Comunicaciones
Iniciativas
Recibidas y turnadas a comisiones
Wenceslao Martínez Santos, PAN
Norberto Antonio Martínez Soto, PRD
Emilio Enrique Salazar Farías, PVEM
Araceli Damián González, Morena
Gonzalo Guízar Valladares, PES
Luis de León Martínez Sánchez, PAN
Rogerio Castro Vázquez, Morena
Carmen Victoria Campa Almaral, PNA
Hugo Eric Flores Cervantes, PES
Minuto de silencio por el fallecimiento del maestro José Solé Nájera
Dictámenes
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Acuerdo de la Junta, relativo la suscripción de un pacto por la transparencia
Efemérides
Con motivo del 17 de febrero, Día Mundial del Síndrome de Asperger
Con motivo del 16 de febrero, Suscripción de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado de la asistencia de diputadas y diputados.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 283 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: (11:43 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se dispensa la lectura.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se dispensa su lectura.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobada el acta.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se recibieron de los diputados Jesús Sesma Suárez, Sergio López Sánchez y Alberto Martínez Urincho solicitudes de retiro de iniciativas que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: La Secretaría de Gobernación remite el tercer y cuarto informes sobre los recursos ejercidos y comprometidos del presupuesto del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas del ejercicio 2016.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se recibieron de diversas autoridades once contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente en su primer receso, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento y a los promoventes según corresponda.
La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se recibió de la Auditoría Superior de la Federación, el informe general del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibió oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que durante el mes de enero de 2017 el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, destinó mercancías perecederas de fácil descomposición o deterioro, divisas, metales preciosos y un bien peligroso.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibió de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, oficio con el que remite el informe final referente a la evaluación de consistencia y resultados, realizada al Programa Presupuestario F03, reducción de costos de acceso al crédito, que fue coordinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibió oficio de la Universidad Politécnica de Altamira, con el que remite el informe de resultados de la auditoría externa a la matrícula del periodo septiembre-diciembre de 2016.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibió de la Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Se recibió oficio del Congreso del Estado de Veracruz, con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Se recibieron de la Cámara de Senadores, las siguientes minutas:
1. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: 2. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: 3. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que declara beneméritos de la patria a los diputados constituyentes de 1917, suscrita por los diputados Sharon María Teresa Cuenca Ayala y César Camacho Quiroz, de los grupos parlamentarios del Partido Verde y del PRI, respectivamente. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
Se recibió iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley de la Policía Federal, suscrita por los diputados María Elena Orantes López y Armando Luna Canales, de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano y del Partido Revolucionario Institucional. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
El diputado José Hugo Cabrera Ruiz: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos, amigos diputados. Subo en esta ocasión sintiendo lo que muchos mexicanos y especialmente queretanos han vivido en los últimos años, el tener en su casa la presencia de personas que van directamente a dañar su patrimonio.
Amigas y amigos, hoy la República vive momentos difíciles que exigen de toda nuestra atención. Grandes problemas nacionales están a debate, bajo la perspectiva de la unidad nacional. Todas las naciones enfrentan retos enormes por la escasez de recursos y por la forma de cómo se distribuye en la sociedad internacional.
Esta situación ha puesto tensión al mundo y México está siendo confrontado en este marco internacional por su papel que tiene en una región económica, donde el comercio mundial es el motor de la actual disputa internacional por los recursos y sus beneficios.
En ese marco se entiende cómo nuestro país está inmerso en una situación que cada decisión impacta el presente y el futuro. Esto nos lleva, como Poder Legislativo, a ser partícipes de las grandes decisiones nacionales.
Sin embargo, este inédito y complejo panorama no debe hacernos perder de vista los asuntos de la vida cotidiana de los ciudadanos, de los mexicanos, y uno de ellos tiene que ver con la seguridad de las familias mexicanas y sus bienes materiales.
Nuestro sistema mexicano garantiza la protección de los derechos de propiedad, de seguridad y protección de derechos patrimoniales de quienes habitamos esta inmensa República Mexicana.
Y nuestro sistema legal contempla los mecanismos y recursos cuando una ley puede ser modificada o actualizada para hacer más eficaz su misión, y este es el caso que anima mi intervención en esta tribuna.
Diputadas y diputados, para los primeros siete meses de 2016 se registraron en el país 47 mil carpetas de investigación por robo a casa-habitación, mientras que para 2015 se registraron en total 50 mil 907, de acuerdo con el reporte sobre delitos de alto impacto del Observatorio Nacional Ciudadano.
De la información anterior se registra que el 87 por ciento, 87 por ciento fue realizado sin violencia y el restante 13 fue desgraciadamente robo con violencia. En este sentido, para el año 2015, estos delitos representaron pérdidas económicas del orden de 226 mil 700 millones de pesos, es decir, unos 5 mil 861 pesos por persona afectada, per cápita.
En otras palabras y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, las pérdidas, y este dato es importante para quienes hacen de la estadística de los números una ciencia y el arte, sobre todo, de ir dándole seguimiento a los fenómenos sociales. Es decir, representaron el 1.27 por ciento del PIB.
De acuerdo con diferentes estimaciones se conoce además que únicamente se denuncian aproximadamente el 12 por ciento de los ilícitos que se cometen y de estos en poco más de la mitad no se resuelven nada, en 21 por ciento el asunto se encuentra en trámite y únicamente en el 10 por ciento se logra la recuperación de los bienes.
Ahora bien, el delito de robro se encuentra establecido en el artículo 367 del Código Penal Federal, y el artículo 381 señala qué es lo que se debe entender, diciendo que además de la pena que le corresponde conforme a los artículos 370 y 371, se aplicarán al delincuente las penas previstas en este artículo en los casos siguientes.
Es decir, el robo se considera la apoderación de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley.
Y el artículo 381 señala cuáles son estos casos. 1. Cuando se cometa el delito en lugar cerrado.
Finalmente, y para fines del Inegi se ha clasificado en diversas categorías que el patrimonio es donde se realiza una subdivisión de modalidades. Pero qué pasa, qué pasa amigas y amigos diputados cuando se comete un robo a casa-habitación y se detiene al delincuente.
De acuerdo con el nuevo sistema penal acusatorio se necesita la orden de un juez de control para vincular a proceso y como medida cautelar obtener prisión preventiva por robo que deberá tener la agravante de ser cometido en lugar cerrado.
Como se puede apreciar, para este delito, ni en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el Código Nacional de Procedimientos Penales procede prisión preventiva oficiosa a quienes lo cometan. Lo que sin lugar a dudas hace débil la certeza jurídica en el actuar y de la víctima para casos como éste, que en el país, y en este caso quiero decir, en Querétaro, son recurrentes.
La discusión legal se da porque entre los delitos que ameritan prisión preventiva, cuando se presenta el diputado ante el juez, se define que no se requiere detenerlos, especialmente cuando no son realizados con violencia, con lo que los probables responsables salen libres.
Queremos definir que el delito de robo a casa-habitación, además de sus características perniciosas, representa una invasión a la intimidad y deja vulnerables a las víctimas mucho más que cualquier otro robo, precisamente porque se comete en la casa del afectado, donde él o los delincuentes se hacen de información sensible. Incluso poniendo en riesgo la salud física y mental de sus moradores.
Estamos hablando de un vacío donde la autoridad detiene al delincuente, para que después, en automático, salga y lleve sus procesos en libertad. Es decir, se ha convertido en una auténtica puerta giratoria.
Si estamos hablando que solo el 13 por ciento de los delitos denunciados son con violencia, como señalamos al inicio de la presente iniciativa, tenemos que al menos ocho de diez asaltantes salen libres con el riesgo que esto implica para las familias del país y para la propia autoridad.
Además, ya casi para terminar, señor presidente, tenemos que el robo a casa-habitación se encuentra en los llamados delitos de alto impacto, definido como aquellos contra la vida, la propiedad y sin duda debemos elevar la prisión preventiva oficiosa para estos, tal como se hace para los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos y otros delitos graves.
Y lo más delicado todavía en los últimos momentos es que muchos de estos delitos se cometen por delincuentes que van de un estado a otro, lo que dificulta aún más que se pueda dar un seguimiento adecuado.
Es por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros, que hago entrega de la presente iniciativa con proyecto de decreto para su análisis y dictamen. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Cabrera Ruiz. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, la parte que corresponda, y de Justicia, para dictamen.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna el diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
El diputado Wenceslao Martínez Santos: Con su venia, señor presidente. Estimadas diputadas y diputados, actualmente existe un grave problema de carácter sustantivo que impacta al sector turístico de los estados fronterizos de la República Mexicana y que afecta de manera directa a toda la cadena de valor que se encuentra en torno a ese sector.
De acuerdo con la OMC, el turismo internacional contribuye aproximadamente con el 5 por ciento al comercio mundial y del 25 al 30 por ciento del comercio mundial de servicios; sin embargo, en todos los acuerdos comerciales bilaterales o tratados multilaterales, el tema relativo a los servicios turísticos ha sido escasamente incluido en forma explícita, impactando negativamente a nuestro país como receptor de turismo internacional.
En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se asume en el capítulo 12 las medidas que deberán adoptar o mantener sobre el comercio transfronterizo los prestadores de servicios de las contrapartes. Sin embargo, después de la firma del TLCAN México adoptó medidas regulatorias que, por un lado, prohibieron el ingreso de autobuses turísticos internacionales, a unidades menores de 30 pasajeros, de las cuales solamente en el estado de California existen 50, 000.
Por otra parte, se autorizó el ingreso de unidades de más de 30 pasajeros, pero con un reglamento de internación disfuncional que propició que de las 12 mil unidades registradas hace más de 20 años en California, tan solo 267 de éstas pudieron llevar turismo a Baja California.
Como consecuencia de estas prácticas proteccionistas por parte de México, se desarticuló el circuito Binacional de Turismo Carretero Vía Autobús y se desplomó el número de visitantes en más de un millón de turistas anual a tan solo 40 mil turistas por año.
No obstante lo anterior, en el año 2013, el presidente de la República declaró ese año como el Año Nacional del Turismo y con ello se creó una visión a largo plazo para que México posicionara en quinto lugar como destino turístico internacional para el 2016 y lograr el objetivo presidencial. Y debido principalmente a una regulación disfuncional, los trámites burocráticos excesivos que han hecho que los turistas que ingresan a territorio nacional a través de los estados fronterizos del norte del país en camionetas Van y minibuses sean cada vez menos, incidiendo negativamente en la dinámica económica para las comunidades receptoras.
El panorama actual del turismo terrestre transfronterizo en los estados de la frontera norte, es totalmente disímbolo con lo que el titular del Ejecutivo federal promueven.
Tal pareciera que lejos de incentivar los mecanismos para impulsar la economía turística de nuestro país, se construyeran obstáculos para que esto no suceda, argumentando erróneamente el impacto negativo para las entidades mexicanas y también de una manera equívoca se argumenta que los operadores nacionales se les generarían pérdidas de empleo y disminución de ingresos.
Y es de manera equívoca, ya que el turismo que se pretende incentivar a visitarnos a México, lo promueve y lo capta únicamente el vecino estado de California con generosos resultados únicamente para ellos. Para ejemplificar el impacto de tales medidas, basta con acudir al estudio caracterización de los visitantes internacionales en las ciudades fronterizas.
Cuando se observa que la gran mayoría de dichos visitantes provenían del estado de Baja California en un 99 por ciento, principalmente del condado de San Diego y del condado de Los Ángeles, que al día de hoy, tan solo estos condados de California, reciben 77 millones de turistas al año, tan solo dos condados del estado de California reciben 77 millones de turistas al año, cuando nosotros únicamente recibimos a nivel nacional 34 millones de turistas anualmente.
Sin embargo, en la actualidad no se contempla ninguna estrategia para captar el turismo internacional que recibe el estado de California de los países asiáticos y europeos. La internación de vehículos que transportan el grueso de estos pasajeros pasa por grandes problemas para conseguir los permisos de ingresar al país.
Es importante comentar que hoy por hoy los principales ingresos que tenemos a nivel nacional son debido a las remesas de nuestros connacionales que trabajan en Estados Unidos.
El segundo ingreso importante para México es el relativo al turismo. Recibimos 19 mil millones de dólares anualmente y por los ingresos petroleros 18 mil millones de dólares. Por eso es importantísimo no depender únicamente de los ingresos de nuestros connacionales, pudiendo nosotros ingresar adicionales mil millones de dólares en la franja fronteriza dándole cabida a esta apertura.
Con la facilitación de la internación y desplazamiento de unidades menores de 30 pasajeros, se buscaría complementar la oferta del servicio de autotransporte de turismo internacional para incrementar la afluencia turística hacia los estados fronterizos por parte de los operadores y transportistas de los Estados Unidos de Norteamérica que cuentan con esos vehículos y que podrían ofrecer con destino adicional un servicio de transporte turístico transfronterizo, en conjunto con empresas mexicanas del sector turístico establecidos en los estados fronterizo y así, establecer alianzas estratégicas binacionales que fomentan el intercambio comercial turístico de la región con altas derramas económicas a nuestro país.
Es por las razones anteriores expuestas y por la urgencia de atender tal situación, por lo que les pido apoyar el presente proyecto legislativo que traerá consigo beneficios importantes para México. Es todo, muchas gracias. Le pido, señor presidente, que se dictamine por la Comisión de Transportes y que sea dictaminado también por la Comisión de Turismo. Gracias, es todo.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Transportes y de Turismo para dictamen, en comisiones unidas.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 12 ordenamientos legales para crear la secretaría del migrante del gobierno federal.
El diputado Norberto Antonio Martínez Soto: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, hoy 16 de febrero del 2017, mientras miles de paisanos residen en Estados Unidos y participan en la jornada Un Día sin Inmigrantes, en repudio a las políticas antimigrantes que impulsa Donald Trump, presento ante ustedes esta iniciativa que busca reformar 123 artículos de 12 leyes, entre ellas la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la Ley de Migración, con la finalidad de crear la secretaría del migrante del gobierno federal.
Históricamente existen profundas raíces estructurales sobre la migración de mexicanas y mexicanos hacia los Estados Unidos de América. Sin embargo actualmente la política migratoria que se ha convertido en uno de los temas más controvertidos y de mayor tensión de la relación bilateral, la posición geopolítica subordinada que México ha mantenido respecto de la economía norteamericana, lo convierte en un país exportador sólo de fuerza de trabajo.
Sin embargo nuestro país jamás había estado ante un temor tan fundado de una deportación masiva de connacionales hasta la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos.
No podemos, no debemos olvidar desde el inicio de su campaña, que Trump utilizó un discurso y una postura claramente antimexicana, xenófoba, amenazante y de menosprecio a la relación y vecindad que han mantenido México y los Estados Unidos.
Con Trump nuestro país está en riesgo de perder más de 23 mil millones de dólares en las remesas que envían nuestros paisanos a sus familiares en México cada año, y más de 5 millones de mexicanos y mexicanas podrían ser deportados.
Somos testigos de la afectación al modelo y sistema económico de México; testigos de las agresiones a nuestros paisanos en Estados Unidos, y testigos de la debilidad gubernamental interna. Ya no contamos con la estructura institucional suficiente para recibir a los miles o millones de connacionales repatriados.
Surge entonces la necesidad de legislar ya no en materia de política migratoria bilateral, que bien sabemos, Trump no suscribirá. Debemos fortalecer las instituciones de la Administración Pública Federal para que se proteja integralmente a los migrantes mexicanos a su regreso a territorio nacional.
Esta iniciativa significa evolucionar al Instituto Nacional de Migración en una Secretaría del Migrante, sin que ello signifique engrosar la ya de por sí obesa burocracia.
Por las anteriores razones propongo reformar el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de adicionar la que será la secretaría del migrante.
Esta nueva secretaría promoverá acciones en conjunto con todas las secretarías del gobierno federal para recibir y acompañar institucionalmente a las mexicanas, a los mexicanos repatriados, y procurar el acceso de la población migrante a los servicios básicos de salud, educación, seguridad y demás derechos para garantizar su vida, dignidad humana y desarrollo social.
Una Secretaría que desarrolle, promueva y conduzca una política nacional de migración de forma transversal, así como resolver las causas que originaron la migración y que prevenga cualquier tipo de velación a los derechos de los migrantes.
Una Secretaría del migrante que tenga una visión integral del fenómeno migratorio, por lo que su función también será generar condiciones sociales y económicas que fortalezcan el retorno voluntario de los migrantes a fin de lograr la reintegración familiar y promocionar la inversión de los migrantes y sus familias en proyectos y programas de generación de empleos, crecimiento económico, desarrollo social e infraestructura.
No obstante a las reformas propuestas a la Ley de Migración y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es necesario armonizar el marco jurídico de esta Secretaría con otras disposiciones contenidas en diversas leyes para que sus funciones las ejerza bajo un esquema transversal, integral y de coordinación, me refiero a dichos ordenamientos, son:
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de la Economía Social y Solidaria, la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, la Ley General Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, La Ley General de Desarrollo Social, la Ley General de Población, la Ley General de Salud, la Ley General de Víctimas.
Esta Cámara, compañeros, tiene en sus manos ser solidarios con los millones de mexicanas y mexicanos que viven y trabajan en los Estados Unidos con peligro de ser deportados.
Tenemos que regresarles un poco de lo mucho que han aportado a este gran país. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Martínez Soto. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen; y a las Comisiones de Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul del diputado Guadalupe. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá (desde la curul): Solicitar al diputado me permita adherirme a su iniciativa. Es que resulta trascendental que existan de 22 a 25 millones de mexicanos allá en el otro lado. Y que en varios estados de la república cuenten con poblaciones prácticamente completas e iguales aquí y allá, ejemplo Michoacán. Michoacán cuenta aquí con 2.5, millones de mexicanos y allá hay 4.3. De tal manera que celebro esta iniciativa y espero que el proponente me permita adherirme a ella. Gracias, presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado Martínez Soto, ¿tiene algún inconveniente en que se adhiera a la iniciativa el diputado Guadalupe?
El diputado Norberto Antonio Martínez Soto (desde la curul): Por supuesto que no tengo inconveniente, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado Hernández, ha aceptado el proponente. Por ende está a disposición de la Secretaría de esta Mesa Directiva para la suscripción correspondiente.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul del diputado Gonzalo Guízar Valladares, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Gonzalo Guízar Valladares (desde la curul): Sólo para pedir rectificación de turno, diputada presidenta, si fuera posible, por favor, el tema de que la Comisión e Asuntos Migratorios tenga la posibilidad de participar en el dictamen. Es decir, Presupuesto, Hacienda, opinión; Gobernación, Asuntos Migratorios, dictamen. Rectificación de turno, es lo que pedimos de acuerdo al Reglamento, diputada presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Okey. En atención a la solicitud que nos hace el diputado Guízar Valladares, se turna esta iniciativa no sólo para opinión, sino para dictamen a la Comisión de Asuntos Migratorios.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Emilio Enrique Salazar Farías, para presentar tres iniciativas en una sola intervención:
La primera de ellas con proyecto de decreto que adiciona el artículo 6o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La segunda con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de igual forma suscrita por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La tercera, con proyecto de decreto que reforma el artículo 41, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.
El diputado Emilio Enrique Salazar Farías: Gracias, presidenta. Con una nutrida asistencia de 397 diputados, y muchos menos presentes, inicio la presentación sobre todo a quienes nos ven en el Canal del Congreso o en sus oficinas, de estas iniciativas.
Cuánta razón tiene don Norberto, mi amigo, cuando dice que tenemos que atender a los migrantes. La gente se ha ido de este país no porque quiera, sino porque durante décadas no hemos podido darles las condiciones de vida ni las oportunidades y los hemos obligado a ser atraídos a donde pueden encontrarlas.
Dice bien Norberto, cuando habla de remesas importantísimas, porque más allá de que se vayan a Estados Unidos nunca se olvidan de su gente, y el país tiene como segunda fuente de ingresos las divisas, 27 mil millones de dólares casi. Sin embargo, hay el proyecto de ley de un diputado republicano para gravar estas remesas con el 2 por ciento.
En el Verde queremos proponer que más allá de ocurrencias, más allá de ideas a lo loco, debiéramos crear un fondo para poder compensar ese 2 por ciento que pretenden quitarle a nuestros compatriotas, y en caso de que no se apruebe entonces que sirva esto para apoyar iniciativas como la que hoy presente Norberto.
¿Pero cómo lograr un fondo si no hay dinero, si el presupuesto está limitado? Muy fácil.
1. Proponemos reducir en 50 por ciento el financiamiento a los partidos políticos.
2. Proponemos que el gobierno federal reduzca en 50 por ciento sus gastos de comunicación social y los gastos no estratégicos que no son necesarios, y proponemos también que el gobierno federal disminuya en 50 por ciento todos aquellos gastos que no son necesarios.
¿Cuáles? Pasajes, viáticos, celulares, vehículos y todos aquellos excesos que aquí mismo hemos criticado y que pueden mejor servir para compensar a la gente que se ha ido, porque no debemos olvidarnos ni soslayar que se fueron por no encontrar las oportunidades. Repito, y tenemos que atenderlos. Espero de todos el apoyo a esta iniciativa, porque solo es para apoyar a la gente.
Tenemos que darle respuestas, no solo al electorado que tenemos acá, tenemos que darles respuesta a todos nuestros compatriotas, los que están más allá de las fronteras, los que están de este lado y que todos sientan que cada diputado hace lo que necesitan.
La austeridad es una queja y un reclamo permanente y que tenemos que cumplir, y ojalá cumpliéramos también siendo un poquito más responsables con nuestra presencia en el salón de sesiones siempre. Es cuanto, señora presidente.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Salazar Farías. En lo que respecta a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 6o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
En lo inherente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
Una tercera iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41, fracción II, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto de los 36 maestros catedráticos de todos los estados de la República que acompañan a los 300 niños integrantes del 10o. Parlamento de Niñas y Niños de México 2017. Sean ustedes bienvenidos a este recinto.
De igual forma, esta Presidencia ratifica el turno de la iniciativa presentada por el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, del PRD, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 12 ordenamientos legales para crear la Secretaría del Migrante del gobierno federal.
En consecuencia, se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Asuntos Migratorios, para dictamen y a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: A continuación, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Araceli Damián González, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Araceli Damián González y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Araceli Damián González: Gracias, señora diputada. El objeto de la iniciativa que hoy presento es reformar diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 40, 41 y 58.
La finalidad es mejorar la fase de ejecución presupuestaria, transparentarla y ajustarla al sentido de legalidad de la Constitución. Todos los años el presupuesto ejercido por el gobierno federal es significativamente superior al aprobado por esta Cámara.
Nosotros, los diputados, tenemos la atribución, anualmente, de aprobar el presupuesto, por ello el hecho de que el presupuesto ejercido sea sustancialmente diferente del gasto aprobado, es un atentado contra una de las principales facultades y quizá la más relevante de esta Cámara de Diputados.
Todos los años bajo la mirada cómplice de los partidos mayoritarios, esta Cámara es despojada de facto y de manera ilegítima de su competencia fundamental de aprobación del presupuesto. Nuestro trabajo se convierte en pura simulación, resulta urgente terminar con esta irregularidad.
La iniciativa que presento se encamina a garantizar que los gastos aprobados por la Cámara se respeten en la fase de ejecución presupuestaria. En la Cuenta Pública de 2016, el gobierno federal gastó casi 700 mil millones de pesos adicionales a lo aprobado en el presupuesto, se trata de recursos públicos que se erogan sin ningún control legislativo y de forma absolutamente discrecional y arbitraria.
Además, el problema de los gastos adicionales del gobierno no sólo es una cuestión de transparencia y rendición de cuentas, ocurre que los gastos imprevistos no se destinan a rubros vitales para el desarrollo social y económico de la nación.
Si este objetivo tuviese un mínimo de responsabilidad, perdón, si este gobierno lo tuviera, y dignidad, los ingresos extraordinarios del sector público se destinarían a educación, salud, programas sociales, seguridad social, desarrollo productivo o políticas de innovación.
Sin embargo, no resulta extraño comprobar que los recursos adicionales se consagran a gasto suntuario y opaco. Por ejemplo, en la Cuenta Pública de 2015 los rubros que tuvieron mayores incrementos, por ejemplo, fue el de compra de títulos y valores, remuneraciones a personal de carácter transitorio, transferencias a fideicomisos y los servicios de comunicación social y publicidad.
Por tanto, el Ejecutivo mexicano anualmente configura una agenda ilegítima, superflua, y oculta de gasto público que no se autoriza ni controla por la Cámara de Diputados.
Resulta urgente normar el destino de los gastos adicionales del Ejecutivo, de forma que no solo se transparenten y ajusten a lo autorizado por la Cámara sino que se destinan prioritariamente a partidas de gasto con impacto en el bienestar social.
Esta iniciativa busca que la Secretaría de Hacienda formule previsiones aproximadas de los ingresos adicionales y evitar que ese dinero resulte de transacciones financieras u oscuras, como ocurre habitualmente.
Además, la propuesta de reforma que impulso busca garantizar que en ningún caso los ingresos adicionales del gobierno provengan de la descapitalización de las instituciones de seguridad social o empresas productivas del Estado, y que siempre los gastos extraordinarios se dediquen a impacto social y económico y mejoren la calidad de vida de la población.
Por ello, propongo que las erogaciones extraordinarias del gobierno se consagren prioritariamente a educación, salud, seguridad social e innovación entre otras.
En su intervención de ayer, en esta soberanía, el auditor superior de la federación señaló que la discrecionalidad es uno de los principales riesgos asociados a la corrupción en México.
La corrupción es una de las grandes lacras de la nación y el vínculo entre discrecionalidad y corrupción está acreditado. Si existe una muestra clara de discrecionalidad, ésa es la del actual régimen jurídico de los gastos e ingresos adicionales del sector público.
Esta iniciativa se marca en un esfuerzo por transparentar el ejercicio del gasto del Ejecutivo y coadyuvar a la erradicación de la corrupción en nuestro país.
La arbitrariedad en el gasto de las instituciones es la que ha permitido que Odebrecht comprara a funcionarios públicos mexicanos a cambio de multimillonarios contratos. Este tipo de prácticas las debemos evitar si efectivamente ustedes están a favor de la transparencia y la rendición de cuentas.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Damián González. Sonido en la curul del diputado Roberto Cañedo. Adelante, diputado Cañedo.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Solo para solicitar a la diputada Araceli Damián si nos permite suscribir su iniciativa.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputada Damián, ¿tiene algún inconveniente?
La diputada Araceli Damián González (al pie de la tribuna): No.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Ha asentido, por lo tanto, está a disposición de la Secretaría de esta Mesa Directiva para la suscripción correspondiente. Túrnese a la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa que reforma el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Adelante, diputado.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muy buenos días. Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, hoy tomo la tribuna para impulsar esta iniciativa tan necesaria en nuestro sistema de justicia penal, buscando darle el impulso adecuado para contar con su apoyo y con su aprobación.
Compañeras y compañeros diputados, la justicia es algo a lo que todos deberíamos tener derecho, pero en la práctica no todos la tienen. Resulta urgente reformar el numeral 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para dotar de seguridad jurídica a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, pues actualmente muchos de nuestros indígenas que se encuentran privados de su libertad fueron criminalizados desde el momento de su detención por no contar con un intérprete, y hacerlos firmar declaraciones que no se encontraban en su idioma o dialecto.
De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hay 8 mil 50 personas privadas de la libertad que provienen de algún pueblo indígena, siendo muchos de ellos víctimas de procesos llenos de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos. Y es que en México, compañeros, hablar alguna lengua indígena es sinónimo de discriminación, vejaciones, impunidad y criminalización. A pesar de que en la República Mexicana se hablan 68 lenguas indígenas que tienen alrededor de 364 variantes lingüísticas.
El artículo 17 constitucional en su segundo párrafo, establece el derecho de toda persona a la administración de justicia por medio de tribunales que le impartan de acuerdo a lo que es la ley. Sin embargo, en la práctica las deficiencias son enormes para la población en general y tristemente aumentan para la población indígena, pues los encargados de la impartición de justicia en México carecen de una preparación adecuada y falta de sensibilidad para poder garantizar a los indígenas el acceso a la justicia.
Contamos con múltiples leyes que reconocen el derecho a los pueblos y comunidades indígenas y el acceso a la jurisdicción del estado en la lengua indígena nacional del que sean hablantes. Es tiempo de tomar acciones para que estas leyes se reconozcan y se apliquen sobre todo. Tenemos una deuda pendiente con nuestros pueblos indígenas y creo, es tiempo de saldarla.
Apenas, compañeros y compañeras, esta semana la PGR otorgó un: disculpe usted, a las indígenas Hñähñu, Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. Las cuales fueron encarceladas por tres años, por el supuesto secuestro de seis policías federales y que mediante un acto protocolario se pretende reivindicar su identidad de las mujeres indígenas, pero quién les devolverá esos tres años tras las rejas, esos tres años de no estar con sus familias.
Por lo anteriormente expuesto es que hoy propongo, que se otorgue como derecho al imputado a que los escritos de su declaración preparatoria y cualquier otro documento que requiera rúbrica durante el proceso esté escrito en la lengua que habla el imputado, cuando éste pertenezca a un pueblo indígena o comunidad. Esto para que el imputado pueda tener la certeza de lo que firma y no se sigan cometiendo las injusticias que hoy se generan.
Reconozcamos sus derechos y respetemos las libertades que nuestra Carta Magna les otorga, en nuestros reclusorios existen indígenas purgando condenas excesivas por delitos menores o por delitos, incluso, que ni siquiera cometieron. Es tiempo de detener esas injusticias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeros.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa, el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con iniciativa que tiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul de la diputada Candelaria Ochoa. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul). Presidenta. Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Solo para decirles que esta disculpa pública que debe dar la PGR también tiene que ser obligatoria de la reparación del daño.
Las tres indígenas condenadas a 21 años de prisión y que afortunadamente salieron libres pero después de tres años presas, requiere una reparación del daño. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se registra su participación. Continúe o, inicie más bien, diputado García Yáñez.
El diputado Ángel García Yáñez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Hoy se pone a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Lo anterior, para reducir los daños que causan las aguas residuales al medio ambiente. La contaminación del agua es una alteración propiciada por el ser humano, lo cual daña su integridad física, química y biológica.
Las aguas residuales no solo afectan la integridad de las aguas superficiales, también representan una alteración de los ríos; contribuyen a eliminar la vegetación e incluso provocan que los ríos y otros cuerpos de agua se vuelvan inestables.
Ahora bien, es necesario mencionar que existen dos tipos de aguas residuales a saber. Las aguas residuales puntuales o directas y las difusas. El tratamiento que se haga de ellas debe depender de su origen.
Las aguas puntuales o directas provienen de afluentes específicos y fáciles de identificar tales como las descargas provenientes de una tubería o canal. Tienen la característica de estar reguladas ya que requieren de un permiso para descarga, lo cual facilita su monitoreo y vigilancia.
Por su parte, las aguas residuales difusas provienen de terrenos que descargan contaminantes a los cuerpos de aguas superficiales y subterráneos sobre regiones extensas, así como componentes suspendidos en la atmósfera cuyos contaminantes recaen en las aguas superficiales o al sistema de agua subterránea.
Dichas características hacen sumamente complejo su proceso de evaluación y tratamiento. Cabe mencionar la importancia que tienen las actividades agrícolas como fuente de contaminación difusa, ya que en ella incluyen diversos factores estrechamente relacionados como el uso de suelo rural y el autotroficación, que es degradación de la calidad del agua debido a la alta concentración de nutrientes; precisamente por ello es indispensable saber distinguir a qué tipo de contaminación nos referimos, y en efecto buscamos un sano equilibrio para una producción agrícola que sea verdaderamente sustentable y respetuosa del medio ambiente.
La importancia de las actividades agrícolas tienen en la contaminación difusa es enorme, sobre todo si tenemos en cuenta que la superficie agrícola es de casi 27.5 millones de hectáreas, de acuerdo con la encuesta nacional agropecuaria de 2014. Y en ese año en nuestro país se utilizaron al menos de 12 plaguicidas prohibidos a escala internacional, mismos que representan una fuente de contaminación difusa para los cuerpos de agua.
De acuerdo a Conagua, el sector agropecuario utiliza el 76.7 por ciento del volumen concesionado para uso consultivo y el 61.3 por ciento del agua destinada para uso consultivo proviene de los cuerpos de agua superficiales. Eso significa que la agricultura está contaminando los cuerpos de agua de los cuales se benefician.
En Nueva Alianza estamos determinados a terminar con estas acciones. Así a iniciativa que nos ocupa busca que se lleve a cabo en la ley una distinción de los tipos de agua residuales, así como otorgar a dicho problema el reconocimiento de interés público para hacer más efectiva su atención.
Es urgente establecer una estrategia para la medición, prevención y control de las aguas residuales o se continuará comprometiendo la viabilidad del consumo de los cuerpos hídricos.
El precio de privilegiar el crecimiento económico sobre la protección al medio ambiente, lo pagarán nuestros hijos, y créanme, será incosteable.
La iniciativa que se pone a su consideración y a la que estamos seguros se unirán muchos de ustedes, pretende reconocer la importancia que las actividades agrícolas tienen en la polución del agua, para tener un punto de partida en la protección de nuestros recursos hídricos. Actuar ahora es salvaguardar el futuro. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputado García Yáñez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y Desarrollo Rural, para dictamen.
La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Presidente.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Karina Barón. ¿Con qué objeto diputada?
La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Muchas gracias, diputada. Con el objeto de pedirle permiso al diputado Ralis, del Partido Movimiento Ciudadano, para poder adherirme a tan importante iniciativa, y efectivamente insistir en que las disculpas públicas deben de venir con actos también de fortalecimiento a las víctimas. Eso es lo que tenemos que impulsar en este país.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (desde curul): Adelante.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Está de acuerdo, diputada. Está la iniciativa a disposición de esta Secretaría para que pueda adherirse, diputada Barón. Gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar en una misma intervención dos iniciativas: una con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, y otra relativa al artículo 66 de la Ley de Migración.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Muchas gracias, diputada presidenta. Amigas y amigos diputados, hoy venimos a presentar dos iniciativas, muy sencillas, pero de gran trascendencia, consideramos en materia de los derechos humanos, de los hermanos migrantes, se trata de la Ley de Migración de este país y armonizar el marco jurídico derivado de la unidad de medida en materia de salarios mínimos en el mismo marco de ley.
La primera, el artículo 66 de la Ley de Migración textualmente proponemos que diga lo siguiente:
Artículo 66. Todo migrante tendrá y gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenios internacionales de los que sea parte el Estado mexicano, así como en la presente ley.
El Estado mexicano garantizará el derecho a la seguridad personal de los migrantes con independencia de su situación migratoria. Es decir, es una propuesta que marca un imperativo como Estado-nación para que se respeten, sin importar la situación migratoria, los derechos irrestrictos de las personas en este país. Ésa es la primera iniciativa, la misma va a promover.
Estas modificaciones constitucionales ponen a México en sintonía con los sistemas jurídicos más avanzados en la protección de los derechos humanos, pues crean el llamado parámetro de control de la regularidad constitucional cuando se trata de interpretación y ampliación de los derechos reconocidos en todos los tratados internacionales que sobre esta materia ha firmado México.
Es decir, promueve que estos tratados que se han firmado tengan vigencia y estén plasmados puntualmente en nuestra Ley de Migración. Y refuerza al mismo tiempo sin duda una de las más importantes y categóricas de los últimos tiempos, pues representa la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos a nuestra Constitución que se dio en junio del año 2011.
Ésta es la primera iniciativa que presentamos, correspondiente, amigas diputadas y amigos diputados, al artículo 66 de nuestra Ley de migración.
La segunda iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 142 y 145, y de más, que mencionó la diputada presidenta, solamente trata de armonizar nuestro marco jurídico en materia de la Ley de Migración. ¿En qué sentido? En que a través de la recién creada Unidad de Medida y Actualización, conocida como UMA, que por el momento quedó establecida en 70.10 pesos, igual que el salario mínimo actual, pero que será actualizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, según los términos de la propia ley.
Con esta armonización, que además –hay que decirlo– en la anterior ley que se dio para tener a las UMA ya como medida y actualización se debe tener, amigas y amigos, sugiero, en un transitorio de estas leyes anteriores que de manera automática se armonicen las leyes secundarias o las que tengan que ver con este tratado y con estos pendientes de armonización.
Si nosotros como ponentes lo consideramos ya no habría necesidad de venir a la tribuna a tratar de armonizar un marco jurídico porque habrá un transitorio que nos permita de manera automática actualizar la propia ley en la materia, en este caso la de Migración. Es cuanto y muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Guízar Valladares. Por lo hace a la iniciativa que reforma los artículos 142, 145 y otros de la Ley de Migración, así como la que se refiere al artículo 166 de la Ley de Migración, ambas túrnense a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Pasamos a la segunda ronda de iniciativas. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Pablo Gamboa Miner, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 180, 185 y 293 del Código Penal Federal.
El diputado Pablo Gamboa Miner: Con su venia, señora presidenta. Compañeros y compañeras diputadas. La imagen de las corporaciones policiacas y de los policías en general ha sufrido un fuerte desgaste en los últimos años. Se subestima su trabajo y su persona y se ha complicado el escenario al que deben enfrentarse día con día.
Desafortunadamente, cada vez con mayor frecuencia es el ciudadano común, no solo el delincuente. Vemos en los videos de redes sociales vemos en los noticieros lo que ha pasado últimamente, los últimos días de los policías cómo agreden no solamente verbalmente, sino físicamente. Un ejemplo fue Lady Polanco, donde se observan los insultos y agresiones de los que son objeto varios policías y no se hace nada.
El otro ejemplo es Lord Rolls-Royce, que agredió sus escoltas a los policías y no solamente lo dejaron libre por el tema de los policías, sino no se les hizo nada.
También como ejemplo, lo que vimos en los noticieros, de Rosarito, Baja California, cuando empezaron los saqueos, y vemos que un individuo, un ciudadano no solamente casi mata a los policías, sino los atropelló y no se les hizo nada.
Últimamente, aquí en una delegación del Distrito Federal, una policía por poner una araña, por multarlo, vemos que casi la atropella y de verdad que es lamentable lo que está pasando.
¿Qué necesitamos? ¿Qué propongo? Modificar el artículo 180 del Código Penal Federal, que ahí es cuando dice que hay de 10 a mil pesos –Leí correctamente– de 10 a mil pesos si les hacemos algo a los diputados, a los policías, y ya no quieren ser policías porque ya no se respeta y si no respetamos a los que nos cuidan, ¿cómo podemos exigir que nos den seguridad?
Lo que queremos es modificarlo para que se incremente de 125 mil a mil 250 días de Unidad de Medida de Actualización (UMA), que esto en costo es de 10 mil pesos a 100 mil pesos si le hacemos algo a los diputados.
También modificar el artículo 185, que estamos proponiendo se duplique a cuatro la pena, cuando varias personas procuren impedir la prestación de los servicios públicos mediante actos de violencia.
En el caso para modificar el 293 del mismo Código Penal Federal es, cuando se trate de policías en cumplimiento de sus funciones, ya pongamos una pena de uno a cuatro años, para que los policías sean respetados en sus labores, no solamente policíacos, sino también como individuos.
Compañeros, hay que actualizar las penas establecidas en estos artículos. Por ello, les pido no solamente su voto, sino que se sumen a esta iniciativa, para que los policías no solamente reciban este apoyo legislativo, sino que haya respeto.
Sí, como ciudadanos exigimos mucho, pero también tenemos que darle no solamente estas fuerzas a los policías, sino también cambiar nosotros mismos de lo que está pasando a nivel nacional y lo que está pasando en México. Muchas gracias a la Mesa Directiva y les pido su voto aprobatorio. Muchísimas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Gamboa Miner. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 1o., 94 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Luis de León Martínez Sánchez: Muchas gracias, con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros, la consolidación de nuestra democracia pasa necesariamente por un respeto irrestricto al ejercicio real de los derechos humanos y lograr garantizarlos con efectividad es deber de todos, tanto de ciudadanos como de representantes populares, integrantes del Poder Judicial y gobernantes.
Como nación tenemos que acabar con las inaceptables violaciones a los derechos fundamentales, que sin duda atentan contra la dignidad humana y agravan a la sociedad entera.
Por ello vengo a presentar a ustedes, esta iniciativa que pretende establecer un mecanismo análogo, como el que existe en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, donde las recomendaciones de la Comisión Interamericana por sí solas no son vinculatorias, pero cuando un Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana y no quiere cumplir con las recomendaciones de la Comisión, el caso puede ser llevado ante la Corte y previo procedimiento contradictorio si encuentra culpable al Estado parte la Corte dicta una sentencia, teniendo el Estado ahora sí la obligación de acatar el fallo de dicho órgano jurisdiccional.
En ese sentido, si bien es cierto que en nuestro país el juicio de amparo y en otros medios jurisdiccionales han coadyuvado en la protección de los derechos de las personas, es de explorado derecho que hay casos en los cuales no puede intervenir, pues esta tarea fue encargada a los mecanismos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos, concretamente a las llamadas comisiones, procuradurías y defensorías de derechos humanos.
Sin embargo, la gran limitante con la que se encuentran dichos organismos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos, es que sus determinaciones derivadas de sus investigaciones y de donde se señalan violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades, no son de carácter vinculatorias. Es decir, no son obligatorias. En otras palabras, se encuentran atadas de manos.
No se entiende que la presente iniciativa busca lograr que dichas recomendaciones sean obligatorias por sí solas, pues ello generaría una duplicidad con la normatividad y con los organismos jurisdiccionales hoy vigentes. Muy concretamente, la presente iniciativa propone modificar los artículos 1, 94 y 102 de nuestra Carta Magna, inspirándose, como ya se citó, en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Se acude al modelo que se sigue ante la Corte Interamericana.
Virtud de lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos jugaría el rol de la Comisión Interamericana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación el de la Corte Interamericana. Y los estados parte serían las autoridades federales.
Así las cosas, cuando una recomendación de la Comisión Nacional no quiera ser cumplida por una autoridad a la que vaya dirigida, ésta tendrá la posibilidad de plantear su incumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien emplazará a la autoridad que se considere responsable de violación a derechos humanos para que acuda a defenderse en un procedimiento que se siga ante la Suprema Corte, quien previo procedimiento contradictorio determinará si la autoridad es o no responsable.
Asimismo, ampliar la competencia de la Suprema Corte para el efecto de que además de lo que dispongan las leyes, correspondiendo al pleno de la Suprema Corte sustanciar y resolver el juicio para la protección de los derechos humanos por incumplimiento de las recomendaciones hecha a la autoridad por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Y finalmente, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante el incumplimiento de sus recomendaciones pueda promover el juicio para la protección de derechos humanos ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Compañeras y compañeros, en Acción Nacional seguiremos pugnando por tener organismos, si bien autónomos, también dotados de facultades y capacidades necesarias para una efectiva protección de los derechos fundamentales.
Nelson Mandela decía “privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela su juicio, su propia humanidad”. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Luis de León Martínez Sánchez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Eric Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
El diputado Héctor Barrera Marmolejo (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: ¿Me permite un momento, por favor, diputado Juárez? Sonido en la curul del diputado Héctor Barrera. Diputado, no lo había visto.
El diputado Héctor Barrera Marmolejo (desde la curul): Aquí andamos, diputada presidenta. Diputada presidenta, nada más pedirle al diputado Luis de León si me permite adherirme a su iniciativa en el sentido de que siempre hay que luchar por los derechos humanos.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias. El diputado Luis de León está de acuerdo. Así es, está aquí a su disposición en la Secretaría. Gracias, diputado Barrera. Y por favor, ya tiene el uso, diputado Juárez Blanquet.
El diputado Erik Juárez Blanquet: Gracias, presidenta. Diputados y diputadas, hoy vengo a presentar ante este pleno la iniciativa que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, relativa al Fovissste.
Como todos sabemos, actualmente los trabajadores contemplados en el Apartado B del artículo 123 de la Constitución enfrentan una molestia en el uso de su crédito de vivienda, otorgado desde luego por el Fovissste. Esta preocupación consiste en darse cuenta que mes a mes deben mucho más que la cantidad contratada en términos de pesos.
El crédito de vivienda ejercida por el trabajador mediante el Fovissste resulta con un costo diferente y muchas veces más alto que un crédito ordinario, entiéndase bancario o comercial. Esto contraviene al derecho constitucional del ejercicio de un crédito barato de vivienda.
Para colmo, el trabajador no tiene información completa y uniforme respecto a la tasa de interés que va a pagar, pues solo conoce una, la que está convenida en el contrato mutuo. Sin embargo, ignora que la actualización de su crédito en términos de salario mínimo actúa con una tasa de interés adicional que no solo capitaliza el principal, sino también los intereses generados por la primera tasa, lo que en consecuencia encarece el crédito y le quita a éste el termino de crédito barato, pues al nivel que llega, o al que llega el costo total de crédito, es igual, o en ocasiones superior, al bancario. Pero al no tener una información comparable, el trabajador no sabe si ejercer su crédito o solicitar preferentemente un crédito bancario.
Asimismo, al no tener información completa que le permita comparar opciones, tiene que ejercer su crédito institucional, creyendo que efectivamente es una tasa mucho más baja que la que ésta ofrece, a diferencia del crédito hipotecario o comercial. Este desconocimiento permite que el Fovissste se convierta en una especie de único proveedor de crédito, acaparando esta ventaja frente a los otros que podrían ser sus competidores. Es decir, el problema se reduce a la falta de comparabilidad de la información del contrato mutuo, respecto a la información de otros instrumentos financieros para la adquisición de vivienda.
El Fovissste justifica este cuasi monopolio asegurando que la institución otorgue el crédito a trabajadores que de otra manera no podrían conseguir en el ámbito bancario. Sin embargo, los montos de los créditos a los que pueden acceder los trabajadores en el Fovissste ya tienen similares en la banca comercial.
Este problema, compañeros y compañeras, se resolvería eliminando la actualización vía, veces salarios mínimo, utilizando una sola tasa y expresando la deuda únicamente en pesos, lo que facilitaría su comparabilidad y haría el crédito Fovissste existente, mucho más barato. De hecho, en las corridas financieras practicadas a un crédito tradicional del Fovissste, deja de manifiesto que es 16 por ciento mucho más caro que en un crédito comercial.
En resumen, el crédito ya no resultó o resulta como obliga el artículo 123 constitucional, que a la letra dice: “El Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un Fondo Nacional de la Vivienda que permita otorgar un crédito barato a los trabajadores”. Adicionalmente de este análisis se desprende que este cobro es ilegal, según el Código Civil Federal, pues el interés sobre el interés solo puede ser válido para temas mercantiles, no así de contratos como el de vivienda. Esto además es ilegal por partida doble, pues son dos tasas las que están operando el crédito.
Por lo anteriormente expuesto, compañeros y compañeras, hago de su conocimiento el presente decreto por el que se reformaría el artículo 1 y 69, y el párrafo primero del artículo 185, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Los invito a que consideren la importancia que reviste aprobar dicha iniciativa. De antemano agradezco su atención. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Juárez Blanquet. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.
Esta Presidencia saluda con mucho gusto a alumnos del CETIS Vicente Ramón Guerrero Saldaña, de la colonia Vicente Guerrero en la Ciudad de México, invitados por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano. Sean ustedes bienvenidos.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Enrique Zamora Morlet, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 50 Bis a la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, suscritas por él e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Enrique Zamora Morlet: Con la venia de la Presidencia. La educación en nuestro país es un derecho fundamental que toda persona tiene garantizado en México. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos salvaguarda jurídicamente este derecho de todas las y los mexicanos sin discriminación alguna.
En el artículo 3o. constitucional se establece la obligatoriedad de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, así como la gratuidad y laicidad.
Tal como le menciona el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en su artículo El derecho a la educación en México, la educación es un proceso con doble propósito; el desarrollo de cada persona en lo individual, así como su impacto positivo y contribución para la sociedad y el país.
Asimismo la ley reglamentaria del artículo 5o., constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, regula las carreras, las cuales necesitan de expedición de un título y una cédula profesional, así como los requisitos que las universidades y estudiantes deben cumplir para que la Secretaría de Educación Pública certifique dichos documentos y el alumno pueda ejercer plena y legalmente la profesión que estudió.
La educación privada o particular es un conjunto heterogéneo de instituciones que han ejercido una influencia positiva considerable, sobre todo en la formación de ciertos sectores sociales y que a diferencia de la educación pública, se produce en una institución educativa dirigida mediante la iniciativa privada, costeado por la propia familia.
En México cuando un estudiante concluye la educación media superior y decide continuar con la educación superior puede optar por ingresar al concurso de selección que diversas universidades públicas emiten u optar por ingresar a alguna universidad particular, siempre y cuando cuente con los recursos económicos suficientes.
Esas instituciones particulares ofrecen diferentes planes de estudios con cierta cantidad de créitos al cubrir junto con los costos correspondientes los cuales cuando son completados satisfactoriamente, otorgar el derecho a la titulación y obtención de la cédula profesional para ejercer la carrera que ha sido cursada.
Sin embargo el costo de la titulación en México varía según el carácter de la universidad, sea pública o privada, y en esta última los costos son por demás variantes sustantivamente de una institución privada a otra.
En instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM; el Instituto Politécnico Nacional, IPN; o la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, el precio de los trámites de titulación tienen un costo que ronda entre los 2 mil pesos. Por el contrario las universidades privadas como lo son Ibero, ICEL, UIA, CUP, ULSA, Unitec, UVM, por sólo mencionar algunas, algunos de los costos oscilan alrededor de entre 3 mil hasta los 35 mil pesos.
Además las instituciones particulares tardan un aproximado de entre 4 y 10 meses para entregar todos los documentos debidamente certificados por la Secretaría de Educación Pública; mientras que en las instituciones públicas el periodo ronda en alrededor de dos meses para hacer entrega de los multicitados documentos.
Es clara la diferencia que existe entre los costos del trámite de titulación y expedición de cédula profesional que tienen las universidades públicas y privadas, cuestión que resulta preocupante, toda vez que pareciera que algunas instituciones privadas pierden de vista que el derecho a la educación es un derecho fundamental y una gran responsabilidad de quien lo ofrece y no un negocio condicionado al pago a cambio de una contraprestación.
Es por lo anterior que pido el apoyo de esta soberanía, así como de todos los Congresos locales para que en sus normas adjetivas que regulen esta materia se garantice el derecho a los estudiantes y puedan elegir libremente su proceso de titulación, sin afectar su economía y su premura por desempeñarse profesionalmente en el mundo laboral del país, y aún más, con la latente necesidad de responder oportunamente con nuestros connacionales denominados como dreamers, que corren el riesgo de ser deportados del país vecino del norte a sus ciudades natales en México y que por tal efecto, propongo adicionar el artículo 50 Bis a la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. Es cuanto, señor presidente.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputado Zamora Morlet. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
Saludamos con gusto a alumnos de la escuela secundaria Niños Héroes, del estado de México que hoy nos acompañan en este salón de pleno. Así como también a alumnos de la escuela primaria Solidaridad, de Atizapán de Zaragoza del estado de México. El primero de los grupos invitado por la diputada Maricela Contreras Julián, y la escuela primaria Solidaridad por el diputado Román Francisco Cortés Lugo. Sean ustedes bienvenidos.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, para presentar en una misma intervención el diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, diversas iniciativas con proyecto de decreto que reforman el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017. Gracias, diputado.
El diputado Rogelio Castro Vázquez: Muy buenas tardes, diputadas, diputados. El 27 de enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establecían las reglas para el nombramiento de los titulares de los órganos internos de control en organismos constitucionales autónomos.
En ese decreto se incluyeron: a la Comisión Federal de Competencia Económica; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; al Instituto Federal de Telecomunicaciones; al Instituto Nacional de Estadística y Geografía; al Instituto Nacional Electoral; al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Este decreto que se publicó contiene un segundo transitorio que mandata a la Cámara de Diputados para que, dentro de los 180 días, inicien los procesos para la designación de los titulares mencionados, los cuales se les otorga autonomía y ejercer recursos públicos.
Lo anterior, dice, con excepción de aquellos titulares de los órganos internos de control, a los que la Constitución Política les otorga autonomía y que se encuentran en funciones a la entrada en vigor del decreto por el que se reforman y adicionan estas disposiciones.
Y establece una fecha que vendría a ser el mandato, establece el 27 de mayo de 2015 para aquellos que fueron nombrados previo a esa fecha. Analizando lo que dice este segundo transitorio, la Cámara de Diputados debe proceder a la designación de los titulares de siete organismos autónomos, en este caso la Cofece, la CNDHH, Ifetel, el Inegi, el INE, el INEE y el INAI, dentro de los 180 días, y dice en los términos en los que fueron nombrados.
Queremos explicar cuáles son los casos. Por ejemplo en el caso del INE, su contralor fue nombrado el 21 de mayo de 2014, por lo tanto permanecerá en su encargo durante seis años a partir de entonces, hasta el 21 de mayo de 2020 en los términos que establece el artículo 41, fracción IV, del apartado A, párrafo quinto, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Por cuando hace a la Cofece, Ifetel, Inegi y al INAI, se puede proceder a nombrar un titular de orden interno en los términos del decreto, porque no hay un titular nombrado en esos cuatro organismos. En el caso del Cofece y del INAI, el cargo se encuentra vacante, mientras que en el Ifetel hay un encargo de despacho.
Por cuanto hace a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Instituto Nacional de Evaluación, hay en ese sentido una duda razonable de las acciones a seguir, pues si bien tienen un titular de Contraloría Interna que iniciaron funciones antes del 27, en ninguno de ambos casos está establecido el instrumento legal para la duración del encargo, por lo que dejaron ambos titulares en los términos en que fueron nombrados.
En este análisis entonces estos dos contralores que ya fueron nombrados tendrían un cargo, al menos como lo establece la ley, sin término, por lo que necesitamos cambiar ese transitorio para darle una legalidad constitucional y así evitar que, o se queden en el cargo o si se les remueve, puedan poder impugnar esa remoción.
En esa circunstancia queremos lo siguiente. Reformar el artículo segundo transitorio para darle certeza legal a los nombramientos de estos titulares de los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos.
En ese sentido les pedimos a este Congreso que se retome este tema en un tiempo próximo y que la comisión a la cual va a llegar esta iniciativa inicie los trabajos, para que dentro de los 180 días que marca la ley podamos nombrar a estos titulares con toda la legalidad. Por eso en Morena le apostamos a la transparencia, queremos ser responsables para fortalecer la legalidad y corregir lo que por las prisas parlamentarias se dejó de hacer. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Rogerio Castro Vázquez. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo: Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Está solicitando la diputada Cecilia Romero sonido en su curul. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo: Gracias, diputada. Para aprovechar la presentación de la iniciativa que acaba de hacer el diputado Rogerio Castro e independientemente del resultado después del proceso legislativo que esta iniciativa tendrá, sí hacer un exhorto desde aquí a la Junta de Coordinación Política para que a la brevedad se inicie el proceso, porque tenemos 180 días para hacer los nombramientos que esta iniciativa, de la cual fui proponente junto con otros diputados de otros grupos parlamentarios, pueda ser cumplimentada.
Pido que se turne, por favor, este exhorto a la Junta de Coordinación Política, presidenta. Gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada. Me permito informarle que la Junta de Coordinación Política ya está abordando este asunto, que desde luego transmitiremos su exhorto para que se continúe atendiendo. Gracias, diputada.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, en representación y a nombre del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis: Gracias, presidenta. La presente iniciativa que se pone a su consideración el día de hoy, se refiere a proponer la creación del Instituto Nacional de Evaluación y Control de Confianza, como un organismo constitucional autónomo.
En junio de 2008 se reformó el artículo 21 constitucional para establecer la evaluación y control de confianza como requisito y condición para el ingreso y permanencia del personal de las instituciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno. Desde ese entonces se estableció el compromiso institucional de crear un modelo nacional de evaluación y control de confianza mediante la depuración de las instituciones de seguridad y la procuración de justicia. Sin embargo, a casi 10 años de haberse iniciado este proceso, los pendientes en materia de evaluación y control de confianza siguen siendo enormes.
No podemos dejar de mencionar que permanecen presentes ejemplos de colusión entre autoridades y policías con el crimen organizado o, en su defecto, que los procesos de depuración no se han consumado, o peor aún, que varios de los centros estatales acreditados no han pasado los procesos de reacreditación o incluso se presentan contradicciones en los resultados emitidos entre un centro y otro.
Aunado a lo anterior, en el terreno normativo se advierte un esquema de subordinación jerárquica a la que se encuentran supeditados los centros de evaluación y control de confianza, situación que ha venido vulnerando la independencia y merma la imparcialidad de su funcionamiento.
Por ejemplo, el director del Centro de Evaluación y Control de Confianza, de la Comisión Nacional de Seguridad, depende jerárquicamente de cuatro funcionarios públicos. En el caso de las entidades federativas, los directores de los centros estatales de evaluación y confianza son nombrados y removidos por los gobernadores de los estados y se subordinan a los secretarios de gobierno.
Este esquema organizacional, además de que puede propiciar injerencia política para influir en la determinación de los resultados, ha significado que los resultados esperados no son los adecuados, pues esto demerita la razón que dio origen a las evaluaciones como fuentes de confianza certera.
Por ello, a través de esta iniciativa presentada por el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el diputado Clemente Castañeda, es que se propone reformar la Constitución, para crear un Instituto Nacional de Evaluación y Control de Confianza, pero que sea un organismo autónomo, que venga a ser el responsable de la coordinación y aplicación de todos los procesos vinculados a la certificación y evaluación de los elementos de seguridad pública y procuración de justicia.
Con esta reforma se pretende que se desvincularán los centros de evaluación de la subordinación a instancias político-gubernamentales, para inscribirlos a un organismo autónomo. Asimismo, presupuestalmente también esto es viable, dado que se establece que los recursos de los actuales centros se trasladarían al nuevo Instituto Nacional de Evaluación y Control de Confianza.
Compañeras y compañeros diputados, la función de la seguridad pública requiere una visión de Estado especializada y objetiva, desvinculada de decisiones discrecionales.
En ese sentido necesitamos privilegiar la confianza de las personas que conforman las instituciones de seguridad y procuración de justicia de este país con esta institución que estamos proponiendo Consideramos que de esta manera se abona al fortalecimiento democrático del Estado de derecho.
Finalmente, en el marco de la discusión pública que hoy estamos dando en materia de seguridad, particularmente con la discusión de las reformas sobre seguridad interior, Movimiento Ciudadano seguirá insistiendo en que debemos discutir irremediablemente sobre el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad, y sobre todo, sobre la reconstrucción integral del modelo de seguridad pública.
Y en ese sentido puntualizamos que se requiere que se fortalezcan los procesos de evaluación y control de confianza con la creación de este instituto que se propone, para dar total viabilidad y confianza fundamental que tanta falta está haciendo en este proceso. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Ramírez Nachis. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la licencia por maternidad es un derecho que tienen todas las madres trabajadoras en México durante la última fase del embarazo y después del parto.
De acuerdo con la legislación actual, las mujeres en estado de gravidez cuentan con 84 días de licencia por maternidad, es decir, 12 semanas, de las cuales seis se otorgan antes del parto y 6 en el puerperio. Sin embargo, aún estamos muy lejos de cubrir los estándares que para tal efecto propone diferentes organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, que señalan un mínimo de 14 semanas de licencia con la recomendación de extenderla a 18 semanas.
Por su parte, en su informe Construir un México inclusivo, políticas y buena gobernanza para la igualdad de género, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, la OCDE, sugirió al gobierno mexicano aumentar la licencia de maternidad para mejorar la calidad de las relaciones familiares en el país.
En Nueva Alianza tenemos la firme convicción de impulsar acciones positivas que brinden la mayor protección a las mujeres en esta materia. En ese sentido, presento a ustedes la iniciativa que reforma las disposiciones del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Nuestra propuesta consiste en cambiar el actual periodo de seis semanas pre y posnatal a uno de nueve semanas. Con esta modificación de ley se reconoce a las madres trabajadoras y su necesidad de gozar de licencias más amplias, con el propósito de tener una recuperación óptima después del parto y compartir, sobre todo, el mayor tiempo posible con su hijo recién nacido.
Toda vez que está comprobado que este contacto proporciona a los pequeños la protección inicial que requieren, al permitir la lactancia materna y el cuidado posnatal, además de fortalecer los vínculos afectivos entre madre e hijo; lo que garantiza el sano desarrollo de su infancia.
Asimismo, proponemos que sea la madre trabajadora quien pueda decidir cómo distribuir ese tiempo, previa autorización de su médico que la atiende.
En Nueva Alianza estamos convencidos de la importancia de aplicar medidas concretas para actualizar el marco jurídico en apoyo a las mujeres trabajadoras. Espero contar con su apoyo para esta iniciativa. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Campa Almaral, Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, para presentar en una misma intervención dos iniciativas. Una, que se refiere al proyecto de decreto que adiciona el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y otra relativa al proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Hugo Eric Flores Cervantes: Compañeras y compañeros diputados. El día de hoy, el Partido Encuentro Social a través de mi conducto, quiere poner a consideración de esta asamblea, dos iniciativas que para nosotros revisten una gran importancia.
La primera tiene que ver con la dignificación del Poder Legislativo. Desafortunadamente, desafortunadamente hoy el prestigio que tenemos los representes de la ciudadanía, que fuimos electos legal y legítimamente a través de las urnas, sufre de una gran crisis. Hay un gran desprestigio de la representación política en nuestro país y este Poder Legislativo necesita recobrar la confianza ciudadana. Necesita volverse a sentir representante popular. Necesita volver a hacer contrapeso como lo marca nuestra Constitución del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.
Hace muchos años por diversos desmanes que se presentaron en este mismo pleno, el presidente de la República dejó de acudir ante la representación legal y legítimamente constituida a presentar su informe. Cuando vienen los tiempos de informes, nos preguntan todos los medios de comunicación, qué opinamos, y pasa esa época y nadie más vuelve a hablar del informe que se tiene que presentar ante esta Cámara por parte del Poder Ejecutivo.
El día de hoy nosotros queremos venir a ratificar lo que hemos manifestado, no solamente con la militancia de nuestro partido o ante la ciudadanía en general, sino también a través de los medios de comunicación. Queremos que el presidente de la República, el titular del Ejecutivo, regrese a esta Cámara a rendir su informe.
Yo no sé por qué tanto temor que pueda haber debate, que pueda haber diferencias, que pueda haber incluso disidencias. Eso es justamente un debate democrático que el día de hoy a esta nación le urge.
Nada nos daría más gusto que quitar estos acartonados informes que vienen a dar diferentes titulares de las secretarías donde realmente casi no analizamos nada. Hay muy poca aportación, hay muy poco debate y de repente hay temas muy coyunturales, muy importantes que deben ser discutidos con nosotros.
Queremos que otra vez regrese el presidente de la República a esta tribuna a rendirles cuentas a los representantes de la nación y a explicarnos qué se ha hecho durante el ejercicio del año en que se esté informando.
Queremos que haya un real debate en las comisiones con los titulares de los distintos ramos del Ejecutivo y que entonces este Poder Legislativo sí regrese a ser un contrapeso real y legítimo del Poder Ejecutivo.
De ahí que estamos proponiendo una reforma al artículo 69 constitucional para que en un acto republicano el titular del Ejecutivo regrese a rendir su informe ante el pleno de los diputados.
La segunda iniciativa que les estamos presentando también reviste de la mayor importancia. Algunos de nosotros vamos regresando de la experiencia de haber redactado una Constitución para la Ciudad de México donde hubo un gran debate, una gran disidencia, pero hubo un gran trabajo legislativo de construcción de acuerdos. Yo vi muchos diputados aquí esforzándose, estuviéramos o no estuviéramos de acuerdo en muchas cosas para construir consensos.
Uno de los grandes debates que se vio tuvo que ver con la edad para votar. En el proyecto original del jefe de gobierno se planteaban 16 años para poder votar. Nosotros creemos que este es un buen momento para decirles a nuestros jóvenes que tienen que tener interés en la actividad pública y política de su nación.
Decíamos en el Constituyente que no lo permitía la Constitución Federal. Hay cosas que cambiarían mucho cambiando la edad de la ciudadanía. Hoy nosotros venimos a proponerle a esta soberanía que llamemos la atención de los jóvenes mexicanos con una propuesta que no violentaría para nada el tema del ejercicio potencial de la ciudadanía a los 18 años.
¿Cuál es nuestra propuesta? También reformar el artículo 34 de la Constitución para que los jóvenes que cumplan 18 años en el año de la elección federal, ya sea intermedia o presidencial, puedan ejercer su derecho al voto.
Nuestros números nos dicen que 300 mil jóvenes, un poquito más que eso, serían nuevos votantes con tan sólo reducir que si un joven cumple años en septiembre pero la votación fue en julio, pueda votar.
La propuesta es muy sencilla, que los jóvenes que cumplan 18 años en el año de la elección, puedan votar por su representación política.
Puestas estas dos iniciativas del Partido Encuentro Social, no podemos esperar más, que sean apoyadas por todos los grupos parlamentarios representados en esta asamblea. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Hugo Eric Flores. Túrnense las dos iniciativas, la del artículo 34 de la Constitución y la del artículo 69, a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Esta Presidencia saluda la presencia en este salón de sesiones, de directores y alumnos de teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad de Derecho invitados por legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. Sean ustedes bienvenidos.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Honorable asamblea, el día de ayer 15 de febrero de 2017, a los 87 años de edad falleció el maestro José Solé Nájera; fue director de teatro, escenógrafo y diseñador de vestuario y participó en casi todos los géneros teatrales; fue coordinador nacional de teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, así como fundador tanto de la Compañía Nacional de Teatro como del Centro de Investigación Teatral Roberto Usigli.
En el año 2008 recibió a medalla de oro de Bellas Artes, y el maestro José Solé y su trabajo, es un referente de las artes escénicas en México donde realizó una muy destacada labor en la promoción y difusión, y es reconocido tanto en nuestro país como en el mundo. Descanse en paz. Se invita a los presentes a ponernos de pie para guardar un minuto de silencio en honor del maestro José Solé Nájera.
(Minuto de silencio)
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Muchas gracias. Tomen asiento, por favor.
El diputado René Cervera García (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del diputado René Cervera. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado René Cervera García (desde la curul): Gracias, presidenta. Simplemente para mencionar que quienes tuvimos la fortuna de conocer y convivir con Pepe Solé, lamentamos mucho su fallecimiento.
Es la pérdida de un gran mexicano, un mexicano comprometido, un mexicano nacionalista, un mexicano que se formó en las instituciones públicas y que fue forjador de instituciones públicas.
Creemos que el teatro ha perdido a uno de sus pilares más importantes y quisiera leer algo que muy brevemente le declaró al periódico El Universal. Dice: alguna vez señaló sobre el teatro. Para mí lo es todo, mi gran pasión. Desde niño fue espectador, luego estudiante de teatro, actor aficionado, actor profesional, maestro, director y funcionario. Empecé como un boy scout del teatro y ahora soy Matusalén.
Quienes lo conocimos creo que podemos decir que nunca dejó de ser todas y a cada una de estas cosas que él mismo planteó. Y nos llevamos de él siempre un buen recuerdo. Y, sobre todo, su entrega por la cultura nos hace sentirnos con una pérdida en este momento. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado René Cervera.
La diputada María Verónica Agundis Estrada (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Verónica Agundis. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada María Verónica Agundis Estrada (desde la curul): Sí, señora presidenta, con mucho respeto para todos. Me uno también a este homenaje. Y, en aras de reconocer también a grandes hombres que hicieron mucho por este país, pues también un abrazo muy grande a la familia del mayor de infantería Luis Núñez Velarde. Él fue diputado federal en la XLI Legislatura de esta Cámara de Diputados, falleció el día de ayer a los 94 años de edad, un hombre que dedicó prácticamente toda su vida a servir a la patria con un gran, gran amor por México. Gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es lo relativo a los dictámenes para discusión.
Presentamos dictamen de la Comisión de Deporte con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Fidel Almanza Monroy para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Fidel Almanza Monroy: Con su venia, señora presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, con la honrosa representación de la Comisión de Deporte y a nombre de las y los diputados que la integramos, acudo a esta tribuna para fundamentar el dictamen que hoy se discute y para solicitar su voto aprobatorio en un asunto de la mayor relevancia, por el avance que significa en la lucha por la equidad de género en todos los aspectos relacionados con el deporte.
La eliminación de cualquier forma de discriminación contra las mujeres, que promueven las Naciones Unidas, ha encontrado en México una gran correspondencia tanto en la formulación y aplicación de políticas públicas, como en la adecuación institucional y normativa para garantizar la equidad de su participación en las oportunidades de desarrollo.
En el caso del deporte no hay excepción, mujeres y hombres realizan su mejor esfuerzo para alcanzar ambiciosos objetivos en las disciplinas de su práctica, y encuentran en las instituciones y asociaciones las oportunidades para crecer y desarrollarse.
La revisión permanente en las condiciones que aseguren la mayor equidad para las mujeres ha sido una causa que desde diversas organizaciones se apoya y se promueve. Reconocer que hay mucho por hacer es un buen principio para encontrar los mecanismos que conduzcan a la sociedad hacia las mejores formas de convivencia, participación y competencia.
Nuestra Constitución tutela en el último párrafo del artículo 4o., el derecho de todos a la cultura física y al deporte, y señala desde el 1º, que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Por ello las reformas en este sentido a la Ley General de Cultura Física y Deporte que hoy nos ocupa representa un paso hacia adelante en el sentido correcto.
El principio de equidad habla de un equilibrio porque la mujer ha luchado históricamente contra cargas culturales que impiden su participación y su propio desarrollo. Por ello la modificación al artículo 50 de la ley referida puntualiza la igualdad sustantiva para promover la búsqueda de acciones prácticas para su participación en cualquier campo de la vida nacional.
El párrafo que se propone incluir en este artículo introduce a las asociaciones deportivas nacionales la obligación de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres y la obligación de paridad en el acceso a sus órganos de gobierno y representación, lo que también se señala con la reforma al artículo 59, donde se especifica que se realizará, dentro del marco de los principios democráticos y representativos y con estricto apego a las disposiciones estatutarias y legales aplicables.
Si bien en la reforma que se comenta no hay una definición de cuotas ni tasas porcentuales de participación señaladas para hombres y para mujeres, es claro que se propone destacar la importancia cada vez mayor de reconocimiento a los méritos, capacidad y preparación de la mujer para tener acceso a los niveles de dirección en las disciplinas deportivas y sus organizaciones.
Es una propuesta que se orienta a la igualdad de oportunidades en el espíritu de la Constitución, sin prioridad para hombres y tampoco los discrimina, sin hacer hincapié para la conducción de las decisiones de las organizaciones, por razones basadas en el género exclusivamente, donde las mujeres vean amenazado su desarrollo o subestimado su esfuerzo, al sentirse consideradas únicamente por razones de sexo.
El deporte, como factor de cohesión social, impacta de manera directa en el desarrollo de las actividades físicas y establece mecanismos de convivencia, donde el respeto a las oportunidades del compañero y el reconocimiento a las capacidades del adversario juegan un papel determinante para su propio desarrollo.
Compañeras y compañeros diputados, México hoy en día construye propuestas a partir de una realidad deportiva en la que queremos avanzar, buscando respuestas a las demandas de jóvenes y niños, de sus instructores, entrenadores y maestros, para elevar niveles de competencia y fomentar masivamente la práctica de actividades físicas que tienen un efecto directo en los niveles de salud, desarrollo de habilidades y del desarrollo integral.
Esta aspiración legítima de la sociedad difícilmente podría lograrse sin un adecuado enfoque de igualdad y de acceso a las oportunidades. No podríamos alcanzarlos sin reconocer las capacidades de los dirigentes, la experiencia, el talento y la preparación de los más capacitados, donde tanto hombres como mujeres tienen mucho que aportar y mucho qué resolver para el bien de las distintas disciplinas, para beneficio de las comunidades y para gloria de México. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Fidel Almanza.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, tiene la voz la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, hasta por cinco minutos.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Honorable asamblea. Buenas tardes, compañeros diputados. Con su venia, señora presidenta. Trabajar por impulsar el desarrollo integral de las mujeres es un compromiso permanente de los diputados federales de Encuentro Social.
La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres resulta tarea prioritaria y debe ser promovida por todos los medios posibles. Nuestro grupo parlamentario reconoce la importancia de modificar y perfeccionar nuestro marco jurídico, para contribuir desde el Poder Legislativo a esta gran labor.
En ese tenor, nos hemos percatado que en la actividad deportiva existe rezago en materia de equidad de género. A la fecha existen marcadas estereotipos culturales que limitan el desarrollo deportivo de las mujeres, prueba de lo anterior es el estigma social que sufren las mujeres que practican deportes, como la lucha libre, el boxeo, la halterofilia, el automovilismo, por mencionar algunos otros.
Otra forma en que la práctica deportiva resulta discriminatoria para las mujeres está relacionada con los montos de los premios que se otorgan para las ramas femeniles en oposición con la rama varonil.
Generalmente los premios que se otorgan a los varones resultan sustancialmente más onerosos que con los que reciben las mujeres en una misma disciplina deportiva, dicha situación ha provocado que las mujeres hayan sido excluidas de la práctica profesional del deporte, pues hay infinidad de ramas deportivas donde a pesar de que existen mujeres con mayores cualidades que los hombres, estas no se pueden desarrollar ya que son contratadas para exigir ligas exclusivas para caballeros.
Por desgracia esta discriminación alcanza también a la dirección y administración del deporte federado, resulta revelador descubrir que son muy pocas las mujeres que llevan la dirección de alguna de las federaciones deportivas en el país.
Este mismo déficit se observa en puestos como el de entrenadores y cuerpos auxiliares, igualmente son muy pocas las mujeres que pueden acceder a ser árbitros, réferis o jueces.
En este sentido y con la finalidad de atender el punto anterior, en el que se presenta el dictamen que busca reformar los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para establecer en las asociaciones deportivas nacionales, deberán observar en todo momento la igualdad sustantiva para garantizar una plena igualdad de acceso, participación y representación de las mujeres en todos y cada uno de los ámbitos administrativos y de la justicia deportiva del deporte federado nacional.
Con tal fin adiciono un párrafo al artículo 50 de dicho ordenamiento jurídico para señalar que será obligación de las asociaciones deportivas nacionales procurar la igualdad de trato y oportunidades y a la prioridad entre hombres y mujeres en el acceso a los órganos de gobierno y representación de las acciones y asociaciones deportivas.
De igual manera se modifica el artículo 59 de la misma ley para facultar el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva a estar alerta en los procesos electorales de los órganos de gobierno y representación de las asociaciones para que se cumpla con el principio de trato y paridad entre hombres y mujeres en el acceso a los órganos de dirección y representación de las mismas.
En vista de lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social votará a favor del presente dictamen, pues lo consideramos necesario para contribuir a una participación más activa y justa de las mujeres en el ámbito del deporte, cuya práctica mejora considerablemente la salud. Es cuanto. Buenas tardes.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Cynthia Gissel García. Esta Presidencia saluda con mucho gusto a distinguidos visitantes del estado de Querétaro que hoy nos acompañan, el señor Antonio Rico, Guillermo Cabrera, Salvador García, invitados por el diputado Braulio Guerra. Sean ustedes bienvenidos a este recinto. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Angélica Reyes Ávila.
La diputada Angélica Reyes Ávila: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, les saludo con mucho afecto y con mucho respeto.
Los procesos de redemocratización han permitido avanzar en el reconocimiento de la importancia del rol femenino en las diversas instancias públicas. Se ha logrado que poco a poco las mujeres nos abramos paso para la incorporación y participación en los diferentes espacios de la sociedad. A pesar de ello, aún existe el desafío de terminar con las grandes diferencias en un terreno que ha sido poco trabajado en temas de igualdad: el deportivo.
El acceso de las mujeres a los espacios deportivos ha estado lleno de dificultades, han tenido que superar barreras creadas por estereotipos sociales y culturales, además de discriminación para practicar ciertos deportes bajo el argumento de que no son apropiados para las mujeres.
Pese a ello, a lo largo de la historia ha habido mujeres que han logrado grandes hazañas deportivas, dignificando y probando con hechos que cuentan con gran capacidad física y calidad técnica en sus diferentes áreas.
No obstante, las políticas deportivas han sido hasta el momento el ámbito en el que menor permeabilidad ha tenido la perspectiva de género, toda vez que la llegada de mujeres a los lugares de poder se mantiene casi en la invisibilidad.
En Nueva Alianza tenemos la firme convicción y la vocación de fomentar e impulsar el empoderamiento de las mujeres y su participación en estos espacios de poder, en aras de lograr una igualdad y equidad de género que permita su inclusión en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
Es de destacar que desde nuestra creación establecimos como prioridad de la labor legislativa el empoderamiento de las mujeres como mecanismo para lograr nuestro pleno desarrollo. Por tanto, coincidimos con este dictamen de la Comisión de Deporte, cuyo objetivo es alcanzar la igualdad sustantiva de las mujeres, al propiciar su desarrollo y participación en todas las facetas de la esfera deportiva.
Es esencial rectificar los desequilibrios que enfrentamos y propiciar mayor participación en todos los niveles, en todas las funciones, en todos los papeles. Porque igualdad significa mejores oportunidades para practicar cualquier disciplina, pero también implica mejores sueldos; así como acceso a los cargos importantes en la toma de decisiones y con ello coadyuvar al empoderamiento como ciudadanas, con goce de nuestros derechos en una comunidad respetuosa e incluyente. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Angélica Reyes. Para fijar la postura del Grupo de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Luis Ernesto Munguía González.
El diputado Luis Ernesto Munguía González: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, diputados. Es sumamente importante construir la equidad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida social, y uno de los ámbitos en que más se manifiesta esa desigualdad es en el deporte, particularmente en las áreas directivas y de toma de decisiones.
Es cierto que en México se ha avanzado mucho en materia de equidad de género en cuanto el acceso a la preparación física, el acceso a apoyos económicos, acceso a instalaciones deportivas, etcétera. Pero aún es común encontrarse con asociaciones deportivas de toda índole, cuyos cuerpos directivos, entrenadores o jueces que están constituidos exclusivamente por hombres.
Un ejemplo muy ilustrativo de dicha circunstancia lo vemos al pensar en ¿cuántas veces encontramos a una mujer como directora técnica de un equipo varonil de algún deporte popular, por ejemplo el futbol? Rara vez, si no es que ninguna en lo absoluto. En cambio es muy común encontrar al frente equipos femeniles con directivas masculinas.
Esta circunstancia se repite en todos los niveles de dirección de las asociaciones deportivas. Por eso es necesario establecer principios de equidad de género en todos los ámbitos legislativos, pero más importante aún, es crear mecanismos concretos y bien instrumentados para lograr dicha igualdad.
Con este objetivo y visión elaboramos este dictamen en la Comisión de Deporte de esta Honorable Cámara de Diputados, puest9o que la Ley General de Cultura Física y Deporte, ya contempla este principio de equidad de género, pero al establecer como facultad de obligación del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, el vigilar que en los procesos electorales de las asociaciones deportivas nacionales se respete el principio de paridad entre hombres y mujeres, para tener acceso a sus órganos de gobierno y representación. Esto impacta directamente las conductas discriminatorias que aún existen en las asociaciones deportivas, obligándolas a reconfigurar sus formas de elección y representación.
Los diputados ciudadanos suscribimos plenamente el criterio que hemos adoptado en la Comisión de Deporte, al considerar preponderante la necesidad de potenciar la participación femenina en puestos de dirigencia al interior de los órganos de decisión en materia de deporte, y así mismo en los puestos decisivos al interior de las federaciones deportivas; pues una mayor presencia de mujeres ocupando puestos de árbitras, juezas, presidentas de federaciones y otros puestos de alto nivel decisorio, necesariamente aumentará la probabilidad de incluir los temas de género en las agendas institucionales para beneficio de las mujeres en el campo de la cultura física y el deporte. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Munguía. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Renato Josafat Molina Arias.
El diputado Renato Josafat Molina Arias: Buena tardes. Gracias, señora presidenta. Señoras diputadas y diputados. A pesar de la igualdad formal de hombres y mujeres ante la ley, a pesar de los avances de las mujeres en todos los ámbitos, aun persisten obstáculos que dificultan la igualdad de género.
Es necesario reconocer que las mujeres y los hombres no cuentan con las mismas oportunidades y que es necesario disminuir la desigualdad a través del fortalecimiento de la ciudadanía femenina y avanzar hacia la igualdad efectiva.
En México aun se mantienen desventajas, subordinación y discriminación hacia las mujeres que les impiden la participación igualitaria con los hombres en la vida pública. Aunque las mujeres son más de la mitad de la población mexicana, se les ha negado la capacidad para ejercer la autoridad y liderazgo, así como su capacidad para tomar decisiones en los asuntos de interés colectivo.
El deporte no es ajeno a esta realidad. Hasta ahora el deporte ha estado dominado por los valores masculinos como la agresividad, la competencia, la búsqueda de poder, el dominio y la fortaleza.
Las mujeres suelen ser mayoritarias en los deportes grupales y de mayor cooperación, mientras que los hombres se concentran en los deportes más competitivos e individuales. Esta tendencia promueve que la participación de las mujeres se concentre en las actividades de menor relevancia, mientras que el liderazgo es ocupado mayoritariamente por hombres.
El hecho de que las mujeres quedan relegadas a participar en actividades poco estratégicas y con menor reconocimiento se traduce en mayores dificultades para desarrollar su liderazgo y en obstáculos para impulsar una carrera política que le permita ocupar los cargos ejecutivos de dirección en este sector.
En nuestro país, la organización y el funcionamiento de las estructuras deportivas, restringen el derecho de las mujeres para acceder y participar en los espacios en que se toman las decisiones, de la misma manera en que lo hacen los hombres.
En México la participación de las mujeres para desempeñar cargos de decisión o de dirección, aún se encuentra sumamente limitada y su participación en los puestos directivos es muy reducida, por lo que es necesario adoptar acciones afirmativas para acelerar la igualdad entre hombres y mujeres.
Es necesario emprender medidas especiales para eliminar las desventajas de las mujeres, promover su participación y eliminar los obstáculos que impiden su acceso y permanencia en los más altos cargos de responsabilidad pública.
Las y los diputados de Morena deseamos que más mujeres disfruten del deporte y de los beneficios que produce; queremos que un mayor número de mujeres participen en todos los aspectos de la actividad física y el deporte, en particular en los puestos directivos.
Las mujeres representan la mitad de la población y deben ocupar paritariamente los espacios de decisión. Su participación contribuirá a transformar las normas, los usos y costumbres en el deporte, y a transformar la vida pública de nuestra nación.
Por las razones anteriores, nuestro voto será a favor de esta iniciativa que se propone para lograr paridad entre hombres y mujeres en el acceso a los órganos de gobierno y representación en las asociaciones deportivas nacionales. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Josafat Molina. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones.
La diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, de acuerdo a lo señalado por la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la discriminación abarca toda distinción, expulsión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto el resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otro ámbito de la vida.
En materia de igualdad de género, son muchos los espacios conquistados en los últimos años; sin embargo, aún existen ámbitos de desarrollo que requieren atención para seguir abriendo brechas y equilibrar las oportunidades.
Uno de éstos es, sin duda, el ámbito deportivo. Históricamente la participación de la mujer en el deporte ha estado ligada a la realidad socioeconómica, religiosa y cultural de las sociedades.
A lo largo de los años se han desarrollado estereotipos, prejuicios y falsas concepciones que han limitado la intervención de la mujer en diferentes actividades deportivas. No obstante, dicha situación se ha modificado con el paso del tiempo. En la actualidad las mujeres hemos ganado múltiples batallas que han propiciado el incremento de la participación femenina en actividades deportivas a todos niveles.
Durante la presente administración se incluyeron dentro del Plan Nacional del Desarrollo, así como en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y la no Discriminación contra las Mujeres líneas de acción y estrategias concretas dirigidas a garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la esfera deportiva.
Sin embargo, dichos planteamientos únicamente hacen referencia al acceso de las mujeres para participar en actividades deportivas, otorgándoles mayores apoyos para su preparación física y realizando campañas de motivación para incentivar su asistencia a competencias de alto rendimiento tanto nacionales como internacionales.
Por su parte, la Conade y el Comité Olímpico Mexicano, también han dado un impulso firme y decidido a la participación de las mujeres en la actividad deportiva, pero este apoyo ha beneficiado principalmente a las atletas si es que la mayoría de los incentivos otorgados por las instituciones deportivas van dirigidos a la práctica de algún deporte.
La situación descrita deja a un lado la necesaria lucha por la igualdad sustantiva en puestos operativos, directivos y cargos ejecutivos dentro de las propias instituciones del deporte, posiciones que en la actualidad son ocupadas en su mayoría por hombres.
De lo anterior, se desprende el imperativo de abrir espacios para generar mayores oportunidades de participación para las mujeres bajo una perspectiva real de igualdad sustantiva.
El Instituto Nacional de las Mujeres en coordinación con la Conade, realizó una encuesta sobre la percepción de la mujer en el deporte, la cual arrojó que uno de los mayores retos que enfrenta el mundo deportivo es ampliar la presencia del género femenino en el ámbito técnico, pues son realmente pocas las mujeres que desempeñan cargos como entrenadoras, árbitros, jueces y especialistas aplicadas en ciencias deportivas.
Claramente se ha avanzado mucho en el tema de la equidad de género, abriendo espacios y legislando en pro de la igualdad en todas las esferas sociales, sin embargo en el ámbito deportivo es menester generar mayores oportunidades de participación para las mujeres en el seno de la estructura deportiva.
En este contexto quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde nos pronunciamos a favor de la aprobación del presente dictamen, ya que estamos plenamente convencidos de que la participación de las mujeres en puestos de dirigencia al interior de las federaciones del deporte en nuestro país llevaría a una natural inclusión de temas de género dentro de la agenda deportiva nacional para alcanzar a través de ello una verdadera igualdad sustantiva en el mundo deportivo. Es cuanto. Gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Álvarez Piñones. Tiene el uso de la tribuna la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.
La diputada Olga Catalán Padilla: Compañeras y compañeros, sin duda la visión de las mujeres respecto de la actividad deportiva es importante, en vista de que el papel de las mujeres en las distintas disciplinas deportivas es cada vez más notorio. A pesar de ello aún persiste un dejo de inequidad debido a la persistencia de prácticas que impiden el acceso pleno de las mujeres al deporte de alto nivel, baste mencionar actitudes machistas por parte de sus propios compañeros y de los directivos que a veces son más difíciles de vencer que sus propios rivales.
Desde tiempos remotos hasta nuestros días en el deporte mexicano convencional o adaptado las mujeres han tenido constantes obstáculos para desarrollarse, situación que ha cambiado poco a poco gracias a su empuje y a que han roto esquemas para adentrarse en prácticas que usualmente se reservaban a los hombres.
Como un paso hacia los derechos de la mujer, el 18 de diciembre de 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, misma que fue firmada por México en 1980 y ratificada en 1981.
Un año antes la Unesco estableció en la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, que todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad.
Asimismo, la Carta Olímpica que rige al Comité Olímpico Internacional, señala en su octavo principio que la práctica del deporte es un derecho humano, que toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte según sus necesidades.
Ambos documentos precisan que el acceso a las instalaciones deportivas debe permitirse sin discriminación, por lo que no hay duda de que las mujeres deberían ejercer su derecho sin ningún obstáculo, aun cuando no ha sido de esta forma.
De acuerdo a los datos del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, 34.8 por ciento de mujeres se declaran activas físicamente, en comparación con 53.5 por ciento de los hombres. Como podemos ver, la brecha aún es grande en proporción con las mujeres que tienen acceso a estas actividades.
La aprobación de este dictamen para modificar artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte representa un paso más en las acciones sustantivas que debemos tomar a fin de lograr una sociedad más justa en todos los ámbitos, y cumplir no solamente con disposiciones internacionales, sino con nuestra propia Carta Magna.
El Grupo Parlamentario del PRD históricamente ha venido impulsando políticas públicas encaminadas a reconocer el trabajo y el esfuerzo femenino en todos los aspectos que constituyen su individualidad, por lo que apoya y seguirá apoyando toda acción que contribuya a equilibrar las oportunidades entre hombres y mujeres en nuestro país. Es cuanto.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Catalán Padilla. Tiene el uso de la tribuna la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
Esta Presidencia saluda a los integrantes del Consejo Cívico Ciudadano por Cuernavaca, por Morelos y por México. Bienvenidos. Invitados por el Presidente de la Mesa Directiva. Adelante, diputada.
La diputada Karina Padilla Ávila: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hoy me encuentro en esta tribuna destacando la importancia de las reformas aprobadas por integrantes de la Comisión de Deporte, a quienes agradezco su apoyo y solidaridad en acciones como esta, que abonan a la igualdad de género.
Con la aprobación de este dictamen a los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, iniciativa del Partido Acción Nacional, se garantiza el impulso a la apertura de más espacios y mayores oportunidades de participación a las mujeres, bajo la premisa de perspectiva de igualdad sustantiva.
Es de reconocer que el adelanto de las mujeres implica diversas aristas, una de ellas es el deporte, disciplina en la cual aun cuando reconocemos el impulso dado en esta última década, todavía existen temas por atender, como el que hoy nos ocupa.
Como bien lo señala la dictaminadora en el cuerpo del documento, la Conade y el Coité Olímpico Mexicano han impulsado la participación de las mujeres, principalmente como deportistas. Sin embargo, es una realidad que las mujeres estamos subrepresentadas en funciones de dirección y decisión en todas las organizaciones deportivas y en aquellas relacionadas con el deporte, donde aún nos encontramos sumamente limitadas.
La promoción de acciones a favor de la igualdad de género, fortalece la obligación, la tarea que como Estado debemos concretar, concordante con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), pues esta plataforma, la manifestación y guía de la voluntad para seguir avanzando hacia una sociedad más justa y democrática.
Por lo anterior, agradezco su apoyo por reconocer la urgencia de que desde la ley en la materia establezcamos la obligación de las asociaciones deportivas nacionales para observar los principios de igualdad de trato y oportunidades, así como la promoción de la paridad entre hombres y mujeres en el acceso a sus órganos de gobierno y representación, enfatizando la igualdad sustantiva para regular la estructura interna y el funcionamiento de las asociaciones deportivas nacionales.
Compañeras y compañeros, con esta reforma demostramos, una vez más, que la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres debe ser una preocupación de todas y de todos los ciudadanos, la cual reconocemos y compartimos para seguir avanzando en la materia.
Conmino a todos los integrantes del pleno de esta Cámara de Diputados, que hoy estamos presentes, a emitir su voto a favor para continuar avanzando hacia un futuro con más mujeres que gocen del deporte y de los beneficios que este conlleva en todas sus vertientes. Es cuanto.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Karina Padilla. Tiene el uso de la tribuna la diputada Montserrat Arcos Velázquez, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
Esta Presidencia saluda a los integrantes del Club Rotario Pachuca Minero, invitados del diputado Alfredo Bejos, bienvenidos.
La diputada Montserrat Alicia Arcos Valázquez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados, escribiera Montesquieu, en el siglo XVIII, el valor de una nación no es otro que el valor de los individuos que la integran. En el siglo XXI, el valor de nuestra nación radica en sus mujeres y hombres, que si somos iguales en un aspecto, debemos serlo también en todos.
Los priistas queremos un México donde mujeres y hombres tengamos igualdad de oportunidades, compartamos las mismas responsabilidades y seamos por igual los constructores de la grandeza de nuestro país.
Con mujeres protagónicas México arribará a ser una nación más libre, con mayor desarrollo y con mayor prosperidad, así lo ha dicho nuestro presidente Enrique Peña Nieto, quien como aliado de las mujeres creó el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación contra las Mujeres.
Dicho programa contiene las políticas que las dependencias del gobierno deben de implementar para proteger y empoderar a niñas y mujeres. También nuestro presidente destinó 26 mil millones de pesos para programas en favor de las mujeres.
Esto es, 41 por ciento más de lo que se destinó en el presupuesto del año 2012 para este rubro, pero además promovió la reforma político-electoral, dicha reforma elevó a rango constitucional la paridad de candidaturas entre mujeres y hombres.
Gracias a esta reforma hoy México es una de las 20 potencias mundiales, con mayor participación de mujeres en la Cámara baja de su poder Legislativo. Históricamente somos 213 diputadas, es decir, el 42.6 por ciento de la totalidad de los integrantes de este pleno, pero debemos de garantizar también la igualdad sustantiva en el deporte.
La Declaración de Brighton de 1994, de la que México forma parte, promueve el desarrollo de políticas que incrementen la participación femenina en el deporte. Además, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación de las Mujeres, como la misma Ley General de Cultura Física y Deporte consideran empoderar a las mujeres.
Sin embargo, dichos programas y leyes consideran a la igualdad de oportunidades de manera limitada. Es decir, especifica la participación de las mujeres solamente en actividades deportivas y no en cargos de dirección como los que actualmente están mayormente representados por los varones.
Imaginemos un México en donde un día la Dirección General de la Conade esté a cargo de una mujer. De eso estamos hablando, compañeros. Votaremos a favor del presente dictamen para promover una mayor participación de las mujeres en los órganos de gobierno y representación de las asociaciones nacionales deportivas, con estricto apego al Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva.
Hoy nos enfrentamos al reto de consolidar la igualdad sustantiva. Es decir, hacer de la paridad de género no solo una política pública sino una causa de vida institucional del Estado.
Garanticemos que la agenda de género sea transversal, porque solo con igualdad plena la democracia será también plena. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Arcos Velázquez.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Para hablar en pro del dictamen tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado David Gerson García Calderón, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado David Gerson García Calderon: “La igualdad es una necesidad vital del alma humana”, Simone Weil.
Con el permiso de la Presidencia y con el permiso de las diputadas y los diputados. La reforma y adición a la Ley General de Cultura Física y Deporte, en la cual se incorpora la obligación de las asociaciones deportivas nacionales a otorgar una igualdad, un trato, una paridad sustantiva entre hombres y mujeres en el acceso a sus órganos de gobierno y representación como principios que deberán ser vigilados en su aplicación por el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, órgano regulador de esta materia, dependiente de la Conade. Nos parece una iniciativa totalmente acertada, porque además es un tema de justicia social.
Porque para hacer una nación grande necesitamos y debemos incorporar, tanto de manera horizontal como de manera vertical en todos los órganos de gobierno, en todos los espacios de toma de decisiones a las mujeres en una verdadera igualdad sustantiva. De esa manera avanzaremos como una nación grande y como una nación independiente y, sobre todo, una nación fortalecida.
En mi grupo parlamentario siempre hemos impulsado la participación plena de las mujeres en todos los ámbitos, sociales, políticos, económicos y cultuales. Nos hemos concentrado también en promover acciones, leyes y reformas que nos permitan erradicar el flagelo de la violencia de género, tan perniciosa y constante en los actuales momentos de nuestra nación, momentos de nuestro país.
Por eso, nuestro grupo parlamentario votará a favor de esta iniciativa, porque creemos que es una iniciativa de justicia social. Es una iniciativa que le permitirá a nuestra nación, a nuestro país ser un país responsable, ser un país democrático, incluyendo en todo momento las decisiones de las mujeres también.
Lo digo con mucho gusto y con mucho agrado porque también soy el único diputado que pertenece a la Comisión de Igualdad de Género, y creo que debemos ir de la mano. Estas luchas sociales no solo son de las mujeres sino también los hombres. Debemos acompañar estas grandes luchas para que se vean reflejadas en acciones tan importantes.
Por último, no quiero pasar por desapercibido algo que vive nuestro país. El día de mañana se anunciará también a través de la Secretaría de Hacienda el aumento a las gasolinas y no queremos que el gobierno federal lo utilice como un tema electoral. Que sean responsables, que sean congruentes y el Grupo Parlamentario del PRD...
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.
El diputado David Gerson García Calderón: ...dice no al gasolinazo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado García Calderón. Tiene el uso de la tribuna para hablar el pro del dictamen, la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Jacqueline Nava Mouett: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Seré muy breve. Con el permiso de la Presidencia. Hoy, las mujeres estamos conquistando espacios importantes de decisión en nuestro país.
El motivo del presente dictamen está acorde con las disposiciones que durante varias décadas han sido estandarte de consolidación hacia la conformación de una democracia más plena para las mujeres y los hombres, y más aún en cuanto a las aportaciones que mujeres ejemplares han dejado como testigos en diferentes etapas de la historia de nuestro país.
Las mujeres somos también parte importante de toda la actividad en México y no queda fuera el deporte. Es indispensable establecer las medidas necesarias para que más mujeres participemos en los espacios de decisión en órganos de gobierno, por ello la importancia estriba en la dignidad de las personas sin distinción de género.
Es cierto que hoy falta mucho por hacer, pero éste es un avance invaluable, pues como mujer y deportista puedo decir que somos capaces, que a pesar de muchas dificultades también sabemos salir adelante. Somos mujeres también comprometidas con el desarrollo de nuestro México.
Como deportista y legisladora, celebro con gusto esta aportación de todos los grupos parlamentarios, porque sin duda es un gran avance para el deporte en nuestro México. He vivido como deportista muchos cambios y muchas dificultades, sobre todo en pagos lo he vivido, me ha costado mucho trabajo y es por eso que celebro y felicito a mi compañera Karina Padilla, por esta gran iniciativa que hoy tenemos. Es cuanto.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Nava Mouett. Tiene el uso de la tribuna el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en pro.
El diputado Alejandro Juraidini Villaseñor: Con su venia, diputado presidente. Escribiera Aristóteles que el único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Hoy debemos agregar que más allá de la igualdad formal, un Estado democrático de derecho es aquel donde mujeres y hombres tienen acceso a las mismas oportunidades.
Por eso debemos legislar en beneficio de la igualdad. Igualdad que implica no ser idénticos, pero sí gozar de los mismos derechos y ser, por iguales, constructores de esta nación. Igualdad que es sinónimo de democracia, pues es garantía de la participación de todas y todos en las tomas de decisiones. Igualdad que debe de ser absoluta, que no dé cabida a espacios privilegiados para unos y no para otras.
En suma, nos corresponde trabajar a favor de la igualdad sustantiva convencidos, como dijera Ban Ki-moon, que la igualdad para la mujer es progreso para todos. El gobierno de la República, liderado por el presidente Enrique Peña Nieto, está comprometido con impulsar diversas acciones para la igualdad y evitar cualquier discriminación basada en género.
Por eso estableció la perspectiva de género como eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo por primera vez en la historia. Firmó la Declaración por la Igualdad entre Mujeres y Hombres con la Conferencia Nacional de Gobernadores, para que el gobierno federal y los estatales favorezcan la política nacional en materia de igualdad.
Creó programas para ensanchar las oportunidades de las mujeres, entre otros, el programa nacional de becas de la Secretaría de Educación Pública, el seguro de vida para jefas de familia y el programa de estancias infantiles para apoyar a las madres trabajadoras.
Por otro lado, nosotros, diputados de esta Legislatura, hemos trabajado para garantizar el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en lo relativo a la propiedad agraria; aprobar sostenidamente en el Presupuesto etiquetado más de 21 mil millones de pesos anualmente distribuidos entre los 115 programas presupuestarios, fortaleciendo la paridad de género.
El 9 de noviembre del año pasado, fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Deporte la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, misma que aprobamos el pasado 13 de diciembre, gracias al trabajo conjunto y dedicado de los integrantes de nuestra comisión, quienes hicimos de la igualdad para las mujeres, una causa común, privilegiándola por encima de todas las banderas partidarias, aprobamos por unanimidad esta iniciativa.
La igualdad entre hombres y mujeres ante la ley es un derecho garantizado por el artículo 4o., constitucional que de manera igual establece el derecho de toda persona a la cultura física y a la práctica del deporte.
Si bien hemos avanzado al respecto, una igualdad sustantiva implica garantizar la perspectiva de género en materia deportiva, no sólo en la participación de las mujeres como atletas, sino también en ocupar cargos directivos y de representación dentro de las instituciones encargadas del deporte.
Al votar a favor del presente dictamen, nos permitirá promover una mayor participación de las mujeres en los órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas nacionales.
Incluir la perspectiva de género bajo el criterio de paridad horizontal y vertical, es decir, igualdad de acceso a las mujeres de todas las edades, condiciones en los ámbitos y niveles de gestión de la actividad física y el deporte.
Y por último, privilegiar la paridad de trato y de oportunidades en las estructuras internas de las instituciones del deporte, con el respaldo del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva.
Nos corresponde consolidar a plenitud la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres haciendo de esta causa de vida institucional del Estado, en aras de que las mujeres estén presentes en todos los espacios de participación y toma de decisiones.
Les pido un voto a favor de la igualdad. Votemos convencidos de que cada vez que la mujer da un paso, toda la nación avanza. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Juraidini. Villaseñor. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para procederá la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: ¿Alguna diputada o diputado falta por emitir su voto? El sistema aún se encuentra abierto. Se pregunta nuevamente si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto, el sistema aún se encuentra abierto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 389 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 389 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretaría a dar lectura a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Junta de Coordinación Política. Acuerdo.
Primero. La Cámara de Diputados convoca a los gobiernos federal, estatales y municipales a la Cámara de Senadores, a los Congresos locales, al Poder Judicial de la Federación, a los organismos autónomos, a las cámaras empresariales, a los colegios de profesionistas, a las organizaciones civiles, y a la sociedad en su conjunto a la celebración de un pacto nacional por la integridad para fortalecer los mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, relacionados con la hacienda pública de los tres órdenes de gobierno para genera, incrementar y consolidar la confianza de los ciudadanos sobre el manejo de sus recursos públicos.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, así como a las autoridades competentes, a que aceleren y agilicen el procedimiento correspondiente a las observaciones con impacto económico pendientes de solventar de 2011 a 2014, a los procedimientos resarcitorios y a las denuncias penales relacionadas con la simulación de reintegros.
Dado en el Palacio Legislativo a los 16 días de febrero de 2017. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.
La diputada Minerva Hernández Ramos (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Minerva Hernández Ramos. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Minerva Hernández Ramos (desde la curul): Quiero agradecer a la Junta de Coordinación Política que haya hecho suyo el punto de acuerdo propuesto por Acción Nacional y por el caucus anticorrupción, para exhortar a los órganos del Estado mexicano y a la sociedad en su conjunto a la suscripción de este importante pacto por la integridad para el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas; porque, aunque el gobierno diga que el gasolinazo fue la decisión más responsable para evitar los rectores, existen otras alternativas para compensar la caída de ingresos y dejar de hincar el diente a los ciudadanos.
Si tan sólo la PGR se abocara a la recuperación de los recursos federales, derivados de las observaciones que ha venido realizando la Auditoría Superior de la Federación, y que al 2014 suman más de 221 mil millones de pesos, no habría necesidad, compañeros, de los gasolinazos. De ahí el exhorto a la PGR, para que haga su trabajo y agilice las investigaciones que están pendientes. Basta de simulación. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Esta Presidencia saluda a los integrantes del Consejo Consultivo de Actopan, Hidalgo, invitados del diputado Pedro Luis Noble. Bienvenidos.
Diputadas y diputados, hace 21 años, en San Andrés Larránizar, en Chiapas, el gobierno mexicano firmó con los representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una serie de acuerdos que reconocieron por primera vez los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
El objetivo de los acuerdos fue lograr la integración, desarrollo y homogeneización de estos pueblos en Chiapas, discutiendo temas como derechos, cultura indígena, democracia y justicia, bienestar y desarrollo, conciliación y derecho de la mujer. A partir de este momento comenzó a gestarse en México un nuevo sistema político y democrático, más incluyente y que abrió las puertas para que los integrantes de nuestras comunidades y pueblos indígenas pudieran participar en todas las labores públicas y en todas las labores de gobierno.
Hoy en día, las comunidades indígenas están representadas en el Congreso de la Unión, participan activamente en el gobierno federal y los gobiernos locales. Los sistemas judiciales se ajustan constantemente para proteger sus derechos.
Es por ello que el 16 de febrero se conmemora la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. Y para referirse a este tema tiene el uso de la tribuna el diputado Santiago Rodríguez Guillermo, del Grupo Parlamentario de Morena. No se encuentra en el pleno.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: También en esta sesión estamos recordando la celebración del Día Mundial del Síndrome de Asperger. Desde 2007, el 18 de febrero de cada año se celebra este día internacional. Este síndrome ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un trastorno generalizado del desarrollo infantil, con consecuencias en el desarrollo social, emocional y la conducta de las y de los niños.
Este trastorno neurológico que afecta de tres a siete niños por cada mil nacimientos, consiste en que el cerebro funciona de manera diferente a lo habitual, especialmente la comunicación e interacción social y en la adaptación a la vida cotidiana.
Este Poder Legislativo se suma a los esfuerzos médicos y sociales para generar las condiciones que permitan, en la medida de lo posible, su prevención e implementación, así como para realizar diagnósticos y tratamientos adecuados, concientizar a la opinión pública de la relevancia e importancia que significa conocer de este padecimiento, sus consecuencias y cómo tratarlo, para buscar un mejor desarrollo integral de las niñas y de los niños.
Para referirse al Día Mundial del Síndrome de Asperger, tiene el uso de la tribuna la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana.
La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana: Con su permiso, señor presidente. Deseo hacer mención que el próximo 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Es un efeméride instaurada para hacer visibles las necesidades de las personas que lo padecen y para emprender acciones políticas y sociales que favorezcan sus derechos.
El síndrome de Asperger se incluye dentro de los trastornos del espectro autista. Los principales problemas de un paciente con Asperger se presentan en la socialización y en el comportamiento fuera de pautas conductuales habituales. Sin embargo, si se detecta a tiempo, se puede lograr la funcionalidad de las personas.
Debo añadir que otra característica de este síndrome es el de tener un gran corazón. El manejarse con sinceridad, sin ser capaces de intrigar ni hacer daño de manera deliberada, son rasgos que deberíamos compartir y que los hacen seres muy valiosos.
En México sabemos que existen alrededor de 400 mil niños con el trastorno del espectro autista, que están expuestos al bullying escolar, a la ansiedad y baja autoestima, todo ello bajo la mirada impotente de sus familias que sufren con ellos contextos sociales agresivos que precisan intervención especializada.
Los integrantes de la Comisión Especial para revisar y analizar la legislación y política en materia de atención a la niñez y la adolescencia con autismo y otros trastornos generalizados en el desarrollo, estamos trabajando para que México sea un lugar donde la equidad y la igualdad sean una realidad.
Estamos trabajando para mejorar la legislación y poderles ofrecer a las personas con síndrome de asperger una oportunidad mayor, sobre todo, para que puedan ser detectados a tiempo, para que puedan ser atendidos a tiempo, para que gocen también y en estos días que hemos estado hablando tanto en el Senado acerca de la educación, pide la oportunidad para nuestros hermanos connacionales, también es necesario que hablemos de la educación de los niños, las niñas, los jóvenes con síndrome de asperger.
Desgraciadamente en el presupuesto de 2017, este presupuesto incluso viene más bajo de lo que se otorgó en 2016.
Sólo me resta dirigirme a todos los ciudadanos con síndrome de asperger, ciudadanos que merecen todo nuestro respeto y nuestra admiración, porque tienen que enfrentar una serie de obstáculos, de discriminaciones y, sin embargo, ahí están junto con sus padres.
Por eso quiero decirles, desde esta tribuna, que estoy muy orgullosa de ustedes y de sus familias. Les expreso mi cariño y mi admiración y al mismo tiempo les reitero mi compromiso de trabajo. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Aceves Pastrana.
El diputado Luis Fernando Mesta Soule (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, sonido en la curul del diputado Fernando Mesta Soule, ¿con qué objeto, diputado? Sonido en la curul del diputado Mesta.
El diputado Luis Fernando Mesta Soule (desde la curul): Sí, con relación al síndrome de asperger, felicitar a este Congreso, a esta Cámara por recordar esta fecha, ya que este es uno de los trastornos del espectro del autismo, pero muchas personas afirman que sencillamente es una condición, una forma diferente de entender lo que les rodea, que no es ni mejor ni peor, sencillamente diferente.
Pero no hay lugar a dudas que estas diferencias pueden complicar mucho la vida de las personas con el Asperger. Es uno de los problemas de las llamadas discapacidades invisibles, y por lo tanto, felicito a esta Cámara por recordar esta fecha. Gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Mesta.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Vamos a ceder el uso de la tribuna, conceder el uso de la tribuna al diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, para referirse a la efeméride de la firma de los acuerdos de San Andrés Larrainzar. Adelante, diputado.
El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, hoy se cumplen 21 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar. Documento fundamental que expresa las demandas y aspiraciones de los pueblos indígenas de México en su permanente lucha por el reconocimiento de sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales.
Los Acuerdos de San Andrés son el resultado del movimiento zapatista que cimbró la conciencia nacional cuando nuestros hermanos tzeltales y tzotziles tuvieron que recurrir a las armas para reclamar justicia, libertad y una vida digna.
Para la pacificación del conflicto, el 16 de febrero de 1996 se firmaron los Acuerdos, reconociéndose los derechos y las culturas de los pueblos originarios de México, de los que se derivó la reforma al artículo 2 constitucional en el 2001, que constituyó un avance histórico, porque asume la composición pluricultural de la nación sustentada en los pueblos originarios.
Su derecho a la libre determinación y a la autonomía para decidir sus formas de convivencia y organización social, así como el ejercicio pleno de sus sistemas normativos internos.
La reforma al artículo 2 de nuestra Carta Magna reconoció de igual forma el derecho de los pueblos y comunidades indígenas al desarrollo integral y mandató la obligación de las instituciones del Estado para garantizar ese derecho, así como diseñar, ejecutar y evaluar las políticas y programas de desarrollo integral de manera conjunta con los pueblos originarios.
A 21 años de tal hazaña no se ha cumplido del todo el mandato del artículo 2o. constitucional, porque el modelo de desarrollo privilegia a las acciones asistencialistas y no al desarrollo sustentable, sostenible y autogestivo, con identidad a partir de las vocaciones y potencialidades de los pueblos.
Por ello, resulta imperativo impulsar la productividad, reactivar las actividades agropecuarias y desechar las políticas que inhiben la creatividad de los pueblos indígenas y generan dependencia, porque la pobreza solo se combate generando riqueza.
Impulsar el proceso de armonización de los instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas con nuestra Carta Magna. Sobre todo en temas fundamentales como el derecho a la consulta indígena, previa, libre e informada y el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público.
Señoras y señores legisladores, los pueblos indígenas de México han luchado permanentemente por el reconocimiento de sus derechos fundamentales. La historia nacional registra innumerables movimientos indígenas para exigir mejores condiciones de vida, respeto a sus territorios y a su dignidad humana.
También ha manifestado su inquebrantable voluntad de lucha en defensa de la soberanía nacional, como lo hicieron en la gesta de Independencia al lado de Miguel Hidalgo y Morelos. Lo mismo que en la guerra contra la intervención francesa y durante la Revolución mexicana.
Es una verdad histórica que nuestras hermanas y hermanos indígenas han dado fuerza y legitimidad a las grandes transformaciones de México, sin embargo, han quedado al margen de los beneficios del desarrollo y han sido excluidos de los espacios de representación política.
Por ello, como un acto de justicia el Congreso de la Unión el gobierno de la República y los gobiernos de los estados deben retomar el compromiso político y moral de reconocer los derechos económicos, políticos, sociales y culturales de los pueblos y comunidades indígenas, y dar verdaderas respuestas a sus exigencias de desarrollo y bienestar, sobre todo una nueva relación basada en el reconocimiento de sus derechos para garantizar el ejercicio pleno de su libre determinación y autonomía.
Éste es el momento para dar respuestas contundentes a los añejos reclamos de quienes nos legaron este gran país y dieron rostro propio e identidad a nuestra nación. Hagamos que las leyes que aprobamos en esta Cámara, se traduzcan en políticas públicas que hagan posible una verdadera justicia social para que nunca más la desesperanza de nuestros hermanos y hermanas indígenas, los orille a tomar nuevamente las armas. Muchas gracias.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras, diputados. Quiero comenzar mi intervención mencionando sobre esta efeméride de los Acuerdos de San Andrés, y yo les exhortaría y les pediría a todos y a todas, a que dejemos las palabras falsas y promesas que nunca se han cumplido.
El Estado mexicano le ha quedado a deber muchísimo a nuestros pueblos originarios. ¿Y por qué digo esto? Hoy que celebramos esta efeméride muchos se golpean el pecho y dicen que están a favor de los derechos de los pueblos indígenas, pero en la práctica eso es falso. ¿Y por qué digo que es falso? Porque esta Cámara se ha negado a reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público.
Una de las principales demandas en los Acuerdos de San Andrés era justamente esto, la personalidad jurídica. Basta ya de creer que con programas sociales que nada más manipulan, controlan y dividen a nuestros pueblos, van a acabar con la problemática.
La estrategia que ha llevado el gobierno actualmente ha fracasado. ¿Y por qué digo esto? Porque del total de población de nuestros pueblos indígenas, el 70 por ciento vive en la pobreza. ¿Y eso por qué se explica? Porque los programas sociales no han servido para sacar de la pobreza a nuestra gente, sino únicamente para hacer que sigan en ese estado y la puedan manipular y controlar para las elecciones.
Basta ya, compañeros, de simulación, hipocresía e incongruencia. No podemos seguir permitiendo ese tipo de atracos contra nuestros pueblos. Necesitamos darles reconocimiento jurídico. Más que una efeméride, más que una celebración, se necesita reconocer este derecho de nuestros pueblos. Nuestros pueblos exigen derechos no migajas del poder.
Es por ello que hemos visto cómo ha fracasado esta intención del gobierno, porque en los estados donde hay más indígenas, son más pobres. Yo vengo del estado de Chiapas, justamente del estado donde un pueblo digno se levantó en el 94 luchando por sus derechos, luchando por la dignidad. Pero lamentablemente hoy seguimos en las mismas circunstancias. Hoy en Chiapas el 77 por ciento de la población vive en la pobreza.
Aprovecho esta oportunidad para denunciar desde la máxima tribuna de nuestro país lo que está ocurriendo en nuestra tierra. Hay hospitales sin medicamentos, sin insumos, sin dinero. Hay personas que están falleciendo porque no tienen los recursos para poder operarse o para poder comprar medicamentos.
Desde aquí le exijo al gobernador Manuel Velasco Coello, del Partido Verde y a todos los diputados del Verde y de Chiapas, a que dejemos la simulación y la hipocresía la hagamos a un lado y podamos atender la crisis que vive nuestro estado en salud.
Basta ya de la corrupción y la opacidad que ha llevado a Chiapas y que ha llevado a este país a la bancarrota y al lugar donde se encuentra. Basta ya del desvío de recursos que se está llevando a cabo en Chiapas y que se lleva en todo el país. No podemos seguir con un sistema corrupto y con opacidad, porque únicamente se está provocando la muerte de miles de chiapanecos y también de miles de mexicanos.
Nuestros pueblos originarios necesitan atención y necesitan una personalidad jurídica. No podemos seguir pensando en el estado hacia abajo. Tenemos que recordar que tenemos el mismo nivel de una manera horizontal, de una manera fraterna, de una manera de igualdad y de equidad.
Compañeros y compañeras diputados, les exhorto y les invito a que dejemos a un lado la hipocresía, la incongruencia y la mentira. Nuestros pueblos siguen en el abandono, y siguen ahí porque no ha habido voluntad para sacarlos.
Necesitamos darles derechos, necesitamos reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, y sobre todo en los estados más pobres como Chiapas, necesitamos que las autoridades dejen la corrupción y el desvío de recursos y se pongan realmente a trabajar. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez. Sonido en la curul de la diputada Verónica Delgadillo. Adelante, diputada.
La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Muchísimas gracias, presidente. Queremos manifestar que en Movimiento Ciudadano reconocemos la gran deuda histórica que tenemos con los pueblos indígenas, y coincidimos con el planteamiento de nuestro compañero en la importancia de transitar que lo que sucede el día de hoy con los pueblos indígenas, porque sólo son reconocidas como entidades de interés público y tienen que ser ya reconocidas como sujetos de derecho. Tenemos que, además de garantizar sus derechos y su libre autodeterminación celebrar los Acuerdos de San Andrés, aprobando iniciativas que ya están presentadas en este pleno.
Nuestro coordinador Clemente Castañeda presentó por segunda ocasión la iniciativa para el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Lamentablemente parece que nuestro compromiso en esta Cámara en torno a esta agenda se limita sólo a discursos.
Si queremos realmente conmemorar esos acuerdos, tenemos también que avanzar en la dictaminación y en saldar esa deuda histórica con los pueblos. Por eso invito a la comisión que está involucrada con la dictaminación, y a todos los que formamos parte de este pleno, que coincidamos con la idea de la deuda que tenemos y que tenemos que transitar de los discursos a las acciones concretas.
Y para finalizar sólo decir: si queremos realmente celebrar los Acuerdos de San Andrés, necesitamos aprobar esta iniciativa que busca convertirlos como sujetos de derecho. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Verónica Delgadillo.
El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (15:13 horas): No habiendo más intervenciones en este tema, se levanta la sesión y ce cita para la que tendrá lugar el martes 21 de febrero del 2017, a las 11 horas.
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