Orden del día y acta de la sesión anterior
Minuto de silencio por el 50 aniversario de la muerte de Ernesto Che Guevara
Comunicaciones
Dictámenes a discusión
Por el que se adiciona el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud, fundamentación
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Norma Edith Martínez Guzmán, PES
Macedonio Salomón Tamez Guajardo, PMC
José Refugio Sandoval Rodríguez, PVEM
David Gerson García Calderón, PRD
Pedro Luis Noble Monterrubio, PRI
Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, fundamentación
Posicionamiento de grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Acuerdo de la Junta, por el que se aprueban las preguntas parlamentarias
Iniciativas
Luis Agustín Rodríguez Torres, PAN
Erika Irazema Briones Pérez, PRD
Concepción Villa González, Morena
Juan Manuel Celis Aguirre, PVEM
Luis Manuel Hernández León, PNA
Christian Joaquín Sánchez Sánchez, PRI
Sara Paola Gálico Félix Díaz, Morena
Daniela de los Santos Torres, PVEM
Mirna Isabel Saldívar Paz, PNA
Germán Ernesto Ralis Cumplido, PMC
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado de la asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 274 diputadas y diputados. Por lo tanto, diputada presidenta, hay quórum.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (11:41 horas): Y, por lo tanto, se abre la sesión.
La diputada Erika Irazema Briones Pérez (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Me está pidiendo la palabra la diputada Irazema Briones. Se la voy a dar apenas lleguemos a la aprobación del acta.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, secretaria. Como ustedes saben, está publicado el orden del día en la Gaceta, está publicado en sus monitores. Lo mismo el acta de la sesión anterior, obra ya en la Gaceta Parlamentaria. Por lo tanto, consulte usted si es de aprobarse, secretaria.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En votación económica, se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobada el acta. Diputada Briones.
La diputada Erika Irazema Briones Pérez (desde la curul): Gracias, presidente. Desde esta curul quiero manifestar que un miembro de la prensa potosina, en el estado de San Luis Potosí, fue secuestrado, torturado y ejecutado: el fotógrafo de nombre Edgar Daniel Esqueda Castro, el cual hasta el momento no hay línea de investigación y mucho menos un presunto responsable de este grave delito.
Queremos exhortar a los tres niveles de gobierno para que ese acto no quede impune, pero también se deben revisar de manera inmediata los protocolos de seguridad de quienes ejercen el periodismo, como lo fue en el compromiso de los gobernadores integrantes de la Conago y también propio acuerdo del mismo presidente de la República. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Se tienen por registradas sus expresiones y remítanse a la Comisión Especial sobre el tema que existe en esta Cámara de Diputados.
El diputado Rafael Hernández Soriano (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra don Rafael Hernández Soriano. Si me dice con qué objeto.
El diputado Rafael Hernández Soriano (desde la curul): Gracias, estimado presidente. Con el objeto de que nos pueda obsequiar la Presidencia un minuto de silencio en memoria del luchador Ernesto Che Guevara, que el día de ayer cumplió 50 años de haber sido asesinado. Y sin duda etapas estas en las que él estuvo, y en la que por cierto aquí diferentes legisladoras y legisladores, incluidos el diputado Zambrano, participaron en otras latitudes, fueron muy importantes para forjar el Estado democrático del que gozamos muchas naciones, y desde luego también México, y esperamos que sea su legado permanezca en la memoria de todos los jóvenes y que no haya sido en vano. Por eso solicito atentamente nos obsequie un minuto de silencio.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y como dice Ismael Serrano, su fusil nadie se atrevió a tomar de nuevo y desde entonces todo parece más feo. Tiene razón el diputado Hernández Soriano, muchas gracias.
Solicito a esta asamblea ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en la memoria de don Ernesto Guevara.
(Minuto de silencio)
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias.
El diputado Ramón Bañales Arámbula, del PRI, está solicitando el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, señor diputado Bañales? No se encuentra en el salón. Habremos de recordarle al diputado que después de iniciadas las comunicaciones no podremos concederle el uso de la palabra. Toño Ixtlahuac. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (desde la curul): Gracias, señor presidente. Con el objeto de hacer comentarios sobre la inseguridad que está privando en el estado de Michoacán, y desde esta soberanía hago un llamado muy respetuoso a las autoridades estatales, al gobierno del estado de Michoacán, a las autoridades federales en materia de seguridad, para que se tomen las medidas necesarias, eficientes, eficaces para que se resuelva este flagelo, este aciago problema que está perjudicando al pueblo de Michoacán en todos sus ámbitos, y desde esta tribuna, presidente, le pido que asiente estos comentarios.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quedan debidamente registrados, señor diputado, y se turna a la Junta de Coordinación Política para los efectos correspondientes.
También me está solicitando la palabra el diputado Sergio López Sánchez. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Sergio López Sánchez (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Solamente para dejar constancia que a un mes del sismo del día 7 de septiembre, de manera particular y nuestra preocupación es por la región del istmo del estado de Oaxaca, los gobiernos federal y estatal no han dado los resultados a los damnificados, la atención es lenta, han sido omisos y las familias continúan a merced del sufrimiento e incertidumbre.
No se han establecido medidas urgentes para evitar una posible crisis sanitaria en la región. Lo mismo pasa con las escuelas, no se han construido escuelas temporales, por lo que sería un grave error regresar a los niños a sus aulas dañadas.
Respecto a la entrega de tarjetas por parte del gobierno federal para la reconstrucción de las viviendas, es lamentable y una burla la asignación de 120 mil pesos, porque es insuficiente, y más aún con la desafortunada opinión del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que esta reconstrucción se puede generar a través de las tandas, me parece una opinión desafortunada.
En el PRD pedimos una reconstrucción digna para el istmo, con respecto a la identidad urbana y cultural de las viviendas. Es necesario hacer un llamado a los gobiernos federal y estatal, para que establezcan de inmediato un plan para la reactivación de la economía del istmo e impriman celeridad y eficacia a sus acciones para la atención a las afectaciones por los sismos. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Queda inscrito en el acta todo lo que usted ha afirmado.
El diputado Salomón Fernando Rosales Reyes (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra Salomón Rosales Reyes. Si nos dice con qué objeto, diputado.
El diputado Salomón Fernando Rosales Reyes (desde la curul): Claro, diputado presidente. Agradecer el momento, sobre todo dar a conocer que el domingo pasado, 8 de octubre, en Michoacán, en el municipio de La Huacana, tuvimos un problema de lluvias muy extenso, en el cual creció el río Huámito, que hizo muchos daños en muchas viviendas, destruyó puentes.
Estamos pidiendo que la federación nos apoye y estamos haciendo la recopilación de los datos con Protección Civil. Este es mi comentario, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Quedan inscritos en el acta y se turnan también a la Junta de Coordinación Política, para los efectos que pudieran derivarse.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Honorable asamblea, la Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno al siguiente asunto:
Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a estados y municipios para que en sus presupuestos de 2018 den cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera en las entidades federativas y en los municipios, presentada por la diputada Daniela de los Santos y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 26 de septiembre de 2017. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Conforme a los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento, se modifica el turno de la proposición mencionada y se pide se actualicen los registros parlamentarios. Adelante, diputada.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se recibió del diputado Francisco Javier Pinto Torres, oficio por el que solicita el retiro de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, presentada el 14 de febrero del año en curso.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se tiene por retirada y así se actualizarán los registros.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el V informe de labores de la Secretaría de Desarrollo Social.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De enterado, que se distribuya entre los diputados y diputadas. Y que se remita a Desarrollo Social, para su conocimiento.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las comisiones correspondientes su conocimiento.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, comunica que se encuentran disponibles para su consulta en la página electrónica del Consejo, 152 documentos correspondientes a las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2016-2017, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en materia de desarrollo social.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remiten a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: El Instituto Nacional de Migración remite el tercer informe trimestral 2017 de los avances financieros, correspondientes a los programas de protección a migrantes.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remiten a las Comisiones de Asuntos Migratorios y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: La Cámara de Senadores remite cinco proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicitan a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se consideren y destinen recursos a diferentes partidas, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibió de la Cámara de Senadores oficio con el que remite solicitud de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, para que se dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se remite a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Derechos Humanos para su atención.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes iniciativas:
1. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: 2. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por los senadores Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Silvia Martínez Elizondo, Andrea García García y Héctor Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del PAN.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante con la declaratoria de publicidad al dictamen de Justicia y Derechos Humanos.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en monitor de sus curules, dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad. Permítame un segundo, nada más para saber si proseguimos con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. No.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pasaremos entonces al siguiente punto del orden del día, que es la discusión del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud.
Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, para fundamentar el dictamen por la Comisión de Salud, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la objeción de conciencia es una expresión concreta de la libertad humana, puede ser definida como el derecho a expresar la negativa a realizar determinados actos o servicios derivados del orden de una autoridad o de una norma jurídica cuando estos contradicen los propios principios éticos o morales.
La objeción, por tanto, entra en juego cuando se da un choque entre la norma legal que obliga a uno a hacer y la norma ética o moral que se opone a esta actuación. En este contexto, la conciencia es el juicio reflexivo por el que distinguimos interiormente la actuación correcta de la incorrecta y la conducta ética y moral de la inmoral y sin ética.
El artículo 24 constitucional establece que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado.
En el ámbito de la salud y la prestación de los servicios, la objeción de conciencia puede ser interpuesta por parte del profesional médico y enfermería como la negativa a realizar de manera general procedimientos y actividades que son contrarias a sus convicciones éticas o morales.
Como persona libre, el ser humano es un sujeto ético y social, por lo tanto, responsable ante sí mismo y ante los demás. Tiene deberes y derechos propios de su naturaleza.
El presente dictamen establece de forma explícita que el ejercicio de la objeción de conciencia siempre estará supeditado a no poner en riesgo la salud o la vida del paciente y a que no derive la comision de un delito, pues el ejercicio de ningún derecho debe asentarse sobre la base de una acción delictiva.
La libertad de cada persona ha de coexistir con la libertad de los demás. Los medios deben estar adecuados al fin. La objeción de conciencia está inscrita dentro del derecho a las libertades de pensamiento, de conciencia y de creencia, y atiende a los principios de tolerancia, libertad ideológica y de no discriminación, entre otros.
Tal como lo establece el dictamen que hoy se pone a consideración de este pleno, la libertad de pensamiento y de conciencia está protegida por los principales convenios o pactos internacionales de derechos humanos que nuestro país ha suscrito.
Con el presente dictamen se busca garantizar la objeción de conciencia a médicos y enfermeras, mediante el ejercicio libre de sus convicciones éticas. La objeción de conciencia reconoce un sistema jerárquico de bienes jurídicos tutelados, por ello, aunque representa la protección de la libertad, esta no se considera superior a la vida.
Por ello, se establece como condición para su ejercicio que esta no atente contra la salud ni mucho menos contra la vida de las personas.
Por todo lo anterior es que los integrantes de la Comisión de Salud invitamos al pleno de la Cámara a apoyar este dictamen en favor de las libertades, el respeto a los derechos humanos y a la salud de los pacientes.
A la Mesa Directiva se le ha entregado ya la adenda presentada por esta comisión, por lo que solicito se deje sin efectos la publicada en Gaceta. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Permítame un segundo. Como ha expresado la sustentante, la adenda que venía incluida en el texto original publicado en la Gaceta será sustituida por una nueva que se pondrá a consideración de esta Cámara de inmediato. Y le pido a la secretaría dé lectura para que tomen nota todos los señores diputados de las modificaciones que esta nueva propuesta de la comisión contiene.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Artículo 10 Bis. EL personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica no podrá invocarse la objeción de conciencia. El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral.
Transitorio
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Salud tendrá un plazo de 90 días naturales posteriores a la publicación de este decreto para emitir las disposiciones y lineamientos necesarios para el ejercicio de este derecho en los casos que establece la ley.
Tercero. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias realizarán las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente decreto dentro de los 180 días naturales siguientes a entrada en vigor.
Cuarto. Las acciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, se cubrirán con los recursos financieros, humanos y materiales con los que actualmente cuente la Secretaría de Salud.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte a la asamblea si es de admitirse la adenda presentada por la comisión.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la presidencia se consulta, si se aprueba la adenda presentada por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda incorporada al dictamen la adenda y, en consecuencia, está a discusión en lo general con la modificación propuesta por la comisión y que acaba de aceptar la asamblea.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara, vamos a pasar al posicionamiento de los grupos parlamentarios y para el efecto se han registrado las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, lo hará por el Partido Encuentro Social; la diputada Karina Sánchez Ruiz, por Nueva Alianza; el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, sustentará la posición del Grupo de Movimiento Social; José Refugio Sandoval Rodríguez, hará lo propio por el Partido Verde Ecologista de México; Mariana Trejo Flores, será la representante de Morena en estos posicionamientos; David Gerson García Calderón, lo hará por el PRD; Jorge Triana Tena, por el PAN y Pedro Luis Noble Monterrubio, por el PRI. Tiene entonces la palabra hasta por cinco minutos la diputada Norma Edith Martínez Guzmán en representación del Partido Encuentro Social.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muy buenas tardes, compañeros legisladores. Para el Partido Encuentro Social vivir en libertad implica un ejercicio de gobierno, de autoridad, enfocado en la realización de la justicia hacia uno mismo y hacia los demás.
Esta vida en libertad es determinada por la conciencia. Este derecho tan personalísimo y tan íntimo, pero a la vez tan proyectado hacia la sociedad, que bien podría decirse de él que es la expresión más sublime y artística de la libertad y de la autonomía personal de la conciencia.
Los más antiguos pensadores ya se expresaban con frases sólidas. Grave es el peso de la propia conciencia, decía Cicerón. La conciencia vale por más de mil testigos, decía el gran abogado Quintiliano. Siempre desde la razón filosófica, desde la ciencia política, desde el más innato y empírico sentido común, siempre se ha considerado defendido y proclamado a la conciencia como el núcleo donde el ser humano aprisiona sus convicciones con fuerza, pues finalmente son su consistencia.
En el orden jurídico mexicano aún tenemos una fuerte deuda con este derecho humano básico, protegido ya por el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que finalmente sí están presentes en la legislación de la Ciudad de México y del Estado de México, y no obstante está ausente en nuestra Constitución y en nuestras leyes.
Siendo un tema tan importante no basta su protección convencional mediante la interpretación conforme en un sistema constitucional de derechos humanos. Es necesario sacar ese derecho de la ignota región de las lagunas jurídicas que hoy lo ahogan.
Adicionar un artículo 10 Bis a la Ley General de Salud no es un detalle mínimo. Muchas veces desde esta tribuna se ha hablado e inclusive se ha alardeado acerca de los derechos y de las libertades de todo ser humano.
Todos podríamos autodenominarnos defensores de los derechos humanos, guerreros de esta libertad. Esta capacidad tan profunda como humana, ha causado malestar, sin embargo en esta ocasión en personas, tal vez en el colmo de la incongruencia.
La liberta de convicciones éticas de conciencia y de religión protegida en el artículo 24 de nuestra Constitución, posee según unanimidad de los doctrinistas como por ejemplo Carl de Vil, Nino, Tena Tamayo, un elemento negativo y uno positivo.
La objeción de conciencia es justamente ese elemento positivo de la libertad de conciencia. Debe ser distinguido jurídica y técnicamente de la libertad religiosa. No son lo mismo, y precisamente la objeción de conciencia a diferencia del aspecto negativo, que sí está protegido, lo es el tema de la no discriminación.
En estricto censo la objeción es mucho más específica, pero al igual que la libertad es un derecho humano que no debe ser restringido de ninguna manera ni a ningún sector.
Me parece una proyección de ignorancia muy lamentable el señalamiento de algunos medios y sectores radicales que hablan de oportunismo e inclusive de cuestiones religiosas ante esta propuesta.
La única manera de ejercer en legitimidad la objeción de conciencia es cuando las mismas leyes e instituciones visitan su licitud y permiten su ejercicio, tal y como hoy ocurre en la legislación de la ciudad de México y del estado de Jalisco, e inclusive de una norma, la NOM 046 habla del tema de la objeción de conciencia y son precisamente los mismos grupos liberales quienes la incluyeron y hoy se sorprenden.
Pues esto es lo que estamos haciendo con la propuesta de objeción. Pensar sólo en el tema del aborto, por ejemplo, cuando proponemos la objeción de conciencia, es tener una visión achicada y miope.
Tarde o temprano quienes hoy se oponen a la objeción de conciencia, quienes hoy se oponen a esa tremenda libertad, habrán de hacer uso de ella en la defensa de sus propias conciencias.
La objeción de conciencia es el botón de pánico que en la conciencia del ciudadano resuena para advertirnos que algunas de nuestras leyes es injusta. La objeción de conciencia es el tirante del puente que conecta a los derechos individuales con el bien común.
La objeción de conciencia es nada más y nada menos –desde la misma ciencia política– que la válvula de presión de toda democracia. Me da tremendo gusto saber del consenso en torno a esta iniciativa.
El 26 de febrero de 2016 fue votada en la Comisión de Salud a favor por 26 diputados de los 8 grupos parlamentarios, 0 en contra y 0 abstenciones. Además, en diferentes legislaturas desde 2012, grupos parlamentarios como el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano ya habían propugnado una iniciativa en este tenor.
Estoy segura que aquí nadie quiere imponer sus ideologías sobre la conciencia de los individuos. Estoy segura que aquí no hay semillas de tiranía, que aquí no. Estoy segura que nadie quiere imponer sus propias formas de pensar, cargando con ello los fardos del personal médico.
Me da tremendo gusto saber que todos aquí –independientemente del color y de la ideología– sabemos, como lo dijo Abraham Lincoln en su momento, que si fallamos y perdemos nuestras libertades, será porque entonces nos habremos destruido a nosotros mismos. Es tanto, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias diputada.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, hasta por cinco minutos.
El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Gracias, presidente, buenas tardes. El bien más preciado del ser humano es la vida. Y el segundo bien más preciado del ser humano es la libertad.
La vida no tendría sentido sin poder gozar las libertades. La existencia del ser humano sería un verdadero infierno de no ser libres. Viene ahora con estas ideas preliminares, ante nosotros una modificación a la Ley General de Salud, que habla sobre la opción de ejercer la libertad de conciencia a la hora de ejercer la medicina o sus ciencias afines, un tema controversial, un tema que ha polarizado, sin embargo es un tema de conciencia.
En la fracción a la que pertenezco –Movimiento Ciudadano– somos muy respetuosos de la conciencia de cada quien. Y, por lo tanto hemos pedido a nuestros compañeros que voten en ese sentido, según su propia conciencia. Así que verán ustedes votos diferentes tal vez, pero todos ellos basados en un profundo compromiso con la ética universal.
Aprovecho para anunciar –soy médico– votaré a favor, pero respeto a quien lo haga en contra. Gracias, y buenas tardes.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, por el Partido Verde Ecologista.
El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. El dictamen de la Comisión de Salud, que hoy se pone a consideración de esta honorable asamblea, refleja el interés de los legisladores por brindar elementos que garanticen los derechos fundamentales de todas las personas.
La conciencia constituye el núcleo central y básico de la personalidad del ser humano. Ella estructura la conformación ética de la persona humana, posibilitando la integridad moral del individuo y el libre desarrollo de su personalidad.
En el caso específico que nos ocupa el día de hoy se refiere a los derechos laborales de las personas que se dedican a brindar servicios médicos a la población, ante una situación que ponga en riesgo sus valores éticos, haciendo necesaria la inclusión del derecho a la objeción de conciencia, que hoy en día no se encuentra incluida expresamente en nuestro marco jurídico.
Según el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la objeción de conciencia es definida como una concreción de la libertad de conciencia. Así también define la objeción de conciencia sanitaria, como la objeción que abarca de manera general procedimientos y actividades realizadas por profesionales de la salud.
En nuestro país fue el 7 de octubre del año 2004 cuando en el estado de Jalisco se reconoció por primera vez este derecho, para que personal del sistema de salud estatal pudiera excusarse de participar en todos aquellos programas, actividades, prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que contravinieran su libertad de conciencia con base en sus valores, en sus principios éticos o en sus creencias religiosas, y ojo con lo siguiente, siempre y cuando no implicara poner en riesgo la salud o la vida de un paciente.
A nivel federal solo existe una presunción que contempla de manera general a la libertad de conciencia, y se deriva del contenido del artículo 24 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, no podemos ignorar la existencia a nivel global de diversos documentos respecto de este tema, que insisten en la importancia de garantizar que el equilibrio que existe entre la libertad de conciencia y el ejercicio de los demás derechos humanos, como lo podemos encontrar en diferentes tratados, por ejemplo el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, la Convención Americana de Derechos del Hombre o el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Todos ellos firmados por nuestro país.
Derivado de lo anterior, en el Verde coincidimos en la necesidad de adecuar nuestra legislación federal a efecto de que se incluyan elementos que garanticen la protección de los derechos de los profesionales médicos en nuestro país.
Si bien la medicina es una ciencia con criterios objetivos para regular sus prácticas, lo cierto es que los profesionales de la salud son, antes que nada, seres humanos y como tales deben tener derecho a decidir si sus compromisos profesionales interfieren o no con sus creencias y sus principios éticos, siempre y cuando, y vuelvo a insistir en esto, no se ponga en riesgo la vida del paciente.
Por todo lo anterior, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista vamos a votar a favor del presente dictamen que adiciona un artículo 10 Bis a la Ley General de Salud. Con esto creemos que vamos a fortalecer nuestro sistema de salud, sobre todo los derechos de quienes laboran en este amplio sector. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Sandoval Rodríguez.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra ahora la diputada Karina Sánchez Ruiz. Ella representará en este debate a Nueva Alianza.
La diputada Karina Sánchez Ruiz: En el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente, a consagrar mi vida al servicio de la humanidad. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, nacionalidad, raza, partido o clase. Hago esa promesa libremente por mi honor. Versión del juramento hipocrático de la Convención de Ginebra de 1948. Este no es un debate nuevo.
Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hago uso de esta tribuna para hablar del dictamen de la Comisión de Salud, por el que se pretende adicionar un artículo 10 Bis a la Ley General de Salud, a fin de que los profesionales de la salud puedan hacer valer la objeción de conciencia y excusarse de participar o cooperar en todos aquellos programas, actividades, prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que contravengan su libertad de conciencia, con base en sus valores o principios religiosos.
En Nueva Alianza consideramos que la redacción que se propone pone en riesgo la atención médica de millones de personas. Nos corresponde, como partido liberal, manifestar nuestra postura en contra de una reforma, que de aprobarse repercutirá negativamente en la salud de las y los mexicanos.
El proyecto de decreto pretende incorporar una excepción a la ley, como lo es la objeción de conciencia, que es absolutamente subjetiva y personal, en una norma jurídica de carácter general.
Esto significa supeditar un derecho fundamental, que es de carácter objetivo, como es el derecho a la salud, a una percepción subjetiva y particular de un prestador de servicios.
Si bien el dictamen tiene la intención de establecer la objeción de conciencia como expresión del derecho a la libertad de conciencia, prevista en el artículo 18 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, también es importante señalar que dicho artículo establece restricciones al mismo, determinando que la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley, que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades de los demás.
La objeción de conciencia no es absoluta, es una excepción y, por tanto, no puede ser protegida en cualquier circunstancia por la ley y mucho menos por las instituciones de salud, pues un uso indiscriminado y malentendido de la objeción de conciencia aleja a la medicina de sus objetivos.
De aprobarse esta propuesta se podría caer en negligencia médica, dado que no se cuenta con personal médico suficiente para suplir a los médicos objetores de conciencia. En eso no hemos pensado.
Esta adición no es viable en términos de operatividad, basta mencionar que la OMS señala que por cada mil habitantes debe de haber de dos a tres médicos, en México por cada 2 mil habitantes solamente hay tres médicos, no cubrimos ni siquiera el mínimo requerido, nos falta más personal médico para la atención a la salud y la incorporación de este artículos sólo reducirá el servicio a la salud.
En Nueva Alianza queremos ser enfáticos, somos un país laico y nuestras instituciones, así como los servicios públicos que brinda el Estado también son laicos, las leyes que nos rigen deben respetarse con independencia de las creencias religiosas de cada persona. La misma Secretaría de Salud emitió su opinión en contra de este dictamen.
La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en su artículo, establece en el segundo párrafo del artículo 1o., las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país, nadie puede alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas por la ley. La misma ley lo establece.
De aprobarse el dictamen en sus términos, muchas actividades que se consideran de salubridad general van a ser sometidos a principios éticos. La salud de millones de personas está en juego, la falta de responsabilidad en temas como el que hoy nos está ocupando es inexcusable.
De aprobarse este dictamen estamos abriendo la puerta a una medicina basada en valoraciones morales subjetivas, con la posibilidad de transformar la práctica médica en una actividad idiosincrática, sesgada, prejuiciosa, intolerante y discriminatoria. El derecho a la salud está por encima de la objeción de conciencia. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Karina Sánchez Ruiz.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Y a continuación se le concede el uso de la palabra a la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Mariana Trejo Flores: Con la venia de la Presidencia. Estimadas diputadas y diputados, dentro de los objetivos de la medicina están: preservar la salud, cuidarla y aliviar el dolor del paciente.
Morena asume la laicidad del Estado como un elemento fundamental para la convivencia, la democracia del ejercicio de todas las libertades. Desde esta perspectiva, en el presente dictamen se reconoce que en ninguna de las normas internacionales que México ha firmado y ratificado se encuentra establecido el derecho a la objeción de conciencia.
En la legislación y en los tratados internacionales se pone de manifiesto como un derecho de carácter intrínseco a la libertad de pensamiento. El Estado laico reconoce la libertad individual, la cual no puede vulnerar ni omitir el ejercicio de los derechos de los demás.
En la presente iniciativa se reconoce que en la Constitución Política no existe precepto expreso que proteja el derecho a la objeción de conciencia, por el contrario, se ha considerado que las convicciones religiosas no pueden ser motivo para incumplir leyes.
Con lo cual se permite suponer que el presente dictamen no cumple con los requisitos esenciales para salvaguardar el ejercicio de los derechos de las mujeres y de las otras poblaciones, que pueden ser objeto de discriminación con la redacción propuesta, ya que evidentemente servirá para negar el acceso al derecho a la salud y pondrá en riesgo la vida de todas las personas, colocando de esta forma al personal de salud bajo un clima de objeción de conciencia en el marco de la ley.
Por tanto, no puede existir objeción de conciencia institucional, en razón a que todos los entes forman parte del Sistema Nacional de Salud y bajo esa premisa están obligados a cumplir la ley, así como a administrar, proveer en las intervenciones necesarias para que las normas lo permitan.
La modificación que se intenta incorporar es una propuesta que no amplía las libertades democráticas, por el contrario, va dirigida a limitar y contener el avance alcanzado en el marco de los derechos humanos y la salud.
El dictamen modificado señala que el personal de salud para hacer valer su derecho en la objeción de conciencia, lo cual la OMS incluye a todas las personas que lleven a cabo las tareas médicas tienen la finalidad, ante todo, de preservar y promover la salud.
En Morena consideramos que la negativa a acatar la ley, invocando motivos éticos o religiosos, debe conciliarse con los derechos humanos y el avance científico. En este sentido, debe resolverse la contradicción entre el derecho individual a la objeción de conciencia del personal médico y el derecho a la salud que la ley reconoce como ciudadanos.
Compañeros diputados, Morena respeta los derechos humanos, respeta el libre credo y la libertad religiosa, pero también respeta el derecho de los seres humanos a decidir sobre su propio cuerpo. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, diputada Mariana Trejo Flores.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado David Gerson García Calderón, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.
El diputado David Gerson García Calderón: Un derecho no es lo que alguien nos debe dar, un derecho es lo que nadie nos debe quitar. Con el permiso de la Presidencia, con el permiso de las diputadas y de los diputados. A la gente que nos está viendo, que nos está oyendo por los medios de comunicación los saludo con mucho gusto.
Acudo a esta soberanía para hablar del dictamen de la Comisión de Salud por el que se pretende incorporar el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud, artículo que refiere que todo el personal médico, doctores, técnicos, radiólogos, especialistas, enfermeras, enfermeros podrán excusarse de participar en la prestación del servicio del sector salud. Es decir, que si no quieren brindar un servicio solo tendrán que hacer valer su uso del derecho a la objeción de conciencia.
Es un tema muy delicado, por eso en el Grupo Parlamentario del PRD creemos firmemente que uno de los activos más importantes con los que puede contar una sociedad es el imperio, es la fuerza de la ley. Por eso es importante cuidar que al momento, nosotros como legisladores, como legisladoras, de plasmar una ley, un reglamento o un conjunto de principios para la sociedad, esta debe garantizar la sana convivencia de la misma a fin de obtener una mejor calidad de vida.
Y el dictamen que hoy se pretende aprobar, bajo ninguna circunstancia puede generar una mejor calidad de vida para la sociedad, ni mucho menos para el sector salud. Nosotros como grupo parlamentario en la comisión, de primer momento acompañamos el dictamen, pero sufrió muchas modificaciones y asimismo obtuvo una opinión técnica de la Secretaría de Salud. Opinión técnica que al momento de dictaminar no consideró y que hoy en este pleno ante la opinión pública me gustaría comentar un poco de lo que dice esta opinión técnica.
Dice que, cabe destacar que si bien es cierto la ley protege el derecho a la libertad de conciencia que hoy en nuestro país ya está regulado en el artículo 24 de nuestra Carta Magna, la conciencia es muy subjetiva. Somos más de 115 millones de mexicanos y cada mexicano tiene una conciencia, cada mexicano o cada mexicana piensa en algo, no podemos regular cada pensamiento de las mexicanas y de los mexicanos.
Por eso a la comisión le preocupa que no se puede regular especialmente la misma, toda vez que se trata de un concepto subjetivo, que únicamente el profesional de la salud que lo ejerce lo puede entender, por lo que pretende extender su influencia más allá al aprobar este dictamen.
De ser un personal objetivo queda fuera de una decisión ética aceptable, pues el uso indiscriminado y mal entendido de la objeción de conciencia deja a la medicina de sus objetivos primordiales y los desvía de los factores que debe determinar toda atención médica la autonomía del paciente, el beneficio, el conocimiento científico y la justicia con que se debe abrir la puerta a una medicina basada en valoraciones morales subjetivas, con la posibilidad de transformar si aprobamos este dictamen, la práctica de la medicina en una actividad idiosincrática sesgada, prejuiciosa, intolerante y discriminatoria.
Por eso yo apelo a las diputadas que han luchado en los temas de las libertades. La CEDAW recomienda que el aprobar este tipo de leyes genera un retroceso a las libertades de las mujeres, genera un retroceso a las libertades de aquellas mujeres que han estado buscando, que han estado luchando para que tengan condiciones igualitarias con los hombres.
Aprobar un dictamen de esta naturaleza, aparte de que afectaría al sector salud, quiero comentarlo a las diputadas y a los diputados, que ya existe actualmente un comité de bioética que resuelve esos asuntos. Un comité de bioética que se encarga de revisar de manera particular estos asuntos.
El aprobar el día de hoy este dictamen traería un retroceso a la medicina. Quiero poner un ejemplo muy corto de los pasables sucesos tan lamentables en nuestro país de los sismos. Muchas gentes lesionadas, muchas gentes que quedaron bajo los escombros necesitaban transfusiones de sangre, necesitaban trasplantes de órganos. ¿Qué hubiese pasado si esta iniciativa la aprobamos? El médico objetor pudiera decir –por un tema ideológico–: No te hago una transfusión de sangre porque va en contra de mi creencia. Eso es lo que estaríamos permitiendo.
El PRD no acompañará este dictamen porque en el PRD creemos en los gobiernos liberales, en los gobiernos democráticos, en los gobiernos donde los hombres y las mujeres tienen derecho a tomar sus decisiones y el gobierno respetará su decisión.
Por eso no acompañaremos este dictamen que vuelvo a reiterar: Es un dictamen subjetivo y que además nuestra ley ya lo contempla. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias al diputado Gerson García Calderón.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Jorge Triana Tena, por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Jorge Triana Tena: Con su permiso, diputado presidente. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país en lo que topa a nuestro marco normativo, es que vivimos bajo un régimen notoriamente prohibicionista y restrictivo de las libertades individuales. Libertades que tienen que ver con el pensamiento, con la creencia, con las preferencias individuales.
Es cierto, un derecho no es una graciosa concesión que nos puede dar el Estado. Un derecho es algo que ya tenemos de fábrica y que nadie nos lo puede quitar, y más aún si ese derecho está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como es el caso del derecho a la objeción de conciencia claramente establecido en el artículo 24 constitucional.
Por eso llama la atención que partidos que se dicen liberales quieran coartar una libertad personal básica, inalienable, que es la libertad a decidir de acuerdo a algo muy sencillo, a lo que se nos pegue la gana, a lo que nosotros queramos, cualquier que sea el origen y la razón de este pensamiento.
Por aquí he escuchado situaciones que nos llevan a una realidad apocalíptica de cómo esto se va a desvirtuar, de cómo vamos a meter a la religión en el sistema de salud. Eso es completamente falso.
Fíjense que uno de los transitorios del dictamen dice clara y perfectamente, que será la autoridad la encargada de llevar a cabo la homologación en materia de normatividad administrativa para poder acotar estos excesos que se han dado.
No hay ningún tipo de riesgo. Les voy a decir por qué. El claro ejemplo lo tenemos en la ciudad de México donde a partir del año 2009 cohabitan dos derechos que son los que nos traen a esta tribuna el día de hoy: por un lado el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo, el cual ya está establecido en el derecho positivo en la ciudad de México desde el año 2007, y por otro lado la objeción de conciencia.
Compañeras y compañeros, no ha colapsado el sistema de salud en la ciudad de México. No teneos ningún tipo de problema con la objeción de conciencia en la ciudad de México. No quieran venir a vender una situación apocalíptica, crítica, que nos va a llevar –por supuesto– al alarmismo. Esto tendrá que ser regulado a través de normas oficiales, de normas administrativas por parte de la autoridad correspondiente.
De verdad que llama muchísimo la atención que partidos que se dicen defensores a ultranza de los derechos humanos, no sepan que esto se trata de un derecho subjetivo a resistirnos al imperio de la autoridad, consagrado –incluso– en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo dice perfectamente el derecho a la opresión del Estado, el derecho a la desobediencia civil, y la objeción de conciencia es un concepto que no solamente se constriñe a temas que tengan que ver con el sector salud.
Hay derecho de objeción de conciencia para el servicio militar, derecho también de objeción de conciencia inclusive para temas tributarios, y en algunos países este concepto se utiliza para el derecho al voto, porque tiene que ver con una libertad individual, personal. Si esta emana de un asunto religioso, ético, moral, es un asunto que a nosotros no nos importa, porque todos podemos hacer lo que queramos en un marco de la ley, siempre y cuando no perjudiquemos a otra persona, y no atentemos contra la vida, contra la libertad y contra la propiedad de otro ciudadano mexicano.
Por eso Acción Nacional está a favor, porque nunca estaremos empujando alguna propuesta que coarte algún derecho individual, alguna libertad de una persona, jamás lo haremos, jamás.
Lamento que otros partidos políticos quieran un Estado controlador, quieran un Estado que a través de gritos quieran controlar la vida de las personas. Nosotros vamos por un Estado de derecho, nosotros vamos por el pleno ejercicio de las libertades individuales, incluyendo la objeción de conciencia, el derecho a pensar, compañeras y compañeros, nadie nos lo puede quitar. No es un derecho que tengamos que pedirle al Estado porque ya lo tenemos de fábrica y no tenemos que rogárselo a nadie. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, hablará en representación del Partido Revolucionario Institucional. Les recuerdo a los señores diputados que al concluir la intervención del diputado Noble Monterrubio, termina el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión.
El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio: Con su permiso, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.
El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio: La profesión médica, desde siempre, se ha ejercicio siguiendo, primero normas jurídicas, y luego códigos éticos y principios morales que han estado presentes a lo largo de la historia de toda la humanidad en todos los lugares del mundo.
Prueba de ello son el juramento de Hipócrates, quien naciera en el año 430 antes de Cristo, o bien, la solemne oración de Maimónides, quien naciera en 1135 en Córdoba, España. Ambos juramentos representan una solemne promesa de respeto hacia otros médicos, un compromiso a favor del beneficio y cuidado del paciente, y la promesa de mantener confidencialidad de la práctica médica.
La enseñanza de las artes médicas también forma parte de este juramento, y la obligación de prestar cuidado y preservar la vida de los hombres y mujeres por igual, sin importar su condición social, trátese a lo largo de la historia de hombres libres o de esclavos.
La Declaración de Ginebra, de la Asociación Médica Mundial, es una afirmación moderna de los valores hipocráticos, es una promesa en la cual todos los médicos adoptan como consideración primaria la salud de sus enfermos y juran dedicar su profesión al servicio de la humanidad con conciencia y con dignidad.
La profesión médica siempre ha observado códigos de ética que rigen la actuación del médico hacia mantener el más alto nivel de conducta profesional. Y la deontología médica se ocupa de los deberes de los médicos hacia sus pacientes, hacia sus colegas y hacia la sociedad en conjunto.
Nuestros profesionales de la salud, a quienes conozco, respeto y admiro, destinan su vida a cuidar a las de otros; como seres humanos, tienen creencias y códigos éticos que rigen su actuar cotidiano, como todos lo tenemos. En ese sentido, durante el ejercicio de su profesión de enfrentan al dilema que por un lado les impone la norma jurídica de cumplir con una obligación y, por el otro, el deber ser que les dicta sus principios morales, éticos, de convicciones.
Entiendo las posturas ideológicas que se representan en esta Cámara. Pero les invito a que no engañemos, a que no les mintamos aquí a los propios colegas diputados, al público que nos ve, que nos sigue en los medios electrónicos. El debate debe ser sin falacias, con realidades y conociendo o reconociendo lo que México y el mundo es hoy y lo que se está proyectando. De aquí la importancia de fortalecer los derechos humanos al armonizar, al armonizar, la libertad de conciencia, pensamiento y religión con el derecho a la salud.
Los profesionales de la salud brindan un servicio elemental para las familias mexicanas. Por ello, en el gobierno del presidente Peña se han mejorado sus condiciones, por ejemplo, se facilita la labor de ellos utilizando recursos tecnológicos con programas como el IMSS Digital o la Receta Resurtible.
También nos acaban de dar cuenta en el informe que se han invertido más de 39 mil millones de pesos para modernizar y construir infraestructura en salud. En el actual gobierno federal el acceso a la salud ha dejado de ser un privilegio de pocos, para convertirse en un derecho de todos. Así lo refleja las cifras.
Hay casi 2 millones de mexicanos afiliados al Seguro Popular, más que en 2012. Entre 2012 y 2015 se logró reducir la carencia por acceso a los servicios de salud, en 4.8 millones de personas. Por primera vez en la historia se han inscrito 6.6 millones de estudiantes al IMSS.
De nuestra parte, en esta Cámara de Diputados aprobamos garantizar que en la prestación del servicio social de los pasantes de medicina, se respeten los ciclos de descanso, que se salvaguarde la integridad física y mental de los practicantes. Sabedores, somos sabedores de la pluralidad ideológica que caracteriza a la sociedad mexicana, estamos convencidos que asegurar la salud y la libertad no es una medida excluyente, sino por el contrario, es una acción más en favor de la inclusión y el respeto.
Hemos legislado en diversas materias de diversidades, por eso que hoy aquí en este entorno de respeto a todas las diversidades, es necesario dar reconocimiento jurídico a la denominada objeción de conciencia, en el bien entendido de que no se pondrá en riesgo la vida ni la salud de los pacientes.
En el Grupo Parlamentario del PRI, como en todos los demás en la Comisión de Salud, hemos estudiado esta iniciativa por casi un año o más. Hemos opinado y hemos debatido en la propia comisión y ahora lo estamos haciendo aquí también en el pleno. Dejo constancia de la sensibilidad de mis amigas y amigos diputados de bancada, de otras bancadas y también la sensibilidad del coordinador César Camacho Quiroz.
Nuestro grupo votará a favor del presente dictamen que tiene como finalidad establecer que el personal médico y de enfermería que forma parte del sistema nacional de salud, pueda hacer valer su derecho de objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios, siempre que no se ponga en riesgo una vida o se trate de una emergencia médica. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señor diputado.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ha concluido la lista de oradores en posicionamiento y vamos a pasar a la discusión en lo general. Para esta discusión se han registrado en contra, los diputados Cecilia Soto y Candelaria Ochoa, y en pro la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis y Norma Edith Martínez Guzmán.
Una vez concluida las exposiciones de estos diputados se preguntará a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Tiene la palabra para hablar en pro, la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis.
La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis: Gracias, presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, me permito plantear mi posicionamiento a favor, en pro de la modificación a la Ley General de Salud, en el artículo 10 Bis.
Hablo como enfermera, hablo con la sensibilidad de haber vivido en algunas ocasiones la disyuntiva en que personal de salud, médicos y enfermeras, se encontraban para realizar ciertos procedimientos y, sin embargo, nunca pusieron en riesgo la integridad de los pacientes a su cargo.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, en el artículo 12, que los seres humanos tienen libertad de conciencia, de religión, de creencias, en forma individual o colectiva.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 24, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de convicción, ética, de conciencia y de religión y a tener o adoptar la que le convenga de acuerdo a su agrado.
Vengo en pro de 343 mil médicos y de 302 mil enfermeras, personal que día a día tiene el cuidado de los pacientes en sus manos y que jamás ningún médico ni ninguna enfermera han faltado a su trabajo ético, poniendo en riesgo la condición de los pacientes a su cargo.
Sin embargo, también ellos tienen derechos humanos, también ellos tienen derecho a decir no quiero realizar tal procedimiento, porque va en contra de mi creencia, y que ese derecho queda salvaguardado en esta iniciativa, porque debe existir personal que quiera y que no tenga objeción de conciencia.
Rechazo a aquellos que equiparan que únicamente está relacionado con coartar el derecho ganado de la libertad de decidir sobre tu cuerpo. Los derechos son para todos, no existen derechos que nada más sean para quienes tengan derecho a decidir sobre su cuerpo y que quienes tienen derecho a objetar de acuerdo a su conciencia no lo puedan hacer, porque les hemos negado esa facultad.
En esta modificación se establece que no se pondrá en riesgo la integridad ni la salud de los pacientes, por qué le queremos coartar el derecho a esos médicos y a esas enfermeras que también debemos proteger, que también nosotros estamos obligados a salvaguardar su derecho a objetar conscientemente el querer realizar o no una actividad dentro de su profesión. Gracias. Es cuanto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Ramírez Nachis. Tiene la palabra la diputada Cecilia Soto González. Al concluir la diputada Soto, voy a retomar el debate en términos del Reglamento, en contra y en pro, error que acuso en esta primera ronda. Adelante, diputada. Primero en contra y luego en pro, pero esta Presidencia metió la pata.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: Muchas gracias, presidente. Saludo a todos los colegas y al público que nos acompaña por el Canal del Congreso y otros medios.
En primer lugar, quiero reconocer el esfuerzo que hizo la Comisión de Salud para acercar la adenda a una serie de puntos de vista mejor comprendidos y mejor aceptados por un mayor número de diputados, que transformó una iniciativa realmente muy negativa, como fue la que se presentó originalmente, a una mejor iniciativa, que lastima menos al sistema de salud en México.
Y quiero empezar planteando, respondiendo a un planteamiento que acaba de hacer la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, planteando que se quiere coartar el derecho, que no es un derecho, es una prerrogativa derivada de la libertad de conciencia a la objeción de conciencia. De ninguna manera se quiere coartar.
En la Comisión Nacional de Derechos Humanos no hay un solo caso de personal de salud, médicos y enfermeras que hayan acudido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para pedir protección porque se les ha negado el derecho a la objeción de conciencia.
No hay un solo caso en la Comisión de Arbitraje Médico. Hay, sin embargo, 795 casos de pacientes, testigos de Jehová, que consideran que se ha violado su derecho a que no los trasfundan. Y 50 médicos anestesiólogos que han planteado que no van a participar brindando anestesia, porque consideran que dado que el paciente se niega a ser trasfundido ellos pueden ser demandados porque corre peligro de muerte el paciente.
Entonces, ¿qué es lo que sucede, en pocas palabras? No hay un problema, esta ley no atiende a un problema, no hay decenas de miles ni cientos ni cinco personas que hayan acudido a la Comisión de Derechos Humanos diciendo, no se me respeta el derecho a la objeción de conciencia.
Y quiero también plantear que sí hubo épocas en donde se puso en peligro la salud mental de jovencitas de 13, 12 y 11 años, a las que se les negó el derecho a la interrupción de embarazo en caso de violación.
Se negó, incluso, una objeción de conciencia institucional de un hospital en Baja California, que impidió que una chiquita víctima de violación y embarazada pudiera acudir a su derecho.
Entonces, no hay un problema qué resolver y en cambio se abre la puerta a un problema muy importante. Especialmente en las clínicas rurales donde hay poco personal médico, la Secretaría de Salud no puede tener personal no objetor de conciencia.
Quiero además plantear que el tema no es un tema solamente de salud reproductiva de las mujeres, es un tema muy amplio, es un tema que atiende al problema de la transfusión sanguínea, al trasplante de órganos, a la investigación con células madre, además del problema de todos los temas de salud reproductiva. Me están diciendo tiempo.
Entonces, el argumento es muy sencillo, no hay un problema porque este es un derecho tutelado, como lo muestran, lo demuestran las estadísticas y al mismo tiempo se crea un problema. Se crea un problema para la Secretaría de Salud en materia de presupuesto y se dan armas...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, diputada, por favor.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: ...y se dan armas, aun así se dan armas a una serie de personas que pueden tener objeciones de conciencia realmente que no tienen que ver con la salud de los pacientes. Es, además, una manera en que se abre la puerta a que criterios religiosos que...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, diputada.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: ...norman la política de salud pública en un país laico. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Cecilia Soto González. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que tiene su posición en contra del dictamen.
La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: ¿En qué sentido, diputada Aragón? Sonido en la curul, por favor, de la diputada Hortensia Aragón.
La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde la curul): El presidente aceptó que se había equivocado en el procedimiento para el debate, corregirlo a la mitad del debate es impropio porque mete dos en contra seguidos y ya no hay manera de compensar. Creo que si él se equivocó al momento de nombrar al primer orador a favor, debiera concluirse el debate en el sentido que va para lograr la alternancia de los argumentos.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sí, tenía entendido que había inscrito a algún orador más, pero no habiéndolo tiene razón la diputada Aragón, estaríamos alterando un debate que ya había iniciado equívocamente por responsabilidad de la Presidencia. Así es que regresaremos al debate en pro con la diputada Norma Edith Martínez Guzmán.
Recuerdo a la asamblea que son hasta tres oradores a favor y tres oradores en contra. La diputada Norma Edith está inscrita como oradora en pro. No hay limitación para que puedan hablar o no, señores diputados.
El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (desde la curul): Esta es una innovación al Reglamento, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Cuál? A ver, si es tan amable. Me está solicitando la palabra el diputado Zambrano, ¿cuál es la innovación? Los diputados pueden hacer uso de la palabra cuantas veces tengan la posibilidad de acuerdo al Reglamento, y un grupo puede decidir quién posiciona por el grupo y ese orador decidir que quiere posicionar a favor o en contra. Ese es el Reglamento. Adelante, diputada.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muchas gracias, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Un segundito, nada más. Creo que es este es un debate por demás interesante y por demás importante, vale la pena que escuchemos todos los puntos de vista, que lo hagamos con absoluto respeto. Gracias, diputada. Adelante.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Gracias, diputado. La objeción de conciencia es en el tema de salud no solamente una urgencia del progreso de los países, sino además una urgencia de progreso en materia de derechos humanos y lo hemos visto porque está presente de manera explícita en una gran cantidad de países como podría ser Colombia, Paraguay, Ecuador, Nicaragua, Chile, Guatemala, El Salvador. Uruguay de manera muy particular, que por cierto es el país más ateo del Continente Americano y sin embargo lo tiene regulado explícitamente en su Constitución.
Yo quisiera decir de entrada, que la objeción de conciencia es un derecho humano que ejercemos justamente los legisladores en esta Cámara. Es increíble que quienes representamos a la ciudadanía, hoy queramos coartar el derecho humano a la objeción de conciencia a un sector de la población que además es fundamental, que tiene una nobleza extraordinaria, que muestra con toda claridad en momentos de dificultad su entrega absoluta al servicio de la ciudadanía, hablo de médicos y de enfermeras, enfermeros, gente que ha trabajado con todo su corazón a favor de la humanidad.
Y hoy esta legislatura, no toda, la mayoría, sí sabe del valor de la objeción de conciencia y sí sabe del derecho humano que tienen los profesionales de la salud. Pero unos cuantos, los que de manera incongruente dicen llamarse promotores de las libertades, quieren coartar a quienes ejercen una profesión tan noble en nuestro país.
Diputada Karina, en particular me preocupas profundamente. No sé cuándo ejerciste tu derecho a la objeción de conciencia, en la Comisión de Salud cuando votaste a favor de este dictamen, fue en tribuna cuando hablas en contra. Lo cierto es que tienes derecho también a cambiar de opinión y a votar con libertad a favor o en contra, como todo legislador y como todo ciudadano. Aquí está, aquí está la votación unánime de los legisladores de la comisión.
Morena en su posicionamiento...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, diputada.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Sí.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Presidente. Si me permite una pregunta la diputada.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: La diputada Soto entiendo quiere hacerle una pregunta si usted la acepta.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Yo creo que estamos en medio de un posicionamiento y le pediría que me permita continuar.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No la acepta, diputada.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: No la acepto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante. Continúe la oradora.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Bien. En este posicionamiento, Morena muestra un claro desconocimiento del tema de derechos humanos cuando confunde el derecho humano a la libertad religiosa con el derecho humano a la objeción de conciencia. Son dos derechos humanos fundamentales que lejos de pelearse a uno de ellos, se deben de garantizar en nuestro país, tal y como lo marca nuestra Constitución.
Cecilia Soto habla de la objeción de conciencia, imaginen el desconocimiento del tema como una prerrogativa –esa fue la palabra que utilizó– cuando es un derecho humano plenamente establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 18 y también en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
No es una prerrogativa, señora diputada, es un derecho humano fundamental el derecho humano a la objeción de conciencia. Quiero decirle al diputado Gerson también cuando nos dice en su posicionamiento que no conoce el contenido de la iniciativa.
Por último, quiero decirles a esos legisladores que están acostumbrados a mentir a la ciudadanía y a espantar a la ciudadanía cuando plantean una serie de fantasmas y monstruos y se atreven a decir que no se va a proporcionar el derecho humano a la salud, Jalisco y Ciudad de México, a 13 años de la aprobación de la objeción de conciencia, nos demuestran que eso es una mentira.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputada.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: México es un país de libertades, y aquí en la Cámara de Diputados venimos a garantizarlo. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. No voy a aceptar rectificaciones de hechos porque no hay hechos a rectificar. Voy a aceptar las alusiones desde su lugar hasta por un minuto. Han sido aludidos tres diputados y dos me están pidiendo el uso de la palabra, se las voy a conceder en el orden en que fueron aludidos. Diputada Karina, si es tan amable desde su lugar por un minuto para responder a alusiones.
La diputada Karina Sánchez Ruiz (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Yo creo que estamos en un recinto legislativo en donde convergemos diferentes puntos de vista. Todos deben de ser respetados. Yo no estoy obligada a opinar y a pensar como lo hace la diputada que me aludió.
Sin embargo, en razón a que ella hace un argumento sobre mi firma es conveniente hacer notar a este pleno que precisamente hubo cambio de firmas en esa asamblea, en esa sesión que se hizo en la Comisión de Salud y que inclusive motivó el cambio de la secretaria técnica de la Comisión de Salud, porque cuando estábamos votando los dictámenes nos pasaban los documentos y nos sacaban las firmas a todas las y los diputados.
Como precedente, ante este hecho que se suscitó y cuando me percaté del cambio de mis firmas, no solamente de ese dictamen, de otros dictámenes más, se acordó en el pleno de la Comisión de Salud, a la cual no pertenece la diputada, que como regla es que no se nos iban a pasar ningún dictamen ni ningún documento a firmar hasta en tanto terminara la sesión. Es una aclaración que creo que el público lo merece. Muchas gracias, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. La diputada Soto, hasta por un minuto, desde su curul.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Quiero leer aquí el artículo 18 de la Carta Universal de Derechos Humanos donde la diputada Edith –la nombro– plantea que se incluye el derecho a la objeción de conciencia, que no es un derecho, es una prerrogativa que se deriva del derecho a la libertad de conciencia.
Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia o así como la libertad de manifestar su religión o su creencia... –Ah chi... espéreme, es que me llegó una– individual, su creencia individual y colectivamente tanto en público como en privado por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Entonces no hay tal alusión explícita en la Carta Universal de Derechos Humanos.
Por otra parte quisiera pedirle a la secretaría de la Mesa Directiva, lea –por favor– aquellos artículos de la Constitución o de la Ley de Salud, en donde se coarte el derecho a, donde se coarte el ejercicio de la objeción de conciencia. La diputada...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): No, la diputada planteó que se coartaba, que queríamos coartar, que tal, si no hay esta reforma a la ley, se coarta el derecho a la objeción de conciencia. Le pido –por favor– a la secretaría que lea aquellas leyes en donde se coarta ese derecho. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tendría usted que mencionarnos el artículo específico porque además estamos en alusiones personales. Gracias, diputada. Antes de darle la palabra al diputado Gerson, que fue aludido durante la discusión, me está pidiendo la palabra la diputada Nahle. Adelante, diputada ¿con qué objeto?
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Por alusión al partido.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada...
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Así como nosotros respetamos otras opiniones, respetamos nuestros derechos humanos y respetamos a ser atendidos. Hablamos por millones de mujeres, por millones de niños, por millones de hombres que no pueden ser atendidos ahora porque va a haber una objeción de conciencia.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada.
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): ¿Cuál avance de la ciencia?
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada.
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): No, permítame, por favor.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: No. Es que no existen las rectificaciones, las alusiones para partido.
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Sí, claro que sí. Nombró a Morena. Y por ello estamos haciendo una postura. Hay un retroceso en el país, en la ciencia, en la tecnología, por moral.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El Reglamento es muy claro. Existen las alusiones personales. No hay alusiones de partido. Concluya diputada.
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Para eso estamos aquí. Representamos a millones de mujeres, a millones de niños, a millones de personas en este país, de enfermos, que hoy gracias al PES, no van a tener atención médica.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada, pero quiero ser enfático. El Reglamento no prevé en ninguno de sus artículos que regulan las discusiones, las alusiones a partidos, estas se dan entre los posicionamientos. Tiene la palabra el diputado Gerson, quien fue aludido por su vocativo, por su nominativo y directamente por la oradora. Tiene la palabra el diputado Gerson, hasta por un minuto, desde su curul.
El diputado David Gerson García Calderón (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Quiero dirigirme con mucho respeto a la diputada Norma Edith, ella refiere en sus comentarios hacia mi persona, que conozco el dictamen.
Recordarle un poquito que tras banderas tocamos este tema, y en muchas ocasiones le plantee el por qué no deberíamos avanzar con esta iniciativa. Pero hoy, hoy la quiero ilustrar un poco.
Ya en nuestra Constitución Política, en su artículo 24, ya se contempla la libertad de conciencia. Ahora ella dice: vámonos a la objeción de conciencia para el sector salud.
El 14 de diciembre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación salió publicado un decreto donde se adiciona el artículo 41 Bis y el 98 a la Ley General de Salud, en donde permite tocar estos temas generando un comité de bioética de profesionales de la salud, de técnicos, de especialistas, donde revisan estos temas. Es decir, que actualmente ya está regulado este tema en la Ley General de Salud y también en nuestra Constitución Política, nuestra máxima ley. Solo para ilustrarla un poco, y que conozca un poco –la diputada– de estas leyes. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Candelaria Ochoa, en contra del dictamen. Al concluir la diputada Ochoa, se preguntará a la asamblea si está suficientemente discutido el dictamen.
La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos: Gracias, presidente. Diputadas y diputados, constitucionalmente el Estado mexicano es un Estado laico. Aquí no ejercemos objeción de conciencia en esta tribuna. Quien viene a decir eso está mintiendo. Aquí ejercemos la libertad del Estado laico. Quien quiera creer en una religión o en otra es respetado en su individualidad.
Las y los servidores públicos tienen, con base en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la obligación de actuar y ejercer sus actividades en función de ello. Y un principio es la laicidad.
La libertad de conciencia está tutelada en la Constitución, en los artículos 5o., 6o. y 24. El artículo 24 constitucional garantiza a toda persona el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Sin embargo, la responsabilidad del Estado es procurar el más alto nivel posible de salud en la población.
La libertad de conciencia pertenece al ámbito privado, por lo que los prestadores de servicios de salud pueden ejercer su objeción como una acción administrativa, siempre y cuando no perjudiquen los derechos de terceros. Pero la objeción de conciencia, al ser un acto llevado a cabo por un servidor público y como representante del Estado, en lugar de ampliar sus libertades las restringe y limita las libertades y derechos de los y las usuarias de los servicios médicos, puede incluso por esa objeción poner en riesgo la vida de las personas.
Hoy deberíamos estar preocupados por gastar en la reconstrucción, por reconstituir la vida cotidiana de las y los afectados por los sismos, los huracanes, por la violencia que azota a este país, por las condiciones extremas de pobreza. Hoy eso deberíamos estar haciendo, deberían ser nuestras prioridades. Deberíamos estar honrando la función de esta Cámara. Eso deberíamos estar preguntándonos cada una y cada uno de nosotros.
En tiempos como los que vivimos, en los que hace evidente la necesidad de varios sectores de la población por recibir atención directa del Estado, como es la salud, es ocioso discutir o si quiera plantear argumentos para que el Estado deje o abandone sus funciones de protección a la salud, que son además atender de manera expedita y oportuna.
El derecho a una vida decente debe ser una prioridad para todas y para todos aquellos que tenemos esa responsabilidad. No vengamos a esta tribuna a confundir con discursos que violentan la libertad y los derechos consagrados en la Constitución.
En la fracción ciudadana tenemos el derecho a votar en conciencia, y yo no los represento a todos, pero a las que represento y a los que represento votaremos en contra, porque estamos a favor de todas las vidas, de la libertad y de la justicia. Salud sin objeción.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ha solicitado el uso de la palabra y en los términos del Reglamento para completar los tres oradores en pro, tiene la palabra el diputado Santiago Torreblanca Engell, en pro.
El diputado Santiago Torreblanca Engell: Muchas gracias, presidente. Creo que aquí estamos frente a una falsa discusión, porque yo estoy seguro de que todos los diputados que integramos esta Cámara creemos en lo mismo, en la libertad de cada una de las personas en beneficio de todos los demás.
Miren, el tema de objeción de conciencia no se circunscribe únicamente al tema de la salud, que es el tema que en lo particular estamos analizando. Cuando fue la guerra de Vietnam, Mohamed Ali, el gran boxeador, se negó a ir a pelear porque él en lo personal, puede ser que por motivos religiosos, que eso saldría sobrando, se encontraba en contra de la guerra.
Existen religiones en México que consideran que rendir honores a la bandera es un acto de idolatría. El debate es, ¿el Estado debe meterse en la mente y el corazón de esas personas, sin importar si es una convicción racional, ética, religiosa o incluso una superstición, o no? Es un tema de total libertad.
Miren. La Declaración Universal de Derechos Humanos, como ya se ha dicho, reconoció en el artículo 18 la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, como es el caso, el culto y la observancia.
La Convención Americana sobre los Derechos Humanos establece en su artículo 12, que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar o divulgar su religión o sus creencias.
En este caso, ¿qué más nos importa que un médico del sector público decida no llevar a cabo un procedimiento que va en contra de sus principios, por motivos religiosos o no, si la persona, el paciente tiene garantizado su derecho a la salud? Sería absurdo pensar que una clínica únicamente va a tener un médico dispuesto a realizar el procedimiento. Pero inclusive, si ese fuera el debate, trae un propio candado la propuesta, claramente dice que cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse esta objeción.
Creo en las libertades, creo en los límites del Estado, creo que la persona humana está por encima del Estado. Por eso mi voto y el voto de Acción Nacional va a ir a favor y espero poderlos convencer a todos y cada uno de ustedes de votar de la siguiente manera: Por las libertades de la persona, un voto a favor.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Santiago Torreblanca Engell. Tiene la palabra, para completar tres oradores en contra, la diputada Hortensia Aragón Castillo.
Al término de la diputada Hortensia Aragón Castillo, la Presidencia preguntará sin lugar a dudas si está suficientemente discutido. Es decir, que si se inscribieran más oradores, primero preguntaríamos si está suficientemente discutido.
La diputada Hortensia Aragón Castillo: No se preocupe, presidente, hay muy pocos oradores y oradoras en favor de esa iniciativa. Se han tenido que repetir incluso la misma.
Aquí no se discute de fondo las cosas, se le da la vuelta, porque los argumentos han sido claros: está establecido ya en la Constitución, la Secretaría de Salud ha hecho todo lo posible para normarlo, y lo que se viene a traer aquí con argumentos de índole totalmente religiosa, que también la Constitución protege.
Me parece que cuando se toca el fondo de derechos humanos, lo que nosotros interpretamos como derechos humanos son todos aquellos que a mi conveniencia pueden ser aplicados y me olvido de los derechos humanos de los otros. Los otros existirán entonces en función de mis propios derechos, en función de mi propia creencia religiosa, en función de lo que a mí me dé la gana, incluso con lo que la ley establece.
Cuando nos paramos aquí a protestar como diputados y diputadas, lo primero que planteamos es cumplir y hacer cumplir la ley, y la ley establece los derechos de todos. En el caso de las menores de edad, a poder interrumpir el embarazo de manera asistida, porque ese es su derecho. Puede alguien no estar de acuerdo, pero no es libertad de conciencia lo que se está juzgando, es objeción de conciencia.
En principio esta iniciativa ni siquiera debió de haber subido a discutirse, porque de aquí se han retirado en comisiones todas las iniciativas que tienen impacto presupuestal, y esta iniciativa tiene un gran impacto presupuestal, dado que frente a un objetor de conciencia la Secretaría de Salud tendrá que poner un no objetor de conciencia para poder salvaguardar el derecho de los afectados, y en este caso de las afectadas, como se ha planteado.
Teniendo impacto presupuestal debió de haberse consultado a la Secretaría de Salud, para ver si en las zonas rurales tiene capacidad para poder asignar médicos, enfermeras no objetoras de conciencia.
Con esto, para mí queda claro que lo que se está vulnerando es el derecho que tienen en el caso particular, que no es solo ese, de la interrupción legal del embarazo, pero no es solo ese, sino en todos los casos frente a todos los objetores de conciencia, que la Secretaría de Salud nos diga si va a tener en todos los casos no objetores de conciencia, y con eso para mí queda claro que sí se pone en riesgo la vida y la salud de muchos y muchas en este país.
Por otro lado, yo no discuto con argumentos de otra naturaleza que tengan que ver con quienes piensan que matrimonio igualitario es matrimonio, personas con delfines y cosas por ahí, hay que ser serios en el debate y decir con propiedad que aquí lo que se está tratando de hacer es vulnerar el Estado laico y para eso también, también la mentira es pecado, diputados.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pregunte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Suficientemente discutido en lo general. Se han presentado ante esta Secretaría, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento, dos reservas para su discusión en lo particular, el artículo 10 Bis, párrafo segundo, del dictamen modificado, presentado por la diputada Cecilia Soto González del PRD, pero viene suscrita además por diputados del PAN y de Movimiento Ciudadano.
Y el segundo transitorio del dictamen modificado, que viene suscrito exclusivamente por la diputada Cecilia Soto González, del PRD.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general de los artículos no reservados con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
(Votación)
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Diputado Alejandro Ojeda, ¿el sentido de su voto?
El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (desde la curul): En contra.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: En contra. ¿Falta algún diputado o alguna diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputado. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 313 votos a favor, 26 abstenciones y 105 votos en contra, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto, queda aprobado el dictamen en lo general y en lo particular, los artículos no reservados por 313 votos.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra por tres minutos la diputada Cecilia Soto González, para presentar reserva al artículo 10 Bis, párrafo segundo del dictamen modificado.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: Muchas gracias, presidente. Debo plantear que esta reserva está firmada también por los partidos integrantes del Frente Ciudadano por México, por el Partido Acción Nacional y por Movimiento Ciudadano.
Esta reserva lo que plantea es una herramienta muy importante para proteger al personal médico y de enfermería de la Secretaría de Salud. Dice en el segundo párrafo: “Cuando se obra en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica no podrá invocarse la objeción de conciencia” –hasta ahí está aprobado en el dictamen que se acaba de votar–. En caso contrario se incurrirá en el causal de responsabilidad profesional.
Esto es muy importante. Esto se quitó y la Secretaría de Salud, muchos profesionales médicos se sentirían más defendidos si se incluye en caso de que haya una negativa pertinaz, no haya personal no objetor de conciencia, se incurre en un delito que esto sea causal de responsabilidad profesional.
Quiero volver a plantearles el ejemplo que di en mi intervención anterior. En la Comisión de Arbitraje Médico hay el caso de 49 o 50 anestesiólogos que se negaron a participar en procesos quirúrgicos porque los pacientes siendo Testigos de Jehová no permitían transfusión sanguínea. Y en este caso si había muerte del paciente podría él profesional de la salud, el anestesiólogo, ser acusado de homicidio involuntario.
En ese sentido a mí me parece una reserva muy pertinente que incluso estaba presente en el dictamen original que aprobó la Comisión de Salud en febrero de 2016. Vuelvo a repetirlo, en caso contrario se incurrirá en el causal de responsabilidad profesional.
Me parece muy importante que lo aprobemos precisamente para dar una herramienta más a los profesionales de la Secretaría de Salud a que se puedan defender en caso de que haya una situación en donde personal objetor de conciencia se niegue a hacer un procedimiento en la situación que plantee, cuando hay peligro de vida de muerte del paciente. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Cecilia Soto. Le suplico no se aleje mucho. Pregunte usted a la asamblea si se admite a discusión la reserva.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Está a discusión la reserva. Y no habiendo oradores inscritos para esta discusión, pregunte usted si es de admitirse la reserva.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si es de admitirse la reserva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda incorporada al dictamen entonces la reserva presentada. Tiene nuevamente la palabra la diputada Cecilia Soto González. Una manifestación muy clara de que los oradores pueden ser el mismo para presentar muchas reservas o distintas expresiones en la Cámara. La diputada Cecilia Soto tiene una propuesta de modificación al segundo transitorio del dictamen modificado.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: Muchas gracias a todos los diputados del pleno, los que votaron a favor realmente lo agradezco mucho. Es una experiencia inolvidable que se admita una reserva.
Diputado presidente, el cambio que quiero hacer es un cambio conceptual. Viene en el segundo transitorio que plantea en la redacción original dice: La secretaría tendrá un plazo de tantos días para emitir las disposiciones y lineamientos necesarios para el ejercicio de este derecho en los casos que establezca la ley. Quiero además aclarar que –tengo entendido– viene acompañada Movimiento Ciudadano en esto.
Nosotros planteamos que en armonía con el texto original, se plantee para el ejercicio de estas prerrogativas en los casos que establece la ley, dado que es un ejercicio que se deriva de un derecho –que es el derecho a la libertad de conciencia–, pero que en sí no es un derecho universal. Muchísimas gracias.
Vuelvo a repetir, la secretaría tendrá un plazo de tantos días para emitir las disposiciones y lineamientos necesarios para el ejercicio de estas prerrogativas en los casos que establezca la ley, porque en el texto del cuerpo original que se acaba de aprobar no viene la definición como un derecho. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputada Soto. Consulte la Secretaría si se admite a discusión la reserva presentada.
La Secretaria Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda desechada la propuesta
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y por lo tanto hágase, señora secretaria, la declaratoria de apertura del sistema de votación para las propuestas que fueron admitidas y que estaban excluidas del dictamen en la votación en lo general.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal del artículo que fue modificado y aceptado con las modificaciones aceptadas por la asamblea en el caso correspondiente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y del artículo segundo transitorio del dictamen en sus términos.
(Votación)
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: De viva voz.
El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (desde la curul): En contra.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputado. Sigue abierto el sistema.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante secretaria, puede cerrar el sistema.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto?
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado Félix.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidente, se emitieron 367 votos a favor, 28 abstenciones y 34 votos en contra.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto, quedan aprobados los artículos 10 Bis, párrafo segundo, del dictamen modificado, con la modificación aceptada, y el segundo transitorio del dictamen modificado, en términos del dictamen.
Y, por lo tanto, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud, y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ahora pasaremos a la siguiente discusión prevista en el orden del día, que es la que corresponde al dictamen de la Comisión de Comunicaciones con proyecto de decreto que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Tiene la palabra hasta por cinco minutos para fundamentar este dictamen el presidente de la Comisión de Comunicaciones, orgullo de Chicoloapan, don Andrés Aguirre Romero. –Para que lo pongas en tu informe.
El diputado Andrés Aguirre Romero: Muy buenas tardes, compañeras diputadas, diputados. Con el permiso del señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.
El diputado Andrés Aguirre Romero: A las y los ciudadanos que nos observan por el Canal del Congreso, el dictamen mediante el que se reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mismo que fue consensado y votado por unanimidad en la comisión, que los servicios valgan lo que cuesta.
Durante los primeros años del siglo XXI, el reto de las telecomunicaciones radicó en ampliar su cobertura. Resuelto lo anterior, gracias a la reforma de telecomunicaciones, el desafío que se presenta actualmente yace en mejorar su calidad para que los mexicanos paguen lo que verdaderamente consumen. Más competencia, mejor servicio.
Conscientes de que la competencia se genera con esta mayor calidad, comprometidos con la defensa y protección de los consumidores como una constante y propósito fundamental, el Poder Legislativo aprobó la reforma en materia de telecomunicaciones, que permitió: crear dos nuevas cadenas de televisión digital abierta, desaparecer los cobros por el servicio telefónico de larga distancia, contar con acceso a audio y video de mayor calidad por medio de televisión digital terrestre, asegurar la conectividad en sitios públicos y brindar más derechos a los usuarios, entre ellos consultar el saldo de prepago sin costo y permitir la portabilidad numérica.
Por otro lado, el Congreso de la Unión aprobó la reforma en materia de competencia económica para que los consumidores tengan acceso a una gran variedad de bienes y servicios de calidad y a mejores precios, así como una mejor protección de sus derechos.
Recientemente los diputados de esta LXIII Legislatura reformamos la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que la Profeco compruebe la veracidad de la información o publicidad de bienes y servicios, y sancione a las empresas que induzcan o puedan inducir a error y confusión a través de publicidades engañosas o abusivas. Si bien los logros en materia son abundantes, debemos seguir legislando para proteger los derechos de los consumidores en todos los ámbitos.
Las fallas en la presentación de servicios en telecomunicaciones, de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en 2015 México alcanzó los 107.7 millones de usuarios de telefonía móvil, es decir 9 de cada 10 habitantes del país son usuarios de este servicio, sin embargo, en los últimos años las compañías de telefonía móvil han llegado a presentar diversas fallas, entre las que se encuentran principalmente cortes del servicio por lapsos de entre 2 y hasta 12 horas, caída de llamadas, internet lento y fallas de cobertura.
En la gran mayoría de estos casos las empresas prestadoras del servicio no informan a los usuarios de las razones que originan las fallas ni realizan los reembolsos a los afectados por las mismas.
Por otro lado, durante el primer semestre de este año la Profeco recibió en promedio 101 quejas diarias por inconformidades con deficiencias en los servicios de telefonía móvil, entre las que destacan las inconformidades por fallas en el servicio, problemas relacionados a cargos, saldos y bonificaciones, complicaciones con la portabilidad y contrataciones, incumplimiento en la publicidad y promociones, evasión para realizar el desbloqueo de celulares, cambio de plan o paquetes, sin previo aviso.
Cabe señalar que en este dictamen se presentó una adenda, la cual fue aprobada y está en poder de la Mesa Directiva, que ruego poner a votación en el mismo orden en este pleno, por un servicio de telefonía móvil de mayor calidad.
Con la aprobación del presente dictamen lograremos que los usuarios y clientes de los servicios de telefonía celular puedan solicitar que se fije el límite máximo de consumo para no generar costos adicionales a su servicio contratado de forma gratuita, recibir servicios de calidad estandarizada por parte de las compañías telefónicas, así como cancelar el contrato sin sanción en caso de no cumplirse dichos estándares.
Solicitar y obtener de manera inmediata el desbloqueo de equipos cuando se concluya la vigencia de contrato de servicio o se haya cubierto la totalidad del costo del equipo, recibir bonificaciones o descuentos por fallas en el servicio o cargos indebidos, que deberán estar establecidos de manera clara y sencilla para el usuario.
Abonar los saldos de los planes tarifarios que no hayan sido consumidos en su totalidad, al mes siguiente de su facturación, y adquirir la póliza de garantía del equipo, con la compañía que adquirió o con el fabricante.
En suma, el presente dictamen contribuirá a fortalecer los derechos de los usuarios de telefonía móvil al igual que incentivar a las compañías a mejorar la prestación de sus servicios, de acuerdo a los parámetros internacionales y a lo que mandata la legislación nacional.
Si el éxito se mide por el grado en que se sirve al público consumidor, como dijera el empresario estadounidense James Cash Penney: El Poder Legislativo es exitoso en la medida en que le sirve a los ciudadanos, ampliando sus derechos y asegurando la constante mejora de su bienestar.
La Comisión de Comunicaciones los invita a que acompañen el presente dictamen en beneficio de todas y de todos los mexicanos. Agradezco la confianza de mi coordinador, el diputado César Camacho y del grupo parlamentario. Gracias, señor presidente, es cuanto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias. Consulte, por favor, la Secretaría si se dispensa la lectura de la adenda, toda vez que ha sido publicada y está debidamente distribuida entre los señores diputados.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura de la adenda, que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda dispensada. Diputada, ahora pregunte usted si es de aprobarse la adenda y si se acepta que se incorpore al dictamen.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la adenda y se incorpora al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Clemente Castañeda Hoeflich, proponente de esta iniciativa y se le concede el uso de la palabra.
Inmediatamente después del diputado Castañeda, haré una consulta a la asamblea, en función del acuerdo que habían tomado los grupos parlamentarios. Adelante, diputado Castañeda.
El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, la realidad es que México vive en una especie de régimen que privilegia a los que más tienen por encima de quienes tienen menos. Esto ha generado a todas luces la existencia de un esquema muy abusivo y en contra de los consumidores, durante muchos años esto se llamó capitalismo de cuates y en México dejó de lado las exigencias de los consumidores, de los usuarios, favoreciendo a las empresas.
En Movimiento Ciudadano por eso consideramos que estos abusos que viven los consumidores, son el reflejo de la ausencia de un Estado de derecho y son el reflejo también de una vida pública, donde no se ponen los derechos de los ciudadanos y los derechos de los consumidores en el centro de la discusión.
Por eso me da mucho gusto que esta legislatura, una vez más, apruebe una reforma en el sentido de defender y de proteger los derechos de los consumidores mexicanos, ya lo hicimos hace un mes en materia de uso de las aerolíneas y hoy lo estamos haciendo en materia de telefonía móvil y de todos los usuarios de este servicio.
No podemos perder de vista que desde inicio de este siglo, las nuevas tecnologías de la información se han posicionado como un nicho de oportunidades para la convivencia democrática, pero también para el acceso a las sociedades del conocimiento.
Por ello resulta fundamental generar este tipo de mecanismos, para que los mexicanos gocen de servicios de telefonía celular a la altura de sus necesidades, de sus expectativas.
Esta reforma, como ya se ha señalado aquí, tiene grandes ventajas. Permitirá garantizar el derecho a que el saldo no utilizado en los planes de pospago sea reintegrado en el siguiente mes, con esto estaremos favoreciendo a más de 20 millones de usuarios que tienen este servicio. Pero además, el usuario puede fijar un límite en el uso de datos, para evitar cargos adicionales. Faculta también a la Profeco para vigilar los esquemas de contratación y establecer lineamientos al respecto. Los usuarios de telefonía celular ya no tendrán que solicitar el desbloqueo de sus equipos una vez terminado el contrato, pues este se realizará de manera automática y por medios electrónicos y, además, los usuarios podrán hacer efectiva la garantía de sus equipos directamente con el concesionario, estando este obligado a reponer el equipo sin necesidad de acudir al fabricante. Esto beneficiará a más, menos 112 millones de usuarios de este servicio.
Así pues, esta reforma, además de ampliar y fortalecer los derechos de los usuarios de las telefonías, de la telefonía móvil en México, también será un paso muy importante en materia de telecomunicaciones, orientado a poner a las tecnologías de la información al servicio de los ciudadanos, lo que por supuesto contribuye a fortalecer nuestra convivencia social, nuestra sociedad en términos generales.
La defensa de los derechos de los consumidores es, para los diputados de Movimiento Ciudadano, una agenda imprescindible, ya que implica la defensa de la dignidad de las personas por encima de los intereses privados y que busca garantizar un trato justo entre los ciudadanos y las empresas de servicios con las que interactuamos todos los días.
Es decir, en pocas palabras, implica poner a los ciudadanos en el centro de las necesidades e implica fortalecer el Estado de derecho atendiendo las demandas específicas de los ciudadanos.
Por todo esto, seguiremos insistiendo en que la defensa de los consumidores es eminentemente una agenda ciudadana.
Insistiremos, como legisladores debemos asumir esta agenda como un espacio fundamental de acción para fortalecer el Estado de derecho y reconstruir la confianza de los mexicanos.
Celebro finalmente la disposición y el trabajo de la Comisión de Comunicaciones y la disposición de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante esta reforma. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Castañeda. La situación siguiente es la siguiente: los grupos parlamentarios acordaron que este y los siguientes dictámenes no tendrían más oradores que el proponente y la fundamentación de la comisión.
Sin embargo, no puedo limitar, y esto es un precedente, porque así lo obliga el Reglamento además, a un orador que quiera intervenir. Por lo tanto, las alternativas de la mesa serían: 1. Que este orador declinara su intervención. 2. Que se abriera totalmente la lista de fundamentaciones por parte de los grupos parlamentarios. O 3. Que los grupos parlamentarios aceptaran que éste fuera el único orador.
La única que me ha pedido el uso de la palabra y se la concedo, es la diputada Guadalupe Chávez Acosta. Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, y por lo tanto, la lista de oradores quedará abierta si así lo deciden los grupos parlamentarios o será la diputada Chávez la única oradora que escuchemos en este debate, adicionalmente a lo acordado el proponente y el presidente de la Comisión. Adelante, diputada, hasta por tres minutos.
La diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, las telecomunicaciones presentan un sector estratégico que debemos salvaguardar, ya que son transversales para toda la vida pública. Son un vehículo para transferir información, para compartir ideas, transmitir valores y difundir contenidos ideológicos, contribuyendo así a crear comunidad.
El gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto ha sido el más reformador de la historia. Impulsó 13 reformas estratégicas que le han transformado el rostro a México.
Una de ellas, la de telecomunicaciones, que pone el poder de los medios de comunicación al servicio de las personas, garantizándoles mayores opciones y precios más competitivos. Una reforma que ha producido beneficios tangibles para la economía de las familias mexicanas, sin precedentes y de resultados extraordinarios, como lo reconoció la OCDE.
Esta reforma ha permitido reducir los precios de los servicios de telefonía móvil en más de 40 por ciento, desaparecer los cobros de larga distancia nacional y consolidar el proceso de portabilidad numérica para que los usuarios tengan la libertad de cambiar de compañía, conservando su número telefónico.
Aunado a lo anterior, el gobierno de la República ha logrado impulsar la red compartida, el proyecto de telecomunicaciones más grande de la historia nacional que garantizará una cobertura en Internet y redes móviles de alta calidad y velocidad para más de 100 millones de mexicanos.
Concluir el proceso de transición a la televisión digital en sustitución de la señal analógica, y crear y difundir la carta de derechos mínimos de las y los usuarios de telecomunicaciones para apoyarlos en caso de que la empresa incumpla en el contrato.
A pesar de estos avances, de acuerdo con datos de la segunda encuesta de patrones de consumo y experiencia de los usuarios de telecomunicaciones, la caída de llamadas, Internet lento y fallas de cobertura son problemas recurrentes en todas las compañías.
Se han evidenciado inconsistencias en los contratos de algunas empresas de telefonía móvil y la norma oficial mexicana, donde estas se eximen de responsabilidades y, por tanto, los usuarios son víctimas de múltiples abusos.
Por ello, las y los diputados del PRI estamos convencidos de votar a favor del presente dictamen. Estamos convencidos de la necesidad de reducir los costos y hacer más eficientes las comunicaciones en beneficio de los consumidores.
Esta reforma propone bonificar las fallas en el servicio y cargos indebidos y reintegrar el remanente de los saldos no consumidos al usuario en el mes siguiente de su facturación. Evitar un costo adicional por establecer un límite de consumo a solicitud del usuario. Promover la verificación de índices de calidad en el servicio. Impulsar la transferencia de obligaciones en el contrato de adhesión entre el consumidor y el concesionario. Otorga la posibilidad de que ante la modificación del contrato original, el usuario pueda rescindir sin sanción alguna obligar al desbloqueo de los equipos de manera inmediata al término de la vigencia del contrato o cuando sea liquidado en su totalidad.
En suma votaremos a favor del presente dictamen, porque hacerlo es votar a favor de los derechos de los ciudadanos en su calidad de usuarios de las telecomunicaciones. Es votar a favor de la democratización de los servicios de calidad y de tarifas cada vez más justas para las y los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Chávez. Tiene la palabra, el diputado Sergio López Sánchez, por el Partido de la Revolución Democrática.
Informo a esta asamblea, que se han inscrito también, la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Partido Acción Nacional y esperaríamos si hubiera de algunos otros grupos parlamentarios para continuar con el orden como establece el reglamento.
El diputado Sergio López Sánchez: Con su venia, señor presidente. El proyecto de decreto que contiene el dictamen que hoy se presenta expresa la voluntad de mejorar los servicios que distintas empresas de telefonía ofrecen en el mercado.
La iniciativa que le dio origen expone en su contenido la preocupación genuina que todo usuario tiene en relación al pago que realiza por dichos servicios y la calidad que recibe, pero sustantivamente las obligaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones de asegurar que, en efecto, recibimos el mejor servicio de acuerdo a las mejores prácticas internacionales.
Según el informe estadístico 2017, para los meses de abril a junio que publica en su portal el instituto, resultado de las tareas convenidas con la Profeco, se puede tener una referencia clara de lo que ocurre cuando los servicios que se contratan muestran fallas, esto puede ayudarnos a comprender la importancia de las reformas que se proponen al artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El informe a que hago mención se refiere a 2 mil 924 inconformidades de los usuarios, de las cuales el 73 por ciento se presentaron por quejas en el servicio de telefonía e Internet. Justo ahí es donde se encuentra el problema planteado por el legislador. En dicho informe además se precisa que el 68 por ciento de las quejas se refieren específicamente a las fallas del servicio, cargos, saldos y bonificaciones.
Para tener una idea clara de las bondades de la reforma, es necesario observar, como lo muestra el informe, que solo el 68 por ciento de las quejas fueron atendidas en tiempo por las propias empresas, y solo el 11 por ciento de los usuarios declararon estar satisfechos con la atención recibida. Los demás, o no contestaron o se sintieron insatisfechos.
No solamente existen fallas ocasionales. Nos referimos a que en múltiples ocasiones se paga un servicio determinado pero con el cúmulo de fallas que existen los usuarios se sienten defraudados, a lo que hay que agregar que no siempre las empresas atienden estas quejas y que es necesario la intervención del instituto o de la Profeco, lo cual implica la situación que enfrenta el cliente y agrava su malestar.
Es por ello que compartimos con la dictaminadora el sentido de vigilar y hacer cumplir la correcta prestación de los servicios de telefonía móvil independientemente de la modalidad que se haya contratado, así como el otorgamiento de la atención oportuna y el ejercicio efectivo de las garantías ante el funcionamiento incorrecto de los equipos terminales y los servicios de comunicaciones ofrecidos, como se declara en el dictamen.
Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRD coincide con las conclusiones del dictamen que considera viables, idóneas, razonables y necesarias las reformas propuestas con las modificaciones necesarias, toda vez que los clientes y usuarios de los servicios móviles tendrán mayor certeza jurídica sobre los parámetros de la calidad del servicio que podrán hacer valer en la aplicación efectiva de sus derechos tutelados como consumidores.
El Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del dictamen por considerar que la reforma efectivamente recoge las preocupaciones de los usuarios que ante las fallas del servicio suelen recorrer un camino lleno de obstáculos y en algunos casos plagados de frustraciones.
En el Grupo Parlamentario del PRD estamos convencidos que el interés público que revisten los medios de comunicación entre personas, revisten un conjunto de derechos que deben ser protegidos y fomentados por el Estado. Eso asegurará mejores servicios, empresas más responsables y usuarios más satisfechos. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Sergio López Sánchez. A continuación se le concede el uso de la palabra a la diputada Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, informándole a esta asamblea que como es la última oradora que está registrada, al término de su intervención se preguntará a esta honorable asamblea si está suficientemente discutido el dictamen correspondiente. Adelante, diputada.
La diputada María Verónica Agundis Estrada: Buenas tardes a todos. Con su permiso, señora presidenta. Señoras y señores diputados, en Acción Nacional creemos en la competitividad y en la apertura a la inversión de empresas de telecomunicaciones, derivada de la última reforma en la materia.
La propuesta de Movimiento Ciudadano que hoy se ve reflejada en el dictamen que nos presenta la Comisión de Comunicaciones, nos parece que es adecuada y contribuirá a generar mayores certezas a los usuarios, así como a evitar los abusos en los cobros desmedidos.
Es una realidad que las compañías de telefonía, particularmente de telefonía celular, siguen siendo bastante opacas en lo que se refiere al consumo de minutos y de datos, y esto lo hemos vivido todos.
Actualmente el sector de las telecomunicaciones se concentra en el servicio de prepago al registrar más del 80 por ciento de los usuarios de telefonía móvil, mientras que el otro 20 por ciento se concentra en el servicio postpago o de plan tarifario.
En los esquema de prepago está claramente definido que el usuario consumidor obtiene el servicio por el que paga de antemano, sin embargo para quienes cuentan con un plan tarifario postpago, en el que no hay límites para el cobro, ahí es en donde verdaderamente se presentan los problemas y los reclamos a las compañías telefónicas.
Es cierto que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha mejorado en mucho sus herramientas de información y transparencia para todos los usuarios a través de su plataforma electrónica. Pero creemos también que los ciudadanos deben tener mucha mayor claridad y una mejor toma de decisiones respecto a los servicios que recibe.
De acuerdo con el último informe estadístico del IFT, el mayor número de reclamos por parte de los usuarios se concentra en la telefonía móvil, esto por encima de las reclamaciones por un mal servicio de internet o por un mal servicio de telefonía.
Los mayores reclamos tienen que ver precisamente con los cargos, cobros y fallas en todos estos servicios. Bien podríamos pedir a las empresas de telefonía móvil, mejoren sus servicios y ofrezcan mayor claridad en sus cobros, pero lo que hoy nos toca es dar un paso importante para establecer en la legislación este instrumento para que el usuario –sin costo alguno– pueda fijar el límite máximo de consumo, para evitar –por supuesto– el cobro adicional por usos excesivos de los servicios originalmente contratados. Con este tipo de acciones nos estamos poniendo del lado de los ciudadanos.
Y en el Partido Acción Nacional, estamos convencidos de que propuestas como éstas, referentes a los derechos de los consumidores, nos pone en el camino correcto, de evitar todos estos abusos.
En el mismo espíritu en el que se construyó la propia reforma de Telecomunicaciones, estas –señoras y señores– son buenas acciones, son acciones a favor de los ciudadanos. Así es que, por supuesto, vamos a votarlo a favor, y una felicitación para el diputado proponente. Es cuanto, señora presidente, buenas tardes a todos.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias diputada María Verónica Agundis Estrada. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficiente discutido en lo general.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidente, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Suficientemente discutido en lo general.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Y en virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaria abra el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, con las modificaciones aceptadas por esta asamblea.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
(Votación)
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En tanto se lleva la votación permítame la asamblea informarles que se han recibido ante esta Mesa Directiva distintos oficios de condolencias, entre ellos: el del excelentísimo señor George J. Furey, presidente del Senado; y del excelentísimo señor Geoff Regan, presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, en ambos casos a nombre del Parlamento de Canadá y de los canadienses transmiten sus sentidas condolencias al pueblo de México.
El excelentísimo señor Demetris Syllouris, presidente de la Cámara de representantes de la República de Chipre, a nombre de los miembros de esta Cámara extiende su solidaridad al gobierno, el parlamento y el pueblo de México ante los trágicos acontecimientos vividos.
El excelentísimo señor Ismail Kahraman, presidente de la Asamblea Nacional de Turquía, expresa a los respetables miembros de la Cámara de Diputados del pueblo de México sus sinceros deseos para una pronta recuperación.
Liviu Dragnea, presidente del Parlamento de Rumania, con tristeza y consternación acompaña a los ciudadanos mexicanos en estos difíciles momentos y aseguran su solidaridad.
Roger Nkodo Dang, presidente del Parlamento Panafricano, transmite sus sentimientos y condolencias personales por los sucesos que se han dado en México; y la Mesa del Parlamento Panafricano y los parlamentarios se unen a él para expresar sus sinceras condolencias a las familias afligidas y al pueblo de México.
Vayan para todos ellos la gratitud de esta Cámara de Diputados y nuestra sincera amistad. Muchas gracias.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: ¿Algún compañero diputado o diputada falta de emitir su voto? Sigue abierto el sistema.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada, cierre el sistema de votación. Santiago Taboada a su derecha y Fidel Torreblanca a su izquierda. No alcanzaron a votar.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Vamos a abrirlo por un minuto más, por favor, para que puedan los diputados terminar.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Está abierto el sistema.
(Votación)
Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron a favor 426 votos, 0 en contra, de un total de 426 presentes. Es cuanto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado por una unanimidad de 426 votos en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El diputado José Luis Toledo Medina (desde la curul): A favor.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Regístrese 427 votos a favor, con el diputado Toledo.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 15 y 16 de la ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Conforme al acuerdo suscrito por la Junta de Coordinación Política, harán uso de la palabra el presidente de la comisión para sustentarla, y el diputado proponente, en este caso el diputado José Antonio Estefan Garfias. Tiene por lo tanto la palabra por cinco minutos para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión, la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, hasta por cinco minutos.
La diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela: Muy buenas tardes, estimadas compañeras y compañeros legisladores integrantes de este Parlamento mexicano. Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada.
La diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela: Me es grato este día subir a tribuna a nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la cual tengo el honor de ser integrante como parte de mi Grupo Parlamentario del PRI.
En la comisión nos hemos destacado por discutir y analizar a profundidad cada uno de los asuntos que esta Mesa Directiva tiene a bien turnarnos, muestra de ello es el asunto que el día de hoy se somete a la consideración de todas y de todos ustedes, asunto el cual discutimos al seno de la Comarnat de manera concurrente, toda vez que por su parte el diputado José Antonio Estefan Garfias, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y la diputada Santos Garza Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, plantearon de manera indistinta una iniciativa que reforma el artículo 15 y 16 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la cual habla de la madurez, de la sensibilidad y de la pluralidad política que debe imperar para llegar a los acuerdos, siempre en beneficio del medio ambiente y de nuestros recursos naturales.
Ahora bien, entrando en materia del dictamen, en la comisión de estudios dictaminadora consideramos de gran importancia los planteamientos hechos por los iniciadores, quienes son convergentes, ya que asumen la importancia que para México significa el ser parte de los tratados internacionales en materia de protección y cuidado del medio ambiente, por lo cual es sumamente necesario que las leyes secundarias del ordenamiento jurídico nacional se encuentren perfectamente armonizadas con respecto al contenido de dichos tratados, a fin de regular las conductas humanas que pueden influir de manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivos y el aprovechamiento de los recursos naturales de sus ecosistemas.
Es por ello que en las políticas públicas, además de ajustarse a los lineamientos del orden jurídico nacional, se deben observar e implementar los criterios de orden internacional en la materia ambiental, con el fin de cumplir con las medidas de protección y de cuidado de los ecosistemas y recursos naturales del país, sin olvidar las comunidades que ahí habitan.
Consideramos importante subrayar que a partir de la Cumbre de Río, la comunidad internacional ha mantenido esfuerzos importantes para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del planeta, impulsando el correcto aprovechamiento de los recursos naturales, a partir de la creación de organismos multilaterales, como lo es la Convención sobre la Diversidad Biológica, de la cual México es parte contratante.
Se han introducido temas novedosos, como la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica y la participación justa y equitativa de los beneficios que deriven de la utilización de recursos genéticos.
Ahora bien, el Protocolo de Nagoya, el cual regula este último componente, entró en vigor el 12 de octubre del año 2014 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 132 de nuestra Constitución, de la Ley Suprema de toda la Unión, sin embargo, en la legislación actual de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, dentro del Capítulo de la Política Ambiental, no existe ninguna disposición que mencione a los tratados internacionales, en lo general o en lo particular, como ejes rectores para la elaboración de política ambiental.
Por lo que es necesario establecer criterios jurídicos que sean vinculantes para el cumplimiento de los acuerdos internacionales, de esta manera garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, que como país hemos suscrito.
Por último, tenemos que señalar que a nivel internacional México ha jugado un papel sumamente importante en impulsar y promover los marcos jurídicos de vanguardia en materia ambiental, lo que genera que otros países sigan el ejemplo de liderazgo de nuestra nación en el tema de normatividad ambiental.
Por lo consiguiente, compañeras y compañeros diputados, es que solicitamos el voto favorable de ustedes como integrantes de esta honorable Cámara de Diputados, para que podamos tener el cumplimiento irrestricto de los tratados internacionales que México ha suscrito. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Gárate Valenzuela. Para fijar la postura tiene el uso de la palabra el diputado, además promovente, José Antonio Estefan Garfias, hasta por cinco minutos.
El diputado José Antonio Estefan Garfias: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, que no haya duda, el objetivo principal de este dictamen es la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas de nuestro país.
La materia ambiental debe significar para nosotros uno de los principales temas de discusión de nuestras actividades como legisladores federales. La naturaleza nos ha demostrado en los últimos días las consecuencias de un desastre natural que puede tener en nuestra vida diaria y en nuestro patrimonio una total afectación.
En nuestro país el desarrollo social debe estar orientado a todas aquellas actividades productivas que se diseñan y gestionan para satisfacer las necesidades que demanda la población en general, siempre y cuando se respeten los recursos naturales involucrados en ellas.
Lamentablemente, en la legislación mexicana, específicamente la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, no se incluyen hasta hoy, a la letra, como elementos rectores de la planeación de la política ambiental los principios internacionales de planificación para el aprovechamiento, cuidado y uso de los recursos naturales y de protección de medio ambiente.
Lo anterior genera una falta de especificidad y congruencia con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en referencia a todas aquellas disposiciones adoptadas por el Estado en los tratados internacionales.
México ha suscrito diversos tratados internacionales en materia ambiental para la protección de ecosistemas que existen en el planeta mediante una participación y colaboración de la mayoría de los integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, organismo que realiza esfuerzos en conjunto para combatir todas aquellas prácticas humanas que destruyen y afectan los recursos naturales de nuestro planeta.
Como ejemplo de esta colaboración del Estado mexicano en distintos foros y convenciones internacionales se encuentra la Cumbre de Río celebrada en el 92. Y posteriormente, una segunda edición en el 2012, donde se acordó la ejecución de múltiples actividades a nivel internacional para la preservación del medio ambiente, y se estableció una agenda global para el desarrollo sustentable en los próximos 20 años.
Otro ejemplo de estos acuerdos es el Protocolo de Kioto, mediante el cual se realizaron acuerdos entre los países industrializados para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y con esto anteponer, en principio, el cuidado y la preservación del medio ambiente antes de cualquier actividad industrial que pudiera afectar al planeta.
Es claro que la tendencia internacional en materia ambiental sigue la trayectoria de introducir al componente humano, no solo en forma aislada sino en forma integral y complementaria en el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos y los ecosistemas.
El Convenio sobre Diversidad Biológica establece como su objetivo la utilización sostenible de la diversidad biológica y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante otras cosas, un acceso adecuado a los recursos naturales.
Cabe señalar que el objetivo citado anteriormente es ampliamente desarrollado en el Protocolo de Nagoya, del cual México es parte, por cierto. Es importante recalcar cómo el Estado mexicano a la fecha no ha cumplido el compromiso contraído de promulgar una ley reglamentaria al respecto, quedando rezagados en el cumplimiento de nuestras responsabilidades internacionales.
Con la aprobación del presente dictamen, establecemos un marco jurídico general que reconoce e integra a las comunidades indígenas al reparto justo y equitativo de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos cuando haya conocimiento tradicional asociado a estos.
Por lo anterior y en congruencia con lo establecido en los artículos 2o. y 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen la composición pluricultural de la nación y el derecho a un medio ambiente sano, respectivamente, que se presente el dictamen que propone:
1. Adicionar la fracción IV, la cual mandata al Ejecutivo a observar los principios y criterios generales, establecidos en los tratados internacionales suscritos en materia por el Estado mexicano.
2. Reformar la fracción XIV para garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas a la protección, preservación, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y salvaguarda y uso de la biodiversidad, así como la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.
De esta manera es que garantizamos que los principios de derecho internacional en materia ambiental sean rectores de la política en la materia, además de incorporar a nuestra legislación lo establecido en el Protocolo de Nagoya, cuyo objetivo es terminar con el abuso que sufren nuestras comunidades indígenas cuando corporaciones o instituciones acceden a su conocimiento tradicional asociado al uso de la biodiversidad y nunca reciben los beneficios económicos, ni el reconocimiento a su cultura y sus tradiciones.
Por lo anteriormente expuesto es que presentamos nuestro voto a favor del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 16 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección de Medio Ambiente. Es cuanto, compañeros. Muchas gracias.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Estefan Garfias. El dictamen está a discusión en lo general y en lo particular. No existiendo oradores inscritos, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta a nombre de la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se pide a la secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del dictamen.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La diputada Verónica Delgadillo García: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? El sistema electrónico sigue abierto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Cierre el sistema, secretaria, y por favor infórmenos. Serán 30 segundos, señores diputados.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 412 votos a favor, 5 votos en abstención, 0 votos en contra, de un total de 416 diputados presentes.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Queda entonces aprobado en lo general y en lo particular por 412 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 16 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Son 411 votos. Para que quede constancia en el acta, 411 votos.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quiero informar a esta asamblea que hemos recibido acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueban las preguntas parlamentarias que se dirigirán al presidente de la República con motivo del análisis del V Informe de Gobierno. Está publicado en la Gaceta legislativa, por lo tanto le solicito a la Secretaría pregunte a la asamblea si es de aprobarse, en votación económica.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueban las preguntas parlamentarias que se dirigirán al presidente de la República con motivo del análisis del V Informe de gobierno.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, honorable secretaria. Queda aprobado y comuníquese.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Vamos a pasar al capítulo correspondiente a iniciativas, en nuestra sesión del día de hoy. Prolongaremos la sesión desahogando iniciativas hasta las 16 horas en punto de la tarde, por lo tanto tiene la palabra por cinco minutos la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 183 del impuesto sobre la renta.
La diputada Susana Corella Platt: Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Adelante, diputada.
La diputada Susana Corella Platt: Compañeras y compañeros legisladores, responder a la demanda de empleo, empleo sostenible y con garantías de seguridad social en nuestro contexto económico, resulta apremiante porque nuestro país enfrenta presión que antes no tenía y esto exige respuestas de reingeniería y arquitectura institucional en nuestra política fiscal, en sus alcances, incide directamente en la vida cotidiana.
Uno de los sectores económicos que ha venido demostrando fuerte crecimiento, es el de las maquilas. Estas se han convertido en uno de los pilares de la economía, principalmente por su influencia en contexto exterior, el empleo y la inversión.
Las maquiladoras fueron durante largo periodo el único segmento de la economía en el que se permitía la completa propiedad extranjera de las empresas. Su crecimiento fue mayor desde 1995, esto como consecuencia de las condiciones creadas por la entrada en vigor del TLCAN.
En nuestro país se tienen identificadas básicamente tres modalidades del esquema de maquilas. El modelo Shelter, como también el programa Maquila, fueron inventados en México y ahora emulados por otros países. Las empresas de albergue operan a través de la importación de manera temporal de los inventarios, maquinaria y equipo, propiedad del residente en el extranjero.
La diferencia sustancial entre una empresa maquiladora que opera un programa Immex industrial y una empresa de manufactura que opera bajo la modalidad de Immex albergue, radica principalmente en la naturaleza que estas mantienen con el fabricante. La primera se da entre empresas que son parte relacionadas, mientras que en las de albergue se da entre terceros independientes.
El motivo fundamental de esta iniciativa radica en permitir que la empresa extrajera que ha optado por manufacturar sus productos en México a través de una empresa Immex albergue, pueda hacerlo por el tiempo que sea necesario, sin limitantes de tiempo, siempre y cuando paguen los mismos impuestos que pagarían como si fueran una empresa con programa Immex industrial.
Ante esta problemática, lo que se propone es reformar el artículo 183 de la Ley del ISR, permitiendo la permanencia indefinida del régimen de aquellas empresas que se encuentren en la modalidad de albergue, así como proveer un esquema fiscal similar al que se encuentran sujetas las empresas con programa Immex industrial, es decir, un cumplimiento fiscal conforme lo establece el artículo 182 del mismo ordenamiento.
De esta forma el ISR que México recaudaría sería mayor al que se obtiene bajo el esquema impositivo actual, ya que pagaría su ISR la empresa albergue y también la extranjera que opera dentro del albergue.
Hoy día se estima que existen cerca de 300 empresas que operan bajo la modalidad con clientes provenientes de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Holanda, Italia, España, Corea, Japón y China, y estas fueron el vínculo de atracción de las muchas empresas maquiladoras existentes en el país.
En cuanto a los efectos sobre la balanza comercial se estiman con un valor anual de exportaciones de 29 mil 722 millones de pesos, mientras que las importaciones suman 23 mil 794 millones de pesos, lo que equivale a un superávit de 5 mil 928 millones de pesos.
En cuanto al tema recaudatorio, las empresas de albergue contribuyen de manera directa en la captación del ISR. En este sentido se puede citar que los enteros de impuestos anuales oscilan de 12 a 25 millones de pesos por empresa.
En materia de empleo, las empresas de albergue generan más de 67 mil empleos directos con cuotas al IMSS, que exceden los 875 millones de pesos anuales. Tan solo en el estado de Sonora las empresas de albergue aportan más del 20 por ciento de los 110 mil empleos que ofrece el sector maquilador.
Esta situación que es de gran impacto en algunos municipios, como el de Empalme, Sonora, parte de mi distrito, donde la principal fuente de empleo es una empresa que opera bajo la modalidad de albergue. Asimismo, se estima que los empleos indirectos ascienden a más de 200 mil, equivalentes a más de 12 mil 100 millones de pesos anuales.
Las empresas de albergue sirven como mecanismo efectivo para asegurar que los extranjeros cumplan con las obligaciones fiscales, lo que otorga una ventaja administrativa al gobierno federal para canalizar de mejor manera sus recursos de fiscalización en menos contribuyentes.
Por lo anteriormente expuesto propongo reformar el artículo 183 de la Ley del ISR, considerando que la política fiscal es un instrumento de regulación del Estado en los mercados. Y a su vez este instrumento incide de manera directa en la generación de condiciones que pueden favorecer el crecimiento y la generación de empleos.
Hoy lo que apremia es generar más empleo en nuestro país; apremia a dar certeza a las inversiones de nacionales, de extranjeras; que las decisiones políticas tengan efectos materializados en los bolsillos de las personas, en sus condiciones laborales y de seguridad social.
De ahí que esta iniciativa tenga como objeto reformar un artículo que dé libertad a la inversión maquiladora para poder independizarse de su albergue no en un tiempo definido, sino en el momento que así sea decidido por la empresa.
Contar con el apoyo a esta reforma implica ampliar las expectativas de crecimiento y desarrollo para poblaciones enteras. Apoyar esta reforma es fortalecer la capacidad de la empresa para crecer. Y qué mejor que este crecimiento sea en nuestro país.
Apoyar es abonar a la generación de empleo en México, para mexicanos y dar oportunidad a la generación de cadenas de proveeduría mexicana, es pues estar a favor de la economía de nuestros representados.
Los invito a firmar, compañeros, esta iniciativa con su servidora. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada Susana Corella. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La diputada Ana Georgina Zapata Lucero (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Por favor, sonido en la curul de la diputada Georgina Zapata.
La diputada Ana Georgina Zapata Lucero (desde la curul): Muchas gracias, presidenta María Ávila. Pidiendo poderme adherir a la iniciativa que presenta la diputada Susana Corella, al ser un tema sumamente sentido para los trabajadores y el sector laboral de nuestro país.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Diputada Susana Corella, están solicitando adherirse a su iniciativa. ¿Tiene algún inconveniente? Adelante, diputada. Sonido, por favor, para el diputado Benjamín Medrano.
El diputado Benjamín Medrano Quezada (desde la curul): Señora presidenta, en el mismo sentido que hizo mención mi compañera, la diputada Georgina Zapata. Además de felicitar a la diputada Susana Corella por esta gran iniciativa.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado. Adelante. Por favor, diputada Bárbara Botello.
La diputada María Bárbara Botello Santibáñez (desde la curul): Gracias, presidenta. Para felicitar a la diputada Susana Corella, porque es una iniciativa muy importante que por supuesto generará inversiones importantes para el país, pero también generará muchísimos empleos.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Sonido, por favor, para el diputado Juan Antonio Meléndez.
El diputado Juan Antonio Meléndez Ortega (desde la curul): Gracias, muchas gracias, presidenta. En el mismo sentido que mis compañeros diputados, adherirme, solicitarle a la diputada Susana Corella si nos permite adherir a esta iniciativa que es tan importante para todo nuestro país y obviamente para los estados que tenemos actividad maquiladora en nuestras entidades. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado. La diputada ha autorizado su adhesión. Está aquí a disposición de la Secretaría para todas las compañeras diputadas y diputados que deseen pasar a firmarla. Sonido para el diputado Agustín Rodríguez, por favor.
El diputado Luis Agustín Rodríguez Torres (desde la curul): Felicitar a la diputada Susana Corella y también a quien nos acompaña, Luis Felipe Sener, empresario del estado de Sonora, que ellos son los pioneros en este sistema de shelter y que es necesario que nosotros como diputados, a través del Ejecutivo, podamos apoyarlo.
Como bancada de Acción Nacional, del estado de Sonora, apoyamos la iniciativa de la diputada Susana Corella. Felicidades.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene la palabra por cinco minutos el diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.
El diputado Luis Agustín Rodríguez Torres: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva. Quiero felicitar el día de hoy a un joven sonorense, Omar Montelongo, que se encuentra el día de hoy aquí, acompañándome a presentar una iniciativa –felicidades, Omar–, a presentar una iniciativa que fue adquirida a través de una convocatoria que lancé en el estado de Sonora a jóvenes universitarios y jóvenes de bachillerato, y después de analizar y tener un jurado de compañeros diputados, la iniciativa de Omar fue la que obtuvo el primer lugar y por ello Omar se encuentra en este salón de plenos, acompañándome a presentar una iniciativa en nombre de todos los jóvenes de México. Felicidades, Omar y va por ti.
La fórmula de realizar servicio social como vía para adquirir experiencia profesional e incluso acceder a un puesto de trabajo es cada vez más aceptada y valorada por empresarios demandantes de personal más preparado y jóvenes demandantes de un buen empleo.
En México, las prácticas profesionales se desarrollan dentro del ámbito escolar a nivel bachillerato y universitario. Así es como jóvenes que están estudiando en instituciones de educación superior tienen que cumplir con un requisito indispensable para obtener el título universitario o grado académico: el presentar un servicio social.
A pesar de que en el país existe una normativa que regula de forma general qué son las prácticas profesionales, esta normativa no establece claramente cómo es que se deben regular tales prácticas que son desempeñadas por los jóvenes para poder accesar al mercado laboral.
Debido a la naturaleza de algunos estudios universitarios, se convierte el servicio social y prácticas profesionales en la única oportunidad que tiene el estudiante de poner en práctica su formación, conocer de cerca el funcionamiento interno de las empresas, contratar sus conocimientos y aptitudes con el perfil que demandan las mismas e incluso definir sus aspiraciones profesionales.
En la actualidad México y el mundo demandan egresados con conocimientos globales, especializados, humanos y sensibles a las necesidades de la sociedad. Estas competencias podrían aprenderse en las universidades y en las aulas, pero la oportunidad de estar al frente con los proyectos o situaciones reales de trabajo se convierte en aprendizajes indispensables que solo en la práctica podrán adquirirse.
El Instituto de la Juventud señala que la proporción de jóvenes que logran ubicarse en un trabajo relacionado con su área de estudio es del 30.7 por ciento. Es decir, uno de cada tres consigue desempeñarse en actividades vinculadas con su perfil profesional.
Además, tenemos que 188 mil jóvenes no cuentan con experiencia laboral, están en búsqueda de su primer empleo aún. Para la OCDE, las principales causas de desempleo en los jóvenes profesionistas son la falta de experiencia, la búsqueda de un sueldo digno, la falta de dominio de su área o disciplina y la falta de capacitación.
Se estima que con base en las tendencias actuales, los jóvenes mayores de 22 años tardarán aproximadamente un año y medio en colocarse en algún puesto y cuando lo logran el salario será incluso menos al que obtiene un trabajo con estudios de secundaria.
Es por ello, que el Servicio Social y las Prácticas Profesionales son actividades esenciales que refuerzan la formación y fomentan en el estudiante una conciencia de solidaridad con la comunidad, con la sociedad y con México.
Por lo anterior, es que proponemos reformar el artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones, con el propósito de que sea obligatoria la retribución económica para la presentación del Servicio Social y que esta retribución sea, por lo menos, lo correspondiente al valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización del año en curso.
Los invito a apoyar esta iniciativa que contribuye a que los jóvenes mexicanos tengan mayores oportunidades laborales, adquieran competencias que les permita ser competitivos en un entorno cada vez más globalizado, que mejoren sus condiciones económicas y que esto se traduzca en elevar su calidad de vida y les permita alcanzar sus metas y sueños. Felicidades y enhorabuena, Omar.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputado Luis Agustín Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Erika Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal.
La diputada Erika Irazema Briones Pérez: Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Erika Irazema Briones Pérez: Enfrentamos una serie de problemas ambientales que debemos atender con prioridad. La explotación de nuestros recursos naturales, de una manera rapaz e irresponsable, cada vez es más frecuente y no se establecen programas ni los recursos para promover un equilibrio ecológico que involucre la conservación de la biodiversidad.
Al año 2015 los costos totales al agotamiento de los recursos naturales y el deterioro ambiental equivalían al 5 por ciento del producto interno bruto, es decir, un monto aproximado a los 907 mil 473 millones de pesos.
Los recursos económicos federales son evidentemente insuficiente para detener y revertir la degradación ambiental. Las propuestas de cada año tienen una disminución considerable que no corresponden a las necesidades que presentan nuestros recursos naturales, como el petróleo, agua o recursos forestales.
No debemos dejar de lado los costos que implican la contaminación del aire, de nuestros matos acuíferos, la degradación del suelo y la generación de residuos sólidos.
Las dependencias ambientales se ven rebasadas al recibir un fuerte impacto en los recortes presupuestales, que incluso han demostrado las capacidades operativas del sector, provocando acciones limitadas de atención y de prevención.
Es por ello que encontramos en la Ley de Coordinación Fiscal una apertura a brindar mayores recursos que tengan como fin cumplir con las disposiciones constitucionales de orden público e interés social, que tienen por objeto propiciar el derecho a un medio ambiente sano y transitar hacia un desarrollo sustentable.
Para poder atender la demanda eficiente y de equidad, como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal, debemos de transitar por un esquema de federalismo real, abandonado todas aquellas políticas centralistas que no permitan una gestión ambiental oportuna, que se acompañe de decisiones tardías y procesos burocráticos tardíos que únicamente afectan a nuestros recursos naturales.
Derivado de esta problemática propongo adicionar una fracción al artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, a efecto de que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas que se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto equivalente al 1.40 por ciento de la recaudación federal participable, y se distribuye entre las entidades federativas de acuerdo con la fórmula señalada en el artículo 46 de dicha ley, tenga la oportunidad de destinarse al apoyo de programas y proyectos para la prevención y restauración de equilibrio ecológico y la conservación de la biodiversidad y la protección ambiental y los efectos adversos al cambio climático.
Es urgente que los gobiernos de las entidades federativas tengan la posibilidad de destinar recursos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, a programas y proyectos para la prevención y restauración del equilibrio ecológico.
Esta es una propuesta que tiene como objetivo el atender una problemática que se ha manifestado en diversos fenómenos atípicos y que poco a poco requiere de mayores compromisos.
Apostemos por el desarrollo sustentable y el aprovechamiento responsable de todos nuestros recursos naturales. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Muchas gracias, diputada Erika Briones. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Por favor, sonido en la curul del diputado Fernando Rubio.
El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz (desde la curul): Presidenta, para pedirle a la proponente si me puedo adherir a su iniciativa.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Diputada Erika Briones. Diputado Fernando Rubio, acepta la diputada que se adicione a su iniciativa, así que puede pasar, por favor. ¿Alguien más que desee hacer uso de la palabra?
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación le vamos a ceder el uso de la palabra por cinco minutos a la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.
La diputada Concepción Villa González: Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Concepción Villa González: Compañeros, compañeras, los que aún se encuentran aquí en el pleno, vengo a presentar iniciativa que pongo a consideración y tiene el objeto de mejorar las condiciones de vida de aproximadamente 150 mil mexicanas y mexicanos, quienes día a día tienen la necesidad de trasladarse en el transporte público en el valle de México. Ciento cincuenta mil mexicanas y mexicanos con ingresos familiares promedios entre 150 y 225 pesos diarios.
La Ley Orgánica de Administración Pública Federal dispone que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fijar las tarifas para cobrar el servicio público de transporte. Por su lado, en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario se prevé que serán los concesionarios y permisionarios quienes fijen las tarifas de este servicio.
Más allá de la contradicción expuesta, en ninguno de los dos ordenamientos se señalan los parámetros bajo los cuales se fijarán las tarifas de los servicios públicos de transporte e incluyendo el ferroviario, remitiendo su fijación a normas de menor jerarquía.
Es precisamente en esta falta absoluta de parámetros o guías mínimas para fijar las tarifas donde funcionarios públicos y prestadores de servicios de transporte público aprovechan para fijar las tarifas que les conviene a los concesionarios sin respetar el derecho de los ciudadanos a pagar únicamente por los servicios efectivamente recibidos, el abuso se comete bajo el amparo de una normatividad permisiva y el abuso del poder de algunos funcionarios públicos.
El 25 de octubre de 2005, el gobierno federal a través del secretario de Comunicaciones y Transportes otorgó título de concesión a la empresa Ferrocarriles Urbanos quien administra y opera el tren suburbano Buenavista-Cuautitlán. El tres realiza un recorrido de 25.5 kilómetros desde dos terminales y a través de cinco estaciones intermedias, a pesar de que el recorrido existen 21 distancias diferentes entre sí, en correspondencia solo existen dos única tarifas, lo que es absurdo y abusivo ya que las tarifas aplicadas son absolutamente independientes de los recorridos efectuados por los ciudadanos.
¿Cómo es posible que se cometa este abuso todos los días en contra de 150 mil usuarios? Sencillo. En el título de concesión el secretario de Comunicaciones y Transportes permitió que la empresa fijara las tarifas en atención al recorrido real entre las estacione so por zonas tarifarias. Por supuesto, la empresa eligió fijar las tarifas en zonas tarifarias, pues de esta manera no solo cobra el servicio prestado efectivamente al ciudadano sino a las zonas fijadas unilateralmente, el abuso es clarísimo.
Por ejemplo, aunque un usuario haga un recorrido de solo 14 kilómetros, es obligado a pagar el recorrido completo que son 25.5 kilómetros, lo que implica un sobrepago equivalente a 45 por ciento de la tarifa.
Diputadas, diputados, es evidente que no existe ley o norma alguna que faculte al secretario de Comunicaciones y Transportes para autorizar que la empresa concesionaria aplique a los ciudadanos tarifas desligadas absolutamente del servicio efectivamente recibido, eso es un abuso de poder de los titulares de la SCT desde el año 2005 a la fecha, incluyendo al señor Gerardo Ruiz Esparza.
Por lo anterior, para evitar que se sigan aplicando cobros a los ciudadanos por servicios no prestados, es necesario que desde las leyes orgánicas y reglamentarias se establezca con claridad que las tarifas deberán citadas en proporción directa al servicio efectivamente recibido a los ciudadanos, así como la obligación de las autoridades de vigilar que las concesionarias no cometan más abusos. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada Concepción Villa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Transportes para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Manuel Celis Aguirre, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 6o. de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, suscrita, además del diputado Manuel Celis, por los diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Gracias, presidenta. Saludo a nuestras compañeras diputadas y compañeros diputados que me escuchan. A los medios de comunicación presentes.
Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que presentamos el día de hoy tiene que ver con un tema muy importante y relevante como el de la conservación y preservación de nuestra biodiversidad, entendida esta como la amplia variedad de seres vivos sobre la tierra y que son el resultado de una sorprendente evolución milenaria, por lo que resulta fundamental continuar con la subsistencia de cada especie.
Es una realidad que las causas adversas del cambio climático han venido modificando las diversas formas de vida desde la especie humana, la animal y la vegetal a grado tal que muchas de estas se encuentran en peligro de extinción.
Estos escenarios desfavorables han obligado que desde el ámbito gubernamental las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad organizada, hayan venido implementando acciones y medidas orientadas a la preservación y cuidado de nuestras zonas naturales, de nuestros ecosistemas y de las distintas formas de vida bajo la lógica que de no seguir actuando con prontitud, los daños a corto plazo resultarán irreversibles.
En México, de acuerdo con los datos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, somos uno de los países con mayor variedad animal y vegetal del planeta. Este escenario ha implicado que nuestro país emprenda cada vez más acciones para la preservación de la biodiversidad.
En este contexto el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha propuesto que para el año 2018 se puedan monitorear y vigilar 50 de estas zonas y proteger a más de 20 especies en riesgo de extinción como el jaguar, el gato montés, el tapir, la guacamaya, el ocelote, el puma, la tortuga caguama, el lobo mexicano, el perrito mexicano, el tapir centroamericano, el manatí del caribe y la vaquita marina, la cual está literalmente al borde de la extinción al igual que el ajolote, llamado monstruo del agua, una de las especies más estudiadas en el mundo por su poder de regeneración.
El interés gubernamental por conservar y proteger la biodiversidad del planeta, hizo eco en 1993 al surgir el Convenio sobre la Diversidad Biológica, de Río de Janeiro, Brasil, con el propósito de velar por la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.
Queda claro que México ha mostrado históricamente compromisos y avances relevantes en materia de conservación de la biodiversidad. Al respecto contamos con legislación en materia como la Ley Federal de Sanidad Vegetal, la Ley Federal de Variedades Vegetales, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley de Productos Orgánicos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Ley General de Cambio Climático.
Sabemos que la protección de nuestra biodiversidad implica retos y desafíos. Si bien es cierto que a nivel gubernamental se viene actuando a través de acciones específicas con resultados alentadores, también es de reconocer que la participación de la sociedad civil organizada a través de asociaciones o de instituciones educativas han jugado un papel determinante a luchar por salvar y preserva la biodiversidad.
Por este motivo proponemos adicionar una fracción XIX al artículo 6 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para reconocer la labor de la sociedad organizada y crear el Premio Nacional de la Preservación y Cuidado de la Biodiversidad, conscientes de que la participación social es cada vez más importante en los temas ambientales y, en consecuencia uno tan vital como lo es el de conservar la biodiversidad nacional, ya que preservarla implica generar mejores oportunidades de vida para las generaciones presentes y futuras. Muchas gracias. Gracias presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias diputado Juan Manuel Celis. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 212 y adiciona un artículo 212 Bis al Código Penal Federal.
El diputado Jorge Álvarez Maynez: Con su permiso, presidenta. Con el permiso de los diputados, las diputadas presentes. Traemos a esta tribuna un planteamiento que va acorde con lo que Movimiento Ciudadano y un servidor hemos planteado constantemente en los últimos dos años.
La corrupción no es un fenómeno cultural, no es un destino inaplazable de los mexicanos y no es un fenómeno imposible de combatir. La corrupción es un engendro sistémico, es un diseño estructural del Estado mexicano compartido prácticamente por todos los partidos políticos, compartido prácticamente por todos los niveles de gobierno que tiene anclajes muy claros en incentivos que se propician desde el Estado.
Me da pena proponer una reforma al Código Penal porque casi siempre que se presenta una iniciativa para reformar el Código Penal es populismo penal aumentar penas.
Pero en este caso esta iniciativa complementa una que hemos hecho hace tiempo, que por cierto está en la congeladora gracias a los compañeros del PRI, que tiene que ver con un planteamiento que ha hecho Juan Manuel Portal, el director de la Auditoría Superior de la Federación, que es una de esas instituciones que son ejemplo de que las instituciones sí pueden trabajar en México.
La Auditoría Superior de la Federación sí hace su trabajo, sí señala actos de corrupción, sí nos dice en dónde están fallando los gobernadores. Todo lo que se ha sabido de Duarte, de los dos Duarte, de Borge, de Rodrigo Medina estaba documentado en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
Pero hay dos problemas. Uno. Que sus observaciones no son vinculantes, que la Comisión de Vigilancia de esta Cámara de Diputados y en los Congresos de los estados su símil son los que con criterios políticos fijan, fija, a quién hay que sancionar con un intercambio de impunidad, en donde los partidos se intercambian la posibilidad de sancionar a sus servidores públicos corruptos.
Nosotros estamos diciendo que eso no lo debería hacer la Comisión de Vigilancia ni un órgano político, como es el Congreso de la Unión o los Congresos de los estados, sino el órgano técnico, que es la Auditoría Superior de la Federación, directamente ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Y el planteamiento que tenemos hoy es de asignarles la responsabilidad por omisión a los titulares de las dependencias gubernamentales
Hace unos días, y se desapareció del tema porque, como hay contratos de publicidad oficial que condicionan la verdad publicada en los medios tradicionales, se ha borrado del imaginario colectivo, se documentó por parte de Animal Político y de Mexicanos contra la Corrupción la denominada Estafa Maestra: más de 7 mil millones de pesos en contratos con empresas fantasmas de Sedatu, de Sedesol, de la Secretaría de Educación Pública, de Pemex, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que acreditaron desvíos, una red de corrupción por más de 7 mil millones de pesos, en la que terminaron no localizando el destino de más de 3 mil millones de pesos. Es uno de los robos de las redes de corrupción más grandes que se han documentado en la historia de México.
Pero, ¿qué pasa con esos señalamientos? Siempre firma el contrato un subdirector. No el secretario, no el subsecretario, no el director general, no el presidente de la República. Es lo que nos vino a decir Virgilio Andrade con la Casa Blanca, que él no estaba metido ahí porque no tenía una participación directa, no firmaba los contratos. Y se les exculpa de responsabilidad a los titulares de las dependencias gubernamentales.
Por eso nosotros creemos que en el Código Penal Federal debe haber responsabilidad por omisión para esos titulares de dependencias gubernamentales, que debería estar siendo investigada Rosario Robles, que debería estar siendo investigado Gerardo Ruiz Esparza, que debería estar siendo investigado Emilio Lozoya y los responsables.
No se vale que en este país solo se encarcelen pobres y solo se persiga a funcionarios corruptos de segundo o de tercer nivel, que son los que están constantemente expuestos, cuando los que acumulan propiedades, riquezas y desvió de recursos públicos son los secretarios de Estado, los gobernadores, el presidente de la República, su gabinete. Es una estructura orientada a la impunidad que hay que ir desmontando.
Este es uno de los puntos neurálgicos. Lo ha señalado no el diputado en tribuna, el titular de la Auditoría Superior de la Federación ha dicho: ya presenten cargos por omisión a los titulares de las dependencias gubernamentales. Si nosotros queremos realmente limpiar la casa común que tenemos todos, y que es México, deberíamos de combatir en el diseño sistemático, en el diseño institucional, este fenómeno que es el más grave que vive México, porque impacta a todos los demás, se traduce en inseguridad.
La corrupción mata. Lo vimos con las inmobiliarias en los desastres naturales que tuvimos, la corrupción nos cuesta mucho dinero, la corrupción es un fenómeno que impacta negativamente en todos los frentes de la vida pública nacional y que por supuesto que deberíamos de estar atendiendo en este Congreso. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado Jorge Álvarez Máynez. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene la palabra por cinco minutos el diputado Luis Manuel Hernández León, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 12 y 14 de la Ley General de Educación, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado Luis Manuel Hernández León: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.
El diputado Luis Manuel Hernández León: Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza entendemos que la progresión del modelo democrático nacional pactado en nuestra Constitución se logrará en la medida que garanticemos el acceso a una educación pública laica, gratuita, de calidad, inclusiva y con equidad.
Para el Estado mexicano debe ser tarea prioritaria salir del círculo vicioso de la desigualdad y la pobreza que condiciona nuestro presente. Requerimos de forma urgente la construcción e implementación de una agenda de políticas públicas que impulse la progresión social y económica de nuestras juventudes y de nuestra sociedad en su conjunto.
La formación de nuestros jóvenes y de las próximas generaciones es prioritaria, debemos potenciar el máximo desarrollo de conocimientos y libertades de nuestros jóvenes en un entorno de derecho y de garantías.
En tal sentido, desde esta tribuna impulsamos una reforma a la Ley General de Educación, que permita la inclusión, la equidad y asequibilidad de los beneficios y alcances que la tecnología digital ofrece a la acción educativa.
Con la reforma a consideración proponemos se logren los siguientes objetivos: apoyar el proceso formativo en el nivel de educación media superior a través de la edición y ministración de libros de texto digitales gratuitos, coadyuvar en la inclusión digital de la población, establecer las bases para una sociedad del conocimiento inclusiva, equitativa y con sentido humanista, y apoyar la economía de las familias mexicanas.
Compañeras y compañeros legisladores, la circunstancia actual de nuestra juventud refleja un estado de alta vulnerabilidad y precariedad social. Considerando los datos publicados en el 2015 por el Inegi, en México habitan más de 30 millones de personas entre 15 y 29 años, lo cual representa el 25 por ciento de la población nacional y, según la más reciente evaluación de carencias sociales, realizada por el Coneval, en el año 2016 se contabilizaron casi 14 millones de personas de entre 12 y 29 años en pobreza moderada, 2.7 millones en pobreza extrema y casi 5 millones en condición de rezago educativo.
¿Qué tenemos que hacer para modificar el estado de cosas? Los indicadores relevantes de nuestro sistema educativo nacional para medio superior nos muestran que apenas tenemos una cobertura real del 57 por ciento. Solo atendemos a tres millones 906 mil alumnos y poco más de un millón de alumnos en el sistema privado. Por lo cual esta matrícula aún es insuficiente, no tenemos la posibilidad de atender en el momento actual a toda la demanda. Si le agregamos que la eficiencia terminal llega al 64.8 por ciento de los alumnos, vemos que todavía alrededor de un millón 805 mil alumnos no terminan su media superior.
Si solo poco más de tres millones de este universo terminan, habría que preguntarnos si hemos dotado a la media superior de los recursos suficientes para más escuelas nuevas, más maestros y si estamos en condiciones de atender el futuro.
Hoy, ante la obligación constitucional que el Estado mexicano atienda a la educación media superior y apoyando la evolución en positivo del nuevo modelo educativo del marco curricular común, proponemos que se diseñen, editen y publiquen textos digitales gratuitos para este nivel educativo, utilizando como herramienta la difusión, las plataformas de tecnologías de la información, ya en operación con las autoridades educativas, tanto federal como estatal.
Los libros de texto gratuitos propuestos representan el insumo eficiente que requerimos para mejorar la educación media superior, con ellos homologaremos los contenidos educativos que impartan los docentes en este nivel, apoyando su importante y estratégica labor.
En Nueva Alianza estamos haciendo una puesta por el futuro de los jóvenes, no estamos ya en la era análoga, decía Carlos Fuentes, que esta sería la sociedad del conocimiento o no sería. Es el momento de apoyar a esta propuesta de Nueva Alianza y hacemos el llamado a todos los diputados por darles una posibilidad viable para su progreso, su inclusión a todos estos jóvenes de nuestro país.
Y a todos los que nos ven por el Canal del Congreso y en los diferentes medios, a todos los diputados, sobre todo a los jóvenes y a los padres de familia, apoyen la tendencia y Hashtag libro digital sí. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado Luis Manuel Hernández. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar dos iniciativas en una sola intervención, la primera de ellas con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputado.
El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez: En esta ocasión presento ante esta soberanía dos iniciativas que buscan atender problemas relacionados con el transporte y la movilidad de nuestro país.
La primera propone reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el objeto de eliminar los obstáculos jurídicos y administrativos que enfrentan los transportistas locales al utilizar tramos de carreteras federales menores a 30 kilómetros.
Actualmente las pequeñas empresas, los hombres-camión, los transportistas locales recorren tramos federales menores a 30 kilómetros, pero no solamente la ley los obliga a contar con la autorización de las autoridades estatales y municipales, sino que además se debe tramitar un permiso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Federal.
En esta misma ley existe una contradicción porque no permite los permisos para vehículos que no cuenten con las características que se establecen en la propia ley, y esto dejaría fuera a todo el transporte rural.
Esta sobrerregulación termina perjudicando a los usuarios finales, que tienen que pagar tarifas elevadas y además no tener un servicio constante al no existir transportistas por ser sancionados por la propia ley.
Propongo exceptuar a los transportistas locales que utilizan estos tramos menores a 30 kilómetros de carreteras federales, de tramitar estos permisos ante dicha dependencia, cuando ya cuenten con la respectiva autorización de autoridades estatales y municipales.
La segunda iniciativa es con el fin de garantizar la protección al medio ambiente y el derecho a la movilidad de las personas. El raite o aventón no es nuevo. Sin embargo, con el paso del tiempo y ante los problemas de movilidad de las grandes ciudades se ha venido convirtiendo en una alternativa cada vez más recomendada en el marco de las nuevas políticas de gestión urbana y de movilidad sustentable.
Amén a todos los beneficios que conlleva el uso compartido del automóvil, es una práctica que también implica riesgos. Uno tiene que ver con la seguridad tanto de las personas que comparten el uso del automóvil, como con las personas que piden el aventón.
Acabamos de ver un caso parecido de la joven Mara Fernanda Castilla, que fue asesinada presuntamente por un conductor de una empresa que ofrecía el servicio de transporte.
Jóvenes y mujeres que piden ray y son levantados en la carretera para ser abusados sexualmente y asesinados. O bien, automovilistas que aceptan dar un aventón y posteriormente son despojados de sus vehículos o sus pertenencias.
Por otro lado, los accidentes de tránsito en este caso, cuando se dan, se hace un problema más complejo cuando los automóviles no cuentan con un seguro que cubra los gastos y materiales en caso de siniestro.
Hoy en día vemos que esta práctica de servicios se anuncia hasta en redes sociales. En mi región es común, para disminuir costos de traslado hay quienes se anuncian y prestan el servicio de ride o aventón sin ninguna regulación jurídica.
Asimismo, con esta reforma se plantea generar beneficios que estimulan el uso compartido del automóvil, entre ellos estímulos económicos que serían determinados por cada entidad federativa y estacionamientos preferentes para automóviles que se inscriban en los padrones antes mencionados.
Para lo anterior, propongo reformar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Con estas dos iniciativas no solo estamos corrigiendo problemas de transporte de nuestro país, sino generando mejores condiciones de vida, de seguridad y para los mexicanos en todo el territorio nacional. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez. Túrnese la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.
Y la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 41 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a la Comisión de Transportes, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 97 de la Ley General de Salud.
La diputada Patricia García García: Con su permiso, señora presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Patricia García García: Compañeras diputadas, compañeros diputados. El extraordinario avance de la ciencia y de la tecnología en los últimos tiempos, representa un verdadero reto para la labor del legislador. A los grandes beneficios para la humanidad que nos traen dichos avances se suman nuevos riesgos, hasta ahora desconocidos y sobre todo nuevos dilemas e incógnitas que afectan sustancialmente a la toma de decisiones jurídicas sobre su autorización y tolerancia.
Es por eso que el día de hoy presento ante ustedes, esta iniciativa que tiene por objeto establecer que para toda la utilización de biotecnologías, enseres humanos, animales, medio ambiente, se deberá aplicar el principio precautorio.
¿Qué es y en qué consiste este principio utilizado en la bioética? El principio de precaución se ha definido como la ponderación entre los bienes que buscan para la vida humana y los riesgos que se corren por su aplicación en la salud o en el medio ambiente, aunque no se tengan pruebas necesarias para una evaluación definitiva. Es decir, el principio de precaución se aplica en aquellas tecnologías cuyos efectos indeseados a largo plazo sobre el medio ambiente y la salud humana son imposibles o muy difíciles de evaluar.
Ante la duda razonable de algunos riesgos desmesurados para la vida humana habrá que realizar ponderación entre los bienes que se alcanzan y los riesgos que se corren con la aplicación de la tecnología, por un lado, y los bienes que se pierden y la ausencia de riesgos al no recurrir a la técnica que se trate, por otro lado.
Como ejemplo de ello podemos citar uno y muy claro, el de los organismos genéticamente modificados. Existe en el debate una duda razonable sobre los riesgos que a largo plazo pueden tener los alimentos y las semillas modificados sobre la salud humana y el animal.
En el presente no hay certeza sobre las consecuencias futuras de llevar a cabo estas modificaciones a los alimentos, lo que hay es incertidumbre y especulaciones al respecto, ahí es donde se aplica el principio de precaución. En este caso los organismos genéticamente modificados, el principio de precaución puede resultar muy simple si se parte del pensamiento de que si se pretende emplear estos nuevos desarrollos se debe pensar muy cuidadosamente acerca si resulta seguro o no usarlos, y no debe avanzar en el proceso hasta no estar razonablemente convencidos de que resulten seguros.
Se debe tomar en cuenta como fundamento para proseguir en el camino la ciencia basada en la evidencia. Es decir, la información detallada del análisis obtenido a través de métodos científicos, técnicas, datos y cifras que se obtienen a partir de procedimientos específicos que avalen la seguridad de usar con un riesgo bajo; un organismo y beneficios que este aporte al humano, animales, plantas y medio ambiente que sean muy grandes.
Cabe destacar y tener claro que el riesgo cero no se puede establecer. Este es un objetivo inalcanzable para cualquier alimento, semilla o sustancia. Lo que se propone es garantizar que una alimento o semilla, así como cualquier sustancia que haya sido introducida en él como resultado de una modificación genética, sea tan seguro como su contraparte o su sustancia tradicional bajo las mismas condiciones de uso y consumo humano, y que esto no afecte a las personas, a los animales, a las plantas y el medio ambiente.
Señoras y señores legisladores, el principio de precaución es una importante herramienta actual que sirve de orientación a la humanidad en el área de biotecnología, cuyos progresos no son totalmente evaluables, pero las consecuencias para el ser humano, los animales y el medio ambiente pueden ser previsibles.
Con esta iniciativa en Acción Nacional queremos dar un paso legislativo importante en materia de bioética y bioseguridad. Hoy queremos reafirmar nuestro compromiso en respeto a la dignidad humana, la igualdad, justicia y equidad y no discriminación; respeto a la diversidad ante los retos del progreso científico.
La misma responsabilidad que se exige para la humanidad de hoy también lo es para la del futuro. Tenemos mucho que hacer, tenemos que ser responsables con nuestro entorno desde nuestro aquí y ahora, para que nuestros hijos puedan gozar en este planeta como lo hemos hecho nosotros y nuestros ancestros. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada Patricia García García. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene la palabra por cinco minutos el diputado Julio Saldaña Morán, del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Julio Saldaña Morán: Diputada presidenta, muchas gracias. Diputadas y diputados, mexicanos que nos escuchan en sus casas, gobernadores de diferentes partidos y alcaldes, de igual manera, hoy proponemos una reforma al artículo 2 y 6o., de la Ley de Coordinación Fiscal, una ley que nace en 1954, de esos años data.
Hoy quiero hablarles a los mexicanos despacio, porque es un tema sumamente relevante e importante. Hoy vemos diferentes esquemas de hacer gobierno. Escuchamos temas de corrupción, la naturaleza nos golpea, conocemos la deuda generalizada, más de medio billón de pesos, municipios que si hacen obra, no pagan pendiente, estados que están quebrados económicamente por producto de la corrupción.
¿Qué es lo que hoy proponemos? Proponemos mayor y mejor conciencia en el tema financiero. Es una Ley de Coordinación que en los años o en estas últimas décadas no ha tenido una modificación que se refleje en la sociedad mexicana.
¿En qué consiste la iniciativa? Como grupo parlamentario del PRD hacemos llegar y la queremos compartir con todos, por eso dije gobernadores de todos los colores, alcaldes municipales de todos los partidos, porque es lo más importante que hoy vivimos en la sociedad mexicana.
La fórmula que todos, ustedes y un servidor conocemos, es la de hace muchos años, no ha sufrido ninguna modificación la fórmula. Hoy conocemos que ni todo el universo que se recolecta, se junta el dinero que podamos aprobar en unos pocos días aquí en este Congreso, o la fórmula es así: 20 por ciento a los estados, el 80 por ciento a la federación. Nada más que cuando esa ley se aprobó, no éramos los mismos millones de mexicanos. Hoy somos más, hoy demandamos más salud, más infraestructura. Hoy tenemos una figura que no existía en aquel entonces, que son las deudas.
Hoy tenemos mayor necesidad para mayores y mejores planteles educativos. En salud, sobre todo, que es tan importante. Necesitamos cambiar esa fórmula, que es lo que proponemos.
¿En qué consiste la propuesta ciudadana? Una propuesta cercana a la gente, una propuesta que no tiene fines políticos, más que una responsabilidad como siempre. El PRD cerca a la gente, y qué mejor que no tiene tintes políticos.
Proponemos en esta reforma que le hacemos a la Ley de Coordinación Fiscal –repito– en el 2 y en el 6o., se modifica esa fórmula, que sea 70 por ciento la Federación, 30 por ciento estados y municipios.
Muchos se preguntarán: ¿y de dónde sacamos el dinero? El dinero existe, vemos que tan solo hoy estamos conociendo que va a haber más recaudación por el ISR, ya lo hubo el año pasado. Al final no se ven reflejados los beneficios en el ciudadano. Vemos gastos cuantiosos en el derroche, en el gasto corriente, y bla, bla, que no quiero meterme a señalar porque quiero seguir conservando el espíritu constructivo de una ley que le sirva a México.
¿Qué otro proceso demandamos y requerimos? ¿Esto se puede hacer de la noche a la mañana? Yo creo que aprobar sí; que llegue el porcentaje que estoy mencionando, no. No, no puede hacerse de la noche a la mañana. Es de manera progresiva que vaya incrementando poco a poco, pero que esto resuene y se sienta en más aulas, en más carreteras, en mejor salud, en que los alcaldes y los gobernadores hay que darle más.
Sí, lo demandan los mexicanos, y nada más así. No, señores. Un mayor esquema de fiscalización que realmente se cumplan las sanciones, que se castigue al que le meta mano al carbón, y que quede claro, mayor fiscalización, ser más eficientes en las inversiones que se reflejen en beneficio de los mexicanos. Espero y estoy consciente de que hagamos conciencia todos los partidos.
Soy un hombre que le pongo mucha emoción a mis temas. Hoy le estoy poniendo mucho respeto y muchas consideraciones a que esto se pueda tomar como una iniciativa responsable y seria.
Este gobierno federal desde luego que requiere, y todos vamos a demandar, voluntad; que haya más recurso, pero más fiscalización; que haya más recurso para estados y municipios, sin ver partidos políticos, pero con mayores y mejores resultados, que se sientan y se reflejen en todos los conceptos que ya mencioné. Muchas gracias por su atención. Y toda esta iniciativa va por México. Muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado Julio Saldaña Morán. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, y suscrita también por la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz: Con la venia de la presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el día de hoy vengo a hablarles de un tema que ha privado de la libertad y de la vida a miles de mujeres, niños, niñas, hombres y adultos mayores. Estamos en un país dolido, pero también esclavizado.
Las cifras que presento el día de hoy son no una forma de crítica, sino una forma de generar consciencia de no ser indiferentes ante este delito aberrante que vivimos en nuestro país, que es el delito que más ganancias deja después del narcotráfico, el segundo negocio ilícito que más ganancias deja después del narcotráfico, superando el tráfico de armas, por qué, porque la transacción de un ser humano, de una niña pequeña, de seis, de ocho, de nueve años, no es una sola vez, es muchas en un día, en un cuarto donde abusan de estas jóvenes.
Vivimos un terrible problema. Y esta iniciativa es importante, porque queremos que se considere que esta iniciativa plantea que un principio de la educación sea la prevención del delito en contra de menores por medio de las escuelas.
Hemos fallado como autoridades, y esta gráfica que se sostiene aquí muestra el Quinto Informe de Gobierno de la PGR, de Fevimtra, donde en la zona donde habla de las carpetas de investigación aparece en cero, cero en pornografía infantil, cero en explotación sexual, cero en explotación laboral.
Yo me pregunto, ¿estamos en cero, cuando somos el segundo país después de Tailandia, en turismo sexual infantil, cuando nos hemos vuelto el retrete de países como Europa, como Estados Unidos para venir y consumir a nuestros niños?
Hay, eran más de 10 estados los que no perseguían el delito, el día de hoy a la fecha son nada más 4. Ojalá si en este recinto hay diputados de este estado, puedan tomar cartas en el asunto. Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Morelos no persiguen la trata de personas, no han rescatado una sola víctima y no han castigado a un solo tratante. Los que están en la lista en proceso, Hidalgo, Quintana Roo, Querétaro, Sonora y Tabasco, enhorabuena. Después de 2012 hasta ahorita empiezan en este proceso.
¿Cuántos desaparecidos existen en nuestro país?, las cifras de las víctimas de trata en explotación sexual, las cifras oficiales son que 70 mil niños y niñas son nada más víctimas de explotación sexual, pero el número de desaparecidos en nuestro país llegó a niveles sin precedentes.
Al corte estadístico histórico de julio pasado, 33 mil 482 personas estaban en condiciones de no localizadas, y como dirían algunos políticos, o se fueron con el novio o de parranda. No señores, se trata de generar conciencia.
La pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad alimentan la trata de personas y es un tema que se toma a choteo. Lo hemos visto, hemos visto a senadores o legisladores decir; Ay, nosotros somos clientes. ¿Cómo puede existir esa falta de conciencia? ¿Qué no son padres de familia?
En verdad, cuando se ponen estas cifras, cuando se van a los congresos internacionales, quedamos en ridículo ante otros países. Nigeria ha rescatado más de 12 mil víctimas en un año, Argentina, 11 mil, las ha integrado a la sociedad con educación, con oportunidad de estudios, atención psicológica, a más del 60 por ciento.
México solamente ha rescatado a mil 200 víctimas en lo que va de que tenemos la ley a la fecha, desde el 2012 a la fecha, y ¿esto por qué sucede? Porque hay corrupción, porque hay impunidad. Pero también porque falta capacitar a los ministerios públicos, a los fiscales, generar conciencia de que la trata no es prostitución, que una mujer puede estar a lo mejor en un table dance bailando o en los lugares nocturnos, puede estar bailando, pero si es voluntad se le respeta, pero si está ahí obligada, si está ahí porque le están reteniendo sus documentos es trata.
Señores, dense cuenta que trata de personas no es lo mismo que prostitución y tomen en cuenta en sus agendas políticas este grave flagelo que lastima a nuestro país.
Quiero también concluir, por el tiempo, con esto, que las autoridades educativas lleven a cabo los convenios e instrumentos necesarios, tanto nacionales e internacionales, para instrumentar las políticas que protejan a los y las menores de edad, con el delito de trata y otros delitos.
Las redes sociales se han vuelto un instrumento poderoso para que los tratantes enganchen a los niños por medio del enamoramiento, del engaño. También el crimen organizado afuera de las escuelas está enganchando a los jóvenes con las drogas y los usan para ser sicarios o para hacer narcomenudeo. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada Sara Paola Gálico Félix. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicio Educativos, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación, le vamos a conceder el uso de la palabra, por cinco minutos, a la diputada Daniela de los Santos Torres, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que es suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Permítame tantito, diputada. Por favor, sonido en la curul de la diputada Scherman.
La diputada María Esther de Jesús Scherman Leaño (desde la curul): Presidenta, con todo respeto y mi agradecimiento por la presentación de esta iniciativa, consultarle a la diputada si me autoriza a adherirme a ella.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Diputada Sara Paola. Adelante, diputada. Adelante, diputada Daniela de los Santos.
La diputada Daniela de los Santos Torres: Gracias. Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados presentes, pues les comento que hace algunos años, para ser precisos en el 2008, tuve la oportunidad de ser síndico municipal de mi municipio, el municipio de Morelia, y ahí me di cuenta que una administración municipal desafortunadamente tres años no son suficientes para poder planear a mediano y a largo plazo.
Sin duda la reforma político-electoral, donde en este 2018 va a permitir la reelección de los ayuntamientos va a servir para poder planear más a mediano y a largo plazo, y tenemos el caso, por ejemplo, de Coahuila, que tiene administraciones de cuatro años.
En resumen, con el esquema actual que tenemos de administración municipal, es muy difícil para un alcalde poder planear a largo plazo, además de que muchos de ellos, ustedes lo saben en sus estados, el primer año, y más si no tuvieron experiencia previa en la administración municipal, el primer año llegan a aprender, el segundo más o menos le entienden al tema, y el tercero a lo mejor ya están en campaña para ir a otro cargo de elección popular.
Por todo lo anterior y para hacer frente a este reto, diferentes países del mundo han realizado diversos ajustes en sus gobiernos locales, uno de los cuales es la incorporación de un gerente o administrador municipal, figura que surgió paulatinamente en los Estados Unidos de América como respuesta a las crisis sociales y políticas que vivieron algunas ciudades estadounidenses a finales del siglo XIX.
Actualmente, esta figura se aplica en 3 mil 700 ciudades de Estados Unidos, que se rigen por esta forma de gobierno y además es utilizada en países como Chile, Argentina, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Holanda.
En este sistema, los miembros del cabildo poseen funciones y atribuciones similares a las de nuestros ayuntamientos, pero el mayor cambio ocurre con el presidente municipal, cuyas responsabilidades ejecutivas descansan mayormente en el administrador municipal, combinando la fuerza y el liderazgo de los funcionarios electos, popularmente con la destreza y experiencia y profesionalismo de un especialista.
La idea del planteamiento de este administrador municipal, es que no dure únicamente estos tres años que tiene nuestro esquema municipalista en nuestro país, sino que trascienda administraciones y que realmente le dé programas y acciones de largo plazo a nuestros ayuntamientos.
Esto no solo significa que la administración pública municipal tiene la posibilidad de profesionalizarse, sino que permite hacer eficiente los recursos mediante la reducción de costos de operación, incremento de eficiencia y productividad, recaudación de ingresos y uso efectivo de la tecnología.
Además, genera mejor comunicación entre la ciudadanía y el gobierno municipal, pues todos los representantes populares están en condiciones de reforzar su acercamiento y de poner mayor atención a las necesidades particulares de la población.
En el caso de que el administrador municipal no cumpla con los resultados esperados, el planteamiento de esta iniciativa es que el ayuntamiento tiene la autoridad para removerlo.
En este sentido, el Estudio de Competitividad Urbana 2010, Acciones urgentes para las ciudades del futuro, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad indica que para promover otra arquitectura institucional nacional que permita mayor coordinación, eficiencia y representatividad de las autoridades urbanas, es urgente desarrollar acciones para formalizar la figura de administrador municipal.
Por lo anterior, propongo un nuevo esquema constitucional donde el ayuntamiento como máxima autoridad legislativa se dedica a liderar la comunicación de la ciudadanía, mientras que el presidente municipal delega al administrador municipal el seguimiento del quehacer administrativo y operativo.
Compañeras y compañeros diputados, una característica de quienes van a la vanguardia en el mundo es que han asumido una actitud sin temor al cambio.
Una disposición a adoptar nuevas herramientas y conceptos, pues reconocen que los viejos temores son el primer obstáculo para el desarrollo.
Sabiendo que los cambios implican riesgos, estoy segura que los beneficios de esta reforma serán mucho más grandes que sus costos, por lo cual les pido amablemente su participación y aportaciones a fin de enriquecerla. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada Daniela de los Santos Torres. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación le vamos a ceder la palabra, por cinco minutos, a la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 204 de la Ley del Seguro Social.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz: Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Adelante, diputada.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz: Compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones al artículo 204 de la Ley del Seguro Social, con la finalidad de que los centros de trabajo con más de 200 trabajadores cuenten con instalaciones para prestar el servicio de guardería.
En las últimas décadas se ha vuelto más difícil la conciliación entre las actividades laborales y las familiares. Lo anterior se debe, entre otras cosas, a que tanto el padre como la madre de familia se han incorporado a la actividad laboral y al incremento de hogares monoparentales.
De acuerdo con el informe de actividades 2016 del Instituto Mexicano del Seguro Social, la dependencia contó con una capacidad instalada de 142 unidades propias y mil 244 unidades en las que el servicio es proporcionado por terceros. Esto revela la insuficiencia de infraestructura del instituto para hacer efectivo el derecho al servicio de guarderías.
Aunado a lo anterior, es preocupante saber que entre los años 2009 a 2016 la cantidad total de guarderías disminuyó de mil 568 a mil 366, 182 guarderías menos, lo que significa que más de 7 mil menores han dejado de ser atendidos.
En contraste con lo anterior, en el mismo periodo el número de trabajadores que se han visto en la necesidad de hacer efectiva la prestación del servicio de guarderías para sus hijos ha aumentado.
Por este motivo algunas empresas han optado por brindar esta prestación y han acondicionado en sus instalaciones guarderías infantiles para los hijos de sus trabajadores, a fin de coadyuvar y motivar a sus empleados, para también mejorar el clima laboral, para disminuir las ausencias por emergencias familiares e incluso para las renuncias de personal calificado.
Es en este contexto social y laboral en donde someto a esta soberanía la propuesta de adiciones a la Ley del Seguro Social, a efecto de que en determinados centros de trabajo las empresas se encarguen de acondicionar instalaciones en las que se brinde el servicio de guarderías para los hijos de sus empleados.
La medida se dirige únicamente a aquellas empresas consolidadas, con una planta laboral estable, amplia y que cuentan con una solvencia financiera que les permita sufragar los gastos implícitos en la instalación y operación de las guarderías que son materia de la presente iniciativa.
La adición que se plantea satisface una profunda demanda social que beneficia una parte al trabajador y a su familia al proporcionarles el servicio de guarderías en sus centros laborales.
En un segundo plano al Instituto Mexicano del Seguro Social, al permitirle eventualmente eficientar su ejercicio presupuestal. Y por último, a las empresas, al fortalecer la nueva cultura laboral que debe ser basada en la conciliación de la vida laboral y familiar y así aumentar la productividad.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que con medidas como esta es posible contribuir a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputada Mirna Isabel Saldívar. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: A continuación tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, quien presenta iniciativa a nombre del diputado Clemente Castañeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar dos iniciativas en una sola intervención.
La primera de ellas, proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la segunda, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Adelante, diputado.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta. Compañeros diputados, diputadas que aún están en el pleno. Agradecer tener la oportunidad de cerrar esta sesión por parte de mi Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Las compras gubernamentales y la asignación de obra pública han sido dos islas de corrupción que representan grandes fugas de recursos públicos y que reproducen vicios y patrones de colusión y complicidad que debemos de atajar con mucha seriedad, si realmente queremos asumir el compromiso del combate a la corrupción.
Tenemos múltiples botones de muestra que dejan ver estas prácticas, la llamada estafa maestra, la proliferación de empresas fantasmas, las irregularidades evidenciadas en el socavón de la carretera Cuernavaca, la opacidad generalizada en los procedimientos de las adjudicaciones directas, entre muchos otros.
En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, estamos convencidos que debemos enfrentar de manera prioritaria las aristas y recovecos que hoy facilitan la construcción de estas redes de complicidad y corrupción, en torno a los procesos de compras gubernamentales y asignación de obra pública.
No podemos olvidar que en la confección del sistema nacional anticorrupción si bien se realizaron diversos ajustes y se pueden mencionar avances en la regulación de estos procedimientos como fue la creación del sistema de compras gubernamentales, sin embargo quedó pendiente una revisión integral y exhaustiva de las legislaciones específicas en materia de decisiones y de obras públicas.
Por ello, el día de hoy, a nombre del diputado Clemente Castañeda, me permito presentar dos iniciativas de reforma a los ordenamientos legales en estas materias. Ambas reformas plantean lo siguiente:
En primer lugar, planteamos que la licitación pública sea la regla y no la excepción como sucede hoy. Por ello se reducen las excepciones para realizar las licitaciones públicas y se reduce el porcentaje máximo para adjudicar contratos por invitaciones restringidos o adjudicación directa, pasando de 30 a 20 por ciento.
En materia de transparencia, se establece la obligación por parte de los entes públicos de suministrar información oportuna a la plataforma digital nacional del naciente sistema nacional anticorrupción.
En materia de participación ciudadana, proponemos ampliar la participación obligada de los testigos sociales en esos procedimientos.
Planteamos un mecanismo para eliminar la triangulación en las compras derogando la disposición que permite adjudicar directamente adquisiciones mediante triangulaciones con instituciones de educación superior, y así evitar otra estafa maestra.
Proponemos ampliar las funciones de los comités de obras públicas, quienes deberán publicar un informe trimestral de las contrataciones realizadas.
En materia de competencia económica, las empresas deberán demostrar la documentación que acredite la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato.
Para combatir a las empresas fantasma, el comité de participación ciudadana del sistema nacional anticorrupción establecerá lineamientos para verificar la existencia física y real del domicilio de las empresas.
Proponemos un esquema de supervisión para que los órganos internos de control acudan a los sitios de obra pública en la ejecución para ver su avance y calidad, debiendo levantar el acta de visita e inspección correspondiente.
Finalmente, en materia de fortalecimiento de las instituciones, el comité coordinador del sistema nacional anticorrupción deberá establecer los criterios y lineamientos para la asignación de obra pública.
Estas reformas que recorren todo el andamiaje de las Leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas deben ser una prioridad de esta Legislatura, deben ser asumidas como una de las grandes tareas pendientes que tenemos en materia de combate a la corrupción.
Por ello, esperamos que esta Legislatura durante este periodo de sesiones se decida por fin a sacarlas adelante. Es cuanto, gracias por su atención.
La presidenta diputada María Ávila Serna: Gracias, diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido. Túrnense a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
La presidenta diputada María Ávila Serna: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada María Ávila Serna (16:15 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 12 de octubre del 2017 a las 11 horas. Muchas gracias.
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