Dictámenes
Tres de la Comisión de Justicia, fundamentación
Por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, y se adiciona y reforma el Código Penal Federal
Votación de los artículos 9, 10, 102, 118, 161, 172, 176, 177 y 188, en términos del dictamen
Por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes
Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 300 diputadas y diputados. Por lo tanto, señor presidente, hay quórum.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (11:50): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión de instalación. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de sesión de instalación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa su lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.
Antes de iniciar los siguientes puntos del orden del día que son los dictámenes, esta Presidencia a nombre de los integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, hacemos público que lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del doctor Miguel Ángel Sáenz Garza, destacado político, quien fuera dirigente sindical del Instituto Mexicano del Seguro Social, funcionario público, y diputado federal en la LII y LV legislaturas. Nuestra solidaridad con la familia y amigos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión de tres dictámenes de la Comisión de Justicia.
El primero, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII, y un quinto párrafo, y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal.
El segundo de los dictámenes, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Y, el tercero de los dictámenes, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Se informa a la asamblea que la fundamentación de los tres dictámenes se hará en un solo acto por el presidente de la Comisión de Justicia. Y en consecuencia tiene la palabra el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa para fundamentar, como se dijo, los tres dictámenes y en uso de la palabra hasta por 10 minutos.
El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, acudo a esta tribuna en mi calidad de presidente de la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados, a fin de fundamentar tres dictámenes que se someten a la consideración de este pleno para su discusión.
Estos dictámenes son referente a las minutas enviadas por el Senado de la República en relación a los proyectos de decreto, por lo que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Los proyectos antes mencionados forman parte del marco normativo que llevan a fortalecer un camino iniciado hace ocho años con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación e 18 de junio del año 2008 en esta aspiración de exigencia social de cambiar la realidad en el ámbito penal para transitar de una justicia escrita e inquisitiva, hacia una justicia oral y adversarial.
En este nuevo sistema la prioridad es el respeto irrestricto de los derechos humanos, la garantía de un debido proceso para los imputados y sobre todo la atención del derecho de las víctimas.
El día de hoy, estando a cuatro días de iniciar a nivel nacional con esta nueva historia en la vida jurídica y en la vida de todo ciudadano, estamos cumpliendo con el compromiso que nos marcó el Constituyente Permanente, de darle a los mexicanos antes del 18 de junio del presente año, las herramientas que permitan hacer realidad en las leyes secundarias los principios consagrados en la Ley Suprema.
Por el inminente plazo y ante la responsabilidad que tenemos como legisladores, quiero primeramente agradecer la voluntad de mis compañeras y compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios que forman parte de la Comisión de Justicia, ya que se han sumado al esfuerzo de aprobar los proyectos en sus términos, con el objetivo de permitirles a todos los mexicanos el acceso a la justicia con las garantías del debido proceso.
Ahora bien. En el marco de las legislaciones que hoy se ponen a nuestra consideración, me permito exponerles algunos puntos principales de cada uno de ellos.
Sobre la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el objetivo de las reformas es armonizar dicha norma al nuevo sistema de justicia penal, así como los parámetros de la Convención de Palermo para hacer más eficientes la investigación y persecución de los delitos.
Con lo anterior logrando los siguientes beneficios: Hacer más eficiente la investigación de los delitos fortaleciendo las operaciones encubiertas, la vigilancia electrónica y la colaboración de informantes y usuarios simulados, entre otros. Esto con el fin de lograr el debido equilibrio entre la investigación eficaz y el respeto a los derechos humanos.
Para la recabación de información en lugares públicos y la vigilancia electrónica, se prevé necesariamente la autorización de un juez antes de su procedencia.
También, compañeras y compañeros diputados, se tipifican nuevos delitos, como el desvío de precursores químicos para el cultivo, el narcomenudeo, el de uso de moneda falsificada a sabiendas y el contrabando de bienes en sus modalidades de importación y exportación ilegal.
Se armoniza la intervención de comunicaciones privadas, las informaciones anónimas y la colaboración de miembros de la delincuencia organizada con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Respecto a la Ley Nacional de Ejecución Penal, el objetivo es precisar las normas que deben observarse durante la presión, ya sea esta de manera preventiva o compurgando una sentencia, buscando siempre respetar en todo momento los derechos humanos de quienes se encuentren en estas situaciones bajo el principio de reinserción social.
Entre las características principales de esta nueva ley, e encuentra la definición de las atribuciones y alcances de la figura el juez de ejecución, para garantizar que la privación de la libertad de las personas procesadas y sentenciadas sean aplicadas sin abusos ni privilegios.
Se contemplan también permisos humanitarios de salida, cuando se justifique con enfermedad terminal o fallecimiento de padres, hijos, cónyuge, concubina o concubino.
Se brinda respeto a los derechos de las mujeres privadas de su libertad, alineándose a las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas.
Se brinda la posibilidad a los reos de acceder a las acciones administrativas y recursos jurisdiccionales para que se garantice el respeto de sus derechos, mientras dure su internamiento.
Por último, contiene un novedoso enfoque de justicia restaurativa, contemplado en los programas de tratamiento de adicciones, reinserción en libertad, justicia colaborativa o restitutiva.
La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. El objetivo fundamental de esta nueva legislación es permitir que exista en el territorio nacional un instrumento jurídico especializado que pueda aplicarse a las personas menores de edad, de entre 12 y menores de 18 años, que cometan o hayan cometido algún delito.
Este ordenamiento a favor de los menores de edad, tiene como principales los siguientes elementos. Implementar y fomentar el uso de los acuerdos preparatorios y de la suspensión condicional del proceso como salidas alternas a los procedimientos.
Establecer los procedimientos para que se garanticen los derechos humanos de los menores que han cometido un delito, de acuerdo a las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, velando en todo momento por el interés superior a la niñez.
Marca que la sanción de prisión sea de máximo 5 años, utilizando esta como una medida extrema de último recurso, privilegiando otras medidas para su reinserción, como sesiones de asesoramiento colectivo, supervisión familiar, libertad asistida, entre otras.
Asimismo, esta ley busca fortalecer el vínculo del adolescente con su familia, ya que la hace partícipe para que acompañe al adolescente en todo su proceso.
Estos ordenamientos vienen a complementar los ya aprobados en la miscelánea penal y dejan constancia que desde el ámbito legislativo concordamos con los esfuerzos del presidente Enrique Peña Nieto, para llevar a cabo las reformas necesarias que permitan a todos los mexicanos acceder a una justicia que sea pronta y expedita y, sobre todo, que responda el legítimo reclamo de la sociedad de una justicia clara, accesible y oportuna.
Quiero agradecer de nueva cuenta a todos los integrantes de la Comisión de Justicia, a la sociedad civil, especialmente a la Red de Juicios Orales quienes estuvieron siempre involucrados en todo el proceso legislativo, así como también a los operadores del sistema, ya que estamos claros que somos todos los involucrados quienes fortalecemos el sistema jurídico en su conjunto.
Compañeras y compañeros diputados, los convoco a aprobar estos tres proyectos de decreto en los términos que propone el Senado de la República, para consolidar la reforma al sistema de justicia penal con mejores ordenamientos y mejores instituciones.
Votemos conscientes que nuestra tarea y comisión con esta causa no termina aquí, el marco jurídico es progresivo, evoluciona y se transforma, por lo que nuestra labor legislativa continúa y lo seguirá haciendo como hasta ahora, escuchando a la sociedad civil y a todas las fuerzas políticas.
El día de hoy tenemos la oportunidad de seguir contribuyendo con el cambio más importante de nuestro país, con respecto a la procuración e impartición de justicia de las últimas décadas.
Votemos a favor de un México más justo. De un México garante de los derechos humanos. De un México que proteja a las víctimas y sancione de manera eficaz cualquier hecho que se ubique fuera del marco de la ley. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ibarra.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está a discusión en lo general. Y vamos, desde luego, a dar la palabra, ya está integrada una lista de diputadas y diputados que fijarán la posición de sus respectivos grupos parlamentarios.
Antes saludamos la presencia de estudiantes de la preparatoria GEA, plantel Tlalnepantla, estado de México, invitados por el diputado José Erandi Bermúdez Méndez. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.
Tiene la palabra la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, a nombre del Grupo Parlamentario Encuentro Social vengo a posicionar el dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal que adiciona las fracciones 35, 36, 37 y un quinto párrafo y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal.
Con la Ley Nacional de Ejecución Penal se habrán de sentar las bases del nuevo sistema penitenciario nacional, el cual tiene como único fin la efectiva readaptación del sentenciado y su reinserción social.
Además, el nuevo ordenamiento contribuirá a garantizar de manera efectiva el debido proceso y la integridad física de los procesados que se encuentran en prisión preventiva, así como la salvaguarda de los detenidos con fines de extradición.
En Encuentro Social estamos convencidos de la urgente necesidad de contar con una ley única en materia de ejecución penal que se encargue de homologar las medidas de seguridad, internamiento y gobernabilidad de los centros de readaptación social del país. Y asimismo, garantizar las condiciones de vida digna y segura de todos los internos.
La falta de un marco jurídico adecuado ha permitido el autogobierno y el abuso de las autoridades carcelarias en prejuicio de los internos, que se encuentran vulnerables ante los abusos de la autoridad y los grupos delincuenciales que operan en nuestras cárceles; para lo cual la nueva legislación busca la exacta aplicación de la pena, lo que se traduce en el debido proceso penitenciario.
En ese sentido y con la entrada en vigor de esta ley se regularán las facultades del juez de ejecución, con la finalidad de reforzar la preeminencia y la responsabilidad de la autoridad judicial en la ejecución penal.
Otra de las aportaciones de este ordenamiento es que se busque crear las condiciones diferenciadas para que mujeres y hombres que se encuentren privados de su libertad. Al respecto, las autoridades de las cárceles deberán garantizar que los servicios de educación, salud, alimentación, trabajo, actividades artísticas y recreativas, cursos y talleres atiendan las necesidades propias de cada género.
En este sentido se establecen condiciones de atención médica para las embarazadas privadas de la libertad, las cuales deberán contar con la atención médica obstétrico- ginecológica y pediátrica, antes, durante y después del parto. Y que, de igual manera, se garantice la alimentación especial para la interna y el infante.
Resulta revelador conocer que 40 por ciento de la población penitenciaria de nuestro país no ha sido sentenciada, por lo cual la nueva legislación establece que los centros penitenciarios se dividirán en dos secciones: una, para la extinción de penas; la otra, para la prisión preventiva. Para cada una de estas contará con una autoridad responsable y su comité disciplinario.
Por otra parte, la ley prevé que las sanciones administrativas que se impongan a los internos transgredan el ámbito de la visita personal, familiar, íntima, religiosa, humanitaria o existencial. Así como la comunicación con sus defensores, organismos públicos, de protección de los derechos humanos y el mismo Ministerio Público.
Nuestras autoridades penitenciarias contarán con un plazo de cuatro años, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para capacitar, adecuar y modernizar las infraestructuras carcelarias conforme a los parámetros señalados en ese nuevo ordenamiento. De igual forma, se deberá modificar la estructura orgánica existente y adecuada en la que se mandará la norma.
Es importante señalar que el régimen transitorio de los presentes, en esta ley se establece el beneficio de la libertad anticipada y de todos los presidiarios que hayan sido sentenciados por robo cuando no haya mediado violencia y el valor de lo robado, o sea mayor a 80 salarios mínimos. Igualmente tendrán derecho al beneficio de los sentenciados por posesión de cannabis, siempre que fueran menos de cinco kilogramos, no hubieran mediado violencia y no existiera la concurrencia de más delitos.
Por lo antes expuesto las y los diputados de Encuentro Social, habremos de votar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, pues consideramos necesarios dotar a nuestro sistema penitenciario del marco legal que garantice el pleno respeto de los derechos humanos de los internos y su efectiva reinserción social. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada García. Nada más para que todo mundo estemos claros, se hizo la fundamentación de los tres dictámenes para los que ya se entró a discusión, pero ahora los posicionamientos y las votaciones se harán uno por uno, que estamos en el primero de ellos que es el correspondiente a la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Antes de continuar, informo que esta Presidencia recibió oficio del diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que comunica su reincorporación a sus funciones legislativas a partir de esta fecha, por lo que se tiene por reincorporado. Comuníquese.
Tiene ahora la palabra, el diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado Carlos Gutiérrez García: La reclusión en un centro penitenciario no debe ser causa de violación de los derechos fundamentales, mismos que el Estado está obligado a garantizar. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados.
El dictamen que se discute el día de hoy constituye una oportunidad para brindar mejores condiciones a quienes cumplen una condena en los centros penitenciarios del país. Mediante el presente dictamen, se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, con la finalidad de establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial.
Del mismo modo, busca establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, así como regular los medios para lograr la reinserción social.
La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 que dio lugar a la implementación del sistema procesal penal acusatorio en nuestro país, establece en sus artículos transitorios la obligación para emitir diversas disposiciones legales, entre las que se encuentra la Ley Nacional de Ejecución Penal. En cumplimiento de lo anterior, se expide la ley que dará un marco normativo para la ejecución de sentencias de orden penal.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que para garantizar la existencia de seguridad jurídica en nuestro país es necesario adaptar a nuestro tiempo las leyes, reglas y normas que rigen a la sociedad, para el efectivo cumplimiento del estado de derecho.
Estamos conscientes de la actual crisis de seguridad, procuración y administración de justicia. Por esta razón seremos partícipes de aquellas acciones que coadyuven a garantizar el orden público, la protección y defensa de los derechos humanos, ya que es la piedra toral sobre la que se construye la estabilidad de un país democrático.
Nuestra Constitución establece en su artículo 1o. que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que México es parte, así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Norma establece. Del mismo modo, el artículo 18 constitucional incorpora un eje en la organización del sistema penitenciario: El respeto a los derechos humanos.
La ley que estaremos aprobando el día de hoy cumple con estos preceptos y contempla, entre otras cosas, que el desarrollo del debido procedimiento penitenciario se regirá por los estándares internacionales y por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social.
Según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad, hasta junio del año pasado la población carcelaria en nuestro país era de 255 mil 138 internos, de los cuales el 80.73 por ciento se encuentra por delitos del fuero común, y 19.22 por delitos del fuero federal; es prioritario atender las necesidades de este sector de la población.
Entre las mejoras que se incluyen con la nueva ley, se estipula que las mujeres privadas de la liberad tendrán acceso a derechos específicos, así como a condiciones especiales para las niñas y niños que nazcan en los centros penitenciarios. Del mismo modo se establece que las autoridades penitenciarias organizarán la administración y operación del sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte. De este modo se busca que las y los internos cuenten con los medios para lograr una efectiva reinserción social. Por estas razones en Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen. Los retos de México son nuestro impulso. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Gutiérrez. Tiene ahora la palabra el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su permiso, presidente; diputadas y diputados, antes de iniciar quiero saludar al grupo de estudiantes de la licenciatura en derecho del Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas, que nos visitan del Campus de Puerto Vallarta, invitados por un servidor. Bienvenidos a este recinto.
“Educa a los niños y no castigarás a los hombres”. Pitágoras. Las reformas que se van a aprobar hoy en materia de ejecución penal, en materia de adolescentes y de delincuencia organizada, son reformas que se debieron haber hecho hace muchos años. La de justicia para adolescentes tiene su origen desde el año 2006, en reformas que se hicieron desde ese año. Sin embargo en todos estos años ha tenido gravísimos problemas de implementación.
Por su parte la Ley de Ejecución de Penas, también tiene su origen en la gran reforma constitucional del 2008, en donde se dio un plazo de tres años para que se implementara en los estados, y finalmente ante la pasividad de las entidades federativas se hizo la reforma del año 2003, para que el Congreso de la Unión tuviera facultades y se creara esta ley que hoy discutimos.
Las tres reformas que hoy discutimos se engloban en las adecuaciones para implementar el nuevo modelo de justicia penal que surgió, como ya decía en la reforma de 2008, y que estamos a menos de una semana de que se cumpla el plazo constitucional, por ello se insiste en el rezago en la lentitud que ha tenido su implementación.
La implementación al nuevo sistema de justicia penal enfrenta rezago, ausencias y fallas que impactarán de manera negativa en la operación del modelo de juicios orales y retrasaran la consolidación de una justicia eficaz y adecuada, según lo señala el CIDAC.
La Secretaría de Gobernación, por su parte, señala que los estados más rezagados son Guerrero, Colima, Coahuila, Campeche, Tlaxcala, Hidalgo, Baja California Sur, el Distrito Federal, Jalisco y Nayarit.
Es evidente que aún falta mucho para lograr el objetivo que se trazó desde 2008. Hoy sólo cuatro estados están preparados para de manera completa implementar el nuevo modelo de justicia penal.
Lo que sí tenemos que reconocer es que de alguna u otra forma se han logrado avances en la impartición de justicia, pero no suficiente sobre todo en la materia de reinserción social. Por lo tanto, la ley nacional de ejecución penal, que tiene su antecedente en Brasil, en el año de 1924, es una ley que permite la intervención judicial en la ejecución de penas, con lo cual se vigilará el respeto a los derechos humanos.
Sin duda enfrentará graves problemas para su implementación, ya que existe, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en las prisiones, una alarmante sobrepoblación de aproximadamente el 25 por ciento, esto significa algo así como más de 51 mil personas que están en prisiones de manera que no hay lugar de manera digna para que estén en prisiones preventivas.
Además, somos el séptimo país con mayor sobrepoblación y con personas en prisiones; es decir, sólo por debajo de Estados Unidos y China. Aunado a ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que en el 65 por ciento de la prisiones existe autogobierno, esto significa que lograr los fines que señala el artículo 18 constitucional, va a ser muy complicado. Esto es, que haya reinserción social de acuerdo a lo que es el respeto a los derechos humanos, al trabajo, la educación, la salud y el deporte.
Coincidimos en que el sistema de justicia ha imperado la corrupción y la impunidad, que se ha permitido en todos los niveles de gobierno. Insisto, compañeros, vamos tarde en estas reformas.
Y, para eso, necesitamos señalar, por ejemplo, en el análisis que hace el Inegi, que –en el 2014– 13 mil 960 menores fueron procesados; de los cuales 539 relacionados con un homicidio, 2 mil están vinculados con el narcomenudeo, 192 relacionados con delitos de secuestro, 71 por extorsión y 7 por evasión de precios.
Es importante que esta reforma lleve a una dirección correcta, por eso hay dos grandes ejes en la misma: la judicialización del procedimiento de ejecución de las sanciones penales y el establecimiento de un nuevo paradigma del sistema penitenciario, relativo a la reinserción social del sentenciado. No podemos esperar más, se lo debemos a México, se lo debemos sobre todo a nuestros jóvenes. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sánchez. Tiene ahora la palabra el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Jesús Emiliano Álvarez López: Con su permiso, señor presidente. El sistema carcelario en México enfrenta una profunda crisis que va más allá de los sucesos recientes relacionados con Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y cuyas causas se vinculan con muchas de las dificultades estructurales que desde hace muchos años caracterizan a nuestro país: la corrupción, la impunidad, la pobreza y la ineficiencia en la procuración e impartición de justicia.
El pasado 14 de abril de este año la Cámara de Diputados recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, donde precisa que las deficiencias detectadas con mayor incidencia en los 130 centros revisados se refieren a la clasificación entre procesados y sentenciados, hacinamiento, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo.
En dicho documento también se identificaron como faltas importantes la carencia de personal, de custodia, de atención a incidentes violentos, es decir, no cuentan con las suficientes acciones para prevenir o atender casos como riñas, lesiones, fugas, homicidios o motines.
La mayoría de los centros visitados no cuentan con algún programa para la prevención de adicciones y prevalecen deficiencias en las condiciones materiales y de higiene. Y una constante es la falta de manuales de procedimiento de ingreso traslado de internos, motines, usos de la fuerza; solicitar audiencia con las autoridades; presentar quejas; visita íntima, familiar; revisión de visitantes; de estancias; deficiente difusión de la normatividad que rige el centro hacia los internos.
La CNDH resalta que en 71 centros se pudo observar un deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos en actividades productivas, educativas y deportivas, de alimentación, mantenimiento y limpieza, así como el control del ingreso de visitas, tanto familiar como el uso de teléfonos y de seguridad.
En los penales se observaron áreas de privilegios, presencia de objetos y sustancias prohibidas e internos que ejercen control mediante la violencia sobre el resto de la población.
Por otra parte, de acuerdo con el informe sobre la situación de personas privadas de su libertad en México, realizado por el Relator de la Organización de Naciones Unidas, pone de manifiesto datos escalofriantes.
1. En México existen 389 centros penitenciarios con capacidad para 197 mil 993 personas, sin embargo la población a enero de 2014 fue de 248 mil 487 personas, es decir casi un cuarto de millón. De ellas, casi el 20 por ciento pertenecen al fuero federal y el 80 por ciento al fuero común. De ellas, el 5 por ciento son mujeres.
2. En México es un país donde se privilegia el uso de la prisión como pena, a pesar del texto constitucional que señala que sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva.
En junio de 2011 se establecieron en el texto constitucional los delitos que ameritan prisión preventiva automática, donde las personas imputadas por determinados delitos deben permanecer necesariamente privadas de libertad bajo el proceso.
Por otro lado, las sanciones alternativas a prisión se utilizan sólo en un porcentaje menor al 3.6 por ciento de la condena. El 54 por ciento de los centros de reclusión registran sobrepoblación. Aunado a esto, a nivel nacional el porcentaje de sobrepoblación penitenciaria es del 25 por ciento, donde por cada 100 mil habitantes hay 209 personas privadas de su libertad.
Este año debemos señalar el caso del penal de Topo Chico, en Nuevo León, donde el pasado 16 de febrero tuvo lugar la peor tragedia carcelaria del país, en la cual resultaron muertas 49 personas y 12 más resultaron lesionadas, en un motín por la disputa del control de ese penal, y apenas hace dos semanas se fugaron dos reos de alta peligrosidad de un penal de la Ciudad de México, y justo ayer, apenas se dio un zafarrancho en el penal de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México.
La Ley Nacional de Ejecución Penal adquiere una relevancia trascendental, ya que sin duda alguna la fase de educación de las sanciones penales es el momento en el que se ejerce el poder punitivo del estado con mayor uso de violencia.
Por ello, es necesario limitar y controlar a las autoridades administrativas respecto al tratamiento en los centros penitenciarios, mediante la figura del juez de ejecución, ya que el sentenciado es una persona sujeto de derecho, obviamente con correlativos deberes y obligaciones.
Solo en la medida en que el nuevo sistema de justicia penal sea puesto completamente en marcha, con eficacia y bajo el principio de legalidad, será posible comenzar a ver mejoras en el sistema penitenciario.
También se requiere la prevención de la prevención de la corrupción en los centros penitenciarios, una utilización más eficiente de los recursos destinados al sistema penal, pues México es uno de los países en Latinoamérica que más gasta en mantener a sus reos, mayor impulso a programas de trabajo y capacitación para el mismo centro penitenciario, protección de grupos con necesidades específicas dentro de las cárceles.
Por ello, reconociendo la tragedia que se vive en nuestro sistema penitenciario y buscando que esta realidad se modifique, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de esta propuesta. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Álvarez. Saludamos la presencia de alumnos de sexto grado de primaria del Colegio Anglo Español de Durango, invitados por diputados del PRI de este estado de Durango.
Igualmente, saludamos la presencia de alumnos de la Universidad Vizcaya de las Américas. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro, en este periodo de sesiones extraordinarias. Tiene ahora la palabra la diputada Lia Limón García, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
La diputada Lia Limón García: Con su venia, diputado presidente. La nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, que hoy estamos discutiendo, tiene como finalidad armonizar en la federación y en las entidades federativas el sistema de cumplimiento de penas impuestas por resolución judicial, el internamiento por prisión preventiva, dar mayor claridad a los procedimientos que surjan con motivo de las controversias de la ejecución penal, pero muy particularmente busca dos cosas, la reinserción social de alguna manera que ayudará también a reducir el hacinamiento, que ya se habló aquí del problema que hay con el hacinamiento, y también mejorar las condiciones de vida de los reos que se encuentran en prisión.
Esta minuta fue aprobada por la Comisión de Justicia, y comparto con ustedes algunos de los motivos por los que la hemos aprobado e impulsado.
Primero. Se reconocen de manera expresa diversos derechos que las personas sentenciadas gozarán, tales como el derecho a contar con un abogado, incluso de oficio, para las personas sentenciadas, privadas de su libertad. El derecho a vivir, como ya lo mencioné, en condiciones dignas. A recibir visitas. La prohibición de aislamiento, salvo por cuestiones de excepción y por tiempo limitado. Y a recibir más y mejor atención médica.
Es decir, atiende varias de las observaciones que se han hecho en diversas recomendaciones, tanto de organismos internacionales en materia de derechos humanos, como de la CNDH.
Segundo. En caso de las mujeres privadas de su libertad, el derecho a conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años, a fin de que pueda permanecer con ella en el centro penitenciario, y si el menor tuviera discapacidad se podrá ampliar el plazo, ponderando siempre el interés superior de la niñez.
Tercero. Se regula el tema de los traslados de los centros penitenciarios de uno a otro, exigiendo autorización judicial previa y, en ciertos casos, control judicial posterior.
Cuarto. En el caso de las mujeres embarazadas o con niños menores bajo su custodia, no estará permitido el traslado. Se incorpora también la figura de observador, que será la persona perteneciente a organizaciones de la sociedad civil que podrá ingresar al centro penitenciario, con el fin de verificar que se respeten los derechos humanos, y este es uno de los puntos fundamentales de esta ley, pues eso llevará a que la mejoría de los centros penitenciarios sea constante.
Seis. Se establece con claridad una adecuada separación entre las funciones administrativas y las jurisdiccionales en el proceso de ejecución de las sentencias.
Se contempla también un procedimiento administrativo que conocerá la autoridad penitenciaria para peticiones de orden administrativo, relacionadas con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Y se desarrolla el procedimiento jurisdiccional que conocerá el juez de ejecución, relacionado propiamente con las ejecuciones de las sentencias condenatorias firmes que contemplen penas privativas de la libertad y las no privativas de la libertad, incluyendo la exigibilidad de la reparación del daño.
El procedimiento jurisdiccional, además, también establecido en esta ley se rige por un sistema de audiencias bajo los principios de la publicidad, inmediación, continuidad, concertación y contradicción.
Se establecen con claridad los beneficios preliberacionales a los que las personas sentenciadas podrán acceder, y eso, insisto, será fundamental para contribuir a reducir el hacinamiento que hoy se vive en diversos penales.
Finalmente, como una forma de propiciar la rehabilitación y la reintegración de las personas sentenciadas relacionadas con el consumo de sustancias y para lograr la reducción de índices delictivos, se crea un programa de justicia terapéutica y también se reincorpora la justicia restaurativa, a fin de que la víctima u ofendido, el sentenciado, y en su caso la comunidad afectada, participen de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, entre otros propósitos con el de coadyuvar en la reintegración de la víctima u ofendido y del sentenciado a la comunidad y la recomposición del tejido social.
Por todas estas razones, además de por la importancia de lograr en estos días la armonización plena de nuestro marco normativo con el nuevo sistema penal acusatorio, cuya fecha fatal es el próximo 17 de este mes, el Partido Verde Ecologista de México votaremos en sentido positivo, ya que encontramos aspectos importantes que contribuirán a un sistema de ejecución de sentencias penales pronto, expedito, bajo la óptica del debido proceso y en aras de lograr la reinserción de las personas sentenciadas.
Sin duda alguna creemos que esta ley es una ley que va a contribuir también al fortalecimiento de los derechos humanos en nuestro país. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Limón. Tiene ahora la palabra la diputada Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada María Cristina Teresa García Bravo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el sistema penitenciario en México enfrenta una grave crisis por la falta de una adecuada política nacional que observe y cumpla los principios constitucionales. Como muestra están los recientes hechos registrados en el penal de Topo Chico, Nuevo León, donde fallecieron 40 personas durante un motín. Y las difundidas fugas de grandes delincuentes en diversos centros penitenciarios del país.
Lo cierto es que hoy el sistema representa un gran costo económico y social, porque no reinserta, no capacita para el trabajo, no educa, no dignifica a la persona, y lo más grave: no propicia la reparación del daño a las víctimas.
Actualmente en el país existen 419 centros penitenciarios. En todos ellos se vive a diario la sobrepoblación, hacinamiento, el autogobierno delincuencial y no existe la clasificación correcta de las personas que se encuentran ahí recluidas. Los procesados están mezclados con los sentenciados con diferentes niveles de peligrosidad, lo que trae consigo la contaminación criminal, el perfeccionamiento del modus operandi y la integración de organizaciones nuevas para delinquir.
Sabemos que el número de internos en el país ha tenido un crecimiento importante en los últimos diez años, crecimiento que se debe en gran medida a la inseguridad, la corrupción, el narcotráfico, la delincuencia organizada, el tráfico de armas, los abusos de poder, entre otros.
Según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, de febrero de 2015, la población carcelaria en toda la República Mexicana es de más de 257 mil 291 internos; 49 mil 412 reos son del fuero federal y 207 mil 879 del fuero común.
De los 207 mil 879 internos del fuero común, 83 mil 761 enfrentan proceso. Y 124 mil 118 fueron sentenciados. Asimismo, de los 49 mil 412 internos del fuero federal, 25 mil 325 están siendo procesados y 24 mil 87 ya fueron sentenciados.
Lo anterior es alarmante y es prueba de que el sistema federal y estatal penitenciario es un fracaso. De ahí la importancia que para el Partido de la Revolución Democrática tiene el presente dictamen, de votar a favor para expedir la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual permitirá concretar el urgente y necesario cambio de paradigma del sistema nacional penitenciario, pues tiene la intención de remediar las pésimas condiciones en que se encuentran las prisiones en nuestro país y establecer las bases que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial condenatoria.
Sin duda se trata de una ley que va registrar importantes cambios cualitativos y cuantitativos en las prisiones de las entidades federativas, en virtud de las acciones y recursos de procedimientos, los cuales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral.
Los internos por prisión preventiva y sentenciados tendrán la oportunidad de gozar de la libertad anticipada y permitirá al Estado un mejor empleo de los recursos económicos para alcanzar la reinserción social de los sentenciados sobre las bases del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, cuyos principios se encuentran establecidos en el artículo 18 constitucional y en los tratados internacionales donde el Estado mexicano es parte.
Solo para tener una idea del alcance de esta ley, la actividad del juez estaría dirigida al cumplimiento de la pena asegurando el debido respeto a los derechos humanos de las y los reclusos, eliminando discrecionalidades de la autoridad administrativa como hoy suceden, sin reglas claras de seguridad jurídica, defensa, igualdad, legalidad, debido proceso, publicidad en las audiencias y transparencia, así entonces los jueces de ejecución son los que darán trámite a los procedimientos que corresponda a la ejecución de sentencia, para dar cumplimiento a la sentencia emitida por el juez de juicio o tribunal en los términos establecidos por esta ley demás leyes penales aplicables.
Por otra parte, la presente ley protegerá a las mujeres, al reconocer el derecho a la maternidad y lactancia estableciendo la obligación de contar con atención médica y obstétrica ginecológica, así como protección a las personas más vulnerables como son los adultos mayores, indígenas y en especial las niñas y niños, estableciendo atención pediátrica y una edad máxima hasta de tres años en su estancia. Advertimos y hacemos notar que existen estándares internacionales que definen la edad máxima de cinco años de niñas y niños para su permanencia con las madres en los centros de reclusión.
Por ello, compañeras y compañeros diputados, las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, votaremos a favor del presente dictamen, porque estamos convencidas y convencidos de que esta Ley Nacional va a contribuir de manera significativa en el reconocimiento de la persona privada de su libertad como sujeto de derechos y no más como un reo o prisionero. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada García. Tiene ahora la palabra la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam: Ciudadanos, ciudadanas. La reforma constitucional en materia de justicia penal del 17 de junio de 2008, tomó una de las decisiones más relevantes para la convivencia social y para el orden social en nuestro país, estableciendo un nuevo modelo que desafortunadamente no ha podido ser puesto en marcha en plenitud.
Una de las vertientes relevantes de esta reforma era rescatar el objeto de las sanciones penales para que verdaderamente fueran útiles para la reparación del daño, la inhibición del delito y la reinserción social.
Durante meses ha estado en discusión y ha estado en debate una reforma que ahora se muestra más urgente que nunca. El diagnóstico nacional de la supervisión penitenciaria de 2015, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, resume claramente cuáles son las deficiencias de nuestro sistema penitenciario.
Primero. La sobrepoblación de los centros penitenciarios.
Segundo. El hacinamiento.
Tercero. Insuficiencia en los programas.
Cuarto. Insuficiencia y malas condiciones para la atención de incidentes violentos.
Quinto. Malas condiciones materiales e higiene en las instalaciones para alojar a los internos.
Sexto. Insuficiencia del personal de seguridad para tender motines, riñas, fugas.
Séptimo. Ejercicio de funciones de autoridad por parte de internos del centro; es decir, el autogobierno. Deficiencia en la división entre los procesados que aun no reciben sentencia con los ya sentenciados. La falta de actividades laborales y capacitación en los penales e insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria y, por último, yo agregaría corrupción.
Esto es el análisis que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace todavía en el año 2015.
La ley que hoy se presenta hace ya una relatoría de todas estas situaciones y presenta propuestas claras y concretas. Propuestas que permitirán dar solución si es que estas medidas realmente logran implementarse.
Es importante señalar que establece también una perspectiva de género para garantizar que las mujeres tengan derecho a servicios de salud, atención digna, derecho a la intimidad, derecho también por supuesto a su integridad física.
Es importante también destacar que se establecen modificaciones para el Código Penal y prevé sanciones para aquellos encargados del Sistema Penitenciario que amenacen, den privilegios, omitan el cumplimiento de sus obligaciones.
Creemos, pues, que con esta tarea que ya ha sido relatada por los compañeros que me han antecedido en tribuna, se cumple con lo que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial requieren para que tengamos un Sistema Penitenciario sólido y fuerte.
Sin embargo quedan tareas pendientes para este Poder Legislativo, y quiero mencionarlas: entre lo que se está proponiendo, por supuesto, están medidas para la reinserción social, y ello supone programas de atención que tiene que desarrollar la Secretaría de Educación, de Cultura, Desarrollo Social, Salud, el Conade, la Comisión de Atención a Víctimas del Delito, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Gobernación, la procuraduría, el Instituto de la Defensoría Pública, y el Consejo de la Judicatura Federal.
Tenemos nosotros que estar, como diputadas y diputados, pendientes de que el próximo Presupuesto contenga las acciones, los programas y los recursos para la debida implementación. Tenemos que estar, por supuesto, pendientes, de que el transitorio que establece que en 160 días las legislaturas locales tendrán que hacer las adecuaciones pertinentes, comiencen a realizar estas tareas.
Ya hay una deuda pendiente y un rezago que ha sido notado y que ha sido destacado por diversos compañeros de distintos grupos parlamentarios.
Pero por último, tenemos que considerar que esta ley debe de estar en su completo cumplimiento en cuatro años. Esto supone una obligación de nuestra parte de estar dando seguimiento en los próximos meses para que veamos que las instalaciones han sido adecuadas; que tenemos los sistemas de información que se están proponiendo en esta ley; que tenemos además el equipo, la capacitación y el personal suficiente para que se pueda cumplir la Ley de Ejecución Penal.
No basta que el día de hoy se vote una ley que es necesaria, y que además es un gran avance para nuestro país. Es necesario seguir dando seguimiento para que todo lo establecido en la ley no sea letra muerta, y no volvamos a recibir un informe como el que desafortunadamente recibimos del 2015 acerca de nuestra gran deficiencia en la ejecución penal en nuestro país. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Enríquez. Tiene ahora la palabra el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI, y se informa a la asamblea que con la intervención del diputado Domínguez concluye también el plazo para la presentación de reservas para este dictamen que está a discusión Ya se han recibido algunas. Adelante, diputado, por favor.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Con su permiso, señor presidente. Hablar del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, tiene como propósito el que hoy podamos culminar con los dictámenes que la Comisión de Justicia ha venido desarrollando. El propósito de poder tener el marco normativo necesario para hacerle frente a este nuevo reto que enfrenta el país a partir del próximo día 18 de junio.
Hoy en este momento nos toca hablar de la Ley de Ejecución Penal. En el país tenemos 387 centros penitenciarios; en estos 387 centros penitenciarios tenemos una capacidad para albergar a 203 mil 228 personas, tenemos actualmente una sobrepoblación que supera las 54 mil personas.
De estos estos 387 centros penitenciarios, el 54 por ciento están sobrepoblados. ¿Qué significa esto? Esto significa hacinamiento, esto significa problemas internos, pleitos, enfrentamientos, esto significa mezclar primodelincuentes con delincuentes de alta peligrosidad, significa desorden, significa control de los delincuentes de los penales, en algunos significa autogobierno.
Por eso, con esta ley que estamos proponiendo para que se apruebe por parte de la Comisión de Justicia, buscamos atender la problemática existente, buscamos regular el internamiento por prisión preventiva, buscamos regular la ejecución puntual de una penalidad, regular las medidas judiciales, todo esto cumpliendo con los principios y garantías constitucionales, así como con los tratados internacionales.
Compartiré con ustedes algunos de los aspectos fundamentales que se encuentran dentro de este proyecto de ley. Primero, establece que las personas sujetas a prisión preventiva se estarán o se ubicarán en centros penitenciarios más cercanos al lugar donde viven y al lugar donde se lleva su proceso de carácter penal.
Significa también, dentro de esta ley, que los sentenciados estarán en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio. Mediante esta ley se busca regular los traslados voluntarios de las personas privadas de su libertad. Esta ley establece el trabajo penitenciario en tres modalidades: el autoempleo, las actividades productivas no remuneradas y las actividades productivas realizadas a cuenta de terceros.
Señala también, y esto es algo muy importante en el contenido de la ley, la corresponsabilidad entre los diversos órdenes de gobierno para poder desarrollar los programas que permitan una eficaz reinserción social de aquellas personas que han cumplido ya una penalidad y sobre todo el darle el seguimiento post-penitenciario a aquellas personas que han obtenido su libertad una vez que esta ha concluido o a partir de una modalidad que se ha generado en una liberación, libertad anticipada de alguna persona que ha cumplido pues o que está cumpliendo una penalidad.
¿Qué se busca con este tratamiento post-penitenciario? Se busca darle seguimiento al programa de reinserción social que se ha previsto en los diversos mecanismos que ya mis compañeros han venido expresando, quienes me han antecedido en el uso de la palabra, para poder garantizar que la persona ha cumplido a cabalidad con el daño que le ha causado a la sociedad a partir de la penalidad que compurgó en un centro penitenciario.
Las mujeres tendrán acceso a los derechos específicos de su género, así como a condiciones especiales los niños y las niñas que nacen en centros penitenciarios, cuidando en todo momento las reglas de los tratados internacionales y particularmente las Reglas de Bangkok.
Se crea el juez de ejecución penal. Antes para poder hacer un cambio, de acuerdo a las modalidades que prevé la propia ley, por ejemplo, de una libertad anticipada, tenía que ser el propio juez de la causa el que tenía que decretarla. Hoy se crea el juez de ejecución penal, quien es el que permite establecer una modalidad diferente a la penalidad que se está compurgando en un centro penitenciario.
En conclusión, lo que buscamos es poder cerrar la pinza en el tema de la seguridad. Los centros penitenciarios son el último eslabón en el tema de la seguridad, por eso tenemos que profesionalizarlos, tenemos que mejorarlos. Y, a partir de esta Ley de Ejecución Penal, es como podemos lograrlo con el concurso de los tres poderes y con el concurso de los tres órdenes de gobierno.
Por eso el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de este proyecto, y les pide la solidaridad a todos los grupos parlamentarios. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Domínguez. Con esta intervención concluye la fase de posicionamientos de los grupos parlamentarios y entramos ahora a la fase de la discusión, para lo cual tiene el uso de la palabra el diputado Cándido Ochoa Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar en pro.
El diputado Cándido Ochoa Rojas: Con el permiso de los presentes. Para el Partido Verde Ecologista de México las consecuencias de la inseguridad es la erosión del Estado de derecho ya que también conllevan pérdidas económicas y sociales derivadas de los daños provocados por el acto delictivo.
Nos preocupa que la inseguridad vaya destruyendo los vínculos sociales y afectando el capital humano de nuestra sociedad al aumentar la desconfianza dentro de las comunidades. Por ende, consideramos imprescindible realizar una revisión exhaustiva de las políticas encaminadas a responder a esta crisis; un mapeo de los actores responsables de manejar el aparato estatal de seguridad pública y justicia penal, y también un análisis de las capacidades que tienen las instituciones mexicanas para enfrentar una criminalidad cada vez más sofisticada, que conoce la debilidad del sistema.
La construcción de agendas conjuntas a favor de la sociedad implicó un acuerdo entre las distintas expresiones políticas aquí representadas, para concretar este periodo extraordinario que nos permite estar discutiendo el día de hoy algo tan trascendental como es la reconstrucción de nuestro sistema de ejecución penal.
Si bien es cierto que el sistema penitenciario vive actualmente una crisis, es necesario comenzar acotando que tales circunstancias no responden únicamente a consecuencias inherentes al mismo, sino que son producto de diversos factores, tales como la ineficiencia en la procuración e impartición de justicia; la ineficacia en la prevención del de la violencia y la delincuencia; la falta de claridad y precisión en sustentos legales, así como el respeto a los derechos de los mismos, entre otros.
Por lo tanto, una reforma al sistema debe comenzar por retomar el panorama que en la actualidad caracteriza a los centros penitenciarios mexicanos, tanto de dependencia federal como aquellos que están en manos de los estados o de los municipios.
En este sentido, en el Partido Verde ratificamos nuestro compromiso para impulsar leyes y políticas en materia de ejecución penal que permitan recuperar la tranquilidad social, pero fundamentalmente que respeten la dignidad de quienes se encuentran sujetos a proceso y garanticen la reinserción social de quienes están privados de la libertad.
Para las diputadas y los diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México es muy importante que aprobemos la expedición de la Ley Nacional de Ejecución Penal, fundamentalmente por las razones siguientes:
Porque en la propuesta se reconocen de manera expresa diversos derechos de los cuales gozarán las personas internadas en los centros penitenciarios. Por ejemplo, vivir en condiciones humanas durante el periodo de la reclusión, lo que implica recibir un trato digno del personal penitenciario, recibir asistencia médica, recibir alimentación suficiente y de calidad, recibir un suministro salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal, y también una dotación de los artículos de aseo diario necesarios. Adicionalmente, porque contiene una forma de asegurar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Se incorpora también la figura del observador, que será aquella persona perteneciente a una organización de la sociedad civil, que podrá ingresar al centro penitenciario, a fin de verificar que estos derechos se respeten a cabalidad.
También contiene que la autoridad penitenciaria, a quien le corresponda determinar las faltas disciplinarias, para la cual se prevea un procedimiento claro y transparente, en el que se respeten las reglas del debido proceso y los derechos fundamentales.
Finalmente, quiero mencionar que se establecen en claridad los beneficios de libertad anticipada, a los cuales las personas sentenciadas podrán acceder, lo que indudablemente abonará a reducir la prisión que asfixia a la mayoría de las cárceles mexicanas. Es decir, al hacinamiento y a la sobrepoblación que existe en la actualidad.
En el Partido Verde consideramos que para lograr un desarrollo con justicia y seguridad, es necesario corregir muchos de los vicios que han puesto en crisis a nuestro sistema penitenciario, para lo cual resulta indispensable votar a favor de la aprobación del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias y es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ochoa. Tiene ahora la palabra el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD, en pro.
La diputada Jisela Paes Martínez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Antes, permítame, diputado Santana. Sonido allá en la curul de la diputada Jisela Paes, por favor, ¿con qué propósito, diputada?
La diputada Jisela Paes Martínez (desde la curul): Diputado presidente, para informar al pleno y a usted, que afuera de este recinto legislativo se encuentran cientos de personas cristianas que provienen de todo el país, que traen firmas para fijar su postura en relación a la iniciativa del matrimonio entre las personas del mismo sexo. Por lo cual le solicito, respetuosamente, que se nombre una comisión de cortesía, a fin de que puedan atenderlos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Paes. Le voy a pedir al diputado vicepresidente Bolaños, que pueda él encargarse de ver la integración de una comisión lo más plural posible, para que pueda atender en sentido positivo la petición que usted ha formulado, diputada. Si no tiene inconveniente, entonces así lo vamos a hacer. Entonces, diputado, le encargo eso, por favor, sí, gracias. Ahora sí, perdón, diputado Santana, adelante.
El diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado presidente, con su venia. Solamente aprovechar estos minutos para refrendar el apoyo del Partido de la Revolución Democrática, para la aprobación del dictamen de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Ya los compañeros que me han antecedido en el uso de la voz han sido muy prolijos, se ha explicado una serie de conceptos que llevan consigo la aprobación de esta Ley Nacional de Ejecución Penal, destacar solamente el tema de la reinserción y la readaptación social, y destacar un punto que ha sido solicitud muy sentida de las organizaciones de la sociedad civil, que va relacionada con el hecho de los derechos de las mujeres privadas de su libertad, en donde se estipulan el derecho a la maternidad y lactancia, en donde verificamos una reducción de la edad de los menores para que puedan acompañar a sus madres del orden de los tres años.
Y como bien lo dijo mi compañera Cristina García al momento de establecer su posicionamiento, hay tratados internacionales, hay acuerdos suscritos por nuestro país, en donde se establece que la edad mínima es de cinco años.
Yo celebro, junto con mi grupo parlamentario, que posterior a la aprobación de este cuerpo de leyes que componen el entramado general de la miscelánea penal, se establezcan las mesas interinstitucionales respectivas para tratar estos asuntos, darles cauce, darles la atención debida y reflexionar.
Y posteriormente presentar entre todos los grupos parlamentarios, como ha sido acordado en la Comisión de Justicia, las adecuaciones que vayan surgiendo con motivo de la entrada en vigor de esta nueva Ley Nacional de Ejecución Penal y los otros ordenamientos que ya aprobamos en el periodo de sesiones ordinarias concluyó en abril, y lo que habremos de aprobar el día de hoy.
Por ello pues, refrendo el voto a favor del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en estas tres leyes que habremos de votar el día de hoy. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Santana.
El diputado Sergio René Cancino Barffuson (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Cancino, por favor. Sí, diputado, con qué propósito.
El diputado Sergio René Cancino Barffuson (desde la curul): Sí, nada más para hacer un comentario y un llamado a este pleno. Efectivamente, esta Cámara de Diputados es la casa de todos, de todas, de la ciudadanía en general, de esta nuestra patria que es México.
En ese sentido, la invitación que hace y el exhorto a que se vaya a atender a las personas que mencionó, me parece que es adecuado, pero en el estricto sentido y apego a nuestro Estado laico.
El asunto por el cual se están pronunciando implica, en algún momento, un llamado a los crímenes de odio por homofobia.
Nosotros estamos viviendo ahorita un marco bastante delicado, tensionante en ese sentido. En Jalapa hace unos días ocurrió un atentado en un antro gay y el asunto no se ha terminado de investigar adecuadamente y tenemos el referente del atentado ocurrido en Estados Unidos, en Orlando también a un antro gay como ocurrencia de esta homofobia prevaleciente en el mundo, del cual nuestro país no es ajeno.
Precisamente por eso el presidente de la República hizo este decreto para poder contribuir a minar esta oleada de homofobia prevaleciente en el país. Y esta Cámara de Diputados tendría que contribuir a generar una convivencia plural y diversa en el pleno reconocimiento de los derechos a la población LGBTTTI, y construir una ciudadanía política y convivencia en la diversidad sexual. Ése es el planteamiento desde el Grupo Parlamentario de Morena.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se registran las consideraciones hechas, diputado Cancino.
Yo le solicitaría, respetuosamente también, que condujera sus planteamientos específicos a través de la Junta de Coordinación Política, de la que forma parte la coordinadora de su grupo parlamentario. Y desde luego, la comisión que se ha planteado integrar tiene el cometido único de dialogar, de recibir sus propuestas en una suerte de cortesía parlamentaria de nuestra parte. No prejuzga sobre ningún otro asunto.
Bien. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han hecho ya reservas para su discusión en lo particular de una cantidad importante de artículos. Pido a la Secretaría dé cuenta a la asamblea de los mismos.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Artículo 1o., Ley Nacional de Ejecución Penal; el 3, el 4, el 7, el 10, el 16, el 21, 24, 26, 34, 37, 80, 85, 91 Bis, adición; 137, 141, 146, 200, 7o. transitorio, 9o., fracción II; 10o., fracción V; 17, 102, 118, 161, 172, 176, 177 y artículo 188.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Ya? Bien.
El diputado Rafael Hernández Soriano (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Hernández Soriano, ¿usted, antes de abrir el tablero electrónico, quiere hacer uso de la palabra desde su curul? Usted ha reservado una cantidad importante de artículos para su discusión en lo particular. Sonido en la curul del diputado Hernández Soriano, por favor. Adelante.
El diputado Rafael Hernández Soriano (desde la curul): Sí, gracias, presidente. Presenté reserva de 18 artículos que engloban dos temas fundamentalmente. Uno, que tiene que ver con el trato igual a reclusos militares o civiles en el sistema penitenciario en que se encontraren. Es decir, el respeto a los derechos humanos y también la igualdad jurídica y constitucional.
El otro tema que, habrá que decirlo, es una demanda de varias organizaciones de defensa de los derechos de la niñez que se apegan a la Convención de Derechos de la Niñez, de la Convención Internacional de Derechos del Niño y a algunas recomendaciones del Comité de Derechos de la Niñez de la ONU, que no establecen una edad máxima para que las niñas y niños menores de seis años sean retirados de la compañía de sus madres en el caso de que estén reclusas.
Habrá que decirlo, que el sentido de mi participación era para que se preservara la edad máxima de seis años. Pero dados dos elementos que es necesario que señale. Uno, que tiene que ver con la importancia de que nuestro país cuente con un nuevo sistema de justicia penal y que tenemos un término constitucional; y el otro que es el ofrecimiento del presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Álvaro Ibarra, en el sentido de que se instale una mesa interinstitucional, incluso en la que participen organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos para que se revise ya en su aplicación estos dos instrumentos importantísimos que estamos discutiendo.
Bajo esas circunstancias, presidente, solicito que sean retiradas mis reservas en lo particular y votaremos en pro, y desde luego tomando la palabra al diputado Ibarra, para que en lo inmediato se instalen esas mesas.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Entiendo que este asunto que usted subraya de la integración de una mesa interinstitucional es algo que se ha consensuado en el seno de la comisión, para estar en este entendido usted aludió al diputado presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Ibarra.
Entiendo que están en esa tesitura, diputado Ibarra, nada más para que queden asentados los asuntos. Me manifiesta a señas y lo reitera el coordinador de la bancada del PRI, el diputado César Camacho, que están en esa actitud. Desde luego el diputado, el presidente de la Comisión de Justicia me reitera que así es.
Entonces con esa consideración, le pido a la Secretaría dé cuenta de los artículos que quedarían finalmente reservados, considerando que los que había reservado el diputado Hernández Soriano, él los declina, los retira.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: ¿Leo los que se retiran?
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No. Lea cuales quedan en firme reservados, por favor.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se da cuenta de los artículos que quedan reservados. El artículo 9o, el artículo 10, artículo 17, 24, 102, 118, 161, 172, 176, 177 y 188.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.
La diputada María Elena Orantes López (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Orantes López, por favor.
La diputada María Elena Orantes López (desde la curul): Gracias, presidente. También en el mismo sentido, hemos declinado la participación diciendo que para nosotros lo más importante es la segregación con perspectiva de género y el tema para los espacios dignos a los niños.
Aprecio la voluntad del presidente de la Comisión de Justicia y, representados por nuestro compañero Víctor, la declinamos para que pueda ser también trabajada en esta mesa que formularán posteriormente. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Orantes. Por lo tanto la diputada Orantes retira también las reservas que había hecho del artículo 10, párrafo segundo; el artículo 17 y el artículo 24, párrafos primero y cuarto. Son las tres reservas para la discusión en lo particular que también se retiran. Quedarían firmes, con excepción de éstos, los demás, para que tengamos ya la precisión de los mismos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide por lo tanto a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: ¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto? Está abierto el sistema.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos la presencia de jóvenes, amigas y amigos de la Asociación Yo Amo Mixquiahuala, del estado de Hidalgo, invitados por la diputada Érika Rodríguez Hernández. Sean bienvenidas y bienvenidos a este recinto parlamentario.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto?
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Parece que ya no se ve a nadie así.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 449 votos en pro, 0 en contra.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por lo tanto aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 449 votos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra, por tres minutos, la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos 9 y 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Con su venia, presidente. El dictamen que hoy se discute deja en claro que el Sistema de Ejecución de Sanciones mexicano, está enfrentando una severa catástrofe, pues el constante incremento de la población carcelaria de los años recientes, ha rebasado por mucho y dejado muy atrás la capacidad de los centros penitenciarios dando lugar a la sobrepoblación, hacinamiento y violencia, que son el principal obstáculo para que las políticas y programas de reinserción, readaptación o reeducación de su población, surtan los efectos deseados.
Por lo tanto debemos mencionar que la principal obligación del Estado mexicano es buscar a toda costa la estructuración de políticas y programas integrales que combatan las adicciones, siendo que debe ser un derecho no sólo de los sentenciados como se señala en el capítulo octavo denominado justicia terapéutica del texto del dictamen que se discute, el cual establece las bases para regular en coordinación con las instituciones operadoras, la atención integral sobre la dependencia a sustancias de las personas sentenciadas y su relación con la comisión de delitos a través de programas de justicia terapéutica que se desarrollarán conforme a los términos en la ley.
En razón de lo anterior, la reserva que se somete a su consideración pretende aperturar como un derecho de mujeres y hombres privados de su libertad en un centro penitenciario, la atención contra las adicciones, no sólo a los sentenciados que por mandato judicial así lo requieran, sino a todos aquellos privados de su libertad durante el internamiento por prisión preventiva de acuerdo a los protocolos que para el efecto establezcan los centros de reclusión en conjunto con la Secretaría de Salud a través de la Comisión Nacional contra la Adicciones y sus homologas en el caso de las entidades federativas, teniendo como consecuencia la mitigación de daños en la salud, así como la búsqueda de la reinserción social a través de una vida libre de adicciones de todos aquellos privados de su libertad durante su internamiento en centros de reclusión. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuata. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas, las propuestas de modificación.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las reservas presentadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación a los artículos 102 y 118.
El diputado Alfredo Basurto Román: Sí. Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Con su venia, señor presidente. En base al dictamen que se acaba de aprobar, la fracción de Morena por mi conducto hizo dos reservas a dos artículos: al 112, al 118 del dictamen en mención. Sin embargo, a este aspecto me gustaría primeramente comentar algunos antecedentes, algunos considerandos.
Quiero decirles que –en los tres dictámenes que hoy se están discutiendo y, en su momento, se votarán– quiero en cierta forma presumir que en Zacatecas esas leyes ya se vienen aplicando. En Zacatecas desde el 2008, que se inició el nuevo sistema acusatorio penal, se implementó el nuevo sistema y se viene aplicando con mucho éxito. Tal parece que en la federación vamos un poco retrasados en la adecuación del nuevo sistema penal.
Por otro lado quiero comentar que la Ley, en términos generales, de Ejecución de Sanciones, Ley Nacional, representa grandes avances. Sin embargo, hay algunas observaciones y al mismo tiempo cuestionaría ese dictamen, esta ley, porque en todos los que me han antecedido en el uso de la voz e incluso en los posicionamientos queda claro que la política penitenciaria en el país, la política carcelaria, no está adecuada, representa varias deficiencias.
No hay clasificación en cuanto a los detenidos, ya sean procesados, ya sean sentenciados o incluso los que están compurgando una pena, están todos reunidos en un mismo lugar. También se menciona de los delincuentes primarios. No es posible que un delincuente primario por primera vez ingrese a un centro penitenciario y se le reúna con un delincuente de alta peligrosidad, de ahí pues que se viene diciendo que las cárceles en México son las principales escuelas de los delincuentes y no cumplen con su objetivo primordial de la readaptación social.
De ahí pues que debemos empezar por analizar la política penitenciaria y entonces sí implementa la Ley Nacional de Ejecución Penal. Si no, de lo contrario va a rebotar, compañeros, y no va a tener efectos positivos como es lo que se pretende.
Una vez dicho lo anterior, las reservas que se presentan en este momento la primera es en el artículo 102, en su párrafo tercero, donde establece que si el sentenciado se encuentra en libertad y se dicta una sentencia condenatoria sin otorgamiento de algún sustitutivo penal, algún beneficio, el juez de ejecución lo requerirá para que en un plazo de cinco días se interne voluntariamente, compañeros. Y en caso de no hacerlo será reaprehendido.
Se imaginan si una persona es condenada y sabe que no va a obtener algún beneficio, la pregunta es, ¿ustedes creen que voluntariamente vaya a ir con el juez y diga; Vengo a internarme voluntariamente para que no me reprenda? Compañeros, se va a la evasión de la justicia. Por eso queremos que esa última parte sea eliminada de este dictamen y quede en su momento que cuando se dicte una sentencia condenatoria sin el otorgamiento de algún beneficio, el juez de ejecución de sanciones inmediatamente libre la aprehensión o reaprehensión del sujeto activo.
Si lo deja al arbitrio de que voluntariamente se sujete, claro que nunca lo va a hacer y se va a evadir de la justicia. Eso es en cuanto a la primera, que estimo, compañeros, que es de gran trascendencia e importancia, por lo cual pediría que la misma fuera admitida y votada a favor.
La segunda refiere al artículo 118. En ese aspecto la modificación, la reserva que hacemos es en la fracción VII, donde dice que las personas cuando son privadas de la libertad, los jueces determinan en qué momento se empieza a tomar en cuenta la comprobación de la libertad.
Sabemos que a veces las personas son detenidas por las policías preventivas los tienen ahí más de 24 horas, a veces hasta 48 horas, y apenas los ponen a disposición del Ministerio Público, y el Ministerio Público dispone de 48 horas para definir su situación jurídica y determinar si lo pone a disposición de un juez de garantías.
Ese tiempo que la persona está privada de su libertad no es tomado en cuenta al momento de compurgar la pena, compañeros. Ahí es donde también en los arraigos que han venido a ser muy cuestionables o si son constitucional o anticonstitucionales, esa prisión que las personas compurgan en el arraigo domiciliario no es tomado en cuenta al momento de compurgar la pena.
Entonces nosotros proponemos que la reserva se tome en cuenta desde que la persona, el sujeto activo de la comisión del ilícito desde la Policía Preventiva y Ministerio Público está siendo ya privado de la libertad, sin saber qué pena se le va a poner por el juez.
La idea es que este artículo se reserve, donde sí se le tome en cuenta desde el arresto domiciliario, desde la prisión preventiva, al momento de la compurgación de la pena, compañeros, son dos aspectos.
Si bien es cierto, en Morena vamos a favor del dictamen, sí somos de la idea que sean tomados en cuenta, son importantes, son a lo mejor de procedimiento, de técnica legislativa, pero que sí trascendería en la compurgación de la pena de los sujetos de la comisión de un ilícito, compañeros. Por lo tanto, solicito a la asamblea sean considerados y sean tomados en cuenta. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Basurto. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, se admiten a discusión.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Tiene ahora la palabra la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo 161, párrafo tercero.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la reserva que hoy me permito presentar respecto del artículo 161 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, está íntimamente ligada con un pedimento muy especial que su servidora quiere plantear a esta honorable Cámara, para que por primera vez con responsabilidad volteemos a ver a esos reclusos que se encuentran privados de su libertad por los actos cometidos.
Es muy importante que por favor atendamos la necesidad de poderles brindar elementos a esos reclusos para que puedan salir a la vida pública. De tal suerte, que una vez que cumplimenten su sentencia, tengan elementos para no volver a reincidir.
Es por ello que me permito, en esta modificación al artículo 161, presentar ante ustedes el pedimento respetuoso para que en el orden estatal se le proporcione un fondo a la atención de las víctimas, pero que de ese fondo se tome un pequeño porcentaje para poder incentivar el emprendurismo en los reos durante su estadía en prisión, para que durante el tiempo que están recluidos puedan diseñar un proyecto, que el día de mañana cuando los lleve a volver a recuperar su calidad de ciudadanos tengan oportunidad de tener medios posibles de subsistencia que les garantice no volver a delinquir.
Compañeros legisladores, compañeras diputadas, les pido, con respeto, que nos aboquemos y que aprobemos esta propuesta que su servidora, respetuosamente, trae ante ustedes, con el único fin de poder abatir el índice de delincuencia que sucede en nuestro país.
Se los dejo a su consideración, y antes de considerar votar en bloque, compañeros, analicemos qué es lo que queremos para nuestro México. Queremos cárceles llenas de reos o queremos cárceles que tengan la oportunidad de crear personas positivas, para que el día de mañana salgan y aporten a la seguridad, al trabajo y a la economía de este país. Muchísimas gracias. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Ramírez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos 172, párrafo segundo, 176, párrafo primero, 177, adicionando una fracción, y 188 con varias modificaciones.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias. Con permiso del diputado presidente. El objetivo de estas reservas que estamos presentando es primero hacer un cuestionamiento en sentido de que se están tomando estas disposiciones un modelo equivocado, en el sentido de que una penalidad que puede tener una persona es tomar un tratamiento de adicciones. Es un modelo que no ha tenido éxito en otras partes del mundo, porque un tratamiento o la posibilidad de que alguien deje una adicción tiene que ser siempre voluntario y el sistema judicial no es la mejor manera de implementarlo.
Los modelos que funcionan, de hecho, como pueden ser las cortes de disuasión en Portugal, son modelos en donde el sistema judicial no está involucrado sino es un juez o un ministerio público el que toma decisiones en ese sentido.
Y creemos entonces que la posibilidad de que hubiera penalidades en términos de tratamientos obligatorios es no reconocer un camino andado donde se dice que ésta no es la mejor práctica.
En ese sentido proponemos varias modificaciones para atenuar los posibles daños... de este modelo, uno para que en el caso de que se establezca un tratamiento como éste no pueda tener una duración mayor de 15 meses, que es algo que se establece como el máximo que puede tener un tratamiento de adicciones adecuado y moderno.
Que exista la posibilidad de que haya tratamiento de acuerdo a distintas sustancias, y sobre todo, que no pueda haber la posibilidad de que una persona que deje un tratamiento de esta naturaleza sea arrestado.
Nos parece que tiene que haber una reflexión profunda en todo el tema de considerar a una persona que consume una sustancia de manera directa como un delincuente. Y pensar que por el consumo de una sustancia una persona delinque.
Si continuamos con este tipo de propuestas estamos incrementando la discriminación y las posibilidades que las personas que consuman sustancias tengan una vida normal en la sociedad.
No necesariamente una persona que consume una sustancia hoy considerada ilegal es un delincuente y no puede haber un tratamiento obligatorio ordenado por un juez que tenga esto. Reflexionemos en este tema y ojalá nos acompañen en la reserva. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Llerenas. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 9, 10, 102, 118, 161, 172, 176, 177 y 188, en términos del dictamen.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos mencionados el términos del dictamen.
(Votación)
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Está abierto el sistema. ¿Alguna diputada o algún diputado que falte de emitir su voto? Seguimos con problemas en ése.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Está abierto el sistema, diputado Madero. Nada más lo están esperando a usted.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: ¿Se resolvió? ¿Alguien más falta? Adelante, está abierto el sistema. ¿Alguna diputada o algún diputado falta de emitir su voto? A ver, aquí están entrando.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Apúrenle, apúrenle.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por favor. Está abierto el sistema todavía.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ándele, ándele. Arriba, arriba. Parece que ya no se ven movimientos desesperados de nadie.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Ahora sí. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 391 votos a favor, 56 en contra, 1 abstención.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 391 votos, y por lo tanto, aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI, XXXVII y un quinto párrafo, y se reforma el tercer párrafo del artículo 225, del Código Penal Federal. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y en virtud de que ya se hizo el posicionamiento, más bien la argumentación por parte del presidente de la Comisión de Justicia en una sola intervención para los tres dictámenes, está a discusión en lo general el dictamen enunciado, y ya tenemos integrada una lista de diputadas y diputados para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios.
En consecuencia tiene la palabra el diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Hasta por cinco minutos serán las intervenciones de posicionamiento.
El diputado Abdies Pineda Morín: Honorable asamblea. Para Encuentro Social el dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, es la mayor evidencia de que el tejido social se encuentra gravemente lesionado; que las familias han sido duramente golpeadas por diversos factores para degenerar en conductas graves de sus miembros.
Dolorosamente nuestra niñez está participando cada vez más en la delincuencia organizada. Según las escasas cifras oficiales, entre 2012 y 2013, el Ejército mexicano detuvo a 473 menores de los cuales 61 eran niñas, con un promedio de edad que no superan los 13 años de edad.
Según la Comisión de Seguridad Pública de esta Cámara, habría 30 mil menores de edad dedicados al tráfico de drogas, secuestros, extorsiones, contrabando, piratería y asesinatos, hechos que serían pagados entre los mil y los tres mil dólares.
Por otra parte, un informe de la ONG, Infancia en Movimiento, señala que los últimos años creció en un 34 por ciento la detención de menores por delitos graves, y que el 70 por ciento de las aprehensiones tuvieron que ver con homicidios, secuestros, torturas, tráfico de drogas, robo y lesiones graves.
Encuentro Social es un partido político que aspira a la felicidad de nuestras niñas, niños y adolescentes en las escuelas, en los parques, en sus casas con sus familias, no compartimos la idea de reprimirles. Sin embargo los datos que he compartido hacen necesaria una Ley Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
No compartimos que no combatamos las causas de origen, que nuestra niñez sea enrolada en células de la delincuencia organizada, sin embargo considera oportuna la expedición de la presente ley.
Atinadamente la ley prevé tres grupos: el de 12 a menos de 14 años; el de 14 a menores de 16; y el de 16 a menos de 18 años. Se prohíbe imponer penas mayores a la que le correspondería a un adulto. Una de las finalidades en las que coincidimos, es la de la reintegración social y familiar para adolescentes y jóvenes.
Encuentro Social espera que con esta reforma se evite que estos centros especializados continúen siendo escuelas de delito en las que los jóvenes perfeccionan sus métodos delincuenciales.
Hacemos un llamado a la sociedad a acompañar esta ley sin discriminación, sin prejuicios a nuestros jóvenes; debemos de darles una oportunidad. Les exhortamos a votar a favor del dictamen que busca la restitución del tejido social propiciando condiciones justas de tratamiento para nuestros adolescentes y jóvenes. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Pineda. Tiene ahora la palabra la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: Todo esfuerzo legislativo que garantice el respeto a los derechos humanos de los individuos fortalece el Estado de derecho. Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, establecer el Sistema Integral de Justicia Penal para los Adolescentes, es un paso trascendental en la vida jurídica y social de nuestro país. Por ello aplaudimos este esfuerzo y votaremos a favor.
Esta ley tiene un gran mérito pues responde a la necesidad de garantizar para los niños y adolescentes de entre 12 y 18 años que han cometido delitos, un sistema de justicia que privilegie el interés superior de la niñez cuando tengan que ser juzgados.
Además, contempla los derechos específicos que la Constitución reconoce para los menores de edad, y refleja los principios de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Son muchos los menores que por alguna razón han delinquido, y desafortunadamente viven una dolorosa realidad al enfrentar un sistema penal que no les proporciona una opción verdadera para reintegrase de manera digna y productiva a la sociedad.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que muchos de ellos desean superarse, tener una familia, hacer una gran carrera, trabajar y ser hombres y mujeres de bien. Por ello, entendemos la importancia de esta ley que en 266 artículos se establecen las reglas generales y principios que normarán el sistema integral de justicia para adolescentes incorporando aspectos procedimentales y procesales para los supuestos bajo los cuales se considera que los adolescentes cometen un hecho tipificado como delito y sus grados de responsabilidad.
El sistema actuará bajo un esquema de proceso acusatorio y oral, regido por la presunción de inocencia y el principio de especialidad, lo que significa que todas las autoridades del sistema deberán estar formadas, capacitadas y especializadas en materia de justicia para adolescentes.
Lo que se pretende con ello es, ante todo, respetar el derecho de los menores a un proceso en el que salvaguarden sus derechos humanos. En esta línea, para establecer una diferencia respecto de la respuesta penal que debe aplicarse, la ley señala tres segmentos de edad: el primero, lo componen los adolescentes con 12 años cumplidos y menores de 14 años; el segundo, aquellos que tienen 14 años y menos de 16. Finalmente, quienes cuentan con 16 años cumplidos y no más de 18 años de edad.
Cuando un menor de 12 años se le atribuye la comisión a participación en un hecho delictivo, se debe de dar aviso de manera inmediata a la Procuraduría de Protección Competente para que pueda solicitar las medidas pertinentes para su protección integral.
En cuanto a las medidas de sanción para quienes se les compruebe la comisión de un hecho señalado como delito, que establece la ley para la privación de la libertad, ya sea por detención o internamiento, se debe aplicar como medida extrema y por el menor tiempo posible.
En el caso de ser recluidos los espacios destinados a los adolescentes que hayan cometido algún delito deben ser exclusivos, es decir, no podrán mezclarse con adultos, pues es bien sabido que en muchos centros de internamiento y reclusión de jóvenes estos se especializan más en el crimen, en vez de prepararse para su reintegración social.
Es de resaltar que bajo el principio de proporcionalidad la ley prevé mecanismos alternativos de solución de controversias, así como de ejecución de penas a fin de evitar la privación de libertad de los menores, propiciando su integración social y familiar.
En Nueva Alianza entendemos la importancia de la prevención. En ese sentido aplaudimos la preocupación que se refleja en el libro quinto de esta ley, denominado De la prevención social de la violencia, en él se precisa el conjunto de políticas, estrategias y acciones que de una manera transversal para los tres órdenes de gobierno orientan para reducir los factores de riesgo que favorecen la generación de violencia y delincuencia. Aunado a ello se reconoce la importante función que juega a familia en la prevención del delito.
En Nueva Alianza celebramos que esta ley tenga una visión multidisciplinaria, que atienda los factores psicológicos, afectivos, sociales y económicos por los que atraviesa un joven para involucrarse en la comisión de un delito.
Compañeras y compañeros, México es un país compuesto principalmente por jóvenes y son ellos quienes estarán en posibilidades de hacer realidad los cambios que México necesita. Al aprobar esta ley damos la posibilidad a estos menores de enmendar su error y reinsertarse en la sociedad de manera digna y productiva, para que aporten lo mejor de sus capacidades en la conformación del país que todos queremos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Bañuelos. Tiene ahora la palabra el diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Jonadab Martínez García: Muy buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Hemos confundido, un poquito, esta ley que hoy seguramente vamos a aprobar por unanimidad en este pleno. No es una ley a favor de los jóvenes, es una ley a favor de la justicia, de la implementación y administración de la misma.
La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que se va a aprobar seguramente en este recinto, es una parte importante y un paso de vital importancia en el sistema penal mexicano.
Encontramos favorable la implementación en tres vertientes: la primera es homologar el lenguaje utilizado por el Constituyente en la aludida reforma de 2008. Es también una facilidad para el proceso en materia de justicia para adolescentes, el sistema acusatorio y oral. Faculta también y es una exclusividad del Congreso de la Unión legislar en esta materia.
Todo legislador, compañeros y compañeras, estamos obligados a ser responsables en lo que decidimos en esta tribuna y en este pleno. Hoy en día en este momento miles de jóvenes están siendo investigados, son parte de alguna averiguación previa, están siendo parte de un proceso penal acusatorio por diferentes tipos de delitos, como lo es lesiones, robos, daños a la propiedad, muchos involucrados en la delincuencia organizada. Sin embargo, y ese es el mensaje que quiero dejarles a todos ustedes hoy en esta tarde, y más porque su servidor es secretario de la Comisión de Juventud, un problema grave en México.
Hoy estamos priorizando el tema de impartición de justicia a adolescentes y no hemos legislado a favor de oportunidades para ellos, como de empleo y de educación. Voy a citar solamente algunos datos que revelan lo que su servidor está comentando.
Hoy en día el 1.4 por ciento de las niñas y niños en nuestro país ya labora en la edad de 5 a 9 años de edad. El 6.3 por ciento de quienes tienen hoy de 10 a 13 años ya trabaja. El 20 por ciento de las personas adolescentes entre los 14 y 17 años de edad no estudia.
Asimismo, de acuerdo al informe de 2014 del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que establece el derecho a la educación, hoy en día el 46 por ciento de nuestros niños de cero a 17 años de edad no está matriculado, es decir no estudia.
¿Qué estamos dejando de lado?, que un gran porcentaje de jóvenes no tiene oportunidad de educación y hoy estamos legislando para un sistema penal para ellos, cuando no hemos sido responsables en darles oportunidades de educación.
¿Qué esperamos como país? Juzgar, sancionar, castigar al adolescente hoy que no tuvo oportunidades ayer de empleo y educación. Es por eso que también quiero dejar este menaje, porque hoy en la Comisión de Puntos Constitucionales está una minuta, una minuta trascendente que es la Ley General de Juventud, que simplemente ha estado ahí detenida, que ha estado obstaculizada y que hoy es una prioridad en nuestro sistema legislativo nacional.
Otros datos. El 53 por ciento de los desempleados en México tiene entre 14 y 29 años de edad. Siete de cada 10 jóvenes consigue su primer empleo a través de redes informales. Se estima que 45 por ciento de la población mexicana enfrenta algún tipo de pobreza. De este total, la mitad oscila entre los 12 y 25 años de edad.
La OCDE le otorga a México el tercer lugar, solamente después de Israel y Turquía, 7.8 millones de jóvenes, según la OCDE, no estudia y tampoco trabaja en nuestro país.
Solamente quiero que quede claro una cosa, hoy en México, según Inegi, 7.8 millones de jóvenes, por falta de oportunidades de estudio y que no tienen acceso a un trabajo digno y bien remunerado, pasará en algún porcentaje en el futuro a ser parte de este sistema integral de justicia para adolescentes, que hoy estamos legislando.
Creo que es tiempo de tomar consciencia y así como hoy en día dimos prioridad a este sistema nacional de justicia penal, también así prioricemos el tema de legislación a favor de los jóvenes. Tenemos un pendiente con un gran sector de la población, esa Ley General de Juventud que está pendiente y que la Comisión de Juventud de este Congreso de la Unión hemos catapultado, hemos coincidido, hemos empujado, pero que ha estado detenido por la mayoría. Es cuanto, señor presidente, agradezco su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Martínez. Tiene ahora la palabra el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, la Ley Nacional del Sistema Integral Justicia para Adolescentes establece reglas y principios mínimos, a partir de los cuales se estructura un sistema de justicia especializado, destinado a garantizar los derechos a la libertad, a la igualdad y la seguridad jurídica que deben privar en todo Estado de derecho para cualquier persona, incluyendo aquellas menores de 18 años. Pero que además cuenta con características y principios propios que se explican en función de reconocimiento de los y las adolescentes, como personas en desarrollo y con necesidad de asegurarse una protección especial para el pleno ejercicio de sus derechos.
En el caso de México, la adopción de este modelo se dio con la reforma al artículo 18 constitucional de 2005, que creó un nuevo sistema de justicia para adolescentes, que actualmente enfrenta un gran reto de implementación.
Se establece el principio de legalidad, de acuerdo con el cual ningún adolescente puede ser acusado o declarado culpable por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales en el momento en que se cometieron.
Asimismo, recojo lo planteado por la Convención, respecto a que todo adolescente acusado de la comisión de un delito se le observen las garantías del debido proceso, tales como son la presunción de inocencia, ser informado de la acusación, recibir asistencia jurídica apropiada para la reparación, presentación de su defensa, tener acceso a una autoridad u órgano jurisdiccional competente, no ser obligado a presentar testimonio de clase culpable, interrogar testigos, contar con un intérprete si no comprende el idioma o no lo habla, y una segunda instancia.
En México, existe la obligación del Estado para la implementación de las leyes especiales para este sector de la sociedad, tanto a nivel federal como local, con el fin de que se establezcan los procedimientos a seguir cuando los adolescentes se vean involucrados en la comisión de ilícitos.
Pero, compañeros y compañeras, quiero hacer énfasis en algo muy importante, si bien es cierto hoy estamos legislando para tener un marco jurídico para la sanción de los delitos que cometan adolescentes, hay que priorizar la solución de las demandas de este gran sector que somos los jóvenes.
En México, hoy millones de jóvenes han sido olvidados y no están siendo atendidos por las políticas de Estado. ¿Por qué menciono esto? Tenemos a millones de jóvenes sin acceso a la educación pública. Hoy por hoy en México es más difícil estudiar que hace tiempo.
Tenemos a millones de jóvenes que no tiene acceso a un empleo digno y la situación aquí, compañeros y compañeras, no es solamente sancionar a aquellos que cometan un delito, sino hay que generar oportunidades para todos y todas, los y las jóvenes, para que puedan desarrollarse plenamente.
Espero que con la misma voluntad con la que aprobamos hoy esta reforma y esta ley, también aprobemos, en su momento, una Ley General de la Juventud, en la cual también se pongan derechos específicos para este sector tan grande que tiene nuestro país.
También en el dictamen que se nos presenta en esta ocasión, se establece lo relativo a la aplicación de las medidas sancionadoras, en las cuales debe observarse el principio de proporcionalidad de acuerdo al hecho realizado, teniendo como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como su desarrollo integral, señalando el internamiento como medida extrema y que sólo será aplicable a adolescentes mayores de 14 años por la comisión o participación en delitos establecidos como delitos por la ley y por el tiempo más breve.
En el proyecto de decreto que se presenta quedan las características que debería revestir el procedimiento en materia de justicia para adolescentes infractores, considerados sus derechos, como lo son, a la participación, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se ventilan los asuntos que les competen.
Ello en los términos del capítulo décimo octavo de la ley, como lo trata el artículo 72 de la misma. Es por eso, compañeros y compañeras, que la bancada de Morena votará a favor del presente dictamen.
Y para concluir, yo le pido a cada uno de ustedes a que volteemos a ver el sector de la juventud. Los jóvenes no somos el futuro de este país, somos el presente al igual que todos los ciudadanos. Y necesitamos que se atiendan esas demandas puntuales que si hoy no se atienden, mañana tendremos a millones de jóvenes metidos en problemas, porque no hubo oportunidades para que pudieran salir adelante. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Santiago. Tiene ahora la palabra la diputada Lia Limón García, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
La diputada Lia Limón García: Con su venia, diputado presidente. El tema de justicia penal para adolescentes en nuestro país ha venido evolucionando desde hace varias décadas, transitando de un sistema tutelar que replicaba las prácticas de la justicia para adultos a uno garantista que pone en el centro el interés superior del menor.
Esta ley que hoy discutimos armoniza nuestro marco normativo con los principios y derechos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte.
En ella se prevé un sistema de justicia integral para adolescentes que tengan entre los 12 años y antes de cumplir los 18 años de edad, a quienes se les imputa la comisión de alguna conducta tipificada como delito en la legislación penal.
Los fines de este sistema son de manera general, fomentar la dignidad personal de los adolescentes. Hacer efectiva su responsabilidad y propiciar su reinserción social y reconocer adicionalmente los derechos propios de su condición de sujetos en desarrollo.
De la ley que hoy discutimos destacan diversos aspectos que son de enorme importancia. Estoy convencida de que esta legislación, además de ser una legislación de avanzada en términos comparados con las leyes de otros países, es una legislación armónica con nuestro marco normativo en materia de derechos humanos.
Primero. Se considera al adolescente como un sujeto de responsabilidad y se establece un rango de edades para diferenciar la aplicación del sistema. Así, entre menor es la edad, mayor es la especial protección; cuidando que básicamente los menores entre 12 y 14 años sea solo una excepción que puedan ser privados de su libertad.
Se adopta un régimen garantista y algunos de los principios rectores son: el respeto a los derechos del adolescente, el interés superior de la infancia, de la niñez, la protección integral del adolescente y la reinserción de este a su familia y a su comunidad como principio fundamental.
Se establece una perspectiva de equidad y género y se definen regulaciones especiales para la efectiva protección de los derechos de los adolescentes y de las adolescentes, particularmente de aquellas que sean madres y que estén privadas de su libertad.
Se adopta un procedimiento acusatorio y oral, con los justes razonables y congruentes propicios para los adolescentes, acordes con el nuevo sistema de justicia penal.
Se privilegia el principio de mínima intervención, de manera que la medida privativa de la libertad como sanción o preventiva solo está reservada para las conductas antisociales más graves, por el menor tiempo posible, estableciendo con claridad el tiempo máximo en que operaran dichas medidas y solo para los adolescentes mayores de 14 años.
También se exige un régimen de especialización para los operadores del sistema: policías, Ministerios Públicos, jueces y desde luego para los defensores que estén involucrados, a fin de que estos sean capaces de implementar este sistema de justicia para adolescentes, acorde con lo establecido en la ley.
Se desarrollan las etapas del procedimiento y, además, las bases para la operación de la justicia alternativa como un mecanismo preferente al juicio para la solución del conflicto penal.
Se desarrollan también algunas pautas para la prevención social de la violencia y la delincuencia, a través de un conjunto de políticas públicas, programas, estrategias y acciones orientadas a reducir los factores de riesgo y a combatir las distintas causas.
Se reconoce de manera muy importante la función preventiva de las familias y el ámbito escolar y se involucra a las autoridades directivas de los planteles de educación quienes deberán promover valores y respeto y coadyuvar en el desarrollo de las aptitudes de los menores.
Por estas razones y por considerar que esta legislación además de ser de avanzada, es una legislación que nos hace falta, que llevaba su discusión rezagada mucho tiempo y que puede hacer la diferencia en lograr la reinserción de los jóvenes en la sociedad y que justamente los jóvenes son quienes están en el mejor momento para ser reinsertados en la sociedad de manera adecuada, es que el Partido Verde votaremos a favor de esta ley, pues constituye un enorme esfuerzo institucional para implementar el desarrollo de este sistema sobre las bases principalmente de protección a sus derechos humanos. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Limón. Tiene ahora la palabra, el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Con su venia, señor presidente, diputadas, diputados. En el caso del dictamen que nos ocupa nos congratulamos de que el Congreso se encuentre al día de hoy en condiciones de aprobar esta nueva ley, con los que se da cumplimiento a lo establecido en los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 constitucional y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de nuestra Carta Magna, en Materia de Justicia Penal para Adolescentes, publicada en el Diario Oficial, el 2 de julio de 2015.
Los derechos de las personas adolescentes o en desarrollo deben ser garantizados por el Estado de manera integral y con una perspectiva de ampliación de derechos y no de su restitución. El Estado debe encontrar la forma de establecer las condiciones en las cuales los adolescentes podrán ejercer a cabalidad sus propios derechos y cuáles son los límites que a su ejercicio corresponden.
Bajo esa lógica resultaba muy importante que esta ley contuviera todos los elementos que pudieran garantizar que, aun y cuando un adolescente se encontrará en un escenario de conflicto con la ley, este pudiera tener a su disposición todos los mecanismos por los cuales pudiera solventar su situación. Es por ello, que en el tránsito de un sistema de justicia penal tutelar a uno garantista como éste, que se encuentra regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resultaba ingente en un momento en el que nuestro país transita por la más grave crisis humanitaria que jamás hayamos vivido.
La ley tiene por objeto establecer el sistema integral de justicia penal para los adolescentes en todo el territorio nacional a través de la garantía de los derechos humanos de las personas en desarrollo, a quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de hechos tipificados como delitos estableciendo las bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias, las medidas de sanción correspondientes a aquellas personas que se les comprueba la comisión de un delito, según su grupo etario, así como la asignación de obligaciones de las instituciones, órganos y autoridades especializadas delimitando y distribuyendo sus atribuciones y funciones para la aplicación de las nuevas normas del sistema.
En el mismo tenor, el establecimiento de un procedimiento especializado para los adolescentes en donde se deberá determinar el autor o partícipe en el delito, su grado de responsabilidad y las medidas correctivas que le corresponden.
De igual manera, se regulan las facultades de las autoridades especializadas en materia de justicia penal que conforman el sistema integral, según lo establecido en el artículo 18 de nuestro Texto constitucional.
No obstante lo anterior, debemos señalar que en aras del perfeccionamiento de ese ordenamiento el Grupo Parlamentario del PRD tiene diversas observaciones al dictamen que se nos presenta, entre ellas, la más importante de nuestras objeciones, tiene que ver con las disposiciones relativas al régimen especial de la prescripción de los delitos que se contemplan.
Hemos hecho llegar nuestros comentarios a la minuta y expresamos nuestra mayor disposición para que, en términos de los acuerdos alcanzados por los grupos parlamentarios que conforman esta Cámara, se instale a la brevedad la mesa de discusión que podrá coadyuvar en la construcción de nuevos acuerdos en beneficio de las y los jóvenes en conflicto con la ley.
Que quede claro. En el Grupo Parlamentario del PRD nos manifestamos a favor del dictamen pues sabemos que es una ley necesaria, la cual no criminaliza de ninguna manera a la niñez y adolescencia. Por el contrario, protege de manera integral los derechos de la persona adolescente y salvaguarda los derechos de quienes sean sujetos de la misma. Es importante manifestar que esta ley cuida los derechos de las víctimas u ofendidos por la realización de hechos señalados como delitos.
Compañeras y compañeros, con el voto a favor del Grupo Parlamentario del PRD al presente dictamen, reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos de todas y todos los habitantes del territorio nacional, especialmente con los adolescentes.
Quiero aprovechar esta tribuna para hacer un llamado enérgico al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, para que retire su dicho ofensivo y discriminatorio contra las adolescentes y embarazadas en ese estado, y se disculpe públicamente con este sector.
No podemos fomentar violencia desde ninguna trinchera, y menos desde la trinchera de un gobierno. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valencia. Saludamos la presencia de integrantes de Acción Juvenil de Zitácuaro, invitados por el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.
Tiene ahora la palabra el diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado José Hernán Cortés Berumen: Con su venia, señor diputado presidente; diputadas y diputados, hoy discutimos aquí más allá de una ley, uno de los esquemas fundamentales de justicia para el futuro del país.
¿Qué puede ser más importante para México que un mañana promisorio para las nuevas generaciones y su correcta adaptación y formación en un mundo cada vez más complejo?
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional expresa su voto a favor en lo general y en lo particular de este dictamen. Las razones que nos impulsan son diversas. Una de las más importantes es el cumplimiento de una deuda legislativa de hace casi 10 años.
El proyecto descrminaliza las conductas antisociales de los jóvenes y dispone mecanismos apegados al nuevo régimen de derechos humanos para garantizar el tratamiento preventivo como la intervención por el tiempo estrictamente necesario con miras a la plena inserción del joven a la sociedad.
Se limita la duración de la pena privativa de libertad y donde las sanciones solamente se aplicarán cuando el adolescente o joven incurra en conductas que impliquen realización de hechos categorizados como delitos de alto impacto tales como secuestro, trata, terrorismo, extorsión, narcotráfico, homicidio doloso, incluyendo el feminicidio y violaciones, lesiones dolosas y robo con violencia.
Este sistema se basa en principios y características procedimentales del sistema penal acusatorio dotado de adversarialidad, oralidad y apego irrestricto al debido proceso. El régimen de tratamiento dispuesto por la ley del cual tanto se espera es en beneficio de la juventud en riesgo, y ello implica serias exigencias para los operadores de este sistema.
Esta Cámara, y especialmente los diputados de Acción Nacional habremos de estar muy atentos de que tanto a nivel federal como estatal, los operadores estén a la altura del desafío tanto en materia técnica como en el respeto a los derechos humanos, y el cumplimiento de la premisa de la primacía del interés superior de la niñez.
Otro de los aspectos importantes de la legislación que discutimos, es el diseño normativo tendiente a que el adolescente que ha realizado una conducta antisocial cobre conciencia de su responsabilidad y haga frente a consecuencias tales como la reparación del daño sin menos cabo de los derechos de las víctimas.
Señoras y señores diputados, el dictamen de la minuta que hoy discutimos contiene una regulación integral en materia que cubre todos los aspectos para tratar el preocupante fenómeno de la antisocialidad, abarca desde la fase preventiva, la investigación, la parte procesal, la sancionatoria, la terapéutica y la de ejecución.
Si bien, la minuta tiene algunos aspectos que consideramos perfectibles, no obstante ello expresamos que en el seno de la comisión existe la unidad de propósito para abocarnos a trabajar en el perfeccionamiento de esta ley y de otras relacionadas con este delicado tema.
Queremos decir a los jóvenes de nuestro país, especialmente aquellos que viven en situaciones familiares o económicas complejas, que México los necesita, y que por más adversidad que existe en el camino, siempre hay forma de salir adelante y de abrirse paso por la vida.
Cuando hoy se plasme en el tablero el sentido de su voto, consideren que este día daremos un sentido diferente a aquellos jóvenes de nuestro país que por razones de circunstancia, familia o condición se equivocaron, pero que como todos los seres humanos merecemos la oportunidad de corregir y de continuar el camino en la búsqueda de un mejor vivir. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cortés. Tiene ahora la palabra el diputado Abel Murrieta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI. Y con su intervención también concluye el plazo para la presentación de reservas en este dictamen que está a discusión.
El diputado Abel Murrieta Gutiérrez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional es prioridad que el marco normativo federal que regula la vida social de nuestro país cuente con las disposiciones legales necesarias para el correcto funcionamiento de sus instituciones.
Y en especial de los tres dictámenes que tenemos a discusión me permito destacar el de los adolescentes, porque estamos precisamente en una etapa donde más se ha utilizado a esta generación para delinquir.
Y también tenemos que destacar esta disposición que actualmente estamos sometiendo a su consideración, porque es sumamente importante terminar el proceso para el cambio de justicia al sistema penal acusatorio y, sobre todo, los jóvenes deben contar con esta garantía.
Hoy nos encontramos en un momento trascendente para la vida política del país, estamos a escasos días de la entrada en vigor del sistema penal acusatorio adversarial en todo el territorio nacional.
Y con orgullo podemos decir, compañeras diputadas y compañeros diputados, que somos parte de ese gran logro, ya que con la aprobación de diferentes normas legales, como lo es la miscelánea penal, estamos buscando mejorar mediante las reformas aprobadas las herramientas que servirán para lograr un correcto desarrollo de los procedimientos legales en materia penal.
En este sentido debemos tener presente que, al implementarse el sistema acusatorio adversarial, debemos contar con un marco jurídico integral, que incluya a todos los sectores sociales, entre los cuales desde luego se encuentran los menores de edad.
El sistema de justicia para adolescentes en México no es un tema nuevo, todos coincidimos en que se necesita la especialización y la capacitación para brindar a las personas menores de edad la posibilidad de asumir su responsabilidad cuando estos se encuentran relacionados en la comisión de un hecho que la ley califique como delito, aunado a que resulta necesario implementar mecanismos que le permitan al menor desarrollar sus capacidades de una manera positiva e integral.
Como todos sabemos, los menores de 18 años requieren de procedimientos penales especiales, ya que independientemente de los derechos que les otorga nuestra Carta Magna, tienen la protección de los tratados internacionales. Por tanto nuestro país debe contar con un instrumento jurídico que establezca el procedimiento a seguir en materia penal respecto de este sector.
El día de hoy votaremos el dictamen a la minuta por la que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral Penal para Adolescentes, la cual tiene por objeto establecer de manera clara el sistema de justicia penal para aquellas personas menores de edad, así como determinar las medidas de sanción que en su caso le correspondan derivado de la comisión de un hecho señalado como delito por las leyes penales, durante su adolescencia, así como también busca definir las instituciones, órganos y autoridades especializados para los procesos penales en los que se vean involucrados los adolescentes.
Finalmente, establece los procedimientos de ejecución de esas medidas de sanción a los que, una vez que la autoridad jurisdiccional los determine, sean acreedores.
Este instrumento legal es de suma importancia, ya que complementa la reforma constitucional del año 2008 y contribuye para una correcta procuración y administración de la justicia penal, ya que es evidente se regirá bajo los principios y características del nuevo sistema de justicia penal.
Con la aprobación de esta ley estamos acatando el texto constitucional que establece el noveno párrafo del artículo 4º: En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Lo anterior se ve materializado en una ley que contempla aspectos específicos inherentes a su calidad de adolescente, ya que establece la creación de instituciones especializadas.
Una de las modificaciones sustanciales de esta ley lo es el acabar con el área administrativa que estaba a cargo de la justicia de adolescentes. En esta nueva ley los menores infractores serán juzgados o estarán a cargo de instituciones especializadas. El proceso se seguirá bajo el sistema acusatorio adversarial, acabando ya con la tutoría del Consejo de Menores a cargo de la Secretaría de Gobernación, hecho muy cuestionado en la práctica.
También es necesario votar esta ley a favor, a que la anterior Ley para Tratamiento de Menores Infractores establecía que, derivado de la comisión de un hecho que el Ministerio Público calificara como delito menor, sería remitido a la unidad encargada de prevención y tratamiento de menores, en donde se iniciaría su tratamiento.
Actualmente, en la nueva ley prevalece el principio de presunción de inocencia respecto de sus derechos humanos, impera el interés superior del niño y la protección por tratados internacionales, se acaba con el principio que se ejecutaba cuando un menor era planteado como delincuente de remitirlo inmediatamente, siendo que todavía ni siquiera era juzgado.
Sobre todo hay un tema muy polémico, en tratándose de los menores que cometen delitos graves. Gran parte de la sociedad nos criticaba que los poníamos en inmediata libertad, o que su periodo de internamiento era muy bajo.
En esta nueva ley estamos modificando y damos oportunidad al juzgador de darle un mayor periodo de internamiento. Esta no es ninguna contradicción, tendrán la oportunidad de hacerlo los jueces, pero en compañía de su familia y solo como casos de excepción.
Por todo lo anterior, compañeros, es relevante aprobar este cuerpo normativo; el primero, es el que se contempla en todo momento, el interés de los menores.
El Grupo Parlamentario del PRI lo hará responsablemente votando a favor, porque sabemos sin duda que contribuyen de manera importante para el avance de la implementación del sistema de justicia penal, aunada que con la aprobación de este dictamen se da cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 18, cuarto párrafo, en el cual se establece la obligación para establecer un sistema integral de justicia para adolescentes. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Murrieta. Concluidos los posicionamientos de los grupos parlamentarios entramos a la discusión. Tiene la palabra el diputado Cándido Ochoa Rojas, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para hablar en pro.
El diputado Cándido Ochoa Rojas: Con el permiso de los presentes. En los últimos años el Estado mexicano ha emprendido importantes reformas legales e institucionales, con la finalidad de cumplir con los compromisos derivados de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990 y garantizar su efectiva aplicación.
Por lo anterior, para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, es fundamental la aprobación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, porque esta tiene su fundamento en la reforma al artículo 18 constitucional realizada en el año 2005, la cual sentó las bases para la creación de un nuevo sistema integral de justicia para los menores de edad, acusados de la comisión de actos sancionados por las leyes penales como delitos.
Sin duda alguna, con la aprobación y posterior entrada en vigor de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, México ratifica su compromiso de cumplir con los criterios internacionales en materia de sanciones penales para adolescentes, tales como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad, y las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, los cuales representan los fundamentos de la doctrina de protección integral de los derechos humanos de la infancia.
Con la aprobación de esta ley estamos propiciando que se incorporen al sistema procesal penal las mejores prácticas en lo que se refiere a los adolescentes en México, por ejemplo, los principios de mínima intervención, de responsabilidad, de justicia restaurativa, especialización, legalidad, aplicación de la ley más favorable, entre otros, los cuales convierten al ordenamiento referido en un instrumento vanguardista en materia de protección de derechos humanos y de debido proceso.
Además, no puede pasar inadvertido el hecho de que de la nueva norma se establece de manera clara la integridad que exige el nuevo modelo de justicia para los adolescentes, pues en la misma se establecen criterios sobre la aplicación de la ley a quienes se atribuye la participación en un delito y tengan entre 12 y 17 años de edad, por lo cual transitamos de un modelo tutelar a uno en el que los menores estén en posibilidad de asumir su responsabilidad frente a la comisión de conductas delictivas.
Por cuanto hace a la figura del internamiento, este sólo se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años de edad por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito.
Por otra parte, las personas menores de 12 años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un delito solo podrán ser sujetos de asistencia social. En este contexto es que estamos convencidos quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México que la creación de esta ley representa un verdadero cambio de paradigma que refuerza la concepción de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.
De igual forma, se garantiza el pleno respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución Política para toda persona, y en específico, aquellos derechos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los menores de edad.
Es por todo lo anterior que votaremos a favor del presente proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes, porque con ello se protege el interés superior del menor hacia lo que resulte más benéfico y conveniente para el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ochoa. Tiene ahora la palabra la diputada Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD, en pro, para hablar en pro.
La diputada María Cristina Teresa García Bravo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, los juicios penales para adolescentes en nuestro país se caracterizan por cometer formalismos caducos y obsoletos, que provocan entre otros la acumulación de expedientes y la violación sistemática de los derechos humanos contrarios a la Constitución y a la Convención de los Derechos de los Niños.
Solo para tener una idea del alcance de esta ley, será una alternativa para disminuir el número de adolescentes que se encuentran internados en los 56 centros de tratamiento que existen en las 32 entidades de la República, cuya cifra de población asciende a los 4 mil 734 entre los que se encuentran 4 mil 448 hombres y 286 mujeres.
De acuerdo con los datos que se encuentran en el informe especial sobre los centros de tratamiento interno para adolescentes que infringen las leyes penales emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de este universo de población, 1841 están sujetos a procedimiento, y 2 mil 893 cumplen una medida de tratamiento. Cuatro mil 438 de ellos se hallan internados por delitos del fuero común y 296 por delitos del fuero federal.
Estos elementos fueron los factores que hicieron necesario transitar de un sistema de justicia penal de corte tutelar a uno de corte acusatorio y plenamente garantista, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
Congruente con estos principios, nuestro Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática incluyó en su agenda legislativa el hacer accesible la justicia penal para todas y todos los adolescentes de este país, buscando profesionalizar la investigación de los hechos que señala la ley como delito; otorgándoles a las víctimas un papel preponderante en el procedimiento de justicia penal para adolescentes; sentando las bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias y las formas de terminación anticipada, así como establecer los procedimientos de ejecución de medidas de sanción y los relativos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución de las medidas.
Determinar los mecanismos de cumplimiento, sustitución y terminación de las medidas sancionadoras, lo que en esencia conforma el sistema integral de justicia para adolescentes establecido en el artículo 18 de la Constitución.
De ahí la importancia que para el Partido de la Revolución Democrática tiene el presente dictamen de votar a favor para expedir la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual regulará el proceso penal acusatorio y oral, donde se observará la garantía del debido proceso y se asegurarán los derechos humanos que tiene todo adolescente.
Sin duda, estamos conscientes de que con este dictamen en nuestro país habrá una transformación radical al sistema de justicia penal para adolescentes, con el fin de disminuir los altos índices de corrupción e impunidad que existen en la impartición de justicia. Sobre todo, los juicios serán más rápidos, transparentes y equitativos que los actuales.
Con este dictamen vamos a contribuir para que la federación y los estados cuenten con una ley nacional que estará armonizada con los artículos 1o. y 4o. constitucional y con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; lo que sin duda impactara en la administración y procuración de justicia para adolescentes con la capacitación de Ministerios Públicos, jueces especializados, magistrados, policías de investigaciones, defensores públicos y personal de los centros de internamiento para adolescentes en todo el país.
Por ello, compañeras diputadas y compañeros diputados, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del presente dictamen, porque estamos convencidas y convencidos de que el actual sistema de justicia para adolescentes permite que hoy exista un sinnúmero de adolescentes privados de su libertad. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada García. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en dictamen en lo general.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general. Se informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular varios artículos del dictamen. Pido a la Secretaría dé cuenta de ellos a la asamblea.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Los artículos 22, 46, 51, 55, 59, 75, 102, 164, 266 y décimo quinto transitorio.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: ¿Algún diputado, alguna diputada falta por votar? Por favor, adelante; todavía está abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 459 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se agrega al diputado Gustavo Cárdenas para que se registre. Está votando un poquito retrasadito, pero ya; a favor. Sería el 460. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 460 votos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ahora para la discusión en lo particular tiene la palabra la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos 22 y 46 del dictamen a discusión sobre justicia penal para adolescentes.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, señor presidente. El artículo 22 reservado contempla los principios que deberá observar todo proceso acusatorio y oral, por lo que es de suma importancia el adicionar a este precepto legal el principio de defensa e igualdad entre las partes.
Partiendo del punto de la defensa, que es un derecho inviolable en todo estado y grado de proceso, haciendo notar que corresponde a los jueces garantizarlos sin preferencias ni desigualdades, ya que la defensa en el proceso penal acusatorio consiste en servir de contrapeso de la imputación.
En relación a la igualdad entre las partes, significa mantener el equilibrio entre el poder coercitivo de la vindicta pública y el derecho de la defensa del acusado. Es decir, que exista una igualdad de armas reflejada en el respeto del acceso del acusado a su defensor en la oportunidad establecida en la ley, mismo respeto que debe ser observado en torno a la participación de la víctima y sus abogados.
Y por otro lado también quisiera, si es factible, nos permita presentar el argumento respecto al artículo 46.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Adelante, 46, sí.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: En este artículo, en el párrafo primero de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, se menciona que “las personas adolescentes durante la ejecución de la medida preventiva de la libertad o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Carta Magna, y asimismo de los previstos en tratados internacionales”. Sin embargo impera la necesidad de precisar que sólo la libertad y el ejercicio de derechos electorales, se verían suspendidos en función de la sentencia decretada, haciendo mención que a pesar de que se vean suspendidos en el ejercicio de dichos derechos, no impedirá que gocen del derecho a la salud, a la seguridad jurídica, así como un trato digno dentro de un marco de respeto y legal de sus derechos fundamentales. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene ahora la palabra el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos 51 y 55. Adelante, sí es una sola intervención. Vamos a ser flexibles con el manejo del cronómetro.
También se va a presentar propuesta de modificación en una sola intervención al artículo 75. Adelante, diputado. Sí, sí, yo mencioné los artículos 51, 55 y agregó el 75.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: No obstante que Morena votó a favor de esta ley, sé que si prestan un poco de atención van a entender que es importante también que estas reservas puedan pasar.
Diputadas, diputados, presidente de la Mesa, uno de los cambios negativos en la sociedad que se ha venido presentando en las últimas décadas, donde ya no sólo participan adultos en los delitos, sino que este mal social ha contaminado a nuestras niñas y niños.
Cada vez es más frecuente saber que participan menores de edad en actos ilícitos, pero esto no es un fenómeno aislado, estos jóvenes nacieron y crecieron en entornos violentos y discriminatorios con pocas oportunidades de desarrollo de los padres hacia sus hijos.
Luego entonces hay que reconocer que el Estado ha sido omiso y ha fallado en la eficiencia de políticas públicas para atender este mal, debiendo prever que existe entre los ciudadanos igualdad de oportunidades, ya que en muchas de las ocasiones por la necesidad económica ambos padres tienen que trabajar, dejando desprotegidos a los menores para, con grandes sacrificios cumplir con los gastos familiares.
El Estado no está respetando lo establecido en el artículo 4o en su párrafo noveno, décimo y décimo primero de nuestra Carta Magna. Nuestro grupo parlamentario trabaja para diseñar políticas públicas eficientes que brindan alternativas de cuidado infantil y al adolescente orientadas a familias de escasos recursos con el propósito de que puedan contar con una estabilidad laboral.
Con esta ley México trata de avanzar en materia de derechos humanos para los adolescentes. No obstante no sólo el trabajo del Estado es controlar a esta población con sanciones que busquen respetar los tratados internacionales suscritos por México, estos mismos tratados los debemos respetar trabajando por los derechos de los niños y las niñas antes mencionados, así como sus jóvenes, al mejorar las condiciones de vida de sus familias.
El Grupo Parlamentario de Morena está a favor del dictamen que se discute en este momento, debido a que establece la reinserción de los menores infractores a sus familias.
En un estudio que realiza la maestra Elena Azaola, antropóloga e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, menciona que en México aproximadamente 5 mil niños y adolescentes se encuentran internados por delincuencia, otros 16 mil cometieron otra serie de delitos equivalente a una pena y que reciben tratamientos, han vivido de una u otra manera el acumulamiento de violaciones a sus derechos humanos.
También menciona la maestra que la mayoría se salieron de su casa en un porcentaje de un 22 por ciento, no conocieron a sus padres otro 35 por ciento, 22 de ellos por homicidio o delitos contra la salud, 19 por ciento por secuestro, 15 por ciento por robo de vehículo y delincuencia organizada.
En las reservas que estamos haciendo al artículo 51, en su párrafo segundo, estamos anexando que el Estado tendrá la obligación de garantizar el acceso al nivel educativo que le corresponda o al que se requiera de acuerdo al último grado de estudios comprobable que tenga el menor.
En el artículo 55 estamos agregando, después del segundo párrafo, que el centro de internamiento proveerá de información adecuada y medidas de control natal, toda vez que se habla de recibir visita íntima, con el objeto de educar a los adolescentes internos en el sistema integral de justicia para ejercer una vida sexual y reproductiva responsable.
En el artículo 75 estamos agregando que quienes sean los consultores técnicos y peritos deberán contar con cédula profesional emitida por la autoridad competente en nuestro país.
Si en realidad tenemos ese compromiso de poder contribuir a poder tener jóvenes que estén libres de centros de integración, receptorías juveniles, que no estén al asecho de la delincuencia, se tiene que aprobar estas mejoras.
Aquí no venimos a cabildear políticamente qué es lo mejor o qué conviene entre los partidos, sino es pensar en la ciudadanía; es pensar en esos jóvenes, que muchos de ellos están lamentablemente encerrados. Entonces, si realmente queremos tener políticas públicas que puedan servir para recomponer el tejido social, no deben de rechazar estas propuestas.
Lo contrario sería, entonces, una simulación en donde hay que reconocer que se ha fallado en las políticas públicas de este gobierno de Enrique Peña Nieto y los anteriores, porque si vamos a la calificación y a la aceptación que tiene la ciudadanía a la percepción del presidente de la República, él tendría que renunciar porque está reprobado. Solamente el 3.5 por ciento de la población está a favor de que el presidente continúe en su mandato.
Entonces, luego entonces tendríamos que analizar de manera muy perfecta y muy concienzuda que el Estado ha sido omiso a atender a los jóvenes para evitar que caigan en los brazos de la delincuencia. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Juárez. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admiten a discusión.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene el uso de la palabra la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos 59 y décimo quinto transitorio.
La diputada Araceli Damián González: Alto a la represión al magisterio y libertad a los presos políticos. Compañeras y compañeros diputados, la aprobación de proyecto de decreto que expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes representa un avance en materia de los derechos humanos, sin embargo es aún criminalizante y deja a los menores con penas larguísimas de hasta 40 y 50 años, cuando participan en delitos graves.
Esto que se propone va en concordancia con el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que estipula que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y el Estado.
A pesar de esto, el Estado mexicano mantiene una deuda con los derechos de la niñez, pues la situación generalizada de impunidad y violencia afecta de manera particular a niñas, niños y personas jóvenes.
Como evidencia tenemos los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que indican que de 2006 a 2014, 30 por ciento de las desapariciones se dan entre los menores de edad.
Queremos primero proponer que se considere en el texto del artículo Décimo Quinto, que todo, digamos, para... perdón, es de primordial importancia garantizar el derecho humano al debido proceso y los derechos de las víctimas. En tal sentido, el Estado mexicano tiene obligación de proteger, promover y respetar los derechos de los pueblos indígenas.
Por tal motivo, proponemos que siempre haya, que se garantice el acceso a traductores de todas las lenguas indígenas nacionales que existen en el país, medida que debe ser priorizada para hacer efectiva la protección de los derechos al debido proceso.
En segundo lugar, propongo que en el artículo 59, en materia de derechos de las víctimas, las instancias de procuración de justicia otorguen especial atención a las víctimas de delito de desaparición forzada de personas, ejecutando mecanismos de búsqueda inmediata durante las primeras 24 horas posteriores a la recepción del reporte de desaparición, como lo establecen los actuales protocolos.
Lo antes expuesto permitirá que el Poder Legislativo favorezca la protección más amplia de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Damián. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Tiene ahora la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 102. ¿Diputado Llerenas? Estaba muy atento ahí con la diputada Ochoa.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias. Con el permiso del diputado presidente. Vuelvo a tratar el tema que plantee en la discusión de la legislación anterior, en donde en este caso, en el caso de justicia para adolescentes, por fortuna se rechazó la idea que venía en la propuesta original de que hubiera una especie de cortes de drogas en materia de justicia para adolescentes.
Aunque se deja dentro de los condicionantes que se establecen para supuestos de libertad anticipada y en el tiempo que un joven estaría en una condición de que se revise su desempeño, que hay un artículo 102 en que entre las condiciones está un numeral 5 que dice, abstenerse de consumir drogas o estupefacientes o de abusar de las bebidas alcohólicas.
Volvemos a lo mismo, hay una idea criminalizadora de que una persona que consume drogas por hacerlo es un peligro para la sociedad, comete un delito, no es un delito consumirlas, hay otros delitos relacionados con la misma, por cierto, parece que no fue tan urgente el tema de descriminalizar el consumo de la marihuana en México, pero creo yo que no es adecuado que dentro de las condiciones que se establezcan para este tipo de prelibertades que esté el obligar a que no pueda haber un consumo en las mismas, porque además esto implicaría que va a haber algunas pruebas de antidoping y este tipo de ejercicios que en general se prestan a abusos.
A mí me parece que el abstenerse a consumir drogas o estupefacientes no tiene que ser considerado como un requisito que tiene que asumir una persona que está en una prelibertad y que por el contrario, es una violación a sus derechos humanos.
Hay varias sentencias de la Corte que ya han establecido que las disposiciones que establecen la obligatoriedad de mostrar que no se ha consumido algún estupefaciente, en realidad violan los derechos humanos de las personas.
En este sentido, propongo a esta asamblea que en el artículo 102 se elimine el numeral quinto, que dice, abstenerse de consumir drogas o estupefacientes. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Llerenas. En votación económica consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Y tiene ahora la palabra la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 164.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Con su venia, diputado presidente. Resulta por demás absurdo que en lugar de proponer medidas, planes y programas que fortalezcan el ejercicio de las juventudes libres, en el dictamen que hoy se discute nuevamente trate de criminalizar a los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 de edad.
Si a lo anterior añadimos la falta de trabajo, la muy precaria oferta educativa del país que padecen millones de jóvenes de escasos recursos, la ausencia de directrices de desarrollo personal y social, así como la emigración, la delincuencia y otros muchos factores exógenos, por lo demás inevitable pensar que ese sector de la población ha sido colocado por los malos gobiernos en una condición de sobrevivencia particularmente precaria.
Lo anterior viene a colación toda vez que el artículo 164, inciso c) señala que para los efectos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes podrá ser aplicado el internamiento en caso de terrorismo, en términos del Código Penal Federal.
En ese contexto, la criminalización y riesgo que padecen los jóvenes del país es como el de la criminalización que se está dando a los maestros, a los que se les ha reprimido, asesinado y encarcelado; resultado por demás de una medida fascista que esta soberanía, en caso de votar a favor, adoptará en contra de nuestros jóvenes.
Por lo tanto, resulta preocupante que el principal ofrecimiento formulado por el actual gobierno federal a este sector sea que se incorpore a las leyes que comprenden el sistema penal nacional la figura de terrorismo en los jóvenes, remitiéndose solo a señalar que se estará a lo dispuesto por el Código Penal Federal, contraviniendo con ello la naturaleza de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que se discute.
En razón de lo anterior, se propone suprimir el inciso c) del artículo 164 del dictamen en discusión; en virtud de que el trato que se pretende dar a los jóvenes mayores de 14 y menores de 18 será como el de adultos, sin pensar en su reinserción social, en su propio beneficio. No criminalicemos a nuestros jóvenes. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Cuata. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos de dictamen. Por último, tiene ahora la palabra el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo 266.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la adolescencias es una de las etapas más difíciles por las que cruza un ser humano. Esto es por todos los cambios que se dan a nivel físico y mental. Y si a eso le sumamos el vivir en un entorno violento, con falta de apoyo, carencias, familias desintegradas, violencia intrafamiliar, pobreza, marginación y desinformación, hace que los adolescentes se conviertan en personas altamente vulnerables para ser enganchados por las mafias para delinquir, aprovechando su situación y su necesidad.
En 2014, alrededor de 14 mil niños mexicanos, la mayoría entre 12 y menores de 18 años, no acompañados, fueron aprehendidos en la frontera, todos con la intención de llegar a Estados Unidos, sus principales motivos, según comentan ellos mismos, fueron la violencia en sus estados o comunidades y la violencia sobre todo familiar. De acuerdo con el estudio Niñez y Migración, en Centro y Norteamérica el 48 por ciento de los chicos entrevistados mencionó haber sufrido alguna clase de violencia criminal, el 11 por ciento había sufrido violencia social, así como abusos familiares; mientras que el 58 por ciento dijo que la principal razón para huir fue para conseguir protección internacional.
En México, compañeros, los adolescentes son el principal blanco para los tratantes de personas. Jóvenes de entre 12 y 18 años víctimas de abuso, violencia familiar y violencia de género son altamente vulnerables para caer en las redes de tratantes de personas que aprovechan la situación de necesidad por la que están pasando estos adolescentes para engancharlos. De acuerdo a la ONU, en México el número de personas víctimas de trata en 2014 aumentó en 104 por ciento, donde el 23.2 por ciento son niñas y los niños pasaron de ocho a 22 por ciento. Actualmente una de cada tres víctimas de trata es menor de edad.
Por lo antes expuesto propongo agregar el numeral 6 al artículo 266, que habla de la función preventiva de la comunidad, estableciendo centros especializados en la prevención de temas de trata de personas, violencia de género y violencia familiar, que respalden, atiendan y orienten de manera integral a los adolescentes y a sus familias. Esto, compañeros, porque creo firmemente que los adolescentes son los adultos que el día de mañana pueden hacer la diferencia en nuestro país y que muchos de los errores que cometen son a consecuencia de la violencia que estamos viviendo.
Por todo esto propongo que pongamos especial atención en los programas preventivos para lograr orientarlos y apoyarlos, evitando así la reinserción y que el día de mañana se conviertan en adultos productivos y no en una estadística más de la delincuencia. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ralis. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 22, 46, 51, 55, 59, 75, 102, 164, 266 y décimo quinto transitorio, en términos del dictamen.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos antes mencionados en términos del dictamen.
(Votación)
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: ¿Algún diputado, alguna diputada falta? Muy bien. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron a favor 388 votos, en contra 57.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 388 votos. Y por lo tanto aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Y como ya la fundamentación se hizo en un solo acto al inicio de la discusión de los tres dictámenes por el presidente de la Comisión de Justicia, está a discusión en lo general. Y ya tenemos integrada una lista con diputadas y diputados para presentar sus posicionamientos de los respectivos grupos parlamentarios. Y por lo tanto tiene la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Las intervenciones serán hasta por cinco minutos.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Un país que sustenta las estructuras de procuración de justicia, de administración de la misma en la verdad para darle a cada quien lo que le pertenece, es un país que sin duda se va a desarrollar y va a velar por los ciudadanos como es el anhelo en México, hoy, del sector social, del sector productivo organizado, de los reclamos de este sector tan importante para la vida económica del país. En suma, es una nación que tendrá futuros, siempre, alentadores. Y el día de hoy precisamente para el Partido Encuentro Social, es un momento de apoyo total a esta iniciativa que hoy se toca, que hoy se discute, que en su caso se aprobará con el voto de las diputadas y los diputados, es un tema estratégico. Hablar de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es motivo para hacer reflexiones de diversa índole.
Sin embargo, hoy solamente para que tengamos una idea amigas diputadas y diputados, el lavado de dinero que realiza la delincuencia organizada en México y Estados Unidos alcanza los 29 mil millones de dólares al año, es decir, 551 mil millones de pesos que son aproximadamente, si hablamos de 4.7 millones de presupuesto federal, estamos hablando de aproximadamente el 11 por ciento de este presupuesto de gasto público federal. Una cantidad significante.
La falta de un marco jurídico acorde a los nuevos retos permitía que México no combatiera este flagelo con todo el peso de la ley, es una realidad, es irónico que la dispersión de leyes en la materia eran un aliado para la delincuencia organizada, es decir, el desorden jurídico en este país se convierte en un aliado para la delincuencia organizada, por hoy es un día especial.
Le estamos dando integralidad al ataque a este flagelo. Es un día tan importante para todos nosotros que por supuesto iremos a favor. Es un punto importante para la vida del país.
Este proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada contempla diversos elementos, sólo menciono algunos de ellos que actualmente están dispersos en el marco jurídico, y que a partir de ahora con el voto de todos nosotros será una precisión jurídica y por tanto, una certeza.
Por ejemplo, la infiltración de agentes en investigaciones. Se les conserva, precisamente, la reserva de su identidad con un enfoque integral, con un enfoque que les permita a ellos tener la certeza de que están protegidos en su comisión.
Un nuevo catálogo es otro concepto, de técnicas de investigación que Hacienda audite a personas físicas y morales a petición del ministerio público e informe de inmediato los resultados de esta incautación de bienes, reserva de identidad para testigos, penas más severas para delitos vinculados a delincuencia organizada, narcomenudeo, contrabando y equiparables, contrabando de animales y en peligro de extinción, contrabando de hidrocarburos y falsificación de moneda, y por supuesto se armoniza el delito de tráfico de personas a como lo establece la Ley de Migración.
Son aspectos importantes de lo que hoy vamos a votar en esta iniciativa. Y que todo este marco jurídico, hay que reconocerlo, hay que decirlo, tomó como eje la Convención de Palermo, donde se acordaron medidas internacionales para investigar, perseguir y castigar los delitos derivados del crimen organizado, criterios internacionales. Homologar este marco en ese concepto es destacable y por supuesto también lo que dice su consejero, el doctor Edgardo Buscaglia, consultor de la ONU en la materia.
Estas iniciativas sirven para acabar con políticas aisladas, desvinculadas unas de otras, si conexión, y que han permitido pocos o nulos medios de reacción contra la delincuencia organizada.
Es decir, compañeras y compañeros, se termina el tiempo, es de verdad para Encuentro Social un privilegio apoyar esta iniciativa y por supuesto que será ya en manos de los entes públicos y de la sociedad observarla cabalmente. Muchas gracias Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Guízar. Tiene ahora la palabra la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Angélica Reyes Ávila: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el respeto al Estado de derecho debe ser la base del sostenimiento de un país. Con ese principio rector en Nueva Alianza creemos que para alcanzar la plena seguridad jurídica es necesario adaptar a nuestro tiempo las leyes, reglas y normas que rigen a la sociedad.
En ese sentido, los diputados de Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen, que tiene por objeto armonizar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con las modificaciones hechas a la Constitución, al pasar de un sistema penal mixto inquisitivo a uno de corte acusatorio y oral.
Sin duda, uno de los problemas más graves que afronta nuestro país es la crisis de seguridad y violencia causada por organizaciones criminales, las cuales mantienen en estado de zozobra a nuestra sociedad.
El narcotráfico, la extorsión, el robo y el secuestro son fenómenos cada vez más frecuentes y generan inestabilidad y miedo entre los ciudadanos. Hacer frente al problema y contener el delito requiere un sistema de justicia que cuente con más y mejores mecanismos para lograr la detención y encarcelamiento de los criminales.
El dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia busca dotar al marco jurídico vigente de los mecanismos necesarios para hacer frente a la delincuencia organizada, al ampliar el Catálogo Regulatorio de Delitos algunos de los cuales hasta la actualidad estaban siendo omitidos, además de aplicar sanciones más severas como en los casos de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, la trata de personas, el secuestro y al robo de hidrocarburos.
Incorpora también el delito de uso de monedas falsificadas, identificado como una nueva modalidad de las organizaciones criminales. Además tipifica como delincuencia organizada la conducta de quienes preparen con dos o más personas la comisión de un delito.
Combatir el delito y la impunidad es una labor que con frecuencia se ve limitada por falta de pruebas, lo que deja a las víctimas y a la sociedad en un estado de impotencia al ver que los delincuentes son puestos en libertad sin haber cumplido sus sentencias.
En ese sentido, el dictamen enriquece y amplía el Catálogo de Técnicas Especiales de Investigación que pueden utilizarse para acreditar la culpabilidad en la comisión de un delito, entre ellas el recabar información en lugares públicos mediante cualquier herramienta o instrumento para la generación de inteligencia. De esta manera se permite utilizar cuentas simuladas, sean bancarias, financieras; vigilancia electrónica; seguimiento de personas, así como la colaboración de informantes.
Asimismo, establecen reglas específicas para la intervención de comunicaciones privadas, aseguramiento de bienes susceptibles de decomiso y para la colaboración, investigación y persecución de estos delitos.
Si bien la figura de infiltración de agentes en las organizaciones delictivas ya se contempla en la ley, con las reformas se establecen mecanismos de protección que garanticen la protección a la vida y a la integridad de los agentes que participen en una operación encubierta. De igual manera, se consagra que ninguna persona podrá ser obligada a actuar como agente infiltrado.
En cuanto a las sanciones, se prevén castigos más severos para quien, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva, participe activamente de modo intencional en acciones ilícitas.
Compañeras y compañeros diputados, la lucha contra el crimen organizado plantea nuevos retos que debemos asumir para alcanzar el bienestar general de nuestra sociedad.
En Nueva Alianza apoyamos que se apliquen mejores mecanismos para combatir este flagelo que tanto daña el tejido social y la estabilidad de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Reyes. Tiene ahora la palabra el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeros. Al igual que ustedes, llevo aquí poco más de nueve meses, es mi primera vez y debo confesarles que es frustrante, me lo dice a cada rato el más severo de los jueces, que es la consciencia, es frustrante legislar y legislar y ver que las leyes no se cumplen, no se aplican, o se cumplen mal.
Es espeluznante ver el bajísimo nivel de cultura de legalidad que se tiene en este país, tanto en el promedio de la sociedad, como en las instituciones que de ella emanan, tanto las públicas como las privadas. Esta falta de cultura de legalidad toma una particular gravedad en el caso de la delincuencia organizada, este terrible flagelo que asuela a México desde hace muchos años y que ha cambiado radicalmente nuestras vidas, porque amigos, amigas, los mexicanos tenemos miedo.
Acuérdense que los colombianos dicen que seguridad es el derecho a vivir sin miedo. Pues en México no tenemos seguridad, porque hemos vivido con miedo desde hace mucho tiempo, merced al crimen organizado.
Hace rato, tratando de encontrar palabras de cómo explicar esto, me acordé de la mitología griega, de un monstruo de la Hidra de Lerna, un monstruo de siete cabezas o de nueve o de 100, según la versión de Hesíodo, que cada vez que se le cortaba una salían tres o más. Bueno, así es el crimen organizado, cada vez que se arresta un capo, pues se detiene una banda, se reproducen sin medida y aquí los tenemos encima de nosotros.
Vamos a votar a favor en Movimiento Ciudadano de esta ley, que mejora el marco legislativo. Es una ley que va en contra de la delincuencia organizada y que ahora se adapta al nuevo sistema de justicia, incluye conceptos como narcomenudeo, falsificación de moneda y demás, no voy a redundar.
Pero es importante, amigos, amigas, que al tiempo que legislamos en esta Cámara de Diputados, también veamos la realidad de la escasa cultura de la legalidad y del débil Estado de derecho que tenemos, que al tiempo que emitimos leyes y las aprobamos y las publicamos también invitemos, supliquemos, exhortemos, exijamos al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial que las cumplan con cabalidad, porque es lo que México necesita en este momento en que está perdiendo su integridad, su soberanía, su libertad y su paz merced al crimen organizado.
Volviendo a la mitología, que finalmente es una hermosa e inteligente metáfora de la vida, Hércules encontró una manera de derrotar a la Hidra de Lerna, la estudió, vio sus puntos débiles y cuando finalmente se enfrentó a ella, se tapó la boca, se tapó la nariz, porque este monstruo emitía un aliento venenoso que destruía a sus víctimas, y así Hércules defendiéndose de su enemigo pudo cortar sus cabezas una a una y después quemar el muñón con una tela ardiente, así fue como venció el bien sobre el mal.
Pues bien, amigos, yo, al tiempo que anuncio el voto a favor, los invito a exhortar, a insistir, a presionar para que se cumpla a cabalidad esta ley y sirva de instrumento para evitar este flagelo que tanto nos agobia a los mexicanos.
Creo que es momento de decir también, que así como exhortamos al Poder Ejecutivo a que con ese instrumento legal y los demás que existen y están en vigor enfrente a los criminales, también enfrente a los dos grandes pilares que sostienen al crimen organizado y a los que la actual administración y las anteriores no han hecho nada, que son el pilar político, la protección institucional que se da desde los tres niveles del gobierno, desde los tres poderes y desde todos los partidos, y también ataque el pilar financiero, el pilar de esa gente que maneja la inconmensurable riqueza de estos criminales sin ningún problema, sin un obstáculo y con toda libertad. Es tanto, lo que tengo que decir, gracias. Buenas tardes.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Tamez. Tiene ahora la palabra la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Ernestina Godoy Ramos: Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros, acudo a esta tribuna a nombre del Grupo Parlamentario de Morena para manifestar nuestra postura con respecto al dictamen de la Comisión de Justicia a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
En primer lugar, quiero señalar que nuestro grupo parlamentario insistió en el seno de la comisión dictaminadora, en la necesidad de adecuar la definición de delincuencia organizada, contenida en el primer párrafo del artículo 2, a efecto de armonizarla con la establecida por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus protocolos, suscrita en Palermo, y con ello cumplir las recomendaciones que le ha hecho al Estado mexicano el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Propusimos incorporar una definición precisa que incluyera que dichas conductas delictivas tienen el propósito de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material, tal y como lo establece la condición de Palermo.
Esto con el objeto de contar con un instrumento que combata la delincuencia organizada en todas sus formas, para que la ley sea un instrumento eficaz contra el crimen muchas veces asociado al poder político, empresarial, policiaco y militar.
Pero con esta adecuación también buscamos una ley que no se utilice para aplastar protestas sociales, para reprimir y encarcelar a los disidentes como medio de contención social y forma de pacificación social.
Lamentablemente, la Comisión de Justicia desaprovechó la oportunidad de armonizar la ley con los instrumentos internacionales de los cuales México es parte. No solo desaprovechó la oportunidad de corregir una definición inadecuada de la delincuencia organizada, también abona al establecimiento de un Estado policiaco, con posibilidades casi ilimitadas de inmiscuirse en el ámbito privado de las personas.
Con esta reforma la Procuraduría podrá solicitar la intervención de todo tipo de comunicaciones por cualquier medio, por teléfono, por WhatsApp, sin obligación de hacerlo con requisitos muy estrictos ni señalar los indicios que hagan presumir fundadamente la relación con los delitos que se investigan.
Por esta razón, nuestro grupo parlamentario no puede acompañar con su voto este dictamen. Claro que estamos a favor del combate a la delincuencia organizada. Claro que estamos en contra del crimen organizado, pero no vamos a darle instrumentos a un gobierno incapaz, soberbio y corrupto para encarcelar a sus opositores, a los que se atreven a inconformarse con el consenso de una casta política caduca representada en el Pacto contra México.
Morena, al igual que millones de mexicanos no confiamos en el gobierno de Peña Nieto ni en sus funcionarios responsables de investigar los delitos. Ha quedado demostrado su poco compromiso con la justicia y la búsqueda de la verdad. Fabrican pruebas, encubren y omiten sus obligaciones para encuadrar mentiras históricas, como el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón.
Plantan armas para proteger los negocios de OHL con Peña Nieto y sus funcionarios. Fabrican causas judiciales en contra de dirigentes sociales, exculpan a sus socios preferidos del corrupto Partido Verde. Y Arturo Escobar seguirá violando la ley, porque se sabe impune. El imperio de la corrupción de los Gamboa Patrón o los Yunes seguirán impunes, porque son parte de la familia política. Y ya mejor ni hablamos Higa, sus paraísos fiscales y la Casa Blanca.
Compañeras y compañeros, Morena no va a acompañar nunca a un gobierno poseído con el espíritu de Díaz Ordaz, cuya única respuesta a las protestas sociales es la fuerza pública y las cárceles. Parece que no aprendieron nada. México ya vivió las consecuencias de la cerrazón y el autoritarismo.
Por ello, nuestro voto es en contra de este proyecto, que mantiene una peligrosa ambigüedad para aplicarse como instrumento represivo en contra de aquellos que se inconforman y luchan en contra de las decisiones de esta clase política caduca, quien apuesta a pacificar y acabar las propuestas sociales aplicando esta ley a los dirigentes de los maestros muestra una ignorancia terrible, que solo agrava el conflicto social, político y económica generado por una mala reforma que casi nada tiene que ver con la educación.
Concluyo señalando que Morena reivindica la educación pública como herramienta de emancipación social, como espacio de libertad, de aprendizaje y de encuentro con el conocimiento científico, la diversidad, las artes y la cultura universal.
Su reforma está muy lejos de interesarse por la educación o por combatir la corrupción y los privilegios de una mafia sindical intocada, que hasta partido político tiene y es su ferviente socio electoral.
La educación es un tema que nos convoca a luchar y a mostrar nuestra solidaridad con los que luchan por defender la educación pública. Morena exige el cese de la represión y la liberación inmediata de los maestros presos que, quieran o no, son presos políticos de Enrique Peña Nieto. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Godoy. Sonido ahí en la curul de la diputada Rocío Nahle, nada más. No sé con qué propósito, pero le recuerdo que estamos en la etapa de posicionamiento de los grupos parlamentarios en relación del dictamen de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Entonces, sonido ahí en la curul de la diputada Nahle, por favor. ¿Con qué propósito, diputada?
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Sí, presidente, nada más es un exhorto sobre este dictamen. La descripción que dan de delincuencia organizada no se acata con la declaración que instruyó el Acuerdo de Palermo. Es un exhorto para que antes de que entremos a votación, los demás grupos parlamentarios tengan la voluntad de poder cambiar la descripción de delincuencia organizada, si no cualquier movimiento lo van a tomar como delincuencia organizada. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En la fase de las reservas, con todo respeto, pues sugiero que ahí se puedan incorporar, y en lo posible ojalá y se pueda dialogar y ver si se puede lograr un consenso en este sentido. Se registra desde luego lo que ha planteado la diputada Rocío Nahle.
Tiene ahora la palabra, la diputada Lia Limón García, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
La diputada Lia Limón García: Con su venia, diputado presidente. Quiero decir que este proyecto de ningún modo es un proyecto ambiguo. Este proyecto es un proyecto que busca armonizar nuestra legislación con el nuevo sistema de justicia penal. Es un proyecto que busca también dar herramientas a las autoridades encargadas de investigar delitos en los que participa la delincuencia organizada, a fin de que las investigaciones sean más eficaces.
Es un proyecto, no solo que se ajusta a la definición establecida en la Convención de Palermo, contrario a lo que aquí se ha dicho, sino que además es un proyecto que se ajusta a todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los que México es parte, además de ajustarse también a nuestra Constitución.
El modelo rector en todo el país para el sistema de justicia penal es acusatorio y oral y será aplicable en todo el país en su totalidad en los próximos días. Este sistema no es exclusivo para el procesamiento de delitos comunes, sino que se hace extensivo para los delitos cometidos bajo el régimen de delincuencia organizada. Al respecto, la reforma constitucional de 2008 estableció algunas previsiones especiales para las personas procesadas o sentenciadas por delitos cometidos bajo el régimen de delincuencia organizada.
Por lo tanto, la minuta que estamos aquí discutiendo, no solo tiene por objeto armonizar la persecución y sanción de delitos de alto impacto con el nuevo sistema de justicia penal, sino que además contempla la incorporación de nuevas conductas calificables como delincuencia organizada tales como el uso, a sabiendas, de moneda falsificada, del agravio a los derechos de autor y el contrabando.
Además, la minuta precisa las facultades y procedimientos especializados para poder desarticular al crimen organizado, así como la coordinación entre policías y con otras autoridades como la Secretaría de Hacienda, fundamental para poder avanzar en el tema de sancionar la delincuencia organizada no solo desde la parte penal, sino también en lo que se vincula a la cuestión financiera.
Como aspectos centrales de esa ley están los siguientes:
Primero. El procedimiento penal para el régimen de delincuencia organizada será acusatorio y oral, acorde con este nuevo régimen que estamos adoptando y cuyo plazo concluye esta misma semana.
Se garantiza a los imputados el derecho a un debido proceso el cual se regirá por los principios del procedimiento penal, fundamentalmente los relacionados con la concentración, la continuidad, la inmediación y la contradicción, y además dentro de un sistema de audiencias. Esto, acorde y en absoluto respeto a los derechos humanos.
Se establece la posibilidad también de restringir la publicidad de las audiencias ponderando la seguridad de las víctimas u ofendidos. Se dota al Ministerio Público de más y mejores técnicas de investigación –como ya lo mencionaba– a fin de garantizar el éxito de las mismas, esperando que con ello se logre avanzar en sancionar a personas que hubieran cometido delitos vinculados con la delincuencia organizada.
Se faculta al Ministerio Púbico de la Federación para emplear instrumentos extraordinarios para la obtención de información y en su caso medios de prueba, aunado a que se le faculte para apoyarse en el criterio de oportunidad, a fin de alcanzar el éxito de la investigación, con absoluto respeto a los principios establecidos en nuestra Constitución.
También se crean incentivos para las personas que colaboren eficazmente en alguna de estas investigaciones, por lo que se precisan los mecanismos en materia de cooperación eficaz de un integrante de la delincuencia organizada con la investigación del delito, a quien se le podrá reducir la pena si aporta información útil para la investigación.
Los sentenciados, además, por delincuencia organizada no tendrán derecho a los beneficios de libertades anticipadas establecidos en la ley que aprobamos anteriormente. Se establecen mejores reglas de coordinación con autoridades del sistema financiero –como ya lo mencioné– para que se pueda obtener información y documentación que resulte conducente para determinar la responsabilidad penal.
En fin, estos son algunos de los elementos que hacen que esta legislación sea una legislación que permita a las autoridades actuar con mayor eficacia cuando de delincuencia organizada se trata, y en beneficio y para la protección de todos los ciudadanos de nuestro país.
Por eso el Partido Verde votará a favor de este dictamen, porque sin duda alguna es un dictamen que guarda un equilibrio entre las reglas del debido proceso y el procesamiento y el combate al régimen de delincuencia organizada. Y también hay que decirlo, porque busca la armonización que permita la efectiva implementación de nuestro Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Limón. Tiene ahora la palabra el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD. Le aplauden con mucho desgano al diputado Santana.
El diputado Arturo Santana Alfaro: Porque ya están algunos cansados, diputado presidente. Ah, no; perfecto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Luego, luego, los valientes, mujeres y hombres, salieron a decir que ni maiz. Adelante, diputado.
El diputado Arturo Santana Alfaro : Claro que sí, diputado. Con su venia, diputado presidente; compañeras y compañeros legisladores, quizás la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada sea el instrumento legal más importante en todo este entramado de leyes de la Miscelánea Penal que vamos a aprobar el día de hoy y los que aprobamos en el pasado periodo ordinario de sesiones.
Quiero aprovechar para agradecerle al presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Álvaro Ibarra, por la sensibilidad con la que ha tomado estos trabajos de la Miscelánea Penal.
En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos convencidos de que con la entrada en vigencia de estas reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, las autoridades correspondientes contarán con instrumentos legales más claros y precisos para poder combatir a los delincuentes que forman parte de esta denominada delincuencia organizada, que son infractores de las leyes de nuestro país, adecuándose con ello al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Es de destacar que en estas reformas se crea la figura de los agentes infiltrados con la finalidad de investigación dentro de los grupos del crimen organizado.
En el Grupo Parlamentario del PRD, estamos convencidos que sólo conociendo el origen y quiénes integran el grupo organizado, se podrá desmantelar o extinguir los mismos, pero también haremos un cuidado minucioso de la implementación de esta figura, y en las mesas que estaremos implementando para ver el desarrollo de este entramado de leyes de la Miscelánea Penal, estaremos dándole especial vigilancia a esta figura para revisar y verificar su funcionamiento.
Sin embargo, valdría la pena también definir en el futuro quiénes serán los servidores públicos que podrán realizar estas actividades estando conscientes del peligro latente en el que estarán inmersos los mismos al estar infiltrados o en encubierto.
Por lo tanto se establece la posibilidad de que a los agentes encubiertos se les asigne una nueva identidad a fin de garantizar la protección a la vida y la integridad de las personas y sus familias
Asimismo se amplía el catálogo de delitos como el uso de monedas falsificadas a sabiendas, pues actualmente es una de las nuevas conductas que tienen como objetivo y fin las organizaciones criminales en el país.
De igual forma, se incluye al contrabando y su equiparable, dado que es una de las conductas que afectan en mayor medida la economía nacional y de la que han hecho uso las organizaciones delictivas de manera cotidiana.
Por otra parte, se tipifica la conducta de narcomenudeo que es la principal causa de violencia en México, provocando entre ocho a 10 mil muertes al año. Sabemos que es el último eslabón de la cadena del narcotráfico, y tendremos mucho cuidado en el tema, será otro de los temas en los que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estará pendiente para que no haya un abuso desmedido en la aplicación de esta figura delictiva como delincuencia organizada.
De igual forma se amplía el catálogo de técnicas especiales de investigación que puede utilizar el ministerio público en la indagatoria y persecución de la delincuencia organizada, entre ellas recabar información en lugares públicos mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta necesaria para la generación de inteligencia.
Asimismo se precisan reglas específicas para la intervención de comunicaciones privadas, aseguramiento de bienes susceptibles de decomiso y para la colaboración e investigación y persecución de esos delitos.
Por otra parte se prevé que para reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada, el imputado o sentenciado sea destinado a centros especiales, con la finalidad de contar con las medidas se seguridad e instalaciones necesarias para su protección integral y la disminución de riesgos de fuga.
En atención al principio constitucional de la asequibilidad en la imposición de las penas los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, trata de personas y el secuestro se tratarán con una sanción más severa. Sabemos que hoy en día el fenómeno de trata de personas es uno de los delitos que más lastiman a los ciudadanos de este país.
Con el aumento de las penas avanzaremos sin duda en el combate en contra de aquellas personas que trasgreden el derecho fundamental a la libertad, consagrado en nuestra Carta Magna, de aquellas personas que son víctimas de este delito, que no es más que la esclavitud de la era moderna.
Asimismo, se contempla sancionar con pena de prisión de 4 a 8 años y de 2 mil a 3 mil unidades de medida, así como la destitución e inhabilitación para desempeñar cargo o comisión en el servicio público hasta por el mismo plazo de la pena de prisión impuesta al servidor público que resulte responsable.
No podemos permitir que nuestras instituciones tengan dentro de sus filas a autoridades que se vendan a la delincuencia organizada, sino por el contrario. Necesitamos contar con funcionarios más preparados y dispuestos a trabajar por el bien de la ciudadanía y combatir todo aquello que la daña.
Es por todo lo anterior que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen, porque estamos conscientes de la necesidad de dotar de los mecanismos necesarios para combatir desde el marco legal a la delincuencia organizada.
Cabe hacer un reconocimiento a todos aquellos que aportaron a lo largo de estos ocho años sus conocimientos y experiencias para la elaboración de este importante cuerpo de leyes, que indudablemente colocarán a nuestro país a la vanguardia con la aplicación del nuevo sistema de justicia penal.
No quiero omitir, compañeras y compañeros, que toda ley es perfectible. No tenemos ley perfecta en este país; pero, como lo hemos establecido aquí, se crearan mesas de trabajo para revisar puntualmente cada uno de los ordenamientos que el día de hoy estamos aprobando y hacer las correcciones en específico que sean necesarias. Es cuanto, diputado presidente. Es cuanto, compañeras legisladoras y compañeros legisladores.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Santana. Tiene ahora la palabra el diputado Apolinar Casillas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez: Muy buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Cuando el Constituyente reformó el texto de nuestra Ley Fundamental para establecer en México el sistema penal acusatorio, en junio de 2008, una de las determinaciones que tomó a efecto de generar un contexto normativo armónico en el desarrollo del nuevo esquema, fue el mandato para actualizar el régimen de prevención y combate al fenómeno conocido como delincuencia organizada.
Dicha decisión fue necesaria para garantizar que el nuevo contexto acusatorio y adversarial fuese compatible con el régimen especial, obligado tanto por el marco convencional como por la propia Constitución, en materia de combate al crimen organizado.
Recordemos que la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de hace 20 años, y que ha sido un instrumento indispensable para buscar lo que hoy por hoy es uno de los principales desafíos del Estado mexicano; la seguridad pública y la tranquilidad de nuestras comunidades, y que como hemos visto se ha mermado en un importante número de ellas.
Hay que decirlo, las fallas y debilidades en esta materia se deben precisamente al conjunto de instituciones dispuestas por la ley, tanto por deficiencias técnicas como por un lamentable entorno de corrupción.
En 2003 México ratificó la Convención de Palermo para el Combate a la Delincuencia Organizada Trasnacional. Esta Convención ordena a los Estados firmantes a desarrollar legislación pertinente y las instituciones para poder conjugar el enorme peligro que significa para las naciones el crimen organizado.
En ese orden de ideas, tanto la Constitución mexicana, la legislación y la normativa secundaria se han desarrollado para acreditar el cumplimiento de las directrices de Palermo, y poder así combatir este fenómeno que nos roba la tranquilidad y ciega miles de vidas cada año.
Al conjugarse la creación de un nuevo sistema con las disposiciones de la antes citada Convención de Palermo, se ha hecho evidente la necesidad de una actualización normativa. Tanto el Poder Ejecutivo como la colegisladora han optado por el camino, no de emitir una nueva ley, sino de proponer reformas a esta creada en 1996.
A los legisladores del PAN nos parecen correctas y consecuentes las reformas propuestas, tanto en lo que debe contener la legislación en la materia sustantiva, es decir nuevos tipos penales, así como con la acreditación de los nuevos estándares procesales del sistema acusatorio, nuevas técnicas de investigación indispensables para la policía y el Ministerio Público, el cumplimiento y salvaguarda de los derechos fundamentales de todas las partes y, desde luego, la creación de nuevas facultades en el plano orgánico.
Si dotamos a nuestras autoridades investigadoras de las herramientas que hoy se han de aprobar, debemos exigirle resultados en corto y mediano plazo. Estaremos esperando atestiguar a la brevedad posible investigaciones y procedimientos jurisdiccionales en la publicidad de las salas de oralidad, en las que se constate que es posible cumplir con los altos estándares del debido proceso y, a la vez, llevar ante la justicia las graves conductas antisociales que estamos obligados a desterrar.
Exigiremos y vigilaremos por una correcta aplicación de las nuevas técnicas de investigación conjuntamente con el respeto al principio de presunción de inocencia y, desde luego, el debido proceso.
Exigiremos y evaluaremos la política de recuperación de activos del crimen organizado, el combate al lavado de dinero, así como las investigaciones de todos aquellos servidores públicos de cualquier orden que en franca traición a la patria se coludan con el crimen organizado.
Exigiremos una mayor y mejor cooperación internacional en la materia, a sabiendas de que la delincuencia organizada, como se ha afirmado en la multicitada Convención de Palermo, es trasnacional por naturaleza.
Vigilaremos que estas nuevas técnicas no sean objeto de abuso o finalidades políticas y se apliquen para poner un alto a secuestradores, a tratantes, a extorsionadores, a traficantes de armas, a narcotraficantes, a traficantes de migrantes, a prestanombres y lavadores de dinero.
A los legisladores del Partido Acción Nacional nos interesa velar por la paz y la tranquilidad de toda la sociedad mexicana, hoy estamos dando un paso importante para conseguir este objetivo. Sin embargo, advertimos que la perfectibilidad del proyecto será ocasión para ulteriores trabajos.
En el PAN estamos a favor de mejorar los instrumentos que permitan un mejor combate a la delincuencia organizada y aquellos que pretendan desestabilizar al Estado. Por esta razón y a la par de impulsar la aprobación de esta minuta, queremos reiterar nuestra exigencia para que, también en los procesos de extradición, las autoridades mexicanas nos aporten la seguridad de que los procedimientos de aseguramiento y decomiso de los caudales financieros que se sigan en los Estados Unidos y en cualquier otro estado soberano, nuestro país no sólo será tomado en cuenta, sino que se tomarán las medidas de acuerdo a la normatividad correspondiente, para que la parte económica correspondiente al trabajo de inteligencia, detención y procesamiento hecha por México sea reembolsada vía recuperación de activos al erario mexicano. En Acción Nacional estamos a favor de los ciudadanos, estamos a favor de México. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Casillas. Tiene ahora la palabra el diputado Carlos Iriarte Mercado, del Grupo Parlamentario del PRI, y con esta intervención también se vence el plazo para la presentación de reservas en lo particular en este dictamen.
El diputado Carlos Iriarte Mercado: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, es de mi interés exponer a esta soberanía, algunas consideraciones sobre el presente dictamen, cuyo objetivo fundamental es continuar dando al Estado mexicano mejores instrumentos jurídicos para el combate eficaz al crimen organizado.
Con la aprobación de este dictamen se cumple debidamente la armonización del Régimen Especial de Delincuencia Organizada con el texto constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que dan vida y forma al sistema de justicia penal acusatorio, muchas veces citado aquí, próximo a concretar su implementación.
Sin duda, después de largos tramos del trabajo de la colegisladora y los esfuerzos de los integrantes de la Comisión de Justicia de esta Cámara, encabezada por el diputado Álvaro Ibarra, se ha logrado un consenso que expresa la responsabilidad por realizar los trabajos a profundidad y avanzar en contenidos sólidos que den consistencia a este cuerpo normativo.
Reconocemos que las legislaciones no son estáticas, son textos que tienen que ser revisados en su implementación y que a partir de la evaluación que se haga sobre los procesos que enconen, se identifiquen oportunidades y necesidades de mejora, para lo cual, seguro estoy, los legisladores estaremos atentos, teniendo siempre el interés por fortalecer el marco de seguridad y justicia en nuestro país.
Con plena convicción de nuestra labor como legisladores de la República, es nuestra responsabilidad contribuir a los esfuerzos del Estado mexicano, particularmente con estas reformas, para investigar, perseguir y castigar al crimen organizado que lacera el Estado de derecho y por ende a nuestra sociedad.
Para mencionar algunos puntos relevantes del dictamen, hemos de reconocer las experiencias de las autoridades encargadas de combatir al crimen organizado en nuestro país, que han ayudado a identificar cuáles son los nuevos tipos de conductas ilícitas que debieran ser puntualmente reconocidas para evitar su impunidad.
También se armoniza el concepto, por ejemplo, del tráfico de indocumentados por el de tráfico de personas, para quedar según lo dispuesto en la ley migratoria.
Se contempla la máxima pena a los delitos de lavado de dinero, trata de personas, secuestro y robo de hidrocarburos cuando estos sean cometidos por delincuencia organizada.
Para garantizar la protección de vida e integridad de agentes que participan en operaciones encubiertas se han incluido reglas generales para dotarlos de una nueva identidad, debiendo otorgarles la documentación correspondiente.
Con estricto apego al debido proceso se incluyan técnicas de investigación adicionales a las ya previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como son: la recabación de información en lugares públicos mediante la utilización de medios e instrumentos que resulten necesarios para la generación de inteligencia. La utilización de cuentas simuladas sean bancarias, financieras o de naturaleza equivalente. La vigilancia electrónica y el seguimiento de personas y la colaboración de informantes como instrumento para la protección de aquellos policías y fiscales que intervienen en casos de delincuencia organizada. También se incluye una descripción típica para sancionar a quienes divulguen o revelen a terceras personas información derivada de las prácticas de algunas de las técnicas de investigación aplicables en la materia.
En armonía con el Código Nacional de Procedimientos Penales se actualiza que el juez de control ahora decrete el arraigo para los delitos de delincuencia organizada.
En otro ámbito y en virtud de la seguridad de los operadores del sistema y en ocasiones de los propios imputados, se establece la existencia de centros especiales para la prisión preventiva, resguardo domiciliario y ejecución de sentencias por el delito de delincuencia organizada.
En resumen, este dictamen cumple la finalidad de armonizar la normatividad en materia de delincuencia organizada con la ley procesal emanada de la aprobación de la reforma constitucional de junio de 2008, y el Grupo Parlamentario del PRI, por el liderazgo de nuestro coordinador, el doctor César Camacho, ha abanderado con compromiso y voluntad.
Exhorto a mis compañeras diputadas y compañeros diputados a pronunciarse a favor de este dictamen y con ello continuar brindando a las instituciones de procuración de justicia de nuestro país los elementos jurídicos necesarios para lograr un México en paz, un México más seguro, un México en armonía. Sería cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Iriarte. Tiene ahora la palabra para hablar en pro el diputado Cándido Ochoa Rojas, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.
El diputado Cándido Ochoa Rojas: Con el permiso de los presentes. La delincuencia organizada se ha convertido en un fenómeno que requiere atención prioritaria de las instituciones de seguridad, tanto nacional como internacional. De hecho, la Organización de las Naciones Unidas ha alertado en los últimos años sobre la amenaza que representa el crimen organizado, tanto para la seguridad de las personas en lo individual, como para la estabilidad social, económica y política de la nación.
Esta preocupación originó la redacción de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita en Palermo en el año 2000, con la finalidad de cooperar en todos los ámbitos para atacar más eficazmente las diversas facetas de la delincuencia organizada.
El crimen organizado cuenta con múltiples manifestaciones, las cuales se transforman, desaparecen y reinventan con la evolución de los movimientos globales. En la última década nuestro país ha estado marcado por altos niveles de violencia, los cuales se atribuyen a la actividad del crimen organizado, dedicado principalmente, más no exclusivamente, al tráfico de drogas.
Lo anterior ha generado un contexto social altamente degradado e inseguro, especialmente en entidades ubicadas en regiones estratégicas para el cultivo, tránsito y consumo de sustancias prohibidas. A la par de lo anterior, se ha suscitado un fenómeno de atomización de los grandes carteles lo cual ha provocado la diversificación de las operaciones del crimen organizado en nuestro país.
Lo anterior, ha conducido a que los operadores del crimen organizado se involucren en delitos que laceran de forma directa el patrimonio de los ciudadanos, tales como el secuestro y las extorsiones. Sin lugar a duda, el Estado mexicano se ha visto obligado a pagar un alto costo económico para contener el fenómeno de la delincuencia organizada, sin embargo el costo más difícil de pagar ha sido el de la sociedad, a diario observamos como poblaciones enteras agredidas por la violencia, son forzadas a desplazarse a otras latitudes, las familias viven con miedo y temor, modificando sus costumbres y sufriendo daños emocionales irreversibles, ocasionados por la violencia que experimentan en carne propia.
Esta situación nos impulsa a aprobar el presente dictamen con proyecto de decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ya que de esta manera podremos enfrentarla con nuevas y mejores herramientas. Así, se propone modificar la denominación del delito de tráfico de indocumentados para quedar como tráfico de personas, con objeto de armonizar los términos con lo establecido en el tipo penal de la Ley de Migración.
Por otra parte, se reconoce la necesidad de tipificar la participación que se tiene en un grupo delictivo, específicamente aquella relacionada con el acordar o preparar la comisión del delito de delincuencia organizada. Igualmente, se endurecen las medidas contra los delitos de trata de personas y los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, estableciendo que podrán ser atraídos por la autoridad federal y que ameritarán prisión preventiva de oficio.
En este mismo orden de ideas, se sugiere sancionar a quien a sabiendas de la finalidad y actividad general de una organización criminal, participe intencional y activamente en sus actividades ilícitas cuando conozca que con su participación contribuya al logro de la finalidad delictiva, con ello se inhibirá la participación de personas que colaboran con criminales como halcones y de ahí ellos van ascendiendo a convertirse en sicarios y luego jefes de sectores criminales.
En suma, en el Partido Verde estamos ciertos que con los cambios propuestos a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada se dotará a nuestro sistema jurídico de nuevos organismos y mejores herramientas para combatir eficazmente las múltiples formas que adoptan organizaciones criminales cada vez más poderosas y sofisticadas y, que lamentablemente, afectan de modo sensible la tranquilidad de miles de mexicanos y mexicanas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ochoa. Tiene ahora la palabra el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, en pro.
El diputado Waldo Fernández González: Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados. En el caso del dictamen que hoy nos ocupa debemos señalar que al igual que los demás que se abordan en este periodo extraordinario resultan de vital importancia para la administración de justicia en México, a partir de la implementación del sistema penal acusatorio que hemos venido construyendo desde el 2008.
Desde aquí mi agradecimiento a los integrantes de la Comisión de Justicia; al presidente Álvaro Ibarra y a todos que estamos aquí con esta autorización que permitirá que el nuevo sistema de justicia penal entre en operación dentro de unos días. Muchas gracias.
Aun y cuando al parecer de nuestro grupo parlamentario la existencia de un régimen procesal especial para los delitos relacionados con la delincuencia organizada podría considerarse extralimitado, y nos hemos pronunciado en múltiples ocasiones en contra de figuras que violentan los derechos humanos como el arraigo, la gravedad de la situación que hoy vive nuestro país resulta de tal importancia que no debemos soslayar el impacto de todas y cada una de las medidas que puedan ser implementadas para su erradicación.
Específicamente para el caso que nos ocupa debemos señalar que las modificaciones que se prevén en el dictamen de la Comisión de Justicia que hoy estamos discutiendo, se encuentran armonizadas con lo establecido en diversas disposiciones nacionales e internacionales como el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada, trasnacional, mejor conocida como la Convención de Palermo.
Es por lo anterior que el dictamen en comento realiza un ajuste general a este ordenamiento para alinear las disposiciones especiales que en materia de delincuencia organizada deben seguirse para garantizar de manera plena los derechos de las personas sujetas a investigaciones de este tipo de delitos.
Por ejemplo, se propone que las autoridades federales tendrán la facultad de atracción en los casos de delitos de trata de personas, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.
Se contempla sanción con penas de prisión que van de los cuatro a los ocho años a los servidores públicos que divulguen o revelen información relacionada con las técnicas de investigación utilizadas en procedimientos seguidos contra la delincuencia organizada. Se prevén además reglas específicas sobre la detención, aprehensión y retención de personas por estos delitos.
Los procedimientos para la determinación de la reserva de las actuaciones, los mecanismos por los cuales los jueces de control van a obsequiar órdenes de cateo e intervención de telecomunicación; las reglas especiales para la valoración de las pruebas y las técnicas especiales de investigación, entre los que se encuentran procedimientos especiales como la implementación de operativos encubiertos, los usuarios encubierto, entre otras, cuya finalidad esencial es el desmantelamiento de las redes de protección a la delincuencia organizada.
Es menester señalar que nuestro grupo parlamentario ha expresado en múltiples ocasiones su desacuerdo con figuras como el arraigo, debido a que resultan violatorias de los derechos humanos. No obstante consideramos que los mecanismos de equilibrio establecidos en el nuevo Sistema de Justicia Penal, serán, sin duda, un contrapeso efectivo para el uso discrecional de estos instrumentos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Fernández. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular algunos de los artículos de este dictamen. Le pido a la Secretaría de cuenta de ello a la asamblea.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Artículo 1 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; artículo 2o, artículo 3o, 8o, 11, 11 Bis, 11 Bis Apartado 1; 12 Ter, 14, 16, 18, 21 y 24. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Sigue abierto el sistema electrónico de votación. Por si alguna diputada o algún diputado falta de emitir su voto, se encuentra abierto el sistema. El sistema electrónico se encuentra abierto. Si alguna diputada o algún diputado falta de emitir su voto, lo puede hacer.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya no se aprecia movimiento de alguien que diga que falta. Uno, dos, tres. ¿Ya? Listo.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se metieron 394 votos a favor, 33 en contra.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 394 votos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra el diputado Jorge Tello López, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación a los artículos 2o., 3o. y 11.
El diputado Jorge Tello López: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, presento ante ustedes la reserva al artículo 11 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
El crimen organizado amenaza la estabilidad de las instituciones democráticas y del Estado en sí, plantea el funcionamiento de instituciones gubernamentales que implican coerción en un sistema institucional, donde la libertad y los derechos individuales son cuestiones privilegiadas, y exige la cooperación entre diferentes órdenes de gobierno y dependencias en un régimen diseñado para dividir y limitar el ejercicio del poder. Esto implica una paradoja en las instituciones democráticas, al ejercer el monopolio legítimo de la violencia en contra de los tribunales a través de las instituciones políticas diseñadas para dividir el poder.
El combate a la delincuencia puede llevar a que la democracia pase por alto ciertos derechos con la finalidad de garantizar otros. No debemos caer en la tentación de violentar los derechos humanos con tal de combatir la criminalidad organizada. La democracia no puede resolver los problemas públicos con medios no democráticos.
La incapacidad del gobierno para enfrentar retos como el crimen organizado ha contribuido a la inconformidad de la sociedad respecto de la democracia. El crimen organizado aumenta las percepciones de inseguridad personal y reduce la legitimidad de las instituciones democráticas; aminora la inversión directa y demanda el gasto de recursos para su combate y prevención.
La reserva al artículo 11 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que presento, tiene la finalidad de fortalecer las capacidades del Ministerio Público federal para la persecución de los delitos cometidos por la delincuencia organizada. Se trata de perseguir aquellos delincuentes especialmente peligrosos, que mediante acciones criminales organizadas pone en jaque las bases del propio Estado, los derechos fundamentales de los ciudadanos y la pacífica convivencia social.
La Procuraduría General de la República ha señalado que en México operan 88 organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilegal de estupefacientes, cuyas ganancias anuales superarían los 39 mil millones de dólares, unos 740 mil millones de peso. Lo que se propone es que se investigue no sólo las formas de operación de estos grupos delictivos, sino que las investigaciones también puedan abarcar la adquisición de bienes muebles e inmuebles y el financiamiento para su operación y que abarque a las personas que coadyuven con la comisión de dichos delitos.
Nuestra demanda como Grupo Parlamentario de Morena es que las leyes sirvan a las personas, en este caso que exista un Estado que pueda cumplir con la obligación de brindar seguridad a las personas. Por ello el Ministerio Público debe encontrar con los elementos suficientes para combatir los comportamientos de las mafias.
Como legisladores debemos ser capaces de tener en cuenta la peculiaridad del fenómeno criminal organizado y en especial la peligrosidad de este tipo de organizaciones capaces de condicionar no solo la vida económica y política de un país, sino también con mayor razón de influir en el devenir de una investigación o de un procedimiento penal, asegurándose así la impunidad por el delito cometido, como durante décadas ha sucedido en nuestro país.
Las investigaciones para combatir este tipo de criminalidad de manera exitosa son precisamente aquellas donde es posible lograr una inteligente combinación de intervenciones telefónicas y revelaciones de arrepentidos, infiltrados y de datos de inteligencia.
–Con calma, compañeros, que voy a exponer dos temas. Si están aburridos se pueden salir.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Tello, está presentado reservas a tres artículos; entonces, estamos siendo flexibles con el tiempo. Le pedimos al diputado también considere a la asamblea en su conjunto.
El diputado Jorge Tello López: Por ello les pido, diputadas y diputados, que voten a favor de la reserva que hoy presento. –Con calma, falta mucho, todavía falta mucho tiempo.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continúe, diputado.
El diputado Jorge Tello López: La reserva al artículo 2 es de suma importancia, por lo cual solicito una profunda reflexión. Tiene que ver con la definición de delincuencia organizada, la cual continúa sin adecuarse a la definición establecida en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, también conocida como Convención de Palermo, ratificada por nuestro país el 4 de marzo de 2003.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el examen periódico universal realizado a nuestro país en el año 2009, expresamente recomendó promulgar una definición de delincuencia organizada que sea compatible con la mencionada convención, toda vez que la definición que se encuentra prevista actualmente en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es ambigua, dando lugar a los miembros de movimientos sociales o políticos, llegar a ser acusados de pertenecer al crimen organizado.
Hasta el día de hoy, el Estado mexicano no ha tenido esta importante recomendación y en este momento, donde tendríamos la oportunidad de hacerlo y así dar muestra significativa de que en México efectivamente se protegen y garantizan los derechos humanos.
No podemos, bajo ninguna circunstancia legalizar la criminalización de la protesta social, que es una clara manifestación de autoritarismo de los gobiernos reaccionarios y neoliberales que ha tenido nuestro país.
De esta forma, se propone que el párrafo primero del artículo 2 quede redactado de la siguiente forma: Cuando tres o más personas se organicen de hecho, existiendo como grupo estructurado durante cierto tiempo, para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin el resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material, serán sancionadas por este solo hecho, como miembro de la delincuencia organizada. Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Tello. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arámbula: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), muchas gracias. Señor presidente, la mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra el diputado Manuel Clouthier Carrillo, para presentar propuestas de modificación a los artículos 8o., 12, 16, 18, 21 y 24, seis artículos reservados por el diputado Clouthier.
El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo: Gracias, presidente. Compañeros diputados, esta ley federal contra la delincuencia organizada establece y mantiene la figura del arraigo, y disintiendo con nuestra compañera del Partido Verde que plantea que esta ley está apegada a todos los tratados internacionales en materia de respeto a los derechos humanos, pues el arraigo es una figura a todas luces violatoria de los derechos humanos.
Desgraciadamente se mantiene en nuestra Constitución esta figura y si hemos decidido mantenerla también en la ley, lo menos que deberíamos de haber hecho es acotarla. Si ya vamos a dejar esta violación al derecho, en donde solamente en México sucede que se detiene a alguien para investigarlo y no porque ya fue investigado se le detuvo, pues bueno, si ya lo estamos dejando, lo menos que deberíamos de hacer, insisto, es acotarlo.
La propuesta es simple, en el artículo 12 Ter, en relación al arraigo, menciona la ley que la petición de arraigo tendrá que ser resuelta por la autoridad de manera inmediata por cualquier medio.
Luego, más adelante nos dice, si la resolución se emite o se registra por medios diversos al escrito, la sugerencia, la propuesta es muy simple, toda resolución judicial ante la resolución de un arraigo tiene que ser por escrito.
Cómo va a autorizarse por medios diversos al escrito. Una figura, a todas luces, que de hecho, en mi opinión es violatoria de derechos humanos, vamos a permitir que sea por medios diversos. No, pues me mandó un WhatsApp, va a decir. No puede ser, señores, tiene que ser por escrito obligadamente, no puede quedar este campo, esta apertura, esta discrecionalidad a la autoridad para poder autorizar arraigo, incluso sucede lo mismo en el siguiente artículo, la siguiente reserva, que es en relación a las intervenciones telefónicas.
Mismo concepto, nos vuelven a decir que se puede dar por medios diversos al escrito. No, la autorización judicial tiene que ser por escrito. Ésa es la propuesta en esencia, señores diputados, y bueno, pues está en manos de ustedes la palabra. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Clouthier. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite la propuesta.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, la mayoría por la negativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Se informa a la asamblea que quienes, diputadas, diputados, habían hecho reservas a los artículos 1, 11Bis y 11 Bis 1, 12 Ter, 14, 16 y 18 han declinado presentar sus propuestas de modificación y, por lo tanto, se reservan estos artículos para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por lo tanto, habiéndose agotado ya la presentación de propuestas por legisladoras y legisladores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 2o., 3o., 8o., 11, 11 Bis, 11 Bis 1, 12 Ter, 14, 16, 18, 21 y 24, en términos del dictamen.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos en mención, en los términos del dictamen.
(Votación)
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: ¿Falta algún diputado de emitir su voto? Sigue abierto el sistema.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pero ya no va a ser por mucho tiempo, porque ya es el último dictamen, ya estamos a punto de concluir. Mañana continuaremos con la misma enjundia con la que el día de hoy lo hicieron. Parece que ya no se ve más movimiento de alguien que entre intempestivamente hacia su curul. ¿Alguien más ahí? Ahí viene bajando.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Sigue abierto el sistema electrónico. Adelante, diputado.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Parece que ya, uno, dos, tres. No se ve.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 365 votos a favor, 1 abstención y 6 en contra.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 365 votos. Y por lo tanto, aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda ahora la Secretaría a dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. No se lleva más de media hora.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, rechaza enérgicamente las desafortunadas declaraciones realizadas por el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el pasado 13 de junio de 2016, por resultar discriminatorias y, en consecuencia, violatorias de derechos humanos. Asimismo, solicita la intervención de la Conapred para fincar responsabilidades Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de junio de 2016. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Antes, sonido en la curul de la diputada Brenda Velázquez, por favor.
La diputada Brenda Velázquez Valdez (desde su curul): Gracias, presidente. Quiero agradecer a la Junta de Coordinación Política el que haya hecho suyo el escrito que presenté el día de hoy donde rechazo y condeno enérgicamente las declaraciones hechas el día de ayer por el gobernador del estado de Nuevo León, donde dijo que a una niña gorda no la quiere nadie.
Estas declaraciones son discriminatorias y violentan los derechos humanos, así que les pido a mis compañeras legisladoras que se unan a esta petición porque ya no queremos más bullying. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Bien. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, la mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Por unanimidad, aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (17:07 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, miércoles 15 de junio, a las 11 horas. Buena tarde y buen provecho.
---o0o---