Comunicaciones
Iniciativas
María Guadalupe Oyervides Valdez, PRI
Cristina Teresa García Bravo, PRD
Omar Noé Bernardino Vargas, PVEM
Luis Alfredo Valles Mendoza, PNA
Ana Georgina Zapata Lucero, PRI
Wenceslao Martínez Santos, PAN
Renato Josafat Molina Arias, Morena
Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, PMC
Gonzalo Guízar Valladares, PES
Francisco Escobedo Villegas, PRI
Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, PAN
Héctor Javier García Chávez, PRD
Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, PVEM
Norma Xóchitl Hernández Colín, Morena
Germán Ernesto Ralis Cumplido, PMC
Francisco Javier Pinto Torres, PNA
Dictamen a discusión
Propuesta de moción suspensiva
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Efeméride con motivo del 12 de octubre, Día de la Raza
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen 255 diputadas y diputados registrados previamente. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (11:40 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se dispensa su lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Honorable asamblea. La Presidencia de la Mesa Directiva de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Extradición Internacional, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen el Procedimiento Penal, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, de la Ley Genera de Víctimas, de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General para Prevenir y Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, presentada por el diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 17 de agosto de 2016. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se recibieron los siguientes oficios: de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que solicita el retiro de la iniciativa que reforma los artículos 3° y 4° de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con los Mismas, presentada el 29 de abril de 2016.
Y, del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, por el que solicita el retiro de la iniciativa que expide la Ley de Almacenamiento Rural y se reforman los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para atender carreteras y caminos rurales devastados en diversos municipios que se han visto afectados por el huracán Newton.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Protección Civil para su conocimiento.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes minutas: uno, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII, pasando la actual a ser XIII del artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios para dictamen.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con proyecto de decreto por el que se declara la segunda semana de noviembre de cada año como la Semana nacional para prevenir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley d Premios, Estímulos y Recompensas civiles.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional para dictamen.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Oficios del Congreso del Estado de Nuevo León con los que remite las siguientes iniciativas:
Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 97, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforman diversas disposiciones al artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la presentación de iniciativas. Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 164 del Código Penal Federal.
La diputada María Guadalupe Oyervides Valdez: Con su permiso, señor presidente. Buenos días diputadas y diputados. Según Antonio Camou, nos indica que el grado de gobierno está representado por un equilibrio entre demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernamental.
En nuestra Constitución la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, y es voluntad de estos constituirse de manera representativa y democrática.
No obstante a lo anterior, en los últimos años hemos sido testigos de la proliferación de conductas delictivas vinculadas a la corrupción, consecuentemente del surgimiento de grandes fortunas acumuladas por servidores públicos, produciéndose así una notoria conmoción social en el país y una desconfianza en la ciudadanía respecto a sus servidores públicos e instituciones de gobierno.
Con la intención de restaurar la confianza y la participación de los ciudadanos, hemos comenzado ya la construcción de una gobernabilidad justa en materia de anticorrupción en nuestro país, y aunque hemos avanzado en gran medida, las sanciones que aplican al servidor público que participe hoy en estos temas –me refiero a un tema en específico, ya que no son suficientes–, en la producción, tenencia, tráfico, proselitismo de narcóticos, son insuficientes las penas y deben de ser severas y contundentes, que marquen a ese funcionario que abusó de la confianza de la ciudadanía.
Si bien es cierto que el artículo 22 de nuestra Constitución asevera que toda pena debe ser proporcional al delito que se sancione y al bien jurídico afectado, no se habla de bienes específicos o de los intereses de unos cuantos. En este caso se habla de la afectación de un interés nacional. Vulnera la relación del Estado y de sus gobernados y crea una ingobernabilidad permanente.
El propósito de esta iniciativa es recuperar la confianza y, por ende, la construcción y fortalecimiento de la gobernabilidad que este país necesita. Para efecto de lo anterior, es necesario que a través del medio de control, es decir el derecho penal y su capacidad de disuadir, sancione proporcionalmente la conducta de aquellos servidores o funcionarios que vulneran la relación del gobierno con sus gobernados.
En atención a lo antes expuesto, propongo esta iniciativa a fin de modificar el artículo 194 del Código Penal Federal para que se sancione en delitos contra la salud a aquellos funcionarios que se vean involucrados en la producción, tenencia, tráfico, proselitismo en materia de narcóticos.
No es posible que la ley hoy permita que el funcionario pueda regresar a los dos años. Mi propuesta es que aumente la pena y que siga a 20. Es lo justo. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias por su atención.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada Oyervides Valdez. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen. Sonido en la curul de la diputada María del Rosario Rodríguez, por favor. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada María del Rosario Rodríguez Rubio (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Para decirle a la diputada Lupita si me permite adherirme a esta buena propuesta donde de verdad con esta nueva generación de diputados y diputadas que estamos en el Congreso, debemos unirnos en beneficio de la sociedad. Gracias.
La diputada María Guadalupe Oyervides Valdez: Sí, de acuerdo.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada acepta la adhesión. Está a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría para la firma correspondiente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
El diputado José Máximo García López: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para presentar iniciativa sobre un tema muy sensible para la sociedad y que queremos resolver de una forma óptima y no simplemente en respuesta a una coyuntura; me refiero al tema de la responsabilidad y legalidad de la portación de armas de fuego.
Como es sabido, el artículo 10o, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concede el derecho de libertad a sus habitantes de poseer y portar armas de fuego para su seguridad y legítima defensa. Este precepto reconoce una potestad del Estado de otorgar a cada individuo la garantía elevada en calidad de derecho humano de poder asegurarse de manera propia la protección de su seguridad y patrimonio.
Debe en todo momento en arreglo a lo establecido por los artículos 7 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, regularse la posesión de toda arma de fuego, con conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual obliga a la institución en cada pieza ante el Registro Federal de Armas, y asevera el número 8 de la misma ley que no se permite la posesión ni portación de aquellas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Área.
Durante las últimas décadas en diversos foros los legisladores han tratado de mantener vigente la constante revisión de la vigencia de las normas, prevaleciendo la imposición de penas a quienes trasgreden las disposiciones normativas.
Debemos, por un lado, tener claro la concepción que establecen los artículos 160 y 162 del Código Penal Federal, sobre los supuestos punibles y sanciones de portación de uso de las armas prohibidas que apuntan de forma general a todas las de fuego, así como instrumentos empleados con pólvora o substancias mezclas con supuestos químicos con propiedades explosivas.
Con ello, con el fin que no se confunda con aquellos delitos que son de competencia del fuero común y que enumeran en el Código Penal Federal, así como los de competencia que en su caso regula la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el delito de portación de arma de fuego sin licencia, es decir, cuando se da el caso de un arma de uso común la pena no es rigurosa.
Pero, en cambio, en el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, la sanción debe ser grave, no obstante que tanto la posesión y la aportación son una garantía constitucional y la ley sanciona a quien comete el delito de portar un arma de fuego sin la licencia correspondiente. Es decir, que se le encuentren comprendida en los artículos 9o y 10 de la misma normatividad.
Sin embargo, en todos los casos las penas privativas de libertad contemplan sólo un mínimo de tres años, es decir, admiten el beneficio de la caución en el sistema tradicional en la mayoría de los casos, por ende, no se establecen como ilícitos de carácter grave a sabiendas del gran riesgo de inseguridad que para la población implica enfrentar el latente riesgo de ser presa de los delincuentes, mismos que tras pagar una fianza saldrán nuevamente a las calles a poner en riesgo la vida, la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos.
Por otra parte, dada la reforma el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se inhibió por parte del legislador el uso excesivo de prisión preventivo oficiosa y con la aprobación y entrada del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 167, se limitó a estas ciertas conductas típicas que habrán de estar sujetas al control oficioso del juez.
Así, se permitió conceder al ahora imputado su proceso en libertad o bajo cualquier otra medida cautelar distinta a la de la prisión, lo que ha ocasionado que se sigan cometiendo conductas ilícitas que causan un fuerte impacto a la población.
Es por lo anteriormente expuesto que se pretende adicionar el artículo 167 Bis del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que el juez de control, en el ámbito de su competencia, ordene la prisión preventiva oficiosa en los casos de portación de arma prohibida, de uso exclusivo del Ejército; además del decomiso correspondiente, en términos del artículo 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cuando no se demuestre en el momento de la detención su legal portación.
De igual forma, se reforman los artículos 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y el 160 y 162 del Código Penal Federal, para establecer penas de 5 a 10 años de prisión y el decomiso del arma o las armas si es que el infractor no cuenta con la licencia correspondiente de su portación.
Para Acción Nacional creemos que ésta es más una clara necesidad de proteger al ciudadano de la inseguridad que vive día a día. Esperemos que con estas sanciones logremos reducir el número de armas ilegales que tantas víctimas han cobrado y que tanto dañan a nuestro país. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado García López. El diputado presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 160 y 162 del Código Penal Federal, el 81 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y adiciona un artículo 167 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Defensa Nacional para dictamen.
La iniciativa, del mismo diputado, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor se turna a la Comisión de Economía para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo octavo de la Ley de la Policía Federal.
La diputada María Cristina Teresa García Bravo: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, acudo ante esta tribuna para presentar la iniciativa que formaliza la creación de la Policía Federal Turística, una policía especializada que se incorpora dentro de la estructura de la Policía Federal para brindar seguridad en aquellas ciudades, playas y zonas arqueológicas, entre otras zonas turísticas y de interés cultural de nuestro país visitadas por nacionales y extranjeros.
Reconocemos que como consecuencia de la inseguridad que priva en México, se han desencadenado delitos dirigidos contra turistas, así como la destrucción intencionada de instalaciones patrimonio cultural o natural, debido a la proliferación de actividades de la delincuencia organizada que se discute los territorios donde se desenvuelve el turismo; situación por la que en ocasiones algunos gobiernos de otros países recomiendan no visitar determinados sitios de nuestro país.
Por eso, sabemos de la importancia de los ingresos en divisas que por turismo entran al país, pues evidente que se trata de industrias sin chimenea, de la cual viven muchas naciones.
Nos queda claro que el turismo es un detonador importante de nuestra economía nacional, por lo tanto, representa una fuente importante de divisas, activación de empresas del sector y creación de empleos. Por ejemplo, según la Secretaría de Turismo, durante el primer trimestre de 2016 esta actividad representa un saldo positivo por turismo internacional de 2 mil 890 millones de dólares o un crecimiento del 12.7 por ciento con respecto a igual periodo de 2016. Un ingreso al país de 8 millones 800 mil turistas extranjeros, es decir, 877 mil más que en el mismo periodo de 2015.
Según la Organización Mundial del Turismo, en el año 2012 México ocupó el decimoquinto lugar de países más visitados del mundo y los ingresos por turismo superaron inclusive a los derivados de la exportación del petróleo. Pero, más que repasar estadísticas, es fundamental que el Estado garantice a todo individuo el derecho a la seguridad como un derecho humano para las y los turistas nacionales e internacionales que visitan y recorren nuestro país.
Desde 2013 a la fecha algunas ciudades o entidades como Tepoztlán, Monterrey, Caborca, Los Mochis, Puebla, Cuernavaca, Chihuahua, Guanajuato y Acapulco, así como la Ciudad de México han creado cuerpos policiacos ex profeso para garantizar la seguridad de los turistas; siempre con recursos limitados y esfuerzos propios.
Por eso, solo por tener un alcance de esta iniciativa, hasta el día de hoy nuestro país no cuenta con una policía federal turística. Por ello, propongo reformar en la Ley de la Policía Federal el inciso e) de la fracción III del artículo 8o.; así como adicionar un párrafo a la misma fracción y un inciso f) a la fracción XXI de la misma.
Sin duda, la policía turística será un cuerpo policiaco dentro de la estructura de la Policía Federal, previa selección, capacitación y supervisión. En el marco de esta propuesta la policía turística deberá ser la que cuide a todos nuestros visitantes y extranjeros. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada García Bravo. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
Se recibió de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.
De igual manera se recibió, de la misma diputada María Cristina Teresa García Bravo, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal y adiciona el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La diputada Evelyn Parra Álvarez (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en el espacio de la diputada Evelyn Parra.
La diputada Evelyn Parra Álvarez (desde la curul): Sí, buenos días a todos. Preguntar a la diputada Cristina si podemos adherirnos a su iniciativa.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: ¿Está de acuerdo diputada Bravo? Está de acuerdo la diputada. Todas las personas diputados que quieran adherirse está en esta Secretaría a disposición la iniciativa, para aquellos que quieran hacerlo. Gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Omar Noé Bernardino Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 5 y 12 de la Ley de Seguridad Nacional.
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, presento ante esta soberanía proyecto que adiciona acciones a la Ley de Seguridad Nacional, presenta la primera adición que es enunciar en el catálogo de actos que se consideran como amenaza de seguridad nacional los tendientes a obstaculizar, impedir, inhabilitar o destruir infraestructura, provisión, inocuidad y sanidad de alimentos.
También, proponemos que se adicione que en el consejo de seguridad se integre al titular de la Sagarpa, de la misma manera que en el mismo consejo de seguridad se integre al director en jefe de Senasica, no obstante que la ley en comento en el artículo 3 fracción I establece que se entiende por seguridad nacional toda acción destinada a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano y a la protección de este frente a las amenazas y riesgos que enfrenta nuestro país.
Por ende, es necesario incluir en el catálogo como un acto de prioridad los temas de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria como una prioridad de seguridad nacional.
Todos sabemos que el sector agroalimentario ahorita es el detonador de la economía de nuestro país y, por ende, nosotros tenemos que blindar a los productores agroalimentarios, para que los blindemos, para evitar una amenaza o una enfermedad del exterior que pongan en riesgo los productos agroalimentarios y también pongan en riesgo a los que los consumen.
También, elevando o como prioridad la seguridad nacional es importante que el Estado mexicano garantice la seguridad alimentaria a través de alimentos sanos e inocuos que lleguen a la mesa del consumidor. Imagínense que llegue una plaga a diferentes partes del país y que ponga en riesgo la producción o un producto agroalimentario de la canasta básica.
Actualmente, como estos temas no son prioritarios y no son temas de seguridad nacional se pierde mucho tiempo en decidir qué autoridad tiene la competencia para hacer una estrategia de contención y para erradicar esta plaga.
Pero no nada más va a ir cuando existe una plaga, el tiempo es el peor enemigo del productor y del producto infectado. Por eso se puede generar una crisis de desabasto. Y al momento que se crea una crisis de desabasto también se genera una crisis económica porque el Estado mexicano tendrá que importar ese producto para abastecerlo en la nación.
También se crea una crisis de salud por la ingesta de este producto contaminado. También se genera una crisis de la imagen de México en el exterior, poniendo en riesgo los canales de comercialización de este producto infectado, o en su defecto, poner en riesgo los canales de comercialización de los productos que no están infectados pero por la mala imagen de nuestro país se puede dar.
También se puede generar una crisis social y ésta puede llevar a una crisis de gobernabilidad, porque la historia nos ha enseñado que por falta de agua o de alimentos se pueden generar hasta guerras.
Por eso es importante que esta Cámara de Diputados en su momento apruebe esta iniciativa para elevar como temas de seguridad nacional la sanidad, la inocuidad y la calidad agroalimentaria, para que en su momento, como lo establece la Constitución, se pueda garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Vargas, túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Derechos.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con venia de la Mesa Directiva.
El diputado Salomón Fernando Rosales Reyes (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Permítame, diputado, un segundo. Sonido en la curul del diputado Salomón Rosales. ¿Con qué objeto?
El diputado Salomón Fernando Rosales Reyes (desde la curul): Presidenta, gracias. Con el objeto de pedirle que la fracción del PRI de Michoacán quiere adherirse a la iniciativa que presenta Omar Noé Bernardino.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado. Diputado Bernardino, ¿está conforme con esta adhesión?
El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul). Claro que sí, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Él está conforme. Está en la Secretaría de esta Mesa Directiva la iniciativa para su adhesión. Gracias, diputado. Diputado Romero, continúe, por favor.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Mesa Directiva. Diputadas y diputados. Presento una iniciativa para reformar el artículo 12 de la Ley Federal de Derechos. Es un tema que va a ser turnado a la Comisión de Hacienda y espero que sea discutido en este paquete económico, particularmente en la discusión de la Ley Federal de Derechos que modifica la iniciativa del Ejecutivo federal.
El artículo 12 actualmente vigente establece que por la prestación de los servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional, se cobrará la cuota de 66.09 centavos; 66 pesos con nueve centavos que quien salga del país en un vuelo internacional paga en forma automática a través de su boleto de avión.
Estamos proponiendo que este cobro de 66 pesos se aumente a 132 pesos con 18 centavos –un aumento al doble–, porque este pago que realiza el visitante o el nacional en vuelo internacional se aplica a los recursos económicos de que dispone el Instituto Nacional de Migración.
No es un impuesto, es un derecho que se está pagando por la salida en vuelo internacional. No se grava a la población nacional, no se grava a sectores vulnerables. Es un pago que se realiza en todos los países en cualquier vuelo internacional, a nivel internacional. Este pago en México representa menos del 20 por ciento que en otros países.
Lo que buscamos es contribuir a los recursos económicos del Instituto Nacional de Migración.
A esta Cámara ha asistido el comisionado del Instituto Nacional de Migración a exponer la situación de gravedad económica por falta de recursos para el desarrollo de sus funciones, falta de recursos que al final del día se van a presentar como vulneración a derechos humanos y trato digno a los migrantes en nuestro país.
En nuestro país las estaciones migratorias necesitan recursos; los migrantes que en forma ilegal pasan por nuestro país, no solamente están dos, tres, cuatro o cinco días, hay migrantes que duran 15 días, un mes y hay que darles hospedaje y alimentos.
Faltan recursos al Instituto Nacional de Migración para que tenga capacidad de dar un trato digno a los migrantes que son retenidos en tanto se define la legalidad de su estatus en el país.
Esta es la propuesta que presentamos; les repito, es una propuesta que va a ser turnada a la Comisión de Hacienda, que debe considerarse en el Paquete Económico. Necesitamos fortalecer al Instituto Nacional de Migración para que propicie condiciones básicas en el trato digno a los migrantes, el hacinamiento, la falta de recursos para la alimentación diaria que se requiere para los migrantes en las estaciones de migración del instituto exige este recurso. No se aumentan impuesto, no se gravan a sectores sociales o vulnerables, al contrario, se obtiene un recurso que se justifica en la movilidad internacional de personas. Es un recurso que va a contribuir a una política humanitaria.
En estos días hemos tenido noticias de la cantidad de migrantes que se encuentran en los estados fronterizos, de procedencia haitiana. Esto muestra la gravedad de una crisis humanitaria si no tenemos capacidad como Estado mexicano, de atender el problema en sus dimensiones, y atender el problema en sus dimensiones exige un trato digno a todos los migrantes, mayor capacitación al personal, mayor incentivo económico para el propio personal y mejores instalaciones del Instituto Nacional de Migración.
Yo espero contar con su apoyo, no solamente en la presentación de esta iniciativa, sino en la discusión de la Ley de Ingresos, y en particular en la discusión de la Ley de Derechos, para fortalecer las finanzas públicas del Instituto Nacional de Migración. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Tenorio. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 10 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jorge Álvarez Maynez: Con su permiso, presidenta. Con el permiso de los diputados que nos acompañan en la sesión.
La semana pasada el Poder Legislativo en México vivió un capítulo de vergüenza, uno más a la ineptitud a la banalidad y a la escasa formación no solamente cívica sino jurídica de un senador, del senador Jorge Luis Preciado del PAN. Hoy aquí, su grupo parlamentario le ha corregido la plana tratando el tema en otro sentido pero partiendo del mismo supuesto equivocado.
Decía el compañero que me antecedió en el uso de esta tribuna que no espera contar con el apoyo de esta asamblea, de este pleno, de los grupos parlamentarios aquí representados. Nosotros en este tema sí esperamos que este Congreso de la Unión, que la Cámara de Diputados en particular trate el tema que venimos a platicar.
La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, dejó pendientes. Un pendiente tiene que ver con el artículo 10, de nuestra constitución que define a la posesión y a la aportación de armas en los límites que marca la ley como un derecho humano.
Nosotros creemos que ese enfoque es un enfoque equivocado, que debería desaparecer de nuestra Constitución y la reforma que planteamos es que lo que sea consagrado como un derecho humano sea el derecho de los mexicanos a la seguridad, a la protección de sus bienes, de su vida, por parte del Estado, pero no la posesión ni la aportación de armas, que incluso deberíamos de reafirmar desde el artículo 21 de la Constitución, que esta es una competencia exclusiva del Estado mexicano y del Ejército.
Porque la evidencia que hay en el mundo nos demuestra que esta visión que expuso el senador Preciado, que ha sido más prolífica en los Estados Unidos, por ejemplo, es un fracaso contundente.
En Estados Unidos, donde las leyes se parecen a lo que planteó el senador Preciado, 6 de cada 10 homicidios se dan con el uso ilegal de armas de fuego. Mientras que en países donde hay una prohibición expresa, como la que nosotros planteamos como Inglaterra, es uno de cada 10.
Hay un estudio muy bien documentado de David Pérez Esparza, que es un joven académico extraordinario que ha realizado sus estudios en el Reino Unido, que se llama: Más armas, más delitos, más homicidios.
Él básicamente demuestra que a partir de que expiró, en el 2004, la prohibición para armas de asalto, que durante la administración Clinton se impuso en Estados Unidos, es donde cambió la lógica del crimen organizado en México. Porque las explicaciones culturales, las explicaciones de impunidad, todas las explicaciones que se han querido hacer alrededor de la ola de violencia que vivió este país en los últimos años, no nos aportan ninguna explicación novedosa. Eso dice David Pérez Esparza.
Lo que sí sucedió que modificó los incentivos, que modificó la forma en que opera el crimen organizado es esta prohibición, que acabó gracias a una mala decisión del gobierno de Bush, gracias a una mayoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, acabó este modelo de prohibición a las armas de asalto.
Y en México es muy claro. La Encuesta Nacional de Seguridad de 2012 decía que la mayor cantidad de delitos se realizaba con armas punzocortantes –con cuchillos, con navajas, con este tipo de objetos–. Y para el 2010 ya dos de cada tres asaltos en México se realizaban con armas de fuego, fueran utilizadas o no.
Éste es un tema muy preocupante. Toda la evidencia empírica en el mundo arroja que entre más armas haya en un país, que entre menos regulada esté la portación, la posesión de las armas vamos a tener más delitos y más homicidios. No hay una sola experiencia internacional de disminución de la violencia, ni hay una sola interpretación bajo la cual esto pueda ser tipificado como un derecho humano.
Los derechos humanos que tenemos están consagrados en muchos instrumentos internacionales, y no hay ningún aval para pensar que la posesión y la portación de armas deban ser consideradas como tales. La posesión y la portación de armas deben ser consideradas, como dice Rebeca Ramos, un medio excepcional para la protección de otros derechos humanos. Es decir, no son un fin en sí mismos, como lo sería un derecho humano, sino son un medio excepcional para la protección de un derecho humano.
Por eso nosotros creemos que es el momento, a la luz de una iniciativa absurda como la que presentó el senador Preciado, de discutir el lugar, como ya han señalado el doctor Diego Valadés y otros juristas, que debe ocupar ciertos derechos, ciertas regulaciones en nuestra Constitución.
Nosotros creemos que en el capítulo de garantías y derechos humanos no cabe el tema de posesión y portación de armas, y que tenemos que avanzar a una regulación más estricta, más restrictiva en materia de armas de fuego. Es un riesgo para la seguridad de las ciudadanas y los ciudadanos de México seguir impulsando una visión que le dé la categoría de derecho humano a la posesión y a la portación de armas de fuego. Gracias, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Álvarez Máynez.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con su permiso, señora presidenta. Para el presente periodo ordinario de sesiones en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza establecimos la viabilidad financiera como uno de nuestros ejes estratégicos, la viabilidad financiera del Estado.
Entendiendo la viabilidad financiera, no solamente por la parte de los ingresos públicos, sino que también buscamos ajustes en el marco fiscal que incentiven el desarrollo económico, impulsen la competitividad y brinden justicia social intergeneracional a todos los contribuyentes.
En este supuesto cabe destacar que la pirámide poblacional sigue la tendencia de reducción en subasta, lo que significa que la proporción de niñas, niños y adolescentes ha disminuido.
También se percibe un crecimiento en la parte superior de esta pirámide, indicando un incremento en la cantidad de proporción de adultos y adultos mayores en México. Estos últimos pasaron de 6.2 por ciento en 2010 a 7.2 por ciento en 2015, en solo 5 años. De conformidad con la información proporcionada por el Inegi, en nuestro país el proceso de envejecimiento se hizo evidente a partir de la última década del siglo pasado, mostrando una inercia que cada vez es más notoria.
De acuerdo a las proyecciones de población que estima el Consejo Nacional de Población para 2025 y 2050, el número de adultos mayores aumentará a 17.2 y 32.4 millones, respectivamente.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza entendemos que un enfoque de derecho obliga a mejorar la capacidad institucional para combatir la pobreza y la desigualdad en la que viven muchos adultos mayores, a mejorar la atención e infraestructura de la seguridad social y a velar porque cada adulto mayor tenga los satisfactores necesarios para mejorar su calidad de vida.
En Nueva Alianza estamos conscientes de que la política económica y fiscal en materia de adultos mayores no ha sido la adecuada, sumado a un sistema de seguridad social que no ha logrado los objetivos de proteger a todos los miembros de la sociedad frente a las contingencias a que se exponen a lo largo de la vida.
Por definición, un adulto mayor se encuentra en edad de retiro o jubilación del mercado laboral, disminuyendo sus posibilidades de empleabilidad. Es decir, pueden carecer de una fuente constante de ingresos, sobre todo si consideramos que la mayoría no cuenta con un esquema de pensiones y quienes lo tienen, en muchos de los casos no es suficiente.
En diversas ocasiones y situaciones familiares, además son jefes de familia que participan activamente en el gasto familiar. Bajo dicho contexto los adultos mayores recurren a la enajenación de su patrimonio, inmobiliario como medida para obtener flujo de efectivo, con la esperanza de alcanzar un retiro laboral digno.
No obstante, y a pesar de que dicho patrimonio y los ingresos del propio contribuyente fueron grabados a lo largo de su vida laboral, la enajenación de casa-habitación se encuentra también gravada por Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Nueva Alianza reconoce y destaca que la ley vigente permite exentar la enajenación de la casa-habitación del contribuyente hasta cierto límite e impone determinados mecanismos de fiscalización y control adecuados para evitar prácticas de evasión fiscal, como son que el monto no exceda de 700 mil unidades de inversión, la transmisión se formalice ante fedatario público y que durante los tres años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación el contribuyente no hubiere enajenado su casa.
No obstante lo anterior y por razones de política fiscal, Nueva Alianza considera pertinente eliminar el tope de la exención citada cuando se trate de personas adultas mayores, en los términos que lo define la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, reproduciendo los candados de control necesario, a efecto de que la transmisión se formalice ante fedatario público y, a diferencia de la exención ordinaria, la presente aplicará únicamente si el contribuyente nunca enajenara su casa-habitación previamente.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara estima que la medida propuesta tendría un gasto fiscal de 133 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2016. Si tomamos en cuenta la estimación prevista en la Ley de Ingresos del año en curso para la recaudación por el rubro de impuestos, el impacto recaudatorio representa únicamente el 0.0055 por ciento de la cantidad que se estima a recaudar por impuestos sin tomar en cuenta que la medida producirá mayor flujo de efectivo y apoyo a los adultos mayores en nuestro país.
Por lo anterior, Nueva Alianza protege los derechos de los contribuyentes y sin duda contribuye y colabora con mejorar la calidad de vida de uno de los grupos vulnerables más afectados y de una población en crecimiento continuo, es decir, a nuestros adultos mayores. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Valles. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adicionan los artículos 37 y 37 A de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
El diputado Abdies Pineda Morín: Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea ocupo el espacio del orden del día de esta sesión plenaria para plantearles un proyecto de decreto que tiene que ver con las personas con discapacidad que tienen la dicha de contar con un empleo con prestaciones.
La propuesta es sencilla y consiste en exentar del pago de comisiones por el manejo de sus cuentas de ahorro para el retiro. Sé que el proyecto no será del agrado de las Afores, veamos algunos datos de estas administradoras, durante el primer semestre del año la utilidad neta que reportaron las Afores creció 6 por ciento al pasar de 4 mil 667 millones de pesos a 4 mil 994 millones de pesos, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Veamos algunos de los datos sobre las personas con discapacidad, de acuerdo con el último censo poblacional 7 de cada 10 personas con discapacidad en edad de elaborar no cuentan con un trabajo digno, de cada 100 personas con discapacidad ocupadas 22 lo hacen como trabajadores en actividades elementales y de apoyo, 18 son trabajadores agrícolas, 16 laboran en tareas de comercio o ventas, 14 son artesanos, 10 son profesionistas y técnicos, 8 realizan tareas de servicios personales y vigilancia y 6 trabajan como operadores de maquinaria, 3 como auxiliares administrativos, 2 son funcionarios, directores o jefes.
De las personas con discapacidad que laboran, 14 por ciento reciben ingresos por su trabajo, 18 por ciento ganan menos de un salario mínimo mensual, 24.9 por ciento de uno a menos de dos salarios, 16.5 por ciento de dos a menos de tres salarios, 11.2 por ciento de menos de cinco salarios, 5 por ciento de cinco a menos de diez salarios y solo 2 por ciento diez y más salarios.
Así como de manera particular se propone que los trabajadores con discapacidad visual reciban sus estados de cuenta en el sistema braille, la Constitución General de la República ha consagrado como un derecho humano el derecho a la información y máximo que se trata del estado de cuenta del ahorro para su retiro.
De cada 100 ocupados con discapacidad visual, 20 realizan actividades elementales y de apoyo, 17 son trabajadores agropecuarios, 16 comerciantes o empleados en venta y 12 profesionistas y técnicos.
La mayoría de las personas ocupadas con este tipo de discapacidad se concentran en el sector terciario de la economía, 51 por ciento. El resto se distribuye de la siguiente forma: 22.2 por ciento en las actividades agropecuarias y 20.5 por ciento en las industriales de la transformación.
Para Encuentro Social este proyecto de reforma es de elemental justicia, en razón de los bajos salarios que perciben la inmensa mayoría de estos trabajadores.
Encuentro Social exhorta a los grupos parlamentarios a reanudar los trabajos legislativos para discutir las iniciativas en materia de incremento salarial y expresa su voluntad a favor de esta medida de urgente atención. Es cuanto, diputada presidenta.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Pineda Morín. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen. Tiene...
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante, diputada. Sonido en la curul de la diputada Ramírez Nachis, por favor.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (desde la curul): Gracias. Solicitar al diputado que acaba de exponer esta excelente iniciativa la oportunidad de adherirme a su ponencia, si fuera tan amable.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado da su autorización, en consecuencia está a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
La diputada Ana Georgina Zapata Lucero: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Resguardada tras la intimidad de los hogares, la violencia de género constituye un tema que se hablaba poco fuera por vergüenza o resignación, una práctica lamentablemente común, pero que laceraba la vida de las familias y el desarrollo de personas sin que para ello importara edad, solvencia económica o ubicación geográfica.
A diferencia de lo que ocurría hace años, actualmente se aborda este problema de forma pública con la finalidad de resistir cualquier intento por mantener una sumisión a las mujeres por causa de sexo, construir nuevas formas de relación entre los mexicanos y establecer desde los hogares un nuevo paradigma de respeto e inclusión.
Si bien es cierto, cualquier forma de violencia de género debe ser motivo de preocupación, no lo es menos que ésta adquiere mayor relevancia cuando es su naturaleza física pues es a través de ella que se busca provocar un daño corporal que puede llegar a ser irreversible.
La violencia de género puede traducirse o escalarse a violencia feminicida, la expresión más inhumana de este tipo de violencia, la cual se ha venido desplazando infortunadamente de la vida hacia los espacios públicos. Ello no significa que debamos desatender la violencia que tiene verificativo en el ámbito del hogar al seguirse dando en más de alrededor del 50 por ciento de las viviendas de México, pues sus secuelas trastocan el desarrollo y protección de los menores hijos, y que es precisamente hacia donde va enfocada la presente iniciativa que someto a consideración de esta soberanía.
La violencia que se ejerce en contra de las mexicanas corre el riesgo de perpetuarse y si no hacemos algo para que la podamos prevenir y sancionar, siendo un fenómeno que pudiese reproducirse inmensurablemente.
No hay racionalmente hablando motivo para suponer que la violencia feminicida de género es un tema irresoluble o atribuible a la cultura machista que todavía impera en nuestro país.
Por ello, es que se vuelve necesario idear nuevos mecanismos que protejan a las mujeres de la violencia que se ejerce en su contra, pero también a sus hijos que quedan en orfandad cuando es el padre autor de la muerte de su madre y su responsabilidad está plenamente comprobada.
Una manera de proceder para atender este fenómeno, tiene que ver con el régimen de pensiones de nuestro país, pues hemos encontrado que no existen disposiciones que den respuesta amplia a la situación de vulnerabilidad y desamparo absoluto en que se encuentran aquellos hijos menores, hijos de víctimas mortales de la violencia feminicida y padre agresor.
En el caso de la Ley del Seguro Social, el hijo de la víctima mortal de violencia de género sólo tendría derecho a percibir una pensión equivalente al 20 por ciento de la pensión de invalidez que la madre asegurada estuviese gozando al fallecer o de la que hubiera correspondido suponiendo realizando el estado de invalidez.
Sin embargo al ser el propio padre el causante de la muerte de la madre, hace que la situación del hijo menor resulte huérfano de ambos padres, pues no sólo pierde a su madre a consecuencia de la violencia feminicida, sino que psicológicamente ilegalmente también pierde a su padre.
Esto infortunadamente es muchas veces una realidad que conlleva grandes consecuencias para el hijo menor huérfano al verse agravado su sufrimiento, indefensión y desprotección, lo que le acarrea un daño emocional terrible, circunstancias suficientes para que como representantes populares incorporemos en la legislación, medidas de protección especial para evitar que los menores sufran esta situación de orfandad absoluta que los hace sumamente vulnerables.
De ahí que bajo razones de proporcionalidad y justicia social, estamos proponiendo una reforma a la Ley de Seguro Social a fin de incorporar que se considerará como huérfano de madre y padre cuando el padre haya privado de la vida a la madre del hijo menor a causa de la violencia de género, para que consecuentemente tenga derecho a recibir una pensión de orfandad, igual al 30 por ciento.
En este tipo de tragedias ambas de gran daño psicológico, los menores sufren un daño económico, más cuando habrá de verse inmiscuido en diversos procedimientos de tipo administrativo y judicial, tanto para gestionar el pago de la pensión, como por el nombramiento de tutor o para la sucesión de derechos, entre otros.
La reforma busca ir acorde con el interés superior del niño previsto en los tratados internacionales de los que México forma parte, y de nuestra carta fundamental, pretendiendo preservar su derecho a la seguridad social, y como consecuencia de ello, a su sano desarrollo económico y emocional.
Pretendemos se dé protección, apoyo y asistencia a aquellas víctimas de violencia de género feminicida, hasta ahora casi invisible. Las niñas y niños huérfanos por motivos de esta violencia y a quienes se les debe facilitar las mejores condiciones posibles para que puedan hacer sus vidas.
Como complemento a la protección especial que se propone, consideramos oportuno también, se establezca que no obstante que la asegurada o pensionada haya alcanzado a cotizar ante el IMSS, el mínimo de 150 semanas, el hijo menor quedado huérfano tenga derecho a esta pensión especial, pues si bien resulta entendible, el que se fije un piso de semana de cotización para que se pueda recibir la pensión de orfandad, esta situación se encuentra más que justificada.
Cualquier acto u omisión que tenga finalidad para realizar daño en contra de cualquier persona por cuestión de género debe ser repudiado fuertemente, no importando su naturaleza sea física, sexual o psicológica, pues lo que se pretende es limitar el ejercicio de libertades y derechos gozando el punto por las mujeres. Es cuanto, señor presidente, pidiéndoles se sumen a esta iniciativa de gran calado. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Zapata Lucero. Túrnese a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social para dictamen. La diputada Bárbara Botello. Adelante, diputada.
La diputada Bárbara Botello Santibáñez: Felicitar a la diputada por tan excelente iniciativa y solicitarle nos podamos adherir a la misma.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada da su autorización, está a su disposición aquí en la mesa de la secretaría para el trámite correspondiente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
El diputado Wenceslao Martínez Santos: Con su venía, diputado presidente. El día de hoy presento proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la Ley General de Aguas Nacionales.
Estimadas diputadas, diputados. De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional del Agua, las descargas de agua residual se clasifican por su origen en municipales que son manejadas por los sistemas municipales urbanos y, en algunos casos, como en Baja California, se operan por el gobierno del Estado y regularmente estas aguas se envían directas a cuerpos receptores de agua de propiedad nacional.
En las 2 mil 337 plantas de tratamiento de aguas residuales en operación se trataron el 52.8 por ciento de los 211 metros cúbicos por segundo de aguas residuales recolectadas. Sin embargo, y pese a los esfuerzos realizados por el gobierno federal, en México se generan alrededor de 420 metros cúbicos cada segundo, quedando sin tratamiento alguno más de 200 metros cúbicos de aguas negras.
Los giros industriales que generan mayor cantidad de volumen de estas aguas son la industria del azúcar, la industria del petróleo, la industria química y otros servicios industriales. Pero cuando se considera la cantidad que aportan los giros industriales, se concluye que la industria del azúcar, el petróleo y unos cuantos más son los mayores aportadores de las aguas residuales.
En cuanto a la contaminación del agua superficial, la detección se lleva a cabo a través de una red nacional de monitoreo que opera la Comisión Nacional del Agua desde hace más de 30 años, y que en la actualidad se aplica en más de 215 cuerpos de agua, de lo cual se observa el comportamiento de la calidad del agua. Lo que arroja que el agua en reúso es tan sólo el 5 por ciento, lo que representa a la fecha una pequeña cantidad de cuerpos de agua aceptables. El 22 por ciento del agua sería, como mínimo, lo que necesitamos para poder reusarla.
El agua poco contaminada representa un 49 por ciento, la contaminada 15 por ciento y la altamente contaminada 7 por ciento, e incluso se tiene presencia de tóxicos en un 2 por ciento de éstas. Por lo cual las plantas de tratamiento de aguas residuales, públicas y privadas, no solamente representan un mecanismo para reducir la contaminación, también representan una infraestructura estratégica para el manejo y gestión del recurso hídrico a niveles locales, regionales y nacionales.
Es importante señalar que en la actualidad existen 2 mil 365 plantas de tratamiento a nivel nacional, las cuales representan una oportunidad estratégica para disminuir tanto la contaminación como la presión sobre los acuíferos del país. Sin embargo, resulta insuficiente ante la problemática actual.
Lo anterior se está presentando por carecer de esquemas legales que fomenten el reúso de las aguas residuales tratadas e inhiban su descarga a cuerpos receptores nacionales sin la reutilización.
Es destacable que el mayor reúso de aguas a nivel nacional son las denominadas aguas negras, o sea sin tratamiento; mientras que las aguas residuales tratadas se descargan sin reúso, lo que significa un desperdicio de esta importante fuente de abasto para el sector.
A nivel nacional alrededor de 350 mil hectáreas agrícolas se riegan con 160 metros cúbicos por segundo de aguas negras sin tratar, esto es, sin tratamiento alguno y, paradójicamente, 74 por ciento de metros cúbicos de aguas residuales que sí son tratadas no se reúsan a pesar de habérseles aplicado recursos públicos para mejorar su calidad.
No obstante que el Ejecutivo federal ha instrumentado programas tendientes al reúso de las aguas tratadas, tales como el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales, los resultados son menores a lo que exigen.
Esta situación motiva a presentar la presente iniciativa de ley para establecer la obligación de reúso de las aguas residuales tratadas, de acuerdo a las concesiones, asignaciones y permisos otorgados por la autoridad en esta materia.
Compañeras y compañeros diputados, legislar en esta materia fomentará la valoración de que las plantas de tratamiento de aguas residuales, públicas y privadas, no representan solo un mecanismo para reducir la contaminación, sino que también representan una infraestructura estratégica para el manejo y gestión del recurso hídrico a niveles local, regional y nacional.
Además, el beneficio también será jurídico para la población ya que, de continuar con las tendencias nacionales y de malos hábitos de consumo, de contaminación de aguas negras y de desperdicio de aguas residuales tratadas, y que representan un grave deterioro ambiental, así como la exigencia de sobreexplotación de los acuíferos. Por lo anterior, los concesionarios, asignatarios y permisionarios están cada día más expuestos a las sanciones establecidas en el Código Federal.
En consecuencia, a todos ellos se les debe otorgar un mecanismo que asegura que no incurran en delitos, lo que la presente iniciativa contempla a través de un protocolo de reúso de aguas residuales.
Con esta iniciativa los usuarios tendrán una guía validada por las autoridades para propiciar un buen manejo y gestión de los recursos hídricos a niveles locales, regional y nacional, originando a la vez disminución de la presión de sobreexplotación de nuestros acuíferos. Por su atención, muchas gracias. En cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Martínez Santos. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.
El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul, adelante, diputado Cárdenas, adelante, por favor.
El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (desde la curul): Buenas tardes. Para adherirme a la propuesta del diputado Wenceslao, si me lo permite.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Da su autorización, está a su disposición aquí en la Mesa de la Secretaría, diputado.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para presentar dos iniciativas en una sola intervención, el diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del PRD, que presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; así como iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Educación. Adelante, diputado.
El diputado José Santiago López: Buenas tardes, diputados. Con su permiso, presidente. El día de hoy someto a consideración de esta honorable asamblea dos iniciativas con proyecto de decreto, la primera de ellas adiciona la fracción II del artículo 6o. de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para crear el Premio Nacional a la Innovación Comercial, Tecnológica y Educativa, y adiciona el capítulo VII Bis el cual regirá y establecerá las bases para entregar dicho premio.
Se trata de un mecanismo legal encaminado a estimular a las personas con talento y capacidad de innovación en rubros tan esenciales, como el comercio, la tecnología y la educación, toda vez que ello nos permitirá, por un lado, un mayor progreso social y cultural como nación, pero por el otro, una incursión más exitosa en la economía global.
Un ejercicio de memoria nos muestra que a lo largo de la historia se ha premiado en numerosas ocasiones la innovación y aportación a la humanidad, hecha por grandes mujeres y hombres.
La relación entre innovación, educación y comercio es un factor cada vez más importante para explicar la competitividad, el avance científico y tecnológico, así como el bienestar social de un país.
De hecho, el eje principal de la llamada sociedad del conocimiento es el saber, a partir de inversiones elevadas en innovación educativa, formación, investigación y desarrollo de programas y sistemas de información orientadas a la creación de conocimiento.
Las asimetrías entre las naciones son expresión de la atención diferenciada que la educación, la ciencia, la tecnología y el comercio han tenido por parte de sus autoridades. De acuerdo con el informe global de competitividad 2015–2016, la nuestra es la economía mundial número 11 por el tamaño de mercado.
Pero, al analizar los datos encontramos que en el reglón de tecnología ocupamos el lugar 63 de 153 naciones, por eso, la innovación debe ser un aliciente para estimular nuestro desarrollo.
La segunda iniciativa, es para reformar el segundo párrafo del artículo 6° de la Ley General de Educación a fin de eliminar de la legislación vigente cualquier laguna que dé pie a la continuidad del pago de cuotas escolares.
El Estado mexicano está obligado a proveer en la práctica todos los insumos necesarios para impartir una educación realmente gratuita, la fracción IV del artículo 3° de la Carta Magna señala que toda la educación que el Estado imparta será gratuita.
El máximo tribunal constitucional de nuestro país en diversos criterios ha señalado que uno de los elementos insoslayables para hacer efectivo el derecho a la educación es que este debe impartirse por las instituciones del Estado de forma gratuita, obligación estructural que está acorde con la promoción, protección, respeto y garantía que establece el artículo 1° Constitucional.
El 11 de septiembre de 2013 se modificó el artículo 6° de la Ley General de Educación con el objetivo de evitar que se condicione la educación de forma alguna al pago de una cuota.
Sin embargo, dicha reforma no ha cancelado que de facto en las escuelas públicas principalmente de nivel básico se condicione y hasta se exija a los padres de familia el pago de una cuota escolar al inicio de cada ciclo escolar como contraprestación para que la niña o el niño sea inscrita en el centro educativo.
La Cámara Nacional de Comercio ha estimado que por cada alumno en educación básica su familia tiene que erogar de sus propios recursos entre mil 500 y 2 mil pesos para todo el ciclo escolar. Esto representa una tragedia para familias de escasos recursos, sobre todo para aquellas que tienen en edad escolar a más de un hijo.
El Estado mexicano está obligado a proveer en la práctica todos los insumos necesarios para impartir una educación realmente gratuita. Los padres de familia no tienen por qué hacer cooperaciones para contribuir al presupuesto de las escuelas de sus hijos.
Es momento de que el tema de la cancelación de las cuotas escolares sea una realidad y no solo objeto de campañas electorales de un partido o de propaganda publicitaria de un gobierno para decir que se ha hecho una inversión más grande de la historia en infraestructura educativa. Si esto fuera cierto no se pedirían las llamadas cuotas escolares. Es momento de pasar de los discursos a los hechos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado López, José Santiago López. La iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles se turna a la Comisión de Gobernación para dictamen.
La iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6 de la Ley General de Educación se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Enrique Zamora Morlet, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita también por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Enrique Zamora Morlet: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y diputados, las garantías sociales son entendidas como aquellos preceptos establecidos en la Carta Magna para proteger, tutelar y reivindicar el bienestar de las personas, grupos y sectores de la sociedad, con objetivo de lograr su incorporación o acceso al desarrollo y la justicia social.
La existencia de estas garantías sustenta el Estado democrático en nuestro país. Éstas han ido evolucionando a lo largo del tiempo, adecuándose al orden jurídico nacional y al crecimiento de las demandas de la sociedad.
Bajo ese orden de ideas encontramos que la regulación de las relaciones de trabajo debe de mantener un enfoque de dignificación laboral y reivindicación del trabajador, y con ello generar el escenario idóneo para prosperar y crear las oportunidades de desarrollo personal y colectivo de los asalariados.
Es por ello la importancia de sentar las bases legales que regulen la actividad económica de los trabajadores, y sobre todo, que protejan sus intereses, así como los derechos a los que tienen acceso, como lo es un salario digno y decoroso.
Es sustancial entender que dichas bases legales deben ser congruentes con la realidad en la que vivimos, y también ser potenciadoras de las dinámicas sociales y económicas del entorno laboral. Adaptarse a las circunstancias, y a su vez ser capaces de impulsar paulatinamente el progreso de los trabajadores.
Derivado de lo anterior, es claro que para que el trabajador pueda acceder a una mejor calidad de vida se deba ampliar su abanico de posibilidades para lograrlo; una de ellas es el otorgamiento de créditos por parte de las instituciones encargadas de realizar dichos empréstitos.
La importancia del crédito para el trabajador radica en su función social, la cual es apoyar a los trabajadores de la economía formal y a sus familias para mejorar su calidad de vida a través de préstamos para la adquisición de bienes de primera necesidad y para el pago de sus servicios, o bien para emprender un negocio.
Sin embargo, en nuestros días al trabajador se le presentan diversos obstáculos para acceder a algún tipo de crédito, principalmente los otorgados por las instituciones bancarias. Uno de ellos es el tope que actualmente se encuentra señalado en la Ley de Instituciones de Crédito que en su artículo 48 Bis-2, fracción I, establece que el límite de crédito otorgado al trabajador será de hasta 200 veces el salario mínimo general vigente, equivalente aproximadamente a 14 mil pesos. Nuestra intención es entonces ampliar ese monto a fin de que los trabajadores puedan disponer de un crédito más alto que les permita incluso invertirlo de modo productivo.
Aunado a lo anterior, una problemática más que presenta el trabajador es lo relacionado con las deducciones que recibe de las instituciones de crédito por el manejo de su cuenta de nómina.
La propia Ley de Instituciones de Crédito contempla que el artículo 48 Bis 2, un producto de nómina totalmente gratuito y que debe ser ofrecido obligatoriamente por la Banca Múltiple del país para los usuarios, sin embargo este producto se encuentra limitado ya que es necesario manejar una determinada cantidad de ingresos para no recibir ninguna deducción por concepto de comisiones por apertura, retiros y consulta de saldos, uso de banca electrónica, entre otros.
En ese sentido, nuestra propuesta es ampliar el número de personas que de acuerdo a sus percepciones estarían exentas de pagar las comisiones referidas por manejo de su cuenta nominal.
El salario del trabajador es un derecho fundamental, el cual deberá ser suficiente para satisfacer sus necesidades básicas ya sea como jefe de familia o en cualquier orden material, social y cultural.
Es por ello que resulta importante realizar las adecuaciones normativas conducentes con la finalidad de no someter a deducciones innecesarias el salario obtenido por los trabajadores, deducciones que afectan su economía y no le permiten alcanzar el nivel de vida deseado.
Por lo anterior expuesto, es que presentamos la iniciativa con proyecto de decreto que pretende reformar el primer párrafo y la fracción I del artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Es cuanto, muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Zamora. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Renato Josafat Molina Arias, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25, y adiciona un artículo 25 Bis a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; suscrita también por la diputada Rocío Nahle, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Renato Josafat Molina Arias: Gracias, presidenta. Esta iniciativa que está presentando la diputada Rocío Nahle y su servidor, tiene que ver con feminicidios, tiene que ver con mujeres asesinadas en diferentes municipios, diferentes estados, en todo el país. Nos referimos al tema de la Alerta de Género. Espero que en esta iniciativa las diferentes fracciones pudiesen sumarse.
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, fue concebida como un mecanismo cuya finalidad era mejorar la calidad de vida de las mujeres mexicanas. Esto a través de implementación en un territorio determinado de diversas acciones tendientes a garantizar su derecho a vivir sin violencia, sobre todo aquella que representa la forma de violencia más extrema que existe, que es la violencia feminicida.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fue pionera al incorporar la referida alerta como un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres; se trata de un mecanismo único en el mundo.
Sin embargo en la citada ley general no se estableció un procedimiento ni mucho menos plazos puntuales para eventualmente emitir la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Actualmente el procedimiento se encuentra regulado en el reglamento de la ley y conforme al mismo los plazos para que pueda ser declarada la alerta, son muy amplios o imprecisos por lo que la alerta puede llegar a declararse hasta incluso después de un año de haber sido presentada la correspondiente solicitud.
Lo que se tiene en el reglamento es un procedimiento no operativo, largo y tortuoso. Muestra de ello es que desde la publicación hace ya casi 10 años de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sólo se han declarado tres alertas de género. Así el 28 de abril de 2014 dio inicio la investigación para declarar la Alerta de Violencia de Género para varios municipios del estado de México, la cual finalmente se emitió hasta el 31 de julio de 2015, esto es 459 días después de que se inició la investigación de los hechos.
El 27 de mayo de 2014, se presentó una solicitud para declarar la alerta de violencia de género en varios municipios del estado de Morelos. La declaratoria se emitió hasta el 10 de agosto de 2015, esto es 440 días después de que se presentó la solicitud.
El 19 de diciembre de 2014, se presentó una solicitud para declarar la alerta de violencia de género en varios municipios del estado de Michoacán, la declaratoria se emitió hasta el 27 de junio de 2016. Esto es 557 días después de que se presentó la solicitud.
Como puede observarse se trata de un procedimiento largo, contrario a la celeridad con que debiese de emitirse la declaratoria, por ello, se requiere de un procedimiento sencillo, claro y ágil, para determinar si se declaran o no las alertas de violencia de género, ya que se trata de un mecanismo con el que se pretende enfrentar las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres que se están presentando en un territorio determinado. La implementación de este mecanismo no puede esperar a trámites tortuosos y burocráticos.
De esta forma, se propone adicionar un artículo 25 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer un procedimiento sencillo y con plazos puntuales para eventualmente declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres.
En este sentido, la iniciativa plantea que en caso de que la solicitud para declarar alerta de violencia de género sea aceptada, el grupo que se conformaría para estudiarla y analizarla tendría hasta 30 días naturales para determinar si es procedente o no declararla.
De esta forma, la alerta de violencia de género se estaría declarando en un término mucho más breve.
Por otra parte, se propone una nueva integración para el grupo que estudiaría y analizaría la solicitud. Así, además de especialistas, lo integrarían representantes de las dependencias que participan en el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así como un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
También serían invitados a participar representantes de la entidad federativa y del o de los municipios sobre los que se solicita declarar la alerta de violencia de género para una mayor difusión de la declaratoria. Se propone que ésta sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Para reconocer formalmente la participación que los gobiernos municipales deben tener en este tema, se propone reformar el artículo 25, para hacer mención expresa a los ayuntamientos que deberán ser notificados también de la declaratoria de la alerta de violencia de género contra las mujeres.
Las acciones tendientes a la atención y prevención de la violencia que se ejerce contra las mujeres, y sobre todo la que se ejerce en su expresión más extrema, que es el feminicidios, no pueden esperar largos plazos para su implementación. Son acciones que con el carácter de urgente deben ser implementadas. Que mucho menos deben estar sujetas a consideraciones de índole política.
La alerta de violencia de género es una medida de protección colectiva que obliga a actuar a los tres ámbitos de gobierno, para que de manera coordinada se enfrente, erradique y prevenga de forma pronta y expedita, sin dilaciones, la violencia feminicida en un territorio determinado, siempre con perspectiva de género y enfoque de derechos. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Renato Josafat. Sonido en la curul del diputado Alejandro Ojeda Anguiano. Con qué objeto, diputado.
El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (desde la curul): Ni una más. Solicitarle al diputado proponente que me permita adherirme a esta iniciativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado, ¿acepta? Diputado, está a disposición de la Secretaría de esta Mesa Directiva, puesto que el diputado Molina no ha tenido inconveniente en que sea suscrita. Sonido también en la curul de la diputada Candelaria Ochoa. Con qué objeto, diputada.
La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (desde la curul): Gracias, presidenta. Yo presenté una iniciativa muy similar, y me gustaría que se anexara a esta que acaba de presentar el diputado, y además que me permita firmarla. En los tiempos para declarar la alerta de género, como bien lo dice él y lo propuse hace unos meses, tarda hasta un año. Y es un tema urgente para las mujeres, pero también para los hombres. Debemos hacer conciencia mujeres y hombres del tema tan grave que es la muerte de las mujeres. Y si me permite el diputado firmar la iniciativa y que la mía se anexe a esta misma. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se toman en consideración sus observaciones. Y le comento que las iniciativas están turnadas a la misma comisión y, por ende, como ha aceptado el diputado Molina la adhesión, está a disposición de esta Secretaría para el trámite correspondiente. Sonido en la curul de la diputada María Ochoa, por favor. Adelante, diputada. Con qué objeto.
La diputada María Chávez García (desde la curul): Mi nombre es María Chávez, señorita presidenta. Solicito al diputado Renato que acepte que los diputados de Morena nos podamos suscribir a su iniciativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado Molina, ¿tiene algún inconveniente? Entonces, está a disposición de la Secretaría de esta Mesa Directiva para la adhesión correspondiente.
La diputada Ximena Tamariz García (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: De igual forma, por favor ruego que se dé sonido a la curul de la diputada Ximena Tamariz.
La diputada Ximena Tamariz García (desde la curul): Gracias, presidenta. Solicitar al proponente, diputado Renato, que me permita suscribirme a la iniciativa. En el estado de Nuevo León padecemos una situación muy grave en materia de violencia de género. No se ha emitido la alerta, por lo cual solicito suscribirme y reitero el exhorto que presenté recientemente al respecto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: El diputado Molina ha manifestado su acierto, por lo cual está a disposición de esta Secretaría para la adhesión correspondiente, diputada. Muchas gracias.
Túrnese, por ende, a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen. Esta Presidencia saluda la presencia en este recinto de invitados procedentes del estado de Tlaxcala y líder sindical del ISSSTE de Tlaxcala, quienes fueron invitados por la diputada Edith Anabel Alvarado Varela. Bienvenidos.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: A continuación tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona, y a su vez deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez: Muy buenas tardes. Con su venia, señora presidenta. Diputadas y diputados, por economía procesal solicito que se inserte el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates.
Saludo con agrado a los más de 6 millones de discapacitados en México. Para ellos tengo una noticia importante. Estoy aquí para señalar un tema apremiante y sensible, garantizar igualdad de condiciones laborales a nuestros hermanos con discapacidad; porque no hacerlo es discriminación. Así de sencillo.
No podemos hablar de un México incluyente cuando a un grupo de la sociedad no se le permite la inclusión laboral y las omisiones en el tema. Han lastimado a este sector de la población por décadas y, por ende, a todos los mexicanos. Tenemos la obligación de cambiar esto.
Compañeros legisladores, hoy vengo a esa tribuna a solicitar su apoyo para que eliminemos barreras que impidan la plena participación y el disfrute de los derechos laborales, en igualdad de condiciones, en las personas con capacidades diferentes.
Los mexicanos con discapacidad tienen dificultades para obtener un empleo bien remunerado o defender sus derechos laborales. Lo anterior conlleva una serie de problemáticas, principalmente la limitación de sus ingresos, lo que les impide cubrir sus necesidades básicas y en un alto porcentaje les conduce sin remedio a depender de sus familiares y así poder subsistir.
Seamos claros, las personas con discapacidad desean ser reconocidas como seres humanos autosuficientes. Esto es, oportunidades laborales pertinentes e incluyentes. Cumplamos como país el mandato de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobados el 13 de diciembre de 2006, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, que señala la necesidad de establecer todas las medidas pertinentes, preponderando las legislativas para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad.
Compañeras y compañeros, proactivamente sembremos las condiciones de garantizar a este grupo de la sociedad, el pleno ejercicio de sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones a toda la población.
Para ello someto a la consideración el siguiente decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a fin de dar certidumbre a los mexicanos con discapacidades y asegurarles el ejercicio de sus derechos.
Debemos borrar de este país la discriminación en todas sus formas e instaurar las condiciones de igualdad que necesitamos para que todos tengamos acceso a los mismos derechos, esta es una cuestión de lo más básica de justicia. Los invito a sumarnos en pro de esta iniciativa. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado. Tal y como lo ha solicitado, se inserta el texto íntegro en el Diario de los Debates.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Y nos ha solicitado la diputada Claudia, por lo tanto, solicito sonido en la curul de la diputada, por favor.
La diputada Claudia Edith Anaya Mota (desde la curul): Presidenta, muy amablemente solicitarle a mi compañero diputado si tiene algún inconveniente en que podamos suscribir con él esta iniciativa, además de felicitarlo por la presentación de la misma, reconociendo que los derechos de las personas con discapacidad es una lucha de todos y de todas.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: ¿Diputado, tiene algún inconveniente?
El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (desde la curul): Acepto.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Ha aceptado. Por lo tanto, está a disposición de esta Secretaría, diputada Claudia Anaya.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Nos ha solicitado también la diputada Ramírez Nachis, ¿con qué objeto, diputada? Sonido, por favor, en la curul.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (desde la curul): En el mismo sentido, diputada presidenta, y felicitar a nuestro compañero y pedirle que la fracción de Movimiento Ciudadano que en estos momentos nos encontramos aquí queremos que nos permita adherirnos a su presentación.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Muy bien, ha asentado el diputado el que se pueda suscribir la iniciativa y de igual forma está a disposición de la Secretaría de esta mesa. También, nos ha solicitado el uso de la voz el diputado Alfredo Basurto, sonido en su curul, por favor.
El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Sí, gracias, con su permiso presidenta. Creo que es tiempo de reconocerle los derechos laborales a las personas discapacitadas y basta de discriminación, de vejación en sus derechos. Pedirle al ponente, al diputado Gustavo, que si me permite adherirme.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: El diputado ha asentado, por tanto está a disposición con el mismo procedimiento en la Secretaría de esta Mesa Directiva. De igual forma nos ha solicitado el uso de la voz la diputada Verónica Agundis, de Acción Nacional, adelante, sonido en su curul, por favor. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada María Verónica Agundis Estrada (desde la curul): Sí, muy buenas tardes a todos, presidenta, también pedirle al compañero diputado adherirnos a esta iniciativa, felicitarlo por la presentación y sí mencionar que muchas veces las personas discapacitadas tienen mucha más capacidad para responder, son mucho más responsables y agradecidas cuando tienen un empleo y pueden cubrir todas sus necesidades siendo productivas para la sociedad. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias por su intervención, diputada, y está a disposición de esta Secretaría para la adhesión correspondiente. En consecuencia túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Adelante, diputado.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Amigas diputadas y amigos diputados, hoy venimos a presentar una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para prohibir en este país el doble remolque.
¿Qué está pasando con el doble remolque, amigas y amigos? En primer lugar quisiera dar algunos datos estratégicos. Hay que reconocer, en primer término, que la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, puesta en marcha por el gobierno federal, ha logrado reducir, indiscutiblemente, lesiones, discapacidades, muertes en carreteras y vialidades urbanas en más del 10 por ciento. Es un dato real, serio y lo aceptamos en esta justificación, digamos, exposición de motivos.
El gran pendiente en materia de accidentes son los vehículos de carga de doble remolque, que por sus dimensiones, peso, características de relieve del país y estado de las carreteras, condiciones laborales de los conductores, condiciones inhumanas de los conductores, falta de supervisión entre otros muchos factores, son estructuras móviles, letales que han elevado de manera dramática los accidentes que provocan, así como sus saldos, lesiones permanentes, daños irreversibles a economías familiares, destrucción y deterioro acelerado en la infraestructura carretera.
Es decir, por falta de una supervisión, de una irresponsabilidad estos dobles remolques se han convertido en una amenaza plenamente para gente inocente que transita en las avenidas, en las calles, en las carreteras, perdón, federales.
Otro dato importante. México ocupa el séptimo lugar en accidentes viales en el mundo, 500 mil al año, 28 mil de estos en carreteras y los camiones de doble remolque son responsables de casi el 10 por ciento del total. Este año han provocado más de mil muertes en lo que va, en nueve meses. Cuatro al día, amigos diputados y amigas diputadas.
El número mensual de accidentes de tractocamiones de carga con doble remolque son datos catastróficos. Fíjense bien, en 2013 y 2014 solo existieron 47 accidentes de doble remolque. En 2015, alrededor de 290 accidentes. Esta cifra se ha incrementado en el 2016. Se manejan muchas cosas pero hay perjuicios, por supuesto que hay perjuciosos. Y en este análisis la letalidad y daño de los tractocamiones, en balance generan al país, en términos humanos, beneficios, daños y muertes, bajo dos vertientes: un enfoque exige prohibición, ya sean los muertos, los accidentes, los inocentes. Y otro enfoque con racionalidad económica por rentabilidad financiera solo exige regulación.
Hay dos criterios y los cuales nosotros vamos por la provisión, porque no más muerte, no más accidente, no más corrupción en materia de doble remolque. Por supuesto en ningún ámbito, pero en este que nos ocupa hoy, existe a todas luces la complicidad, la falta de supervisión.
Hay muchos datos y quisiera decirles a ustedes que la norma permite la circulación de hasta 75 toneladas, pero cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acreditan que los dobles remolques sobrepasan día a día y circulan hasta con 120 toneladas.
Muchos conductores dan positivo por drogas que utilizan para soportar turnos larguísimos de día y noche, sin dormir en ocasiones de un extremo a otro de la República y más allá, violando límites de velocidad porque tienen presiones contra sus salarios para llegar a tiempo por sus esquemas de trabajo. Son algunos datos que les puedo decir para justificar en esta exposición de motivo el por qué es necesario que el doble remolque esté prohibido en este país.
Miren los últimos datos. En Estados Unidos se permiten hasta 25 metros de longitud, pero con 36 toneladas autorizadas. En Canadá 25 metros de longitud, 63 toneladas –países de primer mundo–. Reino Unido 44 toneladas. Curioso, países como Guatemala, Costa Rica y Venezuela, 28 metros de longitud, 40 toneladas. Y en México la norma oficial número 012, la norma oficial mexicana, permite la circulación de camiones con doble remolque de hasta nueve ejes, 34 llantas, 31 metros de longitud, peso se hasta 66.5 y con algunas modificaciones permiten hasta 80.5 toneladas, y acabamos de decir que versiones de la secretaría permite hasta 120 por falta de supervisión.
Creo que es un problema social que a todos nos aqueja, es un reclamo de las carreteras en mal estado que ocasionan muertes de inocentes. De veras, amigas y amigos, esta iniciativa para reformar el 50 de esta ley que acabo de mencionar es indispensable que se prohíba. Por su apoyo, por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Transportes para dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Adelante, diputado.
El diputado Francisco Escobedo Villegas: Con su permiso, diputada presidenta. A todas las compañeras diputadas y diputados presentes, a los medios de comunicación, a quienes nos ven por el Canal del Congreso, una de las principales funciones que tenemos como legisladores es crear, como todos ustedes saben, reformar o modificar las leyes que nos rigen, siempre en el marco de nuestra Constitución Política. Otra de las actividades que tenemos como diputados, es la gestión de recursos para nuestros respectivos estados. El marco sobre el cual se ha construido el Pacto Fiscal Federal de México, es un andamiaje jurídico que tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la federación con las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la ciudad de México, para establecer, precisamente, la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales.
Como todos sabemos también, el principal rubro es el Fondo General de Participaciones, que de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal se constituye con el 20 por ciento de la recaudación federal participable que obtiene la federación en un ejercicio.
En el 2008 entró en vigor la reforma fiscal que estipuló una nueva forma de calcular el Fondo General de Participaciones. A partir de entonces los incrementos se rigen de manera adicional por el crecimiento del producto interno bruto de cada estado con respecto al del país.
Las participaciones federales representan alrededor del 30 por ciento del total del ingreso de los estados, y a su vez el Fondo General de Participaciones representa aproximadamente el 80 por ciento de las participaciones totales de cada entidad federativa, por eso como ustedes ven, la importancia de este fondo.
Como ustedes saben también, el fondo se distribuye conforme a la fórmula que se establece en el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal; precisamente uno de los temas, de los elementos a tomar en cuenta, es la última información oficial de población que da el INEGI de cada entidad para la asignación de recursos.
Compañeras y compañeros ¿Qué pasa con aquellos estados que tienen altos índices de migración? Ello se traduce y significa en que reciben menos participaciones porque su gente migrante no es contabilizada para estos efectos.
Debo mencionar que la migración no es privativa de México, sino que es un fenómeno mundial aunque, a decir verdad, nuestro país ocupa el segundo lugar con 13.2 millones de ciudadanos repartidos por el planeta. Solo por debajo de la India, según datos de la organización de las Naciones Unidas.
De acuerdo con la información de Conapo, de 2002 a 2012, existían cinco entidades federativas con muy alta intensidad migratoria hacia los Estados Unidos. Estos estados son: Zacatecas – precisamente mi estado–, Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Durango.
Amigas y amigos, solamente a manera de ejemplo, por ser el estado que represento, datos del INEGI reportan que Zacatecas cuenta con una población de un poco más de un millón y medio de habitantes. Pero información de la propia institución reporta casi otro millón y medio de población migrante.
Especialmente nuestra región, de donde soy originario, soy testigo de que este fenómeno significa prácticamente que la mitad de las familias están en Estados Unidos. Dichas personas viajan constantemente al estado para visitar a sus familiares, comúnmente su estancia es de 3 a 6 meses y vuelven a emigrar hacia el vecino país. En estas mismas circunstancias se encuentran Guanajuato, Michoacán, Durango, Jalisco, estado de México, Nayarit, Oaxaca, entre otros.
Por eso, es necesario que se contabilice dicha población, pues los estados necesitan brindar igual que a la población normal servicios, obras, infraestructuras y generar empleos; se requiere de recursos para un mejor desarrollo entonces.
Me parece diputadas y diputados un principio elemental de justicia para Zacatecas y para los estados con este fenómeno.
Por ello el objeto de la presente iniciativa es que el INEGI, tome en cuenta la población migrante en sus reportes, para que todos los estados, especialmente con este fenómeno reciban mayores recursos del Fondo General de Participaciones.
Con la adición que se realice a la definición de la población que establece la fórmula a que se refiere el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, y que diga “la información incluirá a la población migrante de la entidad”, estaremos ayudando a las entidades federativas y cumpliendo con una de las principales funciones que tenemos como diputados, que es la gestión de recursos para nuestros respectivas entidades. Y qué mejor que sea a través de legislar.
No es un tema sencillo, me queda claro, porque implica recursos económicos. Pero insisto, es un tema de estricta justicia a los estados con vocación migrante. Por su atención, amigas y amigos, muchas gracias. Espero verme favorecido con el voto a la presente iniciativa.
Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Escobedo. Nos ha solicitado, desde su curul... sonido en la curul del diputado Benjamín Medrano, por favor.
El diputado Benjamín Medrano Quezada (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Quisiera pedirle respetuosamente al diputado Escobedo me permita suscribir esta iniciativa, que es de enorme garantía para los zacatecanos, entre otros, y de beneficios para el pueblo de México.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado Escobedo, ¿tiene algún inconveniente? Nos ha aceptado. Por tanto, diputado Medrano, está a disposición de la Secretaría de esta Mesa para la suscripción correspondiente. Muchas gracias. Sonido en la curul del diputado Pedro Luis Noble, por favor.
El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (desde la curul): Gracias, presidenta. Para pedirle al diputado Francisco Escobedo, nuestro amigo y paisano también de Zacatecas, que si nos permite a los diputados hidalguenses adherirnos a esa iniciativa. En vez de que nuestro estado de Hidalgo también tiene una importante población que es migrante.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado Escobedo, ¿acepta? Nos ha admitido la adhesión; por tanto, está a disposición de la bancada hidalguense la Secretaría de esta Mesa para su suscripción correspondiente. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Mayra Angélica Enríquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam: Buenas tardes, señoras, señores diputados, ciudadanos, ciudadanas, medios de comunicación. La falta de credibilidad en los políticos y en los servidores públicos se ha manifestado en una creciente desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones, con el enorme daño que conlleve la construcción de un Estado democrático. De ahí la exigencia ciudadana de eliminar cualquier figura que pueda interpretarse como una protección indebida a servidores públicos que obran de manera irregular.
Es por ello que el día de hoy hago uso de esta tribuna para presentar ante ustedes una iniciativa de reforma a los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar las figuras del fuero constitucional y el juicio de procedencia.
Valga señalar que las últimas reformas integrales e importantes que ha sufrido esta figura constitucional datan del año 1982, cuando el Congreso de la Unión realizó una serie de reformas al Título Cuarto constitucional, así como a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con objeto de renovar y establecer nuevas bases legales en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, del juicio político y, concretamente, la declaración de procedencia relativa al fuero constitucional.
Sin embargo, a 34 años de dichas reformas, esas solo han evidenciado su falta de funcionalidad en cuanto a su diseño institucional, al grado de levantar suspicacias respecto a su efectividad.
La falta de claridad del marco normativo encargado de regular el fuero, aunado a una percepción social respecto a esta figura como un privilegio personal del servidor público, ha hecho que la ciudadanía exija su eliminación. Porque en México es como un escuchar de excesos y actos de corrupción por parte de servidores públicos asociados directamente al uso de esta figura, que habiendo sido creada para garantizar particularmente el desempeño adecuado de las funciones de los legisladores y las legisladoras, actualmente se ha interpretado como un mecanismo de impunidad total en el servicio público; actos que han quedado desafortunadamente impunes, dados los resquicios legales que giran en torno al fuero y que se han convertido en campo fértil para considerar de manera equívoca a esta figura. Prácticamente como una patente de corso que garantiza el exceso en el ejercicio de la función, sin recibir sanción alguna.
Lamentablemente, para nadie es secreto que en ocasiones dicha prerrogativa es utilizada como un manto de impunidad que, lejos de contribuir a una percepción ciudadana de honradez, eficiencia y eficacia, fomenta el enojo de la ciudadanía y la falta de credibilidad en aquellos que hacemos de la actividad política nuestra vida cotidiana.
Hoy las condiciones que dieron origen al fuero constitucional han cambiado. Existe un nuevo sistema penal de naturaleza garantista. Contamos con órganos que ejercen funciones de contrapeso frente a los poderes públicos. Se han creado órganos internacionales que protegen y salvaguardan los derechos humanos. Hemos suscrito acuerdos internacionales que favorecen y protegen la democracia y la pluralidad, pero sobre todo, contamos con una ciudadanía crítica y activa, con mayor acceso a la información que pueda hacer uso de las nuevas tecnologías y sistemas de comunicación para vigilar el actuar gubernamental.
Y es justamente en este contexto, en el cual los ciudadanos son más exigentes en materia de transparencia en que debemos considerar el actuar ético del servidor público y escuchar nuevamente lo que la ciudadanía exige.
Debemos ser los primeros en acatar las leyes de nuestro país, ser respetuosos de nuestras propias instituciones, es nuestra obligación actuar apegados a la ley, pero sobre todo, a los principios de la ética pública.
La ley no puede ser un artificio para cometer ilícitos y salir impunes. No podemos permitir que algunos funcionarios públicos que han usado el fuero, no para defender sus ideas, sus opiniones o su voto, sino para delinquir y para evadir la acción de la justicia, generen esta carga a la vida política de nuestro país y pongan en riesgo la confianza en la democracia y en las instituciones.
Es por eso, que hoy vengo a proponer, a nombre propio y de las diputadas Minerva Hernández, Ángeles Rodríguez y del diputado Cesar Flores, la eliminación del fuero y del juicio de procedencia, pues en los tiempos actuales existe una mayor apertura a la manifestación de ideas, por lo que no es necesario mantener vigente estas figuras.
Señoras y señores diputados, en Acción Nacional afirmamos que el fuero no debe ser nunca más un salvo conducto que le permita, a quien lo detenta, escapar de la acción de la justicia, colocándose de esta forma en una posición de facto muy superior a aquellas de la sociedad que los ha elegido y que día a día cumple con sus obligaciones ciudadanas en un ambiente de igualdad republicano.
Hoy tenemos que volver a poner a la mesa el debate sobre la eliminación del fuero, digamos sí a la libre manifestación de ideas, digamos sí al correcto cumplimiento de nuestras funciones, pero pongamos un alto a la impunidad. Muchas gracias. Es cuanto.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Enríquez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. Saludamos la presencia en este recinto de integrantes de la Escuela de Enfermería del Centro Médico Nacional, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenidos a esta casa de todos.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Va a posicionar esta iniciativa, la propuesta el diputado Francisco Xavier Nava Palacios, adelante, diputado.
El diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Gracias, diputada presidenta. Subo a esta tribuna para exponer iniciativa de reforma por la que se modifican diversas disposiciones de la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente que presento a nombre del diputado Héctor Javier García Chávez y del mío propio integrantes del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática. Buenas tardes diputadas y diputados.
Los recientes desencuentros suscitados entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno federal terminaron en enfrentamientos que costaron, incluso, la vida de personas.
Pero, ¿cuáles fueron las causas que motivaron los hechos? Nos queda claro que el papel del gobierno federal en el manejo del conflicto dejó más preguntas que se suman a una larga lista sin respuestas.
Siendo justos al analizar todos los discursos, pronunciamientos y posturas sobre los hechos ocurridos en Oaxaca y Chiapas, reconocemos el Grupo Parlamentario del PRD que el centro del debate se encuentra en la imposibilidad de que la reforma laboral en materia educativa pudiera resolver los problemas del sistema educativo nacional.
En principio, educar representa una tarea compleja, pues expresa la voluntad de acompañar el proceso de formación del ser humano, representa el compromiso del educar con la transformación de los educandos.
Significa en última instancia la voluntad de humanizar el mundo. Nuestra propia Constitución mandata que la educación en México ha de superar la ignorancia, el fanatismo, los fundamentalismos, estará orientada a formar personas que muestren amor a la patria, que defiendan los derechos humanos, que actúen en favor de la paz, capaces de cooperar y mostrar solidaridad entre los pueblos.
Así, la tarea de educar no resulta nada sencilla, se espera que los educandos en México sean capaces de comprometerse con semejante tarea, pero sobre todo se espera que la cumplan dignamente.
Lo hemos logrado, tenemos la educación a la que aspiramos, ¿cómo saber cuánto hemos logrado? Evaluar, por supuesto, es una tarea fundamental para saber si logramos los objetivos que nos proponemos. Decir que es innecesario evaluar es cuando menos una irresponsabilidad. Pero decir que evaluar al docente o que se evalúa la calidad... Perdón, pero decir que al evaluar al docente se evalúa la calidad educativa es mucho peor.
La educación es un ámbito de relaciones que incluye al docente, también a los niños y niñas, a sus padres, a la comunidad donde se ubica la escuela, por hablar de algunos vínculos tangibles.
También es un ámbito que incluye el trabajo de las instituciones de dotar de materiales, herramientas, infraestructura y presupuesto, además de los consejos de participación social en la educación. Y no olvidar el estado que guarda el conocimiento científico, que es fundamental, y el nivel de acceso de la población a la red de información.
Evaluar todos los aspectos relacionados con la educación es todo un reto, un reto que debemos reconocer el gobierno federal, y particularmente el secretario de Educación han evitado asumir.
En lugar de evaluar el sistema pretenden hacernos creer que si el docente que labora en la sierra del Soconusco no maneja los mismos saberes que el profesor que imparte cátedra en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, entonces él, uno de los dos se encuentra en desventaja. Y qué decir del subsistema indígena, de la educación especial, de la educación inicial, de la educación para adultos, del noble trabajo de los promotores educativos de Conafe.
Contrario a los dichos de que se evalúa la calidad de la educación se nos ofrece un modelo estandarizado de evaluación del saber docente con la máscara de una evaluación de desempeño.
¿Cómo saber las causas del bajo rendimiento escolar o del abandono de la escuela? ¿Cómo impulsar que más estudiantes ganen las olimpiadas internacionales de matemáticas y otras ciencias? ¿Cómo saber que en el corazón de nuestros niños y niñas emerge el amor a la patria? ¿Cómo saber si la educación ha contribuido a la situación actual de violencia o ha impulsado los valores de la paz?
Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRD hemos asumido una posición crítica con la educación. Si bien la situación es compleja, lo cierto es que la evaluación docente, tal como está planteada, equivoca el camino, pues excluye la posibilidad de una evaluación del sistema al señalar como único responsable de la calidad al maestro.
Quiero precisar que no estamos en contra de la evaluación del sistema, para nosotros es fundamental evaluar, pero nos oponemos a modelos de evaluación que se instrumenten con carácter persecutorio, o peor aún, que oculten la realidad para cubrir la ineficacia de funcionarios y servidores públicos.
Es por ello que les pedimos que en el análisis de la iniciativa que hoy se presenta donde proponemos reformar una serie de artículos de la Ley General de Educación, de la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y de la Ley General del Servicio Profesional Docente, volvamos a preguntarnos: ¿Estamos evaluando el sistema educativo con base en la educación a la que aspiramos? Y con esa mirada crítica aprueben el diseño que la propia iniciativa propone.
Que nos comprometamos con la educación de nuestros niños y niñas, pero sobre todo que no renunciemos a hacer de la educación una práctica de la libertad, de la justicia, de la dignidad y la paz. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Nava. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: A continuación tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 182 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por él y por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Va a posesionar dos iniciativas; dos propuestas, perdón, en una sola intervención. Adelante, diputado.
El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado: Con su venia, diputada presidenta, y con la venia de la honorable asamblea. En México, con anterioridad a las reformas constitucionales del 18 de junio de 2008 y al Código Nacional de Procedimientos Penales el 17 de junio de 2016, se había estado empleando a la prisión preventiva como medida cautelar para asegurar que los procesados no evadiesen la acción de la justicia. Sin embargo, en la práctica su aplicación era excesiva ya no siendo la excepción, sino todo lo contrario, lo ordinario.
Con las citadas reformas se comenzó a dar un empleo racional y excepcional en la prisión preventiva, estableciendo que por regla general el imputado permanecerá en libertad y solo excepcionalmente se le aplicarán medidas cautelares, quedando reservada la aplicación de la prisión preventiva oficiosa solo para los casos más graves.
Ahora, con la intención de complementar este decidido ánimo y tendencia del Constituyente Permanente de respetar de manera efectiva los derechos humanos de los inculpados, es necesario seguir aplicando de manera progresiva los derechos fundamentales de presunción de inocencia y de excepcionalidad de la prisión preventiva y hacerlos realidad para aquellos casos, que son muchos, en que al inculpado le resulta aplicable el sistema tradicional y que aun no se les ha aplicado la prisión preventiva; se les aplicará de manera automática en cualquier momento porque ya está librada en su contra la orden de aprehensión.
Es por ello que propongo el proyecto decreto por el que se adiciona el artículo 182 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales quedando como sigue. Artículo 182 Bis “Aplicación de las reglas sobre medidas cautelares a procedimientos iniciados con anterioridad al sistema procesal acusatorio”.
Una vez que el inculpado, a quien en su procedimiento resulte aplicable la legislación procesal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, quede a disposición del órgano jurisdiccional por virtud del cumplimiento de una orden de aprehensión, se convocará inmediatamente de manera oficiosa, a una audiencia en la que el juez de la causa una vez que escucha a las partes, resolverá sobre la aplicación de las medidas cautelares, tomando en consideración las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo conducente las disposiciones sobre medidas cautelares contempladas en el artículo 153 al 182 de este código.
Serán aplicables en lo conducente, las reglas de dichos artículos de ese artículo para la supervisión, incumpliendo revisión, sustitución, modificación o cese de las medidas cautelares decretadas a los inculpados, a los que se les aplican los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial.
Esto constituirá el respeto efectivo de los derechos humanos de los inculpados y permitirá abatir el problema de hacinamiento que a la vez provoca otras crisis como la inseguridad y corrupción en las cárceles., además de permitir el empleo de recursos humanos y materiales para otras áreas de la misma administración de justicia y seguridad pública.
La segunda iniciativa que hoy presento tiene que ver con el pago de la reparación del daño a víctimas, como requisito previo para el procedimiento abreviado.
Con la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, se introdujo la figura procesal del procedimiento abreviado. Dicho procedimiento se estableció con el fin principal de respetar el derecho fundamental de la justicia pronta, otorgando el beneficio de penas reducidas para aquellos imputados que, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, reconocieran su responsabilidad ante el juez y este verificará el consentimiento del imputado con ese procedimiento ágil, así como el sustento que tuviese ese reconocimiento en los datos de prueba.
Uno de los requisitos para que el juez autorice su tramitación, consiste en que la víctima u ofendido no presente oposición, entendiéndose que sola será obligatoria para el juez la oposición que se encuentre fundada.
El artículo 204, de dicho ordenamiento, establece que sólo será procedente dicha oposición cuando se acredite ante el juez el control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño.
Estimo que la actual redacción del artículo 204 de dicho código, no resulta apegada a la Constitución, pues atenta en la tramitación del procedimiento abreviado con ese derecho de las víctimas, ya que a facultar al juez para autorizar la tramitación de esta forma anticipada de terminación del procedimiento con el sólo hecho de que se garantice la reparación del daño con el franco riesgo y la efectiva reparación del daño a favor de las víctimas.
Esto, además de generar una desigualdad procesal resultaría injusto y no apegado a la Constitución, pues está es clara al señalar el apartado A, fracción I, del artículo 20, como uno de los derechos de las víctimas y ofendidos al obtener la reparación del daño.
En base a lo anterior propongo el proyecto de decreto por el que se reforme el artículo 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar de la siguiente manera: Oposición de la víctima u ofendido.
La oposición de la víctima ofendida sólo será procedente cuando se acredite ante el juez del control que no se encuentra reparado el daño. En aquellos casos en el que se demuestre que el imputado desea la aplicación de procedimiento abreviado, pero por su situación económica y por el monto de la reparación del daño no les sea posible repararlo previamente a la autorización del procedimiento abreviado previo consentimiento expreso de la víctima ofendido, el o juzgador podrá autorizar el procedimiento abreviado siempre que se encuentre debidamente garantizada la reparación del daño.
Por la importancia que tienen estas dos iniciativas en favor de los derechos humanos no dudo que tendrán el respaldo de esta honorable asamblea. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado. En consecuencia ambas propuestas de iniciativa serán turnadas a la Comisión de Justicia para dictamen.
Esta Presidencia saluda a los integrantes de la Asociación Civil, Animal Héroes y a su presidente Antonio Franyuti Vidal, quienes vienen acompañados de Pay de Limón, un perro que fue mutilado por el crimen organizado en Fresnillo, Zacatecas y que ahora camina con dos prótesis de fibra de carbono. Le damos la más cordial de las bienvenidas.
Asimismo, esta Presidencia, informa que ha recibido iniciativa de Ley General de Bienestar Animal, suscrita por los diputados Federico Döring Casar, Alejandra Gutiérrez Campos, Héctor Barrera Marmolejo, Karina Padilla Ávila, Brenda Borunda Espinoza, Verónica Delgadillo García y Ariadna Montiel Reyes, la cual será turnada a la Comisión de Ganadería, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación, suscrita por quien hará uso de la palabra y también por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada.
La diputada Norma Xóchitl Hernández Colín: Con su venia, señora presidenta. Agradezco a la Federación Mexicana de Goya Deportivo y a organizaciones de la sociedad civil esta preocupación y ocupación. Asimismo, solicito que se inscriba íntegro el documento en el Diario de los Debates.
Propongo ante este Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación, con el fin de que se incluya dentro del plan de estudios como materia extracurricular la técnica deportiva del yoga para combatir el acoso escolar, también llamado bullying, dentro de las escuelas. Ya que, de conformidad con los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México es el primer país del mundo en padecer este tipo de violencia, ocasionando que una de cada seis víctimas se suicide. Esta iniciativa beneficiará a más de 25 millones de estudiantes en el país.
En el estado de México, la Secretaría de Educación local ha promovido la práctica del yoga en las escuelas, para controlar las emociones de los pequeños y atacar el problema del acoso escolar que se vive. Asimismo, en el estado de San Luis Potosí, con el propósito de mejorar el desarrollo social dentro y fuera de las instalaciones educativas y disminuir este tipo de violencia, implementó impartir a los alumnos de primer grado dentro de su currícula educativa clases de yoga.
Permitamos que la gente joven de México tenga un sano desarrollo psicoemocional; impidamos que se sigan trasgrediendo sus derechos humanos con actos de hostigamiento o maltrato físico, psicológico o verbal, productos de una forma reiterada por un tiempo determinado, acatando con ello lo estipulado en el artículo 3o. constitucional, fracción II, inciso c), que a la letra dice: “El criterio que oriente a la educación contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona”.
Es momento de generar actos encaminados a combatir esta violencia que origina suicidios a temprana edad y enfocar nuestra atención a legislar a favor de las personas tan vulnerables como son los niños y las niñas de nuestro país, que ya requieren de representantes que velen por sus intereses. ¿Y qué más que cuidar con su vida e integridad física y emocional? Es cuanto. Námaste.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Durante la reciente comparecencia del secretario de Hacienda en este recinto, uno de los temas más sensibles que se argumentaron y en los que coincidimos varios de nosotros, si no es que casi todos, fue la situación de alerta en la deuda pública, pues es preciso evitar que salga de control una variable tan importante para la política económica de México.
Estamos frente a un escenario complicado para la economía mexicana, donde han ocurrido eventos que observan muchas dificultades para repuntar. Por una parte, el peso mexicano, golpeado por la paridad contra el dólar. Los precios del barril del petróleo, igualmente golpeados, además de las medidas en las tasas de interés que tuvo que aplicar el Banco de México.
Entre otros eventos más, lo que en su conjunto afecta el monto de los ingresos públicos que obliga a los recortes y a apretarse fuertemente el cinturón. Por otra parte, encontramos un ejercicio presupuestario del gobierno federal 2016 con retrasos en la aprobación de proyectos en varios programas federales, que seguramente será motivo de reorientaciones presupuestales, a lo que se suma un proyecto de Presupuesto de Egresos 2017 restrictivo, que está por aprobarse con muchas limitaciones sociales y un diseño polémico entre la inversión y el gasto corriente del gobierno federal.
Vivimos un escenario con muchas tentaciones para recurrir al endeudamiento público, especialmente como efecto de que los ingresos públicos no resultan conforme a lo estimado, tan es así que el Banco de México ya alertó recientemente de los altos niveles de deuda pública cuyo incremento, según esta institución, presenta ya un deterioro en la cuenta corriente.
Más aún, la misma institución, al presentar el informe de inflación del tercer trimestre del 2016, reconoce que se trata de comportamientos que muestran los altos niveles de deuda pública que se acerca a los límites de lo razonable y que mandan señales claras de que requieren mayor atención, y considera prudente que las autoridades hacendarias mantenga las medidas para controlar las finanzas públicas a través de ajustes presupuestales.
Por esta situación sobre la deuda pública, señoras y señores diputados, es que pido su apoyo para que se reforme el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para determinar lo siguiente.
Cuando se realice un ajuste al techo de endeudamiento, se requiera la aprobación de dos terceras partes de esta Cámara, previo informe escrito y comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público ante las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados y que, asimismo, dicho ajuste sólo podrá promoverse una vez al año, después del segundo semestre de cada ejercicio fiscal.
Compañeros, se trata de una situación de doble cuidado, por un lado, esa tentación de aumentar la deuda, y por otra, justificar con las recomendaciones del Banco de México de ajustar los presupuestos al pésimo ritmo del ejercicio presupuestal de los programas federales por la falta de controles presupuestales eficientes y lejanos de la tentación política.
Sólo por mencionar, para este mes de septiembre muchos programas federales observan retrasos críticos en el ejercicio. Parece que las delegaciones federales están dispuestas a sacrificar el inicio de proyectos por una excesiva revisión burocrática, cargada de observaciones parciales e interpretaciones legaloides de las reglas de operación.
Los ajustes presupuestarios, recomendados por el Banco de México, no deben justificar la reorientación del gasto a conveniencia política. Por el contrario, a como se observa la situación que guarda la administración de programas y en general del gobierno federal, según el cuarto informe, los ajustes sugeridos deben apuntar a la fuerte carga presupuestal de muchos gastos innecesarios en imagen de funcionarios bajo el título de comunicación social y difusión de programas públicos, por ejemplo, pero sobre todo a reforzar el control del monto de la deuda pública.
Compañeras y compañeros legisladores ya el año pasado tuvimos un debate sobre el destino que deberían tener los ingresos que corresponden al importe del remanente de operación que el Banco de México entere al gobierno federal y quedó establecido como una opción en la reforma al artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que cuando menos el 75 por ciento de ese remanente se destine a la amortización de la deuda pública del gobierno federal contratada en ejercicios fiscales anteriores.
Confiemos que no sea necesario aplicar esta opción y que esta cámara decida vigilar y aprobar los ajustes del techo de endeudamiento público. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Ralis Cumplido. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 65 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
El diputado Francisco Javier Pinto Torres: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza hemos insistido en la necesidad de robustecer nuestro marco normativo en materia ambiental.
Hoy, me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona el artículo 65 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, con la finalidad de mejorar el procedimiento y los mecanismos de gestión del área natural protegida o mejor conocido como ANP.
Nuestra Constitución establece claramente en su artículo 4° párrafo quinto el derecho que toda persona tiene a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar mismo que será garantizado por el Estado.
México está obligado por más de 20 convenios internacionales a proteger el medio ambiente, dentro de los cuales incluye el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático así como el Protocolo de Kioto y más recientemente el Acuerdo de París quienes varios legisladores de aquí fueron presentes, porque fue ratificado también en el Senado de la República.
Asimismo, contamos con una Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que tiene como uno de sus objetivos primordiales la preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y la administración de las áreas naturales protegidas.
Para efectos de la ley se entenderá que las áreas naturales protegidas son aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y su jurisdicción. En donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o porque requieren ser preservadas o restauradas.
Este régimen se establece en el Título Segundo, Capítulo Primero de la ley, y en su artículo 65 se señalan los plazos que tiene la Secretaría para formular el programa de manejo del área natural protegida, así como las disposiciones sobre la asignación del director del área, a quien se hace responsable de la misma.
Compañeros y compañeras, apreciables televidentes que nos ven por el Canal del Congreso, pareciera, y digo pareciera que tenemos suficientes disposiciones para proteger nuestros ecosistemas. ¿No es así? Pues no es nada más falso que eso. No las tenemos.
Lamentablemente estos preceptos son laxos, no establecen plazos precisos ni sistemas de control o evaluación y generan una falta de cumplimiento. Así lo señala la Recomendación General número 26 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, falta y/o actualización de programas de manejos en áreas naturales protegidas, de carácter federal y su relación con el goce y disfrute de diversos derechos humanos.
En la misma que se menciona que en México existen numerosas áreas protegidas de competencia federal que no cuentan con su respectivo programa de manejo, a pesar de ser obligatorio y a pesar de ser un mandato legal.
Estas omisiones ocasionan que las áreas naturales protegidas no cuenten con un respectivo programa de manejo ni tampoco se consignan los objetivos de la conservación que dieron origen a esa declaración.
Dicha Recomendación señala además que la obligación que tiene la autoridad no se cumple en más de la mitad de dichas áreas de competencia federal, o si se cumple es de forma espontánea, circunstancia que ha generado daños irreparables a la autoridad y al equilibrio ecológico de dichos territorios. Lo anterior da lugar a que una autoridad administrativa reduzca el polígono de protección de estas áreas, lo que ocasiona que se vayan mermando estas áreas cada vez más.
Ante la inexistencia de una normatividad estricta se suscita un incumplimiento de las obligaciones técnicas que tiene la autoridad administrativa respecto a la gestión de las áreas naturales protegidas.
Esto no puede seguir ocurriendo, compañeras y compañeros, no debemos de permitirlo. No podemos hipotecar la viabilidad del país por ineficacia de la autoridad durante la falta de normas claras.
Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es imprescindible tomar acciones efectivas y terminar con el daño que cada día sufren nuestras áreas naturales protegidas. Entendamos de una vez, no hay dinero que repare el medio ambiente y no hay dinero que ajuste para dejar un mejor medio ambiente para nuestros hijos y para nuestros nietos.
Es por esa razón que propongo una reforma al artículo 65 de la ley para incorporar instrumentos y mecanismos de monitoreo y evaluación del desempeño de la autoridad en materia de administración de áreas naturales protegidas.
Concluyo, presidenta; concluyo, compañeros. Es urgente proteger al planeta, es urgente que veamos esa herencia que les dejaremos –insisto–a nuestros hijos y a nuestros nietos. Compañeras y compañeros, no esperemos a que sea demasiado tarde. Hoy es la hora de actuar, hoy es el momento de comprometernos para dejar un mejor México, dejar un mejor país, para dejar un mejor planeta. Es cuanto, presidenta; por su atención, muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Pinto. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se acaba de recibir el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y reforma el artículo 3o. de la Ley de Planeación. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se autoriza se modifique el orden del día para su discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día para incluir el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se autoriza.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul de la diputada por favor; la diputada Candelaria Ochoa. Adelante, diputada.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul: Gracias, presidenta. Solo quisiera leer un pequeño epígrafe porque se va a suspender la efeméride y quisiera que además se incluyera completa en la minuta. “El colonialismo visible se mutila sin disimulo, se prohíbe decir, se prohíbe hacer, se prohíbe ser. El colonialismo invisible, en cambio, te convence de que la servidumbre es tu destino, y de la impotencia de tu naturaleza; te convence de que no se puede decir, no se puede hacer, no se puede ser”. Eduardo Galeano.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputada, si me permite...
La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (desde la curul): Es cuanto, presidenta; quisiera que se incluyera completa la intervención sobre la conmemoración de este día, pero sobre todo de la postura crítica que como diputadas y diputados debemos expresar. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se toma nota por esta Presidencia, y agrego que no está suspendida la efeméride, está considerada dentro del orden del día, diputada. Adelante la Secretaría, continúe, por favor.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y reforma el artículo 3o, de la Ley de Planeación.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad. En virtud de que se ha cumplido con la declaratoria de publicidad, como un requisito, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se autoriza.
El diputado Juan Romero Tenorio (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul del diputado Juan Romero. Adelante, diputado. ¿Con qué objeto?
El diputado Juan Romero Tenorio (desde la curul): Presidenta, era para prevenir la ilegalidad de este pleno al dar trámite, puesto que se violenta el Reglamento de esta Cámara sobre la inclusión de asuntos en el orden del día. Ya sobre hechos consumados tendremos que proceder a una moción suspensiva. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado, el pleno se ha manifestado y está considerado dentro de nuestro Reglamento, por lo tanto una vez que ha sido autorizado, en consecuencia está a discusión el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Urbanos y Ordenamientos Territorial y Desarrollo Urbano, y reforma el artículo 3o de la Ley de Planeación. Tiene la palabra para fundamentar el dictamen el diputado Pablo Bedolla López. Adelante, diputado.
El diputado Pablo Bedolla López: Con su permiso, señora presidenta. Buenas tardes señoras diputadas, señores diputados. El día de hoy presento a ustedes el proyecto de dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y se reforma el artículo 3o de la Ley de Planeación.
La minuta en análisis tiene por objeto la expedición de una Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Que se encuentre a la vanguardia de los lineamientos internacionales que satisfaga las necesidades de la población para llevar a cabo asentamientos regulados normados por una legislación estricta en su aplicación y al mismo tiempo sensible y respetuoso a los derechos humanos y amable con el medio ambiente.
Tal y como acontece con el proyecto emitido por el Senado y con el cual se ha coincidido llevando a cabo algunas modificaciones con el único propósito de perfeccionar el proyecto de referencia.
Este nuevo modelo urbano tiende a ser incluyente, desinteresado, colaborativo y flexible, un modelo que reenfoca los esfuerzos gubernamentales para garantizar que los espacios públicos permitan la evolución de la ciudad a través del tiempo, donde todo ciudadano tenga la posibilidad de ser el protagonista de su propio desarrollo en las ciudades de acuerdo a sus necesidades, preferencias y capacidades en un marco de certidumbre jurídica, donde se garantice el respeto total a los derechos humanos.
Esta novedosa ley, incorpora y señala los principios de política pública donde destacan los siguientes:
Un decálogo de principios que regirán las políticas y programas para el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, el derecho a la ciudad, la equidad de inclusión, el derecho a la propiedad urbana, la productividad y eficiencia, la protección y progresividad del espacio público, la sustentabilidad ambiental y la accesibilidad y movilidad.
La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, al realizar el análisis de los contenidos y alcances, toma en consideración que la legislación en materia de asentamientos humanos surge en 1976. Por ello, coincidiendo plenamente con el proyecto enviado por la Cámara de Senadores, se requiere una legislación que responda a los retos del país, que se manifiestan en desorden, carencias y deterioro urbano, asociado a la falta de planeación, la poca cultura de prevención y la carencia de instrumentos adecuados que permiten una efectiva ordenación del territorio a través de una política de Estado que defina claramente obligaciones y sanciones para quien infrinja la ley.
Ante la carencia de una política integral de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano, y con limitados instrumentos de coordinación, el proceso de urbanización se ha caracterizado por su dispersión, alto costo y desarticulación, con consecuencias en la mala calidad de vida de la población y la falta de acceso a los servicios. Adicionalmente, la presencia de fenómenos naturales adversos productos del cambio climático se ha intensificado en los últimos años, lo que hace necesario contar con instrumentos que permitan prevenir los daños que puedan causar estos acontecimientos.
Esta comisión coincide plenamente con los planteamientos de la nueva ley, ya que es imprescindible renovar la visión del modelo urbano con el que hemos venido construyendo nuestras ciudades. Es necesario armonizar las regulaciones en la materia con los estándares internacionales en materia de protección civil, impulsar planes de desarrollo que incorporen de forma obligatoria la gestión integral del riesgo y dar herramientas a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que puedan participar en la regulación y sanción de asentamientos humanos.
Para ello necesitamos un nuevo marco legal relacionado con el ordenamiento territorial que responda a la problemática y retos de hoy. Una nueva ley que fortalezca los instrumentos de planeación, regulación y desarrollo de los asentamientos humanos, en particular, atendiendo a la gobernanza metropolitana y al crecimiento urbano.
Coincidiendo con el proyecto que se dictamina, en adicionar principios que promueven y garantizan ciudades más incluyentes, seguras, resilientes, productivas, sostenibles, no ha pasado desapercibido para esta comisión el establecer un sistema que procure la defensa de los derechos humanos vinculados al ordenamiento territorial y, en su caso, que concluya con sanciones para quienes incumplen los propósitos y programas en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
No obstante que se coincide con el Senado de la República en un ejercicio de apertura, transparencia y en el ánimo de escuchar a las diferentes voces representativas de la Cámara de Diputados, se realizaron modificaciones con el propósito de generar una ley plural y transparente, apegada en todo momento a la legalidad.
Asimismo, se presenta una propuesta de modificación al texto del dictamen, la cual se encuentra en poder de la Mesa Directiva para su trámite correspondiente. Gracias, compañeras y compañeros diputados. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Bedolla. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Pablo Bedolla López, a nombre de la comisión.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En consecuencia, está a discusión en lo general con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea. Tiene la palabra hasta por tres minutos el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar moción suspensiva.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Mesa Directiva. Señores diputados, señoras diputadas, he presentado una moción suspensiva para que el dictamen que se presenta a esta nueva ley se devuelva a comisiones y haya oportunidad de atender las omisiones y las contradicciones que presente la propia ley.
Estoy seguro de que la mayoría de ustedes, o si no la totalidad de ustedes no ha leído este dictamen. Este dictamen se presentó a la comisión a las nueve de la mañana, fue aprobado a pesar de que hay observaciones de varios grupos parlamentarios.
Es un dictamen que es trascendente para el país, puesto que aborda un tema fundamental en el bienestar de las familias, en el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial. Hay noticias alarmantes, como que más de 250 mil viviendas otorgadas a crédito a familias, a través del Infonavit o del Fovissste se encuentran abandonadas.
Es trascendental, porque ha habido desplazamiento de miles de familias por el ambiente de inseguridad en muchos estados de nuestro país, Michoacán, Tabasco, Veracruz, Coahuila, Chihuahua, desplazamientos por la inseguridad, porque no se ha previsto un ordenamiento urbano que atienda la inseguridad que prevalece en todo el país.
Este dictamen es apresurado, lo aprobó el martes pasado el Senado y se pretende que con modificaciones mínimas se devuelva al mismo Senado, para que se procesa la publicación por parte del Ejecutivo.
Solicito la devolución del dictamen porque es un tema trascendental, se va a afectar la propiedad ejidal, la propiedad comunal. Se violentan derechos fundamentales de las comunidades indígenas al no ser contempladas para la consulta respecto al futuro de sus terrenos, de sus suelos tradicionales.
Se afecta el proceso de consulta para toda la ciudadanía, trae un esquema de coordinación que delega funciones sustantivas a los estados y no se establecen parámetros o lineamientos para una regulación objetiva del crecimiento urbano, no se establecen reglas claras para la construcción de reservas urbanas.
Esta Cámara de Diputados no puede actuar como Oficialía de Partes y dar trámite sin discusión y sin un análisis serio del dictamen que se presenta. Solicito esta suspensión con la legitimidad que me da el haber sido elegido por el principio de mayoría en el distrito 2, de la Gustavo A. Madero.
Debemos atender a los electores, debemos atender al interés primordial de los ciudadanos y no a un interés político inmediato que pretende aparentemente rendir buenas cuentas en el siguiente Congreso de Hábitat III, que se celebrará en Ecuador. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Romero Tenorio. Consulte la Secretaría a la asamblea si toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva presentada por el diputado Romero Tenorio.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se pregunta si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva presentada. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En consecuencia está a discusión el dictamen para lo cual se han inscrito diversas diputadas y diputados que harán la afinación de sus posturas a nombre de los grupos parlamentarios: la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; el diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; el diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena; el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD; la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI.
Tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con su permiso, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Perdón, diputada. Hasta por cinco minutos, adelante.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social coincidimos con las voces que afirman que México es un país eminentemente urbano según la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía.
92 millones 44 mil 539 de mexicanos viven en localidades urbanas, esto representa el 77 por ciento del total de la población. Por otra parte, se estima que las 70 ciudades más grandes producen el 83.6 por ciento del producto interno bruto mientras que las 15 con mayor producción generan el 60.4 por ciento.
De este modo, para los mexicanos las ciudades se han convertido en el medio ambiente en donde vivimos, producimos y nos reproducimos como sociedad.
Sin embargo, también son las ciudades expresión territorial de la pobreza. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señala que para el 2012, 36.6 millones de personas vivían en condiciones de pobreza en localidades urbanas. Esto implica que dos de cada tres mexicanos pobres radican en las ciudades. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social.
De igual manera, en las ciudades se tienen accesos diferenciados a la infraestructura, servicios, equipamiento urbano y espacios públicos. Según cifras del Coneval 9.3 millones de residentes urbanos no cuentan con servicios básicos de agua, luz y energía eléctrica.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el INEGI en septiembre de 2016, señala que el 71.9 por ciento de la población residente en ciudades opinan que su ciudad es insegura.
Simultáneamente son muchos los problemas que se viven en las ciudades, tales como el tráfico o la contaminación. Es por eso que Encuentro Social está a favor de toda iniciativa orientada a mejorar la calidad de las ciudades. Y el presente decreto se inscribe en ese tenor, ya que expide una nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que contiene lo siguiente:
El reconocimiento del derecho a la ciudad que garantiza a todos los habitantes el acceso a infraestructuras, equipamientos y servicios básicos a partir de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. También se garantiza el derecho a propiedad urbana como base para el desarrollo económico y se da certidumbre jurídica al establecer las causas de utilidad pública.
Se establece a la productividad y eficiencia la protección y progresividad del espacio público, la sustentabilidad ambiental, la accesibilidad y movilidad como principios rectores del desarrollo territorial y urbano.
Sienta las bases para la concurrencia, coordinación y concertación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad, destacándose la facultad que tendrá la federación a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, para expedir normas oficiales mexicanas, para establecer lineamientos, criterios, especificaciones técnicas en el tema de vialidades, de espacios públicos entre otros temas.
Se considera la creación de un Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para la consulta, asesoría, seguimiento y evaluación de las políticas nacionales en materia de asentamientos humanos, así como también se conformarán consejos locales y municipales de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano para asegurar la consulta, opinión y deliberación de las políticas de ordenamiento territorial y planeación del desarrollo urbano y metropolitano por parte de las entidades federativas y municipales.
Así también contempla un sistema general de planeación territorial, una estrategia nacional de ordenamiento territorial, la cual configura una dimensión espacial del desarrollo del país en el mediano y largo plazo y un programa nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Como podemos darnos cuenta, es una ley muy completa para alcanzar un desarrollo urbano más armónico, incluyente y sustentable.
El Grupo Parlamentario de Encuentro Social reitera su compromiso con los mexicanos de mejorar sus condiciones de vida. Es por ello que votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Perea Santos. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos el diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado Mariano Lara Salazar: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. En esta ocasión me dirijo a esta asamblea para hablar a favor del dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y se reforman la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la Ley de Planeación.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que resulta indispensable contar con un marco normativo que ponga en orden el desarrollo territorial y urbano, que tenga como centro a las personas y sus derechos e incorpore una visión de sustentabilidad.
La vigente Ley de Asentamientos Humanos que fue publicada en 1993 ha quedado rebasada por el veloz y desordenado proceso de urbanización que ha sufrido el país. Es evidente para todos que el incremento en las zonas metropolitanas en todo el territorio nacional requiere de una legislación adecuada para su ordenamiento y gestión que incorpore principios novedosos y sobre todo que respete los derechos de sus habitantes.
Una de las ventajas que contiene este proyecto es el de integrar como principio fundamental el derecho a la ciudad, mediante el cual se buscará articular el ordenamiento territorial y la planeación de las ciudades, zonas metropolitanas y áreas de influencia con los derechos humanos universales y aquellos establecidos en la Constitución.
La ley se sustentará en 10 principios básicos: equidad e inclusión; derecho a la propiedad urbana; coherencia y racionalidad; participación democrática; transparencia; productividad y eficiencia; protección y progresividad del espacio público; resilencia y seguridad urbana; y riesgo; sustentabilidad ambiental y accesibilidad universal y movilidad.
Del mismo modo la nueva ley propone una definición clara y precisa de las atribuciones y funciones de los diferentes órdenes de gobierno, a fin de que el ordenamiento territorial y la planeación urbana y metropolitana operen de manera congruente, coordinada y concertada.
Entendiendo que la planeación es un aspecto fundamental, la ley incluye la creación de un sistema de planeación del ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano, a la par de una estrategia nacional de ordenamiento territorial, cuyo objetivo será la utilización racional del territorio en el mediano y largo plazo, el desarrollo equilibrado del país y la promoción de la certidumbre jurídica en la tenencia, uso y aprovechamiento del suelo.
He de subrayar que el decreto que estaremos aprobando reconoce la importancia de la utilización y aprovechamiento racional del suelo como materia prima de la planeación territorial, por lo que se prioriza su adecuada regulación.
También se incorporan conceptos como el de resilencia urbana, entendiéndola como la capacidad de una comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en el corto plazo y de manera eficiente, por medio de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales para lograr una eficiente protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgos.
Otro aspecto que es importante mencionarles, es el referente a la movilidad. En este apartado la ley establece los lineamientos para las políticas públicas de movilidad urbana, asegurándose que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse, en aras de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrecen sus centros de población.
Lo que se pretende es garantizar el tránsito a una movilidad urbana sustentable, priorizando la adopción de nuevos hábitos de movilidad en la población.
En Nueva Alianza celebramos también la incorporación que se hace de en esta nueva Ley de sustentabilidad, como un principio de política pública. Como aben, hemos sido reiterativos en estos temas que constituyen un eje estratégico de nuestra labor legislativa; particularmente aplaudimos el hecho de que este proyecto establezca la sustentabilidad como un criterio imprescindible para la ejecución de acciones de mejoramiento y conservación de los centros de población, incluyendo la protección ecológica de los centros y su crecimiento sustentable.
Aunado a lo anterior, ponderamos el hecho de haber incluido la promoción y aplicación de las tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas para la mayor autosuficiencia, sustentabilidad y protección ambiental, sobre todo, en lo que se refiere a una reciente propuesta de Nueva Alianza que plantea la aplicación de azoteas o techos verdes y jardines verticales para la construcción sustentable y la ejecución de acciones de mejoramiento y conservación de los centros de población.
Queremos mejores ciudades, sustentables y centradas en el bienestar de sus habitantes. Por esas razones en Nueva Alianza, votaremos a favor de este dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Lara Salazar. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos el diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Salvador Zamora Zamora: Gracias, diputado presidente. En Movimiento Ciudadano, compartimos la necesidad de modernizar y armonizar la legislación en materia de asentamientos humanos con la realidad que se desarrolla y se vive en las zonas urbanas de nuestro país. Modernizar la legislación en esta materia es impostergable.
El Senado de la República, aprobó en cuestión de días un tema que se había tenido guardado durante más de tres años. En Movimiento Ciudadano, hicimos la tarea, al igual que la comisión que me honro en presidir, al analizar a detalle dicha minuta.
Gracias a esta revisión es que alertamos temas que deberían ser precisados y acompañados en esta minuta una vez que se hicieron escuchar nuestras propuestas de respeto a la autonomía y soberanía municipal; la jerarquización de los sujetos de la movilidad y dónde se acuño el concepto correcto de la reducción de riesgos de desastres.
Además, se evitó la delimitación de las zonas metropolitanas que fuera un tema político y que continuara haciendo un tema de carácter técnico. Se logró que las zonas metropolitanas, como la de Guadalajara, donde concentrar municipios como Tlajomulco, Zapopan, Guadalajara, entre otros, mantuvieran un esquema metropolitano que tantos años les ha costado.
El trabajo de esta Cámara, ahora es crear una legislación específica en la materia en beneficio del desarrollo de estas zonas que hoy albergan casi al 70 por ciento de la población de los mexicanos.
Como Cámara revisora, los diputados ciudadanos acompañamos la propuesta, en lo general, que hace la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, respecto a la minuta que nos envió el Senado de la República, en donde ejercimos nuestra facultad de revisar a profundidad la propuesta de la Cámara de origen, y no aprobar en automático la minuta original. Nuestro trabajo no se limita a levantar la mano y aprobar sin leer lo que otra Cámara nos remite. Debemos ser responsables en el ejercicio de nuestra función como legisladores. Hoy podemos decir que el equilibrio en el ejercicio del poder se refleja en esta legislación. La autonomía y la independencia de ambas Cámaras y el respeto del Poder Ejecutivo respecto a nuestra labor está hoy ligado a la aprobación de este dictamen.
Reconozco también y felicito la conducción de este proceso legislativo, a cargo del diputado Pablo Bedolla, quien con amplio sentido de responsabilidad y democracia abrió los espacios de diálogo, análisis y discusión para mejorar esta minuta, que hoy se somete a votación.
Sin embargo, compañeras y compañeros diputados, no debemos ser autocomplacientes y pensar que esta ley general resolverá los retos y circunstancias por venir en las próximas décadas. Es tan sólo el primer paso de grandes transformaciones en las que esta Cámara no debe quedar ajena; faltan aún modificaciones a las legislaciones de los estados. Para armonizar con esta ley general es necesaria la legislación secundaria, la que mi grupo parlamentario está trabajando y que en la brevedad adecuaremos. Legislación que detallará a cada nivel de gobierno sus facultades y obligaciones en materia de desarrollo metropolitano, que determine la planeación y coordinación como ejes rectores de desarrollo que privilegien al peatón en todo sistema de movilidad.
Y aquí quiero hacer un reconocimiento al trabajo de mi compañero Jonadab Martínez, el diputado Jonadab, quien logró incluir en esta ley los derechos y las obligaciones a los sujetos de la movilidad en orden de preferencia, privilegiando a las personas con discapacidad, a los peatones, y así sucesivamente. Mención especial en la legislación relativa a la resiliencia, que falta por atender. Y es urgente contar con las herramientas legales ante contingencias y desastres naturales, para minimizar y mitigar sus efectos ante la población, su patrimonio y sus ciudades.
Aquí también quiero hacer un reconocimiento al trabajo de mi compañera, la diputada Mirza Flores. Hoy cada entidad federativa y cada municipio del país pueden tener la seguridad de que los diputados ciudadanos de esta Cámara somos vigilantes de su autonomía y su soberanía. Es así que esta legislación llega al pleno de esta Cámara, respetando el derecho de cada estado, cada municipio, a decidir sobre el uso de suelo que ocupan y poseen. Pero también con el mandato de la federación para atender las necesidades en materia de vivienda, movilidad, resiliencia y recursos ambientales.
Insisto, esta no es la solución a las problemáticas de las grandes ciudades y sus zonas conurbadas. Aún debemos perfeccionarla y saber que la dinámica poblacional está en una continua evolución, movimiento y desarrollo, por lo cual debemos buscar en los próximos dos años de trabajo que aún nos queda como legislatura dejar una Ley General de Asentamientos Humanos acorde a la realidad. Porque no podemos anticipar el futuro, pero sí podemos construirlo juntos. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Zamora Zamora. Tiene el uso de la tribuna el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
El diputado Renato Josafat Molina Arias: Gracias, señor presidente. Morena votará en contra de este dictamen, no solo por la forma apresurada con que se quiere aprobar, sino porque tiene disposiciones inconstitucionales y vacíos inadmisibles que en un proceso de análisis serio podrían haberse corregido.
Desde la perspectiva política y social, el nuevo concepto de modelo urbano tiene necesariamente que estar representado por las manifestaciones colectivas de la sociedad en su conjunto; no simplemente del interés del mercado, con el objetivo de que haya convergencia y se abra el paso hacia la gobernabilidad sostenibilidad e inclusión social.
Las políticas públicas no pueden estar sujetas al sometimiento pragmático de la acción de gobierno frente a los intereses económicos. Un modelo urbanístico que recibe su energía del sistema económico, hegemónico, el capitalismo tiende a obedecerlo de manera ciega.
Nuestras ciudades no pueden convertirse en el arquetipo de ser tejidos territoriales orientados únicamente a la producción, distribución y consumos masivos.
El escritor Fernando Gómez Aguilera señala en un artículo Arte, ciudadanía y espacio público, que no se puede concebir un modelo urbanístico a edificar lugares de ocio de masas o de consumo, que han originado nuevas centralidades urbanas, grandes superficies comerciales, supermercados, centros de ocio, aeropuertos, estaciones.
El habitante de la ciudad vive en un entorno físico conflictivo, denso y hostil, incómodo e inseguro, despersonalizado, paisajísticamente duro, que cuestiona diariamente la habitabilidad y la solidaridad exigible a la urbe, consecuencia de un tejido democrático deficitario y de un modelo de producción espacial desequilibrado urbanísticamente, insostenible ambientalmente e injusto socialmente.
En este sentido, el dictamen que estamos discutiendo fortalece la dinámica centralizadora, que se ha dado a nuestro federalismo. Varias disposiciones de este ordenamiento que se pretende aprobar, despojan al municipio de facultades que constitucionalmente le corresponden.
Así, por ejemplo, en el artículo 13 se menciona que los gobiernos municipales y los de las entidades federativas podrán suscribir convenios de coordinación, con el propósito de que estos últimos asuman el ejercicio de funciones, que en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano le corresponden a los municipios.
En general, este ordenamiento no observa el contenido del artículo 115 constitucional, en el cual se establecen las facultades que expresamente le corresponden a los municipios, destacando en este caso las conferidas en su fracción V.
La minuta del Senado no privilegia la concurrencia de facultades, pretende más bien una subordinación del municipio hacia las entidades federativas y hacia la federación. En lo que se refiere a la participación ciudadana, esta queda reducida únicamente a la observación ciudadana en todas las etapas del proceso de ordenamiento territorial y planeación del desarrollo urbano y metropolitano, y pone en claro riesgo el proceso de participación ciudadana, y por consiguiente la toma de decisiones, pilar del avance democrático, sobre todo, en la Ciudad de México.
La planeación urbana tiene que orientarse a garantizar la convivencia armónica de intereses entre todos los sectores que componen nuestra sociedad y principalmente considerando a aquellos sectores con los que históricamente se tiene una deuda, las comunidades indígenas.
El ordenamiento que se pretende aprobar y que Morena votará en contra, deja de lado este importante tema, no se hace mayor referencia al tema de la protección y conservación del patrimonio cultural y natural de pueblos y barrios originarios, así como de las comunidades indígenas. Un tema que debiese ser incluido obligatoriamente en una legislación que tiene como objetivos el fijar las normas básicas e instrumentos de gestión para ordenar el uso de territorio nacional así como fijar criterios para la planeación, ordenación y regulación. Por todo lo anterior, el voto de Morena será en contra. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Molina Arias. Tiene el uso de la tribuna el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la importancia de la planeación para el desarrollo de las ciudades en el mundo se resumen muy bien con las palabras que hiciera el ex secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan, hoy en día el desarrollo es una preocupación mundial que trasciende las ideologías y los intereses inmediatos, es ahora un reto tan moral como político que demuestra que la estabilidad y la prosperidad son dos elementos indivisibles.
Para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista, la planeación adecuada de ciudades compactas y habitables con más y mejores espacios públicos, con soluciones integrales de movilidad que dan prioridad al ciudadano y al medio ambiente contribuirá a mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.
Hoy, por primera vez, en cuanto respecta al desarrollo urbano la persona es el centro de la ciudad y no únicamente un elemento más que la integra.
A nivel internacional el desarrollo urbano busca promover la sustentabilidad social, económica mediante y a través del fomento de actividades financieras al interior de las ciudades, sus colonias, sus barrios en la medida que la población satisfaga sus necesidades básicas se mejorará la movilidad de ellas.
En México, es impostergable generar las condiciones que permitan articular al interior de nuestras ciudades a todas sus escalas que permitan resguardar efectivamente las áreas naturales protegidas así como el suelo rural y de conservación y que hagan posible el reciclamiento del suelo urbano e industrial, situaciones contempladas por esta nueva ley.
Estamos seguros que si bien la Ley General de Asentamientos Humanos tiene avances significativos, aún queda mucho por hacer en materia de desarrollo urbano para la consolidación de una verdadera planeación nacional del territorio en su totalidad la cual debe incluir necesariamente el ordenamiento ecológico, territorial a nivel federal.
Con la aprobación del presente decreto damos cumplimiento a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda de Naciones Unidas al entender los temas nacionales en un contexto global y reconocer que la solución a los problemas locales puede tener consecuencias mundiales y por ello requiere soluciones integrales.
Lo que se busca es crear un paradigma sobre el diseño y la planeación de desarrollo urbano, que asigna de manera clara y precisa competencias específicas a los tres órdenes de gobierno de México, con estricto respeto al marco constitucional.
La nueva ley engloba aspectos trascendentales, como lo son un sistema de planeación territorial, una estrategia nacional de ordenamiento territorial, una coordinación metropolitana, la planeación del desarrollo urbano, la conformación de ciudades compactas de uso mixto, la priorización del espacio público, la movilidad y prevención de riesgos, así como la certidumbre jurídica en los sistemas de información e indicadores para el control de los asentamientos irregulares.
Las diputadas y los diputados del Partido Verde agradecemos al diputado Raúl Domínguez, ex titular de la Comisión de Desarrollo Urbano, y así como también a nuestro compañero diputado Pablo Bedolla López, quien la preside actualmente, por la inclusión en el presente dictamen de dos iniciativas que este grupo parlamentario presentó en la materia.
Quiero señalar también que fueron incorporadas valiosas propuestas de diversos partidos, lo cual evidencia el compromiso y la preocupación auténtica que este Poder Legislativo manifestó desde el inicio de sus trabajos por crear un nuevo marco legal para el desarrollo urbano en nuestro país.
Por último se tiene que reconocer que esta nueva legislación está culminando un arduo trabajo en el que participaron diversas personalidades, instituciones, el sector público-privado que hoy permite a México llegar a la Tercera Cumbre de Hábitat en Quito, Ecuador, con un marco legal vanguardista.
El Grupo Parlamentario del Verde, la convicción que hoy esta Cámara de Diputados devuelve el carácter humano a nuestras ciudades. Se reivindica el papel de la persona para generar asentamientos humanos habitables, donde se propicie la buena convivencia y podamos vivir en armonía.
Hoy estamos dando pie a la creación de ciudades más seguras, con mayor calidad de vida y con estricto respeto a los derechos humanos. Por todo ello es que votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Avendaño. Tiene el uso de la tribuna la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.
La diputada Ana Leticia Carrera Hernández: Con su permiso, diputado presidente. Vengo a esta tribuna a manifestar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática respecto al dictamen de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Votaremos a favor de este dictamen en virtud de que se pudo construir un acuerdo que incluyó algunos de nuestros puntos de vista en materia ambiental, pero es necesario señalar que esta ley debe seguirse perfeccionando con el objetivo de clarificar el funcionamiento, integración y temporalidad de los que formarán parte del consejo nacional de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
Asimismo, tenemos que seguir impulsando en este marco jurídico que se plasme como estrategia nacional la armonización de las disposiciones establecidas por los ordenamientos ecológicos del territorio, así como los instrumentos de planeación de la política nacional de cambio climático.
También es necesario velar siempre porque el desarrollo urbano no amenace de ninguna circunstancia la propiedad social, sobre todo la propiedad ejidal, recordando que estas instituciones están protegidas por nuestra Carta Magna.
Quiero dejar constancia que nuestra bancada seguirá insistiendo en cambiar el concepto de bosques por el de terrenos forestales. Es decir, este concepto engloba varios tipos de ecosistemas e incluyen no solo los bosques, sino que también incluye las selvas y los pastizales, tomando en cuenta la megadiversidad que caracteriza a nuestro prodigioso territorio nacional.
Por último, quiero manifestar que mi bancada no está de acuerdo en la forma apresurada en que se procesó este dictamen, pasando por alto nuestras disposiciones reglamentarias. Hacemos votos porque en el siguiente periodo podamos revisar los temas pendientes de esta ley. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Carrera Hernández. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro: Con su venia, diputado presidente. Los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional queremos reconocer el esfuerzo de esta Legislatura con este dictamen; minuta presentada por el Senado que busca un nuevo marco jurídico para dar respuesta a una demanda sentida de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, y sobre todo, de quienes vivimos en áreas urbanas.
Esta ley proviene de un amplio análisis y propuesta de múltiples actores en apoyo al trabajo de los legisladores de 10 comisiones de ambas cámaras del Congreso. Que lograron elaborar un proyecto de Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; para derogar la actual Ley General de Asentamientos Humanos que aunque aprobada en 1993, no dista mucho de la publicada en 1976, por lo que es necesaria su actualización.
Este nuevo ordenamiento jurídico resulta indispensable para un país mayoritariamente urbano que enfrenta una diversidad de problemas derivados de un crecimiento desequilibrado del territorio y población. Es una ley que busca regular, planear, ordenar y en particular lograr una mejor gestión del fenómeno urbano, a partir de la coordinación entre los gobiernos el federal, los estatales y los municipales, así como de la colaboración y concertación del sector social y privado en beneficio de los habitantes que viven en alguna de las ciudades del país.
Su importancia radica en la inclusión de temas como es el reconocimiento y atención de los problemas de movilidad, espacio público, desarrollo regional, metropolitano y de la megalópolis.
A su vez los grandes aciertos que contiene esta ley, está el establecer una serie de principios de política pública que sin duda harán una forma distinta de hacer los planes y programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Los principios que guiarán el actuar de la acción pública como resulta la equidad y la inclusión, la incoherencia de las políticas, la participación democrática y transparente, la protección del espacio público, la seguridad urbana, la sustentabilidad ambiental y el derecho a la ciudad, entre otros, están plasmados en dicha ley.
Un mecanismo para mejorar las políticas públicas urbanas, lo constituye el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano que se integrará en forma plural, con equidad de género y con representatividad de todos los sectores, público, social y privado.
Hoy día es indispensable la participación efectiva de la sociedad en la formulación, ejecución y retroalimentación de las políticas públicas, por lo que las entidades federativas y los municipios también contaran con sus propios consejos consultivos.
Esta nueva ley permitirá plantear una estrategia nacional de ordenamiento territorial con la visión a largo plazo, lo que abonará a que ya no se improvisen acciones o éstas ya no solamente sean remediales.
Ahora se busca lograr cambios profundos que puedan incidir en la estructura territorial del país y, en particular, en la prevención de riesgos. En este orden de ideas los programas nacionales, estatales y municipales deben de contribuir al logro de esta estrategia nacional, así como los diversos instrumentos que buscan facilitar la coordinación, regulación y fomento del desarrollo urbano que prevé la ley.
Entre estos instrumentos se encuentra el Sistema de Información Territorial y Urbano, así como los observatorios ciudadanos que serán fundamentales para contar con diagnósticos confiables que apoyen la formulación y retroalimentación de las políticas de los tres órdenes de gobierno.
Quiero destacar que en esta ley se plantea por primera vez en la historia el Sistema Nacional de Planeación Democrática, la incorporación de conceptos como megalópolis, gobernanza metropolitana, programas metropolitanos y de zonas conurbadas y se establece en la Ley de Planeación, la materia de ordenamiento territorial de los asentamientos urbanos y desarrollo urbano, como parte de la planeación nacional de desarrollo en congruencia con la realidad que vive nuestro país.
Finalmente, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, votará a favor de este dictamen que contribuya a perfeccionar nuestro marco jurídico y a fortalecer el quehacer gubernamental con mejores políticas públicas en beneficio de los habitantes de áreas urbanas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Schemelensky Castro. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Con su permiso, señor presidente. Estimados legisladores, estimadas legisladoras. Amigos, el 78 por ciento de los habitantes de este país vive en una ciudad.
Dicen que las ciudades han sido el invento más grande y el avance más importante de la civilización. Lo que podemos saber, sin duda, es que la ciudad marca una impronta en la vida de cada persona. Y cada persona, en mucho, es y hace lo que su ciudad es y hace. Y es muy fácil lograr una identificación entre el individuo y su espacio inmediato: la ciudad; el individuo y su campo inmediato de actividades: su ciudad. Lo primero que lo transforma es su espacio; lo primero que él transforma es ese mismo espacio. Ésa es la importancia de las ciudades.
Pero si el 78 por ciento de los mexicanos hoy vive en una ciudad, más nos debería importar que el 60 por ciento está concentrado en tan sólo 59 ciudades y sus zonas conurbadas. Ésa es la importancia de lo que estamos discutiendo el día de hoy. La importancia de esta ley no radica sólo en que nos actualiza con la legislación internacional, no radica tampoco en que introduce conceptos que algunos ven como modas; su importancia, amigos, está en que el futuro de todos nosotros está en las ciudades. El futuro de todo este país no se resuelve en una zona, en una entidad central o en un gobierno; se resuelve en el ámbito de las ciudades.
Hablamos de prevención del delito, el tema es la ciudad; hablamos de espacios públicos, el tema es la ciudad; hablamos de lo laboral, el tema es la ciudad; y cualquier tema que toquemos, su espacio, el primer lugar donde se reflejará la vivienda, la obra pública y todo lo demás será la ciudad. Ésa es la importancia de esta ley, que por primera vez efectivamente toca los temas importantes: la realidad de la conurbación, la necesidad de la coordinación, no pasando por encima del artículo 115.
Y sí, es verdad que todavía tendremos que trabajar y perfeccionar todavía más estos ordenamientos. Se establece el compromiso de crear las leyes secundarias, pero tratándose de la ciudad, ninguna ley puede ser definitiva.
Hay, sí, un concepto que nos debe interesar y al que debemos amarrarnos como si fuéramos un barco que necesita tener rumbo: la planeación urbana. No podemos seguir pensando en que podemos ocupar cualquier espacio, ni siquiera que podemos ocupar todo el espacio.
Por poner un solo ejemplo, mientras la ciudad de Mérida, la más bella del mundo, por cierto, tiene hoy 24 mil hectáreas ocupadas, 24 mil hectáreas, nos debe interesar que hay solicitudes de fraccionamientos por 11 mil más y que hay tierra vendida por más de 20 mil hectáreas. Es decir, que en tan solo unos años Mérida podría verse duplicada, sin orden, sin una planeación. Y eso sucede en todas las ciudades del país.
Estimados amigos, esta ley incluye una aportación fundamental, un decálogo de principios para que desde cualquier ámbito, desde cualquier ámbito tengan que ser estos los que rijan la planeación y el desarrollo urbano.
Tiene, gracias a Movimiento Ciudadano, y lo reconocemos, un perfeccionamiento en el concepto de resiliencia. No se trata solo de prevenir riesgos sino de reducir los riesgos y de tener capacidad para afrontar los resultados de lo que el riesgo haya dejado, si se cumple.
Tiene aportaciones importantes en materia de agua, del PRD. Tiene aportaciones importantes prácticamente de todos los grupos parlamentarios. Y aquí, presidente, con su permiso, hago un reconocimiento al senador Francisco Búrquez, a la senadora Angélica Araujo, al senador Alejandro Encinas y a muchos otros que han contribuido. Y sobre todo, al empuje, al decidido impulso que la secretaria Rosario Robles y su equipo le dieron a esta secretaría.
Muchas gracias. Estoy seguro que vamos a conquistar el futuro ganando el futuro en las ciudades. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Presidente, solo quiero abusar de esta tribuna para cumplir una promesa. Son 100 años del mejor equipo del mundo, el América.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes diputados y diputadas.
Para hablar en contra, la diputada Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena. El diputado Roberto Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena. El diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Para hablar en pro, el diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Y el diputado Juan Corral Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
En consecuencia tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, para hablar en contra, la diputada Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, y les pido a las diputadas y a los diputados permitan a la oradora hacer su exposición.
La diputada Blandina Ramos Ramírez: Con su venia, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante.
La diputada Blandina Ramos Ramírez: Buenas tardes compañeras y compañeros diputados y pueblo de México que nos observa desde el Canal del Congreso y a los que se enteran de este trascendental tema por todas las vías posibles de difusión que podamos lograr a nivel nacional e internacional.
Dirijo mis palabras a esta soberanía para hacer un llamado urgente a la conciencia patriótica de mis pares con relación al dictamen que nos ocupa.
Deseo dejar en manifiesto nuestra total desaprobación al precipitado proceso legislativo por el que ha sido afectado un ordenamiento innecesario para el desarrollo futuro de nuestras ciudades y comunidades.
Compañeros, evitemos dejarnos llevar por la urgencia de aprobar en menos de un mes una iniciativa que fue presentada en el Senado apenas el 13 de septiembre de este año y que hoy se pretende avalar en esta Cámara.
Hablamos de una legislación que será lectora del establecimiento y operación de nuestras nuevas ciudades y que debe de dar un reordenamiento indispensable y eficiente a las ya existentes, no permitan que el interés de unos cuantos revierta la solución a la crisis de planeación y desarrollo que enfrentan nuestras urbes.
Declaro en lo particular mi oposición a la aprobación del dictamen y mi voto en contra a un proyecto que pondrá en riesgo el futuro del pueblo de México. Proyecto basado en un análisis técnico, parcial y que en la etapa que nos compete está viciado por la ausencia de los sectores sociales y cupulares, a los cuales debemos nuestra labor y que serán afectados por una aprobación precipitada, ya que todo el análisis ha quedado en un selecto grupo de especialistas que sin duda manejan conceptos de vanguardia internacional y principios técnicos de avanzada, pero que se ubican a una enorme distancia de los grupos sociales y a los que la cooperación de esta norma afecta, además de presentarse como inviable presupuestalmente, al requerir para su cabal cumplimiento la creación de distintas instancias cooperativas, burocráticas y de supervisión, que impactaría presupuestalmente en casi 320 millones de pesos al erario público para satisfacer y buscar justificación a la sesión del espacio social y público al sector privado.
El dictamen propone el crecimiento y el desarrollo de las ciudades hacia zonas ejidales o comunitarias aledañas a centros urbanos que ya existen, poniendo en riesgo la existencia de la propiedad social.
Es en resumen, desde nuestra óptica de pueblo, un intento más de saqueo a la nación, haciendo de la propiedad social un jugoso negocio para la propiedad privada, representada por grandes...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputada, por favor.
La diputada Blandina Ramos Ramírez: Concluyo, presidente. Estructuras que la experiencia reciente nos indica generalmente tienen cercanía de interés y negocios con los funcionarios de más alto nivel federal, incluso amigos del presidente Peña Nieto. Los invito a la reflexión patriótica...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputada.
La diputada Blandina Ramos Ramírez: Concluyo. Regalemos el futuro de todos nuestros hijos y hermanos mexicanos, la patria no está en venta y en Morena luchamos por ella. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Blandina Ramos Ramírez. Tiene el uso de la tribuna para hablar en pro hasta por tres minutos, el diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Jonadab Martínez García: Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Quiero antes que nada también sumarme al reconocimiento y la felicitación de la conducción de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de esta Cámara de Diputados, pero no solamente al diputado que hoy preside, el diputado Pablo Bedolla, sino también desde hace un par de meses al diputado Raúl Domínguez Rex, que ahora por tener esta responsabilidad en la secretaría, también asumió mucha responsabilidad y trabajo.
¿Por qué reconozco esta labor? Porque hace varios meses su servidor propuso una iniciativa de ley precisamente en el sentido de este dictamen que hoy vamos a aprobar –o así parece que vamos a hacer– y tomó en cuenta diferentes opiniones, consideraciones que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propuso y que hoy son consideradas en este dictamen. Por eso es que el voto del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano es a favor.
Pero ¿por qué también quiero también hacer alusión a varios diputados que sus ideas y consideraciones son tomadas en este dictamen? Al diputado Salvador Zamora Zamora, que ya tomó la palabra y que preside la Comisión de Desarrollo Metropolitano, porque defendió a capa y espada en la discusión que se realizó el día de ayer en las mesas de trabajo la presunción y la participación y presencia del asunto metropolitano en este dictamen que hoy vamos a aprobar.
También a la diputada Mirza Flores, porque ha expuesto los argumentos del por qué es necesario modificar la legislación vigente y adecuarla para construir ciudades que sean capaces de reducir los daños ocasionados por los desastres naturales y sobre todo que se recuperen y vuelvan a ser funcionales en el menor tiempo posible, y sobre todo a menor costo económico. Es decir, crear ciudades resilientes.
En este sentido, lo más importante que se ha logrado y se ha podido incorporar a este dictamen es la definición de reducción de riesgo de desastre que también hacía alusión el diputado Ramírez Marín.
Pero quiero abundar en algo que a mí en lo particular me genera mucho interés; y también quiero agradecer la presencia y el acompañamiento de muchas organizaciones civiles que no perciben ni un solo peso y que lo hacen de manera voluntaria, que es la coparticipación, el involucramiento de todo lo que tiene que ver con la movilidad no motorizada, la movilidad urbana sustentable. A ustedes grupos de la sociedad civil, muchas gracias porque vamos a construir para el 2017, vamos a celebrar el Foro Mundial de la Bicicleta, en la ciudad de México, y vamos a celebrar también con ustedes el Bicicentenario de la Bicicleta.
¿Qué hemos hecho en la Cámara de Diputados? Y es aquí donde pido, por favor, su atención. Hemos avanzado en tres pasos o tres pasos son los que tenemos que seguir. El primer paso, y quiero volver a agradecer a todos ustedes porque se creó por primera vez una Comisión Especial de Movilidad para atender los asuntos de las ciudades.
Segundo paso, precisamente incorporar un capítulo de movilidad urbana sustentable a este dictamen que hoy vamos a aprobar, y
Tercer paso, yo pido por favor la atención especialmente del diputado Carlos Ramírez Marín. ¿Por qué? Porque él cuando fue secretario de Sedatu y fue titular, él creó el Programa de Impulso a la Movilidad Urbana Sustentable. Este fondo que determina presupuesto a la movilidad urbana sustentable en todo nuestro país, pero solamente queda un pendientito, que este fondo que cuando él fue titular se creó, lamentablemente lleva dos años que no tiene un solo peso...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.
El diputado Jonadab Martínez García: ...por eso es importante que hoy y que en este temporal que estamos debatiendo el Presupuesto que vamos a ordenar para el siguiente año, consideremos, por favor, dinero, recursos, para que este fondo que fue creado hace dos años, tome fuerza y realmente fortalezca lo que hoy vamos a aprobar.
Y ya por último, también muy coincidente con el diputado Ramírez Marín, no, no tanto coincidente,...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado, por favor.
El diputado Jonadab Martínez García: ...yo le voy a los Pumas. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Martínez García. Tiene el uso de la tribuna el diputado Roberto Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Roberto Cañedo Jiménez: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, para empezar la mejor ciudad de mundo es la Ciudad de México, seguida de Tijuana y Reynosa y el mejor equipo del mundo son los Pumas. Continúo.
El dictamen que nos presenta la Comisión Urbano y Ordenación Territorial a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, lleva como objetivo principal satisfacer las necesidades del mercado a través de las políticas públicas, artificialmente desviadas bajo el argumento de cristalizar un nuevo modelo urbano en donde, según ellos, el ciudadano tenga la posibilidad de ser el protagonista de su propio desarrollo en las ciudades de acuerdo a sus necesidades, preferencias y capacidades.
Bajo la lógica de engañosos conceptos nos pretenden dar una vez más tomar el pelo y darle solvencia legal a un modelo económico que en México ha tenido consecuencias fatales, nefastas para la mayoría de los ciudadanos.
A través de la figura jurídica de utilidad pública y expropiación se pretende adjudicarse de la propiedad privada con fines que son estrictamente lucrativos y cuya primera, y última finalidad, es el beneficio privado.
Por otro lado, se pretende desarticular la propiedad social de los ejidos para abrirle paso de manera implacable al capital dejando de lado los derechos adquiridos sobre el patrimonio.
Con la abrogación de la Ley General de Asentamientos Humanos y la expedición de una nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se pretende centralizar por parte del Ejecutivo, todo lo relacionado en el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano, a través de un consejo nacional, instancia presidida por el titular de la Sedatu y, desde ahí, generar las directrices de desarrollo urbano en nuestro país cuya concepción urbanística convierte el suelo en un recurso especulativo, productivo de primer orden.
Se pretende crear un consejo nacional que tendrá el derecho de opinar sobre los presupuestos, las entidades y dependencias federales, estatales y municipales, destinadas a programas de acciones urbanísticas, proponer cambios estructurales, proponer criterios para la planeación y esquemas de organización, además, de emitir los lineamientos para la superación y funcionamiento.
Generar y especular sobre el suelo y orientarlos sólo un beneficio de un sector trae consigo efectos colaterales sin una debida planeación urbana. Y sin tomar en cuenta la participación ciudadana en estos procesos, donde el ciudadano es el punto de partida, problemas que se agudizan, toda vez que los espacios se ven amenazados por los megaproyectos urbanos que dividen a la sociedad.
En el presente dictamen se menciona que el predial pasa a ser una contribución que servirá para dar sustentabilidad financiera a los proyectos de desarrollo urbano, infraestructura, equipamientos y servicios públicos. Esta facultad, que hasta ahora tienen los municipios para usar y aprovechar dicha recaudación, ahora tiene que ser ejercida para el mantenimiento de infraestructura en aquellas colonias.
Termino, compañeros. Se cancela además en este dictamen el acceso a fondos federales para la ejecución de proyectos de obras y prestación de servicios por parte de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Cancelando así la posibilidad de acceder a los fondos financieros federales para...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado, por favor.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: ... la planeación urbana, decisión que finalmente lesiona al distrito federalista y a nuestra república. Por esa razón Morena votará en contra. Muchas gracias por su atención. Buen día.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Cañedo Jiménez. Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Juan Corral Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan Corral Mier: Abusaré de esta tribuna, como mis compañeros que me antecedieron, para recordarles que un día como hoy, pero de 1492, conmemoramos el descubrimiento de América. Pero también un día como hoy de 1916 se creó el mejor equipo de México.
En la década de los cincuenta, un tercio de la población mundial vivía en las ciudades. Para el 2016 dos tercios de la población viven en las ciudades del mundo; es decir, 6 mil millones de personas. México no está excluido de esta situación. Para 2010, con los datos de Inegi, el 50 por ciento de los mexicanos vivían en las 55 zonas metropolitanas del país: 20 millones en el Valle de México, 4 millones en Monterrey, en Guadalajara, en Jalisco, y 2 millones en Puebla, por mencionar algunos.
Hoy día ese porcentaje se ha incrementado hasta un 60 por ciento de mexicanas y mexicanos que viven en las zonas metropolitanas. Y podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que 80 por ciento de los y las mexicanas viven en zonas urbanas el día de hoy.
La vivienda es un derecho humano fundamental para la vida que determina la igualdad y la calidad de vida de las personas en las ciudades. Son factores como el lugar donde se ubican, la manera de como están diseñadas y construidas, como se entrelazan con el tejido social, rural, económico y ambiental los que influyen en el día a día de las personas y contribuyen de manera importante a su salud, seguridad y calidad de vida.
La agencia internacional ONU Hábitat es la encargada de los asentamientos humanos y no podemos estar ajenos a sus principios y lineamientos. En 2014 esta agencia realizó un estudio afirmando que el mejoramiento de la vivienda, a los asentamientos precarios contribuirá a reducir la desigualdad social y a mejorar la seguridad urbana a través de su impacto social y espacial.
También señala que las ciudades inteligentes y productivas serán aquellas donde los asentamientos precarios se conviertan en barrios vibrantes, integrados completamente a los tejidos de las ciudades y a los sistemas de administración urbana, en lugar de continuar siendo solo grandes islas de informalidad y exclusión social; irremediablemente condenadas al subdesarrollo. En otras palabras, los cinturones de la miseria.
Es urgente desarrollar herramientas prácticas que se adecuen a la situación mundial con recursos de conocimiento y experiencia en el diseño de construcción verde, ambientalmente sostenible y asequible. Si las viviendas nuevas dejan de cumplir con estas características y no cuentan con energía eficiente, los municipios y entidades federativas se enfrentan en un futuro no muy lejano a los patrones de consumo de energía y a formas de urbanización poco útiles; yo diría catastróficas, para la demanda actual de la población.
En el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional votaremos a favor el dictamen de esta ley, pues coincidimos con sus planteamientos. Es inaplazable renovar la visión del modelo urbano con el que hemos venido construyendo nuestras ciudades.
Es necesario armonizar las regulaciones en materia con los estándares internacionales en materia de protección civil. Impulsar planes de desarrollo que incorporen de forma obligatoria la gestión que integran los riesgos y dar herramientas a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que puedan participar en la regulación y sanción de los asentamientos humanos.
Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional coincidimos en que se requiere de una nueva ley que fortalezca los instrumentos de planeación, regulación y desarrollo de los asentamientos humanos en particular, atendiendo a la gobernanza metropolitana y al crecimiento urbano, y acorde a las necesidades actuales de la población, con principios de política...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.
El diputado Juan Corral Mier: ...como los que mencionó nuestro amigo el diputado Pablo Bedolla. Un reconocimiento también para los diputados que en la comisión pertinente dieron sus aportaciones o sus comentarios para enriquecer esta ley. Hoy, diputadas y diputados, en esta soberanía distribuimos el ejercicio del poder al conceder atribuciones a los tres órdenes de gobierno, estableciendo las facultades de la federación a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.
El diputado Juan Corral Mier: ...de las entidades federativas y de los municipios, cumpliendo con la concurrencia de competencias, promoviendo así la coordinación y concertación entre los diferentes gobiernos y los sectores social y privado. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Corral Mier. Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con permiso de la Mesa Directiva. Diputados, ya es un hecho la imposición de este dictamen aprobando esta ley general, que repito, que muchos de ustedes desconocen por la premura en que se ha presentado y se han hecho modificaciones, incluso, el presidente presentó una adenda para modificar una disposición, pero no suple las omisiones y las deficiencias de la ley que se propone.
No solamente se violenta el procedimiento parlamentario al omitir la Mesa Directiva que se cumpliera con los requisitos que establece nuestro Reglamento. La ley violenta derechos humanos y solamente mencionaré uno como ejemplo y que serviría como única razón para regresar el dictamen a comisiones.
Independientemente del mal diseño institucional de esta ley general, que no establece en forma clara los procedimientos de la concurrencia. No establece en forma clara la coordinación y la responsabilidad federal, estatal y municipal en el ordenamiento territorial. No establece en forma clara los principios básicos que garanticen el acceso a la vivienda, el uso del suelo en forma racional y sustentable que garantice una vivienda con dignidad o un ordenamiento territorial con acceso a vías que garanticen movilidad sustentable.
En el artículo 20 se establecen los consejos estatales como órganos auxiliares, son órganos auxiliares no son órganos en los cuales se garantice la participación ciudadana.
Hay una parte importante que no se está tomando en cuenta, el artículo 26 determina que el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo y a la estrategia nacional.
Aquí hay un problema estructural, la estrategia nacional es parte del plan nacional, sin embargo, por las prisas se señala que el plan nacional debe de sujetarse a la estrategia nacional. Hay una inconsistencia en el diseño institucional y en la integración del Plan Nacional de Desarrollo.
Se excluye la participación de comunidades y pueblos indígenas en los procesos de consulta. El artículo 82 referente a la incorporación de terrenos ejidales, comunales y de propiedad federal al desarrollo urbano violenta el derecho de consulta previa a comunidades indígenas, a los pueblos en zonas rurales, violación que se confirma con la recomendación última que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió para que se garantice la consulta a pueblos indígenas en procesos en donde se ven afectados sus derechos y sus bienes.
Estos derechos y bienes, de acuerdo al informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos se violentan por el avance de proyectos o megaproyectos en adquisición de espacios para megaestructuras de energía, para megaestructuras de las mineras, no garantizamos este derecho de consulta y esto bastaría para regresar el dictamen a la comisión que lo presenta.
Sin embargo, esta práctica de violentar la legalidad, no solamente se refleja en la decisión del pleno, sino también en los contenidos de sus propias leyes.
Por eso, nos manifestamos en contra, es una ley apresurada que debe de estar para el día 15 de octubre, fecha en que se instala en Ecuador una conferencia internacional Hábitad III, en donde se pretende dar buenas cuentas con una mala ley. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Romero Tenorio. Tiene el uso de la tribuna el diputado Juan Antonio Meléndez Ortega, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos para hablar en pro.
El diputado Juan Antonio Meléndez Ortega: Buenas tardes, con su permiso, señor presidente. Diputados y diputadas, una ciudad no es sus casas, sus edificios y sus calles, una ciudad está formada por mujeres, hombres, niños, ancianos y familias que le dan vida a su actuar cotidiano. La preservación de una ciudad empieza con sus leyes.
El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. Que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad de los individuos, grupos y clases sociales.
En México el crecimiento poblacional de las ciudades se ha desarrollado de manera acelerada. En 1900 el país contaba con 33 ciudades de más de 15 mil habitantes en donde habitaban 1.4 millones de personas, 10.4 por ciento de la población total.
En 1980, 36.7 millones de personas que representaban más de la mitad de la población residían en localidades urbanas. En el 2000 existían 343 ciudades de más de 15 mil habitantes, las cuales arrojaban a 66.6 millones de personas que representaban 63.3 por ciento de la población nacional.
Por último, para el año del 2010 el número de ciudades aumentó a 384, albergando 71.6 por ciento de la población total del país.
Las tendencias indican que el proceso de urbanización continuará, aunque a menor velocidad que las décadas anteriores, de manera que entre 2010 y 2030 la población urbana de México pasará de 71.6 por ciento a 83.2 por ciento.
La carencia actual de un marco legal adecuado para la gestión de las zonas conurbadas y metrópolis genera problemas en planeación urbana, dotación de equipamiento, homologación de normativa administrativa, hacendaria y de inversión, movilidad y prevención y atención de riesgos.
El Grupo Parlamentario del PRI apoya el presente dictamen porque protege el uso de nuestros recursos naturales, dando énfasis al gran reto que representa el agua en nuestras ciudades. Impulsa la reducción de riesgos de desastres, propone la elaboración de programas y acciones para la reducción de gases de efecto invernadero y otorga claridad en las obligaciones para las entidades federativas y municipios.
Los mexicanos no están solos, cuentan con el apoyo decidido del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, incorpora su firme convicción de hacer frente a este gran reto en su meta denominada un México incluyente.
Busca también promover una mayor productividad mediante políticas que faciliten un uso social y económicamente óptimo del territorio nacional, impulsando programas que otorguen certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, reduzca la fragmentación de los predios agrícolas y promueva el ordenamiento territorial en zonas urbanas, así como el desarrollo de ciudades sustentables y competitivas.
Amigas y amigos, generar una mejor convivencia para la gente que diariamente habita en estas ciudades no debe ser parte de una agenda legislativa tendiente a la innovación, sino es más bien una urgente obligación que tenemos de frente a la sociedad.
Vamos juntos por mejores ciudades con mejores condiciones de vida, donde más allá de la de la atención a problemas de infraestructura o fenómenos viales, sea el principal de nuestros esfuerzos crear una nueva cultura y satisfacer las necesidades sociales de nuestros centros urbanos. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Meléndez Ortega. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación) Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular diversas fracciones del artículo 1o. de la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial.
Se ha reservado la fracción IX, párrafo 15 por parte del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.
La fracción XI, fracción XXI, fracción XXIX...
A ver. Artículo 4, fracción IX; artículo 6, fracción IX; y artículo 15, el diputado Juan Romero Tenorio.
Artículo 8o, fracción XI; artículo 8o, fracción XXI; artículo 10, fracción XXIX; artículo 13, artículo 28, párrafo primero, el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena.
Artículo 11, fracción X; artículo 21, fracción VII y párrafo último; artículo 29, párrafo primero; artículo 40; artículo 48 párrafo segundo, del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.
Artículo 56, párrafo segundo, la diputada Norma Xochitl Hernández Colín del Grupo Parlamentario de Morena.
Artículo 4, artículo 23 y artículo 26, el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Por tanto se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: ¿Algún diputado falta de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Sí, diputado Gerardo Cuanalo, ¿el sentido de su voto?
El diputado Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (desde la curul): A favor
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: A favor. Diputado Wenceslao Martínez, ¿el sentido de su voto?
El diputado Wenceslao Martínez Santos (desde la curul): Abstención.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Abstención. ¿Diputado Samuel Chacón?
El diputado Samuel Alexis Chacón Morales (desde la curul): A favor.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: A favor. Diputado Teodoro Barraza, ¿el sentido de su voto?
El diputado José Teodoro Barraza López (desde la curul): A favor.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Diputada Yarith Tannos.
La diputada Yarith Tannos Cruz: Abstención.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Se informa a la Presidencia que se emitieron 349 votos. 303 a favor, 31 en contra y 15 abstenciones.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 303 votos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra el diputado Juan Romero Tenorio, para presentar sus reservas al artículo 4o, fracción IX, artículo 6, fracción IX; y artículo 15, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Romero Tenorio: Convenio de la Mesa Directiva. Este fast track, o este proceso legislativo sumario para aprobar una Ley General de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos se justifica porque va a haber un evento internacional en Ecuador. Y me centraré, de las tres reservas presentadas, en una para señalar la importancia del tema.
Artículo 15. Se señala que el secretario del ramo, esto es la Sedatu, determinará la forma de organización e integración del Consejo Nacional, atendiendo al principio de pluralidad, equidad, género, así como considerando el régimen federal del país y la representatividad de los sectores público, social y privado. Consejo Nacional, que la propia ley señala de órgano auxiliar. Este Consejo Nacional no tiene facultades para determinar los contenidos de la política en ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
Se faculta al secretario para que en sus atribuciones determine cuántos miembros serán los que integren este Consejo Auxiliar Nacional, dejando a la vaguedad, dejando a la discrecionalidad cómo se va a integrar la representación federal, cómo se va a integrar el gobierno municipal, cómo integrar al sector social y al sector privado. No hay lineamientos o parámetros que nos den en forma cierta cómo se integrará este Consejo Consultivo.
Urge esta ley, es cierto. Hicimos observaciones que también consideraron los asesores técnicos de la Sedatu, alguna que otra la tomaron en cuenta y son parte del dictamen. No obstante, el esquema no es funcional. Por qué no es funcional. El Consejo Nacional es un órgano auxiliar, no determina ni resuelve. Queda en la línea del Ejecutivo determinar la política de ordenamiento y desarrollo urbano. No hay una coordinación real con los estados.
Si al presidente le interesara el ordenamiento territorial y la seguridad de la población en el desarrollo urbano, que no solamente es vivienda y caminos, movilidad; también es seguridad.
El diputado Marín en enero de 2015 hablaba de 400 mil viviendas abandonadas. Ello no obliga a tomar en cuenta el concepto de seguridad, seguridad pública que no se garantiza en el desarrollo urbano y, consecuentemente, tenemos grandes unidades habitacionales fantasmas. Tenemos barrios, pueblos en varios estados, fantasmas. Lugares de población urbana que el ciudadano abandona por la inseguridad en que se encuentra. Sin embargo, la inseguridad no es criterio fundamental en el ordenamiento y en el desarrollo urbano.
Estamos mintiendo a la población con vivienda segura, con un desarrollo sustentable. Lo estamos engañando porque no garantizamos un principio básico, que es la seguridad del ciudadano en el entorno urbano.
Proponemos en la modificación que sea el presidente de la República quien presida el consejo y que sea un consejo facultado para definir políticas públicas. Un consejo acuerpado con la participación social privada, con la participación social de comunidades y pueblos, con la participación social de los ciudadanos y con la observación ciudadana.
Esta es una ley mocha, una ley que no atiende la seguridad, una ley que no atiende la forma de evaluación de la política de ordenamiento territorial, una ley que no atiende la participación ciudadana en forma objetiva.
Esa es nuestra propuesta, modificar y que asuma el presidente la responsabilidad en un ordenamiento, en un ordenamiento garante, de derechos fundamentales de los ciudadanos.
Con la reforma del 2 de enero de 2013, la Sedatu asume funciones que venían desarrollando la Secretaría de la Reforma Agraria, así como la Secretaría de Desarrollo Social. Una súper secretaría que ha sido incapaz de establecer lineamientos y criterios objetivos para el ordenamiento urbano. Que ha sido incapaz de implementar programas que recuperen el sitio urbano.
En las ciudades hay colonias viejas que ya están siendo deshabitadas por la falta de servicios. El crecimiento desordenado genera unidades habitacionales modernas, pero con carencias en servicios básicos, como el agua. En esta ley, el agua tampoco se considera como eje fundamental para el ordenamiento urbano. Tenemos una crisis hídrica a nivel nacional en asentamientos urbanos que no garantizan ya el derecho a este recurso básico, como el agua.
Por eso señalamos y solicitamos que se regresara el dictamen a la comisión, para efectos de contemplar estos problemas que no resuelve esta ley y que es una mala ley, de la cual se informará en Hábitat III, en Ecuador. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión las reservas al artículo 4, fracción IX; artículo 6, fracción IX; y artículo 15, presentadas por el diputado Juan Romero Tenorio.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las reservas presentadas por parte del diputado Juan Romero Tenorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene el uso de la tribuna, para presentar reservas al artículo 8, fracción VI; artículo 8, fracción XXI; artículo 10, fracción XIX; artículo 13; artículo 28, párrafo primero, el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, gracias, diputado.
El diputado Alfredo Basurto Román: Buenas tardes. Señor presidente, con su permiso. A ver si no se me apaga el sonido, buenas tardes, compañeros de Morena. El problema en México, el problema del partido que gobierna este país, lo decimos cuando vamos a una consulta con el médico, con el psicólogo, según sea el problema de que se trate, no reconocer el error.
Cuando no reconocemos nuestro problema y nuestro error que nos lleva a esa consulta, mucho menos podemos buscar alternativas de solución o incluso la solución al problema, es el caso que nos trata esta ley que al vapor hoy nos la presentan y sabiendo los acuerdos que hay en ciertas fracciones la van a aprobar, más sin embargo yo dirijo mi atención y me dirijo al pueblo de México que es el que está atento, qué es lo que hacemos los legisladores en esta curul.
Mis reservas van en contra del artículo 8 fracción XXI, XXIX y XI y el artículo 10° al artículo 13 y el artículo 28 párrafo primero. Eso en contra del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, de Vivienda y de Estudios Legislativos que nos turna el Senado.
Y, ya lo he dicho en otras intervenciones anteriores, tal parece que esta legislatura actúa a veces como oficialía de partes del Senado de la República y no manejamos la autonomía que la Constitución nos otorga para que se expida esta nueva Ley de Asentamientos Urbanos.
De entrada es una ley diría anticonstitucional e irracional, porque va en contra de la autonomía financiera, política y social de los municipios, va en contra del artículo 115 Constitucional, se pretende hacer una política urbanista centralista donde el Ejecutivo federal a través de un consejo quiere tener el control hegemónico del desarrollo urbano.
Cuando sabemos que por experiencia la primera autoridad que tiene el contacto con la sociedad son los municipios y quienes llevan el parámetro y el control del crecimiento urbano de una ciudad son los propios municipios compañeros y en esta ley se le está vetando, se le está quitando esas facultades a los municipios y voy allá un poco más y me hago una pregunta y va en contra incluso de los derechos reales de propiedad de los particulares, qué pasará con una propiedad de un particular cuando por ley tanto constitucional como de acuerdo al Código Civil el que es dueño de un bien inmueble tiene la facultad de comprometer, de vender, hipotecar, hacer y deshacer lo que la misma ley le permite con su bien inmueble.
Bueno, compañeros, con esta ley se le corta, se le priva incluso al particular de ese derecho sagrado de propiedad, con la famosísima Ley de Expropiación por Bienes de Utilidad Pública, va en contra del derecho de propiedad de los particulares.
No olvidemos lo que pasó, compañeros, en el 2013, cuando por cierto, un diputado de aquí era secretario de la Sedatu, con el huracán Ingrid y Manuel, donde bastantes viviendas en el estado de Guerrero se derribaron, se destruyeron. ¿Por qué? Porque se hicieron como si fueran de cartón.
Es ahí el problema creo, que todo hacen al vapor, todo hacen rápido, pero sabemos bien en Morena de dónde viene la indicación. Es por eso que en Morena estamos en contra de crear y darle más monopolio urbano y centrar la política urbanista en el Ejecutivo federal.
Dejemos que los municipios y los particulares sigan ejerciendo su derecho y fortalezcamos la ley, pero que den más armas y elementos para que esto se favorezca y no se hegemonice esta ley en favor del Ejecutivo, compañeros, que es hacia dónde vamos.
Reflexionen y esperemos que la ley se modifique y haya consenso. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Basurto Román. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas del artículo 8, fracción XI, artículo 8, fracción XXI, artículo 10, fracción XIX, artículo 13 y artículo 28, párrafo primero, presentadas por el diputado Alfredo Basurto Román.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Alfredo Basurto Román. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene el uso de la tribuna, para presentar sus reservas al artículo 11, fracción X, artículo 21, fracción VII y párrafo último, artículo 29, párrafo I, artículo 40, artículo 48, párrafo segundo, el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos.
El diputado Jesús Emiliano Álvarez López: Con su permiso, diputado presidente. Conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 115 de nuestra Carta Magna, los municipios tienen expresamente conferidas a su cargo las funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques, jardines, entre otras. Por su parte en el artículo 21 están al cargo de la policía preventiva, municipal y de tránsito y otras más que las Legislaturas locales les conceden.
En esta misma disposición constitucional se establece que los municipios pueden efectivamente coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos, precisando que dicha coordinación y asociación se hará con otros municipios o con las entidades federativas. En la Constitución jamás se menciona que con los particulares, tal y como se propone en la fracción X del artículo 11 de la minuta, lo cual estamos proponiendo que se elimine. No se puede legalizar la privatización de los servicios públicos municipales.
Por otra parte, en la fracción VII del artículo 21 de la minuta se establece como una función de los consejos estatales y municipales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano el proponer y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros, en el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano y desarrollo metropolitano.
Consideramos que organismos privados extranjeros no deben participar bajo ninguna circunstancia en el ordenamiento territorial, en el desarrollo urbano y metropolitano de nuestro país. Se trata de temas prioritarios cuya atención solo corresponde a las cadenas nacionales. Nada tendrían que opinar privados extranjeros sobre el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial en franjas fronterizas, en las costas o en zonas muy ricas de recursos naturales.
Ya comentábamos que la participación de los municipios en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial es acotada con este ordenamiento que hoy se pretende aprobar.
Un ejemplo más se da en lo relativo a la formulación de los programas estatales de ordenamiento territorial conforme al artículo 29 del ordenamiento en comento. Las entidades federativas al formular sus programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, deben de considerar una serie de elementos sin mencionar la que obligatoriamente debiese ser la participación de los municipios y en el caso de la Ciudad de México, sus demarcaciones territoriales, es decir, sus delegaciones. En este sentido las entidades federativas al formular sus programas estatales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, deberían de asegurar la participación de los municipios y demarcaciones territoriales en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso c) de la fracción V del artículo 115 constitucional.
En lo que corresponde a la reserva del artículo 40, en esta disposición se menciona que los planes y programas municipales de desarrollo urbano señalarán las acciones específicas necesarias para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. Asimismo establecerá la zonificación correspondiente, pero no se menciona nada respecto a acciones específicas necesarias para la protección y conservación del medio ambiente y del patrimonio natural y cultural de los centros o poblaciones, lo cual necesariamente tendría que estar contenido en dichos planes y programas.
Por último, algo que nos parece una aberración y que estaría atentando con la sustentabilidad de las regiones completas de nuestro país, está previsto en el párrafo segundo del artículo 48 donde textualmente se establece: las tierras agrícolas, pecuarias y forestales, así como las destinadas a la preservación ecológica, deberán utilizarse preferentemente, en dichas actividades o fines. Las tierras agrícolas, pecuarias o forestales no deben utilizarse preferentemente para dichas actividades, sino que deben utilizarse exclusivamente en esta. Por eso nosotros vemos tan grave que se pretenda aprobar sin cara a la nación lo que viene en esta ley. Por eso en Morena estamos en contra, y bueno, les pedimos que ojalá nos apoyen en las reservas de estos artículos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Álvarez López. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las reservas presentadas por el diputado Álvarez López.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las reservas presentadas por el diputado Jesús Emiliano Álvarez López. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reserva al artículo 56, párrafo segundo.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente. Es asentamiento humano es un derecho humano y patrimonial que proseemos todas las personas. Como tal, la legislación que se cree debe garantizarlos como derechos asequibles y justiciables. El Estado, debe tutelar su ejercicio generando los mecanismos para su debido acceso.
Con relación a lo anterior se aprecia que el artículo 56 de la propuesta no cumple con el requisito de asequibilidad de los derechos, dispone que cuando se pretendan llevar a cabo alguna acción o aprovechamiento urbano fuera de los límites de un centro de población que no cuente con un plan o programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial o de aquellos proyectos en áreas rurales que requiera la construcción o introducción de obras de cabecera o redes de infraestructura primaria se requerirá la aprobación de la creación o modificación de un nuevo centro de población.
Es comprensible que tales acciones deban ser del conocimiento y aprobación del Estado. Sin embargo, el párrafo segundo del propio artículo menciona que los costos económicos derivados de la realización de las obras de cabeza o redes de infraestructura del proyecto, así como los costos de la realización de obras viales y sistemas de movilidad correrán a cargo de las personas que lo soliciten.
Lo que va en detrimento del patrimonio de las personas que se ubiquen en tales supuestos. En la práctica tal disposición contempla una imposibilidad real del cumplimiento, puesto que las personas que viven en estas zonas ubicadas fuera de los límites de un centro de población no cuentan con los recursos económicos para la construcción de redes de infraestructura y obras viables y sistemas de movilidad.
Esto es una de las razones por las que se habitan precisamente en estas zonas, por falta de recursos económicos y esto abre las puertas, únicamente, a negocios de desarrollos inmobiliarios.
El reconocimiento de las necesidades de infraestructura, por supuesto que es un avance que se ve entorpecido por la imposición de costos pecuniarios que no se cobraron a quienes no se vieron en esta necesidad de regularizar las zonas donde viven.
Aunado a lo anterior, es importante recordar lo dispuesto en la fracción I, del artículo 31, con relación a la fracción vigésima, del artículo 27 de la Constitución, dónde la primera instancias estipula la obligación de las mexicanas y mexicanos a contribuir en los gastos públicos, como se entiende la infraestructura en el caso que nos ocupa, y la obligación del Estado para promover las condiciones para el desarrollo rural integral, a través de la creación de la infraestructura necesaria.
En conclusión, es imprudente, incorrecto aprobar la legislación en los términos propuestos. Su redacción imposibilita su aplicación, obvia las condiciones económicas de las personas, causa perjuicios patrimoniales a quienes se ubiquen bajo los supuestos y desatiende las obligaciones constitucionales en la materia.
Por eso proponemos que en el artículo 56 de esta nueva Ley de Asentamientos Humanos los gastos para la creación de la infraestructura corra a cargo de las entidades federativas donde se ubiquen las zonas, derivado de que las personas habitantes cumplen con sus obligaciones de pagar los impuestos para contribuir al gasto público. Es cuanto.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva del artículo 56, párrafo segundo, presentada por la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín.
La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene el uso de la tribuna para presentar reservas a los artículos 4, 23 y 26 el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por siete minutos.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Mesa Directiva. Son varias reservas, y espero la paciencia de las señoras y señores diputados. Es un espacio de reflexión, ya no de fundamentación para la toma de decisión, porque ésta ya está tomada por el acuerdo que se muestra y se va a observar en el sentido de la votación de este dictamen.
He señalado que la Sedatu, a partir de la reforma administrativa en 2013 tiene nuevas atribuciones, atribuciones que no son explícitas en la competencia de la federación en el dictamen que se presenta.
La Sedatu es responsable de impulsar la planeación y el ordenamiento del territorio nacional, del crecimiento y surgimiento de asentamientos humanos y centros de población que exigen calidad y condiciones dignas de habitabilidad.
Corresponde a la Sedatu –y ese es un asunto toral en el proyecto que se presenta– conocer los asuntos relativos al deslinde de tierras ejidales y comunales. Siempre la propiedad ejidal y comunal está acompañada por conflictos sociales. Con esa reforma administrativa de 2013 la Sedatu asume funciones que venía desempeñando la Secretaría de la Reforma Agraria.
La Sedatu administra terrenos baldíos y nacionales, prevé la necesidad de la tierra para el desarrollo urbano y vivienda, elabora y ejecuta programas para satisfacer las necesidades del pueblo. Planea, diseña, promueve, apoya y evalúa mecanismos de financiamiento para el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial.
La línea que prevalece en la ley que se va a aprobar es la de acompañar el financiamiento privado para el desarrollo urbano. Este acompañamiento que ha hecho el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales durante muchos años, que han provocado grandes centros habitacionales que ahora son fantasmas porque están retirados, están alejados de servicios básicos, son carentes del recurso básico como es el agua.
Por eso hablamos de casi 400 mil viviendas abandonadas otorgadas a través del Infonavit o del Fovissste. Hablamos de viviendas abandonadas porque no se observan principios constitucionales de garantías a las que pueda acceder el ciudadano para exigir ese derecho a una vivienda y un espacio seguro.
En la reserva presentamos modificaciones al artículo 4o., al 26, al 6o. El artículo 4o., son los principios que debe observar la política pública en el ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
Principio del derecho a la ciudad. En ese principio se omite el acceso a una infraestructura urbana, a servicios básicos con condiciones de seguridad, seguridad pública, seguridad en el desarrollo de las familias con una accesibilidad a servicios básicos, como educación, salud, eso se omite.
Principio dos, derecho a la equidad e inclusión. Este principio habla de condiciones de igualdad, para acceder al desarrollo urbano. En nuestro país, con la asimetría económica nacional, con más de 70 millones de mexicanos en la pobreza, no podemos hablar de la igualdad, la Constitución establece principios de proporcionalidad y equidad que no se observan en esos principios.
Un trabajador con salario mínimo no puede competir, para acceder a la vivienda o al uso de suelo en condiciones de igualdad, con los grandes empresarios o consorcios inmobiliarios, el lucro prevalece sobre la necesidad social y prevalece sobre la política social que las reformas estructurales han venido borrando de la Constitución y de las leyes secundarias.
Tercer principio, derecho a la propiedad urbana, pero no habla de un derecho con garantías de seguridad, no habla de un derecho con garantías de habitabilidad de la vivienda.
Cuarto principio, coherencia y racionalidad. No hay coherencia en la ley ni hay racionalidad. Se manipula la ley para efectos de garantizar que en el sector social, en el sector rural, en la propiedad comunal o ejidal prevalezca el interés privado en los procedimientos de urbanización. Una vez que un Congreso estatal apruebe un plan estatal de desarrollo urbano, se impondrá ese supuesto interés general sobre la propiedad de ejidatarios y comuneros.
Participación democrática. No se establecen los procedimientos por los cuales el ciudadano va a participar en la integración de estos planes. No se establecen procedimientos que garanticen el acceso a la información de los planes de desarrollo nacional, estatal y municipal, en ordenamiento y desarrollo urbano, es información que va a ser discrecional porque no hay las garantías para acceder a la información. Se delega este derecho a la información a través de consejos nacional, estatal o municipal, con facultades de órganos auxiliares.
Protección y progresividad del espacio público. Otra mentira más, este principio no se garantiza. Espacio público, en la Ciudad de México existen espacios públicos llamados mercados públicos, son 370 centros de mercados públicos que constituyen espacio público. No se considera el abasto popular en el desarrollo sustentable en la accesibilidad de la vivienda y en las condiciones urbanas.
El abasto popular desaparece como parte de una política pública que garantice condiciones de habitabilidad con dignidad para todos los mexicanos.
Sustentabilidad y ambiente, no se determina el uso responsable y sustentable del agua y su disponibilidad, los grandes centros inmobiliarios que se encuentran en abandono básicamente es porque carecen del agua.
En las zonas urbanas un ejemplo básico, la delegación Benito Juárez, grandes centros multifamiliares, que pueden ser de primer o segundo nivel económico, pero que carecen de agua, porque no se revisó la capacidad de administración de este líquido.
No se garantiza un espacio digno para los ciudadanos, no se garantiza un patrón coherente de calidad de vida vinculada a redes de movilidad, a redes de servicios públicos.
Son esas observaciones las que de nueva cuenta confirman que tenemos la razón al votar en contra y al pedir la suspensión de este dictamen, la moción suspensiva que no fue escuchada, pero darán mala cuenta en Quito, Ecuador desafortunadamente asisten más de 182 representaciones de países que integran Naciones Unidas, más de 160 organismos de la sociedad civil que pedirán cuentas sobre los nuevos compromisos para el desarrollo urbano y sustentable en nuestro país.
Vamos a dar malas cuentas por las condiciones de inseguridad y precariedad de los desarrollos urbanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión los artículos 4, 23 y 26 reservados y presentados por el diputado Juan Romero Tenorio.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión las reservas presentadas por el diputado Juan Romero Tenorio. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Al ser los últimos artículos reservados se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 48 y 56 de la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenamiento Territorial, en términos del dictamen.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos mencionados por la Presidencia, en términos del dictamen.
(Votación)
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: ¿Alguna diputada o diputado falta de emitir su voto? Está abierto el sistema. Se pregunta nuevamente si alguna diputada o diputado falta de emitir su voto. Está abierto aun el sistema. Está abierto el sistema, diputados.
Se pregunta por última vez si alguna diputada o diputado falta de emitir su voto. Está abierto aun el sistema. Se encuentra aún abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron a favor 280 votos; 26 en abstención y 31 en contra.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 280 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y reforma el artículo 3o., de la Ley de Planeación. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del 12 de octubre, Día de la Raza, Reencuentro de dos pueblos. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Modesta Fuentes, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Modesta Fuentes Alonso: Con su permiso, señor presidente. El día 12 de octubre, Día de la Raza, es el nombre que se le dio inicialmente en la mayoría de los países hispanoamericanos en conmemoración a lo que posteriormente se llamaría Descubrimiento de América, producto del encuentro y fusión de los pueblos originarios del continente americano, por los colonizadores españoles, se ha considerado el debate en relación al verdadero sentido que tuvo como resultado el encuentro de dos culturas; pero vale la pena en un ejercicio obligado en reflexionar, ¿cuál fue el verdadero objetivo de la travesía? El verdadero rostro que se ha conservado en nuestros pueblos es el rostro de una pluriculturalidad de usos y costumbres.
Hoy y siempre han exigido la inclusión premiada por la distribución de la riqueza, el reconocimiento de su identidad y la de no discriminación. Nuestros pueblos y comunidades indígenas han luchado durante décadas por eliminar la discriminación de que son objetos al usar su propia lengua o vestimenta o incluso por sus rasgos físicos.
El saqueo continúa y parece no tener fin. Ahora el representado es representado por las empresas trasnacionales y su insaciable hambre por nuestros recursos naturales pues han buscado y buscan explotar los recursos naturales de los territorios indígenas, desde los bosques y otros recursos: Animales, vegetales, hasta el petróleo y los minerales del subsuelo, así como las bellezas naturales atractivo para el turismo.
En nuestro país viven 14 millones de indígenas y las políticas y programas públicos no sólo han modificado sus usos y costumbres para poner artificialmente un modelo económico que ha beneficiado unilateralmente al capital y ha generado una división nacional. Nuestros pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales que ya han sido actores silenciosos y los movimientos sociales.
Hay testimonio donde se ha presumido que el mágico encuentro entre dos razas ha sido en realidad un verdadero despojo de riquezas, de sometimiento y marginación. La historia no concuerda y la invasión es parte de la misma trama del dominio.
Hoy, nuestros indígenas parecen ser los invisibles, los que resisten, los que son desplazados por la obsesión del capital de expandir mercados y fronteras. La historia la escriben los victoriosos, pero la historia la hacen y protagonizan los pueblos. Habremos de recuperar la memoria histórica y emprender el pleno reconocimiento y respeto hacia nuestros pueblos indígenas.
Aún falta mucho que hacer para conseguir una verdadera inclusión de los indígenas y, para lograrlo, se pretende superar el asistencialismo mediante una política de reconocimiento cultural de la libre determinación de los pueblos indígenas y de sus autonomías.
En Morena estamos convencidos de que ser indígena no significa aferrarse al pasado, sino saber armonizar el cambio con la continuidad y ser fieles a nuestras tradiciones.
Diputadas y diputados:
Chi ne chuupa dxi beu xandu.
Padiuxi diputad une diputada ca.
Yaanadxi chin e chuupa xhibeu xandu raa bedandaca dxu xoo chericaniza zeda gunibiaca xi naapa caa xquidxinu ne biuchaca ne ca xpininu.
Yaana dxi la’ti dxi lani roo stica dxu, canil u guichi ndxo, ti iza ne iza guiete naladxi ca binni laanu xhinga bizacalu, ra zeda ndunaca ne zeda guxuxheca gura guenda nazaca ne guendanabani.
Ngueruni benda ne bizana ca guiruti guitui lu ne guininu didxa gulenenu ne gacunu xhabanu ni bisana ne ca xhabuelanu laanu.
Rinaba guira cani rucaluu ne xquidxi cadi gudxi deche ca ca binni gualadxi ti sicaca xapanu guendanazaca ne guendanandxo ndani ca xquidxinu.
Diuxquixhepe latu zaca bicadigatu na.
Guzenda ti diuxi ca binni ranchu gubiña guidxi ra gule, ne sicaca ca binni xquidexe nabeza guidxi guie, guidxie ndxo sti lula’.
Vivan los pueblos indígenas. Vivan los pueblos indígenas. Gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Modesta Fuentes Alonso.
La diputada Lluvia Flores Sonduk (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Lluvia Flores Sonduk. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Lluvia Flores Sonduk (desde la curul): El mismo tema, señor presidente, por el motivo del 12 de octubre, conmemorando el Día de la Raza. Que no perdamos de vista que después de 500 años de despojo, de discriminación a nuestros pueblos originarios, el día de hoy el gobierno asume la misma postura que asumieron en ese entonces los españoles.
Pido que en nuestra casa máxima se le brinden los mismos derechos y se protejan las tierras, sus niños y sus mujeres de la gente que realmente le dio vida a México. Gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Lluvia Flores.
El diputado Ramón Bañales Arámbula (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Ramón Bañales Arámbula. Adelante, diputado. ¿Con qué objeto?
El diputado Ramón Bañales Arámbula (desde la curul): Gracias, presidente. Únicamente para dejar constancia el día de hoy ante mis compañeros diputados y diputadas, que un 12 de octubre, hace 91 años, la benemérita Universidad de Guadalajara, institución que fue fundada en 1925 por el gobernador José Guadalupe Zuno Hernández, en medio de un México que se encontraba dividido. Había enfrentamientos por revolucionarios y se trabajaba arduamente para volver a articular diversas actividades.
El día de hoy la Universidad de Guadalajara se encuentra integrada por 15 centros universitarios, de los cuales, 6 son centros temáticos metropolitanos y 9 centros regionales.
El sistema de la universidad virtual, que fue implementada en el año 2005, el cual ofrece los servicios educativos de manera virtual a todas las regiones del país y el mundo, y en el sistema de educación media superior.
Por ello, quiero dar a conocer en este día a la Universidad de Guadalajara, que tanto ha aportado a la educación del occidente del país; no solo del estado de Jalisco, ya que es un pilar de desarrollo en México, y sobre todo en esta parte tan importante del occidente de México.
Enhorabuena para nuestra Universidad de Guadalajara. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Bañales.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Macedonio Salomón Tamez. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (desde la curul): Con todo respeto para la compañera diputada, que ya sea ella o algún traductor nos diga en español lo que acaba de decir. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. La diputada concluyó su exposición, y después de tener la versión estenográfica con gusto la vamos a compartir con todas y con todos ustedes.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
Dos avisos al pleno. El primero, el tablero de registro de asistencia estará abierto a partir de las 9:00 de la mañana, buscando iniciar lo más cercano posible a la hora en que está siendo convocada la asamblea.
Y el segundo anuncio, en virtud de las expresiones vertidas en tribuna, esta Presidencia se declara abiertamente cruzazulina. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (16:56 horas): Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar mañana jueves 13 de octubre de 2016, a las 11 horas.
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