Comunicaciones
Iniciativas
Recibidas y turnadas a comisiones
Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, PAN Otniel García Navarro, PRI Erika Irazema Briones Pérez, PRD Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, PVEM Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Morena Francisco Javier Pinto Torres, PNA Melissa Torres Sandoval, PES
Liliana Ivette Madrigal Méndez, PRI Luis Fernando Antero Valle, PAN Evelyn Parra Álvarez, PRD Omar Noé Bernardino Vargas, PVEM Alfredo Basurto Román, Morena Jorge Álvarez Maynez, PMC Carmen Victoria Campa Almaral, PNA Cynthia Gissel García Soberanes, PES
Dictámenes
Por el que se reforman los artículos 107 y 123 de la Constitución, fundamentación
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Mirna Isabel Saldívar Paz, PNA
Víctor Manuel Sánchez Orozco, PMC
Virgilio Dante Caballero Pedraza, Morena
J. Apolinar Casillas Gutiérrez, PAN
Ana Georgina Zapata Lucero, PRI
Votación de los artículos 123, y cuarto y quinto transitorios, en términos del dictamen
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, sobre diversos temas
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pido a la Secretaría, haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 271 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (11:28 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se dispensa su lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron los siguientes oficios.
1. Del diputado Jesús Sesma Suárez, en su calidad de coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde, por el que se solicita el retiro de dos iniciativas que reforman, adicionan y derogan la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentados el 20 de abril y 31 de mayo del año en curso.
2. De los diputados Rafael Yerenas Zambrano y Hugo Daniel Gaeta Esparza, por el que solicitan el retiro de la iniciativa que reforma los artículos 8 t 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentada el 29 de abril de 2016.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Junta de Coordinación Política para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Oficio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el que se remite informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa del Instituto al cierre de 2015.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Vivienda para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Oficio de la Cámara de Senadores con el que se remite proposición con punto de acuerdo relativa al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, presentada por el senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento y atención.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibió oficio del Instituto Nacional Electoral en relación con la iniciativa ciudadana por la vida y la familia, que reforma y adiciona diversos párrafos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se informa que se recibió iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos párrafos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame, secretario. Permítame.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Alberto Martínez Urincho y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
Se recibió del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos para presentar dos iniciativas en una sola intervención la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 341 Ter, de la Ley General de Salud. Así como iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional, y 20 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. El día de hoy vengo a presentar ante ustedes dos iniciativas en materia de salud, sobre los temas de lactancia materna y de donación de sangre.
Sobre el primero de ellos en esta misma tribuna, en numerosas ocasiones, se ha hablado de los beneficios de la lactancia materna. Sin lugar a dudas puedo afirmar que la lactancia materna es la primera acción de prevención que podemos hacer por la salud de nuestros niños. La lactancia materna exclusiva, por medio de ella los primeros seis meses de vida y después hasta los dos años, acompañada por otros alimentos.
En la estrategia nacional de lactancia se reconocen los beneficios a corto y largo plazo de la lactancia materna y es casi un hecho cotidiano que desde el gobierno federal se señale el interés de impulsar todas las acciones para garantizar que un mayor número de madres tengan las facilidades para amamantar a sus hijos en sus lugares de trabajo.
La Ley General de Salud, en su artículo 64, establece que las autoridades sanitarias competentes establecerán acciones para impulsar la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado; pero hablar solo de impulsar es dejar solo a la voluntad de cada centro de trabajo el compromiso de instalación de los lactarios. Es por ello que es necesario, si realmente queremos ser congruentes con la estrategia nacional y con la gran necesidad de incentivar la lactancia, que quienes den el primer paso en la instalación de lactarios sean todos los centros de trabajo que pertenecen a la administración pública federal.
Esta iniciativa eso es lo que busca establecer, la obligatoriedad de qué tanto en las instalaciones de las dependencias como de las entidades se instalen lactarios y que ese hecho no dependa solo de la voluntad y el compromiso de algunos funcionarios.
En segundo término expongo ante ustedes una iniciativa que tiene como propósito establecer en la legislación un seguro de sangre para los donadores altruistas de sangre. En México, ustedes saben, existe una escasez crónica de donadores de sangres y esto es una consecuencia de que históricamente no se ha impulsado la cultura de donación. Siempre se dice que donar sangre es donar vida, y es muy cierto, pero no hemos enraizado esta cultura.
Actualmente en nuestro país el 97 por ciento de la sangre que se obtiene es de reposición, es decir, que se tiene cuando los familiares aportan o localizan a un donador para uso exclusivo del paciente y solo un tres por ciento es por donación voluntaria y altruista.
Ante este panorama resulta necesario revertir el sistema y fortalecer e incentivar la donación voluntaria altruista y de repetición que se obtiene de personas que la proporcionan para uso terapéutico de quien lo requiera sin la intención de beneficiar a una persona en particular, motivadas únicamente por sentimientos humanitarios y de solidaridad, sin esperar retribución alguna a cambio y sin que medie una solicitud específica por parte del personal de salud, familiares o amigos.
Por ello el espíritu de esta reforma que hoy propongo, es el de incentivar la donación voluntaria, altruista de sangre y que los donadores voluntarios reciban el beneficio de un seguro de sangre por un año que consiste que, en caso de requerir sangre aquellos que han sido donadores voluntarios y cumplido con cierto número de donaciones en el año podrán obtenerla sin tener la obligación de conseguir de sangre de reposición, e inclusive, según el número de donaciones anuales, ampliar el beneficio a sus familiares directos.
Compañeras, compañeros, no solamente es saber qué es lo que nos hace falta hacer sino actuar para que esto suceda y en estos casos que presento para que la cultura de salud desde todas sus facetas se convierta en un hábito y en una virtud de todo el pueblo de México. Es cuanto.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Lizárraga. Túrnese a la Comisión de Salud, para su dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el diputado Otniel García Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Mejora Regulatoria.
El diputado Otniel García Navarro: Con el permiso de la Presidencia. La estructura económica de México es diferente a la del pasado. Hoy, nieve de cada 10 pesos se obtienen de las exportaciones que corresponden a manufacturas lo que ha permitido, entre otros factores, mantener la estabilidad frente a la caída de los precios del petróleo.
Nuestra diversificación económica es resultado de la transformación jurídica de fondo que ha emprendido nuestro país y que ha resultado no solo en ser una nación altamente competitiva a nivel global, sino también en ser una de las 15 economías más importantes del mundo.
La agenda de reformas estructurales promovida por el presidente Enrique Peña Nieto ha significado respuesta de Estado a la magnitud de los retos que enfrentamos. Las reformas energética, en telecomunicaciones, de competencia económica, de transparencia, entre muchas otras, han creado un andamiaje jurídico que ha permitido generar en cuatro años la mayor cantidad de empleos de lo que se tenga registro para un sexenio.
Así, la regulación mexicana funge como un pilar que regula las relaciones económicas y sociales, fomenta los medios para elevar la productividad y estimula el desarrollo económico.
Como integrante de esta LXIII Legislatura, hemos hecho frente a la imprescindible tarea de simplificar trámites y procesos administrativos. Testigo de lo anterior son las sociedades por acción simplificada creadas a partir de la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles que fue discutida y aprobada en este pleno, y cuyos principales beneficios son su constitución de manera gratuita y en un solo día.
Por todo lo anterior, resulta fundamental para el desarrollo de nuestro país seguir trabajando en materia de mejora regulatoria. Necesitamos menos trámites burocráticos y más instituciones eficaces; menos trabas a la inversión y más incentivos para emprender; menos filas y más bienestar.
En este marco, es preciso reconocer lo que se ha hecho bien. En octubre de 2015, de acuerdo al reporte Panorama de Política Regulatoria en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México fue distinguido como el país más sobresaliente entre los 34 que integran este organismo internacional, calculando 180 mil millones de pesos, el beneficio obtenido por la reducción de la carga regulatoria a nivel federal para los emprendedores y los ciudadanos.
Este reconocimiento es producto también de la implementación de herramientas de mejora regulatoria como la consulta, la evaluación del impacto regulatorio y la regulación basada en riesgos, que ha encabezado el actual gobierno de la república. Sin embargo aún falta mucho por hacer. Siguen existiendo regulaciones que no permiten un mejor desarrollo tanto a nivel federal, estatal y municipal, en algunos casos teniendo un fuerte impacto sobre regiones enteras. Siguen existiendo normas que generan casos inadmisibles y que afectan la confianza en nuestro sistema jurídico e institucional, frenando nuestro desarrollo económico, así como lesionando nuestro Estado de derecho y nuestra imagen en el ámbito del comercio internacional.
Por todo lo anterior, compañeras y compañeros legisladores, presento ante este pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide Ley Federal de Mejora Regulatoria, y que se trata de un proyecto integral que establece las instancias e instrumentos de mejora regulatoria, el procedimiento de revisión, adecuación, mejora y transparencia en la elaboración y aplicación de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás normas administrativas de carácter general, emitidas por los entes públicos respecto de los trámites, la operación y actualización del Registro Único de Personas Acreditadas, y el Registro Federal de Trámites y Servicios, así como las instancias y mecanismos para una mayor coordinación en materia de mejora regulatoria entre los poderes federales, así como los gobiernos de los estados y los ayuntamientos.
Este proyecto legislativo constituye una oportunidad histórica de darle el carácter de ley federal a la política de mejora regulatoria; se trata de darle mayor respaldo jurídico, de establecer los medios, procesos y mecanismos de ley, de hacer una verdadera prioridad la coordinación entre poderes federales, gobiernos estatales y locales; que exista más coordinación y menos desarticulación para que las realidades de los procesos y trámites, no sean tan diferentes entre las distintas autoridades, entre los distintos niveles de gobierno o de un estado o de un municipio a otro.
Esta iniciativa de ley representa una contribución que estoy seguro abonará al impulso del desarrollo económico de regiones, municipios, estados y del país en beneficio de las familias mexicanas.
En materia regulatoria es tiempo de marcar un antes y un después. Es tiempo de reducir las enormes diferencias regulatorias en pro de un gobierno más eficiente; que cueste menos y que sirva más, pero, sobre todo, en pro del desarrollo económico por el bienestar de los mexicanos.
Los invito, compañeros, a conocer esta iniciativa, y a que una vez más, por encima de colores políticos, privilegiemos el interés ciudadano, que en esta materia es por demás claro, menos trabas y más oportunidades. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado García. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B, del artículo 123 de la Constitución, 20 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Gobernación, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y la iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Adelante, diputada.
La diputada Erika Irazema Briones Pérez: Gracias, buenos días. Con su venia, señor presidente. De acuerdo al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los mexicanos tenemos derecho a recibir educación.
La educación es un motor de cambio de nuestras entidades, en ello radica la importancia que sea accesible e inclusiva. Las personas con discapacidad se enfrentan a diversas militantes que dificultan su vida cotidiana y la garantía de sus derechos; en las instituciones educativas no es la excepción, es necesario educar un marco jurídico y adecuarlo para que se establezca una definición de acuerdos a los parámetros e instrumentos internacionales que garanticen el derecho constitucional de las personas con discapacidad a la educación básica media superior.
En la Ley General de Educación encontramos artículos que nos brindan una amplia cobertura de protección para garantizar este derecho, generando así una exclusión a la hora de interpretar y aplicar la ley.
Asimismo, la definición de educación inclusiva en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad es acotada es acotada por términos como el de integración y existen varias imprecisiones que no establecen las normas necesarias para asegurar su plena inclusión.
Al definir la inclusión educativa como un principio establecemos un precedente de accesibilidad para las personas con discapacidad, para nuestros pueblos indígenas y para todos aquellos sectores que han sido excluidos del sistema educativo.
La inclusión implica la modificación del entorno, eliminando barreras que presenten una limitación de aprendizaje de todas y todos los estudiantes en igualdad de condiciones. La educación inclusive no puede alcanzarse sin una serie de ajustes integrales dentro de las escuelas, que deben realizarse de manera progresiva. En otras palabras, lograr una educación inclusiva prevé cambios radicales, pero no por ello inmediatos, por el contrario, se debe ir consiguiendo por medio de avances progresivos.
La inclusión educativa no solo es un principio, es un derecho; y no solamente ampara a las personas con discapacidad, es un precedente para garantizar el acceso a la educación de personas indígenas, de poblaciones marginadas y otros sectores que viven en condiciones de vulnerabilidad.
Por ello, en esta propuesta que se pretende que inicie un trayecto de política pública a fin de garantizar el derecho que establece nuestra Carta Magna, que es el de la educación, agradecemos a esta iniciativa una modificación para que la Secretaría de Educación Pública establezca las medidas necesarias para otorgar material didáctico adecuado para las diferentes personas de acuerdo a sus necesidades académicas.
Y en otro sentido, pero relacionado al tema de la vulnerabilidad, presento la iniciativa que reforma el artículo 9 de la Ley de Derechos para las Personas Adultas Mayores. Cuando hablamos de vulnerabilidad tenemos que pensar en nuestros adultos mayores, pero sobre todo por1que constantemente son víctimas de abuso, abandono, violencia y de una mala atención.
Las cifras oficiales requieren en México que viven cerca de 12 mil millones de personas que superan los 65 años de edad, de los cuales la mitad vive en situaciones de pobreza. Uno de cada cuatro padece carencias alimentarias y el 60 por ciento vive en rezago educativo, además el 51 por ciento de las personas viven con alguna clase de discapacidad en el país y se encuentran dentro del rango de edad.
Por eso presento esta iniciativa a fin de erradicar el abandono y el maltrato que se ejerce en contra de las personas adultas mayores.
Pese a que pareciera una norma moral en la que la familia cuide de los adultos mayores, muchas veces se desentienden y se despreocupan, no forma parte de una obligación, que para ellos éste es un derecho.
Con la propuesta que hoy pongo a su consideración establecemos en la ley como una obligación, el que las personas adultas mayores cuiden sus necesidades psicológicas, afectivas y psicológicas.
Espero contar con su respaldo a ambas iniciativas, que son proyectos pensados en grupos que viven en condiciones de desventaja en momentos de empezar a equilibrar la balanza para lograr un México de oportunidades y de igualdad para todos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Briones. En cuanto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
En lo que se refiere al decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Atención a Grupos Vulnerables, para su dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.
El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado: Con su permiso, señor presidente. Cito al constitucionalista Martín Eduardo Pérez Cásares, quien dice: Hablar de policías en nuestros días es trasladarnos a eventos desagradables, a malas experiencias, a desconfianzas, a malos tratos, violaciones de derechos humanos, extorsiones, corrupción, secuestros, homicidios, etcétera.
Nunca vemos al policía como un ser humano, quien, como todos, tiene familia, obligaciones económicas y menos aún como un trabajador quien cumple con una carga horaria excesiva, sin retribución alguna de horas extras, con un desempeño laboral riesgoso y alto grado de peligrosidad para su integridad física al desempeñar su trabajo, con un sueldo raquítico, lo que motiva en más de las ocasiones a delinquir, en no menos veces menospreciado por la sociedad, sin seguridad en sus empleos. Sin embargo, en ellos depositamos toda nuestra comunidad. Esta, por cruda que parezca, es la realidad que viven miles de policías con sus familias en nuestro país.
Por ello, en el marco de respeto a los derechos humanos y a la prevención social de la violencia y la delincuencia, la presente iniciativa pretende sentar las bases para la incorporación de todos los policías municipales del país al régimen obligatorio del Instituto de Seguridad y Obligaciones Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y así no dejar al libre albedrío de los presidentes municipales en turno la firma de convenios o no, con alguna institución de seguridad social, estatal o federal, pues en muchos casos se argumenta como negativa a proporcionar esta seguridad social a los elementos de la Policía Municipal por un tema presupuestal.
Es menester puntualizar que no se trasgrede la autonomía municipal cuando se trata de proteger el derecho humano, sin obligar a que las administraciones públicas municipales reorganicen su presupuesto, eliminando banalidades a costa del erario público, como pago de celulares, comidas, viajes y algunos gastos excesivos, y bien pudieran destinarse estos recursos a cumplir las obligaciones de seguridad social de nuestros centinelas municipales.
Podemos tener un policía municipal que se traslada en un vehículo nuevo, que porte uniforme y equipo táctico de avanzada, que acreditó los exámenes de confianza. Es decir, un policía que cuenta con preparación y equipamiento. Pero eso de nada sirve si está preocupado por pagar la renta de su casa, por quién cuida a su bebé, o si los hijos están enfermos, pagaron médico o clínica particular.
De nada sirve tener un policía que sabe que cada que sale a su servicio su vida está en riesgo y tal vez esa mañana sea la última que salió de su casa y no va a regresar, porque perdió la vida evitando un delito. Ese policía es el único proveedor de su familia y sin seguridad social no hay forma de tener una pensión.
No dimensionamos la indignación de la viuda o los hijos, no solo por perder al ser humano, sino porque en la quincena siguiente no habrá más dinero para comer o para ir a la escuela.
En la mayoría de los municipios de México, nuestros elementos que integran las policías municipales no cuentan con seguridad social, absurdamente brindan sus servicios durante toda su vida productiva, sin aspirar a tener un ahorro para el retiro o para una pensión y en el más lamentable de los casos, si llegan a perder la vida en cumplimiento de su labor, su familia queda desprotegida. Tal vez si tienen suerte, les será entregado un seguro de vida raquítico y ello si cumplen con los requisitos que la aseguradora imponga.
Es decir, el derecho humano que reza nuestro artículo 123 constitucional no se ve protegido ni garantizado por el Estado mexicano, en lo que se refiere al personal que integran los cuerpos de seguridad municipales. De tal suerte, que exigimos mayor seguridad y exigimos eficiencia en la policía; y nos olvidamos que la seguridad social es fundamental para alcanzar los principios constitucionales del trabajo digno y socialmente útil.
Demos un paso más en la prevención social de la violencia y la delincuencia. Demos a nuestros policías municipales la seguridad social, que es la oportunidad de brindarles un trabajo digno y dejemos que ellos hagan la parte que les corresponde, que verdaderamente sean socialmente útiles. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Márquez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 387 del Código Penal Federal.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Muy buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados, presidente y pueblo de México. La suplantación de identidad está considerada como uno de los actos ilícitos de más rápida expansión en los últimos años y el esfuerzo por detener esta conducta ha sido disperso y escaso.
Nuestro país no cuenta con estadísticas para conocer la gravedad del problema y ninguna institución, como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, como el IFAI, la Procuraduría Federal del Consumidor, que es la Profeco, o la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, como es la Condusef, han puesto cartas en el asunto para resolver esta terrible situación.
En el año 2011, el monto reclamado por los usuarios ante la Condusef, relacionado con posibles fraudes o tarjetas de crédito y de débito, transparencias electrónicas o cheques ascendió a la asombrosa cantidad de 476 millones de pesos y se estima que los bancos anualmente reembolsan un aproximado de 800 millones de pesos por cargos no reconocidos por el cliente.
Actualmente vivimos una constante zozobra del delito y nadie tiene seguros sus bienes. Y la única seguridad parece radicar en el combate efectivo de la criminalidad, aplicando el derecho penal. En la medida en que el orden jurídico penal se aplique correctamente ésta misma se estará en la vía adecuada para alcanzarlo.
En el Código Penal Federal no está tipificada la suplantación de identidad, que se ha vuelto una práctica común a partir de la falsificación de documentos, apertura de cuentas. Aunado a esto, a partir del año 2009 se incrementó la clonación de tarjetas de crédito según la Condusef.
Por tanto, se propone la inclusión de una nueva figura jurídica en materia penal para que se tipifique un tipo penal consistente en el delito de suplantación de identidad, que tiene lugar cuando alguien se hace pasar por otra persona y utiliza información personal de índole financiera para solicitar préstamos, tarjetas de crédito, tramitar un arrendamiento, y aunado a ello permite al delincuente abrir cuentas bancarias, obtener tarjetas de crédito, de débito y teléfonos celulares de manera ilícita y desleal.
El Banco de México informa que en el año 2015 el país ocupó el octavo lugar a nivel mundial, es un lugar sumamente vergonzoso.
Por el número de casos de robo de identidad, de los cuales el 67 por ciento tienen qué ver con el extravío de documentos, el 63 por ciento tiene qué ver con el robo de bolsas, de carteras, de portafolios y un desgraciado 53 por ciento estuvo asociado a la clonación de las cuentas bancarias.
En el transcurso de febrero y abril de este presente año 2016 se ejecutaron alrededor de mil 350 denuncias, acciones de defensa por robo de identidad a través del protocolo que maneja la atención del respectivo Condusef.
Por tanto, es necesario tipificar su suplantación de identidad en el Código Penal Federal, ya que ésta ha proliferado en distintas entidades federativas.
Por lo fundado y expuesto sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal para que quede de la siguiente manera:
Al que utilizando cualquier medio se apropie de manera ilícita de datos personales, a fin de suplantar la identidad de otra persona, con o sin consentimiento de ella, con el propósito de generar un daño patrimonial u obtener un lucro para sí o para otro.
Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior a quien se valga de la homonimia, el parecido físico o semejanza de la voz para cometer el delito establecido en el presente artículo. Por su atención, les agradezco. Que tengan un excelente día.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Cañedo. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 42 de la Ley General de Educación, 423 del Código Civil Federal y 295, 300 y 343 Ter del Código Federal Penal. No se encuentra en el salón. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Justicia, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 34 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El diputado Francisco Javier Pinto Torres: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, respetable audiencia del Canal del Congreso. En toda democracia la participación ciudadana es fundamental para el sistema de gobierno.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene como compromisos centrales el desarrollo sustentable, la protección al medio amiente, el fomento a la cultura de civilidad para mejorar nuestras comunidades. Por ello, planteamos nuevamente una propuesta para que se amplíen las oportunidades de participación en la ciudadanía, en la gestión y autorización de los proyectos con impacto ambiental.
El objetivo de la reforma al artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, es garantizar que se respeten los derechos de los pobladores donde existan proyectos de impacto ambiental, a fin de que las autoridades realicen las consultas ciudadanas, de que exista o sin que exista una petición alguna del interesado.
Con la reforma que proponemos, se elimina la discrecionalidad de la autoridad para determinar en qué proyectos se debe o no se debe consultar a la ciudadanía, de tal forma que las personas sean atendidas en su solicitud y no se desestime ninguno de sus argumentos que puedan apoyar a estos proyectos. Esto es fundamental para garantizar la legitimidad de los proyectos medioambientales en áreas naturales en riesgo.
Recordemos los numerosos casos que tenemos en México de controversias ambientales donde la sociedad se ha manifestado respecto a todo ello, en donde se han hecho o han puesto en riesgo la viabilidad de tales proyectos. Por ejemplo, el proyecto hidroeléctrico de La Parota, el conflicto minero de Wirikuta, la recién recategorización del Nevado de Toluca, los megaproyectos turísticos de Cabo Pulmo, los conflictos por los parques eólicos en el istmo de Tehuantepec, el megaproyecto comercial de Dragon Mart y el de Tajamar en Quintana Roo, donde si bien las autoridades comprobaron que los argumentos o los documentos estaban en regla, la impresión de la sociedad es que no se tomó en cuenta y que no tomaron en cuenta su opinión y entonces se cometió un atentado contra el medio ambiente; esto solo por mencionar algunos casos muy controversiales.
Compañeras y compañeros diputados, en el país afrontamos grandes retos de gobernancia en materia ambiental que se reflejan en los numerosos conflictos sociales y socio ambientales, resultando de autorizaciones y permisos aprobados por las autoridades administrativas a favor de empresas que aprovecha o exploten ecosistemas y recursos naturales de forma irracional, afectando no solo los ecosistemas sino a las comunidades locales.
Ese necesario impulsar una participación ciudadana integral que impacte de manera positiva a las comunidades y la legitimidad de los gobiernos en los proyectos de desarrollo, ya sean estos turísticos, industriales, de comunicación o incluso hasta de extracción. De esta manera, las inversiones privadas no ser verán inhibidas y habrá proyectos con el aval de las comunidades.
Por último, es necesario señalar que esta reforma no restringe la facultad de la autoridad del medio ambiente para aprobar o desechar las manifestaciones de impacto ambiental, sino que únicamente se está garantizando lo que todos aquí hemos venido a decir más de una ocasión en tribuna: Que se tome en cuenta la voz de la ciudadanía.
De esta manera, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza mediante este proyecto de reforma promueve mecanismos legales que garanticen efectivamente a la ciudadanía sus derechos humanos sobre el acceso a la información y sobre un medio ambiente sano.
Compañeras y compañeros de Acción Nacional, del PAN; del PRI, del PRD, del Verde, de Morena, de Movimiento Ciudadano y obviamente de Encuentro Social, seguros estamos que si los ciudadanos tienen la posibilidad de conocer el estado del medio ambiente, de expresar su opinión y de exigir rendición de cuentas sobre el desempeño de las autoridades, se podrán prevenir graves daños ambientales y construir proyectos sustentables exitosos.
Esperamos contar con su apoyo para que esta propuesta impacte favorablemente en las diferentes comunidades de nuestro país y que estas mismos son ricas en recursos naturales. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Pinto. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 3 de diciembre de cada año como el Día Nacional para la Difusión de las Personas con Discapacidad. Adelante, diputada.
La diputada Melissa Torres Sandoval: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea. Brindar un reconocimiento a las personas con discapacidad por el esfuerzo adicional que hacen todos los días en su labor cotidiana debe ser una muestra de apertura y compromiso que como sociedad tenemos con ellas, ya que diariamente deben enfrentarse a graves dificultades como son poder integrarse a la escuela, al trabajo, al acceso a servicios de salud especializados.
Además, hay otros factores que los exponen a situaciones de vulnerabilidad como son las malas remuneraciones y limitaciones para ser contratados para un empleo. Por ello sumado a otra de las iniciativas que he presentado, considero como una necesidad apremiante que sean creados mecanismos que les permitan su inclusión de manera igualitaria, pero sobre todo, digna.
No podemos como país ser contradictorios; por un lado México lleva al menos dos décadas trabajando en la defensa y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo no tenemos un día nacional en el cual podamos ver reflejados no sólo esos esfuerzos, sino el merecido reconocimiento a las personas que buscan contar con un marco de respeto, igualdad y desarrollo.
Por ello en la búsqueda de resignificar la celebración del día que ha proclamado la Organización de las Naciones Unidas para nuestras personas con discapacidad, es que el día de hoy propongo a través de la iniciativa que presento, la implementación del Día Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de destacar y promover su inclusión en igualdad de condiciones, derechos y oportunidades.
Se propone el 3 de diciembre de cada año, ya que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 3 de diciembre como Día Internacional de los Impedidos, mediante su resolución AG47-3 del 14 de octubre de 1992.
Con ello México reiterará su compromiso para convocar a la solidaridad y al respeto con las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Solidaridad porque es el motor para impulsar que todos avancemos juntos, que nadie quede al margen de las oportunidades; respeto porque ninguna diferencia debe marcar un trato discriminatorio.
Espero que esta iniciativa sea acogida por todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, ya que se trata de un acto que permitirá dignificar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Muchas gracias, es cuanto.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Torres. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul de la diputada Ana Guadalupe Perea, por favor.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para pedirle a la diputada Melissa Torres si permite a los integrantes del Partido Encuentro Social sumarnos a su iniciativa.
La diputada Melissa Torres Sandoval: Sí, con gusto, presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: La diputada Torres ha dado su anuencia. Está a su disposición, como es costumbre, en la mesa de la Secretaría.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez: Muy buenos días. Con su venia, presidente. “Si una mujer entra a la política, cambia la mujer; si muchas mujeres entran a la política, cambia la política”. Michelle Bachelet.
La participación que hoy tenemos las mujeres en la vida política de nuestro país, es el resultado de muchas décadas de lucha por el reconocimiento de nuestros derechos ciudadanos. Hoy podemos votar y ser votadas, y esto no significa de que estamos en la cúspide de esta lucha, al contrario, aún hay tareas pendientes.
Fue en 1955 cuando por primera vez las mujeres pudimos votar en México y tuvieron que pasar nueve años después para dos senadoras llegaran a la Cámara de Senadores, y hoy 56 años después, contamos con 46 senadoras de 128 escaños que tiene la Cámara de Senadores.
Por otra parte, en la Cámara de Diputados el tema también ha avanzado, ya que en la legislatura de 1991 a 1994, las mujeres sólo representaban el 8 por ciento de 500 diputados, y en la actual legislatura, el 32 por ciento de las comisiones son encabezadas por mujeres, y en anterior legislatura sólo 21 por ciento de las comisiones eran representadas por diputadas.
Hago uso de esta tribuna para presentar una iniciativa que tiene por finalidad avanzar en la erradicación de la violencia política de género. En el proceso electoral 2014 y 2015, la Fepade registró 38 casos de violencia política denunciados formalmente, y este 2016, no fue distinto.
Quiero poner un par de ejemplos, en el caso de Aguascalientes la sala especializada del Tribunal Federal Electoral emitió amonestación pública porque en el promocional se utilizaba una frase a manera de demeritar al género, y el spot era: ella no merece gobernar Aguascalientes.
Por otra parte, el Tribunal Federal Electoral reconoció que en Puebla las tres candidatas a la gubernatura fueron objeto de violencia política durante todo el proceso electoral, fueron descalificadas y atacadas. Otro caso emblemático en Puebla fue precisamente por el cual el Instituto Electoral obtuvo una amonestación, y fue porque cuando invitaba a los ciudadanos a participar en el proceso decía: ven y elige a tu gobernador, y en este caso había tres candidatas a la gubernatura.
Quizás lo más destacable de todos estos casos es que hoy por hoy hemos visibilizado el problema. Y ya que lo hemos visibilizado es más fácil poder encontrar la solución. Esto está sucediendo, hace unas semanas la magistrada Alanís presentó el Protocolo para Atender la Violencia Política de Género, y quiero citarla para contextualizar: la violencia contra las mujeres es un problema que hemos enfrentado por muchos años, pero que recientemente estamos nombrando y abordando en términos judiciales, legislativos y académicos.
Hoy por hoy somos testigos que en cada proceso electoral, que los esfuerzos realizados para disminuir la violencia política hacia las mujeres no han sido suficientes. Un ejemplo de lo anterior son los casos que nombramos y cada vez que la mujer participa activamente en política es precisamente víctima de violencia de género.
La participación política de las mujeres no solo debe ser protegida, sino debe ser impulsada a través de los mecanismos eficaces e idóneos, como la utilización del lenguaje incluyente.
Y como forma de prevención, y en atención al principio de igualdad y al respeto de los derechos de las mujeres a la participación política, sobre todo en un país donde se construyen consensos y diálogos, bajo la directriz de la Constitución, es necesario incorporar de forma expresa la obligación de que tanto en actos de precampaña como de campañas la propaganda electoral se realice con un lenguaje incluyente, toda vez que una sociedad democrática requiere de un lenguaje donde mujeres y hombres sean respetados en los actos de campaña, y erradicar así la violencia política hacia las mujeres. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Madrigal. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen. Sonido en la curul de la diputada Maricela Contreras, por favor.
La diputada Maricela Contreras Julián (desde la curul): Diputado, para preguntarle a la diputada Madrigal si me permite adherirme a su iniciativa, que me parece oportuna. Vienen elecciones importantes y estamos en tiempo para hacer las reformas legales y que estas puedan operar. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: La diputada ha aceptado. Queda a su disposición en la mesa de esta Secretaría para hacer la adhesión correspondiente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica.
El diputado Luis Fernando Antero Valle: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores, compañeros legisladores. La iniciativa que el día de hoy presento surge de la necesidad de otorgar mejores garantías a todos los mexicanos en lo relativo a la competencia económica de nuestro país.
El 11 de junio del año 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional por la que se crea la Comisión Federal de Competencia Económica, con el único objetivo de prevenir aquellas prácticas de concentración que otorgan un poder sustancial a agentes económicos, de manera tal que se permitan fijar precios, desplazar competidores y por lo tanto reducir el poder adquisitivo de todos los consumidores de México.
Cabe mencionar que la Cofece es uno de los órganos que actualmente tiene mayor relevancia para las actividades económicas mexicanas. A finales del año 2015 este organismo recibió un reconocimiento por buenas prácticas en el uso de los resultados de monitoreo y evaluación en el ciclo de políticas públicas, otorgado por el Coneval.
No obstante el adecuado rendimiento que la Cofece ha tenido desde su creación, es menester impulsar una serie de reformas a su marco jurídico para darle mayor empoderamiento. La actual Ley Federal de Competencia Económica presenta algunas limitaciones en el ejercicio de las facultades de la Cofece, mismas que se indican enseguida:
Primero. Aunque la comisión puede emitir opiniones y recomendaciones a las autoridades públicas, con el fin de proteger la política de competencia económica, ese tipo de pronunciamientos carecen de efectos vinculantes.
Segundo. En cuanto al orden de prioridades en los procedimientos de investigación que realiza la Cofece, se sujetan de manera preferente a las solicitadas por el Ejecutivo federal y esto le resta autonomía a la comisión para determinar el orden de sus trabajos.
Asimismo la ley establece disposiciones confusas sobre las competencias, tanto de la Cofece y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en cuanto a que se debe conocer de un asunto de los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones.
En caso de controversia sobre las competencias de estos órganos se debe acudir a tribunales colegiados de circuito especializados en la materia. Asimismo la ley contempla las figuras de información reservada, información confidencial e información pública de manera ambigua, que no es concordante con los estándares constitucionales y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
De esta manera y en vista de estas deficiencias legales, y considerando la importancia de contar con un marco jurídico para una institución como la Cofece, es que hoy someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados un proyecto de decreto para reformar la Ley Federal de Competencia Económica, atendiendo los siguientes ejes:
Primero. Dar carácter vinculante a las recomendaciones y opiniones de la comisión, a fin de dar mayor firmeza y fortaleza a su actuación;
Segundo. Establecer la obligación de las autoridades públicas de consultar con la comisión posibles efectos anticompetitivos de sus decisiones, actos o disposiciones generales y asimismo la obligación de responder de forma justificada a las recomendaciones emitidas por dicha comisión;
Tercero. Retirar el carácter preferente de las investigaciones solicitadas por el Poder Ejecutivo Federal, para que la comisión sea autónoma en la organización de sus trabajos de investigación;
Cuarto. Especificar que los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones sean competencia exclusiva del Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de competencia económica, así como detallar los principios para la colaboración entre la comisión y el instituto cuando exista competencia concurrente, así como establecer un mecanismo para la solución de controversias competenciales, en la cual se resuelvan por las autoridades investigadoras de la Cofece y del IFT. Lo anterior, con el fin de no judicializar las cuestiones de competencia en materia de ley y respetar la autonomía de la comisión y del propio instituto.
Y por último, homogeneizar la definición de información reservada, confidencial y pública, con la legislación federal en materia de transparencia. Con este proyecto buscamos fomentar una mejor operación de la Comisión Federal de Competencia Económica, por medio de un marco legal que rija las actividades con claridad y respeto de su autonomía. Estos cambios sin duda van a contribuir al impacto positivo de la Cofece en el ámbito económico de nuestro país.
En Acción Nacional estamos ciertos de que la política de competencia debe de promover un entorno que incentive a las empresas a operar de manera eficiente, ofreciendo más y mejores bienes y servicios y que sean atractivos para los consumidores. Esa no sólo debe de ser una aspiración, sino debe de ser una realidad en beneficio de la economía y de todos los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Antero. Túrnese a la Comisión de Competitividad, para dictamen.
Se recibió iniciativa del de la voz, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal del Trabajo. Adelante, diputada.
La diputada Evelyn Parra Álvarez: Buenas tardes. Con su venia, diputado presidente. Cada año miles de doctores aspiran a ingresar a una residencia médica y poder capacitarse como especialistas.
Con esta iniciativa que propongo y que espero que ustedes respalden, estaríamos avanzando lograr un México más justo, más incluyente y mejor preparado. Estaríamos apoyando, no solamente a un grupo o sector de profesionistas, que por cierto, y lo digo sin afán de hacer menos a las demás carreras porque todas son muy importantes, los médicos en este país, así como en el resto del mundo resultan indispensables, ya que sabemos de antemano que la salud es nuestro bien más preciado y que precisamente el Estado es quien tiene la obligación de cuidarla y atender para todos los mexicanos.
Con esta reforma alcanzaremos el derecho humano a la salud de forma más amplia, ya que en la actualidad todavía existen millones de ciudadanos que no tienen acceso a un sistema adecuado. Esto se podrá combatir al contar con más personal y mejor capacitado que atienda las enfermedades de la población.
Es un hecho notorio, y como tal no requiere mayor prueba para su demostración, el engorroso proceso que requiere un ciudadano común para poder ser atendido por un médico especialista de alguna dependencia pública de nuestro país. Muchas veces debido a la alta demanda, por un lado. Y por el otro, por la falta de personal en los hospitales.
Precisamente es lo que intentamos abatir con la presente iniciativa de reforma, que se incremente el número de residentes médicos.
Parara mejor comprensión del tema que abordamos, les puntualizo la definición que nos da la norma oficial mexicana de la materia, residencia médica. Es el conjunto de actividades académicas, asistenciales y de investigación que puede cumplir el médico residente dentro de las unidades médicas, receptoras de residentes durante el tiempo estipulado en los programas académicos y operativos correspondientes.
Es por ello que esta actividad, aun siendo una relación laboral, también posee dos matices: el médico se capacita académicamente en determinada especialidad, y a su vez, contribuye a la prestación de un servicio de la sociedad a través de la atención médica oportuna y calificada, por lo que es necesario contar con el mayor número posible de ellos y de ellas, en virtud de la incidencia y prevalencia en edades cada vez más tempranas de...
Somos conscientes de que la situación económica del país no es la idónea. También lo atribuimos al deficiente manejo de las finanzas públicas, a la corrupción e impunidad que ha dado pauta al actual gobierno, pero no por ello dejamos de ser propositivos siempre. Claro está, buscando el bienestar colectivo por encima del interés individual.
Es por ello que propongo que se ajuste al marco jurídico actual para efecto de que se permita el aumento en el número de plazas disponibles, fuera del presupuesto asignado a las dependencias y unidades médicas receptoras de residentes, que desde luego, así lo requieran o soliciten los y las estudiantes que voluntariamente decidan y puedan realizar su residencia médica sin recibir las prestaciones o recibir solo una parte de ellas, de conformidad con los lineamientos que cada dependencia determine.
En el año 2012 se inscribieron 28 mil aspirantes a residentes y solamente quedaron 7 mil. Por lo que muchos de ellos tuvieron que esperar al siguiente año para poder nuevamente realizar el examen y obtener una residencia, si es que lo lograron. Lo que les representa tiempo y gastos perdidos, y esta situación se repite año con año y el volumen de demanda sigue creciendo.
Con esta propuesta de reforma se generará un mayor número de médicos especialistas, y al mismo tiempo que se reducirá el tiempo que deben permanecer dentro de la clínica para el desarrollo de sus actividades académicas o de capacitación.
Permitirá que haya mayor rotación de personal y evitar el desgaste físico y mental al que se vean sometidos por las jornadas que cubren, que los puede llevar a cumplir hasta 36 horas sin dormir. Como se darán cuenta, el tema no es un asunto menor y, de aprobarse, los médicos y la sociedad en general resultaran beneficiados. Espero contar con su apoyo para ello.
Apenas aprobamos una minuta precisamente para los médicos que hacen sus guardias, que se disminuyan las horas de estas guardias, que afectan la salud; es lo que se había comentado.
Otra problemática que tenemos es atender lo de los residentes, muchos residentes que quieren hacer su residencia, esos estudiantes, esos jóvenes que no alcanzan a entrar van engrosando una fila, en espera y espera. Sin embargo, muchos de ellos nos han buscado, nos han dicho: “Apóyenos, es una demanda. Necesitamos hacer la especialidad”.
Lo que queremos es precisamente atender estas demanda, estas exigencias y que ellos puedan cumplir con su residencia. Buscar la forma es lo que queremos, que todos los grupos parlamentarios nos puedan apoyar. Muchas gracias. Es cuanto, diputado.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Parra.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul del diputado Macedonio Tamez.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (desde la curul): Gracias, presidente. Esta iniciativa es de lo más sensato que he escuchado últimamente. Le pido a mi compañera si me permite adherirme.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: ¿Diputada Parra?
La diputada Evelyn Parra Álvarez (desde la curul): Por supuesto.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Acepta. Está a su disposición.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul del diputado Germán Ralis. A ver. Declina su intervención.
El diputado Erik Juárez Blanquet (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul del diputado Erik Juárez.
El diputado Erik Juárez Blanquet (desde la curul): Sí, presidente, para felicitar a la diputada compañera de bancada del PRD por la iniciativa presentada y para solicitarle la oportunidad de poderla suscribir junto con ella.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputada Parra, ¿acepta?
La diputada Evelyn Parra Álvarez (desde la curul): Acepto.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Queda a su disposición para quien guste suscribirla en la mesa de esta Secretaría. Y túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Trabajo y Prevención Social, para su dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Omar Noé Bernardino Vargas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, un servidor, diputado federal por el distrito 12, con cabecera en Apatzingán, Michoacán, presenta ante esta soberanía, reformas a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que tienen cuatro fundamentos importantes:
1. Es obligar a todos los partidos políticos del país para que en la lista de sus diputados federales plurinominales, en cada circunscripción integren a una o a un joven de 21 a 29 años de edad, pero en el bloque de los primeros 10 candidatos, porque si no, no pueden entrar.
2. Obligar a los partidos políticos nacionales o estatales para que en la lista de sus diputados plurinominales locales, integren por lo menos a un joven de 21 a 29 años de edad, pero en el bloque de los primeros cinco candidatos.
3. Que se incluya en la lista nacional para senadores de representación proporcional, a un joven de entre 25 y 29 años de edad, dentro de cada bloque de 10 candidaturas.
4. Que se destine el cinco por ciento de financiamiento público que reciben los partidos políticos para capacitación para jóvenes y mujeres.
Necesitamos más jóvenes y más mujeres capacitados para el ejercicio del poder, y como coloquialmente se conoce, que tengan tablas para servirle al pueblo de México, porque al final de cuentas el pueblo es el que nos manda porque nos paga.
Ya basta que en los partidos políticos o en los movimientos sociales se utilicen a los jóvenes para trabajos rudos o, peor aun, que los utilicen como grupos de choque para defender intereses perversos. No es válido que se pongan a los jóvenes a la vanguardia del trabajo rudo y a la retaguardia cuando se trata del ejercicio del poder.
Atendiendo el principio de progresividad de los derechos humanos reconocidos en nuestro marco constitucional y convencional, la presente iniciativa asegura precisamente la cuota de jóvenes en la integración de las Cámaras tanto de Congresos locales como del Congreso federal.
Esta propuesta no es ninguna ocurrencia, tampoco se presenta sin fundamento legal. Al contrario, esta iniciativa encuentra sustento en el artículo 1o. del Pacto Federal y en el artículo 1o, 2o. y 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En ambos marcos normativos se consagran los derechos a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades para participar en la dirección de asuntos públicos, ya sea directamente o a través de sus representantes libremente elegidos.
Aunado a lo anterior, la sala superior del tribunal electoral se ha pronunciado en diversas resoluciones a favor de las cuotas electorales como una acción afirmativa. Estas acciones afirmativas tienen la finalidad de compensar y revertir la situación de desventaja que enfrentan diversos grupos vulnerables de nuestra sociedad como son las mujeres y los jóvenes.
Un ejemplo claro de la resolución es el recurso de apelación número SUP-RAP-71/2016 y sus acumulados, relativo a la conformación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México donde la sala superior del tribunal electoral se pronunció nuevamente a favor de las cuotas electorales.
Compañeras y compañeros legisladores, si queremos que la ciudadanía recupere confianza en los partidos políticos, no tengamos miedo en abrirle los espacios, pero espacios verdaderos a más jóvenes y a más mujeres. Pero que sean espacios verdaderos para que puedan representar a las y los ciudadanos de nuestro país. Es cuanto y muchas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Bernardino. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz (desde la curul). Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul de la diputada Paola Félix. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz (desde la curul): Sí, diputado presidente, preguntarle al diputado Noé Bernardino si me puedo adherir a esta importante y necesaria iniciativa, y felicitarlo.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputado Bernardino.
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas: Sí, con gusto presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El diputado acepta. Queda a su disposición en la mesa de la Secretaría para lo conducente. Gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo Económico a las Madres Solas, Jefas de Familia de Escasos Recursos, y Residentes en México, suscrita por diputados integrantes de su bancada partidaria. Adelante, diputado.
El diputado Alfredo Basurto Román: Gracias, presidente, con su venia. Buenas tardes, diputados, en Morena siempre buscamos el bienestar y el apoyo a las clases más vulnerables de este país, y en ese caso agradezco a los compañeros que suscribieron la iniciativa y a los integrantes también de la comisión que en su momento, Desarrollo Social, hicieron los estudios y las observaciones pertinentes.
Mi proyecto de iniciativa es por el que se expide la Ley Federal que Establece el Derecho a Recibir un Apoyo Económico a las Madres Solas o Jefas de Familia de Escasos Recursos Económicos y que Residan en la Ciudad de México y en el País.
Con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II de nuestra Carta Magna, así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de esta Cámara de Diputados, expongo ante ustedes, ante esta soberanía popular lo siguiente: en las últimas tres décadas el mundo ha sufrido inmensidad de transformaciones que van encaminadas a la relación obrero-patronal, dentro de las cuales México no ha sido la excepción, México se encuentra en esas transformaciones que ha sufrido el mundo en la relación y producción laboral, productiva de las fuentes de trabajo de las madres de familia; concretizando mi iniciativa.
Más sin embargo lejos de que esa relación laboral tanto en el mundo como en México se refleje en un beneficio para las madres de familia, es todo lo contrario. Es desafortunado que el per cápita o el ingreso de las jefas de familia en vez de incrementarse y de verse favorecido, ha sido en detrimento, ha sido todo lo contrario.
Mientras que en el año 2000, el 29.9 por ciento de la población económicamente activa de las mujeres madres de familia que se encontraban en una relación laboral, ha ido disminuyendo al llegar a un grado que en el año –según fuentes del Inegi– en el año 2015 ese porcentaje se incrementó a 33.5 de la población económicamente activa.
Es decir, más madres de familia salen a buscar trabajo, se ha venido incrementando conforme, en vez de que disminuya, se ha venido incrementando en los últimos años. Y esa razón ¿por qué ha sido? Bueno hay muchas causas, la mayor parte de ellas es porque las abandona su pareja sentimental, ya sea esposo o concubinato y las deja al abandono, y al quedarse como responsables de sus hijos, ellas tienen que salir a buscar el bienestar y a buscar una fuente y una relación laboral.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social del país, de cada 100 personas en pobreza en México, el 52.3 por ciento son mujeres; es decir, de los pobres en México, la mayor parte de los pobres son mujeres por las condiciones que acabo de explicar, que tienen que hacer una doble función, jefas de familia y hacerla de padre al llevar consigo el sostén de la familia.
De ahí, que en México el 30 por ciento de las mujeres se encuentran en pobreza extrema; es decir, no tienen las condiciones ni tienen un ingreso, ni de siquiera de 1 a 3 salarios mínimos para llevar lo que equivaldría, y antes se mencionaba mucho la canasta básica.
Es por eso que después de hacer un estudio, que está avalado, incluso, por la UNAM, las jefas de familia en los últimos años se ha venido incrementando de una manera considerable, y las jefas de familia aparte de preocuparse por llevar el ingreso se preocupan también por cuidar a sus hijos, ejercen una doble función.
La Sedesol lleva a cabo programas de desarrollo social, antes Progresa, ahora Prospera, pero desafortunadamente –hay que decirlo, compañeros– lo hace con tintes y fines electorales, políticos, donde desafortunadamente estas jefas de familia no pueden ingresar y no están empadronadas en los registros de beneficio.
Es por eso que esta iniciativa que se lleva a cabo es para que ellas ingresen a ese padrón y tengan un beneficio y un apoyo mensual. Es de decirles que algunos estados, como la Ciudad de México, les apoya mensualmente con 300 pesos, Sonora con 700, Nuevo León 900, equivale mensualmente a 500 pesos más o menos aproximadamente.
De ahí que es importante que los demás estados entremos y que se apruebe esta ley, compañeros, que desafortunadamente por el tiempo no puedo explicarla más ampliamente para concientizar y ver que es un beneficio social en favor de una de las clases más desprotegidas del país, como son las madres solteras que ejercen la doble función, de padre y madre, y es con el objeto de que tengan cuando menos lo indispensable mensualmente...
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiempo, diputado.
El diputado Alfredo Basurto Román: Termino en un momento, presidente. Que lleven lo indispensable para contribuir a la canasta básica y de sus hijos, que la mayor parte de ellos sean menores de 15 años. Compañeros, con eso estaríamos abatiendo y evitar que nuestra juventud se encuadre en la delincuencia organizada o se vayan de vándalos, mejor que tengan lo mínimo para sobrevivir juntos con su madre, que le hace de padre de familia. Espero en su momento su respaldo, compañeros. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Basurto.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (desde la curul): Simplemente para solicitar al promovente si me permite adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputado Basurto.
El diputado Alfredo Basurto Román: Adelante, compañero. Y los demás que quieran adherirse está abierta la solicitud para priistas, panistas que la suscriban, compañeros, perredistas, para que todos se sumen a esta labor social...
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado.
El diputado Alfredo Basurto Román: De bien para las madres solteras de México, jefas de familia mejor dicho.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión. Y queda a su disposición para las adiciones correspondientes en la mesa de esta Secretaría.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jorge Álvarez Maynez: Lamento tener que usar una parte de mi presentación de iniciativas para denunciar una actitud facciosa, absurda e ilegal del Presidente en turno de la Mesa Directiva.
Cuando iniciamos la ronda de iniciativas número uno, no estaba presente el diputado del PRI al que le tocaba hacer uso de la tribuna, y le cedió el espacio para que pasara primero el diputado del PAN. Cuando sucedió lo mismo con un servidor, estábamos en la misma situación y llegué a la mitad de la intervención del diputado de Nueva Alianza, le solicité que me dejara presentar la iniciativa y se negó. Creo que el trato inequitativo a diputados, a pares es una actitud que no puede dejarse pasar.
Las iniciativas que hoy he presentado tienen que ver con dos temas. Uno con un asunto central, que es quitarle lo farragoso a la Constitución, lo ininteligible que tiene nuestro texto constitucional. Tenemos la segunda Constitución con más palabras del mundo, con 66 mil palabras, sólo después de la Constitución de la India, y que tienen planteados absurdos, contradicciones que no nos hemos ocupado en resolver.
Nosotros proponemos derogar la fracción IV del artículo 38 constitucional, que dice además algo que es contradictorio con los derechos humanos, que se le puede quitar o suspender los derechos políticos a un ciudadano por vagancia o por ebriedad consuetudinaria.
Nunca se le ha probado o acreditado a ningún ciudadano mexicano la vagancia o la ebriedad como un fundamento o como una motivación para quitarle o negarle sus derechos políticos, ¿por qué tiene que estar en la Constitución un texto que no se aplica y que además es motivo de vergüenza para nuestra ley suprema y para nuestro Estado constitucional? Nosotros creemos que ya esto la Comisión de Puntos Constitucionales tendrá que derogarlo.
La otra iniciativa tiene que ver con el castigo físico. Nosotros creemos que el castigo físico no es un asunto, como se comentó por parte de un gobernador, que deba ser interpretado como una medida de disciplina o como una medida de castigo. Y yo no estoy de acuerdo con que en la época de la proliferación de micrófonos para los ciudadanos en las redes sociales, la forma en que combatamos los dichos de servidores públicos sea el linchamiento colectivo en redes sociales.
Hay que hacernos cargo de lo que declaró el gobernador, que por cierto Guanajuato es la segunda entidad con más denuncias de maltrato infantil en todo el país, según cifras que ha publicado el propio Centro de Estudios de Sociales y de Opinión Pública de esta Cámara de Diputados, y hay que tomárnoslas en serio y seguir el ejemplo de lo que han hecho países como Venezuela o como Uruguay, que es prohibir el castigo físico como medida disciplinaria, como medida correctiva, porque una de cada 20 denuncias que se presentan al Ministerio Público tienen que ver con maltrato infantil y porque también creemos que las lesiones que se castigan, que las lesiones a menores de edad, a niñas, niños y adolescentes tienen que perseguirse de oficio.
El castigo físico infantil es uno de los pendientes que tiene la legislación mexicana, la legislación de infancia con los derechos de las niñas, niños y adolescentes y con el interés superior de la niñez.
Es muy negativo que en México, no solamente un gobernador, la cultura y el sistema legal estén diseñados para que el castigo físico sea visto como una medida correctiva o disciplinaria, sea en la escuela o sea en el hogar.
Nosotros creemos que no puede seguir de esta manera, que tiene que ser un delito equiparable al de violencia intrafamiliar, que se castigue con entre seis meses y cuatro años de prisión, porque son miles, cientos de miles de casos de niñas, niños y adolescentes que ven todos los días lesionado su derecho, su dignidad, el principio de dignidad humana al que tienen derecho por instrumentos internacionales, constitucionales y legales, que lo ven lesionado porque hay una interpretación de que esa medida es una medida correctiva que puede aplicar, sea el maestro en la escuela o sea el padre o la madre de familia.
Nosotros creemos que México tiene que ir a la vanguardia en el tema de castigo físico infantil y que tendríamos que prohibirlo expresamente en los códigos, en las leyes que le competen al tema de infancia. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Álvarez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Diputado, no quiero hacer un falso debate, simplemente le pediría a la Secretaría haga la lectura del artículo 76, en su numeral 3.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Artículo 76, numeral 3. Durante la presentación de iniciativas, si el promovente no se encuentra en el Salón de Sesiones en el momento de su intervención, la iniciativa será turnada a la comisión o comisiones correspondientes. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos...
El diputado Jorge Álvarez Máynez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: A ver, ¿con qué objeto, diputado?
El diputado Jorge Álvarez Máynez (desde la curul): Aclararle, presidente. O actuó mal usted en cederle la palabra después de su turno al diputado del PRI, que sí presentó su iniciativa una vez que ya había pasado su turno, o actuó mal en negármela a mí. Lo único que pido es equidad, no que no se sujete al Reglamento.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Simplemente le menciono que esta Presidencia está haciendo las cosas conforme a derecho. Si un promovente de su bancada cedió el turno para que usted pasara, nosotros simplemente hacemos lo que corresponde de acuerdo al Reglamento.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 80, 81, 82 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 75 y 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en esta ocasión me dirijo a ustedes para presentar la iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la finalidad de corregir contradicciones jurídicas que presentan ambas leyes para hacerlas acordes con el texto constitucional.
Para Nueva Alianza la transparencia y la rendición de cuentas constituyen un eje transversal de nuestra agenda legislativa. Estamos convencidos de que el buen gobierno es sinónimo de una administración honesta, transparente y respetuosa del Estado de derecho.
Esta convicción nos ha llevado a estudiar y a analizar las leyes dedicadas a la transparencia y acceso a la información pública, para contribuir a que estas nos conduzcan a un verdadero y eficaz combate a la opacidad, y con ello de la corrupción.
Todos conocemos los lamentables casos de gobernadores que convirtieron su gestión en ejemplos de corrupción y desvío de recursos públicos para su enriquecimiento personal, personajes como estos aprovechan cualquier resquicio de la redacción de la ley para actuar en arrogante impunidad y evadir la acción de la justicia.
México no puede tolerar este tipo de conductas, no sólo son deshonestas, sino que constituyen una traición a la sociedad que ha puesto en sus manos el ejercicio de los recursos de todos los mexicanos.
Precisamente por esta razón, se estableció en el artículo 6o. de la Constitución, que el derecho a la información será garantizado por el Estado, que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar y recibir y difundir la información e ideas de toda índole de cualquier medio de expresión.
Del mismo modo, el texto constitucional señala en la fracción I, del apartado A, del mismo artículo, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de impunidad en el ámbito federal, estatal o municipal es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, subrayando que para la interpretación de este precepto deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
Ahora bien, en las leyes objeto de esta iniciativa se establecen actualmente preceptos contrarios a lo que establece la Constitución. Lo anterior se hace evidente cuando revisamos el artículo 81 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señala que los organismos garantes dentro de sus respectivas competencias determinarán los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información.
Dicha situación ocurre en el artículo 75 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública cuando establece que el Instituto determinará los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos federales o realicen actos de autoridad cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información.
Lo anterior es innegable contradicción a lo que se ha establecido como un derecho a nivel constitucional. Esta antinomia y ausencia de control constitucional no es solo una falla a nivel jurídico, las consecuencias prácticas pueden conducir a la falta de aplicación de la norma, lo que eventualmente ocasionará mayor impunidad por parte de quienes ejerzan indebidamente recursos públicos.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que la transparencia es y siempre debe ser un principio fundamental de administración pública y de los sujetos obligados por nuestra Constitución.
Nuestra Carta Magna impone la obligación de transparentar la información en posesión de personas físicas y morales que reciban y ejerzan recursos públicos, pero en las leyes secundarias se le permite al órgano garante de la transparencia la discrecionalidad de terminar a su libre albedrio que las organizaciones de la sociedad civil o de las personas físicas o morales deberán cumplir con esa obligación de trasparentar la información.
La redacción actual de las leyes generales de transparencia violenta no solo el espíritu de su creación, sino que es además grave y va en contra de lo establecido en nuestra Carta Magna.
Compañeras y compañeros, hemos avanzado mucho en materia del combate a la corrupción. No podemos dejar que estas contradicciones en la ley impidan el efectivo cumplimiento de las mismas. La trasparencia es para Nueva Alianza una condición necesaria para el ejercicio del gobierno. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Campa. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del PES, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Buenos días, compañeros diputados. Quiero aprovechar también un segundo de mi tiempo de esta iniciativa para felicitar a la Mesa Directiva, por siempre defender el espacio de todos los diputados y las diputadas, y brindarnos siempre, siempre el respeto que merecemos.
Con su venia, señor presidente. Buenos días, honorable asamblea. Me permito presentar a ustedes iniciativa de reforma al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionando las fracciones 30 y 21.
Es evidente que el desarrollo de la ciencia y tecnología después de la independencia de nuestro país ha sido sumamente lento, difícil y se ha dado primordialmente en las instituciones y universidades públicas. Contamos actualmente con un déficit de personal especializado en todas las ramas del conocimiento.
Para competir a nivel mundial la clave radica en impulsar la educación y preparación de alto nivel de todos los mexicanos, sobre todo debemos iniciar a los que actualmente se encuentran investigando, creando, por otra parte, en los deportes, la actividad física, deportiva que se imparte como materia en las escuelas de educación básica en nuestro país. Sin embargo, más como recreación que con la finalidad de alcanzar un alto rendimiento de salud.
El pueblo de México se ha destacado por ser siempre humanista, contar con valor, velar por la familia, estar a favor de una sociedad unida y vivir en armonía, por ser solidarios. Por ello, el Partido Encuentro Social nos preocupamos por nuestros hijos y nuestros padres que día a día forjan esta nación.
Hay fuga de cerebros y no circulación de talentos científicos hacia el extranjero, ya que el conocimiento y la investigación de esos mexicanos destacados no se han aplicado en México. Hay fuga de grandes talentos deportivos, porque estos se están yendo a entrenar y perfeccionar su técnica para representar a otros países y no al nuestro.
Propongo que les permitamos desarrollarse mucho mejor en el campo de la ciencia y la tecnología y en el deportivo, con acciones concretas exceptuándolos de pagar el impuesto sobre la renta ISR, cuando sean recompensados por sus logros científicos o deportivos excepcionales, cuando se destaquen por sobre todo sus pares en razón de sus investigaciones, publicaciones, descubrimientos, creaciones, inventos y lugares alcanzados.
Existen en el campo de la ciencia y tecnología, al igual que en el campo deportivo, una serie de galardones y estímulos económicos que son entregados a las personas físicas, tanto en efectivo como en especie, que los recompensa por sus logros, por sus triunfos y que se otorga en los gobiernos municipales, estatales y federales, tanto en nuestro México como en otras naciones.
Al igual que por fundaciones y asociaciones tales como el que dispuso la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Conade, para quienes obtuvieran una medalla en los recientes juegos olímpicos o el otorgado por la Fundación Nobel.
El dinero recibido por dichos conceptos no se considera ni un salario ni una prestación de servicio o pago por honorarios, tampoco un premio, pero finalmente se trata de un ingreso, tal y como lo refiere el artículo uno de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y se encuentra obligado a tributar el impuesto por tal distinción, como lo ordena el diverso 90 de que norma la cita.
Esta acción de excepción, les permitirá un modo más digno de vida que reanudará un beneficio para toda la sociedad mexicana, ya que existirá en cada mexicano deportista y en cada mexicano dedicado a la ciencia y tecnología, un motivo más por intentar alcanzar el triunfo.
Obviamente, en el campo de la actividad física a quienes benefician tal medida es a los deportistas, profesionales o amateurs, o a quienes practican disciplinas olímpicas y paralímpicas, la actitud tecnológica y la capacidad deportiva es innata a los mexicanos, debemos apostar a su favor para obtener mayores resultados y mejores beneficios.
Por lo tanto, compañeros diputados, es momento de impulsar el cambio de rumbo y no podemos permitir que se siga rezagando el deporte y mucho menos la ciencia y la tecnología en nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias diputada García. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.
El diputado Norberto Antonio Martínez Soto (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul del diputado. Permítame, diputado.
El diputado Norberto Antonio Martínez Soto (desde la curul): Solicitar a la diputada Cynthia adherirme a su iniciativa tan importante a los deportistas, científicos y a la ciencia de este país. Si usted me lo permite, señora diputada.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputada García, hay una solicitud por parte del diputado Norberto.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes (desde la curul): Con gusto, presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Es aceptada, está a su disposición en esta mesa de la Secretaría para lo conducente. Sonido a la curul de la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (desde la curul): Gracias, presidente, solamente para compartir con mis compañeros que esta madrugada de 4 de noviembre, entró en vigor el Acuerdo de París con la firma del país número 94 y de esta forma podemos tener cubiertas el 55 por ciento de las emisiones en todo el mundo. Quería compartirlo con todos ustedes. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada. Quedará asentado en el Diario de los Debates.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Solicito a la Secretaría dé lectura a los asuntos de declaratoria de publicidad.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules los siguientes dictámenes.
De la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversia, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil.
Tres de la Comisión de Justicia:
1. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y al Código Fiscal de la Federación.
2. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 153 y 154 y se deroga el 151 del Código Penal Federal.
3. Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública.
De la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral.
Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: En virtud que se ha cumplido con el requisito de declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en materia de justicia laboral, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se autoriza que se somete a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si autoriza que el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Está a discusión el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 230, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados, vengo a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales para presentar el dictamen de la minuta que nos llegó del Senado de la República en materia de justicia laboral. Este dictamen reforma, modifica los artículos 107 y 123 de justicia laboral. El artículo 123, por cierto, compañeras y compañeros, no había sido modificado, era de los pocos artículos que se conservan intactos desde 1917, y en esta ocasión nos parece, a la Comisión de Puntos Constitucionales, las modificaciones son para bien, para fortalecer la vida democrática de los sindicatos, para avanzar en que la justicia laboral se quite del área de los poderes ejecutivos para pasarlas al Poder Judicial tanto federal como en cada uno de los estados de la república, algo que es una vieja demanda del movimiento democrático, de nuestro partido en lo particular, permítanme aquí hablar a nombre del Partido de la Revolución Democrática en este aspecto, y de los estudiosos del derecho laboral, que se había postergado durante muchos, muchos años.
Esta reforma como lo explicaba, hace que estas juntas de Conciliación tanto federal como estatal, que estaban en el área del Poder Ejecutivo, se trasladen ahora al área de los poderes judiciales respectivos.
Siempre es mucho mejor que todas las diferencias jurídicas respecto a la titularidad de los contratos colectivos, a los problemas laborales, no estén en el área del Poder Ejecutivo sino estén en un área de impartición de justicia, eso sin duda le dará certeza, ayuda a una mayor legalidad y una mejor aplicación de la justicia, que nosotros debemos de valorar mucho.
Las Juntas de Conciliación y Arbitraje desaparecen y se pasan al Poder Judicial. Las juntas de conciliación, ustedes recordarán, están en este momento jefaturadas por los Poderes Ejecutivos, pero en ella participan tanto dirigentes sindicales como dirigentes patronales. Por lo tanto, lo que se dio durante muchísimos años, es que eran juez y parte quienes entraban en litigio con algunos diferendos o conflictividad que se tenían en el área laboral, eso se terminará con esta reforma.
En el país cuando se hicieron las juntas de conciliación después de 1917, y que participaron en aquél momento tanto sindicatos como trabajadores, sin duda en aquél tiempo fue un gran avance para la República, pero conforme fueron pasando los años y se fue consolidando un sistema político en México, donde quien era titular durante décadas del poder público, y al mismo tiempo era titular o pertenecían a su mismo partido los sindicatos, y tenían una cercanía muy grande con el sector patronal, entonces toda la impartición de la justicia laboral estaba en un solo partido.
Recuerdo en mi caso, en mi pueblo de Nayarit, ningún abogado quería dedicarse a ser abogado laboral, porque no ganaba ni una si no era un abogado apegado a la CTM, no ganaba ninguna, ninguna, no era negocio, era mejor andar cobrando letras que andar de abogado laboral.
Por eso a mí me parece que es muy importante este paso que le da independencia a la justicia laboral al quitarla del área del Poder Ejecutivo y ponerla donde debió haber estado siempre, en el área de la justicia, en el área de los tribunales.
Se mantiene un área de conciliación, se crea un área de conciliación, que esta dependerá también en los estados y ahí sí propondrán el Poder Ejecutivo y donde participaran sindicatos y trabajadores para tratar por la vía de conciliación de resolver el mayor número de conflictos posibles, pero si no hay una solución siempre estará –como única instancia judicial– la instancia judicial para resolver y así intentar, como existen en otras áreas, la vía penal incluso, la vía civil, áreas de conciliación donde se eviten conflictos largos, problemas largos, sino funciona está como siempre la instancia garante, que es la instancia judicial.
En esta iniciativa se incorpora en el marco de la Constitución la obligación de que la manera de elegir a los dirigentes sindicales sea ahora mediante el voto directo y secreto, cosa que está ausente por desgracia en muchísimos sindicatos. Esta es una demanda de la sociedad de hace décadas y que hoy se incorpore a la Constitución este precepto, este derecho de los trabajadores es sin duda un avance sustancial, importantísimo.
También se cuida, porque hubo una discusión amplia con los sindicatos, que los trabajadores de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que hoy entrarán en un proceso de transición, mantengan intactos todos sus derechos laborales adquiridos y que en su momento evidentemente, cuando se construyan los nuevos organismos laborales, quienes tienen experiencia, quienes han trabajado en esta área sean considerados para la conformación, pero queremos darle la garantía a los trabajadores de que el dictamen y la exposición de motivos aquí redactada es absolutamente clara en que los derechos de los trabajadores que hoy son parte de las Juntas de Conciliación están plenamente garantizados.
Hay criterios claros para la designación de los integrantes de los Tribunales Laborales, para que no haya arbitrariedad, para que no existan caprichos en esta integración. Por estas razones, compañeras y compañeros, la Comisión de Puntos Constitucionales aprueba en sus términos la minuta que viene del Senado de la República.
De ella, al momento de ser aprobada tendrá que, como ustedes conocen, hacer el recorrido constitucional por los estados de la República y nosotros esperamos que muy pronto esté publicada esta reforma en el periódico oficial, una vez que haya cumplido todos los trámites constitucionales, para que podamos avanzar en las tareas que de esta reforma constitucional se desprenden.
Aquí se tendrán que modificar varias leyes, tanto del Poder Judicial como del ámbito laboral, y ojalá esta misma legislatura termine aprobando todo el marco jurídico integral, para que podamos desarrollar en lo futuro una nueva manera de ejercer la vida laboral en México.
Muchos años esperamos para que llegara el voto secreto a los sindicatos. El que hoy se disponga en la Constitución, el que hoy se ponga en la Constitución es sin duda un buen día para la democracia en México. Por eso nuestro sentido y nuestro ruego para que aprobemos esta reforma, que ha sido una larga bandera de lucha de los sectores demócratas de este país y que hoy por fin vemos reflejada. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Acosta.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos. El diputado Abdies Pineda Morín, del Partido Encuentro Social; la diputada Irma Isabel Saldívar Paz, de Nueva Alianza; el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano; el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena; el diputado Cándido Ochoa Rojas, del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Ángel II Alanís Pedraza, del PRD; el diputado Apolinar Casillas Gutiérrez, del PAN; la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del PRI.
Quiero aclarar que para la discusión se registraron seis oradores, pero por Reglamento solamente tenemos registrado en pro, por lo tanto, solamente va a haber tres oradores y, en equidad de los grupos políticos, está la diputada Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Rodrigo Abdala Dartigues, de Morena, el diputado Erick Juárez Blanquet, del PRD. Esto en armonía con el artículo 230, en su numeral 5, que establece esa disposición.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Abdies Pineda Morín, del Partido Encuentro Social.
El diputado Abdies Pineda Morín: Muy buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, para Encuentro Social la construcción de un Estado moderno es siempre una labor permanente, la constante evolución de nuestra sociedad nos obliga a la búsqueda de nuevas y mejores respuestas a interrogantes difíciles, como las que rodean la justicia en materia laboral, que pasan por encontrar de manera efectiva que las partes en conflicto, lleguen a un acuerdo, que se brinde mayor certeza jurídica a los involucrados.
La presente reforma constituye, no una simple respuesta, a cualquier, a tales cuestiones, sino la mejor y más acabada propuesta que nuestro país necesita, realizando un cambio sustancial en la forma en que los conflictos laborales son gestionados a la fecha.
Las juntas de conciliación y arbitraje tanto federales como locales se han visto rebasadas por la intensa práctica diaria de las controversias laborales, las que se siguen con un marco legal e institucional que ha probado su desfase respecto a la realidad.
Se sostiene lo anterior, en tanto que actualmente ante una misma instancia se procuran dos procesos esencialmente opuestos; por una parte, el arribar a un acuerdo basado en la buena fe entre las partes y, por la otra parte, llevar un procedimiento en el que necesariamente uno habrá de vencer al otro.
Tal estado de cosas ha traído como consecuencia que la conciliación entre las partes queda reducida a una mera simulación, con los costos operativos y consumo de tiempo que esto implica, tanto para las partes como para el Estado.
Atendiendo a esta situación, la reforma constitucional permite transitar de las desgastadas figuras conciliatorias de las juntas hacia nuevas instancias jurisdiccionales, donde al igual que en las recientes reformas en materia penal y mercantil se habrá de fomentar de manera real y efectiva el que las partes lleguen a un acuerdo y agoten las vías de conciliación.
De esta manera, además de impulsar la autocomposición social, se evitará la saturación del sistema judicial, pues únicamente en el caso de que las partes no puedan llegar a un acuerdo, se acudirá ante los nuevos tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, según el caso.
Otra innovación del dictamen que hoy nos ocupa radica en que, en el ámbito federal, se contempla la creación de un organismo descentralizado, que actuando bajo los más estrictos principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad, estará encargado de registrar de todo los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados, lo cual brindará mayor seguridad jurídica a los trabajadores, sindicatos y sus patrones.
Finalmente, en reconocimiento a la trascendencia y al papel preponderante de las organizaciones sindicales, se prevé que en los casos de resolución de conflicto entre sindicatos, la solicitud de celebración de contrato colectivo de trabajo, así como en la elección de dirigentes, el trabajador pueda pronunciarse mediante voto personal, libre y secreto, con lo que se contribuirá a fomentar la genuina participación de los trabajadores en los procesos gremiales.
En Encuentro Social estamos convencidos de las bondades de la reforma y estimamos que su implementación, que traerá consigo importantes beneficios para el acceso a una justicia laboral más transparente, atractiva para la inversión y expedita por parte de la sociedad mexicana, será un ejemplo de trabajo coordinado y corresponsable entre el Ejecutivo que propuso y el Legislativo que dispuso, dejando atrás los desencuentros y viviendo el mejor de los encuentros, el encuentro social. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Pineda Marín.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Hasta por cinco minutos.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz: Gracias. Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, en Nueva Alianza nos hemos propuesto legislar teniendo como principal objetivo mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.
Para nosotros la protección de los derechos laborales sin duda reviste una gran importancia. Y en ese sentido ponderamos el presente dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 constitucional en materia de justicia laboral.
Durante el análisis en comisiones manifestamos reiteradamente nuestra preocupación por la situación laboral de los trabajadores que prestan sus servicios en las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Solicitamos se garantice en el respeto a sus derechos laborales, una vez que los tribunales, juzgados laborales y los órganos de conciliación inicien actividades. Hacemos votos porque esta soberanía sea consciente de la situación y se avoque a atenderla.
Lo que el día de hoy estaremos votando es una profunda transformación del sistema de justicia laboral. Ello implica la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y estatales, para que sus funciones sean asumidas por tribunales laborales que pertenecerán a los poderes judiciales federal y estatales. Además de prever la creación de un organismo descentralizado que tendrá facultades conciliatorias con autonomía de gestión y presupuestal.
Con el objeto de fortalecer la organización y funcionamiento de las agrupaciones sindicales, el dictamen plantea establecer los principios que regirán los procedimientos y requisitos de los procesos laborales. De tal suerte que cuando una organización sindical busque celebrar un contrato colectivo de trabajo solo deberá acreditar que cuenta con la representación de los trabajadores.
De igual manera, en aras de impulsar la libertad sindical, se garantiza el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes, así como la resolución de conflictos entre sindicatos.
Por otra parte, con el propósito de que las partes que acudan ante el organismo descentralizado de conciliación tengan certeza sobre los acuerdos o convenios realizados ante este órgano, se establecen las reglas para que dichos convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada para su cumplimiento y ejecución.
Finalmente, es de resaltar que se preservan las referencias de los laudos como se conoce en las resoluciones de las juntas y de los procedimientos arbitrales, en aras de conservar los procedimientos en materia de amparo directo e indirecto.
Compañeras y compañeros legisladores, refrendamos nuestro compromiso de proteger los legítimos derechos e intereses de todos los trabajadores. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Saldívar.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el tema que hoy nos ocupa es un tema de trascendencia nacional y sobre todo de trascendencia social. Implica establecer un sistema de justicia laboral diferente al que hoy tenemos, porque de entrada debemos reconocer que el sistema de justicia laboral que actualmente nos rige ya no funciona. No ha dado los resultados esperados y además se ha demostrado que no está del lado de los trabajadores.
Lejos estamos de la Constitución que estableciera por primera vez en el mundo los derechos sociales y el objetivo y el fin que buscaba la Constitución al final, hoy podemos señalarlo con toda claridad, no les ha servido a los trabajadores entre las juntas de conciliación y arbitraje y el charrismo sindical, se ha quedado en deuda a los trabajadores.
Tendríamos que hablar muy largamente de la corrupción que impera en la justicia del trabajo, en el rezago de los asuntos cuando el objetivo y lo que buscaba la Constitución y la leyes laborales era que hubiera una justicia pronta y expedita, incluso a diferencia de muchas otras materias de derecho; sin embargo en la práctica los juicios laborales son larguísimos, con costos no nada más para los trabajadores sino también para los pequeños y medianos empresarios.
Hay que señalar que la reforma sí tienen cosas positivas, reduce el poder de los sindicatos, de ese corporativismo sindical que mucho daño le ha hecho a este país y también reconoce mejor los derechos de asociación de trabajadores y privilegia el voto secreto de los trabajadores en los sindicatos.
También hay que señalar que se le quita esa influencia que han tenido los Poderes ejecutivos, locales y federales en los tribunales para emitir el derecho, que son las juntas de conciliación. Sin embargo, la reforma no plantea de fondo una solución a los graves problemas que tienen los trabajadores y los patrones y todos aquellos que tienen controversia en materia de trabajo.
Por ejemplo, el hecho de que se quiten las juntas de conciliación y se envíen estas controversias al Poder Judicial local y federal, no es garantía para que realmente haya una justicia diferente. Si bien es cierto hay que reconocer que el Poder Judicial federal es de lo mejorcito que tenemos en el país, los poderes judiciales locales siguen siendo un grave problema, hay una sumisión, en muchos de los casos, ante los poderes ejecutivos locales, ante los gobernadores, hay un reparto de cuotas en la selección de jueces y el Servicio Civil de Carrera sigue siendo una deuda en este país.
Se mantiene por supuesto el Régimen de Inequidad para los Trabajadores, se va a seguir violentando el principio de justicia pronta y expedita porque los poderes judiciales locales no son los más eficientes y también se violenta el principio de concentración y continuidad, porque ahora las conciliaciones tienen que hacerse primero ante un nuevo ente que se constituirá, y en consecuencia esto simplemente va a permitir que el ir a las demandas sea más tiempo y habrá obviamente más rezago y más tiempo.
Poner a los trabajadores en igualdad de condiciones ante los patrones por llevarlos al Poder Judicial Federal, viola la esencia que tienen los derechos sociales que estaban contemplados en la Constitución y es volver a acotar los derechos de por sí ya mermados de los trabajadores.
Los derechos sociales que se consagran en la Constitución y en las leyes laborales implica poner igual a los desiguales y, el llevar al Poder Judicial estas controversias, implica restarles sus derechos a los trabajadores.
También viene el acotamiento al derecho de huelga y por supuesto el voto secreto de los trabajadores tendría que especificarse que tiene que haber elecciones para que todos puedan votar, si no, la puerta falsa va a ser los delegados sindicales quienes siguen controlando a los trabajadores desafortunadamente.
Los diputados ciudadanos anunciamos nuestro voto en abstención porque creemos que esta reforma no es la solución a los problemas que tenemos en justicia de trabajo.
Proponemos que realmente debe haber una reforma profunda al tema de justicia laboral, y en todo caso tendríamos que velar y proponer una institución autónoma que dé garantías respecto a los derechos laborales y que sea eficiente en sus resoluciones, en donde se respete la esencia que tiene el derecho del trabajo, los derechos sociales y no se limiten ni coarten los derechos por sí muy limitados que tienen los trabadores.
Debe haber una reforma, como ya se dijo, profunda que al final de cuentas es una reforma que se requiere en el país, pero no así como se está planteando. Creemos que es una reforma que tiene muchas puertas falsas. Es cuanto, presidente; compañeras y compañeros diputados.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Sánchez Orozco.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. La problemática compleja de la justicia laboral se ha estudiado desde hace décadas por especialistas y sindicalistas, y en varias ocasiones se han hecho propuestas y hoy tenemos la oportunidad de analizar y votar este dictamen.
Creo que todos compartimos la evidencia de que las reglas laborales sufren una gran transformación. Hoy los criterios y principios laborales son sujetos a cambios profundos. La clave es cómo conciliar estos cambios con la parte sustantiva que lleva consigo nuestro derecho social, sobre todo porque necesitamos transformar nuestras normas legales manteniendo el carácter protector del derecho del trabajo y a la vez impulsar un modelo de desarrollo que atienda a las necesidades de la gente.
Lo primero que hay que reconocer es que la justicia laboral se ha quedado rezagada y prueba de ello es el tiempo que dura un juicio para sustanciarse; es demasiado lento. Las cargas de trabajo que sufren las juntas de conciliación y arbitraje, tanto en el ámbito local como federal, conlleva a la acumulación de expedientes en los tribunales colegiados.
Otro problema constante es la reducción de presupuesto que se hace cada año y que afecta la viabilidad de estos órganos de justicia que forman parte del conjunto de factores que los condicionan. Esto se podría solucionar, sin embargo está el mayor problema que tiene que ver con la imparcialidad y el respeto del Estado de derecho.
Es fundamental que los jueces laborales cuenten con formación social y que resuelvan de acuerdo a los principios protectores establecidos en la ley.
La minuta que hoy recibimos del Senado es una reforma constitucional que modifica dos artículos: el 107 que regula el juicio de amparo, y el 123 que regula la materia laboral de los trabajadores que pertenecen al apartado A. Básicamente el planteamiento es la sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje, federal y locales que actualmente son tripartitas, por jueces federales y locales que dependan del Poder Judicial. Esta demanda de la izquierda se ha hecho por décadas, en virtud de que las juntas han dependido de los ejecutivos federal y locales, y de un falso tripartismo que impera desde hace casi un siglo.
Cabe hacer mención que este sistema de justicia laboral que hoy existe en México ha sido abolido en todos los países que alguna vez lo adoptaron y que hoy sólo existe en México.
La iniciativa crea también un organismo descentralizado de carácter federal y autónomo que registrará a los sindicatos y sus contratos colectivos sustituyendo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y a las mismas juntas que ha tenido el control corporativo de los trabajadores a costa de la libertad sindical y de los contratos colectivos de protección laboral que hemos denunciado siempre.
Ese organismo autónomo tendrá también la función de la conciliación y se crearán órganos autónomos en cada estado para lo mismo, algo más ejecutivo y más importante es que el titular va a ser nombrado de una terna que enviará el Ejecutivo federal al Senado con dos tercios de la votación.
Actualmente él o la presidenta de la junta es nombrado por el Ejecutivo. El contenido de esta reforma reglamenta la contratación colectiva que incluye la consulta a los trabajadores, esto es un gran avance, pues establece el voto personal, libre y secreto para elegir al sindicato que los va a representar o que negociará el contrato colectivo, demanda histórica de los sindicatos autónomos que promoverá la tan deseada democracia sindical.
Sin duda, esta reforma al sistema de justicia es prioritaria para beneficio de trabajadores y de los sindicatos independientes. Es por esto que Morena votará a favor de este dictamen que por primera vez recoge las demandas verdaderas de los trabajadores, hay que estar al pendiente compañeros de la reglamentación de esta reforma de justicia laboral para hacer de los derechos laborales y sindicales, una realidad de la democracia en el país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputado Caballero Pedraza.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Cándido Ochoa Rojas del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Cándido Ochoa Rojas: Con el permiso de los presentes. El actual periodo de sesiones de esta LXIII Legislatura se ha caracterizado por el debate y aprobación de reformas de gran calado que, sin duda, cambiaran en el mediano y largo plazo el rostro político y social de nuestro país.
El dictamen de la minuta en materia de justicia laboral que ahora se pone a consideración de esta honorable asamblea se ubica en ese rumbo, de grandes reformas para nuestro México.
Por una parte se transfiere la impartición de justicia del trabajo al ámbito depositario del poder público que tiene a su cargo el desarrollo de la función judicial. Esto significa que el Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales de las entidades federativas asumen la tarea de conocer y resolver los conflictos individuales y colectivos que hasta ahora han estado en manos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Dos reformas fundamentales: una al artículo 107, que se refiere a la procedencia del juicio de amparo directo; y la segunda al 123, que implica los derechos sustantivos laborales. Para materializar esta transformación se formula una referencia genérica a los órganos de los Poderes Judiciales de la Federación y de las entidades federativas para agruparlos en la expresión de ahora en adelante como tribunales laborales.
Por otro lado, es de resaltar el planteamiento para establecer previsiones de carácter constitucional, tendientes a garantizar la libertad de negociación colectiva y la libre expresión de los trabajadores y los patronos para elegir a quienes los representen, así como para la realización de determinadas actividades que reflejen la expresión de la voluntad de los trabajadores.
Lo anterior es de particular relevancia para los procedimientos de recuento de trabajadores cuando existan conflictos entre sindicatos sobre la representación de aquellos, así como para la firma y registro de los contratos colectivos de trabajo.
Otro aspecto que destacamos en el Grupo Parlamentario del Partido Verde es la importancia que se le otorga a la conciliación para solucionar las diferencias y conflictos entre los trabajadores y patronos, esto es, se plantea otorgar una mayor relevancia a las tareas de conciliación, para lo cual se propone que dicha etapa debe agotarse antes de que las partes acudan a los tribunales laborales y que realicen la celebración en una sola audiencia obligatoria, pero voluntaria en una subsecuente si las partes así lo desean. En la actualidad no existe ninguna sanción y no es obligatoria una conciliación, aunque está prevista en la Ley Laboral.
Luego entonces, la tarea de conciliación permanecerá en el ámbito del Ejecutivo federal y local, mediante órganos que tendrán rasgos característicos. Serán entes públicos, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Contarán con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y gestión y se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.
Como se puede observar, esta reforma en materia de justicia laboral plantea que a la luz de la evolución de nuestro sistema de impartición de justicia y la transformación de estructura económica nacional e internacional, es momento de preservar el propósito de garantizar bajo cualquier circunstancia el acceso de los trabajadores en lo individual y en lo colectivo, a la justicia con base en los derechos indeclinables que les confiere la Ley Suprema, con la adecuación de los instrumentos para su creación, preservando en todo sentido la esfera de los derechos laborales individuales y colectivos para las y los trabajadores mexicanos.
Contamos pues con un año para que se hagan las reformas a las leyes secundarias y pueda entonces sí entrar en vigor este iniciativa, que hoy seguramente aprobaremos. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ochoa Rojas.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos el diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Ángel II Alanís Pedraza: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados, podrán existir opiniones a favor o en contra, pero lo cierto es que técnicamente es incuestionable que es al Poder Judicial federal y a los Poderes Judiciales de los estados a quienes les corresponde conocer y resolver los conflictos individuales y colectivos de trabajo, y que hasta ahora han estado confiados a la Junta Federal y a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de los estados, desde hace casi 100 años.
El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que estamos discutiendo es un tema de la mayor trascendencia para el mundo laboral de nuestro país, representa un cambio cualitativo para las relaciones laborales, colectivas e individuales, en las que confluyen tanto la clase trabajadora como el empresariado, con la participación mediadora del Estado mexicano.
Este dictamen propone, en síntesis, que la competencia para conocer y resolver las controversias en materia laboral pase al Poder Judicial de la Federación y a los Poderes Judiciales de las entidades federativas, que hasta la fecha corresponden a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y a las juntas locales de conciliación y arbitraje de los estados.
Con la presente propuesta se pretende fortalecer la función conciliatoria en los asuntos del trabajo, mediante la atención de la misma, por un organismo público descentralizado para los asuntos federales y a través de los centros de conciliación que establezcan las entidades federativas.
Además, la reconformación de las funciones de registro de las organizaciones sindicales y de los contratos colectivos de trabajo, como una competencia federal a cargo de este organismo público descentralizado.
Otro de los temas que se incluyeron en la minuta, que nos parece de la mayor importancia, es la adopción de nuevas medidas para garantizar la libertad de negociación colectiva y la expresión personal, libre y secreta de la voluntad de los trabajadores para la elección de sus dirigentes, su participación en los procesos de suscripción y registro de contratos colectivos de trabajo, y la resolución de conflictos entre sindicatos.
Esto es para nuestro grupo parlamentario de la mayor trascendencia, porque es un paso firme en la construcción de una democracia sindical que no ha existido hasta ahora.
Hay que reconocer que esta parte del dictamen sobre la minuta en comento no estaba en la propuesta original del Ejecutivo y que surgió como una propuesta propia de la colegisladora que suscitó un amplio consenso, lo cual es de tomarse en cuenta y de reconocerse ampliamente.
Ahora bien, esta reforma constitucional es la oportunidad de oro para detonar un sólido consenso que trascienda hacia el desarrollo de las reformas a las leyes secundarias necesarias para que le den vida jurídica. Si esto no sucede, se estará actuando con una gran irresponsabilidad y se perderá este inicial impulso en el túnel del tiempo y se habrá perdido, no solo el tiempo del Congreso, sino el tiempo de la República.
El PRD desde ahora se compromete a dar la lucha por la libertad y la democracia sindical, que llevemos este debate para adelante en la concreción de estos derechos, para que sean parte de la realidad cotidiana en el mundo laboral, para que la clase trabajadora cuente con verdaderos instrumentos justiciables que equilibren los factores de la producción en un entorno de transparencia, de equidad y de justicia social.
En el PRD vamos por una verdadera reforma laboral. Viva la clase trabajadora. Gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Alanís Pedraza.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna el diputado Apolinar Casillas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez: Con su venia diputado presidente. Diputadas y diputados, la justicia laboral en estos momentos es lenta, cuestionable, imparcial, costosa entre otros defectos más. No podemos permitir que los mexicanos sigan pasando por juicios como estos.
Es por ello que el Partido Acción Nacional está a favor del presente dictamen para que se realicen las modificaciones correspondientes a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello lograr una profunda transformación en materia de justicia laboral.
Es necesario que los sindicatos defiendan los intereses de todos los trabajadores para que ellos obtengan mayores beneficios y resultados.
Con los cambios presentados por el Ejecutivo Federal, a los artículos 107 y 123, se pretende eliminar a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y con ello recuperar la confianza de todos aquellos que desean realizar algún trámite ante dicho órgano, que lamentablemente actualmente se encuentra saturado de corrupción y lentitud.
El cambio tiene varios puntos positivos, entre ellos se encuentra que realmente exista conciliación antes del juicio y con eso lograr que ambas partes salgan ganado obteniendo mejores resultados en la sentencia, rapidez en cada demanda y para el propio tribunal laboral menos carga de trabajo.
Es necesario que exista una renovación de los espacios sindicales en la cual todos los trabajadores tengan la libertad de votar por quien mejor los represente, beneficiando a todos y no solo la minoría o de manera individual.
Necesitamos una persona dotada de inteligencia para que todos nuestros trabajadores mexicanos tengan mayores oportunidades.
Urge una democracia en uno de los órganos más importantes, es por ello que apoyaremos dicho dictamen para beneficiar a todos y ver siempre por el beneficio de nuestros connacionales. Es cuanto
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Apolinar Casillas Gutiérrez.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Ana Georgina Zapata Lucero: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía, decía el filósofo Séneca; palabras que quise traer en este momento para ilustrar el dictamen que hoy discutimos.
En sentido contrario a la justicia tardía, busca promover una justicia laboral expedita, cercana, objetiva, imparcial y eficiente. Vaya, asequible para todos. Una reforma constitucional que fortalece todavía más los derechos laborales es la que hoy se somete a nuestra consideración. Una reforma de igual o inclusive mayor trascendencia que la reforma laboral aprobada en 2012 por esa soberanía, que edificó un paradigma que ha permitido incrementar la flexibilidad del mercado laboral, incentivar la productividad y fortalecer la transparencia y la democracia.
Estamos frente a una reforma constitucional que transforma y moderniza el sistema de justicia laboral. Una que llega con un enorme desafío de que nuevos tribunales laborales enmarcados en el Poder Judicial de la Federación y en el de los estados funcionen mejor para todos.
El que se transite d las Juntas de Conciliación y Arbitraje a tribunales laborales es, en mi parecer, el alma de la iniciativa propuesta por nuestro presidente Enrique Peña Nieto, que lejos de ser unipersonal, es producto de un arduo ejercicio democrático de consulta ciudadana que abrió la puerta a la sociedad, academia, litigantes e impartidores de justicia para que ellos con su responsabilidad delinearan el camino hacia la justicia laboral del siglo XXI.
El Poder Legislativo, primero a través del Senado de la República y ahora por conducto de esta Cámara, estamos acompañando una iniciativa que mejora la impartición de justicia laboral y muestra el lado más positivo de la relación trabajador y patrón; busca, desde luego, que la justicia laboral mejore y mejore substancialmente, que la justicia importe.
Y de ahí que para el Grupo Parlamentario del PRI, el acompañar el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que se nos presenta hoy, es muestra inequívoca de que para nosotros es prioridad dotar de instituciones y herramientas que contribuyan al desarrollo del país y fortalezcan los derechos de los trabajadores de México.
Para nadie es ajeno que la justicia laboral que funciona actualmente es obsoleta por tardía, compleja por irreal e ineficaz por desigual. De ahí que bajo un enfoque constructivo estamos en esta reforma promoviendo un cambio que redefine a los órganos de la justicia laboral para volverlos jurisdiccionales, rescatando su función conciliadora, ahora sustantiva de nuevos centros de conciliación concebidos como organismos descentralizados, especializados e imparciales, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
La reforma constitucional permitirá que los convenios de las partes, celebrado bajo el cobijo de los centros de conciliación, adquieran la categoría de cosa juzgada, lo que abona a un proceso menos costoso y más expedito. Estos mismos centros de conciliación serán, aprovechando la infraestructura que habrán de tener, los depositarios de los contratos colectivos de trabajo y de los registros de las organizaciones sindicales.
Un tercer elemento que nos propone, uno que es indispensable para la Constitución, siga siendo garante de la libertad y democracia sindical, es el relativo a que habrá de respetarse el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la resolución de conflictos entre sindicatos.
Respecto de la solicitud de celebración de contratos colectivos de trabajo, así como para la elección de dirigentes, estableciendo la previsión de que los estatutos sindicales podrán con base en lo dispuesto en la ley, fijar modalidades procedimentales para la celebración de dichos procesos, en plena congruencia con lo que establece nuestra Constitución en el 123 con el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, así como en las diversas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No queremos obviar, que nuestro grupo parlamentario ha puesto especial atención en el sentir de los trabajadores de las juntas de conciliación y arbitraje, por lo que subrayamos que el régimen transitorio de la reforma constitucional en materia de justicia laboral ha quedado firmemente establecido que sus derechos estarán plenamente tutelados, circunstancia que sin embargo habremos de reforzar en el momento de aprobar la legislación secundaria.
Compañeras y compañeros diputados, vivimos una época de cambios estructurales extraordinarios, cambios que están cimentando las instituciones y herramientas jurídicas y sociales del futuro. Cambios que para México y para los mexicanos, llámense trabajadores o empresarios, tengan la posibilidad de una justicia que les proteja y les dé de certeza jurídica.
Éste, es un comienzo. Un nuevo reto ahora será el de acelerar la transición para que muy pronto contemos con un sistema de justicia laboral moderno, a la altura de las demandas de los mexicanos y a las causas de la justicia.
Por ello es que en el Grupo Parlamentario del PRI apostamos el voto a favor. Creemos fuertemente en la justicia. Por su atención, es cuanto. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Zapata Lucero.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 230, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para la discusión en lo general y cuando ya se ha leído la lista de oradores inscritos, tiene el uso de la tribuna el diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
El diputado Rodrigo Abdala Dartigues: Buenas tardes. Gracias, presidente. Compañeros diputados, diputadas; amigas que nos ven a través del Canal del Congreso, y principalmente a todas las personas que dependen de un empleo para tener un sustento económico.
Hace cuatro años esta Cámara aprobó una reforma laboral con un corte muy distinto a la que hoy se está discutiendo y seguramente se aprobará. Hoy, los resultados de esa reforma están a la vista de todos –la reforma de hace cuatro años– y es justo lo contrario a lo que se dijo que traería. Se habló de más y mejores empleos, de mayores oportunidades y un sinfín de buenos augurios que se sabía de antemano no iban a existir.
En el México de hoy, existe y persiste más desempleo que hace cuatro años que ya de por sí era demasiado. En el México de hoy el salario y su poder adquisitivo sigue siendo uno de los más bajos del mundo. Esta es la razón por la que en el México de hoy existe y persiste mayor delincuencia y mayor violencia. Justo esto, mayor delincuencia y mayor violencia, son algunas de las razones por las que algunas personas deciden sacar a su familia del país, como lo hizo el presidente del PAN.
Entonces hay que decir que esta es la manera en que se asumen las consecuencias de los malos gobiernos; hay que decir que así se asumen las consecuencias de las reformas estructurales; también hay que decir que así se asumen las consecuencias de los votos sin reflexión y sin conocimiento, que se emiten en esta Cámara.
Justo es ahora cuando las condiciones de trabajo son absolutamente precarias, y que el sindicalismo está reducido a su máxima expresión, que se deciden proponer tribunales especializados en materia laboral y que se pugna por la libertad y la democracia sindical, curioso.
No vamos a escatimar ningún mérito a los contenidos y alcances de esta reforma, incluso la consideramos un gran avance. En Morena la concebimos como el fruto de una larga y cansada lucha de los trabajadores y no de los partidos pactistas.
Por eso la vamos a votar a favor, porque por fin hoy podemos decir que desaparecen las corruptas juntas de conciliación y arbitraje, porque se puede decir que hoy se puede aspirar a una genuina y legítima organización sindical, que hoy también se puede aspirar a que las demandas interpuestas sean resueltas de manera ágil y oportuna, y que podemos también aspirar a una verdadera autonomía de los juzgadores. Eso es lo que se está diciendo.
Pero no se autoengañen y no engañen, porque en la iniciativa original se pretendían, incluso, desaparecer los laudos. Hay que decir entonces que este es un mérito de los senadores, ya que fue la Cámara de Senadores la que le enmendó la plana a esta iniciativa y corrigió el camino. Por fin no se actuó como oficialía de parte.
Pero entonces hay que decir ¿no? ¿Qué sucede o qué ha estado sucediendo con el PRI y el PAN y los demás partidos que han votado en contra de los derechos laborales de manera sistemática y que incluso han votado a favor de que se privaticen las pensiones? ¿Es un cambio de conciencia? Yo pregunto, ya que están poniendo mucha atención.
No señores, no es un cambio de conciencia, la razón se encuentra en el capítulo 19, o sea, el capítulo de lo laboral del Tratado de Asociación Transpacífico o TPP, específicamente en sus artículos 19.2 y 19.3.
Esa es la razón por la que se está votando este dictamen, esa es la razón por la que se está aprobando esta iniciativa, porque son requisitos establecidos para la firma y formar parte del TPP.
Es para que no acusen a nuestro país de dumping laboral, porque se tiene que hacer énfasis en que los países miembros del TPP no deben utilizar las normas del trabajo con fines proteccionistas para los empresarios. No es la justicia laboral entonces, es el TPP, hay que decirlo con todas sus letras: Acuerdo de Asociación Transpacífica.
En Morena nos gusta hablar claro y no nos gustar estar engañando ni que se proponga seguir engañando a la gente, sabemos que la justicia laboral empieza por salarios dignos y bien remunerados para los trabajadores, y aquellos que piden tiempo, le diría suban y expongan sus razones. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Abdala Dartigues. Tiene el uso de la tribuna el diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del PRD para hablar en pro.
El diputado Erik Juárez Blanquet: Con su permiso señor presidente. Señoras y señores diputados, en esta ocasión el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales porque consideramos que con la propuesta que estamos discutiendo, se abona en la nueva cultura laboral, que permitirá equilibrar los factores de la producción, en el entendido de que históricamente el conjunto de conflictos en materia laboral, de los cuales han conocido y siguen conociendo las autoridades competentes, a lo largo de los años, desde la creación de la junta federal y locales, han sido maniatados por intereses políticos y económicos, por el corporativismo y el clientelismo del partido oficial, quienes se han valido del control sindical y la complacencia y colisión del sector empresarial para anteponer sus intereses.
Por ello consideramos que el tema de la impartición de la justicia laboral, es decir, la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones, debe cambiar. Por ello es muy atendible que los tribunales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas en el ámbito local y federal conozcan de estos asuntos en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, federales y locales, que dependen de los Poderes Ejecutivos.
Además, lo positivo en esto es que en el dictamen se crea un organismo federal descentralizado, de conciliación con autonomía de gestión y presupuestal, con facultades en el orden nacional para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como de todos los procesos administrativos relacionados.
Con ello, compañeros, compañeras, se le da mayor relevancia al aspecto conciliatorio que al controversial, con lo que se da mayor certidumbre a los trabajadores, y eso para el PRD siempre será nuestro interés central.
Por otro lado, como ya se ha mencionado, tenemos un elemento sustancial que cambiará las relaciones intrasindicales, romperá o se romperá por fin el corporativismo totalitario y corrupto que nos heredó el viejo régimen, al garantizar el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para elegir a sus dirigentes, la resolución entre conflictos entre sindicatos y la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo, también con ello contribuimos a darle mayor certidumbre a los trabajadores en el orden democrático.
En conclusión. Con este dictamen estamos en la posibilidad de acercarnos a los estándares internacionales en materia de justicia laboral, como así lo establece por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo, que ya ha exigido en múltiples ocasiones que se reconozcan mayores garantías a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país.
Compañeros y compañeras, enhorabuena, felicidades por esta reforma constitucional que ojalá dé paso a una reforma laboral de gran calado, que restituya los derechos laborales a la clase trabajadora, que se ha conculcado por el neoliberalismo en los últimos 30 años.
Por último. Hay una emergencia financiera en Veracruz que perjudica el interés de los ayuntamientos de todos los colores. Ojalá que pongamos la vista en Veracruz y que las autoridades competentes, el Gobierno de la República le dé una solución al conflicto que allá se está viviendo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concrétese al tema, diputado. Gracias. Les pido a las diputadas y a los diputados que desalojen la tribuna para darle paso al siguiente orador, por favor. Tiene el uso de la tribuna el diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro hasta por cinco minutos.
El diputado Santiago Torreblanca Engell: Muchas gracias. Diputados, gente que nos ve a través del Canal del Congreso, medios de comunicación. Imaginemos esta escena: Pepe y Toño, los famosos Pepe y Toño deciden abrir un pequeño negocio, juntan sus ahorros, se dan cuenta que ellos dos solos no pueden con la pizzería que deciden abrir, contratan un par de trabajadores para que los ayuden en la cocina y en la mesereada. Un día después de la inauguración del negocio se dan cuenta que tienen banderas de huelga, le preguntan a sus dos trabajadores que, ¿qué pasa? Si son amigos, si están colaborando en el mismo negocio y ellos les contestan que no tienen ni idea.
Poco después llega un supuesto líder sindical a exigirles 100 mil pesos, a cambio de levantar la huelga. Acceden con tal de no perder esa inversión, ¿quién perdió? Tanto Pepe y Toño como los trabajadores, y ahora vamos a ver porqué.
Tere y Mary posteriormente deciden abrir un negocio similar, asesoradas por Pepe y Toño deciden no arriesgarse y firman contrato con un sindicato blanco, este sindicato blanco les cobra un iguala de 15 mil pesos mensuales, ¿quiénes perdieron? En primer lugar, los trabajadores, que perdieron la oportunidad de asociarse libremente en un sindicato, en el sindicato que ellos eligieran o bien, constituir uno propio, un sindicato que verdaderamente los defendiera en contra de un posible abuso del patrón, ¿quién perdió? También Tere y Mary, que tuvieron que pagar una cuota a un líder sindical que no representa a nadie, más que a sus intereses, a los intereses de su bolsillo.
Como vemos, los sindicatos blancos no benefician ni a los trabajadores ni a los patrones, únicamente a los mafiosos.
Con esta reforma laboral, al crear la libertad, la garantía del voto libre, secreto, se garantiza que los trabajadores puedan asociarse libremente ante quien mejor los represente y con eso se eliminan las prácticas de los sindicatos charros, que solo benefician económicamente a algunos mafiosos, porque esos no son líderes sindicales menos mafiosos. Eso sí, hay que tener cuidado el día de mañana, que hagamos la reforma, porque actualmente para estallar una huelga, para modificar un contrato colectivo, únicamente se establece que se tenga que tener la titularidad de ese sindicato.
El día de mañana cuando hagamos la reforma ya a las leyes secundarias tenemos que tener cuidado de que se acredite también la mayoría.
A ver, que este método tripartita donde hay un representante del Ejecutivo, un representante de los trabajadores y un representante de los patrones no sirve. No nos hagamos, siempre ha sido el representante el Ejecutivo quien resuelve.
En caso de que el Ejecutivo resuelva a favor del trabajador, la representación patronal va a votar en contra y va a tener dos votos contra uno. En caso de que se resuelva a favor del patrón va a ocurrir lo contrario y va a tener dos votos a favor, con el voto en contra del sector sindical. Entonces, de tripartita no tiene nada. Más bien, es el del Ejecutivo.
¿Por qué el Ejecutivo? Porque el Ejecutivo nombra, hasta el día de hoy, al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, con eso no se garantiza independencia. ¿Por qué si tenemos un Poder Judicial de la Federación independiente, no se confiere a este el resolver los conflictos laborales?
Actualmente esto se resuelve en llamadas juntas de conciliación y arbitraje. Bueno, de conciliación no tiene nada, porque el proceso laboral empieza una vez que se presentó la demanda. Entonces, la conciliación se lleva a cabo ya sobre las rodillas de las partes, eso no puede ser así.
A mí me gusta el esquema que se propone, que se cree un órgano verdaderamente de conciliación, donde ambas partes se pongan de acuerdo para poder dilucidar y llegara un acuerdo previo al juicio, y sí y sólo sí no se llega a un acuerdo se llegue a una etapa de juicio. Bien lo dice el dicho más vale un mal arreglo que un buen pleito, esto va a aligerar la carga de trabajo muchísimo.
El problema de las juntas es de carga de trabajo, de falta de recursos, de falta de capacitación, que acaba afectando a todas las partes. Acaba afectando al trabajador en caso de que el juicio se prolongue por tiempo demasiado largo y el trabajador no cuente con recursos.
Se puede por el lado contrario, ser negativo para el patrón en caso de que el trabajador sí tenga un ingreso –espérenme tantito me tardo dos segundos más, dos segundos más–, el trabajador sí tenga un ingreso por otro medio y sirva para extorsionar al patrón.
En resumen, con esto estamos generando democracia en uno de los órganos intermedios más intermedios, más importantes, partidos políticos y sindicatos. Sin estas figuras intermedias no existe democracia, apoyemos la democracia con libertad y transparencia. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias. Tiene el uso de la tribuna, para hablar en contra, el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: No cabe duda que hay hipócritas que se paran en esta tribuna con una doble moral. No he dicho nombres, no empiecen, no se adjudiquen las cosas sin antes decirles su nombre.
Los panistas, priistas hipócritas, de doble moral, cuando Javier Lozano fue secretario de trabajo aniquiló, junto con Felipe Calderón, el alcohólico presidente, a Luz y Fuerza del Centro. Él es el enemigo público número uno de los trabajadores de México y hoy vienen a vanagloriarse los panistas, cuando querían dilapidar de este proceso que fue importantísimo, impulsado por gente de izquierda, no por el centro ni la derecha que se disfrazan de falsos demócratas.
La problemática compleja de la justicia procesal laboral se ha estudiado desde hace décadas por especialistas y sindicalistas, y en varias ocasiones se han hecho propuestas y hoy tenemos la oportunidad de analizar y votar este dictamen.
Creo que todos compartimos la evidencia de que las reglas laborales sufren una gran transformación. Hoy los criterios y principios laborales son sujetos a cambios profundos.
La clave es cómo conciliar estos cambios con la parte sustantiva que lleva consigo nuestro derecho social, sobre todo porque necesitamos transformar nuestras normas legales manteniendo el carácter protector del derecho del trabajo, y a la vez impulsar un modelo de desarrollo que atienda las necesidades de la gente y sus trabajadores.
Lo primero que hay que reconocer es que la justicia laboral se ha quedado rezagada, y prueba de ello es el tiempo que dura un juicio para sustanciarse.
Es demasiado lento las cargas de trabajo que sufren las Juntas de Conciliación y Arbitraje tanto en el ámbito local como federal conlleva la acumulación de expedientes en los tribunales colegiados. Es decir, su reforma laboral del 2012, impulsada por el traidor de Peña Nieto no ha funcionado, al igual que todas las reformas estructurales.
Otro problema constante es la reducción de presupuesto que se hace cada año y que afecta la viabilidad de estos órganos de justicia que forman parte del conjunto de factores que la condicionan. Esto se podría solucionar, sin embargo, está el mayor problema, que tiene que ver con la imparcialidad y el respeto del Estado de derecho, lo cual es fundamental que los jueces cuenten con formación social y que resuelvan de acuerdo a los principios protectores establecidos en la ley. No a favor de políticos disfrazados de empresarios y que estén sujetos a mandatos de autoridades corruptas.
La minuta que hoy recibimos del Senado es una reforma constitucional que modifica dos artículos: el 107, que regula el juicio de amparo, y el 123, que regula la materia laboral de los trabajadores que pertenecen al Apartado A.
Básicamente el planteamiento es la sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje federal y locales, que actualmente son tripartitas por jueces federales y locales que dependan del Poder Judicial y no de los corruptos gobernadores ni del corrupto del presidente de la República, que es quien nombra en el caso de la Ciudad de México.
Esta demanda, que es de izquierda, se ha hecho por décadas en virtud de que las juntas han dependido de los Ejecutivos federal y locales, y de un falso tripartismo que impera desde hace casi un siglo. Cabe hacer mención de que este sistema de justicia laboral que hoy existe en México ha sido abolido en todos los países que alguna vez lo adoptaron y que hoy, lamentablemente, solo existe en México.
La iniciativa crea también un organismo descentralizado de carácter federal y autónomo que registrará a los sindicatos y sus contratos colectivos, sustituyendo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las mismas juntas, que han tenido el control corporativo de los trabajadores a costa de la libertad sindical y de los contratos colectivos de protección laboral que hemos denunciado siempre, como la CNTE, la CTM y muchos más brazos operadores de la derecha.
Ese organismo autónomo tendrá también la función de conciliación y se crearán órganos autónomos en cada estado para lo mismo. Algo muy importante es que el titular va a ser nombrado de una terna que enviará el Ejecutivo federal al Senado con dos tercios de la votación.
Actualmente el o la presidenta de la Junta es nombrada por el Ejecutivo y espero que no se repita mismo el esquema de ayer de repartición de cargos, como lo hicieron con los magistrados.
El contenido de esta reforma reglamenta la contratación colectiva que incluye la consulta a los trabajadores. Este es un gran avance, pues se establece el voto personal, libre y secreto para elegir al sindicato que los va a representar o que negociará el contrato colectivo, demanda histórica de los sindicatos autónomos que promoverán la tan deseada democracia sindical, sindicatos verdaderamente democráticos como el STUNAM, como el SUTIM, como el SITUAM y muchos más.
Sin duda esta reforma es prioritaria para el beneficio de los trabajadores y de los sindicatos independientes, ello requiere de una infraestructura para los tribunales de justicia.
Hoy muchas Juntas de Conciliación sufren una gran carestía porque las plazas han sido canceladas y no se proveen los medios para lograr la capacitación que se estableció en la fallida reforma laboral de 2012. Contar con un sistema de justicia eficiente apoyado en jueces imparciales que den confianza a la ciudadanía es fundamental.
La reforma constitucional propuesta es un avance y que hay que reconocer, que recoge planteamientos de especialistas y de fuerzas progresistas...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: ...–concluyo– hechos durante décadas y que hoy la comunidad internacional reclama para transitar a un verdadero estado de derecho. Es por esto que Morena votará a favor de este dictamen que por primera vez recoge las verdaderas demandas de los trabajadores.
Nos queda como tarea estar al pendiente de la reglamentación de esta reforma...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: ... –concluyo– de justicia laboral. El respeto de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de las juntas actuales, así como la ratificación del Convenio 98 de la OIT, por el derecho a la contratación colectiva que sigue congelada en el Senado, a pesar de que los...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se agotó su tiempo, diputado. Concluya, por favor.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: ... hemos exhortado en varias ocasiones para que procedan a hacerlo. –Presidente, usted está actuando de manera facciosa y tendenciosa, porque da usted más de un minuto...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Estoy dando el mismo tiempo a todos los oradores.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: ...a quien usted quiere, a quien usted desea, y actúan de una manera facciosa porque cuando no les gusta escuchar, como esta bola de arrieros que están chiflando y que no los llamas al respeto...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado. Concluya, por favor.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: ...entonces cómo quieres que concluya, si todo el tiempo están, se supone los que vienen de la elite política de esa, que no viene de las colonias ni del barrio.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputado, su tiempo se agotó, concluya, por favor.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: ... esos son los que se comportan como arrieros, chiflando en todo el tiempo. Insultan...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: ... y luego no quieren que uno los insulte, aguántense.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos para hablar en contra.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis: Con su venia, presidente. Estimados compañeros y compañeras, el dictamen que hoy resolvemos y que en su mayoría se agrupan para ir a favor, es la necesidad sentida de buscar esa justicia laboral que durante mucho tiempo ha estado dormida. Sin embargo, para su servidora y para Movimiento Ciudadano, no cabe del todo esa felicidad en esta interacción de los grupos que en esta Cámara nos desempeñamos, pues no dudo en que el Poder Judicial federal tenga las tablas suficientes para garantizar los derechos de los trabajadores y de los patrones en su momento para dilucidar problemas de índole laboral.
No dudo en la capacidad que tengan con una respuesta y una resolución anticorrupción. Que tengan oportunidad de atender el rezago que ha venido lacerando a miles de trabajadores que sus asuntos se quedan dormidos, y a miles de patrones que ahí los aniquilan con laudos amañados y con laudos vendidos al mejor postor.
Si bien es cierto el cambio podría ser positivo, pero también hay severas dudas sobre el particular. ¿Por qué antes no nos ocupamos de verlo para estudiarlo y analizarlo con lupa y hacerlo con probidad y en tiempo? ¿Por qué tenemos que ir a la carrera en un fast track en donde todos tengamos que corretear, porque así nos lo exigen los tiempos internacionales y los tiempos nacionales?
Voy a hablar específicamente del caso de Jalisco. En Jalisco las juntas locales y las juntas federales han estado inmersas en un ámbito tan corrupto y tan corrompido, que llegan a aniquilar a los trabajadores, a los pequeños empresarios. No son para impartir justicia, son para hacer ricos a unos poquitos. En eso está metido la federal local, la junta federal, la junta local y también el tribunal de escalafón y arbitraje. ¿Quién nos garantiza que una vez que emigre al Poder Judicial vamos a lograr trascender hacia otro plano?
Si actualmente hemos vivido –eso fue de noticia nacional– el asunto de los abogados talibanes que en contubernio con funcionarios corruptos lograban laudos millonarios en contra del gobierno municipal y del gobierno estatal para rasurar las arcas de estos gobiernos, y al final de cuentas el menos beneficiado era el trabajador.
¿Quién nos dice que al llevarlo al Poder Judicial, donde tenemos un presidente de dudosa integridad moral, donde se habla de serios problemas de corrupción, van a cambiar las oportunidades de la impartición de justicia que están buscando los patrones y los trabajadores?
Ciertamente se hace necesaria la intromisión de esta Cámara de Diputados para lograr sanear, para aniquilar la corruptela, para garantizar los derechos en la estricta justicia a todos y cada uno de los actores que están buscando el cobijo de una autoridad que no les importa si es judicial o si es ejecutiva; lo que quieren son resultados reales, tangibles, transparentes, equitativos, en el ámbito exclusivamente de la justicia, en el ámbito exclusivamente del derecho laboral, y en el ámbito estrictamente de los derechos de los empleadores o los patrones. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Ramírez Nachis. Tiene el uso de la tribuna la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en contra, hasta por cinco minutos.
La diputada Araceli Damián González: Gracias, diputado presidente. Con gran sorpresa se recibió la iniciativa de Peña en materia de justicia laboral, sobre todo porque con ella se puede iniciar un proceso de renovación de los liderazgos sindicales y se reduce el espacio para que el Ejecutivo federal y los gobernadores, tengan la capacidad de controlar la lucha sindical. También se romperá, tal vez, uno de los eslabones del sistema corporativo de simulación y corrupción que consiste en la contratación colectiva de protección mediante la cual los patrones escogen a los sindicatos blancos de su preferencia, con el argumento que de lo contrario serán estafados.
La reforma se aprobó, afortunadamente sin incluir la propuesta del senador panista Javier Lozano, y de la Coparmex, que pretendían imponer como requisito para emplazar a huelga, que se acreditara la mayoría de los trabajadores, lo cual sería utilizado para inmediatamente despedirlos. Afortunadamente no pasó la propuesta.
El voto secreto para elegir a los representantes sindicales, permite entonces resolver de manera distinta los problemas relacionados con los contratos colectivos y resolver las controversias en los sindicatos.
Las reglas quedaron en el párrafo del artículo 123, pero de todas maneras los líderes de las centrales oficiales que se opusieron lograron establecer un cambio menor en la redacción, consistente en que los procedimientos serán regulados en la ley, tomando en cuenta los estatutos gremiales. ¿Y qué pasa ahí si se dice que el voto tiene que ser a mano alzada? No puede contravenir las leyes locales, la norma constitucional y estaremos muy atentos de la regulación de las leyes secundarias.
Pero, que nadie caiga en el engaño, esto no es una muestra de pluralidad y apertura del gobierno federal, es una reforma a la que se vio forzado el Ejecutivo al haber firmado en lo oscurito el Tratado Transpacífico, que si bien obliga a democratizar las negociaciones laborales, dará mayores beneficios a empresas transnacionales en ámbitos claves del desarrollo y permitirá una mayor apropiación de la riqueza nacional por los extranjeros.
Esperamos que esta reforma destruya las bases con las que se gestó la repugnante relación entre sindicatos charros como el SNTE, tanto con el PRI, como con el PAN cuando gobernó. Recordemos que el voto secreto fue un tema que se guardó en el cajón durante el gobierno panista y que se estableció la alianza de Fox y Calderón con Elba Esther Gordillo.
Eso no salva a los del PRI. Solo por nombrar a un líder protegido por el poder y amparado por esta forma de votar y resolver los conflictos sindicales, tenemos a Romero Deschamps, el senador, que desde 1993 controla a los trabajadores de Pemex a pesar de que se ha denunciado en diversos medios el papel que jugó en el Pemexgate y quien vive como rey en lujosos departamentos y yates.
En esta reforma, el organismo descentralizado que se va a encargar de la función conciliatoria tendrá un titular designado en el Senado, electo de una terna propuesta por el Ejecutivo federal. Este aspecto en nada tiene de positivo, ya vimos lo que pasó el día de ayer, ya conocemos cómo negocian los partidos para sus ternas y proponerlas. Además deja a los trabajadores indefensos frente al poder de los empresarios, y ante la ley no hay igualdad cuando hay pobreza.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Araceli Damián. Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general el dictamen que está a discusión.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido. Esta Presidencia informa que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos 123, fracción XX; 123, fracción XXII Bis; el quinto transitorio; 123, fracción XXI; 123, fracción XXII Bis; 123, fracción XXXI; el cuarto transitorio; y el quinto transitorio.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Cinco minutos, diputada.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por cinco minutos, perdón, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación. Diputado Pinto Torres, el sentido de su voto.
El diputado Francisco Javier Pinto Torres (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se emitieron 379 votos a favor, 19 abstenciones y 2 votos en contra. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados, por 379 votos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna para presentar reservas al artículo 123, fracción XX; 123, fracción XXII Bis, y el Quinto Transitorio, la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis: Gracias, presidente, con su venia. Compañeros, si bien es cierto, esta servidora se abstuvo de generarse a favor o en contra en la presente aprobación que nos acaba de anteceder. También es cierto que mi responsabilidad versa en dilucidar asuntos meramente trascendentales y de gran vitalidad e importancia, ya que en la modificación que se plantea estamos buscando nosotros que se le dé realmente a la fracción XXII Bis, que se establezca que los procedimientos y requisitos que la ley ingiere, asegure la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones, ya que estos deben preponderar ante cualquier situación.
Para tal suerte, estamos sugiriendo que se inscriba el inciso c), que incluya que será por voluntad y acuerdo de las partes afectadas, ya que en una negociación colectiva de trabajo debe haber consensos, acuerdos entre ambos y, sobre todo, la representatividad de sindicatos, pero no de esos sindicatos blancos que todos ustedes conocen, sino de verdaderas organizaciones gremiales que pretendan salvaguardar los derechos de sus agremiados.
Por esta razón es que estamos poniendo a su consideración esta modificación, así como en la fracción XXXI, en el inciso c), que habla sobre las materias, ahí estoy agregando el numeral 6, donde nos dice que la obligación de los patrones será apoyar y vincular al trabajador en materia de certificación de las competencias laborales, ya que actualmente no existe dicha certificación y es necesario que se haga a través del sistema nacional de competencias.
Lamentamos que la parcialidad que se da de las autoridades en la resolución de los conflictos laborales nos ocupe el día de hoy para generar una modificación al artículo 123, pero se nos está olvidando que nos olvidamos de la reparación del daño, ya que no hay procedimientos claros ni precisos.
En el 2015 se emitieron, según lo que se conoce en el Inegi, laudos por 203 mil 271 certificados de competencias laborales, por esta razón el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano pretende que ustedes nos apoyen con esta modificación.
Es necesario que seamos congruentes y que si bien es cierto ya está la pretensión de esta aplicación de esta ley, también es que no estamos ocupándonos en salvaguardar los intereses y los derechos de los que actualmente laboran en esas juntas federales y locales, por lo que proponemos que ante la creación del órgano conciliador ellos sean los primeritos que puedan accesar a la participación en ese órgano de jurisdicción.
Todo esto va en el ámbito, compañeros, de la equidad y la justicia para el trabajador, por eso se hace necesario que nosotros legislemos no nada más por legislar lo que nos envían a instancias del Ejecutivo, que legislemos en pro de los que menos tienen, que vayamos a generar la certidumbre de los que hoy están pensando qué va a suceder con su fuente de trabajo y llámenle empleados de la Junta federal o local, llámenle patrones, llámenle trabajadores, pero todos ellos merecen que nosotros hagamos las cosas bien, con dedicación, con probidad y, sobre todo, en un estricto sentido de justicia, de equidad y de imparcialidad. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Rosa Alba Ramírez Nachis. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada para el artículo 123, fracción XX.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen, de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada al artículo 123, fracción XXII Bis.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen, de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta a discusión la reserva presentada al artículo quinto transitorio.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen, de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Tiene el uso de la tribuna para presentar reservas a los artículos 123, fracción XX y fracción XXI, 123, fracción XXII Bis y fracción XXXI, así como al cuarto transitorio, el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena. Hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con venia de la Mesa Directiva. Diputadas y diputados, hubo dos votos en contra, es que no hay unanimidad en esta reforma constitucional. No hay unanimidad porque hay escepticismo, escepticismo como lo hay por parte de las reformas estructurales, materia energética. No hay energía más barata, fue una mentira propagandística, no hay gasolina más barata, una mentira también sistemática que se sigue utilizando, pretendiendo que los ciudadanos están dormidos.
Primero. Solicito que mis reservas se inserten en el Diario de los Debates, para que se vea el argumento de por qué votamos en contra.
Segundo. Hay una crónica de la expropiación petrolera del 18 de marzo. En los antecedentes señala que el 9 de julio de 1938 se nombró una comisión para atender las demandas de los trabajadores. Esa comisión visitó a los empresarios dueños de las petroleras y resultó que esas empresas petroleras no declaraban honestamente el monto de sus ganancias y que el capital invertido había sido recuperado 10 años antes.
La Suprema Corte de Justicia ampara a los trabajadores, los empresarios se niegan a acatar el fallo de la Corte y de ahí surge el decreto expropiatorio en un Estado garante de los derechos colectivos e individuales de los trabajadores en 1938.
Estamos ante una reforma trascendental, se busca el equilibrio en un conflicto entre el capital y el trabajo. No estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de la vida de los trabajadores, trabajadores que pueden ser despedidos injustificadamente; trabajadores cuyos derechos sociales o individuales pueden ser violentados. Derechos que tendrán que litigiar ante un tribunal laboral.
Ese no es el problema, el problema no es el tribunal laboral. Estamos mandatando que, primero, en forma obligatoria, debe ir a la conciliación en un órgano federal o en un órgano estatal, dependiendo de la competencia.
La ley tiene operadores jurídicos que atienden a cuestiones políticas. El conciliador es y será empleado del Ejecutivo. El conciliador será propuesto por el Ejecutivo al Senado, quien deberá aprobarlo por dos terceras partes en una propuesta de una primera terna. Si el Senado no lo aprueba, se manda a una segunda terna. Si el Senado vuelve a rechazar esa terna, el Ejecutivo lo designa, el conciliador es empleado del Ejecutivo. El operador atenderá a cuestiones fácticas en la política nacional.
Quiero ver si en una huelga de los trabajadores de Pemex, frente a la empresa estatal Pemex tenemos un conciliador imparcial. Si ante el recuento de trabajadores de los sindicatos de la federación, estados y municipios, tendremos un conciliador imparcial. No, la ley tiene operadores y en la situación nacional donde prevalece la corrupción, los operadores atienden al interés del gran capital y de los empresarios, mentira que a los intereses de los trabajadores.
Las reservas que presentamos. Fracción XX. Estamos proponiendo que el titular de este órgano de conciliación no sea propuesto por el Ejecutivo, debe ser propuesto por la Suprema Corte de Justicia, le quitamos esta carga política del patrón frente a sus empleados.
Reserva al artículo 123, fracción XXI. Hay un desequilibrio entre la capacidad de defensa del patrón con la del trabajador. Aquí no se garantiza. Estamos proponiendo que en el procedimiento de conciliación y en los juicios laborales, las autoridades suplan la queja deficiente del trabajador. No debemos olvidar que el trabajador se encuentra en desventaja en una competencia legal frente al patrón, este principio no se garantiza.
Agregamos en el 123, fracción XXII, la autonomía e independencia de las asambleas de los trabajadores. No se garantiza la autonomía de las asambleas de los trabajadores y el voto está acotado porque no atiende a los principios de una elección democrática.
Por eso, señalamos una modificación en la fracción XXXI, inciso c). Deben observarse principios de elección democrática en las decisiones de los trabajadores. No se garantiza, se acota el voto universal, personal, directo e intransferible de los trabajadores.
Esto va a dar oportunidad al cochupo de las autoridades supervisoras con los sindicatos que se quejan ahora. La corrupción va a prevalecer porque no modificamos la práctica en cómo operar la ley y cómo aplicar los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad. Estamos abundando a juicios y procedimientos que afectan al trabajador, quien tiene una desventaja en la operación legal de su defensa frente a los abogados de los empresarios. Por eso votamos en contra...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.
El diputado Juan Romero Tenorio: ...y aquí están las razones en nuestras reservas de las observaciones puntuales. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. El diputado promovente está conforme con que se voten sus reservas en un solo momento. Por tanto, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión las reservas presentadas al artículo 123 en su fracción XX, XXI, XXII y XXXI y al cuarto transitorio.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión los artículos reservados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desechan y se reservan para su votación nominal en términos del dictamen, de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reserva al quinto transitorio.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Con su venia, presidente. Compañeros y compañeras diputadas. Para el Grupo Parlamentario de Morena resulta por demás importante buscar que haya por lo menos una paridad entre los sueldos y salarios que ganan los mexicanos contra el costo de los bienes y servicios básicos que consumimos, para aspirar a una verdadera justicia laboral.
No olvidemos los despidos masivos que se dieron en Pemex, consecuencia de la supuesta reforma energética donde más de 10 mil empleos directos y otros tantos de miles de empleos indirectos se han perdido, sumiendo a muchos estados de la República en la pobreza. Es falso que el Ejecutivo diga que está generando empleos; más bien es falso lo que está diciendo que sí genera empleos, cuando día a día vemos más desempleados en el país.
En razón de lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena no permitirá que con esta reforma se pierdan más empleos
Por eso la reserva que proponemos es en el sentido de que se dé cumplimiento al acuerdo celebrado entre el ingeniero Manuel Cadena Morales, oficial mayor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; el licenciado Adrián Rojas Rojas, director general Jurídico de la misma secretaría; el maestro Jorge Alberto Juan Zorrilla Rodríguez, presidente titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; y los trabajadores de dicha institución, del día 20 de octubre del 2016, misma que abarca los derechos de los trabajadores de las juntas federales y de las juntas locales de conciliación y arbitraje, en el sentido de que los trabajadores en activo conserven su empleo cuando menos en las mismas condiciones que actualmente se desempeñan, sin perjuicio de mejorarlas, ya sea en la propia junta, hasta su extinción o bien en el organismo público descentralizado, que como consecuencia de esta reforma se ha creado o bien en los nuevos juzgadores o tribunales que sean instituidos para la impartición de justicia laboral, y en el caso de los trabajadores que no quieran o no puedan continuar prestando sus servicios, deberán ser liquidados en los términos que establecen las leyes y normas jurídicas aplicables, incluyendo bonos de retiro que complementen significativamente sus liquidaciones, de acuerdo con las normas y autorizaciones presupuestarias correspondientes.
Como ustedes se podrán dar cuenta, la modificación que se propone es una demanda justa, dado que fue un acuerdo entre el representante del Ejecutivo federal y el personal de las juntas de conciliación y arbitraje. Por eso la votación que se pide, es en el sentido de ser congruentes con los acuerdos firmados en favor de miles de trabajadores. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Cuata Domínguez. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión el artículo reservado.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen, de conformidad con el artículo 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Agotadas las reservas presentadas, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 123, cuarto y quinto transitorios, en términos del dictamen.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos reservados en los términos del dictamen.
(Votación)
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. ¿Falta algún otro diputado o diputada de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 335 votos a favor, 45 en contra. Es mayoría calificada.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 335 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral. Pasa a las legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Continúe la Secretaría con acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Se recibieron comunicados de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes de Juntas Directivas de Comisiones Ordinarias, Especiales y Comité, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
En votación económica, se pregunta si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados. Comuníquense. Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Acuerdo.
Primero. El representante de la Cámara de Diputados ante el Consejo Consultivo Nacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía será el diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Segundo. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el peno y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 3 de noviembre de 2016.
Y firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
En votación económica, se pregunta si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento las iniciativas y proporciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (15:28 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 8 de noviembre de 2016 a las 11 horas.
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