Orden del día y acta de la sesión anterior
Comunicaciones
Proposiciones con punto de acuerdo
Dictámenes a discusión
Votación en lo general y lo particular
Que adiciona una fracción XXX al artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, fundamentación
Votación en lo general y lo particular
Votación en lo general y lo particular
Acuerdo de la Junta, con cambios en comisiones
Iniciaitvas
Laura Valeria Guzmán Vázquez, PRI
Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, PAN
Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Morena
Sharon María Teresa Cuenca Ayala, PVEM
Víctor Manuel Sánchez Orozco, PMC
Dictámenes en sentido negativo
Declaratoria de publicidad de dictámenes
Turno a comisiones de las iniciativas y de las proposiciones
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de la Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las señoras y señores legisladores.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 309 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (12:06 horas): Y por lo tanto, iniciamos esta sesión.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se informa a la asamblea que el orden del día con los asuntos correspondientes se encuentra publicado en la Gaceta, está disponible en el monitor de sus curules, lo mismo sucede con el acta. Así es que, señor secretario, pregunte si aprueban el acta.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, secretario. Antes de pasar al capítulo de comunicaciones me ha pedido la palabra el diputado Salomón Majul. Si me dice con qué objeto, con mucho gusto se lo concederé.
El diputado Salomón Majul González (desde la curul): Quisiera hacer un respetuoso llamado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el propósito de agilizar la indemnización y la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre en el municipio de Taxco, en el estado de Guerrero. En especial la unidad habitacional del Infonavit, con más de 240 viviendas afectadas.
Por lo anterior, hago un atento exhorto al titular del Infonavit, ya que muchas familias del municipio de Taxco están damnificadas y es de suma importancia su apoyo para agilizar la indemnización y la reconstrucción de sus viviendas.
A la vez, agradezco las constantes visitas, el constante interés y el valioso apoyo al municipio de Taxco por parte del gobernador Héctor Astudillo Flores. Gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado. Se registra su intervención. Le solicito a Servicios Parlamentarios remita copia al Infonavit y a la Comisión de Vivienda de esta Cámara.
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado Santiago. ¿Con qué objeto?
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Gracias, señor presidente. Con el objeto de recordarle a esta Cámara y de recordarle a mis compañeros y compañeras diputados, a que se sumen y a que exijan justicia para Chiapas.
Hace ya más de 20 días ingresamos una solicitud de juicio político en contra del gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, por la violación sistemática a los derechos humanos de las y los chiapanecos.
Y es el momento, es la hora que casi todos los diputados chiapanecos ni se han sumado ni se han pronunciado. Y también quiero hacer un exhorto al Partido Verde Ecologista y a los diputados del Partido Verde Ecologista y del PRI, a que dejen de encubrir a un asesino, a un represor y a alguien que ha violentado todos los días la vida de las y los chiapanecos, como es el gobernador Manuel Velasco Coello.
Hace ya unos días convirtieron a Velasco en parte de sus órganos directivos del Partido Verde Ecologista. ¿Cómo es posible que aquí vengan a decir que están en favor de la justicia y la transparencia cuando protegen y encubren a sus funcionarios, encubren a sus gobernadores?
Desde acá nuevamente pongo el dedo en la llaga y exijo justicia y que se haga algo al respecto. Hay las pruebas suficientes y nadie, absolutamente nadie puede decir que en Chiapas no ha pasado nada y que todo está bien. Hay violaciones graves que hay que atender.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Se registra su intervención, queda inscrita en el Diario de los Debates. Como establecimos desde el principio esta Mesa Directiva, ante estas afirmaciones siempre daremos una réplica a quien quisiera asumirla. Me pide la palabra el diputado Sesma. Adelante, diputado, por un minuto.
El diputado Jesús Sesma Suárez (desde la curul): Gracias, presidente. Comentarle a nuestro compañero que todos los exhortos son bienvenidos, este es un recinto donde cabe el diálogo, el debate, los consensos. Lo que no cabe en este recinto, señor presidente, son adjetivos como los que hizo mención, al decir que un gobernador sea asesino. Le exijo que se retracte de ese adjetivo que puso y que en el Partido Verde siempre encontrará las puertas abiertas para cualquier exhorto que tenga que ver con este o con cualquier otro gobierno de la República, me refiero a las entidades federativas.
Lo que sí no podemos nosotros permitir, y creo que está en usted comprobar lo que acaba de decir, es que a un gobernador lo califique de asesino. Le exijo que se retracte de lo que acaba de mencionar y le pido a la Presidencia que ese tipo de connotaciones sin fundamento no se contemple en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado Sesma. En cuando a la solicitud a esta Mesa Directiva, me permito recordarles que los diputados tienen la obligación de conducirse, de acuerdo al artículo 10, con respeto. Eso se refiere a todas las personas, cuando hacen afirmaciones y calificaciones se trata estrictamente de la opinión personal del diputado.
Lo que no puede hacer el diputado es convertirlas en ofensas, malas palabras, insultos. En sí lo es, pero es estrictamente su opinión. No hay debate sobre el tema, señores diputados. Les recuerdo que la Mesa estableció claramente las reglas para estas intervenciones.
El diputado Diego Valente Valera Fuentes (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Me está pidiendo la palabra el diputado Valera, si es sobre el mismo tema.
El diputado Diego Valente Valera Fuentes (desde la curul): Ya no, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Declina. Muchas gracias. ¿Algún otro diputado quiere?
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Presidente. Hay una alusión personal, presidente, ¿me respalda?
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. No ha sido usted reconvenido por nada, ni por nadie. Simplemente establecimos ese criterio. No le concedo la palabra porque no hay debate inscrito en el orden del día.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la secretaria.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: La Secretaría de Gobernación remite los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, correspondientes al cuarto bimestre del ejercicio fiscal 2017.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones de Radio y Televisión y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: La Secretaría de Salud remite la información relativa a las contrataciones por honorarios, al Reporte del monto y ejercido de los subsidios otorgados, correspondientes al periodo enero-septiembre del ejercicio fiscal 2017. Así también informa que el resultado de las evaluaciones de los programas sujetos a reglas de operación se encuentra publicado conforme al Programa Anual de Evaluación en la página electrónica de esta institución.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a las Comisiones de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para conocimiento.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: La Comisión Federal de Competencia Económica remite al tercer informe trimestral 2017, que da cuenta de los resultados alcanzados y acciones desarrolladas.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Economía, para conocimiento.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: La Cámara de Senadores, remite 15 proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicitan a la Cámara de Diputados que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, se consideren y destinen recursos a diferentes partidas suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación comunica que el 11 de octubre del año en curso realizó reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por concepto del reajuste presupuestal del tercer trimestre de 2017.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para conocimiento.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría con el informe relativo a las iniciativas ciudadanas.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Honorable asamblea, esta presidencia informa que se recibió escrito del C. Juan Luis González Vargas, representante legal de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y del Sindicato Mexicano de Electricistas, por el que se presenta iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de energía eléctrica, así como 3 cajas cerradas y selladas que dice contener las firmas que las respaldan.
Con fundamento en el artículo 132, numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso Genera de los Estados Unidos Mexicanos, se remitió al Instituto Nacional Electoral a efecto de que se verifique el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley.
Ciudad de México, a 31 de octubre de 2017.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De enterado. Suplico a la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva notifique a los interesados.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pasamos al capítulo de proposiciones con punto de acuerdo. Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados se le concede por cinco minutos la palabra a la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano solucionar la problemática de regularización de los asentamientos irregulares en terrenos ejidales de Pomuch y Champotón en los municipios de Hecelchakán y Champotón del estado de Campeche. Tiene la palabra la diputada Adriana Ortiz Lanz, hasta por cinco minutos.
La diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz: Con el permiso de la Mesa Directiva. Honorable Asamblea. Los conflictos agrarios han persistido en México por décadas, Campeche, como el resto del país, no ha sido ajeno a estos conflictos.
El régimen de la propiedad social de la tierra involucra más del 53 por ciento de la superficie del territorio nacional, lo que ha hecho necesario implementar políticas encaminadas a otorgar certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra con el objetivo de preservar la gobernabilidad en el campo e impulsar el desarrollo de sus habitantes. Requerimos poner fin a las controversias que han enfrentado los núcleos agrarios entre sí.
El gobierno federal durante años ha venido resolviendo adecuadamente conflictos agrarios. En 2015 se resolvieron 41 conflictos agrarios en 15 entidades federativas en beneficio de cerca de 10 mil familias. En 2016 se aprobó destinar recursos para solucionar conflictos agrarios en 4 estados.
Por otro lado, de 2006 a 2012 se resolvieron también a través de diversas estrategias 949 asuntos beneficiando a 107 mil personas y sus familias.
Cabe hacer mención que de esos 949 asuntos sólo dos correspondieron al estado de Campeche. Es por ello que presento ante esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que analice y en su caso de solución a la problemática que desde años atrás padecen los pobladores de los terrenos ejidales de Pomuch y Champotón.
Quiero manifestar que para el ejercicio 2017 en esta Cámara de Diputados aprobamos recursos para el programa de Atención de Conflictos Agrarios, por 300 millones de pesos.
Con este punto de acuerdo pedimos dar solución a este conflicto con celeridad y brindar a los campesinos la certeza jurídica en la tenencia de la tierra que les permita llevar a cabo y a plenitud, las actividades que realizan.
En mi carácter de diputada federal por el estado de Campeche, he brindado y acompañado las gestiones de mis paisanos campechanos. Estoy convencida de que para avanzar en la solución de esta problemática es necesario contar con la participación de todas las instancias y de todas las partes involucradas.
Estimadas compañeras, estimados compañeros, les pido –por favor– el apoyo una vez más hacia Campeche, una vez más hacia sus habitantes y una vez más hacia estos campesinos que tienen derecho a ver –por fin– la propiedad de sus tierras en posesión y poder disfrutar de una vida plena. Gracias por su apoyo. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Adrianita Ortiz Lanz. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución.
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias. Se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para la discusión de la proposición las siguientes diputadas y diputados hasta por tres minutos. Se les recuerda a las y a los señores diputados que en caso de presentar propuesta de modificación al punto de acuerdo, esta deberá de ser aceptada por el promovente o por el grupo parlamentario.
Se han registrado la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; el diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; el diputado Samuel Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena; la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
En ese orden se le concede el uso de la palabra a la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos. Adelante, diputada.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, para Nueva Alianza propiciar el bienestar general de la población es un principio fundamental, y para lograrlo creemos firmemente en el respeto al Estado de derecho.
Durante décadas, los problemas ocasionados por la falta de certeza jurídica en la tenencia de la tierra de propiedad social han generado innumerables conflictos a lo largo y ancho del país.
Si bien es cierto que el reparto agrario culminó hace muchos años, también lo es que la regularización de miles de hectáreas aún está pendiente, poniendo en riesgo la paz y la estabilidad social.
El caso que hoy nos ocupa es añejo y ha enfrentado a comunidades, principalmente indígenas, por la irregularidad en la que se encuentran 64 mil 973 hectáreas de tierra de los ejidos de Pomuch y Champotón, ubicados en el estado de Campeche.
En Nueva Alianza entendemos que la incertidumbre crea desconfianza y abona al descontento social. Es por ello que coincidimos que es urgente la necesidad de agilizar la regularización de estos asentamientos, brindando atención tanto a quienes refieren ser dueños legítimos pero no cuentan con la documentación jurídica que los acrediten, como quienes cuentan con esos documentos y no tienen la posesión.
En aras de salvaguardar el Estado de derecho y la estabilidad social, hacemos el exhorto para que se revise ese importante punto, para darle certeza al estado de Campeche y al país que lo requiere en estos momentos Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias diputada María Eugenia Ocampo Bedolla. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.
Se le concede el uso de la palabra al diputado Samuel Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México por tres minutos.
El diputado Samuel Rodríguez Torres: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde vengo a fijar nuestra posición respecto al punto de acuerdo relativo a la regularización de asentamientos humanos en dos ejidos ubicados en el estado de Campeche, para lo cual resulta útil hacer un breve recuento de la historia del ejido como figura jurídica en nuestro país.
En 1915 la legislación agraria pasó a reconocer algunos derechos reales a personas que habían sido despojadas de sus tierras, debido a las reformas liberales de 1856. Más tarde, en 1934, se realizaron reformas que fortalecieron el sistema comunal de la propiedad sobre la tierra a través del ejido, con la finalidad de cumplir la importante función de sanear la posesión y el uso de la tierra, lo cual fue una de las principales reivindicaciones de la Revolución.
La seguridad en la tenencia es la certeza de que los derechos de una persona sobre esta van a ser reconocidos por los demás y recibirán protección frente a impugnaciones particulares. Quienes no tienen seguridad en la tenencia corren el riesgo de que sus derechos sobre la tierra se vean amenazados por la interposición de demandas que podrían tener como consecuencia la pérdida de los mismos.
La seguridad de la tenencia no puede medirse directamente y en buena parte, depende de la percepción de los propios interesados. Los atributos de la seguridad de la tenencia pueden cambiar de un contexto a otro.
Por ello, es necesaria la intervención del gobierno como fuente de reconocimiento de los derechos sobre la tierra, a fin de que la falta de certeza jurídica no constituya como un obstáculo para el desarrollo integral de las comunidades.
La certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra es indudablemente uno de los pilares del desarrollo rural, pues difícilmente alguien que no cuente con ella realizará esfuerzo alguno para concretar mejoras en sus terrenos, por ejemplo inversiones en obras de riego o la adopción de medidas para evitar la erosión del suelo, lo cual supone un freno para la economía y afecta el bienestar social de la población en las entidades federativas donde se suscitan conflictos agrarios.
En el caso que nos ocupa, desde la década de los 90 del siglo pasado, a través del Decimoprimer Censo General de Población y Vivienda realizado por el Inegi, ya se identificaban los asentamientos referidos en los ejidos de Pomuch y Champotón, sin embargo no podemos perder de vista que en noviembre de 2016, al publicarse la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se estableció que en materia agraria para constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanización ejidal y su reserva de crecimiento, así como regularizar la tenencia de predios en los que se haya constituido asentamientos humanos irregulares, la asamblea ejidal o de comuneros deben ajustarse a dicha norma, así como a las disposiciones jurídicas locales de desarrollo urbano y zonificación, a las normas mexicanas aplicables en la materia.
En ese sentido, si bien reconocemos que la propiedad agraria, su régimen, superficie y determinación de actividades económicas que se realizan en la misma, representa uno de los temas fundamentales para el desarrollo de nuestro país, también es importante cuidar que la solución de conflictos por el reconocimiento de la posesión de la tierra se haga con estricto apego a derecho y cuidando en todo momento que no se altere el equilibrio ecológico.
Una vez aclarado lo anterior, manifiesto que el Partido Verde votará a favor de exhortar a la delegación de la Sedatu en Campeche, a ejecutar las acciones necesarias para, de ser procedente, regularice los asentamientos humanos ubicados en los ejidos de Pomuch y Champotón, a fin de brindar tranquilidad a más de mil 200 familias que hoy no cuentan con certeza jurídica respecto a su patrimonio. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Samuel Rodríguez Torres. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Jesús Serrano Lora: Gracias, presidente. Muy buenos días.
Por fin la gracia divina iluminó a alguien que se preocupa por el campo que está abandonado. Este problema lo ha abordado desde un principio la Comisión de Reforma Agraria, la cual yo presido, y le doy las gracias a todos los diputados que pertenecen a esta comisión, por darle ese seguimiento, sin ver colores, sin ver partidos. Esos son los verdaderos mexicanos.
Quiero hacer un comentario, el campo es un tema de seguridad nacional y la ineficacia y la ineficiencia de las políticas públicas para el desarrollo del campo han puesto en una situación catastrófica al mismo campo y no somos capaces de producir los alimentos para nuestros hijos.
Diputadas y diputados, el Grupo Parlamentario de Morena se manifiesta a favor de esta proposición, pues consideramos lo siguiente:
1. Es importante dar seguimiento, atención y solución a este conflicto en particular, con la finalidad, por una parte, de atender las demandas de los ciudadanos que en ejercicio de sus derechos se han acercado tanto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como esta honorable Cámara de Diputados, recibiendo de esta última las atenciones pertinentes para fungir sobre todo como instancia mediadora y de acercamiento entre los interesados y la institución pertinente.
En ese sentido, atender este conflicto significaría que las instituciones del Estado están coordinándose y eventualmente funcionando y respondiendo las demandas de la población, sin olvidar –claro está– el enorme impacto social que tendría para la población de estos ejidos la atención a sus demandas.
En segundo término, la aprobación de este punto de acuerdo debe significar un nuevo llamado de atención a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la maestra María del Rosario Robles Berlanga, quien desde finales del 2016, como se ha documentado ampliamente, participó en la elección de Estado del proceso electoral que recientemente concluyó y cuyo punto más álgido fue su intervención como parte de las casi 100 visitas que los secretarios de Estado realizaron para favorecer al candidato del PRI en el Estado de México.
En su caso particular, con la entrega de más de 700 títulos de propiedad, mediante el programa Papelito Habla, afectando con ello de forma severa, grosera, obscena, la justicia, la equidad y la contienda electoral.
Como tercer elemento, votaremos a favor de este punto de acuerdo, con la esperanza de que ello constituya un llamado para atender y solucionar los más de 50 puntos en esos conflictos agrarios.
Finalmente, hacemos un llamado y un exhorto a todos y cada uno de ustedes, diputadas y diputados, para que en el proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año entrante, se destine un mayor y sustancioso monto de recursos para que sea posible y efectivo un verdadero desarrollo del agro mexicano, más allá de que vengan a desgarrarse las vestiduras, pegando de alaridos y diciendo que el campo está abandonado, para pegarle una puñalada por la espalda y terminar simplemente levantando la mano para aprobar el presupuesto, atendiendo únicamente sus intereses personales en detrimento de que la población verdaderamente lo demanda. De su voto, razónenlo bien, de su voto depende la paz social. Es todo.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Jesús Serrano. A continuación y por un ajuste en el orden de oradores, se le concede el uso de la palabra al diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, adelante diputado.
El diputado Jonadab Martínez García: Los diputados ciudadanos trabajamos a favor de la justicia y a favor de la igualdad de todos los mexicanos y mexicanas. Para Movimiento Ciudadano esta lucha es una constante y he aquí el ejemplo.
Hoy tratamos a dos municipios de Campeche, exhortando a la Sedatu a que intervenga en esta solución de conflicto ejidal. Ojalá, y lo digo de manera responsable, ojalá y solamente fueran esos dos casos en todo el país. Sin embargo, en muchas entidades de nuestro país existe este tipo de conflictos en zonas ejidales.
Los problemas de la tenencia de la tierra no sólo han persistido por años en México, sino que han derivado en hechos que han afectado, tanto a la economía y a la seguridad como al bienestar social de las localidades, así como de las entidades federativas donde estos conflictos se suscitan.
Los conflictos agrarios han estrechado la posibilidad de exceder el desarrollo económico y al mejoramiento de la calidad de vida de las familias, que sin embargo todos los días luchan por un lugar dónde vivir y dónde desarrollarse.
Solucionar conflictos y proporcionar certeza jurídica es una de las tareas más complejas que debe tener el Poder Ejecutivo en nuestro país, pero que sin lugar a dudas a nosotros también nos compromete a ejercer nuestra responsabilidad como diputados federales, de estar presentes y vigilar que la ley se ejecute en nuestro territorio nacional.
El ordenamiento territorial, los asentamientos humanos y el desarrollo urbano, hacer una materia concurrente por la federación, por las entidades y los municipios a todos nos crea corresponsabilidad.
Tener leyes generales tiene por fin distribuir competencias en los tres órdenes de gobierno, por lo que a nuestro parecer el asunto que nos ocupa también requiere de una atención más puntual de la autoridad estatal y municipal.
Afortunadamente, en esta Legislatura aprobamos esta nueva Ley de Asentamientos Humanos y ahí establecimos capítulos específicos para la distribución de la tenencia de la tierra.
Afortunadamente, también hoy día contamos no solo con un marco normativo propio, que también regula en materia específicamente ese tipo de conflictos, sino que también contamos con leyes generales. Unas a favor de la protección del ambiente. Otras a favor de la justicia. Otras a favor de la igualdad. Y sin lugar a dudas, hoy en el seno de este pleno también se consensa la próximamente vigente Ley de Seguridad Vial, que también establece la igualdad y la justicia en todos los que habitamos en este territorio.
Para los diputados de Movimiento Ciudadano, nuestro voto será a favor, no solamente para este conflicto sino para los muchos que existen en todo el territorio nacional. Es cuanto, señora presidenta. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputado Martínez García. A continuación se le concede el uso de la palabra a la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Con la venia de la Presidencia. Conocedores de la dimensión que adquieren los conflictos agrarios en los ejidos y comunidades, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de este punto de acuerdo.
Para nuestros pueblos originarios, ejidatarios y pequeños propietarios no hay nada más valioso que la tierra como garantía del sustento diario de su familia, pero también como parte de la cultura y de las tradiciones ancestrales de la colectividad.
Por ello, ninguna autoridad comunal o ejidal estará dispuesto jamás, ya no digamos a regalar o a ceder voluntariamente, ni siquiera a permutar o vender una parcela o cualquier porción de tierra.
Ello es lo que hace tan difícil y muchas veces hasta violenta la solución de cualquier conflicto agrario en el medio rural mexicano.
Por ello es tan importante la participación eficaz y a tiempo de las instituciones del Estado con soluciones sensibles y viables antes que los problemas se vuelvan graves y deriven en situaciones lamentables para todos.
El Estado mexicano dentro de sus estrategias de políticas públicas ha previsto atender en el país la problemática agraria, y en específico este tipo de conflictos que se viven hoy en Campeche, pero también en otras partes del país, incluyendo Quintana Roo.
Por desgracia, todavía los tenemos presentes en varios estados de la República. Y en ese tenor, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se han otorgado recursos para buscar las soluciones pertinentes en el marco de la ley a través de la estrategia Programa de Atención a Conflictos Agrarios, la cual se opera a través de la Sedatu.
Sabemos de la relevancia de buscar las soluciones mediante el diálogo y el apego a derecho, pero también sabemos que en este tipo de conflictos aplicar la ley a ciegas solo agrava la confrontación y la puede prolongar indefinidamente.
Desde aquí nos pronunciamos a favor de este exhorto urgente a la Sedatu, para que con sus atribuciones, las mediaciones y los instrumentos a su disposición, junto con el gobierno del estado de Campeche y los actores involucrados en el conflicto, encuentren una pronta solución para regular los asentamientos humanos y dar certeza jurídica de tenencia de la tierra, no solo en Campeche, en Quintana Roo y en los estados de la República donde existe conflicto agrario. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada. Con la intervención de la diputada Pool Pech damos por concluidas las intervenciones de cada uno de los grupos parlamentarios, por lo que en consecuencia, consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el acuerdo.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobado. Comuníquese.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Continuamos con la segunda proposición con punto de acuerdo. De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de esta Cámara de Diputados, se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la diputada Candelaria Ochoa Ávalos, a nombre del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, para que realice una evaluación y haga público un informe que contenga las recomendaciones necesarias para el debido cumplimiento del proceso de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, tanto a nivel nacional como de las entidades federativas. Adelante, diputada Ochoa.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidenta. El artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana, se menciona tendrá las siguientes atribuciones:
Fracción X. Opinar o proponer a través de su participación en la comisión ejecutiva indicadores y metodología para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de la política nacional, las políticas integrales y los programas y acciones que implementen las autoridades que conforman el sistema nacional.
Con base en ello esta legislatura ha acompañado el diseño, arranque e implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, aunque el correcto funcionamiento y la debida implementación del sistema son de importancia para todas las instancias públicas del Estado, lo cierto es que esta legislatura debe asumir un compromiso adicional.
Podemos coincidir en que las reformas que dieron origen al sistema representan una reingeniería institucional profunda, también que es una oportunidad para combatir uno de los males estructurales más graves del país, la corrupción y la impunidad. Por ello es importante reconocer algunos obstáculos y resistencias que ha enfrentado su implementación, tanto en el ámbito nacional, como en las entidades federativas y mencionaré cuatro ejemplos.
1. En el ámbito nacional destaca el rezago en los procesos de nombramiento de instancias como los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, del fiscal Anticorrupción, de los titulares de los órganos internos de control de organismos autónomos y de manera muy particular, la consolidación de una fiscalía general autónoma garantizando un proceso idóneo para el nombramiento de su titular.
2, En las entidades federativas se han aprobado leyes secundarias que no son satisfactorias o que no se apegan al espíritu de la reforma en materia de anticorrupción y responsabilidades. Por ello el comité de participación ha promovido amparos para que las entidades federativas que no han hecho bien la tarea corrijan sus legislaciones locales.
3. Las distintas instancias del Sistema Nacional Anticorrupción aparentemente no cuentan con protocolos adecuados para la recepción y debida atención de los nuevos instrumentos de denuncia ciudadana. Por ejemplo ante denuncias presentadas en el INAI, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, no se les otorga un tratamiento específico como denuncia ciudadana de atención particular, sino como un mero trámite burocrático.
4. No podemos dejar de mencionar la resistencia de la clase política a adoptar y escuchar a las nuevas instancias del sistema, en particular al comité de participación ciudadana, una instancia plenamente ciudadanizada y que preside el comité coordinador del sistema.
Pareciera que este comité de participación ciudadana es incómodo porque el julio de este año se solicitó investigar los hechos de espionaje contra periodistas, activistas y defensores de derecho humanos por parte del gobierno federal, pero dicha propuesta fue desechada y los 5 votos fueron de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública, del Consejo de la Judicatura del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y del INAI. El único voto a favor fue de la presidenta del comité de participación ciudadana, Jacqueline Peschard.
Recordamos también que apenas hace unos meses desde el Senado de la República algunos grupos parlamentarios emprendieron una serie de ataques infundados pero mediatizados contra este comité de participación ciudadana.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitarle al comité de participación ciudadana del sistema nacional anticorrupción que realice una evaluación sobre el proceso de la implementación del sistema, y que emita recomendaciones para su debido cumplimiento tanto en el ámbito nacional como en las entidades federativas.
Ello nos permitirá contar con un panorama de los pendientes y obstáculos que se ha enfrentado en el sistema nacional anticorrupción, y también le abonaremos a un proceso de empoderamiento del comité de participación ciudadana que, para decirlo de alguna forma, debemos entenderlo como la conciencia del sistema, como la voz de los ciudadanos en el combate a la corrupción.
El llamado que hacemos a esta Cámara es que es momento de mostrar voluntad de todos los órganos de gobierno para escuchar y atender las recomendaciones del comité de participación ciudadana. Por tanto, el punto quedaría:
Único. Se exhorta al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, a que con fundamento en las atribuciones que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción le confiere, y a través de su participación en la Comisión Ejecutiva del sistema, elabore una evaluación y haga público un informe sobre el proceso de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción tanto nacional como de las entidades federativas, y que contenga recomendaciones precisas y puntuales para el debido cumplimiento de dicho proceso. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada Ochoa Ávalos. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución.
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se considera de urgente resolución. En ese sentido y de conformidad con el artículo 113, numeral1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para la discusión de la proposición las siguientes diputadas y diputados hasta por tres minutos. Se les recuerda a las y a los señores diputados que en caso de presentar propuesta de modificación al punto de acuerdo, esta deberá ser aceptada por el promovente o por el grupo parlamentario.
De esta manera se han inscrito: el diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. La diputada Sharon Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. El diputado Regerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena. El diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática. La diputada Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. En consecuencia se le concede el uso de la palabra al diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
Compañeros, antes de darle uso de la palabra al diputado Hernández León, muchas gracias, diputado.
Quisiéramos consultarles a ustedes, ya que hubo una modificación y de acuerdo al artículo 113, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica, si se acepta dicha modificación.
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si se acepta la modificación propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Se acepta. Adelante diputado Hernández León.
El diputado Luis Manuel Hernández León: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, uno de los aspectos que más ofende a la ciudadanía es la corrupción.
La sociedad demanda una forma nueva de interacción basada en la ética, el respeto y la honradez. La creación del Sistema Nacional Anticorrupción no ha concluido. Su implementación aún no es una realidad, y en Nueva Alianza queremos contribuir a la solución de este problema.
Como todos sabemos, el Comité de Participación Ciudadana es un órgano colegiado integrado por ciudadanos de reconocido prestigio y probidad, cuyo fin es ser el vínculo con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con la materia del sistema. Esto lo convierte en una de las instancias más importantes del Sistema Nacional Anticorrupción.
La Ley del Sistema señala en su artículo 36 la obligación de que las entidades federativas cuenten con leyes en las entidades que desarrollen la integración, atribuciones y funcionamiento de los sistemas locales.
En este sentido como en muchos otros temas, existe un gran rezago, y de acuerdo con los datos que nos proporciona el Instituto Mexicano para la Competitividad, persisten severos contratiempos en la implementación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción en las entidades federativas.
Lo anterior es motivo suficiente para impulsar la debida implementación del sistema con la colaboración del Comité de Participación Ciudadana, que ha dado muestras de su compromiso contra el combate a la corrupción y con el nuevo modelo institucional que se configura alrededor del nuevo sistema.
Las y los diputados de Nueva Alianza hemos sido congruentes en la concepción y creación del sistema, y no permitiremos que una de las reformas más trascendentes y necesarias que ha visto el país se convierta en letra muerta por falta de voluntad y acuerdos.
Ninguna reforma en el mundo es una receta mágica por sí misma. Todas las reformas para que puedan tener viabilidad requieren ser acompañadas de un compromiso efectivo con la transparencia y deben ser implementadas de manera correcta.
El futuro de México depende en gran medida de la consolidación del Sistema Nacional de Anticorrupción, y Nueva Alianza estamos comprometidos a que esto sea una realidad.
La confianza de los ciudadanos será recuperada en función del avance de este sistema, lo que está en juego es también la confianza en las instituciones. Sabemos que solo unidos podemos lograr que México sea más transparente, justo e íntegro. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Sharon Cuenca Ayala, por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.
La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. Un gobierno eficaz, transparente, responsable y confiable, que actúe bajo el predominio de la ley, es la base de un desarrollo sostenible, no el resultado de este. Kofi Annan.
En los últimos años nuestro país ha implementado numerosas medidas para combatir la corrupción, a través de reformas constitucionales y reformas legales. Se han puesto en marcha diversos programas y políticas públicas.
Se hizo una adecuación íntegra del marco jurídico y se crearon nuevas instituciones especializadas en la materia para combatir la corrupción, me refiero al Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objeto ha sido establecer las bases, los principios y políticas públicas a través de los procedimientos que se van a llevar a cabo en la coordinación con las autoridades de todos los órdenes de gobierno. En ese sentido está incluida la prevención, detección y sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción.
Son esfuerzos realizados por este Congreso de la Unión, esfuerzos realizados también por el gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, para conformar un sistema integral para combatir de manera eficaz la corrupción, para dotar al Estado de herramientas necesarias, herramientas jurídicas, y para tales efectos hemos creado este sistema que representa un mensaje firme y claro a las malas prácticas de servidores públicos que han actuado en contra de los intereses del Estado.
En este contexto, es importante resaltar que las reformas que sustentan este Sistema Nacional Anticorrupción, además de homologar las actividades y la normatividad a nivel nacional y restringir el uso efectivo, delimita el desempeño de los servidores públicos e incrementa los niveles obligatorios de la rendición de cuentas, también divide competencias para lograr una mayor efectividad y eficacia en la detección de los actos de corrupción en los tres órdenes de gobierno.
Hay que reconocer que la creación de este sistema y la participación ciudadana en este, es un gran avance para el combate a la corrupción, por lo que seguramente conforme se vayan generando experiencias, pase el tiempo y se concluya este proceso de creación, porque como ya se ha referido, faltan algunos nombramientos que son parte importante de este sistema, conforme se alcance este modelo que se pretendió con estas reformas, tendremos mejores resultados.
Lo principal es ahora que ya existe, constitucionalmente ya lo tenemos, tenemos este Sistema Nacional Anticorrupción, donde se contempla de una manera muy importante la participación ciudadana, una ciudadanía cada vez más interesada en estos temas y que difícilmente podremos revertir.
No obstante los avances alcanzados, los cuales no deben ser subestimados, pues a pesar de que hay nombramientos pendientes el sistema ha avanzado y ha subsanado estas deficiencias que están en un proceso en la Cámara de Senadores. Y es en este sentido que el Comité de Participación Ciudadana representa la garantía de una participación activa, transparente y eficaz de la sociedad civil.
Se poseen diversas atribuciones para combatir la corrupción desde otro punto de vista, y si bien es cierto que la creación de este Sistema Nacional Anticorrupción representa un avance significativo, también es ineludible reconocer las necesidades para superar diversos retos para que este sea más funcional y eficiente.
Esto no es tarea fácil, pero sí es indispensable para transformar la percepción de la ciudadanía. Por ello, en el Partido Verde consideramos pertinente solicitar al Comité de Participación Ciudadana el informe que aquí se ha hecho referencia. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada Cuenca. Muy interesantes sus conceptos. Tiene la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, a nombre del Grupo de Movimiento Ciudadano. Perdón, Encuentro Social. A nombre del Partido Encuentro Social, don Gonzalo, ya lo estamos desafiliando. Con matracas. –Al contrario, diputado, adelante.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Muchas gracias, presidente. Efectivamente, fíjense qué curioso, el sistema nacional anticorrupción ha sido bandera de spots publicitarios de partidos políticos –para no personalizar– de partidos políticos. Que logramos esto, que logramos el otro, y resulta que ya lo capitalizaron ante la sociedad, pero no funciona, estamos perfeccionándolo. No hay fiscal general, no hay titular de la Fepade, etcétera.
Por eso hoy este punto de acuerdo donde se exhorta al Comité de Participación Ciudadana para que dé un informe público de todo lo que conlleva el objetivo fundamental de este gran sistema, que es un anhelo social, que la corrupción, que la impunidad ha lastimado este país, que por fin de cuentas dé los resultados esperados.
Como bien se decía aquí en tribuna, se reformaron leyes, Constitución.
Es oportuno, es un imperativo político-social, que este sistema genere la transparencia, genere la eficiencia, genere la eficacia, combata realmente la impunidad.
La impunidad, amigas diputadas y amigos diputados, está acabando con la confianza en las instituciones. Es la hora de dignificar la política. No puede ser que todo esté en manos de los ciudadanos, ¿y los políticos? ¿Y los partidos? ¿Y nosotros los políticos, la clase política, no podemos dar resultados a la sociedad?
Ha llegado la hora para Encuentro Social. Por supuesto que así lo reconocemos como parte dé, de dignificar la política, de orientar la política, de imprimirle principios, valores en cada acción, que rescatemos la ética pública, la moral pública. Ha llegado el momento de reivindicarla. Tenemos que ser honestos, transparentes, con una gran visión de servirle, como legisladores, a México. Creo que este es el mensaje y por eso vamos a favor de este punto de acuerdo.
Es necesario que el Comité de Participación Ciudadana desde luego dé un informe público, transparente, eficiente y eficaz, porque es necesario, la sociedad desde luego lo está exigiendo, lo está reclamando y la clase política tenemos que responder a la altura de la expectativa ciudadana, de lo contrario seguiremos hundidos en la imagen, en la confianza de participación alejada del ciudadano. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputado Guízar. Y tiene ahora la palabra el diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Rogerio Castro Vázquez: Buenas tardes, compañeras, compañeros, diputadas, diputados. La corrupción es el principal problema de nuestro país y se requieren cambios estructurales, políticos, para que en México podamos tener un verdadero Estado de derecho y un orden político que sí eche a andar las instituciones encargadas de combatir la corrupción, pues este problema no es un tema aislado, es un tema que ha permeado en todas las instituciones y hasta en los partidos políticos.
Es un problema sistémico y se requiere la integración de todas las instituciones para poder combatirlo. Este problema lastima a la sociedad, trae efectos nocivos a la economía y hasta les quita legitimidad a los gobiernos, a las instituciones. Provoca, incluso, desigualdad, inequidad, falta de democracia.
En México la corrupción es el sistema mismo. Hemos sido testigos de cómo en México durante 30 años se ha justificado la corrupción a través de hacer acuerdos, a través de sobornos y muchos otros negocios que han hecho al amparo del poder público.
Hemos visto gobernadores acusados de corrupción y muchos otros asuntos que podemos seguir comentando.
Hay un fuerte reclamo de la sociedad para que las instituciones funcionen. En ese fuerte reclamo surge el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero vemos que este sistema es todavía y únicamente es un slogan de campaña. Es para que salga en los medios de información, para decir que sí estamos haciendo algo contra la corrupción y vemos que no avanza el tema en las instituciones. Faltan elementos para procurar justicia en este país. Faltan varios nombramientos. Falta que los estados armonicen sus leyes y que echen a andar también los sistemas anticorrupción de los estados.
Así nació el Comité de Participación Ciudadana, al cual estamos exhortando para que nos dé un informe de cómo va el sistema anticorrupción. Pero queremos que venga a esta Cámara a darnos ese informe. No solo el Comité de Participación Ciudadana sino también los del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
Por eso, en Morena hoy estamos aquí en tribuna. Vamos a pedir y a votar a favor este exhorto. Pero exigimos que no solo sea discurso, que se implemente el sistema anticorrupción, que se legitimen las instituciones y para eso requerimos un cambio en el orden político. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Nava Palacios, por el Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Francisco Javier Nava Palacios: Gracias, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputado.
El diputado Francisco Javier Nava Palacios: Compañeras y compañeros diputados, nosotros, como grupo parlamentario, apoyaremos este punto de acuerdo de Movimiento Ciudadano. ¿Dónde está el Sistema Nacional Anticorrupción actualmente? ¿Ha habido avances? Sí, sí ha habido. Ha habido avances en una reforma constitucional, ha habido avances en siete leyes que aprobamos en esta Cámara y que aprobamos como Congreso de la República.
Ha habido avances en algunos estados donde la armonización ha tenido ciertos resultados con reformas constitucionales y con leyes de su propio Sistema Anticorrupción. ¿Pero qué le está pasando también a este sistema?
Yo diría que, si temor a equivocarnos, la tentación en muchos lugares, la tentación autoritaria de una regresión para mantener ciertos controles, tanto nacional como locales, en esos Sistemas Anticorrupción.
¿Qué tenemos que hacer? Sí, tenemos que pedirle al Comité de Participación Ciudadana que nos haga un diagnóstico y que nos haga propuestas, que nos haga recomendaciones. Pero también tenemos que dotar a ese Comité de Participación Ciudadana de los elementos suficientes e indispensables para que haga su trabajo.
Uno de ellos, y no solo al Comité de Participación Ciudadana, sino al sistema en su conjunto, al comité coordinador, al secretariado técnico, tenemos que dotarlos de mecanismos para que no sea esto solo una simulación.
Tenemos que tener muy claro que la corrupción en este país es sistémica. Y esa corrupción sistémica se debe combatir a través de un sistema nacional que funcione, de instituciones sólidas que le hagan frente a las enormes redes de corrupción que nos han lastimado y nos lastiman desde hace mucho tiempo.
¿Qué tenemos que hacer? Insisto, dotar de presupuestos suficientes. ¿Qué tenemos que hacer? Estar al pendiente desde esta Cámara de Diputados de lo que está sucediendo en las entidades federativas.
No me queda duda de que muchos de ustedes ven con preocupación lo que está sucediendo en sus estados y como algunos gobernantes de esas entidades federativas intentan imponer miembros en los Comités de Participación Ciudadana, intentan imponer fiscales anticorrupción, intentan imponer fiscales generales, intentan imponer magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa.
Todo ello, tenemos que estar muy atentos desde las distintas instancias para que eso no suceda, sino estaremos siendo parte de una enorme simulación que afectará sin duda el funcionamiento de estos órganos del Estado mexicano para combatir esta enorme epidemia que es la corrupción en México.
Estamos convencidos de que todos iremos a apoyar esta propuesta y que no solo eso. Estamos convencidos de que todos en esta Cámara vamos a tratar de que nuestras entidades federativas y a nivel nacional, se dé un cambio drástico y radical para conformar este sistema que tanta falta le hace a México, que es el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias a usted, diputado Nava. Tiene la palabra, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la diputada doña Cecilia Romero Castillo.
La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo: Muchas gracias, presidente. Compañeros y compañeras.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada.
La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo: Hace más de un año que se promulgaron las leyes fundamentales del Sistema Nacional Anticorrupción, se integró el Comité de Participación Ciudadana, se iniciaron los trabajos del Comité Coordinador del sistema, se implementó todo lo necesario para la secretaría ejecutiva.
Hemos estado al pendiente de que en el presupuesto del próximo año haya dinero suficiente para el trabajo de todas las entidades de la administración pública que tienen que ver con el tema de corrupción, sin embargo persisten muchos rezagos, hay pendientes tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo y no podemos olvidar ese tema. Hacen faltas muchas cosas.
Y por otro lado, los grandes temas de corrupción siguen brotando cada día en este país. Estamos en un problema grave por medio del cual la sociedad cada día se pregunta y qué pasó con el sistema. Hay quien dice: no sirvió. Tenemos la responsabilidad quienes asumimos desde el principio la responsabilidad también de haber creado esas leyes, de darles seguimiento.
Por eso, en Acción Nacional estamos de acuerdo en que se haga un corte de caja y que este comité de participación ciudadana haga la lista de todos aquellos temas que están pendientes.
Muchos nos tocan a nosotros y, por cierto, también al propio comité de participación ciudadana le hace falta ponerse a trabajar –probablemente ya lo hicieron– en un pendiente muy importante: la elaboración de los formatos para que todos los servidores públicos, a partir de entonces, cuando el comité coordinador apruebe los formatos, tengamos ya la obligación no solamente los que hasta hoy lo hemos hecho a través de la llamada ley 3 de 3, sino la obligación de presentar nuestra declaración patrimonial, nuestra declaración de intereses y nuestra declaración de ingresos de manera pública. Ese es un pendiente del comité de participación ciudadana. Esta evaluación entonces será muy útil para que todos reiniciemos el camino hacia un sistema nacional de integridad que es aquello a lo que debemos tender todos.
Una reflexión, compañeros legisladores, los políticos de Acción Nacional, por supuesto, somos ciudadanos. No aumentemos esta brecha enorme que se está convirtiendo en un obstáculo terrible para el crecimiento y el desarrollo de la sociedad mexicana. Todos somos ciudadanos y algunos de esos ciudadanos hemos elegido el camino de la política para servir a México.
El sistema nacional anticorrupción es lo que nos permitirá, de la mano a todos los ciudadanos, los políticos y los que no lo son, a caminar hacia la conformación de un sistema nacional de integridad cuando revisemos ese corte de caja y nos pongamos a trabajar con bríos renovados. Estamos a favor de este punto de acuerdo, muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada Romero. No hay más oradores en la lista, por favor pregunte si está suficientemente discutido.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Consulte ahora si se aprueba con la modificación presentada.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo con la modificación aceptada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Queda aprobado, comuníquese.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pasamos ahora a la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que plantea la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, que propone un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a agilizar las acciones relativas al regreso a clases para garantizar el derecho humano de la niñez mexicana a la educación. Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Mirna Isabel Saldivar Paz, para plantear a esta asamblea su proposición.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz: Gracias, presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores, en días pasados aprobamos la creación de una Comisión de Seguimiento a los Trabajos de Reconstrucción. En congruencia con ese espíritu pongo a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que agilice las acciones que se están emprendiendo respecto al regreso a clases y de este modo garantizar el derecho humano de la niñez mexicana a la educación.
Sabemos que miles de escuelas fueron afectadas después de los sismos del pasado mes de septiembre, circunstancia que ha evitado que un gran número de menores regresen a sus actividades cotidianas.
De acuerdo a cifras publicadas por la Secretaría de Educación Pública, son 2 mil 646 escuelas las afectadas en Chiapas y Oaxaca, por el primer terremoto. Para el caso de la ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y Tlaxcala, la cifra final fue de 16 mil 136 centros educativos.
Asimismo el secretario de Educación Pública informó que el regreso a clases y la reconstrucción de escuelas, tras los eventos ocurridos el 7 y 19 de septiembre, se haría en tres fases para salvaguardar la integridad de las y los niños, mismas que consisten en la revisión de la infraestructura educativa, en la reubicación de los alumnos para que no vean detenida su formación académica, y finalmente en la reconstrucción de los planteles. También señaló que a más tardar el 6 de noviembre se normalizará el regreso a las aulas de los alumnos afectados.
Hasta el momento las autoridades educativas de las entidades en las que continúa la primera fase del regreso a clases, reportan que en Chiapas han regresado a clases un millón 600 mil estudiantes. En el estado de México retomaron sus actividades 2 millones 800 mil educandos. En Morelos han regresado solo 167 mil estudiantes a las aulas, mientras que en Oaxaca la cifra es de 916 mil. Por último, en Puebla se han reincorporado a sus labores un millón 800 mil estudiantes.
A pesar de lo anterior aún faltan muchos alumnos por regresar a sus centros educativos, por reiniciar sus actividades. Ello, de acuerdo a los datos proporcionados hasta el día de hoy, por la propia Secretaría de Educación.
Para Nueva Alianza es preciso subrayar la necesidad de agilizar estas acciones, toda vez que se está vulnerando el derecho a la educación de nuestra niñez, circunstancia que les aflige emocionalmente.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, el regreso a clases después de un evento de esta naturaleza, debe ser inmediato para superar un posible trauma, de lo contrario, podrían presentarse problemas psicológicos en los y las alumnas.
Por ello, consideramos que es urgente que las y los niños de todas las zonas dañadas por los sismos, vuelvan a una rutina que contribuya a restaurar su seguridad y su confianza. Reconocemos los esfuerzos por establecer la normalidad, sin embargo, es imperativo acelerar estos procesos para poder garantizar los derechos de nuestros niños.
Por ello, compañeras y compañeros, les solicitamos de su colaboración para aprobar este punto de acuerdo. Consideramos de gran importancia para el estado emocional de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputada Saldívar Paz. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el presente punto de acuerdo se considera de urgente resolución.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo 113, en su numeral 1, fracción I, de nuestro Reglamento, se han registrado para la discusión de esta propuesta diputadas y diputados representantes de los diferentes grupos parlamentarios, que se encuentran en esta Cámara.
En consecuencia tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. No se encuentra aquí en el salón.
Entonces, le cedemos el uso de la tribuna a la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
En representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde, hará uso de la tribuna el diputado Cesáreo Márquez Alvarado. Adelante, diputado.
El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado: Con su venia, señor presidente. Al paso de los días, tras los hechos tan lamentables acontecidos por los sismos del día 7 y 19 de septiembre, una vez atendidas en su totalidad las emergencias derivadas de ellos queda pendiente la recuperación material de los miles de damnificados. El tema no es menor, se evidencian las necesidades y exigencias traducidas en retos para las autoridades y principalmente para las y los mexicanos.
En este sentido, el sector educativo es uno de los muchos rubros necesarios y urgentes de atender. Sí, se trata de la educación de nuestras niñas y niños, de su derecho de recibir las mejores herramientas para formarse académicamente, pero no olvidemos también que está de por medio la seguridad de los mismos.
Coincidimos en que se deben redoblar los esfuerzos para lograr recuperarlos lo antes posible y, un ejemplo de ello, es la gran labor que ha realizado la Secretaría de Educación Pública, en cabezada por su titular, maestro Aurelio Nuño.
A poco más de un mes y antes los devastadores resultados de los sismos, como bien refiere el punto de acuerdo que hoy discutimos, tenemos un gran avance en el regreso a clases de los alumnos cuya escuela pudo haber sufrido algún daño, y que gracias a la intervención oportuna de la SEP hoy podemos estar seguros de que nuestras niñas y niños se encuentran en un sitio apto para seguir ejerciendo óptimamente su derecho a la educación.
Hoy, en Chiapas han regresado más de un millón de estudiantes, es decir arriba del 88 por ciento ya se encuentra tomando clases normales. En el estado de México se habla de un 70 por ciento de matrícula estatal con actividades normalizadas. Morelos sigue siendo uno de los estados más golpeados por dichos sismos, hoy ha logrado restablecer clases en cerca de 200 mil alumnos. En Oaxaca casi un millón de estudiantes ya regresaron a clases, lo que representa un 76 por ciento del total de la matrícula del estado, y no menos importante, Puebla con casi el 90 por ciento del total de alumnos asistiendo a aulas con normalidad.
Por supuesto que hay cosas que hacer, pero en el Partido Verde preferimos que se extremen precauciones antes que se acelerar innecesariamente procedimientos que podrían poner en riesgo la integridad física e incluso la vida de nuestros niños. No podemos dejar de señalar que fueron casi 19 mil planteles educativos con afectaciones en distintos grados y que tan solo el recuento de daños implica ya de por sí un esfuerzo muy importante.
Igualmente, estamos conscientes de que existe la necesidad de los padres, de encontrar alternativas para cuidar a sus hijos en tanto no van a la escuela, sin embargo, también estamos convencidos que cualquiera de los que nos encontramos aquí y principalmente quienes somos padres de familia, tenemos que ponderar la necesidad y la certeza de que las instalaciones en que estudian nuestros hijos cuenten con las condiciones adecuadas para garantizar su seguridad.
No obstante, creemos pertinente sumarnos a la solicitud hecha en el presente exhorto, sabemos que hoy es muy importante no dejar de trabajar hasta lograr que el 100 por ciento de nuestros estudiantes regresen a clases, pero siempre con estricto apego a las medidas de protección civil que nos permitan estar tranquilos respecto a su seguridad.
Por lo anterior, a nombre de quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde, además de anunciar nuestro voto a favor del presente punto de acuerdo, refrendamos nuestro compromiso de trabajar conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública en la construcción y ejecución de acciones que abonan al fortalecimiento del sector educativo como uno de los ejes prioritarios y sobre todo necesarios para brindar a los niños y niñas de nuestro país un mejor futuro. Es cuanto.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Márquez Alvarado. Tiene el uso de la tribuna el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.
El diputado Jorge Álvarez Maynez: Buenas tardes, compañeras, compañeros. Me da gusto que esta fuerza política que debe representar a las maestras y a los maestros de México, hoy traiga este tema a la discusión. Lo que se ha vivido en México, en la reacción que ha tenido el secretario de Educación, el precandidato fallido a la Presidencia de la República, Aurelio Nuño, es de verdad espeluznante.
El día de hoy, mes y medio después de los desastres naturales que vivimos, hay más de medio millón de niñas y de niños que no pueden ir a la escuela por la incapacidad del gobierno federal para atender ese problema, que es un problema estructural.
No podemos culpar a la naturaleza del olvido, de la desigualdad. Tiene el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación reiterándonos año tras años, en sus directrices, en su informe anual, que el problema de la educación es la desigualdad de la inclusión, y justo los estados que están viviendo la peor parte de esta crisis no han sido atendidos, o han sido supuestamente atendidos.
Uno de los programas que el gobierno de la República y el secretario Nuño ha presumido aquí constantemente, es el de Escuelas al Cien. Este año presupuestamos en Escuelas al Cien muchos de los planteles que están siendo dañados y se supone que se debieron haber ejercido para febrero, para julio, para agosto, millones de pesos en la seguridad estructural de sus escuelas.
Esta es la escuela Lázaro Cárdenas, en Puebla, que es una de las afectadas por el sismo y que este año debió haber ejercido, tenía presupuestados alrededor de dos millones de pesos, para reforzar la seguridad estructural. No se ejerció un solo peso, porque este gobierno, además de corrupto, es muy ineficiente, se tarda mucho en bajar los recursos a donde se necesitan.
También pasó lo mismo con la escuela primaria Leona Vicario, en Puebla. Son algunos de los ejemplos de las Escuelas al Cien, que se anunció aquí con bombo y platillo, pero que en los hechos es una forma más de endeudamiento del gobierno federal y que ni siquiera compite en monto con los negocios del sexenio.
Este gobierno ha gastado, tan solo en publicidad oficial y en repartir tablets, que fue un jugoso negocio, que la UNESCO ha dicho que no tuvo resultados en la calidad educativa, que la propia Auditoría Superior de la Federación y aquí a la Comisión de Vigilancia nos ha dicho, que no ha tenido los resultados pactados, ha generado todo un desperdicio de recursos públicos de 20 mil millones de pesos en lo que tiene que ver con publicidad oficial, le ha destinado más recursos a eso que a la infraestructura educativa.
Y, ¿qué ha hecho Aurelio Nuño en los últimos días? Campaña, el ridículo, no ha faltado a las reuniones de la CNC aunque no tenga nada de campesino, no ha faltado a placearse con los gobernadores, anda en la selfie, anda buscando a Frida Sofía, que Televisa le ordenó que montara un espectáculo alrededor de una niña que se inventaron y el secretario de Educación, que no le pone nombre propio a ninguno de los niños, a ninguna de las niñas de México, ha dedicado su tiempo exclusivamente a su precandidatura presidencial.
Lo peor, es que echó por la borda la reforma educativa por esa precandidatura y que tampoco ni él ni ningún candidato que surja del PRI, va a ser presidente de la República, porque este país va a levantarse de los escombros.
Si se pudo hacer una fuerza ciudadana para enfrentar lo que no tuvieron la capacidad institucional de hacer las autoridades, también se va a poder en el 2018. Así que Nuño, por vergüenza, debería de irse de la Secretaría de Educación Pública.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Álvarez Maynez. Tiene el uso de la tribuna la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.
La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana: Buenas tardes, presidente. Diputadas, diputados, en un comunicado del día de hoy, la Secretaría de Educación Pública informa que se reanudan actividades en 67 mil 621 escuelas más, en Chiapas, estado de México, Morelos, Oaxaca y Puebla.
Las autoridades educativas de las entidades reportan, que en total en Chiapas han regresado a clases 18 mil 890 escuelas, lo que representa 94 por ciento de los centros de trabajo. En el estado de México han regresado a clases 19 mil 867 escuelas, es decir, 94 por ciento. Mientras que en Oaxaca y Puebla hubo avance de 89 y 96 por ciento, con 12 mil 978 mil y 13 mil 733 centros escolares, respectivamente.
En Morelos regresan a clases mil 956 escuelas, alcanzando 55 por ciento. Y en la Ciudad de México han regresado el 95 por ciento de los alumnos a clases.
A casi 2 meses del primer temblor y mes y medio del segundo sismo, es impensable que todavía tengamos este rezago en el regreso a clases. El punto de acuerdo que hoy votamos señala en sus consideraciones que además de poner en riesgo el derecho de las y los niños a la educación, existen más implicaciones que tienen qué ver con la salud psicológica de los mismos, con la vida laboral de los padres de familia. Y podemos agregar de que si no se toman medidas urgentes al respecto, se perderá en algunos casos el año escolar.
Tenemos que garantizar el bienestar integral de las personas afectadas de cualquier forma por los sismos. El respeto a los derechos humanos, la transparencia y la accesibilidad deben de ser ejes rectores en la actuación de los entes públicos en todo el proceso de reconstrucción de los estados afectados.
La SEP debe ser eficiente, accesible y transparente para este proceso de reconstrucción, con participación de especialistas de los sectores público y privado, nacional y local, y procurando coordinación con las autoridades estatales y municipales.
En Morena demandamos una reconstrucción con una política de comunicación que garantice el acceso a la información, la observancia de la austeridad a favor de la reconstrucción y democracia, la dignificación de la política con la construcción de acuerdos a favor de la sociedad y el establecimiento de la honestidad como eje rector de este proceso de reconstrucción. Es por eso que en Morena votaremos a favor este punto de acuerdo.
Sin embargo, demandamos que el dinero que pretende gastar la SEP en la renta del lujoso edificio al sur de la Ciudad de México, que costará 34 millones al mes, nada menos que durante los próximos cinco años, con un monto aproximado de mil 740 millones de pesos, este monto sea utilizado precisamente en escuelas con instalaciones seguras y funcionales conforme a las disposiciones de protección civil. Muchas gracias por su atención.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada Aceves Pastrana. Tiene el uso de la tribuna la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.
La diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa: Señoras, señores diputados. Con su venia, presidente. Los terremotos que vivimos recientemente nos han demostrado lo repentino que actúa la naturaleza. Nos han puesto a prueba de muchas formas, nos han demostrado la importancia de la prevención para saber qué hacer en caso de que ocurran crisis como la del mes pasado.
El Estado mexicano debe contar con estrategias efectivas para garantizar la seguridad de la población, en especial de la más vulnerable y que esta pueda llevar a cabo sus actividades de la mejor manera posible.
Lo sucedido ha afectado de forma especial a la niñez mexicana, ya que las escuelas fueron particularmente afectadas. El primer terremoto ocurrido el 7 de septiembre, que golpeó las entidades de Chiapas y Oaxaca dejó más de 2 mil escuelas con severos daños estructurales. Esta situación empeoró con el segundo terremoto del 19 de septiembre, añadiendo 116 mil 136 planteles a los ya afectados. La reconstrucción y arreglo de los centros educativos no será una labor sencilla, debido a los profundos daños que sufrieron.
A más de un mes del terremoto del 19 de septiembre aún quedan niñas y niños que no han regresado a clases. Por supuesto que se hace necesario exhortar a las autoridades para agilizar el regreso a clases en las zonas afectadas. Sin embargo, también es necesario privilegiar la seguridad de los niños en los planteles educativos.
El secretario Nuño estableció como plazo a más tardar el día 6 de noviembre para que se dé el regreso a clases completamente. Estamos cerca de cumplir con este plazo, pero aún faltan miles de estudiantes por regresar a clases.
Es imperativo que este proceso se dé de la manera más ágil posible si se quiere cumplir con esta meta, pero debemos insistir: la seguridad debe ser la prioridad antes de un aventurado regreso a la actividad de las escuelas.
Amigas y amigos, en Acción Nacional siempre hemos sostenido que la educación en México es un asunto impostergable. Sin embargo, en situaciones de crisis es necesario que actuemos con seriedad y con prestancia.
El exhorto que hoy hace Nueva Alianza y al cual nos sumamos tiene que ir en la dirección sí de hacer un llamado por el pronto restablecimiento de las actividades académicas pero también a dar pie a que en México haya una infraestructura de mejor calidad, con la capacidad de resistir cualquier terremoto y cualquier inclemencia de la naturaleza. Eso es lo que merecen nuestros niños, escuelas de calidad en todos sentidos. Es cuanto.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Luz Argelia Paniagua. Tiene el uso de la tribuna, la diputada Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.
La diputada Hortensia Aragón Castillo: Muchas gracias, presidente. Primero reconocer la pertinencia del punto de acuerdo que plantea el Partido Nueva Alianza. Segundo, comentarles que la Comisión de Educación ha tenido diversas reuniones de trabajo con este tema que son los efectos de los sismos en la infraestructura educativa de todas las escuelas de estos ocho estados de la República que se vieron afectados, y de manera muy clara, directa, con el subsecretario de educación básica recientemente y con el director de infraestructura educativa nacional y ahí se fue planteando una ruta de incorporación de los alumnos a las escuelas.
Nosotros podemos plantear y estamos de acuerdo en que se haga de manera más rápida el regreso de los alumnos a las escuelas. Lo que no podemos hacer es substituir todo el proceso técnico que les dé seguridad a los alumnos en el regreso a sus escuelas. Podemos hacer un exhorto para que se agilicen los procedimientos, pero no podemos solicitar que se incorporen sin que esos procedimientos hayan sido cabalmente atendidos.
No estamos hablando de cualquier circunstancia. Estamos hablando de la afectación de más de 11 mil escuelas en el país. Estamos hablando de opiniones que más allá del interés justificado que los padres pueden tener –de familia– por el regreso inmediato de los hijos a las escuelas prevalece el interés de la seguridad.
Y en este recorrer de informes que nos han presentado, nosotros ponemos el acento en la seguridad de los niños, niñas y adolescentes en México, que tienen que regresar a las escuelas.
El ciclo escolar, se ha planteado también de manera flexible pueda ser atendido como las mismas escuelas –una vez regresando a la normalidad– puedan plantearlo en horarios sabatinos, en los días de puente en la recuperación de más horas clase. Ese sí no debe de ponerse en riesgo tampoco.
Avalamos la petición pero ponemos en el Partido de la Revolución Democrática el acento en la seguridad principalmente de los niños y niñas que van a asistir a clases a los inmuebles que fueron mediana, regular y muy afectados, y que sea bajo las condiciones específicas que garanticen que están suficientemente en forma para recibir a alumnos y que no sea la presión de otra naturaleza la que nos lleve a tener accidentes de los cuales después podamos arrepentirnos. Muchas gracias.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Hortensia Aragón. No habiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría en votación económica si el punto de acuerdo se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con el artículo 76, fracción IV de nuestro Reglamento, tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades que ejercen material o formalmente funciones ejecutivas en Baja California y en toda la República mexicana, a orientarse bajo los principios de certeza, legalidad, honradez, independencia, lealtad, imparcialidad, objetividad, eficiencia y profesionalismo, al fallar en todo tipo de licitaciones y concursos públicos apartándose de cualquier criterio electoral de amistad y de partido. Adelante, diputada.
La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Gracias, presidente, con su venia. Honorable asamblea, buenas tardes. Subo ante esta tribuna sumamente molesta, dolida, hasta con rabia por lo que está sucediendo en mi estado Baja California. Desgraciadamente contamos con un gobernador panista insensible, ajeno a los problemas de la gente, sin corazón, cuyo único fin es el acrecentar su cada vez más abultada cartera.
Quiero solicitar su solidaridad y aprobación al punto de acuerdo de urgente resolución que se presenta, mediante el cual se solicita se gire exhorto respetuoso pero enérgico a las autoridades que ejercen material o formalmente funciones ejecutivas en el estado de Baja California y en toda la República Mexicana a que se orienten por los principios de certeza, legalidad, independencia, honradez, imparcialidad, lealtad, objetividad, eficiencia y profesionalismo al fallar en las licitaciones y concursos públicos que se les presenten tomando siempre como consideración a la población y al Congreso local, alejándose, por tanto, de cualquier criterio electoral partidista o de amistad, considerando en todo momento la Ley de Disciplina Financiera en las Entidades Federativas y sus Municipios y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de su estado.
El gobernador de Baja california Francisco Arturo Vega de Lamadrid, ha realizado una serie de asignaciones directas y de licitaciones a escondidas, a través de las cuales otorga a sus amigos, socios de sus negocios particulares y parientes de otros funcionarios de Estado una serie de construcciones y obras públicas, utilizando indebidamente la figura de las asociaciones público privadas.
Dos ejemplos: el otorgamiento a favor del senador panista Víctor Hermosillo Celada, de la construcción del periférico denominado Aeropuerto Zapata doble piso de Playas de Tijuana por 12 mil millones de pesos, pagaderos a 27 años, con derecho además de cobrar peaje por la utilización de dicho tramo. Negocio redondo, señores.
La construcción de dos plantas desalinadoras que casualmente va a construir el tío del exsecretario de Finanzas Antonio Valladolid y del actual secretario de Fomento Agropecuario Manuel Valladolid en el poblado de San Quintín, y otra en el municipio de Playas de Rosarito, endeudando al estado por una suma inicial de 9 mil millones de pesos más IVA por los próximos 37 años, cuando se tiene garantizado el abasto hasta por lo menos el año 2028, según datos proporcionados por Conagua.
Afortunadamente los bajacalifornianos se cansaron de tanta corrupción y desgobierno, por lo que han realizado una serie de manifestaciones por todo el estado, que han impedido se apruebe el dictamen correspondiente y que será reversa a la modificación de la Ley del Agua, y que lo habían aprobado los diputados locales del PAN, PRD y MC.
Tan solo la construcción de esas desalinizadoras que ahora ya bajaron de nivel y solo se van a quedar en desaladoras, para poder vender el agua que viene del río Colorado al vecino estado de California.
Se quintuplica la deuda estatal y se eleva el costo del agua para los habitantes en un 92 por ciento, afirmaciones estas que originalmente no las hago yo, la hizo el diputado local panista Miguel Antonio Osuna Millán, quien fue el único de esa bancada que se atrevió a oponerse al gobernador.
Así las cosas al cobrarse su derecho por el uso de agua al que además va a ser incrementado sustancialmente, resulta imposible que esa obra tan necesaria sea de rentabilidad social, ya que no beneficia a la sociedad, tan solo a los particulares que habrán de ser concesionarios.
De lo anterior se colige que al momento que familiares y amigos tanto del gobernador como de funcionarios públicos del estado, acuden a una licitación como el tío del actual titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario, donde quienes deciden son los miembros de su partido con los que han entablado una amistad y fraternidad.
Esto no actúa libres de prejuicios o intereses de cualquier índole ni con independencia de criterio por lo que no preserva la imparcialidad ni la objetividad a que se encuentran obligados.
Por lo tanto, para evitar suspicacias futuras en asuntos similares para otorgar claridad y certeza a todos los participantes de licitación pública en cualquier entidad federativa, es que propongo el presente punto de acuerdo, y no permitamos que eso se repita. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputada García Soberanes. Para los efectos del artículo 100 de nuestro Reglamento, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si el punto de acuerdo se considera de urgente resolución.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvase manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se considera de urgente resolución. En consecuencia tiene el uso de la tribuna la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.
La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez: Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. Con la venia de la Presidencia. En el marco de profunda transformación de nuestro país, iniciado hace cinco años, los mexicanos debemos dejar de ver como algo normal que nuestras autoridades ocasionen algún deterioro al patrimonio público en beneficio propio.
Con ese propósito es indispensable llevar a cabo la revisión que el Poder Legislativo federal debe ejercer sobre el trabajo de las autoridades de nuestro país, siempre con respeto a los principios y atribuciones señalados por nuestro texto constitucional vigente.
Al respecto es fundamental recordar que nuestro carácter de diputados federales constituye un deber constante pronunciar una postura clara en torno a los acontecimientos conocidos por esta soberanía, consistentes particularmente en la asignación de diversas obras bajo el esquema de asociaciones público-privadas en el estado de Baja California.
Asimismo, deben considerarse las implicaciones económicas que conlleva este asunto, las cuales amenazan con originar uno de los mayores endeudamientos para un gobierno estatal en la historia.
Estamos convencidos de que la solución del conflicto no consiste solamente en pronunciarnos por exhortar a las autoridades del Estado a conducirse bajo los principios de legalidad, honradez, independencia, lealtad, imparcialidad, objetividad, eficiencia y profesionalismo en los procesos de licitación o de asociación público-privada, sino en verdad de que se garantice en la practica la tutela de los intereses de la población sin comprometer la viabilidad de las finanzas públicas.
Es lamentable enterarnos de casos en los que los titulares de empresas ganadoras de proyectos de infraestructura de gran impacto económico y social resultan ser familiares o amigos cercanos de funcionarios, sino también lo es que los mecanismos de financiamiento de dichas obras impliquen endeudar a los ciudadanos.
Se presume que de aprobarse la construcción de las desaladoras de Rosarito y de Ensenada, además de las obras de drenaje para Mexicali, el actual gobierno del estado de Baja California heredaría una deuda de 82 mil millones de pesos para los próximos 37 años, mismos que habrán de pagarse con los recursos recaudados por los organismos operadores de agua potable en cada municipio.
En ese sentido, serán necesario destinar lo recaudado vía el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, que constituye una importante fuente de ingresos para el estado, así como de incrementar un 92 por ciento el valor de cada metro cúbico de agua, poniendo con ello en riesgo el desarrollo y bienestar de un gran número de familias.
Por todo lo anterior, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México suscribimos esta proposición con punto de acuerdo presentada por nuestra compañera del Partido Encuentro Social, pues estamos convencidos de que deben señalar y condenar las presuntas irregularidades por parte de los gobiernos estatales en cuanto a la asignación de obra pública. Es por ello que en este acto reiteramos...
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputada.
La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez: ... de que los gobiernos estatales orienten su actuación en todo momento por los principios de certeza, legalidad, objetividad, eficiencia y profesionalismo dentro de los procesos licitatorios y concursos públicos, dejando de lado cualquier otro tipo de criterios en los términos establecidos por nuestra Constitución Política y las leyes existentes en la materia. Es cuanto, presidente, y disculpe si tomé unos minutos de más.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Guevara Jiménez.
Tiene el uso de la tribuna el diputado Roberto Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena hasta por tres minutos.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señor presidente. Muy buenas ardes tengan todos ustedes los presentes, y muy especial al pueblo de México.
Tengo bien a posesionar a Morena en relación con este punto de acuerdo, en el que se exige a las autoridades del estado de Baja California a que actúen con honradez y respetando las disposiciones legales que favorecen a los ciudadanos, que garantizan los servicios públicos como el agua, y obligan a mantener la salud de las finanzas estatales.
Esto último cobra especial importancia porque en estos momentos se analiza, por cierto con gran premura, una iniciativa que firmaron el PRI, el PAN y el PRD, para flexibilizar la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios, sin haber considerado si la normatividad vigente cumplió o no con los objetivos que se propusieron quienes la promovieron.
Hoy tienen mucha prisa para flexibilizar la disciplina que hace apenas poco más de un año consideraban que debería de ser sumamente estricta.
Es importante este punto de acuerdo, porque cuestiona que a pesar de la mencionada Ley de Disciplina Financiera, los ejecutivos estatales siguen actuando con gran discrecionalidad, afectando a grandes segmentos de la población.
El punto de acuerdo que está a discusión denuncia que el gobernador de Baja California, el señor Kiko Vega, licitó en un esquema de inversión público privada la construcción de dos plantas desalinizadoras, una en San Quintín y la otra en el municipio de Playas de Rosarito, endeudando a Baja California en nueve mil millones de pesos por los próximos 37 años.
Como consecuencia de un masivo rechazo ciudadano, por ejemplo el movimiento Mexicali Resiste, el Ejecutivo estatal y los partidos del PAN, del PRD y el MC locales, que aprobaron una iniciativa, tuvieron que corregir de modo que ahora el gobernador busca cambiar su proyecto de desalinizadoras a desaladoras. Cabe recalcar que se pretendía entregar 50 millones de galones diarios a los Estados Unidos. Ahora, con el mismo costo y con una creciente carga para los ciudadanos, pero con muchos menores alcances.
Lo más grave es que el esfuerzo del Ejecutivo estatal no puede desligarse de la posibilidad de las empresas que ganaron la licitación de vender agua potable a California, Estados Unidos, o en su caso crear esquemas que permitan atender las necesidades de inversiones, como el que la Cervecería Constellation Brands, que en Mexicali han puesto en riesgo el suministro de agua potable para la población, en la cual –cabe recalcar y hago mención– que se pretende entregar a esta empresa más de 20 millones de metros cúbicos, siendo que actualmente la región del estado de Baja California, especialmente el Valle Mexicali sufre de una sequía, y que la aprobación y puesta en marcha de dichos acuerdos ha llevado a cabo en su total opacidad y en la cual en su momento propuse un punto de acuerdo.
Si bien porque estamos en contra de estos abusos, porque el agua es un bien fundamental y porque consideramos que la transparencia y la disciplina financiera deben ser instrumentos claves para el desarrollo de las políticas públicas, en Morena votaremos a favor de este punto de acuerdo en contra de la discrecionalidad del gobierno de Baja California. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Cañedo Jiménez. Tiene el uso de la tribuna la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Erika Irazema Briones Pérez: Con su permiso, diputado presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. Sin duda alguna creemos que los resolutivos del punto de acuerdo son indiscutibles y deben ser observados y deben ser acatados por el gobernador de Baja California, pero también, de igual manera, para el gobernador de Chiapas, principalmente para el gobernador del estado de México.
Ahí donde cada licitación no hay solo una sospecha, no hay solo una simple presunción, sino una total certeza de que existe un compadrazgo con empresas como OHL o Grupo Higa.
El resolutivo propuesto nos habla de principios inobjetables y la proponente del punto de acuerdo bien hace en tratar de extender el exhorto a todas las entidades federativas. Sin embargo, se argumenta en contra de un solo gobernador y además con un tema que es de suma importancia, vital y delicado, como lo es el agua.
Pues entonces, debemos ser más justos y empezar, por ejemplo, con la propia Conagua, con el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, que en abierto desacato a las resoluciones emitidas por la Suprema Corte, se empecina en elevar la cortina de la presa El Zapotillo en prejuicio de los productores de Jalisco. Pero en claro y abierto beneficio de la compañía La Peninsular, de Carlos Hank, que además de ser constructor preferido, es integrante del Grupo Atlacomulco. Gran casualidad.
De pronto también, el Partido Encuentro Social, pues le da un repentino ataque de preocupación por el agua. En esta Cámara se avaló el brutal recorte a los programas de agua que hoy afectan el abasto de ciudades como Mexicali, Ensenada o Tecate.
Fueron 9 mil millones los que se le quitaron a las entidades federativas, a través del programa Proagua. Y casi 3 mil millones de usuarios de riego. Y encuentro social, pues en ese caso no se dignó a presentar alguna reserva al respecto en la pasa discusión del presupuesto.
Saludamos y deseamos que se mantengan firmes en esa postura y que no sea solo una consigna de ocasión.
La situación de la gestión del agua en Baja California es sumamente compleja. En el estado en general y en el Valle de San Quintín, en particular, el régimen de participaciones es de apenas 100 milímetros de lluvia al año, y no es nada diferente al del otro lado de la frontera. La sequía está afectando severamente a toda la cuenca del Río Colorado.
Las aguas subterráneas del acuífero 0221 de San Quintín, tienden al agotamiento por sobreexplotación y el principal responsable de ello es la Conagua, al sobre concesionar y al permitir la explotación clandestina en actos abiertos de corrupción.
Es importante establecer medidas preventivas para evitar el desabastecimiento de agua en la frontera, que es parte de los acuerdos bilaterales de México y Estados Unidos en el marco de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.
Si es necesario reponer el proceso licitatorio, que se reponga. Si existe una determinación técnica y fehaciente para cancelar la construcción de las plantas de salinizadoras en función de la calidad del agua que produzcan, entonces deberán de ser canceladas.
Por tal motivo es que estamos solicitándole a la diputada proponente que en plena congruencia con el sentido del resolutivo tenga a bien hacer extensivo el exhorto al Ejecutivo federal por conducto de la Comisión Nacional del Agua. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputada. Gracias, diputada Briones Pérez. Tiene el uso de la tribuna el diputado José Teodoro Barraza López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Teodoro Barraza López: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, no deja de sorprenderme la vehemencia con la que la diputada compañera de Baja California, Cynthia Gissel García Soberanes, presentó el exhorto que hoy en día, en este momento nos tiene en esta discusión.
Yo quisiera hacer del conocimiento de todos ustedes que desde que inició la administración del licenciado Francisco Arturo Vega de la Madrid, al arranque de su administración ya tenía un plan estratégico para el estado de Baja California, y posteriormente plasmado en el plan estatal de desarrollo, de la importancia de darle soberanía hídrica a la zona costa de nuestro estado.
En tal virtud y en fundamento a que la fuente y abastecimiento del río Colorado no es una fuente inagotable, y con la asunción en este caso del presidente Donald Trump, ante la incertidumbre que genera su administración en política pública hacia los mexicanos, es por eso que el gobernador insistió muchísimo e hizo las gestiones necesarias ante el gobierno federal, llámese Semarnat y Conagua, a fin de que se autorizaran los proyectos de desalinización en la zona costa de nuestro estado.
Para ser específico, tres proyectos: uno, en la administración del licenciado José Guadalupe Osuna Millán, la planta Aguas de Ensenada para la ciudad de Ensenada, que sufre precisamente de abastecimiento del vital líquido.
Y también hablar de la planta de salinización en San Quintín, en el valle de San Quintín, que ciertamente llevará agua para el desarrollo de esa región de San Quintín, próspera en la agroindustria. Pero también hay que referirnos a que va a resolver el problema del vital líquido a más de 60 familias del valle de San Quintín, que viven en situaciones deplorables.
Me parece que traer un exhorto de esta naturaleza y señalar deficiencias en el manejo de la política pública hacia los sectores vulnerables de nuestro estado no merece ser expuesto por alguien que se dice ser bajacaliforniano.
También decirles que la planta de salinización en Rosarito en una planta, la más grande que habrá en Latinoamérica, y que precisamente busca resolver el problema del vital líquido en nuestro estado para su desarrollo.
Y señalando los procesos licitatorios y la constitución de asociaciones público-privadas, para nosotros está claro que el manejo transparente en que se ha dado esto está dentro del marco de la legalidad.
No nos oponemos a la transparencia, simplemente hay que decir las cosas como son. Esto se ha llevado en el marco de la legalidad, tan es así que actualmente estos proyectos se encuentran a discusión en la soberanía del estado, es decir, en la representación popular en la Cámara de Diputados del Congreso de Baja California.
Y decirles a ustedes que han sido muy coherentes las fuerzas políticas en nuestro estado, porque recientemente aprobaron un proyecto plurianual en un C5 inteligente para efectos de reforzar las tareas de seguridad pública en nuestro estado, que no es exclusivo de nuestro estado, sino es una problemática que vive en muchos estados de nuestro país y ahí el legislativo por mayoría calificada aprobó precisamente este proyecto plurianual.
Y decirles por último, que los proyectos de salinización que están actualmente a discusión del Congreso están en un proceso deliberativo, para efectos de que la decisión que tomen quienes conforman ese cuerpo colegiado tomen la decisión que más convenga a los habitantes de nuestro estado.
Finalmente decirles a ustedes que yo espero que el exhorto que hace la diputada, no provenga de una situación personal familiar con una institución como es la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, porque se ve afectada en su interés de unas situaciones de afectación precisamente o de un ducto que pasa por la CESPT y en sus requerimientos de resolver el problema solicita cifras estratosféricas para poder resolverlo. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado José Teodoro Barraza López. Tiene el uso de la tribuna, la diputada Nancy Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.
La diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo: Gracias. Con su venia, presidente. Compañeros diputados, no es casual que la mayor parte de las fuerzas políticas aquí representadas nos sumemos a este punto de acuerdo. No es casual tampoco, que quienes se sienten agraviados hacen uso de todos los argumentos que pueden y que tienen en sus manos para decir que las fuerzas políticas de Baja California los apoyaron.
Los apoyaron porque desgraciadamente no consultaron y no escucharon al pueblo de Baja California. Quiero dejar algo muy claro, no estamos en desacuerdo que el agua le llegue a San Quintín. Queremos que San Quintín tenga agua. Queremos que Ensenada tenga agua. Porque Ensenada y el sur del estado está deshidratado desde hace décadas, tantas décadas como gobiernos panistas tiene Baja California.
Como bajacaliforniana, como priista, no puedo más que estar de acuerdo en este punto de acuerdo que presenta la diputada Soberanes, y nos sumamos al sentir general de una sociedad agraviada por los abusos de poder, vengan de donde vengan.
Efectivamente, los gobiernos estatales de Baja California y también el municipal de Tijuana, pretenden comprometer los recursos públicos de los ciudadanos por casi 37 años. El endeudamiento de Baja California alcanzaba ya niveles históricos acortando la capacidad de maniobra de las futuras generaciones.
El gobierno de Baja California ha tenido el mejor presupuesto de todos los tiempos y lo podemos probar, porque ahorita escuchábamos y leíamos la reacción del panismo de Baja California ante este posicionamiento y esta postura, y están pidiendo pruebas. Por supuesto que tenemos las pruebas y cuando quieran se las podemos presentar de 1 por 1.
Ha tenido más que ninguno, pero también se ha endeudado más que nunca y de paso se cruza de brazos en esa responsabilidad, concesionando a particulares edificaciones de seguridad y suministro de agua. Esto significa que de los recursos que envía al estado, el dinero enteramente es gastado y se va a gasto corriente. Los servicios que debe proveer los concesiona a particulares pero para que paguen los usuarios.
Esto va más allá. El esfuerzo de esta Cámara de Diputados de aprobar una Ley de Responsabilidad Financiera para Evitar el Endeudamiento de los Estados está siendo vulnerado, y Baja California encabeza la lista de los estados que vulneran este pacto.
Varios gobernadores también lo están haciendo encontrando la forma, pero sin reconocerlo abiertamente, dejan endeudado al estado para las próximas 4 o 5 generaciones. Ambiciosos, insaciables.
Algunos se adelantan a los términos legales, inician las obras sin tener autorización y luego intentan criminalmente chantajear a la sociedad para que les aplauda. Senadores, el propio gobernador, funcionarios del gobierno estatal se han enriquecido en estas tres décadas que tienen gobernando el estado –y a las pruebas me remito.
No es posible, no nos equivoquemos. Las asociaciones público-privadas son altamente recomendables porque maximizan la capacidad de respuesta del estado.
El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputada.
La diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo: Concluyo, presidente. Pero siempre son para obtener mayores beneficios para los ciudadanos, no como en Baja California, cuyos acuerdos son contratados a los intereses solamente de los funcionarios estatales, empezando por su gobernador. Hay que reconocerlo, señores, tienen un pésimo gobierno y una sociedad agraviada y lastimada. Y seguiremos diciéndolo.
Y nada más de acuerdo en su punto de acuerdo, la fracción parlamentaria del PRI apoyamos este punto de acuerdo, diputada Soberanes. Gracias.
El diputado Jorge Ramos Hernández (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Me está pidiendo la palabra, desde su curul, el diputado Jorge Ramos. Me dice el diputado con qué objeto. Sonido en la curul del diputado Ramos.
El diputado Jorge Ramos Hernández (desde la curul): Sí, presidente, muchas gracias. Es para precisión de hechos.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: A ver, permítame, diputado. Lea por favor la Secretaría el artículo 113, fracción I que se refiere, fracción II que se refiere al tratamiento de los puntos de urgente y obvia resolución.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Claro que sí, presidente. Artículo 113, fracción II: Cuando concluyan las intervenciones de los oradores el presidente preguntará al pleno, quien resolverá a través de una votación económica si el asunto está suficientemente discutido.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Ahora lea la fracción I.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Fracción I: A través de una lista de oradores uno por cada grupo, así como un diputado o diputada independientes propuesto entre ellos, quienes podrán hablar hasta por tres minutos.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Luego entonces cuando los grupos parlamentarios pactan las proposiciones con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, una por cada grupo parlamentario, no ha lugar la rectificación de hechos. Pregunte la Secretaría si está suficientemente discutido. Si decide que no, le daré la palabra al diputado Jorge Ramos.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación) Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Le ruego una disculpa, mi querido amigo don Jorge Ramos. Continúe la Secretaría. Pregunte si se aprueba.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Comuníquese, aprobado.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Pasamos a los puntos de acuerdo de los órganos de gobierno. Continúe la Secretaría, por favor.
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a los hechos sucedidos en el municipio de Benito Juárez del estado de Quintana Roo, relativos a la aplicación de medidas de aseguramiento impuestas ante la persona moral First National Security desde el pasado 9 de octubre de 2017
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a los hechos sucedidos en el municipio de Benito Juárez, estado de Quintana Roo, el pasado 9 de octubre de 2017, y consulte la Secretaría si es de aprobarse, en votación económica.
La secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: En votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a los hechos sucedidos en el municipio de Benito Juárez en el estado de Quintana Roo el pasado 9 de octubre de 2017. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado, comuníquese.
El diputado José Luis Toledo Medina (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Me pide la palabra, desde su lugar, el diputado José Luis Toledo, se la concedo por un minuto. Es en relación a este punto de acuerdo.
El diputado José Luis Toledo Medina (desde la curul): Gracias, presidente. Primero enfatizar en la importancia de llegar a las últimas consecuencias de esto que es, de verdad, indignante para los quintanarroenses. La autoridad debe respetar siempre los derechos humanos cuando se trate de cualquier actuación que afecte bienes y derechos, así lo constata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 14 y 16.
Quiero agradecer a la Junta de Coordinación Política la importancia que le ha dado, y solicitarle, señor presidente, como ha sido notificado para nosotros, nos informe de la reunión que hoy tendremos, y pedirle –si es tan amable– su presencia para acompañar a los diputados de Quintana Roo y poder reunirnos con la gente de la PGR y de la SEIDO.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señor diputado. Con mucho gusto, haciendo eco a los esfuerzos de la Junta de Coordinación Política y de todas las fracciones parlamentarias que se unieron a este punto de acuerdo. Muchas gracias.
Me pide la palabra, y se la concedemos por un minuto, la diputada Patricia Sánchez Carrillo, por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La diputada Patricia Sánchez Carrillo (desde la curul): Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Agradezco que me haya cedido el uso de la palabra. Y quiero referirme particularmente a estos sucesos que han verdaderamente levantado ámpula en el municipio turístico más importante de México sin un ápice de respeto.
Y, quiero referirme en particular a compañeras que han hablado de pésimos gobiernos, ese es el gobierno que estamos viviendo a nivel federal. Van a un lugar donde la sensibilidad debe prevalecer y actúan de manera grotesca, atacando los bienes de la sociedad que hoy verdaderamente se encuentra en un estado de indignación y de alerta. No lo podemos permitir.
Agradezco mucho, y espero que hoy podamos tener un acuerdo en beneficio de la sociedad. Cancún merece respeto. Somos mexicanos, no nos acerquemos por ningún motivo y por ninguna razón a pensar que estamos en Venezuela. Señor, exigimos respeto para Quintana Roo y para toda la república mexicana. Muchas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. La diputada Ivanova Pool Pech tiene la palabra hasta por un minuto sobre el mismo tema.
La diputada Isaura Ivanova Pool Pech (desde la curul): Gracias, presidente. Quiero agradecer a todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara de Diputados por la aprobación de este punto de acuerdo, en el que todos los diputados federales representados en San Lázaro estuvimos de acuerdo precisamente, porque este acto suscitado en Cancún viola la presunción de inocencia de todos los ciudadanos afectados con estas cajas de seguridad intervenidas por la SEIDO.
Este punto de acuerdo lo que pretende es ofrecerle garantías para recuperar a los ciudadanos sus bienes y valores, y que las autoridades de procuración de justicia de este país actúen con imparcialidad y con completo apego a la legalidad.
Ninguna persona en este país puede ser sancionada sin que le sea demostrada completamente su culpa y ninguna debe ser privada de sus derechos sin que sea demostrada su responsabilidad. Por eso le agradezco a cada uno de los diputados en el pleno que hayan aprobado este punto de acuerdo, que sin duda va a presentar un precedente en Quintana Roo. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchísimas gracias, señores diputados. Sus intervenciones quedan registradas en el Diario de los Debates y se incorporarán en lo correspondiente a la notificación que se hará a la Procuraduría General de la República, de este punto de acuerdo, sin dejar de resaltar la respuesta inmediata para que hoy mismo los señores diputados, todos ellos integrantes de las bancadas de Quintana Roo, se presenten y tengan una reunión en la Procuraduría General de la República con fundada razón, sin duda.
Con mucho gusto, de acuerdo con la Junta de Coordinación Política, esta Mesa Directiva acompañará sus gestiones.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos.
Por cinco minutos para fundamentar este dictamen, tiene la palabra el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, quien es además presidente de la comisión del ramo.
El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeros diputados y diputadas, buenas tardes.
El dictamen que presento a continuación es un dictamen que se votó en la Comisión de Transportes, presentado por la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, también una propuesta presentada por el Congreso del estado de Jalisco y también una propuesta presentada por un servidor.
No omito mencionar que este dictamen fue trabajado en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya que es la encargada y reguladora del ramo, y la que estaría a cargo de implementar estas reformas.
De inicio, el dictamen homologa el concepto de aeropuertos para la Ley de Aviación Civil y Ley de Aeropuertos, ya que al día de hoy estaban en distintas definiciones en las dos leyes. El dictamen crea una definición para los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia y otorga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la facultad para emitir la norma que regula a este tipo de aeronaves, usualmente conocidos como drones, ya que actualmente la Secretaría los regula a través de una circular administrativa interna, lo cual dejaba en estado de indefensión al regulador. Se trata pues de brindar mayores facultades a la Secretaría para regular y supervisar de mejor manera.
En segundo término, el dictamen busca subsanar algunas omisiones a la legislación vigente. De inicio, faculta a la Secretaría para revisar y certificar las instalaciones de operaciones de las fábricas de aeronaves que se establezcan en el país, ya que actualmente la ley solo considera la certificación de los talleres aeronáuticos y de capacitación en nuestro país.
Quiere decir que las fábricas que se están instalando actualmente no podrían ser certificadas por la Secretaría. Se obliga también a los concesionarios de los aeropuertos a obtener un certificado de su funcionamiento, el cual será otorgado por la Secretaría.
Hoy en día los concesionarios de todos los aeropuertos del país no tenían que tener ninguna certificación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se establece que esta certificación se haga de acuerdo a los estándares de las organizaciones de las asociaciones civiles internacionales.
Asimismo modifica el artículo 11 de la Ley de Aviación Civil, con el fin de que la Secretaría pueda expedir permisos de hasta un año para la prestación de servicios de transportes aéreos internacionales, cuando el país de origen de la aerolínea no tenga convenio internacional signada con México.
Finalmente, el dictamen actualiza el texto de la ley de término, del Código Civil Federal, Código Penal Federal, así como el de la Unidad de Medida de Actualización, en lugar de salario mínimo.
Compañeros legisladores, es un dictamen 100 por ciento técnico, que actualiza el marco legal de nuestro país a la realidad que vivimos hoy en día, por lo cual les pido su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputado Rodríguez Dávila.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Esta es una iniciativa que propone la diputada Lorena Alfaro García, y en su calidad de proponente se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos.
La diputada Lorena del Carmen Alfaro García: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con el permiso de la Presidencia. El día de hoy tenemos a nuestra consideración un dictamen cuyo contenido es de vital importancia, voy a explicar por qué.
Los avances tecnológicos han significado retos importantes en torno a la actualización legislativa y a la implementación de medidas de seguridad desde los tres órdenes de gobierno.
Es un hecho que pese al dinamismo con el que se crean, se actualizan y se reinventan las nuevas tecnologías, estas son aprovechadas con creatividad por los delincuentes y, en otros casos, son utilizados sin plena conciencia de las consecuencias que su mal uso pueden causar.
Así, los aparatos o instrumentos inventados para cumplir con ciertas funciones recreativas en las más de las veces, terminan siendo los medios idóneos para el crimen.
La falta de regulación y controles sobre artefactos, como los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia, mejor conocidos como drones, es un claro ejemplo. Dichos artefactos son sistemas que ofrecen una infinidad de prestaciones, sin embargo se han documentado casos en los que estos aparatos han sido utilizados para fines distintos a la investigación o a la diversión, basta mencionar lo ocurrido en días pasados en el estado de Guanajuato, cuando elementos de la policía federal detuvieron a 4 sujetos que manejaban un dron cargado de explosivos en la ciudad de Salamanca.
Estos sistemas han sido utilizados para la observación de personas, bienes e instalaciones, con distintos fines ilícitos, que van desde el robo o el secuestro hasta la vigilancia y obtención de datos de instalaciones estratégicas para la nación.
El Ejército en España, por ejemplo, cuenta con un sistema especial para derribar drones bomba, o en el Estado islámico es una forma nueva de ataque que utilizan. En agosto del año pasado, agentes de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos capturaron un dron que cargaba el equivalente a 46 mil dólares en metanfetaminas.
Otro aspecto a considerar, es el de la seguridad aeronáutica, ya que se han presentado situaciones de riesgo para pasajeros, tripulación y personas en tierra debido a la presencia de drones en las cercanías de los aeropuertos, según reportes de los propios pilotos y que incluso han colisionado con los aviones, como sucedió en Londres el año pasado.
Estos son solo algunos ejemplos, por ello se hace tan necesario que los drones dejen de regularse desde el ámbito meramente administrativo, a través de una circular que no es obligatoria para los particulares, y que se legisle para tener seguridad y certeza jurídica, así como un mejor control por lo que hace al uso y disfrute de estos aparatos.
Además, en esta propuesta se busca que se integre un registro aeronáutico mexicano, la información referente a todos los drones, para saber, en un momento dado, sobre quién recae la responsabilidad del uso de estos aparatos.
Por otro lado, se fortalece a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con la incorporación de nuevas facultades en materia de certificación y verificación de aeropuertos y fábricas de aeronaves.
Así pues, la Comisión de Transportes presenta a este pleno una reforma tanto a la Ley de Aviación Civil como a la Ley de Aeropuertos en Materia de Regulación de las Aeronaves Pilotadas a Distancia y de Seguridad Nacional.
Con la aprobación de este dictamen garantizamos la seguridad y la certeza jurídica en torno a la operación de los drones, así como la seguridad operacional de los aeropuertos con una estrecha vigilancia por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
El Grupo Parlamentario del Partido Acción tiene un serio compromiso de velar por la seguridad de los mexicanos. Es nuestra obligación buscar por todos los medios posibles que las familias mexicanas vivan en paz y se desarrollen de manera integral en un ambiente armónico.
Es por ello, compañeros, que les pido su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. No habiendo más oradores registrados se considera suficientemente discutido.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Abra la Secretaría el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos para votar en lo general y en lo particular. No se inscribió nadie. De acuerdo al 109 no hay reservas, por lo tanto votaremos en lo general y en lo particular en un solo acto.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
(Votación)
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: ¿Algún diputado o alguna diputada que haga falta de emitir su voto? El sistema sigue abierto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, secretaria. Cuando concluya un minuto, cierre el sistema.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: El sentido del voto del diputado Alfredo Herrera.
El diputado Alfredo Miguel Herrera Deras (desde la curul): A favor.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: A favor. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 397 votos a favor, 0 votos en abstención, 0 votos en contra, de un total de 397 diputados presentes.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobado en lo general y en lo particular por 397 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 19 de la Ley General de Protección Civil. Por cinco minutos para fundamentar este dictamen, tiene la palabra la diputada María Elena Orantes López. Ella pertenece al Grupo de Movimiento Ciudadano.
La diputada María Elena Orantes López: Muchas gracias, presidente. Me corresponde el posicionamiento en mi calidad de presidenta de la Comisión de Protección Civil, para el dictamen de iniciativa que adiciona una fracción del artículo 19 de la Ley General de Protección Civil. Haciendo esto hoy una realidad con una nueva ley creativa, innovadora, realista y que se compromete con los Acuerdos de Sendai en un México con un rostro diferente ante las vulnerabilidades de los fenómenos perturbadores.
Por eso en la comisión que presidimos, por unanimidad votamos y creemos que este adelanto en materia a poder fortalecer a la gente con discapacidad y a los grupos vulnerables que presenta la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del PRI, es a favor. Y les pedimos a ustedes que esta proposición que se hace pueda ser valorada, ya que plantea una enorme responsabilidad en este tema para poder coadyuvar en el desarrollo de los protocolos, anulando así y mermando, y sobre todo dando la facilidad a las personas que por alguna razón como adultos mayores con discapacidad y personas vulnerables ser atendidas de manera inmediata.
Hay varios argumentos a favor, pero me gustaría destacar que vivimos en un país con fenómenos perturbadores por parte de la naturaleza, como antropogénicos que diariamente están golpeando las distintas entidades federativas, a donde nuestro compromiso es prevenir, a donde nuestro compromiso de los legisladores es salvar las vidas y es por eso que como representantes de la nación atendemos este tipo de párrafos y propuestas que son indiscutiblemente las que mejorarán una ley en comento.
La ubicación geográfica de nuestro país nos expone a fenómenos hidrometeorológicos que día a día con lluvias atípicas o con sequías en la misma, genera estancias y momentos peligrosos. También tenemos zonas del país en que las afluentes y bosques plantean situaciones de riesgos por incendios, por inundaciones o por deslaves.
Es por eso que aquí, con base en la experiencia en las contingencias naturales hemos observado con atención que niñas, niños, adultos mayores, adolescentes, personas con discapacidad, que se encuentran actualizadas o que requieren la atención ante las afectaciones de la misma.
Se requieren programas preventivos por lo que hemos luchado a lo largo de estos años e la comisión que presido y como la que hoy la senadora expone ante ese pleno y es por eso que los albergues tienen que considerar normas y protocolos establecidos para poner a las niñas y a los niños con sus padres, con su familia para que el núcleo más importante de la sociedad pueda estar resguardado en albergues seguros, en albergues comunes sin separarlos, a la vez de mujeres y ancianos.
Tenemos que hablar de que puede haber la implementación de más apoyos, de que no puede inexistir un programa en la salud a la población damnificada, ya que después de cierto ciclo de estar permaneciendo juntos en un solo lugar empiezan pandemias sobre todo en los procesos de gripas y en lugares de la costa, donde a pesar de los protocolos no se pueden evitar.
Aunado a todo lo anterior, desde hace muchos años en nuestro país se está constituyendo a toda la población en situación de riesgo un nuevo programa que prevalezca una regla para poder evolucionar y para actuar institucionalmente, agregando todo tipo de esfuerzos como o hemos visto en la plataforma mundial, en la plataforma global y en los Acuerdos de Sendai que nuestro país ha impulsado.
Sin embargo, aún existen modelos sociales que no permiten en muchos de los municipios contar con este apoyo, por lo que solicito a todos y cada uno de ustedes votar a favor esta importante iniciativa que trae beneficio para las gentes más desprotegidas.
Es importante decirles que trabajar por la vida no tiene precio y prevenir sin duda siempre es vivir. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada María Elena Orantes López.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ha registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario el diputado Gianni Raul Ramírez Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y quien tendrá el uso de la palabra hasta por cinco minutos.
El diputado Gianni Raul Ramírez Ocampo: Muy buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El Partido Revolucionario Institucional hace este presente posicionamiento respecto al dictamen por el que se adiciona la fracción XXX al artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, estos 5 elementos.
Como número 1, debemos proteger a los más vulnerables. Asegurar el bienestar de todos es la primera responsabilidad de las naciones, en caso de una eventual contingencia, es menester que las niñas, los niños, los adolescentes, los adultos mayores y personas con discapacidad cuenten con el más efectivo respaldo del Estado, pues como dijera Gandhi: cuando más indefensa es una persona, más debe ser protegida.
México es susceptible al desastre natural. Los recientes sucesos que vivimos en nuestro país, evidenciaron lo que ya sabíamos. México es un país susceptible a los efectos adversos de los fenómenos naturales, aunque impredecibles, los desastres pueden prevenirse. Por ello no basta con implementar medidas que contribuyan a hacer frente a sus consecuencias.
Debemos emprender políticas públicas de prevención que atiendan a las necesidades específicas de todos los sectores de la población, en particular, a los más vulnerables.
Como punto número tres, el gobierno comprometido con México debe ser incluyente, firme con el compromiso de garantizar que todas las acciones públicas vayan encaminadas a asegurar que todos los mexicanos sin importar condiciones o situación, gocen de la misma protección por parte de sus gobiernos.
El presidente del país, Enrique Peña Nieto, ha creado la Estrategia Nacional de Inclusión, se integra a la coordinación de los tres niveles de gobierno con organismos de la sociedad civil para atender personas en situación de vulnerabilidad, ha generado un cambio de visión de la política pública dirigida a la atención de personas con discapacidad, no como un tema exclusivamente de salud, sino de inclusión social. Ejemplo claro la instalación del Sistema Nacional de Protección Civil, de inclusión a personas con discapacidad, conscientes de que sólo con derechos ofensivos para todos, la democracia debe ser tal.
Los diputados del PRI nos comprometimos en nuestra plataforma electoral para garantizar la protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Por eso hemos aprobado implementar acciones gratuitas y oportunas a niñas y niños menores de tres años que padezcan alguna discapacidad auditiva mediante procedimientos conocidos como implantes cocleares.
Asegurar que las personas con discapacidad disfruten en igual de condiciones de los servicios turísticos de la nación, impulsar programas para las personas con discapacidad a través del Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión, fomentar la coordinación de los distintos órdenes de gobierno, a fin de brindarles un sistema integral a los adultos mayores.
Como punto número 4, la Ley General de Protección Civil establece que el objetivo general del Sistema Nacional de Protección Civil, es el de proteger a las personas y a la sociedad en general y su entorno ante una eventualidad de los riesgos y peligros que prevalezcan los agentes perturbadores, todo esto a mediano y largo plazo, provocada por fenómenos naturales a través de la gestión integral de los riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.
Votaremos a favor del presente dictamen que adiciona una fracción XXX al artículo 19 en la Ley General de Protección Civil para establecer que la Coordinación Nacional de Protección Civil coadyuvara con los gobiernos de las entidades federativas, así como de los municipios en la elaboración y actualización de protocolos de actuación para la atención a niñas y niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.
Y como punto número 5, un país más seguro para todos. Nos corresponde votar a favor de un México incluyente, que garantice la actualización, la articulación de sus elementos a fin de brindar una protección efectiva para toda su población, sobre todo a quienes más la necesitan como estableciera y lo escribiera José de San Martín, asegurar a la seguridad de los pueblos es el más sagrado de los deberes. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidente, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Suficientemente discutido.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 387 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Recogemos el voto del diputado Benjamín Medrano a favor, por favor. De ese lado. Por favor, secretario, recoja los votos faltantes.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Diputada Cecilia Romero, ¿la intención de su voto?
La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (desde la curul): A favor.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Diputada Julieta Fernández.
La diputada Julieta Fernández Márquez (desde la curul): A favor.
La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: ¿Con qué objeto, diputada? Estamos en votación. Cántelo, diputado, por favor.
La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul de la diputada Cecilia Romero, por favor. Por favor, adelante, diputada.
La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (desde la curul): Presidenta, muchas gracias. Por la certeza jurídica que se requiere en todas las tomas de votación, necesitamos aclarar –y lo hago con mucho respeto desde aquí– que, una vez que la presidenta dice que se cierre la votación y la Secretaría da cuenta con el resultado de los votos que se dieron a favor y en contra o abstenciones, la votación queda cerrada. Si hay diputados que después quieran votar, pues ya no van a poder.
Pido, por favor, que se asuma esa responsabilidad tan importante que tenemos de manera colegiada y que la Presidencia se exima de aceptar votación una vez que se ha cerrado. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada. Solamente quiero comentarle que la intención de esta Presidencia es que cualquiera de los diputados que no hayan emitido su voto no dejarlos volando, si me permiten la expresión, sino que puedan también ser incluidos en la votación final.
Sin embargo, sin embargo, diputada, acepto su moción y les suplico a los señores y a las señoras diputadas por favor permanecer en el pleno para continuar con las votaciones que a continuación se llevaran a cabo. Adelante, diputado.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la presidente diputada, se emitieron 387 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Aprobado en lo general y en lo particular por 387 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXXI al artículo 19 de la Ley General de Protección Civil. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
La diputada Irma Rebeca López López (desde la curul): Señor presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputada, ya se cerró la votación, por favor le suplico que permanezca en el pleno para que oportunamente pueda emitir su voto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 322 Bis y un segundo párrafo al artículo 328, de la Ley General de Salud.
Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jesús Antonio López Rodríguez, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de esta Cámara.
El diputado Jesús Antonio López Rodríguez: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la Comisión de Salud aprobó en sesión del 15 de marzo pasado, una iniciativa presentada por el diputado José Refugio Sandoval, integrante del Partido Verde Ecologista de México, con el objeto de adecuar algunas disposiciones de la Ley General de Salud que faciliten el proceso de obtención de órganos para trasplante.
En nuestro país, a pesar de los esfuerzos realizados, seguimos teniendo un diferencial muy grande entre los pacientes que requieren un órgano para mejorar su calidad de vida e incluso para continuar con ella, y las personas dispuestas a donar cuando ya no lo requieran.
De acuerdo a cifras oficiales, para junio de este año se encontraban en espera de riñón 12 mil 977 personas, y solo se procuraron 470. Esto es, la demanda del órgano se cubrió solo en un 3.6 por ciento.
Para el caso de córnea, hay espera de siete mil 539 personas y solo se obtuvieron mil 733, siendo la cobertura de 23 por ciento.
Para terminar de ilustrar este problema, en el caso de hígado existían 326 personas en espera y se obtuvieron 92, una cobertura en la demanda de 28.2 por ciento.
También existen marcadas diferencias regionales. De acuerdo a datos del primer semestre de este año, la entidad federativa que mayor número de donadores registra es la Ciudad de México, con 541, seguida por Jalisco con 302 y el Estado de México con 243.
No existe una relación entre el tamaño de la población y el número de donantes. Sin embargo, lo más alarmante es que ocho entidades del país, que son Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Campeche, Chiapas, Nayarit, Quintana Roo y Colima, solo se registraron entre cero y cinco donadores.
Las cifras anteriores son una muestra de que existen elementos culturales que impiden una mayor práctica de la donación y que se debe trabajar mucho en este aspecto, no solo para que una persona decida en plena libertad registrarse como donador cuando fallezca, sino también y es lo más importante, que sea una decisión que en su momento sea respetada y honrada por sus familiares, o disponente secundario.
Es alarmante que el 76.2 por ciento de las donaciones no concretadas en personas fallecidas fue precisamente por la negativa de los familiares a realizarla.
Los integrantes de la Comisión de Salud sabemos que en la decisión de donar confluyen elementos de razón, de sentimientos y creencias, y que por ello las medidas que contribuyan a cubrir la demanda de órganos para trasplante de ninguna manera deben ser coercitivas, sino en todo momento respetar la libertad individual.
El dictamen que está a consideración del pleno, que fue votado por unanimidad a favor, en el seno de la comisión, y por el que solicito el voto aprobatorio de esta soberanía, tiene como finalidad facilitar el proceso de donación una vez que se tenga certeza que el órgano u órganos de una persona son sujetos de donación.
Para ello se propone adicionar el artículo 328 de la Ley General de Salud, para que en la hipótesis de la pérdida de vida del donante esté relacionada con una averiguación previa, o se desconozca su identidad o forma de contactar a sus familiares, se dé la intervención al Ministerio Público, haciendo la adición de que el Ministerio Público debe atender de forma expedita las solicitudes del coordinador hospitalario para que el procedimiento de donación se lleve a cabo sin tardanza, asistiendo a los familiares o disponentes secundarios.
Además se propone la adición de un artículo 322 Bis, para que en caso de que en el establecimiento no exista licencia sanitaria se permita el traslado del donante a un establecimiento que sí cuente con ella, y que se coordine el procedimiento con el Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales.
Los invito a concretar este cambio legislativo que permita sumar acciones para fomentar la donación de órganos en nuestro país y podamos reducir, en los próximos años, el déficit que impide a muchos mexicanos desarrollar una vida plena.
Refrendo el compromiso de la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados y el mío propio, por trabajar en beneficio de la salud de los mexicanos. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado Jesús Antonio López Rodríguez.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ha registrado, para fijar la posición de su grupo parlamentario, el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y quien además, compañeras y compañeros, es el proponente de lo que fue motivo de este dictamen.
El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez: Con tu permiso, diputada presidenta. El dictamen que estamos en este momento discutiendo y próximamente votando, es el resultado del trabajo de la Comisión de Salud, por eso quiero iniciar agradeciendo a mis compañeras y compañeros miembros de dicha comisión.
También externo mi agradecimiento a los diversos sectores de este sistema de salud, como es el Cenatra, que es el Centro Nacional de Trasplantes, el IMSS, la misma Secretaría de Salud, que estuvieron constante en participación con nosotros para sacar adelante y enriquecer esta iniciativa que presenté hace algunos meses.
Salvar una vida a través de un trasplante exitoso representa la concatenación de múltiples y variadas voluntades, desde quien tomó la decisión de donar sus órganos, más la participación ética, responsable y eficaz de cada uno de los trabajadores de la salud, incluso en algunos casos cuando el donante está relacionado con un hecho delictuoso, se requiere también de la intervención del Ministerio Público para finalmente llegar al paciente, quien está en espera de un órgano.
Con esta reforma se da un gran avance en el procedimiento de donación de órganos. Por un lado, se agiliza la intervención del Ministerio Público al establecerse que debe de atender de forma expedita y sin dilación las solicitudes del coordinador hospitalario. Y por otro lado, se autoriza el traslado del donante de un hospital que no cuenta con licencia para la procuración de trasplante, a uno donde sí se tenga esta licencia, a fin de que se pueda concretar la donación.
Sabemos que los sistemas de salud enfrentan una creciente demanda de trasplantes asociada, entre otros factores, a la obesidad, el aumento a las patologías crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia renal crónica, entre muchas otras.
La donación de órganos requiere de decisiones urgentes y es momento que eliminemos todas las trabas que obstaculizan este procedimiento y que logremos sumar esfuerzos para salvar cada vez más vidas en nuestro país.
De acuerdo con datos del Sistema de Información del Registro Nacional de Trasplantes, el mes de junio de este año tenemos registrados 540 establecimientos autorizados para la procuración, el trasplante y el banco de órganos, siendo, en su mayoría de estos, establecimientos privados. Un número exacto, son 248 establecimientos privados.
Sin duda alguna los avances han sido importantes. Hoy en día tenemos un marco normativo en políticas públicas que ha permitido crear y fortalecer casi 700 programas en unidades con licencia sanitaria para realizar este tipo de procedimientos. Sin embargo, existe una amplia lista de receptores en espera de ser atendidos todavía en México.
Un trasplante de cualquier tipo de órgano o de tejido, sin duda alguna mejora la calidad de vida de quien padece alguna enfermedad.
Por todas esas personas que hoy en día están a la espera de un órgano es que votaremos a favor de este dictamen y con ello a favor de la vida de todos ellos que están esperando un trasplante.
Una vez más queda comprobado que en el Partido Verde estamos comprometidos con la mejora de los diferentes campos de atención a la salud. Desde esta trinchera seguiremos uniendo esfuerzos para incentivar la cultura de donación de órganos como uno de los factores determinantes para la subsistencia humana. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron a favor 381 votos, 0 abstención, 0 en contra, de un total de 381 presentes. Es cuanto.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. En el ánimo de ir desahogando asuntos retrasados, demos paso a comunicados de la Junta de Coordinación Política.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes y de Juntas Directivas de comisiones que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules. En votación económica se pregunta...
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundito, vamos a retroceder a hacer la declaratoria de decreto. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes y de Juntas Directivas de comisiones que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, secretaria.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobadas. Comuníquese.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Por cinco minutos, tiene la palabra la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
La diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez: Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante, diputada.
La diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez: A pesar de los avances que tenemos hoy en México, las personas de bajos recursos deben conformarse con la escuela que se les asigna sin importar si la escuela está lejos o si esta escuela no tiene la mejor calidad educativa que nos pueden ofrecer a nuestros niños.
Esta iniciativa se inspira en muchos niños como Inocencio Bautista. Él es de la comunidad de Olotla en el municipio de Tlanchinol. Él gana el primer lugar estatal en la Olimpiada de Conocimientos en Hidalgo y, así como él, tenemos una responsabilidad de que todos nuestros niños tengan las mismas oportunidades y puedan potencializar sus conocimientos.
De acuerdo con la OCDE, México es uno de los países que tiene un porcentaje de más jóvenes que ingresa a la universidad. Por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara para el ciclo escolar 2017 se tenían 47 mil 620 aspirantes. De ellos solo pudieron ingresar 17 mil, lo que representa que el 37 por ciento de estos jóvenes podrían realizar sus sueños, el 63 por ciento restante –en el mejor de los casos– intentará ingresar a escuelas privadas de bajo prestigio y bajo costo, algunos otros conducirán un taxi ejecutivo y otros más no tendrán ninguna oportunidad extra en la vida.
Quiero dar las gracias al coordinador César Camacho por la apertura para poder impulsar esta iniciativa. Tenemos más de 8 meses trabajando en conjunto con universidades públicas y privadas.
Todos hemos escuchado historias de niños brillantes que ven truncados sus sueños por su contexto social, por la situación económica en la que viven, y conocemos niños que ganan olimpiadas en escuelas públicas y que cada día se involucran más en los primeros lugares de concursos como robótica y tecnología.
Hoy vengo a hablar a nombre de todos estos estudiantes que a pesar de las condiciones tan limitadas en sus escuelas logran sobresalir, y me pregunto ¿qué pasaría si todos estos niños hubieran tenido la oportunidad de estudiar en colegios privados que ofrecen idiomas, materias de emprendurismo y tecnología de punta? ¿Qué tan lejos hubiera llegado un niño con estas herramientas? ¿Por qué en México debe existir esta brecha en la educación entre ricos y pobres? ¿Por qué la sociedad en su mayoría debe conformarse con la universidad que puede pagar?
¿Qué pasaría si una empresa en lugar de comprar maquinaria o vehículos, decidiera hacer alianza con niños brillantes que después pudieran apuntalar al país y a la misma empresa competitividad y calidad?
Buscamos con esta iniciativa que el 100 por ciento de las colegiaturas a cualquier nivel y sin necesidad de ser padre o tutor del beneficiario, puedan ser deducibles de impuestos para las personas morales.
Con esto vamos a lograr que las escuelas públicas y universidades tengan que mejorar su oferta académica, y que drásticamente con ello los mismos estudiantes decidan ingresar a sus aulas, no sólo por resignación o porque es la única escuela en la que van a poder estudiar, sino porque es la mejor opción para su desarrollo personal y profesional.
Además estamos brindando con esto una oportunidad para muchos niños y jóvenes del país, para que puedan encontrar en las empresas socialmente responsables una opción para decidir quién los beca y con eso potencializar sus habilidades y destrezas para ser altamente competitivos en el mundo.
El mayor incentivo que podemos tener es que las empresas además de tener un país con personas más competitivas será que aportarán a diferencia en los ciudadanos calificados y en un mejor México.
Con las cifras de la SEP tenemos 36 millones de alumnos. De estos 31 millones son atendidos en escuelas públicas, mientras que sólo 4 millones son atendidos en escuelas privadas.
Hay aproximadamente 256 mil 842 escuelas en el país y sólo de estas el 13.3 son privadas.
¿Por qué es importante esto? Quiero aclarar que no todas las universidades públicas son malas, por el contrario, hay algunas que definitivamente su competitividad está en las más altas.
Pero mientras los jóvenes puedan decidir dónde estudian, estoy convencida de que sus habilidades harán de ellos unos mejores empresarios y unos mejores ciudadanos.
Y yo me pregunto y les pregunto a todos ustedes: ¿Por qué el sicólogo y el nutriólogo sí pueden ser deducibles de impuestos y la educación que es la única herramienta para cambiar al país no lo es? Es todo, muchas gracias por su atención.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Me encanará suscribir su iniciativa.
La diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez: Con gusto, presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, señora diputada. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la propuesta de la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 2o. Bis a la Ley General de Salud.
La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Con su permiso señor presidente. Diputadas y diputados, solemos decir que las niñas, los niños y los adolescentes representan el futuro de nuestro país, y así es, efectivamente, pero el desarrollo y el éxito de estas generaciones depende en gran medida, de la atención que demos a su salud, al cuidado de su salud.
La Constitución reconoce el derecho a la salud como un derecho humano, y como tal, es obligación del Estado proveerlo y garantizar su protección. Eso lo hemos dicho ya en varias ocasiones en esta tribuna. Y este ejercicio no puede, por ningún motivo, restringirse ni suspenderse.
Hemos escuchado, también de la urgente necesidad de la universalización de los servicios médicos, de los servicios de salud, pero no se han logrado avances significativos en el tema, y las primeras víctimas de nuestro sistema fragmentado de salud son los niños, las niñas y los adolescentes que dependen enteramente del sistema de salud al que pertenecen para contar o no con el tratamiento adecuado y de calidad para su padecimiento.
Nuestros niños y adolescentes presentan necesidades cada vez más complejas en su salud, cada vez más niños sufren de enfermedades crónicas, de diabetes, de sobrepeso, de obesidad, y cada vez hay más niños con cáncer, con asma, entre muchas otras enfermedades.
Miren ustedes, hoy acabamos de tener una reunión con el licenciado Chemor, del Seguro Popular, y reconocíamos que el Seguro Popular provee algunos tratamientos médicos que no proveen otras instituciones de salud.
En la actualidad, por ejemplo, miles de niños con enfermedades crónico-degenerativas reciben su atención médica por parte del Seguro Popular, pero si su padre tiene la fortuna o su madre, de conseguir un empleo en la formalidad y pasa al seguro social, en ocasiones ese tratamiento, excelente, que recibía en el seguro popular no se proporciona en el IMSS o en el ISSSTE, y entonces el niño pierde el acceso al mejor tratamiento.
Esas instituciones en ocasiones no incluyen en sus cuadros básicos los medicamentos y esto representa una violación a los derechos humanos de los niños. Y también se presenta en sentido inverso.
Un ejemplo de esta situación se da con la fibrosis quística, que es un padecimiento hereditario, congénito y crónico, que afecta a más de 3 mil niños en el país, es un padecimiento muy costoso y la mayor parte de los niños no tienen acceso a un tratamiento especializado. Si el niño está afiliado al Seguro Popular es atendido con el mejor tratamiento, pero si el padre consigue un trabajo formal y se cambia a otro esquema el tratamiento lo pierde.
Hoy entonces a lo que vengo es a invitarlos a trabajar en lo más importante, para al menos lograr que la fragmentación de nuestro sistema de salud no afecte el presente y el futuro de nuestros niños.
Es por ello que propongo la adición del artículo 2 Bis a la Ley General de Salud, para que la Secretaría de Salud celebre los convenios que sean necesarios que garantizan a los menores de edad de igualdad y acceso, atención y tratamiento de la más alta calidad, independientemente del esquema de salud al que pertenezcan. Es decir, que el tratamiento adecuado acompañe al niño, no importa el sistema de salud al que sea adscrito.
Y –no quiero perder este último minuto– para invitarlos a todos, compañeros y compañeras, a que en la próxima aprobación del presupuesto pensemos que la salud es de prioridad nacional y votemos por un presupuesto suficiente tanto por nuestros niños como por todos los mexicanos. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, señora diputada. Su iniciativa se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
La diputada Olga Catalán Padilla: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros, la iniciativa que presento hoy ante esta soberanía adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en materia de profesionalización de los secretarios de Estado.
De acuerdo con el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, cada Secretaría se encontrará bajo el cargo de un secretario de Estado. Y en el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales se establece cuáles son los requisitos para ser director general de una entidad, y esto son ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa, y no encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del órgano de gobierno se señalen. Sin embargo, a pesar de lo anterior en la práctica no existe la certeza de que quien ocupe estos cargos cuente con las capacidades y conocimientos necesarios para ejercerlos.
Tal como menciona Miguel Ángel Gutiérrez, de la Red por la Rendición de Cuentas, la plena profesionalización del servicio público y la consolidación de los servicios profesionales de carrera en México son asignaturas todavía pendientes para las administraciones públicas de los tres órdenes de gobierno en nuestro país. Nuestra sociedad merece autoridades competentes, con capacidad para la toma de decisiones y la implementación de prácticas administrativas verdaderamente eficientes, en beneficio de una nación cansada de la improvisación y que requiere de mejores resultados en la implementación de políticas públicas.
Es necesario que al frente de las secretarías de Estado y de las direcciones generales de las entidades paraestatales se encuentren profesionales que aseguren la gobernabilidad del sistema democrático. Resulta además indispensable que los ciudadanos que aspiren a estos cargos gubernamentales reúnan un conjunto de conocimientos y habilidades que aseguren que sus perfiles académicos y laborales resulten ser los más óptimos.
Es por todo esto que propongo una reforma que establece con precisión el perfil académico y la experiencia laboral de los aspirantes, lo que proporcionará un marco normativo adecuado, con el cual se garantice contar con los mejores profesionales administrando nuestro país. Es cuanto, diputada presidente.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Catalán Padilla. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Con su venia, señora presidenta. Como ha escrito el poeta Juan Villoro, dedico esta iniciativa al que todavía respira, el que levantó un puño para pedir silencio, los que le hicieron caso, los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía y oyeron un murmullo.
Después de los sismos que sacudieron las entrañas de nuestro país, quedó a la luz cómo el actuar del gobierno brilla por su ineptitud y su ausencia.
En cambio, quienes han demostrado la capacidad e integridad suficiente para ponerse verdaderamente al servicio de los miles de damnificados ha sido la sociedad civil, han sido las y los jóvenes, han sido barrios, las colonias organizadas, los colectivos. Es decir, el pueblo velando por sí mismo.
El Fondo de Desastres Naturales se constituyó con el noble propósito de mantener una reserva de recursos para la reparación de daños ante la ocurrencia de emergencias y desastres naturales. Sin embargo, al igual que el resto de las estructuras de gobierno y administración pública en este país, se ha contagiado por el virus de la corrupción, convirtiéndose por muchos años en la caja chica de funcionarios para financiar sus campañas electorales.
El problema es obvio, no existen suficientes mecanismos de fiscalización que garanticen el ejercicio puntual y expedito de los recursos que conforman el Fonden. Por el contrario, la opacidad de su aplicación ha permitido que el gobierno federal y distintos niveles de gobierno desvíen estos recursos, los mismos que han sido planeados para proteger a los más desamparados, pero para utilizarlo en beneficio de su interés mezquino y personal.
Así lo demuestran numerosas auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, que dan cuenta de daños al erario por un total de cinco mil 492 millones de pesos.
Hay que subrayar que de este monto más del 80 por ciento de irregularidades han sido detectadas en tan solo cuatro estados.
En este mismo momento, por ejemplo, en Chiapas se están reteniendo recursos ya etiquetados para la atención al desastre, con la intención de utilizarlos en el proceso electoral del próximo año.
Aquí traigo una nota de lo que está sucediendo. En el municipio de Villaflores, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con toda la algarabía entregó tarjetas, pero resulta que no tienen fondos, así como también han entregado sobres violados y son varias ya las quejas que se han presentado por las irregularidades en la ejecución del Fonden.
En Chiapas, como en muchos otros estados, desde hace ya varias semanas se publican, en diversos medios, noticias sobre la opaca aplicación del Fonden, sobre acciones superfluas y turbias que más relevan una intención de promover candidatos, que reparar los daños ocasionados tras el sismo.
Compañeros y compañeras diputadas, el país no puede quedar sepultado en las ruinas de la corrupción y para ello, somos nosotros a quienes se nos ha encomendado la tarea constitucional de garantizar el correcto uso del dinero público, aunque unos insistan en perderse la opulencia de sus casas blancas adornadas con pieles de animales exóticos.
Por esta razón y ante la trascendencia que caracteriza el Fonden y ante la evidente corrupción de este gobierno, el único garante de su justa aplicación es la ciudadanía organizada, quién mejor para vigilar el ejercicio del erario que el pueblo del que es origen.
Por esta razón, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mediante la cual se facultará a la Auditoría Superior de la Federación a constituir comités de contraloría ciudadana, encargado de fiscalizar los recursos públicos que, a la declaratoria de emergencia extraordinaria, por desastres naturales se destina a las zonas afectadas.
Compañeros y compañeras, va siendo hora de que se den cuenta que la corrupción ha dejado más damnificados en este país, que todos los desastres naturales en nuestra historia, que nunca más un desastre natural en México se convierta en un festín de corrupción.
Y desde esta máxima tribuna, desde este recinto del pueblo quiero hacer valer la voz del pueblo chiapaneco, para nuevamente exigir juicio político para el gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, por la violación sistemática a los derechos humanos de las y los chiapanecos.
Y aprovecho para contestar, insisto y no me voy a retractar de una sola de mis palabras, como me pidió el diputado Sesma, coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista, lo digo y lo sigo sosteniendo, Velasco es un gobernador corrupto, represor y asesino, y lo digo en razón de que es asesino por omisión, miles de chipanecos están en riesgo sus vidas y otros cientos ya han muerto por el desvío millonario al erario que ha hecho. Así que lo sostengo y no me voy a retractar. Y se ve claramente que lo defienden.
Yo le pido al Partido Verde Ecologista y al PRI que dejen de defender lo indefendible, que dejen de defender la corrupción y que de verdad trabajen en beneficio de las y los chiapanecos y del país. Entendamos, por favor...
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Concluya, por favor.
El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: ... que el principal problema de este país es la corrupción y es la opacidad y la impunidad con la que se han venido actuando y continúa trabajando. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen.
El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Sonido en la curul del diputado Emiliano Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul): Primero, para felicitar por su exposición al diputado Guillermo Santiago. Y segundo, para pedirle que nos deje a varios diputados y diputadas de Morena añadirnos a su iniciativa.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Diputado, ¿acepta usted que se adhieran? Está a sus órdenes la iniciativa en la Secretaría de esta Mesa. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Sharon Cuenca Ayala, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por la propia diputada Cuenca Ayala y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias. Con su venia, presidenta. Honorable asamblea, con el paso del tiempo establecer nuevos cementerios en las ciudades se ha complicado. Los espacios dentro de los cementerios cada vez son más reducidos. En este sentido la cremación se ha convertido en una práctica más común y es una política pública, se presenta como una opción para las familias mexicanas, ya que la reducción de las cenizas de cadáveres o restos tiene un efecto directo en despresurizar los cadáveres y atender esta falta de fosas en dichos cementerios. Esta práctica cada vez ha cobrado más relevancia como una opción para el destino final de cadáveres.
Es entonces que la cremación debe ser considerada, de hecho es una política pública y un mecanismo viable para prevenir el alto riesgo sanitario. Por ello, en esta iniciativa yo propongo que se establezca en la Ley General de Salud el concepto cremación como tal, que se refiere de manera precisa a la reducción de cenizas de cadáveres de seres humanos o sus restos.
Es el concepto idóneo, ya que actualmente se habla de incineración y la incineración se refiere también a otro tipo de materias como la industrial y residual.
También es importante enfatizar que en la ley vigente se habla de la desintegración de cadáveres. Está contemplada en el texto vigente, sin embargo, no se habla de manera específica y en la actualidad hay varios procesos de desintegración de cadáveres que son amigables con el medio ambiente, como la hidrólisis alcalina y la desintegración a base de nitrógeno. Por eso es conveniente adoptar una política pública donde se fomente este tipo de procesos relacionados con la disposición final de los cadáveres.
Otro tema muy importante que se contempla en esta iniciativa y que no está regulado actualmente en ninguna legislación es el uso y reúso de los ataúdes. Es decir, la reutilización que se le da no está contemplada, no está regulada y hay un alto riesgo para la salud.
Esto puede traer implicaciones sanitarias riesgosas porque no se atiende a tiempo, porque muchas ocasiones cuando alguna persona renta o alquila un servicio funerario y se usa para cremación estos son reutilizados, sin cumplir con ninguna norma de sanitización, de higiene. Son comúnmente los ataúdes manchados, tienen algunos líquidos que han sido derramados en el traslado de los cadáveres.
Aquí tiene que ver mucho también la causa de muerte, si fue por una enfermedad altamente contagiosa o el simple manejo de un cuerpo en condiciones que no están reguladas y que por lo general hay varias empresas que no están dentro del marco de la ley, las famosas funerarias patito –que así se les conoce– que no cumplen con ninguna, con la más mínima línea de limpieza ni de higiene, mucho menos de salud.
Esto ha generado una práctica desleal en esta reutilización al transportar dichos cadáveres. Por eso es muy importante que las empresas de servicios funerarios implementen las mejores prácticas en el manejo de cadáveres, en el uso y reúso de ataúdes y que las personas que requieran un servicio funerario tengan la garantía sanitaria de que, en todo caso, en su derecho como consumidores están adquiriendo un ataúd, ya sea nuevo o en el caso del reúso, en las mejores condiciones revisadas por las autoridades sanitarias competentes.
Con esta propuesta se establece a los prestadores de servicios funerarios que deben colocar dentro de los ataúdes unos recipientes y contenedores biodegradables, que van a evitar el derrame de líquidos y malos olores.
Y para hacer posible todo esto se faculta a la autoridad sanitaria, para que regule, promueva, autorice y por supuesto verifique que dichas prácticas se lleven a cabo. Evidentemente debe haber una sanción, porque sin sanción la norma no se va a cumplir. El objetivo se perdería.
En esta propuesta también damos en el régimen transitorio un plazo de seis meses a las empresas que se dedican a servicios funerarios, para que hagan lo conducente en cuanto a la adquisición de estos contenedores biodegradables y también se les da el mismo plazo a las autoridades sanitarias para ajustar lo necesario en la ley.
En el Partido Verde estamos a favor de prever con visión de mediano y largo plazo este tipo de disposiciones que tienen que ver con la salud y también con el medio ambiente. Cada vez hay más empresas que fabrican ataúdes ecológicos, con materiales naturales y biodegradables, que eso puede ser más adelante otro objetivo al que podemos pasar después de tener esta regulación en los ataúdes que no son nuevos y que se alquilan en este tipo de eventos. También es importante que se difundan estos procesos de desintegración de cadáveres que referí, porque son amigables con el medio ambiente y el costo es muy similar a la cremación. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, diputada Sharon Cuenca Ayala. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: A continuación tiene la palabra, por diez minutos, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el propio diputado Sánchez Orozco, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La inseguridad, la violencia y la injusticia en este país son la noticia de cada día y desafortunadamente estos problemas que son torales para nuestra nación no se ve ni se avizora que a poco tiempo se pueda resolver.
Y no se va a poder resolver si no cambiamos el modelo de seguridad y empezamos por revisar y discutir, por supuesto en la Cámara de Diputados, ese modelo de seguridad, un nuevo modelo policial, donde pongamos al centro del debate, al recurso más importante de ese modelo que son las personas, los policías y dentro de ese debate se tiene que discutir también la función esencial que hacen los ministerios públicos y los peritos.
Agradezco al diputado Macedonio Tamez que me ayudó a configurar esta iniciativa y que ha estado en la lucha por reivindicar los derechos de policías, ministerios públicos y peritos.
La iniciativa que hoy estamos presentando es una iniciativa que busca reivindicar los derechos laborales y humanos de policías, ministerios públicos y peritos. Hace casi dos años, lo decíamos en esta tribuna, que era importante entrar en ese debate y en esa discusión y hace dos años que lo decimos con esa claridad, que esta iniciativa junto con otras ha estado congelada.
Mientras que el debate ha sido otro, se ha discutido que se establezca un mando único, un mando mixto y que también hay un nuevo debate de establecer una ley de seguridad interior, pues el debate más importante que se tiene que dar en esta tribuna y en este Congreso es qué se tiene qué hacer para que la violencia, la inseguridad, disminuyan. En ese sentido se tiene que hablar de un nuevo modelo policial, de un nuevo modelo de seguridad.
Desde 1997 que se creó el Fondo de Seguridad, el Fosegi, que después pasó a ser el Fortaceg, a la seguridad se han destinado sobre todo en este rubro más de 160 mil millones de pesos. Además del presupuesto de seguridad y el presupuesto de justicia se han incrementado de manera exponencial.
Por supuesto, también hay que decirlo, el presupuesto que se da a las Fuerzas Armadas es también un presupuesto de miles de millones de pesos que también ha ido creciendo, pero los resultados en seguridad y en justicia, por el contrario, son completamente insatisfactorios.
A estas fechas –lo dice la última encuesta que llevó adelante el INEGI, la encuesta de la Envipe, de víctimas que han sufrido un delito en este país–, aproximadamente 30 millones de personas, 1 de cada 4 ha sufrido un delito en este país. De esa magnitud es el nivel de inseguridad y de violencia en la nación y todavía estamos estancados en la discusión de qué modelo de seguridad se necesita para México.
Por eso, en esta discusión nosotros señalamos que se debe de establecer un debate serio para replantear que en este modelo de seguridad y de justicia se establezcan los derechos humanos y se respeten los derechos laborales de policías, ministerios públicos y peritos.
No se puede hablar de una mejor seguridad, de una mejor justicia si no les damos garantías y derechos a quienes hacen el trabajo día con día en las calles, a quienes se arriesgan para que en este país haya mejor seguridad.
Lo decimos porque está comprobado en los diversos estudios que se han hecho que en las policías municipales, el 60 por ciento de municipios les paga en promedio entre 5 y 6 mil pesos de salario a los policías municipales.
La mayoría de esos policías municipales no tienen derecho a la seguridad social, no tienen otras prestaciones como sería un salario digno, pago de horas extras, etcétera. Se les exige demasiado pero el Estado no les está reconociendo lo que el policía, el Ministerio Público está aportando a la seguridad y a la justicia. En este país, aparte de que estamos por debajo de la media mundial de policías y ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, se les exige con muchísimas jornadas, etcétera.
Recién, la semana pasada también la consulta que se hizo del modelo de justicia que elaboró el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Inacipe, el CIDE y otras organizaciones, señalaba todas las deficiencias que tiene el modelo de justicia.
Y algo que decía en las conclusiones este informe, es que no hemos volteado a ver lo que realmente se necesita. Hoy que hay una discusión fuerte para que el modelo de justicia penal que recientemente se aprobó, que lleva ya más de ocho años y que ha estado discutido y en debate, señalan que no es necesario modificarlo o cambiarlo. Lo que es necesario es rediseñar institucionalmente y modificar lo que está pasando en las instituciones públicas de procuración de justicia.
Y ahí tendríamos que hablar de la autonomía, tendríamos que hablar de la inteligencia, del trabajo de la información, del servicio civil de carrera.
Dice este y otros estudios que en la mayoría de las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública, las corporaciones de seguridad pública no respetan los reglamentos del servicio civil de carrera. Es decir que los servidores públicos no tienen tampoco este incentivo para poder ascender con reglas claras.
En consecuencia toda esta violación de los derechos que tienen los servidores públicos, específicamente ministerios públicos, peritos y los casi medio millón de policías preventivos que hay en este país, son, la desventaja que enfrenta un nuevo modelo de seguridad y de justicia.
Por eso el debate que está perdiendo el gobierno en este país es perpetuar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, lo cual es contrario a estándares internacionales a lo que ha recomendado la ONU para el país, so pena de todas las violaciones a los derechos humanos que trae consigo perpetuar la funciones de seguridad pública de unas instituciones que no fueron hechas para la seguridad pública como son las Fuerzas Armadas.
Por eso se habla de la urgencia de crear una ley de seguridad interior, cuando en este país y en este Congreso se tiene que dar un debate por un nuevo modelo policial para fortalecer las facultades que tienen los cuerpos de seguridad pública en el país.
Ahí es donde se tiene que dar el debate y esta iniciativa va por reconocer esos derechos de quienes son el parteaguas, la columna vertebral de la seguridad y del país, y que el Estado mexicano ha venido cerrando los ojos.
Por el contrario le ha venido quitando derechos, incluso constitucionales y los ministerios públicos, peritos y policías en este país, son los únicos servidores públicos que no tienen derechos elementales e incluso constitucionales como es el derecho de audiencia y defensa, el derecho de presunción de inocencia, etcétera, porque los exámenes de control de confianza y la permanencia les violentan estos derechos que incluso, están en la Constitución.
Pues total, decirlo con esa claridad no podrá haber una mejor seguridad, una mejor justicia si no se plantean incentivos reales en un nuevo modelo de seguridad que tiene que haber en el país y que hoy estamos planteando y donde se establezca que la carrera policial, la carrera ministerial y la carrera de peritos sea una carrera realmente asequible, realmente donde se reconozca el esfuerzo que hacen estos seres humanos para el país.
Mientras esto no pase, vamos a seguir dando vueltas empantanados en una discusión sin fondo, en una discusión sin sustancia. Hoy el planteamiento que hacemos es: reformemos sí el 123 constitucional, pero entremos a un debate para plantear un nuevo modelo de seguridad y de justicia, porque no es posible que en este país hemos orillado a que estos buenos servidores públicos que también existen, policías, ministerios públicos y peritos, los hemos orillado a que hoy estén como uno de los servidores públicos que más se critican y que menos se les reconoce en este país, pero no es culpa de ellos, es culpa del sistema que los legisladores mismos han hecho.
Por eso, hoy de manera urgente les decimos a ustedes, compañeras y compañeros, replanteemos el modelo y entremos aun discusión de fondo donde sí discutamos el mando único, el mando mixto, pero no nada más es el mando, tenemos que hablar de un nuevo modelo donde se establezcan prestaciones y derechos acordes con la función tan importante que hacen los buenos ministerios públicos, lo buenos policías y los buenos peritos. Es cuanto, presidenta. Compañeras y compañeros diputados.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias al diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco por su amplia exposición. Al diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, que también es promovente de esta iniciativa, que se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Escucharemos ahora a la diputada Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 150 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputada Aceves. Permítame un segundito, diputada. Sonido en la curul de la diputada Aceves, por favor.
La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (desde la curul): Diputado Víctor Sánchez, si me permite adherirme a su iniciativa.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (desde la curul): Sí.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se lo permite, diputada.
La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (desde la curul): Gracias.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Adelante diputada Angélica Reyes Ávila.
La diputada Angélica Reyes Ávila: Gracias, presidente. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, les saludo con respeto. Para Nueva Alianza, la transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas son principios fundamentales que rigen nuestro actuar y que se encuentran claramente estipulados de manera transversal en nuestra plataforma y agenda legislativa.
Entendemos que gracias a estos mecanismos quienes somos servidores púbicos exponemos a la sociedad nuestras acciones y las abrimos al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarlas, analizarlas y, en su caso, utilizarlas como elementos para aprobar o desaprobar el ejercicio público en un acto fundamental de democracia.
Por ello resulta de suma importancia seguir impulsando todas aquellas acciones legislativas que permitan ir articulando y consolidando los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Con ese propósito pongo a su consideración esta iniciativa que reforma la fracción X del artículo 150 del Reglamento de la Cámara de Diputados, cuyo objetivo consiste en establecer la obligación de que los informes finales de las comisiones o comités legislativos sean aprobados por todos sus integrantes.
El informe que se integra al proceso de entrega-recepción recopila sin duda alguna todo el trabajo legislativo y acuerdos sustanciales que se realizaron durante cada legislatura, constituyendo esto una gran herramienta que permite brindar claridad y condiciones para dar continuidad a los trabajos realizados. Desafortunadamente en este momento el Reglamento de la Cámara de Diputados no considera su aprobación por parte del pleno, de las comisiones o comités legislativos.
En Nueva Alianza, a fin de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, consideramos necesario precisar que el informe final debe ser conocido y debe estar avalado por las y los diputados que integran tales cuerpos colegiados, pues estamos convencidos de que avanzar en la eficiente rendición de cuentas y la transparencia legislativa coadyuvará en la legitimación de la información que se pone a disposición de la población, además de fortalecer el trabajo de los subsecuentes legisladores.
La transparencia legislativa es indispensable en aras de combatir la corrupción y garantizar un Congreso más responsable, un Congreso que rinda mejores cuentas y un Congreso que a través de ello integre a los ciudadanos y su opinión en el quehacer político de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Muchas gracias por su amplia exposición.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes en sentido negativo de iniciativas y minutas. Se informa a la asamblea que en cumplimiento del artículo 87 del Reglamento de la Cámara, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria. Consulte la Secretaría, en votación económica, si son de aprobarse.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los acuerdos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Aprobados. Archívense como asuntos concluidos. Devuélvanse a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional, que corresponda.
La iniciativa de la diputada Angélica Reyes Ávila se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe con las declaratorias de publicidad la Secretaría.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes.
1. De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y adiciona una fracción VII al artículo 214 del Código Penal Federal.
2. De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XII al artículo 27 de la Ley General de Salud, en materia de cáncer de próstata.
3. De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 68 de la Ley General de Desarrollo Social.
4. De la Comisión de los Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
5. De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.
6. De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XI, y 81, fracciones XXVIII y XXXIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (16:11 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 7 de noviembre de 2017, a las 11 horas.
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