Comunicaciones
Protesta como diputada de la ciudadana María Hadad Castillo
Iniciativas
María Gloria Hernández Madrid, PRI
Lucía Virginia Meza Guzmán, PRD
Omar Noé Bernardino Vargas, PVEM
Daniel Adrián Sosa Carpio, PMC
Luis Alfredo Valles Mendoza, PNA
Norma Edith Martínez Guzmán, PES
Christian Joaquín Sánchez Sánchez, PRI
Gustavo Enrique Madero Muñoz, PAN
Martha Lorena Covarrubias Anaya, PRI
José de Jesús Galindo Rosas, PVEM
María Antonia Cárdenas Mariscal, Morena
Germán Ernesto Ralis Cumplido, PMC
Marco Antonio Aguilar Yunes, PRI
Virgilio Dante Caballero Pedraza, Morena
Pedro Luis Noble Monterrubio, PRI
Luz Argelia Paniagua Figueroa, PAN
Maricela Contreras Julián, PRD
Tomás Roberto Montoya Díaz, PRI
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 320 diputadas y diputados; por lo tanto, señor presidente, hay quórum.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (11:40 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se dispensa su lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada el acta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos con el capítulo de Comunicaciones oficiales.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Se recibió oficio del diputado Jesús Sesma Suárez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el que solicita el retiro de la iniciativa que reforma el artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, presentada el 15 de marzo de 2016.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite el informe del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que contiene el desglose de las operaciones efectuadas por motivos de las transferencias de bienes del gobierno federal.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
Se recibió solicitud de licencia del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda. Pido a la Secretaría que dé cuenta con los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el Quinto Distrito Electoral del Estado de Hidalgo, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Consulte la Secretaría en votación económica si son de aprobarse los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobada, comuníquese.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana María Hadad Castillo, diputada federal electa en el Segundo Distrito Electoral del Estado de Quintana Roo. Se designa en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a las siguientes diputadas y diputados:
Diputada Sara Latife Ruíz Chávez; diputado Jesús Enrique Jackson Ramírez; diputada Carolina Monroy del Razo; diputado José Luis Toledo Medina; diputada Patricia Sánchez Carrillo; diputado Armando soto Espino; diputada Evelyng Soraya Flores Carranza; diputado Carlos Gutiérrez García; y diputado José Alfredo Ferreiro Velazco.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se pide a la Comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple el encargo)
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Despierten ya mexicanos, pónganse de pie los que están sentados.
Ciudadana María Hadad Castillo, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La ciudadana María Hadad Castillo: Sí, protesto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades y bienvenida, diputada.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Continuamos ahora con el capítulo de presentación de iniciativas. Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Perdón antes, diputada, me permite un momentito. A ver, sonido en la curul de la diputada Antonia Cárdenas, por favor. ¿Con qué propósito, diputada Cárdenas?
La diputada María Antonia Cárdenas Mariscal (desde la curul): Buenos días, señor presidente. Mi propósito es exhortar aquí a todos los del pleno, a todos los diputados y diputadas federales, sobre el asunto del canadiense, de Guerrero, ése asunto que no puede quedar impune.
Necesitamos hacer algo, porque así como está ese hombre hay miles de personas así. Esos niños no pueden quedar sin ninguna protección, señor presidente. Entonces, yo exhorto a todos a que por favor se haga algo sobre esta persona, que no salga libre, por favor.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Además sugerirle que pueda conducirse por los canales que ya hemos acostumbrado y que tenemos establecidos, debo decir que ha habido diversas manifestaciones de integrantes de esta Cámara de Diputados, y las propias autoridades de estado de Guerrero, han dado señales de que están tomando algunas medidas al respeto, pero desde luego que quedan asentadas sus expresiones, diputada. Gracias. Ahora sí –A ver, perdón.
La diputada Julieta Fernández Márquez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul de la diputada Julieta Fernández, por favor. Adelante, diputada.
La diputada Julieta Fernández Márquez (desde la curul): Sí, ya la ley 174 del Código Penal tipifica el turismo sexual infantil en el estado de Guerrero y, por lo tanto, el día de hoy salió publicada la declaración del fiscal, donde para no dejarlo en libertad volvieron a demandar una pena, no sé cómo se dice en términos legales, para que volviera a ser procesado por otras 72 horas, entonces, es muy importante.
El DIF municipal dejó ir a las dos niñas que tenía a su resguardo y el artículo 174 dice que los padres o las personas que están enganchando a los niños también son responsables, a los niños con los turistas, también son responsables.
Este delito no alcanza fianza porque es un delito grave y esto lo vimos en septiembre juntamente con todos los diputados que votaron a favor del acuerdo, del punto de acuerdo, y que se está tipificando en todos los estados.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Fernández. Quedan consignadas también sus expresiones en el Diario de los Debates. Y ahora sí, adelante, por favor, diputada María Gloria Hernández Madrid.
La diputada María Gloria Hernández Madrid: Gracias. Con el permiso del diputado presidente, saludo a las diputadas y a los diputados de esta LXIII Legislatura, al público que nos acompaña, medios de comunicación y a quienes nos siguen por la transmisión a través del Canal del Congreso. Aprovecharé esta oportunidad para abordar dos iniciativas que presenté con un origen común.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón. Sí. Omití decir que efectivamente también –quítenle, detengan el reloj–, que la diputada Hernández presentaría además de la iniciativa de la que dimos cuenta otra con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una disculpa por la omisión, diputada; y adelante, por favor.
La diputada María Gloria Hernández Madrid: Gracias. Como legisladora local en el estado de Hidalgo, uno de los ejes de mi labor fue el fortalecimiento del marco jurídico en beneficio de las mujeres. Es por ello que ahora desde esta posición y en continuidad a un tema que he venido impulsando, la primera iniciativa a que me refiero consiste en modificar el texto del artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, para que las órdenes de protección a las mujeres en esta situación pasen tal como lo establece la CEDAW y que sean por el tiempo que éstas lo requieran y no como actualmente lo encontramos, por un término de 72 horas, y que éstas se otorguen de manera inmediata y no dentro de las primeras 8 horas.
Entre las razones que motivan la propuesta está que en México cuatro de cada 10 mujeres han sido humilladas, encerradas, les han destruido sus cosas, son amenazadas, las corren de su casa, y todo esto en muchas de las veces por su pareja sentimental.
El 44 por ciento de los responsables de la muerte de una mujer es su pareja sentimental y es consecuencia de la recurrencia de episodios violentos que inician imperceptibles, pero en aumento y al interior de sus domicilios. Así pues, con la intención de hacer cesar inmediatamente estas acciones es necesario ajustar la celeridad con la que deben de obsequiarse las órdenes de protección, proveyéndoles una vigencia que permita a las víctimas dejar de estar expuestas al riesgo para que las autoridades busquen incorporarlas a un proyecto de vida o reincorporarlas al iniciado.
De esta forma se estarían atendiendo también las observaciones emitidas de México por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de las Naciones Unidas, derivada de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en agosto del año 2012 y marzo 2013, que se instalaron en nuestro país para acelerar la aplicación de las órdenes de protección y adoptar las medidas necesarias para mantener su duración hasta que la víctima de la violencia deje de estar expuesta a este riesgo.
En la segunda iniciativa propongo la adición de seis artículos la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la modificación de los artículos 109 y 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de reconocerles como sujetos de derecho que por su condición biológica se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad. Consecuentemente deben de gozar de las medidas de protección que su circunstancia requiera por parte de su familia, de la sociedad y también del Estado.
Infortunadamente, el maltrato y el abuso infantil es un fenómeno social delictivo y creciente, que daña al tejido social y en mucho representa la pérdida del normal desarrollo de la personalidad del menor, su libertad emocional, sexual e incluso de su vida.
Los abusos que se dan generalmente al interior de la familia y consisten en ofensas verbales, golpes o conductas delictivas graves, como la violación, la explotación sexual y laboral, e incluso la utilización del menor para la comisión de delitos, todas ellas llegan a tener como consecuencia, en muchos de los casos, el homicidio o el suicidio.
En este orden de ideas, los artículos 109 y 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contienen el otorgamiento de medidas de protección en favor de las víctimas del delito, no incluyen para el caso de menores de edad la celeridad con la que debe actuar el Ministerio Público, menos aún prevé que dichas medidas puedan solicitarse por un número amplio de personas relacionadas a la vida de las y los menores víctimas de violencia y cuya intervención puede incluso salvarles la vida.
De ahí que la iniciativa contempla que las personas que conozcan a una niña, niño o adolescente en situación de violencia y con independencia de la investigación que la autoridad ministerial está obligada a realizar, podrán solicitar se obsequie a aquél la medida de protección que se le requiera.
Impone al Ministerio Público el otorgamiento oficioso de la medida de protección, entre otros casos, cuando la o el menor esté siendo utilizado o exista riesgo de que puedan serlo, como medio para la ejecución de delitos.
Se incluye un catálogo de personas físicas, morales, públicas o privadas, como el sistema nacional de salud, docentes e instituciones educativas del sistema DIF, la Comisión Nacional de Derechos Humanos e incluso organizaciones de la sociedad civil con la atribución de solicitar medidas de protección y el Ministerio Público podrá resolverlas inmediatamente.
La misma prontitud aplicará cuando el solicitante sea la víctima o los familiares distintos de la madre o el padre, quienes ya tienen dentro de sus obligaciones y derechos las de proteger a sus hijos.
Las disposiciones incluidas en la iniciativa buscan brindar a la sociedad una forma de participación inmediata y del involucramiento en la erradicación de la violencia de niñas, de niños o adolescentes y van en concordancia con principios como el interés superior del menor, el de separación del núcleo familiar como excepción, el derecho de expresarse en el asunto, e incluso el control judicial e la medida dentro de las 24 horas posteriores al otorgamiento.
Por lo expuesto, compañeras y compañeros diputados, los invito a compartir esta propuesta de solución a la problemática planteada y con ello refrendar que en nuestro país se hacen esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de las mujeres para el desarrollo pleno de su potencial humano, para dejar claro que en México nuestras niñas, niños y adolescentes cuentan con el máximo nivel de compromiso, atención y prioridad que esta Cámara de Diputados pueda brindarles en la protección integral de sus derechos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Hernández. Túrnese la primera de las iniciativas referida a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen. Y la segunda referida a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Nacional de Procedimientos Penales, túrnese a las Comisiones Unidad de Derechos de la Niñez, y de Justicia, para dictamen.
Se recibió de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40, 77 y 78 de la Ley General de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
Igualmente se recibió del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley del Salario Mínimo y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión. Y tiene...
El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido en la curul del diputado Jesús Valencia, por favor. ¿Con qué propósito, diputado Valencia?
El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul): Gracias, diputado presidente. En relación a lo que han comentado tanto la diputada Julieta como la diputada Cárdenas quisiera hacer un comentario breve.
He hablado con el fiscal general del estado, ciertamente al sujeto de nombre Suk, de origen canadiense, se le ha puesto a disposición del juez, pero es altamente probable que salga toda vez que la pena es conmutable por fianza.
De tal manera que el llamado, además del Poder Judicial del Estado, es que esta soberanía pudiera hacer un llamado a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que con la embajada del gobierno de Canadá en México pudiera ser trasladado o extraditado a Canadá toda vez que los códigos penales de ese país establecen hasta 14 años de prisión para esos delitos aún cometidos en el extranjero, siempre y cuando sean solicitados por el gobierno donde fue cometido el delito. Es cuanto, presidente. Ojalá sea tomada en cuenta esta intervención por el hecho grave.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valencia. Desde luego, quedan también registradas sus expresiones en el Diario de los Debates. Y yo le solicitaría muy respetuosa y atentamente que también pueda dirigirse a través de la coordinación del grupo parlamentario a la propia Junta de Coordinación Política que se reunirá en unos minutos, más tarde, y pudiera, en todo caso, ahí dársele un conducto a su expresión.
La diputada Kathia María Bolio Pinelo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Kathia Bolio, por favor.
La diputada Kathia María Bolio Pinelo (desde la curul): Buenos días. Muchas gracias, señor presidente, y a la Mesa Directiva, para pedirle a la diputada sumarme a su iniciativa en primer punto. Y como segundo punto, para que los diputados de esta Legislatura tomemos cartas en el asunto respecto a los videos, como el del cantante Gerardo Ortiz, con el tema Fuste mía, ahora que todavía estamos en el mes de la mujer, donde se incita al feminicidio en este video.
Muchas organizaciones civiles se han pronunciado, se quema a una mujer dentro de un automóvil. Creo que estamos todavía en tiempo de sumarnos y regular todos estos videos donde se está fomentando la violencia en contra de las mujeres.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: La diputada proponente, Hernández, manifiesta su aceptación para que ésta pueda ser suscrita, diputada Bolio. Entonces está a disposición de quienes quieran hacerlo aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Joaquín Jesús Días Mena: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, ser familiar de alguien que sufre cáncer es una de las situaciones más dolorosas del ser humano. Y si el enfermo es un hijo el dolor se vuelve indescriptible.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, al año son detectados aproximadamente 160 mil nuevos casos de cáncer en niños de todo el mundo. Y casi 90 mil pacientes de este tipo fallecen en el mismo periodo.
El cáncer es la segunda causa de muerte en menores de 14 años en México, solo después de los accidentes de tránsito. Reportes y tendencias elaboradas por la Organización Mundial de la Salud indican que los casos de cáncer aumentarán un 57 por ciento en los próximos 20 años, representando un inminente desastre humanitario. Y el cáncer es precisamente eso, un mal que afecta y afectará de forma terrible a la humanidad.
La Secretaría de Salud en México estima que existen anualmente entre 5 mil y 6 mil nuevos casos de cáncer en menores de 18 años, entre los que destacan las leucemias en un 52 por ciento; linfomas, un 10 por ciento; y tumores del sistema nervioso central, en un 10 por ciento. La sobrevida estimada en México a estos casos es de 56 por ciento del diagnóstico.
México tiene un promedio anual de 2 mil 150 muertes por cáncer infantil en la última década, pero el cáncer es solamente un ejemplo. Quienes han vivido en carne propia este padecimiento saben que cuidar un menor de edad con una enfermedad en fase terminal, enfermad crónica o accidente que ponga en peligro su vida es una de las tareas más difíciles y agotadoras que los padres podemos enfrentar; ya que representa un desgaste emocional, físico y por supuesto económico.
Una de las primeras acciones de los padres ante esta situación es solicitar a su patrón los días de vacaciones, días económicos y permisos sin goce de sueldo a los que tenga derecho el trabajador para poder hacerse cargo de los cuidados del menor. Sin embargo, una emergencia con estas características muchas veces requiere más días libres de los que tiene disponible el empleado.
Ante el aumento de casos de cáncer infantil, es necesario adaptarnos al momento. Debemos considerar el lado humano de los trabajadores que viven este mal y otorgarles mejores condiciones de trabajo. Quiero comentar que países como Francia y España ya han realizado modificaciones a su legislación laboral en beneficio a sus trabajadores y acorde a una realidad que ya nos alcanza.
Por ello, es que el día de hoy, y apelando a la sensibilidad de todos ustedes, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan fracciones XXIX y XXIX Bis al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra señala:
Fracción XXIX. El trabajador que sea padre o tutor de un menor de edad que se encuentre con una enfermedad en fase terminal, enfermedad aguda o accidente grave que ponga en peligro su vida, tendrá el derecho a solicitar de tres a siete días de permiso con goce de sueldo. El patrón y el trabajador acordarán la recuperación en fechas posteriores de las horas laborables otorgadas mediante este permiso de ley.
Fracción XXIX Bis. El trabajador para obtener el presente derecho, acreditará la tutela del menor y la enfermedad, discapacidad o accidente mediante constancia médica.
En Acción Nacional nos parece de elemental dignidad que los padres de familia con estos problemas puedan tener el tiempo necesario para cuidar a sus hijos o tutelados. Se trata de un acto de humanidad ante las muchas veces inhumanas jornadas laborales. Se trata de un acto de solidaridad con quienes sufren un problema tan serio como es la enfermedad de un hijo. Se trata de apoyar a quienes necesitan tiempo de calidad para afrontar esta adversidad. Como decía Terri Clark: Cuando alguien tiene cáncer, toda la familia lo tiene y todo aquél que lo ama también. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Díaz. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen. La diputada Guadalupe Perea, solicita, señor diputado Díaz. ¿Diputado Díaz? Solicita la diputada secretaria de la Mesa Directiva suscribir su iniciativa.
El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena (desde la curul): Sí, adelante.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta su aceptación y está ahí a disposición de quienes quieran hacerlo.
La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Gómez, por favor.
La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Buenos días, presidente, nada más para solicitar al compañero diputado que ahorita tomó la palabra, si nos permite adherirnos a su iniciativa, tanto a la licenciada Sandra, como a la diputada Margarita Cuata. Si nos permite esa adhesión.
El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena (desde la curul): Sí, adelante.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta también desde allá su aceptación, diputada, para que pueda esto suceder.
La diputada Martha Cristina Jiménez Márquez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Igual, sonido en la curul de la diputada Cristina Jiménez, por favor. Sonido en la curul.
La diputada Martha Cristina Jiménez Márquez (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. También con el interés de suscribirme a esta iniciativa. Como madre de un hijo sobreviviente de cáncer, siento la obligación de manifestar que efectivamente es una necesidad aprobar este tipo de reformas.
Es muy importante apoyar a familias en una crisis de este tipo y darles la posibilidad a los padres de atender de manera adecuada a sus hijos, sin tener la preocupación de qué van a vivir estas familias. Con toda la solidaridad perteneciente a la comunidad de cáncer me quiero adherir, y además quisiera la sensibilidad del resto de los compañeros diputados para aprobar esta propuesta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado proponente ha reiterado su aceptación para que puedan desde luego suscribirse por quienes así lo deseen.
El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul del diputado Antonio Ixtlahuac –por favor–, Juan Antonio.
El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (desde la curul): Gracias, presidente. También para adherirme a esta propuesta tan importante para beneficiar a todos los niños que padezcan con esta enfermedad, y sobre todo los padres que estén trabajando puedan tener el tiempo necesario para atender a sus hijos con este padecimiento. Felicitar al diputado por esta propuesta tan interesante. Gracias, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. Se reitera el consentimiento para que pueda ser suscrita también por quienes así lo deseen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Lucía Virginia Meza Guzmán: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. Nuestro país atraviesa quizá por la más grave crisis de impunidad y violación de los derechos humanos de su historia.
Hoy damos cuenta de la desaparición de jóvenes como si fuese algo norma, casi cotidiano. Son 43 normalistas de Ayotzinapa, cinco más en Tierra Blanca, tres en Papantla.
Somos testigos inertes de los constantes abusos institucionales de políticas de Estado fallidas para resolver los problemas de inseguridad y violencia. Aunado a lo anterior, se suma a los generadores de todo este caso que enfrenta México en materia de inseguridad un factor fundamental. El mal funcionamiento de nuestro sistema de justicia penal y de la misma forma el deficiente sistema penitenciario que no cumplen hoy los objetivos para una correcta administración de justicia.
Es por ello que hoy vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa que busca reformar diversas fracciones del artículo 38 constitucional a fin de darle vigencia a la plena figura de presunción de inocencia. Esta figura es un derecho humano que constituye al supuesto eficaz para la solución de la problemática procesal penal con la que se enfrenta la mayoría de los países.
En este sentido, bajo aspectos de política criminal el principio debe convertirse en un instrumento útil que dé respuesta al reclamo social de mantener el equilibrio entre el respeto de los derechos de los individuos, en este caso sujetos a un proceso penal y a la eficacia del sistema penal bajo parámetros de igualdad.
Compañeras y compañeros diputados, “todo hombre es inocente hasta que se compruebe lo contrario”. Así reza la máxima jurídica, una de las primeras en enseñarse en las universidades de derecho. Sin embargo por diversas contradicciones jurídicas este principio fundamental no es aplicable en su justa dimensión. Para ser más específicos, la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 38 contradice dicho principio de presunción de inocencia y contiene todavía disposiciones que se basan en el principio de presunción de culpabilidad.
Los ciudadanos de nuestro país quedan suspendidos de sus derechos y prerrogativas por estar sujetos a proceso o estar prófugo de la justicia desde que se dicte orden de aprehensión.
Esos estados procesales son previos a determinar la culpabilidad, es decir, puede dictarse una resolución final en la que sean absueltos o resultar inocentes. Sin embargo sufrieron ya la suspensión de sus derechos ciudadanos contradiciendo el principio de presunción de inocencia, y más grave aún, contradiciendo la misma Constitución General de la República. Esta situación debe de ser corregida a la brevedad posible y así dejar de tener disposiciones jurídicas que nos hacen ver como un país que quedó atrapado en el siglo pasado, tomando en cuenta que el referido artículo 38 es de los pocos que aún conservan la redacción original del 5 de febrero de 1917.
Por lo anterior les invito a que esta iniciativa sea analizada en su importancia jurídica, pero sobre todo, en la urgente necesidad de garantizar un debido proceso penal en México, para que la gente inocente pueda demostrar esa inocencia en un marco de igualdad. Por las familias de este país sigamos trabajando juntos. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Meza. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Omar Noé Bernardino Vargas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista. ¿Dónde anda, diputado? Lo están felicitando antes de subir. El pleno no tiene la culpa de estarlo esperando por sus felicitaciones previas. Adelante.
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la legislatura anterior y esta legislatura hemos venido aprobando reformas muy importantes para nuestro país, reformas estructurales como la energética, la financiera, la educativa, la de telecomunicaciones, la desindexación del salario mínimo, entre otras.
Pero mi pregunta es, ¿cuándo le va a tocar al campo mexicano? ¿Cuándo le va a tocar al campo mexicano entrarle a una verdadera reforma estructural? Una verdadera reingeniería jurídica porque el campo mexicano no puede esperar más. El campo mexicano necesita que lo apoyemos reformando y armonizando varias leyes para que sea más productivo, más competitivo, para que produzca más y mejor; para que exporte más e importen menos, pero sobre todo, para garantizar el consumo de alimentos para las y los mexicanos.
La situación económica que atraviesa nuestro país por variables externas como la depreciación del peso frente al dólar, o la caída de los precios del petróleo, o la desaceleración de la economía en China, entre otras, nos debe de hacer reflexionar a nosotros para legislar siempre, para fortalecer el mercado interno de nuestro país.
Por ello, el campo mexicano es la clave, debe de ser la palanca de desarrollo de nuestro país. Por ello presento ante esa soberanía una propuesta que será el primer paso para abrir la puerta a la verdadera reforma estructural para el campo mexicano.
Pretendemos elevar al rango constitucional las materias de sanidad e inocuidad agroalimentaria, modificando la Constitución para que la sanidad e inocuidad sea una atribución exclusiva de la Federación para evitar las regulaciones locales que afectan la competitividad del sector; es decir, que el Congreso de la Unión tenga facultades exclusivas para regular los temas de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, pero también que tenga el Congreso de la Unión facultades exclusivas para establecer la concurrencia de los gobiernos federal, gobiernos estatales y municipales en el ámbito de sus competencias para garantizar el derecho a la alimentación.
Para ello pretendemos reformar la fracción XXIX, inciso e), del artículo 73 de nuestra Carta Magna. También adicionar un párrafo a este artículo 73 de nuestra Constitución, con el objetivo de evitar el conflicto de competencias entre la autoridad federal y la autoridad estatal en materia de sanidad e inocuidad.
Sabemos que existen diversas leyes federales y estatales en materia de sanidad e inocuidad que regulan lo mismo, por ende generan antinomias, confusión y duplicidad de trámites. Con esta iniciativa se evitaría esto. De igual forma se pretenden eliminar los procedimientos engorrosos para que la autoridad pueda cumplir su misión; es decir, la de verificar la plena sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria de los productos con los que se alimenta a los mexicanos.
Una vez que aprobemos esta gran reforma a la Constitución pues ya le entraremos a ordenar el marco legal en materia de sanidad e inocuidad unificando, homologando y actualizando las leyes de sanidad e inocuidad existentes para crear una verdadera ley general de sanidad e inocuidad.
México necesita que rescatemos al campo mexicano, es nuestra obligación y generaríamos un buen precedente si nosotros le entramos a la reforma estructural para fortalecer el campo de México. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Bernardino. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. Y deje usted cuándo le va a tocar –como dice– al campo mexicano, sino cuánto le va a tocar.
Saludamos la presencia del niño Orlando Navarrete, conocido como el Chocolatito, campeón Puñitos de Oro, de la Ciudad de México, 13 años tiene, invitado por la diputada Jacqueline Nava. Están por acá, a la derecha. Bienvenido, campeón. Sonido en la curul del diputado Cházaro, por favor. Sí, diputado.
El diputado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para preguntarle a mi compañero el diputado Omar Bernardino, si me permite adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Diputado Bernardino. Que los que quieran, dice. Igualmente está a disposición aquí, diputado Cházaro para que pueda suscribirse. Igual la diputada Botello también solicita suscribirla. Anda muy emocionado allá recibiendo más abrazos que el campeón Puñitos de Oro. Sonido en la curul del diputado Salomón Rosales, por favor. Sí, diputado.
El diputado Salomón Fernando Rosales Reyes (desde la curul): Gracias, presidente. De la misma manera decirle a mi compañero Omar Bernardino, que si nos permite suscribir esta importante iniciativa que ayudaría mucho sobre todo en el tema del campo. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado. El diputado proponente ha manifestado su aceptación para que pueda ser suscrita por quienes así lo deseen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Daniel Adrián Sosa Carpio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o, 55 y 59 de la Ley General de Educación.
El diputado Daniel Adrián Sosa Carpio: Con su venia, presidente. Desmayos, pérdida del conocimiento, vértigo, mareo, vómito y trastornos cardiacos o circulatorios son algunos de los innumerables padecimientos que puede ocasionar la exposición a las altas temperaturas.
Un clima inadecuado puede producir molestias e incomodidad especialmente en nuestras niñas y niños que se encuentran dentro de un salón de clases, afectando el ejercicio de sus tareas, su rendimiento y bienestar.
A pesar de que la educación es de gran importancia para el desarrollo social y humano, muchos centros educativos en nuestro país no cumplen con su compromiso de ofrecer las condiciones físicas, económicas y sociales que permiten desarrollar adecuadamente los modelos pedagógicos.
Asimismo la escuela es parte primordial de los procesos de socialización de nuestras hijas e hijos, por lo que es esencial procurar que sus componentes interiores, exteriores y de equipamiento propicien la convivencia y permitan interactuar en la naturaleza donde se encuentren.
Aire limpio, buena iluminación, temperatura adecuada, un ambiente tranquilo, cómodo y seguro son las condiciones ideales en un espacio educativo óptimo para el aprendizaje, condiciones que debo admitir no son sencillas de cumplir en muchos de los casos, pero que sí son sencillas para nuestro gobierno transmitirlas.
Vemos la obligación de garantizar por el bien de nuestros estudiantes y del personal que en ellos es responsable.
En mi experiencia, he tenido la oportunidad de encontrarme en ambos lados de la historia, como estudiante en mi natal Tamaulipas y también como docente. Recuerdo las incomodidades que me provocaban las extremas temperaturas, haciendo difícil el concentrarme, tanto a mí como a mis compañeros. Qué más puedo decir, fui un niño muy inquieto, estoy seguro que llegué a complicar aún más la labor de mis maestros.
Compañeros, la vida da muchas vueltas. Un año o años después llegué a encontrarme en sus zapatos, experimentando de primera mano el deterioro del rendimiento de los estudiantes a mi cargo, cuando las condiciones climatológicas eran adversas y no existía una apropiada temperatura dentro de las aulas.
Por eso puedo expresar en este pleno, con conocimiento, que debemos prevenir que las condiciones climatológicas de cada región representen incomodidad o molestia para alumnos y docentes, evitando exponerlos a temperaturas y humedades extremas, cambios repentinos de temperatura y radiación solar durante los horarios de clases.
Estamos a unos meses que comience la temperatura de extremo calor y, sin embargo, dados los cambios climatológicos, vemos cómo en diferentes lugares de la República ya se están experimentando altas temperaturas, las cuales afectan a todos aquellos que estudian o laboran en centros que aún no han sido adecuados para afrontar las variaciones del clima.
Compañeros diputados, es necesario que tomemos acción por los casi 36 millones de estudiantes de todos los niveles educativos en México, ciudadanas y ciudadanos presentes y futuros, libres, con sentido crítico y capaz de convertirse en actores decisivos dentro de la vida nacional y en quienes recae la responsabilidad de moldear y mover a México en la dirección correcta.
Por lo anterior expuesto, someto a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 3o., 55 y 59 de la Ley General de Educación.
Artículo único. Se reforman los artículos 3o., 55 y 59 para quedar en los siguientes términos.
Artículo 3o. El Estado está obligado a presentar servicios educativos de calidad, satisfaciendo las condiciones higiénicas, de seguridad, climatológicas y pedagógicas que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar educación preescolar, primaria y secundaria, así como la media superior.
Artículo 55. Segundo. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, climatológicas y pedagógicas que la autoridad otorgante determine.
Artículo 59. En el caso de educación inicial deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación, contar con instalaciones y, además, personal que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, climatológicas y pedagógicas que la autoridad educativa determine cumplir los requisitos que alude el artículo 21.
Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sosa. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la reforma financiera ha representado un pilar fundamental en el contexto normativo de nuestro país. Sin embargo, existen temas que se han dejado pendientes, como es el caso del fortalecimiento del crédito y ahorro popular.
En Nueva Alianza consideramos que el sector del ahorro popular es un medio eficaz de promover el ahorro en los mexicanos y dotarlos de servicios financieros en zonas que carecen de ellos.
Dicho sector se encuentra integrado, principalmente, por las sociedades financieras populares, llamadas Sofipos. Que son instituciones de microfinanzas que tienen como propósito fomentar el ahorro popular y expandir el acceso al financiamiento de aquellas personas que por su situación se han visto excluidas de los sistemas tradicionales de créditos.
Hoy por hoy, el sector del crédito popular se encuentra en expansión. Actualmente operan 45 Sofipos autorizadas. Esto representa un crecimiento sostenido en número de entidades del 13 por ciento anual.
Cuentan con más de mil sucursales distribuidas en todo el territorio nacional, creciendo con una tendencia del 26 por ciento anual. Cabe destacar que el número de clientes ha tenido una tendencia de crecimiento superior al 21 por ciento anual.
En 2015 se determinaron más de 3 millones de clientes. No obstante lo anterior, debemos reconocer que en ocasiones estos esquemas populares de financiamiento ofrecen un atractivo y fácil sistema de inclusión al ahorro e inversión. Muchas veces sustentado en promesas falsas y en aprovechar la ignorancia del ahorrador, por lo que no podemos flexibilizar el marco legal en prejuicio de los ahorradores. Es por ello que es necesario continuar revisando el andamiaje normativo en materia de ahorro popular.
El desarrollo económico que establecimos como uno de los cuatro ejes rectores de nuestra agenda legislativa implica armonizar la estructura jurídica en materia de finanzas públicas, así como el uso responsable del crédito y fomentar el ahorro. Estamos convencidos de que el ahorro guarda una relación directa con los niveles de bienestar de las familias mexicanas.
Derivado de lo anterior, la propuesta que Nueva Alianza hace en materia de ahorro popular consiste en tres ejes fundamentales:
Uno, contar con un sector financiero popular eficiente y sólido. Dos, fortalecer los mecanismos de supervisión así como la capacidad de los órganos reguladores. Y tres, mejorar la protección de los ahorradores.
En congruencia con lo anterior, en Nueva Alianza proponemos la iniciativa con proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, con objeto de mejorar la supervisión auxiliar a través de la responsabilidad solidaria de las federaciones que fiscalizan a las Sofipos.
También proponemos que se limite el monto de inversiones que pueden captar las Sofipos, con la intención de no desnaturalizar el objeto de las mismas y evitar que se lleven a cabo prácticas de evasión o enriquecimiento con recursos de procedencia ilícita.
Debo destacar que en la iniciativa se establece como obligación que las Sofipos tendrán la responsabilidad de promover la educación financiera y establecer que esta tendrá por objeto propiciar el ahorro y el apoyo crediticio para el desarrollo de las actividades productivas de sus clientes; para lo cual podrán recibir donativos y apoyos de los gobiernos federal, estatal y municipal.
Finalmente, con esta iniciativa fomentamos también el principio de transparencia al establecer la creación de un padrón de promotores ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con objeto de que se regule la función de los mismos y no se permita que abusen del desconocimiento que puedan tener los ahorradores para atraerlos a prácticas fraudulentas.
Con esta iniciativa se fortalece el marco normativo en materia de crédito popular y representa un avance importante para modernizar y eficientar el sistema financiero mexicano. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valles, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 13 y 19 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Un momentito, diputada, por favor. Sonido en la curul de la diputada Margarita Cuata, por favor. Sonido, ahí está.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Pedirle al diputado proponente si me permite adherirme a su iniciativa, por favor.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Diputado Valles?
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (desde la curul: Adelante.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Manifiesta su aceptación para que puedan darse la firma suya y de quienes quieran suscribirla, y entonces estaría a disposición aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva. Adelante, por favor, diputada Edith Martínez.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Mil gracias, diputado presidente. Estimados diputados, en una ocasión Gabriela Mistral habló en un discurso una frase con la que quiero iniciar esta propuesta: Nosotros somos culpables de muchos errores y muchas faltas, pero nuestro peor crimen es el abandono de los niños negándoles la fuente de la vida. Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar, los niños no pueden. Ahora es el momento, sus huesos están en formación, su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando. A él, nosotros no podemos contestarle, mañana. Su nombre es hoy.
Estimados diputados, presento ante este pleno la iniciativa que adiciona diversas fracciones a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, con el objetivo de crear mecanismos de participación y de evaluación dentro de los centros de atención infantil, en donde cuidadores, maestros y padres de familia de manera organizada, contribuyen a la mejora en la educación, atención y seguridad en los mismos.
Como sabemos, la familia es el primer espacio donde los niños se desarrollan y aprenden. Los cambios sociales que se han vivido en las últimas décadas han permitido la paulatina inserción, especialmente de las mujeres en el campo laboral, dejando a cambio parcialmente el cuidado de los hijos en el hogar.
Este cambio de paradigma trajo consigo una nueva búsqueda de soluciones. En esta ocasión para acercarse a la conciliación entre la vida familia y la carrera profesional y/o laboral, dando lugar a lo que hoy se conoce como guarderías o Centros de Atención Infantil.
Si bien estas circunstancias han cambiado la dinámica familiar, se estima pertinente generar normas legales en donde se logre la conciliación, la responsabilidad y la participación de los padres de familia en los lugares en donde dejan al cuidado a sus hijos.
De acuerdo con estudiosos en la materia, la participación de la familia en la educación se debe entender como la posibilidad de incidir, de decidir, de opinar, de aportar, de disentir y sobre todo de actuar en diversos campos de la educación, acordados previamente y de común acuerdo entre los docentes, los padres de familia y otros agentes educativos que participan en funciones definidas y comprendidas por ambos.
También encontramos en diversos estudios sobre el tema que han comprobado que los padres de familia que se incorporan en este proceso escolar activamente, por supuesto que son vistos por sus hijos como interesados en su cuidado, pero además dan mayor valor a la educación y coadyuvan al cumplimiento que los objetivos de desarrollo de la educación de la institución tiene de por sí.
La ley en su momento respondió a una problemáticas muy dolorosa específica y recordada por todos nosotros. Sin embargo no se estableció en su momento la participación activa de los padres de familia como los primeros responsables en el cuidado y educación de sus hijos.
Por ello el espíritu de la actual propuesta pretende favorecer que los padres de familia sean protagonistas en la educación y cuidado de los hijos que se realiza justo en estos centros.
Señores diputados, es momento de instituir como primer responsable del desarrollo a la familia en esta ley, porque segura estoy que en la medida en la que se establece que son los padres de familia los primeros educadores, siendo los cuidadores y maestros de los centros colaboradores en esta función, lograremos mejores resultados desde la atención temprana.
Asimismo, complementando la iniciativa sobre el desarrollo infantil, se pretende establecer en la ley que una de las principales características que la atención temprana debe tener es la evaluación de la atención del niño que asiste al centro de atención mediante pruebas diagnósticas que puntualicen su progreso infantil como herramienta de medición.
Como ejemplo para lograr ese objetivo tenemos la llamada evaluación del desarrollo infantil, la prueba EDI –mejor conocida así–, que se desarrolló por un grupo de especialistas como una herramienta de tamizaje diseñada y validada en México para la detección temprana de problemas del neurodesarrollo en menores de cinco años de edad.
Si nosotros hacemos esta evaluación podemos tomar decisiones y sobre todo acciones dirigidas a mejorar el desarrollo de nuestros niños en la mejor edad que es dentro de los cinco años primeros de vida. Compañeros, sigamos construyendo puentes a favor de nuestros niños. Seguros estamos que invertir en el presente será la mejor inversión para el futuro de las generaciones de nuestro querido México. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Martínez. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.
La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Araceli Damián, por favor. ¿Con qué propósito, diputada?
La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Tengo conocimiento de que en breve se reunirá la Junta de Coordinación Política y quiero hacer un llamado para que se aborde el tema de la visita de los padres de los 43 desaparecidos que desde el 18 de marzo entregaron una carta solicitando venir a este pleno de la Cámara. Esta petición responde a otra anterior que se hizo en donde la Junta ya había manifestado que lo que se requiriera en la carta firmada por los padres, y este requisito ya fue subsanado y espero una respuesta que abone al conocimiento y a la verdad y a la justicia para estas familias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Damián. Esta presidencia tiene conocimiento de que el tema de la participación de la presidenta de la comisión especial sobre el caso de Ayotzinapa, estará presente en la reunión de la Junta de Coordinación Política y está considerado en el orden del día. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar cuatro iniciativas.
Una con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La segunda, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o., de la Ley Federal de Consulta Popular.
La tercera, con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o., de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
La cuarta, con proyecto de decreto que reforma los artículos 20 y 21 de la Ley Federal de Cinematografía, en una sola intervención.
El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez: Con su venia, presidente. Honorable asamblea, hoy en esta tribuna presentaré tres iniciativas en materia indígena y la otra pediría que se turne directamente a comisiones.
Pedirles que me ayuden a enriquecerlas y ponerlas al servicio de nuestras comunidades indígenas. Debemos abordar las reformas de nuestras comunidades indígenas a través de sus propios ojos, con elementos que les den satisfacción y bienestar a su forma de vida, a sus familias y a su entorno.
La primera, adiciona un párrafo al artículo 4o de la Ley de la Consulta Popular, y proponemos garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a participar en consultas populares, donde proponemos que sean los tres órdenes de gobierno, el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos electorales, los organismos locales electorales quienes promuevan la participación en las consultas populares, particularmente en los temas de relevancia nacional que afecten directamente.
Debemos reforzar los mecanismos que permitan a nuestras comunidades incidir en la vida pública nacional, escuchar su voz, avanzar en democracia aún más, y aprobar esta iniciativa significaría tener una democracia más incluyente y dotar de una nueva herramienta al Estado mexicano para su gobernabilidad.
La segunda iniciativa es una reforma al artículo 2 de la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Nuestros pueblos indígenas siguen enfrentando un panorama de rezago, se habla mucho de una deuda pendiente en términos de pobreza, de educación y de acceso a servicios, lo que los mantiene como un grupo altamente vulnerable.
Atender rezagos de este importante sector nos obliga a generar instrumentos que permite al Estado responder con precisión a sus necesidades, un diagnóstico claro de la situación y características de las comunidades indígenas.
Por eso propongo la creación de un padrón nacional de comunidades indígenas como herramienta para diseñar e instrumentar programas y políticas más eficaces que estaría integrado con la siguiente información: nombre de la comunidad, lengua, población total incluyendo la población migrante, datos sociodemográficos, indicadores de acceso a servicios básicos, nivel de ingresos, escolaridad, suscripción a programas sociales y localización geográfica.
Cabe señalar que actualmente existen padrones locales en diversas entidades, pero la idea es formar un padrón nacional real, con el cual también podremos medir la efectividad de las acciones que desde el gobierno se enfocan para resolver sus problemas, convertir este padrón en ser una fuente de conocimiento que contribuya a transformar la realidad de los millones de mexicanos.
La tercera reforma tiene por objeto incorporar en el Código Nacional de Procedimientos Penales diversos conceptos en materia de justicia indígena, en otras palabras, se trata de garantizar a la justicia de nuestros pueblos indígenas y darle el valor real a algo que hemos perdido de vista, a un patrimonio que no hemos valorado, y me refiero también a la organización interna de nuestras comunidades indígenas, a sus autoridades comunitarias, a su asamblea, a su forma de contribuir en un orden social.
Cuando te paras en medio de una comunidad indígena y observas, no solo ves pobreza, ves que las viviendas no tienen bardas de protección, las puertas no tienen llave, las ventanas no tienen protecciones, tampoco vemos policías cuidando el patrimonio. Sin embargo, este es un razonamiento para entender que a pesar de que tenemos un solo México tiene diferentes caras.
La pregunta que hago es: ¿Por qué se guarda este orden social? ¿Qué estamos haciendo para fortalecer esta forma de organización? ¿Qué va a pasar el día en que este orden se rompa? ¿Cuánta policía habríamos que contratar? ¿Cuál sería el gasto? ¿De qué impuesto tendríamos que obtener el gasto?
Las autoridades comunitarias funcionan sin salario y cumplen expectativas de orden y dan tranquilidad a los miembros de la comunidad. Muchos lo llaman usos y costumbres, otros las definimos como formas que funcionan. Nuestras comunidades, a través de sus autoridades, ancestralmente han utilizado la mediación, la reconciliación y la reparación del daño como un medio, como un medio para poder reivindicar a los ciudadanos que incurren en alguna falta.
Se han ganado la confianza de nosotros para poderlos hacer partícipes en la impartición de justicia, siempre y cuando, cuando no sean delitos que excedan cierta cuantía, que no sean delitos graves, cuando sean faltas reparables. Ellos conocen a las personas, saben cuando alguien sustrajo algo por necesidad y merece una segunda oportunidad, también saben quién es un infractor frecuente y merece una sanción más drástica y deba ser puesto a disposición de la autoridad judicial.
Hoy tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales homologado en el país, pero que desde la justicia indígena no fue armonizado. Con esta iniciativa proponemos incorporar al Código Nacional de Procedimientos Penales diversos conceptos en materia de justicia indígena, el reconocimiento a sus sistemas normativos para su regulación y solución de conflictos, así como a sus autoridades y formas de organización.
Ya nuestra Carta Magna lo establece como una composición pluricultural, sustentada en nuestros pueblos indígenas, por lo tanto el Estado se encuentra obligado a garantizar derechos y libertades en el marco de los principios de autonomía y libre determinación.
El proceso de transformación que hemos iniciado en el país bajo el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto no estaría completo sin la reivindicación de los pueblos y comunidades indígenas. Si bien este Código constituye una innovación jurídica sin precedentes, debe hacer referencia a nuestros pueblos y comunidades indígenas.
En diversas entidades federativas ya tenemos leyes especializadas en materia de justicia indígena, estas leyes reconocen la existencia y validez de los sistemas normativos. Personalmente en mi estado tuve la oportunidad de trabajar en ella. A partir de mi experiencia les puedo decir que como sociedad tenemos mucho que aprender de nuestros pueblos indígenas en su forma de sentir, de pensar y de ver la vida.
La justicia es una aspiración que demanda no sólo de nuestro compromiso con el Estado de derecho y la aplicación de la ley, sino también de identificar nuestras particularidades como nación pluricultural. Ya lo afirmó don Jesús Reyes Heroles: En un país democrático, si las realidades cambian, cambia el derecho. Pero también mediante el derecho se cambian las realidades.
Compañeros y compañeras diputadas, los invito a sumarse a esta iniciativa, los invito a garantizar la justicia en nuestros pueblos indígenas. Es cuanto.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Sánchez.
Túrnese la primera de las iniciativas a las que hizo referencia el diputado, referidas al artículo 4o. de la Ley Federal de Consulta Popular, túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
La segunda, referida a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.
La tercera, referida al Código Nacional de Procedimientos Penales, túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen, y;
La cuarta, él mismo solicitó que se le diera turno, la referida a la Ley Federal de Cinematografía, túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.
El diputado vicepresidente, Alejandro Ojeda, solicita suscribir la iniciativa, señor diputado Sánchez. Manifiesta su aceptación, para que pueda esto suceder.
La diputada Delia Guerrero Coronado (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Delia Guerrero, por favor.
La diputada Delia Guerrero Coronado (desde la curul): Sí, solicitarle al diputado Christian Joaquín Sánchez, si me permite adherirme a estas tres iniciativas tan importantes, gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. El diputado proponente ha manifestado su aquiescencia para que puedan ser suscritas por quienes así deseen hacerlo y está a disposición, por supuesto, aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.
El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul aquí del diputado Cándido Coheto, por favor.
El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (desde la curul): De la misma manera, para suscribir esa importante iniciativa presentada por el diputado Joaquín.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias.
La diputada Edith Yolanda López Velasco (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido también ahí en la curul de la diputada, por favor. Adelante, diputada Yolanda López.
La diputada Edith Yolanda López Velasco (desde la curul): Gracias, presidente. También para pedirle autorización al compañero diputado, para poder adherirme a estas importantes iniciativas.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado proponente reitera su aquiescencia para que puedan ser suscritas, gracias. Continuamos.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Gustavo Madero Muñoz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Grupos Vulnerables.
Ya hacía rato que no pasaba a tribuna mi amigo diputado Madero. ¿No le daban permiso o qué?
El diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz: Es grilla eso.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No, no es grilla, no. Esto es, como dirían los columnistas, es sólo pregunta. Adelante, diputado, por favor.
El diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz: Ah, muy bien. Los tengo mal acostumbrados, hoy vengo solamente a presentar una iniciativa, con todo respeto. Es una iniciativa, que primero que nada les mando un saludo, muy respetuoso, a todas y a todos los diputados, pero primeramente, debo decirlo, a los integrantes de la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables, mis respetos por el trabajo y el compromiso de todas las y los integrantes de esta importante comisión.
De hecho, esta iniciativa que presento la presento a nombre de toda la comisión, porque así hemos trabajado. Hemos trabajado en unidad, con un propósito firme de ver por encima de nuestras diferencias de partido y tutelar por los derechos de las personas con discapacidad.
Por eso, el día de hoy quiero ser muy respetuoso y simplemente hablar de los derechos humanos de las personas con discapacidad, y presentar una iniciativa para solucionar una deficiencia que tenemos en nuestra legislación electoral al respecto.
Como ustedes saben, el reconocimiento universal del goce de todos los derechos humanos a toda persona en México, está respaldado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los tratados, los instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales el Estado mexicano forma parte, y también nos proporcionan los retos para mejorar las condiciones de igualdad de oportunidades para todas las personas en nuestro país.
Los derechos políticos son aquellos que reconocen y garantizan a cada ciudadano y ciudadana la participación en la toma de decisiones públicas, pero, y aquí está el pero, en la LGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su párrafo quinto del artículo 280 establece una restricción que es violatoria de los derechos humanos.
Establece que en ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a personas que se encuentren privadas de sus facultades mentales.
Esta es una restricción, esta restricción que dice, privadas de sus facultades mentales, es contraria a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad que firmó nuestro país ante la ONU. De hecho fue uno de los promoventes principales.
Este Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, de la ONU, emitió una serie de observaciones a nuestro país. Las observaciones fueron, precisamente, por el primer informe que presentó el Estado mexicano sobre los avances de la implementación de la Convención sobre los derechos de personas con discapacidad en México, que se elaboró en 2011.
Pero desde ahí, desde 2011 se señala este Comité, que hemos tenido una serie de observaciones y recomendaciones qué atender por parte del Estado mexicano. Y esta comisión se hace cargo, en esta ocasión, para presentar esta iniciativa y avanzar en esta materia.
El derecho a la no discriminación se desprende del principio de igualdad y está reconocido en el artículo1, párrafo quinto de la Constitución y en diversas cláusulas antidiscriminatorias contenidas en los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
Lo que queremos quitar es esta restricción, este mandato que se hizo al artículo 280 de la LGIPE, en la que básicamente lo que se trataba es de evitar que las personas pudieran alterar el orden y salvaguardar el voto de los ciudadanos, que no era con la intención de discriminar a las personas con discapacidad ni mucho menos para limitar su derecho al voto.
Por eso, en atención a dichas obligaciones, la Convención de Atención a Grupos Vulnerables, cumpliendo con sus funciones de institución especializada en velar por el derecho a la no discriminación, proponemos modificar la prohibición de poder entrar a la casilla, de tal manera que no se discrimine a las personas con discapacidad.
Con esta iniciativa daremos cumplimiento a una de las recomendaciones del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad sobre la base de los compromisos asumidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y el Estado mexicano garantizará el derecho al voto a todas las personas con discapacidad en nuestro país.
Esta iniciativa que presentamos a nombre de la comisión, también pedimos respetuosamente, diputado presidente Zambrano, pueda ser considerado el turno y ampliarse a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, ya sea para codictaminar o para emitir opinión, en su caso.
Y como sabemos que es tan noble el propósito que nos une y nos unió por unanimidad a todos los integrantes de la comisión, está abierta a todas aquellas diputadas y aquellos diputados que quieran suscribirla junto con nosotros. Es cuanto, presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Madero. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen. Y desde luego que tomamos en consideración la sugerencia que proponente hace para que pueda ser turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, ya sea para dictamen en comisiones unidas o para opinión, y le daremos una respuesta en breve. Gracias a usted.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado, Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 102 de la Ley del Seguro Social.
El diputado Julio Saldaña Morán: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, hoy quiero compartir con todos y sobre todo con todas un tema muy relevante e importante que sucede en los diferentes sectores laborales; sobre todo a las mujeres trabajadoras. Las mujeres trabajadoras enfrentan un momento histórico en el que requieren el respaldo de este Congreso de la Unión.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que durante el embarazo las trabajadoras gozaran de un descanso de seis semanas antes del parto y seis semanas posterior a este, debiendo recibir el salario íntegro y conservar su empleo y los derechos laborales correspondientes.
Sin embargo, la Ley del Seguro Social postula que las trabajadoras deberán haber cubierto por lo menos 30 cotizaciones semanales en el periodo de 12 meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio, de lo contrario será el patrón el que pagara el salario.
Ante esta situación muchas empresas y patrones condicionan la contratación de las mujeres al solicitarles certificado de no gravidez y prohíben el embarazo, de lo contrario recurren a la no contratación o al despido. No es nada que yo exponga en esta tribuna que ustedes no conozcan de algún caso de lo que hoy estoy mencionando.
Estas acciones atentan directamente con los derechos de las trabajadoras y contraviene con los tratados internacionales rectificados por nuestro país, como los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección de la maternidad y discriminación en materia de empleo y de ocupación.
Las mujeres trabajadoras enfrentan un momento vulnerable al momento en que desean formar una familia, pues durante el embarazo y la lactancia necesitan de protección especial para prevenir que la maternidad perjudique su salud y la de sus hijos.
Hago un llamado a que seamos conscientes de que las trabajadoras necesitan medidas de protección que garantice que no perjudique su puesto de trabajo a causa de la ausencia durante el embarazo y la maternidad.
Razón por la cual les pido a diputados y diputadas, que hoy pudieran respaldar esta iniciativa. Propongo hacer una adecuación a la Ley del Seguro Social y reducir el número de cotizaciones semanales para que las mujeres trabajadoras puedan acceder al pago del subsidio mientras están embarazadas y puedan estar tranquilas de que se respetarán sus derechos laborales.
La propuesta concreta contempla la reforma al artículo 102 de la Ley del Seguro Social para que sean 20 cotizaciones semanales en un periodo de 12 meses y no 30.
En el PRD estamos a favor de la igualdad en el empleo, porque se generan igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el trabajo. Espero contar con su apoyo para mejorar el panorama laboral de las trabajadoras.
Hace un momento un compañero diputado decía: Cuándo, cuando al campo; si ya tenemos un ramillete de reformas aprobadas en este Congreso. Hoy me toca a mí, un servidor, al igual que ustedes, decirle: No es cuándo. Es ahora que veamos el tema de lo que padecen miles de mujeres trabajadoras que por no poder cubrir estas semanas cotizadas se ven en difíciles circunstancias de poder hacer su trabajo en la tranquilidad.
No es cuándo. Es ahora, diputadas y diputados. Yo apelo a la generosidad de las diputadas que puedan impulsar, apoyar y caminar de manera conjunta en esta iniciativa que tiene una noble labor. Es apoyar a la mujer trabajadora mexicana. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Saldaña. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Lorena Corona Valdés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados. Cuando existe competencia se genera un círculo virtuoso donde empresas y consumidores ganan.
En México la competencia económica es un bien tutelado por el artículo 28 constitucional y la Comisión Federal de Competencia Económica es el órgano regulador con las facultades necesarias para asegurar condiciones de competencia y libre concurrencia en la actividad económica del país.
La comisión es un órgano constitucional autónomo que se ha destacado desde su constitución en el 2013 porque impulsa eficazmente la competencia en los mercados, así como sus opiniones, estudios y resoluciones contribuyen al crecimiento económico y el bienestar de los mexicanos.
Cabe destacar el desempeño que mostró durante el 2014. Cumplió casi el 93 por ciento de sus metas programadas y al cierre de 2015 registró un avance global del 92.2 por ciento en las 39 sanciones que incluyó en su programa anual de trabajo.
Durante el 2015 la comisión emitió 17 opiniones a marcos regulatorios y 7 de ellos fueron modificados al adoptar la opinión de la comisión, por lo que obtuvo un casi 78 por ciento de efectividad. También cuenta conforme a las mejores prácticas internacionales, con un esquema de planeación estratégica para la mejora continua en sus operaciones, lo que se ve reflejado en los mercados al favorecer la creación de un entorno competitivo y evitar las tendencias monopólicas.
Compañeros diputados, este órgano constitucional cuenta con absoluta autonomía en el ejercicio de sus funciones, emite opiniones y resoluciones sujetas a criterios eminentemente técnicos y ajenos a cualquier interés.
Al implementar la política de competencia, esta busca asegurar que existan condiciones de competencia en beneficio de todos los mexicanos. Si bien es cierto que durante el 2014 y 2015 obtuvo un cumplimiento superior al 92 por ciento, es cierto que el pleno de la comisión reconoció ante los integrantes de la Comisión de Economía de la que formo parte, que tiene un obstáculo para ellos poder frenar las disposiciones normativas que no propician un ambiente de competencia.
Los legisladores estamos obligados a escuchar todas las voces, por lo que atendiendo a un llamado de la presidenta, la maestra Alejandra Palacios Prieto, de la Comisión Federal de Competencia Económica, se presenta esta iniciativa para reformar la fracción II del artículo 105 constitucional, a efecto de concederle la facultad de ejercer acciones de inconstitucionalidad. Lo anterior en virtud de que la comisión podría detectar restricciones anticompetitivas y promover su eliminación a través del ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, dando lugar a que las disposiciones administrativas o legales acaten los principios de competencia y libre concurrencia previstos en el artículo 28 constitucional; por el impacto de la función que desempeña en la economía nacional, resulta necesario que la Comisión Federal de Competencia Económica tenga la facultad de ejercitar acciones de inconstitucionalidad, al igual que lo tiene el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ambos órganos constitucionales autónomos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Corona. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o., 6o., y 62 de la Ley de Vivienda.
El diputado René Cervera García: Compañeras diputadas y compañeros diputados, la vivienda es problema sensible para los hogares en México. Por más de una década particularmente, se han construido viviendas por todo el país sin atender a la planeación urbana, vivienda reducidas, sin opción para que crezcan, de calidad dudosa en muchas ocasiones, y normalmente a precios por encima del ingreso familiar.
Además hoy tenemos el correlato de un problema de inventario donde tenemos miles de viviendas sin habitar. Más que nunca requerimos instrumentos de política pública que articulen la construcción de vivienda, el desarrollo urbano y la ordenamiento del territorio en el país.
¿Qué magnitud tiene esta falta de articulación? Con la metodología internacional del PNUD para el cálculo de rezago habitacional reconocida en diversos foros de vivienda, se estima actualmente un faltante entre 3.4 y 3.8 millones de viviendas que corresponde a los hogares sin vivienda y a las que necesitan ser sustituidas porque su grado de deterioro ya no las hace habitables.
El Inegi registra 192 mil localidades aproximadamente en total en el país. Viven en condiciones de dispersión y con muchas carencias de habitabilidad en poco más de 190 mil de esas localidades uno de cada cuatro mexicanos y mexicanas; es decir, alrededor de 32.4 millones de compatriotas. Ahí se tienen 7.6 millones de viviendas edificadas.
En el otro extremo, en sólo 75 localidades conurbadas, existen 11.6 millones de vivienda, y 44.8 millones de personas las habitan. Según el Inegi, en el Censo de Población y Vivienda de 2010, se registra en México un aproximado de 5 millones 739 mil personas con capacidades diferentes representando el 5.1 por ciento del total de la población mexicana y teniendo predominancia en este grupo de población las mujeres que representan más del 50 por ciento del total.
El Coneval por otro lado, reportó que para 2006 de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, se registraron 44.7 millones de mexicanos que vivían en condiciones de pobreza patrimonial, 42 por ciento del total de los habitantes del país.
Esto significa que cada uno de ellos tuvo un ingreso total inferior a los mil 625 pesos, lo cual les impidió adquirir sus requerimientos básicos de alimento, salud, educación, calzado, vivienda y transporte público, aún si el total de los ingresos percibidos lo hubiesen dedicado exclusivamente a satisfacer estas necesidades.
De nada sirve tener un cálculo del rezago habitacional y las estimaciones de las necesidades de vivienda si en ambos casos no se vinculan con las metas anuales de construcción y mejoramiento habitacional, así como de financiamiento para ordenar poco a poco el territorio y habitar de mejor manera el país.
Por ello pongo a su consideración, compañeras diputadas y compañeros diputados, dos modificaciones a la Ley de Vivienda:
La primera de ellas busca precisar demográficamente el rezago habitacional por municipio al considerar los hogares sin vivienda y los hacinamientos familiares, lo cual es relevante para los presupuestos públicos en virtud de que los hogares sin vivienda requieren vivienda nueva mientras que las familias hacinadas demandan una ampliación habitacional. Igualmente ocurre con el aspecto físico del rezago, que hoy no diferencia entre viviendas deterioradas a ser sustituidas y aquellas que requieren algún tipo de mejoramiento.
Con ambos registros, el demográfico y el físico, se mejorará la definición de metas anuales municipales para atender el rezago. El propósito de ello es observar el grado de abatimiento en ese rezago tan sentido para los hogares en México.
La segunda modificación que propongo se relaciona con la atención a la vulnerabilidad muy sentida que padecen personas con capacidades diferentes. La vivienda debe ser digna y decorosa para cumplir las disposiciones aplicables en la materia, hace falta incluir en la ley el financiamiento por subsidio a personas con capacidades diferentes para que, bajo la modalidad de mejoramiento, adapten el interior de su vivienda y los accesos por los indivisos comunes bajo criterios de vulnerabilidad para que les sea digna.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, concluyo y quisiera pedir, señor presidente, si se puede incluir, insertar en el Diario de los Debates íntegra esta presentación diciendo:
La construcción de vivienda debe corresponder a una lógica articulada con el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de los ordenamientos humanos. Los hacinamientos de las grandes ciudades y la gran dispersión en miles de localidades ya es en sí un problema demográfico que debe ser considerado una prioridad nacional en los asentamientos humanos.
La política de vivienda ha tenido avances innegables, pero deberá aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social, de manera que toda persona pueda ejercer plenamente su derecho constitucional a la vivienda. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cervera. Túrnese a la Comisión de Vivienda, para dictamen e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, tal como lo ha solicitado el diputado proponente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Ángel García Yáñez: Vincular el desarrollo sustentable con el desarrollo económico y social no es una moda, es una necesidad apremiante. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza hemos pugnado continuamente con una efectiva articulación del desarrollo social y económico, con la protección y el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales.
La iniciativa que presento ante esta honorable asamblea persigue dicho objetivo mediante la reforma al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así se pretende incluir una definición clara de lo que significa el desarrollo humano sustentable y que éste se convierta en el eje sobre el que se construyan políticas públicas en todo el país.
Esta propuesta tiene su fundamento en uno de los ejes estratégicos de nuestra agenda legislativa, como lo es el desarrollo sustentable. Estamos comprometidos a fortalecer el marco jurídico a fin de que el desarrollo sustentable sea una política de Estado que articule el trabajo de los tres órdenes de gobierno y se preservan nuestros recursos.
Este compromiso no es discursivo, hemos sido consecuentes con este tema porque es una responsabilidad global. De no asumirse con la seriedad necesaria pondrá en riesgo a las nuevas generaciones.
Si bien es cierto, el artículo 25 constitucional establece que el desarrollo nacional debe ser integral y sustentable, la realidad es que hasta ahora en nuestro país la política ambiental, económica y social se han conducido de manera completamente desarticulada y eso refleja en una carencia de resultados en los tres ámbitos.
México tiene un enorme déficit en cuanto a la protección, conservación y preservación de sus recursos naturales; las condiciones económicas han conducido al país en un estancamiento y, lo más grave, que persiste la gran brecha de desigualdad social, que ha conducido que las nuevas generaciones se vean acorraladas por la desesperanza y el hartazgo, ya que su nación no les ofrece oportunidad reales de desarrollo.
Estas afirmaciones se basan en datos que nos demuestran que aún estamos muy lejos de consolidar una política integral de desarrollo. Para ejemplificar la gravedad de la situación, basta mencionar que, según datos obtenidos del informe de la situación del medio ambiente en México, edición 2012, y de acuerdo a la Carta de Uso de Suelo y Navegación, Serie Cuatro del Inegi, de 2011, en México tan solo el 36 por ciento de las selvas y el 62 por ciento de los bosques son primarios.
Asimismo, el informe se refiere durante el periodo de 2003-2006, las emisiones nacionales de bióxido de carbono asociadas al cambio de uso de suelo forestal, ascendieron a 7 mil 189 jigogramos de bióxido de carbono, lo cual significa que alrededor del 10.3 por ciento de emisiones totales de CO2 en México fueron causadas por cambios de uso de suelo.
Más datos preocupantes entre el 2005 y 2010, alrededor de 155 mil hectáreas fueron deforestadas anualmente por causas antropogénicas. En 2005 se emitieron alrededor de 71 mil punto 2 millones de toneladas de contaminantes, de las cuales el 22 por ciento fueron derivadas de fuentes naturales y el 72 por ciento por fuentes antropogénicas.
La disponibilidad hídrica en México se ha conducido sustancialmente. En 1950 era de 17 mil 742 metros cúbicos por año, para el año 2010 la disponibilidad por habitante fue de 4 mil 90 metros cúbicos anuales. Este volumen se considera como una disponibilidad hídrica baja y la situación a futuro no es alentadora.
Seguir postergando estos temas es una irresponsabilidad. La viabilidad del país está en juego. Para Nueva Alianza es imperativo dirigir la política pública hacia un modelo de desarrollo con el enfoque integral entre los aspectos económico, ecológico y social.
El artículo 25 de nuestra Constitución Política no contiene una definición clara del principio de sustentabilidad. Si bien, se hace referencia explícita a los aspectos económico y social de la sustentabilidad y se omite el aspecto ambiental, situación que deja incompleto el concepto de la sustentabilidad.
La rectoría económica del Estado, vinculada con el desarrollo nacional y la planeación democrática, está consagrada en el párrafo segundo del artículo 25 constitucional. Sin embargo, sólo se refiere a los principios de estabilidad de finanzas públicas y del sistema financiero, dejando a lado el principio de la sustentabilidad, que es el objetivo primordial del desarrollo nacional.
La insuficiencia y fragmentación del precepto constitucional vigente radica precisamente en que se instruye un modelo de desarrollo que no es integral, que deja a la protección del medio ambiente como una actividad de accesoria, cuando su trascendencia es toral, no sólo para el desarrollo, sino para subsistencia del país.
En Nueva Alianza tenemos una responsabilidad y una vocación al servicio, a la cual no renunciaremos, por ello insistiremos en que se establezca una definición concreta de lo que significa el principio de sustentabilidad y que debe vincularse con la reforma explicita y específica con el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional.
Sabemos que tomar medidas necesarias para poner el desarrollo sustentable como un eje articular del desarrollo nacional es un desafío, hacerlo afecta muchos intereses. Esos obstáculos no son condiciones, por el contrario, son una señal de que estamos en el camino correcto.
Por eso, compañeras y compañeros, los invito a que se sumen a esta propuesta, a que seamos audaces y actuemos por México. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado García. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Saludamos la presencia de mujeres y hombres de los municipios de Tulancingo, Pachuca, Ixmiquilpan, Huejutla y Cardonal, del estado de Hidalgo, invitados por la diputada Erika Rodríguez Hernández. Bienvenidas, bienvenidos todos ustedes, amigas y amigos.
Y con respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz hace unos minutos, esta Presidencia dicta el siguiente trámite: túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para opinión. Lo leo por aquí, pero para que estén en conocimiento en su bancada y se lo comuniquen, por favor.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 y adiciona un artículo 34 Bis a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita también por el diputado Rafael Yerena Zambrano, ambos del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya: Buenas tardes, compañeros y compañeras, con su venia, señor presidente.
Compañeros, el desarrollo económico de una nación no puede entenderse sin el trabajo que realizan las mujeres en los distintos procesos productivos. La labor de las mujeres en la economía ha dado muestra de su capacidad para impulsar los activos de las unidades económicas para las que trabajan o encabezan, demostrando capacidad y éxito.
El proceso histórico en el que el rol de la mujer ha venido a transformar la vida social de nuestro país tiene como resultado que hoy en día la mujer asuma liderazgos donde antes solo se pensaba que solo los hombres eran capaces.
Entre estos liderazgos tenemos los que dan lugar en el campo, ya que la población rural en nuestro país experimenta una constante afectación, principalmente por el fenómeno migratorio donde las mujeres asumen el papel de jefas de familia por la ausencia de los hombres que emigran a otras ciudades, estados, incluso a otros países en busca de un mejor empleo.
Es necesario proporcionar a las mujeres del campo mayores oportunidades para producir y vender sus productos, integrarse a las cadenas de valor, desempeñar un trabajo digno en la agroindustria, así como para realizar cualquier tipo de actividad remunerada en el sector rural, protegiendo la legitimidad de su control de los recursos materiales como la tierra y el crédito.
Un problema importante que enfrentan las mujeres del medio rural es la discriminación, ya que existe una exclusión respecto al dominio de las tierras, y que no obstante a que una importante cantidad de ellas son las titulares de derechos reales, presentan un ejercicio nulo, ya que son presionadas por los miembros varones de sus familias para cederlos. De la misma forma, los servicios de crédito, los servicios de extensión, insumo y semillas.
Por ello debemos sumarnos a los esfuerzos que organismos internacionales como la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Programa Mundial de Alimentos realizan en pro del desarrollo de la mujer rural.
Celebremos las acciones de los tres niveles de gobierno, que se ocupan de apoyar a la mujer rural. Sin embargo, sabemos que la tarea de transformar las condiciones que enfrenta este sector de la población es ardua y requiere cambios desde las bases legales.
Por lo cual, sostenemos que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres debe modificarse para que se establezcan acciones para reducir la brecha de desigualdad que suscitan el campo mexicano, la productividad, el crecimiento y aumentar las perspectivas de desarrollo para las generaciones actuales y futuras de las mujeres rurales.
En nuestro anhelo de que las mujeres rurales sean tomadas en cuenta para el desarrollo económico, ahora venimos a presentar una iniciativa que focalice el problema de la brecha de desigualdad entre las mujeres y los hombres de la vida económica del medio rural, la cual se presenta en las comunidades agrarias de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Tiene la palabra hasta por cinco minutos para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, suscrita por los diputados Leticia Amparano Gámez y Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Leticia Amparano Gámez.
La diputa Leticia Amparano Gámez: Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Con su permiso, señora presidenta. Señoras diputadas y señores diputados, el derecho a la vivienda es reconocido internacionalmente como un derecho humano que pretende satisfacer la necesidad de toda persona a tener un lugar adecuado para vivir, donde pueda desenvolverse de forma individual y colectiva; por lo que es considerado un derecho compuesto. Es decir, su ejercicio es necesario para la materialización de otros derechos.
En más de 50 años de existencia, el Infonavit ha apoyado a más de 8 millones de trabajadores y sus familias para incrementar su patrimonio otorgado a más de 70 por ciento de los créditos hipotecarios en México, siendo la institución financiera que atiende al mayor número de trabajadores activos del país. Hoy, prácticamente uno de cada cuatro mexicanos habita una vivienda financiada por el Infonavit.
El Infonavit de acuerdo a su Plan de Labores y de Financiamiento para 2016, busca transitar de un modelo hipotecario basado en el número de créditos otorgados, a uno que prioriza la calidad de vida y el valor patrimonial de los trabajadores, lo que implica que además del valor de la vivienda, procure factores de ubicación, calidad y espacio de la misma en beneficio de las familias mexicanas.
Por ello, atendiendo la naturaleza del instituto debe privilegiarse otorgar un crédito barato con las mejores condiciones de la vivienda, a fin de que los trabajadores puedan pagar su crédito al tiempo de cubrir otras necesidades básicas y satisfactores sociales.
Sin embargo, los créditos que otorga el Infonavit no son baratos y accesibles de pagar para los trabajadores con bajos ingresos, que reducen su salario cuando cambian de trabajo, lo cual no está previsto en la ley, toda vez que el descuento al ingreso del trabajador y la tasa de interés aplicada se fija al inicio del crédito y no se prevé modificarlos durante el plazo que dure el mismo, lo cual resulta en una afectación para el trabajador.
Además, hay que considerar que en términos del poder adquisitivo, no hay mejoras para quien trabaja, el incremento anual en el salario no ha rebasado el 4.20 por ciento, desde el primero de enero de 2013. Estudios de la UNAM estiman que en el último cuarto de siglo, el poder adquisitivo del salario mínimo perdió 76.3 por ciento.
La Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 97, que si se percibe un salario mínimo, el descuento para adquirir vivienda no podrá exceder de 20 por ciento del salario. Mientras que para los trabajadores que perciben mayores salarios que el mínimo, aplica el artículo 110 de esta misma ley, donde se establece que los descuentos para adquirir vivienda deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador; no obstante, no se fija un tope como se hace con los trabajadores que perciben un salario mínimo.
Por su parte, el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, establece que los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 30 años, lo que significa que en 30 años un trabajador podría cambiar cualquier número de veces de empleo mientras está pagando su crédito, sin que necesariamente perciba en todas las ocasiones un salario mayor.
Otro asunto que hay que tener en cuenta es que la tasa de interés anual que el Infonavit cobra a los derechohabientes por los créditos hipotecarios otorgados en veces de salario mínimo, varía entre el cuatro y el 10 por ciento, según el salario del trabajador y podrá subir si su sueldo se incrementa.
Hoy día la tasa de cobro de intereses por parte de Infonavit puede ser superior a las tasas de los bancos que otorgan préstamos hipotecarios, situándose en un 10.8 por ciento a partir de agosto de 2015, mientras que en promedio por parte de la banca privada se ubica en 9.5.
Es por ello que el día de hoy presentamos esta iniciativa para modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el fin de apoyar a todos aquellos trabajadores que ven afectado su ingreso familiar por el cambio de una relación laboral, derivado de que el descuento y/o tasa de interés que les aplica rebasa su actual capacidad de pago.
Proponemos establecer como tope el 30 por ciento de su salario durante el plazo de cada crédito otorgado, así como considerar que si el trabajador adquiere otro empleo percibiendo un salario menor, los intereses a pagar por el préstamo otorgado por el Infonavit también se reduzcan proporcionalmente.
Se propone también establecer que todos los créditos que otorgue el Infonavit sean en pesos mexicanos y que todos los trabajadores puedan cambiar los créditos otorgados a pesos con una tasa de interés razonable en función de su salario, a fin de que el instituto siga en la senda de otorgar créditos baratos y accesibles.
Compañeras y compañeros diputados, con las reformas propuestas por Acción Nacional se busca que independientemente de que cambie el ingreso del trabajador durante la vigencia de su crédito, este no incumpla con sus obligaciones crediticias.
De aprobarse esta propuesta se permitiría que los trabajadores cuenten con un patrimonio a través de la adquisición de su vivienda y que esto no afecte el ingreso familiar.
Con esta iniciativa buscamos proteger a todos los trabajadores que adquieran una vivienda, tengan siempre la posibilidad de pagarla y que su situación laboral no impida que los mexicanos tengan acceso a una vivienda digna.
Hace unos momentos uno de los compañeros que me antecedió, trabajando el tema de vivienda, comentaba precisamente el afinamiento que da lugar a la promiscuidad, el que muchas operadoras, jefas de familia de una maquiladora, un jefe de familia de maquiladora con sueldos bajos adquiera con muchos esfuerzos su trabajo, pero cambia precisamente de repente de trabajo, pierde su trabajo y consigue uno con menor ingreso, se le sigue descontando como siguiera teniendo esa misma remuneración que entra a su bolsillo. Eso ha dado pie, como lo mencionaron, que se abandonen miles y miles de viviendas. Aquí se trata de un ganar-ganar, se trata precisamente de que esa jefa de familia, ese jefe de familia no pierda su vivienda y no dé lugar a las diferentes problemáticas sociales que se dan en la familia mexicana, en la familia de la clase trabajadora.
Acción Nacional pide el apoyo a esta propuesta que sin lugar a dudas traerá muchos beneficios, y no esté en la disyuntiva una jefa de familia, una operadora de la maquiladora, a “o le doy de comer a mis hijos o pago la vivienda”. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda, para su dictamen.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Santiago López: Buenas tardes. Con su permiso, presidenta. Para el Grupo Parlamentario del PRD es una obligación ineludible atender las exigencias y demandas de quienes generan empleos, producen riqueza y contribuyen con sus impuestos al gasto público del país, como son las micro, pequeñas y medianas empresas. Las Mipymes son un elemento fundamental en el desarrollo económico de México, porque constituyen la columna vertebral de la economía nacional.
El Inegi señala que los sectores que albergan el mayor número de micro, pequeñas y medianas empresas son la industria manufacturera, el comercio y los servicios. La importancia de estas unidades económicas para la economía municipal, estatal, regional y nacional, es ampliamente reconocida. Contribuyen con 7 de cada 10 empleos formales que se generan en el país, constituyen el 99 por ciento de las unidades económicas y generan el 52 por ciento del producto interno bruto.
Por eso el día de hoy vengo a someter a esta honorable asamblea la creación de la defensoría del micro, pequeño y mediano empresario, que será un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa y de gestión, persona jurídica y patrimonio propio.
Esta propuesta es consecuente con la necesidad que el Centro de Investigación y Docencia Económica, a través de su análisis titulado “Justicia Cotidiana” advierte de crear una instancia de esta naturaleza.
El objetivo de esta institución será incentivar y promover el desarrollo de estas unidades económicas además de transmitir a las autoridades la realidad de las empresas de menor tamaño, así como de las de reciente creación para facilitar mecanismos de diálogo y concertación y a fin de que se cumpla con la ley, se tenga mejor acceso a mecanismos de justicia y se favorezca un entorno que incentive la formalidad.
Por otro lado, con esta iniciativa también se propone que el Congreso de la Unión tenga la facultad de expedir leyes generales que sean vinculatorios para todas las autoridades de los diferentes niveles de órdenes de gobierno, a fin de establecer las bases de coordinación entre la federación, la Ciudad de México, los estados y los municipios, en materia de micro, pequeñas y medianas empresas; y así fortalecer el desarrollo sustentable de las Mipymes.
Pese a su valor estratégico, las Mipymes enfrentan graves obstáculos para su desarrollo. A las complicaciones legales para abrir su negocio los pequeños empresarios tienen que solventar cuestiones que van desde la renta del local comercial u oficina, pasando por permisos y trámites ante autoridades administrativas, hasta los contratos de prestación de servicios o de compra venta de bienes y contratación de personal.
Esto, a la larga, repercute directamente hasta tornarse en una pesada carga, que sin los debidos apoyos por parte de las autoridades, en el extremo puede llegar a ocasionar hasta el cierre de muchas Mipyme.
Por eso es urgente que las autoridades gubernamentales den mayor apoyo a las Mipymes. La emergencia económica a nivel nacional, caracterizada por estancamiento e inflación, devaluación del peso frente al dólar, el precio del petróleo por los suelos, entre otros, obliga a darle prioridad tanto a la protección como al desarrollo de las Mipymes. En virtud de lo anterior, espero que la propuesta la aprueben en sus términos. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José de Jesús Galindo Rosas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 56 y 57 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, por favor.
El diputado José de Jesús Galindo Rosas: Con permiso de la Presidencia. Los bosques, los árboles en las explotaciones agrícolas y los sistemas agroforestales desempeñan un papel decisivo para los medios de vida de la población rural de todo el mundo al proporcionarle empleo, energía, alimentos nutritivos y una vasta gama de otros bienes y servicios ecosistémicos. Poseen un enorme potencial para contribuir al desarrollo sostenible y a una economía más verde; sin embargo, faltan datos e información que permitan una mejor política pública forestal.
Estos datos son indispensables para dar fundamento a las políticas sobre la gestión y el uso de los bosques y asegurar que los beneficios que éstos proporcionan no sólo desde el punto de vista medioambiental, sino también por su contribución en aspectos sociales más amplios, se tomen en cuenta en la agenda gubernamental, social y económica.
Las áreas forestales presentan una complejidad social enorme, pues son las unidades básicas de la organización y estructura ecológica, además son hogar de 13.5 millones de personas e incluyen 23 mil 111 ejidos y comunidades con presencia de 43 diferentes etnias.
Para el Partido Verde es importante que se garantice el suministro oportuno de información clara y precisa a todas las entidades involucradas en la actividad forestal, basada en una vinculación interinstitucional para la mejor toma de decisiones en el sector forestal.
Compañeros y compañeras legisladores, la superficie vegetal forestal del país cubre una extensión de un millón, 452 mil 475 hectáreas, es decir aproximadamente el 74 por ciento de la superficie total del país. México presenta una tasa de deforestación, de acuerdo a Conafor, de 155 mil hectáreas anuales, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, indica que cada año se deforestan 478 mil 922 hectáreas de bosques y selvas, por lo que de mantener la tasa de deforestación señalada por la Comisión Nacional Forestal, en tan sólo 9.3 años terminaríamos con nuestros bosques y no debemos permitirlo.
Para preservar esta riqueza natural forestal es preciso contar con información de nuestros bosques y selvas. Evidentemente la información es un factor crucial para el desarrollo sustentable, la presente iniciativa busca la coordinación del Estado con los sujetos forestales y las organizaciones de la sociedad para promover e instrumentar un desarrollo forestal sustentable, a través del denominado Sistema Nacional de Gestión Forestal.
El Sistema Nacional de Gestión Forestal es el instrumento de política forestal y su función principal es ser la plataforma informática para tramitar todos los actos de autoridad en la materia.
Con esta iniciativa en el marco de la Estrategia Digital Nacional, se pretende realizar un esfuerzo trasversal sin precedentes para ordenar, sistematizar y coordinar la gestión forestal institucional con los sujetos forestales y las organizaciones de la sociedad interesadas en promover e instrumentar el desarrollo forestal sustentable.
Con la iniciativa que hoy les presento, se ha procurado colmar esta laguna de información forestal mediante la recolección y el análisis sistemático de los datos disponibles sobre el aporte de los bosques a la satisfacción de las necesidades de las personas, mejorar la información disponible y ajustar las políticas con miras a potenciar los beneficios de los bosques en el futuro, así como las medidas que se adoptarán para revertir los procesos de degradación de los recursos forestales en nuestro país. Gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen.
Saludamos la presencia de alumnos del Tecnológico de Monterrey, campus Toluca, invitados por el diputado José Ignacio Pichardo Lechuga. Les damos la bienvenida.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Ahora tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Turismo.
La diputada María Antonia Cárdenas Mariscal: Con su venia, señora presidenta. Compañeros diputados y diputadas, en México, durante los últimos 20 años, el trágico fenómeno del turismo sexual se ha venido incrementando alarmantemente.
De acuerdo con el informe correspondiente al 2013 del Departamento de Estados Unidos sobre Trata de Personas, cada año en México 20 mil niños, niñas y adolescentes son víctimas de la explotación sexual, mientras 85 mil son utilizados en actos de pornografía, en 21 de las 32 entidades federativas de nuestro país.
Asimismo la Organización Internacional del Trabajo señala a este llamado negocio como uno de los más lucrativos a nivel mundial después del tráfico de armas y de drogas, con ganancias que van desde los 8 a los 10 mil millones de dólares al año.,
Si bien contamos con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, es necesario incorporar el tema del turismo sexual a los programas y políticas de la Secretaría de Turismo, con objeto de desalentar y erradicar totalmente este grave delito contra los derechos humanos.
Existe una amplia y compleja red de complicidad. El reclutamiento y operación a través de los hoteles, en los cuales se permite el ingreso de huéspedes con niños o niñas, es en muchas de las veces facilitada e incluso a veces promovida por los mismos empleados, que proporcionan el catálogo con las características de la mercancía y la lista de precios.
Todo ello permitido por la prevalencia e impunidad de las autoridades locales que ven en turismo sexual como una actividad remunerada, otorgando amplias facilidades a los turistas extranjeros –aquí entra el de Canadá– para acceder a menores de edad, bajo la premisa de la estancia placentera, donde encontrarán ojos que no ven y bocas que nunca hablan.
Por ello exhorto que la Secretaría de Turismo apoye de manera activa con las erradicaciones de este delito en México. Sin embargo, dentro de las atribuciones de la Ley de Turismo que le confiere a la secretaría encargada de la materia, en ninguno de sus artículos se encuentra la obligación clara y expresa respecto a que al ser esta la que tiene bajo su dirección la concerniente en materia turística, entendiéndose por esta los procesos que se derivan de las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos a su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos.
Consideramos de vital importancia armonizar la legislación con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en este tema, integrando con las atribuciones que da la dicha ley de la Secretaría de Turismo, la obligación a coadyuvar y fortalecer la lucha contra la trata de personas en la modalidad de explotación sexual comercial, turismo sexual, en cuanto a su ámbito de competencia y a través de implementar políticas públicas que desalienten el turismo sexual, así como promover campañas del interior y exterior del país para prevenir y disminuir dicho delito.
Por lo anterior expuesto, pongo a su consideración el siguiente proyecto de decreto. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Turismo para su dictamen. Ahora tiene la palabra, hasta por cinco minutos...
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Adelante, diputado Norma Edith Martínez, ¿con qué objeto?
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (desde la curul): Muchas gracias, diputada presidente, con el objeto de solicitar a la diputada María Antonia me permita suscribir esta iniciativa que exige que tomemos medidas inmediatas con este tema tan doloroso que afecta a nuestros niños. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: La diputada Cárdenas Mariscal manifiesta su conformidad. Queda a su disposición en esta Secretaría para la suscripción correspondiente.
La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: La diputada Delfina Gómez, adelante por favor.
La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Buenas tardes. También de la misma forma pedimos todos los integrantes de Morena podamos sumar a esta iniciativa que es de vital importancia, si nos permite la compañera diputada Antonia.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: La diputada manifiesta también su conformidad. Queda a disposición de quienes deseen suscribirla en esta Secretaría.
La diputada Mariana Arámbula Meléndez (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Pide la palabra también la diputada Arámbula, del Partido Acción Nacional. Adelante, por favor.
La diputada Mariana Arámbula Meléndez (desde la curul): Gracias, diputada. También para pedirle que nos permita sumarnos a la iniciativa a mis compañeras Gretel, y a mi compañero Herminio y a su servidora, a la compañera Brenda también. Gracias.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: El diputado vicepresidente Bolaños también manifiesta el interés y la diputada promovente, Antonia Cárdenas Mariscal manifiesta su conformidad. Queda a disposición de quienes desean suscribir la iniciativa aquí en la Secretaría.
La Presidenta diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Tiene la palabra también, por cinco minutos, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 27, 28 y 148 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Adelante, por favor.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muchas gracias, diputada presidente. Compañeros y compañeras diputados, la economía mexicana requiere hoy ser más productiva para ser más real y menos especulativa.
Ante la fuerte oleada de inestabilidad internacional nuestra economía requiere que tomemos medidas alternativas que apunten a detonar los sectores productivos del país con estrategias muy concretas.
Este impulso requiere fortalecer aquellas actividades que signifiquen elaborar productos de mucha calidad y ofrecer servicios multiplicadores que rompan con el círculo vicioso de la producción en el que han caído algunos sectores. Esto con la finalidad de generar más empleos estables y formales, no solo ocupación.
Pese a todo, no podemos olvidar que la economía de las familias es una prioridad. Mientras no bajemos las actuales tasas de desocupación y la economía del país no genere nuevos puestos de trabajo, no se abonará a estas economías de los hogares.
Ajustes y autoridad en el presupuesto es el perfil que observamos en el presente ejercicio, pero no se puede dar la espalda al estímulo, a la productividad, al impulso, a los sectores económicos y a la definición de un marco que ayude a generar ocupación.
Por ello, pongo a consideración de esta soberanía la presente iniciativa, que busca regresar el ritmo de productividad a uno de los sectores más importantes en la rama de los servicios, como lo ha sido el restaurantero, a partir de medidas fiscales como la deducibilidad al 100 por ciento para los establecimientos exclusivamente de alimentos legalmente constituidos.
Con esta clase de medidas se busca incentivar al sector para que logre recuperarse y esté en condiciones de abonar en la generación de empleos que tanto requiere hoy la economía nacional, lo cual signifique un crecimiento obviamente para nuestro país.
La situación económica que se vive actualmente en México no ha permitido mantener el ritmo de productividad en sectores como este. Más allá de mantener el nivel de ventas, es más fácil verse afectado con el registro de pérdidas. Según los análisis de muchas cámaras empresariales, el efecto más sensible es una pérdida de miles de empleos y la disminución en el consumo.
La industria restaurantera en México, compañeros y compañeras, tiene gran importancia, representa 1.4 del producto interno bruto nacional y 13 por ciento del PIB turístico. Esta industria impacta a 84 ramas económicas y genera 1.5 millones de empleos directos, así como 3.5 millones de indirectos y es el segundo mayor empleador a nivel nacional.
Superan empleo al conjunto de personas ocupadas en los sectores de pesca, minería, electricidad, agua, distribución de gas, y también el de la construcción en su totalidad y registra más de 428 mil establecimientos a lo largo de todo el país.
Compañeras y compañeros diputados, esto quiere decir que es necesario otro ajuste, pero uno hacia políticas activas, que fomenten la productividad y el empleo. Claro, no hay que desatender el gasto social, pero urge crear puestos de trabajo. Es necesario fomentar la economía productiva, aceptando que estas ayudas pueden y han de ser consideradas también como expresión de política social.
La política tributaria no es una herramienta solo para recaudar recursos, es un sistema para redistribuirlos. Prioricemos la creación de puestos de trabajo, compañeros y compañeras diputadas. Es cuanto, señora presidenta.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Ya regresé. Gracias, diputado Aguilar. Perdón, diputado Ralis. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, el diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, e igualmente una segunda iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y una tercera con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o. y 16, y adiciona un artículo 41 Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En una sola intervención.
El diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras diputadas. El día de hoy presento tres iniciativas de ley que tienen por objeto hacerle justicia a diversos sectores que generalmente se han visto vulnerables por las condiciones económicas del país, pero también porque a veces nos olvidamos de ellos.
La primera, que tiene por objeto reformar la Ley del Seguro Social. Es para aquellos pensionados que están bajo el esquema de la Ley del Seguro Social de 1973, los cuales en su mayoría reciben una pensión equivalente a un salario mínimo, la cual es insuficiente para poder subsanar el costo de la vida actual. A veces nos olvidamos que estos adultos mayores requieren atención, requieren también que nos fijemos nosotros en ellos.
Durante mi campaña política muchas voces se alzaron para pedir la actualización de esta pensión. El costo de la vida, la línea media de bienestar y de bienestar mínimo, no alcanza para ser cubierta.
En la vejez llega la enfermedad, llega la soledad y en muchos casos llega el abandono. Abandono del que son objeto miles de adultos mayores y con lo cual nosotros queremos garantizarles que después de muchos años de trabajo y de aspirar a retirarse de manera digna lo puedan hacer. Que aquellos que están bajo este régimen de 1973, puedan tener actualizadas sus pensiones y con ello mejorar su calidad de vida.
Creo que esto más que una reforma a la ley, es un acto de justicia para todas aquellas personas que efectivamente se encuentran en esta situación y de las cuales muchas veces no nos acordamos.
De igual manera pretendo, con otra iniciativa, reformar la Ley del Infonavit. La Constitución es muy clara y advierte en su artículo 4o. que la vivienda es para todos. Que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
Vemos con tristeza que esta máxima constitucional no es cumplida a cabalidad. Hay muchas personas, millones de personas que trabajan en la informalidad y que no tienen acceso a un crédito de vivienda; que no tienen acceso tampoco a un patrimonio de familia. La vivienda no es únicamente un espacio donde se vive. Es un patrimonio que se hereda, es un patrimonio para los hijos
Con ello, aquellas personas que se dedican a trabajar por cuenta propia, los vendedores de catálogo, los boleros, las personas que tienen un propio negocio y que viven también bajo un esquema de informalidad, puedan tener acceso a un crédito de Infonavit. Que con su esfuerzo, con su aportación puedan tener este acceso. Que no se les niegue, que no únicamente sea la formalidad.
No podemos negar la realidad en la que vivimos. El 58.8 por ciento de los trabajadores trabajan en la informalidad y es por ello que es de vital importancia contar con el apoyo de esta Cámara de Diputados para poder también darles acceso a todos a una vivienda y no remitirlos a los bancos que tampoco les dan crédito, porque no tienen cómo acreditar ingresos; a las financieras que les cobran tasas de interés excesivamente elevadas y que con esas tasas de interés es imposible garantizar el pago del crédito. Este es el objeto de la segunda iniciativa que presento.
La tercera iniciativa tiene por objeto fomentar el empleo. ¿A cuántos nos piden trabajo diario? A muchos nos piden trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Ver qué sectores son los más vulnerables; tanto los jóvenes de 29 años o menos, los adultos mayores de 55 años, de 50 años; es extraordinariamente complejo encontrar un trabajo. Los deportados, los migrantes que llegan, llegan sin nada, también les cuesta trabajo encontrar empleo. Es por ello que la iniciativa pretende dar incentivos fiscales mayores, en muchos casos a los existentes, para que los empleadores los vean verdaderamente atractivos en su contratación, para que los adultos mayores que quieren trabajar, se les abran las puertas.
Los jóvenes se preparan, salen adelante en sus estudios profesionales; cuando llegan al mercado laboral, ven con tristeza que muchas veces no encuentran empleo o el que encuentran no es acorde a su perfil. Creo, compañeras y compañeros diputados que es momento también de incentivar que se les contrate, que pongamos algo nosotros también para poder decirles “las puertas están abiertas”.
Invertir en México también es invertir en los jóvenes, en nuestros migrantes deportados y en nuestros adultos mayores, en la generación de empleos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeros diputados.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Aguilar. Túrnese la primera de las iniciativas referida a la Ley del Seguro Social, a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.
La segunda de ellas referida a reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La última, tercera, referida a reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, túrnese a la Comisión de Vivienda igualmente para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Elva Lidia Valles Olvera, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o., y 48 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
La diputada Elva Lidia Valles Olvera: Gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, todos sabemos y reconocemos la importancia que en México tiene el Sector Agropecuario, pues este aparte de generar alimentos, es un importante generador de empleos, ya que representa el tercer sector con mayor población ocupada, casi 7 millones de personas, así también, en cuanto a la superficie de las unidades de producción éstas representan poco más de la mitad de la superficie del país y la tercera parte de las mismas se orientan a las labores agropecuarias.
Los procesos productivos en el medio rural requieren de diferentes elementos importantes para que dicho proceso se desarrolle, entre éstos se encuentran el financiamiento. En este sentido, es el tema del financiamiento al sector primario agrícola el que en esta ocasión nos ocupa, ya que éste se considera como una de las actividades prioritarias para una economía en desarrollo, pues contribuye a la generación de capital y de proyectos productivos que de otra manera no se realizarían.
Sin embargo, de acuerdo al Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2013-2018, y al documento de trabajo del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable de esta Cámara de Diputados, coinciden en que únicamente el 1.5 por ciento del financiamiento total de la economía en México, se canaliza al sector rural, su problemática y las opciones de financiamiento a sus procesos productivos.
Al respecto la participación de las organizaciones sociales que representa al sector agrícola, han señalado que los esquemas formales de crédito que la banca de México ofrece no han llegado a la agricultura campesina. Consideran como limitantes desde su perspectiva y condición, la complejidad de los trámites que deben hacerse para la obtención del crédito y los elevados niveles de las tasas de interés.
Ante esta situación la Financiera Nacional de Desarrollo presenta programas de crédito como opción para que los productores tengan una oportunidad de beneficiarios con crédito accesible; sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación en la evaluación de desempeño 2007 y 2013 que realiza a dicha financiera, dice que hubo una disminución en el número de productores atendidos por dicha institución, el 54.6 por ciento, mientras que el número de los intermediarios financieros rurales se incrementó a pasar de 48 a 222.
Para el año 2014, el gobierno federal en materia de crédito agropecuario anunció créditos para pequeños productores con tasa de interés máxima del 7 por ciento anual, montos de crédito de hasta 230 mil pesos y la reducción de requisitos en un 40 por ciento, utilizando la figura de intermediarias financieras para que sean estas las que acerquen el crédito a los productores, los cuales de acuerdo a la fracción IV del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Financiera Rural pueden ser sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y sociedades financieras populares, que se regulen en la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
La Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo establece que, los artículos 1 y 7, la financiera apoyará actividades de capacitación y asesoría a los productores para la mejor utilización de los recursos del crédito.
Ante todo lo señalado tal pareciera que el negocio ya no está en la producción, sino en el financiamiento para la producción; fortaleciéndose una figura financiera cómoda para la financiera rural, pero muy incómoda para el productor, dado las altas tasas de crédito para los productores. Pero tampoco es culpa de las intermediarias actuar así, es la falta de regulación, son los vacíos de la propia ley ante las ambigüedades en ciertos párrafos que le permiten ese abuso.
Lo anterior se corrobora particularmente con lo dicho por diversos productores del municipio de San Fernando, Tamaulipas, quienes han manifestado que ellos cubren desde un 14 hasta un 22 por ciento de las tasas de interés impuestas por la financiera rural. Dicha situación afecta la capacidad productiva, la complejidad y en general el desarrollo de los productores del campo.
El éxito de los países que hoy cuentan con un campo productivo y próspero se debe a que este ha sido respaldado con créditos suficientes y adecuados. De ahí que la condición para detonar un desarrollo en el campo sea la de contar con créditos suficientes y tasas competitivas.
México no ha logrado posicionarse en un estado de financiamiento con tasas de crecimiento suficientes como para impulsar el campo productivo y próspero, al que han aspirado las diferentes políticas públicas para el desarrollo del campo de los diferentes gobiernos.
De acuerdo con lo antes expuesto, la presente iniciativa tiene por objeto establecer garantías de que las tasas de interés que se aplican a los productores por medio de los intermediarios financieros sean accesibles y no afecten en su capacidad productiva, busca además un fiel cumplimiento del propósito que pretende la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
En particular se propone establecer un límite a la tasa de interés de dichas intermediarias de crédito, a fin de no quedar en desventaja competitiva con otros productores y que los beneficios de la cosecha no se vean mermados al pago del préstamo por los respectivos intereses. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Valles. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7 y 33 de la Ley General de Educación.
El diputado Waldo Fernández González: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el contar con una discapacidad no debe de ser una limitante para los educandos, sin embargo la realidad es otra.
Lo anterior lo podemos observar con lo señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2011, donde advirtió de violaciones a la educación, así como al principio de igualdad por omitir proveer de libros de texto gratuitos actualizados en el sistema Braille tanto a nivel primaria como en secundaria, a los niños con discapacidad visual. Esta situación representa un obstáculo al pleno ejercicio del derecho a la educación, pues impide ejercerlo en igualdad de circunstancias y de condiciones con respecto a los alumnos sin discapacidad.
Cabe resaltar que las personas que sufren de alguna discapacidad tienen problemas tanto en su desarrollo escolar como en el laboral. De ahí la importancia de legislar para coadyuvar al desenvolvimiento de las personas con discapacidad auditiva para lograr su inclusión social.
Por otro lado, hay otro segmento de la población que nació con una sordera profunda, que no consiguen acceder a la lengua oral y que para ellos su lengua materna es el lenguaje de las señas. Esto ha provocado que todos los días se enfrenten con barreras comunicativas, como podría ser una consulta con el médico o con los profesionales de la salud en general.
En el plano internacional, los derechos humanos de estas personas se encuentran protegidos en la Declaración Universal, en donde se señala que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho.
Asimismo, el numeral 5 de la Declaración de los Derechos de los Impedidos establece que el impedido tiene derecho a las medidas destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía posible.
En este mismo sentido, es indispensable destacar que el orden jurídico nacional también protege a las personas con capacidades diferentes, particularmente en el artículo 1o. de nuestra Carta Magna, en donde queda prohibida toda discriminación motivada por discapacidad o por condiciones de salud.
Así también el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo consagra el derecho que tiene todo individuo a recibir educación.
De acuerdo al Inegi, para 2010, por cada 100 personas con discapacidad en México, 12 declararon tener dificultades para escuchar, aun usando un aparato auditivo. Lo cual coloca a este tipo de limitaciones como el tercero más frecuente en el país, solo superado por las de movilidad y las visuales.
En lo que se refiere a la asistencia escolar, solo existe 47 de cada 100 personas con dificultades para escuchar. Las mujeres tienen un porcentaje de asistencia ligeramente mayor al de los hombres.
Cabe destacar que durante los primeros años escolares se logra que la población con dificultades para escuchar permanezca en la escuela. Sin embargo, conforme va avanzando su edad hay mayor abandono escolar. Esto se debe a la falta de lugares accesibles al grado escolar siguiente, o por circunstancias familiares que afectan la permanencia escolar.
Por otro lado, entre la población con dificultad para escuchar de 15 años y más de edad, 55.1 por ciento completaron al menor un año de la educación básica, 5.4 alguno de la educación media superior, y 4.1 por ciento la superior.
La Ley General de Educación cita, en su artículo 41, que la educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social.
Asimismo señala que tratándose de menores de edad con discapacidades, la educación especial propiciará su integración a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos para los que se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios.
De todo lo anterior expuesto, se desprende la necesidad de instrumentar acciones para que las personas con algún tipo de discapacidad auditiva se integren a la sociedad, pues tienen los mismos derechos que los demás; e implementar acciones en su favor, que sin duda facilitarán su proceso de inclusión.
Es necesario que la dificultad para oír y escuchar deje de verse como un impedimento para el desarrollo integral, debe verse simplemente como una característica más de las personas.
Es imperativo mencionar, que los profesores desde su formación deberán de llevar como materia el lenguaje de señas, para que una vez finalizada su formación educativa puedan brindar a los educandos esta materia optativa.
Es por esta razón que presento estas modificaciones a la Ley General de Educación, para que el lenguaje de señas pueda ser una materia optativa, para que los educandos que no tienen esa discapacidad puedan conocer dicho lenguaje. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Fernández. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil.
El diputado Enrique Zamora Morlet: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y diputados, la iniciativa que orgullosamente presentamos conjuntamente mi estimado y mi amigo el diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela y un servidor y la bancada del Partico Verde Ecologista de México, y de la cual solicitamos su invaluable apoyo, está encaminada en dar una solución a la violación de los derechos de los consumidores de servicios de transporte de aviones comerciales, a los que son sujetos por parte de permisionarios de este servicio en el país.
Cada año más de 700 millones de personas alrededor del mundo viajan en aviones comerciales para desplazarse de un lugar a otro. En México, el total de pasajeros transportados por las aerolíneas mexicanas en vuelos regulares, tanto nacionales como internacionales rondan aproximadamente los 40 millones de personas anualmente.
Para minimizar los costos de producción y hacer más costeable el servicio que ofrecen las aerolíneas, incluyen en su modelo de negocios prácticas como la sobreventa de boletos.
Las compañías aéreas calculan que una pequeña parte de los viajeros que reservan un vuelo, entre 8 y 10 por ciento aproximadamente, no se presentan en el aeropuerto para hacer válida su reservación. Por ello, emiten una cantidad de boletos que rebasan las plazas disponibles en las aeronaves. Sin embargo, no consideran los daños ocasionados a los pasajeros por utilizar esa práctica.
A la anterior práctica se le denomina overbooking o sobreventa de boletos y puede motivar a que la compañía aérea niegue el embarque en un vuelo contratado por aquel que sobrepasa la capacidad de asientos en el avión, causando en ocasiones daños irreparables, el overbooking es una situación permitida por las leyes en algunos países de todo el mundo que se da cuando el número de pasajeros es mayor que el número de plazas del avión.
No obstante lo anterior, por desgracia observar grupos de personas que deben esperar largas horas o pernoctar en las salas de espera a causa de la alteración de los horarios de los vuelos por sobreventa de boletos, cancelaciones, retrasos o reprogramaciones decididas de manera unilateral por las aerolíneas se ha convertido en una escena cada vez más frecuente en los aeropuertos mexicanos.
De hecho, la sobreventa de boletos en conjunto con la cancelación de vuelos por parte de los usuarios y aerolíneas da la negativa de aplicar los descuentos correspondientes en transportes terrestres, son los conflictos más comunes que se reportan a la Procuraduría Federal del Consumidor durante el verano y la temporada decembrina.
Es decir, que en algunas ocasiones debido a que la sobreventa no tiene establecido un tope máximo, esta se sale de control y afecta seriamente los derechos que los viajeros tienen como consumidores.
Un ejemplo claro es la irritación que han causado los reiterados maltratos de Aeroméxico y su filial Aeroméxico Connect hacia sus clientes, lo cual trajo como consecuencia que la Profeco ejerciera por primera vez una acción colectiva para impugnar lo que consideró abusos contra clientes y una aerolínea en operación.
Por el contrario, es de mencionar que ninguna aerolínea estadounidense realiza esta práctica en la actualidad, ya que en primera instancia trasgrede los derechos de los usuarios y en segunda a la ley.
En ese sentido consideramos que es obligación del Estado proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, que generalmente son la parte más débil en las relaciones económicas, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses.
Por lo anterior, creemos pertinente evitar que las aerolíneas continúen llevando a cabo esta práctica de forma indiscriminada, con la finalidad de incrementar sus ingresos, sin importar la afectación que causan a los usuarios.
El objeto de la presente iniciativa, por la que se adiciona el artículo 52 Bis y se agrega la fracción XIII al artículo 87 de la Ley de Aviación Civil, es eliminar por completo esta nociva práctica para todas las aerolíneas que operan en nuestro país.
Asimismo, solicito su apoyo, compañeros legisladores, para suscribir esta iniciativa y dar respuesta a esa demanda de la sociedad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Zamora Morlet. Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Un segundo, diputado, por favor. Sonido en la curul del diputado Ixtlahuac.
El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (desde la curul): Gracias, presidente. Para felicitar al diputado Enrique Zamora y pedirles a los grupos parlamentarios que se sumen a esta iniciativa, ya que es un problema fuerte con los consumidores de boletos de aviación. Y felicitar, una vez más, al diputado Enrique. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ixtlahuac. Adelante, diputado.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, adelanto que las referencias personales que haré son muy respetuosas y tienen un propósito legislativo.
El día de ayer se votó por unanimidad la reforma al artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En las intervenciones previas a la votación los legisladores enaltecieron los principios que debemos tener en cuenta para respetar la pluralidad y la diversidad del país.
Me voy a permitir retomar literalmente algunos comentarios y expresiones de los diputados que ayer posicionaron a sus respectivos grupos parlamentarios, previo a la votación del dictamen presentado por la Comisión de Radio y Televisión.
La diputada Lía Limón, a cargo de la Presidencia de la Comisión de Radio y Televisión, dijo que la iniciativa que se votó busca hacer uso de cualquiera de las lenguas nacionales, ya sea el español o alguna de las lenguas indígenas reconocidas en la legislación vigente, y que con ello se reafirma el sentido del artículo 2o. de nuestra Constitución, que con la reforma creemos que esta propuesta contribuirá a que exista un marco jurídico acorde con nuestro texto constitucional y contribuya a la preservación de las lenguas indígenas.
Mencionó también la diputada, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 20 de enero de 2016, que resolvió el juicio de amparo en revisión 622-2015, que promovió el escritor en lengua náhuatl Mardonio Carballo, promovió al escritor para que la ley no restringiera su derecho para cualquier persona que se exprese en su propia lengua en cualquiera de las concesiones de radiodifusión previstas en la ley.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, de Encuentro Social, mencionó que la riqueza cultural de la nación mexicana se refleja en las más de 68 lenguas indígenas que se hablan en el país y que para garantizar nuestro patrimonio plurilingüístico en la Constitución y en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, se señala de manera puntual que tanto el español como las lenguas indígenas son lenguas nacionales.
El diputado José Bernardo Quezada, comentó que la reforma que estaba a votación busca que esté acorde a lo que dispone el artículo 2o. constitucional que garantiza los derechos culturales de los pueblos indígenas. Y enfatizó: en Nueva Alianza, promovemos los valores de igualdad, libertad y dignidad de los mexicanos. Estos valores están reconocidos en nuestra Carta Magna y en los diversos tratados de los que nuestro país es parte de ello.
El diputado José Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, mencionó que los Acuerdos de San Andrés, celebrados hace 20 años, generaron muchas expectativas en torno a los derechos indígenas, y por eso sin dejar de reconocer que hubo muchos avances con la reforma del artículo 2o. constitucional del año 2001, también es claro que quedaron muchos pendientes en la materia.
El diputado hizo un reconocimiento al escritor y poeta indígena Mardonio Carballo, por el amparo que promovió ante la Suprema Corte, porque en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que de manera absurda señala que los concesionarios de las estaciones radiodifusoras deberán hacer uso del idioma nacional y que eso –dijo– es una franca violación a los derechos lingüísticos reconocidos por nuestra Carta Magna.
La diputada Paloma Canales, del Partido Verde, mencionó que México ha buscado atender la composición plurilingüística, así como el reconocimiento al valor cultural que tienen las lenguas indígenas y precisó: Con esta reforma se busca dar claridad legislativa al sustituir el concepto de idioma nacional por el concepto de lenguas nacionales que incluyen las lenguas indígenas, el español, armonizando así su redacción con el criterio existente en el artículo 4o. de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
El diputado Tomás Octaviano Félix, del Partido de la Revolución Democrática, dijo: El derecho a la existencia, reproducción y fortalecimiento de estas lenguas está contenido en el artículo 2o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas. Su desarrollo, la legislación secundaria, como es el caso, fortalecerá sin duda a los pueblos y comunidades de este sector. Mencionó también la importancia de la resolución de la Corte.
La diputada Gretel Culin Jaime, del Partido Acción Nacional, señaló que en el Pan siempre se han pronunciado por el respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales.
Finalmente en esta larga referencia, el diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del PRI, señaló que nuestra Constitución Política determina en su artículo 2o. que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas.
Quisiera señalar yo en esta oportunidad que la reforma al artículo 230 de la Ley General de Telecomunicaciones no se refería solo a las concesionarias de uso social –como lo señalaron en sus posicionamientos los diputados José Bernardo Quezada, Gretel Culin, Pablo Elizondo, de Nueva Alianza, del PAN y del PRI, respectivamente, ya que eso está contemplado en el propio artículo 230–, sino para que cualquier persona pueda hacer uso de las lenguas nacionales en las concesionarias de uso público y comercial, como se deduce del multicitado amparo de la corte.
Hice referencia a las posiciones, por favor, compañeros, a los posicionamientos porque todos hablaron de la resolución del amparo de los derechos lingüísticos establecidos en la ley en la materia y los establecidos en la Constitución, pero ninguno se refirió a que la corte señaló de manera expresa que “hay elementos suficientes como para señalar que el hecho de establecer en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión el uso exclusivo o preferente del idioma español en las concesiones de radiodifusión, contraviene lo dispuesto en la Carta Magna, ya que la ley suprema no reconoce a una sola lengua nacional”.
Derivado de lo anterior, termino, pongo a consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 2o., constitucional para señalar que tanto el español como las lenguas indígenas son nacionales. Para atender lo señalado por la corte y evitar nuevas acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones, como de la Ley General de Derechos Lingüísticos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Caballero. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Se recibió de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Igualmente se recibió también de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social.
El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio: Con su venia, diputado presidente. México ha tenido un importante desarrollo en materia democrática y también desarrollo social.
Se ha, sin duda, legislado para que los programas de desarrollo social no sean utilizados para fines distintos o ajenos a aquellos para los que fueron creados. Por ello, la presente iniciativa tiene como objetivo central que los programas sociales no se utilicen con fines electorales o mucho menos de promoción personal de los servidores públicos o de cualquier otra persona en la búsqueda de candidaturas.
La idea de una candidatura electoral no es una figura necesariamente ligada a los procesos de elección popular propios de los países democráticos y representativos, sino que pueden presentarse en todos aquellos casos en los que existe un cargo cuyo titular o encargado es designado mediante un proceso colectivo. De tal manera que las candidaturas electorales son la forma en las que un aspirante a un cargo público se presenta ante la ciudadanía para conseguir su aprobación y apoyo electoral.
Con las recientes reformas aprobadas en materia electoral en nuestro país, se puede llegar a cargos de elección popular por la vía de partidos políticos, o como aquí lo hemos visto, por candidaturas independientes, de ahí la importancia de garantizar la imparcialidad, la igualdad, la equidad de las condiciones de competencia entre los aspirantes a los cargos.
Nuestra Constitución de la república, en su artículo 134 establece dos cosas fundamentales. Por un lado, la propaganda gubernamental que debe tener carácter institucional con fines informativos, educativos o con orientación social. Y por el otro, prohíbe que dicha propaganda que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de algún servidor público.
En ese mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha resuelto diversos recursos de apelación razonando que la promoción personalizada se actualiza cuando la propaganda tienda a promocionar al servidor público destacando su imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos o económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, asociando los logros de gobierno con la persona más que con la institución, dando como resultado que el nombre y las imágenes se utilicen en apología del servidor público o de cualquier persona, con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con tintes político-electorales. Este criterio aparece sustentado en el expediente SUP-RAP-43/2009 del tribunal en mención.
Así también, el máximo órgano jurisdiccional electoral ha resuelto que la promoción personalizada del servidor público se actualiza al utilizar expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo mensajes tendientes a la obtención del voto o al mencionar la pretensión de ser candidato para un cargo de elección popular; así como a cualquier referencia en los procesos electorales, resolución visible en el citado expediente jurisdiccional.
El mandamiento del artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social no solo contempla una temporalidad durante el proceso electoral, va más allá, ya que la difusión de los programas sociales se realiza prácticamente durante todo el año. No observarlo así podría colocar en condiciones de inequidad y desigualdad las contiendas electorales, debilitando el objetivo principal de los programas sociales y poniendo en riesgo los derechos humanos y sociales de los beneficiarios.
Por lo anterior someto a la consideración de este pleno la iniciativa que reforma el artículo 28 del ordenamiento antes mencionado para quedar de la siguiente manera:
“La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional en los que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda:
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político o interés de promoción política personal. Queda prohibido el uso para fines distintos del desarrollo social”. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Noble. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen. Diputado, la diputada Guadalupe desea suscribir su iniciativa. Diputado Noble.
El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio: Por supuesto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Da su aceptación, entonces está a su disposición aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva para quienes deseen suscribirla.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa: Muy buenas tardes. Toda persona es apta para el trabajo y debe tener la oportunidad constante de realizarlo sin discriminación alguna. Principios de doctrina del PAN 2002.
Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo y que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define discriminar como dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos y de sexo, y en nuestro marco jurídico la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define a la discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, y señala entre otros motivos la edad.
En 2007 la Organización Internacional del Trabajo menciona que la discriminación laboral por edad es una nueva forma de discriminación reconocida, porque las actitudes negativas en cuanto a la contratación y la permanencia de los trabajadores de más edad obedecen a la creencia de que estos son de lento aprendizaje, poco adaptables y de salud frágil.
Una traba más que puede dificultar la contratación de trabajadores de más edad puede ser la idea de que entrañan un costo mayor y de que su productividad disminuye progresivamente debido al deterioro de sus capacidades físicas y mentales por la edad. No obstante que muchos países ya han legislado a favor de la no discriminación por motivos de edad en el trabajo, desafortunadamente la discriminación laboral por edad sigue siendo una constante en nuestro país y sus mayores víctimas son los adultos mayores, las mujeres y las personas mayores de 40 años.
En México el principio de no discriminación por edad se encuentra sustentado jurídicamente en nuestra Constitución, toda vez que el artículo 1 prohíbe la discriminación por edad.
Eta iniciativa que hoy presento tiene como objeto principal la de establecer el principio de no discriminación por edad en el acceso al trabajo y a su permanencia, toda vez que en nuestro país se ha establecido legalmente como parte de los derechos humanos el principio de no discriminación por razones de edad, tanto en nuestra Constitución como en nuestra legislación federal y en la firma de varios tratados internacionales en la materia.
Sin embargo aún persisten muchos centros de trabajo, ya sean empresas o establecimientos, que ponen como condición o requisito la edad para contratar a una persona y con ello impiden el acceso a un empleo digno y bien remunerado a miles de personas.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional propone reformar el artículo 123 constitucional para prohibir expresamente la discriminación para el trabajo o el empleo por condición de la edad.
No existe ninguna justificación para las empresas que les nieguen el derecho al trabajo a las mujeres y a las personas mayores de 40 años. Debemos terminar con esa injusticia, que tanto lacera el tejido social. Las y los mexicanos somos iguales ante la ley y debemos tener los mismos derechos.
Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional considera necesario reformar el artículo 123 constitucional para prohibir expresamente la discriminación para el trabajo o el empleo por condiciones de edad, así como también por el origen étnico o nacional, el género, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, la condición migratoria, las opiniones, las preferencias sexuales o el estado civil. Con ello, estaremos en congruencia con lo que establece nuestra propia Carta Magna y los tratados internacionales de los que México forma parte. Es cuanto, señor presidente.
Solicito que se incluya íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Paniagua. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, tal cual lo solicitó la diputada proponente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 42 y 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia. Antes de comenzar con la presentación de esta iniciativa, expreso en esta tribuna nuestro respaldo al trabajo que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exigimos un respeto total por parte del gobierno mexicano.
La Comisión y Emilio Álvarez Icaza cuentan con la suficiente autoridad y calidad moral en materia de derechos humanos, por lo que resulta inadmisible la campaña de desprestigio que se realiza contra su labor.
México no merece una regresión autoritaria ante las críticas. Por ello, exigimos respeto a esta institución tan importante, como lo es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. –Hice un pequeño cartelito, ya vamos a terminar, seguramente.
La violencia contra las mujeres es resultado de una situación de desigualdad entre mujeres y hombres. Las cifras con las que se cuentan destacan que la violencia de género es un fenómeno extendido por todo el mundo, donde las mujeres han manifestado sufrir violencia en algún momento de su vida, ya sea porque son violadas, agredidas físicamente, forzadas a tener relaciones sexuales, obligadas a contraer matrimonio o en otros tipos y modalidades de violencia, como la mutilación de su cuerpo.
La violencia contra las mujeres es el resultado de una situación de desigualdad y es sólo una punta que sale a toda la serie de violaciones a nuestros derechos como mujeres. La Organización de las Naciones Unidas ha recomendado al Estado mexicano mejorar el acceso de justicia a las víctimas de violencia de género, además de garantizar las sanciones a los culpables, pues existe una total impunidad en estos hechos, basta ver las cifras de feminicidios y su nula sanción.
Por su parte el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha planteado a nuestro país establecer mecanismos efectivos para supervisar la aplicación de las leyes sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
De igual forma, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha observado las deficiencias en materia de investigación y ha manifestado su preocupación ante la ineficiencia de los sistemas de justicia para juzgar y sancionar los casos de violencia contra las mujeres.
Si bien, han existido avances muy significativos, es importante fortalecer la labor de las instituciones para atender esta importante deuda con las víctimas de violencia de género y de todas las mujeres que en distintos momentos hemos luchado por establecer estas instituciones.
La presente iniciativa busca la creación y fortalecimiento de los centros de justicia para mujeres por parte de las entidades federativas, de acuerdo a los lineamientos de operación y modelo de atención que emita la Secretaría de Gobernación y no dejando a la buena voluntad de los gobiernos su creación y funcionamiento. De los gobiernos estatales, por supuesto.
Actualmente la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres ha subsidiado la creación de 26 centros en 18 entidades federativas. Estos espacios serán una suma de esfuerzos de instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, los cuales proporcionarán servicios de manera coordinada y especializada a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos bajo un mismo techo, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia y encontrar conjuntamente un proceso de redignificación.
El contar con este tipo de espacios permitirá transitar hacia las acciones del Estado mexicano para garantizar la seguridad humana de las mujeres, lo que se traduciría en que se sientan protegidas, puedan vivir bien, vivir como lo decidan y sin humillaciones, con una calidad de vida que les permita vivir con libertad, acceder al mercado y contar con oportunidades sociales.
Estamos hablando de garantizar las acciones concretas del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Contreras. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Y tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Coordinación Fiscal.
Y también para presentar, perdón, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ambas iniciativas en una misma intervención.
El diputado Tomás Roberto Montoya Díaz: Gracias. Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea, la protección de nuestras niñas y niños es uno de los ejes principales de nuestra labor como legisladores. Es además un deber constante la construcción de una mejor sociedad y mejorar la calidad de vida que cada uno de nuestros niños y niñas merecen.
No se puede hablar de protección a este sector sin hacer esfuerzos para que su educación no se vea interrumpida y que su vida escolar y aprendizaje estén realmente garantizados por las autoridades educativas.
Es por eso que someto a la consideración de todas y todos ustedes la presente iniciativa para coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano encaminadas a garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de nuestras niñas y niños.
En este sentido, la presente iniciativa tiene como objeto crear un mecanismo interinstitucional encargado de atender de manera oficiosa los casos de asistencia irregular y abandono en la educación básica. La detección de estas anomalías deberá turnarse a la Procuraduría de Protección o del Menor correspondiente, para su investigación, atención y seguimiento de tales casos.
La presente iniciativa tiene sus cimientos en el sistema institucional configurado por la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que instituye la creación de las Procuradurías del Menor o de Protección, y cuyo diseño les otorga la facultad de dar seguimiento a las actividades académicas y al entorno de los educandos.
El esquema de atención se incorpora al procedimiento diseñado para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de los niños. El mecanismo propuesto se encuentra bajo un esquema de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública, a través del personal docente y las Procuradurías de Protección, quienes en esencia configuran la institución idónea para la restitución de los derechos de la infancia.
No podemos dejar de mencionar que cualquier esfuerzo encaminado a mantener a nuestros niños en las aulas será un dique de las violaciones de sus derechos, tales como el trabajo infantil, la explotación sexual, la violencia familiar, los matrimonios y embarazos en adolescentes.
También es mi intención exponer ante esta asamblea una iniciativa que surge de la preocupación por brindar seguridad a la población, por proteger la integridad de cualquiera que necesite auxilio inmediato y de resguardar el adecuado funcionamiento de nuestros servicios de emergencia.
Esta iniciativa pretende proteger la operación y la respuesta oportuna de las instituciones de seguridad ante cualquier llamado de la ciudadanía, sancionando las llamadas que denuncian hechos falsos y entorpecen la movilización de Bomberos, Protección Civil, paramédicos, policías y cualquier otra corporación que brinde apoyo ante situaciones de emergencia.
Las llamadas falsas o de broma son un hecho que afecta a todas las instituciones de seguridad en el país. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2015 se registraron 90 millones de llamadas, de las cuales 65 por ciento eran falsas.
Estas alertas generan importantes costos cuantificados por instituciones como la Cruz Roja, entre los 3 mil y 40 mil pesos por cada movilización en falso, y más grave aún, propician que dejen de atenderse verdaderas urgencias.
Realizar una llamada que movilice en vano los servicios de emergencia puede considerarse por algunos como una conducta inocente sin mayores consecuencias, no obstante, al ser cada vez mayor el número de estas incidencias se pone en riesgo el patrimonio, la salud y hasta la vida de cualquiera que tenga la mala fortuna de no ser atendido a tiempo.
No podemos dejar de mencionar, que en ocasiones esta conducta es utilizada por los grupos delictivos para desviar la atención de las autoridades en un punto específico y así cometer delitos graves.
El gobierno federal ha unificado esfuerzos en materia de seguridad pública, estableciendo la homologación del servicio de llamadas de emergencia con el número 911. Sin embargo, es nuestro deber contribuir a este esfuerzo con medidas que fortalezcan al Sistema Nacional de Seguridad sancionando esta aberrante conducta. Necesitamos desincentivar esta conducta que vulnera la seguridad de nuestras familias.
Es por eso que proponemos, una sanción económica basada en el costo que implica la movilización de unidades en una situación de emergencia, solicitando además que lo recaudado por la ejecución de estas multas se destine al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los estados, siendo en todo momento el fortalecimiento a la seguridad de la población el único objetivo de esta propuesta.
Someto a la consideración de ustedes estas dos propuestas, esperando que encuentre su apoyo y agradeciendo de antemano su atención. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Montoya. Túrnese la primera de las iniciativas referidas a reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen. Y la referida a reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Coordinación Fiscal, túrnense a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La diputada Brenda Velázquez Valdez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada Brenda Velázquez, por favor.
La diputada Brenda Velázquez Valdez (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para solicitarle al diputado Tomás Montoya, si me permite suscribirme a sus dos iniciativas. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Diputado?
El diputado Tomás Roberto Montoya Díaz (desde la curul): Sí, adelante.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado proponente acepta. Además viniendo de usted, cómo le iba a decir que no, que pueda suscribir su iniciativa. Gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Proceda la Secretaría a dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Junta de Coordinación Política.
Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaria de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en cumplimiento al Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal que vincula a los Estados Unidos Mexicanos y la República de Honduras, realicen las gestiones necesarias para brindar la asistencia consular del connacional Gustavo Castro Soto, garantizando el pleno respeto a sus derechos humanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2016.
Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
En votación económica se pregunta si se aprueba...
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Un momentito por favor, diputada secretaria. Sonido en la curul de la diputada Candelaria Ochoa, por favor.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidente, quiero hacer público mi reconocimiento a la Junta de Coordinación Política porque ha tomado la mejor decisión, que es intervenir en el caso de Gustavo Castro. Quiero agradecerles a todos los diputados y las diputadas por este apoyo. Muchas gracias.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aunque todavía no se vota, pero supongo que la vamos a votar a favor. Continúe la Secretaría por favor. Gracias, diputada Ochoa.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (15:10 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 31 de marzo, día último de marzo, de 2016 a las 11 horas. Buena tarde.
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