Comunicaciones
Acuerdo de la Conferencia, con calendario legislativo para el periodo de sesiones
Iniciativas
Francisco Saracho Navarro, PRI
Blanca Margarita Cuata Domínguez, Morena
Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, PMC
Mirna Isabel Saldívar Paz, PNA
Edmundo Javier Bolaños Aguilar, PAN
Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, PRD
Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Morena
Verónica Delgadillo García, PMC
Luis Manuel Hernández León, PNA
Acuerdo de la Junta, con designación de diputada consejera ante el INE
Dictámenes a discusión
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Por el que se reforma la fracción II del artículo 63 de la Ley General de Turismo, fundamentación
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Solicitud de licencia de diputado
Acuerdos de la Junta, con cambios en comisiones
Turno a comisiones de iniciativas y de proposiciones
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales (11:51 horas): Se abre la sesión. Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 256 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se informa la asamblea que el orden del día con los asuntos correspondientes a esta sesión, se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules. Ruego a los compañeros de medios de difusión, proceder a ocupar el lugar que tienen asignado en este recinto.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: En virtud de que el acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, compañeros diputados, compañeras diputadas, se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Aprobada el acta. Gracias, secretaria.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Continúe, con Comunicaciones.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Se recibieron solicitudes de retiro de iniciativas y proposición de las diputadas Alejandra Gutiérrez Campos, Sofía del Sagrario de León Maza y Araceli Guerrero Esquivel, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Se recibió oficio del Centro de Integración Juvenil, Asociación Civil, con el que remite copia de la Revisión Contractual 2018-2020 que fue depositada ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en cumplimiento al artículo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: La Secretaría de Gobernación remite el informe de los recursos ejercidos y comprometidos del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas y los recursos disponibles, correspondientes al periodo comprendido del 1 de junio al 31 de diciembre de 2017.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Con toda atención, la Presidencia invita cordialmente a los representantes de medios de comunicación a ocupar los lugares que tienen asignados para cumplir con su importante labor informativa. Remítase el tema reseñado por la Secretaría, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Se recibieron diversas autoridades, 18 contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Permítame, secretario. Vamos a esperar que los compañeros integrantes de medios de comunicación atiendan el ruego que en dos ocasiones y esta tercera les hemos hecho. Muchas gracias, señoras y señores. El tema reseñado se remite a las comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite los siguientes asuntos:
1. Comunicación por la que informa que en el mes de enero de 2018, el Servicio de Administración Tributaria a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó bienes aptos para su uso y consumo.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: 2. Información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de enero de 2018, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de enero de 2017.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: La Comisión Organizadora del Poder Judicial de la Federación para los Festejos del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remite el informe final de actividades realizadas de septiembre de 2014 a diciembre de 2017.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Remítase a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su conocimiento. Esta Presidencia informa que se han recibido solicitudes de licencia, y pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo correspondientes.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Diego Valente Valera Fuentes, para separarse de sus funciones como diputado federal electo del séptimo distrito electoral del estado de Chiapas, a partir del 28 de febrero del año en curso.
Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la cuarta circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
Se concede licencia, por tiempo indefinido, al diputado Alejandro González Murillo, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la quinta circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica se pregunta si son de aprobarse las licencias enunciadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Aprobadas. Comuníquese y llámese a los suplentes.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Se recibieron de la Cámara de Senadores las siguientes minutas:
1. Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Derechos de la Niñez, para dictamen.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que devuelve para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se informa a la asamblea que se encuentra disponible en el monitor de sus curules, el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Pregunte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Estamos en votación, compañeros. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Aprobado. Comuníquese.
Se han registrado para intervenciones desde su curul los siguientes diputados: el diputado Mario David Mex Albornoz, de Morena. La diputada Concepción Villa González, del mismo partido; la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, igualmente de Morena, y la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del PES. Por ello, tendrán desde su curul en el orden mencionado hasta un minuto para su intervención. Adelante, diputado Mario David Mex Albornoz.
El diputado Mario David Mex Albornoz (desde la curul): Sí, muchas gracias. Compañeras, compañeros, para comentar un tema sobre derechos humanos en el estado de Yucatán.
La Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos, el 14 de febrero hizo una solicitud, una petición al gobierno del estado y al Ayuntamiento de Mérida, para que se le dé seguimiento a la petición, otra petición que había hecho la clínica de servicios humanitarios de salud reproductiva que está en Mérida.
Es una clínica que se dedica a brindar información educativa sobre salud sexual y reproductiva, valga la redundancia, y esta clínica y quienes laboran en ella están siendo víctimas de una campaña de desprestigio por parte de algunos sectores que pueden denominarse religiosos fundamentalistas.
Entonces, la petición es que se le dé seguimiento a ese señalamiento de la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Humanos, en una situación también en la que en el país no está, no son óptimas o positivas las condiciones para los defensores de los derechos humanos. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Se encuentra alistado el tema al que usted se refiere en el orden del día y este punto de acuerdo será turnado a la comisión correspondiente.
En seguida le damos el uso de la voz a la diputada Concepción Villa González también de Morena, hasta por un minuto.
La diputada Concepción Villa González (desde la curul): Gracias, presidenta. Para mencionar que el pasado 14 de enero, en la Ciudad de Chihuahua, tres niñas indígenas de 12, 13 y 14 años fueron agredidas sexualmente en una colonia de la periferia.
El abuso se cometió la noche del miércoles en las mediaciones del asentamiento indígena en el sur de la capital del estado, cuando las menores caminaban rumbo a su domicilio, los sujetos, al parecer intoxicados, amagaron con un cuchillo a estas pequeñas.
Exigimos al gobierno del estado de Chihuahua, que se dé de manera expedita realice las investigaciones correspondientes para que los culpables sean detenidos y castigados por tales actos. Asimismo, que se les preste toda la atención debida a las menores y que se les garantice la integridad física y moral. Gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Se ha tomado nota de sus manifestaciones y quedarán inscrita en el Diario de los Debates.
A continuación un minuto desde su curul, la diputada Natalia Karina Barón Ortiz de Morena también.
La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Gracias, presidenta. Para decir que el viernes 16 de febrero pasado otra vez Oaxaca sufrió un temblor. Otra vez, ahora con epicentro en Pinotepa Nacional.
Sufrieron más de 33 municipios y hay cuantiosos daños. Sin embargo, otro hecho que lamentablemente ocurrió fue la caída de un helicóptero militar, en el que se transportaba, por cierto, el secretario de Gobernación y en el que murieron 14 personas que se encontraban cerca de donde aterrizó dicho vehículo. Y hay entre ellos niños fallecidos y hay más de 20 heridos en los hospitales de la región.
Pedirle que esta soberanía pueda solicitar un informe al titular, precisamente, de la Sedena, de cuáles fueron las causas que ocasionaron tan lamentable accidente. Y que cuáles fueron o cuáles son hasta el momento las indemnizaciones a las víctimas y a familiares de estos lamentables hechos ocurridos.
Así también, al secretario de Gobernación para que revise la situación de Oaxaca y no le sean requeridos más paripasos en el tema del Fonden y en la que puedan acceder los municipios y las localidades afectadas, ya que Oaxaca es un estado de extrema pobreza, de muy alta marginación. Ya el Congreso local se endeudó y ya no podemos seguir dando paripasos al Fonden. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Está inscrita también su opinión en un punto de acuerdo que se turnará a comisión y ahí se determinará el destino del mismo. Sin embargo, sus opiniones quedan asentadas en el Diario de los Debates. A continuación pedimos a la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, realice su pronunciamiento por un minuto, desde su curul.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (desde la curul): Muchas gracias, diputada presidenta. Es en dos sentidos, uno, para recordar el minuto de silencio que solicitamos el día 13 de febrero, a 10 años de la muerte de Miguel Ángel y que además es una llamada de atención a las más de 800 víctimas que hoy han ocurrido a partir de la muerte de Miguel Ángel, que nos recuerdan que el Estado no ha cumplido con el derecho humano al agua, con el derecho humano a la salud y el derecho humano a un medio ambiente sano.
Le debemos a Jalisco y le debemos a México una respuesta a todas esas víctimas que hoy no solamente son los deudos sino también quienes hoy están enfrentando una enfermedad que los va acabando lentamente, dolorosamente y que hoy nos hacen falta.
No queremos ni una víctima más de la indolencia de las autoridades en los tres niveles de gobierno.
Además, hoy tenemos la presencia en la Cámara, la visita de Enrique Lira, quien coordina el foro Medio Ambiente Social. Y también, de Cuauhtémoc Toscano, que dirige la cooperativa de pescadores.
Vienen hoy a solicitar la presencia de algunos presidentes de comisiones y de los coordinadores de las fracciones parlamentarias, quieren ser escuchados. Ojalá y mis compañeros legisladores sean sensibles a su presencia y acudan al llamado que hoy, sin ningún interés partidista, exclusivamente con un interés de atención a la ciudadanía hacen. Ya no aguantan más los pobladores, se nos están muriendo y no queremos ni una víctima más. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. También se encuentra enlistado como punto de acuerdo el tema por usted referido, que será turnado a comisión, amén de que en el momento oportuno se dará atención a su solicitud y han quedado sus manifestaciones inscritas en el Diario de los Debates. Por último, se ha inscrito el diputado Adán Pérez Utrera, de Movimiento Ciudadano, para también realizar una manifestación desde su curul por un minuto.
El diputado Adán Pérez Utrera (desde la curul): Gracias, presidenta. Como presidente de la Comisión de Protección Civil de esta Cámara, solicitar respetuosamente que se guarde un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de las 13 personas que el viernes 16 de febrero perdieron la vida en Santiago Jamiltepec, Oaxaca, a causa del desplome de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. En principio, nuestra solidaridad con sus familias. También queremos expresar nuestra solidaridad y desear pronta recuperación a las otras 16 personas que resultaron afectadas.
Finalmente, exhortar desde aquí a las autoridades respectivas para que presten los auxilios indispensables a los pobladores de otras comunidades que sufrieron daños causados por el sismo. Al mismo tiempo, solicitar que informen de la asistencia que se está dando a las personas afectadas por el desplome del helicóptero. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Hago de su conocimiento, y del resto de la asamblea, que antes de dictámenes será realizado por esta Mesa Directiva un pronunciamiento que va de la mano de su solicitud respecto a esa tragedia.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Continuando con el orden del día, tiene la palabra por cinco minutos en el capítulo de iniciativas el diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 132 y 134 de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Francisco Saracho Navarro: Con su permiso, señor presidente. Actualmente nuestras niñas y niños se han visto alcanzados en forma preocupante por padecimientos graves, como es el cáncer, la obesidad, la hipertensión, el sobrepeso, hasta deficiencias renales u otras enfermedades crónicas degenerativas, de lo que se advierte la existencia de distintos problemas de salud público que deben abatirse.
Según datos arrojados por el Inegi, el índice de menores de edad enfermos de cáncer se ha incrementado y la leucemia es la primera causa de muerte cuando su edad oscila entre los 5 y los 14 años de edad. Sin embargo, el cáncer también se presenta bajo otras formas y otras modalidades en la población infantil generando una alta morbilidad.
Desafortunadamente, en muchos de los casos la detección del cáncer se realiza en etapas avanzadas, lo cual no permite reducir los índices de mortalidad. Como consecuencia de la atención médica que reciben los menores de edad por esos padecimientos, se generan circunstancias muy apremiantes para sus padres, ya que al estar pendientes de su tratamiento que se les brinda, se ven en la necesidad de faltar a sus actividades laborales hasta por más de tres ocasiones en un periodo de 30 días, lo cual los coloca en una situación de incertidumbre jurídica máxime si han faltado reiteradamente por ese motivo.
Lo anterior crea el riesgo de que un trabajador que sea padre de familia pierda su empleo al no tener la autorización para faltar más días de los permitidos por la Ley Federal del Trabajo. El tratamiento de radioterapia y quimioterapia que reciben los niños y las niñas que padecen cáncer, es un ejemplo claro de ello, puesto que suele generar efectos negativos en su organismo por algunos días, lo que amerita que sus padres le brinden la atención necesaria para darles todos los cuidados que lo reciban.. Lo anterior, también suele ante las convalecencias derivadas de algunas enfermedades o de algún accidente no grave que sufran los menores de edad.
De este modo propongo adicionar una fracción XI al artículo 132, así como también la fracción XIV al artículo 134, ambas de la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de ampliar y fortalecer los derechos de los trabajadores que sean padres, otorgándoles la posibilidad de tener hasta seis días laborables para atender y cuidar a algún hijo menor de edad por enfermedad, tratamiento o convalecencia, lo cual les dará certeza, estabilidad y seguridad jurídica en su empleo con los cuales no cuenta actualmente para afrontar estos difíciles momentos.
Aunado a ello, se abonará el acercamiento que debe existir en la familia, considerando también que se debe tomar en cuenta el interés superior de la niñez al permitir a estos menores de edad enfermos o convalecientes estar acompañados de sus padres durante estos momentos.
Debe señalarse que para que los trabajadores puedan ejercer tal derecho de atención y cuidados de sus menores hijos de edad, todo momento debe hacerlo constar mediante documento emitido por las autoridades de salud necesarias donde se describa el estado de salud del menor, su tratamiento y recomendaciones al médico responsable. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Le concedemos ahora la palabra a la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Propaganda Gubernamental – ¿no se encuentra? Sí está, ya viene– reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adiciona el artículo 1o. de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por 10 minutos. Adelante, diputada.
La diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Buenos días, compañeros y compañeras diputadas y diputados. Hoy vengo a presentar a nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática la iniciativa de ley del artículo 134 en materia de propaganda gubernamental.
Como ustedes saben, el Congreso de la Unión se encuentra en falta, ya que derivado de la reforma electoral de 2007 se incluyó a nivel constitucional tanto en el artículo 134 como en sus artículos transitorios, el mandato para que se emitiera la ley reglamentaria, en las modalidades de comunicación social y la propaganda gubernamental, una obligación que reiteró en las reformas electorales posteriores.
Sin embargo esto no se ha dado, el Congreso de la Unión sigue ausente en esa discusión de la agenda legislativa frente a esta omisión que la misma Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso de la Unión, que regule la propaganda del gobierno.
Con mayoría de cuatro votos a uno se resolvió a favor de la organización, artículo 19, que interpuso una solicitud de amparo por esta omisión.
En consecuencia tal resolución deberá ser acatada por esta soberanía antes de que finalice el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de este último año de la Legislatura. Es decir, antes del 30 de abril de 2018.
Reconocemos los avances que en los últimos 10 años se han registrado con varias reformas electorales, y en los temas adyacentes que tienen que ver con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Sin embargo la regulación de la propaganda gubernamental, que es un tema tan sensible para poder avanzar, se ha mantenido prácticamente ignorado. Por ello es que el Grupo Parlamentario del PRD considera imprescindible que en este periodo de sesiones se ponga a la brevedad en la mesa de debate este tema, con la expectativa de que ahora sí se pueda discutir y en su caso aprobarse un instrumento legal que sirva para darle condiciones de equidad, no solamente a las contiendas electorales, sino al posicionamiento político de los partidos, que se respete el derecho a la información de los ciudadanos y se transforme la comunicación gubernamental en un verdadero instrumento social y no partidista.
Tres problemas son fundamentales para entender la resistencia de cambiar las prácticas gubernamentales frente al gasto excesivo de publicidad oficial:
En primer lugar la publicidad oficial al enfocarse en imagen del gobernante y a los logros de los programas públicos utilizados para fines político electorales y como parte de una estrategia clientelar, una estrategia que le ha permitido a los gobiernos en turno ejercer una suerte de censura indirecta utilizando a la comunicación social como un mecanismo de presión a la prensa, limitando la libertad de expresión en un clima hostil para periodistas y comunicadores y medios independientes del país, y el gasto excesivo en publicidad oficial como práctica de coacción política y mercantil.
Creemos que uno de los mayores incentivos para que se cometan estas conductas negativas, es la ausencia de la ley. Por ello es que estamos presentando ante esta soberanía la presente iniciativa que propone una ley general en la materia para avanzar en el desarrollo general de las leyes secundarias del Sistema Nacional de Anticorrupción que involucre a los tres órdenes de gobierno como un órgano de control y de fiscalización que contribuya a revertir las distorsiones, el desorden y los abusos que se cometen cotidianamente en la materia. Y, por otro lado, podamos avanzar en la construcción de una verdadera política de comunicación social de Estado.
Necesitamos reglas claras para el ejercicio de los recursos públicos que se ejercen en este rubro. Año con año se aprueban en los Congresos federal y locales millonarias cantidades de recursos fiscales destinada supuestamente para este fin, tanto para la Federación como para los estados, sin que existan los controles apropiados sobre el ejercicio real y la evaluación del cumplimiento de metas y objetivos.
En esta ley, definimos tanto los objetivos, la asignación, la contratación, así como el control de las pautas estales que permitan la utilización legal de los recursos en acatamiento de los principios constitucionales.
Nuestra iniciativa toma en cuenta que la Constitución fue reformada para introducir el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción en el que de manera destacada se pretende consolidar como verdaderas instituciones de Estado, la Auditoría Superior de la Federación, el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción.
Por ello consideramos que la Ley de Propaganda Gubernamental debe ser parte de un segundo paquete de reformas anticorrupción que esté vinculada a todo este entramado institucional.
Por ello consideramos que la Auditoría Superior de la Federación debe fiscalizar los recursos públicos que se hayan otorgado en materia de propaganda gubernamental, verificando su aplicación al objeto autorizado y comprobando el apego a los principios de ley, que rinda cuenta la Congreso de la Unión sobre el estado que guarda la propaganda gubernamental.
Esa es la propuesta del Grupo Parlamentario del PRD, y aprovecho esta tribuna para agradecerle a mis compañeros diputados Francisco Martínez Neri, nuestro coordinador; por supuesto a Guadalupe Acosta Naranjo y a Omar Ortega, que me apoyaron con esta iniciativa, y que hoy estamos aquí presentándola como una propuesta del Grupo Parlamentario del PRD.
Para ello los convoco a que lleguemos a los consensos necesarios en el presente periodo de sesiones, para contar a la brevedad con esta ley y cumplir de igual modo con el mandato judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De no hacerlo así la bancada del PRI y sus aliados conducirán esta Cámara al desacato que en su oportunidad denunciamos y seguimos denunciando, y hacemos votos para que ahora sí logremos aprobarla. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Federico Döring Casar: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, desde que se estableció la figura de la iniciativa preferente, esta ha sido utilizada por el presidente de la República solo en cuatro ocasiones. En el caso de Felipe Calderón Hinojosa, cuando mandó la iniciativa de Ley de Contabilidad Gubernamental y las reformas a la Ley Federal del Trabajo, y en el caso del presidente Peña Nieto solo en el caso de septiembre de 2014, cuando la Ley General para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, y recientemente en febrero de 2017, para la reforma a la Ley General de Educación con motivo de los dreamers, haciendo eco del caso y de auxilio que requerían los mexicanos que habían sido rechazados en Estados Unidos.
Cito a la doctora María Amparo Casar, que señala a la iniciativa como el instrumento del Ejecutivo a través del cual revela sus preferencias, le dice a la población no con palabras, sino con hechos, cuáles son sus verdaderas prioridades. Con este instrumento se exhibe públicamente quién es quién. El Ejecutivo asume su responsabilidad del contenido que quiere dar a una política pública y las fracciones parlamentarias, al votarles, exteriorizan sus posiciones.
Si bien es cierto que en los Congresos las mayorías determinan las decisiones de lo que se hace materia legal y lo que se queda como tan solo una propuesta, no puede ser el derecho de una mayoría cancelar la agenda política de las minorías. Lo que no puede hacer una mayoría es obstaculizar el debate político, lo que no puede hacer una mayoría es impedir el debate político y negarle a una minoría el derecho a que cuando menos alguno de sus temas se discuta, se debata y se tenga que votar y fijar una postura política.
Pondré algunos ejemplos de temas prioritarios para los grupos parlamentarios, que todos conocemos y el trabajo que ha costado, en algunos casos han logrado llegar a tribuna, en otros casos la mayoría ni siquiera ha permitido que lleguen a esta tribuna.
En el caso del Panal, las reformas que tienen que ver con el régimen de jubilación y pensión entre los maestros, que es necesario ajustar después de la reforma educativa en materia fiscal. En el caso del Partido Encuentro Social fue el tema de la objeción de conciencia, que tardó cerca de año y medio en ser discutido en esta tribuna.
El tema de los delfines, del Partido Verde Ecologista de México. El tema de las pensiones de los expresidentes, de Movimiento Ciudadano, que no ha logrado llegar a esta tribuna, porque la mayoría no lo concede. El caso de la marihuana, que fue una prioridad del PRD, no la de fines medicinales, sino la de fines lúdicos.
Morena, su iniciativa de adelgazamiento del gobierno y reducción de salarios de los funcionarios públicos, que tampoco ha logrado llegar a la tribuna, o de mi grupo parlamentario, lo que fue la contrarreforma a la tóxica reforma fiscal, la contrapropuesta que hicimos en materia del gasolinazo, del impuesto especial de producción y servicios.
Compañeras y compañeros, esta iniciativa lo que pretende es otorgarnos, a nosotros, pero sobre todo a las minorías, el derecho que tiene el presidente de la República. Que todos los grupos parlamentarios puedan tener cuando menos una iniciativa preferente, que estén obligados los otros grupos a discutir, a debatir y a votar y que nunca más en el nuevo Congreso una mayoría decida qué se discute, cómo se discute y cuándo no se discute y por qué no se discute.
Los grupos parlamentarios requieren una nueva fortaleza legislativa. Si el presidente puede hacer de su prioridad una iniciativa preferente y obligarnos a discutirla en un plazo de 40 días, nosotros debemos de reivindicar, para nosotros mismos y para nuestras agendas político-legislativas, esa misma prerrogativa y no debe estar sujeta a lo que acuerde la Junta de Coordinación Política ni a lo que determine una mayoría.
La mayoría tiene el privilegio de rechazarla con sus votos, pero no tiene el privilegio de cancelarla. Por eso también estoy planteando en el título que tiene que ver con los grupos parlamentarios, no solo el derecho de iniciativa preferente para todos los grupos, para los que tiene más del 20 por ciento con base en lo que ya establece la legislación en el artículo 81 de la Ley Orgánica una por periodo ordinario, en el caso de los que no tienen el 20 por ciento una por año en el ejercicio de la legislatura.
Y también las comparecencias, no basta con el artículo 69 y las comparecencias que derivan de la glosa, también estoy planteando que los grupos parlamentarios tengan el derecho cuando menos de una comparecencia garantizada, no vinculada a la glosa y al artículo 69, en cualquier tema político, en cualquier coyuntura, en cualquier agenda legislativa que por mandato de ley, sin que lo pueda negar la Junta de Coordinación Política ni una mayoría facciosa, ese servidor público venga y le dé la cara al pueblo de México y que el Congreso de la Unión tenga mejores herramientas que las que tiene hoy día y las mismas que tiene el presidente para sacar su agenda legislativa. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
Saludamos a los alumnos de la carrera de derecho de la Universidad Iberoamericana y a los alumnos de la preparatoria número 4, de Tacubaya, invitados por el diputado Rafael Hernández Soriano y el diputado Miguel Alva y Alva.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación cedemos la palabra, hasta por cinco minutos, a la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 273 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y deroga el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados en materia de diplomacia parlamentaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de abril de 2017.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el buen juez por su casa empieza, y cada quien debe hacer lo que le corresponde. Dos máximas que esta Cámara de Diputados no cumple.
Los cargos administrativos también se reparten a los amigos del frente frío o del Pacto por México, como quieran llamarlo, es lo mismo. Primero se juntan para hundir al país y después se separan para terminar de ahogarlo, así son, dos caras, pero igualitos, son cómplices.
Es por ello que vengo a presentar iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 273 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y derogar el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones del citado Reglamento en materia de diplomacia parlamentaria.
Lo anterior como consecuencia de que el día 14 de abril del 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, esto en materia de diplomacia parlamentaria, debiendo destacar que con dicha reforma se pretendía contribuir al mejoramiento de la función de la diplomacia parlamentaria, estableciendo en su artículo segundo transitorio lo siguiente.
Cito: Artículo segundo. Para los efectos de la modificación a las funciones de la Unidad de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias, la Cámara de Diputados realizará las adecuaciones necesarias a su normatividad secundaria interna en los siguientes 30 días a partir de la publicación del presente decreto.
A casi un año de dicha reforma, no existe normatividad secundaria respecto de la unidad de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias, y la misma está a cargo de la Secretaría General, la cual no ha tenido la capacidad de dirigir, organizar y supervisar los programas y actividades de dicha unidad bajo su adscripción, y mucho menos ha evaluado que cumplan sus funciones con estricto apego al marco jurídico aplicable.
Lo anterior obedece a que como ya se mencionó, ni siquiera existe el marco jurídico. La unidad se encuentra integrada, al día de hoy, por un titular, un director y cinco asesores, además del personal de base que se les ha asignado, los cuales cobran del erario, del dinero público y no tienen funciones definitivas ni definidas.
Ahora bien, el titular de la Unidad fue coordinador de asesores de Alfredo del Mazo en la gubernatura mexiquense. Y luego, director de Asuntos Internacionales de la desaparecida Secretaría de Energía, Minas e Industrias Paraestatales. También con Del Mazo, así, como secretario de Asuntos Internacionales del CEN del PRI. Señores, para muestra un botón.
En consecuencia, debemos legislar al respecto, por lo que se propone que dicha unidad sea un área técnica de apoyo primordialmente de la Comisión de Relaciones Exteriores, para fortalecerla, dado que es la encargada de solventar la agenda internacional, así como llevar a cabo encuentros de representantes parlamentarios afines, delegaciones permanentes de diputados y diputadas ante instancias parlamentarias multilaterales mundiales, regionales y bilaterales.
No obstante lo anterior, también se encargan de apoyar a las diputadas y diputados en temas relacionados con la materia internacional, aunado a que la Comisión de Relaciones Exteriores en sus decisiones respecto a las funciones de la Unidad de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias deberán ser de manera colegiada plural y democrática, buscando dar mayor pluralidad y alcance a los trabajos de la misma. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: ¿Sí? ¿Con qué objeto?
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (desde la curul): Para adherirme a la iniciativa.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Diputada Cuata, el diputado Cañedo está solicitando que se le autorice su adhesión a la iniciativa. Está autorizado y queda en la Secretaría para su suscripción.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 203 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 29 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Hasta por cinco minutos, diputada.
La diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara: Con su venia, señora presidenta. Compañeros, como es de todos conocido, el avance científico y tecnológico ha mejorado la calidad de vida de los seres humanos, proporcionándonos un estado de bienestar y confort. Sin embargo, como consecuencia de ello hemos ocasionado deterioro y degradación considerables al planeta Tierra.
La preocupación por el daño que hemos ocasionado al ambiente ha ido en aumento y en los esfuerzos por erradicarlos se han creado por parte de organismos, asociaciones, cumbres y convenciones nacionales e internacionales dedicadas a su conocimiento, estudio y protección.
En 1972 en Estocolmo, Suecia, se llevó a cabo la primera Convención Internacional en Materia Ambiental, misma que contó con la presencia de representantes de 113 países, 19 organismos gubernamentales y más de 400 organismos intergubernamentales y no gubernamentales, a este foro se le denominó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, mejor conocida como Conferencia de Estocolmo, en la cual se propuso sumar esfuerzos para conducir la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
En el mismo sentido, en 1992 se realizó la Conferencia de Río en Brasil, donde se adoptaron una serie de principios y responsabilidades hacia los estados, respecto del medio ambiente. Además se llevó a cabo la apertura de firmas para los tratados multilaterales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Del texto de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, de la cual nuestro país es parte, destaca el principio número 13 que enuncia lo siguiente: “los estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar así mismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidades e indemnización para los efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción”.
En ese sentido y en un esfuerzo por armonizar nuestra legislación a los compromisos internacionales, en el año 2013 se publicó la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que tras muchos años de esfuerzos la sociedad civil, académicos, organizaciones civiles y no gubernamentales materializaron en nuestro país un ordenamiento jurídico que regula la reparación y compensación del daño producido al medio ambiente.
Sin embargo, el texto de dicho ordenamiento contempla que la responsabilidad por daño ambiental tendrá solo una prescripción de 12 años a partir de que se produce el daño al ambiente y sus efectos, mientras que la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente enuncia un plazo de tan solo 5 años para demandar la responsabilidad ambiental.
Ambos ordenamientos enuncian plazos de prescripción distintos con lo cual se vulneran los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica contemplados en el artículo 14 y 16 constitucionales, además de que estos dispositivos jurídicos consideran el establecimiento de plazos de acuerdo a la reparación de daños del derecho civil sin considerar que los efectos que se producen, en consecuencia del daño al ambiente, pueden exteriorizarse de manera muy lenta y muchas veces no son producto de una sola acción, sino de un proceso extendido de tiempo y espacios, situación que deja en la incertidumbre jurídica a sus víctimas.
Un ejemplo de ello es el daño ambiental producido por el derrame de sulfato de cobre y otros metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora, considerado uno de los más grandes en la historia de nuestro país.
La última sentencia emitida en este caso, que fue en agosto de 2017, determinó que los pozos hoy en día continúan teniendo altos niveles de toxicidad, por lo cual los efectos de dicho desastre medioambiental se siguen manifestando hoy en día.
Tomando en cuenta que existen daños ambientales sobrevinientes cuyos efectos negativos se perciben con posterioridad y que es hasta entonces que el interesado está en posibilidad jurídica de ejercer su acción, propongo a esta soberanía que el término de la prescripción comience a computarse a partir de que el daño sea cierto y susceptible de apreciación jurídica, es decir de que se manifiesten sus efectos y no como actualmente se hace, desde el momento en que aconteció.
Compañeros integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, espero poder contar con su apoyo para que esta iniciativa sea dictaminada en sentido positivo. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.
El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Sí, diputado, adelante. ¿Con qué objeto? Diputado Fernando Rubio, ¿con qué objeto?
El diputado Juan Fernando Rubio Quiroz (desde la curul): Con el objeto de poderme añadir a la iniciativa de la compañera diputada.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: ¿La proponente está de acuerdo?
La diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara (desde la curul). Con gusto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Estará en la Secretaría para su suscripción.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación le concedemos el uso de la voz a la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Comunicación Social y Propaganda Gubernamental reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta por 10 minutos, diputada, por tratarse de reforma constitucional.
La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz: Gracias, presidenta. Estimados compañeros legisladores. Sin duda alguna la comunicación social y la propaganda gubernamental han cobrado especial significado en los últimos años.
Hoy contamos con una sociedad más participativa, crítica y vigilante, así como una competencia política real que ha llevado a la alternancia en los tres niveles de gobierno.
Los cambios en el sistema político y el nuevo equilibrio entre las diferentes fuerzas políticas y sociales, han hecho que los poderes legislativos y judiciales, federales y locales, los gobiernos municipales y los organismos autónomos, hagan uso de la propaganda y la comunicación social a fin de difundir información relativa a su trabajo diario, así como de la toma de decisiones asumidas en el ejercicio de sus atribuciones.
De tal forma la publicación de comunicados y conferencias de prensa, el uso de páginas de internet, la difusión de spots, la producción de programas de radio y televisión, el uso de las redes sociales como Twitter, Facebook, por ejemplo, entre otros, se han convertido en las herramientas de comunicación entre autoridades y gobernados.
Diversos cuerpos normativos reconocen el derecho fundamental del acceso a la información en dos vertientes: por una parte el derecho de las personas a recibir información, y por otra, la obligación del Estado a garantizar ese acceso y proporcionarla.
Sin embargo se ha llegado al extremo donde la propaganda gubernamental se transforma de un medio para informar a la población, a un instrumento de influencia que pretender manipularla.
Para evitar esta situación, en el año 2014 se concretaron reformas constitucionales que concluyeron –entre otras– con la adecuación del artículo 134 constitucional, destacándose su párrafo octavo en el que se consideraron dos directrices que deben ser observadas por los funcionarios públicos en el uso de la comunicación social y la propaganda gubernamental.
La relativa al carácter institucional de la comunicación social de los entes públicos, misma que debe tener fines meramente informativos, educativos y de orientación social, y aquella enfocada a la prohibición expresa de que la comunicación social sea utilizada con fines de promoción personal de los servidores públicos.
Adicionalmente se incluyó un artículo transitorio en el que se disponía expresamente que el Congreso de la Unión deberá expedir durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución, situación que en los hechos no aconteció.
Recientemente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que las Cámaras de Senadores y Diputados por su omisión de expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional que a la letra dice: han incumplido con el mandato constitucional señalado en el artículo tercero transitorio del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del año 2014.
No podemos omitir que la sentencia es clara al señalar que se cumpla con la obligación establecida en el artículo tercero transitorio del decreto de la reforma constitucional de 10 de febrero del 2014. Y, en consecuencia, proceda a emitir una ley que regule el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución antes de que finalice el segundo período ordinario de sesiones de este último año de la LXIII Legislatura, es decir, antes del 30 de abril de este año 2018.
En esta tesitura resulta apremiante emitir el marco regulatorio del párrafo octavo del artículo 134 constitucional en materia de comunicación social y propaganda gubernamental, que proporcione a los órganos del Estado, los elementos necesarios para llevar a cabo una vigilancia eficaz de la comunicación social y propaganda gubernamental, a la par de garantizar la imparcialidad del ejercicio de los recursos públicos, la neutralidad de los poderes públicos, así como evitar cualquier forma de intervención de éstos en los procesos electorales, y la promoción personalizada de servidores públicos con fines personales y político-electorales. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Pasamos a la segunda ronda de iniciativas, y le concedemos la palabra por cinco minutos al diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6o y 93 de la Ley General de Salud.
El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada presidenta. Señoras y señores diputados, la salud es sin duda un derecho fundamental de todos. No es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, sino que es también gozar de un bienestar tanto físico, mental y social, y por supuesto contar con programas efectivos de prevención.
Los servicios de salud, considero deben siempre planearse y administrarse cooperando con los pueblos interesados, tomando en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, sin olvidar sus propios métodos de prevención, sus prácticas curativas y sus medicamentos tradicionales.
Muchas comunidades gozan de tener métodos propios, es decir su medicina es de tipo tradicional. Esta medicina es una práctica milenaria que ha sido reconocida incluso por organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, por sus valiosas aportaciones a la salud humana y a sus practicantes. Ellos, por ser en muchos casos los proveedores de atención primaria de salud a nivel comunitario.
Este tipo de medicina es popular en todo el mundo e incluso su uso ha tenido un resurgimiento tanto en países desarrollados como en desarrollo, a partir de la década de los años 90.
Se entiende por medicina tradicional el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basadas en teorías, creencias y experiencias de ciertas comunidades tradicionales a sus métodos curativos y remedios, que incluso aún siguen estando en uso. Ejemplo de este tipo de medicina son los medicamentos herbarios ampliamente utilizados en todo el planeta.
La medicina tradicional, también llamada algunas veces alternativa, es parte de un proceso histórico de cambio dinámico y dependiente de condiciones sociales, culturales y económicas de cada momento. Millones de personas la usan en todo el mundo de forma habitual, tanto al margen de la medicina moderna como algunas veces combinándolas.
A pesar de haber formado parte de las comunidades por tanto tiempo, la medicina tradicional no ha sido incorporada a los sistemas de salud nacionales de la mayoría de los países en desarrollo y los servicios suministrados por practicantes tradicionales están muy lejos de ser aprovechados. Aún hace falta una mejor valoración de los beneficios que trae la medicina tradicional.
Desafortunadamente hay una larga historia de marginación y desprecio hacia la medicina tradicional indígena, popular y alternativa, que incluso ante la falta de una regulación normativa son víctimas de chantajes y presiones por parte de algunas autoridades.
Su exclusión del sistema médico no se debe a que sea ineficiente, es por el interés del dominio político y económico de quien ostenta el poder de la industria farmacéutica.
En México nuestros pueblos indígenas poseen grandes conocimientos en cuestión de medicina tradicional, gracias a su cosmovisión, a su interpretación de la salud y enfermedad y a la incorporación de elementos de otras medicinas, como la antigua medicina española, la africana y la china.
No obstante, en México vamos rezagados en cuestión de reconocimiento e integración de nuestra medicina tradicional.
Hay que rescatar las valiosas aportaciones de los individuos y sus comunidades en cuestión de este tipo de medicina. Estas no son únicas de una comunidad específica o de un sector social.
Las comunidades reconocen, resguardan, utilizan y nutren de nuevos terapeutas en materia de medicina tradicional. Esas comunidades y sus habitantes se ven empoderados por ello, ya que permiten que se organicen y capaciten y promuevan su autodesarrollo.
Compañeras y compañeros, la medicina alternativa no es ni mejor ni peor que otro tipo de medicinas, es diferente y potencialmente complementario, son muchos los testimonios de pacientes que se han visto favorecidos por los resultados positivos que su uso y prácticas confieren.
Hay que ir sin prejuicios, siempre privilegiando el acceso al derecho a la salud de las personas. En Acción Nacional valoramos las aportaciones y beneficios de la medicina tradicional y buscamos siempre privilegiar el acceso pleno a la salud de todos los mexicanos.
Esta iniciativa busca reformar la Ley General de Salud para impulsar el estudio, profesionalización, capacitación y actualización de los profesionales de la medicina tradicional y alternativa.
En vista de los muchos beneficios que trae este tipo de medicina, se debe proteger, promover su uso y facilitar que los profesionales de estas prácticas logren una mejor capacitación y de esta forma tratar de alcanzar el derecho fundamental de gozar de buena salud. Muchas gracias, diputadas y diputados. Muchas gracias, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen. A continuación tiene la palabra por cinco minutos...
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Diputada Cristina Gaytán, ¿con qué objeto?
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (desde la curul): Para pedirle al diputado Bolaños me permita suscribir la iniciativa, también reconociendo el trabajo y el valor de nuestros conocimientos y saberes ancestrales. Gracias, diputada.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: La diputada Cuata también, ¿para qué objeto?
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Precisamente para el mismo objeto, que nos permita suscribir a la diputada Laura Esquivel y a su servidora.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: El diputado proponente ya manifestó su aceptación. Por lo cual, queda en la Secretaría a disposición para su suscripción.
El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: El diputado Juan Blanco.
El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar (desde la curul): Sí también, presidenta, para pedirle al diputado que nos haga el favor de permitir suscribir su iniciativa.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Está expedita en la Secretaría para su firma.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Agustín Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración.
El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, no podemos reclamarle a Estados Unidos que trate bien a nuestros migrantes si nosotros no los tratamos bien cuando regresan a México, a los nuestros, no hablo de otros, a los propios mexicanos que regresan a territorio nacional y que muchas veces son objeto de vejaciones y en el mejor de los casos, de ignorancia, de negligencia, de abandono.
Por eso vengo a proponer una iniciativa, para ordenar, darle coherencia, sistematicidad al trato que reciben los migrantes repatriados, los migrantes que regresan por cualquier razón a México.
Había dos posibilidades para hacer esto, una era crear una nueva ley y crear un instituto para encargarse de la coordinación de las políticas públicas en torno a la migración que regresa al país.
Y la otra, que fue por la que yo opté, para evitar más burocracia y para evitar sobrerregulación, es crear un capítulo especial dentro de la Ley de Migración para este tema, y en vez de crear otro aparato burocrático, un instituto, darle a la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación este papel de ordenadora y coordinadora de los esfuerzos.
¿A qué esfuerzos me refiero? A que los migrantes que regresan tengan desde los albergues, que muchas veces les son imprescindibles, el trato, la canalización para su reinserción social en un país que algunos de ellos ni siquiera conocen y que se puedan aprovechar sus conocimientos, su experiencia, su bagaje cultural para que tengan actividades productivas en México.
Es decir, se trata pues de ir desde lo elemental, albergues, alimentación, tratamiento médico si es necesario, desde luego psicológico, hasta acuerdos con el sector privado, con el sector social para establecer los cauces necesarios para que se aprovechen en México las capacidades de estos paisanos nuestros.
Quiero decir que esta iniciativa no habría sido posible, su elaboración no se habría dado sin la participación fundamental de Omar de la Torre de la Mora, una persona que se ha dedicado en buena parte de su vida a tratar este tema de la migración.
¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que propone mi iniciativa? Un programa de retorno integral para el desarrollo. Partamos primero de una premisa, la mayoría de los mexicanos que viven en Estados Unidos, la mayoría de los mexicanos indocumentados en particular, que viven en Estados Unidos, no quieren regresar a México. Prefieren quedarse en Estados Unidos.
Yo he tenido oportunidad de ir a varias reuniones de agenda migrante en diversas ciudades estadounidenses, estuve en Chicago, estuve en Phoenix, estuve en varias ciudades de California y nos reunimos con varios, muchos, yo diría, migrantes indocumentados mexicanos. Y les preguntamos una y otra vez si querían regresar a México, aun en el caso de que tuvieran como opción quedarse ante las autoridades que los iban a maltratar, los iban a detener y todos nos respondieron que no querían regresar a México, que querían quedarse en Estados Unidos.
Sin embargo, hay muchos de ellos que, pese a que se quieren quedar, van a ser forzosamente repatriados a México. No se va a evitar eso y para ellos hay que cuidarlo, por eso este Programa de Retorno Integral para el Desarrollo, que pretende ayudarlos a ellos y ayudar a México, porque también puede ayudar a la economía nacional.
Tiene cuatro fases: la fase de información, la fase de internación, la fase económica y la fase de integración comunitaria. Insisto, se trata de coordinar y de ordenar. Ya existen instancias, ya existen políticas públicas en este tema a nivel estatal, a nivel municipal y por supuesto a nivel federal, pero hay dispersión, hay duplicidad de esfuerzos. Hay incluso contradicciones en algunos de estos proyectos.
A idea es ordenarlos, darles coherencia y en suma ayudar a nuestros paisanos que, queriendo o no, regresan a México. Que tengan esa reinserción que van a necesitar, a que aprovechen su capacidad, a que ellos desarrollen sus talentos y a que México también pueda beneficiarse de ese bagaje cultural que traen de regreso. Ojalá pueda recibir el apoyo de muchos y muchas de ustedes. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.
La diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Desde su curul la diputada Paola Félix Díaz.
La diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz (desde la curul): Gracias, presidente. Pedirle al diputado Agustín Basave suscribir esta importante iniciativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se le pregunta al diputado Basave si es su interés que se adhiera la diputada Paola. Sí. Adelante, con mucho gusto. Pondremos a su disposición, en virtud de que el promovente no tiene inconveniente en la adhesión, la Secretaría pondrá a disposición la iniciativa del diputado Agustín Basave.
El diputado Salvador García González (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra desde su curul el diputado Salvador García.
El diputado Salvador García González (desde la curul): Presidente, quisiera que le hiciera la pregunta a nuestro compañero Agustín Basave si acepta que nos sumemos al proyecto, ya que en mi calidad de migrante estoy muy de acuerdo con la propuesta y con la iniciativa que él está presentando.
El presidente diputado Edgar Romo García: Muy bien, diputado. Ya manifestó el diputado Agustín Basave que la Secretaría pueda poner a disposición la iniciativa para aquellos diputados que se quieran adherir lo puedan hacer.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra hasta por diez minutos el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señor presidente. Cámara de Diputados y pueblo de México. Bienvenidos. La libertad de asociación es un elemento esencial característico de toda democracia moderna. Esto lo estipula el artículo 9o. de la Constitución Mexicana.
Por medio de asociaciones los ciudadanos pueden incidir de la forma más directa en las decisiones importantes de su comunidad, tales como defender los intereses colectivos, realizar trabajo conjunto y participar en la creación de lo que la sociología ha denominado como el capital social.
A pesar de que la libertad sindical se encuentra plenamente reconocida en nuestro derecho constitucional y en diversos tratados internacionales, las leyes reglamentarias del trabajo regulan este derecho de una manera muy diferenciada. Mientras que en tanto que en la Ley Federal del Trabajo garantiza a los trabajadores del Apartado A) el derecho a constituir, a afiliarse o renunciar a los sindicatos que estime convenientes, sin limitaciones, obstáculos, ni consecuencias para el trabajador que así lo decida, no sucede lo mismo con los trabajadores al servicio del Estado comprendidos dentro del Apartado B) de dicha reglamentación.
Aunque el texto constitucional consagra su derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes, lo cierto es que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional, es decir, lo que es la ley burocrática, limita injustificadamente esta libertad fundamental al permitir únicamente la existencia de un solo sindicato por dependencia, impidiendo así la existencia de sindicatos minoritarios y coartando el derecho de los trabajadores a pertenecer o renunciar a un sindicato, lo cual es violatorio a la Constitución y de importantes instrumentos internacionales de derechos humanos a los que México pertenece y ha suscrito.
Resulta a todas luces evidente la inconstitucionalidad de los artículos 68, 69, 71, 72 y 73 de la ley burocrática, mismos que establecen la existencia de un único sindicato por dependencia, la prohibición de los trabajadores de renunciar a un sindicato, la condición de que no exista otra agrupación sindical en una misma dependencia para que los sindicatos minoritarios aspiren al registro y la cancelación automática de registro de un sindicato cuando otro adquiera el carácter de mayoría.
Para poder hablar de la libertad sindical, tenemos que reconocer también la pluralidad sindical y entenderla como el derecho que tienen los trabajadores de constituir varios sindicatos para una misma actividad profesional, y la obligación que tiene el Estado de garantizar la igualdad de todos los sindicatos otorgándoles los mismos derechos y obligaciones. Es decir, que todos sean sindicatos de primera, que no existan sindicatos de segunda, de tercera o de cuarta categoría.
Pero lamentablemente este principio se encuentra en una franca contradicción con nuestro derecho. Para ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo 68 de la referente ley mediante la jurisprudencia 43-99.
La presente iniciativa pretende armonizar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en sus artículos relativos a la sindicación única con la jurisprudencia 43/99 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de garantizar el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los trabajadores, en particular el de crear, participar y renunciar libremente a los sindicatos que el trabajador elija y de ese modo desaparecer de una vez por todas el reducto corporativista que hasta la fecha ha sobrevivido en esta legislación, y que ha impedido que los trabajadores del Estado ejerzan plenamente sus derechos fundamentales en materia laboral. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias a todos por su atención. Que tengan una excelente tarde.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 212 del Código Penal Federal.
La diputada Verónica Delgadillo García: Compañeras y compañeros, señores y señoras, con el permiso de la Presidencia. Hace unos años Enrique Peña Nieto, el presidente peor evaluado en la historia de nuestro país, se le ocurrió decir que la corrupción era un tema cultural que recaía en todos los mexicanos. Evidentemente –como dice el dicho– el león cree que todos son de su condición. Pero no es así.
En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que la corrupción no es un asunto cultural, que la corrupción es el modus operandi del PRI, es la forma y sello distintivo en el que el PRI ha gobernado a este país.
Sólo así nos podemos explicar que México sea el país más corrupto del orbe, sólo así nos podemos explicar que este gobierno haya puesto a México en el lugar 123 de 176 países, en el Índice de Percepción de la Corrupción, de acuerdo a Transparencia Mexicana.
Sólo así nos podemos explicar que ocho de cada diez empresas hayan estado o hayan padecido un acto de fraude, sólo así podemos explicarnos que ocho de cada diez mexicanos crean que la corrupción toca todas las fibras del gobierno. Sólo así nos podemos explicar que hoy tengamos a la peor generación de gobernantes corruptos que ha tenido nuestro país, todos del mismo partido, que han desviado 257 mil millones de pesos del dinero de todos los mexicanos.
Para nadie es un secreto que la corrupción está carcomiendo nuestras instituciones y que está lastimando a nuestro país. Nada más para que tengan una idea de lo que estoy hablando, cada año a los mexicanos la corrupción nos cuesta 2.1 billones de pesos. Y no se trata nada más de un asunto de dinero, sino que la corrupción le está robando las oportunidades a los mexicanos.
Ahí está el caso, por ejemplo, de la estafa maestra donde se desviaron más de 7 mil millones de pesos que iban a ser utilizados para la educación, para combatir la pobreza que le duela y que experimentan todos los días 55 millones de mexicanos.
La corrupción en nuestro país también cuesta trabajo. También está robando trabajo, un ejemplo está el caso de Carmen Aristegui y su equipo, que perdió su empleo por sacar el caso de la Casa Blanca, un símbolo de impunidad de este gobierno.
Ahí está, por ejemplo, que la corrupción le está costando vida a los mexicanos, como fue en el caso del Paso Exprés, que por cierto, todavía no hay una sola renuncia por este caso, ni siquiera una disculpa pública por este vergonzoso y lamentable hecho.
Y así podríamos seguir, enumerando caso por caso, evidenciado que en este país los políticos corruptos pueden desviar dinero, pueden violar la ley y que aquí no pasa nada.
En Movimiento Ciudadano tenemos claro que si queremos acabar con la corrupción, tenemos que cambiar el sistema, tenemos que combatir el sistema que instauró y que heredó el PRI, y podemos empezar con algo muy sencillo. Miren, si un mexicano viola la ley, va a la cárcel, y con los políticos no debería de ser distinto.
Por eso el día de hoy presento una iniciativa para que cualquier funcionario público, independientemente del nivel, pueda ser juzgado y procesado cuando cometa actos de corrupción sin importar el tiempo que haya pasado. Es decir, que no queremos que el dinero que se han robado, quede en el olvido. Es decir, que el tiempo no tiene que sepultar los delitos de los políticos corruptos, no queremos que ellos se salgan con la suya.
Señoras y señores, la discusión que aquí debemos de tener es cómo acabamos con este régimen de corrupción, de impunidad, que tiene secuestrado a nuestro país; es cómo combatimos este régimen que sigue privilegiando a unos pocos por encima de todos los mexicanos.
Antes de terminar mi participación, quiero aprovechar para mandarle un mensaje al presidente de la República, a Enrique Peña Nieto. Hace un año fui a Los Pinos a pedirle que en un ejercicio de dignidad y de vergüenza, renunciara a su futura pensión millonaria y a todos sus privilegios.
Han pasado 365 días y sigue sin responder, solo les recuerdo que los mexicanos y las mexicanas merecemos respuesta, y esperemos que esa respuesta esté a la altura de las exigencias de todas y todos los mexicanos, y que también esté muy consciente del momento histórico que estamos viviendo. Es cuanto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene desde su curul la palabra, el diputado Germán Ralis.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (desde la curul): Únicamente, presidente, para comentar que a la diputada Delgadillo se le olvidó nombrar a la secretaria de Estado, Rosario Robles, donde hoy se destapa una cloaca de corrupción evidente y que esperamos que hoy se tomen acciones concretas. Ese sería un buen ejemplo que este gobierno tendría que...
El presidente diputado Edgar Romo García: Estamos en el capítulo de iniciativas, diputado.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (desde la curul): ... para poder tener la confianza que el pueblo necesita. Rosario Robles y la corrupción. Es cuanto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de planificación familiar.
El diputado Luis Manuel Hernández León: Con su permiso, señor presidente. De los países pertenecientes a la OCDE, México ocupa el primer lugar en fecundidad, 77 nacimientos por cada mil jóvenes de entre 15 y 19 años.
Es sin duda un problema multifactorial, pero si me lo permiten decirlo de otra manera, diríamos, cuando a las niñas o a las adolescentes se les esfuma su felicidad y cambian el hecho de divertirse o de estudiar, por hacerse cargo y asumir un nuevo rol como adultas cuidando a niños.
Sin duda alguna el número es muy elevado, es por ello que Nueva Alianza una vez reiteramos respecto al tema, que limita el desarrollo de millones de adolescentes en el país el embarazo sin planeación en esta etapa de la vida. Esta situación no solo debe preocuparnos, sino motivarnos a ejecutar mejores políticas públicas en la materia, para ello se hace indispensable adecuar la Ley General de Salud, para que este tema se aborde de una manera integral.
En aras de lo anterior pongo a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley, en materia de embarazo adolescente, mediante la cual se pretende que las acciones encaminadas a disminuir el número de embarazos entre adolescentes estén fundamentadas en un diagnóstico preciso, informado y específico por entidad federativa, otorgando dicha facultad a las autoridades estatales.
Asimismo, en busca de que las autoridades federales sean las encargadas de integrar información, suministrada para el diseño e implementación de estrategias de carácter nacional.
De acuerdo con la UNICEF, las niñas que quedan embarazadas antes de los 18 años, rara vez pueden ejercer sus derechos a la educación, la salud, la protección y a un nivel de vida adecuado. Pierden su niñez al asumir obligaciones de adultos.
La situación en este aspecto es grave a nivel mundial, por ello la propia UNICEF realizó un estudio sobre América Latina y el Caribe llamado Vivencias y relatos sobre el embarazo de adolescentes, una aproximación a los factores culturales, sociales y emocionales, a partir de un estudio en seis países de la región, en el cual se afirma que entre los motivos por el que muchas adolescentes quedan embarazadas está la falta de información y de oportunidades de desarrollo, la voluntad propia, las expectativas sociales y también la violencia sexual.
Mediante esta iniciativa que sometemos a su consideración, proponemos que se incluya en la Ley General de Salud mecanismos eficaces a corto plazo y focalizados para abordar de manera integral esta situación.
En este sentido, se busca que los estados tengan la facultad de elaborar un diagnóstico de las características que presentan la población adolescente por cada una de las características, incluso regionales de las propias entidades.
El embarazo prematuro no planificado y que ya es un problema de política pública que hay que responder, a los diversos contextos. No es el mismo problema en una zona urbana, que en la zona semirural o rural. Por ello es importante la participación de las entidades federativas.
Asimismo se propone eliminar la percepción de que la planificación familiar solo es un asunto de pareja. Se propone eliminar dicha frase del artículo 67 de la ley, señalando que se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo, antes de los 20 años o bien, después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número, todo ello mediante información correcta, oportuna, eficaz y completa.
También se plantea la elaboración de un programa dirigido exclusivamente a la población adolescente, para detectar sus necesidades en contexto rurales, semiurbanos y urbanos, de este modo implementar estrategias diversas, pero unidas en la acción y de comunicación más eficiente, ello es un servicio de planificación familiar.
Con reformas, como las que hoy planteamos, reafirmamos nuestro compromiso para un futuro mejor de las y los adolescentes en este país. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Carlos Iriarte Mercado, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, adelante, diputado.
El diputado Carlos Iriarte Mercado: Con su permiso, presidente. Continuando el esfuerzo de este Poder Legislativo y claros de que es nuestra obligación y el compromiso con la sociedad de continuar en las tareas sustantivas, es que presentamos el Grupo Parlamentario por mi conducto, el Grupo Parlamentario del PRI, estas reformas a Ley Aduanera, entendiendo que la importancia del comercio para el desarrollo de un país es sustantiva, que es una actividad social y económica que implica, sí el intercambio de bienes y servicios, pero que es mucho más que un acto lucrativo. Es una oportunidad para interactuar con el otro y obtener un beneficio para ambos, un beneficio para la sociedad, por tanto es un ejercicio que exige reciprocidad y confianza.
Entre los países como entre las personas el comercio representa una posibilidad para estrechar lazos y favorecerse mutuamente, por eso este cambio el destino y el genio de las naciones, como escribiera el poeta inglés Tomás Becket.
La reforma aduanera que presentó el presidente Enrique Peña Nieto hace poco más de cuatro años, fue una iniciativa para realizar una reforma integral a la Ley Aduanera, vanguardista.
Dicha iniciativa propuso mejorar las condiciones de competencia de nuestro comercio exterior, así como bajar los costos de transacción para facilitarlo y, en consecuencia, fomentar el desarrollo económico para la nación, toda.
Una vez aprobada se establecieron procedimientos más eficaces y acordes al esquema de facilitación del comercio que se ha desarrollado en el ámbito internacional, manteniendo un adecuado control de la entrada y salida de mercancías en el territorio nacional.
No obstante este importante avance frente a un comercio exterior tan dinámico y pujante como el mexicano, es necesario mantener instrumentos jurídicos actualizados, acordes no solamente con la realidad nacional sino con la internacional, que además, incentiva el intercambio comercial con nuestros socios de una manera más eficaz y eficiente, sin duda oportuna.
Esta actividad, en otras palabras, es poder dotar al Estado mexicano de un marco jurídico adecuado para enfrentar los desafíos que provengan de la celebración del Tratado de Libre Comercio, así como de la globalización de los mercados.
Esta reforma para modernizar y mejorar nuestro marco regulatorio deriva de lo anterior que las diputadas y los diputados del PRI ponemos a consideración de esta asamblea una iniciativa que contempla alrededor de 25 adecuaciones legislativas para impulsar la modernización de las aduanas, generar mayor eficiencia y competitividad en la cadena logística, otorgar mayor seguridad jurídica a los usuarios actualizar e incorporar las mejores prácticas internacionales, generar inversiones y hacer más eficientes los procesos de importación en México.
Entre otros objetivos proponemos lo siguiente: crear la figura de agencias aduanales para garantizar la continuidad operativa y las inversiones que los agentes aduanales han realizado en infraestructura, capacitación, desarrollo y en beneficio del comercio exterior.
Reducir la utilización de papel de las aduanas, contemplando la posibilidad de presentar en dispositivos tecnológicos los documentos necesarios para el despacho de las mercancías.
Disminuir, por ejemplo, de siete a cuatro días, el tipo de almacenamiento y custodia gratuita, con el propósito de incentivar el despacho expedito de las mercancías en las aduanas de tráfico marítimo.
Facilitar la entrada de los pasajeros a nuestro país, simplificando la declaración de aduanas y los semáforos fiscales. Otorgar certeza a los usuarios del comercio exterior, a través de la certificación, por conducto del SAT, del peso, volumen o características especiales de la mercancía para la determinación y pago de impuestos.
Facultar a la autoridad aduanera para retener directamente las mercancías que se encuentran en la aduana cuando se vulneran derechos de autor y de propiedad industrial.
Precisar los plazos y términos en que procederá la compensación contra el aprovechamiento que deben cubrir los recintos fiscalizados, con la finalidad de otorgar certidumbre a los usuarios de comercio exterior y a las autoridades aduaneras.
Permitir la creación de recintos fiscalizados que colinden con otros, incluso, a través de una ruta confinada, lo que generará la posibilidad de contar con mayor infraestructura, propiciar mejores servicios, a tener capitales, y desde luego, empleo.
En suma, de aprobarse esta iniciativa, las mexicanas y los mexicanos podremos modernizar y adecuar la Ley Aduanera a las condiciones del comercio internacional contemporáneo, y hacer más eficiente la cadena logística del sector, a fin de seguir consolidando a México como un líder global, pues el comercio no solo es un instrumento que permite generar prosperidad sino que contribuye a fortalecer la paternidad entre las naciones. Muchas gracias. Sería cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El presidente diputado Edgar Romo García: Continúa la Secretaría con oficio de la Junta de Coordinación Política.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibió oficio de la Junta de Coordinación Política por el que se informa la designación de la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, como consejera propietaria del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El presidente diputado Edgar Romo García: De enterado. Comuníquese.
El presidente diputado Edgar Romo García: Quisiera hacer un pronunciamiento respecto al accidente de la aeronave en que viajaba el secretario de Gobernación el 16 de febrero del presente año.
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión lamenta el fallecimiento de al menos 14 personas del poblado de Jamiltepec, en el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a consecuencia del accidente de un vehículo aéreo en el que viajaba el secretario de Gobernación, el gobernador del estado de Oaxaca y otros funcionarios, en supervisión por el sismo de 7.2 grados que se presentó el pasado 16 de febrero.
Es de resaltar la labor que en estos casos hacen de manera pronta nuestras Fuerzas Armadas en auxilio de la población, y reconocer la responsabilidad con la que asumen las consecuencias de sus acciones.
Nos solidarizamos con las familias de quienes perdieron la vida, así como con los afectados por la actividad sísmica reciente. Les solicito a los compañeros integrantes de esta legislatura un minuto de silencio en reconocimiento de las víctimas.
(Minuto de silencio)
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que es la discusión del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado César Augusto Rendón García, del Partido Acción Nacional.
El diputado César Augusto Rendón García: Diputado presidente, con su venia. Compañeras y compañeros, diputados. El dictamen que nos ocupa se deriva de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La propuesta de la iniciadora turnada a la Comisión de Seguridad Pública y analizada cuidadosamente, considera lo siguiente. La iniciativa fue dictaminada en sentido positivo con modificación a la fracción IV del artículo 31 en lo que se respecta al tema de reinserción social.
Como todos sabemos, la tendencia internacional en materia de derechos humanos ha sido el reconocimiento de una esfera más amplia de protección a las personas, misma en la que transita la reforma constitucional de 2008 y 2011 cuyo objeto, entre otros, es el de hacer más extensiva la tutela de las personas dentro del territorio nacional, comprendiendo además los derechos humanos reconocidos por la Constitución, también aquellos que se encuentran dentro de los tratados internacionales celebrados por México.
Hablar de la reinserción social de la delincuencia en el ámbito penitenciario, es uno de los objetivos de las políticas de la seguridad pública, perpetuados en los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos.
Esa función del Estado es reconocida en nuestro sistema como respuesta a una demanda de justicia a efecto de sancionar el culpable, consumar la reparación del daño en favor de la víctima u ofendido por el delito. En paralelo, reorientar la vida de las personas que han delinquido para ser reincorporadas a la vida social tras compurgar la pena impuesta.
Las funciones de la seguridad pública federal en México son funciones de la Secretaría de Gobernación a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual, conforme con los estatutos de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, tiene como objetivo regular la integración organizacional y funcional de los trabajos de la promoción y coordinación de esfuerzos de todos los centros de reclusión para recuperar el sentido de la reinserción social basado en el trabajo, la capacitación laboral, la educación, las actividades deportivas y desde luego la salud.
Es entonces donde ubicamos que esta conferencia conformada por toda la federación facilita la cooperación entre los centros penitenciarios e instituciones públicas y privadas, así como crea un vínculo de participación ciudadana para la ejecución de programas y proyectos que generan acuerdos para la ejecución de acciones tendentes a lograr una efectiva reinserción social de los internos.
En este sentido, la reinserción social del sentenciado es uno de los objetivos principales a instrumentar en la política pública penitenciaria siempre con estricto cumplimiento a la legislación aplicable, la cual emana principalmente de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es entonces donde nace el sentido de la presente adición ante el impostergable reto de generar no sólo los instrumentos para hacer efectiva esta política pública, sino adecuar las instituciones y las normas para hacer que se propicien los procedimientos legales de respeto a la integridad de las personas en reclusión.
El fin de la reclusión no sólo es mantener al interno aislado de la sociedad, sino generar los esfuerzos para reencauzar sus hábitos de conducta, costumbres y procesos cognoscitivos con la mirada puesta al futuro, a fin de que el interno sea capaz de generar nuevos patrones de vida ajenos a las tendencias de cometer ilícitos, así como eliminar los factores que llevan a la reincidencia.
Para México, responder a la exigencia social de brindar certidumbre en los procedimientos penitenciarios para que operen con eficacia y garantizarle mediante los programas de trabajo comunitario, educativo, salud y deporte en el marco del sistema de seguridad pública que consagra la Ley Fundamental, es una tarea que también involucra a los responsables del gobierno, custodia, vigilancia capacitación de los centros penitenciarios, pero ha sido un galimatías hacer tangible la función en forma autónoma para erradicar la corrupción interna de manera coordinada con las funciones de salud.
La atención a la salud para las personas en prisión es factor indispensable para la formación humana al ser un derecho humano. El digno trato, el derecho a la salud de las personas en reclusión, vemos la necesidad de hacerlo patente para que los integrantes de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, emitan programas de reinserción social adecuados a las necesidades que persigue la sociedad y en consonancia con la salud física y mental de los internos.
Por tanto en cuanto a la reforma de la fracción IV del artículo 31, se considera viable en virtud de las reformas en materia de derechos humanos, por los elementos expuestos, ya que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario tiene como objetivo regirse como órgano de análisis, difusión e instrumentación de la política pública en materia penitenciaria, con estricto apego a la legislación aplicable, así como con absoluto respeto a la soberanía de las entidades federativas y, por lo tanto, adecuar sus atribuciones en nuestra Carta Magna resulta idóneo.
En razón de lo anterior la Comisión de Seguridad Pública somete a consideración de esta soberanía el presente dictamen solicitando su voto a favor, ya que con ello estaremos contribuyendo a dar instrumentos necesarios para la adecuada y mejor reinserción social tan necesaria en el sistema penitenciario mexicano. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado.
El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado diversos grupos parlamentarios para fijar posición. Entre ellos están: el Partido Encuentro Social, Partido Nueva Alianza, Partido Movimiento Ciudadano, Morena, PRD, PAN y PRI. Tiene el uso de la palabra la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, de Nueva Alianza, como promovente, para fijar posición, hasta por cinco minutos.
La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, primeramente quiero dar las gracias a los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y a su presidente el diputado César Augusto Rendón, por haber aprobado esta iniciativa.
Cuando presenté la iniciativa que dio lugar al dictamen que hoy estaremos votando, lo hice atendiendo una demanda de las y los ciudadanos, uno de sus reclamos más sentidos que es la inseguridad y que aqueja tanto al territorio nacional, impidiendo el desarrollo de las comunidades del país.
Basta mencionar que de acuerdo con cifras del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año 2017 se registró una tasa de homicidio del 18.7 casos por 100 mil habitantes, y el 68 por ciento de estos delitos se produjo por arma de fuego, lo que hace evidente el nivel de violencia en el que vivimos en nuestro país.
Las diputadas y los diputados de Nueva Alianza nos comprometimos a plantear las reformas necesarias para el fortalecimiento del Estado de derecho y que conduzcan a la implementación de un modelo de seguridad pública eficaz en el combate a estos delitos.
En aras de lo anterior propuse una reforma a fin de mejorar la redacción de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública incorporando preceptos para que la actuación de las fuerzas del orden esté completamente apegada a derecho, y de este modo contribuir a que el nuevo Sistema Penal Acusatorio consiga sus objetivos.
Los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que es posible combatir a la delincuencia de manera integral, coordinada, armónica y congruente con el respeto a los derechos humanos.
La Comisión de Seguridad Pública ha coincidido afortunadamente con esta postura, y por ello en este dictamen se pone un énfasis en la reinserción social del Sistema Nacional Penitenciario estableciendo que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario tendrá la función de proponer mecanismos para implementar el respeto a los derechos humanos, a la educación, la capacitación para el trabajo, la salud y el deporte como medios de reinserción social.
De este modo se incorpora la visión constitucional en materia de derechos humanos consistente en un reconocimiento de una esfera cada vez más amplia de protección a las personas.
En Nueva Alianza sabemos que combatir el crimen no significa violar los derechos humanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, hasta por cinco minutos, para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Compañeros diputados y diputadas, la iniciativa que hoy, el dictamen que hoy se está discutiendo y que vamos a aprobar en unos momentos, es un dictamen que avanza en el respeto a los derechos humanos de todas y todos aquellos ciudadanos que están compurgando alguna sanción en los centros penitenciarios de este país, a nivel federal y a nivel local.
El artículo 18 constitucional contempla con toda claridad los fines que debe de tener la reinserción. Por un lado la educación, la capacitación para el trabajo, la salud y el deporte como medios y como fines que deben tenerse dentro de los centros de reinserción social.
La realidad es que en los centros de reinserción social en nuestro país se vive una saturación, como lo han dicho muchos estudios, y aunque el nuevo sistema de justicia penal establece que hoy la prisión preventiva no es la regla, sino debe ser la excepción y que los últimos meses y el último año ha estado despresurizándose los centros de reinserción social, la verdad es que en la mayoría de los centros de reinserción existe una violación a los derechos humanos de los internos.
Esta saturación, esta sobrepoblación que existe en los centros de reinserción no permite que se cumplan los fines que tiene el artículo 18 constitucional y que contraviene por supuesto el respeto a los derechos humanos del 1o constitucional. Por eso, los diputados de Movimiento Ciudadano y las diputadas de esta fracción parlamentaria avalaremos esta reforma del artículo 31 del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su fracción IV, que propone que se implementen mecanismos para el respeto a los derechos humanos, la educación, la capacitación para el trabajo, la salud y el deporte como medios y fines de reinserción social.
La realidad es que los últimos estudios, tanto del Inacipe, el CIDE, como lo fue el informe ejecutivo de 2017, la consulta nacional sobre el modelo de procuración de justicia y seguridad pública, al igual que el estudio que hizo Causa en Común, nos habla que hoy el país necesita urgentemente una revisión y un análisis profundo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, del modelo de seguridad y sobre todo de justicia y el modelo policial que debe haber.
La propuesta original de esta iniciativa, haciendo un análisis, una revisión, traía varias modificaciones a la ley nacional que buscaban adecuarla al nuevo sistema de justicia penal. La realidad es que esta propuesta era necesaria, pero necesitamos una reforma a fondo, como lo dicen estos estudios de los académicos, de los expertos, de las organizaciones de la sociedad civil, que buscan que efectivamente haya, por ejemplo, un solo modelo de policía nacional, donde se revisen los procedimientos, capacidades institucionales y modos de operación de las corporaciones municipales, estatales y federales, a partir de estándares y que se revise esa homologación y se cumpla con objetivos y metas.
Se requiere, por supuesto, crear incentivos de los policías, para que tanto a nivel municipal se homologuen sus salarios y sus prestaciones, como lo hemos venido señalando y a nivel nacional hoy, con el nuevo sistema de justicia penal, es urgente que se revise cómo están funcionando los centros de reinserción social para que esta reforma que hoy vamos a aprobar sea una realidad y no se convierta, como muchas, en modificaciones a las leyes, pero que no se cumplen en la práctica.
La verdad es que la saturación que existe en los centros de reinserción no ayuda para que se cumplan con esos objetivos. Por ejemplo, los porcentajes que existen de quienes pueden tener acceso a trabajar dentro de los centros de reinserción, es más o menos un 10 por ciento en todo el país, al igual que el acceso a la educación y los otros objetivos y metas que tiene el artículo 18 constitucional, para que haya una real reinserción social.
Esperemos que esta reforma ayude, coadyuve y que poco a poco se vayan cumpliendo los fines que tiene el 18 constitucional, en cuanto a las personas que están compurgando o cumpliendo una sanción penal. Es cuanto, presidente, compañeras y compañeros diputados.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, para fijar la posición del Partido Encuentro Social, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muy buenas tardes, compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social hago uso de esta tribuna, para fijar el posicionamiento referente al dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Nelson Mandela decía que nadie conoce realmente a una nación hasta que ha entrado en sus prisiones. Cuando hablamos de la pena de prisión existen dos posibles maneras de verla, desde la perspectiva de la sociedad, que exige mayor seguridad y solamente en la imposición de condenas ve satisfechas sus necesidades, y desde el punto de vista la persona reclusa, quien a mayor tiempo en la prisión se le disminuyen las posibilidades de retornar a la sociedad como miembro que no volverá a delinquir.
En este sentido, las personas que han estado presas pasan, por decirlo así, por el estigma de haber estado en la cárcel y de tener antecedentes penales, situación que nada facilitará su reincorporación al ámbito laboral, familiar y social.
De la misma manera se ha observado que la pena de prisión no cumple realmente con el objetivo de cambiar y transformar positivamente a una persona. Las cárceles mexicanas en su situación actual son espacios propicios para la graduación criminal, no solo por hacinamiento que muchas de ellas registran, sino también por la convivencia entre internos de diversa peligrosidad.
Hoy en día las cárceles mexicanas no reinsertan ni rehabilitan, más bien generan conflictos de toda índole en los internos, ya que el paso por la prisión, aunque sea breve, dejará una marca negativa de por vida.
Por lo tanto es necesario empezar a buscar opciones para lograr que estas personas se reintegren lo más pronto posible a la sociedad de la que pertenecen, con la finalidad de que puedan seguir el ideal de vida digna que buscan, en la expectativa de que sea dentro de un contexto de licitud.
En México, el 95 por ciento de los delitos tiene contemplada la prisión, la cual tiene el propósito, tal como lo define el artículo 18 constitucional en su segundo párrafo, de lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.
Lamentablemente en lugar de ser ese espacio que promueva la reinserción, las prisiones, como ya lo he comentado, son espacios que llevan a lo contrario, donde los derechos humanos no son respetados y la violencia prevalece.
La prisión debe garantizar en todo momento la seguridad de los internos, así como las condiciones de vida digna al interior de estos centros, a fin de que las personas desarrollen sus capacidades y realicen actividades que les permitan una estancia adecuada.
De acuerdo con estadísticas del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014, de los 213 mil presos que hay en el país, 18 por ciento son reincidentes, según el estudio realizado por el Inegi, 38 mil 186 reos volvieron a delinquir después de haber cumplido con alguna condena.
Otro factor que favorece la reincidencia delictiva es la ruptura de las relaciones familiares de los convictos, especialmente esta es una situación que se genera más cuando se habla de las mujeres.
Se puede considerar que la encuesta realizada en 2012 por el CIDE, del que se desprende el 14.8 por ciento de los internos en el DF, en el estado de México nunca reciben visitas familiares, entonces entendemos lo que implica, no hay esa fortaleza que la familia puede generar para cambiar la forma de vida.
Con miras a mejorar esta situación, la CNDH ha emitido varias recomendaciones en torno al sistema penitenciario en los últimos años. Sin embargo, estas no han sido atendidas y penosamente han tenido poco impacto en las condiciones de vida en las prisiones.
Como sociedad necesitamos que el trabajo al interior de los centros penitenciarios tenga el compromiso necesario que una actividad tan importante para un país demanda. A la vez que exigir el compromiso a los funcionarios responsables para que se fortalezcan con recursos humanos y materiales que mejoren los programas de atención, inclusive, impactar fuertemente a la sociedad en lo que implica generar una cultura de entender que una persona que ha sido consignada y que está hoy en una cárcel, tiene precisamente en la privación de la libertad su mayor dolor, y no en generar condiciones inhumanas que lleven a la persona a encontrar odio y una respuesta aún más negativa para la sociedad como respuesta a la experiencia vivida.
Por lo tanto, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social votará a favor del presente dictamen, ya que consideramos que la propuesta contribuye a la mejora del sistema penitenciario nacional para evitar los múltiples problemas y violaciones a los derechos humanos que se han prolongado por años, y que muestran claramente las carencias de un sistema deficiente, muchas veces sostenido por intereses ajenos al objetivo principal de la reclusión, que es precisamente la readaptación y la reinserción. Es cuanto, muchas gracias por su atención. Buen día.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputada Norma Edith Martínez Guzmán. Sigue con el uso de la palabra el diputado Sergio René Cancino Barffuson, del Grupo Parlamentario de Morena, para fijar la posición de su grupo parlamentario, hasta por cinco minutos.
El diputado Sergio René Cancino Barffuson: Buenas tardes, presidente, diputadas, diputados y quienes nos siguen por el Canal del Congreso. Para el Grupo Parlamentario de Morena la situación nacional en materia de inseguridad atraviesa una profunda crisis.
Las medidas que este Congreso toma son francamente cosméticas, 2017 fue el año más violento de dos décadas, con 25 mil 339 asesinatos. La cifra más alta desde que empezó el registro en 1997, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
México vive una ola de violencia ligada al narcotráfico y que ha dejado más de 300 mil muertos desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un polémico operativo militar antidrogas que solo ha contribuido a que se multipliquen los asesinatos y ataques.
En 2017 estados que no hace mucho eran ajenos a la violencia, como Baja California Sur, Colima y Guanajuato empezaron a ser sacudidos por distintos ataques criminales. En lo que va de 2018 la violencia que ocurre es insoportable. En medio de este recrudecimiento de la violencia las medidas que aquí se toman varían del militarismo a unas medidas genéricas, cosméticas, que no son de fondo y que poco o nada ayudan a pacificar al país.
Por otra parte, la PGR se encuentra rebasada en sus áreas sustantivas. Necesitamos regenerar nuestras instituciones. Este Congreso tiene una deuda pendiente con la sociedad: la seguridad pública. Además, no tenemos fiscal general de la República, no tenemos fiscal anticorrupción ni magistrados anticorrupción.
No hemos nombrado al auditor superior de la federación ni a los titulares de los órganos internos de control de los órganos autónomos, así mientras tenemos grandes rezagos se hace una propuesta que bien se plantea como una avanzada, pero en ese sentido requerimos ir a más a fondo, en ese sentido nadie puede estar en contra de lo que aquí se propone.
La promoción de los derechos humanos es un término muy general y abarca una amplia gama de posibles actividades. Informar y educar acerca de los derechos humanos es fundamental. Para informar y educar hay que sensibilizar a la opinión pública acerca de los derechos humanos e impartir conocimiento al respecto.
El respeto a los derechos humanos, incluida la reinserción social requiere una vigilancia constante, las medidas de defensa presuponen la existencia de mecanismos adecuados de protección de programas encaminados a promover el conocimiento y la utilización de esos mecanismos. No se puede hablar de derechos humanos ni promover seguridad pública alguna si la ciudadanía no cuenta con esa información, de qué derechos puede hacerse valer y cómo los puede hacer valer y cómo se puede defender de ciertas instancias que le estén violentando.
El Grupo Parlamentario de Morena, votará a favor de este dictamen. Pero que quede claro, solo son cambios menores que no resuelven lo fundamental. Para nosotros es urgente la regeneración de la vida pública en nuestro país. Cero corrupción. Cero discriminación. Cero violación a los derechos humanos. Es cuanto. Gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra, el diputado Arturo Santana Alfaro, para fijar posición por parte del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado Arturo Santana Alfaro: Con su permiso, diputado presidente. “La única forma de predecir el futuro es crearlo”. Abraham Lincoln. Compañeras y compañeros legisladores. En la sesión pasada aprobamos dos dictámenes súper importantes en materia de educación e igualdad de género. El que vamos a aprobar el día de hoy no es menos importante. Tiene una trascendencia enorme para la vida y el futuro de nuestro país.
Nadie puede ignorar que los centros de reinserción social en México, que los centros penitenciarios femeniles y varoniles están controlados, hoy por hoy, por la delincuencia organizada.
El día de hoy vamos a aprobar reformas al sistema nacional de seguridad pública que propone la diputada Campar Almaral y que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática acompañará en sus términos, pero es preciso dejar claro que falta mucho por hacer.
Lo que vamos a hacer el día de hoy es simplemente armonizar estas reformas de una ley secundaria con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 18 y 21 constitucionales.
El dictamen que la Comisión de Seguridad Pública pone hoy a consideración de este pleno tiene que ver con una de las grandes deudas del Estado mexicano para con sus ciudadanos.
México es tierra fértil para la proliferación de la violencia. La seguridad en los centros de readaptación social estatales y federales es uno de los máximos pendientes que desde hace ya más de dos décadas no hemos podido resolver.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros organismos nacionales e internacionales, han hecho evidente que dentro del sistema penitenciario nacional no sólo se vive un desgobierno, sino que en algunos de estos centros la delincuencia gobierna de manera rampante violando con ello todos los derechos y principios constitucionales, todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y sobre todo poniendo en riesgo la vida y la integridad misma de los internos que ahí son recluidos.
A consideración de la Auditoría Superior de la Federación, los programas de readaptación social existen pero parecen tener poca efectividad. Esto, a pesar de que el gobierno federal acreditó que dio distintos tipos de tratamiento a 17 mil 324 reos federales sentenciados. El problema es que sólo 273 reos que recibieron los tratamientos de readaptación social –que equivalen a 1.6 por ciento– recibieron un beneficio de libertad anticipada. Es decir, el 98 por ciento restante recibió los tratamientos pero realmente no lograron reinsertarse en la sociedad. Esos datos, compañeras y compañeros, son reveladores.
Y lo anterior no constituye un problema menor porque uno de los objetivos del Estado es precisamente el garantizar que quien ha cometido alguna falta contra la sociedad, sea responsabilizado por sus acciones y sancionado conforme lo dictan las leyes.
Esta sanción debe de ser proporcional, de tal forma que le permita al individuo reincorporarse a la sociedad de una manera efectiva, oportuna y eficaz.
En el esquema institucional del que hoy gozamos, la conducción de la política de reinserción social corresponde guiarla al Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de su secretario ejecutivo, y de manera específica de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, instancia encargada de dictar los lineamientos generales para el establecimiento de acciones integrales en la materia.
El respeto a los derechos humanos, la educación, la capacitación para el trabajo, la salud y el deporte como medios de reinserción social, constituyen, en consecuencia, elementos indispensables que coadyuvarán, sin duda alguna, en la regularización de las circunstancias que viven y en muchas ocasiones sufren los internos en los centros penitenciarios en nuestro país.
Deberíamos de agregar, compañeras y compañeros también en este sistema que se está proponiendo de educación, la materia de civismo que erróneamente se quitó en algún momento en el sistema educativo mexicano.
Creo que debemos de darle un tratamiento integral. Creo, reitero, que es buena la iniciativa, pero creo también que falta mucho por hacer.
Por todos estos argumentos que acabo de verter, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática acompañará la iniciativa.
Creo que van a ser cimientos para que en otras legislaturas se pueda dar un tratamiento integral y podamos combatir de manera más eficiente, la corrupción que nos está invadiendo, que nos está carcomiendo en los penales, en los centros de readaptación social tanto femeniles como varoniles en el país. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. En ocasión de la XXI Reunión Interparlamentaria México-Canadá, que se celebra en este Palacio Legislativo, quereos destacar el día de hoy y agradecer la presencia en este salón de sesiones de la delegación de parlamentarios de Canadá, que presiden el honorable George Furey, Presidente del Senado canadiense, y el honorable Geoff Regan, Presidente de la Cámara de los Comunes.
La Cámara de Diputados del Congreso Mexicano les da la más cordial bienvenida y hace votos por el fortalecimiento de las históricas relaciones de amistad, diálogo y cooperación entre México y Canadá. Enhorabuena y muchas gracias por su presencia señoras y señores parlamentarios.
Continúa con el uso de la tribuna, para fijar la posición de su grupo parlamentario, la diputada Alba María Milán Lara, del Partido Acción Nacional.
La diputada Alba María Milán Lara: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, muy buenas tardes.
Hago uso de la palabra a efecto de referirme en sentido positivo a nombre de mi grupo parlamentario y del mío propio, sobre el dictamen que propone adicionar la ley marco que regula al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esta adición va directamente al corazón de uno de los temas más complejos y desafiantes para nuestro país, y que es el relativo a la reinserción social de las personas que han sido condenadas por la comisión de algún delito.
Como ya hemos escuchado a la comisión proponente, la problemática de la reinserción es aguda y compleja. Por las mismas razones consideramos que es pertinente y oportuna la enmienda que estamos procesando en esta jornada.
Se trata de que el órgano colegiado más importante del país en la materia, la denominada Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, pueda proponer en relación al respeto a los derechos humanos, la educación, la capacitación del trabajo, la salud y el deporte como medios de reinserción social.
Consideramos que es urgente que se termine con la situación prevaleciente en los centros de reclusión, con los que permea la inseguridad, la corrupción, la extorsión y el autogobierno. Los centros penitenciarios del país deben dejar de ser resumideros de la sociedad, es un reto complejo y desafiante, sin embargo, la dignificación de dichos centros y de la propia función de la ejecución de las sanciones penales es una tarea inevitable.
En ese orden de ideas, nos parece claro que deben habilitarse cauces institucionales, que la mencionada Conferencia pueda impulsar las mejores prácticas en el tema indispensables para la consecución de la reinserción.
La violencia generalizada de los derechos humanos es un centro de reclusión está acreditada, además de ser un problema endémico, por tal razón es urgente que se desarrollen todas las políticas institucionales que garanticen el cumplimiento de las prerrogativas fundamentalmente para reivindicar la dignidad del ser humano.
Por lo que toca a la educación, es posible afirmar que quizá sea el tema que pueda transformar radicalmente la vida de las personas, incluso y especialmente de aquellas que enfrentan el drama penal.
Es necesario que fortalezcamos los mecanismos educativos e incluso revalorar la interpretación de las disposiciones constitucionales que disponen que la educación es obligatoria. El hecho de poder capacitar el trabajo con la mira a la plena reinserción, igualmente es toral.
Se requiere de dotar capacidades y oportunidades que alejen a los sentenciados del círculo vicioso de la necesidad y del desempleo. El Estado mexicano debe ser capaz de que todos los ciudadanos nos podamos sentir útiles a la sociedad.
La atención a la salud es otra de las materias a fortalecer. El ocio enfermizo y pernicioso debe ser colmado con actividades culturales y deportivas. Se debe atender la naturaleza biológica, psicológica e intelectual de las personas.
La energía se contiene en la persona de quienes están privados de su libertad. Debe ser encausada en actividades que aporten salud, bienestar físico e intelectual.
La nobleza del deporte debe ser fortalecida en los centros de internamiento de nuestras entidades.
Compañeras y compañeros, atendamos favorablemente el llamado de la comisión del caso y votemos a favor de una política de reinserción coherente, humanista y eficaz. Por su atención, muchas gracias, es cuanto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputada. Enviamos un saludo a los estudiantes de la Escuela Primaria Tlacoquemecatl, de la delegación Benito Juárez, que se encuentran presentes aquí en la sesión con nosotros. Un saludo desde aquí. Asimismo a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, de Querétaro. Por allá. Bienvenidos a esta sesión de la Cámara de Diputados.
Continúa con el uso de la palabra la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Partido Revolucionario Institucional, para fijar posición hasta por cinco minutos.
La diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez: Con su venia, diputado presidente. Mi ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática, en la que todos podamos vivir con armonía y con iguales posibilidades. Nelson Mandela.
Un Estado constitucional de derecho, como el nuestro, debe hacer valer en todo momento el principio de legalidad y aplicar la justicia sin distingos. Es decir, promover el respeto absoluto a los derechos humanos, tanto para víctimas como para personas internas.
Para proteger a las víctimas hay que fomentar una verdadera reinserción social. A partir de la segunda mitad del siglo XX, el mundo ha experimentado grandes avances sobre la promoción, difusión, reconocimiento y, sobre todo, la protección de los derechos humanos.
En nuestro país esta tendencia internacional se consolidó a nivel constitucional con las reformas en materia de justicia penal en el 2008 y la de los derechos humanos del 2011, con la que se reconocieron aquellos derechos establecidos en los tratados internacionales y celebrados por México.
Ya lo ha dicho el presidente Enrique Peña Nieto, el respeto a los derechos humanos es una condición básica y necesaria para la existencia de sociedades democráticas. Por eso el Ejecutivo federal ha promovido la coordinación entre dependencias federales y locales, logrando implementar el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, instrumento rector para la promoción y defensa de los mismos. Reducir las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un 13 por ciento con respecto al gobierno anterior, y capacitar en esta materia a más del 83 por ciento de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.
Firme con el compromiso de respetar y hacer valer los derechos humanos de todos, el gobierno de la República celebró un acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para crear un comité evaluador del Sistema Nacional Penitenciario, consolidar el Registro Nacional de Información Penitenciaria, revisar el Sistema de Reinserción Social, actualizar y homologar los protocolos y procesos del Sistema Nacional Penitenciario.
En esta misma tesitura, los diputados hemos aprobado reestructurar el sistema penitenciario, para asegurar que la reinserción social y el respeto a los derechos humanos pasaran de la letra a los hechos. Obligar a las autoridades competentes a elaborar un programa de seguimiento y atención al diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria que elabora la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Resuelto lo anterior, debemos seguir trabajando para consolidar en un sistema de seguridad y justicia, acorde a los más altos estándares. Pese a estos grandes avances, aún hace falta armonizar diversos ordenamientos legales, a fin de garantizar el respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos de gobierno, subrayadamente en el diseño e implementación de las políticas en materia penitenciaria.
La Constitución determina, en su artículo 18, que el sistema penitenciario se organizará sobre la base a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación, el deporte y como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad.
En este sentido, la Ley General del Sistema de Seguridad Nacional del Sistema Penitenciario tendrá, entre otras, la función de proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública, las políticas, programas y acciones en materia de reinserción social.
Por ello, los diputados del PRI votaremos a favor del presente dictamen que reforma el artículo 31 de dicho ordenamiento jurídico para establecer que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario deberá fomentar el respeto a los derechos humanos, a la educación, a la capacitación para el trabajo, la salud y el deporte como medios para lograr una adecuada reinserción social.
Compañeras y compañeros, debemos trabajar para hacer nuestro sistema penitenciario uno más humano. La constante evolución a favor de los derechos humanos es fiel reflejo del esfuerzo compartido para hacer del ideal, realidad, pues como dijera Martin Luther King, los derechos humanos harán una mejor persona de nosotros mismos, una gran nación de nuestro país y un mejor mundo para vivir. Es cuanto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Suficientemente discutido.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La secretaria diputada Verónica Delgadillo García: ¿Algún diputado o diputada que haga falta de emitir su voto? El tablero sigue abierto. Está abierto, adelante. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora presidenta, se emitieron 343 votos a favor, 0 votos en abstención, 0 votos en contra de un total de 343 diputados presentes.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por 343 votos el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Continuamos con el siguiente dictamen a discusión, que es de la Comisión de Turismo con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 63 de la Ley General de Turismo. Tiene la palabra hasta por cinco minutos para la fundamentación del dictamen la diputada Gretel Culin Jaime.
La diputada Gretel Culin Jaime: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, me permito fundamentar el dictamen que se pone a consideración correspondiente a la minuta con proyecto de decreto que fue turnada a la Comisión de Turismo, la cual reforma la fracción II del artículo 63 de la Ley General de Turismo, misma que fue suscrita por integrantes de la Cámara de Senadores.
La iniciativa turnada proponía reformar la fracción II del artículo 63 de la Ley General de Turismo, a fin de que la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos sea orientada a las características de las líneas de producto y la demanda, la certificación de competencias laborales y el fortalecimiento de la especialización del capital humano.
Lo anterior debido a que la profesionalización del recurso humano es fundamental para lograr un fortalecimiento de las ventajas competitivas del sector turístico, lo que se pretende es orientar el eje de la profesionalización a los prestadores de servicios turísticos, ya que son ellos quienes brindan la atención, profesionalismo y calidez de trato al turista siendo su actividad generadores de propuestas creativas para un desarrollo de experiencias, generando con esto un servicio y un producto especializado que garanticen la satisfacción al turista.
Quienes integramos la Comisión de Turismo de esta Cámara de Diputados, entendemos y coincidimos con el interés que motivó la aprobación del proyecto de decreto, objeto del presente dictamen que se pone hoy a consideración, pues sabemos el papel tan importante que juega la profesionalización del personal que tiene contacto directo con el turista, ya sea este nacional o internacional.
Esta profesionalización debe entenderse como un proceso necesario para el desarrollo en la evolución del sector turístico, el cual se ha convertido en pieza clave para el desarrollo de la economía en nuestro país, por lo cual debe integrarse de metodologías de trabajo novedosas e impactantes que permitan poder estructurar una accionar estratégico acorde a los objetivos de productividad y competitividad que se deben alcanzar.
Con el presente dictamen se pretende ir hacia adelante en la profesionalización para todos los integrantes del sector y ser así un motivante para alcanzar los mejores resultados en términos de crecimiento, estabilidad laboral de los trabajadores, calidad de vida, generación de nuevos puestos de trabajo y consolidación de nuevos destinos turísticos y permanencia de los ya existentes.
Esta debe ser vista como una inversión que dará rendimientos y que debe ser medible, no solo en términos de una mayor rentabilidad, sino también de crecimiento y permanencia del destino a través del tiempo.
Es por esta razón, quienes integramos la Comisión de Turismo, consideramos viable la minuta que nos fue turnada y promovemos su aprobación, dado que busca el fortalecimiento de la actividad turística, además de la misma que se encuentra apegada y es congruente con las estrategias y líneas de acción contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Por todo lo anterior, compañeras y compañeros diputados, les invito a votar a favor del presente dictamen, el cual sin duda generará fortalecimiento y un incremento en la actividad turística trayendo con esto grandes beneficios a nuestra sociedad. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado diversos compañeros diputados para fijar la posición de sus partidos hasta por cinco minutos. Por ello, en primer turno damos el uso de la voz a la diputada Nancy López Ruiz, del Partido Encuentro Social, para el posicionamiento de su partido.
La diputada Nancy López Ruiz: Con su venia, presidenta. Honorable asamblea. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hago uso de esta tribuna para fijar el posicionamiento referente al dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 63 de la Ley General de Turismo.
Como sabemos, la importancia del turismo para la economía mexicana es indudable. Sus beneficios no sólo se reflejan en la generación de empleos y en ser un detonador del desarrollo local y regional, sino que además es factor de difusión de atractivos culturales y naturales.
La promoción turística juega un papel importante para mantener y consolidar a México como una potencia mundial al generar una mayor demanda para los destinos y atractivos del país.
Entre enero y octubre de este año los ingresos por viajeros internacionales ascendieron a 17 mil 371 millones de dólares, 9.0 por ciento más que en el mismo periodo del año 2016.
No obstante, ante la creciente demanda del mercado que sigue la tendencia de consumir novedosos destinos y atractivos turísticos, existen diversas áreas que necesitan mejorarse para que el turismo de México pueda ser más competitivo a nivel internacional.
Chiapas, la entidad de la que provengo, cuenta con una riqueza histórica, natural, cultural de fama mundial. El mundo conoce el Cañón de Sumidero, San Cristóbal de las Casas, el palacio maya de Palenque, las Cascadas de Agua Azul y los Lagos de Montebello, entre otros. En lo particular me siento satisfecha por poder emitir mi voto para hacer de Chiapas un sitio con mayor número de visitantes.
Para Encuentro Social esta reforma permitirá ampliar las oportunidades de empleo para los más de 90 mil egresados anuales que hay en este campo, ya que actualmente sólo un 10 por ciento de estos puestos requieren de profesionales graduados de alguna licenciatura. Además esperamos que con esta reforma se generen más y mejores empleos para nuestra gente que todos los días labora en el sector turístico. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la voz, para posicionamiento de su partido en este tema, el diputado Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza.
El diputado Francisco Javier Pinto Torres: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. El turismo es una de las actividades económicas y culturales más importantes de nuestro país.
México cuenta con una enorme riqueza arqueológica, ecológica y arquitectónica, además de hermosas playas y pueblos llenos de tradición, costumbre, arte y gastronomía.
Por sus sitios catalogados como patrimonio mundial de la humanidad, ocupa el sexto lugar después de Italia, China, España, Alemania y Francia.
En Nueva Alianza estamos convencidos de la necesidad de impulsar políticas públicas tendientes al fortalecimiento de ese sector estratégico que cumple un papel crucial para el desarrollo y crecimiento nacional.
De igual manera entendemos que una de las claves de dicho fortalecimiento es la competitividad que sin lugar a dudas comienza por su gente.
Los mexicanos tenemos el potencial de generar innovaciones y transformaciones que permitan maximizar la productividad y competitividad en este ramo, para impulsar el crecimiento económico, el progreso social y la sostenibilidad ambiental.
El dictamen que hoy nos ocupa está encaminado justamente a eso, a fortalecer todas aquellas prácticas que favorezcan las ventajas competitivas que posicionen a nuestro país como un destino de clase mundial, incluyendo dentro de ellas, la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos.
Recordemos que México recibe anualmente un amplio número de turistas provenientes de todo el mundo, sumado al turismo doméstico, lo que genera millones de puestos de trabajo en diferentes sectores, con lo que se da un importante impulso a la economía local, regional y, por ende, nacional.
Tan solo en 2016, se calcula que 35 millones de personas; sí, compañeras y compañeros, 35 millones de personas visitaron los diferentes destinos turísticos de nuestro país, lo que arrojó un ingreso de divisas de alrededor de 19 mil millones de dólares.
En este sentido es importante reforzar aquellas acciones afirmativas encaminadas a elevar la competitividad de esta importante actividad, todo ello con una visión integradora de habilidades y competencias específicas, así como la promoción de un turismo sustentable y de calidad que ofrezca productos y servicios innovadores y con mayor valor agregado.
De esta manera iremos en el camino correcto para hacer del turismo un elemento determinante en el pulso de un crecimiento incluyente y sostenible, así como mejorar el desarrollo local y regional de México. Este dictamen va por todos aquellos pueblos turísticos y en especial, no puedo dejar de mencionar que va por Manzanillo, Colima. Por su atención, muchísimas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Es el turno para el uso de la voz en posicionamiento de su partido, de la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, por el Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, las actividades turísticas representan un abanico de posibilidades para la creación de empleos, nuevas oportunidades de mercado donde operan las pequeñas y medianas empresas, así como un mecanismo de protección para la riqueza cultural y natural de nuestro país.
En México, el turismo representa una actividad estratégica para la economía, aporta el 8.7 por ciento del producto interno bruto, generando de manera directa e indirecta más de 10 millones de empleos. Asimismo, se coloca como la segunda fuente más importante de divisas en nuestro país.
La constante labor que ha implementado la presente administración en la materia nos ha consolidado como uno de los destinos principales a nivel internacional, alcanzando la octava posición mundial en el número de llegadas de turistas de todo el mundo, aproximadamente 50 por ciento más de los registrados durante 2012.
El sector turístico nacional ha crecido considerablemente durante los últimos años. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Turismo, durante 2017 la llegada de turistas internacionales fue de 39.3 millones, superior en 4 millones 218 mil turistas a lo observado durante 2016, lo cual equivale a un incremento anual del 12 por ciento.
En este orden de ideas, el ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales ascendió a 21 mil 333 millones de dólares, lo cual representa un incremento de 8.6 por ciento con respecto a 2016.
Asimismo, podemos destacar que el porcentaje de ocupación hotelera en la agrupación de 60 centros turísticos fue de 61 por ciento, nivel superior en 0.6 puntos porcentuales respecto al observado en el mismo lapso del año 2016.
Como se puede observar, el sector turístico deja importantes beneficios tanto a la economía nacional como a la regional, impactando directamente en la calidad de vida de los pobladores. Es por ello que se requiere fortalecer el marco normativo existente a fin de contar con los mecanismos necesarios que garanticen la máxima calidad a los bienes y servicios que se ofrecen a los viajeros.
El capital humano que desarrolla actividades turísticas es pieza fundamental, ya que son ellos los encargados de brindar atención, profesionalismo y calidez al turista. Por ello es que resulta fundamental promover altos estándares de calidad en la prestación de servicios turísticos, así como generar un esquema integral de estandarización y certificación que incentive la calidad en la prestación de los servicios.
Coincidimos en que la profesionalización del capital humano debe ser un proceso motivante y gratificante para todos aquellos que integran el sector turístico, el cual debe contemplar metodologías de trabajo novedosas e impactantes, las cuales permitan estructurar una estrategia acorde a los objetivos de productividad y competitividad que se deben alcanzar en lo corto, mediano y largo plazo.
Derivado de lo antes expuesto, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen, ya que estamos convencidos que es oportuno reformar la normativa en materia turística, a fin de fomentar la participación de quienes laboran en empresas turísticas, con especial enfoque al fortalecimiento de la especialización del capital humano. Es cuanto, muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Roberto Guzmán Jacobo, de Morena, para fijar posición hasta por cinco minutos.
El diputado Roberto Guzmán Jacobo: Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. Con la venia de la Presidencia. El día de hoy subo a esta máxima tribuna, a nombre de la fracción de Morena, para posicionar a favor del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 63 de la Ley General de Turismo.
El turismo es una actividad más importante, económica, para nuestro país. Todos sabemos que el turismo es una de las principales fuentes de divisas para nuestro país, también puede ser una fuente de ingresos para las poblaciones con atractivos naturales y culturales que tienen bajos ingresos.
Para lograr el objetivo es necesario identificar los lugares donde hay condiciones para desarrollar en ese tipo de turismo y profesionalizar a quienes brindarán los servicios.
El turismo rural es una opción muy reciente en nuestro país y puede ser una fuente de ingresos importante para las poblaciones que tienen grandes atractivos y necesitan impulsar actividades económicas para mejorar su calidad de vida.
El turismo rural no requiere de grandes instalaciones hoteleras ni de bares o restaurantes. Se desarrolla en poblaciones pequeñas, con casas rurales, bien adaptadas, que oferten servicios de buena calidad y cuenten con vías de comunicación y transportes eficientes.
El éxito depende sin duda de la planeación y profesionalización con la que se capacite a quienes ofrecerán los servicios de hospedaje, alimentación y las actividades que se promoverán.
Nuestro país tiene muchas poblaciones con todo lo necesario para convertirse en atractivos, para ser turismo rural. Un punto más para apoyar el fomento y la profesionalización de este tipo de turismo, es que puede ser un destino para el turismo nacional a precios mucho más accesibles que los grandes centros turísticos ya conocidos.
Además, el turismo rural es una gran oportunidad para conocer y valorar nuestras raíces culturales, porque tienen una gama amplia de actividades de interés para viajeros nacionales y extranjeros.
Solo mencionaré algunos para destacar los beneficios que aportan, además de lo económico. Ecoarqueología, estos viajes a zonas arqueológicas implican el interés de los turistas para conocer las relaciones entre el hombre y su medio ambiente en épocas antiguas, que contribuyen a crear conciencias en la población y la importancia del conocimiento del patrimonio arqueológico y la imperiosa necesidad con su conservación, lo que permite actuar con responsabilidad social y ambiental.
El agroturismo, es una modalidad turística en áreas agropecuarias, donde la sociedad campesina muestra y comparte su idiosincrasia y técnicas agrícolas, además del entorno natural en conservación de las manifestaciones culturales y socioproductivas en beneficio de la expansión de su actividad económica, mediante la combinación de la agricultura y el turismo.
En Morena tenemos claro que cualquier actividad económica debe desempeñarse con profesionalismo para que sea exitosa. También tenemos claro que es necesario impulsar con mayor fuerza esta línea de turismo que cumple con dos grandes ejes, mejorar los ingresos de pueblos con actividades económicas mal remuneradas, así como retomar nuestras raíces culturales y hacer conciencia sobre el medio ambiente y la vida de nuestros campesinos.
La profesionalización no implica solamente la adquisición de conocimientos académicos, sino que en ello permita que el trabajador se sienta más seguro de sí mismo en su puesto. Es cuanto, señor presidente, gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Tello López, del Partido de la Revolución Democrática, para fijar la posición de su grupo, hasta por cinco minutos.
El diputado Jorge Tello López: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy se nos presenta, a propósito de la minuta que envía el Senado de la República, contiene una precisión al mandato de la Ley General de Turismo que faculta a la Secretaría de Turismo para promover, o en su caso, coordinar los esfuerzos por profesionalizar a las personas y empresas del sector turístico.
Dicha precisión consiste en orientar la profesionalización con base en la línea de productos turísticos que las empresas ofrecen, o bien, por el tipo de demanda de los consumidores.
El proyecto de reforma que le da origen está centrado en garantizar la calidad en la prestación de los servicios, alineándolos a las expectativas de los consumidores.
En este sentido, la oferta turística mejoraría en la medida que los prestadores de servicios turísticos sean asertivos con la línea de productos y con el tipo de servicios que demanda el mercado. Pero además, el proyecto de decreto incluye la certificación y la especialización del capital humano, lo que es consecuente con el planteamiento de una profesionalización orientada al mercado.
Con esta reforma, la secretaría encargada del ramo tendrá un mandato mucho más específico, con lo que el tipo de capacitación que se oferte o el tipo de coordinación que se establezca tendrá que responder a esta orientación en la demanda, y consecuentemente, ajustarse a los cambios en las preferencias del mercado turístico.
Con ello se espera fortalecer el sector turístico con un incremento en la calificación del personal y una oferta de parte de las empresas.
Se espera que esto repunte en una mayor competitividad del sector y por ende, el valor de los productos turísticos que se ofrecen en México redunde en un incremento de los beneficios económicos.
No queremos dejar pasar la oportunidad de señalar los retos de una profesionalización del sector turístico como la que se plantea. En nuestra perspectiva, un mejor desempeño está acompañado de una mejora continua, asociada al grado de calificación, el desarrollo y competencias de la adopción de mejores prácticas.
Que orientemos estas capacidades por la demanda del sector puede parecer una respuesta lógica y apegada a la realidad, pero debemos tomar en cuenta que dicha demanda es diversa, tanto en la búsqueda de lugares, actividades de esparcimiento y poder adquisitivo, como diversa también la cultura y la biodiversidad asociada.
Esto plantea un reto que requiere de un conocimiento cada vez más preciso sobre el tipo de oferta y demanda de nuestras opciones en el sector, y una mayor participación de los prestadores de servicio en el diseño de políticas públicas.
El Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática votará el presente dictamen en sentido positivo en virtud del análisis que hemos presentado, pero insistimos en la necesidad de generar políticas públicas congruentes con los planteamientos que elaboramos.
Si bien es un sector que tiene diversos puntos en desarrollo, también es cierto que atraviesa por momentos críticos que requieren que la voluntad de esta Cámara dé un paso en la dirección correcta. Es por ello que es imperativo analizar los retos que en cada revisión se encuentren y que se plasman en los dictámenes que por ahora terminan por perfeccionar la ley. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. Continúa con el uso de la tribuna el diputado Víctor Odín Castillo Ávila, del Partido Acción Nacional, para fijar postura de su grupo parlamentario hasta por cinco minutos.
El diputado Víctor Odín Castillo Ávila: Con su venia, diputado. Señoras y señores diputados, el dictamen que se encuentra a discusión deriva de la minuta recibida del Senado, que tiene como objetivo que la Secretaría de Turismo impulse la profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas, ofrezcan servicios en esta actividad. Que se orienten a las características de las líneas de producto y de demanda, la certificación en competencias laborales y el fortalecimiento de la especialización del capital humano en favor del crecimiento del turismo.
El presente dictamen pretende que la Secretaría de Turismo promueva y oriente de forma más específica las políticas públicas para impulsar la competitividad de la actividad turística y se coordine con las dependencias y entidades competentes de la administración pública federal, a fin de fomentar la profesionalización del personal que labora en la actividad turística.
No podemos dejar de señalar que el turismo es una actividad muy importante para el país, ya que representa la tercera fuente de divisas con cerca de 20 mil millones de dólares, contribuye al PIB por encima del 8.5 por ciento y cerca de 9 millones de personas le representa una fuente de ingresos.
En este sentido, la profesionalización es un tema que se debe focalizar desde el sector público, en particular a través de la Secretaría de Turismo, y no solo dejar estos procesos en manos de los empresarios, sino hacer que el gobierno participe de manera más activa en certificar y atender las necesidades que requieren la fuerza de trabajo de este importante sector.
Con la aprobación de este dictamen, esperamos que la Secretaría de Turismo trabaje en forma más estrecha con los prestadores de servicios que son unos actores determinantes en esta cadena productiva, en ello recae la profesionalización y la capacitación. Son los encargados de brindar la atención, la calidad en los servicios. Venden productos especializados y ofrecen expectativas a los turistas. Dan un buen trato y calidez al representar una primera ventanilla. Son generadores de experiencias y, sobre todo, venden la mejor marca que es México.
Hoy no podemos dejar de señalar que nuestro país está recibiendo más visitantes extranjeros, principalmente estadounidenses y canadienses, y esto se debe a un aspecto coyuntural, en el sentido que tenemos un peso débil y un dólar bastante fortalecido, situación que se vuelve sumamente atractiva para ellos y, en consecuencia, una oportunidad que México no puede desaprovechar.
Ante la incertidumbre de las inversiones y la volatilidad financiera, el turismo representa una gran oportunidad para crecer. En este sentido el gobierno federal debe crear las condiciones para impulsar a este importante sector del que dependen miles de familias mexicanas. Por estas razones Acción Nacional votará a favor del presente dictamen. Es cuanto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna, la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos, para fijar posicionamiento de su grupo parlamentario.
La diputada Zacil Leonor Moguel Manzur: Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. México es una potencia turística de vasta riqueza natural, cultural, histórica, antropológica, arquitectónica y gastronómica. Contamos con una belleza privilegiada y recursos inigualables que nos convierten en un destino de clase mundial.
El turismo representa un sector estratégico y prioritario de la economía que debemos aprovechar de manera sostenible para asegurar el desarrollo nacional. Durante los últimos años el turismo en México ha tenido avances considerables. En 2013 alcanzó un máximo histórico con casi 24 millones de turistas. Durante 2016 fuimos el primer lugar como receptor de cruceros y el segundo destino que más turistas recibió en el continente americano.
La Organización Mundial del Turismo dice que somos México el octavo país más visitado del mundo. Si Yucatán, el estado al que amo y represento, es una potencia turística en el país, no puedo menos que impulsar que esta actividad apuntale el progreso y bienestar de millones de familias mexicanas.
Yucatán, durante 2017, tuvo un importante crecimiento siendo la turística una de las industrias más destacadas. Aumentaron la ocupación hotelera, las llegadas y salidas por vía aérea y el arribo de cruceros, crecimiento que permitió la generación de más empleos y una mayor derrama económica, convirtiéndose en un gran motor para la economía de la entidad. Este crecimiento ha propiciado una diversificación de servicios y empresas, el cual exige más capacitación y una mayor profesionalización.
La Secretaría de Turismo actualmente ya implementa diversas políticas públicas. No obstante, para lograr un crecimiento sostenido, es necesario legislar para garantizar desde la ley que estas políticas exitosas sean permanentes.
El presidente de la República, Enrique Peña, ha sido enfático al afirmar que la industria turística de nuestro país se sigue traduciendo en derrama económica y en generación de empleos para más mexicanas y mexicanos, pero sobre todo se ha traducido en condiciones de mayor bienestar social.
Durante esta administración México regresó a la lista de los 10 destinos turísticos más importantes del mundo, ha mantenido y promovido los Pueblos Mágicos que representan una derrama económica del 1.4 por ciento del PIB, se crearon las primeras playas incluyentes en el país con infraestructura adecuada para las personas con discapacidad, se fortaleció al Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo, se consolidó el Sistema Nacional de Certificación Turística para asegurar la calidad de los prestadores de servicios en las entidades federativas.
Conscientes de la importancia de los destinos turísticos, orgullosos y comprometidos con el desarrollo de estados y municipios, las y los diputados del PRI aprobamos recono cer el derecho al turismo como acceso directo y personal al descubrimiento de las riquezas naturales y culturales de recreación de nuestro país, fomentar el turismo médico para captar con más eficacia la derrama económica, así como promover, fomentar e incluir la cultura turística como un eje transversal dentro de los planes y programas de estudio, considerándola un mecanismo de integración y desarrollo social.
Amigas y amigos diputados, votaremos a favor del presente dictamen para establecer como atribución de la secretaría del ramo, la promoción de profesionalización de prestadores de servicios turísticos orientados a las características de las líneas de producto y la demanda, la certificación en competencias laborales y la especialización del capital humano, a favor de actualizar y profesionalizar a quienes representan la cara amable, generosa y orgullosa de nuestro país para hacer mejor lo que ya hacen bien.
Estamos a favor de garantizar que los servicios turísticos tengan la calidad que nos asegure ser competitivos globalmente y generar prosperidad para las familias mexicanas.
El esfuerzo y la capacitación permanente se traducirán en calidad. La calidad en satisfacción de los turistas y la satisfacción en una mayor derrama económica, en más inversiones, en más empleos y en nuevas oportunidades de desarrollo para las futuras generaciones. Viva Yucatán, viva México. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron a favor 331 votos, 0 abstenciones, 0 en contra, de un total de 332 diputadas y diputados presentes. Es cuanto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado en lo general y en lo particular por 331 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 63 de la Ley General de Turismo. Pasa al Ejecutivo federal, para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se ha recibido solicitud de licencia del diputado José Lorenzo Rivera Sosa. Por lo tanto, pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Primero. Se concede licencia, por tiempo indefinido, al diputado José Lorenzo Rivera Sosa, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por el segundo distrito electoral del estado de Puebla, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse la licencia enunciada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobada. Comuníquese.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules. Por tal razón, se pregunta a la asamblea si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobadas. Comuníquese.
El presidente diputado Edgar Romo García: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El presidente diputado Edgar Romo García (15:14 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 22 de febrero de 2018, a las 11 horas.
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