Comunicaciones
Agenda política
Comentarios relativos a la Fiscalía General de la República
Cynthia Gissel García Soberanes, PES
María Candelaria Ochoa Avalos, PMC
Norma Rocío Nahle García, Morena
Braulio Mario Guerra Urbiola, PRI
Dictámenes a discusión
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración, fundamentación
Votación en lo general y lo particular
Iniciativas
Hernán de Jesús Orantes López, PRI
Ariel Enrique Corona Rodríguez, PAN
Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, PVEM
Claudia Sofía Corichi García, PMC
Refugio Trinidad Garzón Canchola, PES
Juana Aurora Cavazos Cavazos, PRI
Verónica Delgadillo García, PMC
Alma Lucía Arzaluz Alonso, PVEM
Natalia Karina Barón Ortiz, Morena
María Eugenia Ocampo Bedolla, PNA
Ana Guadalupe Perea Santos, PES
Rocío Matesanz Santamaría, PAN
Araceli Damián González, Morena
Ma. Victoria Mercado Sánchez, PMC
Luis Alfredo Valles Mendoza, PNA
Acuerdo de la Junta, con cambios en comisiones
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 263 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón (12:16): Se abre la sesión.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se informa a la asamblea que el orden día con los asuntos correspondientes a esta sesión, se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: En virtud de que el acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, consulte la secretaría a la asamblea si es de aprobarse.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobada el acta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron oficios de los diputados Jesús Sesma Suárez y María Eloísa Talavera Hernández, por los que solicitan el retiro de su iniciativa y proposición que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: La Secretaría de Gobernación remite los siguientes asuntos:
1. La información relativa a las contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2017 del sector medio ambiente y recursos naturales, correspondientes al tercer trimestre de 2017.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Número 2. El tercer informe trimestral para el ejercicio fiscal de 2017 de los programas sujetos a reglas de operación S y otros subsidios U, a cargo de la Secretaría de Economía.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a las Comisiones de Economía, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Fomento Cooperativo y Economía Social para su conocimiento.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnense a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: La Secretaría de Salud remite el tercer informe trimestral 2017 de diversos programas sobre el presupuesto ejercido, entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: La Cámara de Senadores remite 29 proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicitan a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se consideren y destinen recursos a diferentes partidas, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Se recibió oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 265 de la Ley Federal de Trabajo.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón. Túrnese a la Comisión del Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: El Congreso del Estado de Nuevo León remite las siguientes iniciativas:
1. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5, 19, 21 y 41, de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
La presidenta diputada Martha Hilda González calderón: Túrnese a la Comisión de Deporte, para dictamen.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: 2. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: La Cámara de Senadores remite las siguientes iniciativas:
1. Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Esteban Albarrán Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: 2. Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 94 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Manuel Cárdenas Fonseca.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
Me ha pedido el uso de la palabra la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Sonido en su curul por favor. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (desde la curul): Gracias, presidenta. Solamente para que reflexionemos juntos que hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio climático. Hemos puesto en sus curules una hoja en donde viene una liga, para que cada uno responsablemente pueda calcular lo que le costamos de presión a este planeta. Gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Sus comentarios quedan registrados en el Diario de los Debates.
En siguiente punto del orden del día es la agenda política relativa a la Fiscalía General de la República. Se han inscrito las y los siguientes diputados, quienes tendrán el uso de la palabra hasta... Diputado, antes de iniciar nuestra agenda política, sonido en la curul del diputado Pinto.
El diputado Francisco Javier Pinto Torres (desde la curul): Gracias. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días compañeras y compañeros diputados. Únicamente solicitar a esta Presidencia, y al pleno, que nos mantengamos atentos a la investigación y al resultado del juicio que actualmente se está realizando en la licitación del Servicio Integral de Diálisis Peritoneal Automatizada, realizada en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Puebla.
Recordemos que la empresa Baxter de México fue acusada de pagar sobornos a funcionarios para verse favorecida en alguna licitación. Y resaltar también, que el día de ayer se dio a conocer en diversos medios de comunicación la presión que ejerció la misma compañía farmacéutica al entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez, quien fue coaccionado para favorecer la contratación de los servicios de esta empresa para realizar los tratamientos de diálisis a los pacientes del Instituto Guatemalteco.
En este mundo global y debido a que tenemos que estar atentos a cómo se vienen realizando. Debemos estar atentos, insisto, en la Secretaría de la Función Pública ya ordenó la reposición del procedimiento licitatorio en Puebla, aún así se encuentra en procedimiento judicial abierto y nosotros no podemos permitir, compañeras y compañeros, que se sigan presentando este tipo de actos de corrupción que afectan a los derechohabientes y encarecen la presentación de servicios de salud de nuestro país. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Sus comentarios quedan registrados en el Diario de Debates. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Retomo, compañeras y compañeros la agenda política relativa a la Fiscalía General de la República. Se han inscrito las y los siguientes diputados quienes tendrán el uso de la palabra hasta por cinco minutos: diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputada Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional; diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, a la diputada Cynthia Gissel García Soberanes.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Gracias, presidenta. Con su venia. Honorable asamblea, quienes formamos parte del Estado mexicano, con nuestras diversas responsabilidades y facultades reglamentadas, cuando rendimos protesta lo hicimos bajo la premisa de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente nuestros encargos con la mira puesta el bien y la prosperidad de la Unión.
En las últimas semanas la Procuraduría General de la República, fiscalía en ciernes, ha sido epicentro de chantajes políticos con un claro propósito electoral. Incluso, desafortunadamente esta soberanía fue secuestrada por dinámicas que no le son propias, tratando de provocar una crisis constitucional que aunque no declarada ni reconocida paralizó nuestra instalación y trabajos, insisto, por asuntos propios de la colegisladora.
Hoy nuevamente, bajo un criterio eminentemente electoral, vuelven a orientarse las agendas de diversos partidos y actores políticos que deseosos de protagonismo han vuelto a poner en el centro del debate a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, dos instituciones del Estado mexicano a las que sería mejor fortalecer y defender, habida cuenta de los grandes desafíos que habrán de enfrentar en el futuro inmediato.
Lamentablemente dentro y fuera de esta Cámara de Diputados han dejado ver de qué están hechos quienes se frotan las manos con la inestabilidad política que la atención de la Procuraduría y la Fiscalía se ha generado. Son los mismos actores que suscriben y enarbolan la estrategia del desconocimiento de las instituciones y el desprecio por la legalidad, caminos ambos que no conducen a nada y que lesionan severamente al tejido social.
Compañeros y compañeras diputadas, es imperativo que dejemos que el Senado de la República resuelva lo que le corresponde y no abonemos al encono y a la discordia política que por este ni por ningún otro tema no sea incumbencia de esta soberanía. En todo caso, es pertinente hacer un llamado al respeto por las instituciones del orden jurídico nacional de los que sí somos responsables y tenemos competencia.
En un Estado, en que la división de poderes y el orden constitucional deben orientar nuestro criterio, no debe haber lugar para erigirnos en jueces, en verdugos ni en fiscales. El debido proceso y la presunción de la inocencia merecen tanto respeto, como la secrecía de las investigaciones o el reconocimiento de las facultades de suplencia. Actuemos con responsabilidad republicana y miremos más allá de la coyuntura electoral.
Que la corresponsabilidad entre Poderes opere para bien y para la justicia, como vivencia, así como la buena ley y óptima gestión pública. Que sea una realidad de la que seamos artífices por la nación, que así nos demanda. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario Encuentro Social.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación, se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, a la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Angélica Reyes Ávila: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, les saludo con mucho cariño y con respeto.
En Nueva Alianza nos comprometimos a coadyuvar en la consolidación de las instituciones públicas de nuestro país, por ello nos manifestamos a favor de la creación de una Fiscalía General de la República, que sirva eficazmente a la ciudadanía.
Estamos del lado de la sociedad, sin duda alguna. Sabemos que una de las mayores exigencias de la población es terminar con la corrupción y la impunidad. Hemos hecho patente nuestra voluntad de contribuir a la creación de una fiscalía que goce de verdadera autonomía.
En este tenor, el pasado 20 de octubre, la Procuraduría General de la República dio a conocer que el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, Alberto Elías Beltrán, actuando en suplencia del procurador general de la República, removió de su cargo al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Como hemos reiterado en diversas ocasiones, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está resuelto a respetar las instituciones de nuestro país y hacer valer el Estado de derecho. El caso que nos ocupa no es la excepción.
Como lo hicimos al aprobar el sistema nacional anticorrupción, subrayamos la necesidad de actuar con estricto apego a la ley y con toda la transparencia que el caso amerita, a fin de evitar suspicacias.
No podemos caer en descalificaciones ni en argumentaciones políticas ante una situación estrictamente jurídica.
El manejo político de este tema sólo abona a la división y al encono. Existen los mecanismos para atender la situación que se ha presentado y el Senado de la República está facultado para escuchar a ambas partes.
Seremos mucho muy respetuosos de dicho proceso, sirva este caso para ejemplificar la necesidad que impera en nuestro país, de contar con perfiles idóneos al frente de todas nuestras instituciones.
En Nueva Alianza siempre nos pronunciaremos por la legalidad, la transparencia y el respeto irrestricto del Estado de derecho. Es momento de fortalecer nuestras instituciones. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Reyes Ávila.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación se le concede el uso de la palabra a la diputada Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, nuestro país requiere de instituciones fuertes, autónomas, eficientes, honestas y que tengan legitimidad en su actuar, pues eso no es la PGR, eso debería ser, porque es la instancia que representa al Poder Ejecutivo para garantizar el Estado de derecho, pero no.
Hoy la PGR vive uno de los peores momentos, está inmersa en una crisis de credibilidad brutal. El despido del fiscal Santiago Nieto, persona honorable, quien acusó que Emilio Lozoya lo estaba presionando por investigar los casos de recursos a la campaña del PRI, es sin duda la gota que derrama el vaso, porque además de que quien no tiene atribuciones para ello lo corre, muestra la manera cruda de injerencia del poder político en las investigaciones de los delitos.
Hoy el Senado está discutiendo un punto fundamental en este caso. A unos meses de que la PGR se convierta en una fiscalía autónoma, la crisis de credibilidad que enfrenta pareciera solamente un maquillaje gatopardista. Se requiere no sólo el cambio de nombre ni de un titular que se le denomine fiscal, el reto es la transformación institucional, profunda, de un modelo que elimine la ineficiencia, la corrupción y la impunidad.
Requerimos y exigimos una institución que verdaderamente procure justicia, prácticamente nadie confía en la PGR porque no busca justicia sino encubrir a los amigos de la corrupción.
Hoy el gobierno federal del PRI debería estar preparándose para dejar una institución que enfrente los retos de la justicia, credibilidad y confianza.
Desafortunadamente, este sexenio arrastra una dependencia caracterizada por su incapacidad, ineficiencia y uso político contra cualquiera que se atreva a cuestionar las acciones del gobierno.
A tres años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa la investigación sigue empantanada. El paradero de los estudiantes sigue siendo un misterio. La participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno ha pasado prácticamente de noche la investigación. La verdad histórica para ocultar la verdad ha generado que los propios familiares tengan una búsqueda sin descanso de sus familiares, porque la institución y sus titulares se cansan.
La PGR es utilizada como el bastión contra cualquier diferencia. La compra y utilización del software Pegasus con el que se espió a políticos, activistas sociales y periodistas como Carmen Aristegui muestra que cualquier persona considerada una amenaza puede ser objeto para intervenirle su vida privada y construir elementos que lo conviertan en un ser vulnerable e indefenso.
El caso Odebrecht es la muestra que la PGR antes que buscar esclarecer y fincar cargos a quienes aceptaron sobornos de la empresa, es un escudo protector a la impunidad y al delito.
Cada vez más la investigación sobre los funcionarios involucrados, parece que quedará en una nota informativa, ya que el fiscal Santiago Nieto, que pretendió buscar la verdad, hoy se encuentra destituido por un funcionario que ni siquiera tiene atribuciones para hacerlo. Los corruptos tienen el poder político para decidir si se les investiga o no.
Este Congreso impidió el pase automático del fiscal carnal, su imposición hubiera significado un pacto de impunidad para investigaciones futuras de los actos de corrupción del grupo que hoy gobierna. También, no sabemos nada de las investigaciones sobre la estafa maestra.
Hoy le decimos a toda la ciudadanía que votaremos y velaremos por que la PGR y la futura fiscalía sean instituciones a su servicio. Solo avalaremos una fiscalía encabezada por una persona probadamente honesta, reconocida por una consulta popular y blindada de los intereses del grupo, de partido, cualquiera que este sea. Gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Ochoa Ávalos.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Arturo Álvarez Angli: Gracias, diputada presidenta. En los últimos años en nuestro país se han realizado una serie de reformas institucionales con la finalidad de contar con instituciones sólidas independientes, entre ellas por supuesto destaca la creación de la Fiscalía General de la República como un órgano constitucional autónomo.
Ese es el tema que nos trae hoy aquí, pero la realidad, el interés que nos sube a esta tribuna es el discutir la pertinencia o no de la remoción del fiscal especial para los delitos electorales, porque se inserta en esta lógica de la creación de la nueva Fiscalía General de la República. La necesidad obviamente de tener, de contar con órganos jurisdiccionales autónomos, independientes y objetivos para todos los mexicanos.
México, con un gran esfuerzo, ha venido avanzando en un modelo de justicia penal que se sustente en la presunción de inocencia. Transitar de un sistema lleno de abusos y excesos de autoridad a un sistema que poco a poco se sujete al marco legal de manera estricta y sin excepciones.
Todo esto que menciono, todos los objetivos que se trazaron para la creación de la Fiscalía General de la República, y en este caso para la creación de la Fiscalía Especial para los Delitos Electorales, han sido sistemática y reiteradamente violados por Santiago Nieto.
Ha sido divulgada información en medios de comunicación de manera personal, por él mismo, cuando está obligado a guardar la secrecía de todos y cada uno de los casos que se encuentran bajo su investigación y su resguardo.
Mintió desde el proceso de su designación no informándole al Senado de la República, órgano encargado de su nombramiento, que era un empleado de Miguel Barbosa, entonces senador del PRD y hoy distinguido miembro de Morena.
De eso sí no dijo nada, el senador Barbosa. De eso no dicen nada los perredistas cuando reclamaban en esta tribuna que no hubiera un fiscal carnal. No, ellos no querían un fiscal de delitos electorales carnal, querían un fiscal empleado, que trabajaba para ellos y que obviamente iba a cuidar los intereses de ellos.
Hemos avanzado en esta tribuna. Hemos avanzado en este Congreso. Hemos ido todos los partidos políticos en contra de que ciertamente existan fiscales a modo de cualquiera de los gobernantes. Aquí lo vinieron a decir los panistas y hoy yo no sé qué pueden decir en Querétaro, en Chihuahua o en Veracruz con fiscales puestos a modo.
Lo que en realidad quieren decir cuando toman esa tribuna es que no quieren un fiscal a modo de alguna otra autoridad, pero sí lo quieren a favor de ellos. Hay que quitarnos las máscaras. Hay que ir en contra de las fiscalías, de los responsables de las fiscalías a modo de quien sea. Vamos por órganos jurisdiccionales fuertes, pero no podemos dejar pasar todas las violaciones a los derechos humanos, a los derechos del indiciado cometidas por Santiago Nieto.
Reiteradamente dio a conocer de los datos que se encontraban bajo su jurisdicción, reiteradamente ha mentido tanto en el proceso de su designación, como lo que hoy menciona en el –supuestamente– motivo que llevó a su destitución, Presume de ser un hombre de leyes y eso es una doble agravante, porque si se considera un hombre de leyes debemos entender entonces que todas las violaciones que hizo al debido proceso fueron de manera deliberada y bajo consigna de alguien.
Santiago Nieto no puede seguir, no puede regresar a la Fiscalía Especial para los Delitos Electorales. México no merece ni un fiscal ni anticorrupción, ni un fiscal general de la República, pero tampoco un fiscal especial para delitos electorales que sea empleado de un grupo de diputados, de un grupo de senadores o de un partido político. No podemos seguir permitiendo que simplemente se señale al gobierno federal, pero se trate de impulsar a aquellos amigos.
Diputado Zambrano, usted que ha sido muy enérgico en criticar este tipo de prácticas, no podemos permitir que sí apoyen ahora a Santiago Nieto, bajo una lógica muy simple de decir: el enemigo de mi enemigo, es mi amigo. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Arturo Álvarez Angli.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra a la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, diputada presidenta, buenas tardes. Hoy en la agenda política estamos discutiendo la destitución o la separación del cargo del fiscal de la Fepade, pero no es ese hecho, es el contexto en lo que se da la separación del fiscal; y el contexto se da en la corrupción que aflora en todo el mundo y en especial de cerca de 25 países de América Latina y de África de Odebrecht.
Odebrecht es una empresa que era su modus vivendis de sobornar, de entrar por medio de corrupción a todos los países al más alto nivel, y eso hizo aquí en México. La primera aparición fue en el 2009 cuando este señor en Cancún se reúne junto con el expresidente Lula y Felipe Calderón para arreglar un contrato que le iba a entregar Pemex Gas a 20 años del gas etano a precio preferencial.
A los 2 meses, en febrero de 2010, firman ese contrato y se le entrega bajo una supuesta subasta pública donde en esa subasta Pemex Petroquímica, que tiene 3 complejos: Cangrejera, Pajaritos y Morelos que necesitan el gas etano, no entraron a la subasta.
A los 2 meses, en abril de 2010, ahora nos enteramos que Peña Nieto –siendo gobernador del estado de México– viajó a Brasil y se reunió con este sujeto.
Hoy sabemos que nosotros pusimos denuncias en el 2010, los técnicos y profesionistas de Pemex, y no pasaba nada. ¿Y cómo iba a pasar si estaban Calderón y Peña Nieto del brazo de este señor?
Hoy sabemos que desde el 2011 Marcelo Odebrecht hace contacto con Emilio Lozoya, quien era el jefe de Relaciones Internacionales de Peña Nieto, y que empieza a fluir dinero, y una cantidad de dinero justo antes de la campaña presidencial en 10.5 millones de pesos; y sabemos cuentas y sabemos números y sabemos fechas, pero también hoy sabemos que Braskem, la filial de Odebrecht, la que hizo el complejo en frente de los complejos de Pemex que hoy están semiparalizados, casi chatarrizados, y entregó 1.5 millones de dólares para la campaña de Peña Nieto. Eso lo sabemos porque allá en Brasil ya se declaró cuenta, número de cuenta, fecha y monto. Todo eso se da en un contexto porque la Fepade tiene que intervenir. Cuando interviene dice tengo que seguir la ruta de este dinero para ver si hubo o no hubo dinero en la campaña presidencial del 2012.
Y pues sí, en ese contexto empieza a recibir amenaza desde el príncipe Lozoya, porque se cree un príncipe, desde el propio presidente de la República el procurador Cervantes que va a Brasil en febrero, ve toda a información, regresa a México y ¿qué dice? Se reserva por cinco años la información sin darnos una explicación, cubriendo, cubriendo actos de corrupción.
Por menos de esto, en Brasil destituyeron a la presidenta, en Perú, el ex presidente está en la cárcel, en Guatemala, Argentina, Venezuela, Ecuador, en todos los países hay castigo, y aquí, aquí no pasa nada, y no pasa nada porque protegemos desde arriba a la corrupción.
Entonces la salida del fiscal, que la da el procurador interino, que llega, en ipso facto, te vas porque lograste investigar donde no debías. ¿En qué abona eso al pueblo de México? En nada, al contrario, nos daña.
Necesitamos que regrese el fiscal porque estaba haciendo bien su trabajo, porque traía una investigación y porque el caso es gravísimo, es un escándalo internacional. Estamos ante los ojos del mundo y nada más aquí nos tienen entretenidos con series y con cuentos cuando en todo el mundo tenemos el foco de la corrupción.
Hoy espero que el Senado restituya al fiscal, y también espero que el presidente, como jefe del Ejecutivo, tenga una actitud responsable. Nosotros aquí desde la Cámara, desde el Congreso...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya.
La diputada Norma Roció Nahle García: ...de la Unión tenemos que hacer esto. Esto, incluso ir más allá. Es una división de poderes, para eso somos, para eso estamos. No estamos nada más para arropar y pasar todo, también estamos para hacer un balance adecuado de poder.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, diputada.
La diputada Norma Rocío Nahle García: Yo espero que tengamos –todos– la voluntad política, lejos de etiquetas partidistas, tener la voluntad política, porque hoy más que nunca México lo requiere. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Norma Rocío Nahle García.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se concede el uso de la palabra al diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Arturo Santana Alfaro: Muchas gracias, diputada presidenta, con su permiso. Tenemos años aquí en el Congreso de la Unión pugnando por la creación de instituciones y de órganos autónomos que generen y que le regresen la credibilidad al pueblo de México.
Cuando empezábamos a respirar un poco de oxígeno en materia de credibilidad en las instituciones, se da un movimiento en la Procuraduría General de la República la semana pasada, en el cual primeramente renuncia el procurador general de la República, aparentemente por motivos personales, diciendo, aduciendo que, incluso, casos como el de Odebrecht, estaban solucionados. Eso, evidentemente generó sospechas, generó el cuestionamiento de toda la sociedad y, por supuesto también, de la clase política.
Posteriormente se nombra a un encargado de despacho, al subprocurador Alberto Elías Beltrán, que por cierto no cumple los requisitos para ocupar ese encargo, y no los cumple toda vez que al investigar sus antecedentes profesionales, resulta que su cédula profesional, es cierto, egresado de la Escuela Libre de Derecho, está registrada en el año 2011.
Para ser procurador general de la República se requiere por lo menos tener 10 años en el ejercicio con su título profesional de licenciado en Derecho, lo cual no se actualiza en el caso del subprocurador Alberto Elías Beltrán.
Eso mismo, para ser procurador sustituto, la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 18, establece que quien lo supla deberá de reunir también los requisitos que para el mismo caso le piden al procurador general de la República, lo que –repito– no sucede.
Esto qué nos lleva a concluir, compañeros y compañeras legisladoras. Que cualquier actuación que derive cualquier firma, cualquier acuerdo, cualquier circular, que emita el hoy encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, es nulo de pleno derecho. Es nulo de pleno derecho y por ende la destitución del fiscal encargado para la atención de delitos electorales debe ser decretada nula de pleno derecho.
Por ello, hoy, desde la Cámara de Diputados, hacemos un llamado respetuoso, pero firme, al Senado de la República para que tome en consideración en sus argumentaciones esta situación.
No es la protección de un personaje en particular, también hay que decirlo, es la protección de una institución de buena fe del Estado mexicano, es la protección y el fortalecimiento de la Procuraduría General de la República, que en pocos meses se va a convertir –y tiene que convertirse– en la Fiscalía General de la República.
Compañeras y compañeros, ya basta de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sea violada frecuentemente y de manera sistemática por el presidente en turno, ya basta de que Peña Nieto esté trasgrediendo la ley de esta manera.
Hace rato escuchaba aquí al diputado del Verde Ecologista decir y nombrar los antecedentes del fiscal destituido, Santiago Nieto, pero se le olvidó también decir y nombrar en este pleno los antecedentes de Alberto Díaz Beltrán, quien fue director general de Inteligencia Financiera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando Luis Videgaray era secretario de Hacienda y Crédito Público.
También, y hay que decirlo, le vuelve a meter Luis Videgaray una bola baja al presidente de la República al imponerle a un encargado de despacho que es espurio, que es ilegítimo.
Compañeras y compañeros legisladores, es cierto, como decían quienes me han antecedido en el uso de la voz, que no tenemos la competencia directa, pero sí podemos alzar la voz como representantes del pueblo y hacer un llamado a la colegisladora para efectos de que se restituya de manera inmediata al fiscal en materia de delitos electorales y que se nombre también al fiscal en materia de lucha contra la corrupción aquí en nuestro país. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Arturo Santana Alfaro.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación, se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Pablo Piña, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn: Con su venia, señora presidenta. Señoras y señores diputados, bajo la lógica electoral de 2018, se ha asestado un nuevo golpe a las instituciones. La destitución del fiscal especializado para la atención de delitos electorales, Santiago Nieto, por parte del encargado de despacho de la PGR –repito, el encargado de despacho de la PGR– Alberto Elías Beltrán, quien por cierto, no cumple los requisitos constitucionales para ocupar ese cargo, es el fiel reflejo del rostro antidemocrático del PRI en el gobierno. Es evidente que prefieren un fiscal a modo, que un fiscal incómodo.
Señoras y señores, está muy claro, la orden para destituir al fiscal electoral viene desde Los Pinos y es así porque les urge dar carpetazo a las investigaciones que la Fiscalía para Delitos Electorales está realizando sobre los vínculos de Emilio Lozoya, con Odebrecht y el dinero que de manera ilegal se inyectó a la campaña de Enrique Peña Nieto en el año 2012, en la que se habla de no menos de un millón y medio de dólares.
Están preocupados y no es para menos, porque los países en donde Odebrecht sobornó y corrompió a los gobiernos, todos han sido investigados y todos han sido destituidos.
Recordamos también que cuando se hizo público que la PGR investigaba a Emilio Lozoya, el ex director de Pemex fue recibido con trato especial para conocer el contenido de la carpeta de investigación y poder armar su defensa y exculparse.
Ante estas consideraciones excesivas y desmesuradas a un funcionario público acusado de corrupción, nos preguntamos, ¿qué tanto le debe el presidente de la República a Lozoya, o qué tanto sabe de estos fondos ilegales que financiaron la campaña del PRI para que le den esos tratos preferenciales? ¿Nos sorprende? No. Estamos ante un gobierno que pasará a la historia por encabezar el gobierno más corrupto del que tengamos memoria en México.
Hoy la institución encargada de procurar justicia a nuestro país, está en manos de la arbitrariedad y bajo las presiones que se ejercen desde Los Pinos. Nos hemos topado con secretarios y procuradores a modo, para encubrir a quienes lejos de servir al país, se han servido con la cuchara grande a costillas de todos los mexicanos. Esto más el escándalo de las tarjetas de Monex y otros más están poniendo al descubierto las trampas a las que tiene que recurrir el PRI para poder ganar elecciones.
Compañeras y compañeros, eso es lo que el fiscal electoral ha estado investigando, fiscal que fue removido de su cargo por una simple razón, les estorbaba, un cese fulminante, por eso la insistencia de nombrar fiscales autónomos, no es por ocurrencia, sino por necesidad.
La necesidad de que en una democracia existan contrapesos al ejercicio del poder. La necesidad de que en democracia tengamos instituciones sólidas, con la capacidad de hacer frente a los problemas. La necesidad de contar con gobernantes que entiendan que la cultura de la transa debe desterrada en nuestro país.
Lo de Santiago Nieto no es un hecho aislado. Miren ustedes, actualmente no tenemos procurador general de la República, no tenemos fiscal general, no tenemos fiscal anticorrupción y ahora tampoco tenemos fiscal electoral, todo gracias al PRI y su necedad de controlar absolutamente todo para manipular e intervenir en las elecciones del 2018.
En Acción Nacional estaremos atentos a lo que el Senado resuelva sobre la remoción del fiscal, estaremos atentos para conocer la verdad de lo ocurrido. El encargado de despacho debe de transparentar y demostrar que fundó y motivó esa resolución. Y así como dijimos, no al fiscal carnal, también decimos no a un fiscal carnal electoral. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra al diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Braulio Mario Guerra Urbiola: Amigos y amigas, aquí en esta tribuna se ha buscado confundir con las palabras, distorsionando la realidad y confundiendo en el verdadero sentir y concepto de la justicia.
Habrá que decírselos a quienes nos antecedieron: para tener frente primero hay que tener cara.
Tenemos particularmente cinco meses que la Comisión de Puntos Constitucionales no dictamina un solo asunto, y en donde el Grupo Parlamentario del PRI ha cumplido presentando iniciativas que precisamente impiden el pase automático de un fiscal.
De la mano con las reformas e iniciativas que en esta administración del presidente Enrique Peña Nieto se han presentado y que han marcado para la historia una profunda transformación del sistema jurídico y de justicia en nuestro país. Así lo ha dicho el propio presidente Peña, fiscalías sin influencia política. Así ha acreditado el PRI presentar sus proyectos y sus iniciativas.
En el caso de la decisión de la Procuraduría General de la República, jurídicamente tal decisión es impecable, se encuentra fundada en la normatividad de la Ley Orgánica, en el Reglamento y en su Código de Ética. Las palabras podrán tener libertad pero no tienen impunidad.
Aquí, el fiscal depuesto, Santiago Nieto, flagrantemente con sus acciones ha venido a violentar el debido proceso, los derechos humanos y así también, el funcionamiento que requiere una fiscalía de tal envergadura, como lo es la Fepade.
Ha dicho el partido de Morena que el fiscal especial venía dando resultados y trabajando muy bien. Revisen, compañeros y compañeras de Morena, la misma página de López Obrador cuando dice en febrero 27 de 2017 que la Fepade es una tapadera y tiene jugarretas.
Me parece que también con el Frente recordamos aquellos vínculos en el estado de Morelia, cuando se anuló la elección por una supuesta violación a la Ley Electoral en donde los calzoncillos de un boxeador llevaban la sigla política del Partido Revolucionario Institucional, dejando claro que la anulación en el estado de Morelia vino a beneficiar al Partido Acción Nacional. Ahí están los hechos y ahí están los antecedentes.
Me parece que el Frente, me parece que Morena sufren de una especie de delirium tremens, de nerviosismo patológico. En este caso el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría dice con claridad, de manera nítida, que el subprocurador suplirá las ausencias del procurador y que ejercerá todas las atribuciones que la Constitución y las leyes le otorgan, a excepción de la fracción I del artículo 6o. de la misma Ley Orgánica, que es solamente la comparecencia al pleno de la Cámara de Diputados.
Así pues el procurador y la Procuraduría, en su caso, han ejercido fundados en la ley una facultad, una atribución que está claramente expresa y que ahora corresponde al Senado de la República, con las atribuciones que ahí se derivan, el poder desarrollar lo que ahí proceda.
Finalmente, diríamos que existe una especie de bipolaridad también en el Frente Amplio. Hace apenas un par de días su representante, Diego Fernández de Cevallos, decía que la destitución de Santiago Nieto jurídicamente era impecable y que había sobrepasado los límites de la ley. Por eso, volvemos a la bipolaridad.
Y si estamos con la inquietud de poder revisar los recursos de los partidos políticos, aquí en la mesa está el reto. Vayamos a la creación de una Comisión Especial para la transparencia y rendición de cuentas de los recursos de los partidos políticos...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, diputado.
El diputado Braulio Mario Guerra Urbiola:... en este caso, hay quienes pretenden, hay quienes quieren sacarle los ojos a la justicia y distorsionar a la misma y no darle la luz, la ética, los principios y la ley para que sean la brújula de nuestro sistema jurídico en nuestro país. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Con la intervención del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, concluimos estos posicionamientos relativos a la Fiscalía General de la República.
El diputado Jorge López Martín (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul del diputado Jorge López. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Jorge López Martín (desde la curul): Para rectificación de hechos, presidenta. En respeto a las y los legisladores...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A ver, no se le concede uso de la palabra, diputado. No se admite en este posicionamiento ni en este tema rectificación de hechos. Gracias, diputado.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (desde la curul): Gracias, presidenta. Le agradezco, antes de seguir con el siguiente punto. Es un tema acerca de las escuelas que se encuentran dañadas por los sismos.
Los recientes terremotos que ocurrieron en nuestro país han puesto a prueba no solo a los ciudadanos que demostraron su valentía y capacidad de organización, sino también a las instituciones y al gobierno en todos los niveles.
En este caso, me refiero a lo sucedido en los recientes sismos del mes de septiembre, los cuales perjudicaron a una gran parte de la comunidad educativa del país. Sabemos que el secretario de Educación Pública informó que a más tardar el 6 de noviembre se va a normalizar el regreso a las aulas de las y los alumnos afectados, pero para Nueva Alianza es necesario subrayar la necesidad de agilizar estas acciones, toda vez que está vulnerando el derecho a la educación de miles de menores...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, diputada.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (desde la curul): ...y que esta situación les aflige emocionalmente. Reconocemos que hay esfuerzos por parte del gobierno federal...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (desde la curul): ... para reestablecer esta normalidad. Para nosotros es importante garantizar los derechos de nuestra niñez. Gracias, diputada.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muy bien. El siguiente punto del orden del día es la discusión...
La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul de la diputada Hortensia Aragón. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde la curul): Gracias, presidenta. Una vez que se ha abierto una especie de agenda política, debo aprovechar la oportunidad para solicitar a las autoridades del estado de Guerrero, concretamente del municipio de Tlapa, que se aboquen de inmediato al caso de Yndira Sandoval y a los medios de comunicación que contribuyan sobre todo a no criminalizar a las víctimas de la violencia.
Yndira Sandoval efectivamente es una luchadora de los derechos humanos y como tal merece llevar un caso apegado a derecho. Desde esta tribuna solicitamos esto a las autoridades pertinentes, y por supuesto hacemos un exhorto para que la seguridad de esta compañera sea un tema prioritario del gobierno federal. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputada, se registra su intervención en el Diario de Debates, y le solicito a la comisión correspondiente pueda también atender el asunto que usted plantea.
Me ha pedido el uso de la palabra el diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar, del Partido Verde Ecologista. Sonido en su curul, por favor.
El diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar (desde la curul): Señora presidenta, solo para hacer una extensa y cordial invitación a mis compañeros diputadas y diputados federales de este honorable recinto legislativo para que puedan participar en el festival del chocolate y el cacao, degustando de una sabrosa taza de chocolate y pan, sabiendo que es un cultivo representativo, un fruto mexicano que nos da identidad y es orgullo.
Estarán productores de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y de toda la franja del Caribe, de los estados que comprenden el Caribe. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. También reiteramos esa invitación que usted hace. Sonido en la curul del diputado Acosta Naranjo; en la curul donde está porque no es la propia.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Presidenta, para hacer dos mociones aclaratorias. Presidenta, usted ha dado la palabra para que hablen hasta del chocolate, así que le pido por favor...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: ¿Sobre qué tema es, disculpe, diputado?
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Sobre las alusiones que hizo el diputado representante del PRI.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: ¿Alusiones a qué, a quién, perdón?
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): A la Comisión de Puntos Constitucionales.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A ver, diputado, si usted conoce –como estoy segura– el Reglamento de esta Cámara, las alusiones personales no proceden ni a personas morales ni a comisiones, así que discúlpeme, pero no puedo aceptar su moción.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (dese la curul): Presidenta, conozco perfectamente el Reglamento y el Reglamento me da derecho a la rectificación de hechos.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: No procede, diputado.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Claro que sí. Acuerdo no mata a Reglamento.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Perdóneme, diputado, darle a usted uso de la palabra significaría romper la equidad de un debate pactado. No puedo hacerlo. Le agradezco mucho su intervención.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Puede dar la palabra para que inviten a tomar chocolate, para eso sí puede dar la palabra, pero para los temas de la nación, para eso...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputado, su grupo parlamentario estuvo representado en su momento. Si usted quiere, por favor, hacer uso de la palabra sobre el tema, le suplico que sea un acuerdo entre los distintos coordinadores en un debate pactado.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Presidenta, usted le ha dado la palabra a todos.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Usted la ha tenido también, diputado, no me puede decir que no.
El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): Por eso, entonces. Solamente déjeme aclararle, primero, que Morelia no es estado, es la capital de Michoacán.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muy bien, gracias, diputado, nos queda claro que el tema del fiscal especial ha sido cerrado y por eso procedimos a otro tema. Discúlpeme, por favor. Vamos a continuar con un orden del día que ustedes mismos aprobaron, diputadas y diputados. Continuamos, por favor.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen, de dos dictámenes, compañeras y compañeros, de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 3o., de la Ley General de Desarrollo Social. Hará uso de la palabra el diputado Pablo Elizondo García, quien fundamentará en una sola intervención, estos dos dictámenes. El primero y que ha sido referido al artículo 3o., fracción XI, el segundo, con proyecto de decreto que reforma el artículo 6, la fracción VII del artículo 19, y las fracciones V y VI del artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social.
También se ha registrado el diputado Jesús Valencia Guzmán, diputado proponente. Adelante, diputado Elizondo.
El diputado Pablo Elizondo García: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia y con el permiso de mi coordinador, el doctor César Camacho. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy vengo a fundamentar dos dictámenes con proyecto de decreto por los que se reforman y adicionan diferentes disposiciones a la Ley General de Desarrollo Social, en dos materias de gran importancia: el de incluir como principio de la política de desarrollo social, el interés superior de la niñez y el de precisar como derecho para el desarrollo social la vivienda digna y decorosa.
Respecto al primer dictamen, como todos sabemos, la reforma constitucional en materia de derechos humanos –publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del año 2011– ha sido, sin duda alguna, una de las más importantes de la última década.
Es de destacarse que en esta reforma se estableció la obligación del Estado mexicano, de cumplir con el principio del interés superior de la niñez en todas sus decisiones y actuaciones, principio que deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de desarrollo social dirigidas a la niñez.
Bajo este concepto es importante hacer mención que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada el 4 de diciembre de 2014, reconoció por primera vez a los integrantes de este grupo etario como titulares de derechos y mandató garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos.
De ahí la presente reforma, debemos tener presente que el principio de interés superior de la niñez –como ya lo señalé– obliga al Estado a realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan desarrollarse plenamente, y uno de estos esfuerzos es, precisamente, la armonización legislativa.
Así la Política Nacional de Desarrollo Social prevista en la Ley General de Desarrollo Social debe armonizarse a otras normas que contienen derechos humanos específicos como los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Es decir, a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que ésta establece los principios rectores y criterios que orientan la política nacional en la materia, las políticas, programas, acciones y sobre todo, servicios públicos.
Mandató a que la ley y la política de desarrollo social no pueden seguir siendo ajenos. De ahí la importancia de incorporar a la ley el interés superior de la niñez como un principio de la política social a efecto de armonizar el marco jurídico nacional atendiendo a los compromisos suscritos por México.
Esta reforma permitirá se adopten medidas de protección especial en favor de las y los menores de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas, ya sea de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.
Ahora bien, respecto del segundo dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, fracción VII del artículo 19 y la fracción V y VI del artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, que armoniza la Ley General de Desarrollo Social con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Vivienda que a efecto de utilizar la misma terminología, lo cual dotará de congruencia y certeza jurídica a los gobernadores.
El artículo 4 constitucional a la letra dice: Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establece los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
Con el presente dictamen se busca garantizar el derecho a las familias mexicanas de acceder y gozar de una vivienda digna y decorosa, particularmente a las que pertenecen a los grupos sociales más vulnerables de la población.
La propuesta a votación amplía el término de vivienda por vivienda digna y decorosa, con lo que establece como prioritarios y de interés público los instrumentos de apoyos que permitan a toda familia disfrutar de una vivienda digna y decorosa.
Asimismo, se da cumplimiento a los compromisos internacionales singados por nuestro país al adecuar la legislación interna con miras a hacer efectivo cada uno de los derechos fundamentales. Una vivienda digna y decorosa es la que cumple con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos, construcción, salubridad; cuenta con espacios habitables y auxiliares, servicios básicos; brinda seguridad jurídica en cuanto a su propiedad y legítima posesión; y contempla criterios para la prevención de desastres naturales y la protección física de sus ocupantes.
En la Comisión de Desarrollo Social buscamos que nuestro sistema jurídico sea eficiente para cumplir irrestrictamente con la satisfacción de las necesidades de la población y poder garantizar el cumplimiento y goce de cada uno de los derechos, en este caso en materia de vivienda y respecto de los menores de edad.
Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, así como compañeros priistas y, sobre todo, de nuestro coordinador, el doctor César Camacho, invitamos al pleno de esta Cámara a apoyar ambos dictámenes con su voto a favor.
Señoras y señores legisladores, la aprobación de esta reforma significa colocar en el centro de la política social desde ahora a las nuevas generaciones y permitir a toda persona y familia una vivienda digna y decorosa. Es votar a favor de la calidad de la vida de los menores de todas las familias mexicanas, a favor del desarrollo, a favor de un marco legal armónico y congruente con los derechos humanos. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Le agradezco la atención al tiempo que se le había asignado.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena y proponente que da origen a estos dictámenes.
El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, permítanme dar lectura, antes de iniciar mi intervención de los dictámenes.
Derechos de las diputadas y diputados. Artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Asistir con voz y voto a las sesiones del pleno. Participar en los debates, votaciones y cualquier otro proceso parlamentario para el que se encuentre facultado.
Usted, presidenta, en dos ocasiones ha violado este derecho de las y los diputados, incluso apagándoles el micrófono, porque ojalá pronto se corrija.
Con su venia, presidenta. Quiero iniciar mi participación haciendo un reconocimiento a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social por su compromiso con la niñez y adolescencia en nuestro país, el cual se vio manifiesto en la aprobación de la presente iniciativa.
Desde nuestra visión, para aspirar a un México con una niñez sana y feliz, a una adolescencia plena y una juventud participativa y consciente de su realidad, tenemos que realizar acciones legislativas que posibiliten el acceso a mejores condiciones de vida y desarrollo de los infantes.
En México, la protección de los derechos humanos de la niñez y adolescencia es fundamental y prioritaria, lo cual quedó manifestado con la reforma constitucional en materia de derechos humanos el 10 de junio de 2011, mediante la cual se dio un paso trascendental en el reconocimiento y protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la que se reconoce la obligatoriedad del respeto de los derechos humanos establecidos en nuestra carta magna y demás ordenamientos jurídicos nacionales, así como los tratados internacionales de los que México forma parte.
Por ello, al hablar de protección especial de la niñez y adolescencia y del principio del interés superior, nos remite a toda una agenda programática en pro de los derechos de la infancia y adolescencia en México, los cuales se ven materializados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que impacta de manera directa a los poco más de 43 millones de niñas y niños, así como adolescentes menores de 19 años, que representan el 36 por ciento de la población total de nuestro país y que entre sus principales logros reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos y garantiza su pleno ejercicio, respeto, protección y promoción, poniendo fin al régimen tutelar.
Incorpora un catálogo de derechos humanos en la materia y dispone la creación, la regulación, integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de ese sector que hayan sido vulnerados.
Dicho lo anterior, considero que incluir el principio de interés superior de la niñez en la Ley General de Desarrollo Social como uno de los ejes rectores, a los cuales se deben sujetar las políticas de desarrollo social en conjunto con los principios de libertad, justicia distributiva, solidaridad, integralidad, participación social, entre otros, vendrá a fortalecer las acciones que el Estado genera en esa materia.
Desde esta perspectiva, el objetivo del concepto de interés superior del niño y de la niñez, es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la convención y el desarrollo holístico del niño.
Y es la observación general número 14, en donde se definen los requisitos que se deben considerar, los procesos de elaboración de leyes, políticas, planes y programas, así como presupuestos relativos a niñas, niños y adolescentes.
Compañeras y compañeros, hoy más que nunca reviste una mayor importancia este precepto, pues las consecuencias de los lamentables acontecimientos naturales suscitados en el mes de septiembre, hace necesario que, a partir de este momento, toda política pública que se pretende implementar para las tareas de reconstrucción y apoyo a las comunidades afectadas, estén pensadas fundamentalmente sí en las necesidades de la población en general, pero tomando particular énfasis en la población de niñas, niños y adolescentes.
Basta mencionar un dato, de acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim, al menos 12 millones de niñas y niños en las entidades que se vieron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, sufren el estrés postraumático, falta de vivienda, falta de alimentación y, además, más de 5 mil inmuebles, según datos de la Secretaría de Educación Pública, 5 mil inmuebles escolares tienen algún daño estructural, por lo cual está en perjuicio directo de este sector.
De ahí la relevancia de esta reforma, pues sienta las bases para que las políticas públicas que se generan para la atención de la población afectada sean articuladas y con visión transversal, incluyendo por ello el principio del interés superior de la niñez, a efecto de garantizar la restitución de los derechos de esta población en las zonas que resultaron con mayores afectaciones.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor.
El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Por ello, Morena votará a favor de este dictamen, pues reconoce el interés superior de la niñez como eje rector que sostiene y debe dirigir la tarea legislativa, la interpretación judicial, la actuación de las autoridades administrativas y las políticas públicas en materia de desarrollo...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor.
El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Pero sobre todo abona al marco jurídico de atención integral de la niñez. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Se ha registrado el diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, referente a los dictámenes a discusión.
El diputado Jorge López Martín: Con el permiso de la Presidencia. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos a favor del presente dictamen. Y estamos a favor porque sabemos que el derecho a la vivienda es un derecho humano que es fundamental para vivir de manera digna.
En Acción Nacional la dignidad de la persona humana está por delante de cualquier otro elemento y la vocación responsable como legisladores nos tiene precisamente apoyando el sentido de este dictamen.
El Poder Judicial de la Federación ha establecido que la jurisprudencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación además es obligatoria siempre que se ajuste a las reformas constitucionales.
Es decir, que sea acorde con la protección de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna, así como en los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte.
Pero también como derecho humano está el derecho a expresarse y hoy como legislador quiero aprovechar este espacio para expresar nuestro repudio a la censura de la que hemos sido objeto diversos legisladores en la sesión del día de hoy.
Y hemos sido objeto de censura los legisladores por parte de la Presidencia en turno. Ha habido un uso a todas luces parcial de la misma.
Hace un momento y desde mi curul solicité la palabra para rectificar hechos y mi voz fue acallada. Mi única intención era la de aclarar que no existe ningún estado llamado Morelia y que resulta lamentable que los diputados del partido en el gobierno emulen la abismal ignorancia que ha manifestado el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Permítame, diputado.
El diputado Jorge López Martín: Quedó claro que el discurso...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputado, ¿me permite, por favor?
El diputado Jorge López Martín: ...del diputado Braulio Cuéllar también se lo hicieron en Los Pinos.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Le pido un momento, diputado.
El diputado Jorge López Martín: Recordemos el estado de Monterrey. Recordemos que el presidente de la República supuso que Boca del Río era la capital de Veracruz...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Le pido que se suscriba al tema.
El diputado Jorge López Martín: ...y otras tantas joyas que nos ha regalado el presidente Peña Nieto. Cierto, diputado Braulio, para tener frente...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Le pido que se circunscriba al tema, diputado, por favor.
El diputado Jorge López Martín: ...hay que tener cara, pero para subir a tribuna hay que tener un mínimo de conocimientos y de cultura. Y hoy ha quedado demostrado que los diputados del PRI...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Permítame, diputado.
El diputado Jorge López Martín: ...carecen de cultura, carecen de instrucción y carecen de toda preparación. Ni siquiera conocen la geografía del territorio nacional, no son aptos para representar el pueblo de México. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El trabajo legislativo por excelencia es el que se desarrolla en las comisiones. Les pido con todo respeto a las diputadas y a los diputados que se circunscriban a la materia de los dictámenes, que es producto de los intereses y del trabajo de ustedes mismos. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Erika Irazema Briones Pérez: Con su permiso, diputada presidenta. Estos comentarios son respecto al proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6o. y 19 de la Ley de Desarrollo Social.
El derecho a una vivienda digna y decorosa está reconocida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El artículo 11 de este pacto establece que el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y para sus familias, incluyendo alimentación, vestido, vivienda adecuada y una mejora continua de las condiciones de existencia. Así, los gobiernos locales del pacto deben desarrollar políticas que garanticen este derecho priorizando la atención a los grupos más vulnerables.
El derecho a la vivienda en México se encuentra consagrado en el artículo 4o., párrafo sexto constitucional, que señala como una garantía individual el derecho a toda familia del disfrute de vivienda digna y decorosa. En esencia la iniciativa propone alinear la Ley General de Desarrollo Social en materia de vivienda conforme a lo establecido en el texto constitucional.
Se está muy lejos de alcanzar la satisfacción de esa necesidad para todos los mexicanos por igual, existen grupos de la población particularmente desatendidos. La necesidad de reemplazo de vivienda está concentrada en la población no afiliada a la seguridad social, que representa el 73 por ciento de la necesidad nacional y solamente el 30 por ciento del financiamiento total destinado a vivienda.
Existen en México 2.8 millones de viviendas que necesitan ser reemplazadas y 11.8 millones que requieren algún tipo de mejora o ampliación. Para atender el crecimiento de la población, se estima que en los próximos 20 años se demandaran 10.8 millones de soluciones de vivienda debido a la creación de nuevos hogares.
No obstante, coincidimos en la necesidad de modificar los artículos de la ley en comento debido a que con ello se armoniza la Ley de Desarrollo Social con lo establecido en la Constitución. Este es el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Erika Irazema Briones. Me ha pedido también hacer uso de la palabra, la diputada Marbella Toledo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La diputada Marbella Toledo Ibarra: Con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeros diputados. Todos los niños y las niñas tienen el mismo derecho a desarrollar su potencial. Todos, en todas las situaciones, en todo el tiempo, en todas las partes.
La pobreza en México afecta más a niños, niñas y a adolescentes que a los adultos, indica un análisis de la Unicef México y el Consejo Nacional de la Evaluación de la política de desarrollo social, Coneval.
A pesar de lo relevante que resulta esta medición, no se ha conseguido la construcción de un diagnóstico que dé cuenta del conjunto de los derechos que la Constitución y la ley general en la materia les reconocen.
Por ejemplo, a pesar de la relevancia de la medición del Coneval, este no da cuenta del grado de incumplimiento del derecho a vivir protegidos contra toda forma de violencia, abuso o maltrato, como tampoco lo hace respecto al derecho al juego, a la participación a un medio ambiente sano.
Aplicar en sentido estricto el principio del interés superior de la niñez implica trazar como mandato ético metas e indicadores precisos. Que ninguna niña o niño se quede atrás en el acceso al desarrollo y al más amplio marco de oportunidades para una vida mejor.
La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado más ampliamente ratificado en la historia desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas la aprobó de manera unánime en noviembre de 1989 y México la ratifica en 1990.
Mediante la ratificación, los países se comprometen a cumplir una amplia gana de disposiciones que abarcan derechos y libertades civiles, el entorno familiar, la salud básica y el bienestar, la educación, la recreación, las actividades culturales y las medidas especiales necesarias para su sano desarrollo.
Gracias a la convención, los derechos de la infancia se encuentran en el primer plano de la batalla internacional en pro de los derechos humanos y la sociedad debe asegurar su cumplimiento como una obligación jurídica, un imperativo moral y una prioridad en materia de desarrollo.
El interés superior del niño debe de ser una consideración primordial en todas las medidas y decisiones. Invertir en la infancia es la mejor apuesta posible para construir un país con un desarrollo económico incluyente y una democracia vibrante y consolidada.
Con la inclusión de la fracción XI en el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social se pretende lograr que haya un avance real en los índices de disminución de la pobreza en el país, ya que un punto central para lograr este objetivo es invertir oportuna, eficaz y sostenidamente en los niños, las niñas y sus familias para disminuir e incluso prevenir otros problemas sociales y económicos que pueden darse.
Hoy estamos ante el reto de construir las bases para un México apropiado para la niñez, ya que defender y promover la vida que se está formando es imprescindible para la nación. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
A favor del dictamen se ha registrado la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Araceli Damián González: Gracias, diputada presidenta. La Ley General de Desarrollo Social que fue aprobada en 2003 y promulgada en 2004, ha sido uno de los pocos instrumentos legislativos votados por unanimidad, a favor, en este recinto legislativo.
Tener una ley que pueda conjugar todos los deseos y las aspiraciones de los partidos políticos que somos tan distintos, como los que estamos aquí representados, llevó a que la Ley General de Desarrollo Social tuviera una serie de problemas, contradicciones, huecos, que han sido aprovechados por parte de la derecha, por parte del PRI, para manipular, para manejar los programas sociales a su antojo.
Se está incluyendo el derecho de la niñez aquí, cuando el programa Prospera ¿verdad? ese que ha estado 20 años funcionando sin ningún resultados, en donde la pobreza no ha bajado nada desde los años 90 ni con el PAN ni con el PRI, y que todo se lo han llevado, les dan migajas a la gente. Reciben 180 pesos por persona, el Prospera, y precisamente son los niños, los niños menores de ocho años, los que están absolutamente desprotegidos.
Los programas sociales en este país no se hicieron para defender la niñez y que superen y que no vivan la pobreza. Además se equivocaron con ese programa de Prospera, de la intención de romper la transmisión intergeneracional de esta, lo único que han hecho es reproducir la pobreza. Les importó un comino la pobreza de los adultos y creyeron que con darles mala educación y mala salud, y dinero para que se compren palomitas y papitas, con eso iban a salir de la pobreza.
Por eso es que Morena considera que el derecho de la niñez debe estar incluido en la Ley General de Salud –digo– de Desarrollo Social, pero en términos reales, con acciones que vamos a llevar a cabo a partir de 2018, cuando Morena tenga la presidencia, y vamos a ver toda la corrupción que ustedes, ustedes los del PAN, los del PRI, los del PRD, los del Verde y los del PES son parte de los mismo, de la corrupción y ahí está, de muestra está el fiscal, Nieto, ¿verdad? Que se apellida también como el Peña Nieto, pero ahí está.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor.
La diputada Araceli Damián González: El Fiscal que ustedes no quieren que investigue lo de Odebrecht, pero nosotros en el 2018, vamos a llevar a la cárcel a todos los que están metidos en la corrupción, y que no permiten que sean efectivos los programas sociales.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidente, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Háganse los avisos a que refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Para conocimiento de los señores diputados y señoras diputadas, les comento que el siguiente dictamen de la Comisión de Desarrollo Social solo tendrá un orador registrado, el tercer dictamen no tiene oradores registrados.
Todo esto se los comentamos para suplicar su presencia en el pleno, porque las próximas van a ser votaciones sucesivas. Entonces, el reloj del tiempo para votar incluso lo vamos a dar por menor tiempo. La idea, señores diputados y diputadas, es que permanezcamos en el salón de pleno hasta que concluyan las votaciones.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Continúa abierto el sistema, diputadas, no se apresuren. Se consulta si existe alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto. Continúa abierto el sistema, diputada.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señor secretario, instruya por favor el cierre del sistema de votación.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 413 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Luego entonces, el dictamen queda aprobado en lo general y en lo particular por 413 votos, el proyecto de decreto que adiciona la fracción XI al artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 19, fracción VII, y 36, fracciones V y VI, de la Ley General de Desarrollo Social.
Para justificar el dictamen tiene la palabra la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, ella pertenece al grupo de Nueva Alianza.
La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en primer término quiero agradecer a las y los diputados de la Comisión de Desarrollo Social, que han analizado la iniciativa que presenté en el pasado mes de abril y que hoy se presenta como dictamen.
La finalidad de mi propuesta, como recordarán ustedes, es incorporar en el texto de la Ley de Desarrollo Social el concepto de vivienda digna y decorosa. Con la aprobación de este dictamen, se armonizan los instrumentos jurídicos que rigen el derecho de la vivienda.
Lo anterior, toda vez que la Ley de Vivienda vigente establece que la vivienda digna y decorosa, es aquella que cumple con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuenta con espacios habitables y auxiliares, así como los servicios básicos y brinda a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y en un aspecto fundamental, que lamentablemente no se ha cumplido hasta la fecha, que contempla criterios, sobre todo, para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.
Todos estos atributos han sido omitidos en la Ley General de Desarrollo Social, por lo que esta reforma pone fin a dicha discordancia. Cabe señalar que el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales refiere que el derecho de una vivienda adecuada establece un mínimo de requisitos. Esto significa que el concepto de vivienda adecuada no se refiere únicamente a la estructura sino también a la seguridad de la tenencia, la disponibilidad de servicios que sea accesible, que sea habitable. La accesibilidad para considerar las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados y con una ubicación para tener acceso a oportunidades de empleo, de servicios de salud, escuelas, guarderías, etcétera.
Con la reforma que hoy estamos aprobando pretendemos armonizar la Ley de Desarrollo Social para garantizar que se haga efectivo el derecho a las familias mexicanas de acceder y gozar de una vivienda digna y decorosa, particularmente para aquellos que pertenecen a los grupos sociales más vulnerables de la población.
En Nueva Alianza somos congruentes con nuestra agenda legislativa al priorizar la vigencia del Estado de derecho, de ahí que sea evidente la necesidad de contar con un marco jurídico adecuado. El costo de no hacerlo pone en riesgo el patrimonio de las familias mexicanas.
Hoy, el Poder Legislativo hace frente a los retos y por ello agradezco a nombre de mi grupo parlamentario, una vez más para que hayan acompañado esta propuesta. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señores diputados. No habiendo más oradores inscritos ni manos solicitando el uso de la palabra, el asunto se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Y por lo tanto, le solicito a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del dictamen.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ciérrese el sistema de votación.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron a favor 413 votos. Es cuanto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por lo tanto, el dictamen queda aprobado en lo general y en lo particular por 413 votos, el proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 19, fracción VII; 36, fracciones V y VI de la Ley General de Desarrollo Social. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración. Por favor, le pido nada más al diputado Guízar, de la Comisión de Asuntos Migratorios, si es tan amable solamente de ilustrar a la asamblea el sentido del proyecto. Desde su lugar. Gracias, diputado. Sonido en la curul del diputado Guízar.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares (desde la curul): Sí, con todo gusto, diputado presidente, si usted lo instruye. Es una iniciativa que reforma, efectivamente, diversos artículos de la Ley de Migración, referente a la armonización del contexto constitucional de la reforma. En lugar de salarios mínimos, UMA, unidad de medida.
Creo que ahí está la gran síntesis, en eso consiste. Solamente es armonizar el marco jurídico en materia de Ley de Migración, para sustituir el concepto salario mínimo a UMA. Es cuanto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Enterada la asamblea. No habiendo oradores inscritos ni en lo general ni en lo particular, el tema se considera suficientemente discutido.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Le pido a la Secretaría que ordene se abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Se consulta si existe alguna diputada o diputado por emitir su voto. Continúa abierto el sistema. Continúa abierto el sistema, diputada. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 413 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado en lo general y en lo particular por 413 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Señoras y señores diputados, año con año esta Cámara se ha pronunciado a favor del cese del bloqueo económico impuesto a la hermana República de Cuba.
La Junta de Coordinación Política honrando esta tradición y este compromiso de hermandad y solidaridad, ha enviado a esta Mesa Directiva, se encuentra ya publicado en la Gaceta Parlamentaria, Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la Cámara de Diputados se pronuncia por la eliminación del bloqueo comercial, económico y financiero impuesto en contra de la República de Cuba. Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobado el pronunciamiento que hace el Congreso mexicano para el cese del bloqueo comercial, económico y financiero en contra de la República de Cuba. La diputada Maricela Contreras me pide la palabra desde su lugar. Ella preside el Grupo de Amistad México-Cuba. Adelante, diputada. Sonido en la curul donde se halla la diputada Maricela Contreras.
La diputada Maricela Contreras Julián (desde la curul): Gracias, presidente. Quiero agradecer a la Junta de Coordinación Política el haber hecho suyo el punto de acuerdo que trabajamos entre las fracciones parlamentarias que integramos este grupo de amistad.
También decir que se le ha entregado al embajador Pedro Mosquera un reconocimiento en agradecimiento a la labor que hacen los médicos cubanos en Ixtepec, Oaxaca, por toda su solidaridad y compromiso con nuestro país, y por esta amistad parlamentaria que tenemos. Es cuanto, presidente diputado.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Me está solicitando la palabra la diputada Claudia Corichi. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Claudia Sofía Corichi García (desde la curul): Gracias, presidente. Con el objeto de felicitar esta determinación de nuestros compañeros de la Junta de Coordinación y hacer una felicitación también a la República de Cuba que ha sido fundamental en el respaldo a México en muchos momentos importantes su solidaridad, la atención médica que han prestado a muchos mexicanos.
Sin duda este exhorto que se basa en la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias, en lo que México puede recuperar su prestigio internacional, y felicito que esta Cámara esté en esa ruta también.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Se registran sus expresiones y quedarán en el Diario de los Debates. Igualmente las de la presidenta del Grupo de Amistad México-Cuba.
Me permito informar a esta asamblea que, honrando esta relación y esta hermandad, como buenos hermanos, esta condición de hermandad y solidaridad que se refleja mucho más ante la adversidad y la emergencia, mucho más que ante los tiempos de calma, a nombre del pueblo mexicano agradecemos la ayuda humanitaria que nos ha hecho llegar la hermana República de Cuba, en particular agradecemos la presencia del Continente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastre y Graves Epidemias, cuya experiencia salva vidas actualmente en el estado de Oaxaca.
Estamos agradecidos por los más de 3 mil pacientes que llevan atendidos cada semana en esta unidad médica. Agradecemos la certeza de contar con el apoyo de un pueblo hermano, aliado siempre de México en cualquier emergencia. Que esta recepción y el aplauso que le vamos a dedicar, sea una expresión precisamente de nuestra gratitud. Está con nosotros don Pedro Núñez Mosqueda, embajador de la República de Cuba, a quien le agradecemos a nombre, por su nombre, a todo el pueblo cubano. Muchas gracias, señor embajador.
Tiene el uso de la palabra el diputado Hernán De Jesús Orantes López...
El diputado José Luis Toledo Medina (desde la curul). Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado Toledo ¿con qué objeto?
El diputado José Luis Toledo Medina (desde la curul). El mismo objeto, presidente, agradecerte la palabra y decirle al embajador de Cuba que los hermanos que tienen, quintanarroenses, nos solidarizamos con este pueblo hermano, sabemos la importancia que significa Cuba para México, pero en especial que los cubanos están en el corazón de los quintanarroenses. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Quedan registradas sus expresiones, señor diputado en el Diario de los Debates, y las haremos llegar igualmente copia escrita al embajador de Cuba.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por diez minutos tiene la palabra el diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI. Presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Hernán de Jesús Orantes López: Con su permiso, presidente. Honorable asamblea, es una evidente realidad que cuanto más se avanza en la consolidación de nuestro sistema democrático, más se acrecienta el divorcio entre la sociedad y la política.
México ha conseguido grandes avances en materia de equidad entre los géneros. Cada día tenemos mejores leyes y contamos con instituciones más acordes a la realidad. Sin embargo en medio del proceso de transición aún en estos tiempos sufrimos prácticas políticas primitivas. Perviven instituciones modernas con comportamientos propios del siglo XIX.
También encontramos apertura democrática conviviendo con actitudes dictatoriales, y lo más incongruente, hay quienes viven de la política ofertando el regreso al pasado.
Lo anterior desemboca en algo más grave, no hay credibilidad ni confianza en nuestro entramado institucional, y esa falta de confianza y credibilidad tiene un efecto regresivo, complica la interacción social de manera armónica. Las nuevas tecnologías de la comunicación han abierto a la mayoría de los ciudadanos la posibilidad de hacerse escuchar en distintos ámbitos, la vida política no ha sido la excepción. Hoy, esos medios se utilizan como instrumentos para emitir juicios sumarios, descalificar y acrecentar la crisis de violencia que vivimos.
Como consecuencia, los representantes populares somos blanco preferido del debate público. Por ello es imperante emprender medidas para acercar cada día más a los diputados federales con la sociedad mexicana a la que representan.
Una demanda cada día más exigida por la sociedad es tener representantes que provengan de la misma realidad que sus electores, que vivan o hayan vivido de manera permanente el día a día de un ciudadano común, que no sean personas que en tiempos electorales lleguen a ungirse como líderes de una demarcación, que simulen que siempre han estado atentos y sensibles a las demandas de una sociedad que no conocen, porque se hacen presentes justamente, el tiempo necesario para ser elegibles.
Se necesita hacer vida en un lugar para realmente ser parte de esa comunidad. Es necesario sentirla, sufrirla, vivirla y compartir sus logros y rezagos para representarla dignamente.
Por esas razones, desde el punto de vista sociológico, no resulta sustentable el plazo de seis meses de residencia para poder aspirar a ser diputado federal, tal como lo establece actualmente nuestra Constitución, sencillamente porque no es tiempo suficiente para arraigarse en un determinado núcleo social.
No es razonable que un candidato a un puesto de elección popular vaya a desempeñar un cargo como representante de un territorio y una sociedad de la cual no ha formado parte ni siquiera la mitad del tiempo que durará su encargo.
Por todo ello propongo que quien aspire a acceder a un puesto que represente a la población deberá tener cuando menos una residencia en el territorio que pretende representar de dos años ininterrumpidos previos a la fecha de la elección.
La sociedad merece tener representantes conocidos, que se sepa quiénes son, de dónde vienen, dónde estudiaron y fundamentalmente saber que ese representante es parte de ellos y corren con su misma suerte.
Es necesario que para contender por una diputación de mayoría relativa tengan residiendo en el lugar por donde serán electos el tiempo suficiente para conocer y lograr identidad con sus representados, así como sentir apego por el territorio o distrito que pretenden representar.
Por lo antes expuesto, solicito el apoyo de esta soberanía para el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer como requisito para poder ser diputado federal una residencia mínima de dos años. Con esta reforma lograremos mayor compromiso, identidad y sentido de pertenencia con nuestros representados.
Compañeras y compañeros legisladores, mi propuesta tiene como fin recuperar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en sus diputados federales. Espero su apoyo. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Hernán de Jesús Orantes López. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
El diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputado.
El diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez: Muchas gracias. Compañeras y compañeros diputados, la extorción telefónica es una modalidad de delito que comenzó en México debido al uso indiscriminado del teléfono celular.
De acuerdo con la información proporcionada por la PGR, las extorciones telefónicas son un fenómeno que comenzó a presentarse desde el 2004 a consecuencia del combate frontal al secuestro efectuado desde el 2001 a través de la Conferencia Nacional de la Procuraduría de Justicia.
Una vez que los secuestradores ingresaron presos a varios penales, buscaron un mecanismo que les permitiera subsistir a ellos y también a sus familias, provocando a la par del deceso de secuestros a nivel nacional, el incremento en la incidencia de los intentos de extorsión con fines de secuestro y otros daños, a través de llamadas vía celular.
En reacción a este fenómeno delictivo, el 9 de febrero de 2009 se dio a conocen al Diario Oficial de la Federación el decreto que reformaba y adicionaba diversas disposiciones sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones, respecto al registro nacional de usuarios de telefonía móvil, conocido como Renaut, lo que se pretendía y así se hizo era registrar a los usuarios de la telefonía móvil a través de la línea telefónica y su CURP.
El registro tenía como fecha límite el 10 de abril de 2010. Transcurrido el plazo legal, sería dada de baja esta línea, sin responsabilidad alguna para la compañía proveedora de servicios.
Sin embargo, tras ese importante esfuerzo para registrar la identidad de los usuarios de telefonía celular, el 29 de abril de 2011, el Senado derogó el registro nacional de usuarios de telefonía móvil debido a dobles registros, a usuarios que se registraban con nombres falsos y con lo que resultó ser una medida muy ineficiente.
En su lugar se reformaron los Códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal, la Ley Federal de Telecomunicaciones y la que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Los principales puntos de estas reformas fueron:
1. Permitir a la PGR o servidores públicos solicitar, por oficio o medios electrónicos a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones la localización geográfica de llamadas vía celular en tiempo real; y
2. Los centros penitenciarios tendrían la obligación de contar con equipos para bloquear las señales de telefonía móvil, radiocomunicación, o transmisión de datos e imagen dentro de un perímetro, garantizando la continuidad y seguridad de los servicios del exterior.
Estas medidas también han sido insuficientes, las extorsiones siguen al alza y una buena parte de las llamadas siguen proviniendo de los penales.
Atendiendo a esta problemática es que el día de hoy presento a ustedes esta propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objeto de solicitar la credencial para votar u otra identificación oficial y un comprobante de domicilio, para llevar a cabo la primera activación de la línea del servicio de telefonía.
Los concesionarios, en coordinación con las autoridades, validarán la información para poder identificar la personalidad del suscriptor.
Compañeras y compañeros, con esta iniciativa se pretende establecer un mecanismo de colaboración entre las instancias de seguridad y los concesionarios, a fin de disuadir el delito de la extorsión telefónica.
Los mexicanos ya estamos hartos de que haya quienes vulneran nuestra paz y tranquilidad de nosotros y nuestras familias, con este tipo de acciones criminales.
Muchísimas gracias. Esperamos el voto a favor, de los miembros de la comisión. Es cuanto.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra, hasta por diez minutos, el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero de 2014.
El diputado Omar Ortega Álvarez: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy me presento ante ustedes para presentar una iniciativa de ley que reforma los artículos 74, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de coaliciones de gobierno.
Es indudable que el sistema mexicano hoy en día está fragmentando en diferentes partidos políticos y preferencias electorales. Hoy en día ningún partido político puede jactarse de que tiene mayoría, ya sea en la Cámara de Senadores, ya sea en la Cámara de Diputados, así como en la representación en los diferentes estados de la República y sus correspondientes municipios.
En el año 2014 hubo una reforma constitucional que daba pie a la figura de gobiernos de coalición, donde hasta el día de hoy se encuentra pendiente para aprobarse las leyes reglamentarias que le van a dar sustento a este gobierno de coalición. Pero este gobierno de coalición, dicho sea de paso, es una figura para legitimar el sistema presidencialista del país, dado de que es una opción que tiene el Ejecutivo de formar gobiernos de coalición cuando las condiciones no le permiten tener una mayoría absoluta que le dé gobernabilidad y legitimidad a su gobierno, y ello obliga de que el Ejecutivo busque, de cierta manera, encontrar, en las diferentes fuerzas políticas, los intereses que le conviene a su mandato y no así al interés en políticas públicas que le convienen a todo el Estado mexicano.
En otras palabras, hablamos, como bien sabemos, de una democracia representativa y debemos aspirar a alcanzar una democracia participativa, donde todas las voces sean escuchadas, donde todas las visiones sean contempladas en políticas públicas que beneficien a todos los gobernados y a todos los que de cierta manera votaron por una opción política.
Hoy tenemos que el presidente de la República y los congresos, los que ganan, ganan con una participación ínfima, que a veces no llega ni al 28 ni al 30 por ciento de participación general.
En ocasiones, a veces gobiernan con un voto de seis gobiernan un estado. O con dos votos de siete gobiernan la República.
Por ello, hoy presentamos, primero, una reforma de gobierno de coalición para modificar la Constitución, donde ya no sea una opción sino una obligación del Ejecutivo formar gobiernos de coalición.
Cuando en el Congreso, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores no se alcance la mayoría absoluta por parte del partido que gobierna, entonces tiene la obligación de formar gobiernos de coalición con los partidos políticos que les den la mayoría absoluta.
¿Con ello qué es lo que vas a garantizar? Que todas las visiones de los diferentes partidos políticos sean de izquierda, sean de derecha o sean de centro se vean reflejadas en el gabinete del Ejecutivo y en las decisiones políticas del Ejecutivo.
Con ello vamos a lograr que haya una democracia real participativa, donde la voluntad de todos los mexicanos que se representan en el voto pueda generar políticas públicas tendientes a buscar un Estado de bienestar y no solo legitimar las decisiones del Ejecutivo.
Hoy tenemos esa propuesta para reglamentarla, creo que estamos en tiempo de hacer una modificación constitucional y garantizar de manera clara y contundente que se puede gobernar con gobiernos que representen una democracia participativa, donde todas las voces de todos los partidos políticos estén representadas en las políticas públicas, donde se dé realmente un estado de bienestar y demos los primeros pasos fundamentales para cambiar este régimen de gobierno.
Queremos un gobierno semiparlamentario o un gobierno parlamentario. Hoy contamos con un sistema presidencialista que poco o nada garantiza las decisiones de la mayoría. Por ello, hoy un paso fundamental es aprobar esta propuesta constitucional que tiene como finalidad generar un estado de bienestar y la participación de todas las fuerzas que son las que representan a todos los gobernados.
Por ello, hoy solicito que esta propuesta que presento se pueda aprobar y así demos un paso importante para cambiar el régimen de gobierno que tenemos en este nuestro querido México. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Omar Ortega. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario del Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 18 de septiembre de cada año como Día Nacional del Nopal.
El diputado David Jiménez Rumbo (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Sí, ¿con qué objeto, diputado?
El diputado David Jiménez Rumbo (desde la curul): Para adherirme a la propuesta del diputado Ortega.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Está a su disposición, diputados, en la Secretaría para sus adhesiones. Adelante, diputado Miguel Alva y Alva.
El diputado Miguel Alva y Alva: Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros diputados y compañeras diputadas. Someto a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que declare el 18 de septiembre de cada año como Día Nacional del Nopal.
El nopal y su fruto, la tuna, tiene evidencias como uso humano desde hace aproximadamente 7 mil 500 años en la zona de Tehuacán, Puebla. En la misma zona en donde se encontraron las primeras evidencias del maíz, ahí también se inició el consumo del nopal.
Cuando hablamos del nopal pensamos en una identidad nacional en que está impregnada su imagen en nuestra bandera, en que los revolucionarios en nuestro movimiento social a inicios del año pasado se mantuvieron consumiendo el nopal, de todo eso. Pero no solo eso es el nopal. El nopal, como producto nacional, se encuentra en un grave problema, no se le ha reconocido, no se le ha dado la atención necesaria, porque el nopal podría ser un detonante para el campo mexicano, especialmente para las zonas áridas y semiáridas de nuestro país.
El establecimiento del Día del Nopal creará un antecedente para fomentar y potencializar el desarrollo del mismo para que así se establezcan políticas públicas para cultivo de nopal como. Fomentar el cultivo para ser competitivo. Apoyar la tecnificación del cultivo del nopal. Promover la formación de asociaciones de productores. Subsidiar los fertilizantes y abonos, asistencia técnica especializada. Implementar cursos de capacitación a productores, que exista investigación y desarrollo por parte de las universidades públicas. Apoyo para la mejora de infraestructura de riego.
Se debe apoyar para desarrollar una intensa campaña de promoción y publicidad para sensibilizar a la población de los beneficios del nopal en el mercado nacional e internacional, porque puede ser y debe ser una importante fuente de ingresos para las comunidades rurales y así se fomenta al mismo tiempo el arraigo de los campesinos en sus comunidades.
El nopal ya industrializado tiene un gran abanico de aplicaciones. Por ejemplo, ya se fabrican shampoo, cremas, jabones, plásticos; para la construcción, pinturas y barnices; para la alimentación con la harina de nopal se fabrican hot cakes, pan, galletas, fideos, jugos, refresco, cerveza. También del hecho del proceso de transformación se pueden producir fertilizantes. De la tuna, se fabrica miel de tuna, queso de tuna, mermeladas, dulces, jaleas. De la grana cochinilla, se produce el carmín por una amplia demanda en el mundo. Para la cosmetología, la farmacéutica y alimentaria y textil.
También una de las más importantes aplicaciones y en la que México es pionero, pero que de igual manera está estancada, es la producción de energía, biocombustible y eléctrica. A partir de este cultivo tenemos el ejemplo de una planta piloto en Zitácuaro, Michoacán, en donde se está a punto de iniciar, la producción industrial de gas y en donde también ya se aplicó este combustible.
Acá en Cámara, en un foro pasado, pudimos conocer el primer vehículo en el mundo movido por combustible de nopal. Todo este tipo de aplicaciones se podrán atender si pensamos en el nopal.
También esto lo aprovecho para exhortar al gobierno federal, a la Secretaría de Agricultura, porque hay un riesgo. China está gestionando el registro del nopal como propio. Eso sería triste, que tuviéramos que pedir permiso a China para producir algo a partir del nopal, cuando ese país legal e ilegalmente se ha llevado especies de nopal y se han explotado.
En China el 97 por ciento del nopal que produce se industrializa, solo el 3 por ciento es de consumo directo. Contrario de lo de acá, el 97 por ciento se consume directamente y solo se industrializa el 3 por ciento. Aparte, el investigador, el científico que está desarrollando la industrialización del nopal en China, es mexicano que no pudo desarrollarlo acá en México.
Es el exhorto. En esto debemos pensar cuando se habla de nopal, y no solamente en una rica sopa de nopal o una jugosa y dulce tuna. Eso es todo, muchas gracias.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Miguel Alva y Alva. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen. Sonido a la curul del diputado Guízar Valladares. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Gonzalo Guízar Valladares (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Solo si nos obsequia el diputado ponente suscribir la iniciativa tan trascendente, sobre todo además de lo que expresó, en el tema climático.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Diputado Alva y Alva?
El diputado Miguel Alva y Alva (desde la curul). Con gusto, presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, tiene su anuencia, y los que se quieran agregar está a su disposición en la Secretaría.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 15, 27, 33 y 34 de la Ley General de Cambio Climático, suscrita por él y por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.
El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado: Gracias, presidente, con su venia. La acción global al cambio climático es ineludible e impostergable. De acuerdo con la comunidad científica internacional, es necesario que todos los países reduzcan de manera conjunta y decidida, las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para evitar que los efectos se agraven.
Los efectos del cambio climático en México no solamente afectan a las poblaciones de los estados más vulnerables, sino a la economía global de nuestro país.
El Banco Mundial dice que México es uno de los países más vulnerables por el fenómeno climático, 15 por ciento de su territorio, 68 por ciento de su población y 71 por ciento de su economía están expuestos a las consecuencias adversas relacionadas con el clima.
Este fenómeno nos impone la necesidad de planear a largo plazo y actuar de inmediato para adaptarnos a los impactos parcialmente adversos, así como a reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, tomando acciones inmediatas y certeras, ya que el costo de postergarlo sería mucho mayor que hacer algo ahora.
Para el país el costo de no hacer nada en contra del cambio climático equivale a tres veces lo que costaría mitigarlo. Dice el informe la economía del cambio climático elaborado por Luis Galindo, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México.
México tiene que gastar de 0.7 a 2.21 por ciento de su producto interno bruto anual, es decir, hasta 224 mil millones de pesos al año en reducir 50 por ciento de sus emisiones para no perder el 6.2 del producto interno bruto por los impactos medioambientales, lo que representa un costo de 630 mil millones de pesos al año.
A pesar de que México cuenta con una Estrategia Nacional de Cambio Climático, instrumento de planeación que define la visión de largo plazo y que además rige y orienta la política nacional con una ruta a seguir que establece prioridades nacionales de atención y define criterios para identificar las prioridades regionales, las acciones de este plan no son obligatorias, lo que permite a los gobiernos estatales y municipales, hacer caso omiso de la estrategia, de su contenido y de los muchos beneficios que tiene para nuestro país.
Es por lo anterior que propongo la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas fracciones a los artículos 15, 27, 33 y 34, de la Ley General del Cambio Climático, con la finalidad de crear, promover y preservar azoteas verdes como acción de mitigación contra el cambio climático, sustentabilidad alimentaria y recuperación de recursos hídricos en ciudades, destinando en cada entidad federativa un área correspondiente para la aplicación de esta política de manera obligatoria. Es cuanto.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias diputado Márquez Alvarado. Túrnese a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.
En cuanto a la iniciativa que presentó el diputado Miguel Alva y Alva, para declarar el 18 de septiembre de cada año como Día Nacional del Nopal, túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
La diputada Claudia Sofía Corichi García: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, el 14 de junio de 2016 se aprobó la Ley Nacional de Ejecución Penal, y ésta representa, sin duda, una más avanzada y estructurada que su antecesora que tenía tantos años sin ser reformada.
Este instrumento constituye el piso mínimo de consenso internacional y el máximo para la organización de un sistema penitenciario que retome las necesidades específicas también, de las mujeres privadas de la libertad y las atienda con un enfoque de derechos.
Reconoce que las mujeres tienen necesidades, las mujeres en prisión, y problemáticas específicas. Por ello, los centros de reclusión deben contar con todas las medidas necesarias para atenderlas y para resolverlas.
Sin embargo, un tema que hoy en lo particular me ocupa y me preocupa, es el de la perspectiva de género y también la visión de sus hijos, ya que me parece que estamos dejando pasar una triste realidad de largo.
Según cifras de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, en los 37 centros penitenciarios, objeto de la encuesta, solamente el 5 por ciento son mujeres, cerca de 10 mil 600.
Las mujeres en prisión en general, y las mujeres encarceladas por delitos de drogas en lo particular, que han incrementado en los últimos años, suelen compartir las siguientes características, son pobres, procedentes de hogares y comunidades marginadas, con bajos niveles educativos, sin antecedentes penales también, la mayoría de ellas.
También la mayoría ha trabajado en diversas y numerosas actividades informales como la limpieza de casas, lavado y planchado de ropa, elaboración de alimentos, etcétera. El aumento de mujeres privadas de la libertad por delitos contra la salud nos indica que cada vez más mujeres se apoyan en esta dinámica para subsistir o para llevar un recurso a su hogar.
Las mujeres suelen ser reclutadas por la pareja o por el grupo familiar y ven en los delitos de drogas una manera de percibir que por la cantidad y la rapidez de las mismas, les permiten cumplir su rol o les permiten seguir cumpliendo su rol de cuidadoras en una ambiente doméstico.
Por supuesto esto no significa que se les excuse, pero sí que se entienda la problemática. Las mujeres al entrar en prisión prácticamente son abandonadas. En primer lugar por su pareja, que no las vuelve a visitar y que solamente las utilizó como un vehículo para las drogas, pero también incluso de sus familias.
Las mujeres tienen una dinámica diferente a los hombres en la cárcel: a los hombres, sus parejas, sus familias los siguen visitando, a las mujeres prácticamente no. Por tanto, las mujeres, sus hijos e hijas sufren de manera desproporcionada los impactos del encarcelamiento, del señalamiento público. Sin duda tiene que ver con la vulnerabilidad de la cual proceden y cómo se recrudece en el espacio penitenciario.
En estos 37 Centros Penitenciarios que se estudiaron viven cerca de 506 niños con sus madres, sus hijos tienen enormes carencias: entre otros, carecen de ropa, de materiales escolares. Para una niña o un niño la separación de su madre o padre por la reclusión de estos en la cárcel puede tener un impacto desolador, pero particularmente el de una madre, ya que la madre es la única persona adulta de la que dependen y en términos emocionales lo principal para ellos.
Cada vez hay más estudios que hablan de esta problemática, incluso a nivel internacional. Algunos se preguntan qué es mejor para los niños o las niñas. Creo que muchos de los que estamos aquí, como padres, como madres, podemos decir que lo más importante es proteger el entorno y los derechos humanos de los niños, pero que sin duda un niño cerca de su madre es fundamental.
Por eso es que hoy vengo a esta tribuna a presentar esta iniciativa, para que hagamos una corrección a la plana y establezcamos desde la Ley Nacional de Ejecución Penal que las madres que ya están embarazadas al momento de ingresar o que tienen a sus hijos e hijas dentro de la cárcel puedan permanecer con ellos hasta los seis años.
Y a lo que nos tenemos que enfocar es a mejorar las condiciones que se les dan a estos pequeños y a estas madres en reclusión. Eso es lo que tendríamos que mejorar y no intentar separar a pequeños de tres años, a veces de menos, de sus madres.
Como antecedente tomo la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del año pasado, donde concluye que las autoridades deben implementar una separación gradual, sensible y progresiva, así como garantizar que el menor mantenga un contacto cercano y frecuente con su madre, a partir de la evaluación de las necesidades y los intereses de los niños y niñas, esto cuando se evitó que un niño que querían que saliera inmediatamente por la nueva ley, se evitó que fuera así y se permitió por la Suprema Corte de Justicia que se mantuviera con su madre.
Sé que hay otras propuestas y otras opiniones. Así es que es momento de entrar en el debate, de que digamos lo que pensamos en este tema y también darle a nuestros niños, sobre todo a estos que se encuentran en una condición de profunda y absoluta vulnerabilidad, una mejor atención.
Hago un llamado también para que desde los espacios penitenciarios se les dé una atención prioritaria, de calidad y con perspectiva de derechos humanos, pero para que repensemos esto: Separar a un niño de su madre en un periodo de tiempo tan pequeño, es decir cuando tienen menos de seis años, puede ser todavía peor y más porque estas mujeres que están ahí son abandonadas por sus familias y sus parejas. Muchos de estos niños terminarán en la calle, terminarán prostituyéndose, terminarán abusados.
Tenemos que pensar qué es lo mejor y empezar pronto el debate. Es cuanto, presidente, he aquí la iniciativa.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Claudia Corichi García.
La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: ¿Con qué objeto, diputada Hortensia Aragón?
La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde la curul): Presidente, con el objeto de sumarme a la iniciativa que la diputada Corichi ha presentado. Tiene totalmente razón, en la ley que se aprobó con anterioridad se disminuye la edad y, con ello, se disminuye por supuesto el interés superior que debe prevalecer, que es el de los niños y niñas.
Me parece que es de gran relevancia lo que ha planteado y sumarnos a su iniciativa, como otros diputados de aquí de la fracción parlamentaria del PRD lo han expresado. Será por supuesto una razón más para que en esta legislatura se corrijan muchas de las inconsistencias que se han venido presentando en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Claro que sí. Tiene la anuencia de la diputada Claudia Corichi y está a su disposición en la Secretaría de la Mesa Directiva para todos los diputados y diputadas que deseen adherirse a la iniciativa de la diputada Corichi. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.
La diputada Karina Sánchez Ruiz: Con el permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputada.
La diputada Karina Sánchez Ruiz: Un saludo fraterno a todos los que nos siguen a través del Canal del Congreso y las redes sociales, buenas tardes. Compañeras y compañeros legisladores, en esta ocasión me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, cuya finalidad es incorporar en el texto de la ley disposiciones que garanticen la rendición de cuentas de la política social del país.
Dentro de los principales objetivos de la Ley de Desarrollo Social se encuentra definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la política nacional de desarrollo social, y establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la misma.
A pesar de esta disposición, el gasto y las políticas de desarrollo asignan los recursos públicos sin considerar los resultados que se pretenden alcanzar, ya que la programación de recursos se hace con base en el presupuesto del año anterior, se haya o no se haya cumplido con las expectativas planteadas.
Ejemplo de lo anterior, es que en febrero pasado la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de la auditoría realizada a la cuenta pública 2015, donde se hizo una crítica al programa Cruzada Nacional contra el Hambre.
Uno de los comentarios que hace la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de Desarrollo Social consiste, en que no fueron atendidas las recomendaciones realizadas con respecto a las reglas de operación de 2016 sobre los programas que participan en la cruzada nacional en cita.
Es de señalar que la Ley General de Desarrollo Social creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social como instancia con atribuciones para medir la pobreza y evaluar la política social de desarrollo social.
En su artículo 82, la ley señala que el Consejo estará integrado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social o la persona que este llegue a designar. También por seis investigadores académicos y por un secretario ejecutivo que designará el presidente de la República.
En Nueva Alianza consideramos que es preciso modificar este modelo, ya que incurre en evidente conflicto de interés al ser la Secretaría juez y parte, o en este caso, evaluado y evaluador, situación que resta transparencia a la información que derive de las evaluaciones que se realicen.
Para que las políticas de desarrollo social funcionen y disminuyan efectivamente la enorme brecha de desigualdad que afecta a millones de personas, es imprescindible que se evalúen de manera constante los programas que se llevan a cabo desde el gobierno federal.
Los recursos del país son limitados y los retos y la incertidumbre internacional que enfrentamos nos impone un compromiso cada día mayor para que estos recursos sean ejercidos de forma responsable, transparente y rindiendo cuentas.
Por estos motivos, en Nueva Alianza proponemos que sea incorporada en el texto de la ley la obligación de considerar los resultados y las recomendaciones que emite la Auditoría Superior de la Federación en las evaluaciones multidisciplinarias que realiza el Coneval.
Es preciso que la ley que conduce los esfuerzos del Estado para terminar con la pobreza esté dotada de todos los mecanismos necesarios para que los recursos sean ejercidos de la mejor manera posible, y basándose, sobre todo, en resultados.
Las y los diputados turquesa estamos convencidos que la simple dádiva no generará un cambio, ninguna mejora sustantiva en niveles de vida de la población. Es preciso crear, sobre todo, oportunidades verdaderas de desarrollo para millones de mexicanas y mexicanos.
La política social debe estar estrictamente evaluada para ver su funcionalidad, porque de ella depende el futuro y aún más que nada, el presente de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Karina Sánchez Ruiz. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social.
La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Buenas tardes. Muchas gracias, diputado presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputada.
La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. A quienes nos siguen por diferentes medios de comunicación y redes sociales, un saludo afectuoso.
Acudo ante esta tribuna a presentar una iniciativa que es preocupación de la suscrita y que tiene por objeto primordial el hacer efectivo en la práctica el reconocimiento del derecho a la igualdad y equidad entre hombres y mujeres.
La iniciativa pretende reformar los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, eliminando dos requisitos fundamentales de ella, que se encuentran ya superados por nuestra realidad social.
Actualmente, ambos artículos contemplan como requisito que los padres trabajadores asegurados puedan ofrecer a sus hijos la prestación de guardería y deben ser viudos o divorciados, y de ser divorciados tener la guardia y custodia del menor. Condiciones que para el caso de la mujer trabajadora no exige la ley y ante ello desde luego que transgrede el principio de la igualdad.
Es cierto que esta distinción fue adoptada como una política social dirigida a un grupo históricamente discriminado, como lo son las mujeres, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y salvaguardar sus derechos laborales. Sin embargo, el resultado tiene un efecto colateral negativo que afecta los derechos no solo del menor sino de la esposa del trabajador que requiere el servicio de guardería.
En consecuencia, la aplicación del texto vigente tiene resultados negativos en los derechos de la esposa del trabajador asegurado, así como del menor. Por cuanto a los derechos de la esposa del trabajador el texto actual le impone irracionalmente la obligación del cuidado de los hijos y del hogar, ama de casa de tiempo completo, impidiendo a estas mujeres gozar del derecho de elegir libremente la actividad que mejor le convenga, como pudiera ser la cátedra, la política, las artes o algún desempeño en el sector privado, etcétera.
En consecuencia del impedimento legal que tiene el trabajador para hacer efectivo el derecho de guardería para sus hijos, se les niega a los menores también el derecho de acceder a un espacio de formación integral.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo de revisión 59/2016, determinó que el texto vigente de los artículos 201 y 205 de la Ley General del Seguro Social transgrede el derecho de igualdad.
Ante esta resolución, es necesario eliminar de la ley una práctica que no favorece la disminución de la brecha de desigualdad entre el hombre y la mujer. Por el contrario, enquista en el ideario popular la idea de que la mujer debe quedarse en su casa al cuidado del hogar y de los hijos.
Como puede advertirse, esta iniciativa de reforma no solo impacta en los derechos laborales del trabajador, sino también lo hace y con resultados negativos en los derechos de igualdad de género y derechos de los menores.
Por ello, solicito muy atentamente a la Presidencia de la Mesa Directiva turnar la presente iniciativa a las Comisiones de Seguridad Social, de Igualdad de Género, de Trabajo y Previsión Social, así como a la de los Derechos de la Niñez, para que se enriquezca el enfoque del dictamen que en su momento genere esta iniciativa y no solo desde un enfoque económico que pudiera afectar las finanzas públicas. Por su adhesión a esta iniciativa, muchas gracias.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Diputada, una pregunta. ¿A qué comisiones está solicitando turno?
La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: A la Comisión de Seguridad Social, de Igualdad de Género, de Trabajo y Previsión Social y así como a los Derechos de la Niñez, para que no pase lo mismo.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Muy bien. Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen y para opinión a la Comisión de Igualdad de Género, de Derechos de la Niñez y Trabajo y Previsión Social.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Juana Aurora Cavazos...
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: ¿Con qué objeto? Sonido en la curul de la diputada Norma Edith, por favor. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Luego de escuchar atentamente esta excelente iniciativa de la diputada Cuquis, le solicito la oportunidad de adherirme, ya que responde perfectamente a un reclamo que la ciudadanía nos ha hecho en el término de la justicia social. Muchas gracias.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Diputada Garzón Canchola, ¿tiene usted inconveniente en la adhesión?
La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (desde la curul): Adelante, con gusto.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante. Queda a su disposición aquí en la secretaría de la Mesa Directiva.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada y por integrantes de la Comisión Especial para Impulsar a Estudiantes de Altas Capacidades Intelectuales.
La diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos: Con el permiso, del presidente y saludando a la Mesa Directiva.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputada.
La diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos: Compañeras y compañeros legisladores, la verdad que me embarga una emoción estar aquí después de casi dos años de trabajo, en una iniciativa que no es solamente de su servidora, es de la Comisión Especial, de todos los miembros de la Comisión Especial, para impulsar a los estudiantes de altas capacidades intelectuales en nuestro país.
También para.... Gracias, compañeros legisladores. También decirles que en este recinto se encuentran madres de familia y alumnos, estudiantes que nos han venido acompañando a lo largo de estos dos años. Es de justicia social poner a consideración de la Comisión de Educación, y quiero resaltar también el beneplácito de su presidenta, la diputada Hortensia, quien también sabe de este tema y ha participado.
Nosotros en esta comisión hicimos 3 grandes foros en la República mexicana. El primer foro fue en Nuevo León, donde hay un proyecto local para atender la necesidad de estos jóvenes y de estos niños; el segundo foro fue en Aguascalientes y el tercero en Mérida; con la participación –en los 3– de los gobernadores de los estados, de académicos, de investigadores, de madres de familia, de estudiantes, de legisladores, de autoridades de todos los órdenes y niveles.
Yo quiero contextualizarlos porque ustedes dirán: bueno, ¿qué es un estudiante de alta capacidad intelectual? Es aquel estudiante que posee un IQ igual o superior a 130 puntos, y que por su condición nata tiene severas dificultades.
Cualquier persona puede decir que el estudiante es por naturaleza privilegiado. Pero en estos foros reiteradamente sus padres y los propios estudiantes nos dicen el viacrucis que tienen que seguir en el trayecto de su formación, porque muchos de ellos son incomprendidos, etiquetados, relegados. No son atendidos eficientemente en las aulas porque el programa no se ajusta a sus necesidades.
Pero hay un factor común en ellos. La tristeza, la tristeza que los embarga porque son objeto a veces de burla, de aislamiento y muchas veces, la mayoría, de estar severamente medicados y eso es tremendamente injusto con esta población.
¿Qué sucede con estos estudiantes? Hay del 3 al 5 por ciento de los 35 millones de estudiantes en nuestro país que están en esta condición, y de ese universo más de 1 millón de estudiantes en esas circunstancias abortan el sistema educativo porque tienen que peregrinar de una escuela en otra y en otra y en otra porque no los comprenden, porque no hay un espacio para ellos, porque lo que ellos están viendo ya es repetido.
Tenemos que hacer una política pública integral que permita su desarrollo y su crecimiento, porque si no, hay un estudio que ha hecho la revista Forbes que nos dice que mil de estos estudiantes bien atendidos, bien canalizados, con una muy buena política pública, en su edad adulta producirían para México lo de 1 millón de mexicanos.
Cuánto capital humano estamos desperdiciando, pero sobre todo ¿cuánto capital humano de niños y jóvenes están tremendamente infelices?
Hay esfuerzos importantes en Nuevo León, hay esfuerzos importantes en Aguascalientes, en Campeche, en Jalisco, y son proyectos aislados, diversos. Tenemos que generar una política pública que permita primero que sean atendidos, incluidos con su condición natural, pero sobre todo que desarrollemos una política pública que le permita a México no abortar del sistema educativo a estos estudiantes que están esperando que nosotros pongamos atención.
Yo quiero solamente, para finalizar, agradecer a mi coordinador, al doctor César Camacho, cuando le dije de mi intención de crear esta comisión especial, de haberme dado la presidencia de la misma. Pero quiero agradecer infinitamente a todos y cada uno de los legisladores de esta comisión, porque brazo con brazo hemos venido escuchando y atendiendo a organizaciones civiles y a padres de familia para generar esta propuesta y esta iniciativa que va a pasar a la Comisión de Educación.
Compañeros legisladores, yo creo que allá afuera están esperando que nosotros visibilicemos un tema, que ese tema sea atendido, y sobre todo que le demos certeza jurídica para que posterior a ello, se pueda diseñar una política pública integral donde esté presente la detección, la evaluación y el seguimiento de ello. A todos ustedes, muchísimas gracias.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
El diputado Alfredo Bejos Nicolás (desde la curul). Presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Sí ¿con qué objeto, diputado Alfredo Bejos? Sonido en la curul del diputado Alfredo Bejos.
El diputado Alfredo Bejos Nicolás (desde la curul): Sí, presidente, para pedirle a mi compañera diputada poderme adherir a esta gran iniciativa que tiene muchos años que muchas, muchas familias, alumnos, han estado pugnando porque se lleve a cabo, porque se realice, y hoy es una realidad. Espero que pueda contar con este apoyo, este impulso, en beneficio de todas las familias y los alumnos que están allá afuera esperando nuestro trabajo y nuestro voto a favor.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Muchas gracias. Diputada Cavazos, ¿tiene inconveniente de la solicitud?
La diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos (desde la curul): Ningún inconveniente, presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputado Alfredo Bejos. Queda a su disposición en la Secretaría de la Mesa Directiva. La diputada Mirna Saldivar. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Mirna Isabel Saldivar Paz (desde la curul): Presidente, para solicitarle a la diputada Aurora Cavazos, que nos permita adherirnos a esta importante iniciativa que dará mucho beneficio a los niños talentosos, a los niños capaces y, sobre todo, que podamos atenderlos en nuestro país para que se queden en nuestro país, y estén aquí sirviendo a nuestra patria. Gracias.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Está a su disposición, diputada, en la Secretaría de esta Mesa Directiva.
El diputado Rafael Hernández Soriano (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Diputado Rafael Hernández Soriano, ¿con qué objeto?
El diputado Rafael Hernández Soriano (desde la curul): Gracias, presidente. Con dos objetos: uno, desde luego dar la bienvenida a las niñas y niños con altas capacidades que nos acompañan en este pleno. A ellos va dedicada la iniciativa que presenta la diputada Aurora Cavazos, y remarcar que la exclusión en nuestro país y la discriminación se da en los extremos por pobreza, a veces por bajas capacidades, pero también por altas. Y esta iniciativa tiene la virtud de cerrar ese círculo.
Me parece loable y, desde luego, felicitar a la diputada Aurora Cavazos por su persistencia y el logro de poder presentarla en el pleno con un alto consenso. Gracias, presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Está a su disposición en la Secretaría, diputado Rafael Hernández.
Esta Presidencia da la bienvenida a la señora Verónica Martínez, de la organización de padres de familia Por una Inteligencia más Feliz de la Ciudad de México. Al señor Guillermo Rivera, líder del Proyecto de Altas Capacidades Intelectuales de Jalisco, y a los estudiantes y madres de familia de altas capacidades intelectuales.
Túrnese, pues, a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su dictamen.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 51 y 52 de la Ley General de Protección Civil.
La diputada Gretel Culin Jaime: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputadas.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputada.
La diputada Gretel Culin Jaime: El día de hoy me congratulo como legisladora, de someter a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se pretende reformar los artículos 51 y 52 de la Ley General de Protección Civil, con el objeto de que cada entidad federativa incluyan en el Presupuesto de Egresos de cada año del Ejercicio Fiscal, una partida presupuestal destinada a cubrir las necesidades de operación de los grupos voluntarios de protección civil.
Como sabemos, la protección civil tiene como objetivo apoyar a la población para hacer frente a los desastres naturales y esta es llevada a cabo por un organismo con apoyo gubernamental y por un conjunto de personas representativas de la comunidad que desarrollan y ejecutan actividades de protección civil en un determinado lugar o región, orientado sus acciones a proteger la integridad física de la población y su patrimonio.
En las últimas décadas, en nuestro país, los desastres han hecho consciencia tanto a los ciudadanos de a pie como a las autoridades de la importancia de contar con disposiciones legales para entender las contingencias y generar una cultura de prevención.
La última muestra de ello lo acabamos de padecer el pasado 19 de septiembre, siendo estos grupos vulnerables en unión con instituciones públicas y, sobre todo, la sociedad organizada que se pudo dar una primera atención y respuesta a lo acontecido con este sismo de consecuencias lamentables.
Sin embargo, aun cuando es innegable la necesidad de contar con grupos voluntarios especializados de protección civil, brigadistas, cuerpos de bomberos y asociaciones, que puedan actuar efectivamente ante las emergencias que se susciten, ya que sea por algún fenómeno o desastre natural, accidentes o cualquier otra causa, es fundamental que la labor que desempeñan estos cuerpos de auxilio sea eficiente, eficaz, pronta y coordinada, además de que lleven a cabo actividades de prevención a corto, mediano y largo plazo.
Algunas entidades federativas no otorgan el apoyo necesario a estos cuerpos voluntarios, aun cuando por mandato constitucional corresponde al Estado otorgar la protección civil, por lo cual resulta necesario que estos cuerpos de auxilio cuenten con la capacitación, herramientas y equipo necesario para realizar sus funciones.
Como ya se mencionó en muchas otras ocasiones, y aun cuando la protección civil es una obligación del Estado y un derecho de todos los ciudadanos, los cuerpos de auxilio, en específico los voluntarios, no reciben percepción alguna ni se les entrega un presupuesto que puedan destinar para adquirir el equipo indispensable para realizar su labor. Y esto es debido a la falta de interés de algunos gobiernos estatales de no apoyar económicamente a los grupos voluntarios de protección civil.
Luego entonces, queremos que estos organismos actúen de manera adecuada durante un evento. Y esperamos una respuesta efectiva y contundente ante un desastre natural o un accidente. Pero, por otro lado, no los dotamos de los medios para realizar su labor.
La Ley General de Protección Civil contempla, en su capítulo décimo, a los grupos voluntarios como organización de ciudadanos para desarrollar actividades especializadas en materia de protección civil, tales como: las tareas de rescate, de auxilio, combate a incendios, administración de albergues y centros de acopio, servicios médicos de urgencia, entre otros.
Sin embargo, dicha legislación no contempló un mecanismo de financiamiento gubernamental para estas agrupaciones cuando así lo requieren, resultando necesario que exista en la legislación general la obligación para las entidades federativas de contar con financiamiento público, a fin de que puedan realizar la encomienda que realizan, máxime que para obtener la calidad de grupos voluntarios de protección civil debieron pasar por un proceso de registro, siendo necesarios dichos grupos y que reciban un recurso de los estados. Esto previa justificación de sus necesidades.
Por lo anterior, es que resulta necesario que en los presupuestos de egresos estatales se incluya una partida que específicamente sea destinado a estos grupos voluntarios de protección civil, a fin de que estos cuenten con los recursos necesarios para que sean dotados del material, equipo, herramienta y capacitación que se requiere para el trabajo que desempeñen, que es de reconocerse, logrando así una respuesta ante cualquier eventualidad.
Con atención a esto, la presente iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto primordial realizar una revisión y adhesión en materia legislativa, con la finalidad de considerar que las entidades federativas y la Ciudad de México otorguen recursos de forma obligatoria a los grupos voluntarios de protección civil y que estos recursos los consideren en sus presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Gretel Culin Jaime. Túrnese a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.
El diputado Héctor Barrera Marmolejo (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Sonido en la curul del diputado Héctor Barrera. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Héctor Barrera Marmolejo (desde la curul): Para felicitar a la diputada Gretel Culin, por esta presentación de esta iniciativa, sobre todo por el tema que nos aqueja de los hechos lamentables del 19 y 7 de septiembre, en donde cada día nos hace ver la naturaleza que debemos estar prevenidos, y qué mejor porque las acciones de gobierno tienen que resolverse con presupuesto y con recursos, de que estos grupos de voluntarios y, en específico la protección civil, cuente con el recurso necesario para que puedan ejercer las acciones tendientes a prevenir cualquier eventualidad o contingencia. Para adherirme a la iniciativa, diputado presidente. Gracias.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Diputada Gretel. Da su anuencia la diputada Gretel, está a su disposición en la Secretaría de esta Presidencia y se reitera el turno a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación para el desarrollo sostenible.
El diputado Rafael Hernández Soriano: Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputado.
El diputado Rafael Hernández Soriano: Señalar que no podía ser mejor ocasión que el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático que este pleno y la Mesa nos permitan presentar esta reforma en materia de desarrollo sostenible.
Nuestra iniciativa propone reformar el artículo 3o. constitucional y guarda relación con el incremento de las desigualdades en el mundo, con el crecimiento exponencial del número de personas en pobreza, principalmente por la disociación que existe entre los países desarrollados y los que estamos en subdesarrollo, como el nuestro.
Nos proponemos generar y proporcionar a los ciudadanos niveles de bienestar adecuados que permitan un desarrollo integral y un medio ambiente sano. Esta iniciativa propone integrar principios y valores necesarios para un desarrollo sostenible en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en la formación de competencias.
Resulta indispensable, de frente a los cada vez mayores estragos causados por los efectos del cambio climático, asumir una actitud proactiva que genere a nivel social que la educación no sólo retome su papel como factor de movilidad de conocimiento, sino también como factor de movilidad social y que genere los mecanismos resilientes que coadyuve a la construcción de un nuevo paradigma a nivel mundial.
Es por ello, que la preocupación sobre los modelos de desarrollo económico, pasados y presentes, en los cuales la mitad más pobre de la población está sufriendo impactos negativos, como la escases de recursos naturales y alimentos, la contaminación del suelo, el aire, el agua, así como la presencia cada vez más continúa de desastres naturales, como terremotos, huracanes, incendios acentuándose y agravándose su situación, generando crisis humanitarias cada vez de mayor envergadura y mayor parte del globo terráqueo.
No queda duda para nosotros, que los paradigmas actuales de consumo y producción, impulsados por el desarrollo capitalista en los siglos XIX y XX y el neoliberalismo en el siglo XXI, han puesto en riesgo todas las formas de vida existentes en la tierra.
El capitalismo voraz que pervivió gracias a la explotación indiscriminada de los recursos naturales ha dejado una huella indeleble en el mundo y hoy ya estamos sufriendo las consecuencias de ello. Esta alteración y desequilibrio en un gran porcentaje la están pagando los grupos más vulnerables de los países en desarrollo como México.
Resulta preocupante que la Organización Mundial de la Salud estime que cada año 3 millones de niñas y niños menores de cinco años mueran a raíz de enfermedades relacionadas con el medio ambiente.
Adicionalmente, debemos señalar que el 60 por ciento de quienes habitamos este mundo no tienen acceso al uso de combustibles modernos para cocinar, a un saneamiento adecuado o al agua potable.
Además, como consecuencia de los factores ambientales adversos del cambio climático, la degradación de la tierra y el progresivo agotamiento de los recursos hídricos, se generará un aumento en los precios mundiales de alimentos, de 30 al 50 por ciento en los próximos 30 años.
Esto va a hacer, desde luego, más complicada la vida de los que menos tienen, es decir, los más pobres.
El cambio climático indudablemente es un asunto de ricos y pobres. De esta manera, ante un escenario en el que aún no se propone la transformación del enfoque de desarrollo tradicional, centrado en el crecimiento de la producción, el consumo y la explotación de recursos naturales al de uno de desarrollo sostenible que propicie el bienestar social con el medio ambiente, y desde luego, armonía con la bonanza económica, ¿por qué no?
Se torna entonces una obligación de los gobiernos actuales tomar medidas necesarias para alcanzar, y diría yo, para inventar el futuro que queremos.
La iniciativa que hoy presento ante ustedes prevé justamente la transformación del sistema educativo mexicano, no solo como instrumento de mejoramiento de la calidad de vida de quienes habitamos este país, sino como parte de la ruta hacia un México sostenible hacia el 2030 y más adelante.
Es el momento de que el enfoque de los modelos educativos transforme nuestras concepciones, hábitos, incluso perspectivas, es decir, nuestras vidas, para que nos oriente a transitar hacia una sociedad sostenible que considere, entre otros aspectos, la igualdad de género, la promoción de la cultura de la paz y no violencia y las particularidades locales en las que se reconozcan los impactos y consecuencias de los patrones de consumo, ya que los modelos de educación actuales están diseñados para una sociedad anclada en el pasado.
Es decir, concebimos a la educación para el desarrollo sostenible como un proceso continuo que producirá una cultura dirigida a la transformación de la convivencia del ser humano con su medio ambiente, a través de la formación de profesionales y ciudadanos comprometidos con el desarrollo de principios para un desarrollo humano ambiental y socialmente sostenible, tales como la justicia, la solidaridad, la equidad o el respeto a las diversidades biológicas y culturales.
En este sentido y considerando los compromisos internacionales que México ha asumido desde los Objetivos del Desarrollo del Milenio, del 2000, y actualmente en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, esta iniciativa representa una oportunidad para nuestro país de reconstruirse y reinventar nuestro futuro.
Claramente el desafío de nuestros días no está en educar para conservar sino en educar para transformar, favoreciendo en el proceso las habilidades y competencias de todas las personas.
Propongo construir nuevamente a México en una relación dialéctica que transforme la realidad y genere la perfecta convivencia entre la economía y el medio ambiente, entre los seres humanos y sus derechos, entre la calidad de vida y su huella ambiental.
Lo que propongo con esta iniciativa no es solo el cambio programático de los contenidos educativos para las escuelas en México. Lo que se propone es que las niñas y niños que hoy están acudiendo a la escuela y que serán seguramente funcionarios, legisladores, profesionistas traigan mucho bien a nuestro país. Que cuando tomen una decisión lo hagan producto de esta educación en el marco del desarrollo sostenible, pensando en que no se afecte solamente la economía negativamente o positivamente, sino que se busque que haya un equilibrio entre el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ecológico.
Que si a ellos les toca construir un aeropuerto lo hagan consultando a la gente y no como se hace ahorita, en una oficina de gobierno. Que si a ellos les toca construir un aeropuerto lo hagan considerando que hay 10 millones de metros cúbicos de lodo y que están tirando en las zonas de alrededor donde se está construyendo esta obra y que va a afectar, y ya afecta ecológicamente a quienes habitan las comunidades. Y que va a afectar desde luego a las próximas generaciones.
Que si a ellos les toca, a las niñas y a los niños del futuro decidir una obra de este tamaño lo hagan consultando a la gente, lo hagan midiendo los impactos que va a tener en las generaciones futuras, que no comprometan el futuro de las y los mexicanos como lo están haciendo los funcionarios irresponsables actualmente encargadas de esta obra.
Lo que propongo pues es, compañeras y compañeros diputados, que coloquemos la primera piedra del México del futuro, igualitario, resiliente y profundamente humano. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputado Rafael Hernández Soriano. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene el uso de la palabra, por diez minutos, para presentar tres iniciativas, la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Una es con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Delgadillo y Clemente Castañeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Además, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 35, 36, 73 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre propio y del diputado Clemente Castañeda, también del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
La tercera iniciativa que presenta es con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, también a nombre propio y del diputado Clemente Castañeda. Adelante, diputada.
La diputada Verónica Delgadillo García: Con su venia, presidente. Compañeros, compañeras. Señoras y señores. Para nadie es un secreto que el sistema político de este país desde hace tiempo dejó de servirle a los mexicanos, que dejó de identificarse con ellos.
Hoy presenciamos una batalla muy importante entre aquellos que queremos cambiar el sistema y aquellos que se aferran a un régimen que se ha aprovechado de la gente y que ha dado claras muestras de ser un régimen corrupto, de un régimen que no rinde cuentas, de un régimen que trabaja dándole la espalda a la ciudadanía, y que además la excluye en la toma de decisiones. Para ejemplificar esto basta con que mencionemos tres casos.
Primero. Por ejemplo, han pasado ya 8 años en el que el presidente de la República no ha venido a la máxima tribuna del país a rendir cuentas.
Segundo. Es indignante que en un país democrático no contemos con una herramienta eficiente de participación ciudadana que les permite a los mexicanos expresar su opinión en reformas muy importantes como serían las constitucionales.
Tercero. Porque nuestros instrumentos que hoy se encuentran consagrados en la Constitución para darle participación a la ciudadanía son prácticamente de adorno. Son instrumentos cuyos umbrales los hacen totalmente inaccesibles para la gente.
Ante este escenario, en donde no hay condiciones reales para la participación ciudadana más allá del ejercicio de participación a través del voto, en donde no tenemos herramientas que le den voz a la ciudadanía, nos tenemos que preguntar en esta Cámara de Diputados qué papel queremos jugar.
Tenemos que preguntarnos si queremos o no hacer algo para transformar este régimen y este sistema que no se identifica con los ciudadanos y que no les comparte el ejercicio del poder público.
En Movimiento Ciudadano tenemos claro que solo podremos transformar este régimen a través de reformas serias y profundas que estén basadas en la participación ciudadana y que estén de la mano con la rendición de cuentas.
Por ese motivo, mi compañero Clemente Castañeda y yo, hemos decidido presentar un paquete de iniciativas que hemos denominado más democracia, que entre otras herramientas, presenta elementos para que podamos reducir los umbrales que existen hoy –por ejemplo– para que los mexicanos soliciten una consulta ciudadana o para que puedan presentar en este Congreso iniciativas ciudadanas, porque prácticamente hoy resulta imposible que puedan acceder a estas herramientas.
Queremos que esos umbrales los hagan accesibles para que empiecen a participar de manera activa en este tipo de ejercicios.
También proponemos que exista la figura de referéndum constitucional, porque no podemos permitir que la clase política siga tomando de manera exclusiva todas las decisiones de nuestro país y que no estemos considerando a los ciudadanos en la construcción de la transformación de México.
Basta que los mexicanos sean los que sufran y paguen las consecuencias de las malas decisiones de la clase política. Hoy queremos que el referéndum constitucional sea una herramienta que juegue a favor de la ciudadanía.
Entre otra herramienta que estamos proponiendo, es para que el presidente de la República retome su responsabilidad de rendir cuentas en la máxima tribuna del país, porque necesitamos que venga y les explique a los mexicanos por qué lleva al país a donde lo lleva el día de hoy, porque el día de hoy menos del 10 por ciento de los mexicanos aprueban este gobierno.
Sería importante que él les explicara a los mexicanos por qué se han tomado decisiones, por qué se han cometido tantos errores, por qué en México impera la impunidad y la corrupción.
Señoras y señores, cuando los diputados llegamos a este Congreso, llegamos a esta Legislatura, nos propusimos darle un nuevo significado a la política y un nuevo significado a la vida pública, buscando oxigenarla, y hoy estamos convencidos de que la única forma que podemos y que debemos hacer para transformar este régimen, es dándole espacio a las herramientas de participación ciudadana.
Hoy los diputados tenemos la obligación de compartir el ejercicio del poder público con los mexicanos. Es cuanto.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias, diputada Verónica Delgadillo. Por lo que hace a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, la parte que le corresponde, y a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la parte que le corresponde, para dictamen.
Por lo que hace a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 35, 36, 73, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Por lo que hace a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, la parte que le corresponde, y a la Comisión de Gobernación la parte que le corresponde, para dictamen.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 19 de septiembre de cada año, como el Día Nacional de la Solidaridad, suscrita por la diputada Arzaluz y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante.
La diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados, a partir del sismo suscitado en la Ciudad de México el 19 de septiembre del 85, se da el surgimiento de la idea de la sociedad civil en la esfera pública mexicana, pues esta tuvo un enfoque distinto, toda vez que la sociedad civil sustituyó al pueblo como la colectividad nacional.
Las semanas que surgieron al sismo del 85 fue la proliferación de textos en diversos medios, pues los acontecimientos fueron tan intensamente reportados en la prensa que prácticamente desparecieron otros temas y noticias de sus páginas, y pese a que prevalecía un panorama devastador, lo que realmente importó fue la solidaridad de los mexicanos, caracterizada por el bien común.
En este orden de ideas es destacar que la respuesta de la gente a los sismos que se presentaron en el mes de septiembre de este año, fue la misma que en el sismos del 85. Con ello se hace patente nuevamente que la tragedia nos mueve a todos, de alguna manera nos iguala, y nos acerca a través del desastre y nos muestra la vecindad en esta Ciudad. Constituye el mejor recurso para que logremos dejar atrás el desamparo. En este sentido es importante enfatizar que todos somos actores cuando se habla de solidaridad.
Lo anterior se refiere a una colectividad más amplia, caracterizada por virtudes morales como el heroísmo.
Hablar de solidaridad es evocar un sentimiento de unidad, basado en metas o intereses comunes. Asimismo, se refiere a los lazos sociales que unen a los miembros de una sociedad entre sí. Por lo que con la presente propuesta se pretende implementar el 19 de septiembre, de cada año, como el Día Nacional de la Solidaridad, en reconocimiento a la capacidad de una respuesta, y en entrega de los mexicanos antes las circunstancias adversas.
Dejemos de ser 120 millones de mexicanos y seamos solo uno. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Gracias diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Tiene la palabra, por cinco minutos, a diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural.
La diputada Natalia Karina Barón Ortiz: Gracias.
El presidente diputado Arturo Santana Alfaro: Adelante, diputada Karina Barón.
La diputada Natalia Karina Barón Ortiz: Gracias, presidente. Honorable asamblea, necesitamos más cultura y más unidad para enfrentar los desastres naturales. Este ha sido una de las enseñanzas que terremotos e inundaciones nos han dejado en los últimos meses.
Si bien teníamos claro que siempre es mejor prepararse y prevenir para que los daños no nos cuesten vidas humanas y destrucción, tenemos que aceptar con profunda humildad que en muchos sectores, regiones y ciudades el país no ha hecho lo suficiente para vivir con la tranquilidad del deber cumplido.
Esta circunstancia es grave en sectores más desprotegidos, como el campo mexicano. Ese lugar que tanto reconocemos como nuestro, pero que a muchos les pasa de largo por completo. Ese campo mexicano que nos alimenta y que tanto se olvida.
A consecuencia de los siniestros ocurriros en las últimas semanas, de acuerdo con información de la Sagarpa, solo en septiembre diversos estados presentaron avisos de siniestro por poco más de 138 mil hectáreas de cultivo. Entre estos estados se suman más de 13, están: Baja California Sur, Oaxaca y Veracruz. Esos mismos han presentado avisos de siniestro por muerte de 871 unidades de animal y 255 avisos por afectaciones en infraestructura.
El campo está en condiciones de verdadera emergencia. Con estas cifras y siniestros requiere de una cirugía mayor, que además contemple determinaciones y políticas efectivas de diversas índoles.
En esa lógica, porque nuestra vocación ha sido siempre aportar soluciones a los problemas del campo, es que presento como parte de mi grupo parlamentario una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural.
Esto para impulsar esquemas de aseguramiento ante contingencias climatológicas y de prevención para afrontar desastres naturales en las coberturas de los fondos de seguros agropecuarios. Esto hará posible que productores se enfrenten bajo mejores condiciones económicas, contingencias climatológicas y siniestros, por desastres naturales.
Necesitamos fortalecer los esquemas de seguros comerciales y catastróficos para el campo, que hoy son insuficientes y poco efectivos para cubrir los riesgos asociados a la producción agropecuaria en México.
Nos preocupan, en particular, los pequeños productores y comunidades pobres, que ante desastres y contingencias naturales no tienen medios de defensa y de recuperar efectivos.
Está en manos de esta soberanía esta iniciativa, que someto a su consideración para establecer estos esquemas de aseguramiento y ayuda. Con más cultura, cultura de prevención y cultura del seguro, nuestra gente vivirá con tranquilidad y tendrá mejores herramientas para reconstruir su vida.
El campo de nuestro país resguarda la esperanza. En el campo está la gente noble, gente de trabajo que ha de restaurar tarde o temprano los valores nacionales. Por el campo, propuestas. Por el campo, soluciones. Es cuanto, señora presidente.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derecho de Autor y del Código Penal Federal. Adelante, diputada.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el propósito de una educación de calidad es formar mujeres y hombres responsables, participativos, críticos, autónomos, creativos, éticos y comprometidos con los valores para conformar una sociedad de derechos, un país de derechos. La educación es un derecho.
La educación implica favorecer el desarrollo y apropiación del conocimiento que los preparen para la vida. En Nueva Alianza entendemos que vivimos en un mundo donde el avance de las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado nuestra forma de vida y estamos convencidos de que su vinculación en los procesos educativos es determinante para una educación de calidad.
No obstante, enfrentamos un fenómeno que pone en riesgo la educación de calidad y, con ello, la ética y los valores.
Toda vez que en los últimos cuatro años han proliferado diversos portales de internet, que más allá de ser un apoyo o brindar ayuda en la realización de tareas escolares, a cambio de una cuota, literalmente realizan los trabajos, resúmenes o investigaciones académicas encargadas a los estudiantes, con ello se fomenta el plagio, el engaño y la corrupción y al mismo tiempo se obstaculiza el aprendizaje de calidad, el aprendizaje significativo que construyen los alumnos, quitándoles la oportunidad de aprender a aprender, a formarse en el conocimiento, la capacidad de hacerlo por sí mismos y de ser críticos ante las circunstancias.
El tema no es menor, estamos hablando de más de 6 mil sitios de este tipo disponibles sólo en México, a lo que esto representa el 90 por ciento de los estudiantes de la capital del país, jóvenes entre 12 y 17 años acuden como apoyo para sus tareas.
Más aún, en el mes pasado de mayo, la Secretaría de Educación Pública federal interpuso una demanda de hechos ante la Unidad Especializada contra los Derechos de Autor en la PGR, solicitando la implementación de medidas cautelares sobre el servicio que prestan ese tipo de portales y las páginas que operan, amparadas en los vacíos legales que existen gracias a marco jurídicos que no las regulan.
En Nueva Alianza pensamos que desde nuestro ámbito de acción y de responsabilidad debemos coadyuvar a enfrentar los riesgos de la falta que esa regulación genera. Por tanto, consideramos conveniente subsanarlo mediante la reforma al artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, con el objeto de ampliar la protección de derechos a aquellas obras totales o parciales, que sean publicadas a través de medios electrónicos, como son los sitios de Internet.
De igual manera, en aras de inhibir dichas prácticas planteemos modificaciones a diversos artículos del Código Penal Federal, a efecto de establecer sanciones a quienes plagien la materia en total o parcial a través de medios electrónicos, incluidos los sitios de Internet, con ello estaremos garantizando una educación de calidad y sobre todo abandonando promover el respeto hacia la calidad educativa de los estudiantes.
Tenemos que darle certeza, es un propósito que Nueva Alianza queremos promover y pedimos, a su juicio y a su criterio, respalden que los jóvenes y niños de este país tengan una educación de calidad. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, diputada María Eugenia Ocampo Bedolla. Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía y de Justicia, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, a nombre del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Adelante, diputada.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Gracias, presidenta. Honorable asamblea, el quinto informe de México ante el Convenio sobre la diversidad biológica del 2014 destacaba que México es una de las diez naciones con mayor variedad lingüística en el mundo. Que los territorios indígenas abarcan el 14.3 por ciento del territorio nacional y que aproximadamente el 21.5 de la población se consideraba indígena.
Para 2010, aproximadamente el 30 por ciento de la población mexicana, mayor de tres años en Chiapas, Oaxaca y Yucatán era hablante de alguna lengua indígena. La iniciativa que presento en nombre de mi coordinador, el diputado Alejandro González Murillo tiene por objeto fomentar el desarrollo sustentable para el uso racional de los recursos naturales de las regiones indígenas, sin arriesgar el patrimonio y la biodiversidad de las generaciones futuras.
El texto de la propuesta implica establecer entre los principios que rigen las acciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas la preservación de la biodiversidad y el reconocimiento de las comunidades indígenas como guardianas del patrimonio biocultural.
Por biodiversidad se entiende la variedad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos. Toda vez que México, reiteramos, es uno de los países más ricos del mundo que supera el 10 por ciento en diversidad biológica.
Por ello, urge armonizar nuestra legislación doméstica con los compromisos suscritos vía los tratados internacionales de que México es parte, en aras de unificar criterios para implementar las medidas de protección equilibrada de los recursos naturales y de las comunidades, sin perder de vista la injerencia de la biotecnología en la ciencia y la agricultura.
La iniciativa abraza el pronunciamiento de los pueblos indígenas de México en el marco de la décimo tercera reunión de la Conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica de diciembre de 2016 en que fuimos país anfitrión y en que se propuso establecer en la ley el uso racional de los recursos naturales como elementos de patrimonio, sí, pero también como elemento imprescindible para la preservación de la biodiversidad.
De este modo, queda claro que el sector indígena de nuestro país ha puesto de manifiesto la importancia de ponderar el tema en comento por encima del carácter utilitario de la apropiación de los recursos naturales susceptibles de ser un objeto patrimonial.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica que entró en vigor el 19 de diciembre de 1993 es considerado como el principal instrumento para el desarrollo sostenible.
Convencidos de que la biodiversidad debe ser utilizada para beneficio de la humanidad, de manera tal que no conlleve a su destrucción, presentamos esta iniciativa cuya eventual aprobación, aunada a políticas públicas eficaces e importantes inversiones, traerá consigo notorios beneficios ambientales, económicos y sociales. Un México en que los compromisos ambientales integren a las comunidades indígenas es posible. Por eso, hagámoslo nosotros. Por su atención, muchas gracias, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Lupita Perea Santos. Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen. Quiero aclarar de la iniciativa de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, aclarar los turnos: a las Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía y de Justicia, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Iniciamos con esta iniciativa nuestra tercera ronda. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Óscar García Barrón, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley Agraria. Adelante, diputado.
El diputado Óscar García Barrón: Con el permiso de la Presidencia. Amigas diputadas, compañeros diputados, en México la propiedad social está constituida por los ejidos y por las comunidades, 32 mil 500 núcleos ejidales y comunales que significan el 31 por ciento del territorio nacional y que equivale a 103 millones de hectáreas.
En ese espacio se encuentran los campesinos del país de México. En ese espacio los campesinos generan los alimentos de las familias mexicanas. Pero también, en ese espacio se cometen los más viles y criminales atropellos.
A través de las décadas, a través de los años, esta propiedad social se ve atropellada cuando en ocasiones como lo estipula el artículo 93 de la Ley Agraria, cuando por causa de utilidad pública existe la necesidad de la expropiación, el marco jurídico que le da el derecho a recibir una indemnización, lo dejan siempre a un lado las promoventes, llámese empresas o llámense instituciones, y eso no es justo.
La parcela y el uso común de los campesinos es el patrimonio de miles y miles de familias mexicanas. En ese espacio de ejidos y comunidades son más de 5 millones de derechohabientes que tienen su parcela y su ejido.
Por eso es necesario, es necesario y urgente darle certeza jurídica conforme a la ley a esta propiedad. Por eso el día de hoy presento ante esta soberanía ese proyecto de ley que reforma el artículo 95 de la Ley Agraria y quedaría de la manera siguiente:
Actualmente dice a la letra:
Artículo 95. Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que respecto de las mismas se tramita expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras de uso común, lo autoricen.
Esto último abusa y atropella, porque las empresas y las promoventes abusan de la ignorancia o del desconocimiento de la ley. Por eso la reforma a la letra quedaría de la manera siguiente:
Artículo 95. Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que respecto de las mismas se transmita expediente de expropiación. La ocupación previa solo podrá llevarse a cabo a través del convenio en el que se plasmarán los acuerdos y compromisos establecidos con el núcleo si se tratara de tierras de uso común, o con el ejidatario si son tierras parceladas por parte de la promovente.
Dicho convenio de ocupación previa será requisito obligatorio y deberá celebrarse previo a la tramitación del procedimiento expropiatorio de bienes ejidales y comunales, y así, con esta reforma, se le daría la certeza legal y jurídica al patrimonio de los campesinos.
Espero, compañeras diputadas y diputados, por lo que esto significa, su apoyo a favor de esta iniciativa. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Óscar García Barrón. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada de Campeche, Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renda. Adelante, diputada.
La diputada Rocío Matesanz Santamaría: Gracias, diputada presidenta Martha Hilda, mucho gusto. Compañeras y compañeros diputados, buenas tardes. La iniciativa que estamos presentando el día de hoy es una reforma al artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la renta y estamos seguras que beneficiará a un grupo muy vulnerable que queda después de lo que es la disolución de la sociedad conyugal.
El divorcio o la disolución de la sociedad conyugal es una realidad presente en nuestra sociedad. Es un proceso difícil de asimilar por los costos emocionales y económicos que tal proceso implica.
Con respecto a la vertiente económica, cabe resaltar que la sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante la vigencia del mismo y puede comprender no solo los bienes de que sean dueños los esposos al formarla, sino también los bienes futuros que, salvo pacto en contrario conste en las capitulaciones matrimoniales, corresponden estos bienes futuros por partes iguales a ambos cónyuges.
En el momento en que se liquida la sociedad conyugal en virtud del divorcio, no existe un ingreso que incremente el patrimonio del obligado fiscal, pues no existe ninguna ganancia económica, porque dicha ganancia o un incremento, ya debió darse previamente porque sólo así puede formar parte este bien dentro del haber social.
En este orden de ideas al obligar al divorciado, al liquidar el impuesto sobre la renta por la liquidación del haber social en virtud de un divorcio, es más que evidente que se le obliga a cubrir un pago que carece completamente de objeto. Es así que carece completamente de objeto porque lo que grava en impuesto sobre la renta tratándose de personas físicas, está constituido exclusivamente por los ingresos que incrementan el patrimonio del contribuyente.
Es importante señalar que con el derecho que les asiste a los cónyuges divorciados, sobre los bienes a partes iguales conforme a la ley, tal reparto de bienes debe de estar exento del pago del impuesto sobre la renta.
Dado lo anterior, la presente iniciativa busca reformar el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta con el objeto de exentar el pago de este impuesto en la liquidación del haber social, derivado, ese haber, de la disolución del vínculo matrimonial.
El objeto del impuesto sobre la renta, como todos sabemos, tratándose de personas físicas, está constituido por los ingresos que incrementen el patrimonio del contribuyente y que sean percibidos ya sea en efectivo, en bienes, en crédito y en servicios, y en los casos que señale la ley que lo regula o de cualquier otro tipo, independientemente de la fuente de donde procedan estos ingresos, así resulta claro que la fuente de la obligación tributaria es el ingreso que incrementa el patrimonio del obligado fiscal, en otras palabras, cuando existe una disolución del vínculo matrimonial y se procede a la repartición de los bienes que formaban parte del haber social, de ninguna manera están incrementando el patrimonio de alguno de los cónyuges.
Con esta iniciativa estaremos fomentando la justicia social a favor de los contribuyentes. Y quiero decirles que en particular de las mujeres que además de la tristeza que conlleva la disolución conyugal, se hacen acreedores de una disminución en sus ingresos al pagar este impuesto que es completamente injusto e inequitativo. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Matesanz. Túrnese a Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. El diputado va a presentar dos iniciativas. La primera, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta indígena, y la segunda, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Consulta Indígena, que es suscrita por el presentante y la diputada Araceli Madrigal Sánchez. Adelante, por favor.
El diputado Sergio López Sánchez: Muchas gracias, diputada presidenta. Los pueblos y comunidades indígenas han tenido que enfrentar la hegemonía política y económica de quienes detentan el poder del Estado, quien sin control alguno invaden sus territorios para apoderarse de ellos y de sus recursos naturales, violentando de manera grave su derecho constitucional a la autodeterminación a mantener la integridad de sus territorios, acceder de manera preferente al uso y disfrute de los recursos naturales existentes en ellos y a preservar su identidad cultural.
De manera alarmante en los últimos años, hemos visto un sinnúmero de ejemplos de despojo de sus territorios y extracción de recursos naturales, la construcción de presas hidroeléctricas, la extracción minera, la instalación de parques eólicos y el cambio de régimen social a propiedad privada, a efecto de que se construyan más y más unidades habitacionales o proyectos turísticos, sin dejar de mencionar que esto se agravará aún más con la puesta en marcha de la técnica conocida como fractura hidráulica para la extracción de gas natural.
Ante la grave situación que en todos los aspectos enfrentan los pueblos y comunidades indígenas, es imperante hacer efectivos los derechos individuales y colectivos consagrados en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por ello, a manera de abonar en tan apremiante tarea, esta iniciativa va encaminada a garantizar a través de la consulta de los pueblos y comunidades indígenas el reconocimiento y protección de su patrimonio y riqueza cultural, con el objetivo de asegurar el ejercicio de sus derechos.
El proyecto de ley establece que la consulta deberá realizarse bajo los principios de buena fe, libre e informada, y deberá realizarse de manera previa a cualquier acto de autoridad, sea esta de carácter local, estatal o nacional, ejecutiva o legislativa, que afecte la vida, territorio, costumbres o forma de vida de los pueblos y comunidades indígenas.
Cabe señalar que este asunto sigue siendo un gran pendiente para nuestro país y todavía se le debe esta reforma los pueblos y comunidades indígenas. La inexistencia de una ley general relacionada con la consulta indígena, que haga efectivo este derecho, hace imposible el que las autoridades cumplan con lo dispuesto por el Convenio 169 de la OIT y estándares relacionados con la materia.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la falta de una ley que regule adecuadamente el proceso de consulta impide conocer de manera clara y precisa el contenido y alcance de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales; entorpece la eficacia del procedimiento de consulta previa, libre e informada; y afecta en los planes de participación de los beneficios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre la situación de los derechos humanos en México del año 2015, advirtió que las graves violaciones a los derechos humanos en contra de los pueblos y comunidades indígenas en México se dan en dos áreas principales: violencia en el contexto de megaproyectos en tierras y territorios ancestrales autorizados sin el debido proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado; o en el marco de reivindicación de sus tierras, y faltas al debido proceso penal. En varias ocasiones se han denunciado el otorgamiento de concesiones por parte del Estado a empresas privadas en violación del derecho a la consulta previa. Como consecuencia de la lucha de sus tierras, también se ha recibido información sobre la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas.
En este sentido, la articulación de un ordenamiento adecuado permitiría establecer procedimientos de consulta que cuenten con los estándares de protección más altos y vinculen a las autoridades para garantizar este derecho; y, en consecuencia, se puedan garantizar y proteger otros derechos íntimamente contactados, como el de propiedad colectiva, identidad cultural, autonomía, medio ambiente sano, etcétera.
De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la consulta previa, libre e informada, además de ser un principio general del derecho internacional, es un derecho humano colectivo de pueblos y comunidades indígenas.
Por lo anterior, en conjunto con mi compañera diputada, Araceli Madrigal Sánchez, y quienes deseen suscribirla, presentamos a esta soberanía la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley General de Consulta Indígena, cuyo objetivo principal es el de garantizar el acceso, ejercicio y respeto de los derechos de las comunidades indígenas durante el desarrollo de proyectos e implementación de medidas administrativas o legislativas que les afecten, armonizando nuestro orden jurídico con los estándares internacionales existentes sobre la materia.
La aprobación de este importante instrumento legal saldaría la deuda histórica que gobiernos y sociedad tenemos con los pueblos y comunidades indígenas en materia de consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe y permitiría empoderar a los descendientes de nuestros pueblos originarios para que sean sujetos de derechos y puedan ejercerlos plenamente. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchísimas gracias, diputado Sergio López Sánchez. Por lo que se refiere a la iniciativa que adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
Por lo que respecta a la Ley General de Consulta Indígena, túrnese a las Comisiones de Gobernación y de Asuntos Indígenas, con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General de Desarrollo Social. Adelante, diputada.
La diputada Araceli Damián González: Gracias, diputada presidenta. La iniciativa que propongo persigue una reforma integral de la legislación electoral, destinada a prohibir que funcionarios públicos y algunos políticos participen en la entrega de beneficios asociados a programas sociales durante los seis meses anteriores al inicio de la veda electoral.
Lo anterior busca, teniendo en cuenta la experiencia de irregularidades que hubo en el Estado de México en las pasadas elecciones, hacer que los procesos electorales sean transparentes y se erradiquen las legítimas prácticas de intervencionismo gubernamental en las elecciones y evitar la instrumentación electoral de los programas sociales.
La iniciativa que impulso reforma en total tres leyes con el mismo objetivo: La Ley General de Procedimientos Electorales, la de Materia de Delitos Electorales, y la General de Desarrollo Social.
La correcta operación de los programas sociales en ningún caso requiere de la intervención de funcionarios públicos, tampoco de políticos, senadores, diputados, secretarios o subsecretarios. Al contrario, la participación de estos agentes políticos en actos masivos y otros eventos pone en riesgo la democracia en México al prestarse a la manipulación de los programas sociales.
La iniciativa propone prohibir y sancionar la entrega de beneficios vinculados a programas sociales por parte del mencionado grupo de servidores públicos durante esos seis meses anteriores.
Hay un consenso social y político que necesita ser respaldado por los partidos políticos, para que no haya un uso fraudulento e ilegal de los programas sociales a través de la manipulación, coacción o la influencia de funcionarios públicos.
Ahí tenemos el ejemplo del estado de México que se celebró este año. Las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Ni un Fraude Más recibió 284 reclamaciones ciudadanas por irregularidades electorales, de las cuales se presentaron 10 denuncias ante la Fepade y 8 en quejas e impugnaciones ante instancias administrativas del INE, por ejemplo.
Tenemos también lo que sucedió el 18 de marzo de 2017, a menos de tres meses de los comicios en el estado de México, el ex gobernador Eruviel Ávila regaló 5 mil computadoras a cambio de que los beneficiarios entregaran copias de sus credenciales de elector.
Durante la campaña electoral a la gubernatura del estado se filtraron documentos y evidencias que mostraban la intervención directa de altos funcionarios, ahí estaba Narro, estaba Mikel Arriola, Meade, que estaban repartiendo, en diversos territorios, programas sociales, en fin, tenían encargo directo de territorios específicos.
Esta iniciativa quiere prohibir y quiere que se sancione la práctica irregular que hacen constantemente estos funcionarios. La imparcialidad de los servidores públicos es un principio que está enraizado en la tradición jurídica de México, cuyo ordenamiento se expresa en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución, el cual dispone con toda claridad que los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia de los partidos políticos.
Sin embargo, no existe forma alguna de que esto se logre. Los funcionarios públicos siempre están ahí tratando de coaccionar y comprar el voto.
Morena propone esta reforma para que esto ya no sea posible. Ningún funcionario de nivel medio superior debe de participar en la entrega de programas sociales en ningún momento. Gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Desarrollo Social para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Cándido Ochoa Rojas. El diputado va a presentar dos iniciativas en una sola intervención. La primera de ellas es iniciativa que reforma el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por el diputado presentante y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La segunda, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, también suscrita por el diputado presentante y otros diputados del mismo grupo parlamentario. Adelante.
El diputado Cándido Ochoa Rojas: Gracias. Con el permiso de los presentes.
La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Permítame, diputado, si fuera usted tan amable. ¿Con qué objeto, diputada Delfina Gómez?
La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Gracias. Solo para solicitar a la compañera Araceli me permita adherirme a su iniciativa, ya que se me hace muy importante y eso permitiría, precisamente, garantizar lo que tanto se dice de un ejercicio democrático. Gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputada se le pregunta. Y por supuesto, si no tiene inconveniente la diputada presentante, la Secretaría tendrá a su disposición la iniciativa que se ha presentado. Adelante, diputado, por favor.
El diputado Cándido Ochoa Rojas: Gracias. Como todos sabemos, en junio del año pasado, en el 2016 entró en todo México en vigor el nuevo esquema de enjuiciamiento penal, el que trajo consigo los juicios orales.
Esto ha demando un cambio de cultura y un aprendizaje en los implementadores del nuevo esquema de enjuiciamiento penal.
Por lo tanto, a nosotros nos toca estar al pendiente de lo que vaya haciendo falta. Es así como he detectado que en la práctica se estaban presentando problemas, tanto en la etapa de investigación como en la etapa de ya enjuiciamiento ante la autoridad judicial. Esto nos trae por consecuencia un ajuste a dos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que como todos también sabemos es el que aplica en todos los estados. Hoy ya no hay un código para cada estado, un código procesal.
En consecuencia, propongo que se hagan modificaciones a estos 2 artículos, que son el 216 y el 314. El primero se refiere a la etapa de investigación, como lo he señalado, en el proceso penal acusatorio, en el que se consagra el derecho de petición, el que se puede ejercer por las partes, ya sea el inculpado, el defensor o incluso la víctima.
Este derecho de petición ahí está consagrado, pero sucede que no obstante en la actual redacción del artículo 216, no se establece que esa solicitud a la que tienen derecho las partes pueda hacerse por una parte de manera escrita. O sea, impone y se lleva a cabo en la práctica a que se haga en forma verbal y de ello no queda constancia.
Y por la otra, tampoco establece la obligación para que el Ministerio Público conteste esa petición que se haga por parte del interesado, en términos de las reglas que ya existen para las notificaciones del propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Omisiones que, como lo he dicho, carecen o son presa de este artículo que considero que deben ser enmendadas solo agregándose que tienen derecho a que sus peticiones se hagan por escrito, por una parte. Y que por la otra, el Ministerio Público les conteste en breve término.
Este derecho está incluso consagrado en el artículo 8o. de la Constitución federal, que se denomina derecho de petición, tanto a solicitar algo por escrito y que esto les sea contestado en breve término por escrito para que haya constancia. Considero que de esta manera se va a respetar el derecho a la adecuada defensa en la fase de investigación.
Por otra parte y en lo que se refiere a la diversa iniciativa que implica el 314, este trae consigo la defensa adecuada del proceso penal acusatorio también, en el que es de resaltar que esta debe comprender la efectiva aplicación de los principios de audiencia y contradicción, a efecto de proporcionar al inculpado todos los elementos necesarios para que esté en condiciones de defender en forma adecuada y oportuna sus derechos ante cualquier acto de autoridad y, en consecuencia, desarrollar una defensa efectiva en la secuela del proceso penal.
Consecuentemente, esa defensa adecuada implica el deber de la autoridad de velar que sea real, en efectos concretos, con posibilidad para ofrecer pruebas que soporten la pretensión a favor del imputado, o bien, de diferir de cuestiones jurídicas relacionadas a las medidas cautelares, aportando los medios de convicción que estime pertinente.
Es por ello, que la facultad del juzgador y el derecho del imputado para que ofrezca y, en consecuencia, se resuelva sobre la admisión de pruebas respecto del debate, sobre las medidas cautelares que sobre su persona se decreten, debe estar consagrado para todos los delitos.
Hoy, en el artículo 314 se establece que este derecho solo lo tiene el inculpado en tratándose de prisión preventiva oficiosa. En consecuencia planteo que se modifique este numeral y se establezca que en cualquier caso el juez de control podrá admitir los medios de prueba que ofrezca el imputado o su defensor.
Respecto del debate sobre medidas cautelares, cuando el inicio de la audiencia o su continuación justifiquen que ello es pertinente, de esta manera tendremos una igualdad en todos los casos y por todos los delitos. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Túrnese ambas iniciativas a la Comisión de Justicia, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o,, 3o. y 133 de la Ley Federal del Trabajo.
La diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Saludo a todos los presidentes municipales que vienen a hacer sus gestiones aquí para el PEF, y en especial a todos los de Jalisco, y al presidente municipal también de Cerro Azul, Veracruz, bienvenido, presidente. “Los juicios nos impiden ver lo bueno que hay detrás de las apariencias, Wayne W, Dyer”.
El día de hoy ante este gran recinto legislativo, les quiero hablar sobre un gran problema desde hace muchos años en nuestro país y que seguirá persistiendo hasta que empecemos a cambiar nuestra forma de pensar.
Compañeros legisladores, hablo sobre la discriminación hacia todas aquellas personas que tienen antecedentes penales, y que muy a mi pesar se les sigue considerando como delincuentes.
De acuerdo con un estudio que se realizó en el 2013 por la Secretaría de Gobernación sobre el sistema penitenciario nacional, hubo un registro de 248 mil 920 personas estando recluidas en los centros penitenciarios del país del fuero federal y del fuero común.
Desde el 2016 México ocupa el séptimo lugar de población penitenciaria a nivel mundial con una población de 236 mil 886 personas recluidas, según una investigación realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, encontrándose en primer lugar de la lista de los Estados Unidos con 2 millones 145 mil reclusos.
La realidad social demuestra que varios presos que fueron libreados por cumplir su sentencia por ser inocentes o porque hubo vicios durante el proceso penal y quedaron libres, vuelven a reincidir por falta de oportunidades ya que son etiquetados y discriminados por tener antecedentes penales.
Este es un grave error, compañeros legisladores. ¿De qué sirve que le nuevo sistema penal ya esté vigente en todo el país si seguimos creyendo que cualquier inculpado es forzosamente culpable de haber cometido un delito y así se ha sentenciado y consiguientemente reo en algún centro penitenciario?
Nuestro sistema penal busca promover el uso de mecanismos alternativos de solución de controversia. Que se respete el principio de inocencia, que exista un debido proceso. En pocas palabras que los procesos penales sean eficaces y justos, y como consecuencia disminuya el número de nuevos presos o reincidentes a las cárceles.
Nuestra Norma Suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 18 que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte como medio para lograr la reinserción del sentenciado a una sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.
Entonces si nuestro sistema penitenciario busca la reinserción social, ¿por qué no en varios empleos se exige la constancia de no antecedentes penales? Considero esta práctica como discriminatoria y violatoria de los derechos humanos.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23, menciona: toda persona tiene derecho al trabajo. Este tratado internacional del que México es parte, menciona además que todo tipo de discriminación está prohibida por lo que negarle al ser humano un trabajo por tener antecedentes penales, se le considera discriminación y por ende es negarle un sustento económico para él y su familia, lo que puede ocasionar que vuelva a reincidir y la reinserción social sea inexistente.
Por ello me presento ante ustedes con mi propuesta de iniciativa que plantea reformar el párrafo segundo del artículo 2o., de la Ley Federal del Trabajo, para que quede como sigue: se entiende por trabajo digno o decente aquel en que se respete plenamente la dignidad humana del trabajador, no exista discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, antecedentes penales, posición de salud, religión, posición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil, etcétera.
La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación pronuncio que si una persona comete un ilícito, no podía quedar marcado con el estigma de ser infractor el resto de su vida, porque ello obstaculizaría su reinserción social. La reincidencia es la antítesis de la reinserción social efectiva. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, a nombre del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que uno de los pilares para la transformación e impulso de las sociedades es la educación con calidad, porque sólo a través del conocimiento las personas pueden alcanzar mayores y mejores condiciones de vida. Con esta convicción hago uso de la tribuna para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
El objetivo, subsanar algunas omisiones que presenta la ley y con ello dar cobertura jurídica a los actores que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje.
En primer lugar se busca fortalecer el papel que asumen los consejos de participación social en la ley, a fin de incorporar como una de sus atribuciones el recibir y dar seguimiento a quejas que en materia de bullying o acoso sexual se pongan ante su conocimiento. Además de ampliar los derechos de las personas que ejercer la patria potestad o tutela de los menores de edad, en su calidad de estudiantes.
Con lo anterior se pretende que la sociedad pueda opinar sobre los servicios educativos e incidir en la calidad de los mismos, pues debemos entender la importancia de la participación de todos para lograr un ambiente escolar seguro.
De igual manera planteamos incorporar acciones en materia de enseñanza abierta, transparencia y rendición de cuentas. Lo que se propone es que todos los planteles educativos del país se acondicionen espacios o módulos que tengan por objeto atender la demanda que conlleva al sistema de enseñanza abierta, que hoy más que nunca se requiere fortalecer ante el retorno de los denominados dreamers.
Además, proponemos establecer en la ley el principio de máxima publicidad, y así transitar hacia esferas de mayor transparencia y rendición de cuentas. Aunado a lo anterior se busca incorporar una definición de evaluación que permita examinar los niveles educativos para lograr la excelencia académica mediante la calificación en el desempeño.
Finalmente, ante el riesgo que representa la ocurrencia de fenómenos naturales, consideramos importante implementar acciones preventivas en materia de protección civil, mediante la instrumentación de cursos de protección civil, primeros auxilios, seguridad y relaciones humanas, con la finalidad de que ante cualquier eventualidad la comunidad escolar se encuentre capacitada para enfrentar emergencias.
Con estas adecuaciones a la ley, estaremos dando un paso significativo para salvaguardar la integridad de los educandos y fortaleciendo también la educación de calidad, lo que nos permitirá acceder a una sociedad más justa y equitativa. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias diputado Alfredo Valles Mendoza. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen. Con esta iniciativa del diputado Valles, concluimos la tercera parte de las iniciativas.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Adelante, con la Secretaría.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se informa que se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política en relación a cambio de integrantes de comisiones.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De enterado, comuníquese.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden de día, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón (16:39 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 26 de octubre del año 2017, a las 11 horas.
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