Comunicaciones
Iniciativas
Adriana Elizarraraz Sandoval, PAN
Laura Beatriz Esquivel Valdés, Morena
Virgilio Mendoza Amezcua, PVEM
María Elena Orantes López, PMC
Mirna Isabel Saldívar Paz, PNA
Ana Guadalupe Perea Santos, PES
Juan Antonio Meléndez Ortega, PRI
Cristina Ismene Gaytán Hernández, PRD
Jesús Emiliano Álvarez López, Morena
Jorge Cesáreo Márquez Alvarado, PVEM
Jesús Rafael Méndez Salas, PNA
Cynthia Gissel García Soberanes, PES
Alma Carolina Viggiano Austria, PRI
Exaltación González Ceceña, PAN
Ricardo Ángeles Barrientos Ríos, PRD
Norma Xóchitl Hernández Colín, Morena
Verónica Delgadillo García, PMC
Justo Federico Escobedo Miramontes, PES
Dictámenes a discusión
Declaratoria de publicidad de dictámenes
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Acuerdo de la Junta, con cambios en comisiones
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 313 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón (12:04 horas): Se abre la sesión.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se informa a la asamblea que el orden del día con los asuntos correspondientes a esta sesión, se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: En virtud de que el acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica, se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobada el acta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Adelante, señora secretaria, por favor.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibió oficio de la diputada Delia Guerrero Coronado, por el que solicita el retiro de su iniciativa que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnense a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: El Instituto Nacional de las Mujeres, remite el informe de resultados, así como los avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, con sus respectivos anexos al tercer trimestre de 2017.
a presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a las Comisiones de Igualdad de Género y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: La Comisión Nacional del Agua remite el informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2017, de los recursos federales asignados a diversos municipios y prestadores de servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el Programa de Devolución de Derechos (Prodder).
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias. Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Agua potable y Saneamiento, para su conocimiento.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Trabajadores, remite el informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa del Instituto al cierre de 2016.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Vivienda, para su conocimiento.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite diversos informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2017.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnense a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: La Cámara de Senadores remite los siguientes asuntos:
1. Veintidós proposiciones con puntos de acuerdo por las que se solicita a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, se consideren y destinen recursos a diferentes partidas, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: 2. Acuerdo aprobado por el que exhorta a la Cámara de Diputados a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 se destinen recursos suficientes para solventar las acciones de reparación y resarcimiento de los daños ocasionados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su atención.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: 3. Oficio por el que comunica que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De enterada. Remítase a la Comisión de Economía para su conocimiento.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: 4. Oficio por el que comunica que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 1347 del Código de Comercio.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De enterada. Remítase a la Comisión de Economía para su conocimiento.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: El Congreso del Estado de Baja California remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 127de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales la parte que le corresponde, y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social la parte que le corresponde, para dictamen.
El diputado Exaltación González Ceceña (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. ¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado Exaltación González Ceceña (desde la curul): Muchas gracias, señora presidenta. Con el objeto de decir que los diputados federales del PAN, de Baja California y de otros estados exigimos al gobierno federal que permita a los prestadores de servicios de pesca deportiva en el puerto de San Felipe, en Baja California, que desarrollen su actividad de manera normal, regular.
Aclarar que no es con migajas de apoyos como las familias de los pescadores y los prestadores de servicios turísticos deportivos van a resolver sus problemas económicos. Exigimos una solución. Gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Registren sus expresiones en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputada Norma Xochitl Hernández Colín. Sonido en su curul.
La diputada Norma Xochitl Hernández Colín (desde la curul): Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta. Para hacer de su conocimiento que en días pasados hicimos la propuesta de un punto de acuerdo respecto a la planta de termovalorización que promueve la empresa Veolia. Este punto de acuerdo fue dictaminado positivamente por parte de la Comisión Permanente, sin embargo no hemos recibido respuesta.
Por lo anterior, también hice una solicitud a través de un punto de acuerdo para que se parara la construcción de esta planta de termovalorización y no se ha dictaminado. Esto está en la Comisión de la Ciudad de México. Me parece muy importante que las cosas que emite esta soberanía sean atendidas con puntualidad.
En virtud de que el día de hoy nos enteramos que en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, en la Asamblea Legislativa, se está promoviendo una iniciativa, un dictamen para que los remanentes de los recursos federales se puedan aplicar en esta planta de termovalorización, la cual no cumple de ninguna manera con las normas establecidas. Incluso el lugar donde fue adquirida, Francia, no cumple con las normas y acá se quiere hacer la compra. Entonces, para que se atienda esto como una cuestión de la soberanía. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Hernández. Si le parece, divido en dos partes su intervención. La primera es pidiéndole a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios que nos informe con respecto al punto de acuerdo. Y en segundo lugar, mandando la versión estenográfica de su intervención a la Comisión de la Ciudad de México para que nos informe lo correspondiente.
La diputada María del Rosario Rodríguez Rubio (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Me pide también el uso de la palabra la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Sonido en su curul.
Es María del Rosario, ahorita que la estoy viendo. Discúlpame, diputada. Adelante, sonido en su curul, por favor. Sonido en la curul de la diputada Rosario. Adelante, por favor, diputada.
La diputada María del Rosario Rodríguez Rubio (desde la curul): Gracias, presidenta. Con un atento llamado y un enérgico reclamo a la Secretaría de Gobernación para que sus representante en las entidades federativas sean delegados, hagan el trabajo que les corresponde, me refiero al señor Jaime Martínez Veloz, el cual es el comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas.
Dicho personaje recientemente a medios nacionales vertió posicionamientos políticos que no le corresponde, el cual ha dañado y ha afectado en vez de estar trabajando en lo que le corresponde. Dicho personaje, que es de Torreón, ha viajado 79 veces a Tijuana afectando el erario con una cantidad de más de 680 mil pesos.
Hacemos un reclamo. Le pedimos al secretario Osorio Chong, la remoción de este personaje, que se aboque a su trabajo, y a la vez solicitamos la información sobre el desempeño que ha llevado en estos cuatro años aquí a la honorable Cámara de Diputados, porque no se ve reflejado, pero sí el señor usa el tiempo, recursos federales, en asuntos políticos que no le corresponden. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputada, sus expresiones por supuesto quedan registradas en el Diario de Debates y la sugerencia es que directamente se hagan llegar a la Junta de Coordinación Política para que tome conocimiento. Muchas gracias, diputada, por su participación.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra, porque me lo está pidiendo, el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena. Sonido en su curul, por favor.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Solo para hacer la denuncia de la actitud que está tomando el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, en contra de jubilados y pensionados que hacen un reclamo justo de su pago. También de organizaciones sindicales, por lo menos seis sindicatos, que están reclamando el pago de su quincena, lo que el gobierno argumenta es que quiere pagar pero en parcialidades.
Pero lo que no se puede permitir es que antes de establecer cualquier tipo de diálogo, primero utilice la fuerza pública y que esté utilizando al cuerpo de granaderos para golpear a la gente que hace un reclamo justo. Porque no todos tienen el privilegio de él, de andarse paseando con Belinda en los helicópteros y que en todo caso mejor utilice mejor el dinero y deje de andarse promocionando a una campaña presidencial que todavía no inicia, pero, sin embargo, él quiere ya dar pasos adelantados.
Que se ponga a gobernar, que se ponga a resolver los problemas de los maestros y de los jubilados y de los trabajadores que están al servicio del estado de Michoacán, porque no les pueden pagar su quincena y los pensionados y jubilados no han recibido su dinero.
Es la denuncia que estoy haciendo pública para que se pueda exhortar a que no utilice la fuerza pública. Que se privilegie el diálogo antes que la violencia.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Nos queda claro, diputado. Se registra su intervención en el Diario de los Debates.
Me pide el uso de la palabra la diputada Nancy Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada.
La diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (desde la curul): Gracias. Respondiendo a lo que comentan los diputados de Acción Nacional, que ahora son los defensores de lo indefendible.
Los que tenemos alguna representación popular o tienen alguna representación de gobierno, tienen toda la obligación de cuidar a la gente, y a ellos les molesta que alguien, incluso me incluyo, presidenta, somos atacados aquellos que señalamos los errores del gobierno del estado de Baja California, que son muchos.
Yo les pido a los diputados del PAN que mejor se busquen qué está pasando dentro de su estado que tiene tan malo gobierno y tan molesta a la ciudadanía. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Así como fue registrada en el Diario de Debates la anterior intervención, la suya también será registrada en el mismo Diario de Debates.
Me pide el uso de la palabra la diputada Paola Félix Díaz. Por favor, sonido en su curul.
La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz (desde la curul): Gracias, presidenta. Solo para dejar constancia. Hace tres semanas presentamos un exhorto para el procurador de Puebla y al fiscal por el tema de los feminicidios para que pudieran generar la alerta de género, y el día de ayer la presidenta de Unidos por Puebla, Paola Migoya, fue víctima de una amenaza; fueron y balacearon su casa.
Queremos dejar esta constancia para que se le brinde protección y las autoridades no tomen esto por broma, o que no puedan ser las mismas autoridades que están haciendo esto. Eso sería todo, muchísimas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muy bien, diputada, se registran en el Diario de los Debates sus expresiones.
Iniciamos con el apartado de...
La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Perdón, diputada. Sonido en la curul de la diputada Dennisse Hauffen. Adelante.
La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres (desde la curul): Gracias, buenos días. Solamente también haciendo un llamado al gobierno del Estado de México para que tome cartas en el asunto respecto a los conflictos que se han suscitado últimamente en las penitenciarías del estado. Debemos de vivir en un Estado de cero impunidad y de absoluta justicia. Este llamado es para las autoridades penitenciarias pero también exclusivamente para el gobernador del estado de México, el licenciado Alfredo del Mazo.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Y como hace un momento anunciaba, damos paso a la primera ronda de iniciativas. Tiene la palabra por diez minutos la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A la diputada Hauffen como a los otros diputados, les menciono que su participación queda registrada en el Diario de los Debates, diputada. Gracias. Adelante, diputada Latife.
La diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Con el permiso de la señora presidenta. Acudo a esta tribuna en un acto de justicia que reclamamos la diputada Nancy Sánchez y una servidora, por las islas de México.
Por ti, querida Nancy, por tu querida y abandonada Isla de Cedros en donde pareciera que no hay ni gobierno, por Holvox, por Isla Mujeres, por mi querido Cozumel, por las islas de México.
Gracias al respaldo de mi coordinador parlamentario el doctor César Camacho, presentamos el día de hoy esta iniciativa.
Compañeras y compañeros diputados, hace exactamente 30 años el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación y Armada de México, realizaron una cartografía del territorio insular mexicano que incluía mil 232 islas, lotes, cayos y arrecifes.
Hoy gracias a la tecnología se han logrado registrar más de 4 mil cuerpos insulares pertenecientes a la nación. Desgraciadamente esta situación no se ve reflejada ni en nuestra Constitución ni en un cuerpo legal que fomente el crecimiento económico de las islas y permita su crecimiento sustentable.
Es por ello que nos dimos a la tarea de solicitar la opinión y la participación de expertos, y juntos poder construir dos proyectos. Primero una iniciativa de reforma constitucional al artículo 42 que refleje la verdadera integración del territorio nacional, y
Segundo, una ley federal para el fomento, protección y desarrollo sustentable del territorio insular mexicano.
En primer lugar, es necesario que nuestra Constitución reconozca –como parte del territorio nacional– a los cuerpos insulares ubicados en el mar territorial, su zona contigua y todos los localizados dentro del Golfo de California.
Tal como hoy se menciona: la Isla de Guadalupe, a las Revillagigedo. Nuestra Constitución, también debe hacer mención expresa de las Islas Coronado, de la Isla de Cedros, la Rocas Alijos, los Cayos Arenas y Arcas, al arrecife Alacranes, Cozumel, Isla Mujeres, Holbox y el Banco Chinchorro.
Compañeras y compañeros diputados, la extensión y diversidad de cada cuerpo insular implica una riqueza por sí misma que debe de ser protegida, conservada y, en su caso explotada bajo estrictos principios de sustentabilidad.
Las islas y demás territorios insulares a su vez, cuentan con ciertas particularidades derivadas de su lejanía del macizo continental. Por ejemplo, su comunicación se dificultad y su migración ordenada se encuentra sumamente limitada, su riqueza ambiental se ve amenazada ante la falta de coordinación de los tres órdenes de gobierno, y desde luego por la explotación turística poco ordenada, o por el contrario, se ven abandonados muchos polos de oportunidad económica ante la falta de planeación.
En este contexto, durante muchísimo tiempo nuestras islas han estado en el abandono, sujetas a políticas públicas cambiantes y poco consistentes de administración en administración.
Por eso, la ley que la diputada Nancy Sánchez y una servidora proponen, persiguen los siguientes objetivos:
Primero. Fortalecer la actual distribución de competencias entre la Federación y los estados que cuenten con islas, y a su vez, promover nuevos mecanismos de coordinación mediante un convenio maestro para la ejecución de diversas responsabilidades.
Segundo. Impulsar la creación de un programa de desarrollo insular por el gobierno federal, con la participación de las autoridades de los demás órganos de gobierno.
Tercero. Promover el cumplimiento de objetivos concretos en materia económica, bajo la óptica del desarrollo sustentable, la protección del medio ambiente y la diversidad biológica.
Cuarto. Permitir la implementación de incentivos fiscales de mejora regulatoria y de simplificación administrativa para detonar la inversión pública y privada, tal como ahora se está haciendo en las zonas económicas especiales.
Quinto. Constituir un Fondo de Desarrollo Insular para el cumplimiento de los objetivos que planteen en Convenio de Coordinación, el Programa de Desarrollo Insular y los objetivos de la propia ley.
Sexto. Que se establezca la facultad de crear y mantener actualizado un Catálogo Insular a cargo del Inegi.
Compañeras y compañeros diputados, la soberanía de nuestro país en sus islas es fundamental, de esta derivan muchos beneficios para la nación. En ejercicio de esta soberanía debemos salvaguardar su biodiversidad, pero también su potencial económico y turístico. Hagámoslo por el bien de sus habitantes para la conservación del medio ambiente y para detonar nuevos polos de actividad turística y económica.
La reforma constitucional y la ley que estamos proponiendo permitirán transitar en este sentido. Es cuanto. Muchas gracias, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Sara Latife Ruiz Chávez. Su iniciativa se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación tiene la palabra por cinco minutos la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Adelante, diputada.
La diputada Adriana Elizarraraz Sandoval: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, actualmente las personas que desean acceder a un financiamiento o crédito suponen que sus historiales crediticios están al día, previo al haber concluido sus deudas o créditos contraídos con anterioridad.
Sin embargo, al solicitar un nuevo financiamiento o crédito durante la consulta que se hace por parte de la institución que lo va a otorgar, sucede con frecuencia que se encuentran imposibilitadas para concederlo debido a que existen pagos vencidos en el historial crediticio.
Esta problemática se presenta en virtud de que en México no se tiene la cultura de la información crediticia, por lo que los clientes o usuarios se enteran de su estadía en el Buró de Crédito y de los pagos vencidos en el historial crediticio cuando se realiza una investigación previa a la solicitud del financiamiento.
La ley es clara al establecer que, para eliminar las notas preventivas del Buró de Crédito, dependiendo del monto, es la temporalidad. Y las deudas pueden ser eliminadas a partir de un año, cuatro años, seis años, siempre y cuando el crédito no se encuentre en proceso judicial y no exista algún fraude de los créditos del solicitante.
Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, de la que México forma parte, ha reportado que a nivel mundial el principal mecanismo para adquirir un préstamo es a través de una institución formal, pues en el caso de los países integrantes de la OCDE es a través de mecanismos informales. Se ha reportado que el 29 por ciento de los adultos obtuvo un préstamo de algún familiar o amigo y únicamente el 10 por ciento lo hizo a través de una institución formal.
Detrás de lo que conocemos como buró de crédito están las sociedades de información crediticia, instituciones encargadas de recopilar y administrar la información relativa a los pagos y operaciones financieras de los deudores o clientes. Estas sociedades tienen la obligación de mantener actualizados sus sistemas, sin embargo existen ciertas omisiones que hacen que los clientes o usuarios no puedan acceder a un crédito debido a que la información de los créditos registrados se elimina de la base de datos en diferentes periodos, situación que hace que no haya un flujo en el crédito.
Uno de los mecanismos que propone la presente iniciativa es informar a los clientes, usuarios y deudores que se encuentran en el buró de crédito, los términos y procedimientos con los que cuentan las sociedades de información crediticia para eliminar los datos negativos del informe crediticio, así como informar el procedimiento con lo que cuenta la institución una vez de que se realiza el pago correspondiente para la conclusión de los saldos vencidos que se tengan.
Lo anterior se realizará trasladando esta obligación a las sociedades de información crediticia para que, desde la elaboración de sus manuales, deban incluir el procedimiento de revisión y actualización del razonable cumplimiento del pago. Así se permitirá que las personas físicas y morales estén informadas sobre el tiempo y el procedimiento que siguió la institución para la cancelación de alguna anotación negativa.
Esta propuesta permitirá reducir la inactividad de las cuentas en las que se encuentran las instituciones crediticias, además de que las personas físicas tengan la certeza de que podrán en cualquier otro momento acercarse a cualquier institución a obtener créditos o préstamos de cualquier índole.
Establecer un sistema de información en la ley, para regular las sociedades de información crediticia, permitirá hacer más eficiente el sistema de pagos vencidos, a fin de facilitar e incrementar el uso de las cuentas para realizar compras u otras transacciones, a fin de trasladar los ahorros y créditos de mecanismos informales a formales.
Esta propuesta pretende impactar en los sectores donde no se cuenta con la información suficiente y se desconoce por qué se ha permanecido en el buró de crédito sin conocer las causas.
Por lo que estar informados sobre la conclusión de los pagos vencidos que estaban vigentes en el historial de buró de crédito permitirá dar condiciones de bienestar y seguridad.
No tenemos duda de que con esta iniciativa estaremos fortaleciendo los derechos de los usuarios financieros. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Le agradezco, diputada, ser tan observante del tiempo. Muchas gracias, diputada Elizarraraz. Túrnese su iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación, tiene la palabra por diez minutos, el diputado Tomás Octaviano Félix, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea el Consejo de Fiscalización de los Requerimientos Financieros del Sector Público y la Deuda Pública. Adelante, diputado.
El diputado Tómas Octaviano Félix: Compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes a todos. Saludando siempre a la gente que nos ve por el Canal del Congreso. Presento esta iniciativa del Consejo de Fiscalización de los Requerimientos Financieros del Sector Público y la Deuda Pública.
El estancamiento del ritmo de crecimiento de la economía nacional, medido por el comportamiento del producto interno bruto, muestra que el país no ha podido superar el crecimiento promedio del 2.1 por ciento anual durante la presente administración.
Este ritmo de crecimiento de la economía está muy por debajo, no solo de su potencial, sino del necesario para crear los empleos que se requieren y muy por debajo también del ritmo de crecimiento ´óptimo para proveer a la población de los servicios públicos y, en general, de la infraestructura urbana necesaria. Lo anterior obedece, entre otras razones, a que el modelo de política económica adoptado por el presente gobierno está más que agotado, además de su falta de visión.
El gobierno federal ha dejado claro que su programa fiscal de mediano plazo se enfoca fundamentalmente en la disminución de los requerimientos financieros del sector público con respecto al PIB. Esto se logra, por un lado, mediante la contracción del gasto público y dentro de esta la contracción al gasto programable, y por el otro, mediante el fortalecimiento de la recaudación tributaria, disminuyendo los gastos fiscales.
Vale la pena destacar, que cuando hablamos de los requerimientos financieros del sector público como proporción del producto interno bruto, estos no incluyen el concepto de proyectos de alto impacto, que representan alrededor del 2 por ciento del producto interno bruto y que solo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conoce cuáles son y dónde están.
Tampoco conoce esta Cámara el total de las disponibilidades con que cuenta la Secretaría al inicio del ejercicio fiscal ni con qué nivel de disponibilidades lo termina. Esto ocurre así, porque no existe ninguna obligación legal para que Hacienda dé las explicaciones pertinentes a la Cámara de Diputados, en el momento en que están ocurriendo.
En este sentido, es que se propone a esta Cámara de Diputados la creación de la figura del Consejo de Fiscalización de los Requerimientos Financieros del Sector Público y la Deuda Pública, para la estabilización financiera y el crecimiento, por supuesto, económico.
Este Consejo estaría conformado por representantes de los partidos políticos, así como por académicos e investigadores, reconocidos en áreas económicas, financieras y por supuesto de transparencia. Esta figura tendría entre sus responsabilidades dejar explícitamente establecido en la ley cómo las autoridades deben actuar en casos como, por ejemplo, reducciones en el PIB derivadas de choques externos o disminuciones no esperadas en los precios del petróleo y su efecto sobre los ingresos públicos y en los requerimientos financieros del sector público, dentro de un marco de racionalidad, transparencia y rendición de cuentas.
De igual forma, el Consejo tendría el mandato formal de proveer una evaluación del desenvolvimiento de la política fiscal y generar recomendaciones vinculantes sobre la orientación de la política fiscal, de acuerdo con un programa previamente establecido sobre el comportamiento en el mediano plazo de los requerimientos financieros del sector público.
Está claro que el Consejo propuesto no estaría sujeto a consideraciones políticas, de conveniencia partidista de corto plazo y sí cuidaría el buen desenvolvimiento fiscal y el crecimiento económico.
La estructura, delimitaciones y alcances en su marco regulatorio y de supervisión sobre la política fiscal, se definirá por consenso de la mayoría de sus miembros y se propondría a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.
Así pues, el Consejo propuesto aumentaría la credibilidad interna y externa de la política fiscal y sus resultados, creando un estrecho vínculo entre el nivel requerido de deuda pública y el total de los componentes de dichos requerimientos financieros del sector público, habiendo considerado la necesidad de crecimiento de la economía.
Por lo tanto, un servidor y a nombre del Grupo Parlamentario del PRD les solicitamos su apoyo a esta iniciativa por el bien de las mexicanas y de los mexicanos. Es cuanto, presidenta diputada y muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Octaviano Félix. Túrnese a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Hacienda y Crédito Público para dictamen. Y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable suscrita por los diputados, la presentante, Laura Esquivel Valdés, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Héctor Javier García Chávez del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada.
La diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés: Con su permiso, señora presidenta. Estamos viviendo tiempos de reconstrucción, de recuento de daños, de recuperación de lo perdido, de análisis profundo sobre lo que no fuimos capaces de prever y aquello que era imposible vislumbrar. Lo cual nos obliga también a la valoración de la vida, ¿cuál es su sustento? ¿Qué acciones debemos tomar para preservarla y sobre qué bases?
Hay mucho por rescatar, empezando por nosotros mismos. ¿Cuál es nuestro estado emocional? ¿Cuál nuestro estado de salud y cómo podemos reconstruirnos?
Es increíble que un país cuya cocina es considerada para patrimonio mundial de la humanidad sea habitada por un pueblo desnutrido, obeso y con diabetes.
Por fortuna tenemos a la mano la solución adecuada, el nopal. El nopal posee numerosas propiedades curativas, por ejemplo, es poderoso antibiótico, ayuda a regular el colesterol, mejora el trabajo del colon, regula los niveles de azúcar en la sangre, evita el estreñimiento. Es un aliado contra la obesidad, refuerza el sistema inmunológico, previene daños en el sistema nervioso, es un excelente diurético.
El año pasado la Secretaría de Salud emitió dos declaratorias de grave emergencia sanitaria por diabetes y obesidad. Debido al problema de salud pública que representan estos padecimientos, resulta increíble que ante esta situación y sabiendo de las bondades del nopal, no lo encontremos incluido en nuestra canasta básica alimentaria.
Estamos conscientes de que la época en que vivimos es de gran aceleración, donde se tiene que producir y vivir rápido y, por ende, nos distrae, nos sustrae de los ritmos naturales y nos aleja de la posibilidad de pensar y vivir de una manera integral, más conectada y enlazada con la naturaleza, de la que formamos parte y que estamos extinguiendo.
Lo que los diputados Mario Ariel Juárez Rodríguez y el diputado Javier García Chávez, junto con una servidora pretendemos lograr con esta iniciativa es restituirle su justo valor a este noble cactáceo, que tantas bondades nos regala. El nopal todavía está ahí presente, pero extrañamente ausente.
Esta iniciativa también es un llamado a evitar no solo la extinción y devastación de nuestros suelos y raíces, sino una extinción cultural. Es un llamado a atender nuestros sustentos y reivindicar nuestro orgullo y autosustento como pueblo.
El nopal simbólicamente nos representa como mexicanos y en la mitología mexica se consideraba como la planta de la vida, ya que aparentemente nunca muere, puesto que al secarse da vida a una nueva planta.
Millones de mexicanos tomamos al día múltiples decisiones que impactan directamente nuestra seguridad, nuestra salud personal, familiar y nacional. Hoy los invito a tomar una decisión en favor del buen vivir. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, diputada Laura Esquivel Valdés. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por diez minutos el diputado Virgilio Mendoza Amezcua, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el propio diputado Mendoza Amezcua y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Virgilio Mendoza Amezcua: Gracias. Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tenemos como principio fundamental el buscar de manera permanente la forma de atender los reclamos de la ciudadanía, lo hacemos cotidianamente porque sabemos que una sociedad atendida con responsabilidad por sus representantes es una sociedad que participa activamente en las transformaciones que necesita México como país.
La propuesta con iniciativa de decreto por el que se adiciona un párrafo del inciso a) del numeral 5 de la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cumple ese objetivo con el que se pretende que el ciudadano cuente con un servicio de alumbrado público eficiente, que permita la convivencia armónica en las ciudades y asentamientos humanos en un marco de seguridad y tranquilidad comunitaria.
El derecho al alumbrado público es un mecanismo de apoyo a las finanzas públicas municipales, que permite solventar los altos costos por el servicio de energía eléctrica. Este derecho es una aportación porcentual de pago por consumir esa energía, de no existir el mismo, los municipios de todo el país enfrentarían serios problemas o dificultades para satisfacer el costo de alumbrado y de energía eléctrica en todos los espacios públicos que son su responsabilidad. Este derecho es pues una fuente de ingreso muy importante para todos los municipios en general, porque permite mantener y mejorar la infraestructura de alumbrado público.
Nuestra Constitución Política federal en el artículo 31, fracción IV establece la obligación de los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, tanto de la federación como del Distrito Federal, de los estados y de los municipios en que se residan de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, dispositivo normativo del que derivan los elementos de las contribuciones y que le dan legalidad a las mismas, derivándose además de la interpretación normativa que solamente el Congreso de la Unión y las legislaturas locales son quienes tienen la facultad de crear o reformar leyes y, por consecuencia, imponer contribuciones.
Asimismo, el artículo 115 constitucional en su fracción III, inciso a), establece que los municipios tendrán a su cargo, entre otras funciones y servicios, el de alumbrado público. En consecuencia, por la prestación de este servicio se requiere un pago por parte de los usuarios y beneficiarios que debe de estar contemplado en las leyes de hacienda municipal dentro del concepto de alumbrado público.
En este contexto, la fracción IV del precepto constitucional invocado establece que los municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas locales establezcan a su favor y, en todo caso, en el inciso c) de la fracción antes citada se aprecia que los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos municipales, las leyes federales no limitarán las facultades de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) de propiedad inmobiliaria y, c), derivados de los servicios públicos.
El que los ayuntamientos del país no cobren el derecho de alumbrado público lesionaría gravemente la recaudación municipal y en muchos sectores y espacios públicos no existiría siquiera la posibilidad de contar con alumbrado público en parques, jardines, plazas públicas, etcétera, originando con ello un causal de inseguridad por iluminación escasa o nula.
El cobro del derecho de alumbrado público es un ingreso que tienen los municipios del país autorizado por las Legislaturas locales para el pago de alumbrado público y este es un servicio que prestan los ayuntamientos por mandato del artículo 115 de la Constitución Federal, y con la cantidad que paga la población por concepto del derecho de alumbrado público se paga el mismo, y si los ayuntamientos no lo cobran tendrán problemas financieros.
Por eso es necesario esta adición al artículo 73 constitucional para establecer como causa de excepción el cobro en el servicio del alumbrado público, para que los ayuntamientos del país no incurran en violaciones constitucionales, en virtud de lo cual los que suscribimos la presente iniciativa lo hacemos con la responsabilidad social y en razón del riesgo constante que corren los ayuntamientos del país en tener que restituir a los particulares o a empresas los pagos que hayan efectuado por concepto del derecho de alumbrado público, situación que arruinaría las haciendas públicas municipales y las finanzas de todos los ayuntamientos del país, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en diversas ejecutorias la inconstitucionalidad del cobro que realizan por ese concepto del derecho de alumbrado público los ayuntamientos.
Por eso, amigas y amigos diputados, todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de servir desde una presidencia municipal, una alcaldía, hoy estamos en el lugar correcto para poder aprobar una modificación de esta índole que permita darle certidumbre jurídica al cobro del derecho de alumbrado público, y con esto mejorar dicho servicio que es demasiado importante para los ciudadanos. Ojalá, pues, contemos con su respaldo para que pueda pasar esta iniciativa. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o., 5o., 6o. y 7o., de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
La diputada María Elena Orantes López: Muchas gracias, presidenta, con su venia. Compañeras y compañeros, el día de hoy presentamos a nombre de la bancada de Movimiento Ciudadano esta iniciativa que reforma los artículos 3, 5, 6 y 7 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de fomento de la calidad nutricional de los productos agropecuarios para el consumo, y que pueda ser mejorado, así como también exista una interconexión de cadenas productivas regionales para aprovechar la calidad de la tierra en cada uno de los estados y hacer productos más nutritivos para los niños y los ciudadanos en general.
En los últimos 30 años nuestro país ha experimentado un crecimiento sin precedentes en la producción agropecuaria. Sigue siendo México uno de los referentes más importantes en materia agropecuaria como es en el café, en el cacao, en el aguacate y en otros productos en donde todavía nos colocamos en un mercado internacional por su calidad y por su producción.
En el hato y mejoramiento ganadero sigue siendo también de los primeros lugares, ocupa el número 12 a nivel nacional. Por ello en los alimentos en general este número que hoy especificamos es importante para que los productores agrícolas puedan seguir haciendo un mejoramiento en la calidad de la tierra.
Es importante para nuestro país que se desempeñe el éxito comercial de las cadenas productivas, de darle el valor agregado a los productos del campo, que nuestra historia adonde el maíz es parte de nuestra cultura, de nuestros antecedentes, a donde podamos hablar de proyectos multisectoriales para poder reconocer el campo y la producción de nuestros productores y de nuestros campesinos.
Las concurrencias de las diversas instancias gubernamentales para poder juntos instrumentar y propiciar los mecanismos suficientes para poder destinar y evitar la degradación nutricional en algunos productos que puedan dar prioridad a las necesidades de cada lugar.
Asimismo, se aprecia desde distintos foros que a pesar de los esfuerzos institucionales y públicos para materializar los beneficios que se aportan a la sociedad, hay consecuencias y esfuerzos jurídicos que todavía no permiten la promulgación que en la ley –que tiene que irse perfeccionando– en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que permitiría a nuestros pueblos y comunidades indígenas y pueblos originarios como los que hoy tenemos oportunidad de recibir, que vienen de las 70 colonias de la zona norte de San Cristóbal de las Casas, quienes se dedican, precisamente, al campo. Bienvenidos a nuestros amigos.
Entre las áreas de la comunidad que actualmente presenta esta Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de calidad nutricional, estamos impulsando que estos agroparques puedan encontrar en los temas que se han planteado de manera directa, es decir, que pueda subirse al primer piso, que pueda elevar la producción y que deje de ser solamente el sector agropecuario, aquél cuyo productor es avasallado por el intermediarismo y la falta de comercialización por lo que no logran ganar los productores lo que realmente merecen.
Los agroparques podrían generar ese valor nutricional que estamos proponiendo, porque la creación de ellos se elevaría a una agroindustria que podría ser el detonante de las fuentes de empleo más importantes en distintas zonas del estado, como lo en mi estado natal Chiapas y la gran oportunidad de la zona económica especial.
En este sentido, es reconocido por organismos internacionales y también la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que la falta de accesos a productos nutritivos y saludables como las frutas, las verduras, los granos y las semillas naturales, es un factor de riesgo para enfermedades derivadas de la mal nutrición, a donde hay todavía muchas niñas y muchos niños con este gran problema.
Por lo que invitamos a que esta iniciativa pueda ser valorada por todos los grupos parlamentarios, quienes siempre, inmiscuidos en el trabajo de la calidad de la tierra y el trabajo al campo, pueda ser una de nuestras aportaciones para contar con desayunos escolares y con productos de mayor calidad, así también como poderles dar a los productos del campo un valor agregado.
Todos los grupos parlamentarios han trabajado con una enorme disposición para trabajar por este sector, a donde ocupa nuestra atención y nuestra voluntad política. Y espero pueda ser tomado en consideración por las comisiones a donde se distribuya, para poder contar con su venia y ayudar a que los agroparques se conviertan en realidad, a que puedan tener mayores valores nutricionales, a que la tierra tenga un valor agregado y también a que tengamos niños con mayor valor nutriente. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Orantes López. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Adelante, diputada.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz: Gracias, presidenta. Con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente, para que la actualización en esta materia sea de calidad.
Para lograr los objetivos planteados en la reforma educativa es indispensable que las y los maestros cuenten con la actualización de calidad en lo concerniente al proceso de enseñanza. Precisamente por ese motivo cobra trascendencia la inclusión del requisito de calidad en la actualización del magisterio.
En Nueva Alianza sabemos que los docentes del país están comprometidos con su labor, que buscan contribuir a lograr una transformación positiva en sus alumnos. Lamentablemente no siempre cuentan con las herramientas necesarias para mejorar su formación y sus condiciones de vida.
La Ley General del Servicio Profesional Docente establece los criterios, los términos y condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio. Y señala en su artículo 4o. diversas definiciones, entre las cuales se encuentran: la actualización, que se entiende como la adquisición continua de conocimientos y capacidades relacionados con el servicio público educativo y la práctica pedagógica; o, bien, la capacitación, que lo define como el conjunto de acciones encaminadas a lograr aptitudes, conocimientos, capacidades o habilidades complementarias para el desempeño del servicio.
Si nos damos cuenta, en ninguna de estas definiciones establece una característica que para Nueva Alianza es indispensable si se pretende cumplir con los objetivos de la reforma educativa, me refiero a la calidad en la actualización de las y los docentes.
Es necesario conceptualizar a la evaluación docente como un medio para impulsar y favorecer el perfeccionamiento, así como la principal herramienta para identificar y potenciar las cualidades de los profesionales de la educación. Esta apreciación es acorde con la UNESCO, que señala que el objetivo primordial de la evaluación es ayudar al docente a mejorar su desempeño, identificando sus logros y detectando sus problemas, perspectiva que coincidiría con la evaluación formativa para el desarrollo profesional.
La calidad, por lo tanto, es un elemento esencial de la capacitación y profesionalización docente, y no obstante no está contemplado en esta ley. Eso es lo que queremos cambiar con nuestra propuesta, incorporar la calidad como una parte fundamental en la preparación de nuestro magisterio.
Nueva Alianza se ha comprometido en su agenda legislativa a legislar a favor de un modelo educativo incluyente y acorde con los desafíos del siglo XXI. Nuestro compromiso consiste en elevar la calidad educativa mediante el fortalecimiento de las capacidades docentes en beneficio de los educandos. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Mirna Isabel Saldívar Paz. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Ana Guadalupe Perea Santos a nombre del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Diputada, permítame un segundo por favor. Quiero saludar a nombre de esta soberanía, a un grupo de personas, nos sentimos muy orgullosos, de las zonas indígenas de Chiapas, acompañadas del presidente municipal de San Cristóbal, invitadas por nuestra compañera, la diputada María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias por su presencia, sean bienvenidos. Adelante, diputada, muchas gracias.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Gracias, presidenta. Honorable asamblea, compañeras y compañeros legisladores, a nombre de mi coordinador, el diputado Alejandro González Murillo, presento iniciativa desde esa máxima tribuna.
México es un país que se ve afectado por diversos desastres naturales a lo largo del año. Muchos de los fenómenos meteorológicos y aún los geológicos causan pérdidas cuantiosas y además provocan el estancamiento de la economía en muchas partes de la República.
En los últimos años se han contabilizado innumerables desastres naturales que afectan a nuestro país con gran fuerza. Los informes de impacto socioeconómico de los desastres naturales en México 2000-2016 del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), en los últimos 16 años, los daños y pérdidas para México han ascendido a 424 mil 923 millones de pesos, más de 33 millones de habitantes han sido afectados y ocho mil 164 han perdido la vida.
En paralelo y después de los sismos de septiembre de 2017, una nueva tragedia está de carácter político, sacudió la vida política mexicana, luego que al iniciar el tercer año de ejercicio de la presente legislatura las dinámicas inconclusas del Senado, así como las tensiones al interior de un instituto político terminaron por secuestrar el funcionamiento e instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
La demagogia y el oportunismo influyeron en el Congreso de la Unión. Súbitamente a todas las fuerzas políticas les nació un interés por la democracia no onerosa y por ayudar a los damnificados haciendo cuentas alegres con el financiamiento público de los partidos políticos, tema en el que Encuentro Social meses atrás había marcado la pauta, al proponer antes que todos su total extinción.
Muestra de los excesos y de la carencia de recursos argumentales serios se dio en esta soberanía, cuando se calificara como guardadito a los remanentes de operación del Banco de México y se propusieran, arbitrariamente, como fuente de recursos para apalear los efectos devastadores de los sismos, así sin más trámite ni elaboración.
En esta oportunidad Encuentro Social, como fuerza política responsable, hace las aclaraciones pertinentes. La Secretaría de Hacienda, en su comunicado 046-2016, anunció que recibiría por concepto de remanentes de operación del Banco de México, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, un total de 239 mil 93.8 millones de pesos, el remanente de operación 2016 del Banco de México sumó un total de 321 mil 653.3 millones de pesos, según comunicado número 58, por la Secretaría de Hacienda.
En el informe semanal de la Secretaría de Hacienda, del 11 al 16 de septiembre del presente año, se establece que el Fonden cuenta con alrededor de 9 mil millones de pesos, cantidad que representa el 2.79 por ciento del total de remanentes de operación del Banco de México del año 2016.
Del mismo modo hay que dejarlo en claro, el Fondo de Desastres Naturales, Fonden, es un instrumento interinstitucional, que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.
En resumen, no hay tal guardadito y es indispensable reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Por lo anterior, con responsabilidad parlamentaria Encuentro Social propone la presente reforma para destinar el 3 por ciento del remanente de operación, que el Banco de México entera al gobierno federal en términos de la Ley del Banco de México, a fortalecer el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Perea Santos. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Iniciamos la segunda ronda de iniciativas con la intervención, hasta por cinco minutos, del diputado Juan Antonio Meléndez Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda: heroicos rescatistas y voluntarios de los sismos del 19 de septiembre. Adelante, diputado.
El diputado Juan Antonio Meléndez Ortega: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con su venia, diputada presidenta.
El mismo día, hace32 años, un 19 de septiembre de 1985 y 2017, son fechas cruciales para México. Luto, tristeza y también espíritu de solidaridad fraternal entre nosotros y hacia nosotros.
Como bien lo mencionara el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, vimos movilizada a toda una sociedad que fue en apoyo de la población damnificada. A miles de voluntarios que estuvieron dispuestos a trabajar horas enteras para apoyar.
Hay que destacar las tareas del Ejército y la Armada nacionales y sus binomios caninos, así como los cuerpos de policía, bomberos y diversas asociaciones particulares de socorristas y voluntarios.
Es conmovedora la actitud de fraternidad y de solidaridad que mostró el pueblo. Mi profundo reconocimiento a esa admirable actitud.
Los gobiernos de la República y de los estados hemos reaccionado con el máximo de nuestros esfuerzos y capacidades. No podemos hacer lo que quisiéramos, con la rapidez que deseamos pero ahí estamos. Hombro con hombro con todo aquel mexicano que desinteresadamente ayudó en las labores de rescate y de remoción de escombros.
A partir de 1985, después de 32 años, México no es el mismo. Hoy estamos mejor preparados para enfrentar cada vez mayor la adversidad de los desastres naturales. Hemos tenido poderosos embates de la naturaleza, tales como el huracán Gilberto en Monterrey, en 1988, Paulina en Oaxaca y Guerrero en 1997. Stan en Veracruz y Wilma en la Riviera Maya en el 2005.
Manuel e Ingrid golpeando múltiples entidades federativas en el 2013 y subrayadamente Odile en la península de Baja California en el 2014. Culminando con los también desafortunados sismos del mes de septiembre del presente año.
Lo anterior aunado a grandes incendios como los ocurridos en Oaxaca y Coahuila. Devastadoras sequías como la ocurrida en el 2012, considerada la peor en los últimos 100 años de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua. Demoledoras heladas y otros tantos desastres que han azotado a nuestro país, y que lejos de acabar con los valores de nuestra sociedad hacen que exista una cultura de la protección civil, donde ante eventos tan dramáticos todos somos uno cuando México es la meta.
Dichos eventos de la naturaleza han conmocionado a la sociedad y al mundo entero en diversas ocasiones, con consecuencias que muchos lamentamos como nación. Pero lo más fuerte de dichos eventos no son estos en sí mismos, lo más fuerte de las grandes tragedias que han afectado a nuestro país es la solidaridad de los mexicanos.
Por eso, más que como un gesto de bondad, resulta una apremiante necesidad reconocer a los rescatistas y voluntarios del 19 de septiembre, porque su valor es el valor de México. Un México que ante los grandes retos otorga la más grande de sus soluciones: la unión de los mexicanos.
Los esfuerzos de todos se dirigieron hacia el rescate de gente atrapada por los derrumbes, pues salvar la vida humana es la prioridad fundamental en hora de tragedia. Al mismo tiempo que se atendió de la mejor manera posible a los damnificados, a los que han perdido su habitación y sus pertenencias. Hay ahí aún mucho por hacer, solo que los resultados se darán de manera paulatina.
Frente a este cuadro de tragedia y de tristeza nos estimula la actitud de la ciudadanía a través de sus distintas organizaciones y en lo individual. Es un orgullo ser mexicano en todo momento, sobre todo ante la tragedia. Se ve el sentido de fraternidad, el espíritu de servicio, pues hay que gente que continúa dando alojo en sus casas a los vecinos damnificados, a sus familiares. Procura alimentos y va a los lugares de los derrumbes para ver en qué puede ayudar.
Es reconfortante saber de las manifestaciones de condolencia y de las ofertas de apoyo que estamos recibiendo de países amigos. Y tengan la seguridad que se hará llegar a los damnificados del terremoto en tiempo y forma, en la medida de las necesidades.
Frente al luto y la tristeza se ve la serenidad, la entereza y el ánimo. Enterremos con pesar a nuestros muertos, pero renovemos nuestra voluntad de vivir y resanar las heridas que hemos sufrido. Estoy seguro de que estos sentimientos prevalecen y de manera perseverante vamos hacia las tareas de reconstrucción, siempre con vigor, entusiasmo y férrea voluntad.
Derivado de lo anterior, y como homenaje a su noble valor y aportación humanitaria ante esos sucesos históricos de gran trascendencia para nuestro país, acudo ante esta tribuna para someter a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro: Heroicos rescatistas y voluntarios del 19 de septiembre.
Sería algo que obviamente pudiéramos hacer todos juntos y que sería, sin duda alguna, un pequeño reconocimiento a todas las personas que han hecho todo lo posible para que a nuestro país le vaya bien. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, diputado Meléndez Ortega. Túrnese su iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul de la diputada Cristina Ismene.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (desde la curul): Gracias, presidenta. Para pedirle a mi compañero amigo, el diputado Meléndez, que me permita suscribir su iniciativa. Me parece un homenaje importante que podemos rendir en esta Cámara de Diputados a estos rescatistas. Gracias, amigo.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El diputado ha expresado que no tiene inconveniente, está a su disposición en esta secretaría la iniciativa para poder adherirse.
Permítanme abrir un paréntesis para saludar a integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Nos acompaña Carlos Anaya Rosique, Juan Luis Arzoz Arbide, Luis Fernando Trillas Salazar, Vitorico Albores, Rene Vicario, Eduardo Escobedo, Juan Arzoz, que ya se había mencionado. Sean ustedes bienvenidos. Gracias por visitarnos en esta soberanía. Muchas gracias.
De la misma manera quiero agradecer la presencia y darle la bienvenida, a una comisión de mujeres empresarias de la Cámara Nacional de Comercio, Servytur, que vienen del estado de Michoacán, particularmente de su capital de Morelia, quienes han sido invitadas por el diputado Alfredo Anaya Orozco. Sean ustedes muy bienvenidas a este recinto parlamentario.
Reitero la iniciativa del diputado Juan Antonio Meléndez Ortega. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Salud. Adelante, diputado.
El diputado Juan Carlos Ruiz García: Gracias. Buenas tardes, diputada presidenta. La situación del medio ambiente que vivimos hoy en día es alarmante. En los últimos años hemos sido testigos del alarmante nivel de contaminantes en el aire de la Ciudad de México que tiene impactos severos en la salud de los habitantes de la capital, pero desgraciadamente esta problemática ya no es exclusiva de la Ciudad de México. Este mismo fenómeno de contaminación del aire se ha replicado en ciudades de nuestro país que presentan ya índices muy preocupantes de partículas nocivas para la salud humana en el aire, tales como las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara, León, Salamanca, Querétaro, entre otras.
Esta situación nos debe llamar a la atención no solo por las consecuencias de daño al medio ambiente, sino porque además trae consigo severos daños a la salud y afecta a la calidad de vida de las mexicanas y de los mexicanos.
Nos iremos a cifras publicadas por diferentes medios públicos privados. En México ocurren 5 mil 65 muertes anuales causadas a la asociación de la contaminación. Anualmente se registran más de 14 mil hospitalizaciones al año originadas por la contaminación. Cada año se registran 818 mil 679 consultas médicas relacionadas con padecimientos causados por la contaminación.
Las pérdidas anuales causadas por la contaminación fueron estimadas en 3 mil 393 millones de pesos. Los gastos en salud derivados de padecimientos originados por la contaminación ascienden a 728 millones de pesos anualmente.
La contaminación al aire, contrario a lo que muchos piensan, no solo es un tema del área metropolitana de la Ciudad de México. Hoy por la mañana vi imágenes que me mandaron mis hijos sobre cómo amanecía Monterrey, con una densa capa de contaminación que años atrás era inimaginable en mi ciudad.
Señores, estas señales de la naturaleza no pueden ser más directas. O nos ponemos hoy mismo a trabajar para la salud de nuestro mundo, o mañana poco habrá por cuidar. La ciudad de Monterrey ha sido calificada no como la ciudad más contaminada de México, sino la ciudad más contaminada de América Latina.
Es por eso que no podemos desdeñar que hemos tenido avances en los trabajos por atacar este grave problema como la creación de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que cuenta con la participación de los gobiernos de la Ciudad de México y la zona metropolitana del valle de México.
Por medio de dicha comisión vimos lo importante de la cooperación entre gobiernos estatales y federal y lo mucho que se avanza en el consenso entre quienes intervienen en las decisiones. Aun así faltan muchos esfuerzos para atacar este problema multifuncional.
Falta una mayor coordinación entre el ámbito federal y el estatal y un reforzamiento de las leyes ya existentes en materia de medio ambiente.
Lo que se propone para apoyar dicho esfuerzo es la creación de la comisión nacional de la calidad del aire. Es una propuesta, una iniciativa que no pretende causar un daño al erario porque es trabajar con las instituciones públicas que ya tienen infraestructura, que ya tienen personal especializado, que tienen mexicanos y mexicanas comprometidos por mejorar el medio ambiente.
Proponemos en la comisión que está encabezada por la Secretaría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, contará con el apoyo de las secretarías de Estado, integrantes como la de Salud, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes y la Sedatu, además de contar con los titulares de los ejecutivos de las 32 entidades federativas.
Esta comisión busca favorecer la vinculación institucional y transversal para lograr soluciones estratégicas a este problema que ya afecta a poblaciones cada vez más grandes.
Compañeras y compañeros legisladores, el equilibrio entre crecimiento económico y social, desarrollo tecnológico y medio ambiente, debe ser responsabilidad compartida entre personas, comunidades y autoridades de los tres niveles de gobierno.
Es de vital importancia frenar la contaminación del aire, y por supuesto, de todos los ecosistemas en riesgo. Es indispensable promover una política de Estado que frene el deterioro ambiental.
Debemos impulsar una nueva conciencia ciudadana, responsable con su entorno natural, donde se reconozca que cada persona tiene derecho a un ambiente sano, en armonía con la naturaleza y la comunidad, ese es el propósito de esta iniciativa, y les pido su valoración y por supuesto su respaldo, a favor de un medio ambiente sano para nosotros y para las próximas generaciones. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, diputado Juan Carlos Ruiz García. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Vamos a tener alguna flexibilidad porque la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta dos iniciativas en una intervención.
La primera es iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 217 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la segunda iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8, 47 y 51, de la Ley General de Víctimas. Adelante, diputada.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Con su venia, presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el día de hoy acudo a esta tribuna a presentar dos iniciativas –como ya se ha dicho– relativas a la protección de los derechos humanos y derechos de las víctimas.
En la primera, propongo protección a las niñas, niños y adolescentes que han perdido a su padre o a su madre por un hecho victimizante. Ante la grave crisis de derechos humanos que se viven en el país, se debe garantizar por parte del Estado, no solo la no repetición de estos hechos, sino la protección también, de los huérfanos de estos acontecimientos.
El Estado mexicano debe garantizar la reparación integral que particularmente esta iniciativa hace énfasis en la protección de los menores huérfanos que deberían de ser preocupación de todas y de todos nosotros.
La reforma a los artículos 8, 47 y 51 de la Ley General de Víctimas en materia de menores de edad que hayan quedado en la orfandad a consecuencia de un hecho victimizante, señala que se debe de dotar de facultades a la CEAV y a las comisiones de víctimas locales para que puedan eximir a las víctimas de la obligación de presentar la comprobación de pagos académicos.
Por otra parte, que las víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas tengan el derecho a la exención de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas, desde el nivel preescolar hasta la formación universitaria.
Que las víctimas tengan derecho además a recibir con cargo a los fondos estatal o nacional –según corresponda– becas completas de estudio en instituciones públicas –como mínimo– hasta la educación universitaria. Dichas becas deben incluir además, de todo lo relativo a los estudios, la cantidad mensual necesaria para su desarrollo integral hasta cumplir la mayoría de edad.
Recibir estas becas completas y el apoyo económico para cubrir necesidades básicas con lo que se garantice el desarrollo integral que está en riesgo al quedar sin la figura materna o paterna, o incluso sin ambas figuras por el hecho victimizante.
Compañeras y compañeros quisiera que pudiéramos poner atención en varios hechos. Lo primero es que estudios de organizaciones no gubernamentales señalan alrededor de 30 mil menores huérfanos por hechos victimizantes.
Aunado a esto, no se conoce el número preciso, pero tampoco su paradero, y no hay ningún órgano atendiendo esa situación... Perdón. Esa iniciativa que se presenta es para que los hijos e hijas de esas personas que no debieron irse por hechos victimizantes queden atendidos.
La segunda iniciativa que presento es para garantizar la protección y respeto de los derechos humanos en las transmisiones de radio y televisión, haciendo exigible a la Secretaría de Gobernación el verificar que los criterios de la clasificación garantice la protección de los derechos humanos. La reforma al artículo 217, fracción VIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para garantizar la protección y respeto de los derechos humanos.
La iniciativa busca establecer que corresponderá a la Secretaría de Gobernación verificar que las transmisiones de radio y televisión cumplan con los criterios de clasificación que se emitan en términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, garantizando la protección y respeto de los derechos humanos.
Lo anterior tiene como finalidad garantizar la protección de los derechos reconocidos en el artículo 4o. constitucional, a partir de la reforma de 2011, específicamente evitando la reproducción de estereotipos de género o de cualquier otra índole y de actos discriminatorios en la programación de radio y televisión.
Al respecto el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones ha señalado que los niños en México ocupan el primer lugar en horas frente a la televisión, es decir, nuestros niños están alrededor de 4.34 horas diarias al frente de un televisor.
Sin embargo, la programación que las niñas y los niños ven en estos medios de comunicación no es apta ni está diseñada para ellos, es decir que un niño o una niña –en nuestro país– ve 740 veces más telenovelas que programas culturales o incluso programas infantiles.
Tomando ese tiempo frente a la televisión como factor determinante en el desarrollo de las niñas y los niños, el propio artículo 4o. constitucional, párrafo décimo, señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez.
Quiero aprovechar, compañeras diputadas y diputados, para además de estas iniciativas señalar que he presentado tres puntos de acuerdo. El primero exhortando al presidente de la República, para que se publique ya la Ley General de Desaparición Forzada, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores ya desde el 12 de octubre.
Otro exhorto es al Poder Ejecutivo federal, para que permita la visita del Comité Contra la Desaparición Forzada de Personas, de Naciones Unidas, a nuestro país según se establece en el artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra la Desaparición Forzada.
Finalmente, exhortar al presidente de la República a efecto de que, de conformidad con lo establecido en los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, declare el reconocimiento del Estado mexicano de la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en el nombre de ellas, que argumenten ser víctimas de violaciones de los derechos humanos por el Estado mexicano.
Agradeciendo de todas y de todos ustedes su atención a estas dos iniciativas, es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada. Por lo que respecta a la primera iniciativa, túrnese a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen. Y la segunda túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por diez minutos el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y además también la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o y 8o de la Ley del Servicios Profesional de Carrera en la administración pública federal.
El diputado Jesús Emiliano Álvarez López: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros, compañeras diputados, diputadas. Como lo dijo la presidenta, por economía de tiempo legislativo voy en un solo acto a presentar estas dos iniciativas.
La primera está relacionada con un tema que ya ha sido abordado en este recinto en años anteriores, ya se ha discutido, y se refiere a la necesidad legítima que tienen los altos funcionarios para elegir libremente a personas de su plena y total confianza en los niveles jerárquicos de director general o su equivalente.
Desde hace varios años México ha venido preocupándose por profesionalizar la administración pública y dotar de calidad a los servicios que presta el Estado. En este sentido, coincidimos en la necesidad de incluir el tema en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal.
La iniciativa que hoy propongo se centra en consolidar el servicio profesional de carrera, pero con la necesidad legítima que tienen los altos funcionarios para designar libremente a personas de su plena y total confianza en los niveles jerárquicos de director general o su equivalente.
Nuestra administración pública nuevamente requiere que dicho puesto sea nombrado por libre designación, pues es necesario que se cuente con servidores públicos que además de los ya establecidos por la legislación, garanticen la confianza, responsabilidad y celeridad que requieren las decisiones estratégicas en materias de planeación financiera, económicas, monetarias, transacciones que se realicen con confidencialidad y reserva, cuidando siempre claro el interés público.
Cabe destacar que la presente iniciativa ya había sido abordada aquí y data del año 2006. Fue presentado a esta soberanía e incluía propuestas de todas las fracciones parlamentarias.
El 30 de octubre de 2007, la Cámara de Diputados, con el consenso de la gran mayoría de los legisladores aprobó esta iniciativa con 332 votos en pro, 5 en contra y 6 abstenciones.
El dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 y se deroga el inciso a) del artículo 5 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2007, se remitió a la Cámara de Senadores la minuta en comento.
El día 21 de noviembre de 2012, las comisiones unidas aprobaron el dictamen de la minuta referida y el 22 de noviembre se publicó, de primera lectura, en la Gaceta Parlamentaria.
Como se puede observar, la minuta en comento cumplió con el proceso legislativo, pero aún se desconoce las causas que motivaron a que fuera retirada del orden del día.
Como lo he mencionado, esta iniciativa por el que se deroga el inciso a) del artículo 5 y se reforma el artículo 8 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, tiene la finalidad de consolidar un servicio profesional de carrera en la administración pública federal competitivo y eficiente, pero con la necesidad legítima que tienen los altos funcionarios para designar libremente a personas de su plena y total confianza en los niveles jerárquicos de director general o su equivalente.
La segunda iniciativa que presento pretende reglamentar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la facultad que tiene el Instituto Nacional Electoral para realizar las consultas ciudadanas.
En nuestro país recientemente se han implementado nuevas formas de participación ciudadana, a través de la aprobación de la Ley Federal de Consulta Popular. En ella se defienden los mecanismos de esta importante demanda.
Con su aprobación, el Poder Legislativo decidió que la organización de la misma corresponde al Instituto Nacional Electoral, quien debe aprobar el diseño de las papeletas y las actas de escrutinio, así como asegurarse de que las urnas especiales se distribuyan en todo el país. El INE, además, debe utilizar sus tiempos de radio y televisión para difundir el ejercicio y llamar a la ciudadanía a participar en él.
No obstante, la importancia que tiene la vida democrática, esta iniciativa no se ha cumplido a cabalidad, ya tenemos un ejercicio en el año 2015 donde se intentó por varias fuerzas políticas impulsar una consulta popular, pero los resultados no fueron los esperados por la ciudadanía.
Fueron rechazadas estas iniciativas, la gente se desmoraliza al firmar, al apoyar una consulta y no se puede aprobar, no llega la consulta a donde se pretende que la ciudadanía tenga el espacio público para poder abordar estos temas.
Por eso creemos que la consulta popular debe ser una figura relevante para la participación, informada y responsable de la sociedad en los asuntos públicos.
Para el asunto en comento, quisiera destacar que el tema de la consulta popular dejó un vacío constitucional al no incluir la consulta popular en el artículo 41 de la Constitución, en el que se refiere a las atribuciones del Instituto Nacional Electoral.
Es necesario que la legislación dote de certeza de ejercicio al INE, la consulta popular debe estar diseñada para devolver a los ciudadanos la confianza, pero ello solo se logrará en la medida en que se cuente con un marco legal apropiado.
De ahí pues nuestra propuesta, que pongo a su consideración de esta soberanía, para hacer la adición al mencionado artículo 41 de nuestra Carta Magna, para incluir las facultades que tiene el Instituto Nacional Electoral en materia de consulta popular. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Álvarez López. Por lo que respecta a su primera iniciativa la de las modificaciones al artículo 41 de la Constitución Política, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen. Por lo que respecta a las modificaciones a la Ley del Servicio Profesional de Carrera, túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Cesáreo Márquez Alvarado, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley General de Protección Civil, suscrita por el diputado presentante y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.
El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado: Muchas gracias, presidenta, con su permiso. Los recientes sismos ocurridos durante el mes de septiembre han dejado a su paso muerte y destrucción, pero también unidad y esperanza como nación, mostrando la solidaridad de los mexicanos en tiempos de crisis, algo quedó muy claro, los binomios caninos fueron un factor vital para el rescate de personas vivas y recuperación de cuerpos.
La más alta tecnología no ha logrado ser tan efectiva como la sensibilidad del olfato canino. Muchos de ellos son de la Marina, de Protección Civil, de Bomberos. También hay, desde luego, de personas civiles que fueron como voluntarios.
Los perros de búsqueda y rescate son animales entrenados para encontrar personas vivas o recién fallecidas en muy diversas situaciones, cubiertas por aludes de nieve, atrapadas en espacios confinados, estructuras colapsadas o deslaves sobre áreas habitadas. Rescate por arrastre de náufragos o bañistas, búsqueda forense para víctimas de desastres, crímenes, fosas comunes o personas ahogadas en cuerpos de agua.
Los perros, con un sentido del olfato mucho más desarrollado que el humano, son capaces de detectar el olor de una persona viva por las 40 mil células que se desprenden de la piel por minuto y flotan en el aire como bolsas de piel.
El olor a putrefacción también les ayuda a localizar a las víctimas. A pesar de todos los avances tecnológicos y científicos, los GPS, las imágenes ofrecidas por los satélites y los robots, los perros de búsqueda y rescate siguen siendo una de las mejores herramientas que los equipos de radar y apertura sintética.
Los perros entrenados para la búsqueda y rescate de personas deben recibir un adiestramiento proporcionado por un profesional de este sector, puesto que se trata de un proceso complicado.
Sé que hay estados donde no se cuenta con perros de búsqueda y rescate. En caso de suscitarse un sismo, inundación o alguna otra tragedia no contarían con un equipo que dé respuesta inmediata.
Sabiendo la importancia de la velocidad de la respuesta considero imperativo que cada estado cuente con su propio equipo especializado de binomios para efectuar tan importante labor, fomentando la cultura de la prevención como forma de reducir riesgos, lo que genera un bienestar para toda la sociedad mexicana.
Por lo antes expuesto es que pongo a su consideración de este pleno el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 43 de la Ley de Protección Civil, con la finalidad de crear brigadas de búsqueda y rescate con binomios caninos en cada entidad federativa, plenamente capacitados, certificados y periódicamente evaluados. Es todo.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Jorge Márquez Alvarado.
El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: ¿Con qué objeto, diputado Pedro Luis Noble?
El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (desde la curul): Presidenta, preguntarle si me puedo adherir a la iniciativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputado, le preguntan si es posible que se puedan adherir. Diputado, en sentido afirmativo la respuesta. Está a sus órdenes la iniciativa aquí en la Secretaría de esta Mesa Directiva. Por lo que respecta a la iniciativa, se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación tiene la palabra por diez minutos el diputado Adán Pérez Utrera, a nombre del diputado Clemente Castañeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para Prevenir, Atender y Reparar el Desplazamiento Forzado Interno.
El diputado Adán Pérez Utrera: Con la venia de la Presidencia. El desplazamiento forzado interno representa hoy un problema sumamente grave en nuestro país, que refleja un patrón de violaciones a los derechos humanos y que no ha sido debidamente atendido por las instituciones del Estado.
Este fenómeno se presenta cuando las personas se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia por causas de violencia generalizada, por violaciones a sus derechos fundamentales e incluso por la construcción de megaproyectos de infraestructura.
Es importante destacar que las víctimas de desplazamiento interno generalmente pertenecen a los sectores más vulnerables de la población, ya que están envueltas en un ciclo de indefensión que, al sufrir el desplazamiento forzado, los lleva a un proceso de revictimación sistemático.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en nuestro país el desplazamiento forzado interno se ha agravado durante la última década, principalmente por la presencia de grupos criminales en distintas zonas del país y por el círculo vicioso de violaciones a los derechos humanos que esto ha generado. De igual manera, se han señalado a distintos proyectos de infraestructura como causantes de este fenómeno.
Hasta el año pasado se contabilizaban más de 300 mil víctimas de desplazamiento forzado en nuestro país. Por ello, en México se necesita asumir al desplazamiento forzado interno como un serio desafío que requiere la máxima atención de las instituciones públicas y para ello el primer paso es establecer un marco jurídico adecuado para su prevención y atención, así como para la reparación y la restitución de las víctimas.
A pesar de la grave presencia y las consecuencias del desplazamiento forzado, aún no se cuenta con los instrumentos jurídicos necesarios para diagnosticar la problemática, ni para hacerle frente desde una perspectiva integral, basada en el respeto a la dignidad de las personas, la reparación del daño y la no repetición de los hechos victimizantes.
Los derechos humanos no son una concesión graciosa y mucho menos pueden relegarse al cajón de las buenas intenciones. Por ello, el día de hoy en nombre del coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, se presenta este proyecto de Ley Federal para Prevenir, Atender y Reparar el Desplazamiento Forzado Interno.
En esta iniciativa se recogen las recomendaciones que los organismos de derechos humanos han hecho a nuestro país, tanto nacionales como internacionales, así como los principios rectores que ha emitido en esta materia la Organización de las Naciones Unidas.
La iniciativa propone, entre otras cosas, que se establezcan y reconozcan los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado interno, se señalen las medidas de protección inmediata de asistencia legal y de defensa de los bienes de las víctimas, así como las medidas para su regreso de asentamiento y reintegración.
Se determinen las medidas, así mismo, de reparación integral y las políticas de soluciones para poner fin al ciclo de desplazamiento forzado interno en nuestro país. La creación del Sistema Nacional de Prevención y Atención al Desplazamiento Forzado Interno, para garantizar la aplicación de la ley e impulsar la investigación y seguimiento de cada caso como medio para garantizar el derecho a la verdad.
En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que el desplazamiento forzado interno debe reconocerse en nuestro país con toda la dimensión y la magnitud real del problema. Aprobar esta iniciativa es el primer paso para hacerle frente a un problema que cada día cobra más víctimas en nuestro país.
Compañeras y compañeros diputados, es momento de hacer una seria llamada de atención a gobernantes y gobernados para que todos despertemos del peligroso letargo en el que nuestra autocomplacencia podría colocarnos ante las violaciones de derechos humanos que a diario ocurren en nuestro país y que se ven expresadas en profundas desigualdades, delitos, acciones u omisiones de las autoridades.
El disfrute de los derechos humanos es uno de los indicadores más confiables del desenvolvimiento democrático de una sociedad. Es cuanto, compañera presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Pérez Utrera. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su opinión.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación tiene la palabra por cinco minutos el diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 11 Bis a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.
El diputado Jesús Rafael Méndez Salas: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. En esta ocasión pongo a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 11 Bis a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, cuya finalidad es actualizar oportuna y pertinentemente los datos en el sistema de información del estado físico de las instalaciones que forman la infraestructura física educativa.
De acuerdo con el programa del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 2014-2018, se busca mejorar la infraestructura pública educativa del país con el fin de restituir y adecuar sus condiciones de operación y desarrollar y mantener un sistema de información para contar con una valoración técnica completa de las condiciones de la Infre, sin embargo la realidad es que las circunstancias económicas del país no han permitido que estos objetivos se cumplan.
De hecho, desde el año 2014 a la fecha, el gasto asignado a los programas para el desarrollo de la infraestructura física educativa ha sido reducido en un 90 por ciento. A mayor abundamiento, la Organización de las Naciones Unidas para la Adecuación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, mencionó en su informe de seguimiento de la educación en el mundo que en 2016 la ayuda para educación se redujo en un 4 por ciento respecto a 2010. Asimismo se afirma que el apoyo destinado a la educación ha disminuido durante seis años consecutivos, y los fondos con los que actualmente se cuenta, son insuficientes para alcanzar el objetivo cuatro de desarrollo sostenible.
Lo anterior es preocupante, particularmente cuando nos referimos al numeral 4.1 que pretende lograr la educación primaria y secundaria universal para 2030, y el 4.8 que busca construir y adecuar las instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, inclusivos y eficaces.
La infraestructura física educativa requiere actualización y mantenimiento, así como la incorporación de elementos que deriven de los avances tecnológicos, mismos que facilitan e impulsan la tarea pedagógica y el aprendizaje de los alumnos.
Para ello es imprescindible que el Sistema de Información de la Infraestructura Física Educativa funcione de manera adecuada, y que cuente con la información necesaria para dar respuesta a las necesidades de los docentes y alumnos.
Lamentablemente a pesar de los esfuerzos realizados en la materia, en tres años no se ha conseguido el avance esperado en el diagnóstico de la Infe a nivel nacional y con una tendencia descendente en la asignación de recursos. Es muy factible que en ejercicios posteriores no se puedan alcanzar los objetivos planteados generando así una desactualización de los datos logrados en el periodo 2013-2018.
En Nueva Alianza nos hemos comprometido a legislar a favor de un modelo educativo incluyente y acorde con los desafíos del siglo XXI.
La actualización de datos en el sistema creado para homologar, recabar y programar las acciones de rehabilitación, construcción y mantenimiento de la Infe, no se están realizando de manera oportuna y pertinente por las autoridades en materia de infraestructura física educativa. Es urgente resolver esta situación.
Con esta propuesta en Nueva Alianza pretendemos garantizar el derecho a contar con una infraestructura física educativa que potencie el mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos, y conseguir así el óptimo desempeño del personal docente de educación básica en todo el país. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputado Méndez Salas, muchas gracias. Su iniciativa se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y 48 de la Ley de Instituciones de Crédito. Adelante, diputada.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Con su venia, señora presidenta. Honorable asamblea, buenas tardes. Al igual que todos los legisladores que integran esta Cámara de Diputados, siempre me he preocupado por proteger y atender las demandas de todos los mexicanos, con la finalidad de alcanzar un mayor bienestar e igualdad entre nosotros.
El sistema financiero, sus entidades y figuras no son la excepción en esta revisión constante que nos corresponde hacer. En esa tesitura tenemos que cuando alguna persona realiza una operación interbancaria en cajeros automáticos, a través de un medio de disposición se les cobra una comisión. Atento al ordenamiento por el diverso 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros.
De acuerdo a la información proporcionada por el Banco de México, el 97 por ciento de las transacciones que se realizan en cajeros automáticos son con tarjetas de débito, es decir, el cliente dispone en su inmensa mayoría de su propio dinero.
En lo que se ha incrementado con el pago de nómina a través de tarjetas de débito, dado que así es más seguro tanto para el trabajador como para el patrón. Igualmente la capacidad de red instalada permite, según el Banco de México, que solo el 10 por ciento de los servicios consumados en un cajero automático, sean consideradas operaciones interbancarias.
En la actualidad, no hay un tope por cuánto se hace la comisión que puede cobrarse por una operación interbancaria. Sin embargo, de un recorrido que la suscrita realizó, en diversos cajeros automáticos pudo señalar que en promedio se retienen 40 pesos por transacción.
En razón a lo anterior, la presente iniciativa de reforma propone eliminar todo tipo comisión por disposición de efectivo y/o por consulta de saldo, sin importar si el tarjetahabiente es cuentahabiente directo del operador del cajero automático o no.
El cobro de la comisión se sustenta en que sirve para el sostenimiento de la red y gastos de operación. Sin embargo, si tomamos en consideración que tan solo el 10 por ciento de las transacciones se realizan en un cajero automático, pagan una comisión, resulta ilógico que con ello se sostenga la misma.
En consecuencia, para prestar un mejor servicio del tarjetahabiente, y no sea menoscabado su patrimonio, resulta conveniente eliminar tal comisión, ya que con las demás comisiones que se pagan a favor de las instituciones bancarias se sostiene este tipo de redes. Las instituciones bancarias deben ser más responsables y proteger a sus consumidores, basta de que siempre el cliente sea quien cargue todos los gastos.
Por ello, se propone sea reformado el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 4 Bis de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con la finalidad de que todo tipo de transacción interna o interbancaria que se realice en cajeros automáticos operados por las diversas entidades financieras, a través de las tarjetas de crédito o de débito, estén exentas de cualquier cargo o comisión.
Compañeros diputados, con este tipo de iniciativas impulsamos la economía del país, la prosperidad de las mayorías. Hagámoslo por la patria. Es cuanto. Muchas gracias, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, diputada García Soberanes. Se turna su iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. Gracias, diputada.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación tiene la palabra por cinco minutos la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 28 y 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Gracias, estimada presidenta. Son varios los ejemplos que podríamos citar sobre casos de violencia contra las mujeres. Algunos de ellos han salido a la luz pública por su gravedad y muchos permanecen en el anonimato porque no necesariamente han cobrado la vida de las mujeres, pero sí han trastornado su existencia.
La violencia, ya sea física, económica, psicológica o en cualquier otra manifestación, es inadmisible. En pleno siglo XXI es padecida por alrededor de las dos terceras partes de las mujeres de este país.
Esta alarmante cifra ha generado que en la actualidad se hayan reformado prácticamente todas las legislaciones del país para reconocer la violencia en sus múltiples manifestaciones y generar mecanismos que garanticen el acceso de las mujeres a la justicia.
Una de las acciones que se han implementado para detener este grave problema ha sido la creación de los Centros de Justicia para las Mujeres, un organismo que otorga bajo un mismo techo a todas las instancias encargadas de la atención de la violencia.
A la fecha existen en el país 37 centros de este tipo en 25 entidades federativas, de los cuales 31 han sido construidos durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
Si se detecta que una mujer está viviendo acciones de violencia lo urgente es protegerla de manera real y efectiva, porque de no hacerlo su integridad y hasta su vida corre peligro, sobre todo, si la víctima denuncia su agresor puede ser aún más violento.
Para evitar esto, a través de estos centros se pueden decretar órdenes de protección a favor de las mujeres que han sufrido un episodio de violencia. Estas medidas tienen como propósito evitar que sigan expuestas a quienes han proferido en su contra violencia, y sobre hacer que una policía especializada vigile que estas se cumplan.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevé la existencia de órdenes de protección de emergencia y preventivas, que permiten que cuando el agresor sea la propia pareja deba desocupar de manera inmediata el domicilio, no acercarse a él ni a la víctima y en general que se implementen todos los mecanismos necesarios para evitar cualquier acto de intimidación o violencia. Sin embargo, estas medidas tienen una duración de apenas 72 horas. Uno de los propósitos de esta iniciativa es prolongar de manera indefinida estas medidas, hasta que el riesgo haya cesado.
Con independencia de lo anterior, las medidas que hoy contempla la ley no alcanzan a cubrir todas las hipótesis que en la práctica ocurren. Por ejemplo, cuando una mujer sufre violencia en el ámbito laboral, ya sea proferida por alguien que ocupa una posición jerárquica superior o por parte de algún compañero de trabajo, estas medidas no contemplan la separación temporal del agresor de su puesto de trabajo en tanto se desahoga la investigación.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Dinámica de Relaciones en los Hogares, alrededor de 30 por ciento de las mujeres que trabajan han sufrido algún tipo de violencia en su propio trabajo, Por tal motivo esta iniciativa propone agregar una hipótesis más dentro de las órdenes de protección y de emergencia, para poder proteger de manera temporal a la mujer y alejar al agresor del espacio laboral donde están conviviendo.
Señoras y señores, por lo anteriormente expuesto, hoy quiero presentar ante ustedes esta iniciativa, que urge de nosotros toda responsabilidad para detener este grave problema que frena el desarrollo de nuestro país, para atender una responsabilidad histórica, que nos dé mejores condiciones de igualdad.
No es suficiente con que estén contemplados los derechos en las leyes, lo importante es el acceso a la justicia y, sobre todo, alcanzar una igualdad sustantiva que alcance a todos y todas. Muchas gracias, por su atención.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 143 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
El diputado Exaltación González Ceceña: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, apenas hace un par de semanas, en este pleno, votamos a favor un dictamen de reforma a la Ley Ganadera que tenía por objeto garantizar el voto libre, directo y secreto al interior de las organizaciones productivas de ese sector.
El día de hoy acudo a esta tribuna para presentar una iniciativa en sentido similar, para reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Esta ley establece como sujetos de los apoyos, beneficios, bienes, servicios y de todas aquellas acciones tendientes a elevar la calidad de vida de la población rural a los ejidos, comunidades y organizaciones o asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes y, en general, toda persona física o moral que de manera individual o colectiva realice preponderantemente actividades en el medio rural.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable mandata a las autoridades del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios, a promover e impulsar la organización y asociación económica y social de los productores y demás agentes de la sociedad rural, a fin de lograr que los recursos y las acciones de política pública se den de forma más eficiente y equitativa.
La organización y asociación entre productores y demás agentes de la sociedad rural, debe darse de forma libre, voluntaria y democrática, de conformidad al derecho de asociación que establece el artículo 9o. constitucional y a las recientes reformas a la Constitución, que el Estado mexicano actualmente reconoce en otras instituciones y organizaciones de interés público, para que guíen su vida interna conforme a los principios de transparencia, democracia y libertad.
He sabido que si bien en nuestro país el derecho de asociarse de forma libre y voluntaria ha sido respetado, también es cierto que en un gran número de organizaciones productivas se ha coaccionado el voto, impidiendo a los miembros a elegir libremente a sus dirigencias.
Sin duda esto afecta la toma de decisiones al interior de las organizaciones, toda vez que esto perjudica la confianza y el buen clima de trabajo que debe darse para el cumplimiento de sus bienes.
Las instituciones y las organizaciones de la sociedad que abonan a la democracia, deben guiarse en su vida interna conforme a principios democráticos reales y el voto secreto garantiza precisamente la libertad de los integrantes.
En congruencia con nuestro pensamiento y virtud democrática y con la convicción de que el voto libre y secreto debe garantizarse en los procedimientos de votación de organizaciones de carácter público, es que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al que me honro en pertenecer, ha presentado diversas iniciativas que buscan beneficiar la vida interna de las organizaciones, a fin de que exista una democracia efectiva y plena en el campo mexicano.
La presente iniciativa tiene ese propósito, estamos planteando la reforma al artículo 143 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de que la elección de los dirigentes de las organizaciones se dé con el voto libre, directo y secreto de los miembros, así como que se integre en sus órganos de dirección de manera proporcional al género de los integrantes de la misma.
Esta iniciativa es pertinente con los avances democráticos de nuestras instituciones y organizaciones de interés público, plasmados en nuestra Carta Magna, en diversas leyes federales y generales, incluso, en leyes locales.
Estamos seguros, compañeras y compañeros, que esta propuesta legislativa constituye favorablemente en la vida interna de las organizaciones. Asegura incluir a las mujeres en los órganos de decisión y sin duda, será de gran beneficio para el mejor desarrollo de las organizaciones productivas y también del avance democrático del país. Es por ello que pido su apoyo para esta iniciativa, compañeras y compañeros. Es cuanto, señora presidenta.
El diputado David Jiménez Rumbo (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado González Ceceña. Túrnese... Perdón, diputado, que le pongan sonido en su curul, si me hicieran favor. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado David Jiménez Rumbo (desde la curul): Preguntar al diputado proponente si me permite adherirme a su iniciativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El diputado ha aceptado, la iniciativa está a sus órdenes en la Secretaría para poder suscribirla también. La iniciativa, por supuesto, se turna a la Comisión de Desarrollo Rural para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ricardo Ángeles Barrientos Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 13 y 29 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
El diputado Ricardo Ángeles Barrientos Ríos: Muy buenas tardes, con su venia, diputado presidente. Compañeros, compañeras diputados presentes en este recinto, hace algunas décadas, después de instaurada la democracia en México, con el triunfo de la Revolución Mexicana el presidente, general Lázaro Cárdenas, de los Estados Unidos Mexicanos, envió a este Congreso de la Unión una iniciativa con la que se reconocía y se garantizaba la participación de la mujer en la vida política electoral de este país. Sin embargo, por cuestiones partidarias y políticas, pues nunca llegó a buen término, pues se vio inconcluso su proceso legislativo.
En la actualidad hemos logrado avanzar en el tema de la equidad de género de manera sustancial a partir de la reforma política del pasado año 2014.
Por ley ahora se garantiza la participación de la mujer en candidaturas electorales en un 50 por ciento. Pero estoy sumamente convencido que la equidad de género va más allá y debe permear en la cultura de nuestro país, no solo de la política electoral.
Estoy sumamente convencido de que en todos los ámbitos de la vida la mujer tiene la capacidad para ser tomada en cuenta y destacar, tal como nos lo han demostrado día a día.
Por eso, es que hoy vengo a proponer que se abran espacios basados en la equidad de género, en la administración pública federal. Pero no solo un servidor, la sociedad en la actualidad demanda que se abran espacios laborales de forma igualitaria para los hombres y las mujeres que acuden a concursar al servicio profesional de carrera en la administración pública federal.
Este sistema debe ser un referente de igualdad de oportunidades basadas en el mérito, pero también garantizar la paridad entre los géneros. Las estadísticas del servicio profesional de carrera de la administración pública, aportadas por la Unidad de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal y la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera registraron en su histórico los siguientes datos.
Que de 36 mil 198 personas, 21 mil 240 han sido hombres, los cuales han logrado acceder y ocupar puestos por medio de concursos. Mientras que lo han hecho también 14 mil 958 mujeres. Estos datos nos demuestran que el 58 por ciento de los puestos han sido obtenidos por el sexo masculino, mientras que el 42 por ciento por el sexo femenino.
Lo anterior no parece dejar de lado la participación de la mujer en el ejercicio público, pero algo es cierto: no existe la equidad de género. Estoy convencido de que el sexo femenino debe tener acceso a cualquier actividad que se proponga, en cualquier ámbito y con igualdad respecto al sexo masculino.
Se puede contar con el mismo número de mujeres y hombres en los puestos de concurso, sin que ello signifique no tener a las y los mejores evaluados y capacitados, ya que la capacidad y la equidad de género se yuxtaponen sin contraponerse.
El día de hoy con esta propuesta se pretende que se cumpla por la paridad de género. El día de hoy la equidad nos convoca, como legisladores, para garantizar su cumplimiento ante la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.
Me gustaría, compañeros diputados, concluir esta participación citando una frase de la maestra Natalia Pérez Hernández, y dice así: Tengo la certeza de que quien promueve la igualdad entre los sexos contribuye no solo a erradicar la discriminación, sino al fortalecimiento de la democracia con la que se genera una sociedad más fuerte, madura y consolidada, que nos permita pensar que entre ambos sexos no debe prevalecer la desigualdad en la competencia, sino la complementariedad. Eso, compañeros, compañeras diputadas, es lo que debemos garantizar en este Poder Legislativo. Muchas gracias, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, diputado Barrientos Ríos. La iniciativa se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 8o. de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.
La diputada Norma Xóchitl Hernández Colín: Con su venia, diputada presidenta. Las reformas en materia de cultura que se han dado en los últimos dos años harán que los creadores, interpretes, artistas y promotores culturales no olviden en mucho tiempo lo que sucedió en la presente legislatura y no precisamente por la pulcritud del proceso, sino por la creación de una Secretaría que va caminando dando tumbos por la falta de orden normativo que rige a las instituciones que a partir de su creación fueron sectorizadas.
La tarea que tenemos es apoyar a la dependencia y proponer reformas que se alineen con las acciones que tiene que determinar la actual secretaría, porque ni siquiera podemos hablar de alineación a un Programa Nacional de Cultura, toda vez que el que se presentó en abril de 2014 fue un Programa Especial de Cultura y Arte hecho para un órgano desconcentrado y no para una secretaría de Estado.
Con mucha atención escuchamos los argumentos de la secretaria María Cristina García Cepeda, en la Comisión Permanente, cuando se le convocó a una reunión en la Segunda Comisión de Trabajo, para que explicara los planes relacionados con lo que mandata el artículo 8o. de dicha ley.
En síntesis manifestó abiertamente que no coincide plenamente con la propuesta de repartir vales de cultura para que la gente acuda a los recintos. Sus argumentos fueron válidos y en síntesis fueron los siguientes: que la mayoría de las actividades culturales a las que puedan tener acceso los grupos vulnerables –son gratuitas– que repartir vales de cultura en zonas en donde se concentra la población en condiciones de vulnerabilidad no tiene sentido porque no tendrían en dónde utilizar los vales por falta de oferta y que han hecho un análisis de las necesidades de los sectores vulnerables para que la secretaría atienda a esos sectores que históricamente no han sido atendidos.
Así, la secretaría planteó cuatro acciones concretas que habrán de operar para cumplir con el espíritu del legislador en el momento que se planteó el dictamen final de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales –la creación de un sistema de vales para atender a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad–, de manera que se plantearon cuatro ejes. Cultura en tu comunidad, cultura a tu alcance, cobertura nacional y México es cultura.
Lamentablemente plantear acciones concretas sobre estos cuatro ejes como alternativas a lo que dispone el artículo 8o. de la ley, la conduciría a soslayar un mandato de ley y estaría en falta. Se trata entonces de apoyar acciones concretas y efectivas planteadas, fortaleciendo la propuesta ante los legisladores que nos representaron en la Comisión Permanente.
Por ello, la presente iniciativa plantea que la secretaría podría aplicar acciones y programas de cultura de manera supletoria el programa de vales para poder atender a los sectores señalados en el párrafo anterior de manera ordenada y sistemática. Además, mandata a esta Cámara a considerar las necesidades financieras para el cumplimiento de lo que dispone el artículo 8o. de la ley. Los invito a que nos apoyen en esta iniciativa. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Paloma Canales Suárez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 423 del Código Civil Federal, suscrita por la diputada presentante y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada.
La diputada Paloma Canales Suárez: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Si bien el tema de los derechos de los niños y niñas ha adquirido amplia relevancia y consenso internacional, muchas de las prácticas que atienden aspectos culturalmente aceptados, no se han erradicado y se aprecian por la sociedad como necesarias, e inclusive justificadas por valores esenciales como son la educación o formación de un menor de edad. Este es el caso de los castigos corporales, mismos que durante miles de años se han venido viendo como medio indispensable para la formación y disciplina de un padre que debe dar a sus hijos y a sí mismo como parte de un modelo educativo institucional.
La Convención de Derechos del Niño, de la ONU, de 1989, fue el primer instrumento internacional que requirió protección de la infancia contra todas las formas de violencia física y moral.
Pero es hasta el año 2006 cuando el Comité de los Derechos del Niño emitió su observación general número 8 sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y las formas de castigos crueles o degradantes.
En cuanto a sus efectos debemos tener presente que el castigo físico está asociado a un mayor grado de agresividad y conducta antisocial en la niñez y en una mayor probabilidad de perpetrar sufrir y aceptar la violencia en los adultos como una práctica natural.
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha observado que la utilización del castigo corporal de niñas, niños y adolescentes, además de ser contrario al respeto de los derechos humanos, expresa una concepción del niño como objeto y no como sujeto, y los Estados en cumplimiento de sus obligaciones internacionales deberán revertir este actuar.
Para mayor abundancia, es preciso destacar en la opinión consultiva 17, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que debe existir un balance justo entre los intereses del individuo y los de la comunidad, así como entre los del menor y sus padres.
Señaló también que la autoridad que se le reconoce a la familia no implica, de ninguna manera que esta pueda ejercer un control arbitrario sobre el niño, que pueda cargar daño para su salud y su desarrollo, que en este tenor, en la ratificación de 1990 de la Convención de los Derechos del Niño y en virtud de lo establecido en el artículo 1o. de nuestra Carta Magna, queda de manifiesto que en nuestro país existe una protección integral de este sector mediante la promoción del interés superior de la niñez, como principio rector de todas las medidas relativas a los menores de edad, lo que queda consagrado igualmente en los párrafos octavo y noveno del artículo 4o. de la ley fundamental.
Es una realidad que el Estado mexicano ha instrumentado una serie de políticas y estrategias a efecto de estar acorde con los principios que se marcan a nivel internacional en esta materia.
Sin embargo, sabemos que aún queda mucho terreno por avanzar y por proteger en cuanto a este sector vulnerable. Es por ello que teniendo presentes los principios de progresividad de los derechos humanos, así como el del interés superior de la niñez reconocidos ambos en el texto vigente de nuestra ley fundamental, presento ante esta soberanía la propuesta de reforma al Código Civil Federal, cuya finalidad es armonizar su texto a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para establecer así expresamente una prohibición legal de la práctica del castigo corporal u otros tratos humillantes o degradantes en contra de los menores de edad. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias diputada Canales Suárez. Su iniciativa se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Continuando con esta sección de presentación de iniciativas, tiene la palabra, por diez minutos, la diputada Verónica Delgadillo García, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Clemente Castañeda, la propia diputada presentante y Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Verónica Delgadillo García: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras, compañeros. Señoras y señores, hace casi cuatro años, cuando el gobierno federal impulsó la reforma energética y habló de los grandes beneficios que vendrían para este país.
Hoy, lamentablemente lo único que los mexicanos hemos visto han sido los aumentos indiscriminados a los precios de la gasolina, a los precios de la luz, de la canasta básica, y a una inflación que sigue aumentando mes con mes.
Y si esto no fuera suficiente con esta reforma, el presidente y su partido le abrieron la puerta a una de las técnicas para extraer hidrocarburos más mortíferas y letales para nuestro medio ambiente, el fracking.
Esta técnica, como su propio nombre lo dice, fractura la tierra, la lastima, a través de explosiones con químicos que son altamente tóxicos para obtener gas de yacimientos no convencionales y además esta técnica tiene graves consecuencias.
Por ejemplo, se contaminan inmensas cantidades de agua que no pueden volver a ser utilizadas para el consumo humano. Los químicos que se utilizan son altamente tóxicos, por lo que son una amenaza latente para todos los mantos acuíferos.
Las tierras, en donde se utiliza esta técnica, prácticamente quedan inservibles y también proporcionan condiciones para generar temblores. Además, se genera una alta contaminación en el aire, en las tierras y en las aguas superficiales.
Esta técnica es uno de los métodos más cuestionados a nivel mundial. Y no solo ha sido prohibido en algunos países por la fractura que hace a la misma tierra, sino porque también pone en peligro el derecho a todas las personas a un medio ambiente sano.
Hoy, el mismo fracking que ha sido prohibido en países como Francia y Alemania, y estados como Meryland y Nueva York, en Estados Unidos, en nuestro país ese mismo fracking lamentablemente tiene todas las condiciones y facilidades para hacer utilizado en todo el territorio nacional.
Para dimensionar lo que está pasando en México y de lo que nadie está hablando, tan solo en Coahuila ya tenemos 56 pozos de fracking y de acuerdo con diferentes estudios cada pozo que tenemos ahí requiere de 7 a 15 millones de litros de agua. Agua que terminará contaminada y que muy difícilmente podrá recuperarse.
En Nuevo León, por ejemplo, un estudio de la Universidad Autónoma de ese mismo estado señala que al menos 304 temblores que se han producido en esta tierra pudieron haber sido estimulados por la técnica el fracking. De ese tamaño. De ese tamaño es el problema que tenemos y el daño que se le está haciendo a nuestra tierra y a nuestro medio ambiente.
En Movimiento Ciudadano tenemos claro que la ambición y el negocio de unos cuantos no puede estar por encima de la vida de los mexicanos. Y que no se puede ni se debe seguir alentando el uso de hidrocarburos y fuentes no renovables, en vez de apostarle a una transición de fuentes renovables y amigables con el medio ambiente.
Por eso el día de hoy Clemente Castañeda, mi compañero Víctor Sánchez y yo presentamos una iniciativa para prohibir la extracción de hidrocarburos a través del fracking o cualquier técnica que atente en contra de la integridad de nuestro medio ambiente.
Señoras y señores, no podemos cometer el error de ver al fracking como una simple técnica para extraer gases. Tenemos que verlo como lo que realmente es. Es una técnica antiética, una técnica que representa el fracaso de los seres humanos en la tarea de preservar el medio ambiente.
Tenemos que verla como una muestra del fracaso de la política ambiental de este gobierno, como una muestra más de que la agenda del medio ambiente sigue secuestrada y como una muestra más de que está al servicio esa agenda de unos cuantos y no entienden la realidad del país.
Ante esto no podemos quedarnos con los brazos cruzados, por eso el día de hoy, alto y claro decimos no más fracking. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Verónica Delgadillo. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación tiene la palabra por cinco minutos la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
La diputada Melissa Torres Sandoval: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, resulta incuestionable que la salud mental de la mujer embarazada posee una gran importancia en el ámbito de la salud materno-infantil y en el contexto de la salud pública.
Cuando alguna enfermedad mental se padece en el contexto del embarazo, el parto o el puerperio, sus efectos tienen un impacto negativo en el estado de salud de la madre y del producto. Se ha observado que entre el 20 y el 40 por ciento de las mujeres de los países en desarrollo, sufren de depresión durante el embarazo o postparto. El 50 por ciento de las mujeres embarazadas desarrollan problemas de insomnio, lo cual contribuye a que desarrollen cuadros depresivos.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 79 por ciento de las mujeres embarazadas presenta depresión materna. Es común que durante el embarazo se presenten cuadros de psicosis y tristeza postparto, trastorno obsesivo, esquizofrenia trastornos alimentarios y trastornos bipolares.
La salud mental y física es el estado de bienestar que permite a los individuos realizar sus actividades cotidianas, afrontar el estrés normal de la vida, trabajar de manera productiva y fructífera, y hacer una contribución significativa a sus comunidades. En ello radica la importancia de su cuidado.
Desde los albores de la historia de la psiquiatría se ha sabido que el nacimiento de un hijo puede acarrear complicaciones psiquiátricas. Hipócrates describió brevemente ocho casos de sepsis puerperal o postaborto acompañados de delirium.
Desde mediados del siglo XVIII se ha hecho mención de las obsesiones de infanticidio, que son un grupo de trastornos de ansiedad que ahora incluyen la tocofobia, el pánico puerperal, fobia hacia el bebé, miedo patológico de muerte súbita del niño, pre y postparto y el trastorno por estrés postraumático, que pueden ser consecuencia de un parto traumático.
Resulta fundamental para la salud materno infantil que las mujeres embarazadas cuenten con el acceso a los servicios de salud adecuados e idóneos, para garantizar que las madres puedan establecer una relación mental sana con el bebé, lo cual puede evitar que se generen desajustes mentales que motiven rechazo y maltrato emocional hacia el recién nacido.
La vulnerabilidad de las mujeres a presentar ciertos trastornos mentales se puede incrementar en periodos específicos de su vida reproductiva. Ello es provocado por una serie de factores psicológicos, sociales y culturales, que hacen más vulnerable a la mujer con relación a los problemas emocionales durante diferentes etapas de la vida reproductiva.
El quinto objetivo de desarrollo sostenible denominada equidad de género, tiene como meta la de garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos.
En la presente iniciativa se propone reformar la fracción I del artículo 61 y adicionar una fracción V Bis al artículo 74 Bis, ambos de la Ley General de Salud, a fin de establecer que en la protección materno infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el periodo que va del embarazo, parto, postparto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.
La atención materno-infantil que tiene carácter prioritario comprenda la atención psiquiátrica y la detección temprana de los trastornos mentales de la mujer durante el embarazo, especialmente durante el periodo perinatal. Asimismo se propone que en las acciones de fomento de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales, que realiza la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas se considere a las mujeres embarazadas como grupo poblacional en riesgo de sufrir trastornos mentales, a fin de que se haga visible la problemática que enfrentan.
Por otra parte, se propone establecer que las mujeres con algún trastorno mental que se encuentren bajo tratamiento farmacológico antes o después del embarazo, tengan derecho a la revisión periódica y adecuación de la dosificación para garantizar la seguridad del producto de la concepción.
Los diputados de Nueva Alianza manifestamos nuestro compromiso con la salud integral de las mujeres, con el buen desarrollo de la salud materno-infantil y con los esfuerzos por una vida equilibrada y saludable para las mujeres embarazadas y para sus hijos. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Torres Sandoval. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 7o. de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El diputado Justo Federico Escobedo Miramontes: Con su venia, presidenta. Diputadas y diputados, para todos es conocido que existe una percepción muy negativa por parte de los ciudadanos sobre la práctica política, de que muchos servidores públicos de alto nivel, federal o local, abandonen sus cargos públicos para los que fueron designados y que los propios servidores aceptaron y rindieron protesta de ley para su ejercicio, para posteriormente cada tres años separarse del cargo para buscar un cargo de elección popular o incorporarse a alguna campaña para gobernador o para presidente de la República, como sucederá en las próximas elecciones del 2018.
Y hablo de que literalmente abandonan sus cargos, por lo siguiente. En primer lugar, la sociedad siente que esta práctica perniciosa confirma el supuesto de que los altos funcionarios utilizan su cargo como trampolín para lograr los intereses políticos personales y de su partido, por lo que no existe compromiso real para servir con la comunidad y a la comunidad, del cargo para el cual fueron designados y que, por cierto, al asumirlo juraron y perjuraron que no buscarían ninguna otra opción de administración o de actividad política hasta terminar su encargo, eso lo dicen todos, y que van a estar realizando todo su esfuerzo para lograr los resultados que esperan los mexicanos del cargo correspondiente.
Se escuchan también, elección tras elección, las acusaciones sobre el uso indebido de recursos públicos para financiar campañas electorales, para financiar no solamente las campañas electorales sino también para proporcionar información confidencial al servicio de determinados candidatos.
Y no obstante que la legislación mexicana establece una gran cantidad de restricciones en cuanto a la participación de servidores públicos en funciones, no existe ninguna limitante de que estos opten por dejar sus cargos en el momento que quieran e incorporarse de manera inmediata a realizar actividades de dirección partidista.
Lo anterior supone diversos conflictos y escenarios que pueden derivar en el beneficio o ventaja para algún partido político o candidato al momento de participar en una contienda electoral, o en su detrimento, de los derechos político-electorales de sus potenciales adversarios.
A la fecha se considera anormal, pero no aceptado por la sociedad, que los partidos políticos recurran a los funcionarios que les son afines para que les proporcionen información que les permita utilizarla políticamente o para la confección de programas o proyectos a la medida.
Al ser nombrado a un cargo público implica la posibilidad de integrar un equipo de trabajo con gente de confianza, a fin de que la persona que llegue a ocuparlo pueda rodearse, precisamente, de personas que le son afines.
Esto a su vez, si se realiza como se viene haciendo en una forma poco pulcra, se puede, repito, obtener información privilegiada y destinar recursos humanos y materiales de una dependencia o de alguna entidad federal para favorecer a un partido político o a un futuro candidato.
Por otra parte, es importante tomar en cuenta que uno de los principios constitucionales que rigen la actividad electoral es precisamente el de la imparcialidad. La imparcialidad, que implica abstenerse de influir, distraer o desviar recursos en favor de cualquier partido político o candidato.
Por tal razón, Encuentro Social considera necesario implementar mecanismos para impedir estas conductas ilegales. Por ello, es necesario que sean reguladas y restringidas por la norma suprema de la nación mexicana.
Para ello, es indispensable realizar una reforma al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para establecer lo siguiente. Se adiciona un último párrafo al texto del artículo 108 constitucional para quedar como sigue:
Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la administración pública federal, así como los servidores públicos que laboren en los órganos en los que la propia Constitución les otorgue autonomía, no podrán desempeñar cargos directivos en partido político alguno, a menos de que se separen del cargo público con un año de anticipación a la fecha en que sean electos o designados, en cualquier área de dirección de cualquier partido político nacional.
Para reforzar esta reforma constitucional, deberá por supuesto reformarse la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar de la siguiente manera:
El servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión no deberá ejercer funciones de dirección en los partidos políticos, hasta un año después de haber concluido sus funciones.
Esto daría mayor certeza y daría legitimidad a los propios funcionarios que pretendiesen adherirse por un cargo dirección en su partido político.
Actualmente cualquier servidor público, de cualquier nivel, sobre todo de altos niveles, es muy frecuente que cuando se acercan los procesos electorales , cada vez que se les cuestiona sobre si aspiran o no aspiran a un cargo de elección popular su respuesta es que están exclusivamente imbuidos en el cargo para el cual fueron designados y de un momento a otro renuncian a sus cargos precisamente para poder estar en los tiempos electorales para buscar el cargo de elección popular o para adherirse a las campañas de los candidatos a gobernadores o, repito, como el próximo año a la campaña presidencial.
Yo creo que esto es poco ético, y segundo, por supuesto que lo que se ocasiona es que los ciudadanos refrenden con estas conductas el que precisamente los servidores públicos no utilizan sus cargos para el bien común, los utilizan como trampolín para los cargos de elección popular posteriormente.
Hay que reflexionar mucho sobre esto, porque con esta restricción y con esta adición al 108 constitucional podemos evitar estas cuestiones y podemos obligar a que los servidores públicos de alto nivel concluyan sus cargos en el tiempo para los cuales fueron designados. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Su iniciativa se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para la parte que le corresponde y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción también la parte que le corresponde para el respectivo dictamen.
La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul de la diputada María de los Ángeles Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Adelante, diputada.
La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (desde la curul): Gracias, presidenta. Solamente para compartir con usted y con el resto de mis compañeros diputados, que a partir del día de ayer se iniciaron los trabajos de la COP 23, en Alemania, que terminarán hasta el 17 de noviembre y en donde en los diversos países se pondrán de acuerdo para ver cómo van sus compromisos firmados anteriormente.,
Nosotros ante la renuencia de la posible salida del país de Estados Unidos a través de su presidente Trump tenemos que redoblar esfuerzos para poder ser líderes en este tema y poder cumplir nuestros compromisos internacionales. Es todo. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Se registra en el Diario de Debates.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Adelante, señora secretaria.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes.
1. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Disciplinaria Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
2. De la Comisión de Cambio Climático con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 91 de la Ley General de Cambio Climático.
3. De la Comisión de Población con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Ley General de Población.
4. De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 47-K a la Ley Federal de Sanidad Vegetal.
5. De la Comisión de Derechos Humanos con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y adiciona una fracción VII al artículo 214 del Código Penal Federal.
Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Susana Corella Platt, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de esta Cámara de Diputados. Adelante, diputada.
La diputada Susana Corella Platt: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Con su venia, amiga presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. El presente dictamen, resultado del trabajo conjunto de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Justicia que reforma el párrafo quinto al artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y adiciona una fracción VII al artículo 214 del Código Penal Federal, responde a una válida preocupación que tuviera el iniciador, el diputado amigo Arturo Álvarez Angli, en relación al problema del persistente establecimiento de asentamientos humanos irregulares tanto en áreas naturales protegidas como en zonas federales, las cuales deben conservarse a razón del objeto de su creación y función biológica.
Nuestro beneplácito por el señalamiento legal de que en las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población y la negativa de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ante la solicitud de regularización de dichos asentamientos.
En la dimensión del problema se destacan los graves riesgos que asume la población involucrada, así como los daños que impondrán a los ecosistemas con la pérdida de la cobertura forestal, la depredación de especies de flora y fauna silvestres, en detrimento en la diversidad biológica de nuestro territorio, la erosión y pérdida de suelo, así como la disminución de los servicios ambientales que brindan a la humanidad estas áreas.
Los asentamientos humanos irregulares tienden a la carencia de servicios públicos y en general resultan generadores de condiciones de vida deplorables, formulando un círculo que lejos de mitigar acentúa la marginación y la pobreza derivado de la privación de los satisfactores más elementales para la subsistencia humana.
Si bien la variable de la pobreza es uno de los elementos que propician el crecimiento del problema consideramos que más lo es la corrupción de autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como la voracidad y la especulación que priva el mercado de predios y vivienda.
Por esta razón el dictamen que se presenta tipifica en el Código Penal Federal como delito de ejercicio indebido de servicio público al servidor público que teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión de autorizar asentamientos, vigilar lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo con su deber, autorice, permita u ordene la fundación de nuevos centros de población en áreas naturales protegidas o el establecimiento de algún asentamiento humano irregular.
Asimismo faculta a la Semarnat para que en concurrencia con entidades federativas y municipios, promueva la participación social para vigilar que no se autorice la fundación de centro de población alguno en las áreas naturales protegidas de competencia federal, de suerte que se logre fortalecer la participación social en el control a las decisiones que a veces resultando unilaterales tienen alcances que afectan en el largo plazo la estabilidad y equilibrio de nuestro desarrollo.
Es menester señalar que la disposición para con los servidores públicos robustece el control e inhibe la corrupción. Cierto es que en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano que el Estado tiene, se ejercen de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de competencia que determina la Constitución.
No obstante resulta necesario fortalecer mecanismos que desde un enfoque sustentable logren mitigar nuestra huella sobre el planeta, y dicho sea de paso, evitar riesgos para la vida de quienes a la habitar en asentamientos irregulares y considerando el choque de fenómenos naturales, vean perdido su patrimonio, o lo que es peor amigos, la vida.
Por las razones expuestas, las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Justicia, sometemos a consideración de esta asamblea, compañeras y compañeros, va por nuestra biodiversidad, por la protección de las fábricas de agua y aire limpio, que son las áreas naturales protegidas. Va pues, por nuestra propia sobrevivencia en el planeta. Muchísimas gracias. Es cuanto, amiga presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias querida diputada Susana Corella.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De conformidad con el artículo 104, numeral primero, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ha registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario, el diputado Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, quien además es el proponente de la iniciativa que dio pie a este dictamen, y tiene la palabra hasta por cinco minutos. Adelante, diputado.
El diputado Arturo Álvarez Angli: Gracias, diputada presidenta. Hoy en día el crecimiento exponencial de los asentamientos humanos irregulares en prácticamente todo el territorio nacional, debe considerarse como preocupante, pues la gran mayoría de ellos se ubica en zonas vulnerables a fenómenos climáticos representando un importante riesgo de pérdidas humanas, económicas y de degradación ambiental de áreas con especial valor ecológico como cañadas y barrancas.
Si bien es cierto que dentro de nuestro marco normativo se han desarrollado diversos instrumentos de planeación para tratar de revertir el desarrollo de asentamientos irregulares y la invasión de predios federales, debemos reconocer que esos esfuerzos se han centrado en temas estrictamente urbanísticos y climatológicos ante el grave problema que representa el cambio climático. Sin embargo, no se han explorado otras soluciones que vengan a fortalecer dichas políticas para atender el problema de modo más integral.
Lo anterior queda en evidencia cuando se conocen los resultados de los estudios en torno al tema, pues –a pesar de que el Estado mexicano ha desarrollado e impulsado políticas públicas encaminadas a garantizar el crecimiento urbano organizado y de los programas de regularización de viviendas– las estadísticas y evaluaciones nacionales revelan que los mecanismos empleados hasta el día de hoy no han sido suficientes para inhibir el surgimiento de asentamientos irregulares.
Muchas investigaciones han concluido que la pobreza da pie al desarrollo de redes clientelares con intenciones políticas como detonantes de los asentamientos humanos irregulares e invasiones de zonas de conservación, que resultan de vital importancia para mantener el equilibrio ecológico.
De ahí que hayamos propuesto establecer la concurrencia de la Semarnat, las entidades federativas y los municipios, para promover la participación social en la vigilancia, con la finalidad de que no se autorice la fundación de nuevos centros de población en áreas naturales protegidas de competencia federal.
Asimismo, nuestro objetivo es tipificar estas conductas dentro del Código Penal Federal y responsabilizar a los servidores públicos que por acción u omisión autoricen, permitan u ordenen la fundación de nuevos centros de población en áreas naturales protegidas o el establecimiento incluso de algún asentamiento humano irregular.
La necesidad de vivienda que tienen particularmente grupos de población que migran del campo a la ciudad es aprovechada ciertamente por personas sin escrúpulos que, con la complicidad de autoridades corruptas, ofertan terrenos sin acceso a servicios básicos y que en muchas de las ocasiones son altamente vulnerables frente a los fenómenos naturales.
Desafortunadamente la tendencia actual en la demanda de vivienda ha propiciado un alarmante aumento en las construcciones que se asientan en zonas irregulares. Según datos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, tan solo en la Ciudad de México la superficie correspondiente a suelo de conservación invadida por asentamientos irregulares creció 21.3 por ciento en tan solo 6 años, durante el periodo comprendido de 2010 a 2016.
Resulta lamentable que estas invasiones se hayan convertido en un instrumento de lucro para los especuladores, que a través de la venta ilegal de predios ya sea directamente o a través de intermediarios pongan en riesgo a quienes tienen la esperanza de encontrar un lugar para construir con enorme esfuerzo un hogar para sus familias.
Dicha situación, además de representar una estafa para quien adquiere terrenos en asentamientos humanos irregulares, amenaza la conservación de los ecosistemas, pues estos propician la pérdida de cobertura forestal y la diversidad biológica, provocan también la erosión del suelo y afectan los servicios ambientales como el suministro de agua, la regulación de la temperatura y la generación de oxígeno.
En virtud de lo anterior celebro enormemente la aprobación del presente dictamen por parte de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia, al tiempo que también le solicito a todos los presentes su voto a favor, pues el mismo conjunta temas tan elementales y urgentes de atender como lo son la protección ambiental y la procuración de la calidad de vida de los y las mexicanas, siempre dentro de un marco de legalidad. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidente, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias. Suficientemente discutido.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Continúa abierto el sistema. Se consulta a la asamblea si existe alguna diputada o diputado por emitir su voto. Continúa abierto el sistema.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, secretario.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Se consulta si existe alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto. Diputada Corichi, continúa abierto el sistema.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, secretario.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputado presidente, se emitieron 406 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado secretario. Aprobado en lo general y en lo particular por 406 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y adiciona una fracción VII al artículo 214 del Código Penal Federal. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 27 de la Ley General de Salud, en materia de cáncer de próstata.
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía: Muy buena tarde, diputadas y diputados compañeros. El día de hoy una vez más la Comisión de Salud le pide a ustedes el voto a favor para que este dictamen salga en positivo, y es un dictamen, que por cierto los diputados que me están escuchando, los pocos que me están escuchando espero y pongan atención porque vamos a hablar del cáncer que ocasiona más muertes en hombres mayores de 50 años, como es el cáncer de próstata.
Hace un mes estuvimos hablando del cáncer que mata a nuestras mujeres, ahora se trata del cáncer que mata a nuestros hombres mexicanos. El cáncer de próstata representa la primera causa de muerte en los hombres, pero el grupo de edad es de los 70 y 74 años de edad son los que más mueren por este padecimiento tan agresivo, como es el cáncer de próstata.
Esto quiere decir, que aproximadamente el 9.3 por ciento de cada 100 mil habitantes muere por cáncer de próstata.
Si nos vamos a cifras cerradas, los hombres de 40 a 70 años, uno de cada 10 hombres está muriendo en México por cáncer de próstata. Este tipo de cáncer, diputados, digo diputados porque somos los que más preocupados debemos de estar, es reconocido como el tumor maligno más frecuente en nuestros varones. Representa la primera causa de muerte en nuestra gente mayor de 50 años.
En la actualidad, el 95 por ciento de los pacientes con un tumor de próstata, pero que sea de células terminales, tienen 95 por ciento de ser curados. Una vez más la prevención sale a flote. Una vez más nos damos cuenta, les informamos que si prevenimos vamos a evitar que estos 10 hombres mexicanos mueran por cáncer de próstata.
Esta iniciativa tiene a bien que modifiquemos, principalmente, fracciones al artículo 27. Pero en concreto, quiere que se establezcan en la Ley General de Salud acciones concretas y coordinadas para el uso eficiente de los recursos económicos, a fin de establecer la prevención, la detección a tiempo y el tratamiento del cáncer de próstata y testicular. Que se sea una obligación de Estado lo que acabo de mencionar.
Pero además, se pretende elevar a rango de ley acciones y políticas públicas, que ya se desarrollan algunas en el sector salud federal y estatal en materia de atención sanitaria preventiva.
En este caso, el cáncer de próstata y testicular, al ser la primera causa de muerte en hombres y con la mayor incidencia debe de preocuparnos, además de constituir esta neoplasia o tumoración, las únicas que pueden desarrollarse únicamente por hombres.
Por lo anterior, esta comisión hace énfasis en la necesidad de establecer acciones concretas. De votar a favor este dictamen, porque estoy convencido, como siempre, que los puntos de los dictámenes y las modificaciones de ley en salud nunca he visto un diputado que la vote en contra.
El día de hoy también estoy convencido que no sucederá así. Por lo cual, quiero cerrar la intervención con un tema que nos ocupa, ahorita que veo muchos diputados preocupados como yo, que veo muchas diputadas desesperadas porque no estamos atendiendo el tema de salud.
Yo sé que no es el dictamen, pero sí quiero cerrar en estos 50 segundos que el jueves espero, diputados y diputadas, contar con la sensibilidad, espero contar con la voluntad. Esperemos los mexicanos contar con el voto y el apoyo a la salud de los mexicanos. Esperemos que estos 5 mil 400 millones menos al presupuesto para salud se vuelva a valorar y se ratifique la disminución al presupuesto.
No podemos salir a votar un presupuesto y decirles a los mexicanos que una vez más va la disminución, que una vez más les estamos quitando la atención primaria, el nivel de atención, los insumos, el medicamento, los médicos, las enfermeras, la regularización de nuestro personal médico y de enfermería en todas las unidades hospitalarias. De verdad espero de su voluntad y espero contar con esa sensibilidad que los caracteriza. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Iñiguez. Una pregunta: ¿usted dejó modificaciones al transitorio segundo del dictamen?
El diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía: Así es, hay una modificación adenda.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Hay modificaciones. En ese caso, previa lectura, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, a nombre de la comisión.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica se consulta a la asamblea... Disculpen, le vamos a dar lectura al cambio. En el segundo transitorio debe decir: “Las acciones que realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal, para dar cumplimiento al presente decreto se sujetarán a los programas presupuestarios en la materia y se cubrirán con cargo a sus presupuestos aprobados. Por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes”.
Ahora consulto a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas a nombre de la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Está a discusión el dictamen con las modificaciones propuestas por la Comisión y aceptadas por la asamblea. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se le da el uso de la palabra para fijar la posición, al diputado José Alberto Couttolenc Buentello, hasta por cinco minutos.
El diputado José Alberto Couttolenc Buentello: Con la venia de la Presidencia. El cáncer es un proceso de crecimiento incontrolado que puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. En la actualidad este padecimiento considerado como una pandemia es curable mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente cuando se detecta en fases tempranas.
De acuerdo al Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, se calcula que en 2012 la carga mundial de cáncer alcanzó casi los 14 millones de casos en un nuevo año, una cifra que se prevé aumente a 22 millones anualmente, en las dos décadas siguientes.
Igualmente se estima que en el mismo periodo las muertes por cáncer aumentan de 8.2 millones de defunciones hasta 13 millones de defunciones cada año. Ante este panorama el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer señalan que se requieren urgentemente mayores esfuerzos en materia de prevención, pues se ha demostrado que el acceso a tratamientos eficaces contra el cáncer reduce significativamente la mortalidad, incluso en países de desarrollo como el nuestro.
El cáncer de próstata es reconocido como un tumor maligno, más frecuente en los mayores de 50 años, quien representa la primera causa de muerte en nuestro país. En números absolutos de defunciones provocadas por cáncer de próstata se incrementó en 2004 al 2013 casi en un 20 por ciento.
Es importante señalar que el cáncer de próstata suele crecer muy lentamente y que en la mayoría de los hombres que desarrollan este tipo de cáncer no mueren por consecuencia de este cáncer inmediatamente, sino que presentan síntomas que pueden empeorar la salud muy lentamente.
Precisamente por lo anterior es necesario darle mayor visibilidad al cáncer de próstata a fin de que los métodos de detección dejen de ser un tema tabú. La relevancia de atención integral de cáncer de próstata radica en la disposición de toda la sociedad, especialmente de los hombres con la edad de riesgo. Al contar con información sobre este padecimiento de cómo prevenirlo y de cómo garantizar que el sistema de salud disponga de los recursos y la infraestructura suficientes para brindar atención y propiciar la recuperación de los hombres que lo padecen.
En nuestro país desde hace algunos años diversas instituciones del sector como el IMSS, ISSSTE o la Secretaría de Salud, así como algunos gobiernos estatales, han establecido acciones y campañas para la prevención de cáncer de próstata, sin embargo en la mayoría de los casos se trata aun de esfuerzos aislados.
Por ello, resulta relevante la reforma que se propone a este pleno por la Comisión de Salud y sus integrantes a los cuales les agradezco muchísimo, y por lo anterior es que les solicito su voto a favor del presente dictamen, pues estoy seguro que este permitirá establecer acciones concretas y principalmente coordinadas para cumplir con la obligación del Estado, que es garantizar la prevención y detección oportuna y tratamiento integral de este terrible mal. Muchas gracias. Es cuanto.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Couttolenc Buentello. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado. Suficientemente discutido.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular con la modificación aceptada.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Se consulta a la asamblea si existe alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto. Continúa abierto el sistema, diputado. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidente, se emitieron 385 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado secretario. Aprobado en lo general y en lo particular por 385 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 27 de la Ley General de Salud en materia de cáncer de próstata. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Desarrollo Social con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 68 de la Ley General de Desarrollo Social. Tiene la palabra por cinco minutos, para fundamentar el dictamen, la diputada Marbella Toledo Ibarra, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Marbella Toledo Ibarra: Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes, diputadas y diputados. Agradezco a nuestros compañeros de la Comisión de Desarrollo Social por los trabajos que se realizan en favor de la ciudadanía, al diputado presidente de esta comisión, Víctor Manuel Silva Tejeda, por darme la oportunidad de presentar el dictamen que hoy se pone a su consideración.
Actualmente la Ley General de Desarrollo Social prevé la denuncia popular a efecto de que los beneficiarios puedan alzar la voz y hacer valer sus derechos. Sin embargo para interponer esa denuncia, se le solicita al demandante datos personales como son: nombre completo, dirección y demás información que permitan la identificación del denunciante, dejándolo expuesto a represalias y en el peor de los casos, a retirar el beneficio del programa.
De conformidad con el Quinto Informe de Gobierno, 5.4 millones de mexicanos en condición de extrema pobreza alimentaria, reciben apoyo de al menos 1 de los 90 programas sociales que instrumentan 19 dependencias y organismos federales en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Por lo que al permitir que la denuncia ciudadana sea anónima, se estará protegiendo la información, que es del conocimiento del denunciado.
El presente dictamen abre la posibilidad del anonimato. Siempre que se cumpla con denunciar los actos y omisiones, identificar a la presunta autoridad infractora y que pueda presentar pruebas del hecho.
Del dictamen realizado en la Comisión de Desarrollo Social, también contribuye en el ámbito federal a fortalecer las denuncias que pudiesen surgir en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, quien es la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos en ese orden para garantizar los derechos de los ciudadanos.
La Fepade y la Secretaría de Desarrollo Social han realizado acciones conjuntas y coordinadas con otras instituciones como la Procuraduría General de la República y la Contraloría Social durante los Procesos Electorales.
La Sedesol persigue una mayor transparencia de las acciones de combate a la pobreza a través de la instalación de módulos de información y atención a los ciudadanos, resguardo de instituciones, supervisión y vigilancia de los recursos públicos empleados en programas federales de desarrollo social, protección de los programas sociales federales, captación de quejas y denuncias sobre irregularidades de los beneficiarios de los programas sociales.
Por todo lo anterior, invito a nombre de mis compañeras y compañeros que integramos la Comisión de Desarrollo Social, para que el pleno de esta Cámara vote a favor este dictamen.
La denuncia anónima debe ser una prerrogativa que contemple la ley en aras de proteger al denunciante, que pudiera ser el propio beneficiario del programa social, y que por su condición de pobreza y el temor a las represalias optara por el silencio.
Votar a favor este dictamen, es darle a los mexicanos una herramienta que resta vulnerabilidad al denunciante, facilita el acceso a la justicia y posibilita la investigación y sanción por actos indebidos.
Al votar a favor este dictamen, haremos que la denuncia popular pueda ser anónima y se sujete únicamente a lo dispuesto en la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputaba Marbella Toledo.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la palabra la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, quien además la proponente de esta iniciativa, hasta por cinco minutos.
La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres: Muy buenas tardes. Con su venia, presidente. Mexicanos que me escuchan, para todos no será novedad saber que en nuestro país la historia del uso de recursos públicos en temas de desarrollo social tienen un fin distinto para los que fueron destinados, principalmente si se ejercen en periodos electorales.
Esto no lo podemos cubrir con un dedo, nuestra historia electoral no la conseguiremos cambiar de la noche a la mañana ni mucho menos con discursos que buscan decir que todo se realizará bajo estricto cumplimiento normativo y transparencia.
Lo anterior se contrapone a lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social. Es en la disposición antes mencionada, en su artículo 1o., que se señala con claridad que es una normativa del orden público de aplicación nacional y que tiene como objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social.
No obstante, las quejas sobre los malos manejos son múltiples. Y esto sucede en todo el país. Han sido los medios de comunicación los portavoces que informan masivamente a la población sobre la desviación de estos programas sociales, su falta de transparencia en la entrega y la discrecionalidad en su uso. Hasta aquí creo que no existe duda de algo, las anteriores son prácticas que no garantizan lo que se señala en la Ley General de Desarrollo Social.
Para poner en contexto lo que he expresado citaré algunos ejemplos que suceden y que para nadie serán ajenos. Prometer, condicionar o retener recursos monetarios o en especie, derivados de programas sociales, bajo la demostración de proselitismo de un partido político u otro.
En tiempos electorales tanto a nivel federal, estatales o locales, solicitar el voto a favor o en contra de algún candidato. Inducir la abstención a la participación a cualquier tipo de actividad a cambio de dichos programas sociales.
Ordenar o tolerar la entrega de recursos o servicios que contengan elementos visuales o auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases, expresiones, mensajes o símbolos que conllevan implícita o explícitamente la promoción de funcionarios o partidos políticos.
Crear programas sociales no contemplados en los presupuestos autorizados anualmente o entregar tarjetas u otro tipo de instrumentos que implican el ofrecimiento de un beneficio o la incorporación a un programa en un futuro condicionado o a un determinado resultado electoral.
Por lo anterior se viola lo descrito en el artículo 134 de nuestra Constitución, que versa en lo siguiente: los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, pero en México no toda la población está en calma.
Existen valientes que sí levantan la voz, ellos lo saben. Ven y escuchan de estas desviaciones, levantan la voz bajo el amparo del artículo 64 de la Ley General de Desarrollo Social, pero del análisis a dicho artículo se destaca una situación que inhibe la participación de la ciudadanía, no se garantiza el anonimato.
Al no existir la posibilidad de realizar la denuncia anónima, la ciudadanía tiene baja participación ya que se siente expuesta a posible s represalias, siendo la principal el que le sea retirado el beneficio del programa o sea dado de baja del mismo. Esto sucede porque en la información no existe un candado que limite el conocimiento de las autorizadas a la protección y uso de la información del denunciante.
Por ello, compañeros diputadas y diputados, vengo hoy a esta tribuna a solicitar su apoyo a fin de que las denuncias populares puedan ser realizadas de manera anónima y se estipule de manera en el artículo 68 de la Ley General de Desarrollo Social. Con ello estaríamos dando garantía a la secrecía de la información personal del denunciate, y evitando así en el papel posibles represalias y fomento al ejercicio de la denuncia y coadyuvando en la promoción de la honestidad de aquellos que administran y operan los programas en comento.
Esta iniciativa es viable ya que no requiere modificaciones presupuestales y tiene un espíritu totalmente a favor de la transparencia y la participación ciudadana. Gracias por su atención. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Hauffen Torres. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Suficientemente discutido.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Se pide a la Secretaría ara el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Consulte la Secretaría.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: ¿Algún compañero o compañera falta de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron a favor 392 votos, 0 abstenciones, 1 en contra. Es cuanto.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por 392 votos a favor, el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 68 de la Ley General de Desarrollo Social. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Rafael Hernández Soriano, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Rafael Hernández Soriano: Gracias. Primero que nada, agradecer a las compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, por hacerme el honor de presentar el proyecto. Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputado.
El diputado Rafael Hernández Soriano: El dictamen que hoy se presenta, el cual pretende garantizar el derecho a las tecnologías de información y comunicación en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es producto de un trabajo arduo entre las fuerzas políticas representadas en el seno de la Comisión de Derechos de la Niñez.
La iniciativa que sometemos a su consideración toma como base del dictamen la definición de Unicef, en cuanto a las Tecnologías de Información y Comunicación, conocidas como TIC, la cual establece que, cito: “Las TIC son herramientas que posibilitan el desarrollo de capacidades cognoscitivas en ámbitos sociales, políticos y económicos. Los dispositivos tecnológicos son parte de la cotidianidad de niñas y niños y han modificado las relaciones entre pares al traspasar los muros de la escuela”, cierro la cita.
Desde esta concepción, el derecho a la información y a la comunicación trae aparejada una clara relación con el derecho a la educación, a la salud, al esparcimiento, a la no discriminación, entre otros, por lo que en virtud de este principio es de suma importancia garantizar el derecho a la comunicación y al conocimiento, a través del acceso a las TIC, como al acceso a cualquier otro derecho humano.
En concordancia con ello, esta reforma deriva de la constitucional en materia de telecomunicaciones de junio de 2013, en la cual se consagró el deber del Estado mexicano de garantizar el derecho de acceso a estas tecnologías.
Es importante que puedan acceder a los servicios de telecomunicaciones niñas, niños y adolescentes, así como a los de radio y comunicación, porque actualmente la sociedad del conocimiento requiere que toda la población tenga condiciones de conectividad para poder acceder a la información. Muchos materiales y temas que utilizan en el proceso educativo son accesibles, en comunidades sobre todo alejadas, únicamente por esta vía.
Hacemos hincapié en que la propuesta planteada tiene como tema medular el hacer efectivo el derecho de niñas, niños y jóvenes adolescentes al acceso a las tecnologías de información y comunicación, por tal motivo reconocemos que esta propuesta enriquecería el marco normativo en la materia.
Compañeras y compañeros diputados, les solicitamos que voten a favor de este dictamen, ya que con su aprobación estaremos obligando al Estado mexicano a que garantice el cumplimiento cabal de lo que establece la Constitución Política de nuestro país, en donde se constituye como su deber el facilitar el acceso a toda la población a las tecnologías de la información y comunicación, así como las condiciones y prestación de servicios a cubrir para asegurar este derecho humano enmarcado dentro del artículo 6 constitucional y varios documentos internacionales que ha firmado el propio Estado mexicano.
En la discusión de este proyecto de dictamen, la comisión ha aprobado también, y es mi deber señalarles, una adenda en la que en la propuesta que tienen todos ustedes se elimina el artículo 101 Bis 3, quedando solamente los anteriores.
Una vez hecha esta aclaración, por último señalarles que este Congreso debe seguir trabajando para que México tenga una sociedad más informada, que genere opiniones a la infancia y a la juventud mexicana, para que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes estén a la altura de información de otras sociedades en el mundo.
Lo que nos corresponde a nosotros, al Legislativo, es velar porque las políticas públicas sean universales e incluyentes y no discriminatorias, en este sentido va la propuesta.
La reforma también aporta en la construcción de la innovación del país, su niñez y sus jóvenes, y otorga herramientas muy valiosas para el desarrollo informado de nuestras presentes y próximas generaciones.
Por eso es que la Comisión de Derechos de la Niñez espera que nos acompañen votando a favor de la propuesta y con ello continuemos enriqueciendo el marco normativo que dé lugar a que se materialicen los derechos de niñas, niños y adolescentes mexicanos. Por su atención, gracias.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Rafael Hernández Soriano. En virtud de que ya ha presentado modificaciones a nombre de la comisión, previa lectura, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Hernández Soriano a nombre de la comisión.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se suprime el artículo 101 Bis 3. Sería todo. En votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas a nombre de la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada secretaria.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Está a discusión el dictamen con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Angélica Reyes Ávila, quien es la proponente de esta iniciativa.
La diputada Angélica Reyes Ávila: “Ningún derecho humano es más importante que otro. Por ello, garantizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación es tan importante como garantizar el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho de esparcimiento y el derecho a la no discriminación”. UNESCO.
Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, los saludo con afecto y con respeto. Quiero, antes que nada, agradecer a la Comisión de Derechos de la Niñez el trabajo realizado para que estemos votando este dictamen el día de hoy.
Hace poco más de un año presenté esta iniciativa con la convicción de que es preciso realizar acciones afirmativas para garantizar a niñas, niños y adolescentes el acceso al Internet y la banda ancha.
Hoy esta reforma se ve plasmada en un dictamen que, sin duda, puede contribuir a terminar con la inaceptable brecha de desigualdad que limita el desarrollo de nuestra niñez mexicana.
Si bien es cierto que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en la fracción XX del artículo 13 el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones, las conocidas TIC, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, también lo es el hecho de que en el texto vigente no se especifican las condiciones para garantizar este derecho, como sí sucede con el resto de los derechos que se enuncian en el referido precepto.
El dictamen que estaremos votando fue enriquecido con valiosas aportaciones, entre las que se incluye la obligación del Estado a garantizar a niñas, niños y adolescentes su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, de acuerdo con los fines de la educación contenidos en el artículo 3o. constitucional.
También se establece que la política de inclusión digital será universal en condiciones de equidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad.
De igual manera se incorpora la obligación de que se observen los derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad contemplados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión y los lineamientos aplicables en la materia en aras de contribuir efectivamente al accesibilidad para este grupo de la población.
Mediante esta reforma, se establecen las disposiciones específicas para el ejercicio del derecho a los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la comunicación, indispensables para el desarrollo de nuestra niñez mexicana. De esta manera las y los diputados de Nueva Alianza estamos cumpliendo con el compromiso de mejorar la vida de millones de niñas, niños y adolescentes en todo nuestro país.
Compañeras y compañeros legisladores, las TIC, sin duda alguna son herramientas que posibilitan el desarrollo humano en todos los ámbitos de la vida. Por ello, agradezco su sensibilidad y apoyo con esta causa. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Angélica Reyes Ávila. Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, para hablar en pro.
El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputado.
El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Compañeras diputadas y diputados, en especial saludo a mi compañera la diputada Angélica Reyes, quien ha sido la promovente de esta iniciativa.
Vengo a posicionar a favor de este dictamen del Grupo Parlamentario de Morena, pues estamos convencidos que la propuesta de modificación que pretende garantizar el derecho a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las llamadas TIC, desde la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, representa un gran avance en la materia para este sector de la población.
Asimismo, vemos con interés que la propuesta destaca que ningún derecho humano, como ya se ha dicho aquí, es más importante que otro, pues establece que los derechos humanos están conectados entre sí y para que un derecho se ejerza plenamente es indispensable la realización de otros derechos y con ello reafirma el principio de progresividad en materia de derechos humanos.
Votaremos a favor porque la aprobación del dictamen que se discute se sustenta en la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, gracias a la cual la jerarquía de los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales es de igual condición a aquellos establecidos en la propia Constitución.
En ese sentido, con relación a las tecnologías de la información y la comunicación, en el año 2011 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas comentó respecto del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que –cito textual– los signatarios deberán tener en cuenta la medida en que la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación como Internet y los sistemas de difusión electrónica de información en tecnología móvil, han cambiado sustancialmente las prácticas de la comunicación en todo el mundo y garantizar su accesibilidad a todas las personas –cierro la cita.
No obstante, aun cuando estaban sentadas las bases para el ejercicio efectivo de acceso a las ICS, desde el momento de la entrada en vigor de ese ordenamiento, el día de hoy no hay certeza de que el Estado mexicano esté cumpliendo concretamente con la garantía de acceso a las ICS, al Internet y a la banda ancha para todos los sectores de la población, en particular para niñas, niños y adolescentes, lo que es fundamental para su educación y formación académica.
Finalmente, no puedo dejar pasar la oportunidad para manifestar mi sorpresa con relación al documento final que hoy estamos por aprobar, toda vez que el dictamen original –votado en el pleno de la comisión– incluía un apartado que obligaba a los concesionarios de servicios de telecomunicaciones, como lo acaba de comentar la diputada proponente, a observar los derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad contemplados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los lineamientos aplicables en la materia.
Esa era una de las grandes bondades y más importantes de la propuesta de reforma que hoy se vota, la cual durante el proceso de discusión y aprobación del dictamen en la comisión nunca fue cuestionada por los representantes del partido político que hoy promueve la adenda al dictamen para eliminarla.
Es de lamentar que un proyecto tan cuidado en la comisión y que costó mucho trabajo construir para que se aprobara por mayoría...
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Concluya, diputado Valencia.
El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: ... de buenas a primeras sea mutilado en aras de atender los intereses de quienes representan a la telebancada en este recinto legislativo, motivo por el cual reitero mi sorpresa. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Valencia. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Suficientemente discutido.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular con la modificación aceptada.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Consulte la Secretaría, por favor.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: ¿Alguna diputada o diputado que haga falta de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 374 votos a favor, 0 votos en abstención, 0 votos en contra, de un total de 374 diputados presentes.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por 374 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Turismo con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: En virtud de que no se ha registrado orador alguno para la discusión en lo general, y que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para su discusión en lo particular, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: ¿Algún diputado o diputada falta de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 348 votos a favor, 0 votos en abstención, 0 votos en contra, de un total de 348 diputados presentes.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada. Aprobado en lo general y en lo particular por 348 votos a favor el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX, y 81, fracciones XVIII y XXXIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Ciudadano diputado, presidente de la Mesa Directiva; señoras y señores legisladores, con el fin de dotar de mayores capacidades al supremo Poder Judicial de la Federación y respondiera mejor a un entorno cada vez más complejo en una sociedad mexicana con importantes procesos de modernización y crecimiento, en diciembre de 94 se modificaron 27 artículos constitucionales.
Se definió entonces una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia, los mecanismos para la designación y el periodo de ministros, la consolidación de la Corte como un tribunal constitucional, y con el fin de auxiliar su administración, la vigilancia y la disciplina, sobresale en esta transformación institucional la creación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación.
Cabe destacar que un investigador de la Universidad de Berkeley estudia los fenómenos sociales que produjeron la irrupción de las nuevas tecnologías en internet, que es justamente en ese año cuando se inicia su paradigmática consolidación para convertirse en los extraordinarios instrumentos de interacción social, comunicación y acceso a la información.
Han pasado casi 22 años desde entonces y el cambio social y tecnológico sigue avanzando. En ese sentido, la iniciativa de la diputada Martha Hilda González Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, mediante la que se propone reformar los artículos 11 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es oportuna en tiempo y es incuestionablemente acertada en contenido.
Los integrantes de la Comisión de Gobernación analizamos y dictaminamos dicha iniciativa y concluimos en los términos del dictamen en sentido positivo que ponemos ahora a consideración de este honorable pleno.
El mencionado dictamen reconoce que es preciso seguir impulsando el fortalecimiento del Consejo de la Judicatura en el mismo sentido y espíritu con el que fue creado. Se trata de que ya como una institución madura, que ha desarrollado tecnología y experiencia, pueda asumir funciones que aun se encuentran asignadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que ejerce a través del Centro de Documentación y Análisis, las cuales se encuentran en el momento idóneo para que las asuma plenamente el Consejo.
En síntesis, lo que los integrantes de la Comisión dictaminadora suscribimos es que se transfieran las atribuciones y los recursos al Consejo de la Judicatura, con el fin que desde ahí se organicen, administren y resguarden los archivos de concentración de los tribunales de circuito y juzgados de distrito, lo que además permitirá relevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de esa amplia tarea de carácter administrativo y documental.
Esta iniciativa facilita el resguardo y la sistematización de información, de acuerdo a la naturaleza y fondo de la misma. Pero, además, es un avance indiscutible en el propósito de separar las funciones administrativas y las que corresponden esencialmente a los juzgadores.
Finalmente, señalo que el dictamen de referencia argumenta que la descarga de la función administrativa que desvincula a los órganos jurisdiccionales del manejo archivístico y documental, permite que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se consagre a lo que el Constituyente le atribuyó desde hace poco más de 22 años, como función de Tribunal Constitucional.
Por todo lo anterior, los integrantes de la Comisión de Gobernación sometemos respetuosamente a la consideración de la honorable asamblea el proyecto de decreto que reforma en el sentido expuesto los artículos 11 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Guillén Vicente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la palabra la diputada Martha Hilda González Calderón, quien además es la proponente de la iniciativa.
La diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias. Compañeras y compañeros, diputadas y diputados. Con su permiso, señor presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputada.
La diputada Martha Hilda González Calderón: El día de hoy la Comisión de Gobernación presenta a nuestra consideración un dictamen que si bien aborda un tema técnico relativo al manejo de información documental, no por ello deja de ser importante en su contenido y alcance.
Por principio de cuentas, se trata de un esfuerzo del Poder Judicial de la Federación para coadyuvar en el fortalecimiento de la función jurisdiccional a través de atribuciones mejor sustentadas y mecanismos más prácticos para manejar con oportunidad seguridad y rapidez de consulta, el bagaje documental que el Poder Judicial de la Federación genera con motivo del desarrollo de sus atribuciones y su actividad institucional.
El dictamen que nos ocupa permitirá que la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúe fortaleciendo y resguardando convenientemente el acervo archivístico histórico de los juzgados de distrito y tribunales de circuito, lo cual permitirá sistematizar y facilitar al mismo tiempo el acceso a la información histórica de la propia Suprema Corte y de los juzgados y tribunales mencionados, esto redundará en un aprovechamiento social más vigoroso y ordenado de la información histórica en comento, facilitando los estudios, consulta y respuesta al interior del Poder Judicial y hacia la sociedad civil, proveyendo con esto del material de consulta necesario para el desempeño de la labor de investigadores y estudiosos del tema, todo esto a través del Centro de Documentación y Análisis y las casas de cultura jurídica de la Suprema Corte.
Todo lo anterior se ha planeado meticulosamente para llevarse a cabo sin requerir de incrementos al presupuesto autorizado al Poder Judicial de la Federación para el presente año fiscal.
Solo me resta, de verdad, agradecer, muy cumplidamente, el trabajo legislativo llevado a cabo por la Comisión de Gobernación, particularmente quiero resaltar el trabajo de su presidenta la diputada Guillén.
Quiero agradecerle también a mi coordinador el doctor César Camacho, porque esta iniciativa permitirá, como ya lo mencionó la diputada y su servidora, darle mayor certidumbre a todos estos archivos de la Suprema Corte de Justicia. Por lo anterior, y respetuosamente, solicito su voto favorable para el presente dictamen. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Martha Hilda González. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Suficientemente discutido.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Se consulta a la asamblea si existe alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto. Continúa abierto el sistema, diputada. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputado presidente, se emitieron 359 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado. Aprobado en lo general y en lo particular por 359 votos a favor, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se informa que se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política en relación con cambios de integrantes en comisiones.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: De enterado. Comuníquese.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro (16:33 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día jueves 9 de noviembre de 2017 a las 11 horas.
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