Comunicaciones
Minuto de silencio por el fallecimiento de la señora Emma Gabriela Molina Canto
Iniciativas
Recibidas y turnadas a comisiones
Víctor Ernesto Ibarra Montoya, PANa
Alicia Barrientos Pantoja, Morena
Luis Ernesto Munguía González, PMC
Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, PRI
Sara Paola Galico Félix Díaz, PVEM
Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Morena
Cynthia Gissel García Soberanes, PES
Acuerdo de la Junta, con cambios en comisiones
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 437 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (14:42 horas): Se abre la sesión.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden de día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidente, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se dispensa la lectura.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidente, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se dispensa su lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidente, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobada el acta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Esta Presidencia comunica que, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se realizó modificación de turno de diversos asuntos, mismos que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con el trámite correspondiente. Actualícense los registros parlamentarios. Continúe.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibieron de los diputados Jesús Sesma Juárez, Waldo Fernández González, Yarith Tannos Cruz, Luis Agustín Rodríguez Torres, Víctor Manuel Sánchez Orozco y Verónica Delgadillo García, solicitudes de retiro de iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena (desde la curul): Presidenta.
El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul del diputado Joaquín Díaz Mena. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena (desde la curul): Gracias, presidenta. Para hacer del conocimiento de esta Cámara la preocupación que hay en el estado de Yucatán debido a recientes feminicidios ocurridos, que han causado una gran indignación en la población. En especial, tres de la semana pasada, incluido el de Emma Gabriela Molina Canto, una madre que luchó por la custodia de sus hijos durante muchos años contra su exesposo Alberto Medina Sonda, operador financiero en el gobierno priista de Tabasco, con Andrés Granier.
A pesar de que el Sistema Nacional de Víctimas advirtió del peligro que corría, esta mujer fue asesinada la semana pasada, el día de ayer, en la puerta de su casa y en presencia de una de sus hijas.
Exigimos desde esta Cámara al gobierno de Yucatán la emisión del protocolo de feminicidio y la altera de género, y poner un alto a la violencia contra las mujeres, en especial aquellas que pidieron y suplicaron ayuda al gobierno del estado, ayuda que no fue escuchada.
El gobierno de Yucatán endeudó con mil 500 millones de pesos para el escudo Yucatán, cosa que no está sirviendo de mucho. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Queda asentada su expresión.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del diputado Ramírez Marín.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Gracias, presidenta. Los que tratamos de permanecer lejos del oportunismo político, bajuno, rastrero y miserable. Los que tuvimos el gusto de conocer a Emma Gabriela, los que sabemos las razones que llevaron a su muerte, los que sabemos lo poco que hacemos por las mujeres, quisiéramos simplemente pedirle a esta Cámara un minuto de silencio en su memoria.
Lo merece. Efectivamente, luchó tres años por sus hijos y solo pudo disfrutarlos dos. Pedimos que el crimen no quede impune, el gobierno de Yucatán tiene ya dos detenidos sobre este crimen. Queremos que se llegue hasta las últimas consecuencias y ojalá que un poco con respeto a su memoria no haya quien trate de aprovecharse políticamente de ello. Por favor, concédanos un minuto de silencio.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sí, diputado Ramírez Marín. Se concederá el minuto de silencio en el momento adecuado.
La diputada Kathia María Bolio Pinelo (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor en la curul de la diputada Kathia Bolio.
La diputada Khatia María Bolio Pinelo (desde la curul): Muy buenas tardes, presidenta. Muchas gracias. Yo quisiera decirle a mi compañero diputado de Yucatán, que aquí no existe ningún oportunismo político. Yo presenté el 7 de abril de 2016, hace un año, presenté un exhorto al gobernador constitucional del estado de Yucatán y de Quintana Roo...
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El asunto no está a debate.
La diputada Khatia María Bolio Pinelo (desde la curul): ... por el alto número de mujeres fallecidas...
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: ...simple y sencillamente se ha dado lugar a la expresión de todos los que lo han solicitado.
La diputada Khatia María Bolio Pinelo (desde la curul): ...la CNDH tenía ya una alerta de género y la recomendación, el gobierno del estado no la acató...
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: No está a debate, diputada Bolio.
La diputada Khatia María Bolio Pinelo (desde la curul): ...hace un año la presenté. Aquí no hay oportunismo, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputada, el asunto no está a debate.
La diputada Khatia María Bolio PInelo (desde la curul): Aquí está el tiempo, un año pidiendo justicia para Emma.
El diputado Exaltación González Ceceña (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor en la curul del diputado Exaltación González.
El diputado Exaltación González Ceceña (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Para expresar que a raíz del boicot lanzado a principios del mes de marzo, por ambientalistas estadounidenses en contra de los productos del mar mexicano, con el argumento de proteger el hábitat de la vaquita marina, pescadores y el pueblo de San Felipe, Baja California están muy preocupados por la situación de incertidumbre que están viviendo y por la falta de respuesta del gobierno federal en su exigencia de que acabe la veda de la pesca que se impuso en el alto golfo de California.
El próximo 30 de marzo, es decir pasado mañana, aproximadamente 600 pangas, tanto del golfo de Santa Clara en Sonora, como de San Felipe, Baja California, se alzarán contra las embarcaciones ambientalistas que se encuentran en el mar de Cortés para expulsarlos ante la falta de actuar de las autoridades federales.
Exigimos al presidente de la República, que actúe en favor de los pescadores y de las familias mexicanas, que responda a la pregunta, sobre cuál es el dictamen técnico de nuestras dependencias donde se específica que las redes camaroneras interactúan con la vaquita marina. No debemos permitir –y termino, presidenta– que extranjeros quieran manipular a nuestro país con la presencia de embarcaciones que inhiben las actividades productivas.
Esperamos la respuesta del gobierno federal para la protección del pueblo de San Felipe. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Queda asentada su expresión, diputado Exaltación González. Sonido por favor en la curul de la diputada Mirza Flores Gómez:
La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Presidenta, muy buenas tardes. Quiero sumarme a la petición del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. También es reprobable que cualquier fracción parlamentaria o cualquier expresión política quiera colgarse de esta tragedia.
Esto no tiene que ser un botín político. Tiene que llamarnos a la reflexión del sistema judicial en este país, tan deficiente, que no está haciendo nada por las mujeres y nos siguen matando en las calles a manos del machismo y del patriarcado.
Aquí es un momento de reflexión, de luto, y el minuto de silencio es para Ema Gabriela y todas las demás mujeres en este país, asesinadas a manos del machismo. Gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada. Se concede el minuto de silencio en memoria de la señora Ema Gabriela Molina Canto. Solicito ponernos de pie para conceder este minuto.
(Minuto de silencio)
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tomen asiento por favor.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Continúe por favor la Secretaria.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibió oficio de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral con el que remite el Informe de resultados relativos a los trabajos de verificación de apoyo ciudadano, y del ejercicio muestral, respecto a la iniciativa ciudadana de reforma de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De enterado.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibió de la ciudadana Ivonne Aracely Ortega Pacheco, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibieron de diversas autoridades 21 contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento, y a los promoventes.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibió del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Informe de labores 2016.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Remítase a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibió oficio de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, con el que remite su Informe anual de actividades correspondiente al ejercicio 2016.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Remítase a las comisiones de Gobernación y de Radio y Televisión, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se recibieron de la Cámara de Senadores los siguientes asuntos:
Acuerdo por el que solicita a la Cámara de Diputados y a diversos organismos establecer mesas de trabajo con la finalidad de identificar montos requeridos y planificar con miras al ejercicio fiscal 2018, la asignación de recursos para la atención del cáncer de próstata desde el Anexo 13 Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Remítase a las comisiones de Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Oficio por el que comunica que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el Acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha el Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 17 Bis a la Ley de Puertos.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De enterado.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: La Cámara de Senadores devuelve para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional, los siguientes expedientes:
1. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 46, primer párrafo, y 48, fracción I de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Marina y de Transportes, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: 2. Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, de Radio y Televisión, para dictamen.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Un momento, por favor, secretaria. Sonido, por favor, en la curul de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Diputada, para denunciar la opacidad del Congreso del estado de Morelos, ya que su portal de internet tiene días sin funcionar. Pareciera que están escondiendo toda la serie de reformas realizadas entre ellas, subastar las reservas territoriales del estado y muchas otras que se han aprobado durante este período legislativo en perjuicio de los morelenses.
No es justo que un Congreso trabaje en lo oscurito, por lo que hago un llamado a la transparencia y la rendición de cuentas por parte del Congreso local de Morelos. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Queda asentada su expresión, diputada Cuata Domínguez. Continúe, por favor, secretaria.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: 3. Con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes minutas:
1. Con proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara el 10 de abril de cada año, como el Día Nacional del Redactor de los Medios de Comunicación.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: 2. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley del Servicio Postal Mexicano.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: 3. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Marina y de Transporte, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: 4. Con proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara el 26 de octubre de cada año, como el Día Nacional de Prevención de Quemaduras.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: 5. Con proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara el 29 de noviembre de cada año, como el Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: 6. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 4, 62, 64 y 68 de la Ley de Aviación Civil, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: 7. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de la Ley del Registro Público Vehicular y de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: 8. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes iniciativas:
1. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Derechos, presentada por la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: 2. Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 34 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres; y 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Igualdad de Género, para dictamen.
La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: 3. Con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 205 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se recibió de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Se recibió iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 6 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Verde Ecologista, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Nueva Alianza. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Alberto Silva Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración.
El diputado Alberto Silva Ramos: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hace unos días, con motivo de un encuentro que sostuvo con la comunidad libanesa en nuestro país, el presidente Enrique Peña Nieto señaló: Con las migraciones viajan las tradiciones y las ideas, los conocimientos, los adelantos tecnológicos, los valores y las aspiraciones. Las culturas se revitalizan y enriquecen cuando conviven entre sí.
Las palabras del presidente no pueden llegar en un mejor momento. Un país que se cierra en su propia cultura y que no se enriquece con el contacto con otras, está condenado a desaparecer o extinguirse. Hoy el mundo está volteando a ver a México y observa cómo enfrentamos nuestros problemas.
El mundo está mirando a un país resuelto, a un país con dignidad, a un país que está decidido a ejercer plenamente su derecho soberano y de buscar, a través del diálogo, la relación más positiva que pueda con cualquier otra nación.
A nadie escapa la importancia de este momento para México y de manera muy particular para los mexicanos en lo que tiene que ver con el futuro de la relación con los Estados Unidos de América.
Es en esta coyuntura en donde es necesario señalar que México se está convirtiendo en un país de inmigración global. El fenómeno es tan real que hace unos meses el periódico The New York Times publicó un reportaje titulado “México es la nueva tierra de oportunidades para migrantes”. El reportaje habla de la llegada de miles de ciudadanos de todas parte del mundo que llegan a México a diario en busca de nuevas y mejores oportunidades de vida.
Aunque este fenómeno se viene presentando en la última década, la realidad es que en México el porcentaje de los extranjeros no supera el 1 por ciento de la población, mientras que en los países que integran la OCDE el promedio es de 13 por ciento.
Históricamente México se ha visto enormemente favorecido por los movimientos migratorios provenientes de diferentes latitudes del mundo, entre ellas la española, la judía, la libanesa y la centro y sudamericana, solo por poner algunos ejemplos que han enriquecido a nuestra nación de manera preponderante.
México lo ha hecho antes y debe hacerlo ahora, fomentando el intercambio cultural con los ciudadanos de otras naciones para enriquecernos como país, desde una perspectiva incluyente, respetuosa de los derechos humanos y promotora de las libertades fundamentales de las personas.
Una política de esta naturaleza debe privilegiar la llegada de los cuadros más capacitados, de personas dotadas con la suficiente solvencia intelectual y técnica para ser adoptada y reproducida en beneficio de nuestra sociedad, tal y como lo hacen otras naciones, entre ellas los Estados Unidos de América.
Dado el éxito obtenido por nuestro vecino del norte en materia de atracción de capital humano, valdría la pena preguntarnos: ¿qué es lo que podemos hacer para atraer talento a nuestro país, tal y como ya se ha hecho en otras etapas de nuestra historia, para así mejorar la competitividad, promover la innovación, fomentar la cultura y promover la recuperación de nuestra economía?
La respuesta a dicha pregunta para necesariamente por ampliar nuestra mirada al mundo y asumirnos como parte de una comunidad global, en la que el conocimiento transita de manera acelerada.
Lo que se impone es la formulación de políticas públicas tendientes a modernizar las reglas que rigen el tránsito de personas, a efecto de permitir la llegada de talentos, de una manera tal que se aproveche el prestigio de nuestras universidades y se genere un sano equilibrio entre investigadores, científicos nacionales y extranjeros, a efecto de satisfacer las demandas de la sociedad.
Es por ello que proponemos la adición de los artículos 76-1 a 76-6 a la Ley de Migración, para establecer que el Ejecutivo federal constituya un fideicomiso de fomento a la migración para la innovación, la ciencia y la cultura, el cual tenga como objetivo incentivar la migración hacia nuestro país de aquellos ciudadanos extranjeros que cuenten con experiencia, conocimientos y capacidades suficientes para contribuir de manera significativa al engrandecimiento de nuestra cultura, así como en los ámbitos ya señalados.
Ante la coyuntura de un mundo globalizado y ante los retos que implica construir una nueva relación con nuestro vecino del norte, México debe apostar por la apertura y no al proteccionismo, por abrir de nueva cuenta sus puertas a hombres y mujeres nacidos en otras naciones cuyo talento, sin lugar a dudas, coadyuvará a la construcción de un México más grande y más fuerte. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adicione el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil.
El diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya: Muy buenas tardes. Con su venia, mí diputada presidenta. A mis amigas diputadas y diputados, en Acción Nacional basamos nuestras acciones en la solidaridad responsable entre la sociedad y la persona individual.
La iniciativa que hoy presento pretende apoyar a un sector de la población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, de las personas con discapacidad. Como legisladores, tenemos la responsabilidad de garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad, en un marco de respeto, de igualdad, de equiparación de oportunidades, para así asegurar, de manera íntegra, el éxito de los objetivos consagrados en nuestra Constitución.
Además, debemos recordar que nuestro país ha suscrito una serie de instrumentos internacionales, con el objetivo de que todos los individuos encuentren garantizados sus derechos humanos a la luz del derecho internacional.
Entre los instrumentos, se encuentra la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual busca que los estados lleven a cabo medidas para eliminar las prácticas discriminatorias contra las personas que cuentan con alguna discapacidad.
En las últimas décadas, este grupo vulnerable ha incrementado paulatinamente su participación en la vida económica y social del país. No obstante, aún hay pendientes que debemos de atender, su condición no ha sido reconocida debidamente como parte de la diversidad que componen en toda sociedad.
En el PAN, reconocemos la necesidad de atender a los grupos vulnerables, entre ellos, las personas con discapacidad, y estamos convencidos de que debemos proveerles un apoyo extra para que puedan salir adelante.
En este sentido, la presente iniciativa con proyecto de decreto busca adecuar la Ley de Aviación Civil con el objeto de facultar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que pueda suscribir convenios en líneas aéreas que operen en el país para otorgar descuentos a las personas que cuenten con una discapacidad en las tarifas de servicios, los cuales ellas ofrecen.
Compañeras y compañeros diputados, en Acción Nacional siempre hemos impulsado medidas que favorezcan el desarrollo integral de todos y cada uno de los miembros de la comunidad.
Hoy, en aras de asegurar el fortalecimiento de nuestra sociedad, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el párrafo sexto del artículo 42 de la Ley de Aviación Civil para fijar descuentos de tarifas a favor de personas con discapacidad.
Lo anterior permite que el Estado mexicano atienda de manera puntual los compromisos internacionales, con el fin de garantizar de manera íntegra la inclusión de toda la sociedad.
Debemos de ser sensibles ante cualquier persona que necesita apoyo. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Transportes para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 40, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15 C y 540 de la Ley Federal del Trabajo.
La diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Con la venia de la presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el desarrollo económico de México ha requerido esquemas financieros estratégicos para las diversas industrias. La globalización de sus operaciones convierte al derecho laboral y fiscal en un complejo entramado.
En la subcontratación conocida también como outsourcing existen vacíos legales que son materia de la presente iniciativa, cuyo fin es dotar de bases sólidas y características particulares para su regulación y con ello evitar sus ambigüedades.
La prioridad de esta reforma es el respeto a los derechos de los trabajadores y el impedimento de la simulación fiscal a través de prácticas indebidas. Por ello, se propone alinear los procesos legales para el registro, inspección y certificación de las empresas que se dedican a esta actividad y de quienes contratan estos servicios.
No podemos soslayar que de 2008 a 2014 el Servicio de Administración Tributaria detectó 512 empresas con prácticas de outsourcing indebido, que habían realizado operaciones por un valor de más de 198 mil millones de pesos, con más de 29 mil clientes o compañías que les trasladaron sus nóminas.
La Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria estimó hasta este momento que las firmas de outsourcing indebido evadieron impuestos por más de 79 mil millones de pesos, equivalentes al 40 por ciento del valor de los contratos y que se afectaron a más de 230 mil empleados.
En aquel momento se anunció la conformación de un grupo integrado por representantes del SAT, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores y de la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores, para intercambiar información y determinar acciones que permitieran combatir el problema. Lo cierto es que no se cuenta con datos públicos al respecto.
La importancia en cuanto a la realización de actos de fiscalización y auditorías del Servicio de Administración Tributaria en materia de outsourcing deriva de la utilización de esta figura prácticamente en todos los giros de la actividad laboral, así como su vinculación con operaciones simuladas y defraudación, sancionadas por el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal.
A pesar de que en los últimos 3 años la Secretaría de Trabajo y Previsión Social realizó más de 394 mil visitas a empresas dedicadas a esta función, las inspecciones para subcontratistas no están contempladas en la legislación, por lo que actúan libremente.
En consecuencia, lo que hoy vengo a proponer es la elaboración del padrón de empresas dedicadas a la prestación de servicios de subcontratación y sus beneficiarias, la realización de inspecciones que debe contener el Reglamento General de Inspección del Trabajo y la aplicación de sanciones; así como la certificación y el cumplimiento de requisitos que establezca la norma oficial mexicana. Y ante presuntas irregularidades, la aplicación de la normatividad correspondiente por los delitos a que se refieren el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal.
Ello contribuirá para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores contratados bajo esta figura jurídica: impedir la evasión fiscal y la simulación de actividades, propiciar un mercado de empresas serias y profesionales y comprometidas en otorgar estos servicios legalmente, orientar las diligencias de inspección sobre la base de una normatividad específica al crearse la norma oficial mexicana y prever sanciones disuasivas para empresas que incumplan la legislación en materia laboral y fiscal.
Finalmente, si uno de los primeros derechos del ser humano es el trabajo digno, así como el acceso a la seguridad social, garanticemos con estas reformas un estado de bienestar mínimo para el trabajo y su familia y el desarrollo económico y social que requiere nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Pool Pech. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Mario Machuca Sánchez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Mario Machuca Sánchez: Con su permiso, presidenta; compañeras y compañeros diputados. La iniciativa que hoy presento responde a la necesidad de establecer una estructura equitativa en el sistema fiscal para fortalecer las finanzas de los mexicanos y en este caso muy particular de los trabajadores.
La miscelánea fiscal que año con año se aprueba requiere de un replanteamiento de la política recaudatoria que fomente el crecimiento económico, la inversión y el consumo en el mercado interno en beneficio, como lo dije hace un rato, de los trabajadores sin prejuicio de las empresas.
A partir de la reforma fiscal del año 2014, se incorporaron límites deducibles a los empresarios de entre los cuales hoy no es deducible de muchos pagos ciertas prestaciones por los trabajadores, a las que nosotros conocemos como prestaciones de previsión social.
Estas, llámense vales de despensa, fondo de ahorro, gratificaciones por productividad, por competitividad, todas estas hasta por la cantidad que resulte de la aplicación de un factor que es el 053 en el monto de dichos pagos, o el 047 también para estas prestaciones cuando se hayan disminuido respecto al ejercicio fiscal del año anterior inmediato, es lo único que las empresas pueden deducir.
Como sabemos, las prestaciones sociales se entregan como un derecho adquirido por los trabajadores y sirven para motivar precisamente al trabajador mediante este estímulo económico, que es una contraprestación que beneficia al trabajador para poder sentirse satisfecho de su esfuerzo adicional, sobre todo hoy que hablamos de competitividad.
Esto satisface al trabajador pero también le da la oportunidad a la empresa de tener empleados satisfechos laboralmente hablando y generar un mayor crecimiento económico y elevar la calidad de vida de sus trabajadores y de las familias.
Lo anterior es acorde a lo que ha venido señalando el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su programa por la productividad y también la Ley para el Impulso al Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, que establece una política nacional de fomento económico dirigida precisamente a impulsar esta productividad.
En este contexto, la iniciativa que hoy vengo a presentar pretende derogar la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para establecer una estructura equitativa, ya que ante la difícil situación económica que atraviesa el país y al haber una disminución en su perspectiva de crecimiento, es necesario el replanteamiento tributario buscando que se fortalezca la economía, reitero, en beneficio de los trabajadores.
Requerimos ser congruentes con los objetivos y prioridades nacionales, por ello la iniciativa que aquí proponemos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista propone precisamente la deducibilidad del 100 por ciento de las prestaciones de previsión social de los trabajadores, como se llevaba a cabo hasta antes de la reforma de 2014, y así lograr una reducción en la carga tributaria de las empresas en beneficio de los trabajadores.
Esto, llegando al Plan Nacional de Desarrollo, como así lo menciona, para el 2013-2118 que propone hacer más equitativa la estructura impositiva para mejorar la distribución de la carga fiscal y adecuarla a un marco legal.
Compañeras y compañeros diputados, el llevar este proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en conclusión es deducir las prestaciones para las empresas en beneficio de los trabajadores. Muchas gracias, es cuanto.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Machuca Sánchez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Saludamos con mucho gusto a jóvenes universitarios de la UNITEC Campus Toluca, invitados a este recinto legislativo por el diputado Carlos Iriarte Mercado, del Grupo Parlamentario del PRI. Sean ustedes bienvenidos.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 74 y 146 A del Código Fiscal de la Federación.
La diputada Alicia Barrientos Pantoja: Con su venia, presidenta. En el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, se indica que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público podrá condonar hasta el 100 por ciento de las multas por infracción a las disposiciones fiscales. Sin embargo el SAT no cuenta con una planeación específica, objetivos, metas o estrategias relacionados con el proceso de determinación, inventario, seguimiento y cobro de los créditos fiscales de baja probabilidad de cobro.
De lo anterior es posible decir que tampoco existen indicadores que permitan establecer una relación entre el abandono de las acciones de cobranza y la recaudación de más recursos, lo cual también resulta indispensable para poder determinar si las cancelaciones de créditos fiscales impactan de algún modo en la eficiencia recaudatoria del SAT.
Sin duda la falta de información sobre los impacto de las condonaciones, impide que podamos evaluar cuál es el beneficio para la sociedad de no perseguir los grandes adeudos hasta sus últimas consecuencias.
Si bien es cierto que el Estado puede hacer uso de la condonación para procurar otros beneficios económicos, se necesita más que el anuncio de buenas intenciones para poder determinar si dichas políticas son formuladas de manera proporcional a los fines que pretenden alcanzarse, y los programas de condonación que han tenido mayor impacto en las finanzas públicas como los programas masivos de 2007 y 2013 fueron propuestos y aprobados sin analizar ni evaluar el impacto real que este tipo de programas generarían en términos recaudatorios.
Esta situación provocó que en un pequeño grupo de contribuyentes a quienes nunca se les pudo cobrar de manera ordinaria un crédito de importe significativo, fueran los principales beneficiados de ambos programas.
El perdón de créditos debe percibirse como un evento único, extraordinario y de difícil acceso, ya que su repetición periódica puede incentivar a que los contribuyentes prefieran eludir sus obligaciones bajo la expectativa de que algún día sus adeudos serán perdonados.
En años anteriores la ausencia de mecanismos de control y seguimiento provocaron la pérdida de grandes cantidades de recursos públicos.
La Auditoría Superior de la Federación identificó a un grupo de contribuyentes a los que no se les realizaron suficientes acciones de fiscalización durante el tiempo que transcurrió entre los programas de condonación. En palabras de la Auditoría Superior de la Federación, el hecho de haber realizado actos de fiscalización no impidió que estos contribuyentes omitieran el pago de algunas de sus contribuciones que el SAT no identificó en sus revisiones, por lo que los contribuyentes pueden generar estrategias fiscales de no pago.
La política tributaria debe enfocarse en generar la mayor cantidad de recursos para poder financiar la realización de los derechos, combatir la concentración de la riqueza y fomentar un mejor ejercicio de rendición de cuentas entre la ciudadanía y las instituciones.
En conclusión, la transparencia, participación y rendición de cuentas deben ser contempladas en todos los procedimientos del ciclo de la política fiscal. Asimismo, el diseño e implementación de políticas capaces de generar y recuperar los ingresos.
Es por ello que pongo a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa para reformar los artículos 74 y 146 A del Código Fiscal de la Federación, con el objeto de establecer como obligación del SAT hacer públicas las reglas de carácter general, los requisitos y supuestos por los cuales procederá la cancelación o condenación de créditos fiscales, así como la forma y plazos para el pago de la parte no condonada.
De acuerdo al principio de máxima publicidad enunciado en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo dará aviso al órgano de control interno que corresponda adjuntando la evaluación jurídica y económica que justifique la condonación de los créditos, así como las acciones que fueron realizadas para su recuperación. Para la condonación de los créditos el SAT realizará una planeación específica que incluya objetivos, metas, estrategias e indicadores de impacto de cada uno de los créditos condonados.
Con ello se abre la posibilidad de conocer cuáles son los criterios y las razones particulares que el SAT, para realizar las condonaciones, y la Auditoría Superior de la Federación podrá tener información para valoración y dictaminaría si estas condonaciones o cancelaciones son deliberadamente discriminatorias o si se realizan con la intención de beneficiar a ciertos segmentos de contribuyentes.
La aplicación del principio de máxima publicidad aportará una mayor transparencia en la rendición de cuentas. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Barrientos. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y 3 de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Luis Ernesto Munguía González: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, desafortunadamente en México, como en otros países, existen muchas formas de discriminación, motivada por todo tipo de diferencias entre las personas.
Para los profesionistas que se encuentran en la difícil tarea de conseguir un empleo es muy común encontrar en las ofertas de empleo la siguiente leyenda: se solicita profesionista, preferentemente egresado de las universidades privadas equis, ye o zeta. A pesar de ser una forma de discriminación muy evidente, es muy común ver ese tipo de ofertas emitidas por todo tipo de empresas.
La libertad de la empresa para elegir al personal con sus propios criterios, buscando los mayores estándares de calidad, debe prevalecer. Pero, pensar que ser egresado de universidades privadas es sinónimo de calidad en la formación y serlo de universidades públicas es sinónimo de lo contrario, es sencillamente un prejuicio.
La universidad de la que se es egresado es indicador del origen socioeconómico y no de las capacidades académicas. Si una empresa quisiera asegurarse de obtener la mayor calidad en su plantilla laboral debería asegurarse de examinar a los aspirantes y no descartar de un plumazo a los egresados de las universidades públicas, que en nuestro país son más del 60 por ciento de los egresados de nivel profesional.
La libertad para seleccionar al personal que mejor convenga a las necesidades de la fuente de trabajo jamás puede ser interpretada como libertad para discriminar. Esta forma de discriminación no solo afecta a los egresados de universidades que se vean segregados en los procesos de reclutamiento, sino que afecta directamente a la educación pública, toda vez que el estudiante al elegir universidad también elige la forma de discriminación de la que será objeto.
De acuerdo con una encuesta difundida por la Revista Latinoamericana de Educación Superior, los sueldos que perciben los egresados de universidades públicas son menores que las de las privadas, y al mismo tiempo las tasas de desempleo que enfrentan son mayores.
Por último, en los puestos directivos resultaron mucho mejor posicionados los encuestados egresados de universidades privadas, con un 39.6 por ciento, mientras que los egresados de universidades públicas solo alcanzaron el 7.4 de puestos directivos.
A pesar de que tanto en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, como en la Ley Federal del Trabajo y el Convenio sobre la Discriminación, de la OCDE, en 1958 prohíben vagamente la discriminación por motivos socio-económicos para acceder a un empleo, la realidad muestra que es necesario establecer una prohibición específica.
Es por ello que propongo ante esta Cámara de Diputados el reformar el artículo 9, fracción III, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como el 3o de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo el texto de la siguiente forma.
Se entiende que se restringen las oportunidades de acceso al empleo de forma discriminatoria entre otros motivos, cuando en los procesos de reclutamiento de personal profesional, o en las publicaciones o avisos que se hagan con esta finalidad, se establezca como un requisito el ser egresado exclusiva o preferentemente de universidades públicas o privadas, o el serlo de alguna o algunas en particular.
De este modo estaremos eliminando un obstáculo más en el difícil futuro de nuestros jóvenes estudiantes y de aquellos que son egresados y enfrentan todo tipo de retos. Que no sea esta forma de discriminación solapada por nuestro silencio, un obstáculo más.
Mantendremos postura firme contra cualquier forma de discriminación, porque ver por el presente de nuestros profesionistas y el futuro de nuestros estudiantes es amar a México. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Munguía González. Túrnese a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 28 de la Ley de Asistencia Social.
La diputada Angélica Reyes Ávila: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, les saludo con respeto y con afecto.
Someto a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo tercero del artículo 4o. y el inciso c) del artículo 28, ambos de la Ley de Asistencia Social.
Día a día se suscitan cambios en las distintas legislaciones nacionales, muchos de los cuales dependen del contexto político, económico y social del ámbito a regular. En este entendido, un cambio importante es al marco normativo nacional en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Se dio en el año 2014, cuando se concluyó en la necesidad de abrogar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para dar vida jurídica a una nueva ley denominada Ley General de los Derechos de Niñas, de Niños y Adolescentes.
Es de mencionar que en términos generales ambas legislaciones tienen el mismo propósito, el cual consiste en proteger los derechos de este grupo de la población.
No obstante, los artículos 4o. y 28 de la Ley de Asistencia Social demuestran que en la actualidad persiste una desarmonización jurídica entre esta legislación y la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes.
Su carácter transversal demanda la realización de adecuaciones legislativas, a fin de modificar aquellos preceptos que contravengan lo estipulado en dicha ley general, entre los que se encuentra el ámbito del desarrollo social.
Es preciso establecer en el párrafo tercero del artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social que se consideran como niñas y niños a los menores de 12 años y como adolescentes aquellos de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, tal como lo establece actualmente el artículo 5 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, de los Niños y los Adolescentes.
Al respecto, he de destacar que esta última amplió el paradigma nacional de los menores, ya que su objetivo principal consiste en reconocer explícitamente a las personas menores de 18 años como titulares de sus derechos.
Atendiendo el interés superior de la niñez, creemos oportuno establecer en el artículo 28 de la Ley de Asistencia Social lo que dispone la multicitada Ley General.
En Nueva Alianza, pugnamos por una coherencia legislativa que clarifique las discrepancias en la norma, por ello, optamos por armonizar ambas leyes, considerando como fin superior coadyuvar en la garantía de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Reyes Ávila. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley del Banco de México.
La diputada Melissa Torres Sandoval: Con su venia, diputada presidenta. El buen funcionamiento de nuestras instituciones depende en gran medida de los conocimientos y experiencias de las personas que las encabezan.
Hay pocas instituciones que requieren conocimientos técnicos tan complejos, como lo son las instituciones financieras. La Ley del Banco de México señala cuáles son los requerimientos para ser miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México.
Uno de los requisitos es, no tener más de 65 años cumplidos en la fecha de inicio del periodo durante el cual desempeñará su cargo. Comprendo que la lógica de este requisito, es asegurar que al cargo llegue una persona en pleno uso de sus capacidades, para afrontar los retos y desafíos que exige una actividad tan demandante.
Me parece que en muchos centros de trabajo ha quedado demostrado que las personas de 65 años o mayores siguen siendo productivas, creativas, responsables y profesionales. Pongamos como ejemplo el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la edad no es una limitante para ejercer este cargo, se valora la experiencia y el conocimiento.
Con la limitante de la edad que actualmente existe se cierra la puerta a personas que, por su experiencia, pudieran contribuir a realizar un excelente papel como miembros de la junta de gobierno. Es decir, la actual disposición legal hace que se descarten personajes que han dedicado su vida al estudio de la economía y las finanzas de nuestro país.
Como lo señalé antes, para ser miembro de la junta de gobierno de una institución tan relevante, como lo es el Banco de México, se requiere de una gran experiencia y de conocimientos técnicos complejos. Por lo cual, me parece que la edad debiera ser un requisito de elegibilidad, pero a la inversa, es decir, debe establecerse una edad mínima para poder ocupar el cargo.
Recurro de nuevo al ejemplo de los ministros de la Corte, una labor tan delicada debe ser encomendada a una persona que demuestre ser una autoridad en la materia, que posea madurez y experiencia. Por ello se fija la edad de 35 años, edad mínima para ocupar el cargo, dado que lo que se busca es el contar con bases justas de elegibilidad de un miembro de la junta de gobierno del Banco de México, quien podría convertirse en aspirante a gobernador del mismo, propongo que se reforme la citada ley para establecer que la edad mínima para ocupar el puesto sea de 40 años.
A través de esta modificación legislativa se garantiza que el cargo sea ocupado por una persona capaz, con amplio entendimiento de las finanzas mexicanas y con una trayectoria ejemplar.
Las y los diputados de Encuentro Social tenemos un firme compromiso con la sociedad. Sabemos que el bienestar de las finanzas públicas impacta positivamente en los hogares mexicanos. Por ello, hoy queremos garantizar que las personas más capacitadas y competentes en la materia sean las que dirijan nuestro banco central. Es cuanto.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Melissa Torres. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29, 73 y 112 de la Ley de Migración, y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.
En una sola intervención presenta dos iniciativas. Asimismo, también la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión.
La diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez: Con su permiso, diputada presidenta. Estimados compañeros diputados y compañeras diputadas, vengo ante ustedes a presentar dos iniciativas que buscan enriquecer el marco jurídico para mejorar la calidad de nuestras niñas, niños y adolescentes de México.
La primera de ellas busca dar mayores herramientas a nuestras autoridades migratorias para atender a los menores de edad que cruzan nuestro país. Tiene como justificación las más de 38 mil niñas, niños y adolescentes migrantes de todas las nacionalidades, de los cuales más de 20 mil viajan solos.
Este interés es válido y legítimo por alcanzar mejores condiciones de vida. Conlleva enfrentar infinidad de obstáculos y lo tenemos claro. Es por ello que la legislación mexicana debe robustecerse, a fin de proteger sus derechos humanos. No podemos pedir lo que no estamos dispuestos a ofrecer.
Esta iniciativa, apoyada por legisladores de todos los grupos parlamentarios tiene el espíritu de hacer justicia a este grupo especialmente vulnerable. La vigente Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece lineamientos básicos; por lo que les pido su apoyo para llevar estas normas a la Ley de Migración, para armonizarla, adecuarla y de esta forma lograr un nuevo paradigma en la protección de los menores migrantes acompañados y no acompañados.
Hay quienes de manera populista, demagógica y con un discurso de odio buscan construir muros y anuncias medidas para separar a los menores de edad de sus familias. Hagámosles saber que en México tenemos otra visión de mundo, una incluyente y respetuosa, en donde la fortaleza de nuestro país radica precisamente en la solidaridad y pluralidad de nuestro pueblo. Hagámosles saber que en México cuentan con todos nosotros aquí en la Cámara de Diputados.
Por otra parte, la segunda iniciativa que presento promueve el establecimiento de una clasificación de videojuegos hecha por el gobierno mexicano. Se estima que cerca de 46.8 millones de mexicanos utilizan videojuegos, de los cuales la gran mayoría son menores de edad y es una cifra alarmante.
Hay que reconocer que los videojuegos pueden ser un estímulo afirmativo para el desarrollo de una persona, siempre y cuando enfrenten los retos acordes a su edad. Sin embargo, cuando estos rebasan su madurez y comprensión podrían ser contraproducentes y en muchos casos y en muchas familias está viviéndose esta situación.
A través de una clasificación de videojuegos mexicana se estarían reforzando los mecanismos con los que cuenta el Estado para proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes en México, así como existen clasificaciones para otros materiales audiovisuales como las películas o programas de televisión. Con la clasificación de videojuegos se dotaría a los padres de familia una herramienta más para decidir qué videojuegos son aptos para que sus hijos los tengan en casa.
Para lograr esta clasificación es indispensable dotar de facultades necesarias a la Secretaría de Gobernación para establecer lineamientos donde incluya una clasificación de videojuegos que se comercializan dentro del territorio nacional y que todos los días los vemos.
Diputadas y diputados, espero contar con su respaldo para probar estas dos iniciativas, uno de los principales motores que impulsan nuestro trabajo legislativo son nuestras niñas, niños y adolescentes en México. Pero quiero pedirles, hagamos una reflexión, cuántos padres de familia están al pendientes de los contenidos de los videojuegos que utilizan sus hijos en casa, hasta nosotros mismos lo hemos estado viviendo en nuestras casas, por eso les pido todo su apoyo para aprobar estas dos iniciativas.
Trabajemos por nuestros niños, niñas y adolescentes de México, son el presente y el futuro. Espero contar con su apoyo, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Gamboa Martínez. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen y a la Comisión de Asuntos Migratorios, concretamente...
El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul): Presidenta...
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Ahorita lo atiendo, diputado. Permítame turnar.
Concretamente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 29, 73 y 112 de la Ley de Migración; y por lo que hace a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión, túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Radio y Televisión, para dictamen. Sonido, por favor, en la curul del diputado Jesús Valencia.
El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Solo para pedir la autorización de la diputada Alicia Gamboa, para adherirme a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Migración.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: La diputada Gamboa da su conformidad para que pueda usted adherirse, diputado Valencia; está aquí en la Secretaría de esta Mesa Directiva. Gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.
La diputada Minerva Hernández Ramos: Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados. Acudo a esta tribuna para presentar a nombre de las y los diputados que integramos el caucus anticorrupción, así como del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y de varias organizaciones de la sociedad civil, esta iniciativa que busca poner en el centro del debate la creación de un órgano técnico de las finanzas públicas que fortalezca el rol de ambas Cámaras del Congreso de la Unión dentro del análisis y aprobación del paquete económico que promueva un análisis objetivo y una discusión sustantiva sobre la política fiscal, a fin de contar con las capacidades necesarias para tomar decisiones basadas en la evidencia del ingreso del gasto y de la deuda pública.
En esta administración se ha vuelto una regla que en los pronósticos contenidos en los precriterios generales de política económica y en las proyecciones de la Secretaría de Hacienda presenten variaciones profundas, con diferencias de lo que sucede en la realidad económica.
Cada año hacienda pronostica variables que asumimos como un dogma de fe, y lo mismo sucede con las estimaciones de los ingresos y de los gastos que generan un margen discrecional de recursos sin un control efectivo por parte de esta soberanía.
Para la aprobación anual del paquete económico, como legisladores tenemos en contra la asimetría de información respecto de la avalancha de datos y estadísticas que presenta Hacienda y el brevísimo tiempo con que contamos para hacer el análisis.
Ante esto, resulta imposible contrastar los números que presenta la Secretaría de Hacienda, y a lo más que llegamos es a modificar la paridad cambiaria, el precio del barril del petróleo o la plataforma de producción con los retos y dificultades que esto conlleva en el futuro.
Consideramos, por tanto, urgente el surgimiento de este nuevo órgano técnico de las finanzas públicas que pueda proveer de información clave a los legisladores de esta Cámara y del Senado de la República, a fin de mejorar la calidad en las decisiones respecto de la recaudación y del ejercicio de los recursos públicos, además de la generación de informes de investigaciones técnicamente robustas y sin orientaciones de tipo partidista.
Este órgano técnico ha sido sugerido por el Fondo Monetario Internacional buscando contribuir a la sostenibilidad de las finanzas públicas a través del suministro de evidencia sustantiva e imparcial. Entendemos que bajo esa premisa se creó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con que cuenta actualmente la Cámara de Diputados.
Sin embargo a pesar de los notables esfuerzos realizados por este Centro y por la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, el marco normativo que les rige no les ha permitido ir más allá, no han podido generar información realmente distinta a la que reporta la Secretaría de Hacienda, y en consecuencia el Legislativo no ha podido ejercer a cabalidad, sus facultades de análisis, aprobación, control y fiscalización del Presupuesto.
Se requiere entonces de una restructuración que garantice el carácter eminentemente técnico, la autonomía de gestión e independencia política que promuevan un análisis más objetivo y una discusión más sustantiva sobre la política fiscal y la presupuestaria a través de la labor de personal altamente calificado cuyos procesos de selección se apeguen a estándares internacionales.
Esta iniciativa recoge las conclusiones surgidas del foro internacional El Poder Legislativo y su rol frente al proceso presupuestario, que el mismo Caucus anticorrupción organizó en esta Cámara en septiembre pasado.
Por lo expuesto solicito a las comisiones dictaminadoras a valorar de manera crítica y sin ópticas partidistas, esta iniciativa por la que se crea el órgano técnico de las finanzas públicas, ya que su aprobación contribuirá a mejorar la calidad del contrapeso constitucional del Poder Ejecutivo que estamos obligados a realizar desde este Poder Legislativo. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputada Minerva Hernández. Túrnese a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Rafael Hernández Soriano, para presentar en una sola intervención dos iniciativas: iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Inclusión, Participación y Desarrollo Integral de las Juventudes.
El diputado Rafael Hernández Soriano: Muchas gracias. Con la venia de la Mesa y de la Presidencia. Aprovecho la intervención para recordar que el Estado mexicano está en deuda con nuestra juventud. Se le han reconocido derechos de primera generación, de segunda, de tercera y de cuarta generación; sin embargo, se ha hecho muy poco para ejercer el cumplimiento de los mismos.
Por eso es necesario que esta Cámara resuelva de una vez y por todas, en este período, la minuta que está en la Comisión de Puntos Constitucionales para que permita a esta plenaria legislar en materia de juventudes, y le reconozcamos en primer lugar el principio de participación a los jóvenes, y también se le reconozca la posibilidad de proponer alternativas de políticas públicas a los diferentes órdenes de gobierno, y con ello materializar un derecho que es de los más importantes para la juventud, su derecho de inclusión, de desarrollo integral y también el derecho de participación.
Esta propuesta de ley integral que hemos elaborado, la hemos consultado con diversas escuelas, diversas universidades, agradecemos a la Facultad de Derecho de la UNAM, a la FES, a organizaciones e institutos como el Mexicano de la Juventud, el de la Ciudad de México; y organizaciones ciudadanas de jóvenes, como las JIS, del PRD; y también como Motiva, que es una organización juvenil, que han sido activos promotores porque en este país se le reconozcan los derechos integrales a los jóvenes y, algo muy importante, que las leyes que hablan de juventud, que los programas que existen en diversas dependencias respecto a la atención a la juventud sean exigibles, porque es muy loable que se le reconozcan estos derechos, pero sería importante que también les demos el derecho a las y los jóvenes para que los hagan exigibles, y no se quede solamente en retórica.
La segunda iniciativa, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, la presentamos para atender una situación que está pasando todos los migrantes, las personas migrantes dentro de nuestra frontera. Es cierto, hemos atendido en esta Cámara propuestas del Ejecutivo y se han elaborado más para atender a nuestros connacionales que están en Estados Unidos y aquellos que están siendo deportados: niñas, niños, jóvenes y las familias que están siendo divididas.
Pero hemos tenido una ausencia, no nos hemos referido legislativamente a las personas migrantes de diversas nacionalidades, como: los haitianos, que están en la frontera norte; como los africanos y los cubanos, que están en Tapachula; y que viven las mismas circunstancias de división familiar, de desatención, de vulnerabilidad respecto a su defensa.
Y esta reforma pretende atender esta situación, atendiendo los principios de reciprocidad, de humanismo, de congruencia a nuestra reforma histórica del artículo 1o. del 2011, que reconoce todos los instrumentos que ha firmado el Estado mexicano, fundamental y particularmente me refiero a los de materia migratoria. Por ello, con esta reforma pretendemos que el Estado mexicano garantice el derecho a la defensa adecuada a toda persona que se encuentre dentro de su jurisdicción. Y, repito, pretendemos que atienda en un ambiente de humanidad, de reciprocidad la atención inmediata mediante la defensoría que da el Estado en forma gratuita a todas las personas, también a las personas que habitan el mundo, independientemente de su nacionalidad, pero que estén bajo la jurisdicción del Estado mexicano.
Es importante, es apremiante y solicitamos el respaldo de ustedes para ambas propuestas. Gracias, presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Rafael Hernández Soriano. Túrnese la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Inclusión, Participación y Desarrollo Integral de la Juventudes, a la Comisión de Juventud, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto Cuenta Pública, para opinión.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Paola Félix Díaz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por la diputada Paola Félix Díaz y por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y por el diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz: Con el permiso de la Presidencia. Agradezco a nombre del diputado Federico Döring y su servidora, las miles de firmas que respaldaron esta iniciativa. Muchísimas gracias.
Señoras y señores legisladores, desde el 11 de diciembre de 2013 la Ley del Impuesto al Valor Agregado exentó a los alimentos para mascotas de la tasa del cero por ciento, lo cual implica que ahora el precio está gravado con el 16 por ciento de IVA. Revertir esta disposición ha sido en estos tres años una demanda reiterada de las organizaciones civiles dedicadas al rescate y la protección de los animales, así como de las familias mexicanas, debido a la afectación que sufren a su economía.
La realidad de los perros y los gatos en México es compleja, por un lado existe un gran número en situación de calle, lo que se incrementó con el aumento del IVA a los alimentos debido a la imposibilidad de muchas personas para subsanar el costo, lo cual trae consigo diferentes problemas sanitarios, además de constituir una forma de maltrato animal, maltrato que ha sido visibilizado en los últimos años, no solo por el sufrimiento que causa a los seres vivos, sino también porque la violencia hacia los animales está estrechamente relacionada con la violencia social.
Por otro lado, afortunadamente cada día somos más quienes hacemos de una mascota un integrante más de la familia. De ahí que se le ha denominado Los hijos del siglo XXI.
Hoy, de manera generalizada, la sociedad le apuesta a una cultura de respeto y cuidado de los animales. Las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas coinciden en la necesidad que los poseedores de las mascotas sean dueños responsables, por razones éticas, sanitarias, culturales, estéticas, sociales, económicas o cualquier otra.
El consenso apunta a que las mascotas no vivan en las calles, tengan comida, agua y un techo para vivir; se recojan sus heces fecales, estén vacunados y, en general, se haga todo lo necesario para su bienestar y para una mejor convivencia con los seres humanos. De ahí las campañas de vacunación, esterilización y el fomento a una cultura de cuidado y respeto emprendida, tanto por las instituciones públicas como por las asociaciones privadas.
En diversos espacios he sostenido que es necesario asumir como sociedad la responsabilidad ética que tenemos con los animales y los deberes a que estamos obligados.
No tengo duda de que en el caso de las mascotas debemos asumir obligaciones semejantes a las que se tendrían con un amigo, un familiar, dependiente que no puede valerse por sí mismo.
Necesitamos entender plenamente que los seres humanos y los animales evolucionamos juntos. Nosotros los domesticamos para nuestro beneficio y nosotros, como humanidad, tenemos una deuda con ellos.
Debo aclarar que alrededor del 50 por ciento de los hogares mexicanos de todos los estratos socioeconómicos tienen un animal de compañía. Para ser precisa, no existe relación entre el poder adquisitivo y la posesión de mascotas, contrario a lo que estableció el argumento que dio origen al impuesto referido.
Cobrar el IVA al alimento de las mascotas resulta una acción contraria a la realidad del país, a la ética, a las necesidades humanas y a la propia política pública que se está implementando en los diferentes niveles de gobierno.
Cuidar y alimentar a una mascota no puede ser considerada una acción exclusiva de las clases privilegiadas. Las mascotas no constituyen un lujo, porque la compañía no es un lujo, sino una necesidad de los seres humanos, en tanto seres sociales. Las mascotas son integrantes activos e importantes para las familias mexicanas y contribuyen a la estabilidad física, mental y emocional de sus miembros.
En suma, el IVA al alimento de las mascotas es un impuesto regresivo y antisocial que desincentiva la responsabilidad de los dueños, desalienta importantes valores humanos, y atenta contra la economía de las familias.
Es cuanto, presidenta. Y agradezco también al diputado Javier Bolaños que suscribió esta iniciativa. Gracias.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Paola Félix Díaz. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Con su venia, presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Me presento ante ustedes esta tarde, en nombre de los más de 30 millones de jóvenes que actualmente residen en nuestro país. En nombre de los más de 7.5 millones de jóvenes a los que día con día se les niega el acceso al derecho a la educación y al empleo digno. En nombre del 40 por ciento de quienes hoy se hayan reclusos en cárceles mexicanas, todas y todos jóvenes aprehendidos en el marco de la infame guerra contra el narcotráfico, que inició el presidente espurio Felipe Calderón.
En nombre de todas y todos los jóvenes ejecutados, que juntos suman una cuarta parte del total de muertes por esta causa absurda, y más aún, en nombre de los mil 746 estudiantes desaparecidos tan sólo en el sexenio anterior.
En nombre de todos y todas ellas me pronuncio, a quienes el Estado mexicano se ha encargado de cancelar sus derechos a una vida digna y libre, a una realización plena a soñar y apostar por un presente más justo y un futuro próspero. Un Estado empecinado en tratarnos como enemigos, callándonos, reprimiéndonos, matándonos.
Entre la agudización de la desigualdad y las carencias sociales y los reclamos de una sociedad que siente la obligación de pronunciarse en contra de los abusos del poder, las y los jóvenes nos hemos convertido con demasiada frecuencia en blanco de arrestos selectivos, acosos policiacos, intimidaciones judiciales y una larga lista de violaciones adicionales contra nuestros derechos humanos.
De este modo, la mayoría de las juventudes se desarrollan en el contexto de constantes agresiones al ejercicio pleno de sus derechos y un clima de violencia generalizado que sacude a todo el territorio nacional.
Juzgados con base solo en prejuicios y estigmas, cientos de jóvenes sufrimos todos los días de discriminación por parte de policías y agentes de seguridad pública que nos acusan de ser delincuentes potenciales que amenazan la paz pública.
Estas conductas suelen ser el primer escalón de una violación gradual de nuestros derechos humanos que incluye la privación al debido proceso y el desconocimiento del principio de presunción de inocencia.
Diputados y diputadas, nuestra presencia en las calles nada tiene qué ver con una tendencia natural al crimen, por el contrario, demuestra la conciencia crítica con la que interpelamos a los gobiernos antidemocráticos que azotan la vida de nuestros pueblos.
Salir a las calles a manifestar nuestra inconformidad no es un delito, pero despojar de nuestros derechos, despojar a nuestros pueblos de sus derechos eso, señores y señoras, sí es un delito.
Es mentira que la voz firme de las y los jóvenes en protesta sea sinónimo de delincuencia, más bien responde a la manifestación de nuestra dignidad humana con la que rechazamos categóricamente las políticas de exclusión, opresión, marginación y violencia estructural que el Estado nos impone.
Para enfrentar estos hechos presento ante ustedes iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción séptima al artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del cual se exhorta a todas y todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública a abstenerse de cualquier conducta discriminatoria o estigmatizadora que resulte en la criminalización de adolescentes y jóvenes con motivos de preferencia sexual y entidad de género, militancia política, apariencia física, diseño corporal o estético, situación social o económica, lugar de procedencia, sitio de residencia o cualquier otro que atente contra sus derechos y libertades.
Si este pleno fuese capaz de honrar el principio de no discriminación que concede el artículo 1 de nuestra Carta Magna, ningún prejuicio motivado por la vestimenta, diseño corporal, militancia política, etcétera, estaría sirviendo como criterio utilizado por los agentes de seguridad para la detención arbitraria de cualquier joven.
Sin embargo, a pesar de estos hechos, legisladores y funcionarios han guardado un silencio cómplice. No se dan cuenta que con sus acciones y omisiones contribuyen a un clima de violencia y confrontación civil, o de plano, intentan solapar una nueva modalidad de guerra sucia.
¿Cuánta falta hace para que el gobierno mexicano deje de asumir que ser joven es sinónimo de delincuente o enemigo público? Porque pareciera que en este país ser joven se ha convertido en delito o motivo expedito de castigo. Peor aún si soy pobre, si soy indígena, si soy mujer; o lo peor, si soy normalista.
Es por ello que en Morena luchamos todos los días por un México amplio, plural e incluyente y, por lo tanto, decimos: ya basta de la criminalización contra las y los jóvenes de México.
Basta de la represión que han sufrido cientos de estudiantes, cientos de jóvenes en todo nuestro país. Somos jóvenes, no delincuentes. Libertad a los presos políticos. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Santiago Rodríguez. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.
El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, del diputado Cuitláhuac. Emiliano Álvarez, perdón. Ahí está con Emiliano Álvarez.
El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul): Solo para felicitar a el diputado Guillermo Santiago por esta iniciativa y a su vez pedirle que nos deje suscribirla, ya que estamos seguros que se aprobara en comisiones y después aquí en el pleno, porque es una iniciativa muy importante para empezar a quitar esta criminalización hacia los jóvenes mexicanos.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Muy bien, diputado.
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Sí, adelante.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El diputado Santiago ha dado su disposición para eso y está aquí en la mesa de esta Secretaría. Saludamos con mucho gusto a ciudadanas visitantes del municipio de Corregidora, de Querétaro. Invitadas por el diputado Hugo Cabrera, que hoy nos acompañan en este salón de pleno. Sean ustedes bienvenidas.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Adán Pérez Utrera, a nombre del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 132 y 146 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 135 y 151 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El diputado Adán Pérez Utrera: Con la venia de la Presidencia, compañeras diputadas, compañeros diputados. El acceso a la información es un derecho humano y un indicador de la vocación democrática de un estado, a través de este poderoso instrumento de fiscalización se empodera a los ciudadanos al permitirles el escrutinio público y exigirle cuentas a los gobernantes.
En el año 2002, la primera legislación en materia de transparencia de nuestro país, estableció un plazo de hasta 40 días hábiles para responder una solicitud de información presentada por un ciudadano y para resolver un recurso de revisión, el plazo fue de 100 días hábiles; 13 años después, en 2015, con la expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estos plazos se redujeron pasando de 40 a 30 días hábiles para responder a las solicitudes, y de 100 a 60 días hábiles para resolver los recursos de revisión.
No obstante, estos plazos no son los más óptimos ni a los que debe aspirar una buena administración y un gobierno abierto. Debemos darle más dinamismo a fin de reducir los plazos establecidos.
Algunos datos tan ilustrativos como consistentes son: En el 2015 la administración pública federal recibió 120 mil 813 solicitudes de información pública, cuyas respuestas se notificaron en un promedio de 15 días hábiles. En el mismo año, de los 286 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social fue la institución con mayor número de solicitudes de información y el tiempo promedio de respuesta fue de 13 días.
En el ámbito local, nueve entidades han establecido en sus legislaciones plazos de respuesta a los ciudadanos menores a los estipulados tanto en la Ley General como en la Ley Federal de Transparencia. Por ejemplo, en el estado de Jalisco se establece un máximo de ocho días hábiles para responder una solicitud; esto es 22 días menos que el previsto por la legislación federal.
En 2015, el órgano garante de Jalisco informó que de 33 mil 751 solicitudes recibidas solo el 1.6 por ciento se convirtió en recursos de revisión, lo que deja claro que el plazo de ocho días no demerita la calidad de las respuestas
Situación similar se presentó en la Ciudad de México, donde se informa que entre enero y agosto de 2016 se tramitaron 57 mil 426 solicitudes de información, las que se respondieron en promedio en ocho días hábiles.
La Cámara de Diputados tampoco es ajena a este tema. En 2015 se recibieron mil 795 solicitudes de información, las que en promedio se respondieron en cinco días.
En el derecho comparado, países como Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y Nicaragua establecen en sus legislaciones tiempos menores de respuesta a los de la legislación mexicana. Por lo tanto es viable reducir los actuales plazos de respuesta a las solicitudes de acceso a la información hechas por los ciudadanos.
Por eso se somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa suscrita por el coordinador de mi grupo parlamentario, el diputado Clemente Castañeda, donde se propone reducir en 50 por ciento el plazo máximo de respuesta a las solicitudes que pidan información, estableciendo 15 días hábiles en lugar de 30, y la reducción en un 33 por ciento del plazo para la resolución de los recursos de revisión, pasando a 40 días hábiles en lugar de 60. Esto tanto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como en la ley federal de la materia.
Esta propuesta va encaminada a cumplir con varias de las exigencias más sentidas de los ciudadanos como son: la transparencia, la honestidad en el servicio público, la rendición de cuentas, la buena administración, el gobierno abierto y la eficiencia administrativa.
En Movimiento Ciudadano estamos ciertos de que los ciudadanos exigen acciones concretas que se traduzcan en su beneficio, sensibilidad social en la función pública, claridad de los objetivos, pero, sobre todo, honestidad, transparencia y rendición de cuentas, ya que estas son las condiciones esenciales para poder ver de frente a quienes nos han dado su confianza.
No olvidemos que es esta ruta, la de trabajar articuladamente con los ciudadanos, el compromiso que hemos hecho a nivel nacional y por el que estamos aquí. La etapa de exigencia e inconformidad social por la que atraviesa México, nos obligan a legislar de manera responsable y expedita. Gracias y es cuanto.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Adán Pérez Utrera. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos.
El diputado Ángel García Yáñez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados; en los últimos años el consumo de productos orgánicos ha registrado un considerable incremento al plantearse como una alternativa para una alimentación saludable, ajena a la utilización de agentes químicos durante su proceso de producción.
México se ha colocado en el cuarto lugar como productor de este tipo de alimentos a nivel mundial. Estados como Oaxaca, Chiapas y Michoacán utilizan casi el 50 por ciento de su superficie en cultivos de este tipo, que en un 86 por ciento se destina a la exportación hacia Estados Unidos, Europa, Japón y China. Tan solo en 2015 las exportaciones realizadas por este concepto alcanzaron 136 millones de dólares.
Las cifras referidas nos revelan el valor que dichos cultivos representan para México, por lo que es de suma importancia certificar que el producto es realmente orgánico. Para ello, la legislación contempla a los organismos de certificación orgánica encargados de avalar que el producto ha sido creado y elaborado sin utilizar tóxicos y sin perjuicio al medio ambiente.
La ley dota a estos organismos de facultades decisivas en todo el proceso de certificación. Sin embargo no establece mecanismos para regular su desempeño, dejando abierto un amplio espacio para hechos de corrupción.
Situación que en Nueva Alianza proponemos corregir con la presente iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos en aras de transparentar todas las etapas del proceso de certificación.
Con ello los productores podrán conocer desde el comienzo del proceso los requisitos que deberán cumplir y en caso de que se les rechace el certificado, saber los motivos precisos del por qué. De igual manera, buscamos que cada empresa certificadora cree un micrositio en su portal de internet con el propósito de facilitar la información a los interesados.
Dado que los organismos de certificación son responsables de avalar los productos y con ello coadyuvar a que los productores puedan acceder a un mercado más amplio y diverso.
Creemos conveniente estimular la creación de un mayor número de empresas certificadoras, lo que sin duda fomentará la producción y consumo de estos alimentos mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Ángel García Yáñez. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riesgo, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Buenas tardes, diputada presidenta. Honorable asamblea, como garante de esta honorable Cámara del bienestar social, encargada de estar pendiente de la actualización de la norma conforme a las necesidades imperantes de la sociedad mexicana, teniendo siempre el compromiso firme de impulsar cambios de fondo, es que me permito presentar iniciativa de reforma al artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionando la fracción V.
Requerimos de una verdadera vocación de servicio, resultado de la democracia crítica, plural e incluyente de la que formamos parte. En este tenor una de las facultades de esta Cámara de Diputados consiste en emitir proposiciones con punto de acuerdo mediante exhortos dirigidos a diversos servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno sobre algún tema de interés público y que, por lo mismo, refleje el consenso mayoritario del Poder Legislativo.
Dicha facultad se desprende del artículo 78, fracción III, de la propia Carta Magna, sin embargo se menciona que de forma somera y que no queda claro su alcance ni su sanción en caso de que la autoridad exhortada haga caso omiso al mismo. Por desgracia la mayoría de las veces tales peticiones no son atenidas por las autoridades persuadidas, a pesar de que muchas de esas postulaciones se originan atendiendo a una cuestión dispuesta de urgente y obvia resolución, que –como la propia calificación determina– requieren de ser despachadas con prontitud.
Atendiendo el principio de división de poderes, debemos entender que se han agrupado las funciones del Estado en tres esferas diferenciadas, que cumplan un rol distinto, pero cuya existencia tiene como objetivo el control mutuo, así la limitación de la concertación personal del poder. A mayor abundamiento no debemos pasar por alto que el Poder Legislativo es un principio de responsabilidad del debate y de la redacción, formulación y aprobación de leyes, teniendo además otra función no menos importante; la fiscalización y la competencia de control del resto de los Poderes y órganos del Estado.
A mayor abundamiento, si bien es cierto el artículo 40 de nuestra Carta Magna refiere que las entidades federativas son libres y soberanas en todo lo que concierte a su régimen interior, y el numeral 49 del mismo ordenamiento, divide el supremo Poder federal entre. No existe invasión de Poderes ni intromisión o violación del Pacto Federal cuando pretendemos que se sancione a aquellas autoridades que no dan contestación positiva o negativa cuando son exhortados por alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión.
En consecuencia, si desde sus orígenes la Cámara baja es un órgano público que expresa el poder del pueblo y su soberanía, el que tiene como esencia política el principio de la representación ciudadana, y la Cámara alta los intereses de cada estado que conforman el Pacto Federal, se justifica que estas puedan y deban solicitar que sus recomendaciones, aunque no tengan carácter vinculatorio, sean contestadas.
Lo anterior porque no existe el deber de darle cumplimiento al exhorto o recomendación, a lo que sí estaría obligada la autoridad exhortada sería a darle respuesta. En esta tesitura, la respuesta dada por el servidor público exhortado incluso podría aclarar información errónea que se hubiera expuesto en el punto de acuerdo o ahondar en ella.
Resulta idóneo señalar que la situación similar o análoga, algo que ahora se propone, ya existe en el diverso 102, inciso b) de nuestra Ley Suprema. En el mismo se decreta que la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos instaurando que esta formulará recomendaciones no vinculatorias y que dichas recomendaciones deben ser contestadas forzosamente.
En resumen, por lo expuesto al igual que las recomendaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las emitidas mediante exhorto derivado a punto de acuerdo por alguna de las Cámaras, no tienen carácter vinculatorio, sin embargo al imponerse una sanción se fortalece el exhorto emitido y la función de fiscalización y competencia de control del resto de los Poderes y órganos del Estado, sin invadir Poderes ni la soberanía de las identidades federativas ni desvirtuando la naturaleza propia del exhorto consecuencia del punto de acuerdo.
Compañeros diputados, sigamos trabajando por México, hagámoslo nosotros. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Cynthia Gissel García Soberanes. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Continúe, por favor, la Secretaría con los oficios de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes y de Juntas Directivas de comisiones, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
Hacemos particular mención del nombramiento del diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, como presidente de la Comisión de Desarrollo Social.
En votación económica, se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidente, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado. Comuníquese.
La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (16:34 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 30 de marzo de 2017, a las 11 horas. Muy buenas tardes.
---o0o---