de datos personales de las y los pacientes.
Asimismo se ha advertido que cuando las instancias hospitalarias utilizan las disposiciones de la norma antes mencionada como sustento legal para dar respuesta a las solicitudes de acceso al expediente clínico, emiten en su mayoría respuestas que vulneran los derechos ya mencionados.
Concretamente, se ha negado el acceso al paciente de su propio expediente clínico y, por otra parte, se ha impedido a los deudos de un paciente fallecido acceder a dicho documento, bajo los argumentos de confidencialidad de la información y de propiedad del mismo por parte de las instancias de salud, las cuales han derivado en procedimientos administrativos y judiciales largos y, desde luego, complicados.
Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, así como la Organización Panamericana de la Salud han observado la importancia de proteger y, desde luego, de regular el referido supuesto.
En este orden de ideas debe resaltarse, que desde el inicio de su mandato y como parte de sus estrategias para mover a México en salud, el presidente de la república delimitó tres ejes rectores, con la finalidad de promover una transformación del sistema de salud: acceso efectivo, calidad en el servicio y prevención.
Por lo anterior, y sumándonos a las acciones que promueve el titular del Ejecutivo federal en materia de promoción, protección y garantía de la salud de las y los mexicanos, es por eso que como diputada integrante del Partido Revolucionario Institucional promuevo la presente iniciativa, que estoy segura tendrá un beneficio para los usuarios de los servicios de salud, tanto en el ámbito público como en el privado en nuestro país, porque al existir una disposición con rango de ley en la materia, podrá prevenir la negativa de acceso al expediente clínico, fortaleciendo, a su vez, la protección de los datos personales de las y los pacientes.
Por lo antes mencionado, y coadyuvando con las acciones del Ejecutivo federal en materia de salud, estoy convencida que la propuesta parlamentaria que el día de hoy me ocupa y a la par de producir importantes beneficios, nos pondrá a la vanguardia, porque representa un verdadero acto de justicia social para cada paciente que ha visto vulnerado el derecho de acceso a su expediente clínico.
Por lo antes mencionado, las diputadas y los diputados de esta LXIII Legislatura nos comprometemos a mover a México en materia de salud, y estos temas han sido, desde luego, una prioridad en nuestras legislativas y que el día de hoy nos ocupan. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Mólgora. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
Saludamos la presencia de estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc, del estado de Chihuahua, invitados por la diputación federal del PRI de ese estado norteño. Bienvenidas, bienvenidos.
Igualmente saludamos la presencia de una delegación china de empresarios y representantes de la sociedad civil, encabezados por el señor Zen Chu y que han sido invitados por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. Bienvenidos amigos de este país amigo.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría dar lectura al oficio de la diputada con licencia Janette Ovando Reazola.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6, y en el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados y en alcance a la solicitud presentada ante usted con fecha 1 6 de febrero del actual, presento respetuosamente a usted ampliación de licencia para separarme del cargo de diputada federal a partir del 16 de febrero del presente año, por tiempo indefinido, y en consecuencia sea llamada mi suplente.
Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración. Atentamente. Janette Ovando Reazola.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica se pregunta si es de aprobarse la solicitud. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada. En consecuencia se amplía la licencia por tiempo indefinido. Actualícense los registros parlamentarios.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
1. Con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917.
2. Con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de Hacienda Pública Federal.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo a la fracción V del artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Tiene la palabra la diputada Erika Irazema Briones Pérez para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Erika Irazema Briones Pérez: Con su permiso, diputado presidente. Muy buenos días, compañeros diputados y compañeras diputadas. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General, así como el Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante este pleno de la Cámara el dictamen con sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el cual tiene por objetivo la capacitación adecuada que ayude a los adultos mayores a su empoderamiento en el ámbito económico, que se desarrollen o descubran nuevas habilidades que puedan explorar y que sirvan para una vida de autosuficiencia económica o para satisfacer necesidades básicas de este sector.
Agradezco de antemano al diputado presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, al diputado Gustavo E. Madero. Gracias, gracias, diputado por apoyar esta gran iniciativa del pleno de la comisión. También a todos los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
En noviembre del año pasado presenté ante ustedes la iniciativa que hoy se pone a discusión y consideración. A título personal y compartido con quienes integramos esta comisión significa un gran avance que esperamos desemboque en grandes resultados para los adultos mayores, un sector sumamente vulnerable y que cada día se enfrenta a nuevos obstáculos para su pleno uso de derechos. Por mencionar alguno de estos, está la discriminación, la marginación, el abandono y la exclusión, entre otros.
Les comparto que en aquella ocasión, al terminar mi intervención me hizo una llamada a la oficina de una servidora una persona de este sector tan vulnerable y nos pidió dos cosas a los diputados de la Cámara alta. La primera, solicitó que los diputados sigamos legislando para que se mejoren sus condiciones, se mejore su calidad de vida. Y en segunda también, fue concreto y exhortó a los diputados que como servidores públicos no nos olvidemos de ellos en nuestra agenda legislativa.
Cabe mencionar, que su testimonio se suma a las exigencias que me han hecho los ciudadanos cuando recorro mi distrito. Son muchas las peticiones y más aún las carencias y necesidades, pero estamos obligados a encontrar los mecanismos legales de protección y de promoción a sus derechos.
Es preciso asegurar la integridad, la dignidad, el fortalecimiento de la autonomía de las personas adultas mayores, así como su independencia económica e integración social, así como el de garantizar la ampliación y protección efectiva de sus derechos humanos.
Como bien sabemos, el mercado laboral es un ambiente complicado para la gran mayoría de los mexicanos, a estos sumemos un factor de desventaja, una mala creencia de que a mayor edad, menor productividad. Una mala frase que desafortunadamente desemboca en la exclusión de este sector.
A lo que integramos la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, nos llena de satisfacción saber que suman ya varias iniciativas y proposiciones que buscan la protección de los adultos mayores, propuesta por ustedes compañeros y compañeras.
El reto ahora es aterrizarlas y después de ello esperar la responsabilidad de las autoridades correspondientes al llevarlas a cabo, una vez que queden plasmadas en el ámbito de nuestro marco normativo y de nuestras leyes. Tenemos la esperanza de que contar con su apoyo para la aprobación de esta propuesta, que se traduzca en resultados certeros.
Es un acto lamentable el que no se pueda garantizar el derecho al trabajo con el cual cuenta el adulto mayor, pero entonces debemos de buscar las opciones y ésta es una de ellas, apoyar a los adultos mayores con proyectos productivos y no asistenciales. Incitarlos a desarrollar alguna actividad económica que mejore sus condiciones de vida e inclusive su ánimo.
Debemos de caminar avanzando en la construcción de una sociedad incluyente, en la que sean aceptados los adultos mayores, las personas con algún tipo de discapacidad, los demás grupos en situación de vulnerabilidad que deben tener las mismas oportunidades. La balanza debe de ser pareja. Los derechos humanos y las libertades fundamentales se deben de garantizar a todos por igual.
Por ello es necesario la generación de políticas públicas nacionales que tengan la capacidad de conciliar las necesidades de los adultos mayores para su plena integración social.
Agradezco a todos y cada uno de los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables por la aprobación de este proyecto. Sin duda es muestra de que cuando se ponen en la mesa las necesidades y los fines comunes más nobles se puede caminar en la misma sintonía sin importar colores, sin importar ideologías. Todos los grupos parlamentarios que están representados en esta comisión avalaron la iniciativa, lo cual deja una gran satisfacción.
Agradezco sin duda a nuestro presidente, agradezco nuevamente a nuestros integrantes de la Comisión. Gracias por la oportunidad de fundamentar este dictamen, diputado Gustavo.
Esta comisión que con gran honor represento, así como el de la diputada Ruth Tiscareño, una propuesta de igual manera coherente y ajustada a los tiempos, y uno de esos problemas que vive el sector que hemos mencionado; la falta de espacios de atención o de asistencia para nuestros adultos mayores, son muy pocos pese a la demanda que existe.
El proceso de envejecimiento en México crece de manera acelerada. Hoy viven en nuestro país 10.8 millones de adultos mayores que representan el nueve por ciento de la población. Sin embargo la perspectiva nos arroja cifras del triple para el 2050, y tenemos que estar preparados para los retos que esto implica.
Esta propuesta es acertada porque va encaminada a la oportunidad de brindar espacios necesarios para el desarrollo integral del sector mencionado, bajo los mismos argumentos ya expresados.
Brindemos soluciones en el ámbito de nuestra competencia, en el marco de nuestras facultades. Se proponen mecanismos que estamos seguros y seguras que deben generar un cambio benéfico para nuestros adultos mayores.
No nos cabe tanto orgullo ni tanta felicidad, porque el día de hoy la propuesta de los legisladores en este tribuna, la tribuna más alta de nuestro país, me llena de alegría el saber que ambas compartimos un origen. Ambas diputadas compartimos un mismo sentimiento, además de ser orgullosamente potosinas. Gracias, diputada Ruth Tiscareño.
La propuesta de la compañera, como mencionaba, pretende dar solución, entre otras cosas, a la atención adecuada que se merecen nuestros adultos mayores.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Permítame, diputada Briones. Debo informar, ilustrando a la asamblea, que si se han percatado está fundamentando en una sola intervención los dos dictámenes referidos a los derechos de las personas adultas mayores, que por acuerdo de los grupos parlamentarios se abordarán en paquete en las intervenciones y posicionamientos de todos los grupos, aunque los votemos por separado estos dos dictámenes. Adelante, diputada, por favor.
La diputada Erika Irazema Briones Pérez: Gracias, presidente. Se debe de prestar más atención a los problemas y limitaciones de este sector. Las enfermedades, la pobreza, el abandono de sus familiares; se debe de dar empoderamiento a ellos y a ellas para que se sientan capaces de seguir adelante.
La adición de la fracción XXI del artículo 10 de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, pretende establecer la promoción de programas especiales para ampliar la cobertura de espacios de asistencia integral para las personas adultas mayores.
Las personas son valiosas por lo que son, no por lo que son capaces de producir económicamente; no por sus cuentas bancarias, no por las propiedades o por las aportaciones que puedan hacer. Las personas son valiosas por su dignidad, por su libertad, por sus derechos.
Esta comisión entiende la necesidad de la protección de los adultos mayores. Es por ello necesario armar campañas de sensibilización y capacitación. Es indispensable el redoblar esfuerzos a fin de que se cumpla la ley; redoblar esfuerzos para concientizar y sensibilizar, para que quede claro que el adulto mayor no es un sujeto de dádivas o caridades, es un sujeto de derechos. Por ello esperamos contar con el apoyo de todas y todos los diputados en los dictámenes que hoy se someten a discusión, por todo lo que significa y porque es una esperanza para millones de mexicanos de edad avanzada considerados integrantes de este sector.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables refrenda su compromiso con aquellos grupos que viven en exclusión; que la discriminación es un tema de cotidianeidad con aquellos grupos inmersos en la desigualdad, porque debemos dejar en claro que todos somos iguales, todos somos sujetos de derechos y a todos se nos tiene que respetar.
En virtud de lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de este honorable asamblea los siguientes proyectos:
Que reforma la fracción V al artículo 5 de la Ley de las Personas Adultas Mayores, y que adiciona la fracción XXI al artículo 10 de la misma ley.
Y desde esta tribuna quiero decirle a los adultos mayores: que aquí seguiremos trabajando para que se garanticen sus derechos, ¿y por qué no? Como hoy es el caso, agregar más a la lista de manera en agradecimiento por todo lo que les debemos, por todo lo que han hecho por sus familias, por sus comunidades, por todo lo que han hecho por nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Briones.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Están a discusión en lo general y en lo particular los dos dictámenes, el que se refiere a la fracción V del artículo 5o de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y el referido a la fracción XXI del artículo 10 de la misma Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Saludamos la presencia de alumnos, padres de familia, y personal docente de la Escuela Secundaria Agustín Melgar, del turno matutino, del municipio de Chicoloapan, estado de México, invitados por el diputado Andrés Aguirre Romero. Bienvenidas, bienvenidos amigos.
También saludamos la presencia de estudiantes de derecho de la Universidad del Valle de México, campus Querétaro, invitados por el diputado Apolinar Casillas Gutiérrez.
Y también amigos del Sindicato Industrial Autónomo de Operarias en General de Maquiladoras, de Reynosa, Tamaulipas, invitados por la diputada María Esther Guadalupe Camargo Félix. Igualmente sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.
Tiene ahora para el posicionamiento de sus respectivos grupos parlamentarios en el orden de la palabra, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Todas las intervenciones se referirán a ambos dictámenes que ya han sido fundamentados, todos en una misma intervención.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con el permiso de la Presidencia. Estimada asamblea, los legisladores del Partido Encuentro Social estamos conscientes en que nuestro país experimenta una transformación demográfica importante. El número de adultos mayores aumenta de manera significativa y es necesario enfocar acciones que nos ayuden a enfrentar este cambio sin precedentes.
Según datos del Instituto Nacional de Geriatría, para el año 2040 México casi igualará en población de adultos mayores al vecino país del norte. Esta transformación obliga a la sociedad a generar nuevas oportunidades para el adulto mayor, que permitan explotar sus capacidades y los motiven a ser partícipes de todas las actividades de la sociedad.
Las condiciones sociales que presentan los adultos mayores de nuestra sociedad deberían ser el centro de atención sobre el cual nosotros, las legisladoras y los legisladores, debemos enfocar un trabajo para generar nuevas políticas públicas en beneficio de este sector de la población, tomando en cuenta que los adultos mayores son el eje en que se deben basar y fundamentar las nuevas propuestas para propiciar una vida activa y plena.
El envejecimiento en México no sólo es un problema de salud o de financiamiento del sistema de pensiones, es en realidad una gran oportunidad para repensar la orientación de las políticas públicas enfocadas a la atención de adultos mayores, de revalorar la etapa de la vejez, al adulto mayor y al proceso de envejecimiento para trabajar en la consolidación democrática que permita el desarrollo de nuestro país en términos de construcción de ciudadanía.
Hoy por hoy habremos de terminar con paradigmas culturales, la población de adultos mayores retoma una importancia que supera el hecho de ser considerada en todos los ámbitos como solo parte de los grupos socialmente vulnerables. Debemos hacer consciencia de que la etapa de la vejez en muchos casos dura más en tiempo de vida que la misma infancia o adolescencia.
En este sentido, en el Partido Encuentro Social reconocemos que la persona a medida que envejece debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente, autónoma, con salud, seguridad, integración, pero principalmente con una participación activa en la esfera económica, cultural social y política de su colectividad, y esto se logra con el empoderamiento de nuestros adultos mayores.
Los dictámenes que hoy se discuten constituyen voluntades para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, y fortalecer su capacidad de autonomía, por lo que estamos a favor de ellos convencidos de la necesidad de contar con mecanismos nacionales que protejan sus derechos humanos y libertades fundamentales. Por su atención, gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Perea. Tiene ahora la palabra la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.
La diputada Karina Sánchez Ruiz: La grandeza de los pueblos se refleja en su trato a las personas adultas mayores. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, me referiré en esta intervención a dos dictámenes que presenta la Comisión de Grupos Vulnerables que reforman diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza nos manifestamos a favor del dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, mediante el que se reforma la fracción V del artículo 5o y se adiciona un segundo párrafo a dicha fracción, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Esta reforma, tal como lo establece el dictamen en comento, tiene el objetivo de garantizar a las personas adultas mayores el derecho del trabajo y sus capacidades económicas, así como determinar que dichas personas sean sujetas de acciones y políticas públicas de parte de las instituciones federales, estatales y municipales, a efecto de fortalecer su plena integración social.
El artículo 1o de la Ley que hoy pretendemos reformar establece que ésta tiene el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento. En este sentido, es prudente hacer hincapié en que los adultos mayores son un grupo social que requiere la protección del Estado. Para Nueva Alianza es imperativo que se tomen medidas que estimulen la productividad de las personas adultas mayores, por lo cual consideramos viable esta modificación.
Dignificar nuestro trato hacia las personas adultas mayores del país es imperativo en una sociedad que está enfocada en la inmediatez y el cortoplacismo. Nos hemos convertido en una cultura del desecho, presidimos de lo que no nos sirve y ese pensamiento empieza a involucrar a las personas. No podemos permitir que esto continúe.
Las personas adultas mayores fueron consideradas en la antigüedad como un símbolo de sabiduría, prudencia, conocimiento y respeto. Lamentablemente esto ha cambiado y hoy, en nuestro país, de acuerdo con una encuesta realizada por Parametría, 6 de cada 10 mexicanos considera que los ancianos son una carga para la sociedad.
En Nueva Alianza, uno de nuestros principios rectores es la defensa de la libertad, igualdad y dignidad de todas y todos los ciudadanos. De igual forma, votaremos a favor de este dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que busca promover programas especiales, a fin de ampliar la cobertura de espacios de asistencia integral para las personas adultas mayores.
Los adultos mayores constituyen un sector en crecimiento, su número se duplicó en menos de un cuarto de siglo. De acuerdo con el Inegi, en México el número de personas entre 65 y 84 años ha aumentado en los últimos 15 años, al igual que aquellas entre los 15 y 64 años. Se estima que en nuestro país viven alrededor de 11.7 millones de personas de 60 años y más, quienes representan el 9.7 por ciento de la población total.
Las personas adultas mayores conforman uno de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad, ya que frecuentemente son discriminadas, despreciadas o abandonadas en completo estado de pobreza. Se enfrentan a la falta de oportunidades laborales, sin un sistema de salud adecuado, sintiéndose menospreciados y desplazados por un gobierno y una sociedad a la que sirvieron la mayor parte de su vida.
Durante años constituyeron el pilar de la economía de este país y en la recta final de su vida se encuentran cansados, enfermos y solos, en muchos casos con enfermedades o discapacidades que les impiden valerse por sí mismos.
Para Nueva Alianza propiciar las mejores condiciones para que puedan disfrutar de una vejez digna y tranquila es un compromiso y una justa retribución a todo lo que han aportado para nuestra sociedad.
Compañeras y compañeros legisladores, esta reforma no constituye una dádiva o una graciosa concesión del Estado o del gobierno, es un derecho y como tal debe ser garantizado por las autoridades competentes.
Todos tenemos en nuestro hogar cuando menos un adulto mayor, alguien que nos llegó a enseñar lo que hoy somos. Hagámoslo por ellos, es una deuda que tenemos. Recordemos, la comunidad es primero. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Sánchez. Tiene ahora la palabra la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.
La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Buenas tardes a todos, diputadas y diputados, amigas. Con su venia, señor presidente. En México ser adulto mayor es ir en contra de las posibilidades de tener una vida plena.
Según el informe del Consejo Nacional de la Población, Conapo, en México hay 10.5 millones de personas mayores de 60 años, de este grupo de población el 82 por ciento vive algún grado de pobreza, de los cuales la mayoría son mujeres, sólo 2 de cada 10 adultas mayores de 65 años cuenta con una pensión.
Y el caso de los hombres la realidad que la mayoría sigue trabajando aún después de la edad promedio de jubilación, pues las pensiones a las que se han hecho acreedores no son suficientes, señores.
Y lamentablemente la mayoría de los empleos de este sector, reconoce el Instituto Nacional de Estadística, Geografía, Inegi, que no cuenta con prestaciones mínimas para el adulto mayor, como seguridad social, sueldo base, prima vacacional, aguinaldo o seguro contra accidentes.
Desafortunadamente, las personas con menor nivel de educación y que son mayores de edad, son las que tienen en promedio menores ingresos, con jornadas de trabajo alrededor de 37 horas semanales, una de las razones por la cual los adultos mayores desisten en buscar empleo y obedecen la discriminación sufrida a consecuencia de la edad y las desventajas competitivas respecto a las personas más jóvenes y con mayor calificación en un mercado de altos niveles de desocupación.
Por otra parte, el abandono y la violencia familiar son también una problemática que sufren nuestros adultos mayores. Tres de cada cinco ancianos sufren violencia intrafamiliar.
Las estadísticas sobre el maltrato en la vejez son datos alejados de la realidad, debido a que la mayoría de los adultos mayores que lo viven no lo denuncian y las causas pueden ser diversas, entre ellas el que no aceptan que están siendo maltratados y tienen temor a las represalias. Creen que es temporal, no creen que su familiar o cuidador sufra consecuencias legales. Desconocen con qué autoridad deben dirigirse o su condición física o cognitiva no les permite realizar una denuncia.
Sin duda, los grupos vulnerables son los más propensos a experimentar diversas formas de daño por acción u omisión de terceros para la inserción social, y los adultos mayores forman parte de estos grupos.
Dado que muchos de ellos están en situación de dependencia no cuentan con una definición de roles y muchas veces son excluidos de las decisiones, por lo cual, los aspectos que tiene este tema son un asunto complejo.
Todo lo anterior los hace receptores de programas sociales y/o políticas públicas específicas en el país. Y si hoy no fortalecemos la pugna para la mejoría de los adultos mayores, mañana que nosotros formemos parte de este sector de la población no podremos quejarnos por la ausencia de programas sociales adecuados que garanticen una vida digna.
Es por eso que en lo particular y en Movimiento Ciudadano consideramos que es importante sensibilizarnos y sumarnos ante ambas propuestas que beneficiarán al adulto mayor a contar con inclusión que permitirá realizar acciones para en un futuro erradicar tal problemática y darles una vida digna. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Garzón. Y tiene ahora la palabra la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Mariana Trejo Flores: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, envejecer es todavía el único medio que se ha encontrado para vivir por mucho tiempo. Compañeros diputados, hemos tomado la palabra en representación de la fracción parlamentaria de Morena, de todos y cada uno de los diputados integrantes para hacer este posicionamiento en favor y en defensa de los derechos de los adultos mayores.
La adhesión de la fracción XXI al artículo 10 de la Ley General de los Derechos de los Adultos Mayores es una necesidad.
La población mexicana requiere de una política nacional de acciones legales, presupuestales y políticas que brinden una mayor protección a los adultos mayores; sector que ha sido ignorado y violentado durante décadas.
Desde la perspectiva de Morena, es necesario implementar acciones que propicien marcos normativos en favor de un México con mayor igualdad, equidad y sin discriminación.
Señores diputados, señoras diputadas, México atraviesa una crisis estructural política, económica y de inseguridad. Es momento de hacer diferencia, es momento de promover una política pública integral, reconciliadora, que evite que nuestro país siga en el camino sin rumbo.
Los mexicanos necesitamos respuestas y los adultos mayores más, así como los sectores más vulnerables de nuestra entidad requieren de esfuerzos extraordinarios que den pie a una política de reestructuración de la sociedad mexicana.
Es lamentable que una buena parte de nuestra población se encuentre en una desprotección total, es por eso que aplaudimos iniciativas como esta. Necesitamos iniciativas que mejoren un marco legal y den respuesta ante las necesidades más apremiantes de nuestra población.
El día de hoy millones de mexicanos entre niñas, madres solteras, adultos mayores, esos sectores vulnerables abatidos por la pobreza, la inseguridad y el desempleo requieren de estos esfuerzos para poder tener una protección social y legal.
Exhortamos al gobierno federal para retomar un trabajo con rumbo integrador en conjunto con todas las instituciones para fortalecer una política pública social con bases, que combata la pobreza, el hambre, la crisis y, sobre todo, la desigualdad.
Les exhortamos a implementar políticas públicas trascendentes que prioricen el bienestar de una ciudadanía y no solo de unos cuantos. El voto de Morena será a favor de la adhesión de la fracción XXI del artículo 10, para que de manera legal el Estado sea garante de la implementación de un programa de infraestructura a favor en cuanto a los adultos mayores. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Trejo. Ahora tiene la palabra la diputada Paola Félix Díaz, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
La diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, hay una realidad que nadie puede dejar de ver y que todos con el tiempo vamos a vivir. Nuestra población está envejeciendo y lo está haciendo en situación vulnerable. Vamos a los datos.
De acuerdo al Inegi, en México ocho de cada 10 adultos mayores presentan algún tipo de vulnerabilidad, ya sea en sus derechos sociales o en su ingreso. Lo anterior significa que presentan al menos alguna carencia social y que no tienen ingresos suficientes para adquirir bienes y servicios que satisfagan sus necesidades.
Como sabemos, la situación de los adultos mayores en nuestro país se caracteriza por diversas problemáticas de salud asociadas a la vejez, el género y la pobreza en un contexto de escasa protección institucional y profundas desigualdades sociales que se observan tanto en el campo como en las ciudades, no obstante los grandes avances que ha logrado el gobierno actual en la materia. Por ello, es necesario impulsar una cultura de la vejez y del envejecimiento.
En razón de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, se pronuncia a favor de los dictámenes a discusión. Coincidimos con la necesidad de desplegar una serie de acciones para el empoderamiento económico de las y los adultos mayores, a través del desarrollo de competencias que les permita ser autosuficientes y cubrir sus necesidades básicas, así como garantizarles apoyos, estímulos o subsidios que fortalezcan su ingreso y economía personal.
Consideramos también que es necesario establecer como objetivo de la política nacional, promover programas especiales para ampliar la cobertura de espacios de asistencia integral para las personas adultas mayores.
Es urgente reformar el marco jurídico e impulsar políticas públicas, acordes con la realidad actual, y congruentes con la tendencia poblacional de nuestro país. Es necesario hacer de la poesía una realidad para las y los adultos mayores, una realidad a la que todos nosotros seguramente también llegaremos.
Trabajemos todos los días por los adultos mayores, con convicción, con respeto, con dedicación y con amor. Legislemos para que cuando preguntemos su edad, ellas y ellos al estilo Saramago, nos respondan: Qué importa eso. Tengo la edad que quiero y siento. La edad en que puedo gritar sin miedo a lo que pienso. Hacer lo que deseo sin miedo al fracaso a lo desconocido, pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Félix. Saludamos la presencia de empresarios amigos del estado de Sonora, paisanos nuestros; del licenciado Jorge Mazón Salazar, del ingeniero Marco Antonio Camou Loera, del licenciado Juan Carlos Sierra Abascal, de la Asociación de Usuarios de la Costa de Sonora, de la Asociación de Organizaciones de Agricultores del norte de Sonora y de don Marco Antonio Llano Zaragoza, también consejero de esta misma Asociación de Agricultores del norte de Sonora y empresarios del Valle de Guaymas. Bienvenidos. Son invitados por la diputada Susana Corella Platt. Bienvenidos al recinto parlamentario de San Lázaro, amigos. Tiene ahora la palabra la diputada Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Karen Hurtado Arana: Muy buenas tardes, diputados y diputadas. Con la venia, señor presidente. Las personas adultas mayores pasaron de representar el 4.3 por ciento de la población total en 1990 al seis por ciento en 2010, lo que significó un aumento absoluto a un poco más de tres millones de adultos mayores de 65 años.
Al pasar de 3.6 millones a 6.7 millones en el mismo periodo de tiempo, cabe resaltar que la dinámica poblacional está generando un proceso de envejecimiento natural, por lo que pasará en el 2025, se estima que la cantidad de adultos mayores en este país aumentará a 11.6 millones, lo que significará el nueve por ciento de la población.
Según las cifras del Coneval de las personas mayores de 65 años en México, 4.7 millones carece de al menos uno de sus derechos sociales, así como ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios básicos. Es decir, 43 por ciento de los adultos mayores en México se encuentran en situación de pobreza.
De los adultos mayores que viven en pobreza, siete de cada 10 son vulnerables socialmente al no tener acceso a los servicios de salud o seguridad social; rezago educativo, así como deficiencias en la calidad y espacios de la vivienda en los servicios básicos de ésta y la carencia de acceso de alimentación.
Según los datos del propio Coneval el 10 por ciento de los adultos mayores se encuentran en pobreza extrema, es decir, viven en hogares que no tienen ingreso suficiente para la adquisición de alimentos y presentan al menos tres carencias sociales. En otras palabras, 2 de cada 10 adultos mayores pueden solventar sus gastos; los ocho restantes viven en situación de pobreza, de los cuales 10 por ciento viven en pobreza extrema.
El propio Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, señaló que “México afronta un problema crítico, la pobreza de sus ciudadanos mayores de 65 años”, lo que deriva en una gran medida porque dos de cada tres personas de ese universo no cuentan con ahorros suficientes para llegar a una jubilación digna.
Pero la situación de pobreza no es el único problema al que se enfrenta este sector. Además de las enfermedades, tres de cada cinco sufre violencia dentro de sus familias, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.
Compañeras diputadas y diputados, según cifras del Consejo Nacional de la Población, para 2030 habrá más adultos mayores que jóvenes menores de 15 años, y 20 años después de eso, tres de cada diez personas tendrán más de 60 años, por lo que es suficientemente importante promover una cultura del envejecimiento en nuestro país.
No es tolerable la vejez en suma pobreza, sin atención médica y sin emplear su tiempo satisfactoriamente; pero estas situaciones tampoco deben tolerarse en otras etapas de la vida. Es por ello que se debe de promover la dignificación de los adultos mayores a través de la promoción de programas especiales para aplicar la cobertura de espacios de asistencia integral y evitar su exclusión social y económica.
En México las personas adultas mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su edad avanzada los coloca en muchas ocasiones en una situación de discriminación que se debe combatir a través de la protección reforzada de sus derechos.
Derivado de los cambios demográficos y en las condiciones de pobreza en que se encuentra este sector de la población, y en virtud de que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores y que establece las bases y disposiciones para su cumplimiento mediante la regulación de políticas públicas nacionales para la observancia de dichos derechos, es necesario que las capacidades económicas de los adultos mayores deban ser fortalecidas mediante programas sociales adecuados e incluyentes, para brindar oportunidades a este sector.
Con la iniciativa por la que se adiciona la fracción V del artículo 5o de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se busca que las personas adultas mayores tengan acceso a mecanismos de capacitación que ayude a empoderarlos en el ámbito económico, que desarrollen o descubran nuevas habilidades, y que puedan explotar para su autosuficiencia y sus necesidades básicas como instrumentos para crear o desarrollar las capacidades económicas de este grupo poblacional.
Asimismo, con la iniciativa por el que se adiciona la fracción XXI del artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas se busca promover programas especiales para ampliar la cobertura de espacios para su asistencia integral.
En suma, con ambas iniciativas se pretende contribuir a revertir las condiciones de pobreza y exclusión en que vive un gran porcentaje de la población adulta mayor en este país. En este sentido, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de los dictámenes presentados. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hurtado, y tiene ahora la palabra el diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Ricardo del Rivero Martínez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy día las personas con edad mayor a 60 años representa el 12 por ciento de la población global. Este hecho afecta de manera profunda la economía de las formas de vivir y las aspiraciones personales y profesionales.
En nuestro país, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, a mediados del año de 2015 la población de 60 años y más de edad alcanzó 12 millones de habitantes, es decir, representó el 10 por ciento de la población total. Estas cifras nos indican que en todo el mundo la proporción de personas que tienen 60 años y más está creciendo con tal rapidez, mejor que otros grupos en la misma edad.
En nuestro país esto no ha sido la excepción, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, en el segundo trimestre del año 2015 la tasa de participación económica de la población de 60 años y más fue del 34.3 por ciento y su nivel disminuye conforme avanza la edad.
Según el mismo organismo, alrededor de 3 de cada 10 adultos mayores están ocupados durante el segundo trimestre del año 2015, percibió hasta un salario mínimo. El 25.4 por ciento ganó hasta dos salarios mínimos y el 15 por ciento hasta tres salarios mínimos.
El 15 por ciento de las personas mayores de 60 años no recibió ingresos producto de su trabajo durante el segundo trimestre del año 2015. De acuerdo al Consejo de Evaluación a la Política de Desarrollo Social, en el año 2014 el 45.9 por ciento de la población mayor de 65 años y más era pobre, el 8.5 por ciento vivía en pobreza extrema, el 37.4 por ciento en pobreza moderada.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos convencidos en que la dignidad debe ser reconocida y garantizada a todo ser humano, sin ninguna diferencia de género, condición social o edad. Es por ello que votaremos a favor de los dictámenes que hoy discutimos, porque reconocemos que las personas adultas mayores representan una enorme riqueza para la sociedad y contribuyen de manera significativa al desarrollo de nuestro país. Con las reformas propuestas se busca fortalecer sus capacidades económicas de manera sujetas a acciones y políticas públicas de parte de las instituciones federales, estatales y municipales, lo que tiene como un fin último la plena integración y el ejercicio de sus derechos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado del Rivero. Saludamos la presencia de alumnos de la licenciatura en ciencias políticas del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, invitados por el diputado Waldo Fernández González. Bienvenidos a este recinto parlamentario. Tiene por último la palabra la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el posicionamiento que hoy nos trae a esta tribuna tiene que ver con dos importantes dictámenes, el primero de ellos presentado por mi compañera y amiga, la diputada Érika Briones, por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo a la fracción V del artículo 5o. y el segundo, una modificación al artículo 10o, fracción XXI, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Agradezco la apertura de mi Grupo Parlamentario, en especial a mi coordinador, el diputado César Camacho Quiroz, para poder fundamentar el presente dictamen de la iniciativa que en su momento presentó una servidora ante este pleno.
De igual manera, agradezco a la Comisión de Grupos Vulnerables, a su presidente el diputado Gustavo Madero, así como a las y los integrantes de la propia Comisión, por el sentido de ambos dictámenes, y que no es más que un justo reconocimiento a las demandas de nuestros adultos mayores del país.
La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo el 11 por ciento de la población está integrada por personas mayores a 60 años, y que tendrá un crecimiento para el 2050 de un 22 por ciento, para colocarse en 2 mil millones de personas adultas.
En el caso especial de nuestro país, información de Inegi estiman que viven alrededor de 11.7 millones de personas mayores a 60 años y que representan el 9.7 por ciento de la población total, con padecimientos frecuentes como diabetes, enfermedades del corazón, cardiovasculares, respiratorias, de hígado e hipertensivas, principalmente.
En vista de la realidad actual y atendiendo a las demandas de nuestra ciudadanía, es necesario proteger la vulnerabilidad de los adultos mayores. Estamos conscientes que a pesar que a nivel jurídico se ha trabajado arduamente para garantizar los derechos en nuestro sistema normativo.
Es claro que este sector poblacional presenta diversas circunstancias que siguen obstaculizando el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Por ello es necesario llevar a cabo estas importantes reformas, cuya finalidad está encaminada a promover entre los objetivos de la política nacional para los adultos mayores, programas especiales para ampliar la cobertura de espacios de asistencia integral.
Con el apoyo de los gobiernos estatales, municipales, así como del sector social y privado, que permitan asegurar mejores condiciones a nuestra vejez mexicana.
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI coincidimos que es imprescindible mejorar la situación de las personas adultas mayores. El reto que nos une es afrontar esa transformación a través de la inclusión social, con solidaridad, fomentando la igualdad y la tolerancia, para así fortalecer la convivencia y hacer una sociedad incluyente con nuestros adultos mayores.
Es por lo anteriormente expuesto y con el fin de proporcionar una vejez digna a nuestros adultos mayores, que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Tiscareño. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular los dictámenes.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta a la asamblea si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo a la fracción V del artículo 5o de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente se han emitido 419 votos a favor.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 419 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo a la fracción V del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Y se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXI al artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta Presidencia saluda a estudiantes de la Universidad de León, Campus Salamanca, Guanajuato, invitados por la diputada Karina Padilla Ávila. Bienvenidos. Igualmente, a alumnos de la Universidad Politécnica de Huejutla, invitados por la diputada Alma Carolina Viggiano Austria. Bienvenidos.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se han emitido 404 votos a favor.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 404 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXI al artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por tres minutos, el diputado José Alfredo Torres Huitrón.
El diputado José Alfredo Torres Huitrón: Muy buenas tardes. Con su venia, señor presidente y con el permiso de esta Honorable Cámara de Diputados. El día de hoy, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de esta Cámara de Diputados, somete a su consideración del pleno este dictamen que reforma la fracción IV, del artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Este artículo refiere a las atribuciones que tiene el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Con la modificación a la fracción IV, estaremos dotando al Conadis de una mayor y mejor capacidad para accionar a favor de la accesibilidad para todos y no solo para quienes ahora viven con limitaciones que conllevan a una discapacidad, sino también para quienes en un futuro, producto de la edad, necesitaremos un entorno accesible para no perder independencia y autonomía.
Esta iniciativa, promovida por las diputadas Yolanda de la Torre Valdez y Claudia Anaya Mota, atiende a las observaciones que realiza el Comité de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas al informe inicial que presentó el Estado mexicano sobre la discapacidad y los derechos que deben salvaguardarse por la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Este comité es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la convención y evalúa el informe sobre las medidas y acciones que estén llevando a cabo para cumplir con lo establecido en dicha convención.
El grupo de expertos que evaluó el informe de nuestro país señaló en el numeral 19 de su tercer apartado la gran preocupación y necesidad de mecanismos específicos de evaluación, del cumplimiento con la normativa de accesibilidad en todos los ámbitos, considerados por las diferentes investigaciones.
Esta comisión, después de un análisis minucioso de la iniciativa en mención y estando dentro del marco legal vigente, concluyó que la observación del comité es atinada. En tanto Conadis, a pesar de las facultades con que cuenta para articular las políticas públicas, no tiene un mecanismo ni facultad expresa para conocer de quejas o supervisar la accesibilidad de las personas con discapacidad.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables les pide un voto a favor de este dictamen por el reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad y por la obligación que tenemos en este Poder Legislativo de realizar los ajustes necesarios en las leyes que permitan la armonización y el cumplimiento de esta convención.
Finalmente, compañeras diputadas y diputados, quiero reconocer el compromiso a cada uno de ustedes por haber demostrado su solidaridad para trabajar en favor de los grupos vulnerables, haciendo de lado intereses políticos, de partido o ideológicos, prevaleciendo una vez más el verdadero sentido humano. Gracias a todos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Torres.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios, ya tenemos aquí una lista de diputadas y diputados, y en consecuencia tiene la palabra la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por tres minutos.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muy buenas tardes. “Se ha dicho que la vida me ha tratado con dureza, y a veces me he quejado en mi corazón porque muchos placeres de la experiencia humana me han sido retirados; si mucho me ha sido negado, también muchísimo se me ha dado”. Helen Keller.
Cosas difíciles son puestas en nuestro camino para llevar, llamar, sobre todo a nuestro coraje y fortaleza. Compañeros diputados, la atención integral hacia las personas con discapacidad ha ido tomando cada vez mayor relevancia, apoyado en mucho por un movimiento de lucha que ha forjado herramientas de desarrollo social y económico para la igualdad de oportunidades.
México signó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adquiriendo el compromiso de presentar un informe exhaustivo sobre las medidas adoptadas para su cumplimiento. De aquí que se observó que nuestro país no cuenta con mecanismos específicos de evaluación del cumplimiento con la normativa de accesibilidad en todos los ámbitos que son considerados por la convención.
Es así que hoy, atendiendo a las observaciones se presenta este dictamen en sentido positivo, el cual votaremos a favor ya que busca que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, impulse mecanismos de evaluación y asesoría, así como de captación de quejas ciudadanas, coadyuvando con las autoridades competentes, de acuerdo a la normatividad vigente.
Mediante esta reforma se logrará un monitoreo permanente a través de mecanismos de evaluación que puedan identificar la falta de aplicación de los derechos contenidos en la convención.
Justo en su artículo 9o., la convención señala que: a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados parte deberán adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad.
Es lamentable que en este siglo, señores y señoras diputadas, seguimos sin rampas suficientes o mal hechas, transportes no adaptados, infraestructura en el olvido, entre otros, lo que no permite su pleno desarrollo.
Con esta reforma se le dará poder a la sociedad al facultar al Consejo para captar las quejas ciudadanas sobre lo que les impide desarrollarse con plena libertad.
Empoderar a las personas para defender sus derechos es fortalecer su confianza en las instituciones, su visión y su protagonismo en lo que les afecta para impulsar cambios positivos ante las situaciones que viven.
En Encuentro Social creemos que una aplicación efectiva y oportuna de la ley contribuye a una mejor condición de vida para las personas con discapacidad, y en general, para todo el pueblo de México. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez. Tiene ahora la palabra la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.
La diputada Angélica Reyes Ávila: Hace falta un mayor conocimiento y capacitación para terminar con las barreras de infraestructura a las que se enfrentan las personas con discapacidad.
Con la venia de la Presidencia, señoras y señores legisladores, les saludo con afecto y respeto. Me dirijo a esta asamblea para hablar a favor del dictamen, proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Nuestra Constitución Política establece en el último párrafo de su artículo 1o, que está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, entre otras circunstancias que atenten contra la dignidad humana y tengan por efecto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
En coincidencia con este precepto constitucional y para dar un efectivo cumplimiento a los compromisos internacionales que nuestro país tiene signado en esta materia, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que establece como uno de sus principios la accesibilidad. Es necesario aprobar el dictamen que hoy presenta la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
El artículo 9 del citado instrumento internacional señala: Los Estados parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales.
En Nueva Alianza estamos decididos a contribuir para que los obstáculos a los que todos los días se enfrentan quienes padecen alguna discapacidad sean eliminados. Para conseguir que este derecho se haga efectivo es preciso que se cuente con mecanismos de monitoreo y evaluación, a fin de garantizar la accesibilidad.
Esta circunstancia fue mencionada en el informe que presentó el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2014, respecto al cumplimiento y avances de obligaciones adquiridas por nuestro país en dicha convención.
En este aspecto la ley vigente carece de mecanismos de queja o de sanciones efectivas por el incumplimiento de las normas sobre accesibilidad, esta situación es la que se pretende cambiar con la reforma.
Según cifras del más reciente Censo de Población realizado por el Inegi en 2010 hasta ese año había casi 6 millones de personas que vivían con alguna discapacidad a nivel nacional, esta cifra representó el 5.1 por ciento de la población del país. La cifra para 2015, de acuerdo con el mismo instituto, es que un 6.6 por ciento de la población mexicana reportó tener alguna discapacidad, siendo en su mayoría personas adultas mayores con 51.4 por ciento. Esta cifra aumentará mientras se incremente el promedio de edad de la población.
Según la Encuesta Intercensal del Inegi 2015, la población en edad avanzada representa el 7.2 por ciento de la población del país. Por este motivo es preciso prever y tomar las medidas pertinentes para proveer de accesibilidad a millones de mexicanas y mexicanos.
En Nueva Alianza votaremos a favor del dictamen porque las razones son evidentes. Es imperativo que se tomen las acciones que se requieren según la Convención, no sólo porque es un compromiso y una obligación internacional, sino más importante aún, porque es un derecho humano que corresponde garantizar al Estado mexicano.
Diputadas y diputados, podemos cambiar las cosas. Hagámoslo con sensibilidad, pero sobre todo con responsabilidad. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Reyes. Tiene ahora la palabra la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, amigos diputados y diputadas. En un primer momento la palabra accesibilidad estaba asociada a la eliminación de barreras físicas, a facilitar el acceso a los entornos urbanos y arquitectónicos, sin embargo hemos ido avanzando desde esa concepción parcial de la accesibilidad, a englobarla en un concepto que considera a la persona y a su entorno como un todo, abarcando el medio físico, el transporte, la educación, el deporte, la cultura, el ocio y la sociedad de la información.
En definitiva, hemos de plantear soluciones que no marginen a los ciudadanos según sus capacidades. Debemos poner en marcha alternativas inclusivas en la búsqueda de una sociedad en la que los ciudadanos, sin distinción, se puedan desenvolver de una manera autónoma y en completa libertad.
Por ejemplo, el 95 por ciento del territorio en la Ciudad de México, considerada la ciudad más desarrollada de nuestro país, impide a quienes tienen alguna limitación física el poder desplazarse de manera independiente. En este sentido, ¿qué podríamos esperar de entidades y municipios con menor desarrollo?
Rampas insuficientes, mal hechas o mal ubicadas, infraestructura especial en el olvido y la falta de continuidad con los proyectos impide a este sector de la población ir a la escuela, a sus empleos o simplemente salir de casa como cualquier persona.
En total, 5.1 por ciento de la población en México tiene una discapacidad, lo que representa 5 millones 739 mil 270 personas, de las cuales 51 por ciento son mujeres, 49 por ciento son hombres.
El principal problema es la falta de continuidad en el tema de accesibilidad. Deben existir programas de monitoreo, queja y sanciones, a los cuales se les dé respuesta y seguimiento.
Aún queda mucho trabajo por hacer, siendo el mayor reto adecuar la infraestructura existente. Cuando se le niega a una persona el acceso a un derecho caemos en la discriminación, desconociendo el bienestar de otros, por lo que les pido a la población hacer su parte, respetando el tránsito y medios de las personas con discapacidad.
A diario las personas que no caminan no pueden hacer absolutamente nada, pues el solo hecho de salir de su casa es un impedimento. No tienen la facilidad de abordar un medio de transporte y esto les dificulta el poder aprender y trabajar en la mayoría de las veces.
Un lugar por donde pueda pasar una silla de ruedas no genera incomodidad, señores, para el resto de la gente, ya que una accesibilidad es aquella que pasa desapercibida e incluye a todos.
Las nuevas construcciones, calles y parques deben estar pensados de esta forma, teniendo implícito el concepto de accesibilidad.
Por todo lo anteriormente expuesto, los diputados de Movimiento Ciudadano votaremos a favor del dictamen, porque estamos convencidos que solo generando condiciones para lograr la inclusión de nuestros hermanos con discapacidad, haremos de México un mejor lugar para todos. Es cuanto, señor presidente, gracias por su atención.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Garzón. Tiene ahora la palabra el diputado Sergio René Cancino Barffuson, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Sergio René Cancino Barffuson: Muy buenas tardes, señor presidente. Diputados y diputadas, me congratulo porque hace un momento la votación fue bien favorable a favor de los derechos de las personas adultas mayores.
En ese mismo sentido, quisiera que este pleno también fuera favoreciendo con su voto a los grupos vulnerables, como las personas en condiciones de pobreza, las personas con discapacidad, la población LGBTI, entre otras.
Atender la cuestión de los grupos vulnerables, es asunto de derechos humanos y apego a principios de nuestra Constitución. Hay un punto que me gustaría destacar. Los grupos vulnerables no forman parte de una condición humana que de suyo tengan que vivir, precisamente, esa condición de vulnerabilidad, sino que son condiciones a las que nos hemos visto expuestos a falta de un reconocimiento de derechos, a falta de contribuir con condiciones que propicien una vida plena y la posibilidad de la realización amplia de la misma, en calidad de personas y en calidad de ciudadanos de pleno derecho.
En este sentido me gustaría señalar también, que precisamente este espacio del Congreso de la Unión tendría que dar ejemplo de esta accesibilidad para todas las personas con alguna discapacidad, porque personas con discapacidad no tenemos las condiciones de accesibilidad óptima a los distintos espacios de esta misma construcción en la que nos encontramos, desde donde se está haciendo esta propuesta, invitándolos a votar a favor precisamente.
Yo mismo aquí he tenido dificultades para poderme desplazar al mezzanine, para poder acceder suficientemente a los salones Cristales. Es decir, en este mismo recinto público tendríamos que iniciar haciendo toda una reingeniería de accesibilidad para las personas con discapacidad.
Este reconocimiento de nuestras diferencias no tiene que ser leído como elemento de atención en términos de una conmiseración, sino de pleno reconocimiento a los derechos de las personas.
Tenemos que avanzar, precisamente, para que seamos reconocidos en calidad de ciudadanía plena y avanzar en esta materia, construyendo una ciudadanía plural, una ciudadanía diversa que no da un trato en términos de dádivas o de ayudas, sino que contribuye a que la vida de las personas sea posible de ser vivida en plenitud.
En México la participación social de las personas con discapacidad ha tenido un impulso significativo en estos últimos años, que se ha traducido en una mayor presencia y visibilidad en todos los aspectos de la vida social, económica y cultural.
Las personas con discapacidad son un potencial, un potencial humano que no tenemos por qué estar quedando en condiciones de marginalidad. En ocasiones, muchas personas en condiciones de discapacidad expuestas a una vida en la mendicidad.
Contribuir, precisamente, en pleno reconocimiento y garantizar esta accesibilidad a las personas con discapacidad, ayuda mucho para que las personas no se vean expuestas a una vida en la que su plenitud de realización humana no está garantizada.
En ese sentido, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de esta iniciativa por ser un avance hacia la accesibilidad universal que se necesita.
Es decir, tenemos que contribuir a generar un entorno que sea plenamente accesible, de modo que una persona con discapacidad no vea interrumpida o dificultada la realización de sus actividades porque uno de los caminos no le permite avanzar a su plena integración social. Y la persona tiene que tener posibilidades de desplazamiento en el área pública, en el espacio de los estudios, en el espacio cuando acude a las instancias de salud, cuando la persona acude a espacios de diversión, de entretenimiento y de deporte. El espacio de la vivienda también tiene que estar diseñado con condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad.
En ese sentido tenemos que contribuir de manera amplia para que la vida y la realización de las personas con discapacidad, nosotros, desde lo que nos corresponde aportar desde esta legislatura lo estemos construyendo de manera significativa, para que también puedan ser sujetos plenos de derechos y de ejercicio pleno de ciudadanía. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cancino. Y tiene ahora la palabra la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista. La animan para que participe con más enjundia con esa porra.
La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza: Con la venia, señor presidente. ¿Qué es igualdad? Es la ausencia de cualquier tipo de discriminación. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas reviste los principios y las directrices de política que figuran como factor en la promoción, la formulación y la evaluación de normas y programas a nivel nacional e internacional destinados a dar una mayor igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad.
La discapacidad la vive aquella persona que tiene una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, quien al interactuar en distintos ambientes del entorno social puede ver impedida una participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a todos los demás.
Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, ratificada por México en el año 2007, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción de las personas con deficiencias y de las barreras debidas a la actitud, al entorno, lo que evita la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones.
Por ello, uno de los principios de esta convención es la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad.
En el Partido Verde sabemos el reconocimiento de los derechos pro persona, inclusión, accesibilidad e igualdad, consagrados en nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben ser reproducidos en el texto legal de la normatividad secundaria.
De igual forma, la inclusión debe promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, lo que contribuirá significativamente a atenuar la profunda desventaja social en la que se encuentra este grupo vulnerable.
Nos sumamos a la reforma que plantea este dictamen, pues establecer en la ley que se impulsen mecanismos de evaluación y asesoría, de captación de quejas ciudadanas y coadyuve con las autoridades competentes, es un paso adelante en una de las tareas fundamentales que los gobiernos democráticos tenemos al dotar la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos, así como velar por el respeto a los derechos de cada individuo.
En el caso de las personas que cuentan con alguna discapacidad, se observan retos mayores. Esta población enfrenta entornos físicos pocos adecuados y actitudes discriminatorias, que merman su pleno desarrollo y que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, representan más de cinco millones de personas.
En consecuencia, los que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde en esta Cámara, nos manifestamos a favor de establecer en la ley, la promoción de su participación con igualdad de oportunidades, pues esto implica crear condiciones de un México incluyente al que el presidente Enrique Peña Nieto los ha invitado participar. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Flores. Saludamos la presencia de Jessica Kika Chávez, campeona mundial minimosca de la Federación Internacional de Boxeo y campeona, también, mundial mosca de la WBC. Invitada por el diputado José Alfredo Torres Huitrón. Bienvenida, campeona. Acá la tenemos en el pasillo central. Tiene ahora la palabra, la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Ana Leticia Carrera Hernández: Buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente. Acudo a esta tribuna, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, en esta Cámara de Diputados, para presentar posición respecto a la propuesta de dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la cual considera una adición a la fracción IV, del artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, incorporando como facultad del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Conadis, impulsar mecanismos de evaluación y asesoría de captación de quejas ciudadanas, respecto a las condiciones de accesibilidad a la infraestructura pública de las personas con discapacidad.
De acuerdo al censo del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática de 2010, existen en el país cinco millones 739 mil personas con discapacidad, las cuales representan el cinco 5.1.1 por ciento la población. De estos 2.9 millones son hombres y 2.8 mujeres. La mayor parte de esta población con discapacidad es adulta, ya que el 80 por ciento rebasa los 30 años y el 26 por ciento del universo de la población con discapacidad tienen ya más de 65 años.
La situación en la que se encuentra esta población limita el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, por ello este poder aprobó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la cual se establecen las responsabilidades de los tres niveles de gobierno, el Poder Legislativo y Judicial, de acuerdo a sus ámbitos de competencia para garantizar los derechos de esta población conforme a sus características.
En el marco de las competencias de este órgano legislativo, le corresponde la adecuación de las normas nacionales al tenor de los instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado. Es en este contexto en que se inscribe la presente discusión.
La propuesta en comento, de acuerdo a las promoventes de esta iniciativa, tiene como marco las observaciones formuladas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2014. Este comité es un órgano de expertos que supervisa a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Como sabemos, el Estado mexicano, al firmar su adhesión a las convenciones internacionales, se obliga a dar cumplimiento a sus contenidos incorporándolos a su ordenamiento jurídico y también se obliga a atender puntualmente las observaciones emitidas por los grupos de expertos correspondientes cuando consideren la inobservancia de la convención, como es el caso.
Con la aprobación de esta propuesta, además de atender la recomendación del grupo de expertos de la convención, será posible contar con instrumentos suficientes y adecuados, ágiles, que permitan a las personas con discapacidad presentar quejas o denuncias de deficiencias en la infraestructura física pública, a fin de mejorar la accesibilidad con los mayores estándares posibles.
Por las consideraciones expuestas, el Grupo Parlamentario del PRD, votará a favor de la presente propuesta de dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Carrera. Tiene ahora la palabra el diputado Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, según los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del INEGI, en el 2014 había en México aproximadamente 7.2 millones de personas con alguna discapacidad. Es justamente en ese año de 2014 la prevalencia de la discapacidad en México fue por el 6 por ciento. De acuerdo con los datos de dicha encuesta, los tipos de discapacidad más frecuentes a nivel nacional son: el caminar, subir o bajar usando sus piernas, esto equivale a 64.1 por ciento; el ver, aunque cuando la gente use lentes, es el 58.4 por ciento; y en el extremo opuesto se ubica la dificultad para hablar o comunicarse, en un 18 por ciento.
Los tipos de discapacidad más frecuentes afectan principalmente a los adultos, y sobre todo a los adultos mayores; son un segmento de la población donde se ubica el mayor número de personas con una discapacidad.
En este orden de ideas debemos recordar que una persona con discapacidad no sólo es aquella que se presenta con una determinada deficiencia física o enfermedad, sino la que dado un estado de salud o sus características del entorno, tanto físicas o como de actitudes, ve afectada su capacidad para realizar sus actividades cotidianas.
La Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 9o., prevé que “los países deberán adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás al entorno físico, el transporte, la información, las comunicaciones, incluidos también los sistemas y las tecnologías de la información, así como otros servicios de instalaciones abiertos al público o de uso público tanto en zonas urbanas como en zonas rurales”.
Sin embargo las personas con discapacidad son directamente afectadas por la problemática de la falta de accesibilidad a causa de las diversas barreras físicas, culturales, económicas o sociales. Es imposible que puedan ejercer plenamente los derechos que por naturaleza humana les corresponden.
En el Partido Acción Nacional estamos convencidos de que debemos de seguir trabajando en la creación de propuestas para remover los obstáculos que les impiden a las personas con discapacidad del ejercicio efectivo de sus derechos humanos. Es por ello que buscamos siempre impulsar y promover una sociedad inclusiva para todos.
En ese sentido, coincidimos plenamente con las reformas propuestas a través del dictamen que hoy discutimos. Si bien es cierto el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad ya contempla en sus atribuciones la promoción de accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas, también lo es que la ley es omisa en relación a un proceso de recepción de quejas o denuncias ciudadanas de deficiencias en la infraestructura física-pública, por lo que con estos cambios, además de reforzar la ley en esta materia, también se está atendiendo a una de las observaciones y recomendaciones del comité sobre los derechos de las personas con discapacidad.
No olvidemos que la participación de las personas con discapacidad es un requisito indispensable para lograr un desarrollo sostenible y equitativo en el país. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Olivas. Saludamos la presencia de estudiantes de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas de la Facultad de Estudios Superiores, FES, de la UNAM, plantel Acatlán, en Naucalpan, estado de México, invitados por el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este recinto parlamentario. Por último, tiene la palabra la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso, diputado presidente. Dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que los estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás. Incluso, mediante ajustes de procedimiento para facilitar el desempeño de la funciones efectivas d estas personas como participantes directos e indirectos en todos los procedimientos.
El Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de este dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, específicamente en su artículo 42, porque consideramos que todos los asuntos que tengan que ver con las personas con discapacidad son una prioridad para nuestro grupo parlamentario.
En el PRI abordamos las problemáticas de las personas con discapacidad desde la visión, desde la perspectiva de las personas con discapacidad. Es por eso que legislamos en concurrencia con las sugerencias que ellos nos hacen.
Vamos a votar a favor de este dictamen con la convicción de que los asuntos de las personas con discapacidad son prioritarios para una nación que los ha mantenido por muchos años en rezago. Hablar de adelanto de los derechos es la justicia esperada y por muchos años postergada para el sector.
En el PRI abordamos esta problemática con una gran sensibilidad, pero principalmente con una visión de justicia y con una visión de equidad, que logrará que este sector alcance sus derechos.
La reforma aprobada por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y que se somete a la consideración de este pleno, fue propuesta por la diputada Yolanda de la Torre y por una servidora, con la finalidad de resolver una de las principales solicitudes que durante muchos años han hecho las personas con discapacidad, y es el derecho a participar en la elaboración, supervisión y creación de las políticas públicas que les son propias.
Con esta reforma habremos de contribuir a ampliar con el espectro de derechos de este sector poblacional, y confiamos en que los derechos que desde esta Cámara se están construyendo para las personas con discapacidad se transformen en políticas públicas, en acciones y en programas que este sector merece y necesita.
Esta nueva atribución que se le da al Conadis para que impulse mecanismos de evaluación, asesoría y capacitación de quejas ciudadanas aproximará sin duda a las personas con discapacidad acceder a sus derechos y principalmente a participar en la creación de sus políticas públicas, porque como bien se dice: en el tema de la discapacidad nada sobre nosotros, sin nosotros. Sería cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Anaya. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
Se consulta a la asamblea si falta algún compañero diputada o diputado por emitir su voto. Se consulta si falta algún compañero diputada o diputado por emitir su voto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Acá a la derecha.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Está abierto el sistema, compañeros.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya, listo.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 411 votos en pro.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 411 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto es una proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por tres minutos la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que incluya la atención y tratamiento médico de la insuficiencia renal en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular. –Ya iba a preguntar por usted.
La diputada Rosalinda Muñoz Sánchez: Con su venia, señor presidente de la Mesa Directiva. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. Es para mí un alto honor estar nuevamente en esta tribuna, representando los intereses y la voluntad de los ciudadanos de mi distrito.
La salud es un gran eje fundamental que debe de ser cuidado, y por supuesto, que la sociedad requiere y reclama medidas que contribuyan a una mejor calidad en los servicios de salud.
Por ello, es necesario trazar una ruta que nos permita abrir los caminos y juntos beneficiar a quien más lo necesita. Justo por eso, quiero manifestar mi interés y preocupación por los problemas renales en México y particularmente en mi estado.
La insuficiencia renal es un problema de salud pública a nivel mundial, el número de pacientes se viene incrementando año con año. De acuerdo a una nota de Milenio, se estima que en México existen entre 8 y 9 millones de personas que padecen insuficiencia renal, y entre 100 y 130 mil que se dializan, para lo cual ellos erogan 250 mil pesos anuales para poder estar más o menos en su problema de salud.
De acuerdo con el último censo de Inegi, publicado en 2012, en ese año existieron 12 mil fallecimientos derivados de la insuficiencia renal. El estado con mayor incidencia fue el estado de México con mil 487 casos, seguido del Distrito Federal con 948 casos, seguido, por supuesto, de Jalisco con 920, Puebla con 756, Guanajuato con 604, y Nuevo León con 392.
Actualmente, un estudio realizado por el epidemiólogo Víctor Gómez Bocanegra, arrojó que en Tlaxcala, el estado de la república del cual provengo, ocupa el primer lugar a nivel nacional de incidencia en jóvenes de 18 a 25 años de edad que padecen de insuficiencia crónica.
Tomando esto como referencia de la actual población de mi estado y del país, que es un millón 200 mil habitantes, casi mil 400 personas padecen este problema, y por supuesto día a día luchan con esta problemática.
Lo más grave de la insuficiencia renal crónica en México, es la gran desigualdad en que es tratado por las diversas instituciones de salud. Los enfermos renales que se tratan en el IMSS, ISSSTE, Sedena y Pemex son cubiertos al 100 por ciento con terapia de reemplazo renal, mientras que los que se encuentran registrados en el Seguro Popular se encuentran sin ninguna posibilidad de ser atendidos. Además de que este padecimiento que le genera a quien lo padece, el ciudadano sufre de una inequidad para ser atendido, pues no está dentro del catálogo de patologías que cubre el programa del Seguro Social, el Seguro Popular.
Este sistema de salud ha sido creado para brindar protección financiera de salud a más de la mitad del país que no tiene acceso a la seguridad social, lo cual representa un problema serio, ya que aquella persona que tenga el padecimiento y no cuente con los recursos necesarios para que sea atendido, o bien, no esté asegurado por cualquiera de las instituciones mencionadas, se encontrará en una desventaja que puede ocasionar a largo o corto plazo su muerte.
La enfermedad renal es considerada un desafío global que urge y debe ser atendida. No puede hacerse caso omiso ante una realidad alarmante que puede combatirse con acciones muy claras y puntuales.
En virtud de lo antes expuesto solicito al pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, exhortando a la Secretaría de Salud, a efecto de considerar la atención y tratamiento médico de la insuficiencia renal en el catálogo universal de los servicios de salud del Seguro Popular.
Este punto de acuerdo es por aquellos jóvenes y adultos de mi distrito y del país que tienen esta enfermedad, y con los que me comprometí a ser parte de la solución a su demanda de salud.
Este punto de acuerdo es por aquellos ciudadanos de México con bajos recursos que requieren atención médica y que hoy la adquieren a costa de sacrificar su patrimonio.
Compañeras y compañeros diputados, los invito a ser sensibles ante esta problemática y a garantizar los derechos de salud de quien más lo necesita. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Muñoz. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución el punto propuesto.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se considera de urgente resolución. Y para referirse al tema, ya tenemos aquí una lista integrada de diputadas y de diputados. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por tres minutos.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Diputadas y diputados, venir a hablar de un tema de salud pública que acaba de plantear la diputada Rosalinda Muñoz, por supuesto que obliga por convicción y por doctrina política, documentos básicos del Partido de Encuentro Social, a solidarizarnos con él.
Es un tema que afecta a 12 millones de personas en el país. Es un tema que afecta a pacientes que son atendidos por el Seguro Social, por el ISSSTE, por Petróleos Mexicanos, por la Sedena incluso y que al 100 por ciento son cubiertos cuando pertenecen a estas instituciones de salud pública. No es así cuando no pertenecen, cuando están en estado de indefensión pero que tienen una enfermedad como esta, renal, de manera crónica.
Hoy venimos precisamente a decir que estos pacientes, que de acuerdo al INEGI, fíjense bien, en 2012, amigos diputados, 12 mil fallecimientos derivados de complicaciones por insuficiencia renal.
Por supuesto que el Seguro Popular debe absorber a estos pacientes que carecen, por un lado, de la seguridad social de las instituciones del Estado. Por esas personas vulnerables en sus ingresos con mucha más razón debemos exhortar a la secretaría del ramo, por supuesto a las dependencias vinculadas en autorizar la disponibilidad presupuestal para que estos millones de pacientes, todos ellos, tengan o no seguridad social, en algunas de las instituciones sean atendidos y sean atendidas al 100 por ciento en su padecimiento; porque por supuesto que estamos hablando de familias mexicanas.
Para todos, y por supuesto para el Partido Encuentro Social es un imperativo hablar del bienestar de la familia, y en una familia donde el jefe, el hijo o algún integrante de ella no tiene la salud vinculada, específicamente hablando, en el tema renal y en cualquier tipo de enfermedad, no tienen felicidad, tiene que ver mucho con la felicidad de las familias.
Y por eso hoy, el Partido Encuentro Social, viene a solidarizarse con este tema tan sensible para personas en este país, 12 millones de ellas y por supuesto no todas están en condiciones de vulnerabilidad, pero sí un gran porcentaje de ellas deben tener el respaldo para que las secretarías y dependencias federales hagan lo propio y sean atendidas al cien por ciento en este padecimiento. Es cuanto, diputada presienta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Ahora tiene la palabra, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, de Nueva Alianza, a quien por cierto felicitamos porque ayer fue su cumpleaños.
La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Nuestra Constitución reconoce a la salud como un derecho inalienable y aplicable a todas las personas, sin importar su condición social, económica, cultural o racial.
En Nueva Alianza tenemos la convicción de que constituye un elemento esencial para cerrar las brechas de desigualdad existentes entre los miembros de una sociedad. En ese sentido, corresponde al Estado generar las condiciones que permitan a sus ciudadanos vivir lo más saludablemente posible, para ese fin fue creado el Seguro Popular, sin embargo hasta el momento en su Catálogo Universal de Servicios de Salud, no reconoce la cobertura de enfermos con insuficiencia renal.
La insuficiencia renal es un problema de salud que afecta, no solamente a nuestro país sino a nivel mundial. Cada vez es mayor la necesidad de recurrir a procedimientos de diálisis o hemodiálisis o en su defecto de un trasplante renal.
Cifras de la Fundación Mexicana del Riñón revelan que en México el 8.3 de millones de personas padecen insuficiencia renal, 102 mil insuficiencia renal crónica y 37 mil 642 reciben tratamiento continuo de diálisis, mientras que 9 mil 276 personas esperan un trasplante de riñón.
Datos del Censo de 2012 del INEGI, muestran que en ese año se registraron 12 mil fallecimientos derivados de complicaciones por insuficiencia renal. La situación es muy preocupante. El número de pacientes se está incrementando considerablemente como se ha demostrado en los últimos días en Tierra Blanca Veracruz, donde existe un alarmante número de personas con esta enfermedad. Peor aun. La gran mayoría de enfermos no cuenta con los recursos económicos para enfrentar los gastos que los tratamientos implican.
En Nueva Alianza entendemos la necesidad de emprender acciones que garanticen una atención médica de calidad y los tratamientos que requieran las personas que padecen insuficiencia renal.
Por ello votaremos a favor de ese punto de acuerdo para que el Seguro Popular incorpore en su catálogo de servicios los padecimientos por enfermedades renales, porque sabemos que es urgente garantizar el derecho a la salud a todos los ciudadanos y de esta manera cerrar la brecha de inequidad y de desigualdad entre la sociedad. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Tiene la palabra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos, la diputada Marbella Toledo Ibarra.
La diputada Marbella Toledo Ibarra: Con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados. La enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10 por ciento de la población mundial. Se puede prevenir pero no tiene cura. Suele ser progresiva, silenciosa y no presenta síntomas hasta etapas avanzadas, cuando las soluciones son altamente invasoras y costosas.
En nuestro país existen entre ocho y nueve millones de personas con insuficiencia renal; entre 100 mil y 130 mil requieren diálisis y destinan un promedio de 250 mil pesos al año para tratar de mantener su salud sin mayores complicaciones. Este padecimiento ha alcanzado cifras de suma seriedad en México y ha llegado a dimensiones alarmantes.
Si bien es cierto que tampoco existe un registro nacional que dé información fehaciente, la enfermedad sigue en ascenso sin que la curva de crecimiento haya sido minimizada de alguna manera.
Estimaciones de un estudio hecho por la Facultad de Medicina de la UNAM, estimaba hace cuatro años que existen casi 120 mil mexicanos con necesidad, sin alternativa de recibir tratamiento sustitutivo de riñón para mantenerse con vida, y que menos de la mitad de esos pacientes recibirían alguna forma de tratamiento para ese padecimiento. A cuatro años de distancia ambas cifras han sido superadas sin duda alguna.
Existen estadísticas internacionales que permiten dilucidar el creciente ritmo de la enfermedad renal en nuestro país. De acuerdo con un comparativo internacional del Sistema de Datos Renales de Estados Unidos, la incidencia de insuficiencia renal crónica se ha más que duplicado en México, en cuestión de una década, al pasar de 200 a 500 casos por cada millón de habitantes entre el 2001 y el 2011.
Los datos disponibles también sugieren una gran inequidad en el acceso al tratamiento para la enfermedad renal crónica, con una clara desventaja para los países y poblaciones con menores ingresos.
Diputadas y diputados, no hablamos de cifras, hablamos de personas en profunda necesidad de atención médica. En lo que se refiere a personas de la tercera edad que sufren padecimientos renales, hablamos de un sector vulnerable de manera social y económica que ante este padecimiento enfrenta condiciones de supervivencia sumamente complejas, pues es imposible que costeen su tratamiento.
Pero no sólo ese sector es el que se ve vulnerado, como bien ha sido expuesto en las consideraciones del punto de acuerdo que ahora discutimos; quienes son beneficiarios del Seguro Popular no cuentan con acceso a la terapia de reemplazo renal que es necesaria para salvar su vida. Este sector tan vulnerable de la población vive en condiciones precarias y en la mayoría de los casos quienes padecen esta enfermedad, mueren sin que les sea diagnosticada.
Es necesario que se entienda de manera clara y contundente que si no se toman acciones para prevenir esta enfermedad, así como para evitar que progrese cuando las personas la padecen en estados avanzados, más personas la contraerán con el paso del tiempo y nuestro país tendrá que lidiar con mayores costos sanitarios y humanos en el futuro.
Estoy convencida de que la mayoría de las ocasiones las personas que mueren no porque el padecimiento no pueda ser tratado, sino porque no tienen el dinero suficiente para atenderse.
Los diputados de Movimiento Ciudadano nos pronunciamos, como lo hemos hecho siempre, a favor de la población más vulnerable que enfrenta mayores necesidades. Es imperativo que actuemos, y por ello nos congratulamos con la presentación de este punto de acuerdo, que es un paso a la vida y seguramente abonará a un avance significativo en la atención de este padecimiento. Gracias por su atención.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Tiene la palabra también por tres minutos, del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Roberto Guzmán Jacobo.
El diputado Roberto Guzmán Jacobo: Gracias. Con la venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeros. Los intereses del pueblo no se basan en particulares, se basan en la ciudadanía.
Honorable asamblea, diputadas y diputados, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena manifestamos nuestra posición respecto al exhorto hacia la Secretaría de Salud de incluir en el catálogo universal de servicio de salud del seguro popular, la insuficiencia renal y su tratamiento.
En el Grupo Parlamentario de Morena constatamos que el tema de inclusión de la insuficiencia renal y de su tratamiento dentro del seguro popular es de vital importancia por tratarse de un problema de salud pública con base en la universalidad de la seguridad social en materia de salud y la idea de robustecer el sistema de protección social en salud.
Apoyamos la inclusión dentro del catálogo de servicios esenciales de la salud a la insuficiencia renal y su tratamiento, como lo hemos hecho en pronunciamientos anteriores, debido a que es responsabilidad de la Secretaría de Salud garantizar la atención en término de la Norma Oficial 03-SSA-3-2010 que habla de la práctica de la hemodiálisis.
La insuficiencia renal consiste en la pérdida progresiva e irreversible de las funciones del riñón, caracterizado por las anormalidades estructurales o funcionales con o sin deceso de la tasa de la filtración glomerular.
La insuficiencia renal es una enfermedad silenciosa porque no produce síntomas sino hasta que se encuentra en etapas o estado avanzado. La Fundación Mexicana del Riñón reporta que existe en México 8.3 millones de personas con insuficiencia renal leve, 102 mil personas con insuficiencia renal crónica y 37 mil 642 personas con tratamiento continuo de diálisis y hemodiálisis. Se estima que 55 mil pacientes reciben tratamiento renal sustantivo con diálisis o hemodiálisis, y que al menos la misma cifra no tiene acceso a este tipo de tratamiento.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, Inegi, en el 2012 se registran 12 mil fallecidos derivado de las complicaciones por insuficiencia renal.
Existe una nueva desigualdad entre los enfermos con insuficiencia renal, ya que los que cuentan con algún tipo de seguridad social se encuentran cubiertos al 100 por ciento con terapias de remplazo renal, mientras que los del Seguro Popular no cuentan.
Por lo anterior, la insuficiencia renal y su tratamiento se ha convertido a parte de un padecimiento degenerativo en un problema de inequidad frente a otras enfermedades, ya que no se encuentra dentro del Catálogo de Patologías que cubre el Seguro Popular en un análisis y con fundamento en las estadísticas de la insuficiencia renal con sus tratamientos de diálisis, hemodiálisis y trasplantes que se ha convertido en una patología frecuente a nivel nacional, que genera un gasto fuera del alcance de la mayor parte de la población y de sus familiares.
Para el beneficio de los mismos se atiende a mecanismos en este caso de inclusión para seguir fortaleciendo el sistema de protección social en salud, que garantice el derecho constitucional de la protección de la salud, tal como se menciona en el artículo 4o. constitucional.
El Grupo Parlamentario de Morena en esta Cámara de Diputados votará a favor de este punto de acuerdo por ser un tema de salud pública ya analizado y planteado, que afecta a nuestra población y requiere atención por parte de todos los mexicanos. Gracias.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Tiene la palabra también hasta por tres minutos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones.
La diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la insuficiencia renal crónica es una enfermedad irreversible que afecta los riñones, por lo que el organismo pierde la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre. Dicho padecimiento es un problema de salud pública tanto a nivel mundial como nacional, cuya incidencia está poniendo en entre dicho la capacidad de la infraestructura hospitalaria y de los recursos humanos con que cuenta nuestro sistema de salud para poder atender este padecimiento.
Ante la insuficiencia de recursos públicos, sumado a lo costoso que resulta su tratamiento en fases avanzadas de la enfermedad, los pacientes que la padecen y que no son derechohabientes de alguna de las instituciones de salud del sector público, se ven obligados a abandonar su tratamiento por no poder costearlo, lo cual tristemente termina por convertirse en una sentencia de muerte.
Esta situación no es diferente para aquellos pacientes diagnosticados con insuficiencia renal crónica que sí tienen acceso a los servicios públicos de salud, pues el tratamiento puede llegar a ser incosteable, sobre todo cuando éstos viven en una zona alejada de los lugares en los que se ubican las unidades hospitalarias.
Dado que la insuficiencia renal crónica en muchas ocasiones es resultado de un círculo vicioso en el que se conjugan factores como la obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes, se deben tener en cuenta los altos índices de prevalencia de dichos padecimientos entre la población en México, mismos que van minando paulatinamente la función renal del organismo de modo tal que de no ser detectadas a tiempo y controladas puede derivar en casos severos de insuficiencia renal crónica que ya sólo pueden tratarse a nivel de un trasplante de riñón.
De acuerdo con las cifras reportadas por la Fundación Mexicana del Riñón, en nuestro país actualmente existen 8.3 millones de personas con insuficiencia renal leve; 102 mil personas con insuficiencia renal crónica y 37 mil 642 personas con tratamiento continuo de diálisis.
Son alarmantes las cifras que señala el punto de acuerdo que nos encontramos discutiendo, en donde se reconoce que los esfuerzos para incrementar los trasplantes renales han sido insuficientes y se pone de manifiesto la magnitud del problema de los padecimientos renales crónicos.
Algunos especialistas han estimado que al menos 12 millones de mexicanos padecen algún grado de deterioro renal y que de no controlarse un alto porcentaje de ellos evolucionará hasta estadios más avanzados de la enfermedad, que pondrían en riesgo de colapso al sistema de salud pública.
Así pues, destacamos la necesidad, tal como lo hace la proponente del punto de acuerdo, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a efecto de que incluya la atención y tratamiento médico de la insuficiencia renal en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular.
Se debe recordar que el derecho a la protección de la salud es un derecho social y universal, independientemente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios y además éste constituye un elemento esencial para que el Estado siente las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de la sociedad.
En virtud de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del presente punto de acuerdo, pues estamos convencidos que acciones como estas, además de garantizar la protección de uno de los derechos más elementales de las personas, abonará al establecimiento de mecanismos de detección y tratamiento oportuno de una enfermedad, que desafortunadamente cada día tiene mayor relevancia en nuestra sociedad. Es cuanto, Presidencia.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Álvarez. Saludamos la presencia de un grupo de mujeres líderes del estado de Aguascalientes, invitados por la diputada Miriam Dennise Ibarra Rangel. Igualmente de un grupo de líderes del estado de Michoacán, invitados por Hugo Eric Flores Cervantes. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes a este recinto parlamentario de San Lázaro, amigas y amigos. Tiene ahora la palabra el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Norberto Antonio Martínez Soto: Diputado presidente, amigas diputadas, amigos diputados, la insuficiencia renal crónica es una enfermedad irreversible, en la que el organismo pierde la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre.
Es una enfermedad cruel, catastrófica, lacerante, terminal. Las diputadas y los diputados que me han antecedido han sido puntuales. Rompe los lazos afectivos entre el enfermo y la familia, se ven disminuidos, quebrados sus patrimonios, se acaba el dinero en atención médica y muchas veces con resultados de rompimientos familiares, abandono y lo que es peor: la muerte del propio enfermo.
Representa un problema de salud pública a nivel mundial, en México también. El número de personas con este padecimiento aumenta de manera alarmante. Debemos decir que se han detectado picos de afección en zonas con contaminación de aguas y que se asocia con otras enfermedades crónicas muy presentes especialmente en México, como diabetes y presión alta.
El número de pacientes que tiene que recurrir a procedimientos sustitutivos de la función renal, como la diálisis o hemodiálisis y, por último, el trasplante, crece debido a la falta de una política de Estado de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento temprano.
Se identifican cinco etapas en la insuficiencia renal, cuando el enfermo se ubica en las primeras tres es muy factible que con dieta y tratamiento clínico mantenga una función renal suficiente, alta como para que el paciente mantenga una vida casi normal.
Pero si en un diagnóstico temprano y oportuno suele ser agresiva, progresiva, silenciosa y no presentar síntomas hasta las etapas avanzadas, cuando los tratamientos sustitutivos son invasivos y muy costosos.
Al ser una enfermedad crónica implica estar presente siempre en tratamientos todos los días. Un enfermo renal crónico sin cobertura médica debe de pagar en promedio mil 800 pesos por cada hemodiálisis. Una persona con insuficiencia renal crónica debe luchar para no morir envenenado por los propios desechos de su cuerpo, para no morir por una falla multiorgánica o para no morir por un infarto. No sólo se enferma una persona, como lo he dicho, se enferma la familia, la sociedad. Y empobrece a la familia.
Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública, esta enfermedad en 2013 fue la quinta causa de muerte generada en México y la tercera a nivel hospitalaria. En el municipio de Hidalgo, en Michoacán, cabecera de mi distrito, tenemos registrado en estos tres años, 2013, 2014 y 2015, 299 muertes por insuficiente renal crónica.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, en un informe del año anterior, señaló que el 61.2 por ciento de la población en México no tienen ningún tipo de seguridad social, por lo que dentro de este porcentaje las personas que padecen insuficiencia renal crónica deben asumir integralmente los costos del tratamiento correspondiente.
Me permito retomar el exhorto que presentó el 13 de enero de 2016 mi compañero de bancada, el diputado Felipe Reyes Álvarez, para que la Secretaría de Salud implemente en todas las instituciones públicas y privadas un programa de detección oportuna de enfermedades renales crónicas en el primer contacto, y generar un avance de datos precisa y confiable que permita adoptar políticas y programas acordes a las necesidades actuales.
Así como recapitular el punto de acuerdo que presenté el día 13 de octubre de 2015, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar, en el ámbito de sus atribuciones, una campaña médica para prevenir, diagnosticar oportunamente y atender los casos de insuficiencia renal crónica.
Conscientes de que la atención y tratamiento médico no se incluyen en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular para los mayores de 18 años, que son el estrato poblacional que más sufre este padecimiento y las instituciones gubernamentales de salud, a nivel estatal, se ven presupuestalmente rebasadas, en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática acompañaremos con nuestro voto en sentido positivo el presente punto de acuerdo por ser sensato y con sentido social, presentado por la diputada Rosalinda muñoz Sánchez, que a la letra dice: se exhorta a la Secretaría de Salud para que incluya la atención y tratamiento médico de la insuficiencia renal en el Código universal de servicios de salud del Seguro Popular. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez. Tiene ahora la palabra el diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados, en Acción Nacional nos hemos pronunciado por el ejercicio pleno del derecho a la salud y creemos que la salud de la población debe ser uno de los objetivos fundamentales de los gobiernos y un componente esencial para el bien común.
Hoy la insuficiencia renal se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial, y el número de pacientes que la padecen se están cada día incrementando.
En México no es la excepción que en nuestro país cada vez hay más personas que deben recurrir a un procedimiento de diálisis, hemodiálisis o trasplantes renales para tratar una enfermedad silenciosa que es la insuficiencia renal.
Aquellos pacientes que sean derechohabientes al Seguro Social o al Issste podrán recibir el tratamiento para atender esta enfermedad, pero lamentablemente todos los mexicanos no gozan de este beneficio.
Una de las mayores transformaciones sociales en la historia moderna de México fue la creación del Seguro Popular. Con esta política la administración de Felipe Calderón dio el paso más grande que se ha hecho en la construcción de un sistema de salud universal.
Sin embargo, como todas las políticas públicas, el Seguro Popular tiene áreas de oportunidades que el actual gobierno debe atender si efectivamente queremos garantizar el derecho humano de la salud.
Es indispensable incluir paulatinamente un mayor número de padecimientos en el Catálogo universal de la salud.
Las autoridades deben adecuar los programas públicos para que respondan a las necesidades de nuestra sociedad. En realidad actualmente en México hay más de 10 millones de personas que sufren insuficiencia renal, muchas de las cuales requieren de tratamiento diálisis.
Una persona con esta enfermedad paga entre 80 y 170 mil pesos mensuales, si es que se realiza diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal. Cuando no se tienen los recursos para solventar estos gastos se abandona el tratamiento y ello conduce a una muerte segura.
Señoras diputadas y señores diputados, como sabemos la endeble situación financiera del gobierno ha generado constantes presiones para tener un gasto eficiente, pero en lo que toca al derecho de la salud deben incrementarse los esfuerzos para que todos los mexicanos puedan ejercerlo.
Por ello, el Grupo Parlamentario PAN nos pronunciamos a favor del punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a que incluya la atención y tratamiento de la insuficiencia renal en el Catálogo Universal de Servicios de Salud para el Seguro Popular.
Creemos que el alto nivel de fragmentación de la seguridad social del país no debe traer consecuencias fatales para las personas que la padezcan y que todos debemos seguir trabajando para la equidad de beneficios en la atención médica que los mexicanos reciban para alcanzar un mayor bienestar social.
Yo les digo a todas mis amigas diputadas y amigos diputados, que yo sufrí como doctor y como ser humano más de ocho años teniendo a mi suegro con esta enfermedad y exactamente hace un mes falleció. No quiero que ningún mexicano más sufra de esta situación, que padezca y que no tenga el Seguro Popular. Que tenga la mejor atención, ya que mi suegro que tenía Seguro Social la tuvo, pero nunca se le pudo realizar un trasplante renal.
Así que amigas y amigos, los invito a que todos los mexicanos tengamos servicios de calidad, de calidez, porque es una enfermedad en donde todos los días un paciente con diálisis peritoneal se cambia una bolsa de dos a cuatro litros o cuatro veces en un solo día. Y aquel paciente de hemodiálisis tiene que ir tres veces por semana en donde tiene que estar conectado a una máquina donde puede perder la vida.
Amigas y amigos, esperamos contar con todo su apoyo. Muchas gracias y con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ibarra. Tiene ahora la palabra el diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, presidente de la Comisión de Salud.
El diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía: Compañeras y compañeros diputados, quisiera llamar la atención un poquito, de todos ustedes, porque el tema que estamos tratando el día de hoy no es nada fácil para las personas que padecen esta enfermedad, pero además, todos podemos estar susceptibles a padecer esta enfermedad renal.
Amigas y amigos diputados, la enfermedad renal es la primera causa de enfermedad de niños menores de cinco años, y muchos de los que estamos aquí y de los que nos están viendo por televisión tienen hijos o tienen niños enfermos renales, que están padeciendo día a día esta problemática en los hospitales públicos y privados de México.
Pero además, quisiera pasarles un dato muy duro. En Jalisco, necesitamos ahorita hasta el día de hoy, 3 mil riñones para trasplantar a nuestros niños de Jalisco. Pero en México, que todos representamos, los que estamos aquí, a los diferentes estados, distritos y municipios, necesitamos 11 mil riñones.
La pregunta para ustedes sería, ¿de dónde vamos a sacar tanto riñón para poder donar, para poder ayudarles a todos estos niños? Pero además, los adultos también padecen esta grave enfermedad. Diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencias crónicas y respiratorias son las causas para poder tener esta enfermedad. Además, la obesidad es una causa de enfermedad renal.
Así es que, amigas y amigos, a mí me da mucho gusto que el día de hoy estemos tratando y estemos sumados a este esfuerzo y a esta unidad, que México se dé cuenta que no todo lo que discutimos en el pleno nos contrapunteamos o nos peleamos, que sumamos los esfuerzos para que el Seguro Popular contemple esta enfermedad que está acabando con nuestros niños y con nuestros adultos.
Pero además de eso necesitamos que el Seguro Popular, además de que tome en cuenta y considere la diálisis, el trasplante. Pero además de eso, el seguimiento al tratamiento inmunosupresor, que es lo caro de esta enfermedad renal. Qué bueno que también empecemos a nivel nacional a promover el hospital donante. Necesitamos que cada vez más hospitales sepan y conozcan y capaciten a su gente, para que sean hospitales donantes.
Por eso hace tres años propuse en el Congreso del estado de Jalisco y que llegó aquí a la Cámara –el cual no fue votado, pero qué bueno que el día de hoy lo volvemos a ver–, promovimos para que cuando un niño entre a preescolar pueda ser posible que se le haga una prueba de función renal, para darnos cuenta si ese niño trae alguna alteración poderlo mandar con el pediatra o con la persona que sea necesario.
Amigas y amigos, nosotros pudiéramos estar hablando de miles de millones de pesos, porque en el IMSS el 21 por ciento del gasto se gasta en enfermedad renal, pero no todos nuestros mexicanos tienen IMSS.
Además, la Organización Mundial de la Salud dice que hay 850 millones de muertes al año por esta enfermedad, amigas y amigos, y México está en el número 12 del mundo. Y en el 2020 será la primera causa de muerte y discapacidad en México.
Amigas y amigos, felicidades; enhorabuena. Ojalá que no sea la única iniciativa donde vayamos todos juntos, porque en la salud de los mexicanos nosotros tenemos que ayudar para que sea accesible a todas y a todos ellos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias a todos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Iñiguez. Por último tiene la palabra la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Delia Guerrero Coronado: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. La función principal de los riñones es liberar aquellas toxinas que afectan al organismo y conservar los nutrientes como las proteínas. Sin embargo cuando este proceso no se lleva a cabo de forma adecuada se retienen líquidos, la presión arterial sube, hay debilidad, dolor e incluso pérdida de la visión y vómito con sangre, lo que nos lleva a la enfermedad conocida como insuficiencia renal.
En México la insuficiencia renal se encuentra entre las 20 enfermedades de mayor importancia en el país, representando más de 10 mil muertes al año. En San Luis Potosí, estado que orgullosamente represento, lamentablemente se registraron más de 2 mil muertes entre el 2003 y el 2013. Por eso el compromiso con nuestra gente que sufre esta enfermedad, compromiso con su familia y compromiso con México.
Actualmente existe un documento llamado Catálogo Universal de Servicios de Salud, que es un enlistado de las enfermedades que cuentan con un apoyo, lo cual representa un gran interés por parte del gobierno hacia las familias que necesitan un sustento para poder cuidar a sus enfermos y que con gran merecimiento es de reconocerse.
Sin embargo por el momento el tratamiento de la insuficiencia renal no se encuentra en el catálogo, lo cual crea un gran malestar ante la sociedad. Por ello es de gran importancia agregar a la lista esta enfermedad que sin duda generaría el bienestar de muchos mexicanos.
Como legisladores debemos poner especial énfasis en proteger una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la salud a todos los mexicanos y evite que problemas inesperados de salud o movimientos de la economía, sean un factor determinante en su desarrollo.
En el Grupo Parlamentario del PRI queremos un México que cuente con un sistema nacional de salud universal, equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, con especial atención a los grupos de población que viven en condición de pobreza y vulnerabilidad.
Por ello apoyamos y ratificamos la importancia del punto de urgente y obvia resolución que presenta nuestra amiga Rosalinda Muñoz Sánchez. Por ustedes, pacientes con insuficiencia renal; por ustedes familiares y por México, los diputados del PRI votaremos a favor.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Guerrero. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica...
El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, antes, antes. Antes, perdón, secretaria. Sonido en la curul del diputado Noble, por favor.
El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para mayor abundamiento y desde luego desde la práctica que varios de nosotros hemos tenido en el sector salud, hace poco menos de un año integré el Consejo Nacional de Salud, fui secretario de Salud del estado natal de Hidalgo, y ahí tuve vivencias importantes y también creo, que desde el Consejo Nacional pudimos aportar esta gran idea que hoy aquí en el pleno estamos abordando.
Reconocer que sí hay un esfuerzo importante de la Comisión Nacional de Protección de Salud, el Seguro Popular, de la Secretaría de Salud, de todo el sector, pero también reconocer que hace falta, como ya lo dijo nuestro presidente de la Comisión de Salud, el doctor Iñiguez, hace falta también invertirle mucho al sector.
De tal manera que este exhorto, este punto de acuerdo lo vemos con simpatía y lo vemos los hidalguenses, porque en Hidalgo acudimos mucho a los tratamientos de padecimiento renal a las hemodiálisis, a trasplantes, hemos logrado por el acuerdo del gobernador Olvera, estar incrementando esa cultura del trasplante.
Y bueno, también vivencia personal, hace ocho meses mi padre falleció de un padecimiento renal, y solidarizarme. Quizá pudimos atenderlo en la medicina privada, pero hay mucha gente, paisanos míos de Hidalgo y del país, que requieren tratamiento.
Vamos todos a votar por esta iniciativa, este exhorto que hoy se está formulando en ese punto de acuerdo. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Noble, por ilustrar más elementos a la asamblea. Ahora sí, adelante, la secretaría, por favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo propuesto.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado, comuníquese.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Acuerdo
Único. Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, a continuar con los recursos legales a su alcance para proteger a la sociedad neolonesa de los errores en el procedimiento de administración de justicia que derivaron en la liberación de cuatro secuestradores y asesinos del ciudadano Damián González del Río, haciendo público el resultado de sus actuaciones.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 23 de febrero de 2016.
Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.
La diputada Adriana Sarur Torre (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido, por favor, ahí en la curul de la diputada Adriana Sarur. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Adriana Sarur Torre (desde la curul): Con su venia, diputado presidente. Subimos este punto de acuerdo porque, como partido, como legisladores, no podemos permitir que sigan soltando y liberando a secuestradores por faltas a su debido proceso. Es el tercer caso que se da en este país.
Mi partido en legislaturas pasadas aprobamos la cadena perpetua para que estos delincuentes que tanto daño y tanto han lacerado a nuestra sociedad no salgan jamás de la cárcel. Por eso exhortamos a la procuración de justicia del estado de Nuevo León a que utilicen todos sus recursos legales para que estos cuatro secuestradores que están probados, porque además asesinaron a este joven empresario, no salgan jamás de la cárcel y no se asiente este precedente tan grave para el país. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Sarur.
El diputado José Adrián González Navarro (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido acá en la curul del diputado José Adrián González, por favor.
El diputado José Adrián González Navarro (desde la curul): Gracias, señor presidente. Igualmente, el Partido Acción Nacional, el grupo legislativo, y los diputados de Nuevo León estamos a favor de este punto de acuerdo, pero sin embargo sí queremos puntualizar que no solamente es la actuación del Ministerio Público, sino también de los jueces que han dejado libre a esta persona, porque si bien se ha procurado que en el nuevo sistema penal acusatorio se le reste el valor probatorio a la prueba confesional para que el hecho de que te prive el Ministerio Público o no te entregue en tiempo pues con ese simple hecho no te puedan procesar.
Entonces, me deja claro que si fue liberado por el tiempo en que estuvo detenido este delincuente pues también tiene que ver la actuación de los jueces. Y más aún, para que este julio o estamos a escasos meses para que entre en plenitud el sistema penal acusatorio y todo el dinero que le ha destinado la federación para su implementación, pues que no sea esta una excusa para que el día de mañana pues dejen de darle vida a este nuevo sistema procesal.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado González.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobadas. Comuníquense
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (15:37 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 25 de febrero a las 11 horas. Buena tarde.
---o0o---