Comunicaciones
Dictámenes
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación de los artículos 1068 Bis y 1390 Ter 2, en términos del dictamen
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Iniciativas
Recibidas y turnadas a comisiones
María Elida Castelán Mondragón, PRD
Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, PVEM
Norma Edith Martínez Guzmán, PES
Carlos Alberto de la Fuente Flores, PAN
Yaret Adriana Guevara Jiménez, PVEM
Vidal Llerenas Morales, Morena
Víctor Manuel Sánchez Orozco, PMC
Proposición con puno de acuerdo
Declaratoria de publicidad de dictamen
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se informa a la Presidencia, que existen registrados previamente 311 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (11:34 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día, es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobada el acta.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Oficio de la Mesa Directiva, por el que se comunica que el 30 de septiembre se recibieron las siguientes minutas, que fueron turnadas de inmediato a comisiones:
1. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen y a Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: 2. Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, reforma y adiciona los artículos 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y reforma el artículo 3o. de la Ley de Planeación, la cual se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Oficio de la Comisión Bicameral para el Diálogo y la Conciliación para el estado de Chiapas, por el que se informa que el 20 de septiembre del año en curso se instaló el grupo de trabajo con el fin de evaluar, analizar y desarrollar propuestas de iniciativas, respecto del marco legal nacional en materia de derechos colectivos indígenas.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado. Comuníquese.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se informa a la asamblea que se recibieron 15 solicitudes de retiro de iniciativas que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria de las siguientes diputadas y diputados: Delia Guerrero Coronado, María Antonia Cárdenas Mariscal, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Claudia Edith Anaya Mota, Ángel García Yáñez, Alfredo Bejos Nicolás, Natalia Karina Barón Ortiz, Norma Edith Martínez Guzmán, Jorgina Gaxiola Lezama, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Gabriela Ramírez Ramos, Paloma Canales Suárez y Rafael Hernández Soriano.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron de diversas autoridades cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria para su trámite.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron oficios de la Cámara de Senadores, por los que comunica:
1. La modificación del calendario de sesiones para el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
2. La integración del senador Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.
3. La integración del senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión.
Es cuanto.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibieron de la Cámara de Senadores, siete proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicitan a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite información relativa a la evolución de las finanzas públicas, requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2016.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el que remite la Recomendación General 28/2016 sobre la reclusión irregular en las cárceles municipales y distritales de la República Mexicana.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos para su conocimiento.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibió del Congreso del estado de Hidalgo iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos para dictamen.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: La Cámara de Senadores remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 8 de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Félix González Canto y suscrita por senadores de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, y disponibles en el monitor de sus curules, los siguientes dictámenes.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara el 3 de octubre de cada año como Día Nacional del Emprendedor.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara a la primera semana del mes de octubre de cada año como la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I, apartado B del artículo 13 y se adiciona una fracción IV; Bis 3, al artículo 3 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 212 de la Ley General de Salud.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Economía con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de juicios orales mercantiles.
Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Jorge Enrique Dávila Flores: Muy buenos días tengan todos ustedes. Con su permiso, diputado presidente. El dictamen que hoy sometemos a su consideración tiene como principal objetivo abonar al fortalecimiento de la oralidad mercantil, que fue introducida en nuestro orden jurídico en el año 2011 y que ha favorecido la productividad y competitividad de las empresas.
La justicia oral es por su naturaleza más ágil frente a la tradicional, impartida de manera escrita, lo cual toma relevancia debido a la necesidad que tiene el país de que se imparta una justicia cada vez más pronta y expedita.
Por ello el Ejecutivo federal, al presentar la iniciativa que hoy estamos aprobando, la cual forma parte del paquete de iniciativas en materia de justicia cotidiana, pretende dar solución a los conflictos que genera la convivencia diaria en una sociedad democrática. En este caso, específicamente las relacionadas con transacciones mercantiles.
Los integrantes de la Comisión de Economía, que me honro en presidir, conscientes de que el avanzar en un sistema de justicia que procese efectivamente los conflictos es la forma en que se reducirán los llamados costos de transacción e impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social. Es por eso que hemos aprobado de manera unánime, de nueva cuenta, en la Comisión de Economía el dictamen que hoy sometemos a su consideración.
En virtud de ello, el presente dictamen propone la simplificación de los procedimientos con la finalidad de desincentivar el incumplimiento de obligaciones en las transacciones mercantiles, al tener acceso a un procedimiento mucho más expedito.
Los aspectos más importantes del presente dictamen son:
1o. Liberación de cuantía de manera gradual. Al año siguiente de la entrada en vigor del decreto, se tramitarán por esta vía todas las contiendas mercantiles cuyo monto sea menor a un millón de pesos. A partir del segundo año se tramitarán por esta vía todas las contiendas mercantiles cuyo monto sea menor a 1.5 millones. Y, a partir del tercer año, se tramitarán todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía.
2o. Reducción y precisión de plazos en los juicios ordinario, ejecutivo y oral. Por mencionar algunos, en el juicio ordinario la caducidad de la instancia del plazo actual es de un año, pasa a 60 días hábiles. La caducidad de incidentes de 60 días hábiles pasa a solo 30 días hábiles.
3o. Precisiones en los procedimientos. En el juicio oral mercantil se propone que el desahogo de la prueba confesional se haga mediante el uso de interrogatorios libres y dejarla de sujetar a las formalidades de las posiciones.
Con la finalidad de fortalecer aún más este procedimiento jurídico, los integrantes de la Comisión de Economía sugerimos algunos cambios y adiciones a la propuesta del Ejecutivo.
1o. Se adiciona como un requisito que el promovente asiente en la demanda su registro federal de contribuyentes o su clave única de registro de población a fin de facilitar la identificación de las personas y evitar los problemas que se generen con la homonimia en los nombres de las partes involucradas.
2o. Se incluye en las facultades del juzgador prevenir al promovente para que aclare la demanda cuando sea obscura, irregular o no reúna los requisitos de forma, así como para desecharla en caso de que no se satisfagan los requisitos del juez.
3o. Incluir el título especial Bis, sobre el juicio ejecutivo mercantil oral ya que existe una saturación del sistema judicial.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, en conclusión con estas modificaciones al Código de Comercio se dará un paso importante en la celeridad y resolución de los juicios orales mercantiles.
Por ello, y con la finalidad de seguir impulsando un andamiaje jurídico que le dé mayor competitividad a nuestro país y mejores condiciones de operación a las pequeñas y medianas empresas, solicito su voto a favor del presente dictamen. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Dávila.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Está a discusión en lo general. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las diputadas y diputados que harán uso de la palabra por tres minutos cada uno.
Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes; el diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; el diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; el diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena; la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y el diputado Antonio Tarek Abdala Saad, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Por lo tanto, tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Honorable asamblea. Con su venia, señor presidente. En Encuentro Social entendemos que todas las leyes y sistemas judiciales, en tanto creación humana, son perfectibles. Bajo tal premisa descansa no solo nuestra labor legislativa sino también nuestro compromiso social.
El dictamen a discusión refleja el transitar de una de las reformas al sistema judicial mexicano más importantes y de más largo alcance en los últimos años. Sostenemos lo anterior en razón que, desde la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación del 27 de enero de 2011 y hasta la fecha, el juicio oral mercantil ha sido un tema permanente de actualidad para la realidad jurídica de la nación mexicana.
Partiendo de sus principios rectores, oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, las reformas a discusión consolidan las fortalezas de juicio oral mercantil, al tiempo que la mantienen vigente y lo hacen accesible a un mayor número de ciudadanos.
El Grupo Parlamentario de Encuentro Social saluda el proceso de la construcción legislativa realizando entre la iniciativa y la comisión dictaminadora a través del cual se han materializado reformas que van desde la presentación del escrito inicial hasta la aclaración de la sentencia, aciertos, dentro de los cuales destacan los siguientes: establece con nitidez los requisitos que debe reunir la demanda; faculta de manera expresa al juez para prevenir al demandante cuando la demanda no sea oscura, irregular o incumpla con alguno de los requisitos presentados; actualiza el monto de las sanciones para quien no acuda sin justa causa a la audiencia preliminar; establece el plazo de tres días para que el juez resuelva, sobre todo, la aclaración y la sentencia, y de manera gradual, abre el juicio oral mercantil a todas las controversias sin limitación por concepto de monto de la suerte principal.
Como se puede observar, las reformas buscan no sólo maximizar los recursos materiales, y humanos del Estado, sino también brindar una justicia de calidad de pronta y expedita a un mayor número de personas.
Compañeros diputados, les ruego menos de un minuto de atención, y pido su apoyo a todos los grupos parlamentarios. En Tijuana tenemos una crisis migratoria muy grave, por cierto, un total de 13 mil permisos fueron entregados por el Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas a migrantes haitianos que buscarán asilo político en los Estados Unidos; según la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Migración concede por día un promedio de 300 oficios de salida a los indocumentados, de los cuales cuentan con 20 días naturales para llegar a trasladarse vía aérea o terrestre hasta la frontera norte.
En los últimos seis meses las autoridades de migración de Baja California estiman que han arribado poco más de 8 mil, 8 mil, según indicó Rodolfo Figueroa, delegado del Instituto Nacional de Migración. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México afirmó hoy que vigila los puntos fronterizos del norte y del sur del país ante el aumento sustancial del flujo de migrantes procedentes del continente africano y haitiano. Pedimos a las instancias del Poder Ejecutivo, que atienda de manera inmediata esta emergencia migratoria en Tijuana, no sólo con su presencia, sino también con un presupuesto adicional. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada García Soberanes. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
El diputado Mariano Lara Salazar: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Al inicio del año 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio mediante el cual se introdujo la oralidad en los juicios mercantiles.
Con ello, se establecieron los lineamientos necesarios para transformar la manera en qué se llevan los procedimientos al pasar de un sistema escrito a uno oral. De tal suerte que mediante los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, se agiliza la resolución de los conflictos en este ramo.
El nuevo esquema tiene como primera ventaja la celeridad procesal en la resolución de los conflictos, además la transparencia, toda vez que consta de una serie de audiencias donde las personas observan directamente el modo en el que se conducen los jueces y abogados durante los procesos.
De acuerdo con de indicador de cumplimiento de los contratos Doing Business 2015, y en análisis de juicios orales mercantiles de la Ciudad de México, existe un universo total de 21 procedimientos resueltos en un plazo de 270 días con un costo del 32 por ciento del valor de la demanda, lo que representa una reducción de 17 procedimientos y 130 días en relación a los resultados del Doing Business 2014. No obstante, la reforma implementada quedó corta al no prever la totalidad del proceso mercantil que se realizara de manera oral.
El dictamen que hoy nos ocupa pretender resarcir dicha omisión mediante la simplificación de los procedimientos y una amplitud para la aplicación de la oralidad durante los juicios mercantiles.
El propósito de la reforma no sólo es dotar de mayor claridad a los juicios orales, sino también agilizar y realizar la naturaleza sumaria de estos consensos. En ella se atiende, además, una laguna legal en el juicio ordinario mercantil consistente en la falta de disposición normativa que regule de forma expresa los requisitos formales que deben reunir una demanda y la reconvención, así como las contestaciones, así como las contestaciones a estas que hoy en día ocasionan problemas de interpretación.
Asimismo, adiciona como requisito que el promovente deba asentar en la demanda su Registro Federal de Contribuyentes y su Clave Única de Registro de Población, a fin de facilitar la identificación de las personas y evitar problemas que pudieran generarse con la homonimia en los nombres de los involucrados.
Por otra parte, con el propósito de desahogar el saturado sistema judicial la reforma establece los montos aplicables para la procedencia de los juicios orales, fijando que el valor principal sea de poco más de 500 mil pesos y hasta los 4 millones, sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda, debiendo actualizarse dichas cantidades de forma anual.
En Nueva Alianza entendemos la importancia de esta reforma, por eso votaremos a favor. Sabemos que con ella propiciaremos una mejora en el desarrollo administrativo y judicial de nuestro país, así como una mayor igualdad y transparencia en el sistema en aras de contribuir a alcanzar el México que tanto anhelamos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Lara Salazar. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muy buenos días. Con su venia, diputado presidente. Compañeros legisladores, desde hace mucho tiempo hemos escuchado la sentencia popular de que para que exista la justicia esta debe ser rápida. Y por ello, desde que asumimos la responsabilidad de representar a los ciudadanos, entendimos que una parte importante de nuestra labor no es solo la creación de leyes, sino buscar que estas se hagan cada vez más precisas y de manera expedita la impartición de la justicia, y la ejecución obviamente de la ley.
Todos nosotros somos conscientes de que a cualquier persona le indigna, le molesta y le afecta que los procedimientos jurídicos sean tratados, tardados y lentos. Muchos lo hemos vivido y en carne propia o en nuestro propio entorno.
Independientemente del proceso de que se trate, los hombres y mujeres de bien quieren resolver sus conflictos de la mejor manera posible. Y esto significa que la razón jurídica les asista, pero sobre todo que el tiempo –que es el más valioso que un ser humano puede tener– no se pierda en el marasmo de la burocracia.
En la materia comercial, la rapidez de la impartición de la justicia toma un papel más relevante porque se cuantifica también en plazos, no sólo en pesos y centavos. Un proceso legal tardado implica mayores costos y unos mayores costos lesionan la economía familiar y afectan e impactan las finanzas nacionales.
Es un círculo vicioso que afecta la productividad y que erosiona la confianza en las autoridades, además de desalentar la inversión. No sólo eran los conflictos legales los que enfrentaban nuestros comerciantes, además del desgaste emocional, físico y patrimonial al que se veían expuestos, también han tenido que sufrir con la tardanza en la resolución de conflictos mercantiles debido a la gran carga del trabajo de los tribunales.
Además, la carga se volvió más pesada por el elevado costo que implica acudir a los tribunales, lo que a veces ha llegado a provocar que los gastos de los juicios sean más altos que las obligaciones que se pretenden demandar.
Por ello debemos celebrar la inclusión de la oralidad en los juicios mercantiles, porque si bien la administración y la impartición de justicia son tareas elementales y prioritarias del Estado, es una obligación de los parlamentarios actualizar y modernizar las leyes para su aplicación ágil y dinámica en beneficio de todos los ciudadanos.
Hay que reconocer el esfuerzo, la voluntad y sobre todo el interés de todas las fuerzas políticas que se involucraron en esta reforma al Código Mercantil en una muestra de colaboración, generosidad y en un genuino y profundo deseo de hacer los cambios y modificaciones que la modernidad nos exige y los ciudadanos nos demandan.
Esta reforma que emana del consenso, del diálogo y del intercambio de ideas en un marco de discusión y de respeto, se centra en tres puntos clave:
1. La liberación de cuantía para los juicios orales mercantiles.
2. La reducción y la precisión de plazos en los juicios ordinarios, ejecutivo y oral, así como las precisiones en los procedimientos mercantiles.
3. La inclusión del juicio ejecutivo mercantil oral. La liberación paulatina de la cuantía permitirá que los comerciantes resuelvan los conflictos en menos tiempo, lo cual incrementará la confianza de los mismos a la hora de realizar sus transacciones.
La reducción de plazos en los juicios ordinarios, ejecutivos y orales, nos garantizará mayor agilidad para la resolución de los procesos. La propuesta de la caducidad de instancias sea de 60 días en lugar de un año como sucede actualmente, y la reducción del plazo para que los jueces dictaminen, hará más eficientes todos los procesos permitiendo que ahorremos el recurso más valioso que cualquier sociedad puede tener, que es el tiempo.
No podemos dejar pasar desapercibido otro punto clave que propone el decreto que hoy se discute en esta soberanía; la inclusión de los juicios ejecutivos mercantiles orales. Esta inclusión, cabe recordar, sigue la misma línea de la reforma del 2011, para expandir las ventajas procesales de la oralidad y que los juicios ejecutivos mercantiles orales sean resueltos con la misma rapidez que los juicios orales mercantiles.
Nuestro compromiso con los ciudadanos de toda la nación y a los cuales representamos, nos obliga a legislar con responsabilidad, en un objetivo claro y de beneficio común: hacer los ajustes que resuelvan los problemas; que se reduzcan los gastos y que no sean confusos. La claridad reglamentaria es una característica que va de la mano con la eficacia.
Buscamos que la aplicación de las leyes fuera más ágil, pero lo hicimos tomándonos el tiempo necesario para resolver lagunas legales para dar mayor claridad a los procedimientos mercantiles e incrementar la eficiencia en dichos procesos.
Con esta reforma se amplía y potencializa la eficacia de la oralidad en los juicios mercantiles, lo cual rectifica nuestro compromiso con la sociedad, mejorando la administración e impartición de justicia. Este dictamen es una muestra de que el interés público está por encima de los colores y las siglas partidistas, es un ejemplo de que el diálogo y el debate representan la madurez de los representantes populares de que podemos hacer política con la civilidad que nos merecen los ciudadanos.
La justicia es la reina de las virtudes republicanas, decía Bolívar. Estoy seguro de que esta soberanía estará a la altura de su honor, realizando todos aquellos cambios que sean necesarios para que los comerciantes tengan una mayor certeza de sus operaciones, una mayor aplicación de las leyes y una mayor confianza en las instituciones. Es cuanto y agradezco su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ralis Cumplido. Tiene el uso de la tribuna el diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
El diputado Jesús Serrano Lora: Presidente, buenos días. Diputadas y diputados, de acuerdo con información oficial, entre el 2014 y el 15 se observó una disminución del 48 por ciento de los tiempos para las resoluciones, conflictos como resultado de la introducción de la oralidad, los juicios mercantiles en la reforma del Código de Comercio del 2011.
En ese sentido, el Ejecutivo federal envió a esta soberanía en abril de 2016, una iniciativa de decreto que propone una reforma adicional al Código de Comercio que refuerce la simplificación de los procedimientos e instaure en su totalidad la justicia oral en materia mercantil.
Con esos mismos objetivos, el dictamen de la Comisión de Economía plantea algunos cambios para mejorar el régimen jurídico y de operación de los juicios orales, destacando la incorporación de la oralidad a los juicios ejecutivos mercantiles que no contempla la iniciativa que mandó el Ejecutivo.
La inclusión de normas que regulen de forma expresa los requisitos formales que deben reunir una demanda, la reconvención y las contestaciones. La adición del requisito de que el promovente presente en la demanda su RFC y su CURP para facilitar la identificación.
La suma a las facultades del juzgador, la de prevenir al promovente cuando sea necesario y no cumpla con los requisitos.
La inclusión de un título especial bis sobre el juicio ejecutivo mercantil oral, debido a que existe una saturación del sistema judicial, lo que obliga a realizar reformas al Código de Comercio, que permitan promover el sistema oral y reducir los costos de transacción, en especial en materia ejecutiva mercantil. Para la aplicación de esta inclusión, se propone su entrada en vigor a los 12 meses de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Grupo Parlamentario de Morena coincide con la necesidad de agilizar todos estos procesos de impartición de justicia y darle certeza jurídica, por lo que su voto será a favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, que presenta hoy a este pleno la Comisión de Economía.
No obstante, consideramos de fundamental importancia hacer los siguientes señalamientos.
De anticiparse que ningún sistema asegurará los objetivos perseguidos si no existen las condiciones de regulación suficiente, transparencia y honestidad, que desgraciadamente en este país no lo es.
Asimismo, para el nuevo sistema funcione se deben de garantizar las condiciones físicas necesarias. En el mismo sentido cabe destacar, que el sistema de justicia basado en la oralidad proviene del derecho anglosajón, el cual no corresponde a la tradición aplicada en nuestro país, que tiene su origen en el derecho romano.
Esta circunstancia nos lleva a la consideración de que existe una intención premeditada, de acoplar nuestro sistema de justicia al de los Estados Unidos, con objeto de dar mayor certeza jurídica y garantías a los inversionistas hechos en nuestro país, provenientes de ese país, particularmente después de la nefasta reforma energética.
Es así que la operación en México de un sistema de justicia transformado será mejor interpretado por los inversionistas extranjeros que buscan ganancias con la explotación de nuestros recursos a través de tratados internacionales muy por encima de nuestra Constitución.
De igual manera, es importante llamar la atención en que esta reforma camina en el mismo sentido que pretende hacerlo la reforma a la seguridad que incluye el mando único, hoy mal llamado mando mixto.
A partir de observaciones como estas es necesario... que varios juristas mexicanos destacados no coinciden con la oralidad en cualquier tipo de juicio. Y por ahí hay algunos diputados que se sienten abogados de series televisivas norteamericanas, pero cuando se encuentren en un juicio oral mercantil, en el sistema de justicia mexicano, esta realidad los va a azotar.
En conclusión, aun cuando nuestro voto es a favor, hacemos un llamado a esta soberanía a estar alerta en torno a los problemas aquí señalados. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Serrano. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Lorena Corona Valdés, del grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Lorena Corona Valdés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados, con el dictamen que hoy está a discusión vamos a ampliar la oralidad de los juicios mercantiles y para tal efecto se prevé aumentar paulatinamente la cuantía para el proceso judicial mercantil, de tal manera que al tercer año ésta se libere, con lo que estaremos otorgando mayor celeridad a la tramitación y resolución de las controversias mercantiles.
Al entrar en vigor paulatinamente esta reforma estamos dando tiempo para que los tribunales estén en posibilidades de adoptar las medidas que sean necesarias para la capacitación de su personal y para contar con una infraestructura que les permita enfrentar el incremento de cuantía de las controversias. Esto generará un mayor número de asuntos a resolver.
Es decir, en este sentido se está pensando que los juicios orales no van a entrar de manera inmediata, vamos a tener una posibilidad de estar avanzando paulatinamente.
Con la ampliación de la oralidad en los juicios mercantiles estamos reduciendo formalismos, al suprimir las notificaciones personales con la finalidad de agilizar el procedimiento y cuidando el respeto pleno de la garantía de audiencia. Asimismo, el juzgador cuenta con las más amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho convenga.
Además, estos procedimientos permiten la solución de conflictos a través de medios alternativos, como lo son la conciliación y la mediación. De ahí la importancia de su cobertura.
Por todo lo anterior, se puede concluir que los juicios orales mercantiles: uno, resuelven en menos tiempo. Dos, son un proceso menos complicado. Y tres, son un proceso menos costoso y esto se traduce en importantes beneficios para las pequeñas y medianas empresas, que generan 52 por ciento del producto interno bruto nacional y 72 por ciento del empleo en el país. Mejorar el marco normativo para el cumplimiento de los contratos mercantiles implica tener certeza jurídica.
Es importante destacar el trabajo de la Comisión de Economía, ya que derivado de un análisis exhaustivo y con la participación de todos los grupos parlamentarios, se determinó enriquecer la iniciativa e incorporar en el proyecto de dictamen la oralidad de los juicios ejecutivos mercantiles; lo que permite que todo documento que traiga para efectuar ejecución pueda tramitarse por la vía oral. Lo que agilizará la resolución de las controversias e incrementará la eficiencia de los procesos judiciales.
Por otra parte, con el dictamen a discusión también vamos a simplificar los procedimientos mercantiles, al aprobar reformas al Código de Comercio, que tienen por objeto reducir y precisar plazos. Como por ejemplo, pasando de un año a 60 días hábiles la caducidad de la instancia en el juicio ordinario. En el juicio oral mercantil se precisa que la celebración de audiencia de juicio se llevará a cabo dentro de los 40 días siguientes, y en el juicio ejecutivo mercantil se precisa que el plazo para dictar sentencia será dentro de los 8 días posteriores a la citación.
En consecuencia, si con esta reforma se hace más eficiente el sistema de justicia en materia mercantil, el empresario tendrá más confianza para arriesgarse en los negocios, ampliando así su red de clientes y proveedores.
Asimismo, al hacer más expedito el cumplimiento de las transacciones comerciales estaremos propiciando la apertura de más empresas, lo que permitirá generar mayores empleos. Por lo expuesto, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Corona Valdés. Tiene el uso de la tribuna, la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Lluvia Flores Sonduk: Gracias. Con permiso de la Mesa. Señor presidente, a nombre de mi Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito fijar postura con relación al dictamen por el que se reforma y se adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio.
El dictamen de la Comisión de Economía se pronuncia en sentido positivo, respecto de la iniciativa de ley presentada en abril de este año por el que el Ejecutivo federal, mediante la que se plantea instaurar totalmente la justicia oral en materia mercantil. Se trata de una reforma que ahonda las medidas adoptadas en el ámbito de los juicios orales mercantiles, tanto por el decreto del 27 de octubre de 2011, como por el del 9 de enero de 2012.
De modo que con la modificación al artículo 1390 Bis, a partir de ahora todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía, se tramitarán mediante juicios orales mercantiles. A nuestro parecer es una reforma que van con el sentido correcto, pues agilizará la resolución de las controversias mercantiles, lo que redundará en una mejor imagen para el país y sobre todo en materia de cumplimiento de los contratos.
Cabe recordar que acorde con el estudio Doing Business de 2016, del Banco Mundial, México ocupa el lugar 41 a nivel mundial en el apartado de Cumplimiento de Contratos, con un tiempo de 389 días y con un costo del 30 por ciento de lo reclamado. Estas modificaciones, sin duda, ayudarán a reducir el periodo requerido para sustanciar los juicios mercantiles, al tiempo que abatirán los costos asociados a las reclamaciones, por lo que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor en lo general.
Sin embargo, queremos llamar la atención respecto al contenido del título especial sobre el juicio ejecutivo mercantil oral. Se trata de un régimen especial por los asuntos con montos entre los 574 mil y los cuatro millones de pesos.
En específico nos inquieta lo dispuesto en el párrafo del artículo 1390 Ter-2, donde se establece que no procederá recurso ordinario contra las resoluciones que se dicten en este juicio ejecutivo, lo que interpretado de manera armónica con el artículo 1399 del Código de Comercio, significa que los asuntos de hasta cuatro millones de pesos carecen de recursos ordinarios en defensa. Estamos en presencia –hay que decirlo con todas sus letras– de una justicia para ricos y otra justicia para pobres.
En el PRD no podemos estar de acuerdo con este tipo de medidas, por lo tanto presentaremos una reserva en el artículo 1390 Ter de este proyecto de dictamen. Gracias. Es cuanto señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños García: Gracias, diputada flores. Tiene el uso de la tribuna el diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado Miguel ángel Salim Alle: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. El pasado 28 de abril el Ejecutivo federal presentó a esa soberanía la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en el marco de las llamadas reformas por la justicia cotidiana.
La iniciativa del Ejecutivo tiene por objeto simplificar los procedimientos mercantiles y, por otro lado, la aplicación de la oralidad en el país con la propuesta que se pretende desalentar el incumplimiento de obligaciones en las transacciones mercantiles al tener acceso a un procedimiento mucho más rápido.
Dentro de los puntos relevantes del dictamen que revisamos y aprobamos en la Comisión de Economía, se encuentra el establecimiento de lineamientos para la práctica del emplazamiento en tales conflictos, así como una serie de adecuaciones en materia de notificaciones, ejecución y aclaración de sentencias que tramitan los incidentes y la reducción de plazos en los juicios.
Mediante esta reforma se proponen tres puntos clave para facilitar el desarrollo de la justicia mercantil en México. Dichos puntos clave son:
Primero. La liberación de cuantía para los juicios orales mercantiles.
Segundo. Reducción y precisión de plazos en los juicios ordinario, ejecutivo y oral, y así como las precisiones de los procedimientos mercantiles.
Tercero. La inclusión del juicio ejecutivo mercantil oral.
En cuanto a la liberación de la cuantía durante el primer año, se tramitarán por la vía oral las contiendas mercantiles cuyo monto sea menor de 1 millón de pesos. El segundo año el límite se incrementará a 1 millón y medio de pesos, y el tercer año se podrán tramitar todas las contiendas mercantiles sin límite de cuantía.
Por años, al hablar del cumplimiento de las relaciones comerciales a través de un procedimiento jurisdiccional, era hablar de cuando menos dos o más años de litigio, en el mejor de los casos, si las condiciones del juzgado y las partes del procedimiento lo permitían.
Con las adecuaciones al Código de Comercio planteadas y dictaminadas positivamente por la Comisión de Economía, se acortarán plazos, se hará expedita la justicia oral mercantil, y se resolverá la sobresaturación de juicios.
Ante esta situación para Acción Nacional es indispensable propiciar condiciones que mejoren la competitividad de la economía mexicana a través de instrumentos legislativos que abonen a consolidar la confianza en las instituciones y combatir la corrupción, y es por eso que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor del presente dictamen.
Amigas y amigos diputados, las cosas buenas casi no se cuentan, pero éstas, éstas sí cuentan, no como otras. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Salim. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Antonio Tarek Abdala Saad, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
El diputado Antonio Tarek Abdala Saad: Con su venia, diputado presidente. El pasado 28 de abril el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, envió al Congreso de la Unión un paquete de iniciativas en materia de justicia cotidiana, dentro de este conjunto de iniciativas se encuentra la que hoy nos ocupa, que es la reforma al Código de Comercio en materia de juicios orales mercantiles, donde distinguimos –entre otros– tres puntos clave: el primero, es la liberación de cuantías para los juicios orales mercantiles; el segundo, reducción y precisión de plazos y procedimientos específicos; el tercero, la inclusión del juicio ejecutivo mercantil oral.
Es de reconocerse la visión y la apertura del gobierno de la República para trabajar en pro de la justicia cotidiana, conocida como aquella que distinta de la penal, vivimos todos los días en nuestro trato diario y facilita la paz social, dando soluciones a las diversas problemáticas que surgen en la vida diaria de las y los ciudadanos.
Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI respaldamos estas iniciativas y particularmente la que hoy se presenta, ya que permitirá la reducción de tiempos y costos en los juicios de beneficio a las empresas de nuestro país.
Debemos señalar que aunado a los diálogos de justicia cotidiana, la Secretaría de Economía con la participación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, realizaron un diagnóstico sobre el cumplimiento de contratos en la Ciudad de México, en éste se documenta el proceso judicial con la resolución de una disputa mercantil para una cuantía menor.
En dicho estudio se comprobó la disminución del 48 por ciento de días dentro del procedimiento, haciéndolo mucho más rápido y posicionando a México por encima el promedio de la OCDE de América Latina.
Asimismo, el número de procedimientos también representó un punto de avance importante al disminuir a 17 procedimientos, lo que representa 45 por ciento menos, y 10 procedimientos menos por debajo del promedio de América Latina y el Caribe.
El Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos en que la administración e impartición de justicia es una de las tareas prioritarias del Estado, por lo que es importante la actualización de las leyes, a fin de que los ciudadanos cuenten con una efectiva tutela jurisdiccional y un verdadero acceso a la justicia pronta y expedita.
Derivado de lo anterior, compañeras diputadas y compañeros diputados, el decreto que hoy se discute reafirma el compromiso de esta soberanía con agilizar nuestro nuevo sistema procesal mercantil.
Es necesario reconocer el trabajo realizado en la Comisión de Economía, presidido por Jorge Dávila, donde hemos encontrado consensos para dar resultados a nuestro país. Y esta reforma es un ejemplo más.
Con esta reforma se amplia y se potencializa la eficacia de la oralidad en los juicios mercantiles, lo cual rectifica nuestro compromiso con la sociedad, mejorando la administración e impartición de justicia. Es por eso que el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de este dictamen. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Tarek. Agotada a lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular el artículo 1068 Bis y el artículo 1390 Ter 2.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Por lo que se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general, y en lo particular de los artículos no reservados.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general, y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Mientras se da la votación esta Presidencia saluda a la Fundación México me uno, invitados por el diputado Carlos Lomelí Bolaños. Bienvenidos.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Permanece abierto el sistema de votación. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 385 votos a favor, 1 abstención, 0 en contra.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 385 votos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en el apartado de los juicios reservados tiene la palabra, por tres minutos, el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, para referirse al artículo 1068 Bis.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con venia de la Mesa Directiva. La reserva al artículo 1068 Bis del Código de Comercio, se atiende principalmente a que debemos y estamos obligados a que los derechos humanos y las garantías constitucionales se conserven y se protejan en las leyes secundarias.
Para los diputados que no han leído el artículo 1068 Bis refiere al emplazamiento para la demanda que en juicios mercantiles, juicios orales mercantiles. Este artículo permite el emplazamiento a través de cédula, cédula que puede dejarse con cualquier persona, vecino, cualquier persona que esté cerca del domicilio señalado para la notificación, puede recibir el emplazamiento. Esta falta de formalidad deja en estado de indefensión al demandado.
Lo que estamos proponiendo en la reserva, es que si el demandado no se encuentra, el actuario deberá dejar un citatorio para que en el término de las 6 o 72 horas pueda citar al demandado y notificarle la demanda y los anexos correspondientes.
Estamos proponiendo también modificar el párrafo segundo, donde el actuario está obligado asentar el tipo y folio de identificación de la persona con quien deja la demanda, eso le quita incertidumbre al proceso de notificación.
En el párrafo cuarto, estamos proponiendo que el actuario debe de señalar en forma objetiva y no de meras apreciaciones subjetivas, que el lugar en que se encuentra corresponde al domicilio señalado por la parte actora.
Estamos ciertos de que la justicia cotidiana debe ser más pronta, más expedita, más objetiva, pero no puede estar por encima de garantías y derechos constitucionales.
La modificación que se propone no tiene otra finalidad más que garantizar un emplazamiento objetivo hacia el demandado, para que este se encuentre en condiciones de igualdad para su debido proceso y pueda contar con el tiempo adecuado para su defensa. Es una proposición que abona a la certeza del proceso mercantil en juicios orales.
Al igual que la reserva que hace el PRD en el 1390 Ter, se violentan garantías constitucionales, que si bien abonamos a que los juicios orales sean más rápidos, estamos abonando que en otra instancia se cargue a través de juicios de amparo, porque esta disposición es inconstitucional.
Y lo afirmo ahorita, va a haber juicios de amparo en contra de esta disposición por la indebida notificación en el emplazamiento de una demanda a través de juicios orales. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Romero Tenorio. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Juan Romero Tenorio al artículo 1068 Bis. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por tres minutos, la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del PRD, para referirse al artículo 1390 Ter 2.
La diputada Lluvia Flores Sonduk: Sí, compañeros. Nosotros estamos objetando el artículo 1390, en donde pedimos garantías iguales para todos los implicables en procedimientos mercantiles.
Lo que se modificaría sería contra las resoluciones pronunciadas en este juicio se procederá en términos del artículo 1336 y demás preceptos aplicables de este Código.
Es lo único que estamos pidiendo que se modifique, lo original es; contra las resoluciones pronunciadas de este juicio no se dará recurso ordinario.
Estamos pidiendo que se les brinde, igualmente, el recurso a los demás. Es lo que se está solicitando. Pedimos igualdad no solamente para los que tienen sino también para montos menores, compañeras y compañeros legisladores. Pedimos que no sean tasados de la misma manera, que se les den oportunidades también a los de cifras menores a los montos ya mencionados anteriormente, y pues lo dejo en sus manos para hacer cabal votación. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Flores Sonduk. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión el artículo 1390 Ter 2.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Lluvia Flores Sonduk al artículo 1390 Ter 2. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En consecuencia, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 1068 Bis y 1390 Ter 2, reservados en términos del dictamen.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos 1068 Bis y 1390 Ter 2, en términos del dictamen.
(Votación)
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? El diputado David López, de viva voz. Gracias.
El diputado David Epifanio López Gutiérrez (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 322 votos a favor, cero abstenciones y 89 en contra.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños García: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 322 votos a favor. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de juicios orales mercantiles. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños García: Honorable asamblea. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena el cobarde y artero crimen de miembros de nuestras Fuerzas Armadas, acaecido el pasado primero de octubre de 2016 en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, y que costó la vida a cinco miembros del Ejército y dejó con heridas graves al menos a otros 11.
Nuestra solidaridad con las familias de los soldados ultimados en cumplimiento de su deber y de los lacerados, así como nuestro amplio reconocimiento al compromiso que las Fuerzas Armadas han mostrado con las instituciones de la República.
Exigimos que se esclarezcan los hechos y se finquen las responsabilidades a que haya lugar, y exhortamos a las autoridades de todos los órdenes de gobierno para que coordinadamente y, con toda la fuerza del Estado en el marco del derecho, actúen de manera enérgica y expedida en contra de los grupos delincuenciales para terminar en cualquier zona de nuestro territorio con el clima de violencia que afecta a la población civil y lastima a nuestras instituciones.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños García: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Protección Civil con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, en materia de innovación tecnológica.
Tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Elena Orantes López, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada María Elena Orantes López: Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros, desde la Comisión de Protección Civil y por lo antes mencionado, nos solidarizamos también con el Ejército Mexicano por las tareas que siempre en los temas de gestión de riesgos y protección civil, están atentos para salvar las vidas.
El día de hoy subo en mi calidad de presidenta de la Comisión de Protección Civil, y también como integrante de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, a favor de la iniciativa presentada por el diputado Carlos Sarabia Camacho, no sin antes hacer mención de que el tema preventivo es lo único que puede salvar la vida en países y en el mundo, y es por eso que solidarios desde México a Haití, uno de los lugares más pobres y sin infraestructura a donde ha golpeado el huracán con categoría cuatro que se pensaba cinco, Matthew pueda ser uno de los peores, sin embargo en Cuba y República Dominicana, por tener sistemas preventivos, aterrizará en menor grado.
Solidarios también con los amigos y compañeros de Colima adonde está hoy estudiándose el volcán. Por eso, compañeras y compañeros, es un tema que tiene que ser apreciado en el Presupuesto, lejos de disminuir los fondos preventivos y de atención a desastres, tenemos que ser enérgicos en que se incrementen o que por lo menos se mantengan.
El día de hoy en esta iniciativa presentada por mi compañero Carlos Sarabia, el 10 de noviembre del 2015, que fue en abril dictaminada por la comisión, y el 29 de abril le dimos lectura aquí en el pleno, en esa iniciativa habla de algunas reformas a la Ley General de Protección Civil, que es importante porque habla de los avances tecnológicos en el sistema como un programa interno de protección civil con la que deben de contar las instancias, las instituciones, las empresas, los hospitales, siempre y cuando este programa pueda estar al servicio de la población.
La innovación que el diputado hace en la presentación de este dictamen que hoy discutimos y que vemos con buenos ojos, es que el avance de la tecnología y la creatividad presentan una plataforma virtual, y en términos generales esta iniciativa argumenta una serie de circunstancias geográficas. México es un país diverso, distinto en el norte y en el sur, y a cada uno tiene que dársele su aplicación correspondiente.
Es también acorde a los parámetros signados a nivel internacional por México y que promueve la ONU. Éste es un marco en el que la tecnología, a través de este dictamen estamos cumpliendo con los puntos que la ONU establece y que el 12 de octubre presentarán en el día de gestión de riesgos.
Es importante la instalación virtual, porque podemos ahora, a través de los instrumentos de computación, poder ver los edificios desde su construcción hasta la aplicación de los elementos de seguridad que pueden servir en momento de sismos, de lluvias o de algunos otros tipos severos que pueden afectar la vida de quienes ahí están.
El propósito de esta iniciativa es incorporar estas innovaciones tecnológicas a un programa de protección civil. Es por eso tan importante el llamado y el exhorto nuevamente a los gobernadores que aún no tiene atlas de riesgo o a los municipios, sólo hay 365 municipios con atlas de riesgos y recordemos que la ley manifiesta que si no tienen atlas, no podrán entrar en las declaratorias.
Por eso esta iniciativa habla de una capacitación formal, debemos estar preparados los funcionarios, los presidentes, los servidores públicos y debemos de tener en los estados encargados, secretarios o coordinadores estatales que manejen el tema. Esto, estará establecido por el sistema educativo nacional y de esta manera podrá tener una temática completa avalada por la Escuela Nacional de Protección Civil, un programa preventivo.
No olvidemos que no necesitamos invertir para lograr componer cuando los hechos ya son. Si prevenimos podemos salvar vidas y salvar presupuesto.
Respecto a la capacitación que puedan impartir particulares, pero que estén preparados en la materia y que tengan el aval de Cenapred. Y, finalmente, el respeto de poder promover los atlas de riesgo para que estén al alcance de la población y así poder todos, ayudar en un momento con un protocolo de género y de seguridad. Muchas gracias, compañeros y compañeras.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Orantes.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con lo que establece el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar posicionamiento de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra, hasta por cinco minutos: diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social; diputado Carlos Gutiérrez García, del Partido Nueva Alianza; diputado Jesús Emiliano Álvarez López, de Morena; diputado José Alberto Couttolenc Buentello, del Partido Verde Ecologista de México; diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Partido Acción Nacional; y el diputado Carlos Sarabia Camacho, del Partido Revolucionario Institucional. Por ende tiene el uso de la voz la diputada Ana Guadalupe Pera Santos, del Partido Encuentro Social. Adelante, diputada.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con su permiso, diputada presidenta. Honorable asamblea y medios que nos acompañan el día de hoy, para Encuentro Social la creación, profesionalización, capacitación, coordinación y modernización de los organismos de protección civil son una asignatura que el Estado mantiene con el estatus de pendiente hacia la sociedad. Por ello, iniciativas que derivan en dictámenes, como el que ahora nos ocupa, nos merecen nuestro respaldo y reconocimiento.
Lo anterior en tanto que la historia reciente de nuestro país ha mostrado que la falta de una efectiva cultura de protección civil ha provocado que las y los mexicanos continuemos siendo muy vulnerables ante el embate de los numerosos fenómenos naturales, cada vez mayores en número e intensidad, que vienen azotando al país, acarreando graves pérdidas humanas y materiales, afectándose instalaciones vitales, las que con el dictamen se vuelven atinadamente expresiones de la infraestructura estratégica.
Igualmente, la ausencia de una adecuada planeación, capacitación e implementación de los programas de protección civil a grande y mediana escala ha propiciado un desacuerdo entre la federación, estados y municipios en que nadie gana y todos perdemos en tanto que cada uno opera por su lado.
Toda desarticulación en la manera en que se aborde a la protección civil, así como a la probable desvinculación entre los tres órdenes de gobierno y las personas, redundarán necesariamente en una situación recurrente de riesgos, en los que las vidas de las personas van de por medio.
En este orden de ideas uno de los aciertos mayores del dictamen que ahora nos ocupa es la incorporación de las innovaciones tecnológicas, digitales o virtuales, en la elaboración y difusión de los programas internos de protección civil, así como para su vinculación con los Atlas de Riesgo, los que en su edición nacional deberán ser de fácil acceso para toda la población.
Lo mismo es aplicable para el indispensable tema de la capacitación. Por desgracia la disparidad de criterios que la distribución de facultades concurrente ha traído consigo, la valiosa aportación del dictamen a discusión que consiste en una ruta unificada y ascendente que señala el mínimo indispensable de competencias y créditos para avanzar de manera ordenada a lo largo y ancho del territorio nacional en la propia capacitación, así como en la actualización y especialización.
Por lo anteriormente expuesto y con la plena conciencia que se trata de un dictamen que abona a una mejor vivencia de la cultura de la protección civil y que fortalece las aristas educativas y sistemáticas del tema, en Encuentro Social vamos a votar a favor. Es cuanto, diputada presidenta. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Perea. A continuación tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Carlos Gutiérrez García, del Partido Nueva Alianza.
El diputado Carlos Gutiérrez García: Muy buenos días. Con la venia de la Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados, la protección civil, de acuerdo a la organización internacional en la materia, es un sistema por el que cada país proporciona la protección y la asistencia para todos ante cualquier tipo de desastre o accidente relacionado con esto, así como la salvaguarda de los bienes del conglomerado y del medio ambiente, de tal manera que su objetivo primordial es el de prevenir las situaciones de grave riesgo colectivo o catástrofes y proteger a las personas y los bienes cuando dichas situaciones se producen.
En las últimas décadas hemos sido testigos del aumento de los desastres naturales en todo el planeta. Estos se han incrementado en frecuencia, intensidad y por consiguiente en las consecuencias y devastación que nos dejan a su paso. Las condiciones geográficas, climáticos y orográficas, así como la actividad volcánica y sísmica a la que se encuentra expuesto nuestro país ponen a la población en un grave peligro ante la ocurrencia de algún desastre natural.
El Estado es el encargado de proteger la vida de los habitantes, la propiedad pública, la propiedad privada y el entorno ecológico ante la acción de un accidente, ya sea natural o humano. No obstante, siendo que no podemos saber a ciencia cierta el momento exacto en que un fenómeno impactará, es necesario que estemos lo mejor preparados posible para su aparición.
La protección civil se ha convertido en un mecanismo de gran valor para poner a salvo miles de vidas. Es fundamental fortalecer las normas que lo regulan.
En ese sentido, el dictamen que hoy nos ocupa pretende reformar la Ley General de Protección Civil para impulsar y actualizar los atlas de riesgo en cada una de las entidades federativas, con la finalidad de brindar más y una mejor protección a todos los ciudadanos.
En Nueva Alianza somos firmes promotores de que la implementación de nuevas tecnologías genera importantes beneficios en la economía, la cultura y la educación. Por supuesto creemos que lo harán también en los sistemas de protección civil.
Con esa convicción apoyaremos y votaremos a favor del presente dictamen, que enfatiza la importancia de incorporar las innovaciones tecnológicas en las acciones de la protección civil. De tal suerte, que a través de la tecnología se puedan conocer las causas y reducir los efectos de los fenómenos.
Al hacer uso de las nuevas herramientas que la innovación y la tecnología nos presentan podremos lograr una verdadera gestión integral de riesgos, que permitirá reducir los efectos de los fenómenos perturbadores. Ello además de fomentar una verdadera cultura de la protección civil que permita a las personas prevenir y reaccionar de manera adecuada ante un evento.
Compañeras y compañeros, con la participación de los tres órdenes de gobierno trabajando de manera transversal, se podrá hacer frente a las emergencias y disminuir los efectos que los desastres acarrean. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Muchas gracias, diputado Gutiérrez. Queremos destacar y agradecer la presencia, en este salón de sesiones, de una delegación de diputados de Baja Sajonia, de la República Federal de Alemania, encabezada por el diputado Christina Dürr, que ha participado en un encuentro con la Comisión de Relaciones Exteriores y el Grupo de Amistad México-Alemania. Esta Cámara de Diputados les da la más cordial de las bienvenidas, señoras y señores diputados y les desea éxito durante su visita y su estancia en nuestro país.
A continuación, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario Morena.
El diputado Jesús Emiliano Álvarez López: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, para Morena resulta muy importante el que se incorporen las innovaciones tecnológicas, digitales o virtuales en la elaboración y difusión de los programas internos de protección civil, así como para la vinculación de estos con los atlas de riesgo.
De esta forma se podrá atender con mayor eficacia la prevención de desastres, reconociendo que nuestro país se encuentra expuesto a diversos fenómenos naturales que provocan pérdidas humanas y materiales.
Con las modificaciones a la Ley General de Protección Civil, contenidas en el dictamen que se pone a consideración de este pleno, se pretende, desde el ámbito legislativo, fomentar la cultura de la protección civil y garantizar el derecho a la prevención de riesgos.
De esta forma, es el que las entidades de la federación promuevan, en el ámbito de su competencia, que el Atlas Nacional de Riesgo sea de fácil acceso a la población, resulta necesario para garantizar este derecho.
En México existe una deuda pendiente en materia de protección civil, las políticas públicas que se han implementado en esta materia han dejado mucho qué desear. La administración de Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Gobernación, ha señalado que la política pública de la protección civil se ha reorientado de un enfoque reactivo a uno preventivo para fortalecer la capacidad de respuesta, contando con mayores recursos humanos, financieros y materiales, que permitan atender los retos de reducir la vulnerabilidad ante la presencia de agentes perturbadores.
Sin embargo, los hechos en la realidad nos dicen otra cosa. Mientras que en octubre del año 2015 se dio una gran cobertura en los medios de comunicación, al que se informó sería el huracán más poderoso del que se tenía registro en el Océano Pacífico y del que afortunadamente no se registraron pérdidas de vida y sorprendentemente ante el grado de alarma que se manejó y lo catastrófico que resulta un meteoro de categoría cinco, los daños materiales fueron menores.
En cambio, en agosto pasado la tormenta tropical Earl dejó a su paso una estela de muerte y destrucción, principalmente en los estados de Puebla y Veracruz. A pesar de no ser de los meteoros más intensos que se recuerden, provocó auténticos estragos en esta temporada, varias decenas de víctimas mortales y miles de dólares en pérdidas materiales, no pudieron ser prevenidos pese a que el gobierno federal presume fortalecer el enfoque preventivo del sistema nacional de protección civil.
Así, basta señalar lo que sucedió en Huauchinango, Puebla, en donde varias colonias de este municipio resultaron severamente afectadas, hasta la presente fecha cientos de damnificados no han recibido los apoyos necesarios, sino todo lo contrario. Habitantes de la zona han denunciado que se han quedado sin apoyo gubernamental, además de que dicho poblado quedó parcialmente incomunicado ante el cierre de su principal camino de acceso.
¿Qué sucedió en este caso? Pues no se previó ni la intensidad ni las consecuencias del fenómeno meteorológico. Por el contrario, la Comisión Nacional del Agua anunció que Earl se debilitaría gradualmente. Sin embargo, sus desprendimientos nubosos propiciaron tormentas intensas de 75 a 150 milímetros en la sierra norte de Puebla.
Por ello es importante que efectivamente las innovaciones tecnológicas, digitales o virtuales estén incorporadas en la elaboración y difusión de los programas internos de protección civil y en la vinculación de estos con los atlas de riesgo, los cuales a su vez deben ser de fácil acceso a la población.
Morena votará a favor de este dictamen, esperando que estas modificaciones a la Ley General de Protección Civil prosperen y no sean letra muerta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Muchas gracias, diputado. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.
El diputado José Alberto Couttolenc Buentello: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, amigos todos, durante el año 2015 se señalaron 9 eventos de gran impacto social y económico, catalogados así en el Atlas Nacional de Riesgos.
Fueron provocados estos tanto por fenómenos de la naturaleza como por la acción del hombre y los cuales, lamentablemente, implicaron la pérdida de vidas humanas e innumerables recursos humanos. ¿Cómo podemos nosotros evitar estos accidentes y catástrofes naturales que afectan la vida de los y las mexicanas?
Es imposible proteger permanentemente a la población de estos eventos, al menos si quisiéramos una gran burbuja que pusiera a salvo la vida, la integridad y el patrimonio de todos los mexicanos ante esta circunstancia que se desarrolla de manera imprevista. Pero mientras esto sucede, lo que sí podemos hacer es enfocarnos en la prevención.
Y precisamente es esta palabra la que le da sentido a este dictamen. No podemos evitar los fenómenos naturales pero podemos diseñar protocolos de actuación que minimicen las afectaciones provocadas por los huracanes, erupciones volcánicas y terremotos.
De igual forma los accidentes ocurren pero no debemos ser omisos ante este hecho, debemos actuar.
En el Partido Verde siempre nos hemos fijado nuestra postura a favor de la prevención. Y es por ello que en este caso nos pronunciaremos en sentido positivo en atención a que las condiciones son cada vez más complicadas, y que debemos enfrentar rápida y oportunamente los desastres tan devastadores que se nos presentan hoy en día debido, por supuesto, al cambio climático.
Como bien se indica en el contenido del dictamen, quienes laboramos en la administración pública estamos obligados a revisar los eventos que pudieran afectar a quienes habitan en el territorio nacional, a fin de proponer medidas aprovechando las ventajas que nos ofrecen las tecnologías de la información.
Asimismo, debemos promover que nuestro país cuente con cuerpos de brigadistas debidamente capacitados y preparados para responder ante las contingencias propias de su labor, lo cual es una garantía para que cumplan con la misión para la cual son llamados por su vocación.
Hace unos días rendimos homenaje a las personas que padecieron la destrucción provocada por el devastador sismo de 85 que afectó a esta capital de la República. A más de 30 años de este evento, podemos ver lo mucho que hemos avanzado en términos de concientización respecto a la importancia de estar preparados.
En aquel momento no contábamos con un sistema de protección civil eficiente y por esto la ciudadanía tuvo que salir a las calles para apoyar a sus semejantes. Es decir, fue la solidaridad y el deseo por ayudar lo que suplió la organización y la preparación sistemática para la resiliencia de la cual carecíamos en ese entonces.
Hoy ya no es necesario que la sociedad civil se arriesgue más allá de lo que dicta la prudencia, porque se cuenta con mecanismos gubernamentales que entran en acción para brindar protección a los mexicanos. Contar con instrumentos que nos ayuden a prevenir accidentes y catástrofes nos permite salvar muchas, muchas vidas. Pero también es importante dotar de capacidades específicas a quienes entran en acción cuando los eventos ya se presentaron. Es decir, estar preparados antes, durante y después de los probables hechos nos dará una ventaja sobre el imprevisto.
Por lo anterior, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México refrendamos nuestro compromiso con la cultura de la prevención y el fortalecimiento del sistema de protección civil en nuestro país, pues todo ello redundará en la capacidad de respuesta rápida y oportuna del mismo beneficio para los y las mexicanas. Es cuanto.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado. A continuación tiene ahora la palabra hasta por cinco minutos la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Araceli Madrigal Sánchez: Con su venia, diputado presidente. Señoras diputadas, señores diputados. Para el Grupo Parlamentario del PRD y el mío propio, como secretaria de la Comisión de Protección Civil, es de gran importancia preservar la vida en todas sus vertientes, toda vez que representa un elemento clave para brindar la protección y atención debida a la población, no solamente en el caso de que se presenten fenómenos y desastres causados por la naturaleza, sino también por la mano del hombre.
Cabe destacar que una de las vertientes de acción en la preventiva, que sin lugar a dudas tiene que ser debidamente ejecutada por la sociedad y por el gobierno, nos permite salvar vidas, evitar que los desastres no se tornen en tragedias de incalculables proporciones, así como mitigar sus efectos perniciosos. De ahí, que la protección civil se ha convertido en un mecanismo de gran valor para poner a salvo miles de vidas mediante la prevención del riesgo.
Coincidimos en señalar que es posible predecir las catástrofes con acciones que minimicen los efectos de estos fenómenos. Una de esas acciones tiene que ver con la necesidad de legislar en materia de coordinación gubernamental que aproveche los beneficios de los avances tecnológicos que faciliten la difusión de todas aquellas medidas tendientes a preservar la integridad de la población. Por ello, es imprescindible incluir los temas del presente dictamen en la Ley General de Protección Civil.
En el marco de la Estrategia Nacional de Protección Civil, para hacerle frente a desastres, cada dependencia de la administración pública federal deberá contribuir a mejorar la resiliencia de la infraestructura y servicios públicos ante situaciones catastróficas, así como también asumir el compromiso de mejorar los estándares mínimos de seguridad de la infraestructura de su sector.
Para ello, es necesario que se apruebe la propuesta que contiene el presente dictamen con el propósito de que ya sean las instituciones o bien los particulares, de acuerdo a su presupuesto o posibilidad económica quienes procuren incorporar las innovaciones tecnológicas, digitales o virtuales en la elaboración y difusión del programa interno de protección civil, así como para su vinculación con los atlas de riesgo.
Cabe resaltar que la Organización de las Naciones Unidas declaró el día 13 de octubre como el Día Internacional para la Reducción de los Desastres, con el propósito de concienciar a los gobiernos y a las personas para que tomen medidas encaminadas a minimizar estos riesgos.
Nuestro Grupo Parlamentario del PRD coincide con este pronunciamiento global que debe servir para crear conciencia entre la población en general, pero también a los tres órdenes de gobierno porque todos, todos, debemos coincidir en un solo punto: Que el prevenir es salvar vidas; y para salvar vidas, compañeras diputadas y diputados, no se debe escatimar en recursos y para no volver a vivir desastres, no a los recortes del Presupuesto 2017. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Madrigal. Tiene a continuación el uso de la voz hasta por cinco minutos el diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Partido Acción Nacional.
El diputado Héctor Barrera Marmolejo: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Uno de los preceptos fundamentales en protección civil es el establecer los mecanismos adecuados para el fomento y la cultura de la prevención de los riesgos en todas sus vertientes.
El dictamen que tenemos a discusión sentará precedente en la aplicación de nuevas tecnologías, mismas que no podemos dejar de lado y debemos generar las condiciones jurídicas para echar mano de los beneficios que traen consigo.
El marco geográfico de los Estados Unidos Mexicanos, nos sitúa como un país expuesto a diversos fenómenos naturales como son ciclones, erupciones volcánicas y una constante actividad sísmica, entre otros riesgos, elementos que ponen en conflicto a la población y sus patrimonios, también a la infraestructura y comunicaciones en general ante lo cual es imperante el hecho de prevenir desastres naturales y así salvar muchas vidas a través de programas y estrategias que conformen la gestión integral de riesgos.
La implementación de herramientas tecnológicas para salvaguardar la vida y la incorporación de diversas innovaciones virtuales o digitales en los organismos públicos y privados, es una necesidad que apremia para salvaguardar el interés más preciado que es la vida; elementos que deben de estar al servicio de la cultura de la prevención y serán retribuidos con una sociedad que sepa qué hacer y cómo actuar en momentos de apremio, vinculantes en todo momento con los programas de protección civil y los Atlas de Riesgos. Que debemos difundir para preservar la seguridad de todas y de todos los mexicanos.
La adición propuesta a la Ley General de Protección Civil, engrosa el marco jurídico de la cultura de la prevención y promueve la aplicación de canales alternativos para facilitar su homologación.
En Acción Nacional tenemos claro que lo mejor es establecer ordenamientos legales que sean acordes a los tiempos actuales, que lamentar sobre lo que pudimos haber hecho y no hicimos.
El encaminar acciones para minimizar los efectos de los fenómenos naturales que en la mayoría de los casos son impredecibles, es la única manera de preservar la integridad de la población que intentar mitigar los daños que estos generan.
En esta soberanía debemos fortalecer los derechos fundamentales como es la prevención de riesgos y la protección civil. La innovación tecnológica en materia de protección civil, no es un tema menor; estar a la vanguardia representa salvar vidas.
En Acción Nacional consideramos como prioritaria la presente reforma que sin duda ayudará a prevenir riesgos y brindar herramientas para que la población se sienta más segura ante una situación de desastre.
Por último, las entidades federativas dentro de su competencia serán las obligadas a promover el fácil s acceso a los Atlas de Riesgos. Esta reforma se sustenta en tres ejes rectores: la inclusión del término y descripción de infraestructura estratégica; impulsar el uso de la tecnología en los programas internos de protección civil, y promover el acceso de la población al Atlas Nacional de Riesgos.
Por lo anterior, es que votaremos a favor del presente dictamen, reiterando nuestro compromiso por crear el marco de las atribuciones de esta Cámara de Diputados, las condiciones necesarias que permitan hacer efectivos los derechos de todos y cada uno de los habitantes de nuestro país. Felicito al diputado Sarabia, por su iniciativa que transitamos ante la Comisión de Protección Civil. Es todo, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Barrera. A continuación tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Carlos Sarabia Camacho, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Carlos Sarabia Camacho: Con su permiso, amiga diputada presidenta. Antes de iniciar mi intervención, pongo a consideración de la asamblea una propuesta de modificación previamente consensuada con todos los grupos parlamentarios para que, en su momento la Secretaría dé cuenta de ello.
Quiero empezar mi intervención siendo solidarios con el personal del Ejército. Vengo de esa cuna, y quiero decirle a todo el personal militar, precisamente hoy que estamos en discusión de este dictamen, el personal de las Fuerzas Armadas, es el primero que llega a dar el auxilio a la población civil. Mi solidaridad con su familia para nuestros compañeros caídos en Sinaloa.
Agradezco a la Comisión de Protección Civil, agradezco desde luego a mi presidenta María Elena Orantes, una presidenta echada para adelante, que siempre consensa con nosotros, muchas gracias, mi presidenta. Quiero agradecer también, a mi coordinador, a César Camacho, gracias por todo su respaldo, mi coordinador.
El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le otorga al Congreso de la Unión la facultad, precisamente para legislar en el tema de protección civil, y es de ahí que la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios, deben estar en esta coordinación.
En el Plan Nacional de Desarrollo con la visión de país del presidente Enrique Peña Nieto, ya viene establecido el tema de la innovación tecnológica. Yo hoy me siento muy emocionado, muy contento, porque todos los grupos parlamentarios, por lo que oí, van a apoyar esta propuesta, porque se trata, precisamente, de innovar, se trata de que el Congreso, que el Legislativo haga lo que le corresponde, y lo que le corresponde es, precisamente, modificar leyes, hacer leyes para que todas las personas, todos los ciudadanos en el país tengan una respuesta inmediata.
La protección civil en México a través de la historia nos ha enseñado y de ahí hemos logrado ahorrar vidas. Nosotros aquí en el Congreso, con esta visión que tenemos hoy todos los grupos parlamentarios, quiero decirles que a partir de ahora desde que inicie esta iniciativa, desde que se dé a conocer en el Diario Oficial de la Federación, con el simple hecho de sacar nuestra pantalla, vamos a poder conocer todo el plan interno de protección civil virtual de esta Cámara.
Quiero decirle al señor secretario de la Cámara que ojalá que en cuanto esta iniciativa se apruebe y salga en el diario oficial ya tengamos en esas pantallas cómo están distribuido todos los edificios. De eso se trata la innovación, de eso se trata.
Quiero decirles que, en la Ciudad de México, el sistema judicial de la Ciudad de México, todas sus instalaciones, ya tienen su Programa Interno de Protección Civil Virtual.
Imagínense ustedes, compañeros diputados, que vengamos entrando a la Cámara y solamente con algún dispositivo en nuestro celular sepamos nosotros cómo está distribuido desde el pleno, los edificios, cómo están las salidas de emergencia, dónde están los extintores, dónde están las tomas de los bomberos, dónde están las áreas seguras. De eso se trata.
También se trata de una ruta de capacitación en protección civil. Hoy todos los estados, los municipios, la federación van a tener a través de la Escuela Nacional de Protección Civil la oportunidad de tener una ruta. Ya no nos vamos a capacitar como nosotros queremos, nos vamos a capacitar como debe ser; que cada quien conozca los colores de los chalecos que porta el personal que brinda el auxilio a la población.
México es un país que ha sufrido desastres naturales, como lo han dicho todos mis compañeros que me antecedieron, pero México también es un país que ha aprendido a través de la historia.
Y por eso, con esta innovación, que quiero ser muy claro, no es obligatoria, va a ser para las personas, para los gobiernos, para as instituciones, para todas las personas que se dedican a alguna actividad que tengan en algún edificio, va a ser de manera voluntaria, pero va a estar ahí.
Así que las instituciones que puedan, deban y quieran apostarle van a tener ya autorizado por la ley a hacer este tipo de modificación a su programa interno de protección, que ahora será Programa Interno de Protección Civil Virtual.
Y hay un tercer punto muy importante, nosotros al hablar de infraestructura conocemos las infraestructuras, las cosas importantes del país, pero a parir de ahora vamos a identificar cuándo se trata de una instalación vital que es la unidad mínima de toda la infraestructura que tenemos en este país.
Lo más importante. En el Atlas de Riesgo del estado, de la Federación, de la Ciudad de México, de los municipios, vamos a identificar toda las personas que estén en el área de protección civil, dónde están esas instalaciones, cuáles son esas instalaciones.
Si nosotros afectamos a una instalación de ese nivel vamos a tener una afectación a la población. Por eso era importantísimo que nosotros le metiéramos el tema de la instalación de protección civil virtual, la instalación de que cada uno de los gobiernos municipales, estatal y federal podamos identificarlo. Les agradezco y mi solidaridad de nuevo al Ejército. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Muchas gracias, diputado. Se informa a la asamblea que se recibió de la Comisión propuesta de modificación al dictamen a discusión, por lo que se le solicita a la Secretaría dar cuenta del mismo. Permítame, diputada. Diputado Ariel Juárez, sonido en su curul, por favor.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Nada más para comentar respecto al tema que acaba de subir mi compañero diputado, que sería importante.
Yo quería hacerle una pregunta desde tribuna, nada más que se bajó antes, y va en el sentido de que el buen juez por su casa empieza, y en este tema de materia de protección civil se deberían de revisar las condiciones en las que se encuentran precisamente la gente que dota de esta protección.
El Cuerpo de Bomberos tiene un equipo bastante obsoleto, es más, viendo cómo están las condiciones le puedo asegurar que los bomberos saben de qué sabor son los chicles que hay pisados, que hay obviamente en el piso y que también el servicio médico de aquí de Cámara está en condiciones deplorables.
Entonces ojalá que para eso sí haya presupuesto. Se compraron 80 vehículos híbridos que no tenían razón de por qué comprarse, pero no se ha dotado de lo necesario para la gente de Protección Civil de aquí. Entonces ojalá el diputado pueda perfeccionar la propuesta que hizo y que tome en consideración a Protección Civil de aquí de casa, porque están en condiciones deplorables.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado, al respecto se señala que su grupo parlamentario ya ha fijado hasta este momento su posicionamiento y se consignan sus manifestaciones en el Diario de los Debates. Proceda la Secretaría a dar cuenta de la modificación recibida, por favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por:
XXXII. Infraestructura estratégica. Aquella que es indispensable para la provisión de bienes y servicios públicos y cuya destrucción o inhabilitación es una amenaza en contra de la seguridad nacional y ocasionaría una afectación a la población, sus bienes o entorno. La unidad mínima de dicha infraestructura estratégica es la instalación vital.
Artículo 39, segundo párrafo. Las instituciones o los particulares, de acuerdo a su presupuesto autorizado o posibilidad económica, podrán incorporar las innovaciones tecnológicas digitales o virtuales en la elaboración y difusión del Programa Interno de Protección Civil, así como para su vinculación con los atlas de riesgo.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Una vez que se ha dado lectura a la propuesta de modificación, proceda la Secretaría a consultar, en votación económica, si se acepta la misma.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidente, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se acepta la propuesta de modificación y se incorpora al dictamen correspondiente.
Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular, con la modificación que ya ha sido aceptada previamente.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular, con la modificación aceptada por la asamblea. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidente, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: ¿Falta algún compañero diputado o compañera diputada que falte por emitir su voto?
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta Presidencia saluda a los alumnos del Centro Universitario de los Lagos, provenientes de San Juan de los Lagos, Jalisco, invitados por la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza y la diputada María Candelaria Ochoa Avalos. Bienvenidos.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 400 votos a favor, 0 abstención... 424 votos a favor, 0 abstención, 0 en contra.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 400 votos el proyecto de decreto... 424 votos el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil en materia de innovación tecnológica. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados, el 4 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Reglamentaria del Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que constituye uno de los logros más grandes alcanzados por el Congreso de la Unión.
En el artículo quinto transitorio, de la mencionada ley, estableció que precisamente el Congreso de la Unión tiene la obligación de armonizar las leyes federales que regulen las cuestiones de transparencia y acceso a la información.
Como sabemos, el Infonavit es una entidad pública del orden federal que está sujeta a lo previsto en dicha ley. Por ello, en la Comisión de Vivienda consideramos necesario reformar la citada Ley del Infonavit para los trabajadores, con el propósito de evitar anomalías o contradicciones normativas.
Con tal fin se aprobaron en la comisión los siguientes cambios:
Ajustar la denominación del Comité de Transparencia y Acceso a la Información por la de Comité de Transparencia, atendiendo al marco legal general.
Precisar que la normatividad interna del Instituto del Infonavit debe ajustarse a lo dispuesto en la Ley General y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es decir, no se deben limitar las obligaciones ya establecidas por el Congreso de la Unión.
Establecer que como derecho humano el acceso a la información es un derecho de toda persona, con independencia de su edad, ciudadanía o cualquier otro estatus jurídico que pudiera limitar el ejercicio de sus derechos.
Aclarar que el informe anual que contenga las actividades realizadas para garantizar el acceso a la información del Infonavit debe ser remitido al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Y por último, eliminar la competencia del Comité de Transparencia para conocer, sustanciar y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones del Infonavit, para trasladarla al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Por lo antes expuesto, la Comisión de Vivienda acordó que es de aprobar y de poner a la consideración de este pleno el proyecto de decreto por el que se deroga la fracción VII del artículo 25 Bis 1, y se reforman diversas disposiciones; todas de las Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Por lo que les pido respetuosamente otorguen su voto para aprobar el presente dictamen. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Viggiano.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario diferentes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno.
Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social se ha registrado el señor diputado Abdies Pineda Morín. Del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla. Por el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola. Por el Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Roberto Guzmán Jacobo. El diputado Francisco Alberto Torres Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del PRD. La diputada Eloisa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del PAN. Y el diputado Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Grupo Parlamentario del PRI.
Por lo tanto, tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
El diputado Abdies Pineda Morín: Honorable asamblea, ocupo el turno de mi grupo parlamentario para manifestar nuestros considerandos con respecto del dictamen de la Comisión de Vivienda, que contiene decretos por los que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores en materia de transparencia. Anuncio que nuestra bancada votará a favor de este dictamen porque armoniza la Ley del Infonavit con la Constitución General de la República, las Leyes Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con relación a la formación de comités de transparencia.
El presente dictamen tiene la virtud de que armoniza la Ley de Transparencia con la del Instituto, al incluir al Comité de Transparencia como un órgano del mismo. Será una asamblea general la que designará a propuesta de la Comisión de Vigilancia a los miembros del comité de transparencia. Estos comités tendrán la función de garantizar la protección de los datos en posesión del instituto y el ejercicio de los derechos, rectificación, corrección y oposición.
Además, los comités tendrán en el instituto, entre otras, las facultades y atribuciones de establecer las acciones y los procedimientos para asegurar la eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información, ordenar las áreas competentes que generen la información que deben de tener en posesión implementar políticas para facilitar la obtención y la información y el ejercicio del derecho de acceso a la información, promover la capacitación y actualización de los servidores públicos adscritos a la Unidad de Transparencia, recabar y enviar al INAI, los datos necesarios para la elaboración del informe anual y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información que la ley prevé.
Encuentro Social ve en esta reforma la oportunidad de que el instituto informe a quien lo solicite, lo que se hace con los recursos que se le asignan en el presupuesto. Así como proteger los datos personas de quienes son beneficiarios de estas acciones.
A 45 años de fundación del Infonavit, nuestra bancada legislativa ve con buenos ojos que el instituto sea parte de esta extraordinaria ola de modernización de las instituciones de la República, que hacen posible que los trabajadores cuenten con una casa digna donde vivir.
Finalmente, no podemos dejar de expresar nuestra preocupación por las reducciones en el proyecto de presupuesto para el 2017, a las instituciones que brindan financiamiento a los trabajadores para adquirir sus viviendas. En algunos casos estas reducciones son de entre 25 y el 34 por ciento.
Hoy, estamos aprobando dar nuevas instancias en el Infonavit. Espero podamos en la discusión del Presupuesto reintegrarle o aumentar los recursos a las dependencias y programas de vivienda. Esa tarea cuenta con la voluntad del grupo parlamentario. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Partido Nueva Alianza.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Me dirijo a esta asamblea para hablar a favor del dictamen por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, cuya finalidad es armonizar la ley con las nuevas disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Nueva Alianza considera que para la asistencia de la seguridad jurídica de nuestro país es necesario adaptar las leyes, reglas y normas que rigen a la sociedad principalmente si estas normas tienen que ver con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
El día de hoy estaremos votando una reforma que adecúa el texto de la Ley del Infonavit con las obligaciones que establecen las Leyes Generales de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ambas leyes fueron publicadas recientemente. La ley general el 4 de mayo de 2015 y la ley federal el 9 de mayo de 2016.
La primera tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Por su parte, el objeto de la Ley Federal de Transparencia consiste en prever lo necesario en el ámbito federal para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquiera de los entes arriba señalados.
La creación de normas modificó el panorama jurídico de la protección de datos personales, mismos que incluye al Infonavit como un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio.
De este modo, en la reforma se modifican algunas disposiciones de la ley para precisar el alcance del derecho a la protección de datos personales y así cumplir los objetivos que plantean las leyes de transparencia.
Adicionalmente se pretende especificar y actualizar la nomenclatura del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Inai, puesto que en el texto vigente de la Ley del Infonavit se sigue presentando como Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el Ifai.
Finalmente se propone cambiar la denominación de comité de Transparencia y Acceso a la Información para denominarlo Comité de Transparencia, y derogar disposiciones que duplican funciones que ahora corresponden al Inai, y de las que antes se conocía como el comité, como la de resolver el recurso de revisión promovido por los solicitantes en casos de negativa de acceso a la información.
En Nueva Alianza coincidimos con la afirmación que hace el dictamen en cuanto a la necesidad de adecuar la Ley del Infonavit con las nuevas disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.
La claridad de las normas jurídicas contribuye a su cabal cumplimiento; esta es nuestra convicción; para nosotros transparencia es la mejor herramienta del Estado para consolidar la confianza de la ciudadanía, fortalecer las instituciones, y por estas razones votaremos a favor del dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, compañera presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Ocampo Bedolla. Esta presidencia saluda la presencia en esta sesión del grupo de jóvenes de Acción Juvenil “Morelos” invitados por el diputado Javier Bolaños. Asimismo saludamos a los integrantes del Consejo Consultivo de Actopan, Hidalgo, invitados por el diputado Pedro Luis Noble. Saludamos igualmente a los invitados especiales de Los Mochis, Sinaloa, invitados por el diputado Enrique Jackson Ramírez. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión.
Tiene el uso de la palabra la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Con su venia, presidenta. Buenas tardes compañeros y compañeras legisladoras y legisladores, a nombre de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, vengo a exponer las razones por las cuales nuestro grupo parlamentario votará a favor el dictamen de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el cual se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
La armonización de la legislación nacional debe de ser una prioridad de esta legislatura, ello con la finalidad de dotar de vigencia y eficacia plena al marco jurídico.
El dictamen puesto a consideración del pleno de esta Cámara es de relevancia, tratándose de la sujeción que en materia de transparencia tiene la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así a la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
A su vez, reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí la intención del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de votar en favor del presente dictamen, considerando que se trata de robustecer el marco jurídico que en materia de transparencia debemos otorgarle, ciñéndonos en lo ordenado en el artículo quinto transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece la obligación del Congreso de la Unión de armonizar en el plazo de un año, las leyes federales impactadas por la entrada en vigor de esta ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2015.
Aunque también debe reconocerse, en este Congreso, el desfase de cuatro meses, respecto de la obligación de armonizar las normas impactadas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Por ello, invito respetuosamente a todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados a redoblar esfuerzo para alcanzar las metas impuestas por las reformas en materia de armonización, considerando que la armonización legislativa es una de las etapas por las que se debe transitar toda reforma, cuando estas sean necesarias para la debida implementación de la norma y con ello concluir en sus términos el proceso legislativo en su totalidad para la aplicación efectiva de todo marco jurídico.
Y lo que se requiere en Infonavit es la mayor transparencia y la mayor agilidad en la entrega de los créditos a los trabajadores. Sonora, y todo México, con urgencia lo necesita. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias a todos.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Garzón. Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Guzmán Jacobo, de Morena.
El diputado Roberto Guzmán Jacobo: La vivienda transparente construye el tejido social. Con el permiso dela Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 23 y 24 establece cuáles son los sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información, así como proteger los datos personales.
Dentro de estos entes obligados está el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda, Infonavit. Una de sus obligaciones es el constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna, así como designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan directamente del titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con la experiencia en la materia.
Esta iniciativa responde a la armonización legislativa que debe hacerse en la materia en todas las leyes que contengan obligaciones de transparencia y la rendición de cuentas. Es por esto que en Morena votaremos a favor de la misma. Nos parece correcto cambiar la denominación a Comité de Transparencia, en el entendido de que este es el órgano colegiado creado para garantizar el acceso a la información pública.
Hay que recordar que hay múltiples quejas de los trabajadores que acuden a las oficinas del Infonavit, a solicitar información sobre sus créditos para pagarlos o reestructurarlos. Innumerables trabajadores solicitantes acuden al área fiscal y de cobranza muchas veces sin respuesta. Oras quejas que se refieren a la falta de transparencia en la asignación de recursos para los desarrollos habitacionales, que muchas veces privilegian a monopolios constructores a pesar de que algunos han sido denunciados por fallas y mala calidad de construcciones.
El derecho de acceso a la información está garantizado a toda persona, sea mexicana o de nacional, en la fracción IV del artículo 6 constitucional, en el Apartado A, fracción III. La transparencia es una forma de generar confianza y eliminar la corrupción de las instituciones, es la obligación de garantizar el uso transparente y claro de los recursos económicos, materiales y humanos en su aplicación y control.
La transparencia y rendición de cuentas es una condición indispensable para que el Infonavit sea más eficiente y cumpla con el mandato que se le ha encomendado. En Morena estamos promoviendo la transparencia y rendición de cuentas eliminando espacios de opacidad, el secreto y la discrecionalidad y favoreciendo al principio de la máxima publicidad e información. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Guzmán. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Alberto Torres Rivas, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Francisco Alberto Torres Rivas: Muy buenas tardes. Con la venia de la Presidencia.
A propósito del tema que nos ocupa hoy en el pleno, el pasado miércoles 28 de septiembre el presidente de la República encabezó la inauguración de la Semana Nacional de la Transparencia 2016, organizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que en esta edición tiene como tema central la información pública para combatir la desigualdad.
Entrando en la materia, el tema de la transparencia y la rendición de cuentas se ha ubicado como uno de más interés que despierta entre la opinión pública, especialistas, funcionarios y ciudadanos en general.
La demanda de la sociedad por contar con los mecanismos necesarios que le permitan informarse acerca de los gastos que realizan los servidores públicos, así como el manejo de las finanzas públicas y la protección de los datos personales, ha sido atendida con diligencia por el gobierno federal mediante el trabajo conjunto con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, integrando la participación de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y diversas instituciones.
Como resultado de este interés se dio el proceso legislativo que permitió analizar y, posteriormente, aprobar la iniciativa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue promulgada en el mes de mayo del presente año.
Lo anterior es solo una muestra del compromiso que desde el ámbito federal se tiene para fortalecer las acciones relacionadas, no solo con el combate a la corrupción, sino también con la protección de datos, esfuerzo que a su vez dio origen al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
En este contexto, la iniciativa que se presenta hoy a nuestra consideración por parte de la Comisión de Vivienda, pretende armonizar la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con lo establecido en la nueva legislación en materia de transparencia, de manera que se eviten confusiones en su interpretación y se precisen las atribuciones del mismo instituto, con la clara finalidad de apoyar los esfuerzos relativos al fomento de la transparencia en las actividades de los organismos públicos.
Las modificaciones propuestas permiten a cualquier persona el acceso a la información pública que maneje el Infonavit, así como la rectificación, corrección y oposición de la misma, de manera que los lineamientos emitidos sean incluyentes para todos los solicitantes.
Por otro lado, se atiende a una probable duplicación de atribuciones entre Infonavit y el INAI respecto a la resolución de recursos de revisión, mismo que por lógica jurídica competen al segundo.
Otro tema que se aborda es el envío de una copia al INAI del informe anual que está obligado a publicar el Infonavit, a fin de cumplir con el objetivo de transparentar al máximo las actividades realizadas por dicho instituto y el uso de los recursos públicos que se le asignan.
De esta forma, los trabajadores podrán sentirse más seguros de las contribuciones que aporta el Infonavit y la sociedad contará con un instrumento más para acompañar el control que debe ejercerse sobre el uso del dinero público.
Dicho lo anterior, el dictamen que hoy se presenta contará con el apoyo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, pues consideramos necesarias las modificaciones que se proponen en el mismo, en aras de transparentar la rendición de cuentas y se convierta en un apoyo para que las y los trabajadores mexicanos puedan acceder y ejercer de modo más efectivo su derecho a la vivienda. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Francisco Torres. Tiene el uso de la palabra la diputada Karen Hurtado Arana, del PRD.
La diputada Karen Hurtado Arana: Muy buenas tardes, con su venia, presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados, medios de comunicación que nos acompañan. Acudo a esta tribuna a dar posición del Grupo Parlamentario del PRD respecto al proyecto de decreto porque se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda.
Como sabemos, el dictamen que hoy discutimos da cumplimiento al artículo quinto transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de armonizar las leyes federales hasta en un plazo de un año contando a partir de su vigencia.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reglamentada en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo primordial es reconocer y regular el derecho individual al acceso de la información de las instituciones y de los organismos del Estado, en este marco normativo define que la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posición de los sujetos obligados en los diferentes ámbitos de gobierno es pública. Establece pues, los principios a los que deberán de ajustarse, tanto las autoridades de la federación como los estados y los municipios.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda es una entidad pública de orden federal, por lo que está sujeto a lo dispuesto en la ley general y en la ley federal, en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como lo previsto en la Ley del Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
En este contexto, la presente reforma cobra relevancia toda vez que la ley que rige al Infonavit también corresponde armonizar a la nueva normatividad en materia de transparencia, con ello se refrenda que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos en el ámbito del Instituto del Fondo Nacional.
Compañeros diputados, en el Partido de la Revolución Democrática estamos a favor de la transparencia y rendición de cuentas en los distintos ámbitos del quehacer gubernamental. Por ello, nuestro grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Karen Hurtado.
Tiene el uso de la palabra la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Partido Acción Nacional.
La diputada Eloisa Chavarrias Barajas: Honorable asamblea, esta legislatura se ha caracterizado por su responsabilidad en avanzar en temas de transparencia y rendición de cuentas.
En particular, participamos en la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con el objetivo prioritario de garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad en los términos previstos por la Constitución y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La trascendencia de estas nuevas disposiciones nos compromete a armonizar nuestro marco jurídico para que todos los sujetos obligados cuenten con los mecanismos que permitirán cumplir a cabalidad la garantía de derecho a la información.
Ése es el objetivo del presente dictamen que reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el establecer con claridad al Comité de Transparencia como un órgano colegiado tripartido del instituto en sustitución del Comité de Información.
El Comité de Transparencia se hará cargo de garantizar el acceso a la información pública, la protección de los datos personales en posesión del instituto y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, corrección, y oposición.
Asimismo, se propone derogar la facultad sobre el recurso de revisión que tenía el Comité de Información, para que sea el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, el encargado de conocer, revisar y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal; lo cual otorga mayor certidumbre al particular de que será atendido en su solicitud.
Las y los legisladores del Partido Acción Nacional estaremos seguros de que se avanzará en el ejercicio del derecho a la información en beneficio de los derechohabientes del instituto, como de todas aquellas personas que tienen un objetivo particular sobre la información que el Infonavit maneja.
Con la votación a favor de este dictamen, el Partido Acción Nacional muestra su compromiso de crear y consolidar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que inciden en el fortalecimiento de una de las instituciones más nobles del Estado mexicano, como es el Infonavit. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Chavarría. Tiene el uso de la tribuna el diputado Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
El diputado Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia: Respetables compañeras y compañeros de esta honorable legislatura. Hoy como nunca antes la ciudadanía se ha pronunciado a favor de la transparencia y la rendición de cuentas de quienes tenemos el honor de servir a nuestra nación desde un cargo público.
En el PRI sabemos escuchar y afrontamos el reto sin dar un solo paso atrás, dejando claro que nuestras acciones son coherentes con nuestros principios y que en nuestro espíritu se cierne el más grande de los valores, servir a México con honestidad y transparencia.
Hoy encabezamos una lucha que se extiende por todo el territorio nacional y que abarca todos los niveles de gobierno sin distinción de ningún tipo y poniendo el ejemplo en todo momento, que no quede ninguna duda, compañeros, nuestro empeño está en fortalecer todos los instrumentos y mecanismos instituciones que brinden certeza a la ciudadanía de que los recursos públicos se utilicen de manera pulcra y con estricto apego a la ley.
Trabajamos para armonizar y adecuar el marco jurídico vigente, para dar cauce a las leyes generales y federales en materia de transparencia, por lo que presentamos dictamen con la intención de reformar diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores.
El proyecto de iniciativa presentado en la Comisión de Vivienda tiene la firme intención de cumplir con las diversas disposiciones en materia de acceso a la información pública facilitando e incentivando el loable ejercicio de la rendición de cuentas. Con acciones concretas como éstas, demostramos una vez más que nuestro partido no se cruza de brazos ante la exigencia de los ciudadanos y que seguimos trabajando con propuestas que permitan mejorar la calidad del ejercicio público.
Hoy tenemos la oportunidad de avanzar y mandar un mensaje directo a los mexicanos, que en el PRI sí existe verdadera convicción de hacer las cosas bien y responder al interés supremo que dicta la voluntad de la gente. Luchar en favor de la integridad y la transparencia es respaldar lo que nuestro grupo parlamentario ha venido impulsando en México.
No toleramos jamás que otros pretendan confundir y engañar a la ciudadanía con falsos discursos que perpetúan las injusticias cometidas desde sus partidos, y aunque reconocemos que algunos de los nuestros no respondieron con el carácter deseado a las expectativas de sus representados, hemos sido los primeros y los únicos que hemos tomado medidas certeras para rectificar y recuperar la confianza de los mexicanos.
Recordemos, que nosotros hemos refrendado nuestro compromiso con la democracia y la legalidad mediante la firma del Acuerdo Nacional para la Transparencia, mismo que se ha convertido en punto cardinal de nuestra estructura interna como grupo político. De esta manera nos acercamos cada vez más a los ciudadanos quienes nos eligen como el canal predilecto para hacer cumplir sus demandas y comenzar una nueva era de diálogo abierto, crítico y constructivo.
Desde nuestra bancada invitamos al resto de los partidos a unirse al proyecto que hoy encabeza el PRI en favor de la transparencia y la rendición de cuentas en todos sus niveles y que representa el mayor reto que la sociedad nos exige como sus representantes.
Como grupo parlamentario nos mantenemos firmes en nuestra convicción de que la honestidad es la mejor política y que debemos ser ante todo promotores de un intercambio ciudadano de estricta vigilancia y defensa de los valores de la democracia.
Que la lucha por la transparencia sea el mayor motivo de orgullo no solo de los priistas, sino de todos los mexicanos. Solo así lograremos construir un nuevo futuro sobre bases sólidas para nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Coronado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación) Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder al a votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputados, mientras transcurre el tiempo de la votación, queremos compartir con ustedes que el día de ayer, 3 de octubre, se cumplieron 55 años de labor ininterrumpida de nuestra muy querida y conocida directora general de Proceso Legislativo, en esta Cámara de Diputados, una institución, sin duda, en la actividad parlamentaria del Congreso de la Unión; la señorita Elena Sánchez Algarín ha sido testigo de prácticamente 19 legislaturas; cumple 55 años de labor ininterrumpida, y si ustedes me lo permiten, procederé a hacerle entrega de un reconocimiento a nombre de todos ustedes.
(Se hace entrega del reconocimiento)
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Si hace falta algún diputado o diputada por emitir su voto, el tablero sigue abierto. Ciérrese el sistema de votación. Señor presidente, se informa... De viva voz.
El diputado Braulio Mario Guerra Urbiola (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: ¿Algún otro diputado que falte de emitir su voto? Señor presidente se informa que se emitieron 414 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra, de un total de 414 votos emitidos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 414 voto el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Diputadas y diputados, hace unos momentos esta Presidencia emitió una postura en torno a los lamentables y muy condenables hechos que se vivieron en Badiraguato, Sinaloa, donde perdieron la vida cinco miembros del Ejército Mexicano y 11 más quedaron heridos. Hicimos un pronunciamiento de solidaridad para con las familias de las personas que perdieron la vida.
Igualmente, unirnos a la condena que ya el secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda pronunció, y nuestra condena enérgica ante estos actos que sin ninguna duda no tienen ninguna justificación. Reiteramos la condena a nombre de la Cámara de los diputados.
El diputado Jesús Enrique Jackson Ramírez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Enrique Jackson, ¿con qué objeto, diputado?
El diputado Jesús Enrique Jackson Ramírez (desde la curul): Señor presidente, gracias. Para hacer del conocimiento de esta asamblea que mi grupo parlamentario hace suyo el pronunciamiento que acaba usted de expresar en la tribuna; y que también el grupo parlamentario condena la violencia cruel, injustificada, brutal que arrancó la vida a cinco miembros de nuestro Ejército mexicano.
Sirve esta ocasión también para que las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI refrendemos nuestro respeto a la lealtad, a la entrega y al patriotismo de nuestras Fuerzas Armadas. Va nuestra más sentida condolencia a las familias de los soldados que tan injustamente perdieron la vida. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Jackson.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Virgilio Caballero. Adelante, diputado.
El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, aprovechando esta misma conmemoración quiero referirme muy brevemente al hecho de que el 2 de octubre es una fecha que está grabada en la memoria del pueblo de manera trágica e indeleble. Es una fecha en la que se cometió una masacre contra cientos, miles de mexicanos. Por esas víctimas pido a ustedes, señor presidente, que podamos hacer un minuto de silencio, por las víctimas del 2 de octubre, por favor.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Caballero. Está precisamente inscrito como siguiente tema un posicionamiento respecto a la fecha del 2 de octubre, por supuesto que sí.
La diputada Patricia Sánchez Carrillo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Patricia Sánchez. Adelante, diputada.
La diputada Patricia Sánchez Carrillo (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Hago uso de este espacio para solidarizarme con las familias de los militares que perdieron la vida el pasado fin de semana en Sinaloa, y a la vez condenar estos lamentables sucesos que tanto lastiman a la sociedad y la imagen de nuestro país. Un reconocimiento a nuestro valeroso Ejército. Ya basta. Queremos un México libre, sin violencia. Ya basta.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Sánchez. Igualmente, esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión no puede dejar de recordar los lamentables acontecimientos acaecidos el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, de Tlatelolco, en la que perdieron la vida estudiantes mexicanos en el marco de un movimiento de protesta civil organizado en un año convulso para las juventudes en las principales ciudades del mundo occidental.
Hemos avanzado en la conformación de nuestras instituciones y en el perfeccionamiento de nuestra democracia y la participación social, pero aún el recuerdo de los días y los sucesos de aquellas jornadas con tan lamentable desenlace merecen no ser olvidados, con el propósito de que no se vuelvan a repetir y para que no continúen impunes.
Atendiendo la petición que hacemos propia, solicito a los presentes ponernos de pie para guardar un minuto de silencio por quienes perdieron la vida aquel 2 de octubre de 1968.
(Minuto de silencio)
Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de 29 ordenamientos legales para actualizar el término Distrito Federal, por el de Ciudad de México, suscrita por diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal. Túrnese a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.
Se recibió de la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 126 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Se recibió del diputado Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del PES, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4o. de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
Se recibió del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, suscrita por la diputada Marisol Vargas Bárcena y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
Se recibieron 16 iniciativas del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para reformar diversos ordenamientos. Túrnense a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen y publíquense en la Gaceta Parlamentaria.
El diputado Ramón Villagómez Guerrero (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Ramón Villagómez Guerrero. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Ramón Villagómez Guerrero (desde la curul): Señor presidente, con el objeto, a nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, especialmente los que representamos al estado de Nuevo León, quiero expresar nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos del empresario regiomontano Guillermo Zambrano Lozano, acaecido el jueves de la semana pasada. Rogamos a Dios por su pronta resignación a todos sus familiares.
Fue un empresario que puso muy en alto el nombre de México y el nombre de Nuevo León, dando empleo y trabajo a mucha gente de todo el estado y de toda la República.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Nos unimos a sus expresiones.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo V Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
La diputada Ana María Boone Godoy: Con su permiso, diputado presidente. La inclusión de las personas con discapacidad es un tema que nos debe motivar, preocupar y ocupar en crear siempre más y mejores políticas públicas que garantice la igualdad de todas y todos los mexicanos, mitigando las adversidades y permitiéndole a todas y a todos las mismas oportunidades de desarrollo, de ejercer sus derechos y de vivir en sociedad.
Hoy quiero atraer la atención de esta legislatura al asunto del transporte privado en materia de discapacidad. Actualmente muchos establecimientos han instruido lugares de estacionamiento especiales que permitan estar en proximidad de los accesos más cercanos, desafortunadamente estos no siempre son respetados, lo cual da lugar a abuso por parte de personas que no los necesitan, neutralizando de manera total estas medidas de inclusión.
Como una medida para solucionar esto, existen placas vehiculares especiales, las cuales distinguen a los vehículos que usualmente transportan personas con discapacidad, sea de su propiedad o de familiares cercanos, y si bien estas han tenido cierta efectividad, como medida presentan también algunas deficiencias que vienen a perjudicar al final a las personas con incapacidad.
La más grande de estas deficiencias es que confina a la persona con discapacidad al uso de un solo vehículo, ya que la placa se asigna a un vehículo no a la persona, lo cual es completamente ajeno al marco internacional de derechos humanos, ya que vincula al ejercicio del derecho de una persona a contar con una cosa específica.
Es por esto que como legisladores y como sociedad estamos obligados a analizar nuevas medidas que les permitan a las personas que lo necesitan acceder a la tutela de los derechos de movilidad urbana de forma más rápida y accesible.
Un ejemplo de estos son los llamados afiches o corbatines de discapacidad, denominados en inglés handycap placard, y que consisten en tarjetones que se adjuntan a los vehículos cuando transportan a una persona con discapacidad, los cuales son emitidos por la autoridad en materia de control vehicular junto con un aval del médico que diagnostica el tipo de incapacidad y la temporalidad de la misma.
Los afiches vehiculares de discapacidad han demostrado un gran éxito en países como los Estados Unidos, ya que se asignan a la persona, no al vehículo, por lo que le permiten abordar cualquier automóvil sin necesidad de preocuparse por perder sus derechos de estacionamiento especial.
Además, permiten el uso de la medida a personas con incapacidad temporal, toda vez que los requisitos de plaqueo para discapacidad en su mayoría requieren que éste sea de grado permanente.
Por último, al asignarse a una persona y no un vehículo, impiden que vehículos con plaqueo especial, pero que no están transportando en ese momento a la persona con discapacidad abusen de derechos que en realidad no les corresponden.
La iniciativa que hoy pongo a consideración de esta Cámara propone incorporar a nuestra Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad un nuevo capítulo que contenga la creación de la figura de afiches vehiculares de discapacidad, para que estos sean expedidos por las autoridades locales de control vehicular y garanticen la plenitud de derechos de inclusión para las personas que lo necesitan.
Compañeras y compañeros diputados, México se ha caracterizado por ser un país de leyes vanguardistas, hoy pido su respaldo para que esta iniciativa se convierta en una realidad, actualizando nuestras medidas de inclusión y beneficiando así a las personas que más lo necesitan. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Boone Godoy. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 190 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El diputado Santiago Taboada Cortina: Con tu venia, diputado presidente. Es una necesidad del Estado el impulso al sector cultural y las industrias creativas, con la finalidad de generar las condiciones que le permitan a la sociedad cubrir su derecho de acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios culturales que presta el Estado mexicano.
El gobierno federal ha hecho énfasis que uno de sus intereses primordiales es que todos los mexicanos tengan acceso a la cultura.
Desde el mismo Ejecutivo fue presentada una iniciativa con objeto de crear una secretaría, una iniciativa que este pleno de esta Cámara de Diputados modificó y aprobó por unanimidad. Le dimos al gobierno federal la posibilidad de tener una Secretaría de Cultura y lo que esperábamos a cambio es que esa Secretaría de Cultura viniera robustecida con un presupuesto que pudiera atender las necesidades del sector cultural.
Este proyecto de presupuesto de egresos trajo una reducción de aproximadamente 30 por ciento para el sector cultural. Es decir, no solamente esta Cámara de Diputados actuó en responsabilidad dándole una Secretaría de Cultura que era necesaria para desarrollar el sector, y a cambio recibió un proyecto de presupuesto con reducciones, sin atender las necesidades que en esta tribuna se dijo que se iban a atender con esta Secretaría de Cultura.
No solamente hubo una reducción como en algunas secretarías, sino programas que afectan el desarrollo de los estados y municipios del país. Más de mil 200 millones de pesos fueron sacados de este proyecto de presupuesto que impacta a los institutos y secretarías de cultura de otros estados de la República.
Es, insisto, un sinsentido el que se haya llevado a cabo este consenso en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y no viniera con acompañamiento presupuestal. Pero estamos haciendo hoy aquí una propuesta, una propuesta del como sí podemos darle recursos al sector cultural.
Esta propuesta es que a través de un estímulo fiscal, a través de incorporar un artículo 190 Bis, se les dé a las demás disciplinas artísticas –porque ya lo tiene el cine, porque ya lo tiene el teatro– la posibilidad de que a través de una empresa privada, a través de una persona física, una persona moral, a través de deducir sus impuestos, una parte de sus impuestos pueda ser destinada a proyectos culturales en este país.
Insisto, queremos no solamente decirle al Estado que necesitamos de ellos para desarrollar cultura, necesitamos también que el Estado dé las oportunidades para que la iniciativa privada, para que las personas físicas o morales también participen en el desarrollo cultural del Estado.
Estamos haciendo este planteamiento de una incorporación de un artículo 190 Bis, para que 200 millones de pesos se puedan dar en estímulos fiscales, para que el sector cultural tenga un desarrollo y no se detenga por este proyecto que tiene al Ejecutivo federal realmente muy preocupado.
No solamente a los estados y a los municipios, sino a las organizaciones no gubernamentales que también son parte fundamental en el desarrollo cultural de nuestro país. Insisto, es crear este estímulo fiscal que llamaremos Efiarte para que realmente les demos los mecanismos a estos sectores culturales de que sigan avanzando, de que sigan innovando, e insisto el porqué de la contradicción, derivado del mal desempeño de nuestra nación en los juegos olímpicos de hace algunos meses.
El Ejecutivo federal sí hizo un planteamiento para crear un estímulo fiscal de apoyo al deporte, del cual nosotros estamos completamente de acuerdo, pero, ¿por qué esperar al fracaso? ¿Por qué esperar a las malas decisiones para darle un estímulo fiscal a la cultura? La cultura, e insisto, tenemos un muy buen ejemplo con el estímulo fiscal al cine y al teatro que ha dado grandes resultados, por qué no darlo a otras disciplinas artísticas.
Queremos hacer de esta oportunidad, de este lamentable proyecto de presupuesto que tenemos en el sector la posibilidad de que también las personas físicas y morales coadyuven y participen en el desarrollo cultural de este país. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Taboada Cortina. Túrnese a la Comisión de Haciendas y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 y adiciona un artículo 15-E a la Ley Federal del Trabajo.
La diputada María Elida Castelán Mondragón: Con su venia, diputado presidente. Compañeros legisladores, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa que tiene por objeto garantizar los derechos a la seguridad social, al trabajo digno de las y los trabajadores subcontratados por empresas que evitan hacerse cargo de sus derechos laborales.
La seguridad social es un derecho social conquistado por los trabajadores que vienen de cubrir las necesidades básicas de ellos y sus familias en materia de salud, vejez, retiro, etcétera. Viene acompañada de diversos documentos, tratados y acuerdos internacionales que se crean con la intención de vivir una estabilidad para la clase trabajadora que hasta entonces les demandaba cubrir a los trabajadores.
Más adelante se instaura o se tiene como figura reconocida en el artículo 123 constitucional donde se marca brevemente cómo había de regirse, creando también leyes supletorias como la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social que entran a reforzar y complementar las relaciones laborales entre trabajadores y patrones mediados por los contratos colectivos, individuales e incluso verbales donde se estipulan las cláusulas que regirán la relación laboral, además de las obligaciones y derechos contraídos por ambas partes, creando así una sana y mediada relación laboral; esto, con la intención de evolucionar hacia una serie de leyes y reformas que hasta hoy en día siguen vigentes.
Cerca de 23 millones de mexicanos, la mitad de la población económicamente activa del país que forman 45.5 millones de personas carecen de prestaciones sociales, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; asimismo, apenas el 43 por ciento de las mujeres ocupadas cuentan con protección estando la mayor parte de ellas localizadas en el servicio social 27.6 por ciento.
Los sectores que más prestaciones sociales ofrecen vacaciones, pagos extraordinarios, bonos de transporte, vales para alimentos y seguro médico a los empleados son la industria, el comercio, los restaurantes, los servicios sociales y las instituciones gubernamentales.
En el sector agropecuario, el 94 por ciento de las mujeres y el 95.6 por ciento de los varones carecen de seguro médico. Curiosamente un acusado contraste existe entre hombres y mujeres en el sector de la construcción con el 67.7 por ciento de ellas cubiertas por seguro médico, mientras únicamente el 18 por ciento de los varones lo tienen.
La problemática existe en México sobre los alcances de los servicios prestados en materia de seguridad social. Hasta el día de hoy hace referencia a una incorrecta aplicación en cuanto a trabajadores y sus beneficiarios, porque pueden acceder al servicio de la seguridad social.
Existen distintas maneras para ser beneficiado por la seguridad social. Por ejemplo, cuando eres contratado por una empresa, se inscribe al trabajador al IMSS, que es el más común o a algún otro prestador de servicios sociales público o privado. Otra manera es contratar los servicios por su propia cuenta.
En el primero de los casos el trabajador se encuentra cubierto casi en su mayoría por prestaciones de ley y seguridad social con limitación de tratamiento de algunas enfermedades que requieren atención médica especializada y algunos otros limitantes.
Para el segundo supuesto, que es el de los trabajadores contratados por intermediarios, el escenario es totalmente diferente ya que la contratación de servicios de salud corren por su cuenta, que en su mayoría representan algunos costos, por lo tanto generan un desgaste económico y reducen la posibilidad de generar algún ahorro para un futuro retiro laboral.
En relación al artículo 3o., de la Ley Federal del Trabajo, se menciona que el trabajo es un derecho y no un artículo de comercio, por lo que no debería sujetarse a que los trabajadores de planta gocen de todas las prestaciones de ley y los trabajadores contratados por intermediarios outsourcing carezcan de ello.
Las prestaciones de ley no están a negociación de que algunos trabajadores les correspondan y a otros no. De ahí nace la necesidad de crear las condiciones laborales óptimas a través de reformas claras e incluyentes que garanticen un mejor bienestar social de salud y económico para trabajadores y sus familias, que al encontrarse reconocidos y amparados para la normativa correspondiente, serán un gran motor y avance para las leyes mexicanas en materia laboral y de seguridad social, colocando en el ámbito de vanguardia reconocimiento de instrucción de prestaciones de ley para los sectores de trabajadores que cuentan con rezago y en relación a sus prestaciones y beneficios que les pertenecen por ley.
Es por lo anterior que presentamos esta iniciativa por la que reformamos diversos ordenamientos de la Ley Federal del Trabajo, para garantizar efectivamente los derechos laborales de los trabajadores, a quienes continuamente y de manera arbitraria se violan las garantías que les confiere la Constitución para un trabajo y vida digna.
Por lo antes expuesto y fundado le solicito que se inserte íntegramente la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Elida Castelán. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, para presentar dos iniciativas en una sola intervención, el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, y en representación de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 393 de la Ley General de Salud, y 6o. de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado: Con su permiso, diputado presidente, y con el permiso de la asamblea.
El artículo 4o. constitucional establece el derecho fundamental a la salud, imponiendo al Estado mexicano la obligación de otorgarla. La Constitución determina que será la ley quien definirá las bases y modalidades para acceso a los servicios de salud. En la práctica, la regulación legislativa resulta insuficiente para garantizar la efectiva protección de los derechos de todos aquellos ciudadanos que acuden a clínicas y hospitales públicos.
Es necesaria la creación de medidas idóneas que garanticen el libre y pleno derecho a través de mecanismos adecuados y oportunos que permitan presentar quejas, investigarlas y resolverlas, con el objetivo de inhibir conductas antiprofesionales, técnicas indebidas o aquellas que violen los derechos de los usuarios de los servicios de salud.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al presentar el informe de actividades del año 2015, manifestó que el sector salud es quien más quejas tuvo respecto a presuntas violaciones de derechos humanos con un total de 3 mil 70 quejas, equivalente al 30.7 por ciento del total de quejas recibidas por este organismo.
Ante esta grave problemática el Estado mexicano tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho a la protección a la salud, y tal y como se establece en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en similares términos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que los estados deben crear mecanismos adecuados para presentar, investigar, resolver quejas y esclarecer procedimientos disciplinarios apropiados para casos de conducta profesional indebida o de violación de derechos de los pacientes.
Es por ello que propongo la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 393 de la Ley General de Salud, y la fracción XV Bis al artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la cual se determina que en los hospitales que presten servicios públicos, servicios a derechohabientes de instituciones públicas, de seguridad social y en los que se presten servicios sociales se establezcan oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, según corresponda por razones de competencia para dar atención adecuada, permanente e inmediata en la recepción y trámite de quejas que los usuarios interpongan en relación con los servicios de salud que ahí se prestan, así como para realizar la supervisión de la adecuada prestación de dichos servicios.
En lo referente a la segunda iniciativa que hoy presento es importante señalar que, de acuerdo a la Secretaría de Salud, el 30 por ciento del total de muertes por accidentes de tránsito se debe al consumo excesivo de alcohol. Es evidente entonces que el consumo nocivo del alcohol es un problema de salud pública.
Por ello, la Organización Mundial de Salud ha manifestado que compete a los países la responsabilidad principal de formular, aplicar, vigilar y evaluar políticas públicas para disminuir el consumo nocivo de alcohol. Entre esas prácticas y políticas se recomienda promulgar normas apropiadas sobre la conducción de vehículos en estado de ebriedad.
Hoy, a quienes conducen vehículos de motor con un alto consumo de alcohol, solo se le sanciona administrativamente o con multas, con arrestos por un espacio temporal o breve. Por lo que es pertinente responder a esa problemática con normas jurídicas que inhiban el consumo excesivo del alcohol combinado con la conducción de vehículos automotores.
La mejor manera de hacerlo es empleando la norma penal por contener sanciones más severas y tener entre sus fines la prevención general, prevención que en este tema resulta de suma utilidad, pues se trata de salvar vidas, evitar graves traumatismos físicos y psicológicos, y otros padecimientos, no solo de las personas directamente involucradas, sino también de sus familiares, de sus seres queridos o de terceros afectados.
Con base en lo anterior presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo octavo, artículos 483 y 484 al título décimo octavo de la Ley General de Salud, con la cual se considera delito el conducir vehículos automotores teniendo un elevado consumo de alcohol; es decir, no a cualquier grado de consumo, sino solo aquel que evidentemente represente un grave riesgo para la salud pública por estar íntimamente relacionado con muertes y serios traumatismos ocasionados en los percances automovilísticos, un grado tal de intoxicación que física y mentalmente hace muy difícil o imposible conservar el control adecuado de un vehículo sin riesgos para el conductor o para otros.
Si no actuamos en este sentido seguirán aconteciendo con desgracia, sobre todo para nuestra juventud, más hechos que lamentar y que incluso podrían incrementarse en los años venideros.
Por lo antes expuesto, no tengo duda que las dos iniciativas presentadas tendrán el invaluable respaldo de esta honorable asamblea. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Jorge Márquez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Derechos Humanos, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos para presentar dos iniciativas en una sola intervención, el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena. Una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 111, 112 y 113, y adiciona un artículo 113 Bis, a la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con venia de la Mesa Directiva. Compañeros diputados y diputadas, la primera iniciativa versa sobre reforma a la Ley de Responsabilidad Administrativa, centrándome en una propuesta que modifica sus artículos 55, 56, 58, 61 y 69, en torno al conflicto de intereses por el uso de datos y de información al que se allega el servidor público.
Estamos proponiendo reformar el artículo 55 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa, con el objeto de especificar las conductas implicadas en la utilización indebida de la información y documentación que al servidor público por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, inutilice o comparta con terceros y que se encuentren bajo su custodia, o a la cual tenga acceso o conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión, con fines distintos a los establecidos en la ley.
En el derecho sancionador administrativo se aplican los principios de ius puniendi, hay que especificar la conducta en una forma clara y precisa para determinar la responsabilidad administrativa.
Aunado a ello, proponemos en el artículo 56 que la información a la que se allega un servidor público le impide ocupar un cargo derivado de su función en cualquier sector, público o privado, en donde tenga uso de esta información.
De un año elevamos el impedimento para desempeñarse en cualquier cargo de dirección en el sector privado a cinco años. ¿Qué motiva esta situación? Ernesto Zedillo terminó su gobierno en el 2000 y en 2001 fue contratado por la ferroviaria Union Pacific Corp.
Zedillo fue el responsable de todo el andamiaje para la privatización de Ferrocarriles Nacionales. Un año después de que deja su cargo se convierte en uno de los principales asesores de esta compañía.
Hay ejemplos varios en la administración pública, donde servidores públicos brincan del sector público al sector privado, beneficiándose del uso indebido de información a la cual se allegaron como servidores públicos. Por eso proponemos aumentar el impedimento de un año a cinco años en el artículo 56.
Modificamos también el artículo 61, 58, con el objeto de que esta información a la que se allega el servidor público implica una responsabilidad específica.
Es conocido en muchas situaciones de investigación de la delincuencia organizada la filtración de información o el extravío o pérdida de expedientes, o pruebas que se integran en el propio expediente.
Tenemos que poner un alto al uso indebido de la información pública y la forma correcta de hacerla es especificar la conducta que debe sancionarse en la Ley de Responsabilidad Administrativa.
La segunda iniciativa va en torno a recuperar el sistema de pequeños contribuyentes, los Repecos. La información que nos da el Sistema de Administración Tributaria acredita que el régimen de incorporación fiscal no ha sido el adecuado para incorporar a los pequeños contribuyentes en la formalidad hacendaria, no ha sido el adecuado para que el pequeño contribuyente tenga facilidades para incorporarse como contribuyente en el sistema nacional.
Estamos proponiendo una reforma que garantice condiciones más viables al pequeño contribuyente que no sea una carga administrativa adicional a su precaria economía, sino que facilite su incorporación a un régimen fiscal, en donde él encuentre objetivamente beneficios y donde él encuentre objetivamente procedimientos sencillos que le permitan cumplir con sus obligaciones tributarias.
El régimen opcional que se propone operará sobre base de efectivo. Es decir, se acumula el ingreso y se deducen los gastos conforme a las operaciones que efectivamente se cobran o se pagan.
La propuesta simplifica y reduce la carga administrativa asociada al cumplimiento tributario de las empresas con menor capacidad administrativa y elimina la necesidad de realizar ajustes anuales por inflación.
El límite de ingresos de 5 millones de pesos anuales establecido para participar en el régimen es consistente con el límite que existe para las SAS y garantiza que los beneficios sean recibidos por los micronegocios, mientras que las empresas de mayor escala, las cuales cuentan con mayor capacidad administrativa, seguirán permaneciendo en el régimen general del ISR.
Los invito a revisar la propuesta que se presenta de ambas iniciativas. Una, abona a la transparencia y a la rendición de cuentas y limita el uso indebido de información pública. Y la segunda, recupera procedimientos factibles y viables para los pequeños contribuyentes. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Y la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 111, 112 y 113 y adiciona un artículo 113 Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Carlos Lomelí Bolaños, a nombre propio y del diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano y de Acción Nacional, respectivamente, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 210 y 212 de la Ley General de Salud. Adelante, diputado.
El diputado Carlos Lomelí Bolaños: Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Hago uso de esta tribuna para discutir un tema urgente que nos involucra a todos como representantes populares y que debemos de velar por el bienestar de todos los mexicanos.
Desde esta tribuna, durante el primer año legislativo, diferentes grupos parlamentarios han manifestado su preocupación por el mal que aqueja a nuestra nación, que es la obesidad.
Considero que muchas de las iniciativas que se han presentado para combatir este problema no han considerado que la obesidad es un problema lineal y generacional. Es irónico que el país en el que millones de personas batallan día con día para llevar comida a la boca, es la misma nación que está entre los primeros lugares de obesidad a nivel mundial. En pocas palabras, los mexicanos comemos poco y mal o de mala calidad.
Esta iniciativa contempla, como ya lo mencioné, tres puntos. El primer es incrustar la materia de nutrición o reformar el artículo 7 de la Ley General de Educación para incrustar desde la preprimaria y durante la educación básica información, así, información para que nuestras generaciones tengan y sepan el valor nutricional de los alimentos, para que ellos tengan conocimiento de cuáles son los alimentos sanos y no sanos a consumir durante el resto de su vida, evitando con esto que nuestros infantes lleguen a la pubertad con un cinturón de grasa que les haga propensos a padecer obesidad durante su edad adulta.
El segundo punto es la reforma de la Ley General de Salud para implementar una nueva forma de dar a conocer a los ciudadanos la composición nutricional de los alimentos a través del semáforo nutricional, con el cual de manera sencilla digamos a las personas qué tan saludable es lo que están comiendo o lo que van a llevar a su boca.
Con el color verde se identifican todos los alimentos que puedan consumir de forma habitual, como las verduras, las frutas, los cereales, las proteínas, por ejemplo.
Y color amarillo los alimentos que hay que consumir de forma moderada, entre ellos el pan blanco, las harinas, las pastas, las sopas y enlatados, entre otros.
Por último, el color rojo, o un disco rojo identificando así los alimentos cuyo consumo de forma ocasional, como los azúcares, las sopas instantáneas, las botanas, embotellados, por mencionar algunos, que dañan gravemente la salud.
Cabe mencionar que el gravamen del 8 por ciento de los alimentos chatarra debería de ser gradual y de acuerdo a la cantidad de kilocalorías por cada 100 miligramos.
Por cierto, el día 28 del pasado mes se discutió en la Suprema Corte de Justicia por el primer ministro Javier Laynez, dicho impuesto del 8 por ciento para comentar los amparos que se han estado recibiendo en la Suprema Corte de Justicia, con el cual se pretende desalentar el consumo de productos chatarras que provocan sobrepeso, obesidad e hipertensión y enfermedades crónico-degenerativas, así como la diabetes.
Es importante señalar que en base a este impuesto Hacienda pretende recaudar 17 mil 568 millones de pesos por este concepto en el 2017, por lo que el tercer punto sería que el ahorro recaudado por dicho gravamen se otorgue a una gran bolsa al sistema de salud mexicano para la creación de un programa de mangas gástricas para todos aquellos pacientes que padecen obesidad mórbida, frenando con esto la gran fábrica de crónico-degenerativo que día a día se suma a la estadística nacional.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico nos dice que una persona con sobrepeso gasta 25 por ciento más en servicios de salud. Gana 18 por ciento menos que el resto de la población sana y presenta ausentismo laboral de manera recurrente. Como médico, no puedo pasar por alto mencionarles la grave incidencia que tiene la obesidad en la mortalidad de los mexicanos.
Las enfermedades cardiovasculares, las cerebrales y la hipertensión arterial mantienen el primer lugar entre los egresos o muertes en los hospitales y son la segunda causa de muerte dentro del grupo de enfermedades no transmisibles.
La diabetes tipo 2 ocupa el sexto lugar dentro del mismo grupo. La mortalidad en los hospitales por enfermedades no transmisibles representa 73 por ciento del total de las muertes, lo que quiere decir que 73 pacientes de cada 100 mueren por una complicación gracias a la obesidad.
Ante esta grave situación requerimos del apoyo de todos, del gobierno, sociedad civil, porque todos somos responsables y todos somos afectados. Los grandes cambios no necesitan razonamientos complicados, un mensaje que comunique e informe rápido es un mensaje eficiente. Se trata de aplicar medidas que surtan efecto a la brevedad y no poder permitir que esta situación siga avanzando, engrosando la problemática de nuestros servicios de salud.
Esta propuesta es un paso del camino que debemos emprender para enfrentar la obesidad y el sobrepeso, pero es un paso que debemos dar juntos gobierno, ciudadanos, instituciones públicas, privadas, empresas y asociaciones civiles. Solo con la colaboración de todos podemos evitar una crisis mayor en nuestro sistema de salud. Es cuando, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Lomelí Bolaños. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.
El diputado Ángel García Yáñez: El desarrollo sustentable y sostenible es un aspecto fundamental para el progreso del país y sus habitantes. Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados, en esta ocasión vengo a presentar la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, con la finalidad de incorporar en la ley la promoción, el desarrollo sustentable y sostenible en los derechos sociales.
En Nueva Alianza consideramos el bienestar general como el objetivo primordial de la política. Para ello es necesaria la interacción de la economía, la democracia, el desarrollo social y la protección al medio ambiente. Dichas acciones deben entrelazarse y reforzarse para generar prosperidad.
En materia de desarrollo social, nuestro país ha adquirido compromisos de carácter internacional, ejemplo de ello es la Declaración de Copenhague sobre el desarrollo social de 1995, en la cual se afirma que existe un convencimiento de los estados parte en cuanto a que el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección al medio ambiente, son componentes de desarrollo sostenible, interdependientes y que se fortalecen mutuamente, por lo que se debe constituir el marco de los esfuerzos encaminados a lograr una mejor calidad de vida para las personas.
Posteriormente, en el año 2000 se celebró un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el cual se reafirmó la importancia de crear sociedades más equitativas, justas, desde el punto de vista social, y centradas en el ser humano. Así se acordó la elaboración de una estrategia internacional coordinada sobre el empleo, la creación de fuentes innovadoras de financiación pública y privada para los programas de desarrollo social y erradicación de la pobreza, y lo más importante, se fijó el objetivo de reducir a la mitad la proporción de la población que vive en condiciones de pobreza extrema.
Como es evidente, dadas las cifras que proporciona el Coneval, en las cuales señala que el porcentaje de la población que se encontraba en pobreza, se incrementó de un 45.1 por ciento en 2012, a 46.2 por ciento en 2014. Nuestro país está muy lejos de llegar a las metas que se buscan en documentos referidos.
El 9.5 por ciento de la población nacional vive en pobreza extrema, lo que significa que son personas que sobreviven sin el ingreso mínimo necesario para adquirir una canasta alimentaria y no cuentan con la posibilidad de ejercer por lo menos tres derechos sociales.
Otra cifra que ejemplifica claramente la situación en la que se encuentra el país consiste, que de acuerdo con la información de OCDE, México es la segunda nación más desigual entre los países miembros. Pese a que contamos con un Programa Nacional de Desarrollo Social que reconoce las metas a las que está comprometido el gobierno con el fin de establecer una base para el pleno desarrollo de los derechos sociales y del cual se desglosen una serie de acciones orientadas a garantizarlos; la realidad es que en lugar de estar acabando con la pobreza y la desigualdad, estas condiciones se han incrementado.
Por tanto, es necesario recordar qué son los derechos sociales. El trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la participación en la vida cultural, el acceso a la vivienda, la alimentación, el agua, la atención a la salud y la educación. En su conjunto, son los que consideramos como derechos sociales los que, según nuestra Constitución, el Estado está obligado a garantizar.
Es cierto que en nuestro país se cuenta con un marco normativo dedicado a la política social, pero esta política debe ser modernizada. La política social internacional de la cual México es parte por una diversidad de instrumentos, contiene términos innovadores como la sostenibilidad y la sustentabilidad, mismos que para Nueva Alianza deben ser incorporados al marco jurídico nacional.
Armonizar los cuerpos jurídicos nacionales con el marco internacional, permite avanzar en el desarrollo de políticas públicas que tengan una responsabilidad global. En este sentido, es preciso señalar que el desarrollo sostenible tiene como propósito generar previsibilidad e indicar las reglas que deben mantenerse en el tiempo para que exista una posibilidad de las condiciones dictadas que tiendan a eliminar la incertidumbre.
Por lo que se refiere al desarrollo sustentable, éste se enfoca en la administración eficiente y racional de los recursos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Al atender ambos conceptos, resulta evidente la necesidad de incorporar a las políticas nacionales de desarrollo social.
Por este motivo, se pretende mediante esta iniciativa incluir en el texto de la Ley General de Desarrollo Social la promoción de desarrollo sostenible y sustentable como un objetivo primordial de los derechos sociales.
En Nueva Alianza tenemos la determinación de influir positivamente en la vida de los mexicanos. Contar con la ley es una visión de desarrollo sostenible y sustentable en la forma de garantizar sus derechos elementales.
Estamos aquí para mejorar la vida de quienes nos dieron su confianza. No los vamos a defraudar. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ángel García Yáñez. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 19 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muy buenas tardes, compañeros diputados; buenas tardes a los compañeros de la Mesa Directiva que hoy nos acompañan. “La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir; nada hay más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras”. Jean-Jacques Rousseau.
Para Encuentro Social uno de los temas fundamentales en su agenda es la atención a la primera infancia, y lo hemos reiterado de diferentes maneras. Es la etapa de la vida donde nuestros niños se encuentran ansiosos de conocimiento, de amor y del mejor trato. Es por ello que hoy presentamos esta iniciativa con la finalidad de promover e incluir la participación activa y el apoyo a los padres de familia en el diseño de las políticas públicas, programas, prácticas y modelos de atención a favor de la primera infancia, ayudándose para ello del intercambio de mejores prácticas de foros regionales y nacionales, convenios, consultas, y todo aquello que sea necesario para mejorar el trabajo que se hace en atención a nuestros niños.
¿Cuál es la razón para legislar en estos temas? La respuesta es muy sencilla: además de tratarse de un derecho humano fundamental, se tiene comprobado que la participación de los padres de familia en la educación a temprana edad, hace la diferencia en un mejor aprovechamiento tanto en el presente como en el futuro, y no sólo eso sucede, además se genera un vínculo muy particular cuando los padres de familia participan activamente en estas actividades que van a determinar el futuro de sus hijos.
Por ello para Encuentro Social es fundamental y necesaria la participación de los padres de familia en el desarrollo educacional tanto de las instituciones como de este trabajo que se hace, buscando las mejores herramientas para aplicarlas en esa primera infancia.
Es una triste realidad que podemos afirmar, nuestro país se encuentra atrasado en esta materia. Hay otros países en América Latina que desde hace más de una década han implementado programas y políticas públicas de gran relevancia promoviendo también encuentros regionales a nivel país y a nivel América Latina, en los que se comparte lo mejor para crecer, para mejorar en sus prácticas.
Chile es un gran impulsor en atención a la primera infancia, con políticas públicas realmente exitosas como un programa que se le conoce como Chile Crece Contigo, enfocado a la atención integral para las madres gestantes, y los niños que aún no llegan a los seis años de edad, siendo un ejemplo a seguir para otros países que han dado continuidad a esos pasos que como nación ha mostrado su eficacia.
Hablando justamente de esos ensayos de eficacia realizados en diferentes países que nos proporcionan evidencia, tenemos por ejemplo los programas parentales de visitas al hogar que se hacen en Jamaica, en donde a través de visitas semanales, comunitarias, se genera un trabajo muy puntual con las madres para que ellas puedan acercarse de la mejor manera a sus hijos y desarrollarles plenamente en esos primeros años de vida.
Además se ha logrado demostrar beneficios prolongados no sólo en esos primeros años, sino inclusive en el coeficiente intelectual del adulto, en el rendimiento educativo, en temas de salud mental, en reducción de conductas violentas y mejoras, inclusive, en el ingreso durante la vida adulta.
Por tal motivo, es que se busca promover encuentros nacionales y regionales con la participación de padres de familia, con organizaciones de la sociedad civil, actores políticos, educativos y de la academia, para compartir el conocimiento en la materia, con el objetivo de contar con mejores políticas públicas, prácticas y modelos de atención a favor de nuestros niños.
Nuestra meta, es generar una agenda pública en donde los tres órdenes de gobierno fortalezcan sus conocimientos, su cooperación y su cohesión, movilizando al estado alrededor de las mejores políticas nacionales, e internacionales.
Si somos conscientes de que la atención a la primera infancia es primordial para el desarrollo temprano del niño y que ésta será determinante en la vida del adulto, seremos capaces entonces de legislar bajo las mejores experiencias en la materia.
Los niños que viven en México, merecen toda nuestra atención y estamos convencidos que compartir, escuchar y tomar lo mejor en materia de primera infancia será muy valioso para ponerlos en la agenda pública como una prioridad. Hoy esto no es una realidad. Hoy hemos visto recortar el presupuesto en temas de atención, por ejemplo, de programas que se llevaban a cabo para fortalecer esa relación madre e hijo en las comunidades marginadas, en donde se enseñaba a través de este programa de primera infancia a relacionarse y que ha desaparecido en el presupuesto.
Necesitamos que el tema de primera infancia sea una prioridad y se coloque no sólo en la legislación, sino en el presupuesto en las políticas públicas en los programas que generan un México con mayor esperanza y mayor calidad de vida. Muchas gracias. Es cuanto.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Martínez Guzmán. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene le uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Óscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el día 19 de abril de cada año como el Día nacional del tequio.
El diputado Óscar Valencia García: Con su permiso, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante.
El diputado Óscar Valencia García: Los pueblos siempre deben recordar su historia, porque nos enseña. Empiezo de esta manera a hablar del tequio. Tequio ha sido una figura noble, que surge desde antes de la Colonia. Durante la Colonia y hasta nuestros días se da más en los lugares donde estamos como grupos originarios.
Tequio se deriva de la palabra náhuatl, trabajo o tributo. Tributo que rendían los indios ante sus reyes, pero de tal manera toma forma y llega a ser un trabajo comunitario a favor de la comunidad.
Por lo tanto, el tequio se ha realizado en las comunidades rurales y también en las zonas urbanas. También tiene diferentes nombres: en la Ciudad de México le denominan faena; en Guerrero, tequimil; en varias partes de la república por fagina, gasona, mano vuelta.
Con este sistema comunitario, cuando las personas están en desgracia, cuando las personas en grupos, en las colonias, en los barrios, en las comunidades no cuentan con el apoyo para resolver sus necesidades, para construir una obra más prioritaria en su zona, se juntan para cooperar económicamente para comprar el material industrializado y posteriormente ponen su mano gratuitamente para realizar la obra que se necesita.
Con tequio entonces se construyen escuelas, se construyen caminos, se construyen pavimentos cuando la mano del gobierno municipal, estatal o federal aún no ha llegado.
Se hace de manera voluntaria, con el corazón por delante y sin distingo de cuestiones partidistas. Se hace de manera solidaria dándose la mano uno al otro. Por eso es que desde esta soberanía con esta iniciativa quiero pedirle y exhortarle respetuosamente a esta honorable Congreso de la Unión, para que se declare el día 19 de abril como el Día Nacional del Tequio, con el propósito de reconocer la labor social, comunal solidaria que realizan estas personas en los distintos municipios y entidades federativas de nuestro México querido.
Amigos diputados, amigas diputadas, vamos a dar un día de tequio por nuestro México querido. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Valencia García. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen. Adelante, diputado. Sonido en la curul del diputado. ¿Con qué objeto, diputado? No tiene sonido todavía. Sonido en la curul del diputado Basáñez, por favor. Ya está.
El diputado Pablo Basáñez García (desde la curul): Deseo, señor presidente, reconocer el valor de esta iniciativa que ha presentado el diputado Óscar Valencia, porque el tequio no solamente es una institución que nos ha quedado como un legado de nuestros pueblos prehispánicos, sino es un llamado a la solidaridad de los pueblos, es una forma de entender el asunto público como un asunto colectivo y democrático y es una manera de que todos podamos ver al otro como también un campo de trabajo colectivo.
Por eso deseo, señor presidente, adherirme a esta iniciativa para la declaración del Día Nacional del Tequio, como reconocimiento a esta noble institución que los mexicanos hemos sabido diseñar y también con ello solicitar, señor presidente, me permita preguntar al diputado Valencia si tendrá inconveniente en que también pueda suscribir la presente iniciativa. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Basáñez. Diputado Valencia –una vez que termine la sesión de fotos. Está de acuerdo, seguimos el trámite acostumbrado, estará a disposición de usted y de quienes quieran adherirse a esta iniciativa aquí en la mesa de la Secretaría de la Mesa Directiva.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos 54, 90, 93 y 155 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
El diputado Marco Polo Aguirre Chávez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame un segundo, diputado. Sonido en la curul del diputado Aguirre. Adelante, diputado. ¿Con qué objeto?
El diputado Marco Polo Aguirre Chávez (desde la curul): Presidente, gracias. Para pedirle al diputado Valencia, que nos pudiera a los diputados de Michoacán, suscribirnos a esta iniciativa tan importante, que nos pudiera contemplar.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. El diputado Valencia ya dio su aprobación y está a disposición de quien desee suscribirla aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.
La diputada María Verónica Agundis Estrada (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Verónica Agundis, por favor, Vero.
La diputada María Verónica Agundis Estrada (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Nada más pedirle al diputado Valencia, felicitarlo, podernos suscribir. Pero también hacer mención que todos estos días que estamos mencionando a lo largo del año, que sean conmemorativos, que no se queden solo en eso, que podamos también hacer la difusión correcta y que todos podamos conocer por qué estamos conmemorando estos días. Muchas felicidades, diputado Valencia. Gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Agundis, está a su disposición, reitero, aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva. Adelante, diputado De la Fuente.
El diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, hoy presento ante ustedes dos iniciativas que me ha solicitado directamente la comunidad del distrito al que represento y que he estado visitando en sus colonias en las semanas anteriores.
La primera, que reforma el artículo 54, 90, 93 y 155 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con un objetivo muy importante, que todos los pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social queden exentos de pagar este gravamen, ya que ellos en su momento pagaron un impuesto sobre la renta correspondiente a su sueldo, por lo cual es una injusticia que se les esté cobrando este mismo impuesto dos veces por el mismo concepto.
Debemos entender que la pensión es una compensación que obedece a un plan de jubilación, cuyo monto se integra con el fondo de ahorro generado durante los años de trabajo y no una concesión gratuita o generosa, ya que es un derecho ganado en la vida laboral y a lo largo de esta se les descuenta una parte de su salario para ello.
Por esta razón, la pensión que el trabajador recibe al momento de su retiro no constituye a una fuente de capital ni salario, más bien es un fondo generado por el trabajador en activo que a lo largo de los años cubrió los impuestos correspondientes.
Por esta razón, consideramos que es violatorio querer sujetar a los pensionados y jubilados que en su momento pagaron un impuesto sobre la renta muy alto, al pagar un gravamen que en la práctica constituye una doble tributación, lo cual es completamente ilegal.
No es posible que existan en este país dos tipos de pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, a los que se les exenta el impuesto sobre la renta y a otros que sí los pagan.
Compañeras y compañeros diputados, no permitamos que al 10 por ciento de los pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social de este país se les siga aplicando injustamente una doble tributación por el mismo concepto de impuesto sobre la renta. Es por ello que los invito a que apoyemos esta iniciativa tan importante.
Y la segunda iniciativa que presento esta tarde, reforma el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de que en las condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso en caso de violencia contra las mujeres, se considere la colocación de un localizador electrónico como una medida importante que permita a las autoridades conocer la ubicación exacta del agresor las 24 horas del día y así mantenerlo alejado de la víctima.
Como es de conocimiento, el pasado 18 de junio entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, donde se estableció un nuevo modelo para impartir justicia en este país. Con este nuevo sistema de justicia penal hay una serie de delitos considerados como no graves que los jueces pueden sancionar al imponer medidas cautelares a los criminales, por ello es importante proponer alternativas eficientes que ayuden a tener un mayor control de los imputados. Ése es el objetivo de la presente iniciativa.
Desgraciadamente, en la actualidad el Ministerio Público no tiene la capacidad de garantizar la seguridad al 100 por ciento de las víctimas de violencia familiar, por lo que el agresor sigue teniendo contacto con la víctima a través de amenazas para que ellas retiren la denuncia o simplemente no la ratifiquen.
Es por ello que a través de esta iniciativa se pretende utilizar el sistema de vigilancia electrónica como una herramienta que ayude y facilite al Ministerio Público garantizar la seguridad de las víctimas.
Solo como estadística, el diagnóstico del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 de este gobierno federal, muestra la gravedad del problema de la violencia contra las mujeres, donde el 46 por ciento de las mujeres mexicanas han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja.
No es posible que en estos tiempos existan muchas mujeres que permanezcan escondidas, inclusive con sus hijos, ante el temor de que su propia pareja los ataque sin que la autoridad pueda hacer algo al respecto.
Por lo anteriormente expuesto, los invito a apoyar esta iniciativa tan importante que tiene el objeto de reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de que en las condiciones por cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso, en caso de violencia contra las mujeres, se considere la colocación de un localizador electrónico para monitorear las 24 horas del día a los agresores. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. El diputado Carlos Alberto de la Fuente presentó dos iniciativas: la primera con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga los artículos 54, 90, 93 y 155 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta iniciativa se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La segunda iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Arturo Santana Alfaro: Con su permiso, diputado presidente. El día de hoy, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, vengo a presentar reformas constitucionales al artículo 123, Apartado A, fracción VI.
El 24 de septiembre de 2015 subí a esta tribuna a presentar reformas al mismo artículo 123 constitucional para reformar estos preceptos, pero desde el punto de vista técnico-jurídico, desde el punto de vista técnico-legal.
Hoy subo esta iniciativa para presentarla desde el punto de vista del reconocimiento que tiene que tener el salario mínimo en este país como un derecho humano para la clase trabajadora.
En noviembre de 2015 aprobamos ante el pleno de esta Cámara reformas constitucionales que autorizaron la desindexación del salario mínimo para desvincularlo de derechos y algunas otras contraprestaciones de carácter administrativos.
El día 14 de diciembre de 2015 la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara tuvo a bien aprobarme un punto de acuerdo para fijar el salario mínimo en este país en un tope de 95 pesos.
En julio de este año el secretario del trabajo, Alfonso Navarrete Prida, salió a anunciar un incremento de 10 pesos al salario mínimo, que tenía que aplicarse a más tardar los últimos días de julio. Y otro incremento de 10 pesos que tendría que aplicarse en este mes precisamente de octubre, lo cual no ha ocurrido.
Compañeras y compañeros legisladores, creo que es el momento de revisar y echar para adelante la reforma al artículo 123, para revisar el funcionamiento de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
¿Por qué digo esto? Pongo como antecedentes estos pronunciamientos del secretario de trabajo, pongo como antecedente lo que se ha venido aprobando aquí en esta Cámara de Diputados y no ha pasado nada.
Estamos en la víspera de revisión de los salarios mínimos en este país por parte de la Conasami, de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y hasta el día de hoy no tenemos alguna referencia de que se vaya a cumplir con este compromiso por parte del gobierno federal.
De acuerdo a la Cepal, México es el país que se encuentra más atrasado en cuanto a la asignación de salarios mínimos. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en el año 2013 México se situó en el segundo lugar. Recientes estudios nos dicen y nos dan cifras reveladoras, por ejemplo, Costa Rica tiene un salario mínimo de 17.6 dólares estadounidenses diarios, es decir, 331 pesos mexicanos; Panamá 16.7 dólares que es el equivalente a 313 pesos mexicanos; Guatemala, tiene 12.1 dólares que es el equivalente a 227 pesos mexicanos; Belice, tiene un salario mínimo de 10 dólares que es el equivalente a 190 pesos mexicanos; Honduras, 7.8 dólares que es el equivalente a 147 pesos mexicanos. México, por debajo de El Salvador, 3.9 dólares que es el equivalente a 73 pesos que estamos percibiendo el día de hoy.
Por estos antecedentes, compañeras y compañeros, en diciembre del año pasado la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, autorizó la creación del Grupo de Trabajo en Materia de Desarrollo Económico, con énfasis en un salario digno. Grupo de Trabajo que hasta el día de hoy va a cumplir aproximadamente cuatro meses sin sesionar y que creemos que es necesario ya que sesione a partir de las próximas horas para aportar lo que esta Cámara de Diputados tiene que aportar en relación a la fijación del salario mínimo.
¿Qué estamos proponiendo en particular? Estamos proponiendo la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y la creación de un instituto nacional autónomo de los salarios mínimos, compuesto por consejeros ciudadanos, académicos, con experiencia de más de 15 años en materia laboral, que nos ayuden a fijar con justicia los salarios en México, que este consejo vaya acompañado de la representación de la clase trabajadora y de la clase patronal.
Termino, diputado presidente. Estamos proponiendo pues, en la víspera de la revisión de la asignación de los salarios en México, que puedan estar fijados ya por este grupo de expertos, por este grupo de académicos con un nuevo instituto nacional autónomo, desvinculado del gobierno federal.
Por cuestiones de tiempo, le solicito a la Presidencia de esta Mesa Directiva que se agregue todo el contexto de esta iniciativa que propone la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 7o. de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde.
La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez: Con su permiso, diputada presidenta. Estimadas y estimados compañeros diputados. La artesanía es para los pueblos originarios de México y para la sociedad mexicana un patrimonio cultural inalienable. Constituye una diversidad y riqueza que se ha convertido en distintivo de identidad, pertenencia, tradición y conocimiento.
Una muestra de la cultura de un país es sin duda el reflejo del arte de su pueblo. Los artesanos han logrado captar una visión perfecta de la realidad a través de expresiones manifiestas en imágenes, telares y piezas que han llevado a México a ser considerado uno de los países con mayor riqueza cultural existente.
A nivel internacional, las artesanías mexicanas cuentan con un gran reconocimiento y valoración y esto no podría ser posible sin el esfuerzo cotidiano ni la creatividad con la que los artesanos desarrollan una de las actividades históricas más impresionantes que tiene nuestro país.
El artesano es portador de la imaginación e inspiración. Cada objeto artesanal que produce tiene su personalidad histórica, la cual los convierte en piezas única por ser una mezcla homogénea de identidad que reúne arte, expresión y técnica.
La autenticidad de los productos artesanales mexicanos ha permitido que trasciendan fronteras y es así como ha sido posible que países como Australia, Alemania, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos e Italia, se convierten en los principales receptores de artesanías nacionales. Ya lo refiere Pro-México, quien ha acentuado que las artesanías hechas a base de plata ónix, barro, madera, cerámicas, así como las telas hechas a mano, son las que tienen mayor participación en el comercio internacional.
El comercio de las artesanías mexicanas es privilegiado debido a que cuenta con texturas únicas y patrones tradicionales que han sido bien recibidos en zonas turísticas nacionales e internacionales. Sin embargo sólo unos cuantos tienen la posibilidad de llevar sus productos a la esfera internacional, puesto que el 67 por ciento de la población que se dedica a la artesanía, se encuentra en alguno de los tres niveles de pobreza y no cuentan con los medios necesarios siquiera para continuar desarrollando esta actividad.
Cierto es que la elaboración de artesanías representa un ingreso para los cientos de miles de artesanos que viven de ellas, quienes día con día se enfrentan a diferentes retos para poder desarrollar su actividad, situación que frena su crecimiento y reproduce su lento avance.
Las condiciones adversas y limitativas que empeñan el desarrollo de los artesanos, tienen a este importante sector en una etapa de cortedad que envuelve cada una de las etapas del proceso de una artesanía desde su propia creación hasta su adquisición de parte del consumidor final, quien reiteradamente cae en el mismo círculo vicioso de no otorgarle un justo y merecido valor.
Aunado a toda la amalgama de factores que intervienen, se ha potencializado el recurrente ejercicio del plagio que han sufrido las artesanías mexicanas, principalmente el realizado por países asiáticos que han aprovechado las vulnerabilidades en las que se encuentran las artesanos, para capitalizarse y, decirlo directo, contaminar el mercado nacional con productos deficientes que son elaborados a granel con materiales sintéticos y a costos que reducen drásticamente su precio real.
Todo este proceso de acaparamiento de mercado, ha redundado en un margen de ganancia millonario para quienes comercializan estos productos de mala calidad, desplazando con esto a los verdaderos artífices, a los artesanos mexicanos.
Es por ello que hoy vengo con ustedes, compañeras y compañeros diputados, porque es urgente que logremos establecer los mecanismos necesarios para proteger a nuestros artesanos y a los productos que elaboran.
Con la iniciativa que hoy vengo a presentarles, buscamos que en la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, en su artículo 7o., se adicionen las fracciones VI y VII para quedar como sigue:
La Secretaría, con la participación, en su caso, de las demás dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, así como de los gobiernos de los estados y municipios, procurará la aplicación y vigilará el cumplimiento de esta ley, y en particular realizará lo siguiente:
Fracción VI. Proteger y salvaguardar los derechos de creación de las obras producidas por los artesanos.
Fracción VII. Capacitar a los artesanos sobre los derechos que tienen respecto a la creación de sus obras, con el objeto de proteger los productos artesanales, incorporando los siguientes temas:
I. Marca individual
II. Marca colectiva
III. Registrado de marcas
IV. Denominación de origen
Recordemos que la artesanía no sólo es un valioso archivo cultural, social e histórico, sino que son archivos económicos para las artesanas y sus familias. Las artesanías constituyen un importante potencial de desarrollo económico y beneficio social para quienes realizan la actividad artesanal.
Por tanto, es necesario facilitar el acceso de los artesanos a las medidas que permitan garantizar su permanencia y desarrollo, con el fin de hacer de la actividad que desempeñan, una que sea económicamente viable y generadora de empleos sostenibles. Por su atención, gracias, compañeros. Es cuanto, presidenta.
La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a la Comisión de Competitividad, para dictamen.
La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, quien presentará tres iniciativas en una intervención: decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Minera y, el decreto que reforma el artículo 151 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.
El diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias. Rápidamente, para poder discutir el punto sobre la liquidación del que fue director de Pemex.
La idea, hay tres iniciativas que vamos a presentar: una tiene que ver con un tema que hemos insistido, la necesidad de que los derechos que paguen las minas sean mayores, es una actividad que genera muchas externalidades negativas en las poblaciones, es importante incrementarlo.
Otra, que tiene que ver con establecer estímulos fiscales a las personas físicas para que puedan adquirir una bicicleta.
Nos parece que el uso de la bicicleta tiene que ser un medio de transporte fundamental, que sea parte de la política pública nacional. La bicicleta puede ser una alternativa real de trasporte para toda la población. Entonces, bueno, estamos proponiendo que su compra pueda ser deducible sobre la renta para las personas físicas.
Y presentamos también una iniciativa a la Ley Orgánica del Congreso para establecer un órgano, una oficina de presupuesto, un consejo fiscal, para que precisamente no suceda lo que hoy estamos viviendo.
Hoy vivimos un problema de credibilidad de las finanzas públicas, de sobreendeudamiento, de partidas del gasto que no conocemos, de fuentes de ingreso que no queda claro qué tan sustentables son, incluso de dónde provienen los recursos. Y esto lo que está generando es mala calidad del gasto, vamos a tener que hacer un recorte de proporciones mayúsculas al gasto público, que por supuesto va a tener efectos negativos en el crecimiento económico. Y llegamos a todo esto porque este Congreso no discute con seriedad ni el presupuesto ni la Ley de Ingresos.
Y parte de esto tiene que ver con la simetría de información que tiene el Ejecutivo federal, la Secretaría de Hacienda y la que tenemos nosotros. Las estimaciones de crecimiento de la Secretaría de Hacienda han sido equivocadas en los últimos 10 años más o menos.
Esto nos ha llevado precisamente a que aprobemos una relación de deuda sobre el PIB mucho más alta de la que realmente creemos que estamos aprobando. Si las estimaciones sobre crecimiento hubieran sido correctas la relación de deuda-PIB no sería de 50 por ciento sería algo así como de 42 por ciento.
¿Y esto por qué sucede? Porque no hay un órgano independiente que pueda hacer una estimación adecuada. Por ejemplo, la que tiene el presupuesto, 2.5 por ciento de crecimiento para el año que entra y hoy ya los organismos financieros internacionales están hablando de 2.1 por ciento como perspectiva de crecimiento para el año que entra.
Lo mismo sucede con otras variables, como el precio del petróleo, como la tasa de interés, como el tipo de cambio, etcétera. Sin ese organismo independiente tampoco conocemos el detalle de partidas que no son especificadas. Los datos abiertos llegan a nivel de capítulo, pero no a nivel de partida en el presupuesto.
Entonces, hay detalles que no conocemos y que todos juntos implican modificaciones importantes a lo que se ejerza. Año con año, en la administración pasada, y en esta, alrededor de 200 mil millones de pesos son ejercidos en exceso con el Ejecutivo federal, es decir fuera de lo aprobado, y no contamos con un mecanismo que nos esté informando de manera oportuna qué sucede con eso recursos, tenemos que esperar a los informes trimestrales, tenemos que esperar a la cuenta pública para conocer los detalles y muchos de esos detalles tampoco son explicados.
Este Presupuesto por ejemplo, está proponiendo unos ingresos de 56 mil millones de pesos en el rubro de aprovechamientos, otros, y no sabemos el detalle de los mismos como no lo supimos el año pasado. Todo esto es parte del problema de credibilidad de finanzas públicas que tiene este país y que el Congreso no ha sido responsable, no ha sido capaz de poder solucionar.
Cualquier democracia presidencial del mundo que se respete tiene un organismo de control y de vigilancia de las finanzas públicas, de monitoreo, también muchos países que tienen sistemas parlamentarios, México carece de eso. Necesitamos cambiar la manera en que este Congreso procesa y genera información útil en materia de finanzas públicas.
Hoy hablamos de endeudamiento como si nadie hubiera sabido cómo se aprobó el Presupuesto pasado, como si hubiera habido una sorpresa. Tenemos que sí se responsables de nuestra labor, que es vigilar cómo se ejercen las finanzas públicas y ojalá apoyemos esta propuesta que también ha sido fruto del trabajo de muchas organizaciones de la sociedad civil que nos han acompañado para construir una verdadera oficina del presupuesto y un consejo fiscal, para que no volvamos a la situación que estamos hoy; un país que se endeudó y que no sabemos siquiera en qué gastamos la deuda. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
Igualmente, la segunda iniciativa túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, para dictamen. Y la tercera, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su venia, presidenta. Este país tiene una grave crisis de inseguridad, de violación a los derechos humanos y de corrupción.
Sólo algunos datos nos puede dar una idea de la gravedad que tenemos enfrente. En el año 2000, por ejemplo, se cometían aproximadamente 13 mil homicidios. Sin embargo, el año pasado, en el 2015, esa cifra creció a más de 20 mil.
En el año de 2000, por ejemplo, teníamos registrado algo así como 2 mil 900 secuestros. En el año 2015 se registraron 32 mil secuestros. El año pasado llegamos a la cifra, por ejemplo, de casi 30 mil desaparecidos.
Sin embargo, ante esa grave crisis, el gobierno solamente se ha dedicado y quienes han dirigido las políticas públicas de seguridad, en culpar al eslabón más débil de este entramado, que es la seguridad pública y que son los policías municipales, los policías estatales, ministerios públicos y peritos, al grado que en el año 2008 se hizo una reforma que vino a dañar más los de por sí derechos que tenían estos servidores públicos, quitándoles lo que es la estabilidad en el empleo.
Una reforma que violenta sus derechos humanos, que contempla el primer artículo constitucional, que contradice otros principios constitucionales, como es el debido proceso, el derecho a audiencia y defensa, el derecho a tener un juicio. Por eso las políticas públicas no han cambiado en este país, porque desafortunadamente las políticas públicas de seguridad están hechas pensando en otras cosas y no pensando al verdadero recurso, que es el recurso humano en la seguridad.
Es importante señalar todo eso, porque si visualizamos las precariedades en las que trabajan los policías y, sobre todo, los policías municipales, nos podemos hoy dar cuenta por qué este país cada día se va agravando en seguridad o inseguridad pública.
Por ejemplo, aun cuando los recursos han crecido exponencialmente para la seguridad, de todas maneras la seguridad no cambia, al contrario, se está complicando.
Por ejemplo, en el tema de lo que fue el Forcet que se creó en el 98 y hasta el año pasado que se cambió de nombre se han otorgado algo así como más de 106 mil millones de pesos y, sin embargo, con las cifras que dábamos no ha mejorado la policía ni la inseguridad.
Pues, ¿cómo va a mejorar, si el 40 por ciento de las policías municipales ganan menos de 5 mil pesos? Les preguntaría a ustedes, ¿alguno de ustedes quisiera ir a trabajar, arriesgando la vida por menos de 5 mil pesos al mes? Pero además agréguenle que la mayoría de esos policías no tienen seguridad social, además la mayoría de policías trabajan entre 8 y 48 horas seguidas, lo que implica que va en contra de los estándares que ha establecido para los policías la Organización de las Naciones Unidas. Y más aún, en México un policía debe vigilar cerca de 960 personas, algo que está también fuera de las normatividades internacionales.
Las policías tienen graves problemas de recursos humanos y de otro tipo, y materiales, cómo pueden enfrentar, entonces, al crimen organizado y a los problemas de inseguridad, como ya decía.
Por eso, hoy venimos a pedir en esta reforma que nos solidaricemos con quienes van y pueden cambiar la seguridad, si no le hacemos justicia a los buenos policías y a los ministerios públicos y peritos, entonces no puede haber seguridad pública en este país.
Porque podemos gastar el dinero que ustedes quieran, pero no habrá una mejor seguridad si no ponemos al centro del debate del problema de seguridad, a quien debe estar ahí, que es al ser humano, al hombre que tiene familia, que es al policía y al Ministerio Público. Al que le debemos dar una verdadera carrera policial, una carrera ministerial, con todos los incentivos posibles, para que en este país sea, ser Ministerio Público o ser policía sea un honor y no sea como hoy, algo despreciable para muchos.
Para esos buenos policías tenemos que buscar cómo recuperarles la dignidad, dándoles las herramientas suficientes y debemos empezar con reformar el artículo 123 para darles un juicio que sea justo y que no queriendo supuestamente limpiar las policías, hoy les hemos quitado el derecho a la estabilidad en el empleo, algo que va en contra también de lo que son los tratados internacionales, y si hacemos un comparativo de lo que pasa en otros países, vemos que en otros países sí se les trata con justicia a los policías y a los ministerios públicos. México es de los países que peor trato dan a sus ministerios públicos, policías y peritos.
Es momento que volteemos a ver a quienes pueden darle un giro a lo que es la política pública. Hoy los invito a que, desde la reforma del 123 constitucional hoy que viene la discusión también en lo que es el mando mixto policial, pensemos en que los policías y ministerios públicos sí necesitan un régimen especial, pero donde también sus derechos humanos, sus derechos laborales estén contemplados. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Sánchez Orozco. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la compañera diputada Damián, sonido en la curul de la diputada Araceli Damián, por favor, listo, ¿con qué objeto, diputada?
La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Para preguntarle al diputado Víctor si puedo suscribir su iniciativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado Víctor da su consentimiento, está a disposición de usted y de quienes deseen suscribirla aquí en el área de la Secretaría de la Mesa Directiva.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Mientras tanto, esta Presidencia saluda a las mujeres empresarias de Hidalgo, invitadas por la diputada Erika Rodríguez Hernández. Bienvenidas.
La diputada Karina Sánchez Ruiz: Es nuestra obligación terminar con la brecha de desigualdad que aparta a la población indígena del país. Con la venia de la Presidencia.
Compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta honorable asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XV al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Lo anterior con la finalidad de facultar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que implemente programas de desarrollo integral que propicien y fomenten la permanencia, continuidad y conclusión de la formación educativa obligatoria.
Para Nueva Alianza los pueblos originarios y la población que habla lenguas indígenas constituyen una parte esencial de la identidad nacional que da forma a la expresión de nuestra diversidad cultural y nos convierte en una sociedad pluriétnica y multicultural.
Esta realidad consolida nuestro compromiso con el derecho que tiene todo ciudadano mexicano y mexicana de participar libremente en la vida cultural de la nación al promover y fortalecer nuestros valores.
Para nuestro grupo parlamentario es una prioridad desarrollar políticas públicas que contribuyan a reducir la brecha de desigualdad que separa a las y los niños indígenas del resto de los estudiantes del país.
Lamentablemente la educación es un derecho que aún está fuera del alcance de un enorme número de personas que pertenecen a comunidades. Esto no puede seguir sucediendo, sobre todo en un país que ha incluido en su Constitución el reconocimiento de una composición pluricultural, misma que establece que es una obligación de la federación, las entidades federativas y los municipios promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, determinando las políticas necesarias para garantizar la vigencia de sus derechos y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.
En congruencia con dicho principio, expidió la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, misma que tiene objetivos precisos que están encaminados a promover y fomentar programas y estrategias que coadyuven a su desarrollo integral y sustentable.
Pese a lo anterior y a los esfuerzos emprendidos para hacer efectivo el derecho a la educación en la población indígena, las cifras siguen revelando que es más difícil obtener una educación de calidad cuando se tiene esta condición de indígena.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el índice de analfabetismo entre la población hablante de alguna lengua indígena pasó de 34 a 27 por ciento de 2005 a 2010. A pesar de haber disminuido, sigue siendo 5 veces mayor; esto es 5.4 por ciento que el analfabetismo de la población no hablante de lengua indígena del mismo grupo de edad.
Dos. De cada 3 niños entre los 6 y 14 años de edad que no están en las escuelas son indígenas. Otro dato que refleja la enorme desigualdad en la que se desarrollan los pueblos indígenas es que tan solo 7.75 por ciento de la población indígena de 15 años o más ha cursado la educación media superior, cifra que se reduce a 4.15 por ciento cuando hablamos de la población indígena de 18 años o más que ha cursado el nivel superior. Esto es sin tener la certeza de que haya concluido o no sus estudios.
Estos números nos muestran que, en efecto, la marginalidad de los pueblos y comunidades indígenas está muy lejos de desaparecer. Por el contrario, de no tomar las medidas pertinentes, se estará condenando a las nuevas generaciones a permanecer o perpetuar las condiciones de pobreza en las que han vivido.
En Nueva Alianza estamos decididos a terminar con esa brecha. Sabemos que la educación es el mejor medio para alcanzar la libertad y garantizar la justicia social y la igualdad de oportunidades. Por eso queremos, que quienes pertenecen a las comunidades indígenas permanezcan en la escuela y que continúen y concluyan su formación educativa. Queremos y necesitamos más representantes de comunidades indígenas en las universidades del país.
Para Nueva Alianza, la inclusión debe verse reflejada en todos los aspectos de la vida académica. No permaneceremos inmóviles, estamos resueltos a mejorar la calidad de vida de los pueblos originarios del país. ¿Nos ayudan a cambiar las cosas? Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Sánchez Ruiz. Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 26, 28, 29 y 34 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
El diputado Abdies Pineda Morín: Con su venia, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante.
El diputado Abdies Pineda Morín: Honorable asamblea. Expongo a ustedes el interés del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para reformar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el objeto de que la sociedad civil participe en la designación de sus titulares mediante una consulta pública, ello conservará la facultad del presidente de la República para designar funcionarios relacionados con la protección y defensa de los derechos fundamentales, tal es el caso del presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
En Encuentro Social valoramos la inteligencia y madurez política de la sociedad y acompañamos sus causas justas convirtiéndolas en proyectos legislativos que coadyuven a su solución. Es de especial interés que la atribución exclusiva del presidente de la República para designar al titular de la Conapred sea administrada, consultada a la sociedad civil y a sus organizaciones.
Asimismo, consideramos necesario que la Asamblea Consultiva participe en la vida de este consejo con mayor protagonismo e influencia y, en consecuencia, con mayor responsabilidad, ejerciendo funciones no solo de consulta y de asesoría, sino de evaluación, al contar con la posibilidad de solicitar al secretario de Gobernación, la remoción de su titular por causas que la asamblea considere graves. Con ello, la posible falta de legitimidad social del consejo y su presidente se verán subsanadas con mayor participación ciudadana en su vida cotidiana.
Otra problemática que pretendemos resolver con el presente proyecto, es el desfase que ocurre cuando el presidente del consejo se pasa del sexenio del titular del Poder Ejecutivo que lo designó en el cargo. Para ello proponemos que el periodo se homologue a la mayor posibilidad de seis años.
Encuentro Social en su declaración de principios apunta: Nos definimos como una organización abierta a todos los ciudadanos que compartan la inquietud y el deseo de impulsar una reforma que posibilite la transformación de instituciones que organizan la vida de la nación.
Dicha reforma debe sustentarse en un accionar ético de respeto a la dignidad de los demás, cuyos objetivos de mediano y largo plazo estén encaminados a la construcción de un nuevo proyecto de Estado en el que todos los ciudadanos asuman la conciencia de que tenemos que hacerlo juntos.
Diputadas, diputados, México y sus instituciones requieren de pasar a un régimen de mayor democracia participativa en la que los ciudadanos compartan la responsabilidad de proponer a altos funcionarios de las dependencias encargadas de salvaguardar sus derechos.
Desde esta tribuna mi grupo parlamentario se solidariza con el licenciado Ricardo Bucio, anterior presidente de la Conapred, por la pérdida física de su señor padre. Vayan nuestras condolencias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Abdies Pineda. Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que en el ámbito de sus atribuciones inicie las investigaciones correspondientes, para determinar la legalidad del monto que se pagó por la terminación de la relación laboral del extitular de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza. Adelante, diputado.
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame un segundo, diputado. Sonido en la curul de la diputada Rocío Nahle. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Nada más para señalarle que el punto de acuerdo es de urgente y obvia resolución, por favor.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sí, diputada, así está inscrito como proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Adelante, diputado.
El diputado Rogerio Castro Vázquez: Muy buenas tardes, diputadas, diputados. El asunto que Morena denuncia en esta tribuna es la liquidación millonaria que se otorgó a Ochoa Reza, el mismo día de su renuncia. Es decir, el 8 de julio envió a Enrique Peña Nieto su renuncia en la que afirmaba su intención para participar en la elección del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Sin embargo el mismo día, aún siendo titular de la CFE, firmó el dictamen de terminación de la relación laboral. En dicho documento se estableció que se daba por terminada la relación laboral por mutuo consentimiento, y que a solicitud de Ochoa, se otorgaría el pago de liquidación y finiquito que establece el mayor beneficio económico a favor del servidor.
Ese mismo día la CFE procesó la salida de Ochoa como separación voluntaria, por lo que le pagó 213 mil pesos por concepto de nómina, y al día siguiente aparece en la base de datos de empleados con el estatus laboral de reajuste. En dicho dictamen se pactó el pago. El día 24 de agosto se presentó en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para recibir un cheque por la cantidad de 1 millón 200 mil pesos como parte de su “indemnización”.
Esto quiere decir que antes de abandonar el cargo Ochoa sabía perfectamente las acciones y procesos que se llevarían a cabo para poder recibir la supuesta indemnización. Ante dicho escándalo Roberto Martínez, de la CFE afirmó “Ochoa Reza no obtuvo privilegio alguno en su pago, ya que aún y cuando dejó el cargo voluntariamente, el término del contrato fue bajo la cláusula de liquidación y no de voluntad propia”. Esto sólo aplica en los casos en los que el trabajador expresa su deseo unilateral e irrevocable de abandonar el puesto.
El funcionario sostuvo que la renuncia de Ochoa Reza no es unilateral, sino de mutuo acuerdo entre el interesado y el titular del Ejecutivo, quien acepta la renuncia. Por ello aplica la cláusula de liquidación. Además subrayó “es un procedimiento ordinario estándar que no se estableció en esta administración ni en la anterior”. Este procedimiento se ha aplicado a todos los directores generales de la empresa en los últimos 15 años, de acuerdo a lo que establece el manual de mandos de la CFE.
En su declaración 3 de 3, Ochoa Reza reportó que inició su administración como titular de la CFE el día 5 de febrero de 2014, y reporta como fecha de término, el 8 de julio de 2016. Es decir, su cargo sólo lo desempeñó por dos años y 155 días.
El manual de trabajo para los servidores públicos de mando de la CFE es muy claro. Si el funcionario se separa por separación voluntaria las compensaciones sólo aplicarán después de tres años de servicio. Por lo tanto, el ahora dirigente nacional del PRI, ni siquiera cumplía con el primer requisito establecido en la norma para tener derecho a pago alguno.
Por lo que el proceso de liquidación que él mismo realizó podría constituir un delito, toda vez que hay una contradicción entre la renuncia voluntaria que presentó y la liquidación que se otorgó como director de la empresa productiva del estado. Esta empresa ha aplicado en automático los bonos a los últimos cinco directores, incluyendo a Ochoa Reza.
Estas acciones han costado 5.2 millones de pesos al erario público, en todos los casos los funcionarios han presentado su renuncia voluntaria, ninguno ha cumplido con los tres años requeridos para gozar de dicho derecho. El dirigente nacional del PRI afirma que la publicación y la filtración de información de su millonaria liquidación, se debe a que hay sectores molestos por las acciones contra la corrupción que se ha tomado a interior de su partido, ¿cuáles? Pregunto. Pura falsedad, pura simulación.
Para Morena los hechos denunciados son reprobables, toda vez que son un evidente acto de corrupción, la normatividad con la que opera la CFE no es aplicada con la misma rigurosidad, por ejemplo, con los trabajadores de Luz y Fuerza, que estaban a un día de alcanzar su jubilación conforme a lo marcado en su contrato colectivo en fecha 11 de octubre de 2009.
Miles de trabajadores y trabajadoras fueron presionados para renunciar a los logros laborales y sociales obtenidos durante décadas...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame, diputado. Les pido, por favor, a los diputados y a las diputadas, respeto al orador, y al orador proceda a concluir su intervención, por favor.
El diputado Rogerio Castro Vázquez: Mientras que los altos funcionarios gozan de privilegios con pagos indebidos e ilegales, desde esta tribuna hacemos responsable a Enrique Ochoa Reza no solo de posibles actos de corrupción en lo que se ha visto involucrado, sino de las acciones que han obligado a descuartizar el patrimonio que llevó décadas consolidar, así como la mayor pérdida en la historia de la CFE...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.
El diputado Rogelio Castro Vázquez: Misma que tiene un déficit de 93 mil millones de pesos. Desde aquí exhortamos a la Auditoría Superior de la Federación, a que investigue la legalidad en el pago de su liquidación; a la Secretaría de la Función Pública, a que investigue y castigue este acto de corrupción, incluyendo al propio Ochoa Reza...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.
El diputado Rogelio Castro Vázquez: Con su inhabilitación para ocupar un cargo público. Que se escuche claro...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.
El diputado Rogelio Castro Vázquez: Y que se escuche fuerte, abajo los privilegios y abajo la corrupción.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: No se considera de urgente resolución. Por tanto túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Continúe la Secretaría con las declaratorias de publicidad.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules un dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara el 17 de julio de cada año como Día Nacional del Defensor Ambiental.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados formulará 83 preguntas por escrito al titular del Ejecutivo federal con el propósito de ampliar la información del IV Informe de Gobierno, mismo que fue entregado al Congreso de la Unión el 1o. de septiembre del año en curso.
Segundo. El número total de preguntas parlamentarias será el determinado por el resolutivo anterior y se distribuirá en la siguiente proporción:
a) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 21 preguntas.
b) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 14 preguntas.
c) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 10 preguntas.
d) Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 9 preguntas.
e) Grupo Parlamentario de Morena, 8 preguntas.
f) Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 7 preguntas.
g) Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, 6 pregunta.
h) Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, preguntas.
i) Diputado independiente, 2 preguntas.
Tercero. Para ser calificadas como procedentes, las preguntas que formulen los grupos parlamentarios deberán:
a) Solicitar expresamente que se amplíe la información contenida en el Cuarto Informe de Gobierno.
b) Señalar el área temática a la que corresponden, atendiendo a la clasificación del artículo 130, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
c) Ser redactadas de manera institucional además de ser claras y concisas para que sean contestadas de manera precisa.
d) Referirse a un único tema para permitir una respuesta directa, y
e) Cada pregunta deberá ser precedida por una breve introducción que sirva como marco de referencia.
Cuarto. Los grupos parlamentarios remitirán a la Secretaría Ejecutiva de la Junta de Coordinación Política en medio impreso y electrónico, las preguntas parlamentarias que conforme al segundo resolutivo les correspondan, antes de las 12 horas del lunes 24 de octubre de 2016.
Quinto. Concluido el plazo a que se refiere el resolutivo anterior, la Junta de Coordinación Política con fundamento en el artículo 130, numeral 5, del Reglamento de la Cámara, calificará e integrará las preguntas propuestas por los grupos parlamentarios remitiéndolas a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que proceda conforme al Reglamento.
Una vez aprobadas, el Presidente de la Mesa Directiva las hará llegar al titular del Ejecutivo federal, solicitándole en el marco de una responsable y respetuosa colaboración entre Poderes, que dé respuesta a las mismas en un tiempo razonable a partir de su recepción.
Sexto. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Transitorio. Único. El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese. Proceda la Secretaría a dar lectura al siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Acuerdo:
Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación para que agilice la entrega del recurso del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden), a los municipios de Durango y Canatlán del estado de Durango, debido a los daños sufridos por los fenómenos meteorológicos vividos en días pasados.
Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica se pregunta a las diputadas y a los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese. Antes de cerrar la sesión, compartimos con ustedes la invitación que la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, secretaria de la Mesa Directiva, nos hace para asistir a la presentación del documental Dulce Agonía, el día de mañana a las 12 del día, en el Auditorio Ala Norte, edificio A, referente al tema de la diabetes en nuestro país.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (16:48 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 6 de octubre de 2016, a las 11 horas.
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