Comunicaciones
Dictámenes
Carmen Victoria Campa Almaral, PNA
Víctor Manuel Sánchez Orozco, PMC
Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Morena
José Alberto Couttolenc Buentello, PVEM
Maricela Contreras Julián, PRD
Votación en lo general y lo particular
Norma Edith Martínez Guzmán, PES
María Eugenia Ocampo Bedolla, PNA
Patricia Elena Aceves Pastrana, Morena
María Luisa Beltrán Reyes, PRD
María Esther Guadalupe Camargo Félix, PRI
Votación del artículo 78, en términos del dictamen
Mensaje por el vigésimo aniversario del periódico La Crónica de hoy
Francisco Javier Pinto Torres, PNA
Macedonio Salomón Tamez Guajardo, PMC
Votación en lo general y lo particular
Iniciativas
Gerardo Federico Salas Díaz, PAN
Renato Josafat Molina Arias, Morena
Mirna Isabel Saldívar Paz, PNA
Ana Guadalupe Perea Santos, PES
Martha Cristina Jiménez Márquez, PAN
Jesús Salvador Valencia Guzmán, PRD
Sara Paola Galico Félix Díaz, PVEM
Blanca Margarita Cuata Domínguez, Morena
Germán Ernesto Ralis Cumplido, PMC
Acuerdo de la Junta, relativo a las preguntas parlamentarias
Turno a comisiones de las iniciativas y las proposiciones
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 261 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla (11:32 horas): Se abre la sesión.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se dispensa la lectura.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobada el acta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Proceda la Secretaría con los comunicados de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibió comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación a cambios de juntas directivas e integrantes de comisiones que se encuentran disponibles en los monitores de sus curules.
No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobados. Comuníquese. El siguiente punto del orden del día corresponde a comunicaciones oficiales. Proceda la Secretaría a hacer del conocimiento.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibió oficio del Servicio de Administración Tributaria, por el que se informa que durante el mes de septiembre de 2016 únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, que no resultan transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento. Proceda la Secretaría con los comunicados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibió oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el que se remite el Informe Anual de Actividades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en México, correspondiente al Ejercicio 2015.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento. Proceda la Secretaría con comunicados de la Secretaría de Gobernación.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: La Secretaría de Gobernación remite los siguientes asuntos.
1. Información relativa a las contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el Ejercicio Fiscal 2016, del sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al tercer trimestre de 2016.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: El tercer informe trimestral para el Ejercicio Fiscal de 2016, de los programas sujetos a reglas de operación “S” y otros subsidios “U” a cargo de la Secretaría de Economía.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase a las Comisiones de Economía, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Fomento y Economía Social, para su conocimiento. Continúe la Secretaría con contestaciones a puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron de diversas autoridades siete contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítanse a las comisiones correspondientes y al promovente, para su conocimiento. Proceda la Secretaría con comunicados de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron oficios de la Cámara de Senadores por los que se remiten 11 proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicita a la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 considere y destine recursos para distintos rubros, suscritas pro senadores de diversos grupos parlamentarios.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención. Continúe la Secretaría con iniciativa del Congreso del estado de Baja California.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: El Congreso del estado de Baja California remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose los subsecuentes al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. Proceda la Secretaría con iniciativas del Congreso del estado de Jalisco.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: El Congreso del Estado de Jalisco remite las siguientes iniciativas.
1. Con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: 2. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: 3. Con proyecto de decreto por el que se declare el 27 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Mariachi.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen. Continúe la Secretaría con iniciativas de los ciudadanos senadores.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: La Cámara de Senadores remite las siguientes iniciativas.
1. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicional diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Héctor Flores Avalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y senadores de diversos grupos parlamentarios.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: 2. Con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en materia de acreditación del cinco por ciento del IVA en la región fronteriza, presentada por el senador Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen. Continúe la Secretaría con declaratoria de publicidad.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules los siguientes dictámenes.
1. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del quincuagésimo aniversario de la Aplicación del Plan DN-III-E.
2. De la Comisión de Seguridad Pública con proyecto de decreto por el que reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
3. De la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud.
4. De la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley General de Salud.
Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
Sonido en la curul del diputado Enrique Zamora, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Enrique Zamora Morlet (desde la curul): Con la venia de la Presidencia. Exhortar a la Secretaría de Salud a reforzar las campañas de salud en la frontera sur debido al flujo migratorio que se está viviendo de las personas del Continente Africano, que sabemos que las amigas y los amigos migrantes buscan una mejor calidad de vida, pero también nosotros como autoridades mexicanas, debemos darle buena salud a los migrantes y a nuestros connacionales.
Solamente ahorita tenemos un crecimiento del 253 por ciento de las personas del Continente Africano y de 2015 entraron 2 mil 27 personas africanas y en el 2016, de enero a agosto tenemos un ingreso de 7 mil 162 africanos. Es por eso, pido el apoyo de la Mesa Directiva para que podamos redoblar esfuerzos para los migrantes y nuestros connacionales. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado, estamos a la espera a del acuerdo de la Junta de Coordinación Política al respecto, se registran sus apreciaciones y se solicita el que se le sonido a la curul de la diputada Araceli Damián.
La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Llamando aquí la atención de la Mesa Directiva desde el día de ayer, como es de conocimiento de todos, están aquí familiares de los 43 desaparecidos en plantón, y han solicitado el uso de la palabra aquí en este recinto.
Recordar que desde el 19 de abril se solicitó que se abrieran las puertas de este recinto en una reunión de trabajo de comisiones unidas que incluye la Comisión Especial de Ayotzinapa, de Derechos Humanos, de Gobierno, de Justicia, entre otras, y que desde el 20 de julio de este año también el abogado de los padres entregó ya el formato para hablar ante los diputados.
Me sorprende que el día de ayer que los padres tuvieron reunión con la Junta de Coordinación Política, no se les haya dado ya la fecha y se esté turnando a la comisión especial, cuando en la comisión especial ya determinamos que estábamos de acuerdo con el mecanismo que nos propuso el abogado de los padres. Solicito a la mesa que ya les dé apertura y que tengamos la reunión con los familiares de los 43, los queremos aquí y ahora.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputada, en efecto, ya han sido atendidos por el presidente de la Junta de Coordinación Política y estamos a la espera de los acuerdos que se logren en la materia y atentos para darle el seguimiento correspondiente.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, para fundamentar el dictamen el diputado Armando Luna Canales.
El diputado Armando Luna Canales: Muy buenos días. Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en el 2011 los mexicanos tomamos una decisión trascendental, el respeto a los derechos humanos sería el eje central de nuestra vida pública y privada.
Esta reforma generó un nuevo paradigma en relación de lo que se puede y lo que no se puede hacer en nuestro país. Y también generó un nuevo paradigma en torno a lo que es imposible omitir.
Este nuevo contexto obliga que las instituciones trabajen activamente para que estos derechos sean una realidad para todas y todos los mexicanos. Llevar el discurso a los hechos requiere de autoridades facultadas para hacerlo efectivamente. Sin duda la prohibición de cualquier tipo de discriminación es la piedra angular del futuro de nuestro país.
Como nunca, los mexicanos estamos obligados a que la única intolerancia permitida sea en contra de la discriminación. Por ello es de gran importancia tener autoridades bien articuladas para evitar cualquier tipo de discriminación.
Hoy vemos como se manifiestan posturas que parecieran irreconciliables en torno a distintos temas que afectan nuestra vida diaria. La discusión, el diálogo y el entendimiento serán en estos temas el camino que lleve a nuestro país a un rumbo de paz y prosperidad sin discriminación alguna. La lucha contra la discriminación exige de una acción de la autoridad, misma que debe ser eficiente y eficaz en la erradicación de todos los tipos de discriminación.
Por eso es importante el dictamen que se presenta el día de hoy, pues plantea establecer dentro de las atribuciones de la Presidencia de la Conapred las relativas a emitir y suscribir resoluciones e informes especiales; a establecer medidas administrativas de reparación que deriven de la tramitación de quejas por presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias, atribuibles a particulares o servidores públicos federales o a los Poderes de la Unión; así como la facultad de delegar dichas atribuciones al titular de la Dirección General Adjunta de Quejas de este organismo.
Esta adecuación se realiza para otorgar precisión a lo establecido por la ley, actuar en materia que se encuentra de manera muy genérica, pues no indica sobre qué funciones en concreto se puede hacer esta delegación, lo que genera problemas sin duda graves al momento de tramitar estos expedientes y aplicar sanciones a los responsables.
Por otro lado se plantea precisar de manera expresa que cada año sólo podrá renovarse un máximo de seis integrantes de la Asamblea Consultiva de la Conapred. Sustituyen a la renovación imperativa anual de al menos cuatro de sus integrantes. Favorecerá esta reforma la profesionalización y la toma de mejores decisiones en el organismo.
De esta forma se privilegia la continuidad por el periodo completo para el que fueron electos las y los asambleístas de dicho órgano colegiado, y así garantizar el seguimiento de los proyectos de la Conapred.
Se realizan también las adecuaciones para que se haga la remisión al capítulo correcto de la ley, al respecto, al segundo párrafo del artículo 3. Éste era un error que había quedado por ahí en una reforma anterior y eso generaba errores al momento de hacer las remisiones en los textos legales de aplicación de esta norma.
Finalmente, en cuanto a los artículos transitorios se establece de manera precisa que la renovación de los asambleístas se propondrá mediante acuerdo de la propia Asamblea Consultiva y que se pondrá a consideración de la Junta de Gobierno de la Conapred para su aprobación.
Compañeras y compañeros diputados, desde la Comisión de Derechos Humanos las herramientas necesarias para el cumplimiento de todos sus importantes objetivos. Pido a todas y todos los integrantes de esta asamblea el voto a favor de un paso más hacia la consolidación de un marco legal apegado a los derechos humanos y a la no discriminación.
Pido a la asamblea un voto a favor para dar un paso más hacia el México del futuro. Muchas gracias por su atención. Es todo, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Luna.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con lo que establece el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados.
Diputado Abdies Pineda Morín, del Partido Encuentro Social; diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Partido Nueva Alianza; diputado Sánchez Orozco, del Partido Movimiento Ciudadano; diputado Roberto Cañedo Jiménez, de Morena; diputado José Alberto Couttolenc Buentello, del Partido Verde Ecologista de México; diputada Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Partido Acción Nacional; diputada Alma Lilia Luna Murguía, del Partido Revolucionario Institucional.
Por lo tanto, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Abdies Pineda Morín, del Partido Encuentro Social.
El diputado Abdies Pineda Morín: Con su venia, diputada presidente. Honorable asamblea, manifiesto la posición del Grupo Parlamentario de Encuentro Social con respecto al dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Nuestra bancada votará a favor de que esta Cámara de Diputados asigne recursos para la implementación de medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas para garantizar a toda persona la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación.
Votaremos a favor, porque es parte de nuestra identidad política. Encuentro Social está a favor de los ajustes razonables, en materia de accesibilidad física, de información y comunicación, de la adaptación de los puestos de trabajo para personas con discapacidad, del diseño y distribución de comunicaciones oficiales, convocatorias públicas, libros de texto, licitaciones, entre otros, en formato braille o en lenguas indígenas, del uso de intérpretes de lenguas de señas mexicana y de los traductores de lenguas indígenas.
De la accesibilidad del entorno social, incluyendo acceso físico de comunicación y de información, de eliminar disposiciones que impongan requisitos discriminatorios de ingreso y permanencia a escuelas, trabajos, entre otros, y de la creación de licencias de paternidad, homologación de condiciones de derechos y prestaciones para los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad.
Estamos a favor de que haya presupuesto para favorecer el acceso, permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación en espacios educativos, laborales y cargos de elección popular a través del establecimiento de porcentajes o cuotas.
Estamos a favor del presupuesto para hacer justicia para quienes son discriminados. Coincidimos en que el presidente del Conapred se le adicione la atribución de emitir y suscribir informes especiales y delegar a órganos internos la atención de quejas, al establecer medidas para su cumplimiento.
Uno de los problemas de los órganos ciudadanos de consulta de la mayoría de las dependencias que cuentan con estos, es que acumulan influencia y crean votos de poder. Por ello, en Encuentro Social se pronuncia a favor de que cada año se pueda renovar hasta un máximo de 6 de sus integrantes, la Asamblea Constitutiva requiere no perder su rumbo de consultora y la sociedad le demanda que le represente de manera positiva, a fin de que se alcance la eliminación y erradicación de la discriminación.
Diputados, diputadas, es necesario la reingeniería del Conapred, a fin de que sea más eficiente en defensa del derecho humano a la no discriminación. Diputado presidente, Luna Canales, de la Comisión de Derechos Humanos, por mi conducto, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social presentó una iniciativa el pasado 4 de octubre para reformar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con la finalidad de hacer compartida la designación del presidente de Conapred mediante una consulta ciudadana, para elevar la incidencia de la asamblea en la vida del Consejo, para darle estabilidad al Consejo por medio de un ciclo sexenal de su presidencia.
Este dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, me da la confianza de que atenderán con sensibilidad la propuesta que Encuentro Social le ha formulado. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Pineda.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: A continuación tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, para fijar el posicionamiento del Partido Nueva Alianza.
La diputada Carmen Victoria Capa Almaral: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hago uso de esta tribuna para referirme al dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación con la finalidad de facultar a quien ocupe la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, para emitir y suscribir resoluciones, así como para establecer medidas administrativas y de reparación. También se busca la continuidad de las y los asambleístas del consejo, para así incentivar la consecución de los proyectos.
En Nueva Alianza tenemos como principio fundamental la defensa de la igualdad y la dignidad de las personas, razón por la cual nos manifestamos en contra de cualquier forma de discriminación y nos sumamos a las medidas que se adopten para combatirla y para erradicarla.
Nuestra Carta Magna establece en el último párrafo del artículo 1o., la prohibición de todo tipo de discriminación. En congruencia con este precepto se creó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuyo objetivo es precisamente prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo referido, así como de promover la igualdad de oportunidades y el mismo trato a las personas.
A pesar de que la ley fue reformada en el 2014, a fin de armonizarla con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, algunas de las disposiciones perdieron funcionalidad. La intención de la reforma consiste en que este ordenamiento siga siendo un instrumento de vanguardia para garantizar el pleno goce de ejercicio del derecho a la igualdad y no a la discriminación.
La ley crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es la institución rectora encargada de promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social, así como de avanzar en la inclusión y garantizar el derecho de la igualdad. No obstante, alguna de sus funciones han quedado ilimitadas ante las exigencias de las prácticas cotidianas, es por ello que se pretende dar mayor vigor a la presidencia de la Conapred.
En tal sentido, se faculta a la persona que ocupa la presidencia del consejo, para emitir y suscribir resoluciones por disposición de informes oficiales, así como de establecer las medidas administrativas y de reparación, derivadas de las quejas por los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias que sean atribuidas a particulares, a personas físicas o morales, a personas servidores públicas federales y a los poderes públicos federales, teniendo la facultad de delegar dichas atribuciones a la persona titular de la Dirección General Adjunta de Quejas.
De este modo se complementaría el artículo 20 de la ley, que en su fracción XLVI establece dicha atribución del Consejo, pero que no precisa sobre qué funcionario recae dicha facultad.
Otro de los objetivos de esta reforma consiste en promover la continuidad de los miembros de la Asamblea Consultiva, que es el órgano de opinión y asesoría ante las políticas públicas, programas y proyectos que desarrolla el Consejo en materia de prevención y eliminación de la discriminación. Así se pretende que la rotación de los integrantes de la misma no se vea reflejada en el cumplimiento de dichos proyectos.
Estamos convencidos de las ventajas que esta reforma traerá para el ejercicio de las labores de la Conapred. Por esa razón, en nueva alianza votaremos a favor de este dictamen. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Campa.
La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Y además mi amiga.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la discriminación en este país es una triste y cruda realidad que nos alcanza día con día a todas y a todos los mexicanos. Por eso, lo primero que tendríamos que decir y señalar con toda claridad es qué significa la discriminación.
La discriminación es una distinción, es un acto de abuso, es una injusticia que viola derechos fundamentales de los mexicanos y que incluso, de alguna manera también destruye. Evita que estos derechos fundamentales se puedan poner en práctica en un país como México donde las desigualdades son el problema más creciente que tenemos, la discriminación sigue siendo una realidad que nos acomete.
Por ejemplo, solo en algunas cifras que nos ha dado el Coneval de la discriminación laboral a las mujeres. Ejemplo, tres de cada diez se quejan de que han sufrido una discriminación salarial.
En este país también las cifras nos dicen que una persona que tiene 40 años ya no consigue trabajo en ningún lado. Por otro lado, también el 80 por ciento cree que no se han respetado sus derechos por cultura, acento, color de piel o religión. Además, 44 por ciento de los mexicanos creen que no se respetan los derechos de los indígenas.
También en el caso de los discapacitados, 23.5 por ciento no está dispuesto a vivir solo con un discapacitado. Por otra parte, de los mismos discapacitados, 78 por ciento cree que es muy difícil recibir apoyo económico en este país.
En un país donde aproximadamente 15 millones de personas vive con alguna discapacidad, la discriminación se vuelve una realidad y un problema de diario. Los ciudadanos diputados recientemente incluso presentamos una iniciativa para reformar el artículo 3o. constitucional, para que toda persona con discapacidad tenga acceso a la educación, hasta una profesión o un oficio.
Por eso esta iniciativa que hoy se pone a consideración de todos ustedes es un avance para que la discriminación pueda erradicarse en este país. Si bien la ley para prevenir y eliminar la discriminación es una ley que tiene algún tiempo, como muchas leyes en este país, tiene muy buenas intenciones. Pero si no se le dan recursos y además no se establecen las normas coercitivas que la lleven a la práctica, va a ser muy difícil que podamos erradicar un problema como la discriminación.
El Conapred necesita más facultades y esas facultades son parte de lo que se va a considerar en esta minuta, que es la facultad, lo que se establece aquí, de emitir y suscribir soluciones e informes especiales, así como establecer medidas administrativas y de reparación que deriven de la tramitación de quejas por presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias y que sean atribuibles a particulares, servidores públicos, federales y los Poderes de la Unión.
Igualmente, se contempla la facultad para que el titular del Conapred delegue estas atribuciones al titular de la Dirección General Adjunta de Quejas de ese organismo.
Creemos que esta reforma que tiene la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación es un avance, pero no será suficiente si no implementamos otras reformas y buscamos que la inclusión, la nivelación y las prácticas discriminatorias se erradiquen en este país.
Por supuesto que hago un llamado para que también los recursos –hoy que se va a discutir en estos días el Presupuesto– sean suficientes para todas las instancias y dependencias públicas tanto locales, federales y municipales para que la discriminación no siga siendo un problema en este país.
Diputadas y diputados, los llamo a que el voto sea a favor, pero también los llamo a que tomemos con toda la seriedad del caso lo que significa que en nuestro país la discriminación siga siendo un problema latente. Los invito a que propongamos reformas de fondo para que en este país se acabe la discriminación.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Sánchez Orozco.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Roberto Cañedo Jiménez.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señora presidenta. Compañeros diputados, muy buenos días. Pueblo de México, muy buenos días. Morena votará a favor de este dictamen que nos presenta la Comisión de Derechos Humanos por el que se reforman y adicionan las disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ya que el principal objetivo de estas reformas es en esencia perfeccionar el citado ordenamiento y permitir un mejor funcionamiento institucional del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, es decir lo que es la Conapred.
Existe una sensible debilidad institucional dentro de la administración pública federal en términos de la provisión de mecanismos de protección y garantía del derecho a la igualdad y no discriminación, dado que únicamente la autoridad en el ámbito federal dispone del Conapred como mecanismo operativo, situación que limita significativamente la disposición de un recurso accesible, efectivo y sobre todo adecuado para toda la sociedad en materia de la protección del derecho a la igualdad y a la no discriminación.
No existe al momento un mecanismo homologado y adecuado, expedito y ágil para la atención de quejas por presuntos actos de discriminación, cuestión que bien deja en un estado de indefensión a la población que, por tiempo, por inaccesibilidad a las tecnologías o un desincentivo, no tiene la posibilidad de acceder a instancias como lo es el Conapred, o complejiza y obstaculiza más el derecho a un recurso efectivo, ágil, expedito, de reclamo del derecho a la igualdad y a la no discriminación.
El presente dictamen es bienvenido, toda vez que busca dotar de nuevas atribuciones al Conapred, como lo son la emisión de resoluciones por disposición o informes especiales, así como establece medidas administrativas derivadas de las quejas por presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias cometidas por personas físicas, morales o bien, lo más grave, por servidores públicos.
Con esta reforma se pretende hacer más funcional al Conapred, institución que sin lugar a dudas debe de fortalecerse ante lo cotidiano que desafortunadamente resulta en nuestro país la práctica de la discriminación, en lo cual se puede normalizar y no puede, y por ello incluso, llega a no percibirse en efecto, los tratos desfavorables o el desprecio inmerecido hacia determinada persona o grupos que están presentes diariamente.
La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, nos indica que nueve de cada 10 mujeres, discapacitados, indígenas, homosexuales, adultos mayores y pertenecientes a minorías religiosas, opinan que padecen de discriminación. Por su condición, una de cada tres personas, pertenecientes a dichos grupos, manifiesta haber sido segregada y discriminada.
La vida de las personas se ve impactada por los efectos de la discriminación, el rechazo, el vivir situaciones de violencia, e incluso, la pérdida de la vida son algunos de los casos más graves.
En México el tema de la discriminación no ha sido abordado y atendido con políticas públicas eficaces, el Conapred, además de contar con un marco jurídico que le permita funcionar adecuadamente requiere de mayores recursos, para por ejemplo, llevar adelante campañas, amplias contra discriminación. Así basta señalar que la gran mayoría de los mexicanos desconocen la existencia de dicha institución, según la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México del año 2010. Se revela que dos cada diez lo conocen, el resto, por obvias razones no.
Así los resultados del Conapred, son muy pobres; para poner un ejemplo, entre el año 2011 y el 2016, tan solo se tuvieron 76 expedientes.
En el caso de las personas con discapacidad el 6.6 por ciento de la población mexicana tiene algún tipo de discapacidad. Esto es más de 7 millones de ciudadanos en el país.
Por tal razón para Morena le resulta importante que instituciones, como el Conapred, estén realmente al servicio de la población, de manera particular de aquellos grupos que históricamente han sido víctimas de situaciones de discriminación.
Y, para finalizar, les quiero comentar lo siguiente: Cómo vamos a hablar aquí de derechos humanos y en contra de la discriminación, compañeros, si no se atiende con prontitud la petición de unos padres de familia a quienes el Estado desapareció a sus hijos y no se les otorga la voz desde esta tribuna, desde este recinto. Se le tiene que dar voz al Estado. El Estado tiene en eficacia una deuda con ellos. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Cañedo.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Alberto Couttolenc Buentello.
El diputado José Alberto Couttolenc Buentello: Con su venia, presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el goce y disfrute pleno de todos los derechos humanos, sin importar la raza, religión, género, referencia sexual o el padecimiento de alguna disparidad, está respaldado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales, de los cuales formamos parte.
El artículo 1o. de nuestra ley fundamental establece la prohibición de todo tipo de discriminación motivada por origen étnico, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales.
La importancia del derecho a no sufrir discriminación es tal que el Estado mexicano se dio a la tarea de crear un ordenamiento jurídico específico, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual tiene por objeto garantizar la erradicación de todas las formas de desegregación que se ejerzan contra cualquier persona en nuestro país.
En este mismo sentido, frente a la carencia de una institución que velará por el derecho a la no discriminación, se previó dentro de la ley marco la creación de un órgano para atacar dicho problema; y fue así como nació el Conapred, institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir el desarrollo cultural y social, y de esta manera avanzar en la inclusión de todos los grupos de la población, particularmente aquellos más propensos a sufrir discriminación.
No obstante lo anterior, en la vida diaria los hechos discriminatorios siguen dándose y cada vez de manera más reiterada a lo largo y ancho de nuestro territorio, lo cual menoscaba la dignidad de diversos grupos sociales.
Por tal motivo consideramos en el Partido Verde, urgente actualizar y armonizar el marco normativo vigente con la finalidad de darle una dirección más incluyente a las políticas públicas, y al mismo tiempo contribuir al correcto desarrollo social de nuestro país.
Específicamente, creemos pertinente fortalecer la figura de presidente del Conapred con la finalidad de que este pueda emitir y suscribir resoluciones, así como establecer medidas administrativas y reparaciones del daño. Además se prevé dinamizar la Asamblea Consultiva del organismo, a fin de que puedan renovarse hasta seis de sus miembros cada año, permitiendo así que el Conapred pueda nutrirse con experiencia e ideas nuevas.
Por lo anterior expuesto es que el Partido Verde Ecologista de México votará a favor de la aprobación del presente dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, pues consideramos que dichas adecuaciones contribuirán a inhibir los actos discriminatorios, los cuales desgraciadamente de manera consciente o inconsciente siguen teniendo lugar en nuestro país. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Couttolenc.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Maricela Contreras Julián.
La diputada Maricela Contreras Julián: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, nuestra sociedad es altamente discriminatoria, a grado tal que vemos de manera normal las expresiones que denigran, que hacen menos, que maltratan, que ofenden y que pretenden negar derechos a personas por su condición o por su forma de vida. Esto resulta inaceptable.
Si bien existe el principio constitucional que prohíbe la discriminación y contamos con una ley federal, la cultura institucional y el ADN social reproducen esquemas cotidianos que implican obstáculo para acceder a los derechos, lo cual orilla a las personas a su aislamiento, a sufrir violencia y, en casos extremos, a la pérdida de la vida.
Lamentablemente tenemos una doble moral que se refleja en el discurso y no en los hechos. Por ejemplo, hoy todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados vamos a votar a favor de este dictamen que presenta la Comisión de Derechos Humanos, mediante la cual reforma la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Con la aprobación de esta minuta, vamos a facultar a la titular de Conapred para que suscriba informes especiales y recomendaciones en materia de discriminación. Además, que mediante la adopción de medidas administrativas o la reparación del daño por actos de Estado que discrimine a las personas y violente sus derechos.
Sin embargo, algunos grupos parlamentarios desdeñan, ignoran, incluso menosprecian el llamado de la misma titular del Conapred para no caer en actitudes discriminatorias, negando el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio civil en términos igualitarios.
¿En qué quedamos entonces? Fortalecemos al Conapred en la ley, pero ignoramos en los hechos sus llamados y sus recomendaciones. Suena fuerte, pero la realidad es esta, no podemos caer en una hipocresía legislativa.
Desde luego, en el PRD vamos a votar a favor de esta minuta, pues fortalece una institución como el Conapred, para hacer frente a una cultura discriminatoria y que niega derechos de manera constante. También dará certeza a las y los integrantes de su asamblea constitutiva sobre su permanencia, respetará el tiempo por el que resultaron electos y podrán realizar su trabajo con certeza.
Con esta reforma impulsaremos la eliminación de las actitudes que afectan el ejercicio de los derechos y las libertades en igualdad de condiciones debido a los prejuicios, estereotipos y estigmas que dañan mucho a toda nuestra sociedad.
Sin embargo, reclamamos, no se trata solo de votar a favor, sino de demostrarlo en los hechos y poner el ejemplo a la sociedad desde este Poder Legislativo. Debemos dejar de fomentar prácticas discriminatorias y legislar sin prejuicios mandamientos religiosos y convicciones morales y convicciones personales para atender a la problemática social.
Por ello, debemos reconocer el matrimonio civil igualitario como una manera y una muestra clara de voluntad y dejar de ser los principales agentes del Estado que ahondan actitudes discriminatorias, fomentan el odio y la división de nuestra sociedad.
Los principios de igualdad y no discriminación no se consultan, no se negocian, tan sólo, compañeras y compañeros, es nuestra obligación reconocerlos y por supuesto que estamos incumpliendo el llamado de la Conapred, para legislar a favor de los matrimonios en general. Amor es amor. El odio sólo fomenta odio.
Diputada, presidenta, también me uno a la petición de Morena, como Grupo Parlamentario del PRD, para la atención de las familiares y los familiares de los 43 desaparecidos en Guerrero. Es cuanto, muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Contreras.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn.
El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn: Con la anuencia de la Presidencia. La discriminación podemos entenderla como la práctica que pretende alterar o modificar la igualdad entre las personas, ya sea por reducción, exclusión o restricción.
La Comisión Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, fue aprobada por la Asamblea General de la ONU, en 1965 y entró en vigor en 1969. Su comité ha reconocido que la discriminación es un fenómeno que existe en todos los países del mundo, por supuesto incluyendo México.
El 11 de junio de 2003, en nuestro país, se expidió la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que tiene por objeto establecer mecanismos para eliminar todo obstáculo que limite el ejercicio e impida el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica y cultura, por cualquier motivo, ya sea por sexo, color, discapacidad social o económica, entre otras.
La misma ley creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Conapred, organismo que desde su creación ha realizado esfuerzos importantes para erradicar la discriminación en nuestro país. Cifras de este organismo señalan que en 2015 se recibieron 17 por ciento más denuncias que en el año anterior, con un total de mil 493, de las cuales 36 por ciento fueron cometidas por servidores públicos, la mayoría de estas denuncias fueron presentadas por personas con discapacidad, alguna apariencia física o alguna condición de salud.
La misma institución señala que desde 2012 ha recibido hasta la fecha seis mil 190 denuncias que incluyen tanto a personas particulares, como a personas públicas. En el 2014 se realizaron importantes reformas a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a efecto de lograr una mejor concordancia con los elementos internacionales en la materia, así como incorporar resoluciones y recomendaciones realizadas por organismos internacionales a México. Sin embargo, dicha reforma dejó el inconveniente de algunos vacíos legales y carecer de técnica legislativa.
Es por eso que el día de hoy, las reformas que se proponen a dicha ley permitirán brindar mayor certeza jurídica a los ciudadanos y una mejor efectividad en el desarrollo de las funciones de la autoridad.
Se establece la adecuada aplicación del artículo 20, donde se señala como una atribución del consejo, el emitir resoluciones por disposición e informes especiales y, en su caso, establecer medidas administrativas y de reparación contra las personas y servidores públicos federales que en caso de cometer alguna acción u omisión, discriminen de las formas marcadas en dicha ley, sin que se establezca con anterioridad qué funcionario específicamente sería el competente para ejercer dicha atribución del consejo ni la posibilidad de delegar dicha atribución. Con esta reforma corregimos este vicio legal.
Sabemos que el día de hoy México se encuentra en una grave crisis, no solo de derechos humanos y de inseguridad sino también en una crisis social en donde se está perdiendo el respeto y la dignidad de las personas.
Ahora bien, que quede claro que la misión del Conapred es luchar contra cualquier signo de discriminación, sin colores, sin partidos, sin filias y sin fobias.
En el Partido Acción Nacional hemos velado siempre por el respeto a los derechos humanos, y fue precisamente en los gobiernos panistas en donde se promulgó la Ley Federal contra la Discriminación y se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que ha dado cobijo a tantos ciudadanos que han sido víctimas de algún tipo de discriminación.
Compañeros, la discriminación es un problema tan grave que posiblemente sea el motivo que defina el resultado de la elección presidencial en los Estados Unidos de Norteamérica. Y en el PAN, lejos de invitar a las personas que nos discriminan, nosotros estamos por fortalecer a las instituciones encargadas de erradicar este mal. Es cuanto.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Piña.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: A continuación, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene la palabra la diputada Alma Lilia Luna Munguía.
La diputada Alma Lilia Luna Munguía: Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
México, al ser parte de diversos tratados internacionales se ha comprometido a respetar, promover y garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación.
En congruencia con ello, el artículo 1 de nuestra Constitución expresa la prohibición de todo tipo de discriminación, ya sea por origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, preferencias o cualquier motivo que atente contra la dignidad de las personas, con el propósito de proteger el respeto irrestricto de los derechos humanos fundamentales.
El gobierno federal, en su Plan Nacional de Desarrollo señala que para alcanzar un México incluyente es necesario garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos, así como la erradicación de la discriminación.
El presidente Enrique Peña Nieto ha manifestado en diversas ocasiones su firme compromiso por construir un México que sea verdaderamente incluyente. Un botón de muestra es que el pasado 17 de mayo el presidente de la República instruyó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo para que, en conjunto con el CIDE, la UNAM, y el Conapred, lleven a cabo las acciones pertinentes a fin de revisar e identificar las normas jurídicas cuyo contenido o lenguajes impliquen cualquier forma de discriminación.
Otro ejemplo es la creación de la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, instrumento del gobierno de la República que busca promover el acceso y permanencia de los grupos en situación de discriminación, con el objetivo de que los centros de trabajo hagan suyas las prácticas internacionales en materia de igualdad y prevención de actos discriminatorios.
Esta ley fue objeto de una reforma trascendental en el año 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de marzo del mismo año, mediante el cual se modificó aproximadamente el 60 por ciento de su contenido; armonizándola así con el nuevo enfoque de derechos humanos contenido en la Constitución y con los más altos estándares de protección de los derechos humanos contemplados en instrumentos y resoluciones, así como recomendaciones internacionales.
Hoy en día es nuestra responsabilidad legislativa responder al condicionamiento social para mejorar el funcionamiento de la institución encargada de combatir la discriminación en nuestro país.
Por ello, apoyamos de forma decidida y determinada el dictamen que ha presentado la Comisión de Derechos Humanos, en donde se cumple con uno de los objetivos que será dictar las resoluciones que se formulen en el procedimiento de queja, dando con ello la certeza jurídica, facultando expresamente al presidente de Conapred para emitir y suscribir resoluciones e informes especiales, así como para establecer medidas administrativas y de reparación que deriven de quejas por presuntos actos discriminatorios, otorgando la posibilidad de delegarlas en el titular de la Dirección General Adjunta de Quejas de ese organismo.
Votaremos a favor porque en nuestra plataforma electoral de 2015 nos propusimos exigirles a las autoridades que observen los mecanismos relacionados con los principios pro persona y de interpretación, conforme a lo establecido en leyes nacionales e internacionales. Asimismo, señalamos que nuestro reto es hacer de México una nación de oportunidades, en donde todos tengan acceso efectivo a los derechos que otorga nuestra Constitución.
De igual forma, en nuestro programa de acción refrendamos nuestra decisión de combatir la discriminación, la marginación y la exclusión social con el fin de avanzar hacia un pleno reconocimiento de los derechos de las personas.
Por ello, en el Grupo Parlamentario del PRI queremos aportar a nuestro México una mejor calidad de vida contribuyendo con reformas que garanticen la estabilidad integral y emocional de las personas, actuando siempre con los mismos valores y principios.
Hoy proponemos soluciones para erradicar la discriminación en nuestro país y por eso aprobaremos las modificaciones propuestas en el dictamen que hoy se presenta. Seguiremos trabajando para lograr una ciudadanía en plenitud que esté basada en la tolerancia y que rechace las descalificaciones de cualquier tipo.
Los invito a seguir legislando para generar políticas públicas que equilibren las desigualdades, den poder a quien no lo tiene y permitan crear una auténtica sociedad de derechos y de igualdad de oportunidades. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Luna. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Falta alguna diputada o diputado? Adelante, por favor. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputado Pichardo, el sentido de su voto.
El diputado José Ignacio Pichardo Lechuga (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Presidenta, se emitieron 420 votos a favor, 3 abstenciones y 1 en contra.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado en lo general y en lo particular –Por favor, el voto de la diputada Julieta.
La diputada Julieta Fernández Márquez (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Diputada Adriana, el sentido de su voto.
La diputada Adriana Sarur Torre (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Adriana Sarur a favor. Presidenta, se emitieron 422 votos a favor, 3 abstenciones y 1 en contra.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado en lo general y en lo particular por 422 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales correspondientes.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul del diputado Ariel Juárez, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Sí, presidenta. Nada más para exhortar a los presidentes de las comisiones ordinarias que recibieron los vehículos híbridos Toyota, línea Prius, mediante un arrendamiento que fue de casi 30 millones de pesos, de los cuales siendo congruentes con el pueblo de México y con esta crisis económica por la que estamos atravesando Morena regresó los 5 vehículos que le asignaron, ocasionando con esto un ahorro para los mexicanos de casi 2 millones de pesos.
El exhorto es para que en congruencia el costo de estos vehículos, que además tienen un sobreprecio por parte de la empresa Jet Van Car Rental, que además está sumamente denunciada por Pemex, CFE, el SAT y el INE por corrupción, en donde están teniendo un beneficio de más de 4 mil 630 millones de pesos de puras adjudicaciones directas por parte del gobierno federal. La solicitud es...
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado...
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Permítame, concluyo. La solicitud es que regresen...
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado, permítame. No es tema de esta Mesa Directiva. Quedan registrados sus comentarios...
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Sí, pero no he concluido. Entonces nada más para que en congruencia los presidentes de las comisiones regresen los vehículos, porque creo que ganan lo suficiente como para poderse comprar un vehículo los presidentes de las comisiones, y en congruencia Morena regresó esos vehículos...
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado, por favor le invito a que concluya por favor, ya que como le reitero no es tema del orden del día de esta Mesa Directiva. Quedan registrados sus comentarios para los efectos conducentes.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): No es tema, pero que quede registrada la solicitud que estoy haciendo para que en congruencia se regresen los vehículos que indebidamente se les asignaron por parte de esta Secretaría General de Cámara.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: En todo caso el planteamiento debe de hacerse ante la Junta de Coordinación Política.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: El siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez. Tiene la palabra hasta por cinco minutos para fundamentar el dictamen, el diputado Jorge Álvarez Maynez.
El diputado Jorge Álvarez Maynez: Con su permiso, presidente. En los últimos años, México ha vivido una lucha constante, una batalla constante en la que este Poder Legislativo ha tenido un papel preponderante, es la batalla por los derechos humanos que primero, con la reforma constitucional de 2011 y después, ya en específico con la Ley General para las Niñas, Niños y Adolescentes de México, se transformó en la batalla por los derechos humanos de los niños.
La Comisión de Educación que hoy nos toca representar, vio desde un principio como una de sus misiones fundamentales el tema de avanzar en todo lo pendiente a raíz de la aprobación de esta ley general, en lo que tiene que ver con armonización de los distintos instrumentos legales, específicamente del que se trata hoy de la Ley General de Educación, para hacer realidad del principio del interés superior de la niñez, un principio que rija todos los ordenamientos que hay en materia de educación hacia los niños, porque este país avanzó con muchas visiones, que si son las escuelas las que están en el centro, que si son los maestros los que están en el centro, y lo que hoy venimos aquí a reafirmar es: son las niñas y los niños de México, los estudiantes de México los que deben estar en el centro, no solamente de los ordenamientos legales, sino de las políticas públicas del Estado mexicano en materia de educación.
Somos un país que les ha fallado a sus niños y somos un país que tiene una deuda pendiente, no con el conjunto de comunidades que tienen escuelas sin agua, sin drenaje, sin luz, sino con las niñas y con los niños que atienden a esas escuelas.
Solo el 20 por ciento de los niños entre 12 y 14 años, que están en pobreza extrema están en la escuela. Solo el 15 por ciento de los hijos de jornaleros agrícolas van a la escuela. Solo el 20 por ciento de los niños indígenas tienen niveles suficientes en las evaluaciones que tiene que ver con sus capacidades en lectura, en lingüística y en matemáticas. Solo la mitad de los niños indígenas tienen un maestro que habla su lengua natal. Esos son algunos de los pendientes que tiene el Estado mexicano con la educación con las niñas y con los niños de México.
Nosotros estamos convencidos que armonizar la legislación a la luz del interés superior de la niñez, que primero fue un logro constitucional, después un logro a nivel de ley general va a ser un instrumento que le permita, no solamente a los tomadores de decisiones de políticas públicas, sino por ejemplo a los jueces, a los encargados del control de convencionalidad, que ahora también tienen la posibilidad de decidir de nombrar su criterio con base a tratados internacionales, a la Convención Internacional para los Derechos de la Niñez. Por ejemplo, tener resoluciones que vayan mucho más allá, que sean mucho más garantistas en materia de protección del interés superior de la niñez.
Hay un ejemplo, por ejemplo la organización civil Mexicanos Primero, aduciendo el interés legítimo de los niños a la educación logró un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interceder o para llevar como tercero interesado el tema de la educación.
Con instrumentos como los que hoy se aprueban, como la armonización de la Ley General de Educación, con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de México, se robustece este entramado legal, este entramado institucional que permitirá la defensa jurídica del interés superior de la niñez.
Nosotros estamos convencidos de que este es un resultado positivo de la Comisión de Educación y quiero aquí felicitar el trabajo, especialmente de mis compañeras, que son la inmensa mayoría de esta comisión, de la presidenta y de los compañeros de la comisión, que en la inmensa mayoría de los asuntos trabajamos por consenso, por unidad y con altura de miras.
Y simplemente, presidenta, quisiera que quedara asentado en el Diario de los Debates, que los compañeros de Movimiento Ciudadano hemos decidido subir hoy a tribuna con una leyenda que nos parece, a propósito de educación, insoslayable.
Esta tribuna no le debería de ser negada a quienes luchan porque este siga siendo un país con esperanza. Esta tribuna no les debería ser negada a los padres de familia de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Justicia, pero antes tribuna a los 43.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado. Álvarez Maynez.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a discusión en lo general. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario los diputados que a continuación se enumeran. La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza. Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada Jorgina Gaxiola Ledezma, del Partido Verde Ecologista de México. Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Partido de la Revolución Democrática. Diputado Juan Carlos Ruiz García, del Partido Acción Nacional. Diputada María Esther Guadalupe Camargo Félix, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Por lo que tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para fijar el posicionamiento del Partido Encuentro Social, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Les saludo, diputada presidenta y honorable asamblea. El Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, por mi conducto se complace en venir a la más alta tribuna de la nación, a refrendar su permanente compromiso con la niñez de nuestro país.
Bajo esta premisa coincidimos con el espíritu de la propuesta, por lo que apoyamos el dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación para incorporar y transversalizar el principio de interés superior de la niñez.
El objetivo de la pretendida reforma es armonizar la Ley General de Educación con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la finalidad de que el principio del interés superior de la niñez pueda ser observado en las políticas educativas y en los servicios que ella imparte.
Hace más de un cuarto de siglo con la firma de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en 1989 se dio el primer gran paso para el reconocimiento de protección de los derechos de los niños con la instauración justo de la figura del interés superior. Este principio, el interés superior de la niñez que se concibe como el conjunto de gestiones y procesos que garantizan su desarrollo integral y posibilitan las condiciones materiales y afectivas que le permitan vivir en plenitud alcanzando el máximo bienestar posible.
En tal lógica, los niños tienen derecho a que se tomen las medidas que promuevan y protejan sus derechos y vigilar que ningún tipo de acción u omisión del Estado los trasgreda.
En consecuencia, se obliga al Estado a que dentro de las políticas públicas tengan prioridad justamente los derechos de los niños y prevalezcan sobre otros intereses, de manera muy particular cuando esos intereses generan conflicto, esto sin perder jamás de vista el derecho de los padres a decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos atendiendo principalmente a temas de madurez asociados al desarrollo evolutivo del niño a su vulnerabilidad y al profundo valor que tiene para México un sano desarrollo de nuestra niñez.
En atención a lo anterior, con la reforma que habremos de aprobar, se garantiza que toda la educación que se imparte a través del sistema deberá atender en todo momento justo a este interés, vigilando siempre por supuesto ese lugar primigenio que tiene la familia en la toma de decisiones, criterio que habrá de orientar las actuaciones y decisiones que tomen las autoridades educativas que pudieran afectar a los niños y de contar con esos mecanismos necesarios para salvaguardar sus intereses.
Asimismo, cuando las autoridades educativas busquen sancionar a un menor, a un niño que aún no alcanza los 18 años de edad, deberán evaluar y ponderar las repercusiones de esta sanción a fin de salvaguardar tan noble principio, lo que incluso llegar a ser aplicable para los casos de revocación o retiro de reconocimiento de validez oficial, en tanto que son ellos los últimos y sobre todo los principales afectados.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, se congratula por el avance legislativo contenido en el dictamen que nos ocupa, toda vez que se abone con él a la construcción de las condiciones necesarias para favorecer a los niños de México, como se ha ido construyendo en esta noble Cámara de Diputados a partir de otras iniciativas que reflejan un interés común de muchos legisladores para defender y para asegurar que nuestros niños puedan crecer de la mejor manera.
Este dictamen que hoy se aprueba, si ustedes así lo deciden, si todos así lo decidimos, representa una pequeña, pero al mismo tiempo, una trascendente aportación para las generaciones que hoy se encuentran en este rubro de edad, y para todas las generaciones que habrán de venir en nuestro México. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Martínez.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar al mundo. La educación, la única solución.
Con su permiso, diputada presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la niñez es una etapa que se debe cuidar, toda vez que en ella es donde se van delineando los aspectos fundamentales que van a caracterizar a un individuo. Para Nueva Alianza proteger y propiciar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes ha sido, es y seguirá siendo un principio conductor de nuestra labor.
Sabemos que el desarrollo sano de la infancia es crucial para el progreso de cualquier sociedad. Por ello, en diferentes ocasiones hemos insistido en iniciativas y puntos de acuerdo el privilegiar su interés superior.
El principio del interés superior de la niñez se entiende como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar a los menores un desenvolvimiento integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar su máximo bienestar posible.
Congruentes con nuestra esencia de proteger a los menores, las y los diputados de Nueva Alianza votaremos a favor de este dictamen para que el interés superior de la niñez sea uno de los principios rectores de la política y los servicios educativos.
En Nueva Alianza estamos seguros que a través de la educación los individuos llegan a ser capaces de formular un proyecto de vida y llevarlo a la práctica en su existencia individual y colectiva.
De igual forma estamos convencidos de los derechos de las niñas, niños y adolescentes deben estar por encima de cualquier inconveniente para acceder o permanecer en la educación y que el Estado debe preponderar en sus políticas públicas estos derechos, a fin de combatir y superar cualquier condición vulnerable. Esto lleva implícita la obligación de que, independientemente de que coyunturas políticas sociales y económicas, se asignen todos los recursos posibles para construir condiciones que les permitan desplegar sus potencialidades y acceder a niveles más altos de satisfacción y de una vida digna.
Sin duda la educación es el mejor camino para lograrlo, para alejarlos de la pobreza, propiciar su crecimiento y detonar sus habilidades. Desafortunadamente, de acuerdo con el Inegi, en 2015 el 35 por ciento de la población de entre 6 y 14 años no asistía a la escuela.
Por ello, resulta fundamental que en el proceso de concepción, diseño, planeación, ejecución y evaluación de las políticas y servicios educativos se garantice el interés superior de la niñez, a fin de que los menores cuenten con el pleno goce de los derechos en todos los ámbitos de su vida.
Compañeras y compañeros, la educación es un derecho humano que permite cerrar las brechas de pobreza, marginación y desigualdad social. Impulsemos cambios sustantivos para que nuestros niños estén en la escuela recibiendo una educación de calidad y laica.
Por su atención, muchas gracias. Esperamos contar con su valiosa sensibilidad para pasarla a la educación, pero sobre todo para darles beneficios a las niñas, niños y adolescentes de este país. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Ocampo.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene la palabra por cinco minutos la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis: Gracias, señora presidenta. Con su venia. Armonizar la Ley General de Educación con la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, a partir de uno de los principios rectores de la política educativa, es un gran acierto.
El artículo 18 de la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes establece que todas las medidas concernientes deberán ser tomadas por los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, siempre armonizadamente.
Por eso resulta de primordial interés el que el día de hoy estemos aquí discutiendo y aprobando esta minuta, pues si bien es cierto nos hemos ocupado de atender y armonizar ese reclamo nos hemos olvidado de la gran importancia que tiene el fortalecer la educación de esos niños, de esas niñas, de esos adolescentes que cursan el nivel preprimaria, primaria y secundaria.
Por eso, con la adición a la reforma del primer párrafo del artículo 8, del segundo párrafo en el artículo 11, del tercer párrafo en el artículo 78, debemos considerar primordialmente el interés superior de la niñez.
Por lo tanto, es nuestra obligación como legisladores ponderar esos derechos ante cualquier baja presupuestal o ante cualquier recorte de Presupuesto. La educación no tiene cabida en el recorte presupuestal. Es nuestra obligación como legisladores fortalecer los recursos necesarios para cumplir con esa obligatoriedad.
Cuando hablamos de adicionar el cuarto párrafo al artículo 79 para recorrerlo al subsecuente, estamos obligados a darle esa validez que otorga a los particulares el conducirse en manera primordial por encima de cualquier otro interés para garantizar el interés de los infantes en el ámbito educativo.
Por eso, cuando nosotros pretendamos en este recinto aprobar el recorte presupuestal a educación deberemos de hacer conciencia de lo que el día de hoy estamos participando, discutiendo y votando. No cabe el recorte presupuestal en educación si queremos ser congruentes con lo que aquí se está autorizando y votando a favor el día de hoy.
Esta reforma trae grandes avances, primero, porque hemos encontrado la armonización legislativa en el ámbito de la educación y la atención al cuidado de las niñas, niños y jóvenes, siempre fortaleciendo y dándole una mejor calidad a esa educación, porque eso serán los que tomarán las decisiones aquí el día de mañana.
Por ello, este Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano va en favor de estos ordenamientos y sé que todos y cada uno de ustedes en forma congruente así lo harán, porque no basta con decir que estamos acatando y que participamos para fortalecer la educación. Tenemos que aplicarnos y manifestarlo con nuestra participación en el día a día.
Además, es necesario que este recinto parlamentario y sus 500 diputados les den la voz a los familiares de Ayotzinapa. Eso, compañeros, es falta de educación, es falta de atención, es falta de probidad y es falta compromiso para con el pueblo de México.
Movimiento Ciudadano está convencido que lo que aquí se hace es legislar a favor de los menos tienen. Por ello, vamos trabajando en pro de este proyecto y Movimiento Ciudadano participa porque se respeten los derechos de los niños y se equiparen con los derechos de los infantes a través de la Ley de Educación, pero que también se les de la oportunidad a los familiares de Ayotzinapa, de manifestarse a través de esta tribuna. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Ramírez Nachis.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra la diputada María Elena Aceves Pastrana.
La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana: Aclaro mi nombre, me llamo Patricia Elena Aceves Pastrana, para servirles. Nos faltan 43. Ojalá que la Junta de Coordinación Política de esta Cámara sea sensible a la petición de los padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, para que desde esta tribuna podamos escuchar su verdad.
Compañeras legisladoras y legisladores, presidenta, los diputados de Morena votaremos a favor del proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Educación para incorporar el principio del interés superior de la niñez.
Uno de los objetivos de la modificación es armonizar nuestra legislación con la norma internacional, en particular, con la Convención de los Derechos del Niño, en la que se establece, cito: –Los niños no son propiedad de los padres ni tampoco son los beneficiarios indefensos de una obra de caridad. El niño es un individuo, miembro de una familia y una comunidad, con derechos y responsabilidades–. Cierro cita.
A partir de la convención se abandonó la concepción de caridad y tutela para la atención de la infancia. Dejó de concebirse como menores a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y se les reconoció la capacidad de adquirir paulatinamente responsabilidades y expresar sus opiniones.
En el caso de nuestro país la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño comprometió al Estado mexicano a cumplir cabalmente con sus disposiciones, adecuar sus leyes conforme a sus principios y colocar a la infancia en el centro de la agenda nacional a través del desarrollo de políticas públicas y a destinar el mayor número de recursos posibles para la niñez y la adolescencia.
Sin embargo, un estudio realizado en 2014 por la Unicef y el Coneval revela que en México 1 de cada 2 niños y adolescentes vive en condiciones de pobreza. El ingreso de su familia es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas y carece de las condiciones mismas que garanticen sus derechos sociales, como son: el acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, a la seguridad social y a una vivienda digna con servicios.
Si la frase infancia es destino, es verdadera, el futuro de millones de mexicanos será terrible. Actualmente de los 32 millones de menores de 18 años que hay en el país 21 millones viven en la pobreza, 4.5 padecen pobreza extrema, 25 millones no cuentan con seguridad social, 11 millones enfrentan dificultades para su alimentación y los niños más necesitados consumen refrescos y comida chatarra porque son comida llenadora.
El resultado ha sido que México es el país con el mayor número de niños con obesidad infantil. A este resultado se suman 6.5 millones de niños que carecen de atención médica; 2 y medio millones de niños y jóvenes se ven en la necesidad de trabajar, y lo hacen en condiciones inapropiadas e insalubres para su edad, expuestos a las peores formas de trabajo forzoso, incluyendo el tráfico de drogas y la prostitución.
Desde Morena consideramos que enfatizar el interés superior de la niñez no debe ser un enunciado abstracto o vago como en su momento ha sido el término de calidad educativa. El interés superior de la niñez debe convertirse en un compromiso del Estado mexicano para atender a los cerca de 5 millones de niños, adolescentes y jóvenes que no asisten a la escuela, y no deberá convertirse en una trampa política para el magisterio que defiende la educación pública y sus derechos.
Morena considera que es necesario establecer políticas públicas para que los niños y niñas puedan vivir plenamente, sin amenazas y con protección en su etapa de formación. Por las razones anteriores nuestro voto será a favor del dictamen y precisamente en este espíritu decimos no al recorte presupuestal para la educación en 2017. Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Muchas gracias, diputada Patricia Elena Aceves.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: A continuación, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Jorgina Gaxiola Lezama.
La diputada Jorgina Gaxiola Lezama: Gracias, presidenta. Compañeras diputadas y diputados. Las niñas, niños y adolescentes en México son la mayoría de la población en nuestro país, sin quienes más protección necesitan del Estado y de la implementación de políticas públicas en su favor.
En virtud de ello, consideramos oportuna la aprobación del presente dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, pues esto refleja el compromiso del Poder Legislativo por armonizar y actualizar las leyes de acuerdo a los compromisos internacionales que como nación hemos adoptado en materia de respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Para garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de ellos, las autoridades deben realizar las acciones conforme al interés superior de la niñez.
Coincidimos plenamente con el propósito del dictamen, el cual no es otro que establecer que conforme a este principio los menores tendrán el derecho a una educación de calidad, que fomente su dignidad humana, impulse sus capacidades, desarrolle sus potencialidades y los prepare para el logro de su proyecto de vida, pues con ello se garantiza el fortalecimiento de la educación, como una herramienta indispensable para el desarrollo personal y profesional de las y los mexicanos.
Estamos convencidos de que la educación es la vía inequívoca para potenciar al máximo las capacidades de cada persona, especialmente desde los primeros años de la vida. Por ello, todas aquellas acciones que ya sean operativas o legislativas que se diseñen para lograr dicho fin, contarán con el respaldo de mi grupo parlamentario.
La presente reforma es, sin duda, una base sólida para transitar hacia la inclusión del concepto y acciones que abonen a proteger el interés superior de la niñez en los distintos ordenamientos en materia educativa.
A partir de ahora, todos en México tendremos en cuenta el interés superior de la niñez sobre cualquier otro y ello, sin duda, contribuirá a que seamos juntos un mejor país.
Debemos enfocarnos en que toda la educación que se imparta en nuestro país atienda, en todo momento, dicho interés; es decir, la plena satisfacción de sus derechos. De igual manera, sabemos lo indispensable que resulta que los profesores estén en constante capacitación para aumentar y fortalecer sus conocimientos, siendo parte elemental de dicha capacitación la inclusión de mecanismos de protección y garantía al interés superior de las niñas, niños y adolescentes en México.
Paralelamente se debe establecer que las actuaciones y decisiones que tomen las autoridades educativas de la federación considerarán primordialmente dicho interés superior, pues ello garantiza un ejercicio armónico en la ejecución de una de las políticas públicas más importantes para quienes representan el futuro de nuestro país.
Mi mayor reconocimiento a las y los integrantes de la Comisión de Educación y Servicios Educativos, pues si en algo coincidimos es en el interés superior de la niñez.
Por todo ello, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México manifiesto nuestro voto a favor del presente dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Es cuanto.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Gaxiola. Esta Presidencia saluda la presencia, en este recinto, de estudiantes de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, invitados por el diputado Matías Nazario Morales. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a este recinto.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: A continuación, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Luisa Beltrán Reyes.
La diputada María Luisa Beltrán Reyes: Con su venia, diputada presidenta. Diputadas y diputados, acudo a esta tribuna a presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD, a favor del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, que reforma la Ley General de Educación e incorpora el principio del interés superior de la niñez, entendido como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar el desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitirán vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible.
La incorporación de este principio permitirá que los derechos de las y los niños prevalezcan sobre otros intereses, determinando como principales objetivos la protección y desarrollo de su autonomía en el ejercicio de los mismos.
En este sentido, reconocer el carácter integral de los derechos de la niñez nos obliga a reflexionar sobre su acceso a la educación en 11 entidades de la república, ya que de acuerdo a la encuesta del Inegi de 2015, este se encuentra debajo de la media nacional, destacando los estados de Michoacán, Oaxaca, Chihuahua y Chiapas.
En consecuencia, a mí y a mi grupo parlamentario, nos preocupan los recortes presupuestales en materia de educación, ya que sin importar el interés superior de la niñez, se afectará el acceso y la calidad de la educación de esta población.
Por lo tanto, hago un llamado a que su incorporación vaya más allá del reconocimiento en un término jurídico y nos comprometamos con la niñez mexicana, con la adecuada asignación de recursos para que las políticas públicas den prioridad a las niñas y niños de México.
Reitero, que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen y velará por la verdadera aplicación de los principios rectores del interés superior de la niñez. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada María Luisa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Ruíz García.
El diputado Juan Carlos Ruíz García: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Convención de los Derechos del Niño establece en su artículo 3, que en todas las medidas que tomen los órganos legislativos concernientes a los niños serán consideración primordial el atender su interés superior.
Por eso, el artículo 4o. constitucional dispone que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Es decir, se les debe garantizar un desarrollo integral, una vida digna y las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.
En este orden de ideas, el dictamen de la minuta que hoy discutimos propone incorporar el principio del interés superior de la niñez en la Ley General de Educación, busca que el criterio orientador de la educación que el Estado y sus organismos descentralizados imparten, atienda en todo momento el interés superior del niño.
En Acción Nacional estamos convencidos de que debemos trabajar desde todos los ámbitos hasta lograr un mejor país para todas las niñas y los niños. Por ello, consideramos loable la armonización de la Ley General de Educación con las disposiciones previstas en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Votaremos a favor del dictamen que nos ocupa, porque estimamos pertinente que las actuaciones y decisiones que tomen las autoridades educativas a nivel federal, de las entidades federativas y de los municipios deben de considerar primordialmente el interés superior de la niñez cuando se trata de la educación que concierne a niños, niñas y adolescentes.
Estamos ciertos de que los derechos de la niñez deben prevalecer sobre otros intereses y de que el Estado tiene deber de priorizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por ello, coincidimos en que al tomar una decisión que afecte a menores de edad, individual o colectivamente, las autoridades educativas deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales para la niñez.
Además, resulta oportuno que se adecúe la ley, para que en el caso de que se dicte una resolución para el retiro del reconocimiento de validez oficial a cualquier institución educativa, siempre sea considerando de manera primordial el interés superior de la niñez cuando se trate de decisiones sobre una cuestión que involucre a educandos menores de edad.
No debemos perder de vista que con la aprobación de esta reforma permitimos que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, y al mismo tiempo mantenemos la exigencia para que el Estado tenga como prioridad los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es cuanto.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Ruiz.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene el uso de la palabra la diputada María Esther Guadalupe Camargo Félix, hasta por cinco minutos.
La diputada María Esther Guadalupe Camargo Félix: Muchas gracias presidenta. Honorable asamblea, presidenta, estimados compañeros y compañeras, hemos pasado por dictámenes muy interesantes, muchos temas de difícil consenso, de incertidumbre, de presiones diversas.
Reconozco que ha habido momento de definiciones que implican costos políticos y por parte de nosotros como actores, en esta etapa histórica en donde se están dando las bases para implementar diversas reformas con la participación y el debate de todas las fuerzas políticas.
Estamos aquí porque representamos a regiones, pueblos, barrios, comunidades, ciudades, entidades federativas y estoy segura que queremos un México fuerte, seguro y justo. Tenemos en nuestras manos la gran responsabilidad de legislar por el bien de la nación.
Por ello, hoy es un día significativo porque con el apoyo de todos estableceremos como principio de las políticas públicas el interés superior de la niñez, porque es precisamente en esta etapa de la vida, en los primeros años, cuando se forma, define y modela la personalidad, el carácter, los hábitos y la inteligencia de los que más queremos, nuestros niños, niñas y adolescentes.
Y ningún interés podrá estar por encima del derecho a la educación de ellos, que imposibilite el pleno ejercicio de este derecho o que impida su acceso y permanencia en los servicios educativos prestados por el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial.
Esto permitirá que en las actuaciones y decisiones que tomen las autoridades educativas deberán considerar, primordialmente, el interés superior de la niñez, cuando se trate de la educación que concierna a nuestras niñas, niños y adolescentes.
Las autoridades establecerán los mecanismos necesarios para garantizar este principio. Cuando se tome una decisión que afecte a educandos menores de edad, en lo individual o colectivo, las autoridades educativas y escolares deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.
El derecho de los niños y su educación es lo que más debemos cuidar y en donde más debemos invertir recursos si buscamos ser una nación fuerte, sana, inteligente, con visión de futuro, porque a fin de cuentas ellos son nuestra mayor riqueza. Esta población, sus generaciones, a las que les tenemos que cumplir desde esta LXIII Legislatura.
Agradezco y felicito también a todos mis compañeros, a nuestra presidenta de la comisión, diputados y diputadas de las diferentes fracciones parlamentarias que de manera responsable estamos comprometidos con nuestro máximo interés: la educación de los mexicanos.
Y agradezco al Grupo Parlamentario del PRI cederme el honor de presentar ante ustedes nuestra postura, la cual no tengo duda, siempre es y será a favor de los que más queremos: nuestros niños, niñas y adolescentes, sobre todo los más vulnerables de nuestra ciudad y país. Gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Camargo. Agotada la lista de oradores, consulte al Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ha reservado para su discusión en lo particular el siguiente artículo. Artículo 78, propuesto por la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Esta Presidencia saluda a personas provenientes de Tultepec, estado de México, invitadas por el diputado David Sánchez Isidoro. Bienvenidos a este recinto parlamentario.
De igual forma, esta Presidencia saluda la presencia en este recinto de estudiantes del Instituto Salvador Allende, de Puebla, invitados por el diputado Rodrigo Abdala Dartigues. Bienvenidos a este recinto parlamentario.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: ¿Algún compañero diputado o compañera diputada que falte de emitir su voto? Está abierto el sistema. Continúa abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 447 votos a favor, 0 abstención, 0 en contra.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 447 votos.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: De conformidad con lo que establece el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por tres minutos la diputada Norma Xochitl Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 78.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputada presidenta. En el caso que nos ocupa se aprecia que la intención del dictamen es salvaguardar el principio del interés superior de la niñez. Parece adecuado, derivado de la obligación constitucional en la materia, sin embargo se estima que su inclusión en el artículo 78 es un error de técnica legislativa que desatiende la naturaleza jurídica del precepto.
Basta recordar que el artículo en comento se sitúa en el capítulo VIII, relativo a las infracciones, sanciones y recursos administrativos relacionados con las acciones u omisiones de quienes prestan servicios educativos.
Relacionado con el artículo que se pretende reformar se encuentran los artículos 75, 76 y 77, donde se exponen las infracciones que pueden ser cometidas, así como las sanciones que se impondrán si se llegan a acreditar.
El artículo 78 atiende al procedimiento que se llevará a cabo para la imposición de las sanciones. Menciona que se hará del conocimiento del presunto infractor a efecto de que este manifieste en su derecho a lo que le convenga. Además se estipula que la imposición de sanciones se considerará de gravedad de la infracción las circunstancias en las que se comenta, los daños y perjuicios causados, el carácter culposo o doloso de las mismas, así como la posible reincidencia.
Como se aprecia, la naturaleza jurídica del artículo 78 es eminentemente procesal, que atiende de manera tácita el principio de interés superior de la niñez, ya que este sanciona las infracciones que vayan en detrimento de la educación que reciben los educandos, por lo que su inclusión implícita es completamente innecesaria.
Por otro lado, la redacción del párrafo que se pretende adicionar es confusa y reiterativa, en detrimento de la certeza jurídica que las normas deben brindar. Además atiende a los supuestos estipulados en el artículo 79 de la ley que refiere a la adopción por parte de la autoridad de medidas necesarias para evitar perjuicios a los educandos.
Sin duda es importante hacer prevalecer los principios constitucionales, más aun cuando se trata de los derechos de los menores. Sin embargo, también es nuestro trabajo hacer los adecuados fundamentos en términos de la teoría de la legislación, por lo que no es correcta la reproducción de textos de manera discrecional con la supuesta intención de dar mayor fuerza y debemos atender el espíritu y naturaleza de los preceptos que se pretenda reforzar. Debemos basarnos en las estructuras legales que provean sentido no sólo jurídico sino lógico a las normas. Es cuanto.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Hernández Colín. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación del artículo 78, en términos del dictamen.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación nominal del artículo 78, en términos del dictamen.
(Votación)
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 401 votos a favor, 0 abstención, en contra 33.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado el artículo 78 reservado en términos de dictamen por 401 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación para incorporar el principio de interés superior de la niñez. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E) del artículo 72 constitucional.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: El día de hoy festejamos 20 años del periódico La Crónica de hoy, que a lo largo de este tiempo ha sido referencia en el concierto informativo de nuestro país. Sin dudarlo, la crónica de hoy ha fungido como cabal defensor de la libertad de expresión y ha sido un medio de aciertos y éxitos.
La Cámara de Diputados felicita a su presidente y su director general, Jorge Kawhagi Gastine y su vicepresidente Jorge Kawhagi Macari y a todo el personal administrativo de redacción y de talleres por el impulso que ha sabido darle a La crónica de hoy, se mantenga en la referencia de los ciudadanos.
Fue un 17 de junio de 1996 cuando salió a la luz pública el primer ejemplar de La crónica de hoy. Desde entonces hemos sido testigos de diferentes acontecimientos nacionales e internacionales reflejados en sus páginas.
Por eso es que hoy celebramos, en este Palacio Legislativo, las dos décadas de este importante medio de comunicación, con el firme deseo de que sigan muchos, pero muchos aniversarios más. Felicidades y enhorabuena.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Energía con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Georgina Trujillo Zentella, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 104, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Georgina Trujillo Zentella: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el establecimiento de los distintos husos horarios tiene la finalidad de, por un lado, incrementar el aprovechamiento de los recursos energéticos del país. Por el otro, reducir el consumo de la energía, y en consecuencia también reducir el costo. Y como consecuencia, mejorar las condiciones de desarrollo en las comunidades en las que se aplican los distintos husos horarios.
El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso de la Unión para legislar, entre otras cosas, en términos de energía eléctrica.
El pasado 31 de enero de 2015 fueron reformados los artículos 2 y 3 de la Ley del Sistema del Horario en los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de reconocer la aplicación y la vigencia del huso horario 75 grados oeste en el territorio del estado de Quintana Roo.
Actualmente nuestro país cuenta con cuatro diferentes husos horarios, uno de ellos es el que corresponde a este, 75 grados oeste.
Derivado de esa modificación del pasado mes de enero de 2015, el 17 de agosto del presente año fue presentada una iniciativa para presentar dicha zona horaria al decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de marzo de 2002. La propuesta fue turnada a la Comisión de Energía para su estudio y dictamen.
Tras escuchar, analizar y razonar las diversas opiniones de los integrantes de la Comisión de Energía, la comisión consideró conveniente dictaminar esa iniciativa en sentido positivo, para adicionar una fracción IV al mencionado decreto, a fin de armonizarlo con la Ley del Sistema Horario en los Estados Unidos Mexicanos, ubicando, como ya les decía, al estado de Quintana Roo en el huso horario 75 grados oeste; tanto por su ubicación como por su horario estacional.
Quiero comentarles que dicha medida ha demostrado en los años que se ha aplicado ser efectiva. Han logrado reducir los índices de violencia por tener más luz. Han incrementado las actividades al aire libre y, por supuesto, ha incrementado también la derrama económica al tener más tiempo con luz del día para realizar actividades de esparcimiento, recreativas y aprovechar las ventajas turísticas que ofrece el estado de Quintana Roo.
Compañeras y compañeros diputados, México es grande en sus aspiraciones, rico en su historia y valioso por su gente. El desarrollo de nuestro país es tan diverso como diversas son sus necesidades, su pluralidad de culturas y las tradiciones que en él conviven. Quintana Roo es un estado que tiene enormes fortalezas, no solamente su ubicación geográfica privilegiada, su amplia red logística, sino también por supuesto sus atractivos y sus bellezas turísticas.
Esta medida que hoy aprobamos sin duda alguna impactará de manera positiva en las actividades económicas de la entidad. Va a generar mejores condiciones de conectividad aérea en beneficio no solamente de los turistas sino de los residentes del estado de Quintana Roo, en general, gozando además, como ya lo comentábamos, de una hora adicional de luz natural para aprovechar de mejor manera los atractivos turísticos de la entidad.
De igual manera, la armonización legislativa que el día de hoy estamos proponiendo a su consideración en este multicitado decreto y la ley en la materia significa lograr dar mayor certeza jurídica y consolidar en este tema el Estado de derecho.
Señoras diputadas, señores diputados, quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios representados en la comisión la coincidencia para legislar en este sentido y generar condiciones que puedan incentivar un mayor bienestar en las distintas regiones de nuestro país.
Esta Comisión de Energía seguirá prevaleciendo el ánimo de un mayor diálogo constructivo de escuchar, entender y atender los distintos planteamientos que resuelvan la problemática de nuestro país. En esta comisión, como yo decía, seguirán prevaleciendo las ganas de que le vaya bien a México y le vaya bien a nuestra gente. Si ustedes el día de hoy aprueban este dictamen, seguramente estaremos privilegiando a los habitantes del estado de Quintana Roo y a sus millones de visitantes que año con año llegan a sus bellas tierras. Muchas gracias por su atención, y ojalá y su voto sea en sentido positivo.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Trujillo. Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a este recinto legislativo, a los 14 presidentes y presidentas municipales del estado de Zacatecas, invitados por los diputados Leonel Cordero Lerma y el diputado Marko Cortés Mendoza. Les deseamos éxito en su gestión.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular. Se han anotado para fijar el posicionamiento de sus grupos parlamentarios: el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Partido Nueva Alianza; el diputado Macedonio Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano; la diputada Sofía González Torres, del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática; la diputada Gretel Culin Jaime, del Partido Acción Nacional y el diputado José Luis Toledo Medina, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado Francisco Javier Pinto Torres: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores. No sin antes felicitar a nuestra compañera diputada Georgina Trujillo, presidenta de la comisión, así como a todos los integrantes de la Comisión de Energía de los diversos grupos parlamentarios por la muestra de este trabajo conjunto; a todos los ciudadanos que nos ven en el Canal del Congreso, en las diferentes latitudes de nuestro país.
Hago uso de esta tribuna para referirme al dictamen de la Comisión de Energía por el que se adiciona la fracción IV al artículo único del decreto por el que se establece el horario estacional que aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.
Con esta adición se busca solucionar un error que se presentó en una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2015 que se refería al artículo 3o, fracción IV de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos y que ubica al estado de Quintana Roo dentro de una nueva zona geográfica para efectos de los husos horarios, correspondiéndole el meridiano 75 grados al oeste del meridiano de Greenwich.
La Ley del Sistema de Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, publicada en 2001, reconoce la aplicación y vigencia de los husos horarios 90 grados, 105 grados y 120 grados oeste del meridiano de Greenwich, y los horarios que les corresponde conforme a su ubicación.
Esta ley tuvo una reforma para reconocer en el artículo 2 la vigencia y aplicación del huso horario 75 grados y establece una nueva zona horaria en el territorio nacional, correspondiendo a la zona suroeste referida al meridiano 75 grados oeste, y que corresponde al territorio del estado de Quintana Roo.
En 2002 fue publicado el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos que define los husos horarios aplicables en las entidades federativas durante el verano, conocido por todos nosotros como horario de verano. Sin embargo, dicho decreto no fue armonizado con la reforma que se hizo en 2015 a la Ley del Sistema de Horarios en los Estados Unidos Mexicanos.
Nueva Alianza coincide con el dictamen en que es necesario actualizar el decreto y que se contemple de manera independiente al estado de Quintana Roo, indicando claramente la forma en la que se deberá aplicar el horario estacional.
Compañeras y compañeros, este no es un tema menor, Quintana Roo es el estado fundamental para el desarrollo nacional. Basta señalar que es la primera fuente de divisas turísticas para el país, así como el principal destino para la inversión en esta materia.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo –la local, debo aclarar–, durante 2015 el número de habitaciones ocupadas en Quintana Roo se incrementó en más de 2000 con respecto al año anterior –es decir 2014– y superó sus expectativas de ocupación hotelera y afluencia turística por cuatro años consecutivos.
Seamos congruentes con la trascendencia que esta entidad tiene para todo el país, y démosle claridad en un tema primordial como el huso horario que afecta a todos sus visitantes. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, compañera presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias diputado Pinto Torres.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el diputado Macedonio Tamez Guajardo.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Con su venia, presidenta, buenas tardes. No deja de ser tarea nuestra el deshacer entuertos, y aquí existe un entuerto con la contradicción de dos normas vigentes, es lo que se pretende corregir con este proyecto que se está votando. El dejar muy claro que el Estado oriental de Quintana Roo pertenece a un solo huso horario 75 este de meridiano de Greenwich, de tal manera que con esto habrá claridad en la norma.
Realmente no hay nada más qué decir, es de sentido común, es sensato, de tal manera que los invito a votar a favor y dejar un mejor marco legislativo para estos temas. Mucha gracias, buenas tardes.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: A continuación para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra la diputada Sofía González Torres.
La diputada Sofía González Torres: Muchas gracias, presidenta. Con su permiso, compañeros y compañeras legisladores, el dictamen que presenta la Comisión de Energía busca armonizar el decreto por el que se establece el horario estacional que aplica en territorio nacional con la Ley del Sistema de Horarios del país.
Esta ley fue reformada en 2015, a fin de agregar una nueva zona horaria para el estado de Quintana Roo. Desde entonces, por su ubicación geográfica a dicha entidad le corresponde una hora de adelanto, en relación con el resto del país. Sin embargo, el decreto que rige al horario de verano no ha sido actualizado y sigue sin considerar esta importante reforma.
El reconocimiento del nuevo huso horario le brinda al Estado mayor competitividad frente a distintos destinos turísticos del mar Caribe. Le da una mejor conectividad aérea con los vuelos provenientes de Estados Unidos, que año con año traen a nuestro país más del 55 por ciento de los pasajeros internacionales que nos visitan. De ellos, una gran mayoría elige arribar al aeropuerto de Cancún.
Con la incorporación de los nuevos husos horarios y la correspondiente adecuación en el horario de verano no solo se reducen los tiempos de conexión en el aeropuerto, esta medida también beneficia a los paseantes permitiéndoles un mayor goce de los atractivos turísticos bajo la luz del día.
Compañeros, votar a favor de esta propuesta significa reconocer y apoyar la economía de Quintana Roo. Es una de las regiones más dinámicas en cuanto a captación de divisas para el país y transmite una de las mejores caras de México al mundo.
Es por esto que en mi grupo parlamentario, el del Partido Verde, va a votar a favor del dictamen de la Comisión de Energía. Contemplar de manera independiente al estado de Quintana Roo durante el verano es congruente con el desarrollo económico de nuestro país, el uso eficiente de la energía eléctrica, la disminución de la quema de combustibles y en consideración sobre todo con nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Sofía.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: A continuación, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos el diputado Julio Saldaña Morán.
El diputado Julio Saldaña Morán: Con su permiso, diputada presidenta. El estado de Quintana Roo se ubica dentro de una nueva zona geográfica para efectos de los husos horarios, así se determinó con la reforma a la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos del 2015, indicando que Quintana Roo se encuentra en el meridiano 75 grados al oeste por ubicación y 75 grados oeste por horario estacional. Sin embargo, en el decreto que establece el horario estacional sigue contemplando que todas las entidades, incluyendo Quintana Roo, estarán sujetas al meridiano 90 grados.
Es necesario actualizar el decreto con la ley para que contemple de manera individual al estado de Quintana Roo, toda vez que el horario estacional tiene por objeto el ahorro de energía eléctrica y que a 20 años de su aplicación se ha consolidado como una medida para contribuir a reducir los efectos adversos del cambio climático, además de otorgar algunos otros beneficios.
Tan solo en 2015 se llevó a cabo algunos estudios, algunos análisis por los expertos, donde llegamos a la coincidencia de poder expresar que en el grupo del PRD apoyamos las medidas necesarias para la preservación del ambiente y sobre todo de la nacionalización de los recursos naturales. Por ello votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Saldaña.
El diputado Julio Saldaña Morán: Estamos un poco quietos por alguna razón. Estamos, diputada presidenta, si me permite.
Yo le hago un llamado al secretario de este Congreso. Anteriormente teníamos tres curules aquí al frente, tres allá. Nos están haciendo falta a algunos de los diputados...
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado, discúlpeme, pero ajústese al tema por favor.
El diputado Julio Saldaña Morán: No, no, ya terminé, ya le agradecí, no hay por qué echar bronca. Estoy a favor, estamos a favor, sólo estoy haciendo una observación porque luego tenemos invitados y andamos corriendo. Es en el sentido positivo, propositivo y afirmativo de que hay que mejorar las condiciones, diputada presidenta. No se equivoque usted por favor. Gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene a continuación la palabra hasta por cinco minutos para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada Gretel Culin Jaime.
La diputada Gretel Culin Jaime: Con su permiso, diputada presidenta. El Partido Acción Nacional reconoce y agradece el apoyo de las y los legisladores que apoyaron el dictamen de la Comisión de Energía que permitió restructurar y derogar los artículos 2o y 3o, fracción IV, de la Ley del Sistema de Horario, que tuvo como finalidad crear un huso horario específico para Quintana Roo con el propósito de priorizar las necesidades del estado, demandas que se habían venido solicitando desde 2002.
Cabe destacar que ya desde 2002 se estaba demandando a este Congreso hacer cambios en la ley, pero desafortunadamente en la reforma de 2015 a la Ley del Sistema del Horario de los Estados Unidos Mexicanos, no se armonizó esta norma, por lo que continuó esta petición por parte de la ciudadanía y autoridades locales.
Uno de los mayores objetivos que se tenía planteado era que dicho territorio, con diferencia a su localización y su respectiva distancia al meridiano de Greenwich, estipulado en la ley, no se viera afectado por las demás zonas geográficas del país.
Quintana Roo, siendo el único con zona sureste al meridiano 75 grados al oeste de Greenwich, insistió en generar una nueva zona horaria que le permitiera la aplicación del horario estacional, a partir de las dos horas del primer domingo de abril y terminando a las dos horas del último domingo de octubre de cada año.
Es así, con este cambio se logra enlazar horarios con diferentes ciudades de Estados Unidos y Canadá, fomentar el turismo de la zona, además de otros beneficios para la población, al aprovechar de manera más eficiente el horario establecido, en particular se contribuye con dos demandas sentidas de los hogares: aumentar la seguridad de los menores de edad, que acuden a las escuelas, ya que no estará oscuro cuando se salgan de sus casas, y lograr un ahorro de las tarifas de luz domésticas de dichas entidades.
Por ello, la postura de Acción Nacional en este dictamen es a favor, al contribuir significativamente en los ámbitos sociales, económicos y laborales de la población que reside y trabaja en Quintana Roo y que ahora, gracias al cambio del uso de horario, mejorará con su calidad de vida. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Gretel. Esta Presidencia saluda la presencia, en este recinto, de líderes del distrito 24 de Naucalpan, Estado de México, invitados por el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor. Bienvenidos.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: A continuación, para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Luis Toledo Medina.
El diputado José Luis Toledo Medina: Con su venia, presidenta. Quintana Roo es, sin lugar a dudas, un estado excepcional, no solo porque su gente dedica su vida a la construcción y el mantenimiento de un paraíso, sino por las bondades de cada extensión de nuestra tierra.
Nuestra ubicación ha permitido que en México el turismo genere bienestar y nuevas oportunidades. Quintana Roo es el estado que dialoga con la comunidad internacional y que muestra lo mejor del sureste de México. Es un estado con 900 kilómetros de litoral, con casi 95 mil cuartos de hotel, genera un empleo directo y cuatro indirectos por cada cuarto hotelero. Es el punto más cercano de México hacia Europa, África y Asia. Quintana Roo es la tercera frontera de México y es un estado extraordinario.
Anteriormente, durante los meses de noviembre y marzo en Quintana Roo caía la noche a las 5:30 de la tarde, los efectos económicos y sociales eran sustantivos, niñas y niños no podían hacer actividades en la tarde, madres y padres llegaban prácticamente de noche a sus hogares, encender las luces implicaba un gasto adicional a la economía familiar, el turismo se frenaba afectando a comerciantes y la calidad de vida de las y los quintanarroenses.
Frente a esto, en el 2015 el Congreso de la Unión discutió si Quintana Roo debía compartir un uso horario o contar con uno adecuado para su ubicación. La resolución fue adicionar la zona sureste, referida al meridiano 75 oeste, con esto las y los quintanarroenses tenemos nuestros relojes en coordinación con 19 estados de los Estados Unidos de América, 2 provincias de Canadá, 5 países caribeños y 1 país centroamericano y 3 países sudamericanos, y no sólo esto, la adición del uso horario traería como consecuencia la reducción de costos de interconexión, 8 aeropuertos de Canadá y 22 de los Estados Unidos de América tendrían sus relojes empatados con los nuestros.
El epicentro turístico se fortaleció, mejoraron nuestras tarifas hoteleras, mejoró nuestra estadía, se hizo un esfuerzo con la iniciativa privada, a quien hoy reconocemos su participación, pero ahora nuestra labor es completar todos esos esfuerzos que emanan del gobierno de Enrique Peña Nieto y de la Secretaría de Turismo, para no dejar espacio a contradicciones o lagunas jurídicas, debemos dar certeza y hoy este Congreso está poniendo el ejemplo.
En el PRI estamos seguros que votar en favor del dictamen significa continuar con los beneficios que este cambio requiere.
Primero. Mejor rendimiento estudiantil y laboral. Mayor infraestructura turística. Mejores resultados en el campo. La reducción de consumo de energía eléctrica ayudando a la economía familiar. Mayor esparcimiento de la sociedad. Ciudades más seguras, y en general, días más felices y productivos para nuestras familias en Quintana Roo.
En el PRI apoyamos un México más fuerte y un Quintana Roo tan grande como su gente. Gracias, queridas y queridos diputados, porque juntos hoy estamos dándole una muestra de solidaridad a Quintana Roo. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Toledo. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación).
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema.
La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Diputada Rosalina Mazari, a favor.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema... No se cierre. Sigue abierto. Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Presidente, se emitieron 438 votos a favor y 1 abstención.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 438 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al decreto que establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Estamos en el turno de iniciativas. Se recibió de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 19 Bis, 60 y 64 Bis, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 21, 45, 59 y 164 y adiciona el artículo 164 Bis de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Esta Presidencia saluda a comerciantes del Centro Histórico del municipio de Cuernavaca, Morelos. Bienvenidos.
La diputada Beatriz Vélez Núñez: Muchas gracias, presidente. Saludo con mucho respeto a mis compañeros diputados. El día de hoy presento ante todos ustedes, la reforma para eliminar la cláusula de exclusión de la Ley sobre el Contrato de Seguro, este tema ha sido largamente debatido en los Congresos de otros países y su eliminación ha significado un paso hacia adelante dentro de los nuevos paquetes de reforma moderna en materia de salud.
La salud abarca todos los ámbitos y protege a todos los ciudadanos por igual, por lo mismo el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de vigilar y regular el ámbito privado, de la misma manera que no puede ignorar al social. Es por ello que también aquellas personas que tengan los medios para poder asegurarse de manera privada, merecen de la misma protección y cuidado que el resto de la población.
Desde hace años los seguros privados manejan una cláusula prácticamente inviolable que se conoce como cláusula de exclusión. Básicamente se refiere al permiso con el que gozan las compañías aseguradoras para negar la cobertura que se ha pagado cuando descubren que el asegurado mantenía una enfermedad previa a la firma del contrato.
La excusa que usan para realizar este tipo de acciones, es que la presencia de esta enfermedad y su agravación con el transcurso del tiempo afecta la noción de prevención; es decir que la enfermedad previa atenta contra la posibilidad de la aseguradora de cubrir un riesgo futuro.
Eso es todo y, lo que significa en términos simples, es que ante algo ocurrido con anterioridad no se hacen responsables; sin embargo la realidad es que se trata de impedir el desembolso de gastos sobre todo ante un hecho que con seguridad los obligará a hacerlo.
Es que estas compañías se benefician principalmente del riesgo que les menciono. El asegurado paga de manera constante para evitar un inconveniente que probablemente o seguramente nunca ocurrirá, así que cuando ocurre la empresa se ve en la necesidad de cubrir cualquier recurso suficiente para negar la atención médica.
Lo que sucede es una práctica desleal, pues hay una parte que ha pagado lo estipulado por el contrato, pero ante una eventualidad se niega la atención y la respuesta por parte de las aseguradoras es el hecho de que el asegurado les ha mentido o ha actuado de mala fe.
Pero ¿qué hay de los cientos de asegurados que no tenían forma de saber de su enfermedad? El desconocimiento no es una excusa ni es dolo. Muchas ocasiones el paciente o incluso el médico, no tiene forma de saber con certeza sobre la presencia de una enfermedad. Quizá sea un tumor dormido o quizá los síntomas no sean fuertes, y ello no significa que el asegurado haya querido timar a la empresa.
Por el contrario, existe mala fe y discriminación cuando la empresa aseguradora niega la atención sabiendo que tendrá que cubrir un gasto sin darle algún tipo de oportunidad clara y legal al asegurado para poder defenderse.
El artículo 4o. constitucional que se encuentra por encima de cualquier tipo de cláusula señalada en los contratos, se refiere precisamente a la importancia de proteger la salud. Por lo tanto, es violatorio de la Constitución el impedimento de recibir atención médica. No importa si es un convenio privado, la posibilidad de recibir atención médica no puede ser limitada ni impedida, aun cuando el contrato excluya de una manera precisa determinados acontecimientos.
Un ejemplo de ello es la atención médica urgente en los hospitales privados, no pueden negar de recibir algún paciente en situación crítica. En ningún convenio privado se puede violentar los principios rectores de nuestra Carta Magna.
Por estas razones, creo que existe una desigualdad en el contrato que beneficia exclusivamente a las aseguradoras, y por lo que creo conveniente realizar una modificación en la que ambas partes puedan estar tranquilas y la balanza no se cargue de un solo lado.
Propongo, para esta reforma, que cuando una persona deseara realizar un contrato de seguro de salud será necesaria la realización de un examen médico elaborado por las autoridades sanitarias.
Si logramos incluir la necesidad de realizar un examen médico, las compañías de seguro no podrán negar la cobertura por una condición preexistente, pues el asegurado logró comprobar fehacientemente que previo al contrato gozaba de buena salud.
Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de decreto
Artículo único. Se reforman los artículos 21, 45 y 59, y se adiciona el artículo 164 Bis, todas de la Ley sobre el Contrato de Seguro para quedar como sigue:
Puede celebrarse sujeto a plazo cuyo vencimiento se iniciará su eficiencia para las partes, pero tratándose de seguro de vida y de salud, el plazo que se fije no podrá exceder de 30 días a partir del examen médico, si éste fuera necesario y si no lo fuera, a partir de la oferta.
Espero, compañeros diputados, contar con este respaldo que sin duda habrá de salvar muchas vidas. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Vélez Núñez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar...
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame un segundo, diputado. Adelante, diputada. Cecilia Soto adelante.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Gracias, presidente, por escucharnos. La bancada del Partido de la Revolución Democrática quiere apoyar esta iniciativa. Es importante reconocer que el mercado de seguros de salud ha estado desde hace 10 años en 9 millones de personas, es decir, ha disminuido relativamente porque cada vez es más caro, más difícil acceder a ello. Esta iniciativa contra la cláusula de exclusión nos parece justa y la apoyamos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Cecilia Soto. Diputada Vélez. La diputada Vélez está en sesión fotográfica, permítame un segundo. ¿Acepta la adhesión?
La diputada Beatriz Vélez Núñez (desde la curul): por supuesto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada está de acuerdo. Está a su disposición, de quienes quieran suscribirla, aquí en la mesa de la Secretaría.
El diputado Gerardo Federico Salas Díaz presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria. Permítame, diputado.
Esta Presidencia saluda a los presidentes municipales Rómulo Isaías Martín, de Maxcanú; y José Cortés, de Progreso, invitados por los diputados de Yucatán. Igualmente saludamos a los estudiantes del séptimo semestre de la carrera de administración de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus San Juan del Río, encabezados por el licenciado Gustavo González Barrón, invitados por la diputada vicepresidenta María Guadalupe Murguía Gutiérrez. Sean todos bienvenidos. Adelante, diputado.
El diputado Gerardo Federico Salas Díaz: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la tenencia en la tierra ha tenido una base histórica fundamental. La reforma al artículo 27 constitucional de 1992 tuvo como finalidad el cambio de régimen de derechos de ejidatarios sobre sus tierras, pasando de un derecho de naturaleza indefinida sobre tierras colectivas que impedían su comercialización y vinculaban al ejidatario a intereses de terceros, al régimen de propiedad privada, el cual, sin desvincular al ejidatario de la colectividad a la que pertenece, le confería la seguridad jurídica que se requiere para realizar cualquier acto jurídico que le permitiera obtener de sus tierras el mayor provecho posible.
Hoy estamos planteando la posibilidad de la adopción del dominio pleno de parte de los titulares de derechos ejidales, fincando las bases para que ejidatarios y comuneros puedan transformar la propiedad social e incorporarla al régimen de propiedad privada, reconoce la asignación, delimitación, usufructo de la propiedad de sus parcelas que fueron dotadas al ejido en lo general y asignadas en lo particular al titular de las parcelas, así como también certifica los actos de sucesión.
Con estas modificaciones la Ley Agraria facultará a la Asamblea Ejidal para determinar la delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común, por lo que el núcleo de población agrario podrá determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, efectuar el parcelamiento de éstas, reconocer el parcelamiento económico o regularizar la tenencia de los posesionarios o de los que carezcan de los certificados correspondientes, y consecuentemente destinarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarias en favor de los ejidatarios y al uso de servicios públicos o de interés general.
En cuanto a la aplicación del dominio pleno y su adopción, ya sea como individuo o como asociados ejidales, resulta necesario revisar, modificar y con ello actualizar la tramitología burocrática para que esta se adecúe efectivamente a la realidad imperante en la que se encuentra la tenencia y propiedad y de la tierra.
La indeterminación de la ley es en cierto grado necesaria, sin embargo en exceso puede convertirse en arbitrariedad. Esta situación es la que acontece en la Ley Agraria en lo que se refiere a dominio pleno y la adopción del mismo, debido a que este mecanismo no se encuentra debidamente clarificado como concepto ni como procedimiento, a saber la Asamblea Ejidal, tras cumplir varios trámites y algunas formalidades especiales puede autorizar o no en base a sus propios criterios subjetivos, que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el dominio pleno de sus parcelas, es decir que se conviertan en propietarios de ellas.
Sobreproteger es limitar, éste es el supuesto en el que se encuentran miles de sujetos de derechos agrarios a los cuales se les aplican figuras arcaicas y sujetas a la discrecionalidad de las autoridades. Estas situaciones impiden en la continuación de un modelo burocrático que constituye desde hace muchos años un caldo de cultivo para la corrupción.
La reforma que se plantea tiene como fin último respetar la decisión de los sujetos de derechos agrarios para adoptar o no la propiedad de las tierras asignadas, y con ello hacerlas susceptibles de enajenación, simplificar la tramitología para la adopción del dominio pleno para que, incluso cuando las tierras del ejido no se encuentren asignadas en su totalidad, baste con la nueva delimitación al interior para que los sujetos con derechos agrarios tengan la facultad de adoptarlo en el momento que lo deseen.
Pretendemos hacer más ágiles las asambleas, con menos requisitos para reducir la tramitología y se mantienen las resoluciones que involucran a todo el ejido y se clarifican las aportaciones que los ejidos hacen para obras de infraestructura e interés público.
Son muchas las trabas que se presentan a los ejidatarios para ejercer los derechos sobre sus tierras, por ello es necesario hacer lo que en nuestras manos se encuentre, un mecanismo legal lo suficientemente ágil y dinámico para marcar la diferencia. Se establece un nuevo concepto con respecto a la delimitación, el concepto achurado, que actualmente existe pero que no se encuentra contemplado en ninguna legislación.
Dicho término tiene su origen en los decretos de dotación que fueron ejecutados y medidos y que en los planos de delimitación no aparece, pero que en la realidad son excedentes de tierras.
Los excedentes de tierras son reconocidos de hecho como propiedad del ejido, más no se encuentran delimitados con planos ni registrados en el Inegi ni en el Registro Agrario Nacional. De ahí la motivación de que sean delimitados y entregados a hijos de ejidatarios con residencia probada en el ejido y avecindados, de acuerdo a lo que establece la iniciativa que hoy presento.
Para el caso de las donaciones, se establecen requisitos y procedimientos de inscripción.
En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y en el marco de las 24 acciones para reactivar la economía, estamos convencidos de que simplificar el proceso de conversión de régimen ejidal al de pequeña propiedad posibilita el financiamiento productivo del campo.
Tenemos que salvaguardar el dominio pleno de la propiedad ejidal en pro de los trabajadores de la tierra, para dar cabal cumplimiento en las necesidades del campo mexicano y fomentar su desarrollo con el dominio pleno y absoluto de las tierras a sus legítimos poseedores. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Salas Díaz. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Victoriano Wences Real: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la extorsión, un delito que se define como el que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro, causando a alguien un perjuicio patrimonial.
De acuerdo a la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad 2016, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el delito de extorsión es uno de los que más se comete en nuestro país. Sin embargo, dicha conducta delictiva no se considera grave, lo que genera que muchos delincuentes continúen cometiendo dicho ilícito.
Por lo que se requiere urgentemente que este tipo penal se considere grave, a efecto de que los extorsionadores no logren burlar la justicia. Por ello debe hacerse la reforma constitucional, ya que esta es la norma jurídica que prevé el delito o los delitos que sean considerados graves. Un tema –sin lugar a dudas– que resulta importante revisar es lo relacionado a los delitos que se consideran graves y que son aquellos que alcanzarán la prisión preventiva oficiosa. Esto es, quien delinque no alcanzará libertad bajo caución.
Una particularidad del delito de extorsión es que no se denuncia con la frecuencia con la que se comete, lo anterior porque las víctimas tienen el temor de que persista el delito o que les ocurra algo peor.
Compañeras diputadas, compañeros, en nuestro país el delito de extorsión no respeta condición política, social o económica, lo mismo le puede pasar al más próspero empresario que al más humilde campesino, como ha sucedido en diversos casos en el país, incluso donde personas han perdido la vida por no acceder a las pretensiones de sus extorsionadores.
Un delito que se ha visto hasta los más apartados lugares del país, lugares donde las personas son más susceptibles de ser engañados o presionados, dado que no tienen a quién recurrir.
Quién de nosotros no ha sabido de algún ciudadano de nuestro distrito que ha sido víctima de alguna de las modalidades de extorsión. Desafortunadamente este delito es de carácter patrimonial, ya que en muchos casos llega a configurarse en otros delitos, como el secuestro, lesiones y hasta el homicidio.
La presente iniciativa de reforma del segundo párrafo, del artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, va encaminada a aumentar los delitos graves, incluyendo el delito de extorsión.
La propuesta de reforma que planteo textualmente señala. Artículo 19, segundo párrafo. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.
El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, extorsión, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Victoriano Wences Real. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada María Ávila Serna, en representación de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la vida orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La diputada María Ávila Serna: Con su permiso, diputado presidente. Las ciencias forenses se entienden como la aplicación de prácticas científicas dentro del proceso legal, para lo cual se requiere de la intervención de investigadores altamente especializados para localizar evidencias que solo se convierten en prueba concluyente al ser sometidas a estudios de laboratorio.
Ejemplo de ello es que hoy en día muchos países se basan en la ciencia forense y usa, de manera rutinaria, el análisis de ADN en la investigación de delitos complejos, lo cual ha permitido aportar soluciones para la identificación de delincuentes y cadáveres a partir de estos.
En el tema de seguridad pública la ciencia forense es fundamental para que las autoridades puedan hacer una reconstrucción de hechos. En consecuencia, nos permite contar con herramientas científicas para crear estrategias para resolver problemas como el aumento de la criminalidad, la inseguridad y la violencia.
En ese sentido, la formación de profesionales relacionados con la ciencia forense e investigación criminal permite a las sociedades contar con una herramienta confiable para la investigación y esclarecimiento de los delitos.
A nivel internacional son varios los ejemplos de creación de agencias o institutos de ciencias forenses. Como botón de muestra está la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses, la cual está integrada por 27 instituciones de criminalística y ciencias forenses que representan a 18 países latinoamericanos, además de España y Portugal.
Otro ejemplo de instituciones con el mismo fin son el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia, dependiente de la Fiscalía General de la Nación, así como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, que es la institución encargada de brindar servicios de investigación científica forense al sistema de justicia.
En cuanto respecta a nuestro país no se cuenta con un organismo de estas características que concentre a nivel nacional un banco de datos con la información y pruebas recabadas en los servicios forenses, lo cual hace más compleja la administración de justicia.
Lo anterior porque el proceso para la obtención de pruebas, su preservación y generación de escenarios sobre los hechos delictivos o de otras índoles dan a las ciencias forenses un papel protagónico y de coordinación del trabajo de manera transversal con las autoridades federales, estatales y municipales.
Sin duda alguna, contar con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses en México, de carácter multidisciplinario, sería un gran avance; pues existe una gran variedad de campos de interés en relación de las ciencias forenses. Desde la investigación en la práctica del cálculo de la antigüedad de cadáveres a través de insectos o ecosistemas acuáticos, hasta la valoración del daño corporal o la evaluación de la credibilidad de testimonios, entre otras cuestiones.
Por ello, a través de esta iniciativa de ley estamos proponiendo que el Poder Judicial de la Federación cuente con un Instituto Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses, órgano auxiliar de las instituciones de procuración y administración de justicia en el ámbito federal y local en materia de peritajes técnico-científicos para la investigación de delitos, el cual no actuará de oficio sino a petición de los jueces y/o fiscales.
Para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México es fundamental que nuestro país cuente con un banco de datos único que sea alimentado por la información que entreguen las autoridades municipales y estatales, para que de esta manera las autoridades federales puedan contar con información real y precisa sobre los delitos cometidos, contando con todos los métodos científicos al alcance de las autoridades, para construir una seguridad pública que ayude a brindar protección legal a la sociedad. Es cuanto, diputado presidente. Y por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada María Ávila Serna. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Renato Josafat Molina Arias: Gracias, señor presidente. A lo largo de nuestra historia el Poder Legislativo estuvo totalmente supeditado a la voluntad del Ejecutivo, lo que se entiende si consideramos que nacimos a la vida independiente con una fuerte y arraigada tradición de entender como principio de autoridad a un mando único.
Ya desde la época prehispánica con la figura de los tlatoanis en la época colonial los virreyes, y a partir de México independiente y hasta el siglo XX, caudillos y figuras presidenciales emblemáticas; todo lo cual forzó nuestro sistema presidencial.
A finales del siglo XX ya en nuestra historia moderna el papel del Poder Legislativo comenzó a cambiar vertiginosamente, pasando a representar ahora a un verdadero contrapeso al Ejecutivo.
El Congreso de la Unión es fiel reflejo de los cambios que han venido a fortalecer la vida democrática de México, y en este contexto donde han comenzado a tener importancia los controles parlamentarios que la propia Constitución establece, para que el Legislativo fiscalice la labor del Ejecutivo, mismo que han carecido de eficacia por diversas disfunciones en el sistema mexicano, tales como: mayorías aplastantes, disciplina de partido, escasez de oposición, etcétera.
En ese contexto encontramos la figura de la presentación de la presentación del informe del titular del Ejecutivo federal ante el Congreso de la Unión, que es una figura que sin querer estrictamente un medio de control parlamentario podría convertirse en tal y respecto del cual todas las fuerzas políticas coincidimos en que su actual formato está agotado y no corresponde a un verdadero ejercicio de rendición de cuentas y de colaboración entre Poderes, que debe de distinguir a una nación con una vida auténticamente democrática como la que decimos vivir.
Para Morena, el informe presidencial debe ser la oportunidad para que el titular del Ejecutivo federal, de cara a la nación, comparezca para exponer el estado que guarda la administración pública del país, pero para también escuchar los posicionamientos de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, convirtiéndose así en un ejercicio de rendición de cuentas y de verdadero diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, fortaleciéndose el sistema de pesos y contrapesos.
Para Morena, la presentación del informe presidencial debe convertirse en una auténtica forma de control parlamentario, a partir del cual el Legislativo ejerza un escrutinio a la actividad del Ejecutivo y, al mismo tiempo, se privilegien el diálogo y la colaboración entre Poderes, en el marco de una relación de respeto y entendimiento.
Proponemos que el informe del titular del Ejecutivo federal, como medio de control parlamentario, se complemente con la comparecencia en los días subsecuentes, ante los plenos de ambas Cámaras del Congreso, de los titulares de las secretarías responsables de la conducción de la política interior, exterior, económica y social del país, quedando entonces estas comparecencias como una obligación constitucional, esto independientemente de que se puedan citar a comparecer a otros secretarios de Estado, al titular de la Procuraduría General de la República, así como a los titulares de las entidades paraestatales.
Nuestra propuesta consiste en reformar los dos primeros párrafos del artículo 69 constitucional en los siguientes términos:
Artículo 69. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año del ejercicio del Congreso, el presidente de la República asistirá para presentar un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En el marco de dicha presentación, dirigirá un mensaje a la nación y posteriormente escuchará los posicionamientos de los grupos parlamentarios.
Cada una de la Cámaras podrá solicitar al presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de las Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.
Posterior a la presentación del informe del titular del Ejecutivo federal, las Cámaras del Congreso procederán a analizarlo para lo cual ante cada uno de sus respectivos plenos comparecerán los titulares de las secretarías responsables de la conducción de la política interior, exterior, económica y social del país, sin perjuicio de poder citar a otros secretarios de Estado, al titular de la PGR y a directores de entidades paraestatales, quienes comparecerán, rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus Reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.
La discusión de este tema no puede seguirse postergando ni las iniciativas que se han presentado, junto con la que ahora pongo a su consideración, deben permanecer en la congeladora legislativa.
Hago un respetuoso llamado a la Comisión de Puntos Constitucionales para retomar la discusión y el análisis sobre el formato de la presentación del informe presidencial ante el Congreso de la Unión.
Por último –insisto– solicito a los diversos grupos parlamentarios voten a favor de la presente iniciativa, pues el titular del Ejecutivo federal debe rendir cuentas frente a los representantes populares, informar el estado de la administración pública y el estado que guardan los temas de interés nacional como es el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, las violaciones de derechos en Nochixtlán, Tlatlaya y las acciones que emprenderán contra gobernantes corruptos como es el caso de Javier Duarte, Guillermo Padrés, César Duarte. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Molina Arias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Cuitláhuac García. ¿Con qué objeto, diputado? Sonido.
El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Sólo para solicitarle al diputado que nos permita adherirnos a su iniciativa.
El diputado Renato Josafat Molina Arias (desde la curul): Sí, adelante.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado está de acuerdo, está a su disposición para el trámite correspondiente aquí en la mesa de la Secretaría.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos, y deroga el artículo 7o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación, suscrita igualmente, por el diputado Clemente Castañeda Hoeflich. Adelante, diputado.
El diputado Salvador Zamora Zamora: Gracias, presidente, con su venia. El fortalecimiento y empoderamiento del municipio mexicano ha sido una de las grandes consignas que ha quedado en la simulación dentro de la vida pública nacional, una consigna que ha sido olvidada, e incluso ha atestiguado retrocesos que ponen de manifiesto el rumbo errático de nuestro sistema político.
Una de las grandes debilidades a las que hoy se enfrentan los municipios, es la relativa a su libertad hacendaria, consagrada en nuestra Constitución y que se ve amenazada en muchas ocasiones por la incapacidad de ejercer instrumentos recaudatorios y hacer cumplir la ley.
La libertad hacendaria del municipio es el principal eslabón para asegurar la autonomía financiera municipal, y por lo tanto su independencia política. No obstante, desde hace décadas los municipios mexicanos se enfrentan a un régimen ambiguo en el que se ven imposibilitados para ejercer sus atribuciones elementales ante grandes corporativos que han obtenido concesiones federales para operar determinados servicios.
El caso más emblemático de lo anterior es el de los aeropuertos concesionados que gozan de un injustificable régimen de excepción ante la autoridad tributaria del municipio. Tenemos que ser claros en la interpretación de nuestras leyes.
La única excepción prevista por la Constitución para que los municipios no puedan ejercer su potestad tributaria, es la relativa a los bienes de dominio público de la Federación, los estados y los municipios. Y subrayo, bienes de dominio público.
Está claro que los bienes que son objeto de una concesión federal estarán exentos de pagar contribuciones por mandato constitucional, en este caso serían los bienes inherentes a la operación de un aeropuerto.
Sin embargo, con ese pretexto observamos cómo en los aeropuertos instalados en los municipios mexicanos, distintos inmuebles que no son inherentes al objeto público de la concesión, no pagan contribuciones municipales a pesar de que obtienen rendimientos por la operación y administración de diversos servicios. Es decir, no pagan las contribuciones municipales, como el impuesto predial, el servicio de agua potable y alcantarillado, las licencias de giro y los permisos de estacionamiento.
Estamos hablando de todos los inmuebles y servicios que son accesorios o complementarios a la concesión, como: los estacionamientos, los locales comerciales, los bares, los bancos y cualquier otra actividad que no es parte del bien de dominio público.
La misma Constitución mexicana protege a los municipios al reconocerles su potestad para agravar a este tipo de inmuebles. Y, por ello, distintos municipios a lo largo de los últimos años han impulsado acciones jurídicas para reclamar sus potestades tributarias, como ya lo hizo el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde está enclavado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara y desde donde se ha dado la batalla más importante en esta materia.
Por ello es que nuevamente los diputados ciudadanos presentamos esta iniciativa que plantea derogar el artículo 7 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos, en donde planteamos que todos los establecimientos mercantiles al interior de los aeropuertos cumplan con la obligación de pagar contribuciones municipales, como lo pagan el resto de los habitantes de los municipios.
Con la presente reforma se busca garantizar el cabal cumplimiento del artículo 115 constitucional, y por lo tanto impulsar el principio de equidad y justicia hacendaria en beneficio de los municipios mexicanos.
Ya la Presidencia de la Comisión de Transportes en dos ocasiones ha presentado a su Mesa Directiva un proyecto de dictamen en sentido positivo para aprobar la presente iniciativa; sin embargo, por acuerdo de la mayoría de la Junta Directiva de esa comisión, ha sido retirada del orden del día en la última sesión nuevamente.
Por lo tanto, para evitar que venciera es que en su momento retiramos la presente iniciativa y es que hoy la volvemos a presentar por la importancia que Movimiento Ciudadano le da a la independencia y la libertad municipal.
Estamos seguros que esta iniciativa encontrará el respaldo de los más de 50 municipios mexicanos, en donde se presenta el esquema de concesión de aeropuertos y en los más de 20 municipios donde existen esquemas mixtos, porque resulta a todas luces inequitativo e injustificado que distintas instancias que obtienen beneficios económicos por las actividades que realizan en su territorio no paguen impuestos, como lo hacen el resto de los mexicanos.
No sólo se trata de fortalecer el principio de libertad hacendaria del municipio, sino de ser justos y equitativos en la recaudación. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Zamora.
Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen. Sonido en la curul de la diputada María Candelaria Ochoa. Adelante, diputada.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidente, gracias. La iniciativa que nuestro compañero Salvador Zamora ha presentado sin duda es un beneficio para los municipios, por ello le queremos pedir si nos permite adherirnos a la misma.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Da su anuencia el compañero diputado, así es que está a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría para las firmas correspondientes.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o y 4o de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Esta Presidencia saluda a Katy María García Uterralde y Catalina Gaspar Camargo. Están aquí presentes, nos visitan para escuchar la iniciativa de la diputada Saldívar Paz. Bienvenidas. Adelante, diputada.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz: Gracias, diputado presidente. Los trastornos de talla y peso son condiciones que deben estar consideradas por la ley como un tipo de discapacidad. Hoy, 25 de octubre, Día Nacional de las Personas de Talla Pequeña.
Compañeras y compañeros legisladores, ¿se han puesto a pensar qué les parecería si por ejemplo el cajero automático estuviera 40 centímetros más arriba? ¿O cómo sería pagar la tarjeta del Metro con 40 centímetros menos? Esas son sólo algunas de las dificultades que enfrentan todos los días las personas de talla pequeña.
Por ello, hoy pongo a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa que reforma la fracción XXI del artículo 2, y el primer párrafo del artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con la finalidad de que las personas con trastornos de talla o peso sean reconocidas como personas con alguna discapacidad.
De acuerdo con datos de los institutos nacionales de salud de Estados Unidos, existen más de 200 cuadros distintos que pueden causar trastornos del crecimiento, siendo la acondroplasia la más común. Se presenta en uno de cada 25 mil niños nacidos, es un defecto de nacimiento que afecta el crecimiento óseo del bebé.
Para las personas que padecen este trastorno, no solo se producen limitaciones físicas de orden práctico, sino también son sujetos de burla desde su infancia, lo que puede impedir su pleno desarrollo psicosocial.
Dentro de los principios fundamentales de Nueva Alianza se encuentran la inclusión, la igualdad y el respeto a la dignidad de las personas.
Queremos mediante esta iniciativa hacer visible a un grupo de la población que ha sido discriminado por ignorancia y por costumbre. La cifra de personas de talla pequeña no se conoce ni siquiera con certeza, dado que en el país no existe un registro estadístico de las personas que viven con esta condición. El Inegi no cuenta con un censo de personas con este padecimiento. Una persona pequeña es invisible en México.
En Nueva Alianza queremos poner fin a esta situación. Sin duda se han dado avances en relación al respeto y la inclusión de las personas con discapacidad y eso lo celebramos. No obstante, para las personas de talla pequeña resulta evidente que existe una mayor sensibilización, información y atención hacia discapacidades más prevalentes y visibles.
Sin duda las personas de talla pequeña cumplen con los criterios para ser consideradas como personas con alguna discapacidad. A pesar de ello, la ley no los menciona. Eso es lo que pretendemos cambiar con esta iniciativa, tenemos que hacer visible a quienes han sido ignorados en las políticas públicas, que se han visto apartados y segregados por barreras arquitectónicas y a quienes no se les considera como un grupo vulnerable. Este es nuestro compromiso. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Saldívar Paz. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
La diputada Angélica Reyes Ávila (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Angélica Reyes, ¿con qué objeto, diputada?
La diputada Angélica Reyes Ávila (desde la curul): Gracias, presidente. Para reconocer la sensibilidad de la iniciativa que hoy acaba de presentarnos la diputada Mirna Saldívar, y a nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza solicitarle a la diputada nos permita adherirnos a la misma.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada está de acuerdo y está a su disposición aquí en la Mesa de la Secretaría. Igualmente, la diputada vicepresidenta Himelda Félix solicita adherirse, ya nos dio su anuencia la compañera diputada, estará a su disposición aquí en la Mesa de la Secretaría, y su servidor la suscribirá también. Muchas gracias. La vicepresidenta Sharon también.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, a nombre del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adicione el artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados y medios que nos acompañan. A nombre del diputado Alejandro González Murillo presento iniciativa en favor de los adultos mayores.
Para el Encuentro Social, la institución familiar es uno de los conceptos sobre los que reposa el tejido social, más valioso, por lo que siempre merece la pena trabajar. La iniciativa de reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que hoy someto a consideración de esta soberanía, abona a la solución de una realidad que necesitamos encausar desde ahora, toda vez que la pirámide poblacional se ha alterado, lo que proyecta a futuro un México viejo, y es que para el 2015 existía una población de 65 años y más, aproximadamente, de 8 millones 546 mil 566 personas adultas, de las cuales el 86.7 por ciento estaban afiliados a algún servicio de salud y un 12.90 por ciento no tenían algún acceso, esto significa que un millón 102 mil 80 de nuestros adultos mayores, de ese rango de edad, sí podían ejercer su derecho a la salud.
Estas cifras resultan lacerantes a la conciencia, la falta de acceso a una adecuada atención médica, en razón de su condición, de edad y deterioro pone a nuestros adultos mayores en una situación vulnerable.
Si bien la ley ya establece, dentro de su artículo 5, el derecho de las personas adultas mayores al acceso a la salud, alimentación y a una familia, la letra muerta por cuanto al acceso a servicios de salud es donde reside el detalle al momento de costear la atención médica y hospitalaria, especialmente si se trata de servicios de origen privado.
Con nuestra iniciativa se pretende que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Inapam, para el cumplimiento de su objetivo realice las acciones necesarias para celebrar convenios con el sector salud, a fin de garantizar descuentos en los bienes y servicios que presta la iniciativa privada en materia de salud, y especialmente en el tema de atención hospitalaria, que es donde el acceso a este derecho se encuentra en mayor entredicho.
El mercado, el Estado y la sociedad civil necesitamos trabajar codo con codo, con altura de miras y amor por México, para combatir la falta de oportunidades para las personas adultas mayores en materia de acceso a la salud.
Se trata entonces, también de un tema de exclusión social que como grupo parlamentario nos demanda la mejor de nuestra capacidad propositiva y actitud incluyente.
De acuerdo con los resultados referentes a las personas adultas mayores de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, el 27.9 por ciento de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por su edad.
El 40.3 por ciento describe como sus problemas principales los económicos, el 37.3 por ciento la enfermedad, el acceso a servicios de salud y medicamentos. Y el 25.9 por ciento los laborales. Todos estos son medios necesarios para llevar a cabo una vida digna.
De acuerdo con el documento anterior citado, 8 de cada 10 personas adultas mayores se atienen y se atienden con médicos de servicios de salud pública, mientras que 3 de 10 lo hacen con servicios médicos privados. Casi 4 de 10 señalan que se atienden con remedios recomendados por familiares o amigos, y 1 de cada 10 acude a medicinas alternativas.
Sirva la presente iniciativa como un testimonio de gratitud, preocupación y ocupación para mejorar sus condiciones de vida digna. Por su atención, muchas gracias, es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Perea Santos. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen.
Esta Presidencia saluda a líderes pirotécnicos de Tultepec, estado de México, que nos visitan en este día en la Cámara de Diputados, invitados por el diputado David Sánchez Isidoro. Bienvenidos.
Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 136 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por los diputados María Gloria Hernández Madrid y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
Esta Presidencia igualmente saluda a estudiantes de la Universidad Patria y Universidad Allende, de San Miguel de Allende, Guanajuato, invitados por la diputada Verónica Agundis. Bienvenidos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Carlos Barragán Amador, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9, 12 Bis, 6 y 46 de la Ley de Aguas Nacionales.
El diputado Carlos Barragán Amador: Gracias, muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados federales, hoy vengo aquí a esta tribuna por un acto de justicia para 2 mil 456 municipios del país.
De acuerdo al dictamen relativo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto a la consideración del Congreso Constituyente de Querétaro, la diferencia más importante y, por lo tanto, de gran novedad respecto a la Constitución de 1857 en materia de ayuntamientos fue la relativa al establecimiento del municipio libre como la futura base de la administración política y municipal de los estados y, por ende, del país.
El objetivo de tal construcción jurídica no era otro que el de asentar en la nueva Carta Magna los principios en que debe descansar la organización municipal, es decir, la independencia de los ayuntamientos, la formación de su hacienda y el otorgamiento de la personalidad jurídica para que puedan contratar, adquirir y defenderse.
Heriberto Jara, diputado integrante de la Comisión Redactora del artículo 115, al comparecer ante la tribuna y pedir el voto a la asamblea a favor de dicho dispositivo, quizá sin proponérselo dejó evidencias de las limitaciones en las que se veían aquejadas las administraciones municipales, dada la precariedad de los recursos económicos con los que deberían contar.
No se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada, tanto individual como colectivamente, tanto refiriéndose a personas, como refiriéndose a pueblos y como refiriéndose a entidades en lo general.
Al municipio se le ha dejado una libertad muy reducida, una libertad que no puede tenerse como tal, porque sólo se ha concretado al cuidado de la ciudadanía y al cuidado de la policía y podemos decir que no ha habido uno libre.
Si damos por un lado la libertad política, si alardeamos de que los ha amparado una revolución social y que bajo este amparo se ha conseguido una libertad de tanta importancia y se ha devuelto al municipio lo que por tantos años se le arrebató, seamos consecuentes con nuestras ideas, no demos libertad por una parte y restrinjamos por otra; no demos libertad política y restrinjamos hasta lo último de la libertad económica, porque entonces la primera no podrá ser efectiva, quedará simplemente consignada en nuestra Carta Magna con un bello capítulo y no se llevará a la práctica, porque los municipios no podrán disponer de un solo centavo para su desarrollo, sin tener antes el pleno consentimiento de los gobiernos de los estados.
A pesar de que la estructura del artículo 115 fue aprobada tal y como lo propusiera la comisión redactora, lo cierto es que con el paso de los años, las palabras de Jara se volvieron en su contra y terminaron por ser proféticas, pues lejos de haberse constituido como entes autosustentables financieramente, los ayuntamientos se vieron expuestos en penurias que mermaron su capacidad para otorgar servicios dignos a la población y contribuir con desarrollo nacional, tal y como lo reconociera el presidente Miguel de la Madrid Hurtado al presentar el 8 de diciembre de 1982 ante el Senado de la República su iniciativa de reformas al artículo 115 constitucional. “El Municipio Libre –señaló el entonces titular del Ejecutivo federal– es una institución que los mexicanos consideran indispensable para su vida política; pero debemos reconocer que no se ha hecho efectivo en su cabal racionalidad, por el centralismo que más que como doctrina como forma específica de actuaciones gubernamentales, de cierta manera se fuera manifestando en nuestra realidad política para consolidar los intereses de la nación”.
Como consecuencia de lo anterior, el presidente De la Madrid propuso las siguientes enmiendas:
Se definieron como servicios públicos municipales el agua potable y alcantarillado, el alumbrado público, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, parques y jardines, seguridad pública y tránsito, estableciendo que podrán proporcionarse con el concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, teniendo además dicha característica de servicios púbicos aquellos otros que fijen las Legislaturas locales en atención a las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
Se elevó a la categoría de rango constitucional el derecho de los municipios a recibir las participaciones federales que en su caso se les asignen, disponiéndose la obligación de las Legislaturas locales a establecer anualmente las bases y montos y plazos con arreglo a los cuales la federación debe cubrir a los municipios dichas participaciones.
Se propuso que los Presupuestos de Egresos de los municipios deban ser aprobados solamente por los ayuntamientos con base en los ingresos disponibles y de acuerdo a los ingresos que se les haya autorizado.
Se propuso la facultad de que la federación, los estados y los municipios puedan celebrar convenios para los ejercicios de funciones, ejecución y operación de obras, así como la prestación eficaz de servicios públicos cuando el desarrollo económico y social lo hicieren necesario.
Aprobada que fue la referida iniciativa, podría haberse pensado que la vida institucional de los municipios cambiaría radicalmente a partir de ese momento y que esta institución se fortalecería a tal grado que podría asegurarse su viabilidad y con ello contribuiría a la gobernabilidad del país.
Sin embargo no ocurrió así, pues hasta la fecha los ayuntamientos siguen viviendo en una especie de sujeción institucionalizada dependiente de otros niveles de gobierno, y para cuenta de ello se podrían citar ejemplos numerosos, pero para efectos de la presente iniciativa nos limitaremos a señalar algunos de los preceptos contenidos en la Ley de Aguas Nacionales.
El artículo 9 del ordenamiento en comento establece en su fracción X que es atribución de la Comisión Nacional de Aguas apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar las obras de infraestructura hidráulica que se realicen con los recursos estatales o parciales de la federación o con su aval o garantía, en coordinación con otras dependencias y entidades federativas, con el gobierno de la Ciudad de México y otros gobiernos.
En sí, compañeros, por el tiempo, me voy a brincar un poco. En sí esta iniciativa lo que propone, lo fundamental, es que el gobierno federal pueda convenir, pueda firmar, pueda contratar con los ayuntamientos municipales.
Hoy, la Ley de Aguas Nacionales dice que solamente el gobierno federal puede contratar y convenir y firmar obra pública de todo lo referente a aguas y a drenajes y a alcantarillados con las entidades, y que los municipios lo pueden hacer solamente a través de las entidades.
Por eso creo que la propuesta es un acto de justicia para que cualquier ayuntamiento de los dos mil 456 que hay en el país, tengan la posibilidad de forma directa de poder convenir con la dependencia, Conagua, de nuestro país. Espero el apoyo de todas las fracciones, muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Le agradecemos su generosidad diputado Barragán Amador. Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.
La diputada Bárbara Botello Santibáñez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputada Bárbara Botello, adelante.
La diputada Bárbara Botello Santibáñez (desde la curul): Gracias, presidente, para felicitar al diputado por esa iniciativa, muy importante, para que se puedan hacer las obras muy rápido, que tanto necesitan los municipios, y para preguntarle al diputado si me puedo adherir a esa iniciativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputado Barragán. Diputado Barragán, pregunta la diputada Bárbara Botello si acepta adhesión a su iniciativa.
El diputado Carlos Barragán Amador (desde la curul): Sí, adelante.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Da su aceptación, diputada. Está a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría, para el trámite correspondiente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Martha Cristina Jiménez Márquez: Gracias, y con su permiso diputado presidente. Señoras y señores legisladores, sin lugar a dudas, vivimos en un mundo donde la calidad de la información de nuestra sociedad es esencial. Es muy importante porque construye un sistema democrático y construye una cultura política que muchos deseamos.
Así pues, para el caso del Congreso mexicano sigue considerándose un gran acierto la creación de su propio canal de televisión, el Canal del Congreso, medio a través del cual los ciudadanos pueden tener acceso a lo que ocurre, a lo que se debate, pero sobre todo al que se aprueba en este máximo espacio público de deliberación en nuestro país.
De esta manera, las transmisiones de lo que ocurre en el Congreso de la Unión, hoy llegan a una mayor cantidad de personas a México, a un mayor número de hogares, lo que ha permitido abonarle a una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
Sin embargo, y aun con los avances en materia de horas de transmisión y de la calidad en producción de contenidos, existen obstáculos a superar como la problemática de la representatividad, como mejorar puentes de comunicación con la ciudadanía, pero sobre todo, obstáculos de transparencia. Para lograr estos objetivos proponemos introducir a la legislación la figura del consejo consultivo.
Si bien es cierto que el Consejo Consultivo del Canal del Congreso es un cuerpo colegiado que ya viene funcionando desde hace algún tiempo, también es cierto que para su puesta en marcha ha sido necesario estar constantemente firmando acuerdos donde ese especifican bajo qué condiciones se va a crear y cómo va a funcionar, sin encontrarse este tan importante órgano regulado en la Ley Orgánica del Congreso.
Otro de los puntos nodales de esta iniciativa es precisamente el de introducir a la legislación que rige el funcionamiento de ambas Cámaras la figura del defensor de audiencia. Además de esto es esencial empezar a realizar campañas permanentes de alfabetización mediática, destinado a favorecer el conocimiento de los derechos de audiencia.
Por último, y mucho muy importante, se busca aplicar directrices de transparencia y de rendición de cuentas, que sean además de forma proactiva y efectiva. Para tal efecto se deberá garantizar la emisión de políticas de apertura de información administrativa contundente, así como la representación o la presentación y difusión de información adicional que abone hacia una mejor comprensión de lo que está desarrollándose a través y al interior del Congreso, para que adicionalmente contribuya a mejorar la imagen pública de los legisladores ante estas audiencias.
En resumen, esta propuesta está procurando que se realicen los cambios necesarios de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para continuar con la línea de mejoramiento del marco jurídico que rige el Canal del Congreso.
El Grupo Parlamentario del PAN, aquí queremos que se mejore un canal de difusión de actividades del Congreso para mejorar la calidad democrática que hoy vivimos en México y que desafortunadamente se encuentra en un amplio descrédito ante la opinión pública. Queremos sobre todo y particularmente una administración transparente y congruente con la representatividad que aquí se expresa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Cristina Jiménez Márquez. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 34, 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Estado mexicano ha ratificado los principales instrumentos universales y regionales de derechos humanos. Estos instrumentos al ser ratificados por el Estado pasan a formar parte del sistema jurídico mexicano aunque sigan siendo normas internacionales.
El 9 de julio de 2011 el Congreso de la Unión aprobó una reforma paradigmática a nivel nacional en materia de derechos humanos, cambiando la denominación del título primero por la de derechos humanos y sus garantías. Así las cosas, la Constitución Política reconoce los derechos humanos recogidos en los tratados internacionales, haciéndolos parte de la misma.
No obstante, la inclusión de los niños como titulares de derechos subjetivos, especialmente de las libertades reconocidas constitucionalmente, no ha sido sencillo. Ello se debe en buena medida a que la tradición liberal vincula especialmente a los derechos humanos con la autonomía de la persona.
Efectivamente, en el surgimiento mismo de la idea moderna de los derechos del individuo frente al Estado es posible identificar la importancia que se concede a su autodeterminación frente al poder. Es precisamente esta idea la que da origen a la concepción de la Constitución como límite a la actuación pública, en el entendido de que hay espacios de la vida de los individuos en los que la autoridad tiene proscrito intervenir.
En este proceso las primeras declaraciones de derechos, en particular la francesa y la norteamericana, excluyen a quienes se consideraba carecían de capacidad de autonomía, es decir a todo aquel que no fuera varón, adulto propietario y en este sentido, ciudadano.
A esta noción restringida del grupo destinatario de la titularidad de los derechos subjetivos sobreviene posteriormente un proceso de generalización, en la cual la titularidad se va extendiendo hasta llegar a la idea de la universalidad de los llamados derechos humanos.
Así lo reflejan las Constituciones modernas, la mayoría de las cuales contiene una cláusula de igualdad mediante la cual se entiende que la aplicación de los derechos contenidos en las mismas se garantizan en el territorio de aplicación a todas las personas por igual, aunque distinguiendo generalmente los derechos vinculados con la ciudadanía, por ejemplo, los de participación política, como es exclusivo de los nacionales mayores de edad de los Estados en cuestión.
El 10 de octubre de 2011 se modificó el artículo 4i constitucional, introduciendo la aplicación del principio del interés superior de la niñez para todas las decisiones y actuaciones del Estado, en garantía plena de sus derechos, aunque sigue dejando fuera el principio de no discriminación, participación y supervivencia. El de desarrollo está parcialmente incluido.
Por lo anterior, en el sistema jurídico mexicano los derechos de la infancia están reconocidos y protegidos por la Constitución, los tratados internacionales, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las leyes estatales y municipales derivadas de la misma, así como en el artículo 73 constitucional.
Con la reforma y la redacción del artículo 1o., se puede considerar que sí están considerados los principios ausentes en el artículo 4o., sin embargo, al ser incluidos de manera completa los cuatro artículos, el Estado mostraría un mayor reconocimiento y prioridad a la niñez.
En el caso de participación, ayudaría a entender la ciudadanía como un concepto más amplio al derecho a votar y ser votado, tomando en consideración a los niños y niñas como personas de derecho, a participar en todos los asuntos que les afecten, a ser escuchados y a que su opinión sea tomada en cuenta debidamente.
En virtud de las reformas constitucionales en 2011, el 4 de diciembre de 2014 fue publicada la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene carácter obligatorio a nivel federal, estatal y municipal. Además, regula la estructura, funciones, facultades del sistema nacional de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes.
El artículo 1, fracción I de la Ley General reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Reconocer a una persona como sujetos de derechos, es reconocer que tiene el derecho y la capacidad para ejercer los derechos que le son reconocidos y que puede exigir su respeto y cumplimento.
Derivado de lo anterior, a las niñas, niños y adolescentes se les debe reconocer la ciudadanía desde que nacen, al igual que a los adultos. Tienen derecho a participar y decidir en los temas que les afectan. Tomar decisiones, a preguntar, a formarse un juicio propio, a ser escuchados, contar con protección especial que señalan las leyes.
El Estado mexicano actualmente reconoce la ciudadanía de una persona cuando tiene más de 18 años de edad, nace en la República Mexicana y cuenta con un acta de nacimiento, credencial para votar o pasaporte, mismos que le permiten elegir mediante voto a sus representantes de elección popular en los tres niveles de gobierno y hacer exigibles sus derechos mediante el cumplimiento de la ley, entre otras cosas.
Derivado de lo anterior, a las niñas, niños y adolescentes no se les reconoce la ciudadanía, por lo tanto no tienen espacios propios para manifestar su opinión para que sea escuchado por los representantes del Estado, o bien que si no tienen acta de nacimiento no puede ni siquiera asistir a la escuela.
La ciudadanía es un derecho que debe tener la niñez mexicana, que nace junto con la persona y debe ser reconocida por el Estado, sin importar la edad, lugar de nacimiento, o documento de identidad.
–Concluyo–. Las niñas, niños y adolescentes de México deben ser ciudadanos desde el nacimiento y no esperar a tener 18 años para poder opinar, participar o decidir y tener la posibilidad de que las opiniones y pensamientos de niñas, niños y adolescentes asuman el mismo valor.
Con la reforma planteada estaremos enriqueciendo el marco jurídico constitucional, acorde a lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU y se garantizará la implementación del principio de autonomía progresiva, mediante el cual se debe conceder facultad para decir sobre los asuntos que conciernen al individuo en la medida en que va alcanzando cierto grado de madurez. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Valencia Guzmán. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. Esta Presidencia saluda a la licenciada María Sandoval de Zarco, de la barra de abogados de Tijuana, invitada por el diputado Jorge Ramos. Bienvenida.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Paola Félix Díaz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 14 y 42 de la Ley General de Educación, y 116 y 118 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita también por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Ana Leticia Carrera Hernández (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Antes, sonido en la curul de la diputada Ana Leticia Carrera, adelante, diputada.
La diputada Ana Leticia Carrera Hernández (desde la curul): Sólo para felicitar al diputado Valencia por su iniciativa en favor de las niñas, niños y adolescentes de este país, y pedirle su permiso para adherirme a su iniciativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado está de acuerdo con su propuesta. Está a su disposición, diputada, la iniciativa aquí en la Mesa de la Secretaría, para las firmas correspondientes. Adelante, diputada.
La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz: Saludo a mis vecinos de Cuajimalpa que hoy me acompañan y a mis vecinos de Álvaro Obregón, bienvenidos. Con el permiso de la Presidencia. Señores y señoras legisladores, las constantes y diversas amenazas a que están expuestos nuestros niños, niñas y jóvenes ponen en riesgo su desarrollo físico, emocional y psicológico, esto nos obliga a perfeccionar el marco jurídico.
Somos seres sociales desde que nacemos, nos involucramos en un mundo que nos exige relacionarnos e integrarnos, comunicar nuestras ideas y necesidades, aprender de los demás y tener pertenencia de grupo. Sin embargo, el ambiente en donde se da este proceso de socialización no siempre es adecuado, particularmente no lo está haciendo en la escuela ni en las redes sociales. De ahí que la intervención del Estado es necesaria.
La violencia, el abuso, la discriminación y las conductas antisociales entre los menores de edad y los adolescentes son la antesala de una sociedad más violente, menos solidaria y más injusta.
En el caso específico de la escuela recordemos que recientemente se clasificaron como acoso escolar o bullying a las acciones constantes que denigran, aíslan a quienes por sus condiciones económicas, por el color de su piel, por su forma de hablar, por sus preferencias musicales o hacia algún personaje, son objeto de hostilidades reiteradas por parte de sus compañeros de las escuelas.
Casos de acoso se han presentado a lo largo y ancho del país, afectando el desarrollo psicológico y físico de quienes lo padecen. Las víctimas se sienten inseguras en las aulas, en los caminos a sus casas y en las redes sociales, que se han usado como una extensión de esta conducta violenta. Peor aún, existen varios casos ya documentados que como resultado de este acoso les lleva hasta la muerte.
Para quienes viven una situación de acoso escolar asistir a la escuela se convierte en un verdadero suplicio que les impide concentrarse en sus estudios, acceder a espacios y actividades recreativas, desarrollar sus capacidades y formarse para la vida.
Las víctimas de bullying generalmente no pueden defenderse de manera efectiva y tienen temor a denunciar o pedir ayuda a los maestros o a sus padres, lo cual los coloca en una posición de desventaja acrecentando su vulnerabilidad.
Se encuentran en mayor riesgo de sufrir abuso escolar quienes muestren un comportamiento reiterado en introvertido, tienen alguna discapacidad o problema en sus hogares.
Además, las redes sociales son un instrumento para que el acoso transgreda el espacio físico a través de videos, comentarios que se viralizan, exponiendo y denigrando a las víctimas de acoso escolar, lo que las coloca en una posición de mayor desventaja y discriminación.
En este contexto la iniciativa tiene como finalidad fortalecer las acciones públicas, particularmente en el ámbito de la prevención y la denuncia. Establecer como obligación de la federación y de los gobiernos locales, incluir en las páginas institucionales un vínculo o link expresamente diseñado para que alumnos, padres de familia y profesores puedan denunciar estas conductas.
Con lo anterior se promueve la cultura de la denuncia y se estimula el uso de las tecnologías de la información en beneficio de la sociedad. Pero sobre todo, impulsa mecanismos preventivos y de atención inmediata para las víctimas de bullying. México ocupa el primer lugar entre los países de la OCDE en el caso de bullying en primaria y secundaria. Y de acuerdo a diversos estudios, 60 por ciento de los suicidios de niños y adolescentes es a causa de este fenómeno.
La gravedad de la problemática nos obliga a trabajar desde esta Cámara de Diputados para propiciar contextos educativos respetuosos, seguros y solidarios que contribuyen a la formación de seres humanos íntegros e integrales. Nada bueno viene jamás de la violencia. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Paola Félix Díaz. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Derechos de la Niñez, para dictamen. Y a la Comisión Especial de las Tecnologías de Información y Comunicación, para opinión.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Con su permiso, presidente. Compañeros, les recuerdo que afuera de este recinto están los padres de los 43 de Ayotzinapa. Están en plantón hasta que tengan voz en esta tribuna, que es la casa del pueblo. Con su permiso, otra vez.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante, diputada.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: En un país con una economía por demás decadente, donde el presupuesto entregado a los diputados para su análisis y posterior aprobación conlleva un recorte en materia de salud por más de 10 mil millones de pesos, donde en muchos casos el acceso a la salud es prohibitivo por los altos costos de los medicamentos, porque en su gran mayoría no entran en el cuadro básico de la Secretaría de Salud, es necesario recurrir a la utilización de la herbolaria con fines medicinales, ya que es probablemente un método de medicación tan antiguo como el hombre mismo.
En la mayor parte de las culturas, incluidas las occidentales, actualmente en todos los países, donde la mayoría de la población está en situación de pobreza como México, la fitoterapia constituye prácticamente la forma de tratamiento más económico y arraigado en la cultura popular.
De acuerdo a datos emitidos por la Organización Mundial de la Salud, más de 60 por ciento de la población mundial sigue utilizando la herbolaria para procurar su salud y un alto porcentaje de los productos farmacéuticos utilizados hoy en día, proviene de la flora curativa.
Es por ello que en el artículo 2o. de nuestra Carta Magna, reconoce a México como nación pluricultural y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, aprovechando la medicina tradicional.
En ese contexto los días 3 y 4 de agosto de 2016, la de la voz realizó en las instalaciones de la Cámara de Diputados el primer foro nacional Hacia la construcción de una política pública integral para el aprovechamiento sustentable de la cadena productiva de las plantas medicinales y productos naturistas en México, en conjunto con diversos académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, funcionarios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos (FHEUM), médicos tradicionales, así como personas y organizaciones de la sociedad civil que integran la cadena productiva de plantas medicinales y productos naturistas en nuestro país.
Teniendo de igual manera la asistencia de diversos empresarios y personas interesadas en la herbolaria, mismos que realizaron diversas ponencias y mesas de trabajo de las cuales se desprenden múltiples incógnitas, problemáticas, opiniones y propuestas, algunas de ellas se recogen en la iniciativa que hoy someto a consideración.
Por lo que se presenta una adecuación de la norma de acuerdo a las necesidades actuales del sector herbolario en razón de que la misma, se encuentra desfasada de la realidad que vive el país, en cuanto a que se está perdiendo la obligación del Estado de asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, aprovechando la medicina tradicional, redefiniendo los productos naturales de uso medicinal protegiendo y preservando el patrimonio videocultural vinculado con los recursos naturales usados de forma terapéutica, en especial las plantas medicinales, generando una normatividad moderna y eficaz que promueva el desarrollo de la herbolaria mexicana y la medicina tradicional con reglas claras en beneficio de la sociedad, incentivando que el marco legal de las plantas medicinales pueda ser evaluado de manera sistemática para verificar el impacto positivo o negativo que tiene en la sociedad, así como desarrollar las bases para la realización de una farmacovigilancia de productos naturales usados en tratamientos terapéuticos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Margarita Cuata. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Adelante, diputado.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La iniciativa que hoy presento propone dotar de seguridad jurídica a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, al reformar el numeral 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales dando derecho al imputado para que los escritos de declaración preparatoria y cualquier otro documento que requiera rúbrica durante el proceso esté escrito en la lengua que habla el imputado cuando éste pertenezca a un pueblo o comunidad indígena. Esto, para que el imputado pueda tener la certeza de lo que firma y no se sigan cometiendo injusticias como hasta hoy siguen sucediendo.
De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hay cerca de ocho mil personas privadas de la libertad que provienen de algún pueblo indígena, siendo muchos de ellos víctimas de procesos llenos de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos.
Desafortunadamente en México hablar alguna lengua indígena es sinónimo de discriminación, vejaciones, impunidad y criminalización, a pesar de que en la República Mexicana se hablan alrededor de 68 lenguas indígenas que tienen 364 variantes lingüísticas.
El artículo 17 constitucional, en su segundo párrafo, establece el derecho de toda persona a la administración de justicia por medio de tribunales que la impartan de acuerdo a la ley; sin embargo, en la práctica, las deficiencias son enormes para la población en general y tristemente aumentan para la población indígena.
Para la administración de justicia en nuestro país, los indígenas deben de enfrentarse a una serie de problemas como lo son discriminación, abusos, falta de intérpretes y defensores, procedimientos lentos, juicios con irregularidades y sentencias severas en proporción al delito, entre otros.
Desafortunadamente los encargados de la impartición de justicia en México carecen de una preparación adecuada y falta de sensibilidad para poder garantizar a los indígenas el acceso a la justicia.
Muchos de los indígenas que se encuentran privados de su libertad, fueron criminalizados desde el momento de su detención, y al no contar con un intérprete fueron partícipes de procesos llenos de impunidad.
Compañeros, es momento de afrontar la magnitud del problema. En nuestros reclusorios existen indígenas purgando condenas excesivas por delitos menores o por delitos, incluso, que ni siquiera cometieron.
Gracias a que los hicieron firmar un documento sin saber qué decía de su declaración inicial, y porque nunca contaron con una defensa adecuada, personas cuya libertad fue arrancada, que llevan proceso plagados de irregularidades y donde no se respetaron en absoluto sus derechos humanos.
La Constitución Política, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y los tratados internacionales, reconocen el derecho de los pueblos y comunidades indígenas al acceso a la jurisdicción del Estado en la lengua indígena nacional del que sean hablantes; sin embargo, dentro de la procuración de justicia, falta mucho por hacer.
De nada sirve que existan leyes que reconozcan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas cuando en la práctica sabemos que es un tema que queda siempre pendiente. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ralis Cumplido. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Patricia Aceves. Adelante, diputada.
La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (desde la curul): Sí, presidente. Nada más para pedirle a la diputada Margarita Cuata, si puedo adherirme a su iniciativa.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada está de acuerdo. Está a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría, para el trámite correspondiente.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Ángel García Yáñez...
El diputado Moisés Guerra Mota (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado. Adelante, diputado.
El diputado Moisés Guerra Mota (desde la curul): Presidente, a igual de la misma manera a ver si me permite el diputado Germán Ralis, inscribirnos a su iniciativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputado Ralis.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (desde la curul): Sí.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Está de acuerdo el diputado. Está igualmente a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, hasta por cinco minutos. Adelante, diputado.
El diputado Ángel García Yáñez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra cada uno de los derechos humanos reconocidos universalmente. Uno de estos derechos fundamentales se encuentra plasmado en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, y es el derecho a la protección de la salud.
Resulta de vital importancia que las normas y las leyes establezcan con claridad los alcances de los derechos que regulan, de no ser así se corre el riesgo de caer en la negación del derecho.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza trabajamos de manera permanente en la búsqueda de la protección y respeto a los derechos humanos de cada individuo. En ese sentido vemos con preocupación que la falta de claridad en la redacción de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores deja un limbo jurídico al derecho de protección de la salud.
Como ya se dijo, la Constitución consagra el derecho a la protección de la salud, lo que implica la obligación por parte del Estado de respetarla, protegerla y garantizarla. No solo asegurando el acceso a la atención, sino también a que esta sea de calidad y adecuada.
No obstante la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores solo establece el derecho a la salud. En ese orden de ideas la presente iniciativa pretende reformar el inciso c), de la fracción III, del artículo 5 de la citada ley. El objetivo consiste en armonizar y hacer coherente el contenido de la ley, con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el derecho a la protección de la salud, en aras de evitar imprecisiones que deriven de una inexacta interpretación.
Con ello se evitará la contradicción normativa, así como la falta de certeza en su observancia y aplicación, cerrando la posibilidad de hacer interpretaciones de manera discrecional en perjuicio de los adultos mayores. Lo que se busca es garantizar los derechos de quienes conforman uno de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad.
La situación de la salud del adulto mayor en nuestro país se caracteriza por un paulatino deterioro a causa de enfermedades crónico-degenerativas o discapacidad.
De acuerdo con cifras del Inegi, en nuestro país viven alrededor de 11.7 millones de personas de 60 años y más, quienes representan el 9.7 por ciento de la población total. Aproximadamente 26 de cada 100 adultos mayores presentan una discapacidad y 36 por ciento posee alguna limitación.
En ese contexto, la reforma que planteamos es por demás necesaria, ya que implica incluir el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad, tal como la propia Constitución y los diferentes instrumentos internacionales que México ha ratificado, lo señalan.
Debemos tomar en cuenta que la estructura de la población mundial está sufriendo cambios significativos, entre ellos el proceso de envejecimiento, esa transición demográfica en México está ocurriendo más rápido que en otros países desarrollados. Es tiempo de brindar certeza jurídica a quienes a lo largo de su vida han brindado su mayor empeño para construir el crecimiento y desarrollo de nuestro país.
No podemos permitir que en lugar de disfrutar una vejez tranquila se vean imposibilitados de ejercer plenamente sus derechos ante una mala interpretación de la ley.
En Nueva Alianza estamos convencidos que sólo con acciones como estas podremos construir sociedades más igualitarias y humanas. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado García Yáñez. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
Esta Presidencia saluda a invitados especiales del municipio de Tlaltizapán, Morelos. Bienvenidos, bienvenidas.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibió de la Junta de Coordinación Política, por el que se aprueban las preguntas parlamentarias que se dirigirán al presidente de la República con motivo del análisis del Cuarto Informe de Gobierno, que está disponible en los monitores de sus curules.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (16:04 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 27 de octubre de 2016 a las 11 horas.
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