Comunicaciones
Dictámenes
Cynthia Gissel García Soberanes, PES
Mirna Isabel Saldívar Paz, PNA
Víctor Manuel Sánchez Orozco, PMC
Virgilio Dante Caballero Pedraza, Morena
Luis Fernando Antero Valle, PAN
Votación en lo general y lo particular
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Iniciativas
Recibidas y turnadas a comisiones
Marco Antonio Gama Basarte, PAN
José de Jesús Galindo Rosas, PVEM
Norma Xochitl Hernández Colín, Morena
María Candelaria Ochoa Ávalos, PMC
Natalia Karina Barón Ortiz, PRD
Renato Josafat Molina Arias, Morena
Efeméride
Con motivo del Día Mundial de la Diabetes
Proposición con punto de acuerdo
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política sobre diversos temas
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 309 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (11:46 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se dispensa su lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobada el acta.
El diputado Marco Antonio Gama Basarte (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Marco Gama, ¿con qué objeto, diputado?
El diputado Marco Antonio Gama Basarte (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Deseo manifestarle que, a través de su conducto, esta Cámara haga un enérgico llamado al gobierno del estado de San Luis Potosí y a las autoridades competentes, para que se pueda determinar la alerta de género ya en la entidad y podamos de esta forma acabar con los feminicidios que se están dando en nuestro estado. Debemos apoyar a nuestras mujeres potosinas, por lo cual, diputado presidente, agradezco atender este llamado.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Le pido, diputado, que esta solicitud se dirija a la Junta de Coordinación Política y estaremos atentos a la resolución que se tome en ese órgano.
El diputado Jonadab Martínez García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Jonadab Martínez.
El diputado Jonadab Martínez García (desde la curul): Muy buenos días, señor presidente. Muchísimas gracias. Solamente para externar la invitación a todos los diputados. Ya lo tienen en sus curules, es para asistir el día jueves a la Jornada por la Movilidad rumbo al Foro Mundial de la Bicicleta. Sería un honor contar la presencia de los diputados en esta agenda, en la antesala del Foro Mundial de la Bicicleta, como sede la Ciudad de México en 2017. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Las diputadas y diputados que quieran ir a la rodada están cordialmente invitados. A ver, sonido en la curul del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez. Adelante.
El diputado César Alejandro Domínguez (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Desde luego atendiendo al llamado que usted hace, de que los asuntos se plantean en la Junta de Coordinación Política. Esta semana estaremos entregando un punto de acuerdo a efecto de hacer un llamado claro y enérgico al gobernador del estado de Chihuahua, a fin de que se pongan a trabajar de manera coordinada y de manera decidida en el tema de la inseguridad que está privando en nuestro estado.
Nosotros tenemos ya 250 muertos en un mes por homicidios dolosos y eso no lo podemos permitir, señor presidente. Muchas gracias, gracias por su apertura.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política en relación a integración de comisiones y grupos de amistad que se encuentran disponibles en los monitores de sus curules.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados. Comuníquense.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibieron cuatro oficios de los diputados Verónica Delgadillo García, Manuel de Jesús Espino Barrientos, Alfredo Javier Rodríguez Dávila y Claudia Edith Anaya Mota por los que solicitan el retiro de iniciativas que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibieron de diversas autoridades cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de diputados que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: La Secretaría de Gobernación remite el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2016.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social para su conocimiento.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos remite el estudio especial sobre la población afro descendiente de México, a través de la Encuesta Intercensal 2015.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos para su conocimiento.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibieron oficios de la Cámara de Senadores con los que remite:
Acuerdo para que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la federación y de la entidades federativas, en conjunto con los organismos públicos de protección de los derechos humanos se fortalezca y, en su caso, se instrumenten programas de promoción, capacitación, enseñanza y actualización permanente en materia de derechos humanos dirigidos a servidores públicos, con el fin de robustecer la cultura de respeto y la vigencia de los derechos humanos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Con el que devuelve expediente de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 70 de la Ley Agraria, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Con el que devuelve expediente de la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: La Cámara de Senadores remite las siguientes minutas: Con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 109 Ter y 109 Quáter a la Ley General de Salud.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Con proyecto de decreto por el que se declara el día 11 de abril de cada año como Día Nacional de la Lucha contra el Parkinson.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 222 Bis del Código Federal de Procedimientos Civiles.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 58 del Código Civil Federal.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 246, fracción II y se adiciona un artículo 248 Ter al Código Penal Federal.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 381 del Código Penal Federal, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Y se recibió de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. Permítame.
Queremos destacar y saludar la presencia en este salón de sesiones de los excelentísimos señores embajadores acreditados en México, el señor Andrian Yelemessov, de la hermana República de Kazajstán, quienes están celebrando el 25 Aniversario de su Independencia; la señora Eva Hager de la República de Austria; el señor Joao Marcelo, de la República de Brasil; la señora Alena Gazurova, de la República Eslovaca; el señor Petros Panayotopoulos, de la República Helénica; el señor Yusra Khan, de la República de Indonesia, el señor Aitzaz Ahmed, de la República Islámica de Pakistán, el señor Goran Mesic, de la República de Serbia, quienes han sido invitados a la inauguración de la Semana de Kazajstán en la Cámara de Diputados, por parte de la diputada María Verónica Agundis Estrada, vicepresidenta del Grupo de Amistad, México-Kazajstán.
Este cuerpo colegiado les da más cordial bienvenida, señoras y señores embajadores y hace votos por el fortalecimiento de los lazos de amistad, diálogo y cooperación entre nuestras naciones. Sean ustedes bienvenidos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules, un dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de centros penitenciarios.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Está a discusión, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil.
En ese sentido, tiene la palabra, el diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, hasta por 10 minutos, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 230, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Braulio Mario Guerra Urbiola: Con la venia del señor presidente; compañeros, compañeras, diputados. La Comisión de Puntos Constitucionales ha trabajado de manera comedida, de forma productiva y con un alto sentido de consensos y de acuerdos en torno a aquellos temas que les son importantes a México.
Es por ello que dentro del dictamen que se discute el día de hoy, y reconociendo la labor de los integrantes en conjunto de la Comisión de Puntos Constitucionales, fundamentamos la iniciativa, el conjunto de proyectos que enviara el Poder Ejecutivo de la República en torno a la homologación y criterios en materia de justicia en nuestro país.
Se plantean reformas a los artículos 25 y 73 de nuestra Carta Magna.
El primer elemento que se busca reformar tiene que ver con los aspectos económicos; es la mejora regulatoria, que además y a pesar de que ya en diversas entidades federativas los gobiernos de los estados han modificado sus legislaciones distintas para perfeccionar el encuentro entre el ciudadano y la autoridad, ese momento en donde la gente acude con su gobierno y la administración pública para realizar un trámite, para aperturar una empresa, para tener cercanía, autorización y regulación en torno al desempeño económico que tendrá, busca esta reforma que nuestra Constitución homologue los criterios en el país para que tengamos un solo lenguaje, un elemento que permita unificar que estados y ayuntamientos tengan mayor transparencia en el proceso regulatorio de las entidades públicas.
Se tengan menores costos para la sociedad y para las dependencias. Los trámites simplificados, rápidos y homologados para la obtención de distintos servicios, que esto es un reclamo y un sentir muy profundo y muy constante por parte de la ciudadanía la facilidad para la apertura de sus empresas y mayor competitividad económica al mismo tiempo.
En ese mismo sentido, se plantea en este dictamen reformar el artículo 73 para dotar de la facultad al Congreso de la Unión de legislar en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias.
Este uso de mecanismos alternativos de solución, le permite que se asimile de mayor y con mayor profundidad el Sistema Nacional de Justicia en el país. Sin embargo a la fecha no existe unidad de criterios ni estándares mínimos aplicables en cuanto a la formación y los requisitos de certificación de mediadores y conciliadores.
Actualmente 23 entidades federativas ya cuentan con leyes que regulan los mecanismos alternativos de solución de controversias, sin embargo para que dichas leyes permitan un ejercicio eficaz y efectivo, se requieren criterios de homologación.
Justicia cívica e itinerante. Esta debe ser el detonante del encuentro de la ciudadanía con los conflictos menores que pueden ser resueltos por la autoridad de manera ágil y simplificada. Por ello esta iniciativa pone más en el relieve la falta de criterios homogéneos en los diseños normativos para las entidades federativas, por lo que se persigue dotar de facultades al Congreso de la Unión para emitir una ley general que establezca las bases y los principios que deberán observar los órdenes de gobierno distintos en el ámbito de su competencia en materia de justicia cívica e itinerante a fin de acercar, aproximar la justicia a la vida diaria y de manera más próxima a los ciudadanos.
Finalmente lo que tiene que ver con el tema de los registros civiles, que es un tema que importa a las entidades federativas, toda vez que el estado civil de las personas, de acuerdo al artículo 124 de nuestra Constitución, está reservado para legislarse en materia local y en materia estatal. No obstante a ello volvemos al mismo punto de homologar y equilibrar un lenguaje que sea para todos y todas en el país, en este tema.
La identidad es el umbral para garantizar el ejercicio de todos los demás derechos reconocidos en nuestra Constitución. De acuerdo con el diagnóstico elaborado por el CIDE, en México existe un alto índice de subregistro, así como de personas que no cuentan con documentos oficiales o con datos fidedignos, y esto dificulta al Estado proteger de manera eficiente y de manera certera el derecho a la identidad de la población, y garantizar así todos los demás derechos que se encuentran consagrados en nuestra Constitución.
La legislación que se expida deberá prever –de acuerdo a este dictamen– al menos, la obligación de trabajar con formatos accesibles de inscripción, con la estandarización de las actas de nacimiento a nivel nacional, medidas de seguridad física y electrónica, la posibilidad de realizar trámites con firmas digitales, de realizar consultas y emisiones vía remota, el diseño de mecanismos alternos para la atención de comunidades indígenas y grupos en situación de vulnerabilidad y marginación, mecanismos homologados de captura de datos, simplificación de procedimientos de corrección, rectificación y aclaración de actas.
Como ustedes lo observan, es un conjunto de iniciativas que tienen como centro la justicia en nuestro país, mejorarla, hacerla más eficiente, darle condiciones a los mexicanos y mexicanas para que se sientan más seguros y para que encuentren en sus causas y en sus anhelos, y en aquellos conflictos, el derecho otorgado por los tribunales y por el Poder Judicial para encontrar salida pronta a sus problemas. Sería cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputado Guerra Urbiola.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario, las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena; la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD; el diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y el diputado Edgar Castillo Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI.
En ese sentido tiene el uso de la tribuna la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Buenos días, compañeros diputados. Con su venia, señor presidente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma suprema de la nación. Es a través de ella que se expresan los principales valores de nuestra sociedad y se asientan las bases de nuestro sistema jurídico e institucional.
Debido a tan alta dignidad jurídica su modificación no es una tarea menor, pues previamente puede efectuarse un profundo análisis de los problemas surgidos de la realidad histórica, que desemboque en soluciones racionales y que respondan tanto a las necesidades de las generaciones actuales como de las futuras.
En esta tesitura, el dictamen a discusión parte del estudio de múltiples fenómenos que aquejan gravemente a nuestro país y propone como solución facultar al honorable Congreso de la Unión para expedir cuatro leyes generales, a efecto de establecer los principios y bases para la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en materia de métodos alternativos para solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante, así como el registro civil.
De manera común las medidas propuestas conllevan un beneficio doble, pues por partes se establecen a través de las leyes generales, plataformas homogéneas y armónicas para los tres niveles de gobierno; mientras que, en el ámbito local, se permiten en los Congreso de las entidades federativas se nutran de la normatividad estatal, atendiendo a las circunstancias particulares en su entorno geográfico.
Detallando las bondades específicas de cada una de las leyes a desarrollar, tenemos que al fomentarse el uso de métodos alternativos para la solución de controversias, además de contribuir a la despresurización del sistema judicial, se promueve la autocomposición de las partes, factor fundamental al menos de las recientes reformas de largo alcance en materia penal, mercantil y laboral.
Por lo que hace a la mejora regulatoria, en Encuentro Social estamos convencidos en que la expedición de tal y general elevará sustancialmente el nivel de seguridad jurídica de los gobernados, pues se contará con el marco jurídico claro, congruente y consistente desde la normatividad local hasta la Constitución General, haciendo de la norma un instrumento accesible no solo del perito en derecho, sino para la totalidad de los individuos.
Para cuando toca la materia de justicia cívica su regulación genera y resulta sumamente trascendente, pues asentará de manera común las bases mínimas de seguridad ciudadana en torno al urbano y así como la convivencia diaria.
Para lo que hace a la justicia itinerante, el tratarse de una de las principales responsabilidades del Estado se considera que la expedición de la norma general resulta muy oportuna a efecto de establecer las condiciones en las que se deberá participar el Estado y el uso de sus facultades soberanas para dictar la resolución judicial en aquella localidades que por sus ubicaciones geográficas no se encuentren con órganos jurisdiccionales instalados permanentemente.
Finalmente, en materia de registro civil, su regulación en el ámbito general permitirá como bien señala el dictamen, instrumentar el ejercicio del derecho humano a la identidad. Esto lo hará posible la optimización de procesos y subsanará la evaluación desigual de la actividad registral de las entidades federativas.
Por las bondades expuestas, este Grupo Parlamentario de Encuentro Social saludamos la letra y el espíritu del dictamen y ofrecemos no sólo votar a favor, sino además de coadyuvar a dar permanentemente lustre y vigor a las leyes generales que harán... de la vida jurídica mexicana. Es todo y cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada García Soberanes.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en esta ocasión quisiera referirme al dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan y modifican diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil. Lo anterior con la finalidad de facilitar aquellos mecanismos de impartición de justicia cotidiana.
Una de las mayores demandas de la población es la necesidad de una verdadera y eficaz impartición de justicia principalmente cuando nos referimos a temas no penales, razón por la cual el Ejecutivo federal presentó diversas iniciativas en materia de lo que se denominó justicia cotidiana.
Ante estas inquietudes y después de la realización de diversos foros de discusión sobre este tema, el Centro de Investigación y Docencia Económicas concluyó que era necesario fortalecer y fomentar la justicia alternativa en México, entendida como el conjunto de principios, procesos, disposiciones y medidas que se encaminan a resolver conflictos entre intereses distintos, por medio del arreglo extrajudicial.
En nuestro país se ha incrementado el uso de nuevos mecanismos de solución de controversias. Sin embargo, aún se carece de un criterio uniforme o estándares mínimos aplicables en cuanto a la formación y los requisitos de certificación que deben cumplir las personas que fungen como mediadores, facilitadores o conciliadores, o los efectos de los convenios que resultan de estos mecanismos alternativos. Eso es lo que se pretende, solucionar con este dictamen con el que coincidimos plenamente.
Uno de los impedimentos que lleva a miles de personas a no recurrir a los diversos métodos de impartición de justicia en materia no penales, es el elevado costo que implica un proceso judicial, así como el tiempo que suelen demorar dichos procesos. Ello aunado a la enorme percepción de corrupción.
En Nueva Alianza sabemos que para mejorar la impartición de justicia en el país es preciso innovar, es preciso unificar los mecanismos alternativos de solución de controversias. De hecho, como lo refiere el dictamen, el párrafo cuarto del artículo 17 constitucional ya menciona la obligación de regular esta materia, al señalar que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias.
En la materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.
A pesar de lo anterior, este Congreso carece actualmente de la facultad explícita para expedir una ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. Por eso es necesaria esta reforma.
De igual manera, se busca que el Congreso tenga facultades para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales, así como la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en materia de mejora regulatoria y de justicia cívica e itinerante.
En Nueva Alianza queremos contribuir a mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. Ese compromiso nuestro es impulso para aliarnos a propuestas como la que hoy se pone a consideración. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Saldívar Paz.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Esta Presidencia saluda a alumnos de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, Asociación Civil, de la delegación Cuauhtémoc, invitados por el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, sean bienvenidos todas y todos. Adelante, diputado.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su venia, presidente. En este país la justicia sigue siendo un grave problema. El acceso a la justicia para la mayoría de la población, una justicia muy retardada, pero además una justicia con un alto grado de corrupción.
Por eso esta reforma llega en un momento muy oportuno, es una reforma que en el primer tema se busca ampliar, de una manera que además de urgente es imperiosa, los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Es verdad, los mecanismos alternativos de solución de conflictos o de controversias hasta hoy están solamente regulados en el artículo 17 constitucional, en materia penal. Es una reforma que ayudará, precisamente, a lo que es fortalecer la cultura de paz.
Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, buscan o tienen como objetivo que entre un 40 o un 60 por ciento de conflictos se puedan resolver precisamente con ese tipo de mecanismos, sobre todo en materia penal.
En consecuencia, en materia civil, en materia familiar y en otro tipo de materia es muy necesario que se pueda regular. Por ejemplo, en el 2013 nos dicen las estadísticas del Inegi, que los conflictos o la litigiosidad en materia familiar era de un 35 por ciento, en materia civil un 30 por ciento, en materia mercantil un 20 por ciento y al final, la materia penal un 13 por ciento. Esto significa que la mayoría de los tribunales tienen y están colapsados en otras materias, no nada más en la penal.
En consecuencia, es importante que se establezcan estos mecanismos, para que la mayoría de los ciudadanos tengan la posibilidad y la facilidad de acudir a un nuevo tipo de justicia, que puede ser rápida y expedita.
Por ejemplo, la justicia alternativa en las entidades federativas, también en el año 2013, nos dice que de 137 mil asuntos, aproximadamente, el 35 por ciento correspondían a la materia familiar y se resolvieron por este tipo de mecanismos. El 31 por ciento en la materia civil y en la materia mercantil el 18 por ciento.
Por eso es importante que los mecanismos alternativos puedan regularse a nivel federal, en una ley general. Y lo son porque precisamente se requiere homologar los procedimientos, la capacitación en los tres órdenes de gobierno, además de que se certifiquen a mediadores, facilitadores o conciliadores.
Los diputados ciudadanos apoyamos esta reforma de justicia cotidiana porque creemos que la justicia que hoy rige en el país necesita un cambio y una transformación profunda.
En el mismo sentido, la mejora regulatoria también es muy necesaria. Es importante que se incluya política de revisión normativa de simplificación y homologación nacional de trámites, así como medidas para facilitar la creación y esclarecimiento de empresas.
Es decir, se requiere una mejora regulatoria donde la sociedad tenga menores costos posibles en lo que son los trámites administrativos.
Por otra parte, hablando también de justicia, el problema presupuestal, hasta hoy ha tenido graves problemas en que la justicia itinerante sea una realidad. Por eso también esta reforma ayudará a que la justicia cívica itinerante pueda ir a lugares más lejanos y en las comunidades con más lejanía de centros de administración de justicia como los hay ahora.
Es importante que la justicia itinerante implique realización de trámites, servicios administrativos, así como la resolución efectiva y pronta de conflictos que se presenten en una determinada comunidad.
Por último, con respecto a lo que son los registros civiles, pues en este país ya es un derecho el derecho a la identidad, pero existe una serie de problemática para que todos los registros civiles tengan infraestructura moderna y los registros sean ágiles, etcétera.
Por eso esta reforma viene a ayudar a que haya, a nivel nacional, la obligación de todos los registros civiles de que tengan formatos accesibles de inscripción, estandarización de actas a nivel nacional, medias de seguridad física y electrónica, la posibilidad de realizar trámites con firmas digitales, realizar consultas y emisiones vía remota, el diseño de mecanismos alternos para la atención de comunidades indígenas y grupos en situación de especial vulnerabilidad y marginación.
En consecuencia, y en conclusión, los diputados ciudadanos creemos que esta reforma constitucional ayudará para que los ciudadanos tengan una mejor justicia. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Sánchez Orozco.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, compañero presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, una de las grandes aspiraciones de la ciudadanía es la optimización de trámites y servicios que el gobierno brinda a los ciudadanos. El Estado debe garantizar que haya una mejora constante, a fin de que todas las personas tengan acceso a mecanismos o formas sencillas para solicitar y obtener de las autoridades soluciones rápidas y adecuadas a sus problemas que se presentan de manera cotidiana.
El orden jurídico de nuestro país cuenta con leyes y ordenamientos en el ámbito federal, estatal y municipal, pero tiene que haber leyes generales que establezcan competencias para los tres órdenes de gobierno.
Únicamente se han emitido leyes nacionales, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene como propósito establecer criterios únicos en todo el país, que permitan la impartición de justicia de manera uniforme y evitar que la diferencia de criterios en el Poder Judicial sea un elemento que incline la balanza hacia un lado, con el riesgo de provocar una decisión injusta.
El dictamen que se discute toma en cuenta cuatro iniciativas del Ejecutivo Federal y una más del Legislativo, cuyo propósito era muy similar. Por esta razón, la Comisión de Puntos Constitucionales formuló un en solo dictamen el proyecto de decreto que se pone a consideración en este único acto.
En muchas ocasiones es necesario ofrecer alternativas para la resolución de conflictos, sin necesidad de llegar ante las autoridades judiciales y tener la posibilidad de llegar al arreglo extrajudicial en un marco legal.
A la fecha, los legisladores no podemos plantear un procedimiento en una ley que permita esta posibilidad, simple y sencillamente porque el artículo 73 de nuestra Constitución Política, no nos otorga las facultades para legislar en esta materia.
Con esta reforma estaremos en posibilidad de legislar para armonizar diversos ordenamientos, como es el caso de la legislación en materia de registro civil. Además, las disposiciones transitorias nos obligan a legislar en un periodo máximo de 180 días para emitir las leyes que establezcan los mecanismos de solución de controversias en diversas materias para evitar llegar a los tribunales.
Se pueden resolver muchos conflictos fuera de los juzgados, prueba de ello son las reformas que recientemente se votaron en el periodo extraordinario dentro de la miscelánea penal para evitar que muchos adolescentes lleguen a procesos judiciales por fallas menores.
También tenemos como ejemplo, los casos de conflicto que se han resuelto a través de la conciliación en algunas entidades federativas, entre las cuales está la Ciudad de México. Morena, votará a favor este dictamen porque con las modificaciones constitucionales vemos con claridad que el beneficio directo será para la ciudadanía al mejorar los mecanismos para la impartición de justicia. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Caballero Pedraza.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Lorena Corona Valdés de. Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Lorena Corona Valdés: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados, reformar la Constitución no es tarea simple, deviene del análisis serio, objetivo y profundo de su estructura y sistematización para entender si es o no necesaria su modificación. En las últimas semanas nos hemos visto inmersos en intensos debates al seno de la comisión, buscando siempre lo mejor para México.
Legisladores, recibimos cuatro iniciativas del Ejecutivo federal en el marco de las reformas estructurales aprobadas en este sexenio y de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y de su eje rector México en Paz, y de diversos foros realizados en el CIDE y de su informe de resultados de los foros de justicia cotidiana. Cuatro iniciativas que están debidamente analizadas en el dictamen que estamos votando y que permitirán al Congreso legislar en estas materias.
La primera se refiere a los mecanismos alternativos de solución de controversia. Con esta reforma se busca cambiar el paradigma de la justicia dictada por órganos judiciales y propiciar una participación más activa de la ciudadanía en las formas de relacionarse entre sí, en las que se privilegie la responsabilidad personal y el respeto al otro y a la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo.
La segunda es la reforma para legislar la materia de mejora regulatoria, la que permitirá generar, entre otros, un mejor ambiente económico que propicie la competitividad nacional, la plena satisfacción a los principios de transparencia, la participación ciudadana, la responsabilidad pública, la rendición de cuentas y eficiencia en la acción gubernamental.
La tercera iniciativa es la relativa a la justicia cívica e itinerante, la cual juega un papel importantísimo en la prevención de conflictos, pues establece las reglas mínimas de comportamiento y de convivencia armónica.
El concepto de justicia ha estado asociado a la necesidad de contar con espacios físicos que permitan a los jueces atender y resolver los conflictos que se le presentan. Durante mucho tiempo esta idea se ha encontrado con el inconveniente de la insuficiencia presupuestal y de la lejanía en la que se encuentran muchas comunidades de los centros donde se administra y donde se imparte la misma. Es tiempo de terminar esta problemática y de acercar la justicia a las personas.
Como cuarta reforma tenemos la materia en registros civiles. No podemos dejar de considerar que el principal mecanismo a través del cual el Estado garantiza el derecho de identidad es la inscripción del registro de los recién nacidos en el registro civil. De ahí la relevancia y necesidad de contar con el acta de nacimiento que lo acredite.
El objetivo de esta reforma es proteger eficiente y certeramente el derecho a la identidad y el derecho a la personalidad. Si bien es cierto se trata de cuatro iniciativas con objetivos diferentes, no es menos cierto que se trata de una misma forma de entender al federalismo.
Las reformas que presenta el Ejecutivo por su relevancia y necesidad social, constituyen una excepción a la autonomía legislativa de los estados ya que su importancia demanda cambios constitucionales, los cuales tienen la siguiente finalidad: el fortalecimiento del Estado de derecho; la homologación del sistema de justicia en todo el país; la agilización de los procesos judiciales y administrativos; la transparencia y legalidad de los involucrados en el debido proceso; el establecimiento de criterios homólogos a lo largo y ancho del territorio nacional, y sobre todo que ofrecerá oportunidad y eficacia de las normas al ciudadano.
Considero que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como norma suprema de nuestro sistema jurídico, debe de ser respetada y no ser modificada a la ligera, pero también creo firmemente que la norma fundamental debe ajustarse a la nueva realidad social, política y económica del país, y en este caso resulta procedente su modernización como una excepción a la autonomía legislativa de los estados.
Hoy nos encontramos ante la necesidad de hacer una valoración integral de la norma, y por ello votaremos a favor de que el Congreso goce de estas nuevas facultades en consideración al fin máximo de la sociedad que es el bien común, y a la realidad social. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Corona Valdés.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.
El diputado Omar Ortega Álvarez: Con la venia de la Presidencia; legisladoras y legisladores, el dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales que versa sobre los mecanismos alternativos de solución a controversias, la mejora regulatoria, la justicia cívica e itinerante y sobre el Registro Civil, pretende resolver el enorme rezago que padecen nuestras instituciones de justicia en lo general; también pretende resolver de manera particular, lo que atañe a diversos aspectos de la justicia cotidiana y a los vicios e inercias negativas, y se reproducen sistemáticamente en los primeros espacios de contacto entre la autoridad, principalmente a nivel local con los ciudadanos que tienen que ver con un vasto entramado burocrático que entorpece la administración de justicia de primer nivel y la actuación de la administración pública, con enredados laberintos procedimientos legales y trámites administrativos de diversa índole. Estas instancias de gobierno lejos de resolver con prontitud las demandas y solicitudes ciudadanas, practican una verdadera tortura burocrática, que favorece la corrupción y la ineficacia administrativa que hacen nugatorios los derechos ciudadanos más elementales, desalientan la inversión pública y privada e inhiben el desarrollo individual y colectivo.
Aquí la crítica es dura para el Estado mexicano, porque la justicia de primer nivel y las ventanillas de cualquier instancia de gobierno, se han convertido en un lastre para los ciudadanos porque con su ineficacia, su ineptitud y su corrupción, sólo atienden a sus intereses particulares y se atropella el bienestar colectivo.
Por ello, consideramos, a partir de este diagnóstico, que es preocupante, que es de gran importancia profundizar en el reconocimiento de otros medios de solución de controversias.
Por ello, es necesario que aprobemos este dictamen que nos proporcionan un piso normativo en estas materias, para que posteriormente impulsemos una serie de acciones legislativas que le den vida a una legislación que permita, en un corto plazo, a través de las leyes generales, que son materia del presente dictamen, que proveen una serie de criterios y principios mínimos que obliguen a las entidades a elevar sus estándares sobre Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, mejor conocidos como MASC, sobre la debida mejora regulatoria para la administración pública, la justicia cívica e itinerante, así como a la modernización de los registros civiles de cada entidad, que se encuentran inmersos en un rezago altamente preocupante.
También queremos reconocer la labor conjunta de académicos, investigadores y de instituciones académicas como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CIDE, y otras más que fueron impulsoras fundamentales de los diálogos y foros que fueron organizados para darle una forma ordenada, colectiva y consensuada a la discusión que fue detonante del debate público que aterrizó en éstas y otras ideas que enriquecieron estas iniciativas, cuyo dictamen estamos hoy discutiendo, por lo cual, nuestro voto será de manera favorable. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ortega Álvarez.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, el diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Fernando Antero Valle: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, a través de la dictaminación conjunta de diversas iniciativas que se ponen hoy a consideración de esta asamblea, se plantea reservar una serie de competencias. Sobra decir que son muy atinadas y además muy necesarias a favor del Congreso General para legislar de manera única en determinadas materias.
A través de la figura de las denominadas leyes generales previstas en nuestro ordenamiento jurídico se establece un sistema de distribución de competencias, el cual pondrá en marcha una mejor coordinación entre autoridades en diversas materias, tales como: mejora regulatoria, justicia cívica itinerante, mecanismos alternativos de solución de controversias y registros civiles.
Uno de los objetivos de la mejora regulatoria es la simplificación del ordenamiento jurídico para hacerlo de forma asequible y entendible para el gobernado sin menoscabo de la actividad regulada sin excesos, todo ello de regulación.
Hoy en día todos sabemos que en los tres órdenes de gobierno existe una dispersión normativa, todo sobre regulación, todo sobre duplicidad normativa y es por ello que se hace muy necesario hacer frente a esta problemática en favor del ciudadano.
Con este dictamen se establece que por mandato constitucional se exige a todos los órdenes de gobierno el implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de trámites, servicios y marco normativo que resulta ya ocioso para empresarios y para particulares.
Con la atribución al Congreso al Congreso General para establecer la Ley General en materia de mejora regulatoria se robustecen las instituciones, se fortalecerá el Estado de derecho y, sobre todo, se generará seguridad jurídica al gobernado al haber leyes y trámites simples, claros y de fácil cumplimiento.
La orografía del territorio mexicano es vasta e irregular, a afortunadamente contamos con una extensa variedad de ecosistemas y microclimas que han hecho que los asentamientos humanos se encuentren dispersos tanto en centros urbanos como en comunidades rurales e incluso pequeñas poblaciones remotas y también muy aisladas. Estos asentamientos han hecho que por diferentes factores el acceso a la justicia no sea asequible para muchas personas al encontrarse cerca de los impartidores de justicia.
Con la atribución para establecer la Ley General en materia de justicia cívica e itinerante por parte del Congreso General se pretenden establecer los principios y bases a los que deberán sujetarse los tres órdenes de gobierno en dicha materia, a efecto de llevar a las comunidades más apartadas la justicia cívica y así solucionar conflictos menores y dar una adecuada atención y solución oportuna y temprana a nuestros connacionales más alejados del país.
Por lo referente al presente dictamen a la justicia alternativa, hay que señalar que hoy en día desafortunadamente no existe unidad en criterios de procesos ni procedimientos en el establecimiento de los mecanismos alternativos en la Federación, lo que ha redundado en una disparidad de alternativas de solución en cada uno de los estados que han empezado a crear confusión y disparidad de criterios a seguir en la Federación y asimismo en cada uno de los estados.
El dictamen establece, atento a la iniciativa que da origen, la competencia para que el Congreso expida la Ley General en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, lo que permitirá sentar las bases necesarias e indispensables para que la Federación en conjunto regule y aplique estos mecanismos sobre la base de una política de Estado coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, así como el homogéneo y sistematizado que evite la dispersión normativa y criterios encontrados o incluso inseguridad jurídica en el marco legal.
Finalmente, se establece además la atribución al Congreso para establecer la Ley General que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros civiles, con lo cual se pretende fortalecer los procedimientos y los procesos para la expedición de documentos de reconocimiento por parte del Estado mexicano, al derecho de identidad de todas las personas.
El dictamen que hoy nos presentan trae consigo muchos beneficios al país, y no se trata de arrogar atribuciones al Congreso sin una causa justa, sino al contrario, compañeras y compañeros diputados, de armonizar mediante criterios generales un mejor acceso a la justicia y a la propia regulación.
Por lo anteriormente expuesto, Acción Nacional estará votando a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Antero Valle.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, el diputado Edgar Castillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Edgar Castillo Martínez: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la materia que estamos posicionando en esta tribuna son de vital importancia para la vida jurídica de México, en su conjunto los tópicos que nos ocupan quedan agrupados en lo que el presidente Enrique Peña Nieto ha denominado justicia cotidiana, forma parte de un paquete de iniciativas de las cuales se ha aprobado una más y el día de hoy esperemos se aprueben cuatro.
La iniciativa del Poder Ejecutivo considera necesaria las modificaciones al texto constitucional, particularmente reformando o adicionando fracciones del artículo 73, para que el Congreso de la Unión expida leyes generales en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil, buscando con ellas exista una regulación general nacional que establezca principios y bases que regirán en el país, permitiendo homogeneizar ordenamientos y criterios, protegiendo los derechos humanos de las y los mexicanos, así como lograr que las atenciones recibidas por parte de los servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno sean mejores y más efectivos, impactando en la confianza de las instituciones públicas, pero, sobre todo, en el bienestar de las personas.
La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional emitirá su voto a favor del dictamen, haciendo suyos los argumentos presentados por el Ejecutivo federal, quien apegado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla la estrategia para hacer de México una sociedad de derechos, en donde los mexicanos tengan acceso efectivo a todas las prerrogativas que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, específicamente, el eje denominado México en paz, mismo que propone la consolidación de un Estado democrático a través de instituciones sólidas e incluyentes que aseguren el respeto y garantía de los derechos humanos, y dicho propósito sea obligado para todas las autoridades como una práctica cotidiana.
Asimismo dicho Plan Nacional establece como una de sus metas nacionales para alcanzar un México próspero, garantizar la emisión de reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.
Para lograr el texto de las iniciativas que hoy se presentan como proyecto de decreto, se tomó en cuenta al Centro de Investigación y Docencia Económica, por sus siglas CIDE; al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; así como la opinión vertida en la instrumentación en el año 2015, de los denominados: Diálogos por la justicia cotidiana, con la participación de más de 140 juristas, académicos y representantes de la sociedad civil.
Con lo anterior, el Poder Ejecutivo federal planteó las iniciativas de mérito, buscando los siguientes propósitos fundamentales.
Primero. En materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. Que el Estado facilite a las personas mecanismos alternativos sencillos, ágiles y confiables, para obtener una solución expedita y adecuada a sus problemas y controversias en materias diversas al ámbito penal y sin necesidad de recurrir a instancias jurisdiccionales, con retraso en tiempo y los consabidos gastos que ello genera.
Segundo. En materia de mejora regulatoria. Contar con una ley general integral, que facilite un mejor ambiente económico y además propicie la competitividad nacional, satisfaciendo los principios de transparencia, la participación ciudadana, la responsabilidad pública, la rendición de cuentas y la eficiencia en la acción gubernamental, involucrando, desde luego, a los distintos órdenes de gobierno.
Tercero. En materia de justicia cívica e itinerante. Facultar al Congreso para expedir una ley general en la materia, que establezca las bases y principios que adoptarán las autoridades en los tres órdenes de gobierno en materia de justicia cívica, la cual además tendrá como objeto recobrar la confianza ciudadana y acercar a las personas los órganos de impartición de justicia, previendo desde luego la denominada asistencia temprana, los mecanismos alternativos de solución de conflictos y justicia cívica.
Cuarto. Finalmente en materia de registro civil y en concordancia con la redacción del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento.
Es necesario facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general que armonice y estandarice formatos, prácticas, simplificación de procedimientos de corrección, rectificación y aclaración de actas, así como utilización de técnicas para resguardo y consulta, desde luego, con la atención a los grupos vulnerables.
En conclusión, compañeras diputadas y diputados, la fracción parlamentaria que represento respalda el sentido del dictamen presentado al conservar la esencia de las iniciativas presentadas por el presidente de la República y sustentadas en los motivos y argumentos defendidos.
Con estas reformas consolidamos una justicia más eficaz, accesible y de calidad para todas y todos los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Castillo Martínez. Esta Presidencia saluda a alumnos de la Universidad Milenium, plantel Ixtapaluca, del estado de México, invitados por el diputado David Gerson García Calderón. Igualmente saludamos a alumnos del Centro de Estudios Intercontinental de Silao, de la carrera de derecho, invitados por el diputado Miguel Ángel Salim Alle.
Saludamos la presencia, en este salón de sesiones, de la atleta Ana Laura González, originaria de Manzanillo, Colima, quien se ha distinguido a nivel mundial por su participación en la categoría juvenil en un sinnúmero de competencias de surfing. Invitada por el diputado Virgilio Mendoza Amezcua, deseándole más éxitos en su carrera deportiva.
Informamos a la asamblea que no se han reservado artículos para discutirlos en lo particular. En tal virtud y de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Algún diputado o alguna diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o alguna diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputada. Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se emitieron 414 votos a favor, por lo tanto es mayoría calificada, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular, por 413 votos el proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de accesibilidad.
En tal sentido, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Kathia María Bolio Pinelo, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Kathia María Bolio Pinelo: Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla en seguida. Con el permiso de la Presidencia. Los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables presentamos un dictamen que confirma y reconoce el derecho humano de acceso de las personas adultas mayores a las tecnologías de la información y comunicaciones y que a continuación expondré.
En un mundo como el nuestro, en el que las nuevas tecnologías permiten transmitir datos e información digitalizada en forma simultánea por todas partes, es preciso incluir a las personas adultas mayores en este proceso transformador e innovador de las comunicaciones.
Hacerlos parte y partícipes del acceso a la información remota, a la comunicación de persona a persona, al uso de imágenes, vídeos, videoconferencias, animaciones, correos electrónicos, hipervínculos, juegos interactivos, investigaciones de diversas fuentes, así como la manifestación libre de sus ideas y pensamientos.
Sin duda es necesario prepararlos y capacitarlos para aumentar su comprensión, relación, habilidad, destreza y pericia en el uso moderno de dispositivos y aparatos digitales como medios de comunicación, permitiendo con ello que interactúen en una forma más eficaz y eficiente con dichos medios para que mejore la comunicación con sus semejantes.
Consideramos con todo ello que es responsabilidad y obligación del Estado mexicano que debe tomar en cuenta a nuestros adultos mayores para constituir así una política social de prioridad, en consonancia con el segundo y tercer párrafos del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información pública plural y oportuna. Este derecho constitucional del cual gozan las personas adultas mayores, es el denominado derecho a la información.
Hay que sumar, hay que sumar a las personas adultas mayores a la sociedad de la información digital, a la red global para así, dicho sector social, participe en forma igualitaria y equitativa al desarrollo y progreso integral de nuestra nación, pero además, y a mayor abundamiento, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación les permitan mejorar a los adultos mayores sus desenvolvimiento y desarrollo psicosocial, emocional, intelectual, autonomía y seguridad en sí mismas.
De aprobarse esta iniciativa se sentarían las bases para desarrollar las actividades que permitan que se revierta el llamado analfabetismo tecnológico, así como el estigma social acerca de que dicho sector de nuestra población se ha quedado aislado ante la existencia de nuevas tecnologías y su acelerado desarrollo y el cambio vertiginoso que a todos nos envuelve.
En últimas fechas se ha acrecentado en forma considerable el uso de las computadoras, teléfonos celulares, las redes sociales, entre otros sectores, lo que implica que perciban de manera diferente el entorno que los rodea y que se adaptan con mayor facilidad a la nueva realidad virtual.
Podemos encontrar beneficios secundarios en esta promoción del uso de las tecnologías. Los adultos mayores tendrían una mayor agilidad mental, la cual derivará en una mejor mayor calidad de vida y felicidad, y ayudando a evitar enfermedades como el Alzheimer, entre otras patologías derivadas de la mente y la edad.
Las personas adultas mayores deben gozar de derechos accesibles a las tecnologías de la información, comunicación e internet, ya que estas favorecen su plena integración a la sociedad, y así lograríamos una mayor empatía con el mundo que los rodeas, sin que exista discriminación e intolerancia hacia los adultos mayores.
Por lo tanto la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de la cual soy integrante, considera imperioso e indispensable modificar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para que en primer término dicho ordenamiento jurídico se encuentre en armonía con la Carta Magna. Vamos a garantizar el acceso a las tecnologías y a las comunicaciones, incluido el internet.
Solicitamos se establezca el concepto de accesibilidad, entendido como aquel que comprende medidas pertinentes para asegurar el acceso de personas adultas mayores en igualdad de condiciones con los demás.
Por lo que en virtud de lo anteriormente asentado, esta Comisión de atención a Grupos Vulnerables les invita, les pie votar a favor del presente dictamen que es trascendente para el beneficio, provecho y disfrute de nuestros adultos mayores. Muchas felicidades a la diputada Arlette Muñoz Cervantes, por esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente, con su permiso.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputada Bolio.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos la diputada Ana Guadalupe Perea Santos.
Esta Presidencia saluda la presencia de alumnos de la escuela primaria Seguro del Maestro, Unidad Ermita Iztapalapa, invitados por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano.
Igualmente, saludamos la presencia de alumnos de la Universidad, Univer Milenium, plantel Ixtapaluca del estado de México, invitados por el diputado David Gerson García Calderón. Bienvenidos. Adelante, diputada.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, estamos comprometidos con fortalecer el nivel y la calidad de vida de nuestros adultos mayores, la falta de políticas públicas adecuadas para enfrentar, de mejor manera, la problemática de envejecimiento junto con un débil sistema de seguridad social, son las causas de exclusión en la población mayor de 60 años y más.
Tal situación nos obliga como integrantes del Congreso de la Unión a legislar en favor de los adultos mayores, quienes requieren y exigen programas y políticas sociales que atiendan de manera integral sus necesidades para superar sus carencias y asimetrías.
Al respecto, resulta preocupante el desfase tecnológico que sufren millones de mexicanos de la tercera edad, quienes no cuentan con acceso a las tecnologías informáticas, ya sea por falta de recursos económicos o por desconocer su funcionamiento y operación.
Como sus representantes populares y herederos de su generación, estamos llamados a garantizarles elementos tecnológicos que explican el mundo actual, como computadoras, tabletas electrónicas, teléfonos inteligentes e internet, a través de programas para capacitar y facilitar su uso, de preferencia gratuito y en lugares públicos.
Si bien es cierto, hoy día el Instituto Nacional de las Personas Adultas mayores ya tienen operación-programas para la impartición de cursos básicos de computación e internet. Estos resultan insuficientes para atender la creciente demanda de su población.
En el sentido resulta pertinente la aprobación del dictamen que ahora nos ocupa para reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con la finalidad de apoyar a la integración tecnológica de los mexicanos mayores de 60 años y más.
De igual manera se dispone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantice el derecho de los adultos mayores a acceder a las tecnologías informáticas, como el internet y la banda ancha.
Pr último, el Inapam deberá establecer acciones para propiciar el aprendizaje de conocimientos que permitan a los adultos mayores tener acceso a las tecnologías de la información y comunicación.
En razón de lo anterior, por tratarse de un dictamen cuyo contenido habrá de favorecer el desarrollo e inclusión social de nuestros adultos mayores al mundo actual, en Encuentro Social habremos de votar a favor. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Perea. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Ángel García Yáñez.
El diputado Ángel García Yáñez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el recurso más importante con que cuenta un país es su población. En este sentido la razón principal de ser del Estado es su bienestar, en aras de que todos los ciudadanos gocen de un nivel de vida digno.
La estructura de la población mundial está sufriendo cambios significativos, entre ellos el proceso de envejecimiento, y México no está exento de este fenómeno. Las proyecciones oficiales indican que la proporción de niños y jóvenes será cada vez más menor. Se estima que en nuestro país viven alrededor de 11.7 millones de personas de 60 años y más, quienes representan el 9.7 por ciento de la población total.
Más allá, 27 de cada 100 hogares están integrados por al menos una persona de 60 años y más, 6 millones de hogares tienen un adulto mayor como jefe de familia y 1 millón más están habitados por adultos mayores que viven solos.
Como podemos observar, los adultos mayores constituyen un sector en crecimiento. Hoy en día no solo hay más personas mayores que en épocas pasadas, sino también viven más. Es decir, la esperanza de vida se ha incrementado. Todo ello representa nuevos retos para el país, el gobierno y la sociedad.
Para Nueva Alianza propiciar las mejores condiciones para que puedan disfrutar de una vida digna y tranquila, es nuestro compromiso, por ello coincidimos con el dictamen de la Comisión de Grupos Vulnerables por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de los Derechos de Personas Adultas Mayores, en materia de accesibilidad.
El objetivo es incluir el término de accesibilidad como parte de los principios rectores en la observación y aplicación de la ley. De esta manera se promueve su accesibilidad a la tecnología de la información y la comunicación, incluido el internet y banda ancha.
De igual manera, consideramos pertinente que se establezcan programas que propicien el aprendizaje de habilidades y conocimientos para el manejo de herramientas que permitan a las personas adultas mayores su acceso a dichas tecnologías de la información y comunicación.
Con acciones afirmativas como estas se les permite desarrollar su actividad mental y de esta manera evitar enfermedades degenerativas de la mente, coadyuvando a que tengan una mejor calidad de vida. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado García Yáñez. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola.
La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Posicionamiento al dictamen de Grupos Vulnerables, en materia de acceso a las tecnologías. Muchas gracias, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas.
Las personas de la tercera edad son sin duda uno de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad de la población. Si a ello le agregamos el avance estrepitoso de la tecnología, que desde luego implica una desventaja para dicho sector, a quien esta ha llegado a invadir su vida cotidiana.
Tal es el caso de la computadora, lo cual obliga al Estado a establecer acciones afirmativas, de tal suerte que se reduzca la brecha de desigualdad en materia de uso de la tecnología entre el grupo de la tercera edad y las nuevas generaciones.
En este sentido, los integrantes de la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados hemos trabajado de manera conjunta con nuestro presidente, el diputado Luis Fernando Mesta Soule, para buscar los mecanismos que permitan el acceso pleno de las personas de la tercera edad al uso de las nuevas tecnologías.
Así también mi Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano votará a favor de todos y cada uno de los dictámenes que favorezcan el desarrollo y la inclusión de los grupos vulnerables, como es el caso del presente dictamen que busca reforzar la ley, incorporando el acceso a las nuevas tecnologías de la información, comunicación y banda ancha para el grupo de la tercera edad.
Concluyo con esta reflexión. Somos capaces de aprender, en ello no existe edad, solo las ganas y la voluntad de hacerlo. Muchas gracias. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Garzón. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la tribuna la diputada Irma Rebeca López López.
La diputada Irma Rebeca López López: Con su venia, señora presidenta. El porcentaje de personas mayores cada vez es mayor respecto al resto de la población del número de adultos mayores, excederá por primera vez al de la población infantil del 2045. Tanto el gobierno como la ciudadanía se tienen que preparar para esto.
Hay que aclarar que dentro de este grupo etáreo hay una gran diversidad, aún y cuando existan patrones generalizados. Hay una tendencia a equiparar la situación de las personas mayores con la discapacidad y la independencia.
Es cierto que conforme envejecemos los procesos generativos se acentúan, lo cual puede ocasionar diferentes tipos de discapacidades y puede aumentar la prevalencia de situaciones de dependencia. Sin embargo, eso no significa que sea así en todos los casos.
A pesar de esto, los adultos mayores se están adaptando cada vez más al mundo digital. El 34 por ciento de los usuarios de Internet mayores de 65 años de edad usan sitios de redes sociales, como Facebook y el 18 por ciento lo hacen en un día normal.
Cerca de los 50 años muchas personas experimentan deficiencia de visión, audición y destreza, que pueden afectar su acceso a la tecnología, pero también presentan algunas características propias que no están asociadas a una discapacidad, como ejemplo, la situación económica, ya que las personas mayores suelen tener un menor poder adquisitivo y también suelen estar menos dispuestas a aceptar cambios, en parte su reducción de la memoria reciente.
La computadora es una herramienta que les ofrece a los adultos mayores enormes beneficios, como medios de Internet, de interacción social y cultural, entretenimiento, actividades laborales y formación.
Con este instrumento el adulto mayor se puede relacionar, formarse, comprar, vender, realizar, tramitar y llevar a cabo otras actividades, a pesar de tener algún tipo de incapacidad que le impida el movimiento. Con la computadora se terminan los problemas de distancia, horario y cambio, otros inconvenientes que son resultado de su edad.
Estas tecnologías permiten a los adultos mayores aumentar su desarrollo individual y social, así como optimizar su calidad de vida desde los puntos de vista técnico, económico, político y cultural.
Las aplicaciones de Internet, como el correo electrónico y el acceso en línea a recursos de información les proporcionan ventajas particulares, pues el dominio de estas habilidades aumenta su nivel de autoestima.
En la actualidad es en el Internet donde hay más información a disposición de los usuarios, basta dar un click para que aparezcan cientos de archivos, bibliotecas y bases de datos de diversas formas, lo que permite que el adulto mayor se mantenga informado, actualizado y forme parte de una sociedad en constante evaluación sin sentirse marginado.
Uno de los mayores beneficios que el uso de la tecnología proporciona a este grupo es que lo ayude a superar el miedo a la sociedad y al aislamiento de sus familiares. En el ciberespacio aumenta su posibilidad de interactuar y su autonomía personal y social. El uso creciente de las computadoras, del Internet ha transformado profundamente las vidas de los adultos mayores en cuanto a su solidad, posibilidades de entretenimiento entre otras cosas.
El conocimiento de la información no solo compensa la disminución de las capacidades físicas y mentales relacionadas con la edad. También desempeña un papel importante en la prolongación de la vida independiente y el mantener su estándar de vida.
El derecho de las personas a la información y a la comunicación nos hace compartir la idea de que el acceso pleno de las personas adultas mayores a la información y a las nuevas tecnologías debe tener como finalidad favorecer su integración social y mejorar su calidad de vida.
Es por esto que en Morena votaremos a favor de este dictamen para que la informática sea un recurso accesible y fácil de manejar por el adulto mayor, el de hoy el de mañana. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada López López.
Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Erika Irazema Briones Pérez.
Esta Presidencia saluda la presencia de alumnos de la escuela INACE, plantel del municipio de Acambay, del Estado de México. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, diputada.
La diputada Erika Irazema Briones Pérez: Gracias. Con su venia, presidenta. Compañeros diputados y diputadas, los cambios demográficos por los que atraviesa nuestro país deben ser atendidos de manera inmediata con un enfoque prospectivo. No podemos esperar a que seamos una nación donde el porcentaje de personas adultas mayores crezca sin establecer antes una serie de cambios en nuestros marcos jurídicos.
El Grupo Parlamentario del PRD siempre ha manifestado su interés por mejorar las condiciones en las que viven las personas adultas mayores. Es por eso que vemos reflejada una propuesta y acciones gubernamentales. Todo dictamen, iniciativa o punto de acuerdo que se presente en esta tribuna y que tenga la vocación e interés de mejores derechos y mejores políticas públicas a favor de este sector ha de contar con el respaldo de la bancada del PRD.
Tenemos un compromiso constante con las personas adultas mayores, este grupo que más lo necesita. Hemos destacado propuestas donde se brinden mayores oportunidades en el ámbito laboral. También para la procuración de crear residencias de día a efecto de que no se pierda su lazo familiar y quede en el abandono. Otra de ellas es el de garantizar a los ciudadanos que estos sean adecuados y lejos de tratos que engloben discriminación y violencia.
Este día se nos presenta un dictamen en materia de accesibilidad para las personas adultas mayores y es que de manera cotidiana ellos se enfrentan a diversas limitantes físicas, psicoemocionales y sociales. Las limitantes sociales son producto de la cultura de la exclusión que como sociedad hemos establecido.
Debemos aprovechar estas iniciativas para dar un mensaje a quienes representamos, para dar conciencia acerca de nuestros adultos mayores. Pero también debe servir como un mensaje de respaldo, como en esta ocasión, con el dictamen que se presenta por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en materia de accesibilidad.
En esta propuesta consideramos viable y necesario establecer una definición adecuada con los instrumentos internacionales que velan por los intereses de este sector. Debemos de considerar los ajustes razonables, necesarios para garantizar una etapa plena de acuerdo a sus condiciones. Debemos de ser conscientes de los factores que hacen los adultos mayores y que sean un grupo en condiciones de vulnerabilidad.
Con el presente dictamen se busca garantizar la accesibilidad mencionada y la integración de las personas adultas mayores a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el Internet y banda ancha, inclusive con estos medios se puede facilitar la inclusión social, laboral y económica.
En el PRD votaremos a favor del dictamen reflejado en ello, para así demostrar nuestro compromiso y responsabilidad que es velar por los intereses de las personas adultas mayores. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Briones. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes.
La diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes: Con su venia, diputada presidenta; compañeros y compañeras, diputados, el día de hoy la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y la de la voz, en mi calidad de promovente de la iniciativa que aquí se dictamina, ponemos a su consideración el presente dictamen que busca ampliar la protección de un grupo vulnerable, que lamentablemente continúa viviendo en el rezago y en el olvido, nuestros adultos mayores.
Y es que a pesar de los instrumentos que hoy existen para garantizar la protección de sus derechos, como lo es la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la realidad refleja que muchos de estos grandes padres y extraordinarios abuelos a quienes debemos la vida, viven en condiciones de marginación, exclusión y en muchos casos de abandono.
Lo anterior expresa que en nuestro país aún prevalece una atención precaria a sus necesidades y escasas políticas públicas que permitan reducir el impacto de las desventajas fisiológicas y sociales que se presentan con la edad.
A estas barreras culturales y sociales que no hemos podido superar como sociedad, se suma un factor que debemos considerar, la tendencia poblacional de nuestro país que apunta el incremento notable de este sector en las próximas décadas. Se estima que en los próximos 30 años esta composición se modificará profundamente y la población de adultos mayores en nuestro país representará más del 21 por ciento del total de los mexicanos.
No debemos olvidar que es responsabilidad de las instituciones promover la máxima protección de los derechos humanos de los grupos vulnerables, y en ese sentido nuestros adultos mayores deben gozar de un marco legal adecuado que responda a sus necesidades y que promueva su inclusión en todos los procesos que tienen lugar al interior de la vida en sociedad.
Uno de estos grandes retos se encuentra en el tema del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, pues hoy nos encontramos en una era digital en la que el uso de este tipo de tecnologías determina la mayoría de los procesos de interacción entre las personas.
Al verse limitados en el uso de tecnologías móviles, aplicaciones y redes sociales, nuestros adultos mayores se encuentran comúnmente apartados, pues en la actualidad el limitado o nulo acceso a estos procesos de interacción representa una causa de exclusión y en muchas ocasiones de aislamiento que afecta notablemente su calidad de vida.
Por lo anterior, compañeros y compañeras diputados, resulta fundamental realizar las modificaciones necesarias a la ley para garantizar la accesibilidad de los adultos mayores a las tecnologías de la información y la comunicación.
La brecha generacional se ha convertido en un abismo y los tiempos han cambiado tan radicalmente que pareciera que los adultos y ancianos, sin elementos mínimos de alfabetización digital, no tienen cabida en este mundo de la tecnología y la globalización.
Como órgano legislativo, no podemos permitir que las personas adultas mayores continúen relegadas de la sociedad del conocimiento y la información, porque esta situación a su vez amplifica su exclusión económica y social.
Nuestros adultos mayores deben formar parte del presente de una manera más activa y visible. Para lograr ello, a través del presente dictamen se plantea reformar la ley para incluir el término de accesibilidad como parte de sus principios rectores con la observación y aplicación.
En este sentido, dicha accesibilidad debe entenderse como el conjunto a medidas pertinentes y necesarias para asegurar el acceso de los adultos mayores en igualdad de condiciones a los sistemas y las tecnologías de la información y la comunicación.
En este mismo tenor se establece que entre los objetivos de la política nacional sobre personas adultas mayores, se garantice su accesibilidad a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. También se propone que dentro de sus atribuciones en la materia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantice el derecho de los adultos mayores para acceder plenamente a las tecnologías de la información y las comunicaciones, incluido, por supuesto, el uso del internet.
En consonancia con lo anterior, se propone que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores implemente programas que propicien el aprendizaje de habilidades y conocimientos para el manejo de las herramientas tecnológicas.
Entre múltiples beneficios de las modificaciones que aquí se plantean, se encuentra la posibilidad de conectar a nuestros adultos mayores con los nuevos procesos de comunicación digital, de facilitar sus opciones para estar en contacto con su familia y de fortalecer su red de relaciones.
Diputadas y diputados, en virtud de lo expuesto y en el ánimo de fortalecer los derechos de nuestros adultos mayores, les pido su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Arlette Muñoz. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRI, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Brenda Borunda Espinoza.
La diputada Brenda Borunda Espinoza: Con su vena, diputada presidenta; compañeras y compañeros legisladores, la vejez es una de las etapas más incomprendidas. El acelerado crecimiento de la población de adultos mayores representa un reto para los diferentes sectores gubernamentales y sociales, pues lamentablemente no se ha desarrollado la infraestructura necesaria que garantice el ejercicio pleno de los derechos de este sector de la población.
En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2010, viven más de 7 millones de personas de 65 años o más, lo que representa el 6.3 por ciento de la población total; de ellos 3.8 millones son mujeres y 3.2 son hombres.
El crecimiento de este sector poblacional se ha venido incrementando en los últimos 30 años. Desde el año 2002 se dejó plasmado en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores la preocupación del Estado por la salvaguarda de los derechos de éstos.
Se ha avanzado cada día más en el desarrollo de políticas públicas que beneficien a este sector de la población, ya que su condición cronológica los coloca en una posición de desventaja y los hace susceptibles de rezago social y cultural, debido a los avances exponenciales que hemos experimentado con el acelerado crecimiento tecnológico que vivimos.
Por ello, es que debemos garantizar y fomentar entre los adultos mayores el uso y aprovechamiento de tan útil herramienta para su fácil inserción en la sociedad actual. Si bien es cierto que el derecho a la accesibilidad está plasmado en el artículo 6o. constitucional y es para toda persona, es importante que se reconozca de manera indubitable, clara y precisa, para que este grupo vulnerable tenga una puerta abierta y que el bajo poder adquisitivo de este sector de la población, no sea una limitante y puedan obtener asesorías gratuitas o becas para actualizarse en temas tecnológicos, obteniendo conocimiento técnico para que aprendan a utilizar esta gran herramienta.
Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen, porque se trata de generar condiciones que garanticen el acceso de los adultos mayores a las nuevas tecnologías de la información y de comunicación, incluido el internet y la banda ancha, y que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, implementen programas y acciones que propicien el aprendizaje de habilidades y conocimientos para el manejo de estas herramientas.
Diputados y diputadas, México es un país en deuda con nuestros adultos mayores, lo que somos como nación se lo debemos a las generaciones que nos antecedieron, es tiempo de reconocer esa contribución.
En el PRI reconocemos en la población adulta la experiencia de este país, el respeto a los derechos y la inclusión son valores intrínsecos para la creación de una mejor sociedad para aportar más a quienes menos tienen. Vamos juntos por México, propongamos y trabajemos para estar a la altura del país que anhelamos, en el que ser adulto mayor sea sinónimo de bienestar y calidad humana. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputada Borunda Espinoza. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta Presidencia informa que no se ha reservado artículo alguno para su discusión en lo particular. En tal virtud, y de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pide a la Secretaría que habrá el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta Presidencia saluda a estudiantes de la licenciatura de derecho de la institución Centro de Estudios Superiores, invitados por el diputado Ricardo Ramírez Nieto.
Igualmente, al grupo de estudiantes del Instituto Cedrus, provenientes de Pachuca, Hidalgo, invitados por el diputado Alejandro González Murillo. Bienvenidos.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto?
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se han emitido 406 votos a favor.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 406 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de accesibilidad. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Cambio Climático con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II, del artículo 29, de la Ley General de Cambio Climático.
Para tal efecto tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre: Muchas gracias, presidente. A nombre de mis compañeros de la Comisión de Cambio Climático, a los cuales agradezco su trabajo y compromiso, y de forma particular a la diputada Mirza Flores promovente de esta iniciativa, pongo a su consideración el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II, del artículo 29, de la Ley General de Cambio Climático.
No repetiré lo tantas veces dicho sobre el fenómeno de cambio climático, sabemos qué lo provoca y sus consecuencias, tal vez sólo quepa advertir para quienes lo han tomado a la ligera, que si no actuamos decididamente y con prontitud la naturaleza no va a esperar a que nos preparemos.
Se ha convenido que la actuación contra el cambio climático se circunscriba a dos vertientes. Por un lado, la mitigación, que de manera sencilla significa reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. O bien, hacer más eficiente los sumideros para la captura de carbono.
Por otro lado, la adaptación de los sistemas humanos o naturales, como respuesta a las modificaciones en los patrones climáticos o sus efectos, de tal manera que se moderen los daños o se aprovechen sus aspectos benéficos, si los hay.
Puesto que los cambios de los patrones climáticos pueden desencadenar catástrofes que afectarían inevitablemente a poblaciones humanas, los gobiernos de los tres órdenes en las zonas vulnerables deben tomar las medidas necesarias de adaptación que permitan reducir esta vulnerabilidad e incrementar la resistencia a esas catástrofes, así como mejorar la capacidad de recuperación del Estado, previo de las poblaciones o los sistemas naturales. En una palabra, hacerlas resilientes.
Éste es el concepto central en la reforma que el día de hoy la Comisión de Cambio Climático somete a la consideración de esta asamblea.
El artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático establece cuáles son las acciones enmarcadas en la lucha contra el cambio climático que se consideran acciones de adaptación, siendo una de ellas la referida en la fracción segunda que señala el establecimiento de centros de población o asentamientos humanos, así como en las acciones de desarrollo, mejoramiento y conservación de los mismos.
Al incorporar el criterio de resiliencia en esta fracción estaremos protegiendo mejor a la población, sus vidas, sus bienes y la infraestructura de servicios y de atención. Es una reforma pequeña pero creemos que su repercusión no lo es si no se convierte en letra muerta.
Por eso, la Comisión de Cambio Climático solicita el apoyo de esta asamblea a fin de que se apruebe y se pueda dar un paso adelante en la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Rodríguez Aguirre.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados se han registrado, para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por 5 minutos cada uno.
El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. El diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. La diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. La diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena. Y el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. La diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del PRD. El diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Y el diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI.
Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario Encuentro Social. Adelante, diputado.
El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco: Con la venia, señor presidente. Honorable asamblea, a consecuencia del calentamiento global que afecta a nuestro planeta se ha incrementado la temperatura media global de la atmósfera y los océanos, afectando el equilibrio meteorológico del planeta. Esto es por la razón que los fenómenos meteorológicos se han vuelto cada vez más comunes y violentos.
Esto ha venido a afectar ocasionando pérdidas humanas, pérdidas materiales y es un tema que va a ir en incremento. Cada año tenemos mayores efectos en fenómenos meteorológicos de ciclones, sequias y eso trae como consecuencia pérdida de vidas humanas y grandes pérdidas económicas para el país. De ahí la importancia de este cambio climático para adecuar y estar construyendo nuestras ciudades para que puedan ayudar a mitigar los efectos de esos fenómenos.
¿Cómo mitigar los efectos de esos fenómenos? No construir en zonas vulnerables, no construir montañas, en laderas, ayudar a generar energía por los medios naturales y a ayudar a generar el consumo de todos los combustibles que utilizamos en la vida diaria.
Hay muchos datos que ya se han mencionado, grandes pérdidas económicas, de vidas humanas, pero lo más importante es que tenemos que hacer algo, algo que venga a ayudar a adecuar todas las leyes que estamos generando en la Ley de Urbanización, para que la construcción de nuestras nuevas ciudades vaya en orden y vaya de acuerdo a los grandes retos en el cambio climático.
El cambio climático no es una moda, no es un discurso, es un hecho, que si no hacemos algo pronto de lo que ya se ha estado avanzando. Pero tenemos que hacer algo pronto en nuestras ciudades para mitigar los efectos del cambio climático en nuestras familias, lo que se va a traducir en pérdida de vidas humanas si no hacemos algo. Se va a traducir en pérdida de negocios, de la micro y pequeña industria; en la agricultura.
Por eso, hago un llamado a este Congreso de la Unión; sobre todo a los grupos parlamentarios y trabajar sobre ese tema; trabajar sobre el ordenamiento territorial de nuestro país para que en verdad México pueda sea diferente y que pueda hacer frente a este gran problema que tenemos ya enfrente. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Ferreiro Velazco. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Luis Manuel Hernández León.
El diputado Luis Manuel Hernández León: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. Las ciudades son sistemas muy complejos que se caracterizan por la concentración de población que interactúa y se relaciona con un territorio, incrementando todo tipo de necesidades. Este crecimiento demográfico ha ocasionado procesos acelerados de urbanización que llevan a la depredación del ambiente con severas repercusiones, toda vez que dicho incremento poblacional implica enormes retos para el abastecimiento de bienes y servicios, lo que deriva también en situaciones de desigualdad social.
Además, mientras más grandes las ciudades, la demanda de superficie territorial para cubrir sus requerimientos tiende a ser mayor, aumentando la degradación ecológica y consecuentemente el calentamiento global; de tal suerte, que es preocupante el surgimiento, crecimiento desordenado sin una adecuada planificación de estos espacios.
En este contexto coincidimos con el dictamen que nos presenta la Comisión del Cambio Climático por el que se reforma la fracción II, del artículo 29 de la Ley General del Cambio Climático.
El objetivo es incorporar como acciones de adaptación en la Ley General del Cambio Climático, el establecimiento de centros de población o asentamientos bajo criterios de resiliencia para resistan o eventualmente tengan la capacidad de recuperación de cualquier peligro.
El incorporar la obligación de que los centros de población y asentamientos humanos antepongan estos criterios, haría posible que frente a las crisis no solo se puedan reducir los riesgos y daños ocasionados, sino también se tendría la capacidad de volver rápidamente a una situación de estabilidad.
Compañeras y compañeros diputados, aunque hay gobiernos y gobernantes, e incluso el futuro presidente de Estados Unidos no cree en el cambio climático, queremos en esta tribuna hacer un señalamiento muy claro, el cambio climático es un asunto serio y real, que no solo atenta contra el planeta sino contra la humanidad misma.
Rajendra Pachauri, durante su última visita a México nos alertó para evitar una crisis de dimensiones mayores en las próximas décadas y nos recordó que la tierra es el único planeta que tenemos y que más vale que lo cuidemos. Nueva Alianza, a favor del dictamen. Muchas gracias.
La diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Hernández León. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Mirza Flores Gómez.
La diputada Mirza Flores Gómez: Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Presidenta, muy buenas tardes; con su permiso. Esta tarde venimos a debatir y a aprobar una iniciativa que es sumamente noble, pero sobre todo que atiende a la preocupación que tenemos quienes vivimos en este planeta de ordenar nuestras ciudades, estar prevenidos y preparados no solo para el cambio climático sino para que nuestra preparación sea sumamente amigable con el medio ambiente.
El término de resiliencia se empezó a implementar en materia de sicología hace aproximadamente 50 años. Este término tiene que ver con la capacidad de las personas de recuperarse de manera rápida y eficiente ante un evento catastrófico, pero que su recuperación los deje más fuertes que como estaban antes de que sucediera este evento catastrófico.
En materia social, la resiliencia tiene que ver a un tema de planeación y preparación para que estemos en condiciones de cambiar el futuro. Que sea un mejor futuro el que nos espere.
En este sentido, es sumamente importante que desde la Cámara de Diputados empecemos a aprobar leyes para que nuestro país esté preparado para minimizar los riesgos de desastres ocasionados por el cambio climático y también por la mano del hombre.
Por esta parte tenemos la obligación de crear leyes para proteger la vida, la integridad física y el patrimonio de las personas que habiten nuestro planeta, pero sobre todo nuestro país, y con esto que garanticemos la calidad de vida de las personas. Por otra parte, debemos de cumplir con los compromisos hechos con la comunidad internacional.
En marzo de 2015, México firmó un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Sendai. Ante la comunidad internacional esta es una preocupación para que los países se comprometan a los retos de desarrollo sostenible, destacando la necesidad de aprobar un marco de reducción de riesgos para caso de desastre.
Este compromiso pactado por México a través de mecanismos regulatorios y legales, seremos solamente así capaces de poder cumplir ante la comunidad internacional, no solamente con un asunto de firmar pactos, sino de ponernos manos a la obra, al momento de construir o reconstruir ciudades mejor preparadas.
Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos todos los días en nuestra cotidianeidad, para aquellos que no creen en el cambio climático, sí debemos de creer algo que nos afecta todos los días yes el crecimiento desordenado de nuestras ciudades. Eso todos los días nos afecta; todos los días lo vivimos.
Entonces debemos de actuar en consecuencia para ver cómo lo vamos a regular, pero sobre todo, cómo vamos a implementar mecanismos resilientes. Es por eso que la ley quedaría de tal forma, que para poder combatir el cambio climático, una de las herramientas que debemos de implementar es considerar criterios de resilencia en el establecimiento de centros de población, así como las acciones de desarrollo, mejoramiento y conservación de los mismos.
Es ineludible no comprometernos con esta nueva manera de implementar infraestructura resiliente en nuestras ciudades. Lo dije la semana pasada en la discusión del Presupuesto de Egresos, sin estrategia de implementación las reformas legales y las políticas públicas que se requieran implementar, carecerán de eficacia.
De nada sirven las horas que empleemos en el debate o en la discusión o en las buenas intenciones si no implementamos de manera estratégica cómo vamos a enfrentar los embates del cambio climático, el crecimiento desordenado, la mitigación, pero sobre todo, la adaptación al planeta que tenemos.
Ahora que hablamos de resilencia en los centros de población, no quiero deja r pasar la oportunidad para hacer un llamado a los tres órganos de gobierno para que redoblemos esfuerzos en la protección de las áreas naturales protegidas.
El tema de resilencia atiende a beneficios como la regulación de la temperatura y de la humedad a nivel regional y conservación de los suelos, a recargas de mantos acuíferos, a la implementación de mejores modelos de asentamientos humanos.
El gobierno que pueda implementar una mejor forma de gestionar recursos y que cuente con una base de información sobre las pérdidas asociadas a la ocurrencia de desastres. Los desastres son una realidad. ¿Cómo nos vamos a preparar? Pues nada, con infraestructura resiliente y construir ciudades modernas que permiten que el impacto presupuestal sea a favor, que a México no le cueste tanto dinero reconstruir ciudades devastadas, sino solamente la inversión para estar en ciudades preparadas, y no solamente se evita el despilfarro de nuestro país, la pérdida de las vidas humanas y pérdida del patrimonio de las personas.
Quiero darle las gracias, especialmente a la Comisión de Cambio Climático por su respaldo y apoyo, a la presidenta María de los Ángeles Rodríguez, que siempre está comprometida con el tema y nunca deja abajo el asunto, muchas gracias presidenta. Pero, sobre todo, a mi coordinador Clemente Castañeda, quien siempre está respaldando y apoyando dentro de todas las comisiones en las que todos en mi fracción estamos para poder ser la voz de una agenda moderna, resiliente y sustentable. Un México resiliente vale por dos, muchas gracias. Gracias presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias diputada Flores Gómez. Esta Presidencia saluda la presencia en este recinto de estudiantes de bachillerato del municipio de Cosoleacaque, Veracruz, invitados por el diputado Cirilo Vázquez Parissi. Sean ustedes bienvenidos. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Chávez García.
La diputada María Chávez García: Con la venia de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores, nuestro país sólo aporta el 1.3 por ciento de los gases de efecto invernadero, pero un cambio por situación geográfica, condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, entre otros factores es de los más vulnerables ante los efectos de cambio climático.
De nuestra población casi 4 millones de personas en condiciones de pobreza extrema, al mismo tiempo tienen una vulnerabilidad alta y muy alta a los efectos del cambio climático.
De igual forma, de nuestros municipios 319 de los mismos presentan también condiciones críticas ante los efectos adversos de este fenómeno derivado del aumento incontrolado de los gases de efecto invernadero. Y, para colmo, los municipios de mayor pobreza son los de mayor riesgo, sobre todo cuando en estos hay carencia de servicios públicos.
Si bien debemos representar nuestros compromisos internacionales y buscar el logro de nuestras metas con respecto a la mitigación, es claro que con mayor empeño debemos encaminar nuestros esfuerzos a las acciones de adaptación. Debemos estar preparados, por ejemplo, de espera, a que la distribución de las zonas afectadas por la sequía se amplié y que ello dé lugar a un estrés hídrico más generalizado, a un mayor riesgo de escases de agua.
Paradójicamente es muy probable que, como resultado del cambio climático, se incremente la frecuencia de los episodios de fuertes precipitaciones. Las zonas costeras, las riveras de los ríos correrán mayor riesgo de inundación a causa del aumento del nivel del mar y las crecidas de los ríos.
Es factible que el incremento de la temperatura del mar ocasione ciclones más intensos, como ya lo estamos viviendo, lo que pone en mayor peligro a la escases cada vez más numerosa, la población de las costas. Lo anterior solo por mencionar algunos de los efectos nocivos que podemos esperar a raíz el reto más grande que enfrenta la humanidad.
Si bien la Ley General de Cambio Climático ya mandata que la adaptación sea considerada con el establecimiento de estos centros de población o asentamientos humanos, así como las acciones de desarrollo, mejoramiento y conservación de los mismos.
El incorporar la resiliencia a estos principios es un acierto que va más allá de la retórica. Muchos de los impactos que sufren las poblaciones más pobres y vulnerables por el calentamiento global no ocurren por accidente, sino que están definidos por la falla de políticas públicas para cerrar las brechas de desarrollo que dejan a grandes grupos de población expuestos a un alto riesgo.
Construir resiliencia al cambio climático ofrece una oportunidad para enfocar recursos hacia la reducción de las desigualdades profundas que dejan a mucha gente desproporcionalmente vulnerable a los riesgos climáticos.
Las mejores políticas de adaptación para aminorar estos riesgos son aquellas políticas de desarrollo que fortalecen la capacidad de la gente para protegerse y adaptarse a los riesgos climáticos ahora y en el mediano plazo.
La adaptación al cambio climático debe ser una preocupación central del país y un problema cuya solución debe de ocupar a los tres Poderes de la Unión desde el ámbito de sus respectivas competencias. Estos tienen que actuar para que estemos preparados para los efectos nocivos causen el menor daño posible y recuperación ante esto sea más rápida. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Chávez García. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas.
El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Todos conocemos y hemos sufrido de alguna manera un desastre natural, ya sea un temblor, una inundación, una sequía, un huracán, y en los últimos años estos fenómenos se han acrecentado como una de las consecuencias del cambio climático.
Si bien el hombre no puede luchar contra las fuerzas de la naturaleza, sí le es posible gracias a los conocimientos técnicos y científicos con los que hoy cuenta, crear instrumentos preventivos para enfrentarlos y también sobrevivir a sus efectos de una manera más pronta y eficiente.
De acuerdo con la ONU, en México durante el periodo de 2008 a 2013, dos millones de personas se vieron obligadas a dejar su lugar de origen por causa de un desastre natural. Además, con base en datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 20 millones de mexicanos habitan en áreas que pueden sufrir fuertes impactos de huracanes y tormentas provocadas por el calentamiento global.
Con base en lo anterior se hace manifiesta la debilidad de México frente a las consecuencias del cambio climático. En este sentido, es necesario que se establezca un marco legal favorable para fomentar el diseño de políticas públicas de prevención y mitigación, pero también cómo afrontar las consecuencias y efectos de los desastres naturales. Es por ello que en la Comisión de Cambio Climático se aprobó incluir el concepto de resiliencia en el artículo 29, fracción II, de la Ley General de Cambio Climático.
Este concepto ya es utilizado en gran parte del mundo dentro de un contexto de desarrollo urbano de las ciudades. La Ley de Protección Civil de nuestro país lo define como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales.
Es por ello que la finalidad es que los nuevos asentamientos humanos que se desarrollen tengan criterios de resiliencia, con la idea de que los daños y efectos de cualquier desastre natural sean menos devastadores en cuestión de vidas, en cuestión económica, en cuestión de impacto social.
Las ciudades resilientes son el futuro del mundo y deben tener conceptos de sustentabilidad, de movilidad, de energías limpias. Pero, sobre todo, proteger a sus habitantes y bienes y de mantener la funcionalidad a pesar de la crisis que se presente.
Es el momento de dar paso hacia la resiliencia y hacer nuestras ciudades más seguras, más habitables y, por supuesto, con mayor calidad de vida para sus habitantes.
Por lo antes expuesto, la fracción del Partido Verde votará a favor de este dictamen, contribuyendo con ello a combatir los efectos que el cambio climático nos está poniendo y que como sociedad y gobierno tenemos que enfrentar. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Izquierdo Rojas. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Cecilia Soto.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: Diputada presidenta, integrantes de la Mesa Directiva, muchas gracias. Compañeras y compañeros de la Cámara de Diputados; público que nos observa desde el Canal del Congreso.
El siglo XXI es y será el siglo de las ciudades. Los espacios urbanos se están convirtiendo en la forma central de organización de casi todas las sociedades humanas. Cuatro mil millones de personas, de los 7 mil que somos actualmente es el porcentaje que vive en las ciudades. Para 2050, la población de todas las ciudades del mundo podría incrementarse a 6 mil 500 millones de personas, aproximadamente dos tercios de la humanidad vivirá en ciudades, la mayoría de ella en barrios populares.
Con esta perspectiva de crecimiento poblacional en los próximos años se presentan múltiples desafíos en el desarrollo urbano de México y el mundo, desde el transporte, el impacto ambiental, la economía y la cultura. Los desafíos de una vivienda digna de infraestructura y servicios urbanos básicos, sumándose a ello las necesidades crecientes de salud, educación y trabajo. Agréguense las graves consecuencias del cambio global expresadas primordialmente en el cambio climático.
Permítanme agregar que a las consecuencias del cambio climático débase incluir la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de una persona que niega la realidad del cambio climático, el presidente Donald Trump. El presidente electo Donald Trump ya anunció que para la selección del personal de funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental escogió a un conocido negacionista del cambio climático.
Entonces, estas consecuencias para los seres humanos, especialmente para países vulnerables como México, que tenemos 11 mil kilómetros de costa es fundamental que tomemos medidas para la mitigación de los efectos más difíciles del cambio climático.
Es por ello que hemos planteado y hemos concordado con un dictamen que reforma la tipología de las acciones de adaptación para la Ley General de Cambio Climático, para que se considere en el establecimiento de los asentamientos humanos criterios de resiliencia, así como las acciones de desarrollo y mejoramiento y conservación de los mismos.
Debemos aprender a aplicar este término, que es un término que se ha popularizado para otro tipo de ciencias. En el contexto de la ecología y la reducción de riesgo de desastres, el concepto de resiliencia se plantea como la capacidad de los sistemas naturales o sociales para recuperarse o soportar los efectos derivados del cambio climático, digamos que es una medida de elasticidad del sistema, se trata ahora de hacer ciudades resilientes al cambio climático.
En dicho contexto es pertinente comentar, que para el Grupo Parlamentario del PRD, en las políticas para fomentar la resiliencia al cambio climático, no sólo deben abordarse los riesgos relacionados con el clima sino también los factores socioeconómicos y políticos que perpetúan la desigualdad, exacerbando así los riesgos de todo tipo, exactamente como la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos.
Por ello es urgente impulsar una agenda transformadora que fomente la resiliencia al cambio climático, en donde se requieren cuando menos tres cambios fundamentales. Primero la adopción de un proyecto estratégico de desarrollo a más largo plazo, un enfoque integrado y equilibrado para abordar las relaciones entre las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo, y tres, una mejor capacidad de los sistemas de formulación de políticas para centrar su atención en un mayor abanico de interesados e incorporarlos en apoyo a la adopción de decisiones inclusivas.
Finalmente, no debemos dejar de mencionar que este viernes 18 de noviembre concluyen los trabajos de la vigésima segunda sesión de la Conferencia de las Partes COP 22, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Marrakech.
Si la COP 21 en París fue la de la gran negociación, ahora la COP 22 es la de las acciones concretas, la de los detalles prácticos para la implementación de la agenda de París.
El Grupo Parlamentario del PRD expresa sus deseos porque la COP 22 concluya exitosamente.
Por todo lo anterior presentamos nuestro voto a favor de este dictamen de la Comisión de Cambio Climático al proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Cecilia Soto. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Sergio Emilio Gómez Olivier: Con su permiso, Presidencia. Pues realmente este tema a mí me ha interesado, desde hace muchos años he estado leyendo el tema con Al Gore sobre calentamiento global. He visto el cambio climático, lo he experimentado, en mi pueblo donde no había insectos tropicales ahora los hay.
He visto y he estado en glaciares, ahora sí en varias partes del mundo se han derretido, que servían como espejos y reflejaban la luz solar y han permitido que la Tierra se vaya sobrecalentando.
¿Qué pasa cuando la Tierra se va sobrecalentando y se producen gases de tipo invernadero? Pues las radiaciones solares, el calor se queda atrapado y no puede salir.
Uno dice, bueno, en qué me afecta que suba en un grado, dos grados la temperatura ambiental? Causa tremendos daños ecológicos. Uno, la evaporación súbita de los mares, que ya no es tenue. Ustedes saben que los mares se van evaporando, forman nubes y las nubes cuando se enfrían bajan en forma de lluvia. Pero aquí es tan súbito el calentamiento, es tanta la humedad que se forman huracanes y esos huracanes llegan y causar grandes destrozos principalmente en los países pobres.
Se mueren los corales y dicen: ¿a mí en qué me afecta que se muera un coral? El coral simplemente produce oxígeno, las que lo producen son las microalgas o algas que lo rodean. Entonces, cuando las algas –que por cierto son las que le dan el color– mueren, pues muere el coral y deja de producir oxígeno y aumenta la temperatura. ¿Qué pasa? Vienen los grandes huracanes, las grandes lluvias torrenciales que vienen a afectar a los países más pobres.
Ahora, ¿qué pasa con países pobres donde hay una deforestación tremenda donde sus laderas han sido taladas, donde no hay árboles que retengan la tierra? Pues cuando llueve la tierra –como lo he dicho muchas veces– se va por millones, se pierde en los ríos, arroyos y el mar. Pero aparte en sus aludes, en sus inundaciones va destruyendo casas, infraestructura, matando gente; porque la gente se asentó precisamente en barrancas naturales donde el agua tiene miles o cientos de años de correr y de repente la gente se establece ahí, y llega y causa grandes destrozos.
En el caso de laderas aluviales, donde están las laderas donde había plantas y árboles que retenían esa agua para que no se llevara toda esa tierra y no causara tantos destrozos, desgraciadamente han sido talados.
¿Qué pasa con todos los manglares, que también tenían la función de evitar que los huracanes entraran a la tierra? Simplemente los frenaban y ahora ya no existe eso.
Entonces, ahora vemos y esto va de la mano con lo que yo siempre he hablado del pastoreo. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con África? Ha dejado a países, por ejemplo de África, Grecia, Roma, países donde el chivo, el borrego han arrancado las plantas, han deforestado y han dejado completamente áridas esas tierras, como roca sólida y han incrementado la temperatura ambiental. Esa temperatura ambiental causa terremotos, ciclones, huracanes y en otros casos, sequías. Hemos visto inclusive que arenas de África llegan a América con el viento.
Entonces es terrible lo que está pasando porque los destrozos que causan esas lluvias torrenciales por asentamientos humanos irregulares, que sin ningún escrúpulo llega algún ejidatario y dice: bueno yo compro, tengo 20 o 30 hectáreas, las voy a vender, baratas, sin infraestructura, pues al rato llegan las lluvias inundan y matan a muchísima gente y ahí es donde entra ya los gastos de un país para tratar de componer o recomponer todo esto, todos los destrozos humanos, materiales, técnicos.
Qué bueno y qué mejor que prevenirlo. Prevenirlo sería primero reforestar; segundo, pues evitar el pastoreo como lo he dicho muchas veces, para evitar, para permitir que las plantas nuevas crezcan, lo que va creciendo, los retoños nazcan, cercar las áreas y sobre todo evitar los asentamientos irregulares, todo esto se llama resiliencia. La adaptación, pero más que nada yo estoy pensando en la prevención.
Por lo tanto, en lo personal, al Partido Acción Nacional, en lo personal Sergio Gómez Olivier, me siento muy satisfecho de que se estén tomando medidas preventivas en ese sentido, pues para contribuir un poco a mitigar este fenómeno que nos va a seguir azotando en una forma impresionante, y también después podría hablarles del fenómeno del Niño y de la Niña, porque también van íntimamente relacionados con este fenómeno, pero eso ya será en otro capítulo, porque ya me están pidiendo tiempo. Y muy buenas tardes y gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Gómez Olivier. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Tomás Roberto Montoya Díaz: Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente. La tierra es nuestro hogar, preservar el medio ambiente es conservar el mundo, actuar en consciencia del cambio climático no es un lujo sino más bien una imperante necesidad para la subsistencia humana.
Compañeros diputados, hoy el debate ambiental no se centra en si son reales o no sus afectaciones, sino en establecer las estrategias más eficaces para disminuir el aumento de nuestra temperatura global y con esto reducir los riesgos hacia los ecosistemas de nuestro planeta.
No obstante, pese a que distintas legislaciones, incluida la nuestra, no dejan de prever mecanismos para que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyan hasta llegar a un equilibrio sustentable.
No es éste el único objetivo a cumplirse en esta materia, pues la legislación internacional ha establecido el criterio de resiliencia al cambio climático como uno de los ejes para su ejecución entre todos los países.
La resiliencia en el medio ambiente y en el cambio climático se entiende como la capacidad de un sistema ecológico social para absorber perturbaciones, manteniendo la capacidad de auto organización y de adaptarse a los cambios.
La adopción del principio de resiliencia en la legislación ambiental nos hace entender el fenómeno del cambio climático no solo como un reto cuantitativo en términos de emisiones de dióxido de carbono, sino como la propuesta implícita de privilegiar la prevención sobre la acción una vez ocurrido un evento inesperado como lo es un desastre natural.
De esta manera, se puede entender de mejor forma cuáles son las necesidades de cada comunidad, focalizar lo esfuerzos para adaptarse a los impactos del cambio climático trascendental y, a su vez, nutrir los elementos que incrementan la resiliencia de los distintos ecosistemas.
En el caso de México, investigaciones recientes del Instituto Nacional de Ecología y del Cambio Climático y de la propia UNAM, han pronosticado para las décadas próximas anomalías climáticas que resultarán en una inminente afectación de los recursos naturales de los que dependen actividades humanas, la economía a diferentes escalas y señalan que, de no contar con estrategias orientadas a buscar una adaptación inteligente y planificada de las actividades humanas ante este fenómeno, se esperan respuestas inadecuadas que podrían agravar aun más la salud ecológica y la sostenibilidad en distintas regiones.
Hace tan solo 11 días entró en vigor el Acuerdo de París, documento firmado y ratificado por 195 países donde se expresa la voluntad y los compromisos globales sobre la reducción de la temperatura global y establece el criterio de resiliencia. Este acuerdo responde a la necesidad latente de una alianza entre todos los países, y principalmente de la cooperación de aquellos que más peso tienen en la conformación de este fenómeno.
México ha sido un activo protagonista, respetado a nivel mundial por su sólido compromiso en la materia. El Plan Nacional de Desarrollo de la administración del presidente Peña Nieto establece como uno de sus objetivos transitar a una economía sustentable que desvincule el crecimiento de la emisión de gases de efecto invernadero.
Además, por si fuera poco, contamos con un sólido marco legal; desde el artículo 4o., constitucional que garantiza el derecho a un medio ambiente sano, hasta la propia Ley General de Cambio Climático, primera en su tipo en el mundo, por lo que además de suscribir este acuerdo estableció compromisos propios entre los que destacan: alcanzar una tasa cero de deforestación, mejorar la capacidad adaptativa de los 160 municipios más vulnerables ante este fenómeno; proteger a la población de los fenómenos hidrometeorológicos extremos.
Es por lo anterior que el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de este dictamen, pues de no considerarse en las políticas públicas y en la legislación sobre el tema, se omitirán los esfuerzos necesarios para evitar que los ecosistemas del país y la población, se encuentren vulnerables ante el impacto del cambio climático.
Compañeras y compañeros diputados, tenemos todo lo necesario para empezar a cambiar, lo que necesitamos es voluntad. Pero afortunadamente la voluntad es un recurso renovable, así que renovémosla, digamos todos juntos que tenemos la habilidad para resolver este problema, que tenemos todos juntos un propósito en común y que por este propósito actuamos todos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Montoya Díaz. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: ´Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta Presidencia saluda a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Economía, invitados por el diputado Juan Romero Tenorio. Bienvenidos.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: ¿Algún diputado hace falta de emitir su voto? El tablero sigue abierto. ¿Hace falta algún otro diputado de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 404 votos a favor, 0 votos en abstención, 0 votos en contra, de un total de 404 diputados presentes.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 404 votos el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático, pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Estamos en el capítulo de Iniciativas. Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 24 de la Ley General de Educación y 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, suscrita por los diputados Héctor Javier Álvarez Ortiz y Maricela Serrano Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Juventud, para dictamen.
Se recibió del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 34 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Alejandro Armenta Mier: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, amigas y amigos de los medios de comunicación, la población mundial crece de manera constante y se espera que llegue a más de 9 mil 600 millones de personas para el año 2050.
Para garantizar uno de los derechos humanos fundamentales, como lo es la alimentación, debemos cubrir una demanda cada vez mayor a través de sistemas agrícolas sostenibles, capaces de enfrentar los efectos adversos del cambio climático.
En la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en septiembre de 215 todos los países del mundo, incluyendo México, se comprometieron a abatir el hambre en los próximos 15 años. Lograr los objetivos planteados implica que cada uno asuma su papel desde la trinchera que les corresponde. No es un esfuerzo unilateral, sino una tarea conjunta de los diversos niveles de gobierno y de todos los sectores sociales.
Para alcanzar los objetivos nutricionales la producción agrícola debe aumentar un 60 por ciento para el año 2050. Es fundamental contemplar entonces los sistemas agroalimentarios como eje estratégico de los planes nacionales de desarrollo, los planes estatales y los planes municipales, de manera que se determinen acciones concretas para enfrentar el cambio climático y revertir el problema de la deforestación, fortaleciendo desde luego a los pequeños agricultores y así garantizar la seguridad alimentaria.
Al fortalecer el sector productivo de nuestro país se garantiza una mejor calidad de vida para los pequeños productores y sus familias, además de que se consolidan acciones para promover una buena nutrición, sana y suficiente, a través de sistemas alimentarios sostenibles, equitativos y flexibles, fomentando el respeto a las costumbres de cada región, adecuando cantidades y calidades en las dietas alimenticias.
En este sentido, el apoyo de los gobiernos debe de centrarse en el sector primario. De manera prioritaria se debe potenciar la competitividad procurando elevar las producciones alimenticias.
El derecho que tenemos a la alimentación debe también privilegiar la protección a la salud humana, de tal modo que estén garantizados los productos para el consumo de millones de mexicanos de manera salubre, es decir que sean generados y proveídos desde su abastecimiento bajo las estrictas medidas de seguridad a efecto de evitar todo tipo de riesgos no previstos originalmente, que pudieran causar daños y efectos adversos y significativos para la salud humana, procurando así la producción y el abasto de alimentos preeminentemente de origen natural y orgánico, regulados bajo los más estrictos estándares de calidad y salubridad.
Asimismo, con el objetivo de que quienes gocen de este derecho cuenten oportunamente con información suficiente, clara y precisa respecto a lo que se consume. Por ello es de suma importancia elevar a rango constitucional que la alimentación sea garantizada de manera informada.
En virtud de lo anterior es que pongo a consideración de esta asamblea la adición al artículo 4o constitucional, párrafo tercero, para quedar como sigue: Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente, salubre y de calidad, de manera informada. El Estado lo debe garantizar. Es cuanto, muchas gracias a la honorable asamblea. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Armenta Mier. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos para presentar dos iniciativas en una sola intervención, el diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 30 Bis de la Ley Reglamentaria del artículo 5o constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.
El diputado Marco Antonio Gama Basarte: Gracias, diputado presidente. Estimadas compañeras y compañeros diputados, hago uso de la tribuna de esta soberanía para presentar, en un solo acto, dos iniciativas con proyecto de decreto que tienen como propósito común el promover la construcción de marcos legales precisos y actualizados que ayuden a generar certeza jurídica para los mexicanos.
En primer lugar, presento la propuesta de adición de un artículo 30 Bis a la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal.
Obtener un título profesional y ejercer en México se vuelve más complicado, si se toman en cuenta los altos costos de titulación a los que están sujetos los alumnos de diversas instituciones públicas y privadas. Estos costos pueden ir de los mil 200 pesos hasta los 15 mil pesos o más. Además, los profesionistas deben enfrentarse a un trámite burocrático y centralizado ante la Dirección General de Profesiones para el registro de su título profesional y la expedición de la cédula correspondiente, cuyo tiempo de respuesta se encuentra sujeto nuevamente a variables, como la cercanía geográfica de la persona interesada con la capital del país.
La espera por la expedición de una cédula profesional puede prolongarse por periodos de tiempo extraordinariamente largos, que pueden llegar a ser de un año o más. Lo anterior no solamente es un problema que impacta a los profesionistas titulados, sino que trasciende a la sociedad, pues genera un desempleo automático reflejado en la imposibilidad de integrarse al mercado laboral. Asimismo produce desánimo en el profesionista, se postergan sus objetivos y, finalmente, esos estudiantes que llegaron hasta el final del nivel superior no tienen la oportunidad de devolver a su comunidad los conocimientos y la pericia que revisten sus servicios.
La iniciativa que presentó el día de hoy propone integrar en el texto de la ley una disposición que a la fecha es únicamente reglamentaria y que es esencial para el beneficio de todas y todos los profesionistas, pues garantiza su inserción inmediata al mercado laboral.
Esta iniciativa busca elevar a rango legal la facultad para que la Dirección General de Profesiones pueda otorgar autorización para el ejercicio temporal de su profesión a los profesionistas cuyo título se encuentren en trámite y, de esa manera, otorgar por mandato de ley un sustento normativo que permita a cualquier profesionista comenzar su vida laboral de inmediato, obtener experiencia en su área de estudio y retroalimentar con sus servicios profesionales a su comunidad.
Se trata de una iniciativa que busca privilegiar a los profesionistas debidamente titulados y con ello restar prevalencia a trámites burocráticos que frenan sus objetivos profesionales.
La segunda iniciativa que hoy pongo a su consideración se trata del derecho humano a la vivienda. El derecho a la vivienda es piedra angular para el desarrollo de toda persona y un indicador básico de bienestar. Todos los individuos que integran nuestra sociedad deben disponer del espacio, los materiales y los servicios necesarios para disfrutar de una vida sana y cómoda.
Actualmente, el artículo 4o. de nuestra Carta Magna establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. El Grupo Parlamentario del PAN considera que establecer a la familia como sujeto del derecho de vivienda se vuelve evidentemente restrictivo, sobre todo a la luz de los nuevos paradigmas que resultan de las reformas en materia de derechos humanos de 2011.
El ejercicio de un derecho humano nunca debe estar condicionado al estado civil o la situación familiar de la persona. Por ello, consideramos que el derecho a la vivienda debe ser entendido necesariamente como individual, pues recae directamente en el bienestar de cada persona. Ese es uno de los objetivos de esta iniciativa.
Por lo tanto, diputado presidente, y por lo anteriormente expuesto, compañeros legisladores, la presente iniciativa busca modificar la redacción del artículo 4o. constitucional, ya que con estos cambios en la Constitución fijaremos los cimientos para la construcción de una verdadera política de vivienda en nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Gama Basarte. La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 30 Bis, de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para presentar tres iniciativas en una sola intervención, la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del PRD. La primera, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 21 y 42 de la Ley General de Educación. La segunda, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 212 de la Ley General de Salud. Y la tercera, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
La diputada Lluvia Flores Sonduk: Gracias a la Mesa. Con su venia, presidente. Le pido a los diputados y diputadas me tengan un poquito de paciencia porque son tres iniciativas.
Bueno, la primera es en fin del bienestar de la infancia de México, que debe de ser visto como una prioridad. Es por ello que no existen y no deberían de existir excesos en tomar previsiones, las previsiones necesarias para que los menores de edad siempre se encuentren en un ambiente en el que estén protegidos.
Los menores pasan gran parte de su infancia en las aulas, y por ello no basta que se tenga una educación de calidad, sino que además de lo anterior, que sin duda es un punto medular en la enseñanza, también necesitan que las personas con las que convivan sean gente de calidad y psicológicamente analizadas, tanto directivos como maestros, inclusive el personal administrativo.
Lo anterior es así porque lamentablemente hemos conocido algunos casos en los que dentro de las instalaciones de educación se han presentado hechos lamentables, como es el abuso sexual infantil. Circunstancia que sin duda vulnera los derechos más elementales de los infantes y los marca emocionalmente por el resto de sus vidas.
En ese contexto no está de más tomar medidas preventivas para que estos casos dejen de suceder.
En mayo pasado la Secretaría de Educación Pública mediante declaraciones de algunas autoridades señalaron que no se cuenta con los protocolos adecuados para actuar en caso de que se presente acoso sexual en las escuelas.
En este sentido se propuso que se establecería una línea telefónica y un buzón escolar para el caso de las escuelas públicas y privadas, solamente en la Ciudad de México. Y para las entidades federativas se propuso establecer diálogo con las autoridades educativas locales, a fin de instruir algún mecanismo para evitar el acoso sexual en las instituciones educativas de todo el país. Sin embargo, no se ha llegado a ningún fin.
Lamentablemente, el interés de las autoridades en tomar decisiones sobre este asunto se deriva del acontecimiento en uno de los kínderes en donde se abusó sexualmente de menores de edad, lo que muestra sin duda alguna la debilidad del sistema educativo; pues no se están tomando las previsiones necesarias para que estos actos atroces no sucedan. Debemos prevenirlos, compañeros y compañeras, no lamentarlos.
Por lo anterior, es necesario hacer un examen psicológico a maestros, directivos y al personal administrativo, tanto en las escuelas públicas como en privadas, a fin de conocer si el personal se encuentra apto para hacer interlocución con los menores, para tener certeza de que estas personas son idóneas y tienen el perfil adecuado para estar con los alumnos y así procurar que los casos de abuso físico y sexual no tengan cabida en las aulas de nuestro país, salvaguardando en todo momento los derechos de las niñas y niños de nuestro país.
Compañeras y compañeros diputados, este podría ser un gran paso en pro de la niñez de nuestro país. En esta propuesta les aseguro que se encuentra el futuro de nuestros niños y niñas.
La segunda iniciativa va en el marco del Día Mundial en contra de la Diabetes. Hay un gran índice de diabetes, obesidad y sobrepeso en nuestro país. Tenemos al menos un gran porcentaje entre los 20 y 79 años que cuentan con estas 3 enfermedades.
En este contexto es evidente que estos tres padecimientos en nuestro país son una realidad de la que no podemos escapar. Hay que tomar medidas preventivas para detener estas enfermedades, que cada día aquejan mayormente a nuestra población y que no se toman las medidas pertinentes y se derivan diferentes enfermedades para toda la población.
La Organización Mundial de la Salud hace una distinción entre lo que son los azúcares libres e intrínsecos, siendo los primeros aquellos que son conocidos en nuestro país como añadidos. O si bien no son añadidos, se encuentran presentes en la miel, jarabes, jugos, concentrados de frutas, entre otros. Mientras que los intrínsecos son aquellos que se encuentran de forma natural en las frutas, verduras. Por tanto, las recomendaciones de ingesta de azúcar realizadas por la OMS hacen referencia a los azúcares libres.
No obstante lo anterior, la legislación en materia de salud de nuestro país no hace alusión a la obligación de los productores, de señalar en los empaques y etiquetas la cantidad de azúcares añadidos que contienen sus productos. Pero no solamente eso, sino que nuestras autoridades han sido permisivas al respecto, sin considerar el grave daño que causa no prevenir el consumo en altos niveles de azúcares entre la población mexicana, que de por sí ya tenemos un grave problema de salud al hablar de los costos que generan este tipo de situaciones.
Compañeros y compañeras, se propone que los industriales tengan la obligación de etiquetar qué tipo de azúcares portan sus productos.
La tercera iniciativa es en razón al desarrollo del turismo, que lo hemos venido degradando en algunas entidades federativas, se ha venido menguando; sin embargo, es tan importante fortalecer, porque sería el desencadenamiento económico de nuestras entidades y de algunos puntos en particular.
Pongo el ejemplo de Guerrero, que por diversas situaciones el turismo ha dejado de visitarnos, ha sido menguado, pero una de las razones que podríamos señalar es la cuota de las autopistas, que si nosotros logramos que las autopistas tengan un valor menor, no dudo que el turismo regrese a los puntos que nosotros hacemos referencia para poder seguir visitándonos y puedan generar ingresos para las familias en estas entidades. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Flores Sonduk. La primera iniciativa. Con proyecto de decreto que adiciona artículos 21 y 42 de la Ley General de Educación. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
La segunda iniciativa. Con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 212 de la Ley General de Salud. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen. Y la tercera iniciativa. Con proyecto de decreto que adiciona el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.
Esta Presidencia saluda a alumnos de la licenciatura en Derecho de la Universidad del Golfo de México en Cosamaloapan, Veracruz, invitados por el diputado Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza. Bienvenidos. Igualmente saludamos a alumnos de la escuela de derecho Ponciano Arriaga, invitados por el diputado Jesús Emiliano Álvarez López. Igualmente bienvenidos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos el diputado José de Jesús Galindo Rosas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado José de Jesús Galindo Rosas: Con la venia de la Presidencia. Las condiciones de los servicios que se prestan en las instituciones de salud pública deben mejorarse para que la atención hacia los pacientes sea cada vez de mayor calidad, con un sentido humano acorde a las necesidades de aquellos quienes asisten tanto para prevenir alguno de los padecimientos que aquejan tanto a jóvenes como a adultos, o bien para contar con un tratamiento que les permita recuperar su salud.
Para atender a la población las instituciones públicas encargadas de prestar servicios sanitarios son fundamentales para la sociedad, dada la capacidad de respuesta, cobertura y vocación social, cuya estructura es financiada por el gobierno con fondos públicos.
Actualmente vivimos en un contexto en donde la transparencia y sobriedad en el ejercicio de los recursos financieros gubernamentales forman parte de las demandas de mayor recurrencia entre los ciudadanos, las cuales toman relevancia cuando se trata de áreas prioritarias como lo es el sector salud.
El tema no es menor, pues desafortunadamente actos relacionados con la corrupción han tocado a las nobles instituciones de salud pública en un área tan importante como lo es el mecanismo diseñado para la adjudicación de contratos acordados entre la administración pública y los particulares interesados en surtir medicamentos e insumos a clínicas y hospitales del sistema de salubridad.
Tan solo en 2014 se registraron casos de prácticas indebidas tales como licitaciones amañadas, sobreprecios de medicinas, compras menores a las declaradas, robo de insumos médicos y enriquecimiento ilícito de funcionarios. El conjunto de estos actos provocó pérdidas de dinero público que entre 2012 y 2014 alcanzaron los mil 772 millones de pesos.
La malversación de fondos públicos se observa en diversos ámbitos de la administración pública y en todos los niveles de gobierno, por lo cual el balance entre poder, finanzas y sociedad se ha convertido en uno de los ejes principales para el fortalecimiento de las instituciones y el combate a la corrupción.
Ante este panorama es imperativo lograr que los recursos públicos sean ejercidos de manera transparente privilegiando la eficiencia y la eficacia cuando se trata de recursos gubernamentales dirigidos a proveer de servicios a la sociedad.
Una de las medidas que se tomaron en ese sentido en materia de salud pública, fueron las modificaciones que originaron la Estrategia de Compras Consolidadas, como parte de un proyecto de contención de costos implementado del 2012 en el IMSS, en el ISSSTE y otras instituciones de salud, de manera que se establecieron mecanismos fiscales para detener la fuga de capital público en dichas dependencias.
Como parte del proyecto nacional diseñado para el periodo sexenal 2012-2018, se consideró atacar la problemática en cuanto a la corrupción dentro de las instituciones de salud en particular, y en toda la administración federal en general, de tal manera que en el Plan Nacional de Desarrollo se impulsan medidas que promuevan la transparencia, la eficacia y la eficiencia en las acciones del gobierno central con la intención de generar las condiciones para atender las necesidades de la población por medio del ejercicio responsable de los recursos financieros públicos.
En consecuencia uno de los esfuerzos realizados por el gobierno federal, ha sido el impulso al Esquema de Contrataciones Consolidadas, el cual permite adquirir servicios o productos a precios competitivos y cuyas reglas de operación privilegian las ofertas con mayor calidad y ahorro para el erario público.
Los beneficios de esta estrategia son evidentes; para el 2016 se estimó un monto de 48 mil millones de pesos en la compra consolidada de medicamentos, incrementándose 9 por ciento la adquisición de dichos insumos de las entidades federativas vía este esquema, debido al ahorro que genera de reducción del rezago en cuanto al abasto de medicamentos en las farmacias del Sistema Nacional de Salud.
Considerando los beneficios y la constante participación de las dos instituciones de salud pública con mayor número de cuentahabientes en el Esquema de Compra Consolidada de medicamentos, consideramos incluir en la ley la determinación de adquirir insumos y servicios por dicho medio a fin de combatir la corrupción y desabasto de medicamentos en el IMSS y en el ISSSTE.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista ha trabajado constantemente por la mejora de las condiciones de atención de la salud de los mexicanos, sobre todo en cuanto a la solución del problema de desabasto de medicamentos en las instituciones de salud pública, provocado en parte por la opacidad de quienes los adquieren y los contratos con los distribuidores, por lo que presentamos esta iniciativa que fortalece el Esquema de Compras Consolidadas del Sector Salud en beneficio de la sociedad mexicana. Es cuanto. Gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Galindo Rosas. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74, de la Ley Federal del Trabajo.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente. Propongo ante este Congreso, reforma del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, con el objeto que los días de descanso otorgados, motivo de la conmemoración del día 5 de febrero, 21 de marzo y 20 de noviembre establecidos en el ordenamiento legal, no se trasladen de manera automática cuando correspondan a martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo al lunes siguiente, con la finalidad de tener días de descanso continuo, en virtud de que este acto le resta relevancia al valor histórico y al hecho acontecido en el pasado, generando que las personas identifiquen las fechas de sucesos relevantes sólo por puentes de descanso otorgados.
Cabe hacer mención que se celebran en las fechas, motivo por los cuales se otorgan los días de descanso. El 5 de febrero se promulga nuestra Constitución bajo la cual nos regimos, el 21 de marzo se conmemora el natalicio de don Benito Juárez García, quien aportó las reformas constitucionales, entre ellas la más importante, la separación de los bienes públicos y el clero, y el 20 de noviembre, en donde nada más ni nada menos se conmemora la Revolución Mexicana, la cual representa una lucha en contra del orden establecido considerada como el acontecimiento político más importante en el siglo pasado.
Es momento de frenar esta práctica que se ha convertido en costumbre sin raíces, de actos que van matando lentamente el interés por los hechos importantes de carácter histórico que forman parte de nuestro patrimonio cultural.
Me pregunto, ¿en qué momento se perdió el interés por involucrarnos en nuestra propia cultura?
En los hechos del pasado que influyeron en lo que hoy es nuestro presente, mexicanas y mexicanos, les hago un llamado: despierten, valoren lo único que no nos pueden arrancar, porque forma parte de nosotros, porque nos identifica, nos une y nos representa, por el simple hecho de formar parte de nuestras raíces, ya que estos sucesos relevantes llamados efemérides simbolizan nuestra patria, quiénes somos, conformando nuestra cultura, por lo que no debemos permitir que estas fechas celebres se identifiquen solo como días de descanso continuo, menoscabando el valor del suceso relevante, motivo por el cual se otorga este día de descanso.
En otro orden de ideas, en la Gaceta existe inscrito un punto de acuerdo, mediante el cual se solicita se instrumente la declaratoria de alerta de violencia de género para la Ciudad de México. Dicha solicitud ya se realizó por parte de nuestro instituto político en la ciudad, representado por el licenciado Martí Batres. El tema también se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa. Y solicito a esta Mesa y a este Congreso, también a las comisiones correspondientes, se le dé la celeridad y la importancia a este tema. Es cuanto.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Norma Xóchitl Hernández Colín. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
La diputada Alicia Barrientos Pantoja (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, sonido en la curul de la diputada Alicia Barrientos. Adelante.
La diputada Alicia Barrientos Pantoja (desde la curul): Gracias, diputado. Nada más para pedirle a la diputada Norma Xóchitl que nos permita, como grupo parlamentario, suscribirnos a su iniciativa y punto de acuerdo que está presentando el día de hoy, ¿sí? Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada está de acuerdo. Está a su disposición aquí en la Mesa Directiva, en el área de la Secretaría.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 16 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.
La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos: Gracias. Buenas tardes. Hay muchos casos en los que las personas deben moverse de lugar en el que habitan. Y es necesario garantizar ese derecho para las trabajadoras del Estado, y los trabajadores.
Poder trasladarse a otras poblaciones sin perder su empleo es facilitar los procedimientos administrativos que les permiten aplicar a vacantes que el trabajador o la trabajadora consideren mejores en su desarrollo profesional o en su calidad de vida. Ejemplos específicos y sobresalientes de ello es cuando están de por medio la salud y la familia.
El Estado, a través de sus dependencias, debe garantizar el derecho de traslado, pues el empleo debe ser una actividad que garantice el bienestar y no ser una traba o fuente de enfermedades y padecimientos.
Otro factor por el que las personas pueden necesitar trasladarse, que nos resulta particularmente importante, es el relacionado a la reagrupación familiar. Como ya se ha expresado, la movilidad es un proceso natural de desarrollo profesional, pero que puede implicar la separación de la familia o el sacrificio profesional y laboral de otros miembros de la misma.
Muchas veces el traslado de los miembros de la familia a una población diferente de aquella en la que se encuentra el resto, puede implicar que ésta se separe o que otro miembro renuncie a su empleo y es regularmente las mujeres a quienes les sucede esto.
Por ello presento esta iniciativa, para no sacrificar el desarrollo profesional de ninguno de los integrantes de la familia, y garantizar la unión de la misma. Sin duda el desarrollo profesional debe estar acompañado de la igualdad de oportunidades para todos, por lo que el crecimiento individual debe darse sin menoscabo de otros de sus integrantes.
En este sentido, es importante que el Estado garantice a través de sus dependencias el traslado de sus empleados y empleadas a otras poblaciones, cuando exista la posibilidad de reagrupación familiar. La defensa de la familia tiene que ver con una política de Estado, por eso en este caso les estoy proponiendo que hagamos y que tengamos mecanismos para ello.
No olvidemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16, numeral 3, establece que la familia tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, no de acciones de fe, sino de política pública. Las redes de apoyo, el cariño y la convivencia familiar son alicientes para el buen desempeño laboral y procurarlo es una tarea que el Estado debe asumir como parte de su estructura, pues habla de un Estado democrático y del respeto y fomento a los derechos humanos.
Ante este panorama, que el Estado garantice el traslado de sus trabajadoras y trabajadores a otras locaciones para mantener la unión o lograr el reencuentro familiar, es una forma de cumplir con lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que nuestro país es adherente, y con lo establecido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando se refiere al derecho a la protección de la unidad familiar.
A eso nos referimos cuando hablamos de igualdad de oportunidades, a políticas de igualdad para hombres y mujeres. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada María Candelaria Ochoa Ávalos. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 9o. y 10o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
La diputada Karina Sánchez Ruiz: Jamás un hombre es demasiado viejo para recomenzar su vida y no hemos de buscar que lo que fue le impida ser lo que es o lo que será. Miguel de Unamuno.
Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta honorable asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuya finalidad es incorporar el concepto de calidad de vida en el texto de la ley.
Para Nueva Alianza es fundamental promover la igualdad, la libertad y la dignidad de las ciudadanas y los ciudadanos, especialmente cuando pertenecen a un grupo vulnerable, como es el caso de las personas adultas mayores.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, se considera como anciano a la persona mayor de 65 años para los países desarrollados y de 60 años para los países en desarrollo, como es el caso de México. El avance de la ciencia ha hecho que la esperanza de vida se eleve en todo el mundo de 46 años en 1950 a 68 años en el 2010.
La Organización Mundial de la Salud menciona que desde el año 2000 la esperanza de vida ha registrado avances espectaculares. En este sentido, las cifras de la Organización Mundial de la Salud resultan muy reveladoras: entre 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 pasará del 12 al 22 por ciento.
Se calcula que para 2020 el número de personas mayores de 60 años será superior al de niños menores de cinco años. En 2050, el 80 por ciento de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos, la pauta de envejecimiento de la población es mucho más acelerada que en el pasado y se prevé que la expectativa de vida vaya en incremento, llegando hasta los 81 años para fines del siglo XXI.
En México, el porcentaje de adultos mayores para el año 2016 representa aproximadamente el 10.4 por ciento del total de la población, hay más personas mayores de 60 años que menores de 4 años.
El Consejo Nacional de Población prevé que para 2030 las personas de 60 años y más representarán el 14.8 por ciento del total de la población, es un hecho que estamos ante una transición demográfica, tanto en México como en el mundo.
Es urgente tomar medidas para garantizar la calidad de vida que las personas adultas mayores de nuestra edad merecen. Vivimos en una sociedad que enaltece y valora lo inmediato y lo desechable.
Este modo de entender la vida hace que los adultos mayores sean sujetos de abusos, maltratos y sobre todo discriminación. En Nueva Alianza estamos decididos a cambiar su realidad, nuestros adultos mayores no son un desecho y mucho menos un estorbo. Ese es el mensaje que queremos dar.
En Nueva Alianza buscamos incorporar a la población de más de 60 años o más en la vida social y hacerlos parte del desarrollo, valorar su experiencia, incorporarlos a la vida laboral, si así lo desean, y brindarles la calidad de vida a la que ellos tienen derecho.
Existen instrumentos internacionales, como la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, Los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, y la Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, los cuales buscan proteger y reconocer el valor de las personas de edad dentro de la sociedad y su importante contribución al proceso de desarrollo.
Tenemos que entender el envejecimiento como una oportunidad, como un tiempo para emprender nuevas actividades, realizar estudios, retomar aficiones o dedicarse a la familia y a la comunidad.
No somos ingenuos, entendemos que para que esto sea posible es necesario garantizar la salud, que de acuerdo a la OMS es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de enfermedades.
En Nueva Alianza somos conscientes del reto que implica conseguir un envejecimiento pleno. Por este motivo hemos considerado pertinente integrar el concepto de calidad de vida en la legislación de los derechos de las personas adultas mayores, dado que es un concepto mucho más amplio y adecuado para la efectiva protección de este grupo de población.
Compañeras y compañeros legisladores, más temprano que tarde nos enfrentaremos a esta etapa de la vida. Empecemos a entender a la vejez desde otro punto de vista, reivindiquemos el valor de la experiencia, es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Karina Sánchez Ruiz. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Mariana Benítez Tiburcio para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita igualmente por el diputado César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Mariana Benítez Tiburcio: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, México es un gran mosaico milticultural cuya grandeza se encuentra fincada en una enorme variedad de pueblos y comunidades indígenas o grupos etnolingüísticos con civilizaciones y forma de organización muy anteriores a la conquista española.
Como bien sabemos, estos pueblos son poseedores de la sabiduría milenaria que como mexicanas y mexicanos aun recorren nuestras venas. Sin duda, nuestra raíz indígena enriquece a la cultura e historia mexicana y es un factor de nuestro desarrollo económico, intelectual, moral y espiritual.
Es por ello que la transformación legislativa, a través de la cual estamos adaptando al Estado mexicano a las nuevas realidades que enfrenta el país, en aras de su progreso y bienestar, debe mantenerse siempre presente el principio de inclusión social y asegurarse de que todo derecho enmarcado en nuestra Constitución contenga la cosmovisión para enaltecer a nuestros pueblos y comunidades indígenas.
De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, hay poco más de 10 millones de personas indígenas distribuidas en nuestro país, siendo Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Yucatán los estados con mayor concentración de esta población.
Dentro de estos grupos etnolingüísticos se hablan 62 idiomas distintos, siendo el náhuatl, el maya, el zapoteco y el mixteco los más hablados en México. Estas cifras no solo revelan la importancia de la población indígena en México, sino también la obligación del Estado mexicano de garantizar sus derechos y preservar la diversidad en un mundo cada vez más globalizado.
Nuestra Constitución, en aras de proteger y reconocer los derechos de los pueblos indígenas, contempla en su artículo 2o. tres derechos de gran importancia para estas comunidades: el derecho a la cultura e identidad, el derecho a la libre determinación y el derecho de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado.
Desafortunadamente, en el día a día de nuestros conciudadanos indígenas la titularidad de estos derechos no ha sido suficiente para garantizar el acceso a la justicia. La realidad es que cuando una persona indígena es parte de un procedimiento penal, este no contempla su idiosincrasia ni lengua diversa al español; lo que le deja en desventaja frente a la contraparte no indígena, convirtiendo los elementos culturales y lingüísticos en diferencias sustanciales que impiden su acceso efectivo a la justicia estatal.
Considero que este es un factor importante que ha contribuido a perpetuar las condiciones de pobreza, injusticia, discriminación, marginación y vulnerabilidad, que históricamente han limitado el desarrollo de nuestros pueblos indígenas, así como el de sus habitantes.
Ante esta problemática y debido al proceso de transición y transformación que sufre nuestro país en materia procesal penal, hoy tenemos la gran oportunidad de salvaguardar el derecho constitucional de los pueblos y comunidades indígenas de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, de acceder a la justicia.
Es por estas razones que hoy presentamos ante esta altísima tribuna para proponer una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto al procedimiento especial para pueblos y comunidades indígenas, con el objetivo de asegurarnos de que la reforma en materia procedimental penal contemple la inclusión de derechos específicos de las personas indígenas, para que por primera vez no queden al margen de estos cambios normativos y de esta forma garanticemos el pleno goce de sus derechos. Es importante hacer hincapié de que no se trata de ninguna concesión sino de elemental justicia.
El Estado mexicano debe dar cabal cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos en materia de derechos indígenas, también ya establecidos en nuestra Constitución en su artículo 2o., como el derecho de los pueblos a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.
Para lo cual, el Estado debe garantizar a cualquier indígena que participe en un proceso penal un defensor o asistente jurídico que conozca su idioma o tradiciones, quien deberá asistir a la víctima o al imputado desde la notificación o presentación de la denuncia, hasta la conclusión de procedimiento penal.
Respetuosamente esta tarde pongo a consideración esta iniciativa, cuyo fin primordial es cerrar aún más las diferencias que como mexicanos aún nos separan. Confío plenamente en que este es un asunto que nos une y a muchos que provenimos de estados con alta población indígena nos compromete.
Hoy tenemos la enorme oportunidad de actuar a favor de ese México profundo, fuente de orgullo, pero también de complejidad política y social que ha caracterizado a nuestro país. Hoy podemos dar un paso adelante en la consolidación del nuevo sistema de justicia penal, vanguardista como el de las sociedades multiculturales más avanzadas, que efectivamente sea garante de derechos y congruente con los principios democráticos del Estado mexicano. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Benítez. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul de la diputada Karina Barón.
La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Sí, presidente. Pedirle a la diputada Mariana Benítez, paisana, de Oaxaca, si me permite suscribir ésta tan importante iniciativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputada Benítez, hay una solicitud de adhesión.
La diputada Mariana Benítez Tiburcio (desde la curul): Sí, adelante.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Acepta. Queda a su disposición en la mesa de la Secretaría como es costumbre.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul de la diputada Cynthia Gissel.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes (desde la curul): Presidente, buenas tardes. Para pedirle a nuestra compañera Mariana Benítez, si nos permite adherirnos a esta tan importante iniciativa. Gracias y felicitaciones.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Si la diputada da su anuencia, queda a su disposición en la mesa de la Secretaría de esta Presidencia.
La diputada Mariana Benítez Tiburcio (desde la curul): Adelante.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Brenda... A ver, perdón.
El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul del diputado Cándido Coheto.
El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (dese la curul): Para pedirle a la diputada Mariana Benítez si nos permite suscribir esta importante iniciativa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: La diputada ha dado su aceptación. Queda a su disposición en la mesa de esta Secretaría para la adhesión correspondiente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 12 de noviembre de cada año Día Nacional de la Cultura.
La diputada Brenda Velázquez Valdez: Buenas tardes. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. México es reconocido por su riqueza cultural y por su patrimonio artístico exquisito con un sello distintivo que provee México a todo el mundo.
La riqueza cultural de México es milenaria y es influencia para la construcción de las obras modernas de arquitectura e ingeniería. En literatura México no se queda atrás, pues las grandes obras de escritores como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan Rulfo y Rosario Castellanos, entre muchos y muchos otros, brindaron un patrimonio cultural que ha venido a engrandecer el nombre de nuestro país.
En la pintura también nos podemos sentir orgullosos. Obras del muralismo mexicano como las de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros o José Clemente Orozco, que han dado un sentido de pertenencia a todos los mexicanos.
Sin ánimo de parecer excluyente, en México durante su historia ha habido hombres que ha aportado muchísimo a nuestro país, sin embargo nadie como Sor Juana Inés de la Cruz, pues en un mundo en que la mujer no era tomada en cuenta y no contaba con los recursos para desarrollarse de manera plena, ella, con disciplina y amor por las artes, consiguió la posición intelectual más sobresaliente para una mujer en su tiempo y con todo en contra.
Sor Juana, mujer de época y de épocas, trasciende a los siglos por su arte, prosa y acción, pues ella buscó huir del paradigma imperante de su tiempo e hizo algo distinto. Se adentró en el conocimiento y buscó por todos los medios a su alcance zambullirse en la cultura de la época consiguiendo trascender y acrecentar de manera contundente y logró hacer que el alma de las mujeres pudiera tener un escaparate hacia el arte.
Por estas razones fundamentales, es que propongo ante esta soberanía que se decrete un día nacional de la cultura con el objetivo de que México tenga una fecha en que el Estado deba organizar una fiesta cultural de manera anual, una fecha en que todas las instancias de gobierno y particulares, se coordinen para mostrar nuestra riqueza cultural.
Propongo que la Secretaría de Cultura sea la dependencia encargada de coordinar con las demás instancias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno los festejos por el día nacional de la cultura, en términos de lo dispuesto en el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sin omitir que el Poder Judicial y el Poder Legislativo deberán participar de manera activa en la implementación de los festejos del día nacional de la cultura.
Compañeras y compañeros, decretar el día nacional de la cultura el 12 de noviembre de cada año, significa un homenaje para todos y cada uno de los artistas que en un momento dado de su vida han tenido que sortear obstáculos, desde políticos, sociales o económicos para poder expresarse en su arte.
Sor Juana Inés de la Cruz es el ejemplo de cómo la fuerza y la voluntad de expresar nuestra sensibilidad, puede romper los diques sociales que reprimen y amaran al ser humano. Un gran ejemplo de mujer de la que aún hay mucho que aprender y a la que hoy quiero honrar con esta iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Velázquez. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen. Esta Presidencia les da la más calurosa bienvenida a los alumnos de la Facultad de Estudios Superiores, de Acatlán, invitados por el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor. Sean ustedes bienvenidos.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.
La diputada Natalia Karina Barón Ruiz: Con su permiso, señor presidente. La presente iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, tiene por objeto establecer periodos específicos para que la autoridad responsable actualice los registros estatales y nacionales de pesca y acuacultura, y en caso de no hacerlo, fincar la responsabilidades pertinentes a los servidores públicos que incurran en la falta, cuestión que actualmente no sucede.
Necesitamos hacer el registro nacional de pesca y acuacultura, de él hacer una herramienta confiable y sobre todo eficaz, tanto para ordenar las actividades pesqueras y evitar la pesca ilegal, como para lograr que las y los pescadores puedan acceder a los apoyos que la Federación otorga a este sector.
Una oportuna actualización de los registros va a derivar una adecuada regulación, y en el acceso ordenado de miles de pescadores a programas y apoyos federales, mismos que los pondrán en condiciones de poder explotar todo su potencial y resolver los ingresos necesarios de sus familias.
La pesca es una de las principales actividades económicas en todo el mundo, y su importancia es fundamental en el desarrollo económico de cualquier país que cuente dentro de su territorio con zonas litorales, ríos, lagos, lagunas y esteros.
No obstante su relevancia, todos los lo que nos relacionamos con este sector sabemos que este sector se encuentra abandonado, descapitalizado y en desorden, y peor todavía en todos lados, son verdaderas mafias quienes controlan las pesquerías, mantienen el monopolio y no permiten, bajo ninguna circunstancia abrir el registro a nuevas concesiones
Mentira que el problema sea el agotamiento de los recursos pesqueros a explotar. Lo real es que dichos recursos están a disposición exclusiva de mafias establecidas desde hace muchos años.
Ejemplifico lo que pasa en mi estado, Oaxaca, aunque sabemos que lo mismo ocurre en todas las zonas pesqueras del país, en Oaxaca tenemos un número aproximado de 10 mil personas que se dedican a la pesca ribereña, sin embargo, formalmente sólo existen 450 permisionarios y no hay forma de abrir el registro para nuevos pescadores.
No obstante que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables obliga tanto a las autoridades federales como a las autoridades estatales, a mantener abierto el registro de manera permanente.
Resulta increíble, por ejemplo, que el gobierno federal no amplíe el apoyo de los programas, porque además de no contar con un registro real y actualizado, pretexte que los pescadores no se constituyen legalmente y por eso no pueden fungir como beneficiarios de los programas federales.
Entonces, el pescador no cuenta con los apoyos institucionales por no estar registrado, y no se registra por que las autoridades responsables no se lo permiten.
Lo anterior podría subsanarse si la autoridad federal emprendiera acciones destinadas a integrar a todos esos pescadores en el Registro Nacional, constituyendo medidas administrativas simplificadas para que todas las personas que decidan dedicarse a la pesca en el estado y en cualquier otra parte del país puedan acceder a los apoyos.
Son justamente estas debilidades de la ley las que nos proponemos subsanar con la presente iniciativa de reforma, por lo que pido el apoyo respetuoso de todos los grupos parlamentarios para su aprobación. Tenemos que ser muy firmes, la pesca tiene que salir del naufragio en el que se encuentra desde hace muchos años. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Barón. Túrnese a la Comisión de Pesca, para dictamen. Esta Presidencia les da la bienvenida a los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Economía, invitados por la diputada Claudia Sánchez Juárez. Sean ustedes bienvenidos.
La diputada Eva Florinda Cruz Molina (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul de la diputada Eva Cruz.
La diputada Eva Florinda Cruz Molina (desde la curul): Diputada Karina Barón, unirnos a su, ahora sí a su iniciativa porque es de mucha importancia para el estado de Oaxaca.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: ¿Diputada?
La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Por supuesto que sí. Gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Acepta. Queda a su disposición, diputada, en la mesa de esta Secretaría.
El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El diputado Cándido Coheto. Sonido, por favor.
El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (desde la curul): Para pedirle a la diputada Karina si nos permite suscribir su iniciativa. Gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: La diputada da su anuencia. Queda a disposición en esta mesa.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 23, 45 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Y otra iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Tiene hasta siete minutos para hacerlo, diputado.
El diputado Renato Josafat Molina Arias: Gracias, señor presidente. Históricamente el Poder Legislativo permaneció subordinado al Ejecutivo, así aconteció desde los primeros años de vida independiente y hasta finales del siglo XX. Así, en 1997 el PRI pierde la mayoría absoluta que había detentado en esta Cámara, lo cual fue un acontecimiento que dio lugar a un cambio radical en la correlación de las fuerzas políticas que se encontraban aquí representadas, y como consecuencia de ello el cambio de rol que había tenido este Congreso, el cual pasó a jugar un papel protagónico en el escenario de la vida política nacional.
Por la preeminencia existente del Ejecutivo sobre el Legislativo, los controles parlamentarios establecidos en el texto constitucional para fiscalizar al Ejecutivo no fueron eficaces para tal fin. En gran medida la mayoría parlamentaria absoluta que detentaba el Partido del titular del Ejecutivo en ambas Cámaras fue uno de los principales obstáculos que impidieron el adecuado funcionamiento de dichos controles.
Ahora la labor del Legislativo se ha redimensionado, el Legislativo ha pasado a ser un verdadero contrapeso al Ejecutivo al dejar de estar subordinado a éste, y por el contrario, ahora ejercer verdaderamente mecanismos de control parlamentarios que años antes se pensarían imposibles.
Muchos de los controles parlamentarios formal y materialmente no corresponden a una función legislativa. Sobre el particular cabe precisar que la división de Poderes establecida por la Constitución federal no corresponde a un sistema rígido e inflexible, puesto que admite excepciones consignadas en el propio texto constitucional y en otros ordenamientos que permiten a cualquiera de los Poderes ejercer funciones que en términos generales corresponden a la esfera de atribuciones de otro.
En el caso del marco jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de sus Cámaras, donde encontramos disposiciones relativas a las denominadas proposiciones con punto de acuerdo, la cuales son definidas como propuestas que los legisladores ponen a consideración del pleno que no constituyen iniciativas de ley, sino pronunciamientos sobre asuntos políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a una comunidad o grupo particular para formular algún pronunciamiento, exhorto o recomendación.
Evidentemente las referidas proposiciones con punto de acuerdo constituyen una especie de control parlamentario al tener por finalidad exhortar o recomendar a las autoridades las que se dirigen, para que hagan, dejen de hacer, modifiquen algún acto concreto o actividad, o para que cumplan con ciertas obligaciones que les corresponden. Sin embargo, dicho control carece de eficacia por la razón de que dichas proposiciones con punto de acuerdo no tiene carácter vinculante.
Peor aún, simplemente las mismas pueden o no recibir alguna respuesta por parte de la autoridad a la que se dirigen, y en su caso la respuesta se emite dentro del plazo que discrecionalmente considere la autoridad, que puede llegar a ser de meses.
Cruzando información del sistema de información legislativa de la Secretaría de Gobernación y de la Dirección General de Apoyo Parlamentario de la Secretaría de Servicios Parlamentarios de esta Cámara, en la presente LXIII Legislatura del Congreso, hasta finales de octubre pasado, se han aprobado 814 propuestas con punto de acuerdo, presentadas por diputados ante la propia Cámara de Diputados y ante la Comisión Permanente, de las cuales 206 son las que han recibido respuesta por parte de la autoridad federal, lo cual quiere decir que poco más de 600 no han recibido respuesta, o bien no se tiene información sobre la misma, considerando las propuestas con punto de acuerdo que son dirigidas a órganos constitucionales autónomos, a gobiernos de entidades federativas o municipales.
Por ello se requiere transparentar todas las propuestas que la Cámara de Diputados reciba a propuestas con puntos de acuerdo, sistematizar dicha información y que la misma pueda ser consultada de manera fácil y sencilla por cualquier ciudadano.
Las presentes iniciativas surgen como respuesta a las omisiones de diversas autoridades de orden federal, estatal y municipal, en cuanto a las respuestas o puntos de acuerdo que deberían enviar a esta soberanía.
A manera de ejemplo, el de la voz promovió un punto de acuerdo, el cual fue aprobado en marzo pasado por la comisión correspondiente en los siguientes términos:
Único. La Cámara de Diputados solicita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México un informe pormenorizado sobre la situación jurídica y social que guarda el predio ubicado en Canal Nacional y Calzada la Virgen, lotes 1 y 2 de la manzana 2, en la colonia Unidad CTM Culhuacán, en la delegación Coyoacán, así como proporcionar un listado de predios propiedad del Gobierno de la Ciudad destinados para canchas deportivas, atendiendo las reservas que les sean aplicables por la legislación, transparencia y protección de datos personales.
Lo anterior, en virtud de que el Gobierno de la Ciudad dejó perder el predio mencionado en un juicio de prescripción positiva. Al día de hoy, los invasores de este predio, por la desatención del Gobierno de la Ciudad lo están ofertando en un periódico, solicitando la cantidad de 94 millones de pesos, por los más de 6 mil metros cuadrados que tiene de superficie, cuando la vocación de este predio había sido siempre pública, para ser utilizada por la población, principalmente para niñas y niños para deporte.
Por lo anterior, es urgente que el jefe de gobierno y el actual consejero jurídico realicen las acciones correspondientes para la recuperación del predio, pues está coartando el derecho de las niñas y los niños para que ejerzan su derecho humano a la práctica del deporte.
Otros ejemplos se presentaron con puntos de acuerdo, promovidos por el de la voz, y aprobados en comisiones permanentes del pasado receso, por medio de los cuales se requería a autoridades capitalinas de la Secretaría de Desarrollo Social atender la problemática que enfrentan trabajadoras de las unidades de atención y prevención de violencia familiar, que están siendo acosadas laboralmente y reubicadas de su centro de trabajo sin justificación alguna, sin que hasta la presente fecha se haya recibido alguna respuesta a todos estos puntos de acuerdo.
En estos casos, coincidentemente el servidor público involucrado es el señor Jesús Rodríguez Núñez, actual director general de Igualdad y Diversidad Social de la Sedesol de la Ciudad de México, y anteriormente director general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica capitalina.
Compañeras diputadas, compañeros diputados, con las iniciativas que pongo a su consideración se pretende que si en un término de 30 días naturales, a partir de su notificación, no se recibe respuesta al punto de acuerdo, el promovente del mismo pueda solicitar al presidente de la Mesa Directiva le requiera nuevamente a la autoridad correspondiente la atención al punto de acuerdo, otorgando para esto un plazo de 15 días naturales adicionales, si al término de dicho plazo no hubiera respuesta, de igual forma el promovente del punto de acuerdo podrá solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva recurrir, en una queja oficial, ante la autoridad que fue omisa en dar respuesta a esta soberanía.
Compañeras, por lo anterior, en aras de fortalecer a este Poder Legislativo, les solicito su apoyo a estas iniciativas, considerando además que con ellas todas las fuerzas políticas se verán beneficiadas, incluidas quienes ahora son mayoría en esta Cámara, que a partir de 2018 seguramente serán oposición al gobierno que encabezará Morena, el cual atendiendo a su vocación democrática dará respuesta oportuna a las propuestas con punto de acuerdo que aquí se aprueben, dentro del marco legal que ahora les propongo. Es cuanto, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Molina. En cuanto hace a la primera iniciativa que con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 23, 45 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictamen.
Y en cuanto hace a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictamen. Sonido a la curul del diputado Cuitláhuac García.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Solo para solicitarle al promovente si nos podemos adherir a sus dos iniciativas los diputados de Morena.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El diputado Molina da su anuencia. Queda a su disposición en la mesa de esta Secretaría para ese fin.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de... Seguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Adelante, diputado.
El diputado Salvador Zamora Zamora: Gracias, señor presidente. La semilla de maíz transgénico es un producto de laboratorio patentado con una marca propiedad de una empresa agroalimentaria mundial, de las cuales existen varias a nivel internacional y con actividades en nuestro país. Sin embargo, a nivel global muchos países ya han alertado respecto de los riesgos en el consumo de semillas genéticamente modificadas.
Existen ejemplos de países que prohíben el ingreso de maíz transgénico, otros con situaciones de afectación a la salud por el uso de este tipo de semillas y herbicidas que han ocasionado defectos en el nacimiento de formaciones del cerebro, lesiones neurológicas y fertilidad entre otros.
El supuesto atractivo de estas semillas es la resistencia mayor a plagas y otros plaguicidas por haberles sido modificado su ADN con bacterias de virus, de vegetales, de animales y hasta del ser humano, implementos o mejoras que no son naturales.
Nuestra función como legisladores es salvaguardar la salud y la buena alimentación de nuestros representados. En marzo del año 2005 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, con el objeto de regular las actividades de liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados.
Lo anterior con la finalidad de prevenir, evitar y reducir los posibles riesgos que estas actividades puedan ocasionar a la salud, al medio ambiente y a la biodiversidad biológica, sanidad animal, vegetal y acuícola.
Es por ello, y con el objeto de darle mayor transparencia y legitimidad a los actos que emita la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, se propone la reforma a los artículos 2, fracción XIV; 19, fracción IIII; 21, 24, 101, primer párrafo; y 121, segundo párrafo, de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, para garantizar la participación pública de otras dependencias, representantes ciudadanos y miembros del Consejo Consultivo, con derecho a voz y voto en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.
Y previo a que la Secretaría de Salud haya comprobado la inocuidad y que no existen riesgos a la salud por productos que contengan dichos organismos modificados, se solicite opinión de las asociaciones y miembros de este sector social productivo. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias, señor presidente.
El Vicepresidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Zamora. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen.
El Vicepresidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 33 y 72 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
El diputado Mariano Lara Salazar: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 34 y 72 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
Lo anterior, con la finalidad de terminar con una práctica que se ha aprovechado y utilizado por los titulares de las dependencias para designar al personal con nombramientos temporales para ocupar un puesto, una vacante o una plaza de nueva creación sin la necesidad de sujetarse a los procedimientos que establece la misma ley.
Esta práctica, siendo una excepción de la ley, se encuentra establecida en el artículo 34 y se ha convertido en lo habitual, consiguiendo pervertir el principal interés que se buscaba.
Hace más de diez años fue publicada la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal, así se creó el sistema del Servicio Profesional de Carrera como un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, basándose en el mérito y la capacidad de sus aspirantes.
Lamentablemente, el objeto primordial de esta ley ha sido pervertido, ya que la redacción de un artículo en particular ha dado a que se aproveche la discrecionalidad que la ley permite para la designación de personal durante la última etapa del proceso, lo que ha restado imparcialidad y certidumbre.
El citado artículo 34 establece que en casos excepcionales y cuando peligre o se altere el orden social, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por caso fortuito de fuerza mayor o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales o importantes.
Los titulares de las dependencias o el oficial mayor respectivo u homologo, bajo su responsabilidad podrán autorizar el nombramiento temporal para ocupar puesto, una vacante o una plaza de nueva creación considerando para ser ocupado por cualquier servidor público sin necesidad de sujetarse al procedimiento de reclutamiento y selección a que se refiere esta ley.
A pesar de que la propia ley señala que el nombramiento será temporal, es decir, con un límite de hasta 10 meses, se da a los elegidos una ventaja de aprender las funciones del puesto y de este modo obtener los mejores resultados en el concurso, lo que evidentemente va en contra del espíritu de la norma y de los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, establecidos en el último párrafo del artículo 2 de la propia ley.
De acuerdo con el doctor José Luis Méndez, especialista en el Servicio Profesional de Carrera, el uso recurrente del artículo 34, provocó que en el año, entre 2004 y 2012, la mitad de los aproximadamente 40 mil concursos con ganador estuvieran relacionados con el hecho de que el funcionario fuera nombrado en el cargo previo al concurso, es decir, por designación directa.
Precisamente por este motivo, propongo que cada dependencia federal elabore y publique un catálogo de las posibles situaciones en las cuales pudiera encontrarse en la necesidad de recurrir al uso del artículo 34 y de este modo terminar de una vez por todas con las atribuciones que presentan las asignaciones de plazas en la administración pública federal.
Si queremos garantizar que quienes ocupen los puestos públicos sean las personas mejor calificadas y preparadas, es preciso eliminar los resquicios de la ley e impedir designaciones parciales e injustas que solo abonan a la pésima percepción que tiene la ciudadanía de los servidores públicos. Es momento de ser congruentes.
En Nueva Alianza estamos comprometidos a fortalecer nuestro marco normativo para terminar con la corrupción, la opacidad y la discrecionalidad en el servicio público. Actuamos por el bien de México. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Lara. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del Día Mundial de la Diabetes. Se han registrado para referirse al tema los siguientes diputados.
La Diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social; la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza; la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; el diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena; el diputado Mario Machucha Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México; la diputada Eva Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD; el diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN y la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI.
Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Con su permiso, presidente. Honorable asamblea. El Día Mundial de la Diabetes se celebra cada año, 14 de noviembre, fecha del aniversario de Frederick Banting, quien junto con Charles Best, descubrió la insulina en 1921.
Tal fecha se instauró en 1991 por la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de concientizar a nivel mundial la relevancia de la diabetes, sus causas, síntomas, tratamiento y consecuencias de la enfermedad que día a día va en aumento.
La intención es la de revertir esta tendencia en incremento para lo cual la prevención es una de las principales acciones. En el año de 2012 la diabetes fue la causa directa de 1.5 millones de defunciones, de las que más del 80 por ciento se produjeron en países de ingresos bajos y medios. Según las previsiones de la Organización Mundial de la Salud, la diabetes será la séptima causa de defunción para el año 2030.
Se trata de una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no produce suficiente insulina, hormona que regula el azúcar en la sangre o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce. Si el azúcar no puede llegar a las células para convertirse en energía, la glucosa se acumula en la sangre para alcanzar niveles perjudiciales.
Se reconocen dos tipos principales de diabetes, las personas con diabetes Tipo 1 generalmente no producen insulina y para servir necesitan inyecciones de insulina. Las personas con diabetes Tipo 2, que representan el 90 por ciento de los casos, suelen producir su propia insulina pero la cantidad es insuficiente o no la pueden utilizar apropiadamente, por lo general tienen sobrepeso y son sedentarias, dos circunstancias que aumentan sus necesidades de insulina.
La hiperglucemia puede poner en peligro a los órganos principales y provocar ataques cardiacos, accidentes cerebrovasculares, neuropatías, insuficiencia renal, ceguera, impotencia e infecciones que pueden hacer necesaria la amputación de algún miembro.
En gran número de casos de diabetes se puede prever con sencillas medidas relacionadas con el modo de vida, tales como el control de peso adecuado, la actividad física constante y una dieta sana. La detección oportuna y el tratamiento asequible y adecuado para controlar el mal y prevenir complicaciones mayores. Así con la reducción de la mortalidad son medidas del Estado que son necesarias.
En Encuentro Social tenemos un compromiso serio y tangible con las generaciones presentes y futuras a fin de evitar que la diabetes merme su proyecto de vida. Durante los próximos días hablaremos y habremos de aportar lo mejor de nuestro trabajo parlamentario para incidir en las políticas públicas que así lo permitan. Gracias y es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada García. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, de Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, el año pasado cada seis segundos en algún lugar del mundo una persona moría a causa de la diabetes.
Podría afirmar que todos y cada uno de nosotros conocemos a alguien que vive con diabetes. La magnitud de este padecimiento tiene en nuestro país un alarmante índice.
El preocupante incremento de la diabetes en el mundo dio lugar a que la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, iniciaran la Conmemoración de Día Mundial como el día 14 de noviembre de cada año, se eligió esta fecha para recordar a Frederick Banting junto con Charles Best, quienes descubrieron la insulina. Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 422 millones de personas con diabetes y más del 80 por ciento de las muertes por este padecimiento se registran en países bajos y medios, el mayor número de diabetes lo padecen personas entre 40 y 59 años de edad, es decir, personas que se encuentran en una etapa de enorme productividad.
Un dato alarmante es que en el mundo, casi la mitad de las personas con diabetes no reciben los tratamientos adecuados y de manera oportuna, el Día Mundial de la Diabetes es pues, un recordatorio de la repercusión que tienen las decisiones cotidianas de nuestra vida y la salud de nuestros hijos, hagamos pues, conciencia de ellos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Campa. Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis: Con su permiso, presidente. Buenas tardes, con el permiso de la Mesa Directiva, el día de ayer 14 de noviembre se conmemora el Día de la Diabetes.
¿Por qué se hace necesario instaurar o conmemorar el Día de la Diabetes? Porque es una enfermedad que día a día ha ido cobrando terrenos, y por hoy es una de las principales causas de muerte en el mundo entero y en nuestro país no es la excepción.
Desde el año 2000 la diabetes en México es la primera causa de muerte de mujeres y la segunda de hombres. Esta enfermedad causa cerca de 83 mil muertes en nuestro país. En la actualidad las personas que viven con diabetes se han triplicado, pues llegan a más de 347 millones, según la OMS, y México ocupa el sexto lugar a nivel mundial con el número de casos de pacientes diabéticos.
De las personas que viven con diabetes casi el 16 por ciento no cuentan con seguridad social. De estas dos terceras partes se atienden en instituciones privadas y el 24 por ciento reciben tratamientos en los sistemas de protección social; y únicamente un pequeño número son atendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y otras instituciones de seguridad social. Sin embargo, el número de pacientes con diabetes no se conoce con exactitud porque hasta el día de hoy hay personas que podemos estar enfermos y no lo sabemos.
Por eso me sigo preguntando qué es lo que pasa con las decisiones que se toman en este recinto, donde en forma irresponsable y en contubernio con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se aprobó un presupuesto inferior a los 11 mil millones de pesos para el área de salud, al que se otorgó en el 2016.
¿Por qué el desdén del grupo mayoritario del PRI, y todos sus aliados, del presidente de la República y del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfredo del Mazo Maza? ¿Por qué esa falta de interés en proteger la salud del pueblo de México?
La OMS prevé que para los próximos años, en el 2030, el caso de muertes y el caso de padecimiento por diabetes se quintuplicará. Y se menciona que actualmente 1 de cada 11 individuos padecen diabetes, que muere 1 cada 6 segundos a causas relacionadas con la diabetes por sus complicaciones.
De acuerdo a esta información que nos proporciona la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en los adultos mexicanos se observa una prevalencia de obesidad abdominal en hombres y mujeres que van del 64 y el 82 por ciento.
Por eso este Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano considera que es conveniente desarrollar desde los ámbitos institucionales de salud y educación una cultura que mejore la calidad de la alimentación, la ingesta de alimentos balanceados y la incrementación de la actividad física y del ejercicio.
Es justo hacer un reconocimiento a los trabajadores de la salud, que en sus diarias labores suman esfuerzos para abatir la diabetes en sus diferentes tipos. Mención honorífica a todos aquellos que laboran en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubiran, y al voluntariado del Círculo Azul, cuyo lema es Unidos por la Diabetes. Unámonos todos por la diabetes.
Particularmente a todos los trabajadores del sector salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE y de todas las instituciones de salud, que suman su esfuerzo día a día a pesar del sinnúmero de carencias y las necesidades, para seguir fortaleciendo la salud del pueblo de México.
Es irresponsable de esta Cámara el no haber autorizado presupuesto suficiente para luchar contra este horrible crimen. Gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Ramírez. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos, el diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Roberto Guzmán Jacobo: Muy buenas tardes los pocos compañeros diputados que están aquí. Con permiso de la Presidencia.
El asesino silencioso que mata a México es la diabetes. Frecuentemente escuchamos historias de personas que padecen diabetes y que no nos tomamos en cuenta hasta que el daño es irreversible. Empiezan a subir de peso, de repente experimentan un coma diabético, se sufre la amputación de un pie, se pierde la vista, un riñón y degenera el páncreas. Muchas personas creen que esto no les puede pasar aunque tengan antecedentes familiares. No se revisan los niveles de glucosa.
Primero se me inflamó un pie y lo dejé pasar pensando que era por usar zapatos apretados, hasta que un día el dolor fue inaguantable y mi pie reventó, terminando con una amputación de varios dedos. Trabajemos juntos en la prevención, señores diputados.
Este 14 de noviembre se realiza la campaña de conciencia más importante del mundo contra esta enfermedad tan temida, el Día Mundial de la Diabetes. Fue instaurado por la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991, como respuesta a la alarma e incremento de los casos de esta enfermedad en todo el mundo, lo que se hace llamar asesino silencioso, que se ha convertido en una pandemia.
Esta campaña realiza un llamado a todos los responsables de la atención diabética con bases a la educación y a la prevención. El problema más grave que se presenta en esta enfermedad es al complicarse. Se puede sufrir insuficiencia renal crónica, la cual es de suma gravedad y tiene un alto costo de atención. También hay que decir que los enfermos con diabetes tienen mala calidad de vida y mueren prematuramente.
Por primera vez en México, este 14 de noviembre el gobierno mexicano emitió una declaratoria de emergencia epidemiológica por la diabetes, enfermedad que ocasionó 98 mil muertes el año pasado.
La alerta se lanza con el fin de apoyar o visualizar el problema, tener una mejor articulación de todas las acciones gubernamentales para atender el padecimiento y mejorar el control metabólico de los pacientes.
En Morena estamos conscientes del alto costo que representa para la población esta enfermedad, por lo que seguiremos insistiendo en que se incrementen las unidades de hemodiálisis en los hospitales públicos en nuestro país.
Lástima de la imprudencia con la que ustedes, diputados, votaron a favor el PEF 2017. La salud de los mexicanos los juzgará. Porque la salud es un derecho, no es un privilegio con el que contamos muchos de los diputados que estamos sentados aquí. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Guzmán. Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, el diputado Mario Machuca Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Mario Machuca Sánchez: Con la venia de la Presidencia. La Organización Mundial de la Salud fue creada con la finalidad primordial de trabajar para mejorar la salud física, mental de los individuos, a través de la definición de líneas de acción y mecanismos eficientes que garanticen prevenir, conservar y restituir la salud de la población en el mundo.
Esta organización en conjunto con la Federación Internacional de la Diabetes instauro el 14 de noviembre de cada año como el día mundial en la lucha contra esta enfermedad, cuyo propósito es dar a conocer las causas, síntomas, tratamiento y las complicaciones asociadas a la misma, al tiempo de crear conciencia sobre la incidencia de esta grave afección, la cual está aumentando y requiere de acciones puntuales para prevenir dicha tendencia.
Como cada año, la Organización Mundial de la Salud define un tema central para conmemorar el día mundial de la misma. Para este 2016 se eligió la diabetes, en virtud de que es un grave problema que ha convertido a los países de todo el mundo en un problema de salud y es por el alto índice de obesidad y de sobrepeso.
La diabetes es una enfermedad crónica que con el tiempo puede poner en peligro a todos los órganos principales de nuestro cuerpo y provocar ataques cardiacos, accidentes cerebrovasculares, neuropatías, incidencias en problemas renales, ceguera, infecciones que pueden derivar hasta en la amputación de algún miembro.
La UNAM calificó la diabetes como una enfermedad devastadora para nuestro país, ya que ha provocado una de cada 14 muertes. Preferentemente ha sido la primera causa de defunción en una población que oscila entre los 45 y 64 años de edad, y cuya incidencia en los adultos va del 10 al 15 por ciento, esto representando el doble del promedio de los países que conforman la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico.
Como se sabe, una de las principales causas que dan origen a la diabetes tipo 2, que es la más común, es el sobrepeso y la obesidad, el cual incrementó en México en un 62 por ciento tan sólo entre el año 2000 y el 2012, colocando al 71 por ciento a la población adulta y a uno de cada tres niños derivados de este problema ya con la diabetes.
Según previsiones de la Organización Mundial de la Salud, la diabetes será la séptima causa de defunciones para el año 2030. Por ello, urge hacer un llamado, no sólo a los gobiernos, sino también a la población, para que se tomen medidas para su erradicación.
No podemos soslayar que una gran proporción de los casos de diabetes son prevenibles, algunos mediante simples cosas relacionadas con la vida sana. El mantenimiento del peso normal, la realización de las actividades periódicas y una dieta sana pueden reducir significativamente el riesgo que tenemos de padecer la diabetes.
En cuanto a los avances que tenemos, yo quiero destacar la instalación del Consejo de Asesor del Observatorio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles, el cual registra el comportamiento de la diabetes y evalúa el impacto de las acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención del Control de Sobrepeso y Obesidad y la Diabetes.
Asimismo, se debe recalcar el seguimiento de los pacientes de las unidades médicas de las enfermedades crónicas, donde se ha atendido a más de 30 mil pacientes de alto riesgo. En cuanto a la prevención debemos reconocer también la labor de las unidades móviles de orientación alimentaria y actividad física, las cuales realizaron en todo el país eventos educativos, de promoción, de la correcta alimentación, consumo del agua simple, así como actividades físicas y estilos de vida saludable.
Por todo esto, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista sabemos que debemos impulsar acciones conjuntas que hagan posible el fortalecimiento de las ya implementadas acciones y diseñar nuevos mecanismos que permitan seguir dando una lucha frontal a la diabetes, enfermedad que lamentablemente impacta de manera particular a nuestra población. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Machuca. Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, la diputada Eva Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Eva Florinda Cruz Molina: Con su venia, diputado presidente. Con motivo del 14 de noviembre, Día mundial de la diabetes, el Grupo Parlamentario del PRD, por mi conducto hace el recordatorio que la diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no genera insulina suficiente o el organismo no la utiliza eficazmente.
Esta enfermedad ha alcanzado proporciones epidémicas y su impacto seguirá creciendo en los próximos años, principalmente por el aumento de la obesidad.
El 14 de noviembre conmemoramos el Día mundial de la diabetes y nos da la oportunidad de concientizar a las personas, adoptar hábitos más saludables.
Según un informe de la Organización Mundial de la Salud el número de personas con este padecimiento en el mundo se ha multiplicado entre 1980 y 2015 hasta llegar a los 415 millones de casos.
Desde el año 2000 la diabetes en México es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres. México es el sexto lugar entre los países que tienen mayores índices de enfermos por diabetes, sin embargo, a nivel Latinoamérica es el país con mayor número de fallecimientos.
La prevalencia de diabetes ha aumentado notablemente en el país en los últimos 35 años. Lo más alarmante es que según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 33 por ciento de los niños y 70 por ciento de los adultos padecen sobrepeso y obesidad.
Diputadas y diputados, por este motivo los costos sociales ascienden a más de 85 mil millones de pesos. La diabetes afecta las finanzas del enfermo y su familia. Este padecimiento también causa otras enfermedades, como hipertensión, ceguera, insuficiencia renal, infartos y amputaciones.
Amigas y amigos diputados, ante este escenario la crisis de salud pública en el país no se va a solucionar con el recorte del presupuesto; sino por el contrario, fortaleciendo el sistema de salud pública en nuestro país.
Tenemos que replantearnos políticas públicas audaces que incidan en los estilos de vida y los patrones de consumo de la gente. Se requiere gravar aquellos alimentos o sustancias que dañan o ponen en riesgo la salud. Emprender campañas en las escuelas y en la población de actividad física y de alimentación saludable.
No podemos esperar en los hospitales y clínicas a que lleguen los enfermos por diabetes. Se requiere prevención contundente. Vamos, pues, por el fortalecimiento de la salud pública en nuestro querido México. Por más y mejor infraestructura, por más personal médico, por más equipos modernos en los hospitales. Pero sobre todo, por menos enfermos de diabetes, sobrepeso y obesidad. Gracias, compañeros diputados.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Eva Cruz Molina. Tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos el diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional.
El diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía: Muy buenas tardes a las pocas y pocos diputados que nos encontramos en el pleno. Primeramente antes que nada, la verdad que el día que votamos el presupuesto nos fuimos muchos de la comisión con un sabor de boca muy amargo y con una tristeza enorme porque ese recorte creo que durante todo un año lo vamos a estar reclamando.
El día de hoy que vamos a hablar de un tema tan importante y tan delicado, que el día de ayer, por cierto en mi estado, lo declara el señor secretario de Salud como una alarma epidemiológica no trasmisible como es la diabetes, eso hubiera estado mejor antes de haber votado el presupuesto.
Pero independientemente qué bueno, yo aplaudo la iniciativa del secretario, porque en México 6.4 millones de personas padecen la diabetes. Pero la gente que nos ha de estar viendo, que también no creo que sea mucha, se tendrá que dar cuenta que una de cada 10 personas tiene diabetes, pero además de eso, hay tres de cada 10 que no saben y no están enterados que tienen la diabetes.
Somos el sexto lugar de países con más enfermos de diabetes. El primer lugar, esto es lo más delicado, somos el primer lugar a nivel mundial que la diabetes es la muerte básica, es la causa principal de una muerte, por eso nos la están reportando como primer lugar.
Sabemos de las enfermedades que conllevan una diabetes, ya hablaba un compañero de lo que puede pasar. Pero también yo le pido a los diputados y a las diputadas que veamos de unas bolsas, porque normalmente hay bolsas de gastos catastróficos, donde podamos fortalecer el sistema de servicios de salud, donde podamos sacar esos 85 mil millones de pesos que se gastan al año en tratar a pacientes con la diabetes.
Pero además de eso, una cifra alarmante, hubo cuatro mil 500 amputaciones de una extremidad en 2015, pero las muertes y lo más alarmante, que en el 2015 hubo más de 98 mil muertes ocasionadas por la diabetes; por primera vez en la historia se alarma esta emergencia sanitaria.
Pero tengo un reclamo. ¿Dónde está el impuesto que votamos; dónde está ese impuesto y ese peso que aprobamos por litro de bebida azucarada para que se fuera el tema preventivo de la obesidad, al tema de políticas públicas en prevención?
¿Dónde están los bebederos en las escuelas? ¿Dónde está ese importe que suma más de 17 mil millones de pesos que no han llegado a las políticas públicas de la prevención en la diabetes? Necesitamos más nutriólogos y más diabetólogos en nuestras unidades del sistema de salud.
Compañeras y compañeros, termino diciéndoles que ante esta muerte silenciosa no va a haber recurso que alcance para tratar a nuestros pacientes en México, pero además de eso si la gente que nos ve y nos escucha no pone un granito de arena y se autocuida, hace ejercicio, come sanamente y además de eso visita a su médico con la intención de mejorar, no va a haber recurso que alcance. Así es.
Que la solución, gran parte está en nuestras manos, pero también en los ciudadanos que cooperen y que nos ayuden a ayudarles para así tener mejora en nuestros mexicanos, así es que termino diciéndoles que ojalá tengan de la buena voluntad para que en la bolsa de gastos catastróficos sumemos un recurso extra para la enfermedad tan terrible como es la diabetes. Muy buena tarde.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Íñiguez Mejía. Tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Rosalina Mazari Espín: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados. El Día Nacional de la Diabetes se instituyó con la finalidad de crear en la sociedad mexicana una conciencia de la realidad del grave problema que es tener diabetes y específicamente que es una enfermedad cuyos efectos se pueden prevenir y postergar.
A partir de 1991, la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud establecieron el 14 de noviembre de cada año como la celebración del Día Mundial de la Diabetes, acontecimiento que reúne a millones de personas en 160 países para incidir en la población mundial de una urgente atención y respuesta de los gobiernos de cada nación y del alarmante problema en sus poblaciones por el exponencial aumento de los casos de esta enfermedad.
Posteriormente la Cámara de Diputados hizo lo propio al conmemorar este día con el propósito de que los tres niveles de gobierno den a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad.
Se considera que en México existen 7 millones de personas con algún tipo de diabetes y que en menos de tres décadas subió el 700 por ciento la mortalidad al pasar de 14 mil muertes en 1980, a 98 mil personas en el año 2015.
Por otra parte existen estudios académicos que exponen que cerca del 14 por ciento de la población tiene esta enfermedad, lo que representaría 11 millones de mexicanos y cerca de 3 millones de ellos no sabrían que tienen este padecimiento. Asimismo se estima que sólo un 40 por ciento de los enfermos siguen su tratamiento, lo que radicaliza este problema.
La diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo donde se convierte en energía para que funcionen los músculos y los tejidos.
En términos generales, se afirma que durante su etapa inicial la diabetes no produce síntomas al no ser detectada a tiempo y no ser tratada adecuadamente; presenta complicaciones de salud graves como: falla renal, infarto del corazón, ceguera, amputación y muerte prematura. Esta Cámara ha tomado con seriedad este problema de salud pública nacional aportando diversos esquemas como es el caso del impuesto a las bebidas azucaradas, semáforo nutricional, creación de espacios libres de humo de tabaco, recursos públicos que generen políticas en salud y en propiciar la publicidad de las investigaciones científicas por mencionar algunos ejemplos.
El Ejecutivo a través del secretario de Salud José Narro Robles, emitió el día de ayer la declaratoria de emergencia epidemiológica para todo el territorio nacional ante la magnitud y trascendencia de los casos de diabetes mellitus a través de cuatro acciones fundamentales:
Primero. Darle visibilidad a la problemática de salud mediante el convencimiento a la población de que se necesita su participación.
Segundo. Catalogarla de alta prioridad.
Tercero. Buscar la coordinación con todas las instancias, gobierno federal y de todos los niveles de gobierno.
Cuarto. Encontrar la forma de asegurar los insumos para la detección temprana y el tratamiento de la enfermedad.
Esta Cámara avala la estrategia nacional para la prevención y el control de sobrepeso, obesidad y diabetes, con el fin de reducir el impacto de estas enfermedades entre la población, y vigilará el fiel cumplimiento de las acciones de promoción, prevención, diagnóstico oportuno y control de la diabetes, porque se debe urgentemente pasar de un actual esquema curativo a un esquema preventivo como política de salud pública estratégica para controlar el problema y formar una conciencia de la buena salud de nuestro cuerpo.
Diputados, mientras tanto, encomendamos a los ciudadanos siga las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, mantener un peso corporal saludable, mantenerse activo físicamente, consumir una dieta saludable y evitar el consumo de tabaco. Sigamos trabajando por un país sin diabetes. Es cuanto, diputado presidente. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputada Rosalina Mazari Espín.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Estamos en el capítulo de Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a elaborar los proyectos ejecutivos de las obras necesarias para la recarga del acuífero de La Paz, a fin de abatir el déficit creciente que presenta y para detener su salinización.
La diputada Jisela Paes Martínez: Honorable asamblea, La Paz, capital del estado de Baja California Sur, enfrenta hoy un grave problema, y es que no tenemos el agua necesaria para cubrir nuestras necesidades humanas.
La disponibilidad anual de agua que ha publicado la Conagua, en nada refleja lo que está sucediendo con el acuífero de La Paz, y al no señalarse la disponibilidad real, entonces Conagua no nos ve.
Por eso queremos, con este punto de acuerdo que el gobierno federal voltee a ver el acuífero de la capital del estado. Tenemos un grave problema, 8 kilómetros a partir de la línea de costa ya tiene intrusión salina.
Hay que decirlo, cuando existe intrusión salina. Hay que decirlo, cuando existe intrusión salina esa agua no sirve ni para la agricultura ni para consumo humano.
Lo que señala la Conagua no es real, por eso demandamos desde esta tribuna que vean el problema y se realicen obras urgentes para recargar el acuífero de La Paz, hoy que aún estamos a tiempo. La ciudad de La Paz cuenta con un crecimiento poblacional anual del 3 por ciento y se abastece del acuífero de La Paz, el cual sufre desde hace varios años un severo abatimiento en sus niveles.
Por la forma en que se presentan las lluvias en forma de huracanes y la falta de obras de recarga no se han aprovechado las aguas superficiales y, por tanto, el agua subterránea es la única fuente de abastecimiento del acuífero de La Paz. De seguir este avance en pocos años el agua de este acuífero no será apta para consumo humano, por ello es urgente tomar las medidas adecuadas para enfrentar este problema.
El obstáculo para enfrentarlo lo representa el estudio de disponibilidad anual del acuífero de La Paz, publicado por la Conagua, en el que se señala que solo existe un pequeño déficit, lo cual evidentemente no corresponde a la realidad.
Tampoco debemos esperar que el agua que necesitará en el futuro la capital del estado pueda ser suministrada del acuífero de El Carrizal, porque en la realidad también está sobreexplotado y se le ha incrementado la extracción mediante el acueducto que inició operaciones a partir de este año.
Los datos incorrectos de la publicación de la disponibilidad del agua subterránea en ambos acuíferos han sido utilizados para la programación de obras, porque al señalar que ambos acuíferos se encuentran casi en equilibrio no considera la necesidad de aprovechar las aguas superficiales mediante obras de recarga.
Por eso debe modificarse la disponibilidad publicada para el acuífero de La Paz, a fin de que exista el fundamento para realizar las obras que se requieren para rescatarlo. La solución para abatir el déficit del acuífero de La Paz es su recarga, aprovechando el agua de las precipitaciones fluviales mediante un manejo integral, como: presas de almacenamiento, obras de infiltración, encausamiento de arroyos, obras de control, barreras para detener la intrusión salina con infiltración de aguas tratadas, drenaje fluvial, obras de conservación de suelo y agua, entre otras.
Al considerar el gobierno federal que nuestro acuífero se encuentra casi en equilibrio no cuenta ni con proyectos ejecutivos de esas obras que solucionarían el problema hídrico en la capital del estado.
Por esas razones es que les pido hoy su voto a favor de este punto de acuerdo para ayudar a Baja California Sur a solucionar este problema, hoy que aún estamos a tiempo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Jisela Paes Martínez. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución el punto presentado.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para hablar sobre el tema el diputado Roberto Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena; el diputado Virgilio Mendoza Amezcua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y el diputado Francisco Javier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del PRD. Tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos, el diputado Roberto Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Buenas tardes. Compañeros diputados, con su venia, Mesa Directiva. De los 653 acuíferos con los que contamos en México, cuando menos 115 se encuentran en estado de sobreexplotación, ya que de ellos se extraen volúmenes mayores de agua, a los que ingresan en sus recargas.
Esto por si es preocupante, pero lo que es aún más preocupante, cuando nos enteramos que el dato puede ser en efecto inexacto y que, de hecho, ni siquiera la autoridad federal del agua, la Conagua, conoce de forma exacta el estado que guardan los acuíferos.
Lo anterior se infiere de las declaraciones provenientes del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es el IMTA, por sus siglas, organismo público descentralizado que se aboca a enfrentar los retos asociados con el manejo del agua y que cuenta con más de 300 especialistas altamente capacitados en la atención de la problemática prioritaria del sector, muchos de ellos vemos que tienen más de 20 años de experiencia, lo cual significa bastante, para tomar en consideración su opinión.
El IMTA afirma que no existe información suficiente ni confiable del volumen del agua que se extrae de los acuíferos en nuestro país, lo que demuestra el enorme retraso y el absoluto descuido que existe en este tema de fundamental importancia para nuestra nación.
A esto hay que agregar que los efectos del cambio climático en la variabilidad e intensidad de las precipitaciones puede inducir cambios significativos en la disponibilidad del vital líquido que disponemos.
Estos dos factores pueden provocar mermas considerables en los volúmenes sustentables y un abatimiento de los niveles estáticos de los acuíferos, así como un aumento en los costos de sustracción.
En el caso que nos ocupa, es curioso por decir lo menos que el acuífero de La Paz, que surte a una ciudad en constante crecimiento con nuevos centros comerciales, plazas, edificios, negocios, restaurantes.
Desde el principio de la década de los años Setenta del siglo pasado, reporta grados de su explotación incrementándose este déficit hace apenas tres años y de repente, como si fuese por arte de magia, en un estudio de la Conagua resulta que esta solo ligeramente está sobreexplotado, lo cual es inexplicable.
Por su parte, investigadores de institutos de gran prestigio, como lo son el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, que es el Cicimar, este último perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, ha realizado investigaciones sobre el acuífero de La Paz, mismas que han sido publicadas y puestas bajo el escrutinio de la comunidad científica, lo que nos da a entender que son trabajos serios, de calidad.
En dichos estudios se concluye que el acuífero en comento está sobreexplotado y su situación debe ser atendida de inmediato.
Para finalizar, en otro orden de ideas, casos como el que se da origen a la proposición con punto de acuerdo que en estos momentos nos ocupa, nos llevan a recordar la fallida ley Korenfeld, que pretendía criminalizar la investigación académica.
Sin el derecho a realizar investigación independiente sobre el vital elemento casos como el presente, no podrían ser denunciados, puestos a debate, los ciudadanos estaríamos a expensas de lo que la Conagua determinara en cualquier controversia concerniente al agua.
Por el derecho al agua de los habitantes de Baja California Sur, en los términos de este artículo 4o. constitucional, Morena apoya el presente punto de acuerdo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Cañedo Jiménez. El diputado Virgilio Mendoza Amezcua declina su participación. Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos y ya lleva dos, el diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, sin duda alguna estamos a favor de la presente proposición con punto de acuerdo y queremos acompañar nuestro voto con una serie de reflexiones y puntualizaciones a propósito de la problemática planteada.
Un primer punto para el análisis es que los errores y las inconsistencias en el cálculo para la disponibilidad de las aguas subterráneas, no son privativo de los acuíferos de La Paz y el Carrizal, en Baja California Sur, este problema se presenta en muchas regiones de nuestro país.
Un segundo punto, es que la propia Norma Oficial Mexicana, abocada a establecer los procedimientos y lineamientos para el cálculo de disponibilidades de agua, es inconsistente y está lejos de constituirse como un instrumento que permita otorgar certidumbre de cuánta agua es la que realmente podemos disponer, proveniente del subsuelo.
Un tercer punto para el análisis que explica esta problema, es el incumplimiento por parte de la Comisión Nacional del Agua, al mandato establecido en la Ley de Aguas Nacionales, por la cual contiene la obligación de realizar y publicar estudios para determinar la disponibilidad de agua en cada acuífero, por lo menos cada tres años.
Todo esto explica el desastre en el que se encuentra la gestión de las aguas subterráneas del país y de la cual la autoridad del agua es absolutamente responsable. La sobreexplotación, la contaminación de los acuíferos, el sobre concesionamiento y que el otorgamiento y renovación de concesiones estén sustentadas sobre una disponibilidad incierta o falsa son solo expresiones diversas y síntomas de un mismo problema.
La Ley General de Aguas que vislumbramos y propondremos desde el PRD contiene una serie de instrumentos que permitirán mejorar la gestión y llevar un monitoreo y control más estricto de las aguas subterráneas.
Pero de nada servirá una nueva ley si la autoridad competente es incapaz de cumplir sus disposiciones más esenciales.
Recordemos que hace exactamente un año se llevó a cabo en las instalaciones de este recinto legislativo el Coloquio de Aguas Subterráneas. Las conclusiones de los investigadores y académicos expertos arrojaron conclusiones preocupantes. Nosotros tomamos nota de lo expresado en ese coloquio y lo estamos incorporando a la nueva propuesta de ley.
En ese tenor es que coincidimos con los planteamientos y análisis plasmados en las consideraciones del presente punto de acuerdo y lo votaremos a favor, exhortando a su vez tanto al grupo parlamentario promovente como a los grupos parlamentarios que decidan votarlo a favor, a que lo que hoy expresan en sus posicionamientos lo sostengan y lo cumplan a la hora de legislar en serio. Sobre todo cuando estemos frente a un dictamen de ley y no solamente frente a un punto de acuerdo como éste. Esperamos que así sea. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Francisco Xavier Nava Palacios. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el acuerdo se encuentra suficientemente discutido.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretaría a dar lectura a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión respetuosamente solicita al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que a partir del Ejercicio Fiscal 2017 destine recursos preferentemente para la atención del cáncer infantil.
2. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respetuosamente solicita al titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que mediante el Fideicomiso del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a partir del Ejercicio 2017 destine de manera preferente recursos presupuestales para la atención de todos los casos médicos de niños con cáncer del país.
3. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, que a partir del Ejercicio Fiscal de 2017, destine recursos presupuestales dirigidos preferentemente a la atención integral de pacientes de cáncer en menores de 18 años. Es cuanto, presidente.
En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados. Comuníquense.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En términos de los artículos 100 y 102 del reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (17:00 horas): Se levanta y se cita para la que tendrá lugar el día jueves 17 de noviembre de 2016 a las 11 horas.
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