Comunicaciones
Dictámenes
Dos de la Comisión de Justicia, fundamentación
Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y del Código Fiscal de la Federación
Cynthia Gissel García Soberanes, PES
Luis Alfredo Valles Mendoza, PNA
Víctor Manuel Sánchez Orozco, PMC
José Adrián González Navarro, PAN
Votación de los artículos reservados, en términos del dictamen
Por el que se reforman los artículos 153 y 154, y se deroga el 151 del Código Penal Federal
Víctor Manuel Sánchez Orozco, PMC
José Hernán Cortés Berumen, PAN
Votación en lo general y lo particular
José Alfredo Ferreiro Velazco, PES
Luis Manuel Hernández León, PNA
Macedonio Salomón Tamez Guajardo, PMC
Virgilio Dante Caballero Pedraza, Morena
Diego Valente Valera Fuentes, PVEM
José de Jesús Zambrano Grijalva, PRD
María Verónica Agundis Estrada, PAN
Votación de los artículos reservados, en términos del dictamen
Declaratoria de publicidad de dictamen
Efeméride
Con motivo del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 303 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (11:44 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaria a la asamblea si se despensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación) Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se dispensa su lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Mesa Directiva por el que comunica la modificación de turno de minuta y de iniciativa.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Honorable asamblea, la Presidencia de la Mesa Directiva de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turo a las siguientes:
Minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos, que remite la Cámara de Senadores el 8 de noviembre de 2016.
Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos, para dictamen y a la Comisión Especial de Trata de Personas para opinión.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional y 20 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 4 de noviembre de 2016.
Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen y a la Comisión de Gobernación para opinión
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno de minuta y de iniciativa mencionadas. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se recibió de la diputada Xóchitl Hernández Colín, por el que solicita el retiro de las siguientes proposiciones:
1o. Con punto de acuerdo para ampliar la cobertura del programa Prospera y contribuya a disminuir la pobreza, presentada del 27 de septiembre del año en curso.
2o. Con punto de acuerdo a fin de exhortar a Sedesol a adecuar las reglas de operación del programa Pensión para Adultos Mayores, presentada el 18 de octubre del año en curso.
3o. Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol a adecuar las reglas de operación del programa Empleo Temporal, presentada el 27 de octubre del año en curso.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se tienen por retiradas. Actualícense los registrados parlamentarios.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondientes al mes de octubre de 2016, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de octubre de 2015.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para conocimiento.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Se recibió oficio de la Cámara de Senadores por el que comunica la modificación del calendario de sesiones para el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, para que la sesión del día jueves 1 de diciembre se lleve a cabo el miércoles 30 de noviembre de 2016.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: La Cámara de Senadores remite las siguientes minutas:
Primera, con proyecto de decreto por el que se declara el mes de abril de cada año como el Mes para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Segundo, con proyecto de decreto por el que se declara el primer miércoles de mayo de cada año, como el Día Nacional de la Salud Mental Materna.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Tercero, con Proyecto de Decreto por el que se declara el 30 de septiembre de cada año, como el Día Nacional de Lucha contra la Desigualdad.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Cuarto, con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 12, 17 y 18 de la Ley Agraria, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Se recibió de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo VIII, Del estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento, al título VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por la senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: El Congreso del Estado de Morelos remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, sonido en la curul de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana. Adelante, diputada. ¿Con qué objeto?
La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (desde la curul): Presidente, deseo hacer un reconocimiento a la niña Andrea, que corrigió al secretario de Educación por sus errores al hablar. La frase “no se dice ler, sino se dice leer” se ha convertido en un tema viral en las redes sociales.
La forma respetuosa y prudente en que la niña corrigió al secretario Nuño es la mejor prueba de la calidad de la educación y el trabajo de los maestros mexicanos. La amplia difusión del video es una muestra del hartazgo y el descontento social con un funcionario que impulsa exámenes punitivos, desprecia el diálogo y no acepta ninguna crítica. No es la primera vez que un funcionario del gabinete se equivoca, incluyendo al presidente. Si fueran evaluados, serian reprobados. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Únicamente para solicitar que se exhorte a nuestros compañeros diputados de las demás fuerzas políticas representadas...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul. Ya está.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): ... en este recinto, para que cumplan con su responsabilidad reglamentaria de asistencia, participación y discusión dentro de las comisiones especiales y de amistad, toda vez que forman parte de nuestras obligaciones como legisladores.
Debemos hacer que tanto las comisiones como los Grupos de Amistad verdaderamente funcionen para el beneficio de nuestros representados y de las relaciones diplomáticas de nuestro país. Es importante que asistan, compañeros. La comodidad de no asistir es para no cumplir. Gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Únicamente pedirle, dirija esta solicitud a la Junta de Coordinación Política, informar que los presidentes de las comisiones tienen ya en el Reglamento reflejada las sanciones y las medidas de apremio a las que pueden recurrir para obligar la asistencia de nuestros compañeros diputados. Sonido en la curul del diputado Diego Valente Valera Fuentes.
El diputado Diego Valente Valera Fuentes (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para que quede registrado en el Diario de los Debates que un día como hoy, hace 33 años, nació en la comunidad de Ibarra de Ocosingo, Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que 10 años después consolidara el movimiento más importante en la historia reciente de México, movimiento que hasta la fecha sigue más vivo que nunca. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Muy bien.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y del Código Fiscal de la Federación.
Igualmente, de la misma Comisión de Justicia, posterior a este dictamen estaríamos discutiendo el dictamen por el que se reforman los artículos 153 y 154, y se deroga el 151, del Código Penal Federal.
Informamos a la asamblea que el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, presidente de la Comisión de Justicia, hará el posicionamiento de ambos dictámenes en una sola intervención, por lo tanto tiene el uso de la tribuna hasta por siete minutos, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados, anuncio a la Presidencia y al pleno que realizaré la fundamentación de dos dictámenes en un solo acto, tanto el que se refiere al Código Penal Federal como el que reforma la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el Código Fiscal de la Federación.
Asimismo, señor presidente, con fundamento en el artículo 26, numeral 1, 27, numera 1 y 28, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hago de su conocimiento que se presentó una propuesta de modificación al dictamen referente a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y al Código Fiscal de la Federación.
Por lo cual, al momento que termine mi intervención, le solicito respetuosamente ponga a consideración de la asamblea la propuesta de adenda presentada por la Junta Directiva de la Comisión de Justicia.
En representación de los diputados integrantes de la Comisión de Justicia fundamento, en primer término, el dictamen a las iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y del Código Fiscal de la Federación.
Compañeras y compañeros diputados, como lo he dicho en varias ocasiones, que justicia que llega tarde no es justicia, reconocemos la necesidad que existe de hacer valer el precepto constitucional de justicia pronta y expedita para todos los mexicanos y estamos seguros que por encima de los formalismos excesivos deben prevalecer los derechos.
Por eso, sensibles a esta demanda, los diputados federales recibimos con responsabilidad y compromiso con México la iniciativa del señor presidente Enrique Peña Nieto, cuya propuesta principal es la creación de los denominados Juicios de resolución exclusiva de fondo, los cuales trata de fortalecer la definición judicial de fondo en los procedimientos contencioso administrativo, creando un proceso legal, en el que bajo determinados supuestos establecidos en la ley, tanto el actor como la autoridad demandada solo pueden alegar justamente cuestiones relativas al fondo de los asuntos.
El juicio de resolución exclusiva de fondo se tramitará a petición exclusiva del actor bajo los principios de oralidad, celeridad y resolución sustantiva y versará únicamente sobre la impugnación de resoluciones definitivas que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales.
Asimismo, el dictamen a consideración de este pleno aborda iniciativas suscritas conjuntamente por nuestros compañeros del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, los diputados Candelario Pérez Alvarado y Jorge Estefan Chidiac, en la cual con toda oportunidad y pertinencia proponen reformar el Código Fiscal de la Federación para crear un procedimiento especializado llamado Recurso de revocación exclusivo de fondo.
En este sentido, se propone que el procedimiento especializado del recurso de revocación sea sólo procedente respecto a resoluciones definitivas de la autoridad, las cuales se considera que atendiendo a su naturaleza refieren a los elementos esenciales de las contribuciones. Es decir, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, lo que sin duda significará un gran ahorro de tiempo y recurso para los contribuyentes que usen este mecanismo jurídico.
Compañeras y compañeros diputados, con la misma convicción, en representación de los integrantes de la Comisión de Justicia, presento ante este pleno el dictamen de proyecto de decreto que reforma los artículos 153 y 154, y deroga el artículo 151 del Código Penal Federal.
Una justicia eficaz que sancione a quienes se conducen fuera del margen de la ley, es una de las demandas más sentidas de los mexicanos. De ahí, que nuestras miras deben estar puestas en fortalecer la confianza ciudadana en nuestras instituciones, a través de acciones que generen resultados concretos.
Es responsabilidad del Estado mexicano garantizar que los delitos se investiguen y se sancionen con apego al debido proceso, pero la obligación no termina ahí, es indispensable que nuestro sistema penitenciario cuente con los instrumentos jurídicos necesarios para cumplir su principal objetivo, reinsertar socialmente a los sentenciados.
El dictamen que está a su consideración, propone sancionar el hecho de que una persona privada de su libertad, derivado de la imposición de una medida cautelar o por estar compurgando una sentencia, se fugue, agravándose cuando se realice esta acción en concierto con otros o cuando sea mediante el uso de violencia.
En consecuencia, propone imponer de seis meses a tres años de prisión, adicionales a la pena que corresponda, al que evada de la prisión a la que se encuentra. Esta pena se incrementará un tercio cuando la persona obre con otra u otras personas privadas legalmente de su libertad y se fugue alguna de ellas o ejerciera violencia en las personas.
Se trata, compañeras y compañeros diputados, de reforzar nuestra legislación y seguir fortaleciendo, como lo hemos venido haciendo, nuestras instituciones y para dar y mejores resultados a los mexicanos.
Compañeras y compañeros diputados, tenemos hoy la oportunidad de ser la legislatura que haga de la justicia cotidiana una justicia cercana. Este trabajo legislativo que tienen hoy a su consideración, ha sido construido a través del diálogo en pluralidad y anteponiendo el interés superior de los ciudadanos convoco a todas las fuerzas políticas de esta Cámara a votar a favor de estos dictámenes.
Votemos a favor de una justicia más eficaz, con la convicción que lo que hagamos hoy abonará a seguir construyendo el México que todos queremos. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ibarra Hinojosa. Esta Presidencia informa a la asamblea que el presidente de la Comisión de Justicia ha dejado en esta Mesa Directiva una propuesta de modificación al primer dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el Código Fiscal de la Federación. En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas a nombre de la Comisión.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se aprueban las modificaciones propuestas a nombre de la Comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra por cinco minutos cada uno. Reiteramos que está a discusión en lo general con las modificaciones propuestas por la Comisión y aceptadas por la asamblea.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. La diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena. La diputada Lía Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. El diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD. El diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del PAN y el diputado Carlos Iriarte Mercado, del Grupo Parlamentario del PRI.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Buenos días. Honorable asamblea, las y los diputados federales del Grupo Parlamentario de Encuentro Social estamos convencidos de la necesidad de prescindir en la medida de lo posible de los excesivos formalismos jurídicos en que están inmersos nuestros procedimientos judiciales, por favorecer el planteamiento de incidencias menores, cuya única finalidad es la de alargar el proceso y la resolución del fondo de los asuntos, obstruyendo así el acceso de los ciudadanos a la justicia pronta y expedita a la que tienen derecho.
Asimismo, celebramos y respaldamos el compromiso mostrado por el Ejecutivo de la Unión para impulsar, fortalecer y transformar nuestra justicia cotidiana. Es así que el pasado 8 de septiembre envió a esta soberanía dos iniciativas para reformar y adicionar la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, Administrativo y el Código Fiscal de la Federación, con objeto de crear una nueva modalidad de juicio opcional para el actor y que se resuelva el fondo de la controversia.
Para tener acceso a la innovación propuesta, y que se recoge exitosamente en el dictamen que ahora nos ocupa, será necesario que se hagan valer exclusivamente impugnaciones relativas al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de la contribución y la cuantía debe ser mayor a las 200 veces de la unidad de medida y actualización.
Con ese planteamiento se logrará que los órganos jurisdiccionales resuelvan los conflictos que se les presentan, sin necesidad de resolver trámites, formalismos e interpretaciones de más, que obstaculicen o dilaten innecesariamente la resolución del fondo del asunto.
Para abonar a la economía procesal y agilizar los procedimientos, el dictamen prevé al momento de la administración de la demanda, y sin necesidad de garantizar el interés fiscal, el magistrado introductor deberá ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado.
De igual forma, se establece dentro del procedimiento para la fijación de litis una audiencia oral, la que también toca al magistrado introductor celebrar con la presencia de las partes. Como consecuencia de lo anterior se reduce la formalidad del beneficio de un procedimiento más ágil, rápido y expedito.
Con la reforma que ahora discutimos se posibilita que el dictamen de una sentencia se resuelva sobre el fondo de la controversia. Cualquier ciudadano podrá promover juicio de amparo para el caso de que no le resulte favorable.
Del mismo modo, por igualdad procesal, en el caso de que la sentencia fuere desfavorable para la autoridad, esta podrá interponer el recurso de revisión fiscal, en lo cual se garantiza el interés económico y fiscal de la federación.
Por otra parte, se establece a cargo de las partes la obligación procesal de delimitar y señalar de forma precisa la propuesta de litis en la controversia y obligación que también se prevé para la autoridad demandada al contestar la demanda de su ampliación.
Para la aplicación de esta reforma, en la conjunta del gobierno y administración, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se propone añadir tres salas regionales especializadas en las que se deberán entrar en operación a más tardar el 30 de junio de 2017 y estarán en aptitud de resolver los juicios promovidos de resolución exclusiva de fondo, a partir del día hábil siguiente a aquél en el que se inicien sus funciones.
Por tratarse de un dictamen cuyo contenido representa un indiscutible avance que abonará a la prontitud y expedites de la justicia fiscal y administrativa de nuestro país en beneficio de la sociedad, en Encuentro Social vamos a votar a favor de este dictamen. Esto todo y cuanto, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputada García Soberanes.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. En esta ocasión me refiero al dictamen en que se reforman y se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y del Código Fiscal de la Federación. Esto con el objeto de crear un nuevo juicio en materia contenciosa administrativa que nos lleve a hacer más accesible la justicia para todos.
En nuestro país persiste una enorme demanda por parte de la ciudadanía en cuanto a una impartición de justicia efectiva y expedita, esta exigencia no solo se refiere a los temas penales sino en otras materias que concentran la mayor parte de la actividad jurisdiccional.
Por este motivo, el Poder Ejecutivo federal presentó diferentes iniciativas en materia de lo que se dio a llamar Justicia cotidiana. Las reformas que estamos discutiendo el día de hoy se añaden a una serie de modificaciones que son el resultado de un trabajo de diagnóstico realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Dentro de las mesas organizadas para estas discusiones, se concluyó que uno de los obstáculos que presenta el juicio de amparo está relacionado al excesivo formalismo y tecnicismo de la ley y sus procedimientos.
Se afirmó que las normas son técnicas y complejas, incluso para los abogados expertos en juicio de amparo. Esta circunstancia hace que la ley y la impartición de justicia en esta materia sean totalmente inaccesibles para la ciudadanía.
En este diagnóstico se señala también que el juicio de amparo resulta demasiado complicado ya que requiere de un exceso de trámites, se percibe formalista, burocrático, lento y poco eficiente.
Así, los ciudadanos perciben que los jueces se concentran más en las restricciones procedimentales del juicio de amparo y dejan de lado su función de control constitucional en la defensa de los derechos humanos.
Bajo este contexto, uno de los avances que se proponen en el dictamen consiste en la posibilidad de que el actor pueda elegir el procedimiento que le brinde mayores oportunidades de defensa, es decir que tenga la potestad de que se resuelva de forma exclusiva sobre el fondo del asunto, con lo que se garantiza la protección de su derecho humano de acceso a la justicia.
Asimismo, se pretende incorporar la oralidad en los procedimientos mediante una audiencia de fijación de Litis realizada por el magistrado instructor con la presencia de las partes. Eso nos conducirá a un procedimiento más sencillo, con menos formalidades, mayor publicidad y economía procesal y en el que el juez se vuelve la pieza fundamental del proceso.
La creación de un nuevo juicio en materia contenciosa administrativa pretende facilitar el acceso de los gobernados a una justicia más eficaz. De ese modo, el juicio de resolución exclusiva de fondo establece que en la celebración de la audiencia de fijación de Litis las partes están obligadas a señalar expresamente cuál es la propuesta de la controversia a partir de la actuación inicial de la demanda, de forma que la materia de la audiencia quede clara desde el inicio del proceso.
Finalmente, se busca incluir un recurso de revocación exclusivo de fondo en el Código Fiscal de la Federación con el mismo objetivo del procedimiento que se crea en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Del mismo modo, se incorpora la obligación de llevar a cabo diligencias que permitan conocer los hechos efectivamente controvertidos ordenando la exhibición de documentos o desahogo de pruebas periciales, para que exista un pronunciamiento de fondo en coordinación con la autoridad emisora de las resoluciones recurridas y evitar de este modo que se devuelva a la autoridad la resolución para emitir una nueva que, posteriormente, se dejará sin efectos por contener un vicio de fondo.
En Nueva Alianza estamos dispuestos a contribuir activamente para que todos los mexicanos puedan tener un verdadero acceso a la justicia. Para ello es necesario adecuar y modernizar nuestro marco jurídico, razón por la cual coincidimos con este dictamen. Acercar la justicia a los ciudadanos es una deuda que hoy empezamos a saldar. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Valles Mendoza.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, la justicia fiscal y administrativa está cambiando de manera rápida, y por tal motivo esta justicia no escapa a la dinámica de pronunciamiento de las soluciones formales ocasionadas por los formalismos procesales. Han tenido, como consecuencia, que se tengan que resolver cuestiones de forma y no de fondo en primer término en un juicio, y esta situación provoca que las controversias tengan que estar sujetas a diversos tipos de procedimientos en lugar de uno solo y eso, por supuesto, complica la justicia pronta y expedita que mandata el artículo 17 constitucional.
Por eso esta reforma quiere ayudar a que el principio constitucional de justicia pronta y expedita sea una realidad en nuestro país, y por eso esta reforma contempla que se cree lo que es un juicio de resolución exclusiva de fondo en el cual únicamente se analizan aspectos de fondo y algunas de las determinaciones de las autoridades fiscales. Por eso lo más importante en esta iniciativa es fortalecer la definición judicial de fondo de la controversia sujeta al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; en tanto que el actor como la autoridad demandada sólo puedan alegar justamente cuestiones relativas al fondo respecto de la asistencia misma de la obligación fiscal y dentro de un procedimiento que sustente los principios de celeridad, oralidad, resolución sustantiva y proporcionalidad.
Algunas características de este procedimiento será que sólo podrá hacerse podrán hacerse valer cuestiones relativas al fondo del asunto, excluyendo en todo momento argumentos por procedimiento.
Por otro lado, las pruebas tanto de actor como de demandado deberán estar exhibidas en su totalidad al momento de presentar la demanda o de contestarla.
Por otra parte, no se exigirá al contribuyente que garantice el crédito fiscal durante la tramitación de este juicio y hasta que el tribunal resuelva de fondo la litis. En todo momento se va a privilegiar la oralidad del procedimiento y la cercanía del órgano jurisdiccional con la tramitación del juicio.
Este procedimiento, esta nueva modalidad de juicio fortalece por supuesto el derecho humano al recurso judicial efectivo facilitando y privilegiando la resolución del fondo de la controversia y eliminando los formalismos que en muchas ocasiones provocan que se retrase el acceso a la justicia.
La oralidad que es hoy un principio esencial en muchos procedimientos y en muchas materias tiene muchas ventajas, entre ellas podemos enumerar, por ejemplo, la menor formalidad, la mayor rapidez, propicia por supuesto la sencillez, aumenta la publicidad del proceso, se concentra en que se reducen las actuaciones, las notificaciones, situaciones y otras diligencias y permite la relación directa del tribunal y las partes para profundizar en cualquier duda que se presente; el juez, por supuesto, se convierte en un protagonista de este proceso.
Entre otros beneficios la oralidad abonaría, por supuesto, a que la justicia que debe ser pronta en este país, se pueda ver cristalizada en este nuevo procedimiento y en este nuevo tipo de juicio que se propone.
En este sentido, el juicio de resolución exclusiva de fondo en materia administrativa tiene algunas características como que dicho subjuicio se tramitará a petición del actor y se aplicarán las disposiciones que regulan el juicio contencioso administrativo federal, el juicio únicamente versará sobre la impugnación de resoluciones definitivas.
Se requerirá a los contribuyentes o responsables solidarios para que exhiba en su domicilio o establecimientos la contabilidad, así como que proporcionen los datos o documentos que se les requieran, practicar visitar a los contribuyentes o responsables solidarios. En ningún caso podrá tramitarse a través del juicio en la vía tradicional sumario o en línea y no podrá cambiarse una vez que el demandante haya optado por este.
Por lo anterior, los diputados ciudadanos votaremos a favor de este dictamen, porque creemos que la justicia administrativa y fiscal debe cambiar en favor de los ciudadanos. Esta reforma definitivamente fortalece el acceso a la justicia, ayuda a que haya un verdadero cumplimiento del estado de derecho y, por supuesto, hará una justicia más pronta y expedita, que es lo que hoy piden todos los ciudadanos, mexicanos. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputado Sánchez Orozco.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Ernestina Godoy Ramos: Gracias. Con su venia, diputado presidente. El dictamen que nos presentan prevé la existencia de un nuevo juicio en el que se emitirá una resolución exclusiva de fondo.
Dicho juicio será procedente cuando se impugnen resoluciones definitivas de la autoridad fiscal relacionadas con el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de la contribución; y cuya cuantía sea mayor a 200 veces de la unidad de medida y actualización elevada al año. Ello implica que las violaciones formales no podrán ser objeto de dicho juicio; para ello permanecen los juicios en la vía tradicional, sumaria y en línea.
Este juicio, que nos proponen, quien lo promueva por haber optado por este, implica una renuncia implícita a impugnar violaciones formales por omisiones de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecte las defensas del particular y trascienda el sentido de la resolución impugnada.
Incluso, la ausencia de fundamentación o motivación, dichas infracciones legales son de índole adjetiva cometidas al momento de pronunciarse la resolución, transgresiones que no atañen en forma directa a cuestiones sustanciales o de fondo ni tampoco a presupuestos procesales o infracciones cometidas durante el desarrollo del procedimiento, incluso aun cuando no se respete la garantía de previa audiencia, cuando la resolución está incompleta, cuando carezca de firma, la falta de valoración de alguna prueba o del examen de uno de los varios puntos litigiosos.
La creación de este juicio de resolución exclusiva de fondo, con la aparente finalidad de acelerar los juicios que se desahogan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no parece justificada ni suficiente para dejar de lado derechos humanos fundamentales, como: el debido proceso mediante la renuncia por la simple petición de solicitar la oralidad de los juicios.
Dentro de las violaciones formales se encuentran las previstas en el artículo 38 del Código Fiscal: constar por escrito; señalar la autoridad que lo emite; estar fundado y motivado; expresar la resolución, objeto y propósito de que se trate; ostentar la firma del funcionario; cuando el nombre de las personas cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se señalarán datos suficientes.
El artículo 16 constitucional establece el principio de legalidad, conforme al cual todos los actos de la autoridad deben constar por escrito por ser emitidos por autoridad competente que funde y motive la causa del procedimiento.
El principio de legalidad es un principio del Estado de derecho, de ahí que la previsión de un medio de defensa que sólo impugne las violaciones de fondo y persistan las violaciones de forma, implica un reconocimiento implícito de que la autoridad se puede conducir de manera ilegal.
El artículo 17 de la Constitución prevé la garantía de acceso a una justicia pronta y expedita y completa, implica que los aspectos debatidos deben resolverse en su integridad. Considerar el juicio previsto vulnera dicha dimensión normativa, pues limita al particular a impugnar sólo cuestiones de fondo.
Con este juicio se está vulnerando el Estado de derecho previsto en nuestra Constitución, es la zanahoria renunciar a derechos fundamentales con tal de conseguir que sea rápido, que sea oral, que se suspenda el acto hasta en tanto se resuelva el fondo, que no se garantice el interés fiscal. Si la sentencia del tribunal le es adversa al promovente éste no podrá hacer cuestiones esenciales de fondo vía amparo, lo que significa aceptar que las autoridades judiciales del tribunal pueden actuar impunemente en la ilegalidad.
Sólo les recuerdo que hace algunos años el juicio en línea empezó siendo optativo, que después lo hicieron obligatorio reduciendo además el término para la presentación de la demanda de 45 a 15 días. Esta Cámara no puede darle a la autoridad judicial del Tribunal Administrativo una carta blanca tan amplia para que, sin ninguna responsabilidad actúen de manera impune ilegalmente, dejando en indefensión sólo por las supuestas ventajas que tiene este tribunal, por lo tanto nuestra fracción parlamentaria votará en contra. Gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Godoy Ramos. Esta Presidencia saluda la presencia en este recinto de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, invitados por la diputada Melissa Torres Sandoval. Sean ustedes bienvenidos.
De igual forma, saludamos la presencia de empresarios sinaloenses de los municipios de Mochis y de Sinaloa, el licenciado Álvaro González y Enrique Esquer. Sean ustedes bienvenidos a este recinto. De igual forma, saludamos a estudiantes de la Universidad Autónoma de La Laguna, de la Facultad de Derecho, invitados por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez. Bienvenidos.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: A continuación, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Lia Limón García.
La diputada Lia Limón García: Con su venia, diputada presidenta. Esta reforma que estamos discutiendo hoy es parte del paquete de justicia cotidiana enviado por el Ejecutivo federal hace unos meses y se deriva del diagnóstico de funcionamiento del sistema de impartición de justicia en materia administrativa, elaborado por el CIDE, una institución académica seria, una institución académica que suele hacer estudios que valen la pena y recomendaciones, como la que hoy se atiende que valen la pena.
El estudio que menciono tiene como objetivo identificar problemas de primer orden, como la dilación, la falta de seguridad jurídica y de acceso a la justicia, la excesiva ligitiosidad y la ineficacia de la ejecución.
De dicho estudio se desprende que la duración promedio de los asuntos analizados fue de 145 días hábiles para notificar la sentencia de primera instancia y de 206 días hábiles para resolver el recurso de revisión en segunda instancia.
Esto deja claro que aunque hay quienes prefieren mantener el statu quo en materia de justicia urgen cambios y lo que hoy estamos proponiendo y estamos discutiendo, pretende cambiar elementos de justicia, que hoy hacen inaccesible la misma para los ciudadanos.
Aunado a que además –hay que decir– en la mesa de justicia cotidiana, impulsada por el presidente Peña Nieto y por el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se advirtió que los ciudadanos que acuden a los tribunales de justicia fiscal y administrativa refieren que los procedimientos son excesivamente formalistas, lentos y costosos.
Es decir, en materia de impartición de justicia nuestra realidad es concebida como la falta de mecanismos efectivos para dar solución a los conflictos, lo que genera incentivos para la justicia por propia mano, la intervención de terceros que se benefician de las controversias o simplemente para dejar a las personas en virtual estado de desprotección y por consiguiente generar alicientes para la impunidad.
Como lo dijo el presidente en su mensaje del 27 de noviembre de 2014, la justicia no se agota en el ámbito penal, hay una justicia olvidada, la justicia cotidiana, aquella que demanda la mujer a quien se le niegue el divorcio, el trabajador al que no le pagan su salario o quien no puede cobrar una deuda, esta justicia suele ser lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no puedan acceder con facilidad a ella.
Y hay que decirlo, esta es la justicia que afecta el día a día del ciudadano, y es que ello no es menor si tomamos en cuenta que la cantidad de casos en materia civil, familiar y mercantil es siete veces mayor a los casos en materia penal.
Para que los órganos judiciales contenciosos administrativos actúen de manera pronta y expedita, deben de contar con leyes procesales, con plazos razonables, con una administración y gestión eficiente, y que se dote a los usuarios de información necesaria para que conozcan los costos y beneficios de acudir a tal o cual procedimiento.
En este sentido, el diagnóstico del CIDE recomienda generar un modelo procesar que permita resolver en forma eficiente los casos según su complejidad, a través de procedimientos más ágiles y eficaces.
En resumen, el juicio de resolución exclusiva que hoy se propone, es una opción con la que se pretende favorecer el acceso a la justicia con los siguientes beneficios.
Sólo se podrá hacer valer cuestiones relativas al fondo del asunto, excluyendo en todo momento cualquier argumento formal o de procedimiento y solamente se conocerá del fondo de algunos procedimientos fiscales.
Las pruebas se ofrecen al momento de presentar o contestar la demanda. Es decir, desde el principio.
No se exigirá al contribuyente que garantice el crédito fiscal durante la tramitación del juicio, lo cual permite al demandante ejercer actos de defensa sin que le implique un gravamen extra.
En todo momento se privilegiará la oralidad del procedimiento y además este procedimiento es opcional. Es decir, el ciudadano puede escoger entre esta o la forma tradicional de hacer justicia.
Por ello, contrario a lo que me dijo la diputada que me antecedió, no se viola ningún derecho, se dan opciones de justicia a los ciudadanos. Este procedimiento además responde a una clase de procedimientos expeditos que contribuyen a la sustanciación de juicios de manera ágil, pero en el que se respetan las formalidades esenciales del procedimiento.
Esta modalidad de juicio fortalece el derecho humano a recursos judiciales efectivos. Y justamente porque el artículo 17 constitucional habla sobre el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita es que estas propuestas y ésta que hoy discutimos y que hoy se aprobará, contribuyen a garantizar ese principio constitucional, además de que se encuentra en concordancia con todos los tratados internacionales, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En suma, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México apoyamos esta reforma, pues consideramos que contribuye a satisfacer una demanda social de efectivo acceso a la justicia. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Limón García. Esta Presidencia saluda la presencia en este recinto de funcionarios del Tribunal Federal de Justicia de Puebla, licenciado Antonio Mendoza, invitado por la diputada Genoveva Huerta. Sea usted bienvenido a este recinto.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: A continuación, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Arturo Santana Alfaro.
El diputado Arturo Santana Alfaro: Con la venia de la Presidencia. A nombre del Partido de la Revolución Democrática me permito fijar nuestro posicionamiento en relación con el dictamen en discusión.
Es un dictamen en el que se abordan una serie de iniciativas de ley presentadas tanto por el Ejecutivo federal como por los diputados Candelario Pérez Alvarado y el diputado Jorge Estefan Chidiac.
De aprobarse este dictamen se posibilita que de inmediato se pongan en funcionamiento una nueva modalidad de juicio contencioso administrativo, denominado juicio de resolución exclusiva de fondo. Juicio en el que, como su nombre lo indica, el demandante solo podrá hacer valer conceptos de impugnación que tengan por objeto resolver exclusivamente sobre el fondo del asunto, el fondo de la controversia. Sin que obste para ello que la resolución que se controvierta se encuentre motivada en el incumplimiento total o parcial de requisitos exclusivamente formales o de procedimiento establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que el demandante acredite que no se produjo omisión en el pago de contribuciones.
En efecto, como se afirma en el dictamen de referencia, en este nuevo juicio el actor y la autoridad demandada solo pueden alegar cuestiones relativas al fondo respecto de la insistencia misma de la obligación fiscal y dentro de un procedimiento sustentado en los principios de celeridad, oralidad, resolución sustantiva y proporcionalidad.
Se trata de un juicio opcional –hay que remarcarlo bien– para los particulares, que solamente será procedente contra resoluciones definitivas de la autoridad en ejercicio de sus facultades comprobatorias, en el que el monto en controversia exceda de las 200 veces la unidad de medida y actualización elevadas al año; en el que solo se atenderán cuestiones de fondo; en el que las pruebas serán exhibidas de un inicio; en el que no se exige al contribuyente que garantice crédito fiscal y en el que se privilegia la oralidad.
Es una reforma que, a juicio del Partido de la Revolución Democrática, va en el sentido correcto, pues hace que la resolución de las controversias se aboque al fondo de la litis y no a temas de forma, como ocurre en muchas ocasiones y que solo sirven para dilatar la resolución de los asuntos.
Pero esta es la iniciativa del presidente de la República, del Ejecutivo federal, no es óbice, no podemos dejar del lado también la importancia que reviste la iniciativa del diputado Candelario Pérez y del diputado Jorge Estefan Chidiac.
La iniciativa señala que el recurso de revocación ha sido considerado como el medio de autocontrol que permite a la autoridad revisar sus actos, a instancia de parte interesada; de tal manera que si resulta fundado un agravio la autoridad puede revocarlo o modificarlo, con objeto de mantener la legalidad en el ejercicio de la función administrativa.
Se propone que el procedimiento especializado del recurso de revocación sea solo procedente también de la misma forma cuando se estén recurriendo cuestiones de fondo.
El artículo 133 G dice que la resolución del recurso de revocación exclusivo de fondo se emitirá en el sentido de confirmar el acto impugnado, dejar sin efecto el mismo, modificarlo o dictar uno nuevo que lo sustituya, en términos de lo dispuesto por el 133 mismo, pero fracciones II, IV y V del Código Fiscal, para los efectos del recurso de revocación exclusivo de fondo. Se entenderá como agravios de fondo, a aquél que se refiera al sujeto, objeto base, tasa o tarifa respecto de las contribuciones revisadas.
Por ello, compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática acompañará en sus términos el presente dictamen. No quiero omitir también y reconocer al presidente de la comisión, al diputado Álvaro Ibarra por haber incrustado, haber incorporado las observaciones que el Partido de la Revolución Democrática ha hecho al presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Santana Alfaro. Esta Presidencia da la más cordial de las bienvenidas a este recinto, a los alumnos de la Escuela Primaria Fray Luis León. Invitados por la diputada Mariana Arámbula Meléndez. Bienvenidos quienes asisten a este recinto legislativo en el marco de la celebración del día 19 de noviembre, del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, les damos la más cordial de las bienvenidas.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: A continuación para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Adrián González Navarro.
El diputado José Adrián González Navarro: Con su permiso, presidenta; compañeros y compañeras, corresponde a un servidor hacer el postulado del grupo legislativo de Acción Nacional, sobre la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimientos Contencioso Administrativo y del Código Fiscal de la Federación.
Comparto el pensamiento de mi compañero y amigo, Álvaro Ibarra, en el sentido de que la justicia que no llega pronto no es justicia y pienso que nos acercamos un poco más al postulado constitucional de expedites en la materia administrativa con esta reforma. Creo que el eliminar la audiencia de pruebas y alegatos para centralizar todo el procedimiento administrativo en una sola audiencia, pues agiliza lo que en materia administrativa en mucho tiempo ha venido siendo un obstáculo para lograr las sentencias de fondo.
Este procedimiento de fondo que viene a ser optativo para las partes, creo que también compromete a las autoridades, y espero que así lo reciban, porque si no fuera así, entonces no tendría la finalidad que nosotros hemos tratado de implementar en la ley, que es eliminar aquellos obstáculos que no permiten que la justicia llegue en tiempo y forma.
Uno de esos obstáculos es la caducidad, uno de esos obstáculos también es el impulso procesal. No puede exigírseles a las partes que sean ellos los que custodien el proceso, cuando la autoridad tiene en sí misma la potestad de poder darle el impulso procesal necesario para una resolución pronta y expedita.
Creo que las autoridades también tienen que cambiar su pensamiento, no solo nosotros y orientar procedimientos más ágiles y expeditos. También así los actores que participan dentro de los procedimientos como los peritos tienen que asumir esa responsabilidad de lo que se busca cuando nosotros hacemos este tipo de reformas, que es que esa justicia llegue en tiempo y forma.
Que cuando a un perito se le designe, asuma su cargo y no se difieran las audiencias porque él no toma la condición del mismo juicio que nosotros estamos tratando de implementar. Que sea más rápido, más expedito y más imparcial.
Que vaya y no deniegue su peritaje o que no lo presente en tiempo y forma, que no lo ratifique y que esto permita el diferimiento de las audiencias, esos son impedimentos que hacen que la justicia no llegue en tiempo y forma.
Creo, nosotros estamos haciendo lo propio para lograr que los procedimientos administrativos sean más ágiles, pero si esto no lo reciben igual los abogados, los peritos, los magistrados, no vamos a lograr el objetivo que estamos persiguiendo.
Por todo esto que les comento, es que estoy a favor de la reforma y grupo legislativo lo está y pide y les solicita su voto a favor de la misma. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado González Navarro. Esta Presidencia les da la más cordial bienvenida a alumnos de la escuela secundaria Blas Galindo número 2, de la colonia Lomas de San Lorenzo de Iztapalapa, invitados por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano. Bienvenidos.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Carlos Iriarte Mercado.
El diputado Carlos Iriarte Mercado: Muchas gracias, presidenta; con su venia. Compañeras y compañeros diputados. Una cualidad de la justicia es hacerla pronta y sin dilaciones. Hacerla esperar es injusticia. Reconociendo la veracidad de esta idea, nos corresponde a las y los legisladores perfeccionar el marco jurídico para establecer un sistema de justicia eficaz que beneficie a las personas.
En el programa de acción del PRI, reconocemos y estamos convencidos de que la necesidad de eliminar tecnicismos y formalismos excesivos que dificulten el acceso de los ciudadanos a la justicia es una tarea permanente, impulsar reformas que aseguren el acceso de todas las personas a una justicia pronta y expedita.
En base a estos principios durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto hemos sido testigos de importantes avances en materia de justicia con el objetivo de acelerar y eficientar su impartición.
Un ejemplo evidente es que el 100 por ciento del país está operando bajo el sistema de justicia penal acusatorio, lo que implica una mejora sustantiva de los principios y procedimientos con los que se aplica la justicia en México. En este sentido y particularmente aquí desde la Cámara de Diputados, aprobamos la reforma al Código de Comercio como parte de las iniciativas de justicia cotidiana con el fin de implementar la justica oral en materia mercantil, agilizando los procedimientos judiciales liados al comercio.
Hoy y con el interés de complementar este paquete legislativo, en el PRI votaremos a favor del presente dictamen para crear dos nuevos procedimientos administrativos que se regirán bajo los principios de celeridad y oralidad, los cuales expongo a continuación.
Primero, se propone crear el juicio de resolución exclusiva de fondo en el cual, como su nombre lo dice, únicamente se analizarán aspectos de fondo de algunas de las determinaciones de las autoridades fiscales. Este nuevo procedimiento seguirá los elementos esenciales del actual juicio contencioso administrativo con las siguientes particularidades: sólo se podrán hacer valer cuestiones relativas al fondo del asunto, excluyendo cualquier argumento formal o de procedimiento. Las pruebas tanto del actor como de las autoridades demandadas, deberán ser exhibidas en su totalidad en la presentación de la demanda o en la contestación; no exigirá al contribuyente que garantice el crédito fiscal, y por último, será opcional y sólo procederá cuando se controviertan resoluciones definitivas de la autoridad en las que se establezcan determinaciones fiscales a cargo del contribuyente cuyo monto exceda 200 veces la unidad de medida de autorización elevada al año.
Segundo, se crea un nuevo medio de impugnación denominado Recurso de Revocación Exclusivo de Fondo, mismo que permitirá a la autoridad fiscal se pronuncie sobre la legalidad de sus resoluciones así con respecto al fondo de las mismas. Dicho procedimiento seguirá los elementos esenciales del recurso de revocación tradicional con las siguientes particularidades: la primera, el contribuyente deberá establecer únicamente los agravios de fondo y deberá exhibir las pruebas que considere pertinentes. Segundo, el contribuyente podrá solicitar por escrito la celebración de una audiencia.
Tercero, en el supuesto de que el recurrente exhiba un dictamen pericial, la autoridad podrá requerir al perito correspondiente para una audiencia exclusiva a fin de aclarar dudas y ampliar el cuestionario, y
Cuarto, si el recurso es resuelto de fondo por la propia autoridad, esta podrá modificar en la resolución el acto a debate, evitando así la existencia de juicios contenciosos interminables y con sus consecuencias implícitas.
La oralidad de los juicios, así como la promoción del uso de alegatos de fondo, han demostrado ser efectivos, pues garantizan tanto la agilidad en favor de las partes, así como que se respeten los principios del debido proceso, en beneficio particularmente de los implicados.
Estas iniciativas que forman parte del paquete de justicia cotidiana, fueron elaboradas con el insumo y participación de mesas plurales, que incorporaron la adición de expertos, académicos, funcionarios y usuarios, de esta forma estamos a la vanguardia en procesos legislativos que construyen respuestas desde la práctica y la acción conjunta.
Es nuestra responsabilidad aprobar lo que las y los mexicanos exigen y merecen, que la justicia sea expedita, eficaz y accesible. En la justicia no cabe demora, pues quien dilata su cumplimiento la entorpece.
Por eso, como lo dijo nuestro presidente, debemos consolidar un México donde haya justicia eficaz, donde sea una realidad cotidiana y donde jale parejo para todos. Muchas gracias. Es cuanto.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Iriarte. Se informa a la asamblea que con esta intervención termina el plazo para la presentación de reservas al dictamen que está en discusión en este momento.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para hablar en contra del dictamen, tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Jesús Emiliano Álvarez López: Con su venia, presidente. El pasado 8 de septiembre, como parte del paquete económico, el Ejecutivo federal presentó ante esta soberanía una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, la cual pretender alinear a los objetivos y metas de las propuestas del propio ejecutivo de reformas constitucionales en materia de justicia cotidiano.
En este caso, sobre la materia contencioso-administrativa federal, se propuso la creación de una opción de juicio en el que se analicen únicamente aspectos de fondo de las determinaciones de las autoridades fiscales, sin que en este procedimiento se puedan alegar aspectos formales.
La propuesta de este nuevo juicio privilegia la resolución de fondo de la controversia, eliminando formalismos y acelerando los procesos del actual juicio contencioso-administrativo.
Sin embargo, al acudir a este nuevo juicio, se cae en algunos riesgos para los contribuyentes y sus abogados, basta señalar que en primer lugar se tendría que renunciar a la posibilidad de discutir y analizar las violaciones al debido proceso, contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, y en el artículo 8.1 del Pacto de San José, referidas a la igualdad tributaria, argumentos que de prosperar podrían establecer la nulidad del acto impugnado.
Otro riesgo para quienes decidan acudir a esta modalidad de juicio tiene que ver en que se pueda ver afectado su derecho al acceso a la justicia, al mencionarse expresamente que una vez que el demandante opte por el juicio de resolución exclusivo de fondo no podrá variar su elección. También se corre el riesgo de que si la demanda no cumple con los requisitos señalados en la ley la consecuencia sería su desechamiento, lo cual resulta a todas luces excesivo.
Cuando es un asunto de explorado derecho que la interposición del juicio en la vía incorrecta no generan el desechamiento, improcedencia o sobreseimiento, sino que lo procedente es que el magistrado instructor redirecciones la demanda a la vía correcta, así lo apropiado sería remitir la demanda a la Oficialía de Partes Común para que ingrese como juicio en la vía tradicional.
Otra parte del tema de ofrecimiento y valoración de las pruebas en este procedimiento puede dar lugar a problemas, al plantearse que únicamente serían admitidas las pruebas que hubiesen sido ofrecidas y exhibidas en el procedimiento de comprobación del que derive el acto impugnado en acuerdos concluidos o en el recurso administrativo, intentando o dejando fuera las pruebas supervinientes o aquellas que se ofrecen en la ampliación de la demanda como resultado del conocimiento de nuevos derechos presentados en la contestación de la misma demanda.
En cuanto a las reformas propuestas al Código Fiscal de la Federación, para incorporar a este ordenamiento el denominado recuro de revocación exclusivo de fondo, estamos ante la presencia de un recurso administrativo con exactamente las mismas características del juicio de resolución exclusiva de fondo propuesto para la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que nuestras consideraciones y comentarios respecto al éxito de este recurso en cuanto a su utilización real por parte de litigantes y contribuyentes son los mismos. En este sentido Morena votará en contra de este dictamen. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Álvarez López. Para hablar en pro del dictamen tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Waldo Fernández González: Con su permiso, presidenta. Acudo a esta tribuna para hablar en pro al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y al Código Fiscal de la Federación.
Esta modalidad u opción de juicio fortalece el ejercicio del derecho humano al recurso judicial efectivo, facilitando y privilegiando la resolución de fondo de la controversia que no genera instancias recurrentes, esto es respecto de la existencia misma de la obligación fiscal, eliminando los formalismos y permitiendo acortar plazos en la definición real de la situación fiscal de los contribuyentes.
Con este nuevo juicio, el gobernado tendrá la elección de controvertir únicamente aspectos de fondo de las determinaciones de las autoridades fiscales, sin que en este procedimiento se puedan alegar aspectos formales, lo anterior, sin dejarlo en estado de indefensión por considerar que el tribunal esté denegando la justicia al no estudiar los agravios de forma, pues es opción del contribuyente la tramitación del juicio contencioso a través de la vía ordinaria o de fondo sin que una vez elegido el tipo de procedimiento pueda cambiarse la vía.
Además, faculta al propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa a reducir la vía al juicio contencioso ordinario cuando presente argumentos de forma únicamente.
Esta nueva modalidad de juicio brinda beneficios que acercan a la justicia con la gente, como no exigir al actor que garantice el crédito fiscal durante la tramitación de este juicio, y hasta que el Tribunal de Justicia Administrativa emita la resolución correspondiente.
Asimismo, con la finalidad de mantener los principios de certidumbre legal y equidad procesal entre las partes, se propone que sólo puedan ofrecer las pruebas que hayan sido aportadas durante la fase administrativa llevada a cabo ante las autoridades fiscales, así como en el procedimiento de acuerdos conclusivos previsto en el Código Fiscal de la Federación o recurso administrativo.
Finalmente, es importante señalar que a través de este juicio se puede llegar al conocimiento de la verdad real. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado. Esta Presidencia saluda la presencia en este recinto de los doctores Abelardo Meneses García, director del Instituto Nacional de Cancerología, así como del doctor Jorge Salas Hernández, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y la doctora Patricia Mondragón, presidenta de la Asociación Respirando con Valor de Ayuda a Pacientes con Cáncer de Pulmón, invitados por el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio y de la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados, en el marco del Día Mundial del Cáncer de Pulmón. Sean ustedes bienvenidos.
Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra lo suficientemente discutido en lo general.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidente, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa, de conformidad con lo que establece el artículo 109 del Reglamento de esta Cámara de Diputados, que se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos: artículo 58-17, 58-19, 58-20, 58-22, 58-24, 58-29. Todos de la Ley de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo.
De igual forma, el artículo 133-B y artículo 133-C del Código Fiscal de la Federación.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados en términos del dictamen.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, con las modificaciones aceptadas hace un momento por la asamblea.
(Votación)
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta Presidencia saluda a los alumnos del Centro Educativo de la Región de Texmelucan que nos visitan, del estado de Puebla, invitados por el diputado Rubén Alejandro Garrido Muñoz. Bienvenidas y bienvenidos.
Igualmente, saludamos a alumnos de la Unidad Académica Multidisciplinaria de la Zona Huasteca, miembros de la comunidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, invitados por el diputado Cándido Ochoa Rojas. Bienvenidos.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: ¿Alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto? Continúa abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 361 votos a favor, 8 abstenciones y 31 en contra.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 361 votos.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 58-17 de la Ley Federal de Procedimiento de lo Contencioso Administrativo.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Compañeras y compañeros diputados. Con su venia, presidenta. La reforma que estamos por aprobar por parte del Ejecutivo es como todas las que han aprobado, para sus cuates. Tal parece que les mandan a hacer trajes corte inglés, a la medida de las grandes empresas, para que tengan acceso a una justicia pronta y expedita, sectorizando la impartición de justicia.
Discriminan a los que menos tienen con el nuevo juicio de resolución exclusiva de fondo, que propone al argumentar en sus considerandos que es opcional para el actor y será procedente cuando se controviertan resoluciones definitivas de la autoridad, en la que a través del ejercicio de sus facultades de comprobación se establezcan determinaciones a cargo del contribuyente, cuyo monto exceda 200 veces la unidad de medida y actualización elevada al año.
Al día de hoy serían 5 millones 31 mil 920 pesos, cantidad que consideran refleja de manera representativa los elementos esenciales del tributo, obviando las violaciones formales, sin tomar en cuenta que una violación a la ley sea por quien sea; sea por quien sea que la haya cometido. En este caso, la autoridad debe tener una sanción.
Están haciendo una ley a modo a las miles de empresas fantasmas que han creado, ya que a esas se les otorga la garantía de no embargarlas. Pero eso sí, a los que menos tienen hay que embargarlos.
Es tan deficiente la presente ley que la reserva que presento es para contradicción en la misma, ya que en el artículo 58, numeral 17 señala que en ningún caso el juicio de resolución exclusiva de fondo podrá tramitarse a través del juicio en la vía tradicional. A través del juicio en la vía tradicional sumaria o en línea, regulados en la presente ley.
Lo anterior excluye la excepción señalada en el artículo 58, numeral 19, fracción Infraestructura, que señala: El magistrado instructor determinará la procedencia del juicio de resolución exclusiva de fondo cuando considere que se advierta que en la demanda solo se plantean conceptos de impugnación relativos a cuestiones de forma o procedimiento y no a cuestiones relativas al Fondo de la Controversia. Se remitirá a la oficialía de partes común para que lo ingrese como juicio en la vía tradicional, tomando en cuenta la fecha de la presentación de la demanda.
Por lo que la reserva que se propone es para que en el último párrafo del artículo 58, numeral 17, se tome en cuenta esta excepción que trata del fondo de la ley en el procedimiento. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Cuata Domínguez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto con términos del dictamen.
Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Roberto Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, para hacer propuesta de modificación del artículo 58-17, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señora presidenta. El dictamen actual violenta el principio de igualdad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y contraviene de igual manera el artículo 1o. de la misma, simplemente porque discrimina en contra de la mayoría, cuyos créditos fiscales son menores a los cinco millones de pesos establecidos como piso mínimo, permitiendo que unos pocos accedan a un nuevo procedimiento y además otorgándoles el privilegio, repito, el privilegio, para que no entreguen garantía fiscal a pesar de tener un procedimiento fiscal en curso.
La reforma que se plantea violenta los derechos humanos de los contribuyentes derivados del artículo 31 constitucional, fracción IV que acabo de mencionar, los cuales son: uno, la capacidad contributiva; dos, y muy importante, la igualdad tributaria; tres, la reserva de ley; y cuatro, el destino del gasto público.
En este orden del ideas, debe de considerarse las garantías procesales aplicadas en el derecho tributario tales como las contenidas en el artículo 8 y artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamada el Pacto de San José, que engloban las garantías procesales que se deberán aplicar en todo procedimiento administrativo.
Así, el artículo 8 de la misma ley, del mismo tratado, establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente independiente e imparcial –repito, imparcial– establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en ella o para la determinación de sus derechos, obligaciones del orden civil.
La equidad o igualdad tributaria ha quedado establecida en reiterados criterios jurisprudenciales; lo que se ha indicado en este derecho se refiere a que el legislador no dé un trato diferenciado a dos situaciones de hecho o de presupuesto de hecho.
La reforma busca establecer un procedimiento oral y que con esa facilidad se pretende que se acuda en mayor número a estos juicios, pero al mismo tiempo esta reforma es discriminatoria y es contradictoria porque establece un piso mínimo de cinco millones de pesos para que los contribuyentes puedan acudir a este mismo, lo que restringe, limita e incluso discrimina a los pequeños y medianos contribuyentes para contar con acceso a la justicia pronta y expedita.
Para decirlo con claridad, esta propuesta evidencia que solo podrán acceder a este procedimiento los grandes contribuyentes y no los pequeños. Por esto mismo y a fin de permitir que mayor número de contribuyentes acuda a estos juicios, proponemos en Morena que exista una reducción de este piso y se establezca para que puedan acudir al mismo cuando el asunto de que se trate sea mayor a 50 veces la unidad de medida y actualización en vez de los 500 que actualmente se propone en esta reforma.
Por lo anterior los agradezco su atención y obedezcan a las necesidades del pueblo. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Cañedo Domínguez. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Romero Tenorio, para presentar propuesta de modificación al artículo 58-17; 58-19; 58-20; 58-22; 58-24 y 58-29, hasta por siete minutos.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Mesa Directiva. Diputadas, diputados, de nueva cuenta hacemos mal la tarea. Tengo en mis manos el Diálogo por la Justicia Cotidiana, Diagnósticos Conjuntos y Soluciones que elaboró el CIDE. Y en este estudio no viene la argumentación que han dado varios diputados; se dejan llevar por la inercia, por las recomendaciones, que justifican esta mala ley, esta mala reforma.
El CIDE es un Centro de Investigación y de Estudios Especializado, pero faltaron otros centros: la Facultad de Contabilidad y Administración de la UNAM, la Escuela Superior de Economía del Politécnico; hay asociaciones o agrupaciones de contadores públicos que debieron haber valorado esta iniciativa que se propone con un nuevo juicio que se va a abocar al fondo que pretende resolver la mala actuación y el mal desempeño de la autoridad tributaria.
¿Cuál es el objeto de este juicio que se está proponiendo? El objeto es el artículo 42 donde se establecen las atribuciones de la autoridad fiscal, concretamente fracción III, fracción II, III y IX. Estas fracciones refieren atribuciones concretas de la autoridad fiscal en el cumplimiento y en la vigilancia de las obligaciones fiscales de los ciudadanos, personas físicas o morales.
Fracción II del 42, es requerir a los contribuyentes la contabilidad para su verificación.
Fracción III. Practicar visitas a los contribuyentes y revisar la contabilidad de bienes y mercancías.
Fracción IX. Practicar revisiones electrónicas con la información que aporta el propio contribuyente y con la atribución que tiene la autoridad de recopilar la información en sus sistemas electrónicos.
Ése es el objeto de esta reforma que se propone. No es justicia general, es una justicia enfocada al rezago que tienen los tribunales, en particular el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Pero el problema no está en el juicio, no está en procedimiento, el problema está en el diseño institucional. De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, hay rezago en la justicia fiscal y administrativa por la ausencia de salas regionales. Hay ausencia por la falta de personal en los procedimientos, hay ausencia de justicia porque se hace engorroso el trámite ante cualquier tribunal, la sobrecarga de trabajo, la falta de condiciones adecuadas para los trabajadores, secretarios de acuerdo, notificadores, eso impacto y pega al acceso a la justicia.
Se está leyendo mal el problema, hay que leer, hay que leer la Constitución y ver si efectivamente y con esta reforma se garantiza una justicia pronta para el supuesto previsto en el artículo 42, fracción II, III y IX. No se garantiza.
Es una mala reforma que los propios contadores o abogados fiscalistas se estarán cuestionando en los próximos días. Es una mala reforma que no resuelve el rezago en la impartición de justicia.
Pese a ello, hemos presentado algunas reservas, mismas que solicito se publiquen en el Diario de Debates para que se vea el sentido de las mismas, y se pueda apreciar que se puede mejorar lo que está mal hecho.
El artículo 58-17, está reservado señala que el tribunal determinará las salas regionales. Si el rezago que tenemos en la justicia administrativa y fiscal es porque no hay salas regionales en todos los estados, ahora se proponen, y en los transitorios se establecen tres salas regionales para atender estos juicios de fondo.
De nueva cuenta, con una disposición legislativa restringimos el acceso a la justicia, puesto que funcionarán a partir de 2017 tres salas regionales, ya no podrán acudir a las diferentes salas regionales, que si no mal recuerdo son 54. Se restringe de 54 a 3 con este nuevo juicio.
En la misma disposición existe una contradicción procesal que es importante y que hace improcedente esta propuesta. El mismo artículo 58, numeral 17, determina que las controversias deberán sujetarse a los siguientes supuestos:
I. Los hechos u omisiones calificados en la resolución impugnada,
II. La aplicación o interpretación de las normas sustantivas involucradas, y
III. Los efectos que haya atribuido la autoridad emisora al incumplimiento total o parcial de requisitos formales o de procedimiento que impacten o trasciendan al fondo de la controversia.
El requisito para que proceda este juicio nos señala que deben señalarse violaciones procesales, no obstante que en el articulado que se desarrolla nos dice que esas violaciones procesales no se van a tomar en cuenta.
Existe una inconsistencia en los requisitos para presentar este juicio y el desahogo del procedimiento, puesto que se le da atribución amplia al magistrado al que le sea turnado el asunto para determinar si es un asunto de fondo o es un asunto de forma. Eso nos genera una incertidumbre jurídica.
Reserva al artículo 58, numeral 19, fracción II. Una vez que se hayan cumplido los requisitos señalados en el artículo anterior, si se advierte que los conceptos de impugnación planteados en la demanda incluyen argumentos de forma o de procedimiento estos se tendrán por no formulados y solo se atenderá a los argumentos que versen sobre el fondo de la controversia.
Si hay argumentos de forma, no se retomarán en cuenta. Artículo que contraviene la fracción III del artículo citado con anterioridad. ¿O podemos o no podemos presentar alegados de violaciones procesales que afectan el fondo de la actividad de la autoridad hacendaria? Es una inconsistencia que está ahí y que no se revisó. De nueva cuenta les pido que lean la ley, lean los principios constitucionales.
Artículo 58-22, cuando algunas de las partes no acuda a la Audiencia de fijación de la litis se entenderá que consiente el término que fija el magistrado y precluye su derecho para presentar alegato. Una situación es fijar la litis y otra es coartarle el derecho de alegato de las partes, en esta cuestión el contribuyente, porque el contribuyente no va a estar en la misma función, en el mismo nivel que la autoridad administrativa fiscal. La autoridad administrativa fiscal tiene el control de la información, tiene funciones de persecución y de investigación, no el contribuyente.
Colocamos en un mismo plano a dos actores en un proceso que no puede ser igual, no se atiende a la simetría. El litigio en estos asuntos es del contribuyente con la autoridad tributaria, no es con otro ciudadano, es con la autoridad y la autoridad tiene un control, un monopolio de la información que puede imponer sobre la actividad del contribuyente.
Hay otras reservas que quedan para el Diario de Debates. Es una mala ley, no pasa el filtro de los expertos fiscales, no pasa el filtro de retrasar o atacar el rezago judicial que tenemos en el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa. Por eso votamos en contra de esta mala ley, que ustedes lo han dicho, será a petición de parte. Ningún fiscalista en su sano juicio va a acudir a este juicio. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Romero Tenorio. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas por el diputado Romero Tenorio.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Basurto Román, para presentar propuestas de modificación al artículo 133 B, y 133 C, del Código Fiscal de la Federación.
El diputado Alfredo Basurto Román: Buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta. Compañeros y compañeras diputadas. Cómo le debe el gobierno de México a su pueblo en justicia. En ese sentido traigo dos reservas al artículo 133 B y 133 C.
Los que me han antecedido en el uso de la voz han argumentado infinidad de violaciones constitucionales que este dictamen trae consigo mismo. En Morena no estamos peleados con el principio de una justicia pronta y expedita, como lo establece el artículo 17 constitucional; sin embargo, en Morena sí estamos en contra que esa justicia rápida y expedita vaya en contra de muchos principios constitucionales.
Está en el debate nacional de la comunidad jurídica si realmente el sistema de justicia oral está dando resultados y hay críticas muy serias de juristas de gran renombre que dicen que no está cumpliendo con su cometido.
Si vemos, desde que se está implementando el nuevo sistema de justicia en México, era con el objetivo primordial de que los índices de criminalidad bajaran y lo que estamos viendo es todo lo contrario, creo que la delincuencia cada día va ganando más terreno en el ámbito de justicia. Es decir, en algo está fallando el sistema de justicia mexicano.
En días pasados, en esta tribuna, si mal no recuerdo la semana pasada, se debatía sobre un presidente un tribunal de justicia del estado de Jalisco, que traía varias carpetas de investigación y aun así seguía ejerciendo el cargo de presidente de un tema y un lema tan importante, como es la administración de justicia. Háganme el favor.
En ese sentido, mi reserva, en el 133, que habla de doscientas veces la Unidad de Medida de Actualización, elevada al año, propongo que en el artículo 133 se baje a cincuenta. Es decir, que se beneficie a un gran cúmulo de contribuyentes en materia tributaria fiscal.
En el artículo 133-C, ahí sí, en Morena solicitamos, por mi conducto, que se suprima todo ese apartado, que vemos que va viciado de fondo. Pero lo más trascendental, compañeros y lo más importante en ese sentido, es que no podemos votar en Morena por un dictamen que lleva de fondo violaciones a principios jurídicos constitucionales tan importantes, como es el principio de audiencia, como es el principio de legalidad y como es el principio de seguridad jurídica. Es por ello que en Morena el voto será en contra, compañeros. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se consideran suficientemente discutidos los artículos reservados.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se consideran suficientemente discutidos los artículos reservados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Suficientemente discutido.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 58-17, 58-19, 58-20, 58-22, 58-24, 58-29, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo; y el artículo 133-B y 133-C del Código Fiscal de la Federación, en términos del dictamen.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos reservados con las modificaciones aceptadas por la asamblea. De los artículos reservados en términos del dictamen, perdón.
(Votación)
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Esta Presidencia saluda a los alumnos de la licenciatura en Derecho y Criminología de la Universidad Privada de Pátzcuaro, del estado de Michoacán, invitados por la diputada Araceli Saucedo Reyes. Y de igual forma a los alumnos del Colegio Pio XII, de León, Guanajuato, invitados por la diputada Alejandra Gutiérrez Campos. Bienvenidos a este recinto legislativo.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul de la diputada Blandina Ramos. ¿Con que objeto diputada?
La diputada Blandina Ramos Ramírez (desde la curul): Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Señora presidenta, para pronunciar unas palabras con relación al Día internacional de la tolerancia en tiempos de crisis y conflicto.
Cuando todos quieren hablar muchos son silenciados y pocos quieren escuchar. Privilegiamos las coincidencias que nos unen, festejamos las diferencias que nos permiten crecer como humanos.
Celebremos cada día la tolerancia ejerciendo acción de respeto a las opiniones, ideas, actitudes del otro, aunque no coincidan con las nuestras. Gracias, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se registran sus intervenciones en el Diario de los Debates, diputada.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: ¿Alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto? El sistema electrónico continúa abierto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 307 votos a favor, 0 abstenciones y 89 en contra.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 307 votos. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y del Código Fiscal de la Federación. Pasa al Senado para los efectos constitucionales correspondientes.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: El siguiente punto en el orden del día, es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 153 y 154, y se deroga el artículo 151 del Código Penal Federal. Está a discusión en lo general y en lo particular.
Para lo cual, se han anotado para fijar los posicionamientos de los diversos grupos parlamentarios, las siguientes diputadas y diputados: diputada Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social; diputada Karina Sánchez Ruiz, del Partido Nueva Alianza; diputado Víctor Manuel Orozco, de Movimiento Ciudadano; diputada Delfina Gómez Álvarez, de Morena; diputada Sofía González Torres, del Partido Verde; diputado Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática; diputado José Hernán Cortés Berumen, del Partido Acción Nacional; y el diputado Ramón Bañales Arambula, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
La diputada Melissa Torres Sandoval: Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea. Para Encuentro Social son prioritarias las acciones en contra de la impunidad y en pro de disminuir la violencia a través de la promoción al respeto de las reglas, procedimientos e instituciones que nos permitan garantizar el orden y la estabilidad social, fortaleciendo así el estado de derecho.
El dictamen de la Comisión de Justicia que hoy nos ocupa aumenta las sanciones aplicables al delito de evasión de presos, ello como una oportuna reacción a la reciente preocupación social derivada principalmente de las fugas de un célebre delincuente de prisiones de alta seguridad, las que ocasionaron una crisis institucional en materia de seguridad, producto de la corrupción y la complicidad.
No es casualidad que de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción 2015 entre los 34 países que integran la OCDE México ocupe el último lugar. Es así que el dictamen a discusión estima viable reformar al Código Penal Federal a efecto de inhibir la comisión del delito de evasión de presos, práctica que afrenta y lastima a la sociedad que consiste en auxiliar a quien esté privado legalmente de su libertad para que se fugue.
Actualmente el Código Penal sustantivo exenta de la sanción correspondiente a los familiares que refiere, salvo que la fuga se hubiera realizado de manera violenta. Además dispone que si se logra reaprehender al prófugo gracias a las gestiones del responsable de la evasión, solo se aplicarán jornadas de trabajo en favor de la comunidad y al preso que se fugue no se le aplicará sanción alguna.
Es necesario dejar claras las siguientes consideraciones. Uno. El parentesco no debe ser una excluyente de responsabilidad para quien ayuda a un preso a fugarse en tanto su intervención no constituye una omisión, sino una acción dolosa muy bien planeada.
Dos. Aun cuando el supuesto en las jornadas de trabajo en favor de la comunidad, cuando quien auxilió al escape contribuye después a su captura, constituye una salvedad acertada. Esta atenuante no puede beneficiar a servidores públicos, los que deben cumplir con la pena privativa de libertad que corresponde con el incremento derivado de la agravante aplicable por su condición laboral que le obliga a vigilar el cumplimiento de la ley en el ámbito de sus facultades.
Tres. Cuando al fugarse un recluso evade el cumplimiento de la pena que el Estado le ha impuesto, cínicamente atenta contra el imperio de la ley, por lo que al ser reaprehendido deberá imponérsele una pena adicional que se sugiere vaya de seis meses a cuatro años de prisión.
Sin lugar a dudas el objetivo de estas medidas es: contribuir al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública; inhibir las fugas de los reclusorios, y coadyuvar en el combate a la impunidad.
En congruencia con el compromiso de Encuentro Social para emprender las acciones tendientes a concretar el Estado de derecho en nuestro país, no solamente votaremos en pro del dictamen, sino que desde esta tribuna reiteramos la obligación de todos los mexicanos de respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen; sabedores que no hay camino para el respeto a la ley, el respeto es el camino. Es cuanto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Torres Sandoval. Esta Presidencia saluda la presencia en este recinto de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yucatán, invitados por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. Sean ustedes cordialmente bienvenidos.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Karina Sánchez Ruiz.
La diputada Karina Sánchez Ruiz: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la fuga de un reo en julio de 2015 evidenció la complicidad de servidores públicos y de diversas instituciones de seguridad y de procuración de justicia, en lo que constituyó uno de los más graves asuntos de corrupción dentro del sistema penitenciario en nuestro país.
También dejó al descubierto profundas deficiencias estructurales y de justicia mexicana, toda vez que si bien el Código Penal Federal tipifica la evasión de presos como uno de los delitos contra la seguridad pública e impone castigo para quien ayude y favorezca la evasión, excluye de estas sanciones a los familiares que se hayan involucrado en los hechos. Esto aunado a que no contempla ninguna penalización adicional a la persona que se evade de la prisión en caso de que ésta vuelva a ser reaprehendida.
Toda ley es perfectible, y en Nueva Alianza consideramos que para lograr seguridad jurídica y combatir la corrupción en esta materia, es insoslayable modificar la normatividad aplicable. En este sentido apoyamos el dictamen de la Comisión de Justicia por el que se reforman los artículos 153 y 154, y se deroga el 151 del Código Penal Federal, lo que se busca al derogar el citado artículo, es que los familiares del preso evadido, puedan ser sancionados por planear, auxiliar, participar o facilitar la fuga, ya que actualmente se les exenta cuando en realidad con todo el conocimiento de causa cometen un delito doloso.
En lo que respecta al artículo 153 del Código Penal Federal, se establece que si un prófugo es recapturado y esa reaprehensión se logra por gestiones del responsable de la evasión, éste podrá cumplir una sanción con trabajo en favor de la comunidad.
Con la reforma que estamos aprobando, esta disposición no aplicará para los servidores públicos, quienes en cualquier caso deberán ser rigurosamente sancionados. De esta manera estaremos dando un paso firme contra la corrupción.
Conforme a la legislación vigente, cuando un sentenciado se evade de la prisión de una manera no violenta y vuelve a ser reaprehendido, no se le aplica ninguna sanción adicional. En Nueva Alianza coincidimos en que esa disposición no es justificable, toda vez que la acción de fugarse lleva implícitamente la comisión de otros delitos, como puede ser la coerción o el soborno, entre otros. Además de que comprende el incumplimiento de una pena ya impuesta, con lo que se violenta el Estado de derecho.
Aunado a ello da pie para la reincidencia y la mejor prueba de esto la encontramos justamente en la doble fuga del Chapo Guzmán. Por ello, concordamos con la reforma planteada al artículo 154 del Código Penal Federal, a fin de incrementar las sanciones a quienes deciden tomar el camino de la evasión para no cumplir su deuda con nuestra sociedad. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Sánchez Ruiz.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su venia, presidente. La reforma que está a discusión es una reforma que solamente pone en evidencia uno solo de los múltiples problemas que enfrenta el sistema penitenciario en nuestro país.
El sistema penitenciario en nuestro país es una de las claves que tuvieron la reforma al nuevo sistema de justicia penal, que por cierto –hay que decirlo– sistema de justicia penal que hoy en el presupuesto no se contempló el seguimiento o algún organismo técnico que dé seguimiento a su implementación, porque la implementación del nuevo sistema de justicia penal va a tardar todavía muchos años.
Los ocho años que nos pusimos de plazo fueron insuficientes, hoy esa implementación tiene graves problemas y una parte de este sistema de justicia penal es precisamente el sistema penitenciario y, dentro del sistema penitenciario, lo que es la reinserción social.
Por supuesto que la seguridad de los penales en México ha quedado en evidencia tras la fuga de reos y capos. Hay que señalar que en los últimos años esas fugas han sido simultáneas, han ido creciendo. Y solo para hablar de algunas fugas, no solamente la fuga más escandalosa de Joaquín El Chapo Guzmán de una cárcel de máxima seguridad, la de El Altiplano, que ha dejado en evidencia una vez más los múltiples agujeros que tiene el sistema penitenciario mexicano y que se ha coronado como una de las fugas más escandalosas, incluso evidenciando el sistema jurídico de nuestro país.
También habría que señalar el grave problema que se tiene en el sistema penitenciario de la sobrepoblación, la cual representa una quinta parte del sistema penitenciario, de lo que se tiene de internos. Por ejemplo, en el 2015 habían 256 mil 484 presos distribuidos en 387 centros penitenciarios y algo así la población o la sobrepoblación era algo así como 53 mil personas.
Con ello por supuesto que existe un grave problema en el sistema penitenciario y por supuesto que no nada más es el problema de hacinamiento, sino también de corrupción que tiene este sistema penitenciario.
Otro de los graves problemas que también tiene el sistema penitenciario son los hechos violentos en las cárceles mexicanas. Por ejemplo, los últimos datos de la Comisión Nacional de Seguridad nos hablan, entre otros por ejemplo, el número de riñas supera con creces las registradas en el año 2012, y don más o menos la mitad que las mil 225 peleas vividas en 2013. Las agresiones, los homicidios y los decesos también ocupan la parte alta de las estadísticas de los incidentes registrados en el sistema penitenciario.
Según los cuadernos penitenciarios publicados por la CNS, en los cinco primeros meses de este año hubo 147 decesos, 212 agresiones a terceros que implican a 660 personas.
Esta reforma al Código Penal obedece por supuesto a que tenemos un sistema penitenciario que tiene que avanzar, es evidente que si no se reforma este Código, el artículo del Código Penal habrá más evasiones y que lo que tutela este tipo penal es que se evite que haya evasiones.
No podría dejar de comentar el sistema de justicia que tenemos, con mucha corrupción y por eso hoy vuelvo a insistir que en el sistema de justicia penal y en el Poder Judicial debe haber una reforma profunda. Casos como el del señor Vega Pámanes deben de erradicarse del sistema de justicia penal. Personajes de alto nivel que buscan que delincuentes evadan la acción de la justicia deben de ser castigados y deben de ser separados del sistema de justicia penal, y sobre todo del Poder Judicial. El señor Vega Pámanes vamos a insistir desde esta Cámara que sea sancionado desde un juicio político para que no vuelva a ocupar ningún cargo en el sistema de justicia.
Los diputados ciudadanos votaremos a favor esta reforma porque definitivamente el sistema penitenciario tiene que evolucionar y tiene que cambiar en este país. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Sánchez Orozco.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna la diputada Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Delfina Gómez Álvarez: Buenos días, compañeras, compañeros diputados. Presidente de la Mesa, buenos días.
Ahora que se está poniendo de moda legislar con dedicatoria y no es la excepción ésta, porque ayer fueron los magistrados electorales y ahora es el Chapo quien nos motiva a hacer cambios en la ley. El incremento de los intentos de fuga en distintos penales federales sólo es la prueba del iceberg en la crisis del sistema penitenciario federal.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, los intentos de fuga exitosos o malogrados se han propagado a por lo menos cinco de los reclusorios considerados como de máxima seguridad.
Los datos oficiales develados vía Transparencia por el órgano administrativo desconcentrado de prevención y de readaptación social revelan que entre 2013 y 2015 van cinco intentos de fuga en cinco penales distintos. Doce intentos a darse a la fuga fueron por 12 internos, de los cuales tres lo lograron.
De 2011 a 2014 se ha registrado un crecimiento sostenido de las incidencias en los penales de alta seguridad. Los incidentes incluyen intentos de fuga, riñas, decesos, suicidios, agresiones y motines.
En 2011 tuvimos 561 incidentes; en 2012 se incrementaron a 640; para 2013 tuvimos mil 80 y en 2014 llegamos a mil 262 incidentes. En 2014 estos incidentes involucraron 2 mil 459 internos federales, que es la cifra más alta de la historia en el registro en relación con el sistema penal penitenciario.
El incidente más común en 2014 fueron las 779 riñas registradas, en las que se vieron involucrados mil 780 reos y dejaron un saldo de 70 lesionados.
Los ataques a terceros, entre los que se encuentran los cometidos contra el personal de custodia y civiles, es la segunda causa de agresión más común cometida en los penales federales, con 349 casos. Además, se registraron seis casos de personas que supuestamente se suicidaron y 33 internos murieron por causas naturales.
La legislación actual no sanciona a un reo si intenta fugarse, siempre que esto ocurra sin utilizar la violencia. Asimismo el Código Penal vigente no castiga a los familiares de los presos que sí participaban o eran cómplices en la ejecución de la misma. Esto resultaba una franca invitación a fugarse, ya fuera del penal o durante los traslados a las audiencias de desahogo de pruebas.
En este sentido, el dictamen de hoy, que se discute, viene a llenar un vacío que hasta hoy era inexplicable y que, por ello, votaremos a favor. Sin embargo, el Grupo Parlamentario de Morena quiere dejar claro que aumentar las personas o las penas en las personas no es el camino idóneo para evitar delitos, puesto que no tiene efectos disuasivos, lo cual está plenamente comprobado.
En cambio, lo que pensamos que se requiere es adoptar las medidas necesarias de protección, seguridad y vigilancia, previniendo fugas futuras de internos, toda vez que existe el riesgo fundado de que se continúe registrando estos hechos, poniendo en riesgo la paz, la seguridad y la tranquilidad de la población.
Combatir la corrupción al interior de los penales y atajar la vulnerabilidad de estos centros penitenciarios, es fundamental para la protección de los ciudadanos y por ello pedimos y haremos votos porque se mejore la calidad de servicio en estos centros penitenciarios y estamos decididos a apoyar en todo lo necesario para que se logre ese objetivo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Gómez Álvarez.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna la diputada Sofía González Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
La diputada Sofía González Torres: Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que presentamos los integrantes de la Comisión de Justicia contiene una serie de propuestas para combatir la evasión de presos, el cual constituye uno de los delitos más lastimosos y que pone en riesgo la paz y la tranquilidad de la ciudadanía.
Este hecho representa el resultado de la corrupción y de la complicidad que existe en el interior de los centros de prevención y readaptación social, debilitando con ello las instituciones de seguridad.
Cuando una persona escapa de algún centro penitenciario evade la acción de la justicia, del cumplimiento de la pena, atenta contra el imperio de la ley, pero sobre todo, coloca a la víctima y al ofendido en una situación de temor, en una situación de angustia, de amenaza y genera desconfianza en las instituciones del Estado mexicano.
En tiempos resientes hemos visto casos de figuras de reclusos de alta peligrosidad, como la del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, quien en dos ocasiones escapó de penales de máxima seguridad para continuar con su actividad delictiva.
Otro caso, por ejemplo, se presentó aquí mismo en la Ciudad de México, donde dos peligrosos secuestradores se fugaron del Reclusorio Oriente y con todo el descaro del mundo salieron por la puerta principal de los juzgados, ubicados dentro de este centro penitenciario.
El dictamen que se discute otorga las herramientas necesarias para sancionar y para prevenir este tipo de acciones. Además, resulta necesario establecer una sanción para toda persona que ayude al reo a fugarse sin importar si hay o no un lazo consanguíneo se encuentre bajo proceso.
El hecho de ser familiar y de tener un lazo afectivo con una persona no quiere decir que podemos ayudarlo a fugarse de un penal y evadir la acción penal. Esto no puede ser posible, esto debe de ser sancionado. El Estado mexicano no debe permitir el auxilio de la comisión de este acto ilícito.
De igual forma, en el dictamen se endurece la norma penal para que todo servidor público que ayude al delincuente que se fugó no pueda beneficiarse de las atenuantes a la sanción que le corresponde si se consigue la reaprehensión del prófugo.
Cualquier servidor público que abuse de su posición, que facilite el escape de la prisión a estos reclusos no merece ninguna consideración por parte de la ley. Esta conducta lastima seriamente a nuestra sociedad y defrauda la confianza en la ciudadanía.
Finalmente, la parte medular de este importante dictamen radica en el perfeccionamiento del tipo penal de este delito. Cuestión que por increíble que parezca no castigaba al delincuente que se fugaba si lo realizaba por sí mismo. Es decir, para sancionarlo tenía que realizarlo forzosamente con otro reo.
Con esta modificación se castigará a todo recluso que se fugue. Y además, se aumenta la pena en un tercio si se escapa con ayuda de otros reclusos.
Las y los diputados del Partido Verde votaremos a favor de este dictamen cuyas modificaciones al Código Penal Federal fijarán las herramientas legales necesarias para combatir este lastimoso delito. Lo cual traducirá en el fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad en castigar a los delincuentes y garantizar la protección que reclaman las víctimas de este delito.
Finalmente, felicito al diputado Federico Döring por brindarles más seguridad y más certeza jurídica a las víctimas. Yo creo que ésta es la mejor dedicatoria de todas. Para eso estamos aquí, compañeros, para favorecer a las víctimas y para proteger a los ciudadanos. Muchas gracias, es cuanto.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada González Torres.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Para fijar la postura, para fundamentar el dictamen tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.
El diputado Arturo Santana Alfaro: Con el permiso de la Presidencia. Sin duda, los recientes hechos registrados en los penales del país, donde se han fugado peligrosos delincuentes en diversos centros penitenciarios dejan al descubierto, una vez más, la enorme corrupción y complicidad existente en nuestro sistema penitenciario; así como lo inadecuado del tipo penal de evasión de presos que el día de hoy estamos discutiendo y reformando.
De ahí la importancia para el Partido de la Revolución Democrática que tiene el presente dictamen, el cual vamos a votar a favor para derogar el artículo 151 del código sustantivo y reformar los artículos 153 y 154 del mismo ordenamiento penal federal.
Con la derogación del artículo 151 del Código Penal, se elimina la excluyente de responsabilidad penal para los familiares que hayan prestado su ayuda para la evasión del reto, para la evasión del preso. De manera que a partir de esta reforma habrá sanción contra los parientes que auxilien al reo en su escape.
Por lo que respecta a la reforma al artículo 153 del código sustantivo a la materia, se excluye del atenuante de responsabilidad penal a los servidores públicos que hayan propiciado la evasión del reo.
Con la reforma al artículo 154 del Código Penal todas las personas sentenciadas con pena privativa de la libertad que se fuguen serán sancionadas en todos los casos con una pena privativa de libertad de 6 meses a 3 años de prisión, quedando cubierta con esta sanción la laguna que expresa en la fundamentación el diputado Döring y que dictamina a favor la Comisión de Justicia.
Con ello se elimina la excluyente que a este respecto existe en la ley vigente y se dispone una pena, la cual se incrementará en un tercio cuando la persona privada de la libertad obre en concierto con otra u otras personas privadas de su libertad y se fugue alguna de ellas o ejerciere violencia contra las personas.
Puede justificarse, compañeras y compañeros legisladores, la exclusión de la responsabilidad de un familiar para evitar la presentación, aprehensión o reaprehensión del procesado; pero de ninguna manera puede justificarse la acción orquestada del mismo familiar para que el recluso se fugue.
Es por ello que nosotros, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, acompañamos en sus términos el presente dictamen y con ello estaremos cubriendo una importante laguna que acertadamente el diputado proponente hace valer en esta iniciativa de ley y que, reitero, se dictamina de manera positiva por la Comisión de Justicia. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Santana.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Hernán Cortés Berumen.
Esta Presidencia saluda la presencia del maestro Edwin Morales Laboy, presidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Invitado por el diputado federal, Mario Ariel Juárez Rodríguez.
Igualmente, se saluda la asistencia a este recinto de alumnos de la licenciatura en Comunicación y Periodismo, de la Facultad de Estudios Superiores, Plantel Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Invitados por el diputado Francisco Martínez Neri. Adelante, diputado.
El diputado José Hernán Cortés Berumen: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. En meses pasados hemos observado actos de enorme gravedad, relativo a las personas privadas de la libertad, que se han dado a la fuga, incluso de Centros de Reinserción de supuesta alta seguridad. El más relevante de todos esos episodios, sin duda fue el conocido escape del penal del Altiplano, pero éste es solo por citar un ejemplo de los muchos que se han suscitado. En aquél episodio hubo sin duda dolo, hubo premeditación, hubo aprovechamiento de la corrupción de esferas altas, y desde luego cómplices.
De todo lo anterior, motivó a nuestro compañero Federico Döring Casar, a revisar el espíritu de la política criminal plasmado en el Código Federal, que dejaba sin sanción precisa, la elusión de las personas privadas de la libertad y el auxilio brindado por los familiares más cercanos.
Si bien, todos reconocemos en dicha política el reconocimiento de la libertad como un derecho natural irrenunciable, las circunstancias que atraviesa nuestro país, nos obliga como legisladores a exigir un nuevo estándar de conducta para las personas sentenciadas y que se evadan de los centros de reinserción.
En tal virtud, se reforma el artículo 154 del Código Penal Federal, quien siendo sentenciado se fugue, cometería delito autónomo y recibirá una sanción de seis meses a tres años de prisión, pudiéndose incrementar en un tercio cuando la persona obre en concierto con otro y otros sentenciados y además se fugue alguno de ellos o, bien, se ejerciera violencia entre personas.
De igual forma, se deroga el artículo 151 de dicho ordenamiento que dejaba sin sanción al pariente hasta el segundo grado cuando éste auxilie al evadido. Coincidimos que en este caso no se puede dar la misma excluyente de responsabilidad que se atribuye como lícita en el caso de encubrimiento. Aquí nos encontramos ante un despliegue doloso de acciones que merecen ser castigadas y que sea quien sea el responsable pague ante la ley.
Igualmente votaremos a favor de adicionar el artículo 153, una salvedad a efecto de que los servidores públicos que incurran en el auxilio al evadido, no queden sancionados con una pena tenue en caso de que coadyuven a reaprehenderlo, sino que se sancionarán conforme a las reglas del artículo 150 con penas agravadas incluyendo la inhabilitación.
Por las razones expuestas, estamos convencidos de que la reforma es necesaria. Queremos mandar un mensaje de cero tolerancia a la corrupción en lo que es uno de los tramos más delicados del sistema de justicia penal en nuestro país. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Hernán Cortés.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Para fija la postura del Grupo Parlamentario del PRI, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Ramón Bañales Arambula.
El diputado Ramón Bañales Arambula: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con el permiso de la Presidencia y de la Mesa Directiva, vengo a fijar la postura de mi partido.
En una sociedad segura y de leyes, la justicia debe aplicarse con firmeza y sin distingos. México enfrenta el reto de forjar una política de Estado que esté presidida por la justicia como virtud y como servicio público que garantice la verdad y reparación a las víctimas, así como la sanción a los victimarios.
Que brinde confianza en las instituciones de conformidad con los postulados de la Constitución y el respeto a los derechos humanos.
Como lo advertimos en nuestro programa de acción, los priistas reconocemos que el país enfrenta graves problemas derivados de la violencia y la inseguridad que obliga a reorientar los sistemas de prevención, procuración y administración de justicia. Asimismo en nuestra plataforma electoral nos comprometimos a consolidar una sociedad segura y de leyes, un México en paz, con vigencia plena del Estado de derecho.
La sociedad mexicana exige un sistema penitenciario que contribuya a la readaptación social del infractor y logre la reinserción a la vida productiva nacional. Por eso legislamos para construir un sistema penitenciario moderno y eficaz que elimine las formas de autogobierno y reduzca la posibilidad de actos delictivos.
Basar el sistema de readaptación social en valores y hábitos positivos para que los internos estén aptos para su reinserción social, una vez purgada su condena. Los mexicanos exigimos la vigencia plena del Estado de derecho, es decir, el respeto pleno a los derechos humanos y el combate absoluto contra las expresiones de impunidad ante la justicia.
Gracias al gobierno de Enrique Peña Nieto, hoy 100 de los 122 objetivos relevantes de la delincuencia organizada, han sido neutralizados. Los delitos de alto impacto han disminuido considerablemente: 21.7 por ciento de los homicidios; 25.7 por ciento los secuestros y 30.7 las extorsiones.
La Iniciativa Mérida, Acuerdo de Cooperación Bilateral de Seguridad entre México y los Estados Unidos, está trabajando para la acreditación de todos los centros federales de readaptación social para el 2017, y a mayor plazo, para los estados y municipios.
Por otro lado, para contribuir al robustecimiento de nuestro sistema de justicia y del México en paz que deseamos los mexicanos, los diputados hemos aprobado la Miscelánea Penal que reformó 232 artículos de 10 leyes para armonizar la legislación en materia de justicia penal, robusteciendo al modelo de justicia penal acusatorio.
La ey Nacional de Ejecución Penal que reestructura al sistema penitenciario con base en la reinserción social y el respeto pleno a los derechos humanos.
La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, para procurar e impartir justicia de manera digna a los menores.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que fortalece el sistema jurídico para que sea eficaz en el combate contra el crimen organizado.
El Código Nacional de Procedimientos Penales, para que las víctimas puedan remitir sus pruebas directamente al juez sin necesidad que sean valoradas por el ministerio público.
Votaremos a favor del presente dictamen para fortalecer la administración de la justicia y el cumplimiento de las resoluciones judiciales, eliminando la posibilidad de que los familiares que hubiesen facilitado la evasión de un familiar detenido, procesado o condenado, queden exentos de responsabilidad penal.
Asimismo, nuestro voto será en positivo para incrementar el castigo a los servidores públicos que hubieren participado en el delito de evasión de presos, aun cuando los mismos colaboren en la reaprehensión del evadido.
Votaremos a favor del presente dictamen porque impone más años de cárcel a quien está privado de su libertad, se fugue incrementando dicha pena en un tercio cuando la persona obre concertadamente con otra u otras personas privadas de su libertad o ejerza violencia.
Cabe precisar que actualmente esta conducta no se sanciona, salvo cuando el prófugo obra en concierto con otras personas o use violencia para conseguir su objetivo. Aquél recluso que evade el cumplimiento de la pena impuesta por el Estado, atenta contra el imperio de la ley y la voluntad soberana. Ante la inseguridad la sociedad exige paz y justicia, que se haga valer el Estado de derecho.
Nos corresponde a nosotros legislar en beneficio de la seguridad y justicia para la paz, porque sólo con justicia plena la democracia en nuestro país también será plena. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputado Bañales. Se informa que se han registrado para hablar en pro de este dictamen dos diputados: el diputado Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, y el diputado Waldo Fernández del Grupo Parlamentario del PRD.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos para hablar a favor de este dictamen, el diputado Cuitláhuac García Jiménez.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez: Gracias, diputada presidenta. Hoy sí me traje los lentes para leer bien. No vaya a ser que cometa el mismo error que el secretario de Educación.
Desde luego en Morena no podríamos ir en contra de que se fortalezcan las leyes que podrían castigar –subrayo, podrían castigar– algunos colaboradores de una fuga de quien se encuentre privado de su libertad por algún ilícito. Y nos parece incluso acertado que se incremente la sentencia del prófugo con las atenuantes señaladas en el dictamen.
Sin embargo, volvemos a insistir que de poco sirven las leyes si se fomenta la corrupción desde los altos funcionarios gubernamentales. El mismo ejemplo que en la motivación de la iniciativa el proponente cita, es decir, una de las figas de El Chapo y omite la primera, solamente hace referencia a la segunda, es evidencia de que nada se hace contra los altos funcionarios a cargo de los penales de alta seguridad.
Hablo desde luego del secretario de Gobernación, Osorio Chong, en esta última fuga de El Chapo Guzmán. Ni tampoco nada se hizo en contra de aquellos funcionarios del mismo nivel cuando se fugó por primera vez El Chapo Guzmán y correspondía al gobierno del PAN esa responsabilidad de los penales.
Pero lo peor es que ni siquiera existe hasta el día de hoy el resultado final de cualquier investigación que se haya llevado a cabo. Eso es lo realmente lamentable, y podremos seguir aquí perfeccionando las leyes, si nada va a pasar contra aquellos funcionarios; que miren, dónde se encuentran ahora.
Uno que ocupó el cargo en una de las subsecretarías de Gobernación, en el gobierno de Fox, y que no hizo nada contra el que sustituyó, y que sin duda estaba inmiscuido en la primera fuga de El Chapo, ahora es gobernador electo de Veracruz. Así están las leyes y así se procede contra los delincuentes de cuello blanco y cómplices de las fugas de los penales de alta seguridad. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado García Jiménez. Tiene el uso de la palabra para hablar en pro de este dictamen el diputado Waldo Fernández, del Grupo Parlamentario del PRD. Esta Presidencia saluda a los alumnos de la Escuela Secundaria Niños Héroes 1002, de Toluca, estado de México, invitados por el diputado Luis Gilberto Marrón Agustín, bienvenidos. Adelante, diputado.
El diputado Waldo Fernández González: Con su venia, presidenta. Vengo a hablar en pro del dictamen.
Fortalecer el sistema penitenciario exige que se observe con mayor responsabilidad la actuación de las autoridades correspondientes, pero también exige que se revise la legislación penal que se refiere a todos estos hechos que violentan nuestro Estado de derecho y provocan además la irritación social por la facilidad con que los delincuentes se evaden de la acción de la justicia.
Por ello, consideramos que es importante establecer una sanción para quien favorezca la evasión de la persona o personas que como consecuencia de un procedimiento penal se encuentren en internamiento o en un centro penitenciario, ya sea bajo una medida cautelar o durante el proceso penal, asimismo, también derivado de un órgano jurisdiccional.
Esto es así porque quien actúa favoreciendo la evasión lo hace de manera dolosa, sabiendo que su conducta está violentando el orden jurídico y porque el sujeto activo conoce y acepta el resultado de su actuar concretando los elementos subjetivos del tipo penal para la evasión de reos.
Estamos de acuerdo, y por ello hoy votaremos a favor del dictamen, porque no se justifica la excusa absolutoria tratándose del delito de evasión de presos, a favor de los familiares que participen activamente en la evasión a través de diversas conductas con ese propósito, aunque éstas no sean violentas.
Esto es así toda vez que se trata no de una omisión, como en el caso de encubrimiento por parte de familiares, que es otro supuesto, sino que en el caso que nos ocupa es una acción orquestada con el objetivo de evitar que el interno cumpla con la resolución judicial. Es decir, puede justificarse la exclusión de la responsabilidad de un familiar para evitar la presentación o aprehensión del procesado, pero de ninguna manera se puede justificar la acción orquestada del mismo familiar para que éste se fugue.
Sin embargo, estamos de acuerdo en considerar la atenuante a la sanción impuesta por contribuir a la evasión en el caso de que si la reaprehensión se lograse por gestiones del mismo responsable o corresponsable de la evasión. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Fernández. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se pide igualmente a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta Presidencia saluda a los alumnos de la Escuela Secundaria Niños Héroes número 1102, provenientes de Toluca, en el Estado de México, invitados por el diputado Luis Gilberto Marrón Agustín. Bienvenidos.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, sonido en la curul del diputado Virgilio Caballero, ¿con qué objeto, diputado? Adelante. Permítame, diputado, no se escucha. Chequen el micrófono del diputado Caballero. Adelante.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Sí, se trata de mostrar nuestro beneplácito por el Premio Knight de Periodismo Internacional, que recibió recientemente la periodista Carmen Aristegui, muy merecidamente.
Y también para expresar nuestra solidaridad con ella, ante la absurda sentencia de un juez que la acusa de abuso por la libertad de expresión, en el prólogo de su libro sobre La Casa Blanca. Estamos con ella.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? ¿Alguna diputada o diputado faltan por emitir su voto? Está abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Presidente, se emitieron 392 votos a favor, 0 en contra.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular, por 392 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 153 y 154. Y se deroga el 151 del Código Penal Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El diputado José Luis Toledo Medina (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado José Luis Toledo, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?
Gracias, presidente. Nada más para dejar patente la contradicción del Congreso Local de Quintana Roo. Específicamente del Partido Acción Nacional, ya que en esta Cámara sostuvimos que no íbamos a gravar ni generar impuestos a los mexicanos...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputado, le pido por favor que nos permita continuar con la discusión de los dictámenes...
El diputado José Luis Toledo Medina (desde la curul): Nada más déjeme terminar el punto.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: ...y este tipo de temas los dirija a la Junta de Coordinación Política...
El diputado José Luis Toledo Medina (desde la curul): Solo no permitiremos los diputados de Quintana Roo impuestos a los turistas...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítanos continuar, diputado, por favor.
El diputado José Luis Toledo Medina (desde la curul): ...porque eso va a dañar a la economía de Quintana Roo y del país.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítanos continuar.
El diputado José Luis Toledo Medina (desde la curul): Nada más dejarlo patente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
En este sentido tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jorge Triana Tena, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Jorge Triana Tena: Con su permiso, diputado presidente. Antes de iniciar, quiero comentar que esta comisión ha presentado una solicitud de adenda, de modificación a un artículo del decreto, así como la inclusión de dos artículos transitorios.
Las Declaración Universal de los Derechos Humanos defiende que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información están garantizados por el Estado y reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
En ese tenor nuestra norma fundamental, acorde a los tratados internacionales señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, el derecho de réplica será ejecutado en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado siempre por el Estado mexicano.
De lo anterior, el Estado tiene una obligación positiva de respetar y garantizar activamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información en todo sentido. Y también de no interferir en esta, sin imponer obstáculos, para garantizar en todo momento que la ciudadanía en general pueda ser oída, impidiendo la monopolización de los medios por parte del Estado o por parte de empresas privadas.
En congruencia y conforme a los derechos fundamentales señalados con anterioridad, la presente minuta con proyecto de decreto que se pone a consideración de esta honorable asamblea se deriva de una serie de procesos que tienen su origen en la creación de un estación televisiva para difundir las actividades legislativas de ambas Cámara ser Congreso de la Unión, que a lo largo de 19 años ha tenido diversas modificaciones y cuyos principales objetivos son los siguientes.
1. Que se genere una planeación programática, integral y coordinada, a través de una mejor organización técnica y logística que amplíe de manera eficaz la cobertura en espacios físicos de los eventos relacionados con las legisladoras y legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, superando así las diferencias operativas con las que el canal se ha venido desempeñando.
2. Establecer un mejor control en la rendición de cuentas de los recursos presupuestados, mismos que a través de la autonomía técnica de gestión les serán asignados en su calidad de unidad responsable ejecutora del gasto público federal, basándose en modelos de una nueva gestión pública y en concordancia con la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radio Difusión.
3. Otorgarle a la Comisión Bicameral, la función de órgano rector, quien como organismo colegiado estará facultado para aprobar la carta de programación del canal de televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, además de que su contenido será compartido a las Mesas Directivas de ambas Cámaras y a sus respectivas Junas de Coordinación Política, para observar y proponer la organización de las reglas de transmisión de las sesiones de ambos plenos, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores.
Asimismo, con la aprobación de este decreto se busca el fortalecimiento del estatus jurídico del canal, a fin de que armonice con los estándares constitucionales contenidos en los principios de independencia editorial, autonomía de gestión y financiera, garantías de participación ciudadana, reglas de transparencia, opciones de financiamiento y de pleno acceso a las tecnologías con que se contribuirá a la promoción de la cultura democrática al interior de las Cámaras integrantes del Congreso de la Unión.
Aunado a lo anterior, la concesión para fines de uso público que le ha sido otorgada en términos del artículo 67 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión, no podrá explotarse o prestarse con fines de lucro, sino para difundir el trabajo de las legisladoras y legisladores, que al tener su base en una responsabilidad constitucional, resultan de interés público para la ciudadanía.
Siendo el hecho que al aprovechar el espacio del espectro radioeléctrico en la red de telecomunicaciones, la difusión del quehacer legislativo dará cuenta de nuestras actividades parlamentarias y legislativas, con lo que los mexicanos tendrán elementos de valoración más objetiva para medir y calificar el trabajo de sus representantes, de sus legisladores y abonar a mejorar la imagen del parlamento mexicano.
Con esta reforma se otorga la atribución a la dirección general del canal, para llevar a cabo acciones de administración y logística fortaleciendo la gestión operativa y técnica con la que actualmente funciona, además de establecer la condición de la rendición de un informe trimestral ante la Comisión Bicameral de este tipo y de todos los actos que se ejecuten en la misma.
Dotar al canal de televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de herramientas necesarias, es fortalecer su operatividad haciéndolo más atractivo y eficiente hacia la ciudadanía y, por cierto, también ayudando a democratizar a nuestro país, a eficientar y transparentar nuestro quehacer legislativo.
Concluyendo, los convocamos a recordar que el Canal del Congreso fue creado en 1998, fecha a partir de la cual divulga las actividades parlamentarias de las Cámaras y actualmente difunde también por su señal las actividades referentes a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y algunas otras actividades de interés público. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Jorge Triana Tena. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuetas a nombre de la comisión.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: En votación económica se pregunta si se aceptan. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación).
El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame un segundo, diputado. Sonido en la curul del diputado Vidal Llerenas. ¿Con qué objeto, diputado? Permítame, diputado, están identificando su curul.
El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Con el objeto de pedir a algunos de los proponentes del adendum que pudieran abundar en el mismo, dado que aparentemente en este momento se conoce y sería conveniente tener claridad de por qué lo que se está poniendo en el adendum le va a dar más independencia en términos presupuestales al canal.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Vidal. Sonido en la curul del diputado Jorge Triana. Adelante, diputado.
El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Atendiendo a la inquietud del diputado Vidal Llerenas, solicitarle que por medio de usted se puede instruir a la Secretaría a que se le dé lectura al documento de adenda y de modificación para que pueda quedar socializado debidamente en la asamblea.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretaría.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Artículo 140, numeral 3. El Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos gozará de autonomía técnica y de gestión para la consecución de su objeto.
El canal se sujetará a lo previsto en esta ley, el Reglamento del canal, por los lineamientos administrativos, políticas internas de orden general y programas de trabajo que apruebe la Comisión Bicamaral.
Artículo 4o., numeral cuarto, segundo párrafo: Dichos recursos deberán ser aportados por cada Cámara en los términos que se determine en el anexo del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Poder Legislativo, y deberán ser ejercidos de manera integral para el funcionamiento del canal.
Transitorios
Segundo. Se contará con un periodo de 90 días naturales a partir de la publicación del presente decreto del Diario Oficial de la Federación, para la elaboración de los lineamientos generales de administración por parte de la Comisión Bicamaral del canal, mismos que serán aplicables para ambas Cámaras.
Cuarto. Las unidades de administración de ambas Cámaras deberán realizar las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la creación de un programa presupuestario en el Ramo Autónomo 01 Poder Legislativo, para la difusión de las actividades legislativas a cargo del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que tenga por objeto ser la fuente de recursos financieros para el desarrollo y operación del canal, así como para acreditar su capacidad financiera. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias. Atendida la petición, prosiga la Secretaría poniendo a consideración de la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas a nombre de la comisión.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Se propone a la asamblea si son de aceptarse las propuestas de modificación presentadas por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación).
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Secretaría, repita la votación, por favor. Les pedimos a las diputadas y a los diputados manifiesten la intención de su voto. Estamos votando las propuestas de modificación presentadas por la comisión.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea.
De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra por cinco minutos cada uno:
El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, el diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Jesús Zambrano Grijalva, del Parlamentario del PRD; la diputada Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la diputada Cristina Sánchez Coronel, del Grupo Parlamentario del PRI.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea. Con el inicio de las transmisiones del canal de televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el 18 de marzo de 1998, el Poder Legislativo de la Unión asumió la responsabilidad de comunicar el trabajo parlamentario para llegar a millones de hogares y televidentes, primero a través de la televisión por cable, y a partir del 5 de agosto de 2015, en señal abierta.
Desde su nacimiento dio inicio un proceso vertiginoso de transformación, con la finalidad, y además de dar a conocer las opiniones y propuestas de las diversas fuerzas políticas bajo los principios de objetividad, pluralidad y ética.
En el 2010, la entonces Cofetel entregó al Congreso de la Unión el permiso para operar una estación de televisión digital terrestre en el canal 45, con cobertura en la Ciudad de México y área conurbada.
En el 2013, con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones se cambió la figura de permisionario para transitar al régimen de concesionario, por lo que a partir de su señal abierta el Canal del Congreso solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones el cambio de régimen de uso público, solicitud que se resolvió favorablemente.
En tal virtud el Congreso de la Unión tiene un plazo hasta el 23 de febrero de 2017 para otorgar reconocer al Canal del Congreso independencia editorial, autonomía de gestión, financiera, garantías de participación de ciudadanos reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías, así como a reglas para la expresión de diversas ideologías étnicas y culturales.
De no acatar estas disposiciones el Congreso podría perder tal oportunidad de informar a todos los hogares de México, pero aquí lo importante es esta reforma que se plantea. Con esta aprobación del dictamen que hoy nos ocupa la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso conserva su facultad rectora sobre este, seguirá conduciendo su actividad, por lo que prevalecerán sus facultades de aprobar el anteproyecto de presupuesto, el programa anual de trabajo, el de adquisiciones, el catálogo de funciones y puestos del Canal del Congreso, así como la aprobación a la carta programática, las reglas de transmisión y la facultad de incidir en la bitácora de programación diaria.
Finalmente, el Canal del Congreso seguirá dando cuenta a la Comisión Bicamaral de las acciones que realiza, mediante informes de actividades trimestrales y anuales. La reforma contenida en el dictamen tiene por objeto dotar al Canal del Congreso de autonomía técnica y de gestión, de presupuesto y de estándares de calidad necesarias para cumplir con el mandato de manera efectiva y eficiente. Con ello tendrá certidumbre presupuestal para continuar su tránsito a una nueva era digital.
Con la aprobación de este dictamen estaremos redimensionando al Canal del Congreso como el máximo referente de difusión del trabajo legislativo del Congreso de la Unión, con una carta programática y bajo estándares de altísima calidad y transmisión.
Es por ello que Encuentro Social votará a favor de esta reforma en aras de dar cumplimiento no solo a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; sino, aún más, a la obligación de dar a conocer a los mexicanos como un ejercicio de transparencia y trabajo que cada día realizamos sus representados. Es cuanto, señor presidente.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
El diputado Luis Manuel Hernández León: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el Canal del Congreso, el Canal de la Unión, nace en 1998 como un medio de comunicación del Estado, de servicio público con presupuesto, organización, infraestructura técnica y personal dependiente del Poder Legislativo y perteneciente a la Unión.
Su desempeño como espacio de todas las voces del Poder Legislativo, ha ayudado a comunicar el quehacer de este Poder de mejor manera con la sociedad. Hoy es un organismo de actuación sólida, eficaz, imparcial y comprometido con la libertad de expresión, que impulsa la participación ciudadana en la configuración de los contenidos y la programación, desarrollando así una cultura de la conciencia y de la información.
Por ello, el dictamen que se pone a nuestra consideración busca dotar al Canal del Congreso de un marco jurídico acorde a su operación necesaria en los tiempos actuales. La importancia que ha cobrado el Canal del Congreso en la difusión de la labor legislativa hace necesaria una reforma que le otorgue autonomía técnica y de gestión, así como el presupuesto y los estándares de calidad que se requieren para consolidarse como un medio público que cumpla con su función de manera más efectiva.
De acuerdo con el artículo 6 de nuestra Constitución, el derecho a la información será garantizada por el Estado. El párrafo segundo del mismo artículo establece que toda personas tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
El esfuerzo de los casi 20 años al aire nos llama a apoyar su renovación para que cumpla con su misión comunicacional en mejores condiciones, ante el escenario tecnológico y el desafío de las nuevas audiencias. Es por eso que se proponen las reformas y adiciones necesarias para superar las circunstancias en las que se encuentra nuestro mejor instrumento de difusión.
Se pretende, pues, que no se incremente su estructura orgánica y que sea la Comisión Bicameral quien actúe como su órgano rector. También se propone que se cuente con el presupuesto que cada Cámara le asigne de manera directa en su calidad de unidad responsable ejecutora del gasto público federal, y de ese modo se invierta en mejores equipos, mayor infraestructura y de respaldo al personal. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es fundamental que el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos cuente con un medio de difusión moderno, acorde a las nuevas tecnologías y, sobre todo, que cumpla con su función de llevar el trabajo legislativo a todos los mexicanos.
Se requiere que el Canal de la Unión esté acorde con una nueva realidad y, para ello, es necesaria una restructura del marco jurídico que le brinde mayor dinamismo y autonomía, para lo cual se le otorgará la naturaleza jurídica de unidad responsable ejecutora del gasto público federal, en términos de la propia autonomía del Congreso.
En Nueva Alianza consideramos que es preciso actualizar el marco jurídico del Canal, a fin de hacerlo accesible a un mayor número de mexicanos. Nueva Alianza votará a favor del dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Esta Presidencia da la bienvenida a los embajadores juveniles de Zapopan, invitados por el diputado Jonadab Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Asimismo saludamos a invitados provenientes de Huixquilucan, Estado de México, invitados por el diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos, también del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene el uso de la palabra el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, por cinco minutos.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Buenas tardes. Con su venia, presidenta. Compañeros, me dirijo en particular con mucho aprecio a los jóvenes de Zapopan, Jalisco, que esta tarde nos visitan.
Voy a hablar a favor de este proyecto de dictamen. Está fortaleciéndose al Canal del Congreso y eso es muy importante por dos razones. En primer lugar, nos permite a los diputados rendir cuentas.
Somos representantes y nuestra primera obligación es rendir cuentas a los representados. De tal manera que a través de este Canal, a través de su mejora, los ciudadanos podrán saber de viva voz y en tiempo real qué decimos, cómo votamos, en qué sentido lo hacemos y las razones por las que lo hacemos, lo cual es importantísimo.
En segundo lugar, sirve para algo muy importante, que es formar ciudadanía. En México hace falta formar ciudadanía, lo cual es responsabilidad, entre otras, de nosotros los que estamos en las actividades políticas.
El que los ciudadanos estén mejor informados y tengan más oportunidad de participar tendremos mejores decisiones en este país. Es cuanto tengo que decir, muchas gracias y buenas tardes.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Esta Presidencia saluda a estudiantes de la Universidad del Valle de México, campus Cuernavaca, de la licenciatura Relaciones Internacionales, invitados por la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario Acción Nacional. Sean bienvenidos.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene el uso de la palabra el diputado Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario Morena, por cinco minutos.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2014, trajo como consecuencia la expedición de nuevas disposiciones, como la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.
La reforma respondió a los avances tecnológicos que han cambiado la forma de comunicar de diversos medios, por ello ha sido necesario modificar las normas para establecer una regulación en espectro radioeléctrico.
A partir de las nuevas leyes cambio el régimen para el otorgamiento de autorizaciones para operar, de tal manera que desaparecieron los permisos y se establecieron 3 tipos de concesiones, las de uso comercial, las de uso social y las de uso público.
El Canal del Congreso, nuestro recurso básico para acercarnos a la sociedad, es una concesión de uso público y como tal debe regirse bajo los principios señalados en la ley y particularmente lo que establece el artículo décimo transitorio de la reforma a la que me referí, que dice: “Los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión deberán contar con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales”.
El presente dictamen versa sobre la minuta en la que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar la autonomía administrativa y de gestión.
Con esa posibilidad, el Canal del Congreso es la ventana que tenemos hacia el mundo, ciertamente, y por la que todos los ciudadanos tienen la posibilidad de ver, escuchar y conocer lo que aquí se presenta.
Sé de qué estoy hablando porque dentro de mi trayectoria periodística fui fundador de los sistemas de radio y televisión en los estados de Sonora, Quintana Roo y Oaxaca, y también fui organizador, nombrado por el Congreso, del Canal del Congreso y su primer director general.
Esta reforma la veo, en efecto, como necesaria, porque estamos en medio de la transición hacia la digitalización.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones ya otorgó la concesión para que la señal abierta a través del Canal 45.1 digital se transmita también a través de todos los sistemas de cable de paga del país.
Lamentablemente, gran parte de los equipos técnicos con los que cuenta el Canal datan de la época en que iniciamos las transmisiones, hace 18 años.
Gracias a esta reforma la Dirección del Canal tendrá la autonomía para modernizar el equipo y mejorar la calidad de las transmisiones en beneficio de los televidentes.
También, y esto es fundamental, deberá mejorar de manera sustantiva, las condiciones laborales de camarógrafos, reporteros, guionistas, asistentes, conductores y todos aquellos trabajadores que hacen posible la salida al aire, que actualmente no cuentan con estabilidad en el empleo ni seguridad social.
Queda pendiente la independencia editorial plena, ya que la propia ley establece la rectoría de la Comisión Bicamaral que se conforma solo con representantes de los tres partidos mayoritarios.
A pesar del avance que representa esta iniciativa, la independencia editorial es necesaria porque la señal del Canal del Congreso no puede estar sujeta al interés de un grupo de partidos o una negociación política permanente. El hecho de que no suceda actualmente no es garantía de que en el futuro no se den casos de censura.
Lo digo con conocimiento de causa, siendo director del canal recibía constantemente llamadas con la intención de atender órdenes de censura de quien presidía la Mesa Directiva, de líderes de la bancada del PAN y de la presidenta de la Comisión Bicamaral del Canal.
Morena, termino, votará a favor de este dictamen con reservas; porque ello implica la mejoría de las transmisiones. Los servicios que el Canal del Congreso ofrece a todos los ciudadanos, legisladores y trabajadores de ambas Cámaras para solicitar las grabaciones de los acervos que son fundamentales para el trabajo que desempeñamos es parte de ese cambio favorable.
Votaremos a favor por la reserva referida a la plena independencia editorial. Está claramente establecido, como ya lo dije, como obligación para los medios públicos en la Ley Federal de Radio y Televisión. Gracias.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Esta Presidencia saluda a estudiantes de la licenciatura en derecho de la Universidad Continente Americano, invitados por la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Diego Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
El diputado Diego Valente Valera Fuentes: Muy amable. Antes de iniciar mi intervención, quiero saludar respetuosamente a los municipios fronterizos de Chiapas con Guatemala, desde Unión Juárez, hasta Suchiate.
Allá afuera, compañeros, allá en los mercados, en las taquerías, en las novelas, en las películas de cine, los diputados están etiquetados como corruptos, mafiosos, delincuentes, pues. Y he sido testigo aquí, en este recinto parlamentario, de los diputados que usan la oportunidad de esta tribuna solamente para alagar las decisiones de gobierno, como si hubiera algo de malo en intentar mejorarlas.
Pero también he sido testigo de los que de manera intransigente ocupan el tiempo para decir que todo está mal, que nada sirve. Y de igual manera he conocido compañeros que se dedican a ser propositivos, a hacer su trabajo.
Etiquetar a 500 hombres y mujeres bajo un solo concepto es un grave error, pero la sociedad tiene sus razones, se dan cuenta de todo lo que sucede allá afuera, sobre todo de lo malo, la ausencia de debate y no se enteran de los esfuerzos que aquí se realizan; aunado a eso, allá en la aldea, en los municipios, si no te respalda un gobierno o si no tienes dinero para pagar espacios publicitarios en el periódico, en la radio, en la televisión, es muy difícil comunicar lo que estamos haciendo aquí, por bueno que sea.
Sin embargo, los consentidos de gobierno o de las grandes empresas, salen todos los días en los medios de comunicación comunicando sus grandes proezas legislativas. Más ayuda a las mujeres. Más educación a los niños. Más apoyos para el campo. Son héroes, prácticamente.
Y no dudo que sean los que menos participan, los que menos discuten, los que menos señalan, los que verdaderamente son parte de una mafia. Claro, con sus dignas excepciones. Esta hegemonía mediática, este control gubernamental, o al menos la facturación de elogios sucede en todas partes, sin distinción, a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, es lamentable, pero es real.
Y no solo es vituperio, es una puñalada al avance democrático y alta traición al pueblo mexicano. Yo abrazo este dictamen, lo abrazo como la única manera de ver y de poder combatir esta hegemonía mediática, porque la gente tiene derecho a saber lo que está pasando, porque la gente tiene derecho a enterarse y a conocer de las decisiones de este poder legislativo, pero también de saber quiénes son sus actores.
Por eso, compañeros, coincidimos en la tarea de modificar el marco normativo, para dotar al Canal del Congreso de mayor autonomía, permitiéndole aprovechar al máximo el hecho de haberse convertido en una señal abierta. En este sentido, se trata de que el marco jurídico del Canal del Congreso se fortalezca para cumplir cabalmente con lo establecido por la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.
Es igualmente importante señalar, que gracias a la reforma propuesta el Canal del Congreso contará con independencia editorial para determinar sus contenidos y completa libertad de analizar y opinar sobre los temas de carácter parlamentario, lo cual garantiza que la información que llegue a los ciudadanos no esté viciada por algún sesgo de tipo político.
Recordemos que una sociedad informada sobre el acontecer político se traducirá en una sociedad que tenga mayor control sobre sus gobernantes. Lo anterior desalienta la corrupción y fomenta una mayor participación ciudadana, al mismo tiempo que legitima sus cuerpos legislativos.
Malcom X dijo que si no estamos informados ante los medios de comunicación, amaremos al opresor y odiaremos al oprimido. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Zambrano Grijalva, hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Compañeras y compañeros diputados. Con la venia de la Presidencia. Para el Grupo Parlamentario del PRD, el dictamen que reforma la Ley Orgánica del Congreso con la finalidad de fortalecer el Canal del Congreso de la Unión, es de una enorme relevancia.
Tuve el honor de ser iniciante y proponente de este proyecto de reforma junto con el senador Roberto Gil Zuarth en nuestra calidad en ese momento –hace unos meses– de Presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión, junto con los senadores y diputados que integran la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso.
El PRD ha sido siempre un impulsor desde la génesis, desde el origen de este importante medio de difusión que en su momento, allá por la LVII Legislatura, fue precursor como órgano de difusión televisiva del Estado de los demás medios que le siguieron, como lo son hoy el Canal del Poder Judicial, el de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y otros que hoy existen.
La idea central para modificar los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso es robustecer y actualizar la base legal que hace que nuestro canal de televisión funcione adecuadamente en esta etapa de las tecnologías de la información y de la comunicación.
En esta era que estamos inaugurando de la transparencia, con nuevas condiciones y nuevos lineamientos bajo el principio de máxima publicidad, en el ejercicio de la función pública, es indispensable adecuar este importante medio a la realidad política y tecnológica del siglo XXI, y sentar las bases para que nuestro canal pueda funcionar con los permisos y las autorizaciones que le establezca la autoridad competente, asegurando, desde luego, la legalidad y certeza jurídica.
La reforma establece que nuestras actividades legislativas se difunden no sólo a través de distintos canales en circuito cerrado; por cierto hoy en más de 700 canales de circuito cerrado y en el principal, desde luego, que es el Canal del Congreso, y que ya es una señal abierta.
Batalla que por cierto nos costó mucho trabajo lograr, muchas décadas, pero que finalmente se ha logrado. Y que entre otros, por cierto, hoy en el valle de México se encuentra también en televisión abierta digital, no solamente a través de esto, sino que también se difunde su señal a través de las distintas plataformas de comunicación, entre ellos la televisión digital satelital y la actividad legislativa, toda la actividad legislativa y parlamentaria con la finalidad de profundizar y fortalecer la cultura democrática y los valores nacionales como aquí bien se ha dicho.
Por cierto, debo decir que el próximo jueves 24 se dará un paso más porque se iniciará la transmisión abierta en 10 ciudades del país más de nuestro territorio nacional.
La reforma establece que el Canal de Televisión del Congreso gozará de autonomía técnica y de gestión para la consecución de su objeto conforme a la ley, el reglamento del canal y a los lineamientos administrativos y las políticas internas y programas de trabajo que apruebe y emita la Comisión Bicameral que seguirá siendo la rectora en esta materia.
Cada Cámara del Congreso aportará parte del presupuesto que requiera el canal para su operación, y para asegurar la transmisión y la calidad de sus contenidos.
En esta ley ya se precisa que dichos recursos deberán ser determinados por cada Cámara; en un anexo del decreto del presupuesto, según se precisó ya en la adición que aquí nos presentó la comisión y que hemos aceptado, y deberán ser entregados de manera directa e íntegra, para el funcionamiento del Canal, para ser ejercidos en su calidad de unidad responsable ejecutora del gasto público federal.
En las deliberaciones sobre contratación y adquisiciones de la Comisión Bicamaral, también tendrán un asiento con derechos a voz y sin derecho a voto el secretario general de la Cámara de Diputados y el secretario general de Servicios Administrativos de la Cámara de Senadores.
La comisión informará al inicio de cada período ordinario de sesiones en cada Cámara, a través de las respectivas mesas directivas sobre el desarrollo de las actividades del Canal, mismo que contará, para su mejor desempeño, con una Dirección General, un Consejo Consultivo, así como de un defensor de audiencia para estar a tono con todo lo que se nos exige en las nuevas reglamentaciones que tenemos.
Y, desde luego que también hay que decirlo, que todo el material que genere el Canal del Congreso puede ser solicitado y deberá ser entregado por las y los legisladores de parte de quienes están al frente del Canal.
Con estos instrumentos seguiremos fortaleciendo a nuestro Canal, que ha evolucionado desde sus orígenes como órgano de transmisión de las sesiones en vivo en el marco de una pluralidad política que llegó para quedarse en el país, y sin censura alguna a un auténtico canal de televisión, de transmisión, difusión, análisis, cultura, crítica y prospectiva del quehacer legislativo en la vida política nacional.
También –ya voy a acabar, ya voy a acabar– también habremos de seguir impulsando en breve la radio del Congreso que está en fase embrionaria desde el internet.
Por último –quiero subrayar– que en el quinto transitorio del presente decreto, que espero aprobemos en unos breves minutos, tuvimos el esmero de cuidar al gran equipo profesional y técnico que integra el Canal al establecer que todos ellos, los trabajadores, reservan sus derechos y la vigencia de sus nombramientos, cargos y responsabilidades.
Hago votos para que con ellos, y entre todos nosotros, sigamos construyendo este medio y fortaleciéndolo por el bien de la democracia y por la salud del Poder Legislativo. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Esta Presidencia saluda a abogados provenientes del estado de Querétaro, invitados por el diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI.
De igual forma saludamos a estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro, invitados por el diputado Braulio Guerra, del Grupo Parlamentario del PRI.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene el uso de la palabra la diputada Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por cinco minutos.
La diputada María Verónica Agundis Estrada: Con su permiso, señora presidenta. Diputadas y diputados, muy buenas tardes a todos. A través de los años en la historia parlamentaria de México se ha escuchado en cada sesión del Congreso la voz de la representación nacional, cabe decirlo, cada vez más plural.
Incontables son los discursos y acontecimientos que han cambiado de una u otra manera nuestro pensamiento y nuestro sentir como mexicanos. Sin embargo, físicamente es imposible converger en un solo recinto parlamentario a toda la población que estamos representando.
Es por eso que por casi 19 años el Canal del Congreso ha realizado una formidable tarea en difundir la labor parlamentaria en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, con las dificultades técnicas y operativas que esto representa. Y aquí un reconocimiento a todo el equipo de trabajo del Canal del Congreso.
También tuve la gran oportunidad de trabajar en producción, en televisión, y cuanto no cuentas con las condiciones necesarias de verdad es muy complicado. Dichas dificultades no han sido solo por la cuestión operativa de contar con dos sedes de transmisión, sino también por la dificultad técnica de asignación de presupuesto, de asignación de recursos y la solicitud de licitaciones y contrataciones en cada una de las Cámaras con procedimientos y legislaciones distintas, entre muchos otros obstáculos.
Por lo anterior, se ha señalado por diversos legisladores y especialistas la necesidad de dotar al canal de más y mejores herramientas para desempeñar su labor y cumplir con todos estos objetivos.
Así, con este propósito y en consonancia con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013, se circunscribe al canal como un medio público de comunicación del Estado, que en todo momento deberá ceñirse a lo establecido por las disposiciones en materia de telecomunicaciones, así como por las determinaciones de la Comisión Bicamaral, por lo que si bien en la minuta que hoy discutimos se habla de que el canal tendrá autonomía técnica y de gestión ello no implica –y aquí hay que ser muy, muy enfáticos– que el canal tenga una independencia plena del Congreso de la Unión.
Sabemos que la reforma es necesaria, pero no es suficiente. Es menester que todos los grupos parlamentarios que integran las dos Cámaras converjan en la discusión y en el perfeccionamiento de este Reglamento del Canal del Congreso, que está en la colegisladora sujeto a discusión y que complementará el actuar del mismo.
No obstante lo anterior, por supuesto el Partido Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, recordando que con su aprobación se dará un paso más para mejorar la difusión de las voces que conformamos el Congreso de la Unión, pero ejerciendo de manera responsable la tutela de este Poder constituido sobre el Canal del Congreso para su mejor desempeño y funcionamiento.
Creemos también que es necesario fortalecer este medio de comunicación. Recordemos que el Canal del Congreso es el único que trasmite en vivo y en directo las sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.
Y también tendremos que ser muy creativos y de la mano de todos los legisladores poder fomentar en todos nuestros ciudadanos el interés de los contenidos de este Canal del Congreso, que habla sin duda día a día de cosas y de proyectos presentados aquí que son cruciales para nuestro país. Es cuanto, muchas gracias por su atención. Buenas tardes.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada Cristina Sánchez Coronel, del Grupo Parlamentario del PRI. Por cinco minutos.
La diputada Cristina Sánchez Coronel: Con su permiso, señora presidenta. La importancia de comunicar. Hoy en día no existen lugares remotos gracias a los medios de comunicación actuales, todo es ahora.
El Canal de televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos fue creado en 1998 por iniciativa de la LVII Legislatura. Por su destacable calidad como medio de comunicación ha sido premiado en varias ocasiones, entre ellas obtuvo la medalla de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieytal, por los periodistas de México 2011, 2013 y 2014. Ganar el primer Premio Nacional del Periodismo, en marzo de 2013.
Pese a sus grandes logros, el Canal del Congreso necesita mayor dinamismo para cumplir su misión de atender la cobertura de la actividad legislativa, pues funciona con deficiencias operativas que podrían superarse dotándolo de autonomía técnica y de gestión operativa.
Necesita una planeación programática, integral y coordinada para orientarse hacia una gestión pública que genere una mejor organización, control y rendición de cuentas de los recursos que se le asignan.
De hondura, pues reivindicó a la radiodifusión y telecomunicaciones como servicios públicos de interés general, la reforma de telecomunicaciones previó que el Canal del Congreso deba de tener autonomía técnica y de gestión, contar con un presupuesto acorde a sus necesidades para asegurar la transmisión y la calidad de sus contenidos, gozar de independencia editorial, garantizar de participación ciudadana reglas para la transparencia y la rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento y pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversas ideologías étnicas y culturales.
Nos corresponde a los diputados garantizar que estos beneficios se vean reflejados en el Canal que nos pertenece a todos los mexicanos.
Votaremos a favor del presente dictamen para promover que el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos goce de autonomía técnica y de gestión financiera, para asegurar la calidad de sus contenidos, su independencia editorial, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, contribuyendo al a difusión de la cultura democrática y los valores nacionales.
Con la aprobación del dictamen, los presidentes de ambas Cámaras podrán otorgar un poder especial para actos de administración, pleitos y cobranzas, a favor del titular de la Dirección General, cuyo objetivo será la contratación, adquisición y licitación de equipos y servicios que requiere el Canal para cumplir su mandato.
Votaremos a favor para garantizar que el Canal cuente con un presupuesto que cada Cámara le asigne, mismo que será acorde a sus necesidades para asegurar la transmisión y el logro de sus objetivos. Dichos recursos deberán ser determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para ser ejercidos en su calidad de unidad responsable, ejecutora del gasto público federal.
Es importante señalar, que la condición de las actividades desarrolladas en el canal seguirá a cargo de la Comisión Bicameral, teniendo la posibilidad de discutir en su interior el anteproyecto de presupuesto y el programa anual de trabajo, así como la carta programática y las reglas de transmisión.
A sus 18 años, el Canal del Congreso contará con nuevas herramientas para modernizarse y ser más eficaz en su objetivo. Renovando la responsabilidad del Canal del Congreso, seguirá siéndola misma, fortalecer el quehacer legislativo, pues le corresponde transmitir ampliamente la función legislativa, comunicar con claridad el proceso de los resultados de las tareas realizadas.
En suma, gracias a la aprobación del presente dictamen, se convertirá en un mecanismo novedoso de comunicación a la ciudadanía. Si una democracia robusta precisa de medios de comunicación independientes, la nuestra se vigorizará todavía más. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene el uso de la palabra, para hablar en pro, el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, por tres minutos.
El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Con su venia, diputada presidenta. Diputadas, diputados, gente que nos sigue a través del Canal del Congreso, los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la formación de la opinión pública y la conciencia social de la ciudadanía.
Por ello, es necesario que la población cuente con información suficiente y veraz, que le permita crear un criterio respecto a las acciones del gobierno y así ejercer sus derechos políticos de manera plena e informada.
En el caso específico de los medios de comunicación públicos, estos son instrumentos que garantizan el derecho humano de acceso a la información, al transmitir la actividad de los órganos de gobierno a la ciudadanía, bajo el principio de máxima publicidad.
El ejercicio del derecho a la información, a través de los medios de comunicación, es una garantía fundamental para que pueda realizarse adecuadamente la deliberación colectiva sobre asuntos públicos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la existencia de medios de comunicación libres, independientes, vigorosos, pluralistas y diversos es esencial para el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática.
El Canal del Congreso es un medio de uso público que fue creado en el 98 para difundir la actividad legislativa del Congreso de la Unión. A través de su señal se ha podido transparentar, en gran medida, la actividad de este Poder Legislativo. Y sin duda, el personal que realiza esta noble labor dentro del Canal, la ha realizado de manera, por demás profesional.
El fortalecimiento del marco jurídico del Canal del Congreso es un cambio necesario en estos momentos. El Estado debe garantizar el derecho al acceso a la información. Más aun cuando hemos sido testigos de la criminalización de este derecho en sus dos vertientes, tanto el del acceso a la información como el de la libertad de expresión.
Los medios de comunicación públicos tienen la noble tarea, y a su vez, la gran responsabilidad de llevar a la sociedad información objetiva, completa, actual, de calidad, para lo cual no deben estar constreñidos a seguir una línea editorial determinada por los grupos de poder.
Solo un trabajo profesional en los medios de comunicación puede asegurar la difusión de todas las posturas y perspectivas políticas.
Si bien, esta reforma camina a la autonomía de gestión financiera del Canal, la rectoría para el funcionamiento sigue en manos de la Comisión Bicameral. Es necesario que en los lineamientos a que se refiere el artículo segundo transitorio se fortalezca el Consejo Consultivo y se establezca que la rectoría del Canal no debe interferir en la línea editorial para sesgar o censurar lo que sucede en las instalaciones de los recintos parlamentarios.
El papel de los medios públicos es fundamental, pues proveer contenidos de alta calidad, articulados con las necesidades informativas, educativas y culturales de la población, voy a concluir, para que estos medios puedan realmente cumplir su función deben contar con independencia, ser universalmente accesibles, tener un financiamiento adecuado para cumplir con sus funciones, contemplar mecanismos de rendición de cuentas, así como fomentar la participación de la comunidad en las distintas instancias de producción, circulación y recepción de contenidos.
Es fundamental que la difusión de las actividades del Congreso de la Unión en el Pleno. Estoy por concluir, gracias. Comisiones, foros, las sesiones en las que se aprueban reformas sin debate porque el partido mayoritario impone su voluntad, se transmitan de manera imparcial y objetiva, para que la ciudadanía dé cuenta de lo que sucede en el Congreso.
El fortalecimiento de este medio de comunicación público es de celebrarse. Su autonomía técnica y de gestión financiera ayudará a que se siga realizando su tarea informativa con el profesionalismo que le caracteriza. El Canal del Congreso es solo una de las muchas instituciones que deben salvaguardar el derecho a la información con la máxima publicidad de la actividad institucional.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Concluya, diputado.
El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Estoy por concluir. Esto es un gran avance, pero aún tenemos mucho trabajo pendiente para garantizar la pluralidad e inclusión de todos los medios de comunicación que colaboren al fortalecimiento y ejercicio informado en favor de la democracia. Es cuanto, diputada.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos: artículo 140 y quinto transitorio, por la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Y artículo 141, por parte del diputado Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta Presidencia, saluda a alumnos y maestros del municipio de San José Acateno, Puebla. Invitados por el compañero diputado Juan Pablo Piña. Bienvenidas y bienvenidos todos.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: ¿Algún diputado o alguna diputada falta por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 347 votos a favor, 0 abstenciones y 1 voto en contra, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular, los artículos no reservados, por 347 votos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar sus reservas al artículo 140 y al quinto transitorio.
Les informamos a la asamblea que vamos a tener una segunda votación por tablero, les pedimos que permanezcan, a las diputadas y diputados, en el pleno. Hasta por tres minutos. Adelante.
La diputada Martha Cristina Jiménez Márquez: Muchas gracias, diputado presidente; compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy les quiero expresar una inconformidad muy sentida. Lo que más ha dañado a este país siempre a través de nuestra historia ha sido la opacidad, la falta de transparencia, la falta de deseo de rendición de cuentas y esta condición es algo que tengo que expresar.
Al inicio de esta Legislatura acepté servir como miembro de la Comisión Bicameral de mi Grupo Parlamentario, tratando de hacer la mejor función y el mejor servicio para que este canal de televisión tuviera el mejor desarrollo. En esta condición note una serie de condiciones y de situaciones, que la verdad son muy cuestionables.
Con esta iniciativa particularmente me opuse en diferentes momentos, porque el acuerdo que habíamos logrado los miembros de la comisión era buscar alternativas de autonomía, sí, del Canal del Congreso sobre todo financiera, autonomía técnica y en muchos otros sentidos, pero sí, con una claridad de que se establecieran reglas de rendición de cuentas claras y procedimientos que nos permitieran saber cuáles iban a ser los manejos financieros adecuados en esta comisión.
Es extraño que en esta situación que vivimos, con este dictamen particularmente vemos que el Canal del Congreso goza ante los mexicanos de credibilidad porque sus transmisiones son en vivo, porque no las editamos, y en esa condición es extraño –les menciono– porque no tenemos la misma situación en la Comisión Bicameral.
Vemos que se desarrolló un ejercicio en donde no había un interés por garantizar que los recursos que fuera a recibir la Comisión Bicameral y el mismo Canal del Congreso fueran a tener una garantía de ser bien ejecutados y además de transparentar su ejercicio adecuado.
En esta condición también les quiero aclarar que mi postura es en base no a estar en contra de la autonomía del canal. Promuevo que los medios de comunicación, como comunicadora de más de 15 años, tengan esa posibilidad de desarrollo y es necesario que haya una posibilidad y una alternativa de más crecimiento para el Canal del Congreso. Sin embargo, esta no es la situación que vamos a vivir con la aprobación de este dictamen.
Aclaro también que estoy en contra porque el riesgo que corren estos recursos de no ser aplicados de la manera adecuada para este funcionamiento real del canal y el ejercicio adecuado de transmisiones, es por el cual me estoy oponiendo. Por este motivo presento reservas en el artículo 140 y 141. Y les comparto una sola cosa, finalmente: el día de hoy renuncio públicamente a la Comisión Bicameral.
Creo que en congruencia a todo lo que he expresado en esta comisión y en diferentes ámbitos de esta soberanía, debo de mantener como comunicadora una posición congruente, con transparencia, con un ejercicio real y auténtico de deseo de rendición de cuentas y sobre todo porque privilegio el hecho de querer ser una comunicadora independiente y darle el valor que necesita un canal, un medio de comunicación, y una servidora sirviendo siempre ante esto. Por este motivo les expreso mis reservas y mi intención de continuar apoyando desde mi trinchera lo que pueda hacer para buscar transparencia y rendición de cuentas. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Martha Cristina Jiménez Márquez. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene el uso de la tribuna para presentar su propuesta de reserva al artículo 141, el diputado Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos. Esta Presidencia saluda al señor José de Jesús López Higuera, invitado del diputado Jesús López, del Grupo Parlamentario del PAN. Bienvenido. Adelante, diputado.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, presidente. Compañeros, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que norma las actividades del Canal del Congreso, dice con mucha claridad “Los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión deberán contar con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y la rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales”.
No hay posibilidad de interpretación de otra manera lo que debe ser la independencia editorial, hacer recaer sobre una comisión bicamaral integrada por los tres partidos mayoritarios el manejo editorial del canal, va en contra de este planteamiento de la ley.
En primer lugar el trabajo editorial es un trabajo profesional, de periodistas, de comunicadores, no puede ser el resultado de las alianzas y de los escarceos políticos que tengan entre sí los diputados y senadores de las tres fuerzas mayoritarias del Congreso. Esto no puede garantizar la autonomía editorial, sino al contrario, garantizar su no autonomía.
Mi reserva va en que cumplamos con la ley, tal como lo dice: independencia editorial. Pensaba votar a favor de este dictamen, pero tomando en cuenta que la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias propuso un addendum y el dictamen tiene que regresar a la Colegisladora, ponemos a consideración de ustedes estos comentarios. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputado Virgilio Caballero. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos reservados en términos del dictamen.
(Votación)
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto?
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Faltan diputados. ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 274 votos a favor, 0 abstenciones y 33 votos en contra.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 274 votos. Aprobado en lo general y en lo particular por 274 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Se informa a la asamblea que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules un dictamen de la Comisión de Reforma Agraria con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 135 de la Ley Agraria.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil.
Se han registrado para referirse al tema las siguientes diputadas y los siguientes diputados, quienes tendrán el uso de la palabra hasta por tres minutos:
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza; la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena; la diputada Claudia Villanueva Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD; la diputada María Ana Arámbula Meléndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la diputada Erika Lorena Arroyo Bello, del Grupo Parlamentario del PRI.
Tiene el uso de la tribuna la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por tres minutos.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muy buenas tardes, diputado presidente y compañeros legisladores.
Hoy tocamos un tema que es sumamente importante. Hace un año hicimos una serie de afirmaciones diputados compañeros de esta legislatura, con respecto a un tema que nos preocupa y que nos debe de ocupar. Hablamos de un día nacional para poner atención a un cáncer muy grave para nuestros niños. Estamos hablando del abuso sexual infantil.
Ninguno de nosotros podría mirar a los ojos de los niños si continúa aprobando o tal vez consintiendo cualquier forma de violencia contra ellos, pero también si es indiferente ante este tipo de violencia, porque aunque no seamos parte de manera directa sí sabemos que el abuso sexual existe, sí sabemos que probablemente en México tenemos 20 millones de sobrevivientes de abuso, sí sabemos que necesitamos actuar en consecuencia.
La violación y el abuso sexual infantil son una de las formas más graves de violencia hacia los niños, conlleva efectos devastadores en su vida. Los datos nos demuestran lamentablemente que estos delitos han ido creciendo. Los datos nos dicen que nuestros niños son sumamente vulnerables. La forma en la que este cáncer llega a su vida es una forma silenciosa y en medio de una gran manipulación.
Recuerdo perfecto a Pepe, un niño de 12 años que fue violentado por su vecino luego de haber sido drogado con una pastilla que le puso en su refresco. Recuerdo muy bien a María, que aceptó ser víctima de abuso porque su agresor le decía: Si no permites que te haga esto voy a matar a tu hermanito pequeño.
Recuerdo también a Cristina, una niña que de los 5 a los 10 años fue abusada por su tío y hoy es una mujer que lucha incansablemente por la defensa, por la prevención, por la atención de los niños que han sido víctimas.
¿Quién puede prevenir el abuso? La familia mejor que nadie. Pero a nosotros nos toca darles las herramientas para que esto pueda ocurrir. La escuela es importante, pero es la familia el mejor lugar para hacer la prevención.
¿Qué podemos hacer? ¿Saben qué me gustaría? Que este 19 de noviembre, el Ejecutivo en un arranque muy responsable y muy sensible ante este crimen, pronunciara una serie de medidas para que en México deje de existir el abuso sexual, para que ningún niño vuelva a ser víctima.
Me encantaría escuchar a nuestro presidente, con todo su gabinete comprometido fuertemente en la defensa, en la prevención, en la atención, en la erradicación del abuso. Me gustaría que nuestro Poder Ejecutivo fuera más sensible al dolor de estos niños y atendiera con cuidado, con respeto, de acuerdo a su vulnerabilidad el problema.
Por último, también me gustaría que en el Legislativo nos pusiéramos las pilas y atendiéramos de frente y con gran insistencia este tema. Hay iniciativas muy valiosas en diferentes comisiones, pero están esperando a que las atendamos.
Nuestros niños merecen la atención, el interés superior del niño está consagrado en la Constitución. Este 19 de noviembre tendremos que preguntarnos, en un profundo examen de conciencia, hoy qué estoy haciendo para que esto no vuelva a ocurrir más en México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Norma Edith Martínez Guzmán.
Tiene el uso de la tribuna la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros, la niñez debe ser la mejor etapa de la vida del ser humano, debe ser llena de sueños, juegos y fantasías. Lamentablemente, para millones de niñas y niños en el mundo es un lugar oscuro y hostil, en el que sus derechos son violentados.
Todos los días se ven obligados desde muy temprana edad a enfrentarse a circunstancias de maltrato y violencia, truncando su desarrollo y afectando su vida para siempre.
Nuestra Constitución garantiza en el párrafo noveno, del artículo 4o., que el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez en todas sus decisiones y actuaciones.
México se ha comprometido a defender y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, al ratificar en la Convención sobre los Derechos del Niño, esto nos obliga a tomar decisiones en contra de cualquier tipo de abuso de niñas y niños.
La propia Unicef menciona que en nuestro país alrededor de un 62 por ciento de las niñas y niños han sufrido maltrato en algún momento de su vida. El 10 por ciento de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela. El 16.6 por ciento, violencia emocional. Y el 5.5 ha sido víctima de violencia sexual.
Las heridas del abuso sexual afectan el desarrollo de las niñas y niños que lo padecen y permanecen con ello el resto de sus vidas. La indiferencia y el silencio sólo contribuyen a que el problema se haga más grave para estos niños que marcarán su vida en una forma negativa.
Bajo esta conmemoración del Día Internacional contra el Abuso Infantil, los invito a hacernos visibles ante las víctimas, no podemos permanecer insensibles ante evidencias, la indolencia es cómplice de la impunidad. Estos niños y familias nos necesitan.
En Nueva Alianza tenemos el compromiso claro de mejorar las condiciones de la infancia de nuestro país. Nuestro deber es proteger y salvaguardar la integridad de las niñas y niños de México.
Asumimos esta responsabilidad y por ello estamos decididos a contribuir en la creación de más y mejores políticas públicas orientadas al desarrollo de la niñez, que nuestras niñas y niños puedan vivir libres de violencia, este es el primer paso, garantizar que vivan libre de violencia en todos los sentidos de su vida.
Estamos convencidos que las acciones tendientes a proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, deben tener un enfoque interdisciplinario y transversal, que atienda las distintas realidades y problemas que afectan el desarrollo sano de los niños.
Es necesario reconocer que existe en el país un grave problema de abuso infantil, incluyendo el de índole sexual. Si bien es cierto que se han reforzado campañas informativas, aún nos falta mucho por hacer, sobre todo comunicar en las zonas más desprotegidas del país. Por esta razón, es imprescindible robustecer las acciones en todos los niveles de gobierno, para la erradicación del maltrato a nuestra infancia.
Nueva Alianza no abandonará a las niñas y niños de México, queremos ser su voz, pero sobre todo, Nueva Alianza quiere ser garante de la protección de los derechos de las niñas y niños de México.
Compañeros, hagamos visible este derecho que es irrenunciable, garantizarle su estabilidad emocional y física a los niños y niñas de México. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada María Eugenia Ocampo Bedolla. Tiene el uso de la tribuna la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hasta por tres minutos.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Compañeras y compañeros diputados, nos pasaron una tarjeta en el principio de la sesión, en donde dice que el 95 por ciento de los casos de abuso sexual infantil es en el ámbito doméstico, en su casa. Ese lugar que creemos que es el más seguro y sagrado es uno de los que está amenazando a los niños y a las niñas, y ahí es donde tendríamos que poner la atención.
Queremos que todos los niños y las niñas sean deseados en este país, que sean deseados por sus padres, por sus madres, que sean niños queridos y niñas queridas para su buen desarrollo.
No cabe duda que un tema tan lamentable como el 19 de noviembre, en contra del abuso infantil, es un tema triste que nos debería poner el alma en un hilo, aunque digan que está ahí o que no está ahí. Porque la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece no solo el derecho a ser protegido contra el maltrato como uno de sus derechos fundamentales, sino también el derecho a la protección contra el abuso sexual.
Es nuestro deber, claro, a mí también me gustaría escuchar a Peña Nieto decir que no haya una sola muerta más en este país. Que no haya una sola más asesinada en este país.
Eso es lo que queremos, pero que no lo digan solo por decirlo, que se haga y se implementen políticas públicas para que los niños y las niñas no sean abusados, pero para que tampoco las mujeres sean asesinadas por sus parejas.
Por ello, como gobierno deberíamos procurar en todas las formas que estén a nuestro alcance, el bienestar total de la infancia.
La declaración de días nacionales con estos temas no solo tienen como objetivo la concientización, sino el que verdaderamente nos comprometamos con políticas públicas para su atención.
Valga decir que cuando los hijos son deseados por los padres y las madres no hay abandono, no hay miseria y no hay el abuso sexual infantil. Esos son temas que nos deberían preocupar mucho hoy en el tipo de familias que existen en este país.
Hay que trabajar juntos para proteger a los niños y a las niñas. Hay que castigar a quien los han dañado. Recuerdan que hace cerca de dos meses la pederastia en la Iglesia no es denunciada. Queremos que todo tipo de abuso sexual infantil sea castigado, en donde sea: en la casa, en la calle, en la comunidad, en cualquier espacio en donde los niños y las niñas estén en riesgo.
Y no es porque los niños o las niñas que ostentan una inocencia deben ser preservados solo en el discurso sino en los actos. Por ello, en nuestro país deberíamos confiar en que hay que construir las bases necesarias para una vida digna desde la infancia hasta la adultez. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Ochoa Ávalos. Tiene el uso de la tribuna la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.
La diputada María Antonia Cárdenas Mariscal: Con la venia de la Presidencia. La población infantil constituye, sin duda, un grupo social altamente vulnerado. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reconoce que la violencia es un grave problema que enfrentan niñas, niños y adolescentes, informando que hasta dos niños menores de 14 años mueren a causa de ella, siendo también un factor importante en el incremento del abandono escolar. Niñas, niños y adolescentes se enfrentan a distintos tipos de violencia, como es el abuso físico, sexual, psicológico, el abandono, la explotación y la discriminación.
Es alarmante que la violencia física en el hogar, ejercida por padres o tutores es una constante que se ha ejercido también en las instituciones educativas.
En 2015 otro estudio reveló que México ocupa el primer lugar en difusión de porno grafía infantil, y segundo, en la producción de este tipo de material. Es que las redes sociales, como Facebook, que han facilitado a infantes y a adolescentes a que ingresen a todo tipo de Internet y que cualquier persona tenga acceso a su información personal, representando un grave peligro.
En lo que se refiere a migrantes, la Secretaría de Gobernación reveló que el 2014 al 2016 fueron rescatados 64 mil 638 menores de edad, situación que pone en riesgo su seguridad, integridad y ejercicio de sus derechos. Tristemente los conflictos internacionales, los menores también han sido afectados como el caso de Alepo, Siria, donde cerca de 12 mil niñas y niños han perdido la vida y el 43 por ciento de los heridos que ingresan a los hospitales son menores de edad.
Ante la situación es urgente implementar acciones afirmativas que reduzcan el grado de vulnerabilidad de la niñez y la adolescencia en el mundo y en nuestro país, buscando que puedan desarrollarse en una sociedad más solidaria, justa e incluyente.
En Morena pugnamos por las acciones mejor dirigidas a favor de nuestra niñez desde los tres niveles de gobierno, los Poderes de la Unión y las instituciones educativas estando seguros que con la participación de la sociedad podremos combatir de manera efectiva los abusos de la infancia y la adolescencia en aras de construir un mejor entorno para quienes el día de mañana tendrán el destino de nuestro México en sus manos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Cárdenas Mariscal. Tiene el uso de la tribuna, la diputada Claudia Villanueva Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.
La diputada Claudia Villanueva Huerta: Con la venia de la Presidencia. La relevancia de conmemorar en México el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil va en concordancia con la Convención sobre los Derechos de los Niños, la cual establece que los Estados parte deberán adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas, apropiadas para proteger a los niños contra toda forma de abuso físico, mental, descuido o trato negligente, malos tratos y explotación sexual.
Según datos de la Unicef, en nuestro país existen más de 16 mil niñas y niños que son obligados a ejercer la prostitución, siendo los destinos turísticos las zonas donde frecuentemente se presenta esto.
La necesidad de crear conciencia en aras de proteger a la infancia de un problema que nos involucra a todos, para un gobierno y una sociedad responsables, garantizar el respeto y el ejercicio pleno de los derechos de este grupo vulnerable debe de ser una de las más altas prioridades.
Sería vergonzoso ignorar casos tan lamentables como el caso que ocurrió apenas en Acapulco, que se exhibió a un turista canadiense que abusaba en plena calle de una niña de tres años en Acapulco con la simpatía de sus padres, quienes recibían regalos del abusador. Más indignante aun resultó que el sujeto señalado tuviera la posibilidad de obtener la libertad bajo fianza en consecuencia de las debilidades del Código Penal local.
La situación anterior retrata el contexto de la lucha en contra del abuso sexual infantil en nuestro país y le da la relevancia en la aprobación en diciembre del año pasado por parte de esta asamblea, del establecimiento de un día en particular para recordar lo mucho que nos falta por hacer para proteger de manera efectiva a los menores de edad. No podemos eludir que según datos de la OCDE, México ocupa los primeros lugares a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidios a menores de 14 años.
Asimismo, se ha señalado que únicamente dos por ciento de estos casos de niñas y niños abusados se conoce al momento en el que se presenta el abuso sexual, lo que resulta muy preocupante pues ello implica que existe un amplio número de menores que podrían haber sido o estar siendo abusados sexualmente y no se atrevieron o no pudieron denunciar el acto en buena medida por los obstáculos que presenta el propio sistema para la investigación, persecución y sanción de estos delitos. No debe pasar inadvertido que los menores hoy están expuestos a la violencia y al abuso aun estando en su propia casa.
Por eso, así, pues, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, refrendamos nuestro compromiso de combatir el tráfico de niñas y niños con fines de explotación sexual, el grooming y en general todas aquellas prácticas que atentan física y emocionalmente en contra de nuestros pequeños y de nuestras mexicanas niñas y niños. Es cuanto, señor presidente. Ni un niño más.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Claudia Villanueva. Tiene el uso de la tribuna a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Rafael Hernández Soriano, hasta por tres minutos.
El diputado Rafael Hernández Soriano: Con la venia de la Presidencia. El tráfico con fines sexuales en contra de los niños, el tráfico sexual infantil, según datos de organismos internacionales, es la tercera actividad ilícita que más reditúa económicamente. Hay estimaciones conservadoras de más de 30 mil millones de dólares en el mundo cada año, y por eso es muy importante que se haya firmado la Alianza Global para Erradicar todo tipo de violencia contra la niñez, en julio pasado, y hay que reconocer con atino que se haya sumado el Estado mexicano a esta convocatoria hecha por UNICEF. Es muy importante eso.
Es muy importante también que se haya acordado en la segunda sesión del Sistema Nacional de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes, en agosto pasado, que se elabore una propuesta para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra la niñez, incluida la sexual, desde luego. Es importante eso porque como se ha dicho, hay que remarcarlo.
La violencia contra la niñez y la sexual, marcadamente comienza lamentablemente en un tercio, de acuerdo a la información que nos dan los propios niños y niñas de México en la familia; otro tercio se está dando en los centros escolares y otro tercio de abusos sexuales se da en otros lugares, incluidos también los centros de culto religioso.
Es decir, no están exentos nuestros niños y niñas a este tipo de ataques, y por eso es importante que recordemos que en nuestro país tenemos una agenda que cumplir los diferentes órdenes de gobierno.
Al Ejecutivo federal, desde luego le hacemos un llamado en esta tribuna para que agilice la relación con los legisladores, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, para que redactemos las reformas necesarias para prevenir, erradicar, sancionar y atender la violencia contra la niñez.
Es urgente hacerlo. No basta solamente un acuerdo del sistema, sino hay que echar manos a la obra. Es importante también que los ejecutivos locales prevengan y atiendan esta agenda en cada una de sus entidades, hace falta armonizar la legislación en materia de matrimonio adolescente, de embarazo temprano, de violencia contra la niñez, de niños migrantes no acompañados, de atención en centros, de CAS, de Centro de Atención para la Niñez a lo largo y ancho del país, dentro de otros temas que son importantes y que tiene que agilizar el Ejecutivo.
Hacemos un llamado también al Ejecutivo federal, a los ejecutivos locales para que cumplan un compromiso que hicieron en agosto pasado, que es garantizar el presupuesto necesario para que el sistema de protección nacional y los sistemas de protección estatales funcionen.
Hay una agenda muy importante, hay una agenda coincidente en este pleno, hay una agenda también en la que coincidimos todos los partidos, pero hay que respaldar presupuestalmente la misma para que cada vez vayamos cumpliendo más con la protección del interés superior de la niñez y que trabajemos para que los agresores sexuales, que es lo que estamos hoy señalando, no le roben la infancia a nuestro país, no le roben la infancia a México. Gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputado Hernández Soriano. Tiene el uso de la tribuna la diputada Mariana Arámbula Meléndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.
La diputada Mariana Arámbula Meléndez: Buenas tardes, con su venia, presidente. Porque los niños de México son responsabilidad de todos. El día 8 de octubre del año 2015 presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 19 de noviembre de cada año Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. El 14 de diciembre de ese mismo año, fue dictaminada y aprobada por esta Cámara de Diputados, el año siguiente, por la de senadores, y hoy, este próximo 19 de noviembre es el primer Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, que con tristeza conmemoramos.
Pero, ¿por qué declarar un Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil? ¿Por qué esta iniciativa del honorable Congreso de la Unión? Esta acción tiene un origen doloroso, desafortunado, indignante, aberrante, porque al día de hoy México según la OCDE ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, el segundo lugar a nivel mundial. El 75 por ciento de nuestros niños están siendo abusados sexualmente dentro de casa y cada 4 minutos un niño o niña son abusados sexualmente en Latinoamérica.
Debemos reconocer que estamos siendo reactivos frente a este panorama desalentador que se presenta para nuestros niños, niñas. Si bien es cierto que se han emprendido diversas acciones en materia legislativa, de política pública, desde la sociedad civil, pero esto no ha sido suficiente.
La declaración de este día nacional debe movernos a la reflexión, a la acción. Tenemos que utilizar todas nuestras capacidades y alcances para poner en práctica acciones preventivas con miras a erradicar el abuso sexual y que con objeto de esto nuestros menores sean protegidos.
Esta tarea no cabe en distingos de ninguna clase, mientras más unidos estemos en esta lucha contra el abuso sexual infantil el beneficio será mayor para todas las víctimas que son inocentes. En este día y todos los días del año debemos tener presente que no podemos permitir más niños, niñas o adolescentes abusados, violentados, abandonados.
Pero no solo eso, también tenemos que condenar cualquier tipo de violencia o abuso contra ellos, debemos denunciar y no ser cómplices por omisión y tenemos que seguir trabajando por su interés superior de la niñez y la adolescencia, expresado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención de los Derechos de los Niños y en la Ley General de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Amigos y amigas diputados, trabajemos pro el respeto y el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No permitamos que la alta incidencia del delito del abuso sexual infantil rebase nuestros esfuerzos. Es momento de levantar la voz, de sumar esfuerzos, de juntos cambiar la historia.
Circunstancias como estas tienen que parar. Los niños de México son responsabilidad de todos, garanticemos infancias felices y con sano desarrollo, mismas que en un futuro –segura estoy– tendrán mucho que aportar a nuestro México. Y hoy los invito a que más allá de banderas partidistas, todos juntos desde esta trinchera levantemos la voz y sumemos diciendo; ni un niño más maltratado. Gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Mariana Arámbula Meléndez. Tiene el uso de la tribuna la diputada Erika Lorena Arroyo Bello, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.
La diputada Erika Lorena Arroyo Bello: El día 19 de este mes se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil, es un día para unirnos y recordar el compromiso que tenemos con las y los niños de la nación. El cuidarlos y protegerlos nos implicará a la larga tener una mejor sociedad.
El abuso infantil es un fenómeno que lastima a quien lo sufre, pero también lastima a su entorno. Es nuestra obligación proteger a nuestras niñas y a nuestros niños. Es un deber moral, social, político y un compromiso con nuestro país y con la humanidad.
Es importante señalar que la Convención de los Derechos del Niño establece en su artículo 19 que es obligación del Estado el proteger a las niñas y a los niños de toda forma de violencia y de maltrato, sin embargo, este cáncer social está presente y golpea a muchos pequeños y pequeñas aún incluso dentro de sus hogares, donde deberían de estar seguros.
Según UNICEF, en América Latina más de 6 millones de niños, niñas y adolescentes son objeto de agresiones severas, y 80 mil mueren cada día por la violencia que se presenta al interior de la familia.
No podemos ser indiferentes ante esta realidad tan lacerante, los niños y las niñas son el corazón de nuestra sociedad, es lo más valioso que tiene un país, lo más puro. Es por ello que tenemos que apostar a la protección y a garantizar su desarrollo pleno e integral.
Un día como hoy nos invita a la reflexión y nos hace conscientes de la gran problemática que esto implica. Tenemos que escuchar a nuestros niños, tenemos que inculcar el respeto por su cuerpo, tenemos que fortalecer la confianza y apostarle a la correcta comunicación.
De igual manera, preparar a las instancias educativas y de salud para poder detectar este problema y ser capaces de hacerle frente y de darle el correcto seguimiento.
También debemos afinar los procedimientos judiciales para proteger siempre a los menores, sin exponerlos ni revictimizarlos, y castigar con todo el peso de la ley a los transgresores.
Tenemos que trabajar para generar confianza en las instituciones, solamente así habrá la cultura de la denuncia y bajará la de la impunidad.
Las instituciones estamos aquí para proteger y cuidar en todo momento los derechos de la sociedad. Asumamos el compromiso por las generaciones presentes. Pero, sobre todo, por aquellas que vienen. Hagámoslo por nuestros hijos, pero también por nuestros nietos. Hagámoslo por nuestro México.
La infancia es nuestro principal patrimonio, es amor y es patria, es educación y es reflejo de la sociedad que queremos ser. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Arroyo Bello.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que a través del Registro Agrario Nacional realice diversas acciones para resolver conflictos agrarios en los poblados de Chapa de Mota, Santa María Magdalena Cahuacán, Transfiguración Monte Alto y Nicolás Romero, todos en el Estado de México.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Voten. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muy bien, diputada. Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (16:39 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 22 de noviembre de 2016, a las 11 horas.
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