Comunicaciones
Dictámenes
Cynthia Gissel García Soberanes, PES
Irma Rebeca López López, Morena
Votación en lo general y lo particular
José Refugio Sandoval Rodríguez, PVEM
J. Guadalupe Hernández Alcalá, PRD
Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, PAN
Sylvana Beltrones Sánchez, PRI
Votación en lo general y lo particular
Presentación de mociones suspensivas
Ana Guadalupe Perea Santos, PES
María Eugenia Ocampo Bedolla, PNA
Víctor Manuel Sánchez Orozco, PMC
Rodrigo Abdala Dartigues, Morena
José Alberto Couttolenc Buentello, PVEM
José Hernán Cortés Berumen, PAN
Martha Sofía Tamayo Morales, PRI
Votación en lo general y lo particular
Acuerdos de la Junta, sobre diversos temas
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 259 diputadas y diputados, por lo tanto señor presidente, hay quórum.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (11:29 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (Votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se dispensa su lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga u so de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Oficio de la Mesa Directiva, por el que comunica que el jueves 27 de octubre del año en curso se recibió de la Cámara de Senadores, minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008, lo cual se turnó a la Comisión de Justicia para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Actualícense los registros parlamentarios. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se recibieron los siguientes oficios.
1. De la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, solicitud para retirar iniciativa que reforma los artículos 2 y 11, y Primero Transitorio de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, presentada el 29 de abril del año en curso.
2. De la diputada María Elena Orantes López, por el que solicita el retiro de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, presentada el 29 de abril de 2016.
3. Del diputado Mariano Lara Salazar, por el que solicita el retiro de la iniciativa que reforma el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, presentada el 21 de abril de 2016.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: La Cámara de Senadores informa:
1. La designación del senador Oscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como secretario de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión; y
2. La designación de la senadora María Lucero Saldaña Pérez, como diputada constituyente en sustitución del senador Joel Ayala Almeida.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se recibieron de la Cámara de Senadores 47 proposiciones con punto de acuerdo, por las que solicita a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítanse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: La Secretaría de Salud remite información relativa a las contrataciones por honorarios, al reporte del monto ejercido de los subsidios otorgados y a las reglas de operación, correspondientes al periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2016, e informa que el resultado de las evaluaciones de los programas sujetos a reglas de operación se encuentra publicado conforme al programa anual de evaluación en la página electrónica de esta institución.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las Comisiones de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: El Instituto Nacional de las Mujeres remite el informe de resultados julio-septiembre 2016, así como los avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite diversos informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2016; así como la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal; el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondiente al mes de septiembre de 2016.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítanse a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Oficio de la Comisión Federal de Competencia Económica, con el que remite el tercer informe trimestral 2016, que da cuenta de los resultados alcanzados y acciones desarrolladas durante el periodo que comprende del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Oficio de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el que remite el informe de resultados, fiscalización y rendición de cuentas 2016.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: El Congreso del Estado de Jalisco, remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12, fracción III, de la Ley General de Educación.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules los siguientes dictámenes.
1. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 150, 155 y 189 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de convocatoria a comisión a diputadas y diputados promoventes.
2. De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
3. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
Queremos destacar y agradecer la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Duncan Taylor, embajador del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en México, quien participó en el acto de instalación del Grupo de Amistad México-Reino Unido, que preside nuestro compañero diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla.
La Cámara de Diputados le da la más cordial bienvenida, señor embajador. Y hace votos por el fortalecimiento de relaciones de amistad, diálogo y cooperación entre ambas naciones. Bienvenido.
La diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Alicia Gamboa. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (desde la curul): Buenos días, presidente. El motivo de mi intervención es para agradecer a los diputados y diputadas de los diferentes grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados que se unieron al exhorto a la Secretaría de Desarrollo Social para que en las reglas de operación incorpore como prioridad a las personas con discapacidad.
Tenemos que recordar que son 4.6 millones de discapacitados en todo México. Sin duda alguna las familias que tienen como integrante una persona con discapacidad, pues siempre requieren un apoyo extraordinario y qué importante sería que como prioridad los incorporaran en el programa Prospera.
Muchísimas gracias y de nuevo reconocer la solidaridad de cada uno de mis compañeros y compañeras diputados, nuevamente recalcar, de todos los grupos parlamentarios. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Alicia Gamboa, sus expresiones quedan registradas en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso m) y se adiciona un inciso n) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.
Por tanto, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía: Con su anuencia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy vamos a pedirles el voto, como siempre, a favor, de la Comisión de Salud y agradecer la participación de las diputadas y los diputados que conforman esta comisión, porque una vez más hemos coincidido en votar a favor.
El dictamen de esta iniciativa, el cual quiero platicarles muy rápidamente, que estamos por presentar y por votar es donde estamos hablando de la asistencia social para los hijos de madres reclusas, pero para que realmente se les dé la atención de la cual requieren.
Les voy a dar un dato, y datos ahora sí que informan de los propios reclusorios: que en México hay 13 mil niños, hijos de mujeres presas en nuestras cárceles de todo México. Pero lo más delicado de todo esto es que se le llama niños invisibles. Mil 500 de estos niños viven con su madre o viven en un patrón de prisión. La edad permitida para que estos niños menores vivan con las madres es de los 6 meses hasta los 6 años de edad.
En los reglamentos de prisiones no se reconocen los derechos de los niños, pero además de que no se reconocen, permanecen internos con sus madres o con sus padres y están careciendo de la atención médica especializada. Los padecimientos propios de los menores no son atendidos por los especialistas que necesitamos, no son atendidos por los pediatras o por la subespecialidad que requiere este menor de edad.
Los derechos de los niños y de las niñas deben ser iguales, estén o no estén en prisión. Los derechos de los niños y de las niñas deben garantizar la salud, como bien lo dice nuestra Carta máxima de nuestro país.
Con esta reforma lo que pretendemos es, primero, que se reconozcan los derechos de las niñas y de los niños de estas madres que por alguna situación están recluidas en alguna de las cárceles de nuestro país. Es necesario, diputadas y diputados, en esta propuesta necesitamos incluir a la sociedad; pero más que nada, proteger a los niños y a las niñas que viven con madres reclusas y además no tienen –y eso no lo desconocemos– un nivel de vida óptimo.
Todos nos damos cuenta y estamos enterados de que nuestras cárceles no son las óptimas, de la sobrepoblación que hay de madres reclusas para una cárcel que normalmente tiene capacidad para 200 y 300 madres, hacemos un censo y nos damos cuenta de que hay 500, hasta 800 en un espacio de 300. No podemos seguir tolerando. No podemos seguir no generándoles el derecho a estas niñas y a estos niños que ninguna culpa tienen de haber nacido en un reclusorio.
Es necesaria esta reforma para que estos niños y estas niñas puedan tener el mismo derecho que tienen todos nuestros niños y nuestras niñas mexicanas. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Íñiguez.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario, las siguientes diputadas y diputados quienes harán uso de la palabra, hasta por cinco minutos cada uno.
Por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, tiene el uso de la tribuna, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Con su venia, señora presidenta, honorable asamblea. Para Encuentro Social, la niñez, el grupo más frágil de la sociedad, multiplica su condición vulnerable cuando su entorno les impide gozar de lo suyo, de los más elementales derechos humanos que le son inherentes.
Es indispensable colaborar desde el Poder Legislativo con el resto de los Poderes y niveles de gobierno, así como las instancias públicas y privadas que den atención, lo más posible, para que las niñas y los niños de madres reclusas, esos, los más olvidados, puedan tener un mejor porvenir.
Desde su trinchera la Comisión Nacional de Derechos Humanos llevó a cabo 77 visitas a centros penitenciarios federales y estatales con mayor población. En ellas se pudo percibir que en 10 de ellos no se permite la estancia de menores de edad con madres reclusas, lo que vulnera el primigenio derecho del menor de convivir con su madre.
Asimismo, se detectó que en 51 centros se permite la estancia de menores desde que nacen, mientras que sus madres están internas hasta a una edad determinada que oscila entre seis meses y 12 años.
Según las cifras del Instituto Nacional de las Mujeres, en México hay 13 mil niños hijos de mujeres presas. De ellos, mil 500 viven con sus madres o padres en prisión. En este escenario resulta muy preocupante el hecho de que la población infantil en centros penitenciarios carezca de la atención médica especializada y que en el mejor de los casos sean atendidos por un médico general.
Es necesario subrayar que en el marco de los derechos humanos, tutelados y reconocidos por el entramado normativo e institucional mexicano, la obligación del Estado de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez sin distingos, sin sesgos, para garantizar plenamente sus derechos.
Sobre el particular la Ley General de Salud acaso establece como uno de los objetivos primordiales del sistema nacional de salud la asistencia social para menores en estado de abandono y propiciar su incorporación a una vida económica y socialmente equilibrada.
Hoy por hoy, el sistema de asistencia social, que se entiende el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.
No debemos olvidar que México ratifica la Convención de los Derechos de la Niñez. En esta adquirió el compromiso de velar por los derechos de todas las niñas y los niños y que cualquiera que fuera su condición específica. No podemos permitir que sigan invisibilizando su existencia ni sus derechos.
Es nuestro deber como legisladores de darles rostro y fortalecer el marco legal que les permita en el contexto de sus condiciones específicas ser reconocidos como sujetos de derecho sin que la apreciación de su libertad, de la que nos responsables, signifique una condena que los prive de una vida digna.
El Grupo Parlamentario de Encuentro Social manifiesta por mi conducto su voto a favor de tan noble reforma, con la finalidad de reconocer como sujetos de asistencia social a todas las niñas y los niños y adolescentes, en especial a aquellos que se encuentren en situación de riesgo y afectación por nacer y permanecer en cualquier centro de prevención y readaptación social, siendo hijos o hijas de madres reclusas. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada García Soberanes.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra el diputado Mariano Lara Salazar.
El diputado Mariano Lara Salazar: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, me pronuncio a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza a favor del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un inciso N a la fracción I del artículo 4o., de la Ley de Asistencia Social; lo anterior con la finalidad de incluir como sujetos de asistencia social, a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo por nacer y permanecer en cualquier centro de prevención y readaptación social y/o ser hijos o hijas de madres reclusas.
La adición que se presenta es totalmente congruente con lo que establece nuestra Carta Magna en el párrafo noveno de su artículo 4o., que dispone que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Asimismo se tiene derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Es evidente que nacer o permanecer en un centro de prevención y readaptación social es una de las circunstancias más adversas que puede enfrentar un menor. Sin embargo el texto vigente de la Ley de Asistencia Social no se refiere expresamente a este grupo de menores, lo que hace necesaria la adición de esta propuesta.
En Nueva Alianza estamos decididos a darles una mejor oportunidad de desarrollo a todos los niños, niñas y adolescentes del país, principalmente a aquellos que se encuentran entre los grupos más vulnerables.
De acuerdo con lo que establecen los incisos 1 y 2 del numeral 23 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, en los establecimientos para las mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaba de dar a luz y de las convalecientes; hasta donde sea posible se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil.
Si el niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento, y cuando se permita a las madres reclusas conservar a su niño, deberán tomarse las disposiciones para organizar una guardería infantil con el personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres.
Sin embargo, en nuestro país, las condiciones en las que viven las mujeres privadas de su libertad están muy lejos de cumplir con lo mencionado anteriormente. De acuerdo con el informe especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana en el año 2013, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de los 418 centros de reclusión del país, sólo 10 son exclusivos para mujeres. Dicho informe afirma que no existen las condiciones necesarias para su desarrollo dentro de los penales, menos aún para sus hijos.
Según los datos del Instituto Nacional de las Mujeres, en México hay 13 mil niños, hijos de madres reclusas. De ellos, mil 500 viven con su madre o padre en prisión todas con las carencias que esto implica.
Es precisamente por este motivo que votaremos a favor de este dictamen, y de este modo incorporar a la asistencia social a un grupo de menores que hasta el día de hoy parece ser invisible, pero para Nueva Alianza no es así. Queremos ser su voz y representar los intereses de los más desprotegidos, esa es nuestra misión y ése es nuestro compromiso. Es cuanto, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputado Mariano Lara.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la tribuna la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, hasta por cinco minutos.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis: Con el permiso de la Presidencia de esta honorable Cámara de Diputados. Me permito fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano respecto al proyecto por el que se reforma el inciso m) y se adiciona uno a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.
Como aquí se ha dicho, se trata de proteger los derechos de los infantes, que por alguna situación relacionada con su madre se encuentran o son hijos de madres reclusas o de madres en proceso de purgar condena.
Compañeras y compañeros diputados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó visitas de supervisión apoyadas por personal de organismos públicos de estos derechos humanos, a 77 de los 389 establecimientos penitenciarios, cinco de ellos bajo la responsabilidad del gobierno federal y 72 estatales, en los 31 estados de la República y la Ciudad de México.
En este estudio se hace un llamado a las autoridades para diseñar políticas públicas encaminadas a mejorar el sistema y la infraestructura penitenciaria nacional, con un enfoque de género, para separar a las internas sentenciadas de las procesadas, para generar espacios que permitan el libre desarrollo de los infantes en el caso de los que tienen la necesidad de permanecer dentro de los reclusorios, o de aquellos que no pueden permanecer con sus madres porque los reglamentos de los reclusorios no lo permiten.
Únicamente hay 10 centros en los estados de todo el país, en donde no se permite la estancia de los menores de edad con las reclusas, pero en los que sí se permite no existe la infraestructura necesaria para generar las condiciones de desarrollo y de proyección de estos infantes.
El artículo 4, en su párrafo noveno de nuestra Carta Magna, establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y se cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, y este interés superior de la niñez debe ser garantizado de manera plena todos los derechos íntegramente de los infantes.
La iniciativa que reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social en materia de protección a hijos de madres reclusas prevé el cuidado y la prevención de los derechos de las niñas y niños que nacen o que tienen que convivir en esta condición con sus padres.
De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, en México hay 13 mil niños hijos de mujeres presas y solamente 15 mil viven con su madre o padre en prisión con todo lo que implica el estar limitado en acciones, en actividades, en programas que se le ofertan a los infantes de hijos de padres que están gozando de sus derechos constitucionales, por lo que al adicionar este párrafo de nacer y permanecer en cualquier centro de prevención y readaptación social y ser hijas o hijos de madres reclusas, debe de prevalecer la integridad social y el derecho a los infantes de vivir en armonía y paz con sus propias madres.
Este es un llamado para que todos nosotros sigamos generando este tipo de leyes, leyes de contenido social, leyes de trascendencia e impacto en la vida de los infantes. Ese es el quehacer que debe ocupar a estos 500 diputados y diputadas.
El fortalecer la garantía de los derechos de los infantes de hijos de madres reclusas debe ser tan importante y equiparable como el derecho que tiene cualquier infante en este país de desarrollarse y de ir en pro de obtener beneficios y sustentabilidad a cada una de sus necesidades.
Por eso el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano celebra la oportunidad de generar esta interacción a favor de los más desprotegidos. Celebramos, aplaudimos y vamos a favor de esta gran iniciativa, porque los infantes que son hijos de madres reclusas no deben continuar con esa cadena de señalamiento y de marginación que tienen sus padres o sus madres por permanecer en esa condición, purgando una pena.
Por eso vamos a favor e iremos siempre a favor de todas y cada una de las decisiones que en esta Cámara sean para beneficio del pueblo de México. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Ramírez Nachis.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, la diputada Irma Rebeca López López.
La diputada Irma Rebeca López López: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, los centros de reclusión para mujeres cometen una serie de violaciones a los derechos humanos de las internas, que abarcan desde la sobrepoblación, castigo de aislamiento y nulas condiciones para que sus hijos puedan crecer a su lado.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su informe especial sobre los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión, muestra las condiciones en las que viven las mujeres reclusas, destacando que debido a que las mujeres son minoría en los centros penitenciarios, toda la infraestructura, organización y funcionamiento de estas cárceles fue creada en torno a los hombres, situación que continúa, pese a que en los últimos 15 años se incrementó la población femenil en 175 por ciento.
Actualmente sólo hay 10 centros de reclusión, que son exclusivos de mujeres. Hay 377 menores viviendo con sus madres. De las 73 cárceles en donde hay mujeres, 53 no cuentan con guarderías ni clases de educación básica.
En México, los hijos de las mujeres que se encuentran en un centro de reclusión, que están embrazadas o se embrazan durante su estancia ahí, pueden permanecer con ellas hasta los 6 años de edad y deberán de contar con espacios para asegurar su desarrollo integral, así como su alimentación, vestido, salud y educación.
Según el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, aunque estos pequeños tienen el derecho de permanecer al lado de su madre hasta los seis años, se puede constar que en algunos centros penitenciarios no se permite la estancia de niños, y en otros centros se les permite estar hasta los tres meses de nacidos, seis meses, 3 o 5 años.
Las niñas y los niños tienen derecho a la convivencia familiar, a la lactancia maternal, a recibir los cuidados de sus padres a su integridad física y mental, a tener las condiciones necesarias para su desarrollo, la educación y la salud. Sin embargo, todos estos derechos se le ven en riesgo de ser violados.
Cuando la madre es recluida en una institución, incapaz de representar sus propios derechos como mujeres y como seres humanos.
Uno de los criterios para hacer valer el derecho de la mujer a su maternidad, aun en prisión y el derecho de los niños conviviendo con su madre, su familia y su medio, es garantizándoles plenamente este ejercicio a través de la modificación de las prácticas violentas de este espacio de encierro, de manera que considere estancias que las alberguen junto a sus hijos.
El Estado está obligado a garantizar condiciones de vida digna para todas las niñas y los niños, independientemente de que se encuentren al interior de una cárcel o en libertad no podemos ignorar este problema.
Es por eso que Morena votará a favor de este dictamen. Estos niños y niñas tienen derecho a un trato justo y digno, a la no discriminación. Gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada López López.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Sofía González Torres.
La diputada Sofía González Torres: Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, es para mí un honor hablar de este tema, estar en esta tribuna hablando de este tema, especialmente porque fue justo el año pasado, en el primer periodo que tuvimos, que traje yo este tema a la mesa, a esta Cámara de Diputados, junto con la Fundación Reinserta.
Las niñas y los niños que nacen y crecen en estos centros penitenciarios no se desarrollan bajo condiciones normales. No están involucrados en la comisión de ningún delito y no tienen la capacidad para entender por qué están en reclusión.
Estos además pasan los primeros días de su vida aislados y expuestos a situaciones de mucha violencia y de hostilidad. Además, el confinamiento de estos niños ocurre dentro de lugares que no tienen una infraestructura adecuada para su descanso, para su educación, para su recreación. Esto los deja en riesgo de que no tengan una protección de sus derechos más elementales y comúnmente ocasionan traumas para el resto de sus vidas.
Como legisladores, estamos obligados a hallar soluciones para que estos infantes no se queden invisibles, como lo están actualmente dentro de los derechos y frente a diferentes autoridades.
Una de las principales razones para la falta de atención de dichas niñas y niños ha sido la ausencia de estadísticas oficiales sobre ellos. Ya comenté que la asociación civil Reinserta a un Mexicano ha reportado 377 menores nacidos, y además, que radican dentro de estos centros penitenciarios. Solamente 120 de ellos están dentro del penal de Santa Martha Acatitla con sus madres.
No obstante, hubo un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2011 que dijo que el universo total de infantes en reclusión podría superar los 800 niños. Es por este motivo que el Partido Verde insistió y ha insistido desde el principio de esta legislatura en la necesidad de generar un registro que permita conocer con precisión los datos de estos menores.
Durante el primer año de ejercicio tuvimos la oportunidad, como ya lo dije, de presentar una iniciativa para reconocer los derechos de los niños en reclusión y precisar la obligación que tiene el Estado de velar por el ejercicio de sus derechos fundamentales.
En esta se propuso incluir a los niños en reclusión dentro del sector de situación de vulnerabilidad que prevé la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, para abrir así la puerta para que las autoridades destinen recursos a la salvaguarda de sus derechos y la adaptación de infraestructura penitenciaria en favor de un desarrollo integral.
Es aquí donde encontramos grandes coincidencias con el dictamen que estamos presentando hoy, que presenta la Comisión de Salud, a fin de hacer valer en el artículo 4o. constitucional lo siguiente.
En todas las decisiones de actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Celebramos por ello la aprobación de esta reforma, avalada por la Comisión de Salud de la Cámara, y manifiesta el voto a favor del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.
Reconocer como sujetos de derecho a la asistencia social a las niñas y niños que nacen y permanecen dentro de los centros penitenciarios, por ser hijas o hijos de madres reclusas, es un paso adelante en la consolidación de las políticas públicas diseñadas en beneficio de la niñez de nuestro país. Muchísimas gracias, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada González Torres.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD, tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, la diputada Araceli Madrigal Sánchez. Esta Presidencia, saluda la presencia de alumnos y profesores del Instituto Chapultepec del estado de Sinaloa. Sean ustedes bienvenidos.
La diputada Araceli Madrigal Sánchez: Con su venia, diputada presidenta. Acudo a esta tribuna para presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con relación a los dos dictámenes en discusión.
En primer lugar en relación con la Ley de Asistencia Social para hijos de madres que se encuentren en reclusión tiene el mérito de recuperar en la motivación de la iniciativa que le da origen, una de las recomendaciones del Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana, realizado por la asistencia social de las niñas, niños, nacidos en permanencia con sus madres reclusas.
Se posibilita que los menores a pesar las limitaciones propias de la vida carcelaria, tengan un conjunto de satisfactores mínimos para su desarrollo personal, los cuales deben ser otorgados por el Estado. El niño o la niña tiene el derecho a la lactancia, a la convivencia familiar, a recibir cuidados de ambos progenitores, a conocer su identidad, su integridad física y psíquica, a tener las condiciones necesarias para su adecuado desarrollo, a la educación y a la salud; sin embargo, todos estos derechos se ven en riesgo de vulneración cuando su madre es recluida en una institución incapaz de respetar sus propios derechos como mujer y como ser humano.
Con el reconocimiento de estos derechos se coloca en un primerísimo lugar, la importancia que la madre tiene para los menores en el desarrollo de su personalidad. El infante necesita de una madre que pueda regular sus emociones que él no es capaz de regular por sí mismo, que se encuentre disponible para disfrutar y vincularse con él, en momentos de juego, de siesta, o de cualquier otra actividad adecuada para su edad. En síntesis, lo que el menor más requiere es la presencia física de la madre. Todo ello puede darse en condiciones adecuadas para cumplir efectivamente con el interés superior de la niñez.
Acto seguido, argumento en relación a la reforma a la Ley General de Salud, en la cual se plantea la grave situación en la que se encuentra México frente al cáncer, que actualmente ocupa la tercera causa de muerte, ubicándose después de la diabetes y de las enfermedades hipertensivas y cardiovasculares.
Según cifras del Inegi, se han presentado un incremento de defunciones por cáncer en casi 20 por ciento en una década –de 2004 a 2013–. Asimismo, la cifra de 87 mil 231 fallecimientos por causa de cáncer en México solo durante el año pasado, según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer.
La propuesta se enfoca a la creación de un registro nacional de cáncer de base poblacional que llevará a cabo tareas de recolección de datos continuos y sistemáticos relativos a la ocurrencia y características de neoplasias, con el propósito de ayudar a medir y controlar el impacto del cáncer en la comunidad; además, el conjunto de los datos individuales recogidos también han nutrido un gran número de estudios epidemiológicos analíticos.
La Organización Mundial de la Salud ha recomendado instituir en países en vías de desarrollo programas nacionales de control del Cáncer para reducir el número de muertes por tipos prevenibles de cáncer.
Un registro de cáncer es un elemento esencial de cualquier programa y racional para el control del Cáncer, ya que actúa como instrumento para evaluar la magnitud del problema, fijar objetivos y definir prioridades.
Existen dos tipos de registros. Los hospitalarios y los poblacionales. De ese modo producen información sobre la incidencia de cáncer en la población y proporcionan un marco para la evaluación y control del impacto que el cáncer tiene en cada comunidad.
El énfasis en este dictamen es la atención médica y la administración hospitalaria. Esta propuesta sin embargo puede formar el núcleo del esquema del registro de base poblacional.
Por las consideraciones expuestas, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Madrigal. Esta Presidencia saluda la presencia del presidente municipal de Ahome, Sinaloa, licenciado Arturo Duarte, así como del presidente electo del mismo municipio, Álvaro Ruelas, invitados por la bancada sinaloense del PRI.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María García Pérez.
La diputada María García Pérez: Con el permiso de la Presidencia de esta Mesa; con su permiso, señora presidenta. Quiero comenzar con lo siguiente: en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación como de salud, de educación y un sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá crear el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Quiero agradecer a las compañeras y compañeros diputado de la Comisión de Salud, por haber tomado en cuenta esta iniciativa que se presenta, ya que con este dictamen a favor se están estableciendo las políticas públicas necesarias para proteger a las niñas y niños que nacen, crecen y permanecen en los primeras años de su vida en los centros de prevención y readaptación social. Con este importante granito de arena estas niñas y niños estarán protegidos por la Ley de Asistencia Social, misma que regula el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social para el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión o desventaja, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. En esta tesitura en nuestro país tenemos aproximadamente a más de 380 menores que nacieron y viven con sus madres tras las rejas y entre muros; son menores que al hablarles de un parque, de una escuela, de un museo, no tienen idea de lo que realmente significa esto.
México tiene 15 centros de reclusión de mujeres. En ellos no hay condiciones mínimas para albergar a niñas y niños. En este sentido no hay lugares dignos para dormir, espacios educativos ni recreativos para su desenvolvimiento, mucho menos un centro de desarrollo para la estimulación temprana.
La mayoría de los gobiernos prefieren mirar hacia otro lado que poner atención en lo más delicado que son nuestras niñas y nuestros niños.
Algunos sectores privados como la Fundación Reinserta un Mexicano, se dio a la tarea de voltear a ver y hacer visibles a las niñas y a los niños que nacieron y viven en la cárcel y crear redes de apoyo. Hoy, estos menores no son reconocidos aunque existe la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ésta no garantiza los derechos humanos de los que viven en centros penitenciarios de todo el país, ya que no existe una especificación de qué hacer en caso de que un menor viva en un reclusorio, ni tampoco existe presupuesto ni fondos para este rubro. No hay políticas públicas para ellos ni tampoco proyectos piloto por parte del gobierno federal.
En esta tesitura es importante considerar que cualquier decisión que se tome en relación a estos niños, debe hacerse teniendo en cuenta el interés superior al menor como eje central, y recordando que tanto madres como hijos, tienen derecho a un trato justo, digno y a la no discriminación.
Es por ello que la Unicef en México, señala que la primera infancia abarca de los cero a los cinco años de edad, y es una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niño y cada niña que habitan en esos lugares.
En este sentido siendo ésta la etapa más vulnerable durante el crecimiento de un niño, pues en esta fase donde se desarrolla la mayor parte del cerebro y sus conexiones, así como el desarrollo de la seguridad y la autoestima necesaria para alcanzar una salud mental adecuada, y sencillamente donde se forman las capacidades y las condiciones esenciales para una vida digna. Por ello, es de vital importancia que dotemos de oportunidades a todas nuestras niñas y nuestros niños.
Al respecto, la Organización Mundial de la Salud, ha señalado que el éxito que tenga un niño en su educación y salud futura, comienza antes de los tres años de edad, debido a que durante sus primeros cinco años de vida, el estímulo que se le dé a un niño a temprana edad, dependerá del desarrollo de su audición, de su vista, del olfato, destrezas sociales y salud física y mental, inclusive, algunos estudios demuestran que ese período determinará hasta su futuro económico.
Es por lo anterior que propuso reformar el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a fin de que las hijas o hijos de madres reclusas puedan gozar de los derechos que la ley establece como la salud, la educación, el desarrollo integral de la familia, la asistencia social pública y privada, la prestación de servicios de representación, la asistencia jurídica y la orientación a todos aquellos que por distintas circunstancias no pueden ejercer plenamente sus derechos.
Por lo antes expuesto, agradezco de nuevo a la buena voluntad de la Comisión de Salud, asimismo solicito su solidaridad y apoyo a este pleno para que todos votemos a favor del dictamen, con la finalidad de dejar un legado en esta LXIII Legislatura que volteó a ver esta problemática, en especial por los derechos de la niñez, que contribuyen a reforzar el tejido social implementando la protección de las niñas y niños que han estado en indefensión en aquellos centros penitenciarios del país.
En Acción Nacional estamos ciertos que debemos apostar por nuestras niñas y niños para que puedan incorporarse a la sociedad y alcancen un desarrollo integral en igualdad de oportunidades. Debemos hacer todo lo que nos corresponde para evitar que se conviertan en un futuro en personas en conflicto con la ley.
Para prevenir y reducir la violencia en nuestro país es imprescindible incidir desde la niñez con políticas públicas y con leyes adecuadas que defiendan sus derechos básicos y observen en todo momento el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Por último, termino citando a una gran maestra y pedagoga, a María Montessori. “Si la ayuda y la salvación han de llegar, sólo puede ser a través de los niños, porque los niños son los creadores de la humanidad”. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada María García.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRI, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Delia Guerrero Coronado. Esta Presidencia saluda la presencia de la escuela Frida Kahlo, del municipio de San Juan Cuautlancingo, Puebla, invitados por el diputado Miguel Ángel Huepa Pérez.
La diputada Delia Guerrero Coronado: “No puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad, que la forma en que se trata a sus niños”. Nelson Mandela.
Con su venia, diputada presidenta. A nombre de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PRI vengo a presentar nuestro posicionamiento a favor de este dictamen, que busca garantizar el interés superior de la niñez en circunstancias difíciles e indeseables, pero que son una realidad para las miles de familias de nuestro país.
Sin duda alguna, todas y todos coincidimos en que las niñas y los niños deben estar en las escuelas, en sus hogares, en los parques y en general en ambientes libres de violencia, donde rían, jueguen y sean felices. En este sentido, los conceptos cárcel y niñez parecerían ser contradictorios, sin embargo el derecho de las mujeres a la maternidad y el derecho de los niños a estar con sus madres son cuestiones irrenunciables e irrebatibles.
Bajo este tenor, las mujeres recluidas son una población altamente vulnerable que merece una atención especial del Estado mexicano.
Como ya se ha mencionado en esta tribuna, en México existen aproximadamente 13 mil niñas y niños que tienen a sus madres recluidas en centros penitenciarios. De estos 13 mil niños, mil 500 viven con su madre o padre en el interior de los centros de reclusión.
Algunos de ellos nacieron en las cárceles, en donde aprendieron a vivir sorteando toda clase de obstáculos para su sano desarrollo. No pidieron estar ahí, no tienen la culpa de los errores que cometieron sus padres, pero terminan afrontando las consecuencias.
Niñas y niños invisibles, les llaman algunos, porque no están a la vista de todos, en realidad se trata de niños que bajo la sombra de los muros penitenciarios, los estigmas sociales y la pobreza, son victimizados y re-victimizados de forma sistemática. El hecho de que no estén a la vista no significa que estos niños no tengan las mismas necesidades que todos los demás.
Como padres y madres de familia, queremos lo mejor para nuestros hijos. Sabemos que educarlos, procurarlos y atenderlos no es una cuestión sencilla. Imaginemos ahora la difícil tarea de ser padres al interior de un centro penitenciario. Esa es la dolosa realidad a la que se enfrentan día a día miles de madres, muchas de ellas solteras, que no tienen otra alternativa más que criar a sus hijos en la cárcel.
La ley es muy clara, las niñas y niños en México tienen el derecho a vivir en familia, a vivir en condiciones de bienestar, a una vida libre de violencia, a la salud, a la educación, al descanso y al esparcimiento.
Las hijas e hijos de madres en conflicto con la ley tienen los mismos derechos que el resto de la población infantil. Atender este problema supone un enorme reto legislativo e institucional de cuya resolución depende el bienestar de miles de niñas y niños.
De ahí la relevancia del presente dictamen, el cual viene a complementar algunos otros esfuerzos realizados por esta LXIII Legislatura, para garantizar el interés superior de la niñez, en el marco del internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad, impuestas como consecuencia de una resolución judicial.
Con la aprobación de este dictamen por el que se reforma la Ley de Asistencia Social, damos un paso más para garantizar el interés superior de la niñez, de los niños de mujeres reclusas.
Al incorporar a las hijas e hijos de las madres reclusas como sujetos de asistencia social preferente, estamos ampliando el marco de protección para niñas y niños que demandan atención especial para desarrollarse sana y plenamente. Niñas y niños que forman parte del futuro de nuestro país y que ante los cuales estamos obligados a construir un mundo mejor.
Compañeras y compañeros diputados, las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI respaldamos este dictamen, porque reafirma el compromiso del Estado mexicano con garantizar el interés superior de la niñez y el derecho de prioridad de niñas y niños, las circunstancias más difíciles.
Votar a favor de este dictamen, es votar a favor de construir un mundo mejor para miles de niñas y niños que enfrentan un panorama triste y desolador. Niñas y niños que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger sin importar la situación legal de sus padres.
Niñas y niños que requieren acciones afirmativas para contrarrestar las desventajas que en la cárcel les imponen al interior de sus muros. Brindar asistencia social a los niños invisibles, es alejarlos de esta condición que significa abandono, anonimato y vulnerabilidad.
Se trata de hacer visible lo invisible, de voltear los ojos a un problema, que a pesar de no observarse a simple vista compromete el futuro de nuestro recursos más valioso. Los hijos de mujeres reclusas deben ejercer los mismos derechos que cualquier otro niño y merece las mismas oportunidades que cualquier mexicano.
Estos niños requieren de la protección del Estado y de una asistencia social que contribuya a compensar la adversidad a la que se enfrentan. Por todas estas razones y sobre todo por el bienestar de las niñas y niños de México, el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de este dictamen. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Guerrero. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: ¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? El sistema aún se encuentra abierto. Se pregunta nuevamente si falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto. Diputada Julieta Fernández, de viva voz.
La diputada Julieta Fernández Márquez (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: A favor. Sí, el sistema aún se encuentra abierto.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: El sistema aún se encuentra abierto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 422 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado en lo general y en lo particular por 422 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el inciso m) y se adiciona un inciso n) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Socia. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen, también de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de registro nacional de cáncer.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía: Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, una vez más aquí en tribuna, el día de hoy invitarlos a que votemos una iniciativa de una compañera que ha tenido a bien ver por las personas que sufren un padecimiento grave, el cual le agradezco la iniciativa que hubiera presentado la diputada Silvana, y a parte secretaria de la Comisión de Salud, que todos los integrantes de la Comisión de Salud vimos con buenos ojos a favor de las personas que sufren esta enfermedad tan delicada y tan grave.
El cáncer por leucemia, y quiero iniciar con el cáncer infantil, es la primera causa de morbimortalidad en nuestra población de niños de cero a 19 años de edad.
La tasa más alta de letalidad que tenemos en los hospitales es principalmente del sexo femenino; de 15 a 19 años nuestras mujeres se están muriendo. Pero además la segunda causa de muerte entre cinco y 14 años son estas leucemias, es este cáncer infantil.
Se estima aproximadamente, diputadas y diputados, que entre cinco mil y seis mil nuevos tipos de cáncer, o más bien personas con cáncer en menores de 18 años serán detectadas cada año.
Hay un promedio anual de dos mil 150 muertes por cáncer infantil en la última década. Esto quiere decir que cada cuatro horas desgraciadamente muere un niño por cáncer infantil en nuestro país.
Pero además de eso, el costo aproximado del tratamiento oscila entre los 150 mil y 200 mil pesos anuales. El 70 por ciento de los casos son curables, pero se si detectan a tiempo y además si se les brinda un tratamiento adecuado.
Yo celebro al coordinador del Verde, al diputado Sesma, que nos hubiera invitado el otro día el diputado a todos los grupos parlamentarios a sumarnos a la iniciativa para buscar más recursos a las personas que tienen cáncer, para que nuestros niños en las unidades hospitalarias tengan el tratamiento necesario, pero además para que hubiera podido lograr que el 30 por ciento de especialidades pudieran entrar médicos a hacer la especialidad en honcopedriatría. Muchas gracias, diputado, porque sé que lo presentaste en la Jucopo. Muchas gracias en representación de todos esos niños que les vamos a poder dar una mejor calidad de vida.
Estos mismos cientos-millones que propusieron en la Junta de Coordinación Política, espero que los diputados y las diputadas, podamos respaldarlo. Podamos respaldarlo no por la comisión, podamos respaldarlo por tanto niño y tanta niña que están padeciendo la insuficiencia de medicamento, la falta de infraestructura, la falta de tratamiento, la falta de médicos. Este recurso sin lugar a duda nos llevará a poderles brindar una mejor atención.
Si hablamos del cáncer de mama, que por cierto, acabamos de pasar los días del mes donde hacemos una campaña intensa sobre el cáncer de mama también tenemos que tener muy en cuenta que no nada más el cáncer de mama es de las principales causas de muerte en nuestro país, también los órganos digestivos hacen un primerísimo lugar, desgraciadamente. Anualmente se registran 148 mil casos nuevos de personas con cáncer. Las mujeres, por supuesto, tienen mayor probabilidad de sufrir cáncer de todo tipo.
Compañeras y compañeros diputados, les pido el voto a favor de esta iniciativa, la cual habla de crear un registro nacional único de personas con cáncer; así las instituciones de salud del país podrán dar, primero, una campaña de promoción a la prevención, pero además de dar una atención oportuna, así como darles un buen tratamiento y un perfecto seguimiento.
Necesitamos comparar, pero además interpretar, los datos de incidencia basados en nuestra población. Además necesitamos saber la carga de la enfermedad y sus variaciones por situación geográfica. Así también tenemos que fortalecer el elemento que lleva complemento respecto a la información básica en materia de salud, y tenemos que ir viendo cómo se van comportando todos los tipos de cánceres para así hacer un tratamiento oportuno.
Concluyo, diputada presidenta. El costo aproximado de las personas que sufren cáncer, que tenemos detectadas hasta el momento, se invierten 13 mil millones, que va a ser la inversión, 13 mil millones para el 2017; espero de la buena sensibilidad de todas y todos ustedes para que nuestro México, para que las mexicanas y los mexicanos aparezcan en este registro, pero lo idóneo y lo ideal de nuestro país, es que no hubiera nadie registrado en este padrón. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Íñiguez.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Está a discusión en lo general. De conformidad con el artículo 104, numeral uno, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra por cinco minutos cada uno; para fijar la postura del Partido Encuentro Social, tiene el uso de la palabra la diputada Melissa Torres Sandoval.
La diputada Melissa Torres Sandoval: Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea, en Encuentro Social estamos comprometidos con el impulso de todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la salud a través de acciones legislativas concretas como la que hoy se presenta.
El cáncer representa una terrible condición multidimensional, diversas enfermedades pueden afectar órganos determinados, e incluso invadir partes adyacentes o propagarse a otros órganos con tumores o neoplasias malignas por la rápida multiplicación de células anormales.
Alteraciones, todas, producto de factores genéticos y básicamente agentes externos que son cancerígenos físicos, químicos y biológicos. El envejecimiento, además es otro factor que incide en la aparición de muchos tipos de cáncer. La mayor mortalidad se presenta para el sexo femenino, sobre todo en casos de cáncer mamario, cervicouterino y hepático, mientras que, para el masculino, en casos de cáncer prostático, pulmonar y gástrico.
Todo ello con una tasa de mortalidad general de 67.8 por cada 100 mil habitantes. El cáncer es la tercera causa de mortandad en México, sólo después de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.
De acuerdo con el Inegi, entre 2004 y 2013, las defunciones por esta enfermedad se incrementaron un 20 por ciento, en virtud de lo cual, en 2012 se registraron cerca de 79 mil defunciones y para 2015 fallecieron aproximadamente 87 mil personas a causa de cáncer. A todas luces representa un problema serio de salud pública.
Por ello, compañeras y compañeros diputados, implementar medidas inmediatas e indispensables para frenar este crecimiento e, incluso, disminuir su incidencia, es una tarea que debemos cumplir. Así, en el programa sectorial de salud 2013-2018 se refieren estrategias de educación, prevención, tamizaje, atención, tratamiento y la creación de un registro de cáncer con base poblacional.
El día de hoy tenemos la posibilidad de concretar la tarea pendiente de crear un Registro Nacional de Cáncer que tenga a su cargo la recolección y sistematización continua de datos relativos a la concurrencia y características de neoplasias, con la finalidad de medir y controlar el impacto del cáncer entre los mexicanos, medida por demás oportuna que permitirá la debida comparación e interpretación de la incidencia del cáncer en la población, para fundamentar las acciones tendientes a su reducción.
La comprensión de las variaciones geográficas permitirá al sector salud conocer las causas, los casos nuevos y la estimación de supervivencia, así como evaluar y mejorar la calidad del diagnóstico y el tratamiento, con base en las 14 líneas de acción referidas por el Instituto Nacional de Cancerología a través del programa integral de prevención y control de cáncer en México, lo que permitirá también optimizar la calidad y cantidad de los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, cuidados paliativos y rehabilitación a sobrevivientes.
Es importante destacar las grandes afectaciones no sólo de carácter físico y emocional, sino además económico que esta enfermedad provoca en el paciente, su familia y las finanzas públicas, que de acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno Federal, a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, se destinaron 7 mil 239.1 millones de pesos para la atención de 125 mil 373 casos validados.
Por lo antes expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, conscientes de la trascendencia de la prevención con base en estrategias de educación, tamizaje, atención y tratamiento de este padecimiento, votaremos a favor del proyecto de dictamen de la Comisión de Salud para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud, con la finalidad de crear el registro nacional de cáncer. Es todo, gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Torres.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Karina Sánchez Ruiz.
Esta Presidencia saluda la presencia de invitados del Instituto Nacional de Cancerología y de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, invitados por la diputada Sylvana Beltrones, para dar seguimiento a esta iniciativa del registro nacional de cáncer. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, diputada.
La diputada Karina Sánchez Ruiz: “Juntos podemos construir un mundo donde el cáncer no signifique más vivir con miedo o sin esperanza”. Patrick Swayze.
Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, en México el cáncer es la tercera causa de muerte, tan sólo por debajo de la diabetes y de las enfermedades hipertensivas cardiovasculares.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el número absoluto de defunciones por cáncer se incrementó en casi 20 por ciento entre los años 2004 y 2013, lo que ha provocado que sea considerado un problema de salud pública.
Existen algunos tipos de cáncer que podrían detectarse de manera oportuna y curarse, como por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de cérvix, el cáncer de bronquios, tráquea, garganta y lengua, así como el cáncer de próstata.
Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 30 por ciento de los casos de cáncer se pueden prevenir y en el caso de los tipos de cáncer asociados al sistema respiratorio, el porcentaje podría llegar hasta el 70 por ciento. Es decir, la lucha contra el cáncer indica que con la prevención y la detección oportuna se puede abatir.
Para Nueva Alianza este es un tema de vital importancia, por ello hemos insistido en promover e impulsar leyes, normas y mecanismos que propicien políticas públicas más certeras y efectivas que permitan hacer frente a este flagelo.
Hoy refrendamos con acciones afirmativas nuestro compromiso en la lucha contra el cáncer y votaremos a favor de este dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, con el objeto de crear un registro nacional de cáncer, especializado en el tratamiento de estas patologías en todo el territorio nacional, para su diagnóstico y tratamiento oportuno.
El Programa Sectorial de Salud 2013-2018 presenta diversas estrategias de educación, prevención, tamizaje, atención y tratamiento del cáncer, entre ellas la de desarrollar e implementar un programa nacional de control de cáncer, que mediante la participación intersectorial defina acciones factibles de prevención, procedimiento, cuidados paliativos y rehabilitación.
Datos del Inegi señalan que los tipos de cáncer que suman mayor mortalidad son: el pulmonar, el prostático, el gástrico, el hepático y el mamario. Sin embargo, se encuentran diferencias importantes de acuerdo al sexo. Para el femenino se presenta el mamario, el cervicouterino y el hepático, mientras que para el masculino el prostático, el pulmonar y el gástrico.
Es así que aprobar la creación del Registro Nacional de Cáncer resulta por demás oportuno, este registro tendrá una base poblacional que se integrará de la información proveniente del sistema nacional de información básica de salud y contará con la información de mayor relevancia relativa a la ocurrencia y características de neoplasias, con el propósito de ayudar a medir y controlar el impacto del cáncer en la comunidad.
Con ello se podrá comparar e interpretar los datos de incidencia del cáncer, basados en la población, a fin de que sirvan de fundamento para las acciones tendientes a reducir la carga de esta enfermedad.
En Nueva Alianza entendemos que para garantizar la protección de datos y utilizar el sistema nacional de información básica de salud, es menester realizar modificaciones a la Norma Oficial Mexicana y demás disposiciones administrativas que lo regulan y por ello coincidimos con el dictamen en adicionar un artículo transitorio relativo a este punto.
Asimismo, apoyamos adicionar el artículo cuarto transitorio, con el objetivo de establecer que las erogaciones que se generen con motivo de la operación del Registro Nacional de Cáncer, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a la Secretaría de Salud.
Compañeras y compañeros legisladores, el cáncer es un padecimiento de alta incidencia en nuestro país, que día a día cobra la vida de miles de mexicanos y mexicanas. Es necesario generar mayores esfuerzos y propiciar los mecanismos que permitan atacar y atender el problema desde diferentes aspectos, en aras de reducir la mortalidad por cáncer.
Es una demanda de la ciudadanía, trabajemos en conjunto, recordemos la comunidad es primero. Es cuanto, diputado presidente.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Karina Sánchez.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis: Con el permiso de la Presidencia. Antes de iniciar la postura de Movimiento Ciudadano, quiero enviar una calurosa felicitación a mi amada universidad de Guadalajara, que en 1792 abrió sus puertas en la Nueva Galicia y que por hoy tenemos el honor de ocupar el honroso primer lugar de todas las universidades públicas donde son atendidos en la enseñanza más de 205 mil alumnos.
Vaya mi felicitación a esa casa de estudios que ha logrado trascender a través de la historia formando alumnos de excelencia en cada una de las disciplinas que comprende, desde el nivel bachillerato hasta maestría, doctorado, pasando por licenciaturas. Felicidades a la Universidad de Guadalajara. Les pediría un fuerte aplauso. Muchísimas gracias.
La reforma propuesta y la adición de diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de Registro Nacional de Cáncer es urgente y necesaria, porque es la única manera en la que podemos conocer las demandas, conocer el número real de estas enfermedades y podemos atacar a ese asesino que en los últimos años ha venido generando tan catastrófico aumento en la incidencia de padecimientos y muertes.
En México el cáncer se conoce, como ya todos dijeron, como la tercera causa de muerte y sin embargo, estamos ante un panorama en donde a la salud se le está recortando la oportunidad de atender esta condición de los pacientes que pueden ser prevenidos o que puede ser limitada la enfermedad cancerígena que les aqueja.
De acuerdo con las estadísticas de mortalidad, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el número absoluto de defunciones por cáncer se incrementó en casi 20 por ciento del 2004 al 2013.
Si no estamos atentos a ver ese gran impacto en la afectación de la salud del pueblo mexicano, estamos condenados a tener una incidencia aun mayor y a pasar por un subregistro y un desconocimiento de ese asesino tan atroz.
A nivel mundial ya existe la oportunidad de registrar, precisado, los cáncer, los tipos de cáncer, el impacto que genera en morbi y mortalidad.
Por eso, en algún momento en el Diario Oficial de la Federación, del 2013 al 2018, que se publicó el 12 de diciembre, se presentaron alternativas de estrategia para tratar de prevenir realizando tamizaje, atención y tratamiento oportuno de esta cruel enfermedad. Esto era con el firme propósito de la detención de las neoplasias y la atención oportuna.
Hasta el día de hoy nosotros en este país no tenemos ese registro tan necesario. Es uno de los pocos países que no cuenta con este registro. Por eso celebramos en la bancada de Movimiento Ciudadano el tener el conocimiento preciso para implementar acciones, todos en conjunto y en forma responsable. Pero más que eso, los invitamos a todos ustedes a que analicen el presupuesto de Salud. No es posible que queremos, mediante una disminución de presupuesto, impactar en las medidas de prevención y tratamiento oportuno del cáncer que afecta al pueblo de México.
Por ello, solicito que todos ustedes y nosotros en conjunto generemos la oportunidad y las acciones precisas para que a partir de hoy nunca más se vuelva a tocar el presupuesto destinado a Salud, pues la salud no es negociable, la salud no está supeditada a que le rebajemos presupuesto; porque impactamos en la afectación de los mexicanos, en la producción. Porque un pueblo enfermo no produce. Un pueblo que sufre con padecimientos y con cáncer no puede generar riqueza a su país. Es cuanto y se los dejo de tarea. Pugnemos porque nunca más el presupuesto de Salud venga a afectar la oportunidad, la atención y cuidado en la enfermedad del cáncer. Gracias, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Ramírez Nachis.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra la diputada Delfina Gómez Álvarez.
La diputada Delfina Gómez Álvarez: Gracias, presidenta. Buenos días a todos, compañeros diputados y diputadas. Personal que nos acompaña de las instituciones de cancerología, sean ustedes bienvenidos. Mi respeto y mi admiración a todos ustedes.
A pesar de que el cáncer es la tercera causa de mortalidad en México, hasta el momento no existe un registro nacional de casos de cáncer. Los oncólogos solo cuentan con datos aislados sobre la problemática de alrededor de 100 tipos de tumores malignos y se carece de un programa nacional de atención a la enfermedad.
El registro sistémico de los enfermos de cáncer resulta indispensable para la evaluación epidemiológica de esta enfermedad, ya que permitirá identificar grupos de población con mayor número de casos y algunas de las variedades de cáncer asociadas a exposiciones específicas.
Establecer un registro nacional de cáncer permitirá homologar la atención de los tumores malignos desde la detección, el diagnóstico y los tratamientos clínicos, así como mejorar la calidad de los servicios que actualmente se prestan a los pacientes. Mientras no haya una cura para el cáncer, la mejor forma de combatirlo es mediante la prevención y la detección oportuna.
El objetivo principal de nuestro sistema de salud debe ser curar el cáncer y si esto no es posible lo mínimo que se puede hacer es ayudar a los enfermos a prolongar la vida en forma considerable, con una calidad de vida que se puede lograr mediante la atención paliativa y el apoyo psicológico.
Un registro nacional de cáncer permitirá que se diagnostique de forma oportuna, que se garantice el tratamiento médico adecuado, que se ofrezca cuidados paliativos, que se atienda la rehabilitación de los pacientes y esto hará posible el diseño de un programa integral de la prevención.
Por estas razones, los diputados de Morena votaremos a favor del dictamen. Sin embargo, para Morena, no solamente se tendría que tener un registro, ya que es posible reducir y controlar el cáncer aplicando políticas públicas destinadas a la prevención de la enfermedad, así como a la detección temprana y al tratamiento oportuno de los enfermos.
Muchos tipos de cáncer tienen grandes probabilidades de curarse si se detectan oportunamente y se tratan de forma adecuada. Gran parte de las muertes por cáncer son prevenibles si se introducen cambios en las políticas públicas de salud, invertir en la prevención y la detección precoz del cáncer es mucho más económico que enfrentar las consecuencias de la enfermedad.
El cáncer, recordemos, que no solamente es por una situación hormonal, sino la mayoría de los casos de cáncer están también asociados a estilos de vida sanos, pero también están relacionados a condiciones de pobreza y marginación. Mientras nuestra población no tenga una vida digna, tampoco tendrá una vida digna en salud. A la falta de cobertura de los servicios de salud. Al deficiente equipamiento de las unidades médicas y a la falta de personal capacitado para la adecuada interpretación de los resultados.
Los pacientes son diagnosticados a veces en estados ya muy tardíos, cuando ya no son posibles los tratamientos curativos. El conocimiento de los síntomas y de los signos iniciales es fundamental para que se pueda diagnosticar y tratar tempranamente la enfermedad. Un diagnóstico correcto del cáncer es esencial para un tratamiento adecuado y eficaz, porque cada tipo de cáncer necesita un tratamiento específico. Por ello, Morena solicita y pide que exista un mayor recurso para lo que es las instituciones del cáncer.
¿Quién más nos podría hablar de lo que viven en una clínica –que nuestros médicos–, que en ocasiones llegan pacientes que no tienen ni para el pasaje para llegar a su tratamiento? ¿Quién más que nuestros médicos y los enfermos pueden dar cuenta de cuánta gente muere por no tener dinero para un medicamento? Por ello yo también me integro y solicito a todos ustedes que se dé mayor recurso, mayor presupuesto a estas instituciones. Que se baje en gasto corriente, que se gaste en gasto público que a veces atiende únicamente a pura falacia y a pura imagen, pero no se atiende a nuestra población.
Por ello Morena convoca a todos ustedes a que bajemos nuestros gastos los diputados y que estos gastos que podamos bajar nosotros como diputado se lo demos a nuestros niños con cáncer, a nuestras mujeres con cáncer. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Delfina Gómez.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez.
Se encuentran en el pleno los integrantes de la Rondalla de Saltillo con motivo de su 50 aniversario, invitados por el diputado Armando Luna Canales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Bienvenidos a este pleno. Adelante, diputado.
El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Aprovecho para felicitar, como bien lo hizo la diputada vicepresidenta. Como coahuilense me siento muy orgulloso de la Rondalla de Saltillo. Felicidades por estos primeros 50 años; muchos años más.
Una política pública es un instrumento gubernamental que permite reconocer los problemas que enfrenta una sociedad, y así plantear una alternativa de solución a través de la acción del Estado.
Las políticas públicas para ser eficaces deben orientarse hacia la generación de las condiciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones estatales y por ende al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
No puede existir una política pública objetiva sin un estudio previo y serio de la problemática. Es decir, que en el proceso de formulación de las políticas públicas, la estadística aparece como un elemento fundamental para caracterizar determinadas poblaciones, así como establecer los comportamientos que estas presentan y las situaciones a las cuales se enfrentan.
Las políticas públicas son la forma en la que el Estado responde a las necesidades de la sociedad, y se expresan en instituciones, en legislación o bien en los criterios para la prestación de servicios públicos que tienen un impacto en toda la población de nuestro país. Por este motivo deben tener como base un conocimiento profundo del problema que se pretende resolver. Es justo en este punto cuando las estadísticas oportunas y confiables resultan indispensables para así garantizar que dichas políticas públicas impulsen el desarrollo social y al mismo tiempo se conviertan en la evidencia que permita darles seguimiento y además evaluar para hacerlas cada vez mejores estas políticas públicas.
Lo anterior resulta fundamental para hacer frente a un fenómeno como el cáncer, el cual se ha convertido en un serio problema de salud pública en todo el mundo, tanto por la carga de su tratamiento como por los costos que le dan al sistema sanitario, por lo alarmante que es el ritmo de crecimiento que tienen los nuevos casos también y que se han venido registrando en nuestro país en los últimos años.
De acuerdo al Informe Mundial sobre Cáncer del año 2014, que elaboro el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, se calcula que en el año 2012, la carga mundial de cáncer alcanzó los 14 millones de nuevos casos, una cifra que lamentablemente se prevé va a aumentar a 22 millones anuales para las próximas dos décadas No obstante el aumento en la incidencia, la buena noticia es que el cáncer es curable siempre y cuando se detecte a tiempo. Ante esta situación es imprescindible contar con estadísticas que nos que nos permitan saber con mayor precisión, qué estrategias son las más adecuadas para combatir esta pandemia y optimizar el uso de los recursos disponibles para ello.
En este sentido coincidimos planamente en la necesidad de establecer en la Ley General de Salud, el Registro Nacional de Cáncer, para así garantizar la obligatoriedad de una acción que si bien ya se lleva a cabo desde hace tiempo por parte de la Secretaría de Salud, presenta actualmente algunas áreas de oportunidad que podemos fortalecer, principalmente en lo relativo a ordenar y homogeneizar la información con la que se cuenta, pues un problema recurrente de los registros existentes, ha sido la falta de empate entre los mismos.
Ahora bien, quiero aprovechar mi intervención para manifestar que si bien reconocemos la transcendencia de la propuesta que hoy vamos a aprobar, también queremos hacer hincapié en la urgencia de establecer muy puntualmente la necesidad de llevar un registro diferenciado para los casos de cáncer de niños y de adolescentes.
La justificación a la observación realizada, radica en las diferencias existentes entre el cáncer cuando se presenta en menores de edad cuando aparece ya en una etapa adulta. No podemos perder de vista, por ejemplo, el hecho de que el cáncer en los niños es difícilmente prevenible y que los tratamientos son igualmente variables entre niños y adultos, ya sea por técnicas terapéuticas utilizadas como por las diferentes implicaciones psicológicas y emocionales que tiene la enfermedad para cada grupo etario.
Dicho lo anterior, quiero aclarar que no pretendemos que se cree un registro adicional al propuesto muy acertadamente ya por la iniciativa que hizo la diputada Beltrones, sino únicamente queremos establecer un tratamiento diferenciado para los datos relativos de niños y adolescentes a los datos de los adultos.
Por eso, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor de la aprobación del presente dictamen en virtud de que consideramos imprescindible fortalecer el Registro Nacional de Cáncer para así mejorar las estrategias gubernamentales frente a esta terrible enfermedad. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Sandoval.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD, tiene el uso de la palabra el diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá.
El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá: Buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta. Compañeros diputados, compañeras diputadas, acudo a esta tribuna a presentar posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD a favor del dictamen de la Comisión de Salud con múltiples reformas y adiciones a la Ley General de Salud, cuyo propósito es la creación del Registro Nacional de Cáncer con base poblacional.
Felicito a la diputada Beltrones por la presentación de esta magnífica iniciativa, y pido el apoyo de este pleno para que sea aprobado. Felicito a la Comisión de Salud, a todos los integrantes por haberla aprobado en su momento.
Qué es el cáncer, compañeras diputadas, compañeros diputados. El cáncer es el aumento del número de células en cualquier parte del organismo, pero no solamente el aumento en el número de células, sino también el aumento en el número de tamaño, por eso hay cánceres muy pequeños y cánceres muy voluminosos, y tiene una etiología múltiple, es decir su origen es múltiple, por eso son múltiples los tratamientos. No se ha llegado a una conclusión universal en el sentido porque es multietiología.
En 2012 murieron 14 millones de personas en el mundo, de las cuales 8.2 millones fueron muertas por cáncer. En nuestro país actualmente se registran 120 mil muertes a causa del cáncer por año. Es decir, 333 muertes y decesos por día, 14 cada hora.
Expertos en salud afirman que la mayoría de los cánceres que existen son curables, por supuesto si se detectan en etapas recientes, tempranas. Sin embargo, el 60 por ciento son detectados en etapas avanzadas, por eso hay tanta mortalidad por esta enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud y diversas organizaciones de salud recomiendan a la población tomar medidas preventivas contra esta enfermedad, sobre todo la concientización de la ciudadanía.
Yo creo que el trabajo de nosotros los legisladores está aquí, me parece que las instituciones de salud pública en nuestro país hacen lo suyo, pero también la ciudadanía, la persona debe estar consciente de que puede ser sujeto a esta enfermedad y atenderse de manera inmediata.
Los conocimientos actuales sobre las causas de cáncer son diversos, y en algunos casos, como ya lo dije, son insuficientes, pero evidentemente repito, si el cáncer se detecta en una fase temprana es totalmente curable.
Lo anterior resulta relevante a la luz de conclusiones de estudios serios que se han hecho en hospitales importantes de nuestro país. Hace un año, en marzo de 2015, fue publicado un estudio realizado entre 886 pacientes de los cuatro hospitales más importantes de nuestro país. Dicho estudio demostró que en México pasan en promedio siete meses desde que una paciente detecta los primeros síntomas de cáncer de mama y el momento de ser diagnosticada.
Siete meses es un mundo de tiempo en el cual puede ser atendida esta paciente y ser curada. De esos siete meses cinco son atribuidos a retrasos del sistema de salud. Es decir, a la burocracia de nuestro sistema de salud. Esto provocó que el 48 por ciento de los casos de cáncer de mama fuera detectado en etapas avanzadas, obviamente cuando ya no hay mucho qué hacer.
Al respecto, es importante señalar que la norma oficial mexicana para el control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama establece que el lapso entre la realización de la mastografía y la notificación del resultado de la paciente, no debe exceder de 21 días, y la cita posterior debe ser 10 días hábiles. Esto debe cumplirse en al menos el 90 por ciento de las mujeres que llegan a esta instancia. Sin embargo, sabemos que eso no es cierto, eso no se da, la norma no se cumple.
Por ello, creo que el incumplimiento de esta norma es grave, porque coloca a la mujer en estado de vulnerabilidad para condicionar su muerte.
No nos engañemos, compañeras y compañeros, la solución a este gran problema público, como muchos otros del sector salud, pasa por la implementación de políticas de largo aliento y de gran profundidad. Sin embargo, es preciso trazarnos una ruta que inicie con las normas y las leyes que de aquí emanan.
Esperemos que los contenidos del dictamen que en breve votaremos a favor, sea el inicio de un giro de 360 grados en torno a la atención del cáncer y, por supuesto, le pido a este pleno que se sume a la exigencia de la Comisión de Salud para que el recorte presupuestal enorme del que está siendo objeto, no sea efectivo, que nos ayuden a recuperar los recursos para la salud de las y de los mexicanos. Es cuanto, compañera presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Hernández.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tiene el uso de la palabra la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa.
La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, desde hace algunos años nuestro país enfrenta dos procesos relevantes que impactan la salud de la población, conocidos como la transición demográfica y la transición epidemiológica.
Estos han permitido, por un lado, un aumento de la esperanza de vida, pero también que regularmente esta se acompañe del incremento o persistencia de la mortalidad por enfermedades crónico-generativas, entre las que podemos encontrar a las conocidas como neoplasias malignas o cáncer.
Es muy importante enfatizar que la mayoría de los tipos de cáncer son curables o tratables si se detectan a tiempo, por ello la atención oportuna y las acciones de prevención resultan cruciales para la reducción de la mortandad por esta enfermedad.
Sin embargo, según la Secretaría de Salud el 60 por ciento de los casos se detectan en etapas avanzadas, cuando las posibilidades de realizar tratamientos eficaces y lograr la curación han menguado considerablemente, lo que incrementa las probabilidades de muerte.
En México lo hemos escuchado, el cáncer es la tercera causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Algunas estimaciones señalan que cada año se suman más de 128 mil casos nuevos, aunque la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer eleva esta cifra hasta los 140 mil.
Algunos estudios han constatado la existencia de diferencias en las tasas de mortalidad por cáncer, según la localización del tumor. Los resultados señalan también que en algunos de los estados del norte del país, es donde se registran las tasas más elevadas por cáncer de pulmón y bronquios, colón, mama y ovario, mientras que en los estados del sur las tasas más altas fueron para el cáncer cérvicouterino, de estómago y de hígado.
Estas diferencias están sin duda vinculadas a las características propias de la población, sus estilos de vida, marginación, nivel sociocultural, pobreza, así como con los recursos económicos que se destinan a la atención de la salud.
Conocer toda la información relacionada con este padecimiento permitirá abordar con mayor precisión su prevención, diagnóstico oportuno y atención, así como –muy importante– mejorar las políticas y estrategias de atención integral en las poblaciones sintomáticas y en las poblaciones asintomáticas, pero en riesgo.
Contar con la información sobre esta enfermedad permitirá que en el futuro podamos controlar mejor el cáncer, lo que no implica su erradicación, pero sí una disminución de los casos evitables y una mayor tasa de curación de los cánceres diagnosticados y tratados. Esto significa poder evitar el dolor evitable.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional los invita a votar a favor del presente dictamen, mediante el cual se reforma y adiciona la Ley General de Salud para establecer el Registro Nacional de Cáncer, que nos permitirá conocer toda la información sobre esta enfermedad para tomar las mejores decisiones de políticas públicas y poder atenderla de forma eficaz. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Lizárraga.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRI tiene el uso de la palabra la diputada Sylvana Beltrones Sánchez.
La diputada Sylvana Beltrones Sánchez: Con su venia, presidenta. Honorable asamblea, como servidores públicos es nuestro deber fundamental contribuir a crear políticas públicas que ayuden a mejorar la calidad de vida de la gente y faciliten el acceso a una atención adecuada de los servicios de salud.
El Registro Nacional de Cáncer con Base Poblacional es un esfuerzo por atender esta enfermedad, que es ya un gran problema de salud pública por las muertes que representa, y por el costo no solo económico sino emocional que viven los pacientes y quienes los rodean.
Porque mientras no haya una cura para este mal, lo que nosotros sí podemos hacer es buscar los medios para prevenir, detectar y enfrentar de una manera mucho mejor, eficaz y eficiente el cáncer en nuestro país.
Actualmente contamos con muchas estadísticas que nos dan un panorama general de esta enfermedad, como lo son el INEGI, la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, Globocan o tal vez algún registro hospitalario que existe.
Sin embargo, la realidad es que no contamos con información certera que nos dé un panorama real de la situación del cáncer en nuestro país.
El Registro Nacional de Cáncer con Base Poblacional resolverá este problema al ser una estrategia para mejorar los procesos de prevención y detección oportuna en nuestro país. Consistirá en la recolección de datos continuos y sistemáticos sobre cómo ocurre el cáncer en nuestro país y sus características para poder tomar acciones tendientes a reducir la carga de la enfermedad.
A diferencia de los registros hospitalarios, este registro se dividirá en tres regiones y podrá realizar el análisis de supervivencia basado en la población, la evaluación de la calidad del diagnóstico y el tipo de cuidados recibidos por el paciente.
Lo anterior permitirá medir y controlar el impacto del cáncer en las poblaciones y comunidades de nuestro país y así utilizar de forma adecuada los recursos y los programas para su prevención, su pronta detección y su correcto tratamiento; ya que actualmente los datos de las instituciones que tratan esta enfermedad se encuentran dispersos y poco sistematizados.
Con la aprobación del presente dictamen hoy esta Cámara de Diputados generará un precedente que cambiará las políticas públicas en la lucha contra esta enfermedad. Hoy ponemos a México al día en esta materia, ya que es de los pocos en América que no cuenta con un registro en esta materia, mismo que es reconocido internacionalmente como una herramienta para la planificación y valuación de los programas de control de cáncer.
Estoy convencida de que es preciso sumar y coordinar los esfuerzos, tanto públicos como privados y sociales, en la lucha contra esta enfermedad que no discrimina a nadie. Es por ello que el presente dictamen es el resultado de la articulación de las expresiones que se dieron en el tema, de las voces de las organizaciones sociales y de las consultas expertas que se dieron en la materia.
Además, encuadra en el Programa Nacional de Prevención y Control de Cáncer que impulsó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y fortalece las principales iniciativas del Programa Sectorial de Salud. De igual forma, contempla los estándares internacionales en la materia, como los que prevé la Asociación Internacional de Registros de Cáncer que tiene su sede en Francia
Si bien es cierto que sus resultados no serán inmediatos, no menos cierto es que es urgente comenzar y la buena noticia es que no lo estamos haciendo desde cero, gracias a la labor tan importante que ha hecho el Instituto Nacional de Cancerología, en pavimentar el camino para un registro nacional a través de sus esfuerzos locales, como son los que ha hecho en la ciudades de Mérida o Guadalajara.
Compañeras y compañeros, el cáncer es un asesino silencioso que ha dejado huella en muchas de nuestras familias. Los invito a aprobar el presente dictamen para decirles a los mexicanos que no barajemos los brazos y no nos detendremos en la lucha por la salud y la vida, que siempre será nuestra mejor causa.
Por último, hago un reconocimiento a los diputados integrantes de la Comisión de Salud, por su sensibilidad en la construcción del presente dictamen, misma que ha sido por un registro que garantice la seriedad, la efectividad y la calidad de la información, que contribuya a aumentar los índices de supervivencia disminuyendo el dolor de tantas familias que han perdido sus seres queridos a causa de este mal.
Desde 1982, se hablaba sobre la importancia de tener un registro de este tipo en nuestro país. Hoy, después de 30 años, con su voto podemos lograrlo. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Beltrones. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutida en lo general.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Suficientemente discutido en lo general.
La diputada María Bárbara Botello Santibáñez (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul de la diputada Bárbara Botello. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada María Bárbara Botello Santibáñez (desde la curul): Solo para felicitar a la diputada Beltrones, por este gran esfuerzo para la creación de este registro nacional del cáncer. Estamos seguros que con la Clínica del Cáncer Hereditario que se creó, junto con el patronato, con esto nos garantiza que se van a atender oportunamente y preventivamente todos los casos de cáncer de mama, de ovario, de endometrio, de próstata y de colon en familiares de algún paciente de cáncer.
Pero además, bien se garantiza que estos programas de genética que ya se han implementado aquí en la Clínica de Cancerología, se van a llevar a cabo. Así que felicidades a la diputada.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada, queda asentada su expresión.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en términos del dictamen...
(Votación)
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Está abierto el sistema, está abierto. ¿Alguna diputada, algún diputado falta de votar? Creo que ya. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Presidente, se emitieron 440 votos a favor, 0 en contra.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 440 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia del registro nacional de cáncer. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se acaba de recibir el dictamen de la Comisión de Justicia. Consulte la Secretaría a la asamblea si es de modificarse el orden del día para su inclusión.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: En votación económica se consulta si es de modificarse el orden del día para su inclusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame un segundo, diputado. Continúe, continúe la Secretaría. Continúe, por favor.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se autoriza.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Se informa a la asamblea que se encuentra disponible en el monitor de sus curules, el dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de julio de 2008.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad. En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si autoriza que el dictamen se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se autoriza. En consecuencia el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008.
Esta Presidencia informa a la asamblea que este dictamen a discusión contiene un artículo único en el proyecto de decreto, por lo que de conformidad con los procedimientos parlamentarios y por economía procesal, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si autoriza que la discusión en lo general y en lo particular se dé en un solo acto.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se autoriza. En consecuencia, tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa... permítame. Sonido en la curul de la diputada. Adelante, diputada. ¿Con qué objeto?
La diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (desde la curul): Señor presidente, le estoy solicitando la palabra desde antes que iniciara el trámite correspondiente, sólo para mencionarle que en las curules de cada uno de los diputados hay un botón que dice Yo apoyo al sector social, fomentemos a las cooperativas.
Esto en el marco de que se dictaminó favorablemente en la Comisión Permanente, hace algunos meses, que se adquiriera, el Congreso adquiriera productos derivados de las cooperativas y del sector social de la economía y a la fecha esto no ha sido implementado.
Le suplico, por favor, que se pueda hacer lo correspondiente para que opere este punto de acuerdo dictaminado favorablemente. Gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Vamos a transmitir su solicitud a los órganos que correspondan. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la transición democrática fue un periodo de construcción de instituciones. Como diría José Woldenberg: no fue una fecha, una coyuntura, una reforma, un episodio y mucho menos una campaña electoral. Por importante que sea, la transición fue la suma de todo eso y mucho más. El resultado es motivo de un compromiso de seguir abonando a la vida democrática de México.
Hoy los ciudadanos tienen plena confianza que su voluntad manifestada mediante el voto es respetada y protegida. Nuestra democracia, hoy más que nunca se rige por la aplicación irrestricta de las leyes electorales y a través de la solidez de nuestras instituciones.
Tengo la oportunidad de acudir a esta tribuna representando a las y los diputados de los distintos grupos parlamentarios que conformamos la Comisión de Justicia, quienes con un gran sentido de responsabilidad y compromiso aprobamos el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Cuarto de las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en materia electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008.
Debemos reconocer que en las últimas décadas nuestro país ha transitado de una justicia electoral con naturaleza preponderante política, a una plenamente jurisdiccional.
En este marco evolutivo, una página muy importante la ha escrito el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima autoridad en materia de justicia electoral, cuyo actuar ha respondido a su obligación de garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad en el ámbito electoral.
Este órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, con estricto apego al marco normativo, no sólo resuelve controversias en materia electoral, sino también en la instancia garante de los derechos político-electorales de los ciudadanos, de ahí la importancia de que en su diseño institucional, en su ejercicio y en su conformación exista un sano equilibrio entre los Poderes de la Unión.
A partir de la reforma del 1 de julio de 2008 se estableció que la designación de los magistrados del Poder Judicial de la Federación sería escalonada, es decir, de materia paulatina, se irían sustituyendo a cada uno de los servidores públicos en mención, lo cual representa un mecanismo para fomentar la continuidad en los criterios que emanen de una materia electoral, toda vez que anteriormente cuando culminaban de manera uniforme su cargo, los avances que llegaban a tener, como órgano colegiado, quedaban vulnerables.
Es así como derivado de esta reforma, el pasado 25 de octubre se presentó una iniciativa en el Senado de la República, para proponer que se amplíe la permanencia de los magistrados en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recién designados. Con esta reforma, dos de ellos durarían en el cargo siete años, otros dos durarían ocho años y los otros tres, nueve años.
Lo anterior, con la finalidad de fortalecer los principios de imparcialidad y estabilidad en el ejercicio del cargo. Es decir, al establecer que los periodos de duración de los magistrados se amplíen, se conseguirá también una estabilidad y congruencia en los criterios que emita el tribunal y se fortalece el profesionalismo del mismo.
El dictamen que hoy se presenta a su consideración, privilegia la independencia judicial y la estabilidad en la función de los integrantes por un tiempo razonable, lo cual sin duda abonará a que existan tesis y jurisprudencias emanadas de este órgano, cuyas características principales sean la coherencia en los criterios y la congruencia con nuestro marco normativo.
Compañeras y compañeros diputados, con esta reforma se garantizará el fortalecimiento institucional del Tribunal Electoral, al habilitar a los magistrados que lo integran, para revisar por lo menos dos elecciones federales, para revisar, como se dice, y consolidar las bases sólidas en su estructura, así como en su funcionamiento, lo que se traducirá, indudablemente, en el fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia nacional. Un Estado democrático como el que vivimos, fortalezcamos nuestras instituciones. En una democracia plural empoderemos el ámbito electoral.
Es nuestro deber garantizar que la voluntad de los mexicanos sea respetada. Demos las mejoras legislativas que le permitan al Tribunal Electoral tener mayor autonomía, estabilidad y fuerza institucional.
En esta, una reforma que demuestra que por encima de colores políticos está nuestra voluntad para fortalecer nuestra democracia. Los invito, a cada uno de ustedes, representantes de las diferentes fuerzas políticas, a que votemos a favor de este dictamen y así como hoy que hemos sido privilegiados por la confianza ciudadana y fuimos electos en un marco de respeto a nuestra Constitución y nuestras leyes abonemos a que nuestras instituciones democráticas sean más sólidas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ibarra Hinojosa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Para presentar moción suspensiva tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Con el permiso del diputado presidente. Es extraño que se lleven a este momento de la discusión nombres como Goldenberg o personas que efectivamente comenzaron a construir un proceso de instituciones democráticas en México, que es fallido y que hoy se enfrenta, me parece, al momento más cínico de querer establecer un establishment electoral que garantice el control de las autoridades y del sistema judicial electoral en México.
No sé si existe antecedente alguno en que en esta Cámara se haya discutido una ley que beneficia solamente a cuatro individuos.
Las personas que fueron electas en el Senado por mayoría calificada podrán ser, en esta Cámara, incluso sin mayoría calificada, tener un mandato mayor al que fueron electos. Es decir, vamos a hacer una ley para beneficiar a cuatro personas.
Estas personas pasaron por un escrutinio en la Cámara de Senadores, a propuesta de la Corte, y todo ese proceso se viene abajo porque esta Cámara va a tomar una decisión distinta. La va a tomar sobre un transitorio que ya no tiene efecto. Se trata de un transitorio que ya se cumplió en el momento mismo en que el Senado cumplió con la responsabilidad de designar a estos magistrados. Es decir, nosotros no pudiéramos estar discutiendo un transitorio de esta naturaleza.
En ese sentido acompañamos las 20 mil 200 firmas que por medio de la plataforma Change, ciudadanos bajo la plataforma Ni Cuotas ni Cuates están pidiendo a esta Cámara que no beneficiemos a estas personas por ser amigos de alguien.
Los partidos dijeron abiertamente que se repartieron estos cuatro magistrados porque corresponden a las cuotas de cada partido, y en este momento lo que vamos a hacer es que la próxima legislatura ya no pueda nombrar a estos magistrados.
Se trata de un acto arbitrario, se trata de un mal augurio de lo que se dice que va a ser un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que ya empezó mal, cuando sin discusión alguna se aprobó que un procurador vaya a ser el próximo fiscal del país por nueve años, sin un escrutinio claro de la ciudadanía y de los partidos.
Aquí estamos rompiendo el equilibrio institucional, estamos fallando fundamentalmente a los mexicanos porque estamos violando la ley de manera confesa, sobre un transitorio que no tendríamos que discutir y beneficiando a cuatro personas de manera clara.
Por favor, necesitamos construir un sistema democrático que funcione. Necesitamos elecciones que sean creíbles, necesitamos ser primero los diputados los que respetemos el marco jurídico y no queramos imponer a personas que van a garantizar los intereses en el futuro.
Este es uno de los momentos más tristes de esta legislatura. Hoy, sin los procedimientos adecuados, una comisión está garantizando que cuatro personas tengan un privilegio que no tenían cuando fueron electos a su cargo. Eso es lo que está en juego hoy, está en juego la credibilidad de las instituciones democráticas del país.
Por eso muchos mexicanos no creen que las elecciones en México sean limpias. ¿Por qué? Porque hoy se muestra la voluntad de mantener a toda costa el control sobre el sistema electoral mexicano en un momento en el que ya no es posible argumentar que esto se hace por la estabilidad o por el bien del sistema electoral...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.
El diputado Vidal Llerenas Morales: ...Esto es simplemente un pacto entre amigos que quieren violar la ley en México y tener control del sistema electoral. Ojalá recapacitemos y el voto sea en contra, y ojalá y recapacitemos y me apoyen en esta moción suspensiva para que una barbaridad de estas características no suceda en el Congreso Mexicano. Gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Vidal Llerenas. Igualmente para presentar moción suspensiva, tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Mesa Directiva. Son tres minutos de la ignominia. La corte estableció un procedimiento para hacer propuestas al Senado, de personas que reúnen los requisitos constitucionales para ser magistrados de la Sala Superior del Tribunal. El procedimiento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de julio de este año, en agosto la corte vuelve a publicar en el Diario Oficial de la Federación la lista de las ternas propuestas a la Cámara de Senadores.
La Cámara de Senadores en cumplimiento de la atribución que le da la propia Constitución, el 20 de octubre aprueba a los magistrados de la Sala Superior y posteriormente el 25 de octubre recibe una iniciativa de diversas fracciones parlamentarias, léase Pacto por México, para prorrogar el periodo por el cual fueron designados los magistrados el 20 de octubre.
El dictamen que hoy se presenta, se presenta sobre una norma que no tiene validez, una norma transitoria, el cuarto transitorio del decreto del primero de julio de 2008 determinaba hechos que actualizan la norma, designar antes del 30 de octubre a los magistrados que cubrirían periodos de tres, seis y nueve años, ése supuesto se actualizó. La vigencia transitoria de la norma cumplió su objetivo, es una norma que por actualizar los hechos en ella señalada, queda sin vigencia porque el supuesto ya se actualizó, estando nombrados los magistrados.
Ahora con un fraude a la ley, un fraude legislativo, se pretende volver a esa norma transitoria que ya cumplió su objetivo y ampliar un periodo que en ella se señalaba. Esto es una aberración legal, se viola un principio de certeza y de seguridad jurídica al pretender revivir una norma transitoria que cumplió sus objetivos.
El fondo es el fondo político. Yo creo que los grupos parlamentarios que designaron a los magistrados no llegaron a un acuerdo de quién cubría un periodo de tres, seis o nueve años. Hubo inconformidad. La propuesta fue modifiquemos la fecha a siete, ocho y nueve años. Se necesita mucho cinismo, se necesita mucha ilegalidad para aprobar esta reforma que es inconstitucional.
El artículo 72 de la Constitución señala que para modificar una ley, un decreto debe seguirse el mismo procedimiento para su creación. No es el caso. Estamos modificando una norma cuya validez ya concluyó. Concluyó el 20 de octubre al actualizar el supuesto de designación de magistrados electorales. Si bien la norma señalaba el 30 de octubre, también ya feneció el 30 de octubre.
No podemos revivir una norma que no tiene vigencia con un fraude al procedo legislativo, proceso legislativo que está viciado desde que este pleno asumió fast track aprobar esta reforma.
No tiene sentido una norma que es inconstitucional de origen. No podemos modificar una norma cuya validez ya está vencida. No caigamos en la ilegalidad. Es un racionamiento lógico de lo que se pretende modificar. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Romero Tenorio. Tiene el uso de la tribuna el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, de la misma forma, para presentar moción suspensiva, del Grupo Parlamentario del PRD; hasta por tres minutos, diputado.
Esta Presidencia saluda a personas provenientes de diferentes colonias de la Sierra de Santa Catarina de la Delegación Iztapalapa, pertenecientes al distrito 22 federal, invitados por la diputada Ana Leticia Carrera Hernández. Bienvenidos. Adelante, diputado.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Muchas gracias, señor presidente. Pocas veces se justifica la figura de moción suspensiva como en este caso. Vean bien, compañeras y compañeros legisladores, lo que vamos a hacer, si es que la mayoría que se prefigura se impone en ese pleno.
El Senado de la República acaba de elegir a siete magistrados para cumplir los periodos que de acuerdo con la ley y la convocatoria fueron concursando. Dos para tres años, dos para seis años y tres para nueve años. Fueron electos y tomaron protesta.
Después hubo inconformidad en algunas bancadas, y una vez que tomaron protesta decidieron modificar un artículo transitorio que acababa de tener efectos y por lo tanto dejaba de estar en función. Estamos modificando un artículo transitorio que ya se cumplió. Los artículos transitorios de la Constitución son esto, transitorios, no artículos permanentes. Luego lo aprobaron; nos la mandan aquí a nosotros en un muy desaseado procedimiento en el Senado, pero nos lo mandan.
Hoy llega y reúnen a Justicia. Hoy sin haber circulado el dictamen previamente, lo votan. Hoy nos lo traen aquí en este momento infringiendo todos los ordenamientos ordinarios nos lo traen. Aquí se va a votar muy probablemente a favor. Luego hoy mismo, según ese transitorio, se tiene que publicar en el periódico oficial, y luego no dice como dicen todas las veces los transitorios “entrará en vigor al día siguiente de su publicación”, sino no, entrará en vigor hoy mismo.
Luego, una vez publicado en el periódico oficial el Senado de la República tiene que volver a convocar a cuatro magistrados que hace 15 días habían tomado protesta por otro periodo, y hoy mismo les van a tomar protesta. Este es el ultra más rápido fast track legislativo sobre uno de los órganos constitucionales, que es el Tribunal Electoral, parte del Poder Judicial que yo había visto en mi historia legislativa. Es el desaseo más grande, es una vergüenza, es una vergüenza; de veras; deberíamos por salud de nosotros mismos, votar a favor esta moción suspensiva. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Acosta Naranjo. Consulte la Secretaría a la asamblea si toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se pregunta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación)... Vamos a repetir la votación.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Repita la votación secretaria.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: A ver, vamos a repetir la votación, por favor, para que quede muy claro. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Por tanto, está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario diputadas y diputados quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno.
Por parte del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos; la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; el diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena; el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD; el diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN, y la diputada Martha Sofía Tamayo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI.
En consecuencia tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social Adelante, diputada.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores y medios que el día de hoy nos acompañan.
En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social estamos convencidos de la buena voluntad de las y los senadores proponentes, quienes impulsaron la presente iniciativa para modificar el período de renovación de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Las reformas propuestas derivan de las reformas presentadas en materia electoral en nuestro país, así como de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 1 de julio de 2008.
Al ser Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el máximo órgano que resuelve controversias que derivan del ejercicio democrático electoral en México, es de suma importancia otorgar el espacio y el tiempo necesario a quienes serán los encargados de emitir los juicios y criterios para resolver los debates en torno a la situación electoral en nuestro país.
Las propuestas para modificar los tiempos de renovación escalonada de los magistrados que atienden a los principios de estabilidad judicial, así como la garantía de derecho de los justiciables, la construcción jurisprudencial en materia electoral y diversidad de criterios, los principios y criterios antes señalados son por los que se considera viable la propuesta de modificación del tiempo de renovación.
El presente dictamen que habremos de votar a favor, atiende a generar una dinámica positiva como órgano colegiado a fin que alcance metas colectivas en largo plazo, así como mayor corresponsabilidad en el legado jurisdiccional y su responsabilidad por velar por la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que les orientan.
De los siete magistrados que entrarán en funciones el día de mañana, 4 de noviembre, dos magistrados durarán en su cargo hasta el 31 de octubre de 2023, dos de ellos hasta el 31 de octubre de 2024 y finalmente tres magistrados hasta el 31 de octubre de 2025.
En Encuentro Social estamos convencidos de lo positivo del debate parlamentario y de la pluralidad de ideas para el desarrollo transparente y sólido de nuestras instituciones, por ello es que apoyamos el presente dictamen y reconocemos la modificación que se hace al artículo 4o de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Perea Santos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En el uso de la tribuna la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con la venia de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos, de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural, y asimismo en su participación plena de todos los aspectos de su vida.
Si bien la participación ciudadana da vida a la democracia e influye en la vida pública a partir de una decisión personal, es responsabilidad del Estado garantizar las condiciones de legalidad para lograr dicho fin.
Sabemos que desde que existe el ser humano ha sido necesario establecer reglas de convivencia y órganos garantes de la legalidad.
México padece un severo problema de corrupción que afecta a todos los ámbitos. Para mantener una estabilidad social es imprescindible blindar al sistema e impulsar de organismos fuertes que den certidumbre a los ciudadanos de que su voluntad expresada a través del voto se respeta.
En Nueva Alianza es claro que vivir en democracia es parte fundamental para México, para el desarrollo y bienestar de una nación. En este sentido, manifestamos nuestro voto a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, por el que se reforma el artículo Cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Lo que se plantea en esa modificación es ampliar el periodo en que los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permanecerán en su cargo. Dicha ampliación se llevará a cabo de manera escalonada y, con ella, dos de los nuevos magistrados que inician funciones el día de mañana, 4 de noviembre, permanecerán en su puesto por siete años, en lugar de los tres que se tienen previstos actualmente. A otros dos se les extiende el cargo de seis a ocho años, mientras que los restantes tres se mantienen en nueve años.
Al aumentar los periodos se pretende adoptar de mayor estabilidad al referido órgano. Del mismo modo, se busca brindar alcance y profundidad en los temas a tratar entre el magistrado que ocupa el cargo por tres años y el que sabe que permanecerá nueve años.
De esta manera estaremos abonando en la consolidación de las instituciones democráticas, a través de ellas brindar certidumbre respecto al Estado de derecho en nuestro país, pues como legisladoras y legisladores y representantes populares es nuestro deber apoyar mecanismos que impulsen el perfeccionamiento del sistema jurídico mexicano. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Ocampo Bedolla.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, quien representa la postura a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Esta Presidencia saluda a alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, del municipio de Nicolás Romero, invitados por la diputada María Monserrath Sobreyra Santos. Bienvenidos. Adelante, diputado.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: El Congreso de la Unión tiene el deber de garantizar la plena independencia del Poder Judicial, incluido desde luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyas decisiones resguardan el frágil equilibrio político de México.
Aunque, sin lugar a dudas, se trata de una reforma que ha generado polémica y que toca un tema delicado para el funcionamiento de nuestro sistema político y electoral, resulta necesario atender a ciertos puntos relevantes de este dictamen.
El principio de permanencia en el Poder Judicial, es uno de los pilares de su autonomía e independencia, por lo que en este sentido asegurarles un periodo más amplio a los magistrados electorales, permitirá otorgarles mayor independencia frente a la dinámica política y electoral.
En doctrina constitucional, garantizar la eficacia de las funciones de control constitucional, se debe asegurar la permanencia de los integrantes del Poder Judicial. La garantía de seguridad, estabilidad y permanencia en el cargo, es crucial para el buen funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y es la piedra angular de su autonomía.
Bajo estos principios se podrá fortalecer institucionalmente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se podrá dar mayor autonomía a sus magistrados y darles mayor certidumbre para ejercer su trabajo con imparcialidad y objetividad.
El fin siempre debe ser que los integrantes del Tribunal Electoral sean más independientes de una clase política, cuyas ambiciones e intereses en muchas ocasiones lesionan la estabilidad de nuestro sistema electoral.
Es muy fácil caer en la tentación de tomar este tema con propósitos políticos, pero no cometamos el error de minar con este debate la legitimidad de los magistrados recién nombrados. No cometamos el error de atacar a la institución y desprestigiar a quienes deberán encabezarla.
No confundamos por ello el debate que hoy tenemos en esta Cámara. No confundamos un debate meramente institucional y normativo, con cuestiones de carácter partidista o con miras a la elección de 2018.
Consideramos que esta modificación en la temporalidad de los magistrados electorales, es razonable y no implica afectar la institucionalidad y la consolidación del Tribunal Electoral, sino que por el contrario se ajusta a los principios de permanencia y garantía de estabilidad para los magistrados y a principios de institucionalización y fortaleza para el Tribunal.
Esta modificación es un ejercicio de responsabilidad hacia nuestras instituciones democráticas, que no pueden estar sujetas al manoseo de las coyunturas y de los actores políticos, sino que deben servir para conservar el sistema de pesos y contrapesos de la República.
Hoy vemos en Jalisco cómo un poder judicial estatal sometido a grupos de poder genera magistrados que abusan de su puesto, que incurren en corrupción y que incluso son capaces de encubrir su propio pasado criminal. No permitamos que esto suceda con otras instituciones judiciales.
En Movimiento Ciudadano entendemos la polémica que gira en torno a esta reforma. Conocemos y respetamos las críticas que se han vertido, pero actuaremos conforme a los principios y agenda que hemos defendido y que siempre han velado por garantizar la plena autonomía de los poderes judiciales de la federación y de los estados.
Si bien reconocemos que hubo un desaseo en la elección de los magistrados por el reparto de cuotas en el Senado, el ampliar el plazo les da independencia e implica que se corten, estos magistrados, el cordón umbilical de aquellos actores políticos y senadores o de algún actor político, de algún partido político que incidió en su nombramiento y que puedan actuar, con toda transparencia, con toda objetividad, con toda libertad, con toda objetividad para que den certidumbre jurídica a todos los partidos y actores políticos.
Éste no es un cheque en blanco que les damos los diputados de Movimiento Ciudadano. A estos magistrados les decimos desde hoy que vamos a ser vigilantes de su actuar. Y que si vemos que en algún momento se empieza a desviar o torcer la ley, vamos a estar vigilantes para actuar también con los recursos legales que estén a nuestro alcance.
Los diputados ciudadanos vamos a seguir luchando para que el Poder Judicial tenga una reforma profunda, que se acaben los repartos de cuotas, que haya una transformación para que la justicia esté al alcance de todos los mexicanos y a la altura de lo que esperamos las ciudadanas y ciudadanos de este país. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Sánchez Orozco.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Rodrigo Abdala Dartigues del Grupo Parlamentario de Morena. Perdón, diputado, es hasta por cinco minutos. Adelante.
El diputado Rodrigo Abdala Dartigues: Gracias, presidente. Bueno, pues cuando uno pensaba que ya habíamos visto todo surge esto. Increíble, increíble el desaseo con el que se ha hecho y con el que se ha llevado este procedimiento desde el Senado.
Vamos a ver a qué se refiere todo esto. Estamos discutiendo una reforma al artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que les está permitiendo, mejor dicho que les está ampliando el periodo a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, de tres a siete años y de seis a ocho años, a cuatro de ellos.
El proceso fue de la siguiente manera: la Suprema Corte emitió la convocatoria, después se registraron los aspirantes que decidieron participar en este proceso de designación. Se realizaron las votaciones y las comparecencias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se aprobó la conformación final de las ternas. Se realizaron las segundas comparecencias ante el Senado.
En el Senado se llevó a cabo este proceso de manera por demás igual, desaseada. Las comisiones no dictaminaron al respecto, fue la Junta de Coordinación Política la que, a través de un acuerdo, dio por validados a los siete elegidos y obviamente desde ahí ya estamos viciados en el origen de este proceso.
No es que, como dicen algunos que me antecedieron en el uso de la palabra, no obedezca a un reparto de cuotas. Sí obedece a un reparto de cuotas, claro que obedece a un reparto de cuotas. No están conformes con lo que ya tienen en el Poder Judicial. No están conformes con tener ahí en el Tribunal Electoral a todos sus cotos de poder. Quieren ya ampliarlo de aquí a 2023 sin ningún problema.
Pero ¿cuál es la importancia también? El Tribunal Electoral, la Sala Superior, resuelve definitivamente e inatacablemente la elección del presidente de la República y en 2018 se habrá de elegir a un presidente de la República. ¿Qué nos están queriendo decir con esto? ¿Qué nos están queriendo decir con este antecedente?
Evidentemente que hay un acuerdo entre los partidos representados aquí para que Andrés Manuel López Obrador, y Morena, no lleguen a la Presidencia. Pero eso obviamente que está a discusión. Hay un gran moviento social, hay un gran despertar ciudadano y lo que estamos esperando es que a través de la amplia participación no se judicialice el proceso electoral. Porque si no, ya estaríamos viendo las consecuencias.
Tenemos que también decir y hacer énfasis, en que el proceso que validó la Suprema Corte, contenía plazos específicos, es decir, había magistrados de tres años y había magistrados de seis años. Lo que se está llevando a cabo con esta propuesta, si es que se vota a favor, es que estamos pasando por encima de la Suprema Corte, estamos obviando que ellos también forman parte de la división de Poderes, y por supuesto que Morena, en uso de sus facultades, si es que persiste esta mayoría irreflexiva, interpondrá una acción inconstitucional.
Evidentemente que, como decía al principio, cuando uno cree haber visto todo, siempre surge algo como esto, se quieren apoderar del Poder Judicial, se quieren apoderar de la elección y no son saciables. Hay que decirlo con todas sus letras, hay que denunciarlo ante la ciudadanía, hay que hablar con todos ellos y decir: señores participemos y veamos quiénes son los que nos representan hoy. Vean lo que están haciendo. Vean lo que están modificando, y dicen ser representantes del pueblo, no lo creo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Rodrigo Abdala.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado José Alberto Couttolenc Buentello: Con su venia, presidente, honorable asamblea. El dictamen de la minuta que el día de hoy se pone a nuestra consideración, es de gran relevancia para nuestra vida democrática. Es más, representa un paso adelante para la consolidación de una institución vital para la administración de justicia en materia electoral de nuestro país y sirve para garantizar el respeto a las reglas establecidas en la renovación de los Poderes públicos.
No es exagerado decir que con la aprobación de esta minuta, la Cámara de Diputados asume la responsabilidad para dar viabilidad legal a una de las instituciones fundamentales del Estado mexicano.
El Tribunal Federal Elctoral, órgano especializado del Poder Judicial, cuya función principal es nada más y nada menos que proteger los derechos políticoelectorales de todos y todas las mexicanas.
Después de analizar el minucioso proceso que la Suprema Corte llevó a cabo para conformar la siete ternas de candidatos a magistrados de la sala superior del tribunal se debe reconocer la transparencia del mismo; podemos incluso ver como muestra las convocatorias públicas, las sesiones abiertas de pleno de este órgano jurisdiccional, los debates transmitidos por los medios de comunicación, razón por la cual consideramos que no se puede cuestionar su legitimidad.
Del mismo modo, en el cuerpo del dictamen de la presente minuta se reseña el meticuloso procedimiento que las comisiones en el Senado realizaron para analizar todas las ternas y a todos y cada uno de sus integrantes.
Este método permitió en audiencias públicas la participación de organizaciones, de actores de la sociedad civil, de instituciones universitarias, institutos de investigación en materia jurídica, así como barras y colegios de abogados, lo cual sin duda enriqueció este proceso.
Para cumplir con los principios constitucionales de máxima publicidad y transparencia, fue difundida por medios electrónicos toda la documentación entregada por los participantes, así como la información de los candidatos enviada por el máximo tribunal de la nación a nuestra Colegisladora.
Como resultado de lo anterior, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el jueves pasado el nombramiento de los magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial con sus respectivos periodos de ejercicio del cargo.
Los siete ciudadanos que tendrán la alta responsabilidad de resolver de forma definitiva e inatacable las impugnaciones a las elecciones federales, así como los juicios para la protección de los derechos políticoelectorales de los ciudadanos, todos estos demostrando ser mexicanas y mexicanos sobresalientes, con un perfil idóneo para desempeñar su cargo.
La culminación de este proceso, con estricto apego a la normatividad constitucional y reglamentaria correspondiente, demuestra que la colaboración entre poderes oxigena nuestra vida democrática al mismo tiempo que les brinda confianza y certidumbre a los próximos procesos electorales en nuestro país.
Por lo anterior expuesto, es que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista votará a favor de la aprobación de la presente minuta, porque con ello contribuye a la consolidación del Tribunal Electoral del Poder Judicial como una instancia fundamental para la adecuada administración de justicia electoral en este país, lo cual es imprescindible para un régimen democrático como el nuestro. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado José Alberto Couttolenc.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Arturo Santana Alfaro, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Arturo Santana Alfaro: Con su venia, diputado presidente; compañeras y compañeros legisladores, estamos una vez más frente a un hecho inédito aquí en la Cámara de los Diputados, a punto de aprobar una minuta que por cierto proviene del Senado de la República, que viene con un total desaseo en su tramitación y violación de la constitucionalidad que rige a este país. Estamos frente a un proceso viciado, a un proceso que había sido culminado casi en su totalidad en buenos términos. Y ¿por qué digo esto? El PRD no está cuestionando de ninguna manera la honorabilidad ni la capacidad de los siete magistrados electorales del Poder Judicial de la Federación que fueron electos y que tomaron protesta en días pasados ante el Senado de la República.
Lo que el Partido de la Revolución Democrática está argumentando, es que hubo un total desaseo, debido a que se violentaron varios preceptos constitucionales, el 14 y el 16 constitucionales, de inicio, pero también el artículo 94 y el artículo 99 constitucionales que establecen las reglas básicas del funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En la mañana tuvimos un debate en la Comisión de Justicia, y los adversarios no tuvieron la capacidad de debatir o de argumentar en contra de un servidor al argumentarles que se estaba violentando de manera flagrante la convocatoria que emitió el Poder Judicial de la Federación al aprobar una vez culminado el proceso de elección de los siete magistrados, proponer una reforma que cambiaba o que transformaba el tiempo para el cual fueron electos estos siete magistrados electorales.
Originalmente la convocatoria había planteado dos magistrados con una duración de tres años; dos magistrados con una duración de seis años; cuatro magistrados con una duración de nueve años, dando un proceso escalonado como de costumbre y atendiendo a los principios constitucionales se había venido presentando a lo largo de la historia de este país.
Con el texto propuesto en la minuta enviada por la colegisladora, se pretende modificar a posteriori dichos plazos, una vez que ya fueron electos los magistrados como lo dije con antelación.
Nosotros estamos planteando que esta minuta no debe de ser aprobada en los términos en los que se está presentando, tenemos que volver a transitar por un proceso que no esté viciado, por un proceso que cumpla las disposiciones constitucionales que para estos efectos y para no un tema menos trascendental, sino por el contrario, un tema de la mayor trascendencia para este país, como es la constitución institucional de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debió haberse hecho.
Con lo que está a punto de suceder en el pleno de la Cámara de Diputados no estamos, sino dando un retroceso y cuestionando, incluso, poniendo en riesgo la legitimidad del proceso de selección de estos siete magistrados y magistradas electorales.
Por ello, compañeras y compañeros a diferencia de todos aquellos que no ven en este gravísimo tema que habrá de aprobarse el día de hoy un grave problema a futuro, por ello proponemos nosotros que el proceso debería de regresarse, sobre todo la minuta tal y como lo está planteando el Senado de la República. No podemos convalidar ni ser partícipes de este albazo legislativo que ya había sido –reitero– aprobado en los términos que se había planteado originalmente y que después en un desaseo total descompuso el proceso y todo el procedimiento para el nombramiento de estos magistrados y magistradas electorales.
Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, votará en contra, sin lugar a dudas, porque no estamos dispuestos a aprobar este tipo de desaseos legislativos que vienen y provienen del Senado de la República. Es cuando, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Arturo Santana.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Hernán Cortés Berumen: Con su venia, estimado presidente. Compañeras y compañeros diputados, las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 27 de septiembre de 2007 y 1 de julio de 2008, respectivamente, constituyeron un paso importante para fortalecer el funcionamiento e integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual en términos del artículo 99 de nuestra Carta Magna es definido como la máxima autoridad jurisdiccional en la materia.
Cabe señalar que las reformas mencionadas fueron concebidas desde la exigencia ciudadana, para que nuestro país contara con instituciones que dieran certeza jurídica a los resultados electorales federales y locales. Dicha exigencia fue retomada por los diputados y senadores del Congreso de la Unión para transformar nuestro sistema electoral, priorizando la consolidación de la función jurisdiccional electoral en nuestro país.
En la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se consideraron los principios de independencia y autonomía. En el caso que nos ocupa estos principios también fueron retomados por los legisladores para asegurar que las resoluciones de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal tuviesen como objetivo la protección de la esfera jurídica del voto ciudadano.
Se dijo que para alcanzar esa independencia y autonomía se debía otorgar certidumbre a los integrantes de dicho órgano jurisdiccional electoral, para ello se estableció la designación escalonada de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, con periodos razonables para el establecimiento de criterios jurisdiccionales que contribuyan a la protección de las decisiones democráticas hechas por la ciudadanía.
Sin embargo, el contexto político actual y venidero exigen continuar con el fortalecimiento de nuestro sistema electoral, y en atención a ello el día de hoy se pone a consideración de esta asamblea el presente dictamen, que tiene como fin único dotar a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de certidumbre, y como consecuencia de independencia y autonomía en sus resoluciones.
La aprobación de este dictamen representará un acto de responsabilidad ante las necesidades de los órganos jurisdiccionales, tomando en cuenta que la designación de jueces y magistrados es parte importante de la independencia y la autonomía judicial. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado José Hernán Cortés.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Martha Sofía Tamayo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Muchas gracias, presidente, con su venia. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy se encuentra a nuestra consideración el proyecto de decreto por el que se proponen modificaciones a disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En particular, la minuta enviada por la colegisladora propone ampliar el periodo de designación de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
La temporalidad de las designaciones de jueces y magistrados es piedra angular de la independencia y autonomía jurisdiccional y se traduce en los cimientos del Estado de derecho en nuestro país.
Quiero señalar aquí que no se trata de un tema novedoso, que ya ha sido materia de pronunciamiento por el más alto tribunal de la nación, cuando en una controversia constitucional, la 322007 analizó el nombramiento de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California.
Aquí sí ha establecido que esta determinación beneficia a cuatro individuos y la Suprema Corte nos dice que el beneficio de mejorar la duración de quienes imparten justicia es para toda la sociedad, dice: No se abona a la independencia judicial cuando se caracterizan en poco tiempo, cuando los nombramientos duran poco tiempo, ya que es básico que para desarrollar debidamente la función en beneficio de la sociedad se disponga de una duración mayor.
Eso, señoras y señores, eso es lo que estamos haciendo hoy. No se ha violentado ningún transitorio, el transitorio con toda claridad señala que los magistrados iniciarían su mandato el 4 de noviembre, por lo que no ha dejado de tener vigencia, el 4 de noviembre es hasta mañana y a tiempo estamos haciendo hoy las modificaciones necesarias para tener mayor certidumbre jurídica y magistrados con una mayor independencia.
Se pierde de vista cuando se alegan cuestiones de orden político, que los magistrados que estaban nombrados por tres años iban a califica la elección del 18. ¿No se estará aquí asomando algún temor que tienen quienes no se sienten con la fortaleza para en lo futuro presentarse ante el electorado de México?
El beneficio pues, no es para cuatro ni para siete, es para toda la sociedad. Tenemos la convicción de que una temporalidad razonable maximiza el derecho humano de acceso a la justicia y en este caso a una justicia electoral.
Aquí también se han apuntado cuestiones que pudieran estar inquietando a la sociedad y hay que desafanarlos, hay que ponerlos en claro. Se dice que estamos violando la ley y que tenemos elecciones creíbles, precisamente esto último, elecciones creíbles es lo que estamos, desde el PRI, procurando tener con magistrados, que con una durabilidad mayor puedan dar certidumbre jurídica a toda la ciudadanía y a nuestro país en materia electoral.
¿Dónde he oído eso de que desde ahorita están tratado de medrar y de disminuir y de atentar contra las autoridades? Esos tiempos, señoras y señores, ya se fueron, aquí se han sostenido falsedades. ¿Fraude a la ley? Por Dios, al revés. El fraude sería no estar conscientes de que la independencia pasa por una mayor certidumbre en el puesto.
Que no se circuló en tiempo y forma el dictamen. Compañeros, se circuló con un día más, en lugar de 24 horas se mandó con 28 horas la convocatoria, y en lugar de cinco días para la circulación del dictamen se circularon en seis días.
No vengan aquí a engañar a la ciudadanía, aquí la seguridad jurídica está presente, el cumplimiento a la ley también, este, el Poder Legislativo tiene el libérrimo derecho, la función y facultad de modificar la ley.
Lo que estamos haciendo, justo a tiempo, es modificando en favor de una ciudadanía que tiene derecho a tener un tribunal electoral fuerte, la ley a favor de estas consideraciones que son legales y son apegadas en todo momento a derecho...
El diputado Rodrigo Abdala Dartigues (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame, diputada. A ver, sonido en la curul, solo comentarle, diputado, que en este momento no proceden interrupciones al orador.
La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Concluyo, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame, diputada. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Rodrigo Abdala Dartigues (desde la curul): Una disculpa, diputada por la interrupción. Solamente quiero hacer una pregunta.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: No está a discusión todavía. Vamos a entrar ya en ese proceso en un momento más. Continúe, diputada, por favor.
El diputado Rodrigo Abdala Dartigues (desde la curul): ¿No puedo hacer una pregunta?
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En este momento no, pero ya vamos a entrar al tiempo de la discusión, después de la oradora. Continúe, diputada. Adelante.
La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: La convocatoria que emitió la Corte la emitió conforme a una norma vigente en aquel momento. Hoy el nombramiento de estos magistrados que entran en funciones mañana será con base a la modificación legal del Poder Legislativo que tiene todas las funciones y facultades a su disposición para hacerlo, será precisamente por las nuevas disposiciones, siete, ocho y nueve años.
Otra cosa hubiera sido que hubiéramos excedido del término que señala la Constitución y la ley para ello. Estamos en forma y en tiempo buscando darle mayor certidumbre al Tribunal Electoral. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Martha Sofía Tamayo.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado, para la discusión en lo general y en lo particular, diferentes diputadas y diputados. En consecuencia, tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar en contra.
El diputado Daniel Ordoñez Hernández: Buenas tardes, con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados y compañeras diputadas, flaco favor les hacemos a los senadores, a los magistrados, perdón, en convalidar esta aberración jurídica que nos mandan los senadores. Miren, yo lo dije en la comisión, los senadores son burros al haber aprobado esto. Y los digo así porque no desconocen la ley, la quieren retorcer. Están actuando de mala fe y nos mandan a nosotros a que les convalidemos sus burradas. No lo hagamos.
Yo los invito a que no lo hagamos, que se exhiban ellos. Que se exhiban los senadores como quienes quieren violentar la Constitución Política. Los senadores violan tres preceptos constitucionales básicos. No necesitamos ser abogados para entender el lenguaje o el léxico jurídico.
Ahí les va. Miren, violan el artículo 14 de la Constitución. El artículo 14 de la Constitución se refiere a la irretroactividad de la ley. El artículo cuarto transitorio ya perdió su vigencia, no existe. Los senadores debieron, si querían hacer su chanchullo, meter una iniciativa. No reformar un artículo que ya no existe, que ya no tiene vigencia.
¿Cómo vamos a reformar un artículo que perdió vigencia, compañeros diputados? Perdió vigencia en el momento en que les tomaron protesta a los magistrados. Los artículos transitorios son eso, son un trance, son temporales. Cuando se cumple la temporalidad pierden vigencia.
Lo hizo así, el artículo cuarto se refiere a cómo se nombrarán de manera escalonada a los magistrados. Ya se nombraron, ya no existe. ¿Cómo vamos a reformar un artículo que no existe, que no tiene vigencia?
Vamos a violar la Constitución, primer punto. Segundo, se va a violar el artículo 13 de la Constitución. Ojo, compañeros, el artículo 13 habla de que en México no habrá o no debe existir en México la regulación de leyes privativas. ¿Qué es esto? Las leyes tienen que ser generales, deben ser aplicadas para todos. Aquí son privativas porque van dirigidas, de aprobarse esta reforma, única y exclusivamente a los magistrados que fueron ya aprobados, votados y que tomaron protesta. Tienen nombre y apellidos esos siete magistrados.
Estamos haciendo una reforma a una ley, porque un artículo transitorio es parte de una ley, por lo tanto estamos violando el 13 de la Constitución al hacer una ley privativa, el 13 las prohíbe, y por último, se viola el principio de legalidad en la corte.
Miren, la corte emitió una convocatoria para tres, seis y nueve años, y entonces al cambiarla en los tiempos, se viola este principio de legalidad. Y por último, y ya con eso acabo porque ya se me acabó el tiempo.
Miren, que si se aprueban de tres años. Se supone que los magistrados tienen que ser probos, tienen que ser gente recta y honesta, entonces si son por tres años, ¿no son probos ni honestos? Cuando le suban a siete ya tenemos magistrados probos. Subirles el tiempo les quita lo que aquí se presume que está pasando, que se aprobaron magistrados que van a ser transas y chanchullos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.
El diputado Daniel Ordoñez Hernández: Flaco favor se le hace a los magistrados, porque entran violando la Constitución, los magistrados de aprobarse serán producto de la violación de tres preceptos constitucionales y nosotros no tenemos que ser comparsa de los senadores que hicieron esta barbaridad. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias. Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en contra.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, presidente. Lamentablemente este Congreso se ha acostumbrado ya a votar las leyes y ordenamientos a modo, y también muchos legisladores han confundido el término ordenamientos con el término órdenes, confundiendo el principio de la separación de Poderes establecido en la Constitución.
El criterio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, del primero de julio de 2008, señalaba en su transitorio cuarto, la forma en que deben escalonarse los nombramientos de los magistrados electorales en cumplimiento con lo dispuesto en el párrafo décimo primero de la Constitución.
En esta reforma se señalaron los tiempos precisos que con esta minuta se violentan. En estricto cumplimiento con lo señalado en las reformas de 2008, se emitió la convocatoria correspondiente en tiempo y forma para que el Senado de la República votara por mayoría calificada a los magistrados, así como la temporalidad de los mismos, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hago énfasis en esto último porque la minuta que se somete a discusión de este pleno con dispensa de trámites –considerando que mañana deben iniciar su gestión los nuevos magistrados– no es una propuesta del Poder Judicial, sino una consideración de senadores que creen que debe haber cambios porque tres magistrados deben durar en el encargo siete años en lugar de tres, y otros tres magistrados ocho años en vez de cuatro.
Hay que señalar que la decisión de uno de los Poderes de la Unión sobre la forma de organización de otro de los poderes, es una violación flagrante al orden constitucional de la nación.
Quiero hacer énfasis en otro punto que no es menor y tiene que ver con la praxis en el fondo con el espíritu original del precepto constitucional. En el dictamen de la iniciativa que se discutió en el Senado se señaló que los magistrados desempeñarán mejor su responsabilidad si están en el encargo siete años en lugar de tres, pero no analizaron las consecuencias que hay al sustituir magistrados cada año. Dos en el 2023, dos en el 2024 y tres en el 2025.
El propósito de hacer el escalonamiento señalado en el artículo 99 de la Constitución era para dar estabilidad al tribunal electoral, de manera que el cambio de magistrados cada tres años permitiría unificar criterios para la toma de decisiones y no cambiar abruptamente al pleno electoral.
La sustitución con el escalonamiento que propone el Senado impedirá tener un tribunal estable. Las reforma de 2008 sí consideraba que los cambios de magistrados en 2019, 2022 y 2025, era un escalonamiento razonable que ayudaría a mantener la estabilidad esperada.
Ya se ve venir la votación de la mayoría en favor de un atropello judicial que hace leyes para, con nombre y apellido, dedicárselo a personas específicas. Seamos institucionales y no tomemos decisiones que se prestan a la confusión...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: ...y menos aún en materia electoral. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Caballero Pedraza. Tiene el uso de la tribuna el diputado Abel Murrieta Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en pro. Esta Presidencia saluda a vecinos de Atizapán de Zaragoza, invitados por la diputada Ingrid Krasopani Schemelenski Castro. Bienvenidos. Adelante, diputado.
El diputado Abel Murrieta Gutiérrez: Con su permiso, señor presidente. Vengo a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a apoyar el dictamen que estamos en discusión teniendo, y lo venimos a apoyar por muchas razones, principalmente por las razones que más nos importan, que son darle confianza, que son darle imparcialidad y que son darle certeza a las decisiones que los tribunales toman; cualquier tribunal debe de garantizar esos tres principios.
Y hemos estado escuchando a quienes se oponen a este avance en la materia que lo estamos señalando. He venido escuchando que violamos la Constitución por la irretroactividad de la ley. En primer lugar, nada más distante; la irretroactividad de la ley es un principio que alcanza su máxima expresión en el derecho penal, sí, nada más que se les olvida ponerle la segunda parte “en perjuicio de persona alguna”. En todo caso se está apoyando que esa persona dure más tiempo en un encargo. No estamos violando la Constitución.
También estamos oyendo a algunos argumentos como que “son leyes privativas”. Es un error muy común decir que somos diputados de un distrito. Se parece mucho a ese error. Yo soy diputado de todos los mexicanos; no hago leyes para mi distrito; hago leyes para todos los mexicanos. No conozco a ningún magistrado. Y seguramente esos magistrados van a ser sustituidos, y la ley les va a aplicar a los que vienen. No la estoy dedicando a nadie.
También hablan de la honestidad y la propiedad, que es lo que estamos haciendo. No, no quiere decir que el término que aquí nos vamos a hacer probos porque les aumentamos el término, pero vamos a poner las condiciones para que sean honestos, para que sean probos y sobre todo, para que sus criterios tengan una mayor vigencia.
Es bien importante lo que estamos haciendo porque vamos a darle mayor certidumbre a las elecciones. Ya basta de criterios que...
El diputado Rodrigo Abdala Dartigues (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame, diputado, permítame. Sonido en la curul del diputado Rodrigo Abdala. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Rodrigo Abdala Dartigues (desde la curul): Gracias. Para hacer una pregunta al orador, con todo respeto.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Acepta la pregunta, diputado.
El diputado Abel Murrieta Gutiérrez: Sí, adelante.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante, diputado.
El diputado Rodrigo Abdala Dartigues (desde la curul): Diputado, muchas gracias. Al decir que usted está a favor de aprobar esta iniciativa, entonces también se podría decir que estamos a favor. Mejor dicho, ¿que usted y su partido está a favor de que se pase por encima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando ellos aprobaron un proceso con plazos determinados, y aún peor, está usted también a favor del procedimiento que se llevó a cabo en el Senado para la designación de los mismos cuando las comisiones no dictaminaron y fue la Junta de Coordinación Política quien eligió a los siete de cada una de las siete ternas?
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante, diputado.
El diputado Abel Murrieta Gutiérrez: Si me permite terminar y contesto la pregunta al final o contesto la pregunta.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Como usted indique. Si puede concluye...
El diputado Abel Murrieta Gutiérrez: Termino y le contesto a Rodrigo con mucho gusto.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante.
El diputado Abel Murrieta Gutiérrez: No quiere decir que los hagamos probos y honestos por el término, pero hay que ponerle las condiciones, y la certeza de su decisión y los criterios judiciales ya basta de que cambien, hoy me aplican un criterio, cambian los magistrados y en la siguiente tenemos otro criterio. Es importante la certidumbre en cualquier disposición jurídica.
Por último, también no vengo a hacerle ningún favor a nadie. Estamos argumentando nuestras posiciones en favor de los que acabamos de decir. El Partido Revolucionario Institucional está a favor de la independencia, de la certidumbre y de la probidad y honestidad de los magistrados que se elijan sin tener nombre y apellido. Muchas gracias.
Y en cuanto a lo preguntado por Rodrigo Abdala, no hay ningún problema. No estoy en contra de lo que dicen; estoy modificando la ley, no la convocatoria. La ley se puede modificar, y para eso somos independientes y autónomos, no le hago caso ni al Senado ni a los magistrados, modifico la ley con el mejor criterio a favor de los mexicanos, Rodrigo, en favor de la independencia y de la honestidad, ahí sí me vas a encontrar a favor. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputado Murrieta Gutiérrez. Tiene el uso de la tribuna el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, de Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos, para hablar en contra.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Compañeras y compañeros. El argumento aquí esgrimido por el diputado que antes ocupó la tribuna es absolutamente falso. Claro que nos estamos metiendo en las facultades de la Corte.
La reforma constitucional de 2007 y la reforma legal del 2008, lo que hizo fue que el Ejecutivo perdió la facultad de proponer las ternas y se le pasó al Poder Judicial.
El Poder Judicial, de acuerdo a la normatividad vigente hasta este momento, porque no se ha aprobado todavía esta norma, lanzó una convocatoria, examinó a un número muy amplio de ciudadanos que se inscribieron y determinó siete ternas, y las hizo las propuestas con cierta periodicidad. Esa periodicidad no la puso el Senado, esa la propuso la Corte de acuerdo a la ley; unos para tres, dos para seis y tres para nueve.
Nosotros estamos cambiando esos plazos sin intervención de la Corte, y esa era una facultad de la Corte, no es una facultad de esta Cámara. Por eso es, con todo respeto, falso absolutamente el argumento, tanto de la diputada como el de usted, y en eso cometemos un vicio que queríamos evitar, que era que los partidos políticos intervinieran en las propuestas de los nombres para dejarlo en el área del Poder Judicial.
Hoy nosotros, tomando esos nombres del Poder Judicial, estamos alternando los plazos. Eso es exactamente en contra de la certeza, la certeza era lo contrario, que la Corte es quien llevaba este procedimiento. Pero lo que es peor, compañeros, lo hacen después de que ya toman protesta. Si esta preocupación hubiese sido vigente lo debimos de haber hecho con mucha antelación.
El INE, compañeros, tiene también el mismo escalonamiento, tres para tres años, tres para seis y tres para nueve, ¿por qué no se les ha ocurrido ahorita, una vez que tomaron protesta, darles a todos para nueve?
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame, diputado. Permítame un segundo. Sonido en la curul del diputado Vidal. Adelante, diputado. ¿Con qué objeto?
El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Si me acepta una pregunta el orador.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputado.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Claro. Con todo gusto.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante, diputado.
El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Gracias. Comparto y me queda claro su argumento en el sentido de que hay una violación, tanto a las facultades de la Corte como al principio de no beneficiar a una persona en particular, y mi pregunta es a qué responde esto. ¿Hay un acuerdo político, hay partido que quiere ser beneficiado?
Si se toma una decisión de esa naturaleza debe corresponder a alguna suerte de acuerdo político, que como usted bien decía el diseño tenía que ver con que fuera la Corte y no los partidos los que tomaran la decisión. Aquí estamos nosotros tomando la decisión de que unos magistrados tengan una temporalidad mayor. Esto, en su opinión, ¿a qué tipo de acuerdo político corresponde y a quién podría beneficiar?
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Si me permite.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante, diputado.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Igual concluyo mi intervención y luego contesto esta y alguna otra pregunta.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Lo que nosotros estamos poniendo, compañeros, en riesgo, es la credibilidad del órgano que va a calificar la elección presidencial. Al cambiar en el proyecto, en el transcurso de su nombramiento y su entrada de ejercicio a cuatro personas que se han visto beneficiados por el acuerdo de unos partidos políticos y ahora tienen un plazo mayor que el que tenían antes, el que estaba en la ley. Eso es muy delicado.
El Poder Judicial debe ser respetado en su plena autonomía e independencia. No puede ser que los partidos políticos estemos luchando para que el que me cae bien tenga más tiempo, porque no quedé satisfecho con que los hayan puesto en la terna de tres, o en la terna de seis. Esa exactamente lo que no se debería de hacer. Contesto, presidente. Perdón, ¿qué tiempo tengo para contestar esta pregunta?
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante, diputado.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: No quiero entrar en un proceso de especulación exacerbado sobre los motivos que dieron origen a esta circunstancia. Puedo hacer, si quieren, una pequeñísima reseña de lo que han dicho los medios.
Al parecer un partido político no se vio satisfecho, porque en las ternas de nueve no estaban representados, sino solamente en las ternas de tres y en las ternas de seis. Eso, compañeros, motivó un reclamo airado que hicieron que cometiéramos todo este desaseo. Pero lo peor es que si esto es cierto, entonces los partidos políticos estamos reconociendo que tenemos correas de transmisión en el Poder Judicial, que tiene que ser autónomo para calificar las elecciones y para darnos la certeza al conjunto de los ciudadanos. Eso es gravísimo. Además, que los demás partidos se presten para que eso suceda.
Es por eso que los ciudadanos afuera tienen una enorme preocupación y molestia con el sistema de partidos políticos, que pone por delante el sistema de cuotas y de intereses partidarios por encima de los intereses de la sociedad. Deberíamos de responder con honor en la Cámara de Diputados y decir: no, eso no es así. Pongamos en garantía la elección del 18, no la pongamos en riesgo, en verdad es una enorme responsabilidad, compañeras.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Acosta Naranjo. Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro.
El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn: Con su venia, señor presidente. No estamos invadiendo la competencia de otro poder. La Corte propuso de esta manera el escalonamiento o qué candidatos a magistrados ocuparían durante cuánto tiempo sus cargos, porque la ley disponía que había esas opciones, no fue una decisión propia de la Corte, era una disposición de ley.
Es precisamente competencia del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos reformar las leyes, por lo tanto, al reformar aquí nosotros, junto con el Senado, la duración del cargo, estamos reformando una ley y eso es competencia estrictamente de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.
¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque estamos atendiendo a varios principios que tienen que ver con la independencia y la autonomía del Poder Judicial de la Federación. En primer lugar, el principio de la estabilidad judicial. El segundo, el de la independencia, porque es muy interesante y es muy importante para la vida democrática de México contar con magistrados encargados de calificar las elecciones en todo el país, que sean de manera independiente y autónoma y no respondan a presiones de ningún tipo y que ellos se sientan con la estabilidad y la seguridad judicial que requiere la importante labor que tienen los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por otra parte, se fortalece el principio de especialización, para darles a los magistrados tiempo suficiente para generar, entre otras cosas, jurisprudencia, que le va a dar, y paso al siguiente principio que fortalecemos, la certeza jurídica a los justiciables.
Todos los que estamos aquí reunidos pasamos por un proceso electoral, ya sean los que tuvimos el grandísimo honor de competir en una elección de mayoría, como aquellos que son diputados por representación proporcional, todos pasamos por un proceso judicial y qué mejor saber que contamos con magistrados que tienen la experiencia y la estabilidad suficiente para tomar decisiones de manera autónoma e independiente.
Aquí lo que estamos haciendo de manera responsable, es darle precisamente a los justiciables y a todo México la certeza de que contamos con instituciones fuertes e independientes que van a velar por la vida democrática en beneficio de todos los mexicanos. Y por ese motivo es que llamo a que votemos a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Juan Pablo Piña. Tiene el uso de la tribuna la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en contra, hasta por tres minutos.
La diputada Ernestina Godoy Ramos: Con su venia, diputado presidente. Me sorprende el aplomo con el que los diputados del PRI y del PAN tratan de engañar al pueblo de México diciendo que esta reforma es buena, que va a apoyar a la democracia, que es constitucional y que es legal. Se necesita una dosis o de ignorancia o de cinismo. Creo que son las dos cosas.
La reforma que hoy se pretende aprobar es simple y llanamente el blindaje institucional y jurídico del sistema de complicidades que encarna el pacto contra México. Es un abuso contra los ciudadanos que vulnera las instituciones responsables de garantizar el respeto al voto público y la voluntad ciudadana.
Ni siquiera justifican o exponen las razones de esta decisión. Lo hacen porque quieren y porque pueden, para formalizar el cochupo que les permitió repartirse a los magistrados entre PAN, PRD y PRI.
Se trata de mantener el control del órgano del Poder Judicial responsable de impartir justicia electoral. Esto es inmoral, pero también es ilegal.
Esto así toda vez que es de conocimiento público que la convocatoria de la Corte, el registro de aspirantes, la depuración y comparecencia de postulantes, la definición de ternas, las comparecencias ante el Senado y la respectiva designación ya son etapas terminadas. En consecuencia, al haber producido sus efectos jurídicos el artículo que se pretende modificar, el dictamen propone algo que resulta ilegal y lógicamente imposible.
Desde el Senado y ahora en esta Cámara por la vía rápida, los partidos del pacto contra México pretenden aprobar una reforma que busca, respondiendo a intereses particulares de una cúpula, prorrogar el encargo de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es la última instancia que calificará las elecciones del próximo año, y en especial las 30 elecciones concurrentes y la presidencial del 2018. La instancia de la cual depende la certeza y legitimidad en los resultados electorales.
Por falta de tiempo no voy a hablar de las personas que fueron ya electas en el Senado y su relación con los distintos partidos. No traten de engañar. A ellos, a esos que están nombrados por el Senado y que no estuvieron satisfechos está dirigida esta reforma. A la ilegítima negociación para la integración de la Sala Superior del Tribunal ahora le sumamos la burda e inconstitucional maniobra para ampliar el tiempo que durarán en el encargo los magistrados. Estos cambios constituyen un ataque contra todo sistema político y democrático del país.
Compañeras y compañeros, Morena no puede avalar esta reforma. Estamos obligados a votar en contra y a utilizar todos los recursos jurídicos para combatir la ocupación ilegal de las instituciones del Estado por parte de esta casa de partidos conservadores, de un sistema corrupto y caduco. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Ernestina Godoy. Tiene el uso de la tribuna la diputada Martha Sofía Tamayo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en pro hasta por tres minutos.
La diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, presidente. Con su venia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 5 de diciembre de 2013 aprobó un informe sobre el tema: garantías para la independencia de las y los operadores de justicia hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de derecho en las Américas.
Ahí, con meridiana claridad, se estableció que el objetivo específico era identificar las obligaciones de los Estados-parte en la Organización de Estados Americanos para asegurar el acceso a la justicia a través de garantías que debían ofrecer a las y los operadores de justicia para una actuación independiente, ampliando la sistematización de los estándares de derecho internacional e identificando algunos obstáculos.
En el punto 83 lo dicen expresamente: la duración del nombramiento del cargo de un operador de justicia constituye un corolario de su independencia, un periodo de duración definido y suficiente permite al operador de justicia contar con la estabilidad necesaria para realizar con independencia y autonomía sus labores. Mandatos de corta duración debilita el sistema justicia y afecta la independencia y desarrollo profesional.
Eso es lo que el Grupo Parlamentario del PRI y este Congreso en su mayoría, estará aprobando. Lineamientos internacionales suscritos por México, en los cuales se habla de la duración en el cargo de los impartidores de justicia como medio para adquirir su independencia.
Una duración inferior no permite si quiera valorar el desempeño ni cumplir con estándares objetivos en la medición de los mismos. Por eso, es que aquí se pretexta que si violamos al Poder Judicial en su convocatoria. El Poder Judicial convocó conforme a la norma vigente en este momento, a este Poder le corresponde conforme a sus funciones y facultades expeditas en la ley, modificar los términos de la ley misma y aquí lo que estamos haciendo con base a esta convención y con base a lo manifestado ya por nuestra corte y también por este organismo internacional de Derechos Humanos, darle a los mexicanos a través de un órgano de justicia electoral, la independencia, la seguridad jurídica y la certidumbre que ocupamos en México.
Los que engañan son otros, es el temor que tienen al verse quizá desde ahorita desechados en la opinión popular y desde ahorita empiezan a descalificar lo que es un tribunal. No nada más fuerte, hoy, sino que a partir de ahora con esta duración será mucho más fuerte en beneficio de todos los mexicanos. Por su atención, gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Martha Sofía Tamayo. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Jesús Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar en contra, hasta por tres minutos.
El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Con su venia, señor presidente. Estamos ante la peor aberración legislativa en muchos años, de los cuales el PRI y el PAN serán responsables. Y luego se enojan porque ciertos personajes de la política mexicana mandan muy lejos sus instituciones, si desde su origen ustedes son los responsables de que eso suceda.
Compañeros, coincido totalmente, la reforma atenta contra los beneficios de la renovación escalonada y afectará la lógica de aprendizaje colectivo de la sala superior del tribunal electoral, pero lo más grave es que estamos afectando la credibilidad de los magistrados recién nombrados y atentando contra la legitimidad de esta sala superior. La reforma propuesta implica una invasión a las facultades que la Constitución confiere a nuestro tribunal constitucional.
Los Senadores, si consideraban pertinente modificar los plazos de estos cargos de magistrados, debieron realizarlo previamente a que iniciara el proceso de renovación pues éste, una vez que tomaron protesta los candidatos designados conforme a las bases de la convocatoria emitida por la Suprema Corte, ya había finalizado.
La minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o, las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación es a todas luces ilegal por decir lo menos, y facciosamente cuotista por parte de los partidos.
La iniciativa es inconstitucional ya que se pretende violar de inicio el procedimiento de designación establecido en la Constitución, además de que como lo han sostenido mis compañeros, viola el principio de separación de poderes, así como el artículo 13 constitucional.
No podemos cerrar los ojos o voltear la vista al clamor ciudadano, no podemos aprobar una reforma que es incorrecta. La ciudadanía se encuentra manifestando su rechazo total a este cambio. Lo que menos necesita la nueva integración de la sala superior, en la que destacan abogados con solvencia moral y técnica, es una reforma que refuerce la narrativa de que los senadores operaron bajo la lógica de cuotas y de cuates, por eso pedimos que los senadores y diputados rechacen la iniciativa con que se pretende alterar el periodo de los magistrados recién nombrados.
El PRD, la fracción parlamentaria, se reservará su derecho al término del proceso legislativo de esta reforma, en solicitar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte; pero el riesgo es mayor, también los propios concursantes en este proceso y que no fueron designados por el Senado, tiene a salvo sus derechos de impugnar ese desaseado proceso, lo que perjudicaría no solamente a los cuatro beneficiados, sino a los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Valencia Guzmán. Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, para hablar en contra, el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Alfredo Basurto Román: “Malditos los hombres que con sus palabras defienden al pueblo pero que con sus hechos lo traicionan”. Emiliano Zapata. Buenas tardes, compañeros diputados; con su permiso, señor presidente. La minuta que hoy se nos presenta al vapor, viola bastantes principios constitucionales y garantías. Una disculpa a la comunidad jurídica de México, a los abogados, a los doctos en la materia, porque de seguro, compañeros, estamos siendo criticados. Lo que hoy se va a votar por esa soberanía a excepción de la fracción de Morena, y veo del PRD, es llevar a la inquisición a la Constitución Política de los mexicanos, compañeros.
De entrada se violenta el artículo 13 constitucional. Enseguida, compañeros, viola también este decreto una de las garantías que el constituyente revolucionario de 1917 estableció en nuestra Carta Magna como uno de los principios más fundamentales y que sirvieron de base y cimientos para la democracia y la Constitución de los mexicanos, que es el principio de legalidad, compañeros, estableciéndose en el artículo 14 y 16 constitucional.
Pero miren, se ha discutido mucho y con la atención que se le pretende dar al tribunal electoral: imparcialidad, certeza jurídica, y yo pregunto, compañeros, entonces los actos del pasado por ende aceptan que fueron violatorios de la soberanía y de la democracia del país.
Y por ejemplo, cito un caso de Zacatecas, donde a Morena se nos quitó la capital por parte del PRI. Y miren, compañeros, lo cito porque vienen los premios, el magistrado de la Sala Regional de Nuevo León, con sede en Monterrey, Reyes Rodríguez Mondragón tenía ya la resolución con el resolutivo donde confirmaba el triunfo de la compañera maestra Soledad Luévano, pero recibió una llamada de Gobernación y de Los Pinos, donde le decía: oye, no te gustaría participar en la terna para ser magistrado de la Sala Superior, y cambió de la noche a la mañana el resolutivo y nos quitan la capital de Zacatecas, compañero.
Entonces quiere decir que aceptan, el PRI y el PAN, que los actos que venían realizando el Tribunal Electoral eran violatorios de la democracia del país, está más claro, compañeros. Aquí no se está discutiendo, que quede claro también, el tiempo del que duren los magistrados, podrán durar en su cargo 10, 9, hasta 20 años, no compañeros, lo que estamos cuestionando es el acto que viene viciado de inicio.
La Suprema Corte estableció un procedimiento interno administrativo para hacer las encuestas, hacer las entrevistas de los aspirantes a ser magistrados de la Sala Superior, pero para blindar al Ejecutivo, el Senado –muy astutamente– reforma y mete una iniciativa a posteriori, cuando ya se había tomado la protesta a los magistrados que fue el 20 de octubre, la misma es la que se está cuestionando compañeros, que no puede ser después, cuando el magistrado ya tomó protesta para el cargo que iba a desempeñar, y después, por obra de magia, se le da un término para que se amplíe en su periodo y es ahí donde vienen las violaciones...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya diputado...
El diputado Alfredo Basurto Román: ...a los principios que he citado. Compañero, no cometamos una aberración jurídica y política que va en contra de la democracia del país, razonen y no seamos más empleados y oficialía de partes del Senado, compañeros...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.
El diputado Alfredo Basurto Román: No violamos la Constitución, compañeros, razonen su voto, iremos en contra a este proyecto que viene viciado y viene violatorio de la Constitución. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Basurto Román.
Para hablar en pro hasta por tres minutos, tiene el uso de la tribuna el diputado Ricardo Ramírez... Permítame. Sonido, le pido al personal de apoyo de la Mesa Directiva, estén atentos por favor a las solicitudes de uso de la palabra de las compañeras diputadas y diputados. Adelante, diputada.
La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Muchas gracias, diputado presiente. Para solicitar a los presidentes de comisión o de subcomisión que hayan acordado tener reuniones ahorita en este momento, a partir de las 4 de la tarde en adelante, las suspendan porque creo que es muy importante la discusión y todo el pleno debe de estar aquí presente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se toma nota de su petición, diputada. Gracias, diputado.
Tiene el uso de la tribuna para hablar en pro hasta por tres minutos, el diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Ricardo Ramírez Nieto: Gracias, señor presidente. Con su venia. Compañeras y compañeros diputados, voy a comenzar por utilizar los propios términos que han venido haciendo uso aquellos diputados que se oponen al presente dictamen.
Lo que sí resulta una verdadera aberración jurídica es la postura de ignorancia que asumen quienes están en contra del presente dictamen, cuando señalan por ejemplo que se viola el artículo 14 constitucional, que establece la prohibición de aplicar retroactivamente la ley.
Al respecto, basta con decirles que dicho precepto que señala que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, implica que en el caso estudio es procedente que cuando no hay ningún perjuicio, se puede aplicar en beneficio. Por tanto, ninguna violación constitucional se da a ese precepto.
Otro yero más en que incurre la postura de quienes se oponen, es cuando señalan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la única facultada para establecer los plazos de duración de los cargos de los magistrados del Tribunal Electoral. Nada más alejado de la realidad que esa situación. El plazo lo señala el propio Reglamento del Senado de la República. Es facultad exclusiva del Senado de la República, y haberlo establecido así en la convocatoria por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido aceptado ese yerro.
Nunca han dicho quienes se oponen al dictamen en qué se benefician los nombramientos y la duración del cargo que se está realizando por parte de los magistrados.
La estabilidad en el cargo es, sin duda, una de las más importantes garantías constitucionales de la función jurisdiccional, cuyos destinatarios no son los propios magistrados o jueces, sino quienes acuden ante ellos en reclamo del respeto a sus derechos.
Ciertamente la estabilidad en el cargo permite al resolutor atender el asunto con imparcialidad, independencia y objetividad. En tanto, su nombramiento está sujeto a un término razonable, que le permite sustraerse de las consecuencias e influencia política de sus fallos.
De ahí que una reforma, como la que aquí se postula, sin duda va en aras de tal garantía constitucional de la función judicial, ya que aleja el plazo de la culminación del nombramiento del proceso electoral de 2018, lo cual sitúa el término del nombramiento en un periodo donde lo decidido en los juicios instaurados en torno al proceso de elección presidencial queda fuera de su influencia.
Además, la prolongación en el nombramiento concede a la actual integración del tribunal arribar a criterios uniformes y coherentes y, sin duda, en un mejor oficio jurisdiccional, ya que la experiencia indica que la colegiación con integraciones por plazos prolongados conlleva siempre en una maduración de posturas y depuración de criterios que dotan a los justiciables de una mayor seguridad jurídica y al órgano de una mayor calidad jurídica y credibilidad, lo cual dota a sus decisiones no solo de fuerza jurídica, sino de la fuerza convictiva derivada de la solidez de los argumentos sustentados en largos años de experiencia y ejercicio de la función. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ramírez Nieto. Esta Presidencia informa que se han recibido propuestas de modificación, tanto a las disposiciones transitorias como al decreto.
En tal sentido, tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar propuesta de modificación al Cuarto transitorio de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El diputado Omar Ortega Álvarez: Con la venia de la Presidencia. Compañeros legisladores, fíjense lo interesante de este debate, estamos discutiendo sobre la nada jurídica, en este momento el artículo transitorio que se trata de modificar ya dejó de tener eficacia jurídica, porque resulta que una ley está constituida por dos elementos, por las disposiciones permanentes, que son las que le dan vigencia a las leyes, y las transitorias, que permiten de manera clara que una disposición puedan avanzar hasta el momento que esta se constituye en una situación que permite que se vea superada esa disposición jurídica, y hoy es el caso que nos trae aquí.
Este es un hecho consumado, de manera clara ya se consumó y ya no hay materia de discusión o de aprobación. Ya hay una disposición que hace que siete magistrados duren en su encargo tres, seis y nueve años, y ese es el tema de manera clara jurídica.
También se viola el artículo 13 constitucional, que habla de que ninguna ley podrá ser privativa. Es decir, aquí estamos beneficiando solamente a un grupo de personas, siete magistrados, y también ya no hay retroactividad de la ley, porque de una manera u otra tampoco esta puede ser en beneficio de algunas personas, sino de todas las personas.
Pero lo más delicado de todo, ya no es el tema jurídico, ya no es el tema legal, es el tema político. Óiganlo bien, señores legisladores, están haciendo en este momento magistrados que de cierta manera están viciados de origen, el órgano superior, el último que va a determinar quién será o podrá incidir en quién será el próximo presidente de la república, está viciado de origen, y políticamente es incorrecto que este órgano o esta institución tan importante no tenga la legitimidad ni la validez, porque ustedes están determinando dotarlos de unos años más en el ejercicio de sus funciones.
Hoy es lo que venimos a proponer con ustedes con toda claridad, que no haya modificación al artículo transitorio que ya dejó de existir, que ya es la nada jurídica, que ya es un acto consumado. Legisladores, hagamos las cosas bien. Hoy es la oportunidad. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ortega Álvarez.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Ortega Álvarez.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha. Tiene el uso de la tribuna, para presentar propuesta de modificación al artículo cuarto transitorio de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y al artículo primero y segundo transitorios del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el diputado Juan Romero Tenorio, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con venia de la Mesa Directiva. Primero solicito a la Mesa Directiva publique las razones por las cuales presento la reserva en el Diario de Debates, para que se consulten los razonamientos jurídicos de por qué Morena vota en contra este dictamen. Y para el diputado que defendió el dictamen en la última exposición, no es en el Reglamento de la Cámara de Senadores donde está el término. El término para designar a los magistrados está en el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica que se pretende reformar con lo que hoy se presenta.
La propuesta es eliminar la modificación que se presenta al artículo cuarto transitorio y a los transitorios correspondientes, porque estamos ante un hecho de ilegalidad, de inconstitucionalidad.
El proceso de designación de los magistrados de la Sala Superior siguió una ruta legal establecida en el marco de la reforma de 2007, reforma al Poder Judicial de la Federación donde establece cómo se integra la Sala Superior del Tribunal Electoral.
El artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina el procedimiento de escalamiento de las posiciones: 9, 6 y 3 años, mismos que cumplieron sus efectos el 20 de octubre de este año, al ser designados por la Cámara de Senadores a partir de las 7 ternas que remitió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dado certeza a cada uno de sus actos a través de las diferentes publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. Voy a citar algunas: el 5 de julio de 2016 publicó la convocatoria. En el considerando sexto señala los plazos para los cuales se convoca a los ciudadanos que deseen participar en este proceso.
Publica el 5 de agosto –Diario Oficial de la Federación– la lista que considera pertinente para ser presentada al pleno de la Cámara de Senadores, en función que determina el artículo 99. Suprema Corte de Justicia propone; Cámara de Senadores aprueba. Esto llega a una certeza jurídica cuando el 20 de octubre la Cámara de Senadores aprueba a los 7 magistrados por 9, 6 y 3 años. Concluye la vida del transitorio, del cuarto transitorio objeto de este dictamen.
La Corte dio certeza al procedimiento, hay hechos de derecho que están vigentes. Tenemos siete magistrados designados que ya tomaron protesta. El hecho de que mañana tomen posesión del cargo o entren en funciones no implica que dé vigencia retroactiva la disposición transitoria que ya no tiene validez. Estamos en una aberración jurídica, pretendiendo reformar una norma jurídica que no tiene validez, puesto que los supuestos que preveía se cumplieron formalmente.
En el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo al artículo 2o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas de los estados, se publican los acuerdos que son obligatorios para su observancia general. La Corte cumplió cabalmente cada uno de los pasos, la Cámara de Senadores cumplió al designar y tomar protesta a los siete magistrados. La aberración jurídica empieza con una iniciativa presentada el 25 de octubre, que pretende modificar un transitorio inexistente.
Atentamos contra el principio de certeza y seguridad jurídica, sí. Se violenta el artículo 14 constitucional. Se violenta el artículo 99 constitucional al violentar el derecho que tiene la Suprema Corte de hacer propuestas que deberá presentar en los siguientes tres años para modificar a los dos magistrados designados por tres años.
Se violenta la Constitución, ¿principio de seguridad y certeza jurídica? Claro que sí, porque a esta convocatoria acudieron 134 ciudadanos, de los cuales la propia corte declaró que eran viables 130, de esos 130 determinó 21 óptimos para presentarlos a la corte. Cualquiera de estos ciudadanos que participó en el proceso puede impugnar esta ley por inconstitucional, porque está violando plazos constitucionales, plazos legales establecidos previamente.
En forma artificial queremos modificar un transitorio para modificar plazos establecidos con certeza y legalidad. En forma artificial queremos ampliar plazos a magistrados de tres y seis años, que no cumplen con las expectativas de los grupos parlamentarios que apoyan la iniciativa. Revisen quién propone la iniciativa de reforma en el Senado: PRI, PAN, PRD, Partido Verde. Son los que no están conformes con los plazos de sus magistrados. Son los que quieren tener certeza tanto para reducir multas que imponga el INE o para modificar resoluciones que afecten a sus candidatos o a sus partidos políticos.
Ahora de esta forma se juega a la legalidad, por condicionamientos políticos. Es un premio que se da a magistrados de dos y seis años, ampliándoles su periodo en forma graciosa y en contra de la voluntad y de la legalidad que estableció la corte al acatar la ley. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Romero Tenorio. Consulte la Secretaría a la asamblea, si se admiten a discusión las modificaciones propuestas por el diputado Romero Tenorio.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desechan. Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Vidal Llerenas Morales, para presentar propuesta de modificación al cuarto transitorio de las Disposiciones Transitorias, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Esta Presidencia, saluda a directores de las normales de Cuautla y Amilcingo, y líderes de Tetelcingo en Morelos. Bienvenidos, bienvenidas.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Con el permiso del diputado presidente. Si el tema es que se tiene que dar más tiempo a los magistrados, cosa que ha sido bonito hacerlo antes que tomaran protesta, entonces por qué no cambiar la ley y que los próximos magistrados, no los que tomaron protesta hace unos días, pues sean los que puedan tener un periodo más amplio. Eso sí daría certeza.
Es verdaderamente absurdo decir que se va a abonar a la certeza cambiando el plazo de magistrados que ya tomaron protesta. Es verdaderamente ridículo debatir en estos tiempos. Cuando uno cambia el plazo de alguien ya electo reduce la certeza, no la incrementa, es elemental.
Creo que esto –insisto– es un muy mal augurio hacia lo que vienen los próximos días que es un sistema nacional de combate a la corrupción, que si tomamos en cuenta hoy la posición de los partidos y lo que quieran hacer, pues va a ser un sistema capturado con cuotas en donde se va a querer comprar impunidad, impunidad electoral como la que hoy se quiere comprar al ampliar el plazo a los magistrados y con esto darle la vuelta a la decisión que se tomó en su momento de que fuera la Corte la que decidiera cuánto duraban los magistrados, la que decidiera quiénes son los magistrados.
Con lo que estamos haciendo hoy estamos decidiendo que unos magistrados van a tener más tiempo que otros y eso es un intento de comprar impunidad para seguir haciendo en las elecciones el tipo de trampas que se hacen sin ninguna consecuencia. ¿Dónde están las multas, dónde están las consecuencias de todo lo que el Partido Verde ha hecho en este país y que hoy acompaña este dictamen?
Creo que es un mal augurio para una democracia mexicana que no entiende que además del cambio institucional se requiere que los actores se comprometan con el espíritu de este cambio.
La reforma pasada significaba que no fueran los partidos ni fuéramos los legisladores los que decidiéramos quiénes y cómo iban a calificar la elecciones. ¿Cómo estarían los arreglos, de qué tamaño fue el acuerdo para que se ponga en riesgo la credibilidad de la próxima elección presidencial simplemente por querer ampliar el mandato de magistrados a modo?
Eso es lo que valoran la democracia mexicana, eso es lo que se pone en riesgo, simplemente por un capricho, simplemente por un acuerdo político que tiene que ver con impunidad, con querer ganar las elecciones haciendo trampa. Así no vamos a acabar con la corrupción así no vamos a tener instituciones creíbles, así no vamos a tener un país mejor. Un país mejor requiere de diputados comprometidos con la ley, requiere de diputados comprometidos con el espíritu de que sean ciudadanos independientes los que califiquen las elecciones, no los que nosotros queremos por estar de acuerdo con el proyecto político y porque nos van a ofrecer impunidad.
Señores, estamos ante un momento muy grave en la historia del país. No podemos jugar con este tipo de temas, no podemos jugar ante un capricho de un acuerdo de unos señores, pongan en riesgo toda la elección presidencial. Gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Llerenas Morales. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Vidal Llerenas Morales.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha. Tiene el uso de la tribuna, para presentar propuesta de modificación al cuarto transitorio de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el primero y segundo transitorios del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Ariadna Montiel Reyes: Con su venia, presidente. La reserva que presentamos en esta tribuna tiene que ver con hacer las cosas bien y dejar de lado la modificación y mantener la redacción actual.
Aquí hay que decir que se ha venido a argumentar que ampliar el período a los magistrados generará una mejor estabilidad al sistema judicial y que perfeccionará la calidad de las resoluciones de los magistrados.
Nada más falso que eso, lo que estamos diciendo con eso es que la Suprema Corte no escogió bien, pero además, aquí hay que decirlo porque la diputada del PRI que nos ha antecedido en sus intervenciones, defendiendo este proyecto, dice que hay que considerar la condición de la opinión de los mexicanos porque las encuestas, hay una opinión sobre cómo se está gobernando, y lo que hay detrás de este acuerdo es querer manipular la elección presidencial del 2018.
Y lo que sí decimos que pasa en esas encuestas, es que dos de cada diez mexicanos sí aprueban el gobierno de Peña Nieto, pero ocho no, y el que va arriba en las encuestas en López Obrador.
Y esta, esta modificación de ley tiene una dedicatoria para el presidente nacional de Morena. Lo tenemos claro, por qué se dan cuenta hasta ahorita, después de que esta modificación se hizo en 2008, que habría que ampliar el período de los magistrados.
¿Por qué después de ocho años caemos en cuenta de que sería mejor ampliarlo? Pero además generando un problema a la conclusión del período de estos magistrados. El diseño original tiene el escalonamiento cada tres años, 2019, 2022 y 2025, y ahora, al final del proceso de estos magistrados, el escalonamiento va a ser uno en el 2023, otro en el 2024 y otro en el 2025.
No nos quieran engañar, al final se va a hacer el ratón loco con los magistrados porque cada año vamos a cambiar tirando el discurso que están diciendo ustedes, que entre más tiempo mejor para los magistrados. Hay que dejarlo claro, lo que está sucediendo hoy en esta sesión.
Lo que pasó fue que una fuerza política negoció mal y al que mandaron a negociar se equivocó, y como ya no había manera de enmendar entonces ahogar al Legislativo para componer sus contubernios allá en lo oscurito. Y que no nos digan que el PRI y el PAN no conforman la mafia del poder y los que les ayudan del PRD, porque saben qué, aquí queda más que claro porque están teniendo un acuerdo no para una elección presidencial, sino para dos, para 2018 y para 2024.
Eso tiene que quedarle claro a la gente que nos ve por el Canal del Congreso. Lo que venimos a decirles aquí es que nosotros vamos a salir a denunciar. Ya se ha dicho, Morena va a presentar el recurso de inconstitucionalidad.
El escalonamiento que ustedes están planteando es una mala negociación en un tiempo incorrecto. ¿Por qué no hacer esta modificación antes de la definición de los nombres de los magistrados? Y qué tal que los magistrados de la Suprema Corte hubieran decidido por otras personas sabiendo que el tiempo era otro para cada uno de ellos.
Aquí nosotros lo decimos en Morena desde esta tribuna, que ustedes están adelantando los contubernios para la elección presidencial de 2018, pero con todo y eso les vamos ganar en las urnas porque la gente sabe que están destruyendo este país y lo que quieren es mantener sus prevendas y mantener el control de las instituciones.
Nos nos critiquen, ustedes destruyen a las instituciones y esta es la mejor prueba, están dejando utilizar al sistema legislativo para sus contubernios en lo oscurito. Para otra negocien bien a tiempo y no nos tengan en esta al Poder Legislativo. Es cuanto.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas por la diputada Ariadna Montiel Reyes.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desechan. Tiene el uso de la tribuna la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo cuarto transitorio de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente. Como práctica reiterada, en nuestro país tanto las reformas legales, así como la designación de personas servidoras públicas atiende a intereses cupulares.
En este caso, la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación representa un fuerte atentado a la credibilidad y legitimidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los magistrados recién nombrados.
Juristas, académicos y especialistas han señalado de manera documentada y reiterada que son muchos los problemas de la justicia en materia electoral.
Todos recordamos el fraude de 2006, en la elección presidencial. Aunado a esto, es increíble, de verdad increíble el descaro con el cual pretenden que esta propuesta sea votada a favor. Con ello no solo se abona a la idea de que las designaciones se basan en las cuotas y en los cuates, en perjuicio de la consolidación democrática que se ha prometido desde hace más de 16 años.
Por otro lado, debe rechazarse la modificación propuesta desde un punto de vista eminentemente legal, en primera instancia no tiene sentido jurídico el modificar artículos transitorios, ya lo hemos mencionado. La función de los artículos transitorios es establecer reglas que se deben seguir y estas ya caducaron.
Por otro lado, existe una flagrante violación al contenido del artículo 13 de la Constitución, ya que crea una ley que beneficia solo a cuatro individuos, a sabiendas que las leyes por definición deben ser generadas y generales.
Así es, compañeras y compañeros, se nos invita a votar, fíjense nada más, a votar en favor de un artículo que ya feneció, que violenta la Constitución, simple y llanamente es absurdo.
Hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son inconstitucionales aquellas leyes que no cumplen con las características de generalidad, abstracción, permanencia, por lo que debemos dejar de lado los acuerdos políticos y empecemos a trabajar con bases en las disposiciones legales, puesto que en este caso damos pie a la interposición, por supuesto, de una acción de inconstitucionalidad.
Es absurdo que se creen leyes que no se basan en la Constitución. Es ridículo que se pretenda una ley que sólo beneficia a cuatro personas, y no siendo poco, se ponga en tela de juicio la legitimidad y la legalidad de conformación de una institución encargada de garantizar la justicia en materia electoral. Simplemente absurdo y de verdad debería de avergonzarnos. Es cuanto.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha. Para presentar propuesta de modificación al artículo cuarto transitorio de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, tiene el uso de la tribuna la diputada Araceli Damián González, hasta por cinco minutos.
La diputada Araceli Damián González: Gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros, de nuevo los partidos pertenecientes al pacto contra México, PRI, Verde, PAN y PRD se reparten el pastel de la justicia electoral, al designar de forma mafiosa a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El fraude anticipado, que busca tener magistrados que les aseguren tapará sus chapucerías en las próximas elecciones presidenciales y las del próximo año, con una repentina ampliación del periodo para el que fueron nombrados originalmente.
El único partido que no firmó el acuerdo fue el PT, por ello propongo modificar el artículo cuarto para restituir los periodos originalmente acordados a los siete nuevos magistrados electorales de la Sala Superior, que iniciarán su mandato el 4 de noviembre.
Como se desprende de la composición de los magistrados, los tres partidos del pacto estuvieron de acuerdo en la designación de Yanin Otálaro Malasis. Para las demás se hizo un reparto entre los partidos mayoritarios. Tres magistrados para el PRI: Mónica Soto Fregoso, Felipe Fuentes Barrera y José Luis Barcas Valdés. Dos para el PAN: Felipe de la Mata Piñaza y Reyes Rodríguez Mondragón. Y uno para el PRD: Indalfer González Infante.
Tan desaseado fue el proceso que los senadores de la República alteraron el oficio enviado a la Mesa Directiva con el dictamen aprobatorio. Así la firma del ex senador y ahora Procurador de la República, Raúl Cervantes, aparece tachada en el primer oficio, aunque vale destacar que votó en abstención el mismo día que pidió licencia.
Por otra parte, la firma del senador Raúl García aparece distinta en el primero y el segundo dictamen, lo que le quita legalidad al acto mismo.
Los partidos del pacto están tan seguros de que por las buenas van a perder y están ávidos de asegurar que sus trampas y su cochinero en las próximas elecciones sea perdonado el próximo 2018, que también se alteró el dictamen original enviado a la Mesa Directiva del Senado, introduciendo el transitorio segundo de toma, en donde se pide la segunda toma de protesta de los magistrados.
Por tal razón, la segunda reserva que presento se refiere a suprimir el artículo segundo transitorio.
Aun cuando se pusieron de acuerdo los partidos del pacto sufrieron una fractura. Allá en el Senado se dividió el voto del PAN, ¿por qué? Porque José Luis Vargas Valdés, que va a durar siete años, respaldado por el PRI, fue destituido por Felipe Calderón, de la Fepade, luego de respaldar al PRI y no pronunciarse contra los resultados de las elecciones de 2011 en Michoacán, en las que perdió Luisa María Calderón, hermana del entonces presidente, y ganó Fausto Vallejo.
Y aunque aquí el PRD o parte de este vote en contra, quiero decirle a la ciudadanía que, aun cuando así lo hagan, ese partido aprobó en el Senado de la República esta reforma que nos piden ahora votar a favor, como también lo hicieron con otra serie de reformas, incluyendo la educativa, que ha dañado tanto a nuestro pueblo y que lo seguirán dañando; porque quieren tener el dinero, el recurso y nuestra gente para enriquecerse. Es cuanto.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admiten a discusión las modificaciones propuestas por la diputada Araceli Damián González.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desechan. Tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar rectificación de hechos.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Gracias. Voy a dirigir estas palabras para los traidores que van a votar, así que esto no va en particular hacia nadie. Para que después no se sientan ofendidos. “Con las cenizas de los traidores construiremos la patria de los humildes”. Eva Perón.
Negociaciones, acuerdos y pago de pago de favores es lo que hay detrás de la designación de los siete magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Hace unos días en el Senado de la República vimos cómo los partidos del Pacto contra México se repartían como delincuentes el botín y las designaciones de los magistrados electorales. Así, unos fueron apadrinados por el PRD; otros, por el PAN; y otros, por el PRI.
Es abiertamente cuando así se reconoció, sin tapujos ni reservas ni disimulos. Tanto así que la prensa lo dijo: la Sala Superior está integrada por gente del PRI, del PAN y del PRD.
Así que por más argumentos mafufos y demagogos que pretenden justificar estos falsos hipócritas, apátridas y pútridos y leguleyos, estos, todos ellos delincuentes con fuero legislativo, el proceso para la designación desde el envío de ternas por parte de la Suprema Corte, todo fue una simulación, se resolvió y se acordó desde la coordinación política, nada más que hubo una torpeza por parte de un partido, que el diputado Acosta Naranjo no lo quiso decir, y fueron los del PAN.
Se amensaron y ahora en complicidad con el PRI quieren arreglar la torpeza que no pudieron hacerlo el día que se designaron. Quieren ustedes de verdad decir que no hay ningún interés político, ahí les va. José Luis Vargas, quienes son los nuevos magistrados, fue asesor jurídico del ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, nada más ni nada menos que el artífice del fraude electoral de 2006; no hay intereses.
Recientemente encabezó la defensa de las elecciones de Colima y Sonora, bajo la presidencia de Manlio Fabio Beltrones del PRI. Mónica Soto Fregoso, impulsada por el priista Arturo Zamor y que tuvo el aval del Senado en el 2013 para ser magistrada electoral en la Sala Regional de la ciudad de Guadalajara. Felipe de la Mata Pizaña, nada más ni nada menos que en las elecciones de 2012 fue coordinador general de Asesores de la Presidencia, a donde llegó el burro del presidente. Felipe Alfredo Barrera Fuentes, perdía el año pasado con el ministro Eduardo Medina Mora, cuando compitió con éste por la terna remitida por el presidente Enrique Peña Nieto. Janine Madeline Otálora Malassis, nada más ni nada menos que es gente cercana a Manuel González Oropeza. Indalfer Infante González, llegó al consejo por una larga negociación con el PAN, aunque fue propuesta por el PRD. Reyes Rodríguez, fue secretario técnico de la Comisión de Justicia hace cuatro años, cuando la encabezó el panista Roberto Gil. Y ustedes dicen que no hay ningún tipo de interés ni de conflicto. Pues fíjense que están equivocados porque lo hay.
Contribuyamos verdaderamente a la consolidación, termino, del máximo Tribunal de Justicia Electoral, el cual debe estar integrado por personas íntegras e independientes que garanticen la división de Poderes, no la de lacayos que son apadrinados por el PRI, el PAN, el Verde, el PRD y demás partidos rémoras de la mafia del poder.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Concluyo. Que lo único que muestran es su miedo y su miseria política porque saben que en el 2018 Andrés Manuel y Morena gozan de las preferencias del pueblo de México para ganar la presidencia de este país.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado, por favor.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Hay que ser puercos, pero no tan trompudos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Ramírez Marín. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Es a la Mesa un señalamiento de trámite. No estamos absolutamente en contra de las rectificaciones de hechos, pero como su nombre lo dice, y como lo dice el Reglamento, quien rectifica hechos debe decir qué hechos rectifica.
Una vez más escuchamos una retahíla de adjetivos, insultos, etcétera, cuando la Mesa tiene que preguntar qué hechos rectifican. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se toman sus comentarios, diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta Presidencia saluda a don Javier Serrano, presidente electo de Cuaxomulco, y a Arturo Rivera Mora, presidente electo de Tzompantepec, en el estado de Tlaxcala. Igualmente le damos la bienvenida a Gustavo Adolfo Menéndez, alcalde de Merlo, en la república hermana de Argentina. Bienvenidos. Invitados por el amigo diputado Juan Corral Mier.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: ¿Alguna diputada o diputado falta por emitir su voto? Se pregunta a la asamblea: ¿algún diputado o alguna diputada falta por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 335 votos a favor, 84 en contra y 3 abstenciones.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 335 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cuarto de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2008. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Continúe la Secretaría con los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes de comisiones ordinarias, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado. Comuníquese.
Se recibieron acuerdos de la Junta de Coordinación Política. Dé lectura la Secretaría y consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueban.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que dentro de los criterios y requisitos para elegir a las familias que ingresan o reingresan al Programa de Inclusión Social Prospera, en las reglas para tal propósito se priorice a las familias donde uno o más integrantes tenga algún tipo de discapacidad.
En votación económica, se les consulta a las ciudadanas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Salud del gobierno federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, la firma de un acuerdo de coordinación para la atención integral del mayor número posible de casos de cáncer infantil en México.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos, de Asuntos Indígenas y la Especial para Continuar las Investigaciones y dar cumplimiento a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionados con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, recibirán a los padres de familia de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, así como a un grupo de invitados especiales propuestos por los padres de familia, el día miércoles 23 de noviembre de los corrientes a las 10 horas, en el Salón Legisladores de la República, sito en este Palacio Legislativo.
Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame, diputado. Diputadas y diputados, estamos votando acuerdos de la Junta de Coordinación Política y no vi ni una sola mano levantada en este momento a favor. Le pido al secretario repita la votación.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Los ciudadanos y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (16:34 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana viernes 4 de noviembre de 2016, a las 11 horas.
---o0o---