Comunicaciones
Iniciativas
Miriam Dennis Ibarra Rangel, PRI
María Mercedes Aguilar López, PAN
Sharon María Teresa Cuenca Ayala, PVEM
Germán Ernesto Ralis Cumplido, PMC
Norma Edith Martínez Guzmán, PES
Ariel Enrique Corona Rodríguez, PAN
María Cristina García Bravo, PRD
Sara Paola Galico Félix Díaz, Morena
Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, PVEM
María Eugenia Ocampo Bedolla, PNA
Dictámenes a discusión
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Acuerdo de la Junta, con cambios en comisiones
Turno a comisiones de iniciativas y de proposiciones
El presidente diputado Edgar Romo García (12:22 horas): Se abre la sesión. Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 251 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se informa a la asamblea que el orden del día se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules.
El presidente diputado Edgar Romo García: En virtud de que el acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.
La secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: En votación económica, se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior, vamos a votar. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobada el acta.
El presidente diputado Edgar Romo García: Proceda la Secretaría a dar cuenta con las comunicaciones.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se recibieron solicitudes de retiro de iniciativas de los diputados María Luisa Beltrán Reyes, Ariel Enrique Corona Rodríguez, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Norma Xochitl Hernández Colín, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se recibió oficio del diputado Jorge López Marín, por el que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 28 de febrero del año en curso.
El presidente diputado Edgar Romo García: De enterado. Comuníquese.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se recibieron de diversas autoridades tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente, que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria, con su trámite.
El presidente diputado Edgar Romo García: Remítanse a las comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Se recibió oficio de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con el que remite el Informe general de la fiscalización superior de la cuenta pública, correspondiente al ejercicio presupuestal 2016.
El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos de lo que dispone el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Se recibió oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el que se remite informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del instituto, correspondiente al cuarto trimestre de 2017.
El presidente diputado Edgar Romo García: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social para su conocimiento.
Un momento, secretario. En cuanto al oficio de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, en el que se remite Informe general de la fiscalización superior de la cuenta pública del ejercicio presupuestal 2016, remítase copia de este Informe al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 33 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Continúe, secretario.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: El Congreso del Estado de Baja California remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXXVII Ter al artículo 132, y un artículo 172 Bis a la Ley Federal del Trabajo.
El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.
Se recibieron solicitudes de licencia de diputadas, pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Claudia Edith Anaya Mota, para separarse de sus funciones como diputada federal electa por el tercer distrito electoral del estado de Zacatecas, a partir de esta fecha.
Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Verónica Delgadillo García para separarse de sus funciones como diputada federal electa por el octavo distrito electoral del estado de Jalisco, a partir del 1 de marzo del año en curso.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría en votación económica si se aprueban.
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban las licencias mencionadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobadas. Comuníquese. Llámense a los suplentes.
El presidente diputado Edgar Romo García: Honorable asamblea, se encuentran a las puertas de este recinto las ciudadanas Georgina Adriana Pulido García y Elizabeth Hernández Calderón, diputadas electas por la cuarta circunscripción plurinominal y tercer distrito electoral del estado de Zacatecas.
Se designa en comisión para que las acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados: diputado Carlos Iriarte Mercado, diputado Francisco Escobedo Villegas, diputada Rosa Isela Rojas Luna, diputada Lluvia Flores Sonduk.
Se pide a la comisión cumplir con la encomienda.
(La comisión cumple su encargo)
El secretario diputado Marco Antonio Aguilar Yunes: Se pide a los presentes ponerse de pie.
El presidente diputado Edgar Romo García: Ciudadanas Georgina Adriana Pulido García y Elizabeth Hernández Calderón, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?
Las ciudadanas Elizabeth Hernández Calderón y Georgina Adriana Pulido García: Sí, protesto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Bienvenidas, diputadas.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Solicita la palabra desde su curul la diputada Blanca Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Para señalar que, a pesar de que en el grupo parlamentario de Morena nos hemos pronunciado en contra de la alza de los precios del gas licuado y todos los combustibles, y que hemos dicho a través de diversos posicionamientos que la reforma energética no ha dado resultado para los mexicanos, que sentimos que es un fracaso, el día 30 de mayo del año pasado se aprobó un punto de acuerdo para que se remitiera a esta soberanía un informe respecto de las políticas públicas instrumentadas por el gobierno federal para proveer combustibles domésticos a precios competitivos, de acuerdo a lo establecido en la reforma energética.
En este sentido, en este periodo presenté un punto de acuerdo al respecto. El día de hoy nos congratulamos con el hecho de que la Junta de Coordinación Política se pronuncie al respecto a través de un punto de acuerdo que, si bien no es la solución, demuestra la sensibilidad de esta Cámara de Diputados, ya que es de suma importancia para la ciudadanía que sufre por el aumento de los energéticos domésticos. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Diputada, se va a instruir a la Secretaría, a Servicios Parlamentarios, para que revisen los antecedentes, seguramente se recibió la respuesta correspondiente durante el periodo de la permanente. Estoy instruyendo para que hagan lo propio y se lo hagan llegar y las demás expresiones se van a registrar en el Diario de los Debates.
Está solicitando la palabra desde su curul el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Sí, gracias. Con su permiso, presidente. Es para tocar un tema en relación a mi entidad de origen, Zacatecas. Recuerdo en días pasados como se debatió en esta máxima tribuna, cuando se quería dar el pase automático al senador con licencia Raúl Cervantes, que se le denominó como el fiscal carnal.
Yo quiero tomar como antecedente esta información, presidente, porque en Zacatecas el gobernador constitucional Alejandro Tello Cristerna, quiere imponer de forma automática al procurador del estado, al licenciado Francisco Murillo, como fiscal del estado. Con lo cual contravendría a la ley federal que nosotros aprobamos en esta Cámara de Diputados, cuando en Zacatecas hay excelentes académicos juristas que pueden desempeñar muy bien esa función.
Pero fíjense, se apartaría del espíritu de ese nombramiento, señor presidente, porque realmente se supone que las fiscalías deben ser órganos autónomos e independientes de los gobiernos del estado, y el gobernador del estado tal parece que no entiende. El gobernador Tello, quiere imponerlo y se convertiría en el fiscal carnal del gobierno del estado de Zacatecas. Es mi manifestación, señor presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Van a quedar registradas sus expresiones en el Diario de los Debates. Desde su curul, el diputado Francisco Escobedo. Tiene el uso de la palabra. ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Francisco Escobedo Villegas (desde la curul): Gracias, presidente. Pues para comentar y para decirle a mi amigo diputado, el diputado Basurto, que efectivamente no se va a nombrar, ya se nombró al fiscal en Zacatecas, dando seguimiento rigurosamente a la convocatoria y a todo lo que marca el proceso para que se nombre al fiscal.
Estoy seguro que él coincide conmigo que el fiscal actual, antes procurador, es un hombre honorable, es un hombre capaz, es un hombre sin partido político que ha hecho un gran esfuerzo por Zacatecas. No se ha violado nada, al contrario.
Quiero decirle a mi amigo también que los diputados de Morena votaron a favor de este nombramiento. El nombramiento del fiscal hoy en zacatecas fue un nombramiento por unanimidad. No hubo un solo voto en contra, y el proceso –es importante también decirlo–, el proceso fue conducido por una diputada de oposición en Zacatecas, por la diputada Lorena Oropeza, de Acción Nacional, que además lo hizo con pulcritud.
Así es que se ha hecho una buena elección en Zacatecas siguiendo la ley y los requisitos de una convocatoria establecida, pero además nombrando por unanimidad de la Cámara local a este excelente funcionario. Gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Sus expresiones se registrarán en el Diario de los Debates, diputado Escobedo. Tiene el uso de la palabra la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, desde su curul.
La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza (desde la curul): Gracias, presidente. Para hacer un respetuoso exhorto a Sagarpa y a Sedesol, ya que hoy se cumplen 18 días de manifestaciones de los productores lecheros en Jalisco y también ocurre esto en el estado de Chihuahua.
Los productores desde el año pasado –a finales– vienen planteando la revisión del incremento al precio del litro de leche. Más aún. Se ha agudizado esto al iniciar el año y encontrarnos con incrementos del diésel y de los forrajes. Se encuentran en situaciones críticas y ellos reclaman una falta de sensibilidad de la autoridad federal.
Respetuosamente se pide a las secretarías que agilicen la respuesta. Se ha atendido el tema pero ha faltado agilidad en la respuesta y hay afectaciones a varias industrias con el bloqueo de las vías del tren en Delicias y las casetas tomadas en Jalisco. Es cuanto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Diputada, sus expresiones van a quedar registradas en el Diario de los Debates. Han solicitado el uso de la palabra desde su curul el diputado Jonadab Martínez García y la diputada Sara Paola Galico Félix Días. Después de estas intervenciones continuaremos el con orden del día –serían las últimas–. Adelante, diputado Jonadab.
El diputado Jonadab Martínez García (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Hacer un atento y respetuoso llamado a la Comisión de Gobernación de esta Cámara para agilizar el proceso de dictaminación de la iniciativa que se presentó el día 27 de septiembre del año pasado en esta tribuna, con la fuerza de más de 100 diputados federales representados en todos los grupos parlamentarios que firmaron esta iniciativa.
Dado esto porque en el mes de febrero, a nivel nacional, murieron más de 50 personas en accidentes viales. Con esta ley y con la vigencia de la misma, seguramente reduciríamos muchísimo las víctimas que hoy en día lamentamos, y la prevención de accidentes viales en todo el territorio nacional.
Gracias, presidente, y con todo respeto espero que la Comisión de Gobernación tome nota y pueda agilizar este dictamen de esta iniciativa, que sin lugar a dudas es para beneficio de todos los mexicanos. Muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Bien, diputado. Quedan registradas sus expresiones en el Diario de los Debates. Tiene la palabra la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz.
La diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz (desde la curul): Gracias, presidente. Exhortar nuevamente a la SCT por el proyecto, por el tramo que están construyendo en Cuajimalpa de Tren Interurbano. El día de ayer una de las casas de mis vecinas se vio afectada, la derrumbaron por completo, sin previo aviso.
No podemos seguir viviendo este abuso de poder. Ya contaminaron los manantiales, ya talaron los bosques, ya hay una sentencia para el paro definitivo en tres tramos de la obra del Tren Interurbano y siguen adelante. ¿Hasta cuándo? ¿Qué necesitamos hacer como representantes de la ciudadanía en el distrito XVII para poner orden y que haya justicia para los vecinos de Acopilco, de San Mateo, de La Venta y de todos los afectados por las obras de este proyecto? Gracias, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Quedan registradas sus expresiones e el Diario de los Debates.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
La diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel: Con su permiso, presidente. La de la voz, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, someto a su consideración la presente iniciativa de derogación de diversos artículos de la Ley del Seguro Social, y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de no condicionar indebidamente el acceso a la pensión por viudez, en términos de la siguiente
Exposición de motivos
El artículo 1o., de la Constitución federal dispone que todas las personas disfrutarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Dicho precepto también prohíbe que en nuestro país se dé un trato diferenciado en perjuicio de alguna persona por razones de género, edad, condición social, religión o cualquier otra análoga que atente contra la dignidad humana.
Con base en los preceptos en cita se puede aseverar que la igualdad y la no discriminación conllevan a que no se trate de manera diferente a los individuos cuando se encuentren en la misma situación jurídica.
Ahora bien, con relación al derecho a la seguridad social, el artículo 123 de la propia Constitución federal reconoce el derecho de los trabajadores a gozar de protección ante su fallecimiento, lo cual se traduce en la obligación del Estado de proporcionar apoyo a su familia.
También, en instrumentos internacionales se establece que toda persona tiene derecho a la seguridad social, precisándose que en caso de muerte del beneficiario, las prestaciones respectivas deben aplicarse a sus dependientes.
A pesar de todo lo anterior, actualmente la Ley del Seguro Social en su artículo 132, así como la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en su artículo 136 establecen indebidamente criterios de distinción que violentan los principios de igualdad y no discriminación, así como las bases esenciales del derecho a la seguridad social, ya que condicionan el acceso a la pensión por viudez, a que la muerte del trabajador ocurra antes de cumplir determinado tiempo de matrimonio, lo cual es una cuestión ajena al trabajador o pensionado, pues si bien la determinación de la fecha del matrimonio es de su elección, la de su fallecimiento no.
En este contexto se concluye que dichos artículos vulneran los derechos humanos a la igualdad, no discriminación y seguridad social, por lo que es necesario derogarlos a fin de evitar que se continúe privando injustificadamente de la pensión de viudez al cónyuge sobreviviente del trabajador. Es cuanto, presidente.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Mercedes Aguilar López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto a fin de que se inscriba con letras de oro en el muro de honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Gilberto Bosques Saldívar.
La diputada María Mercedes Aguilar López: Con su permiso, señora presidenta. Gilberto Bosques Saldívar fue profesor, periodista, político y diplomático mexicano.
Como cónsul general de México en Francia de 1939 a 1944, ayudó a huir a más de 30 mil personas de los regímenes franquista y nazi, poniendo a salvo a refugiados españoles republicanos, judíos franceses, libaneses, entre ellos líderes políticos europeos de oposición y miembros de la resistencia anti fascista, ofreciéndoles residencia y nacionalidad mexicana. Gilberto Bosques es conocido como el Schindler mexicano en alusión al empresario alemán Oscar Schindler, que salvó a cientos de judíos del holocausto nazi.
Nació en Chiautla de Tapia, Puebla, el 20 de julio de 1892, participó en la rebelión de Aquiles Serdán en 1910 al inicio de la revolución. Tras el triunfo de la revolución se hizo político. En 1934, como diputado federal y Presidente de la Cámara de Diputados, respondí el primer informe de gobierno del presidente Lázaro Cárdenas.
En 1939, cuando al república española cayó y la Segunda Guerra Mundial se extendía sobre Europa, el presidente Cárdenas lo nombró cónsul general en París. Su misión real era convertirse en un empleado personal del presidente de México en Europa.
Gilberto Bosques salió de París cuando la ciudad estaba a punto de ser tomada por los alemanes y con amplias instrucciones para establecer el consulado donde así conviniera. Su primera ocupación fue defender a los mexicanos residentes en al Francia no ocupada pero pronto protegió también a otros grupos, apoyó a libaneses y a refugiados españoles que buscaban huir de los nazis.
Era tan grande la afluencia de refugiados que buscaban una visa mexicana que Bosques arrendó los castillos de Reinandré y el de Montgrand, para convertirlos en centros de asilo mientras se arreglaba su salida hacia México. Poco a poco fueron saliendo los exiliados, a los cuales el gobierno mexicano les otorgaba de inmediato la nacionalidad mexicana en caso de que quisieran adoptarla.
Gilberto Bosques amplió su apoyo a los refugiados antinazis y antifascistas, ya que al concederles visas mexicanas las autoridades francesas los dejaban salir del país. Más complicado fue el caso de los judíos, pues el consulado ocultó, documentó y les dio visas a un gran número de ellos.
Finalmente, México rompió las relaciones diplomáticas con el gobierno de Vichy. Poco después el consulado fue tomado por tropas de la Gestapo y violentado las normas diplomáticas, a Bosques, su familia y el personal del consulado los llevaron a Alemania, recluyéndolos en un hotel prisión. Pasado poco más de un año, serían intercambiados por prisioneros alemanes en un acuerdo con el presidente Manuel Ávila Camacho.
Bosques regresó a México en abril de 1944, miles de refugiados españoles y judíos lo esperaban en la estación del ferrocarril de Buenavista para recibirlo.
Tras la guerra, Bosques fue designado embajador de México en Portugal, Finlandia, Suecia y de 1953 a 1964 en Cuba. Su nombre se encuentra grabado en los muros del recinto del Congreso del estado de Puebla desde el año 2000.
El 4 de junio de 2003, el gobierno austriaco, en el distrito 22 de Viena, impuso a una de sus calles el nombre de Paseo Gilberto Bosques. De esta manera, el gobierno de Austria honró la memoria del ilustre diplomático mexicano, quien ayudó durante la Segunda Guerra Mundial a salvar a muchos austriacos del poder nazi.
En 2010, la cineasta Lilia Liberman realizó el documental Misa al Paraíso, el cual fue producido en México.
El 14 de diciembre de 2011, el Senado de la República aprueba la creación del Centro de Estudios Internacionales que lleva su nombre. Sin duda alguna, Gilberto Bosques Saldívar merece ser reconocido en su país, pero también ser ejemplo para las futuras generaciones.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor de este Palacio Legislativo, el nombre de Gilberto Bosques Saldívar, así como realizar la edición especial de un libro con su biografía. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen. Saludamos a un grupo de ciudadanos invitados, provenientes del estado de Puebla, invitados por el diputado Juan Piña Kurczyn. Bienvenidos.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación, concedemos el uso de la palabra al diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal del Gobierno de Coalición, Reglamentaria de los Artículos 76, fracción II, y 89, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A pesar de ser reforma constitucional, a petición del propio proponente se le concede el uso de la voz, hasta por cinco minutos.
El diputado Omar Ortega Álvarez: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Compañeras y compañeros, el día de hoy presento una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del Gobierno de Coalición, Reglamentaria de los Artículos 76, fracción II y 89, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre de su servidor y de los siguientes diputados de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional, el diputado Federico Döring del PAN, de la diputada Verónica Delgadillo y del diputado Jorge Álvarez Maynez de Movimiento Ciudadano.
Compañeras y compañeros diputados, es evidente que el régimen actual, el sistema presidencialista poco o nada ha abonado a ya casi un siglo de su constitución. Hoy tenemos que ver con más alturas de miras, tenemos que analizar con frialdad que las políticas públicas deben ser encaminadas, aplicadas, reconocidas por todos los mexicanos y propuestas por todos los actores políticos.
Hoy no podemos decir que un gobierno puede ser eficiente, eficaz, que puede operar o detener el flagelo de la impunidad, de la corrupción, de la desigualdad, de la pobreza con solamente políticas o postulados de un solo partido político, o lo que es aún peor, que un partido con solamente la voluntad del 15 o el 20 por ciento del total de los electores decida por el 100 por ciento de todos los mexicanos.
Hoy tenemos que hacer un alto y aprobar una ley de gobierno de coalición, que permita que todas las voces se escuchen, las de izquierda, las de derecha, las de centro, las que opinan diferente a nosotros, pero que de cierta manera tienen la voz de un elector que cree y votó por esa forma o por ese órgano político o esa preferencia electoral.
Hoy no podemos dejar que una sola persona, de manera unipersonal decida las políticas públicas de todos y cada uno de los mexicanos.
Hoy tenemos que entender que son tiempos distintos, que ya la pluralidad nos alcanzó, que el Estado democrático, que la representación democrática y participativa, como un instrumento fundamental de la vida del país está hoy incrustada en el Estado mexicano.
Por ello, es fundamental que nos demos reglas. Ya se aprobó hace unos años esta reforma constitucional que da la facultad, la opción al Ejecutivo de que forme gobiernos de coalición con los diferentes partidos políticos.
Hoy solamente tenemos que cristalizarla. Hoy tenemos que poner el dedo en la llaga y hacer de esta ley una realidad para poderla aplicar el próximo 1 de enero del 2019, y que tenga como facultad única y exclusiva garantizar todas las voces de todos los mexicanos y de todos los partidos políticos.
Si bien es cierto que un servidor presentó una reforma constitucional para hacer obligación y no opción los gobiernos de coalición, hoy tenemos ya un avance significativo que es esta Ley Federal de Gobiernos de Coalición. Ojalá y la podamos aprobar en breve y sea ya una realidad que el Estado mexicano necesita, que haya democracia, que haya pluralidad y que todas las voces se escuchen a lo largo y ancho de este nuestro querido Estado mexicano. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Tiene la palabra, por diez minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Alfredo Basurto Román. Esta iniciativa la suscribe también el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Alfredo Basurto Román: Con su permiso, señora presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados que nos acompañan, ya muy pocos, por cierto. Andan todos en campaña.
Hoy vengo a presentar esta iniciativa con reformas del segundo párrafo del 19 constitucional, no sin antes decir que por informes del mismo gobierno federal, Gobernación, secretariado de Seguridad Pública han dado a conocer que en el año próximo pasado, 2017, fue el año más violento en las últimas 2 décadas de nuestro país.
Es decir, en los últimos 20 años. Hechos desde luego que nos llaman la atención, y es poner atención y hacer un alto como legisladores, como representantes del pueblo de México. Ver qué está pasando en nuestro país, en nuestra patria.
Amnistía Internacional, incluso en sus informes anuales, ha determinado que la violencia en México se ha incrementado, se ha encrudecido de una manera alarmante. He decirles que incluso cada año ingresan al país, de manera ilegal desde luego, 250 mil armas, que son las que usa el crimen organizado para cometer diversos delitos.
Y no estamos hablando de armas de resorteras, compañeros, ni de calibre 22. Estamos hablando de lanzacohetes, estamos hablando de ametralladoras, estamos hablando de armas calibre 50, lanzagranadas. Es decir, armas que por su ejecución realizan una acción destructiva masiva. Esas estadísticas se acumulan a los índices alarmantes en 2017.
Amnistía Internacional también ha determinado que aunque se han decretado en 2 entidades federativas 12 alarmas por violencia de género, vemos y las estadísticas, compañeros, compañeras diputadas –sobre todo para las diputadas–, que la violencia se ha incrementado en contra del género de la mujer. Así lo establecen las estadísticas. Son datos, compañeros, son datos que nos deben preocupar.
Si bien es cierto que el nuevo sistema penal oral entró en vigencia para todo el país el pasado 18 de junio de 2017, la iniciativa que presentamos, en este caso por la fracción parlamentaria de Morena, no estamos con esta reforma en contra del nuevo sistema penal.
Bien se ha dicho y se ha debatido en esta Cámara que el derecho penal y procesal penal por naturaleza son perfeccionables. En este caso creo que el legislador, cuando presentó la reforma el 17 de junio de 2008, incurrió en una omisión legislativa muy grave. ¿Por qué menciono esto, compañeros?
Porque, miren, el artículo 19 constitucional establece para qué supuestos y conductas delictivas se debe decretar la prisión preventiva oficiosa. El juez debe decretarla de manera oficiosa, es decir, no debe esperar ni que la solicite en este caso el Ministerio Público, representante social, o bien en su caso, en su excepción la defensa, sino el juez está facultado para de manera.
¿Y para qué casos decreta la detención oficiosa? Pues casos graves, compañeros, como hablamos de delincuencia organizada, hablamos de violación, hablamos de homicidio doloso, hablamos de robo calificado. Pero fíjense, y también establece el 19 constitucional, que para aquellos casos cuando se usan medios violentos. ¿Qué utilizamos con medios violentos? Es decir, cuando se hace uso de armas, de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas de la Ley Federal de Armas y Explosivos.
Pero fíjense, aquí es donde yo encuentro, y los abogados yo creo que me entienden bien esta iniciativa porque es técnica jurídica, más que técnica legislativa, la omisión que el legislador cometió en el lugar en que sucedieron los hechos de que se dio esta reforma. Es decir, solo aquél que cometa una violación, un homicidio o la delincuencia organizada y que de por medio haga uso de armas exclusivas para las Fuerzas Armadas, en ese caso se decreta como delito grave.
Fíjese como deja a un lado que haga uso de medios violentos. Lo explico por lo siguiente. Hace un momento les informe que entran al país 250 armas de manera ilegal y les dije los calibres de las armas que entran. No entran calibre 22, no entran resorteras. Entran lanza granadas, lanza cuetes, calibre 50.
Es decir, hoy en día, y lo estamos viendo en la práctica en los juzgados, en los diversos centros penitenciarios de todo el país, a quien se le detiene por portación de una ametralladora, de un calibre 40-R15 o bien conocido comúnmente en la jerga ciudadana como cuerno de chivo. No, no es delito grave, compañeros y sale inmediatamente en libertad.
Fíjense la omisión que cometió el legislador y el error en que incurrió con esa técnica jurídica que no incluyó en ese segundo párrafo. Entonces esta iniciativa, compañeros, espero que en su momento procesal oportuno la apruebe este órgano legislativo, porque es irle cerrando con ello, compañeros, la puerta al crimen organizado.
Yo creo que el próximo gobierno –de izquierda, por cierto– tiene que nombrar instituciones y funcionarios que vayan y combatan de manera frontal al crimen organizado, a quien utilice, porte y traslade armas y cartuchos exclusivos del Ejército para que no se nos esté dando lo que se está dando comúnmente en todo el país, compañeros, que en la práctica tanto en la procuración y administración de justicia, la fuerza giratoria.
Es decir, ¿por qué vemos que muchos delincuentes que portan armas tan peligrosas como las que les mencioné inmediatamente son puestos en libertad, por qué compañeros? Porque no es un delito grave el portar un cohete lanzagranadas, el portar un lanzacohetes, el portar un arma de alto calibre como el R15 o el calibre 50. ¿Se imaginan lo delicado?
Por eso hoy en día la delincuencia se ha incrementado de una manera alarmante, porque este tipo de delitos no está considerado y no está dentro del capítulo como delito grave, compañeros.
Esta reforma establece que a quien porte, utilice, traslade un arma de estos calibres que les mencioné, se le encuadre dentro del capítulo de los delitos graves, y este caso el juez de la causa penal tenga la obligación de decretar de manera oficiosa la detención sin poder tener ningún beneficio de salir en libertad de manera anticipada a una sentencia, compañeros.
Es de gran calibre, de gran calaje de esta iniciativa, por lo cual en su momento proceda el Legislativo, pediría que se aprobara para de esta manera irle cerrando el camino a la delincuencia organizada que tango daño, tanto ha lacerado a la sociedad de México, compañeros. Es cuanto señora presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado Basurto. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Sí, señor diputado. Sonido en la curul del diputado Roberto Cañedo.
El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (desde la curul): Muchas gracias, señora presidenta, solamente para solicitar al diputado Alfredo Basurto si me permite adherirme a su iniciativa.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Diputado Basurto, le solicitan su autorización para adherirse.
El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Con gusto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Adelante. Queda a su disposición en la Secretaría para suscribirla.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la diputada Sharon Cuenca Ayala, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 92 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, presidenta, con su venia. Buenas tardes, compañeros legisladores. En México, como todos sabemos los consumidores estamos protegidos por la Ley Federal de Protección al Consumidor, que evidentemente tiene como uno de sus objetivos promover los derechos de todos los consumidores, además de procurar la equidad y certeza en todo acto que se realice.
A todos nos ha pasado alguna vez que al comprar alguna mercancía o un servicios, nos vemos en la necesidad de tener que hacer aluna devolución porque no cumple las expectativas, porque no nos queda bien una prenda de vestir, porque es diferente a lo que se publicitó.
Y cuando uno regresa al establecimiento a solicitar la devolución, es muy común que la devolución te la hacen a través de un vale, un monedero o algún artículo que te obliga a seguir comprando en ese establecimiento, y no en el medio de pago en que se hizo la compra.
Si eres un cliente constante y asiduo de esa tienda, no hay problema porque seguramente usarás ese monedero, sustituyendo la mercancía que adquiriste, o inclusive comprando algo que sea de tu satisfacción.
Pero comúnmente sucede que el artículo que tú devolviste ya no lo vas a adquirir en esa tienda sin embargo te obligan a volver a adquirir una mercancía a través de su monedero. Esto sucede porque en la ley no está establecido.
Inclusive algunos establecimientos en los tickets ponen una leyenda para protegerse, diciendo que la devolución se hará en el medio que ellos consideren conveniente, sin afectar los derechos legales. Es cierto, no se afecta ningún derecho porque la ley no lo prevé.
Es por eso que el objetivo de la iniciativa que yo presento, es obligar a los establecimientos y en favor de los consumidores, que toda devolución se haga en el mismo método de pago en el que se realizó la compra.
Si fue en efectivo o en una tarjeta de débito, la devolución tendrá que hacerse en efectivo, si fue con una tarjeta de crédito evidentemente se tendrá que hacer el abono a la tarjeta de crédito, y será decisión del consumidor regresar a esa tienda o no para comprar el producto igual o a su gusto, porque tal vez no le acomodó una talla, el color, o simplemente no fue a lo que él esperaba.
Pero en el Partido Verde estamos de acuerdo en que se deben de defender los derechos de los consumidores, y es este uno de los principales derechos. Tenemos el derecho como consumidor, a decidir si te quedas o no con un artículo o con un servicio. La ley sí lo establece y da un plazo para hacer esa devolución.
Habrá que establecer ahora que en caso de devolución los consumidores tengamos la forma en que se hizo la compra, en esa misma forma nos devuelvan el dinero por el artículo que sea devuelto.
Invito a mis compañeros legisladores que ayuden a impulsar esta iniciativa en el trabajo en comisiones. Creo que es algo muy simple, pero en realidad, creo que favorecería mucho algo que a todos nos ha sucedido en algún momento. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias diputada Cuenca. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 162 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muy buen día. Con su permiso, diputada presidente. Ya bien decía, compañeras y compañeros legisladores, George Washington, la educación es la llave para abrir la puerta de oro de la libertad.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, los delitos cometidos por los adolescentes se han incrementado. En 2015 se habían contabilizado alrededor de 7 mil 785, incrementando esta cantidad a 10 mil 120 en el año de 2016, en todo el país, de los cuales para el 2017, 4 mil 507 adolescentes se encontraban internos en algunos de los centros de readaptación para adolescentes, mientras que alrededor de 6 mil jóvenes se encontraban en tratamiento externo.
De los jóvenes en tratamiento externo o libertad asistida como le nombran, los principales delitos que cometieron fueron robo a casa-habitación o robo simple o simplemente lesiones, transgresiones que generalmente son consideradas como no graves, y de acuerdo a nuestro sistema penal, los adolescentes tienen la oportunidad de que la condena se ejecute fuera de los centros de internamiento, ya sea con amonestaciones, servicio a la comunidad o bajo libertad asistida.
Unicef México menciona que la mayoría de los adolescentes que se encuentran en algunas de las situaciones que marca el párrafo anterior, son de sexo masculino, de entre 15 a 17 años, los cuales llegan a contar con atrasos escolares hasta de cuatro años o abandono totalmente de la escuela.
En investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Unicef México, coincidieron que las razones que llevan a estos jóvenes a cometer delitos por primera vez, son el recibir maltrato familiar o el vivir en condiciones de pobreza extrema, de los cuales abundan en nuestro país.
La Secretaría de Seguridad Pública detalló que el año pasado consignó a más de 5 mil menores de edad, de los cuales solamente el 7 por ciento recibieron un castigo del juez, enviándolos a un tutelar, mientras que el resto recibió una sanción alternativa.
Desafortunadamente, compañeros y compañeras, muchos de los menores que accedieron a este tipo de sanción reincidieron en el delito de robo. Es común verlo en las notas informativas. La solución, creo, no es esperar a que cometan un delito grave y sean confinados a un centro de reclusión para menores, como también constantemente lo vemos en las notas mediáticas.
De nada nos sirve tener medidas alternativas si lo único que permiten es no saturar los centros de internamiento. Necesitamos darles oportunidades a los menores, fortalecer los programas para poder brindarles esperanza y lograr que vislumbren un futuro diferente al que hoy viven en realidad. Necesitamos enseñarles que se puede cambiar el rumbo y que la delincuencia no es una salida o no es su única salida.
La propuesta que hoy presento antes ustedes, compañeros y compañeras, está dirigida a aquellos jóvenes que por naturaleza del delito que cometieron pueden gozar de su libertad, impulsando cambios para una verdadera reinserción social, obligando a las autoridades, a los adolescentes y a sus familias, a comprometerse a cumplir con cambios necesarios para evitar que estos menores caigan en las redes de la delincuencia, como también comúnmente sucede.
Dentro de esta propuesta lo que pretendo es darle el carácter de obligatorio a los derechos ya establecidos en la ley para que los adolescentes inicien, continúen o concluyan sus estudios, o bien puedan aprender algún arte y oficio en alguna de las instituciones públicas o privadas o en los centros de formación para el trabajo, durante el tiempo que dure su libertad asistida.
Un adolescente, al estar en libertad asistida es monitoreado constantemente y se le da seguimiento a su comportamiento, por lo cual no se requeriría inversión extra, ya que los espacios en instituciones públicas o centros de formación para el trabajo ya existen y pueden tener acceso a ellos. Al mismo tiempo, propongo que en caso de que así sea requerido, el adolescente podrá acceder a las becas que las instituciones educativas ya ofrecen.
Es nuestro deber atender y proteger el interés superior del adolescente y reintegrarlo, tanto a la sociedad como a su familia, y una forma de lograrlo, compañeros es por medio de la educación. Hagamos que la finalidad de la libertad asistida sea en beneficio de los adolescentes y de la sociedad.
En esta propuesta no se requieren incrementar presupuesto alguno, ya que las alternativas ahí se encuentran, solo necesitamos asegurar que estas sean aprovechadas.
La educación no solo es un derecho consagrado en nuestra Constitución, sino un camino alterno ante la delincuencia. Eduquemos a nuestros adolescentes, para que mañana sean productivos y no simplemente una estadística del crimen más. Es cuanto, diputada presidente.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen. Se encuentran en la Galería de este recinto, alumnos y profesores del Centro Educativo Primaria Ignacio Manuel Altamirano, invitados de la diputada Mirza Flores Gómez. Estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 14, de la delegación Benito Juárez, invitados del diputado Santiago Torreblanca Engell, y alumnos del sexto grado de la Escuela Primaria Defensores de la República, invitados del diputado Rafael Hernández Soriano, a quienes les damos la bienvenida.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación, tiene el uso de la voz el diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
El diputado Carlos Gutiérrez García: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V Bis al artículo 44 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y se adicionan un artículo 11 Bis y una fracción IX al artículo 13 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, cuya finalidad consiste en que los procesos o concursos de asignación de plazas sean más transparentes, objetivas e imparciales.
Nuestra Carta Magna establece en su artículo 3o., fracción III, que el ingreso al servicio profesional docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión escolar en la educación básica y media superior, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades.
Para que el proceso de enseñanza sea óptima, es indispensable contar con personal docente que cumpla con perfiles, parámetros e indicadores, diseñados para desarrollar su labor y para ello es necesario realizar evaluaciones periódicas que, por un lado, garantices sus conocimientos y capacidades, y por el otro, contribuyan a la competitividad y el desarrollo profesional de cada docente.
Aunado a lo anterior, consideramos que para conseguir los objetivos planteados por la nueva normatividad en materia educativa, es indispensable contar con la participación efectiva de la sociedad en general y para ello es preciso que los procesos de evaluación docente sean siempre transparentes.
Por tal motivo, nos comprometimos en nuestra agenda legislativa a implementar mecanismos eficientes y transversales, que posibiliten la transparencia y la rendición de cuentas en la materia.
En este sentido, es que proponemos una adición a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a fin de crear un banco de datos que favorezca el intercambio de información entre el instituto y las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno, para crear, fomentar y difundir las buenas prácticas en materia de evaluación.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hemos afirmado que la educación de calidad constituye uno de los pilares más importantes para la transformación de la sociedad.
Precisamente por este motivo con la presente iniciativa buscamos también fortalecer los mecanismos que se crearon, tanto en la Ley del INEE como en la Ley General del Servicio Profesional Docente, lo anterior mediante una participación más activa de los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales y padres de familia, para que tengan la posibilidad de formular al instituto recomendaciones sobre las irregularidades que detecten en el proceso de evaluación.
En Nueva Alianza consideramos que la evaluación docente debe ser un verdadero ejercicio de transparencia, esta propuesta busca mejorar dicho proceso y con ello contribuir a lograr los objetivos de una educación de calidad. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 30 Bis a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad en Materia de Interdicción.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Gracias, diputada presidenta. Muy buenas tardes, compañeros legisladores. Hoy vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa que busca fortalecer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, quienes constantemente encuentran vulnerados sus derechos, y en muchos casos, inclusive, los derechos más elementales.
En materia de capacidad jurídica nuestro país ha signado compromisos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde se establece que los Estados parte asegurarán de que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen las salvaguardas adecuadas y efectivas para impedir abusos.
En México la capacidad jurídica de las personas con discapacidad se rige por un modelo de sustitución de la voluntad, que conocemos como estado de interdicción.
La capacidad jurídica se presenta formalmente a través de la figura del Estado de interdicción y del juicio de interdicción en el caso de las personas con discapacidad y con una visión, más bien, asistencialista se crea este juicio de interdicción con la idea de proteger a las personas y proteger también sus bienes.
Sin embargo, el modelo actual de interdicción tiene algunos problemas, como ya lo ha señalado, por ejemplo, el Centro Estratégico de Impacto Social, Asociación Civil, que señala que al ser un sistema generalizado no ven las particularidades de cada persona con discapacidad, lo que se puede prestar, en muchos de los casos, a una tremenda injusticia.
Argumentan que existe un serio patrón de estereotipos y presunciones falsas sobre las personas con discapacidad que afecta el actuar de las autoridades y también de la sociedad en general, que restringe las libertades para poder desarrollarse plenamente como es en justo derecho.
De las observaciones finales hechas a nuestro país, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresa su preocupación por la ausencia de medidas para eliminar el estado de interdicción y las limitaciones a la capacidad jurídica de una persona con razón de su discapacidad en nuestro sistema jurídico.
Han instado a que se suspenda cualquier reforma legislativa que implique continuar con un sistema de sustitución de la voluntad que afecta profundamente los derechos. Esto afecta, por tanto, que se respete la autonomía y la voluntad de la persona, sin importar su nivel de discapacidad.
El mismo Conadi señala que el juicio de interdicción es discriminatorio, ya que priva a una persona con discapacidad de su capacidad jurídica y considera que el juicio de interdicción viola los derechos al debido proceso y la garantía de audiencia. Más aún después de una reforma en donde nos colocamos en un sistema único a nivel mundial de derechos humanos.
Es importante señalar que países como Reino Unido, Estados Unidos, Suecia y Australia cuentan ya desde hace algunos años con un modelo de apoyo que ha resultado exitoso, el cual busca asistir a las personas con discapacidad para que ejerzan su derecho en igualdad de oportunidades.
Consideramos que estos modelos pueden apoyar el modelo actual de interdicción, que tendría que ser utilizado en casos muy específicos e irlo limitando conforme vayamos avanzando en este modelo de apoyo a las personas con discapacidad, de acuerdo a lo que han pedido las mismas organizaciones de la sociedad civil, las personas con discapacidad y actores coadyuvantes.
Mediante esta iniciativa, Encuentro Social reitera claramente su compromiso para que se promuevan, se respeten, se protejan y se garanticen los derechos humanos de todas las personas, especialmente de las personas con discapacidad. Ese es nuestro compromiso: ser la voz de los que hoy no tienen voz, para que entonces se pueda actuar en justicia para todos los mexicanos.
Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos que se adicione el artículo 30 Bis de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que el Poder Ejecutivo federal, los gobiernos de las entidades federativas, los gobiernos municipales y los Congresos de los estados, por supuesto, implementen programas, acciones y reformas para eliminar cualquier disposición que restrinja la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Asimismo, para que de manera coordinada garanticen sistemas de apoyos jurídicos y sociales que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, especialmente el derecho a la capacidad jurídica mediante apoyos adecuados y razonables. Siempre con respeto irrestricto a la voluntad y a la privacidad de las personas con discapacidad.
Hagámoslo nosotros. Es un tema de justicia y es un tema que nos puede involucrar perfectamente a todos los legisladores comprometidos con las causas más nobles. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Pasamos a la segunda ronda de iniciativas y se le concede el uso de la voz, hasta por cinco minutos, al diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 182 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado y 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.
El diputado Armando Luna Canales: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La propuesta que hoy presento ante ustedes, busca incluir dentro de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, un mecanismo claro y sencillo para que el cobro del crédito de la vivienda de un trabajador víctima del delito de desaparición forzada se suspenda temporalmente hasta que no se sepa su paradero.
Con esta iniciativa buscamos reforzar nuestro ordenamiento jurídico, a fin de atender de manera integral las consecuencias derivadas de la desaparición forzada de una persona y asegurar a las víctimas y familiares condiciones más justas e igualitarias de vida.
Recordemos que el pasado 12 de octubre de 2017 aprobamos una de las reformas más importantes, quizás la más importante de toda la legislatura, la hoy vigente Ley General en materia de desaparición de personas. Una ley que se forjó sobre el dolor y el trabajo de miles de familias de personas desaparecidas. Se elaboró con el apoyo y la asesoría de distintas instancias internacionales, misma que contó también con el decidido apoyo de todas las instancias nacionales.
Como se comentó en aquél entonces, la ley general fue solo el primer paso para dar respuesta y hacer justicia. La iniciativa que hoy se presenta da continuidad al compromiso pactado ese día, dotando de más sentido y forma al contenido de la ley en materia de desapariciones.
Una de las más valiosas herramientas que prevé la nueva legislación, es la Declaración Especial de Ausencia, mediante ella se crea la figura jurídica de la persona desparecida con efectos de orden civil que permiten la garantía de los derechos, tanto de las personas que están en situación de desaparición, como de sus familiares y beneficiarios.
Dentro de esos derechos se establece que mediante esta declaración, se permitirá a los beneficiarios de un régimen de seguridad social, derivado de una relación de trabajo, seguir gozando de todos los beneficios aplicables a este régimen.
Como sabemos, los créditos de vivienda contemplados en la legislación, pertenecientes tanto al Infonavit como al Fovissste, son una de las prerrogativas de las que gozan los trabajadores una vez que cumplen con determinados requisitos. La lógica del funcionamiento de estos créditos es que serán liquidados paulatinamente conforme se generen los pagos. Es a través de este mecanismo de descuento posterior que se cumple con el pago del crédito contratado.
El caso de una persona trabajadora que ha obtenido un crédito de vivienda y desgraciadamente resulta ser víctima del delito de desaparición, se sujeta a una situación especial que pone en riesgo no sólo su relación laboral, sino todos los derechos que de ella derivan como es el caso del pago del crédito hipotecario por su vivienda.
La Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas ha venido a establecer un piso mínimo para que todas las autoridades de los diversos órdenes de gobierno deben respetar, y uno de ellos es la garantía a los derechos laborales y sus prerrogativas mediante la figura de la declaración especial de ausencia. La ley general también nos obliga, de acuerdo con sus transitorios, a adecuar toda la legislación a modo de que hagamos un efectivo cumplimiento de la ley.
Por este motivo, la iniciativa que hoy presentamos desarrolla el contenido de la ley general reglamentando el derecho a los créditos de vivienda. Concretamente proponemos reformas al párrafo primero del artículo 182 de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como al párrafo primero del artículo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, para indicar en ambos casos que tratándose de créditos de vivienda, cuando se trate de una persona víctima de desaparición forzada, una vez solicitado el procedimiento de declaración especial de ausencia, se suspenda el cobro del crédito hasta no saber el paradero de la persona.
Con esta propuesta aseguramos los derechos del trabajador, abonamos a una mejor calidad de vida para las familias de las víctimas del delito de desaparición, armonizamos nuestra legislación sin duda y cumplimos con el mandato al que nos instruye la Ley General en materia de Desaparición Forzada.
Con este camino avanzamos en una ruta para llevar justicia a miles de familias de víctimas de desaparición. Es cuando, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación, y para presentar dos iniciativas en una sola intervención, concedemos el uso de la voz al diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en la primera de ellas es iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y en la segunda, también es iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Alejandra Gutiérrez Campos y otros diputados integrantes del Grupo Parlamentario, junto con la del orador. Adelante, diputado, hasta por cinco minutos. Confiamos en su capacidad de síntesis.
El diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez: Muchas gracias. Con su venia, presidenta. Amigas y amigos, cuando termine la presentación de esta ronda de iniciativas, dos personas habrán muerto en el país, y cuando terminemos de discutir los dictámenes de esta sesión, habrán muerto cuatro personas más.
En México una persona muere cada 18 minutos como consecuencia de un homicidio doloso. Son ciudadanos que se resistieron a un asalto, al robo de su casa, a un secuestro o que estuvieron en el momento y en el lugar menos indicado.
Mujeres, hombres, jóvenes y niños cuya sensación de paz y de tranquilidad ha quedado sólo en los recursos. Profesionistas comerciantes e incluso nuestros policías que heroicamente han caído en el cumplimiento de su deber, y que detrás de estos se encontraban ciudadanos cuyo interés máximo era el servicio y la protección al prójimo.
Dos mil diecisiete pasará a la historia como uno de los episodios más oscuros de nuestro país, pues fue el año más violento en dos décadas. Hoy no quiero hablarles de cómo el robo con violencia se disparó un 38 por ciento en todo el país, o cómo el robo de negocios se disparó un 62 por ciento o de cómo siete de cada diez crímenes se realizaron con un arma de fuego, porque detrás de esas frías estadísticas hay padres que perdieron el sustento de su familia a través de un asalto o de una extorsión.
Hay estudiantes que fueron víctimas también del robo de su celular, y que ahora se encuentra a la venta en las calles, ante la inacción de las autoridades.
Se encuentran familias enteras que han perdido su patrimonio al ser víctimas de robo a su casa, y personas que también inclusive han perdido todo, inclusive la vida misma.
Asunto juzgado son estas cifras alarmantes en la mayoría de los estados ante los delitos de alto impacto. Las deficiencias operativas y legislativas, por lo que sí hay que reconocerlo en los mecanismos alternativos como en los acuerdos reparatorios y la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno.
Hoy en día ningún delito debe ser considerado menor, pero aquellos delitos cotidianos del día a día, aquellos que crecen bajo la sombra de la impunidad y de la corrupción cotidiana, son los que se han olvidado por nosotros y que siguen lastimando consecuentemente a nuestros ciudadanos.
Ellos nos exigen, sin distinción de partidos, de colores, de ideologías, o inclusive de los tiempos electorales, resultados ante esta creciente ola de inseguridad nacional. Por ello, los diputados de Guanajuato del Partido Acción Nacional, a quienes agradezco –aquí presentes– su apoyo, trabajo y coordinación, podamos presentar esta iniciativa a la que denominamos: justicia ciudadana, que pretende combatir –como lo he dicho anteriormente– los delitos que millones de ciudadanos padecen día con día como son el robo con violencia o casa habitación.
Pretendemos fomentar la coordinación entre los niveles de gobierno en mecanismos alternativos como los acuerdos reparatorios, porque delito no se extingue en sí, porque no hay peor cáncer para la sociedad que el miedo de saber que quien cometió un robo, un asalto o porte y venda armas, continúe durmiendo el sueño de los justos.
Compañeras y compañeros legisladores, estos días son de júbilo electoral para muchos de ustedes en esta Cámara de Diputados, pero echemos la vista atrás hacia un instante y recordemos los compromisos con aquellos, a quien nuevamente muchos de nosotros saldremos a pedir su confianza y su voto, y recordemos que las promesas con nosotros mismos al llegar aquí hace tres años, para sembrar la semilla de un México mejor.
Recordemos también que es nuestra obligación proporcionar las herramientas efectivas para que los ejecutivos y los poderes judiciales en esta Federación realicen su trabajo de manera efectiva.
Prácticamente lo que estamos pidiendo aquí es que el robo a casa habitación y el robo con violencia se consideran delitos graves para evitar que salgan libres tan rápido estos delincuentes, que se considere una prisión preventivo oficiosa, ya que son delitos considerados como menores, pero bueno, son delitos que lastiman mucho a la sociedad y a la mayoría de mexicanos que salen todos los días a un trabajo y que se esmeran por años en construir un patrimonio y puede ser arrebatado por unos minutos, por personas, que bueno, no quieren ser benéficos para la sociedad.
También, junto con mis demás compañeros, presentamos una iniciativa ya del artículo 19, como varios compañeros del PAN, para reformar este artículo y que la aportación de armas exclusivo del Ejército sea considerado de prisión preventiva oficiosa, estamos dando esta alternativa.
Sin embargo, también podemos proponer que el uso de armas exclusivas del Ejército sea considerado un peligro para la sociedad, para que sin reformar este artículo 19, también los ministerios públicos puedan pedirles a los jueces una prisión preventiva oficiosa, y, bueno, esto pueda ser concedido.
Y los acuerdos reparatorios, que ya se han llamado, la llamada puerta giratoria, donde muchos delincuentes caen por el robo de una televisión, pero habían robado 10 televisiones anteriormente, y con este mismo dinero que han obtenido ilícitamente de la venta de estos artículos, pueden pagar el acuerdo reparatorio, pueden pagarle a un abogado e inclusive tener una ganancia, una utilidad al margen de la impunidad y seguir delinquiendo a todas nuestras familias.
Por ello pedimos a todos ustedes que esta iniciativa no muera como una más de la promesas recicladas de cada legislatura, sino ser el abanderamiento de un compromiso cumplido con quienes depositan su confianza y su voto en nosotros.
Muchísimas gracias. De verdad les pedimos a las comisiones respectivas que pongan especial hincapié en este tema. Es un tema que nos afecta a todos, que nos lo van a recordar a la gente que representamos durante estos tres años y que no nada más eso, sino que nuestras mismas familias y patrimonios van a ser afectados. Muchísimas gracias. Es cuanto. Les agradezco por su atención. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Túrnese la primera de las iniciativas a las Comisiones Unidas de Justicia, y Defensa Nacional, para dictamen, y a segunda de ellas a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto de reforma al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La diputada María Cristina García Bravo: El cuidado del medio ambiente de hoy es el que nos dejarán los adultos. Legisladora infantil del X Parlamento de Niñas y Niños de México.
Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presento una iniciativa que reforma el artículo 57, en su fracción XIX, a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de sensibilización sobre las causas y efectos del cambio climático, así como fomentar hábitos orientados hacia un estilo de vida sustentable.
Conforme a la Organización de las Naciones Unidas, existen pruebas alarmantes de que se alcanzarán, o peor aún, se sobrepasaron los puntos de inflexión que darán lugar a cambios irreversibles en importantes ecosistemas y en el sistema climático del planeta. Ecosistemas tan diversos en el mundo pueden estar llegando a umbrales de cambio drástico debido al calentamiento y a la pérdida de humedad, que tendrían repercusiones sobre varias generaciones de todas las formas de vida, lo que nos lleva a pensar que no solo es un fenómeno ambiental, estas condiciones se han convertido en una problemática de profundas consecuencias económicas, políticas y sociales, donde una de las partes más vulnerables es la niñez.
Nuestro país se ha caracterizado por el respeto irrestricto a los derechos de nuestra niñez, previstos en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Aunque es verdad, a nivel nacional la Ley General de Educación, en su artículo 7o. establece que uno de los elementos principales de la educación impartida por el Estado tendrá como eje la prevención del cambio climático y el desarrollo sustentable.
En este sentido, tenemos la responsabilidad y obligación de también contemplarlo en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, debido a que el acceso al medio ambiente sano es uno de los derechos fundamentales, tal y como lo mandata el artículo 1o. de la citada Ley.
Es importante mencionar que la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1989 y ratificada hasta la fecha por 193 países, junto con la Declaración Un Mundo Apropiado por los Niños, protege y preservan el derecho de cada niño a un medio ambiente seguro y saludable, en el cual puedan desarrollarse y crecer.
De ahí que desde la ratificación de la Convención del 21 de septiembre de 1990, nuestro país asumió el compromiso y obligación de adecuar su acervo jurídico y políticas públicas, así como adoptar las medidas necesarias para su efectiva implementación en el país en diversas materias, pero, en especial, en la del medio ambiente.
Un ejemplo claro de los efectos que general el cambio climático es la presencia de un mayor número de desastres naturales, donde entre otros efectos tiene un impacto significativo en la producción y distribución de alimentos que generan hambre en el mundo.
Estudios recientes de UNICEF indican que el cambio climático podría aumentar a 50 millones el número de personas que sufrirán hambre en todo el planeta. La UNICEF ha establecido que serán las niñas, niños y mujeres los que representan el 65 por ciento de las personas que a lo largo de los próximos 10 años sufrirán las consecuencias de los desastres relacionados con el cambio climático, ya que miles de menores de cinco años mueren cada año en todo el mundo a causa de la contaminación del aire en exteriores e interiores, del abastecimiento de agua insalubre y del saneamiento e higiene deficiente.
Muchos han desarrollado problemas crónicos relacionados con el medio ambiente, desde alergias hasta discapacidad mental o física.
La Declaración Un mundo apropiado para los niños, aprobada por consenso en la sesión especial a favor de la infancia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada en 2002, expresa claramente el compromiso de los estados a proporcionar toda la asistencia para proteger a los niños, minimizar el impacto de desastres naturales y la degradación del medio ambiente.
Compañeras y compañeros, en lugar de mantener el divorcio entre la naturaleza y el ser humano, hay que propiciar su reencuentro, esto implica aceptar que lo humano se realiza en comunidad con y en función de otros seres humanos, como integrantes de la naturaleza, sin pretender dominarla.
Estamos a tiempo de plasmar en la ley lo conducente para que las niñas, niños y adolescentes no sufran las consecuencias del cambio climático en un futuro no muy lejano.
Derivado de lo anterior, podemos resaltar que el propósito de esta iniciativa es reformar la fracción XIX del artículo 57 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, para que no sólo se incluya el respeto al medio ambiente, sino también se fomente la sensibilización y la prevención sobre las causas y consecuencias del cambio climático, que permitirá fomentar hábitos orientados hacia un estilo de vida sustentable en las niñas, niños y adolescentes, para que gocen del bienestar al que tienen derecho. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias a usted, diputada. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz: Con la venia de la Presidencia. Ciudadanos que nos ven desde el Canal del Congreso, compañeras y compañeros legisladores, actualmente la presencia de las mujeres en esta Cámara es del 42.6 por ciento gracias al sistema de cuotas incorporado en reformas electorales y debido a las resoluciones de la autoridad jurisdiccional que ordenó a los partidos políticos sujetarse a esta ley. Sin embargo, de las 56 comisiones ordinarias solo 17 son presididas por legisladoras, es decir, el 30.2 por ciento.
Tenemos que reconocer que hoy aquí prevalece la sobrerrepresentación de un género en diversos espacios fundamentales.
En tal virtud, propongo reformar el artículo 6 del Reglamento para establecer que los diputados y diputadas integren las comisiones y comités y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados observando el principio de igualdad, para lo cual los órganos de gobierno y los grupos garantizarán que las propuestas para la integración de los órganos de trabajo parlamentario, Mesa Directiva, de apoyo, comisiones y comités atiendan los principios de igualdad de género y los de pluralidad política y representatividad de los grupos parlamentarios.
También propongo reformar el artículo 21 para establecer que los grupos parlamentarios garanticen la igualdad de género en los órganos que constituyan en su interior, así como la integración de las comisiones y comités.
Finalmente, propongo en el artículo 149, ordenar que en la integración de las comisiones y comités y su respectiva junta directiva se atenderán los principios de igualdad de género y los de pluralidad política y representatividad de los grupos parlamentarios.
Esta tribuna, una y otra vez hemos argumentado la importancia de erradicar la discriminación y la violencia de género, incluso la violencia política. Por congruencia, hoy es importante legislar para propiciar la inclusión y sentar un precedente, legislar para acatar el mandato de la Constitución, de las leyes y de los instrumentos internacionales suscritos por México.
Legislar para establecer la igualdad de nuestra propia normatividad y no ser como dice el dicho, farol de la calle y oscuridad de la casa. Legislar para construir una cultura política verdaderamente igualitaria y democrática. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación concedemos la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 7 y 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado: Muchas gracias, presidenta, con su venia. En los últimos 25 años las tendencias en temas medioambientales sugieren que la humanidad sigue arriesgando su futuro. Aunque hay algunas excepciones como la estabilización de la capa de ozono, el bienestar humano sigue seriamente amenazado por tendencias negativas como el cambio climático, la deforestación, la falta de acceso a agua dulce, la extinción de las especies y el crecimiento de la población humana, escriben los expertos.
Esa es la segunda advertencia sobre los peligros del futuro, que ha sido necesaria al constatar que casi todas amenazas se han recrudecido desde 1992, cuando más de mil 700 científicos, entre ellos todos los Premios Nobel vivos, firmaron la advertencia de los científicos del mundo en la humanidad.
La segunda advertencia ha sido redactada por una nueva organización independiente internacional, la Alianza de Científicos Mundiales, liderada por el profesor William Ripple, de la Universidad de Ciencias Forestales de la Universidad Estatal de Oregón, en Estados Unidos, con datos de agencias gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro e investigaciones individuales.
Desde finales del siglo XIX, pero más notablemente en los últimos 50 años, con el desarrollo industrial y la pérdida de bosques y selvas, entre otros factores, la temperatura de la superficie terrestre se ha incrementado, lo cual significa un alto riesgo para todas las formas de vida.
Algunas de las señales de este fenómeno climático en nuestro país son: aumento extremo de la temperatura, cambios de la forma en que llueve, adelanto de las épocas de calor, pérdida de bosques, aparición de enfermedades.
A pesar de que México tiene un marco jurídico muy robusto en cuanto a cambio climático y programas de reforestación, no son suficientes para mitigar los cambios acelerados de clima que estamos viviendo. Las acciones deben tomarse a la brevedad, antes de que los daños sean irreversibles.
Hay soluciones que pueden ayudar a la regulación del clima al interior de las ciudades, así como proteger el área limítrofe de las mismas, conservar el agua y mejorar la calidad del aire y, por tanto, incrementar el nivel de vida de la población.
Con base en lo anterior, someto a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con la finalidad de crear planes para la reforestación urbana por cada entidad federativa y la Ciudad de México, determinando como sus zonas prioritarias aquellas mayormente afectadas por el clima, la sequía, los fenómenos climáticos y el crecimiento demográfico. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias a usted, diputado. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación...
El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Tiene el uso de la voz, desde su curul, el diputado Fernando Moctezuma.
El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: ¿Con qué objeto?
El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): Para solicitar, a través de usted, me permitiera nuestro compañero diputado Jorge, el poder adherirnos a su iniciativa que me parece de la mayor relevancia. Ojalá lo pudieran considerar.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Diputado Jorge, ¿autoriza usted? Le preguntamos al diputado proponente, alguien dígale allá abajo. Diputado, está preguntándole esta Mesa Directiva si autoriza la petición que le están haciendo para la suscripción de la iniciativa.
El diputado Jorge Márquez Alvarado (desde la curul): Sí, adelante.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Está autorizado, diputado, y puesto en la Secretaría para usted y a quienes quieran suscribirla. Se turna a la Comisión de Vivienda. Perdón, ya la turnamos a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Y a continuación, concedemos el uso de la voz, hasta por cinco minutos, a la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para la presentación de iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 4o. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Adelante, diputada.
La diputada Mirza Flores Gómez: Presidenta, muchas gracias. Con su permiso. Muy buenas tardes estimadas compañeras diputadas, compañeros diputados. Esta tarde vengo a presentar una iniciativa que viene a complementar muchas de las que ya he venido presentando durante este periodo y los anteriores, que es en relación al derecho de las personas a tener vivienda digna y adecuada.
El derecho a una vivienda digna y adecuada es un derecho humano, reconocido en la normativa internacional de los derechos humanos, como elemento integrante al derecho al nivel de vida adecuado. El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, no solamente para sí, sino también para su familia, lo incluye también la alimentación, vestido y vivienda, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
Para tener una vivienda digna debieran de contemplarse elementos como la seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural para que esto tenga una consolidación.
Asimismo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio que es del derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. Su contenido no se agota solamente a la infraestructura básica, también debe comprender el acceso a los servicios públicos básicos como lo son la salud, la seguridad y otros servicios sociales como son los de emergencia –tal cual–, hospitales, clínicas, escuelas, así como prohibición de establecer lugares contaminados o de proximidad inmediata a fuentes de contaminación.
Si no estamos cumpliendo bajo estos criterios los asentamientos humanos y la vivienda que el Estado proporciona, o los permisos que el Estado proporciona, pues entonces el Estado no está cumpliendo con su obligación de proporcionar las condiciones para la vivienda digna a sus gobernados.
Sin embargo, en la actualidad el término vivienda digna y decorosa está cayendo en desuso. La dinámica social exige un compromiso mucho más fuerte por parte del Estado y de otros particulares frente al derecho a un medio ambiente sano.
¿Cómo combinamos vivienda digna con medio ambiente sano, y sobre todo que la vivienda establecimiento de asentamientos urbanos no implique ir en detrimento de los derechos de las futuras generaciones? El desarrollo sostenible trata de lograr de manera equilibrada el desarrollo económico, el desarrollo social, y sobre todo con esto la protección al medio ambiente.
En México actualmente existen 115 edificios certificados bajo el sello LEED. México con esto ocupa el segundo lugar después de Brasil en el número de edificios certificados, pero ahí no debe de parar el trabajo que se esté haciendo, porque si bien es cierto se concentran esfuerzos para certificar ciertos edificios pero el resto de la población sigue sin ser atendida en esta política pública de vivienda, porque solamente se utilizan como evaluación y no como normas obligatorias debido a que la disposición voluntaria pretende inducir a la planeación.
Es una invitación, cuando lo que debemos de hacer es obligar a quienes se encargan de construir las unidades de vivienda en este país debieran de sujetarse a normas que sean inflexibles para que vayan en combinación con el medio ambiente, pero sobre todo, a que estos asentamientos humanos tengan acceso a servicios públicos.
Y esto lo digo porque en el distrito, como muestra un botón, en el distrito que tengo el honor de representar, se han autorizado por administraciones pasadas y corruptas, una serie de unidades habitacionales en donde no se garantizó que tuvieran acceso a ningún tipo de servicio los habitantes de esa zona. Y todo esto se puede concentrar específicamente al corredor habitacional de la carretera a Colotlán.
Quienes son de allá saben a qué me estoy refiriendo, saben de quién les estoy hablando y cómo las administraciones corruptas dejaron de herencia a quienes con muchos sacrificios, esfuerzos, adquirieron su vivienda en esa parte de la ciudad, los dejaron viviendo en condiciones vulnerables, ni siquiera transporte público digno para que los saque de ese lugar a sus trabajos o a las escuelas.
Esto también va en coordinación con la agenda internacional que aquí también he venido exponiendo, que es la de la vivienda no solamente digna, sino que esta vivienda digna esté de acuerdo con el Acuerdo Internacional que México firmo en Sendai en marzo del 2015, en donde incluye los conceptos de reducción de riesgos para casos de desastre, y de reconstruir mejor.
Si tuviéramos en claro la obligatoriedad y la responsabilidad de que al momento de construir la vivienda en cualquier lugar de este país se hiciera bajo el criterio de la reducción de riesgos para casos de desastre, no viviríamos las tragedias que se presentan ante los embates de la naturaleza como fueron los temblores en este caso del 7 y 19 de septiembre que dejaron a su paso desastres en las viviendas y en la forma de vida de la gente, no solamente se pierde la vida que es lo más valioso y es insustituible, se pierde la dignidad del acceso a la vivienda porque las personas pierden su patrimonio.
Debemos de generar obligatoriedad en los marcos y en las normas de construcción, que estas estén alineadas a las agendas internacionales que son la de proteger la vida y la integridad de las personas, pero también prepararnos y prevenirnos para que la recuperación ante los desastres naturales, no implique tantas pérdidas humanas ni tantas pérdidas económicas. Muchas gracias y buenas tardes.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación tiene la palabra por cinco minutos, el señor diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional.
El diputado Abdies Pineda Morín: Honorable asamblea. Con su venia, diputada presidente. Tomo turno en esta sesión ordinaria para poner a su consideración una adición al artículo 31 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B, del artículo 123 constitucional, con el objeto de saldar una deuda con los Trabajadores al Servicio del Estado que, en ejercicio de sus derechos laborales, practican un deporte o realizan alguna actividad cívica que les llegue a representar a nuestro país en competencias nacionales e internacionales.
Estos trabajadores en la mayoría de los casos tienen que usar sus vacaciones, días económicos u otros de los que pueden echar mano para asistir a eventos nacionales o internacionales. Tenemos que ser corresponsables con ellos.
Es por ello que mi grupo parlamentario por mi persona, somete a su consideración la presente iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 31, para que si derivado de la práctica deportiva o de alguna actividad cívica, el trabajador resultase seleccionado por algún organismo público de estas índoles, para representar al país en competencias nacionales o internacionales, la dependencia deberá de brindar a los trabajadores de los días necesarios para las etapas de preparación y competencia.
Un gran ejemplo de lo que exponemos es la Secretaría de la Defensa Nacional, de las 62 medallas olímpicas que ha ganado México, 11 han sido conseguidas por miembros castrenses.
Por lo que se refiere a la Secretaría de Marina, Misael Rodríguez y María Guadalupe González ganaron medalla para México en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Otro caso es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que ha producido a medallistas olímpicos, como Laura Sánchez, Felipe Muñoz, Jesús Mena, Fernando Platas, Carlos Girón, Daniel Aceves, Carlos Mercenario, Germán Sánchez, Ernesto Canto y Joel Sánchez, y los medallistas paralímpicos Juan Ignacio Reyes y Mauro Máximo de Jesús.
A la mayoría de ellos esta soberanía les ha ofrecido merecidos homenajes, sin embargo, es hora de que hagamos una acción afirmativa para que nuestros compañeros trabajadores practiquen actividades como el deporte en los más altos de los niveles nacionales e internacionales. Nos toca a nosotros apoyarlos. Es cuanto, diputada presidente.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
En relación a la iniciativa que presentó la diputada Mirza Flores Gómez, se corrige el turno y su iniciativa se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Agradezco a la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla su comprensión por la confusión en el turno, y le pedimos que pase a hacer el uso de la voz hasta por diez minutos y presentar su iniciativa a nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en donde presenta proyecto de decreto para reformar el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputada.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Gracias, presidenta. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya finalidad es conferir certeza jurídica en la redacción del artículo 23 de la Constitución e incorporar el sobreseimiento.
Como sabemos, el artículo 23 de nuestra Carta Magna señala: Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea en el juicio que se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia.
La redacción de dicho precepto es inadecuada y conduce a errores de interpretación, toda vez que gramaticalmente se puede entender que si una persona comete cualquier delito o en un primer proceso se le condena o absuelve, al volver a cometer delitos de la misma índole se dé origen a un segundo juicio. Este ya no tendría razón de ser, dado que violarían flagrantemente el artículo en cuestión al actualizarse la hipótesis que indica: Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
La garantía que pretende preservar se traduce en la prohibición de un nuevo juicio sobre los mismos hechos, que han sido materia de la sentencia dotada por la autoridad de cosa juzgada. Es decir, refiere a los mismos hechos, no al mismo delito.
Por otra parte, el texto constitucional es omiso al mencionar la figura del sobreseimiento, que es una resolución que pone término a la instancia, con absolución del inculpado, pero esta es distinta a la sentencia.
De acuerdo con el artículo 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con el imputado, en cuyo favor se dicta e inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que hubiera dictado.
La iniciativa que pongo a consideración de esta honorable asamblea busca considerar, en primer término, dotar de certeza jurídica al principio de que una persona absuelta por una sentencia firme no podrá ser sometida de nuevo a un juicio con los mismos hechos y, por otro lado, confiere fundamento constitucional a la figura de sobreseimiento.
En Nueva Alianza nos comprometemos a mejorar nuestra legislación para contar con normas claras, que sean aplicables, coincidentes con el respeto irrestricto a los derechos humanos. Por tal motivo, consideramos imperativo adecuar nuestra Carta Magna con los compromisos internacionales al que nuestro país ha signado en esta materia. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de los dictámenes.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules los siguientes dictámenes:
1. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
2. De la Comisión de Transportes con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 53 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
3. De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
4. De la Comisión de Igualdad de Género con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
5. De la Comisión de Igualdad de Género con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 9o. y se adiciona una fracción XIII al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Perdón, hay un sexto.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Secretaria, perdón, sí.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: De la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, secretaria. De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Consecuentemente, en virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Transportes, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que ese dictamen se someta a discusión y votación de inmediato.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si autoriza que el dictamen de la Comisión de Transportes con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 53 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Presidenta, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: En consecuencia se autoriza. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Transportes con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 53 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila: El dictamen que vamos a votar es un reclamo ciudadano muy sencillo, muy práctico, en el cual tenemos que modificar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se trata sencillamente de plasmar de manera explícita que las terminales de pasajeros deberán de contar al menos con zonas de ascenso, de espera y de descenso, al igual que instalaciones sanitarias sin costo para los pasajeros.
Si bien el Reglamento de Transporte Federal y Servicios Auxiliares ya contempla en su artículo 42 D las características mínimas que deben de tener las terminales, lo cierto es que carece de un sustento legal en la ley.
Es cierto también que en la realidad varias de las terminales no cumplen con ninguno de estos elementos. No debemos olvidar que quienes administran las terminales obtienen un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ese permiso es para brindar un servicio público.
A nosotros nos corresponde como legisladores que en la ley se tenga el término claro y específico para que se cumpla con este tipo de indicaciones.
Hoy en día vemos en todo el país, en muchas terminales que no tienen lugar para ascenso y descenso de pasajeros y se escudan en que no está legislado en nuestro marco legal. También vemos en muchas terminales, y sobre todo en ciudades pequeñas, que están cobrando por tener acceso a los sanitarios a las personas que menos tienen.
Haciendo esta modificación, definitivamente estaremos mejorando la calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos en nuestro país de forma directa. Una sencilla pero benéfica iniciativa que será ya una realidad votada a favor, este dictamen por el pleno de esta Cámara de Diputados, por lo cual pido su voto a favor del presente dictamen. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Muchas gracias, diputado.
El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición, hasta por cinco minutos, los siguientes grupos parlamentarios: Partido Encuentro Social, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, Morena, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional.
Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social, para fijar su posición.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares: Gracias, diputado presidente. En primer lugar quiero decir a nombre del Partido Encuentro Social, como bien decía el presidente de la comisión en su fundamentación de este dictamen, que es en apariencia una adición sencilla al artículo 53 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Sin embargo, creo que tiene una gran trascendencia para los usuarios, para todos nosotros cuando vamos a una terminal de autobuses, cuando no hay ascenso ni descenso ni mucho menos servicios sanitarios gratuitos. En eso consiste estrictamente esta adición al artículo 53 de la ley en comento.
Yo quisiera decir que este dictamen, que desde luego vamos a favor, tiene cualidades que van a permitirles a los usuarios... Sabemos nosotros que cada vez, amigas diputadas y diputados, se le carga en el pulmón financiero lo que debe darle tanto la iniciativa privada, en este caso, como el gobierno, al usuario.
Es decir, antes las plazas comerciales tenían estacionamiento como un servicio adicional para la comodidad del usuario. Ahora ya esos estacionamientos –que eran una atención, un plus en el servicio– son a la carga del pulmón, de la economía familiar. Y así podemos ir hablando de cosas, de las autopistas, que deberían ser un servicio del Estado, cada vez son cargadas a la economía familiar.
Es totalmente una contradicción. Se está desgastando la economía familiar, el presupuesto familiar, los ingresos, los salarios. Sin embargo, de manera inversamente proporcional, se incrementan los servicios que le cargan al ciudadano y que no debiera ser.
Es una incongruencia en términos económicos, de tal suerte que aparte de la crisis, aparte de la inflación, se les agrega a los usuarios una carga adicional que debería ser parte del servicio, en este caso privado o público. Esto es lo que nosotros tenemos que regular y de esto se trata este dictamen, de alivianarles la carga a los ciudadanos.
Así podemos hablar de temas pendientes como, por ejemplo, en la comisión que estamos ahorita discutiendo este dictamen, los dobles remolques que han causado muchos accidentes.
Hay iniciativas del partido, de todos los partidos políticos en su gran mayoría, que no se han dictaminado, son temas esenciales regular en ley para que no solamente los reglamentos lo consideren, porque lo puede decir el Reglamento, pero si la ley no lo establece queda en la comodidad de la voluntad de quien dependa dar este servicio ya sea público o privado en este caso.
Entonces nosotros en este momento, por supuesto que vamos a favor y exhortamos para que sigamos atendiendo temas del doble remolque que propician pérdidas de vidas cada año muy lamentables. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Muy amables.
El presidente diputado Edgar Romo García: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra para fijar posición por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, el diputado Jesús Rafael Méndez Salas.
El diputado Jesús Rafael Méndez Salas: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, saludo con respeto a los medios de comunicación. En Nueva Alianza estamos comprometidos a mejorar el nivel de vida de la población, en este caso nos sumamos al dictamen de mérito que busca mejorar los servicios de autotransporte de pasajeros.
En la presente administración se han invertido más de 38 mil millones de pesos en la modernización de carreteras federales, ello es muestra de la importancia que se ha dado al mejoramiento de la infraestructura en esta materia, sin embargo es preciso que también se renueven las terminales de pasajeros que en muchas ocasiones no cuentan con las instalaciones adecuadas para prestar un servicio de calidad.
La ley vigente no establece como requisito para la obtención de un permiso, para la prestación del servicio público federal de autotransporte de pasajeros que las terminales de origen y destino para el ascenso, espera y descenso, sean adecuadas y cuenten con instalaciones sanitarias de uso gratuito.
Si bien existe un reglamento de autotransporte federal y servicios auxiliares en el que se establecen las características que debe tener una terminal de pasajeros como son taquillas, servicios sanitarios con instalaciones adecuadas para que los usuarios de la terminal hagan uso de ellas sin costo alguno, equipos y sistemas contra incendios instalados en lugares de fácil acceso, equipos de comunicación necesarios para el anuncio de llegadas y salida de autobuses y localización de personas, andenes, salas de espera acordes con la capacidad y uso de la terminal o instalaciones para personas con discapacidad, entre otros, coincidimos con la percepción de la dictaminadora en cuanto a la necesidad de dar un mayor sustento legal a esta disposición.
En aras de lo anterior, en Nueva Alianza consideramos pertinente la adición de un tercer párrafo al artículo 53 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de contribuir a la prestación de mejores servicios para las y los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el diputado Jonadab Martínez García.
El diputado Jonadab Martínez García: Muy buenas tardes. Aunque el dictamen que vamos a platicar el día de hoy que seguramente vamos a aprobar, habla de transporte y quiero hacer un argumento más amplio.
No solamente estamos hablando de transporte. Estamos hablando de movilidad, un tema que he insistido mucho en esta Legislatura. Qué bueno que esta Legislatura fue la primera que aprobó la creación de la Comisión Especial de movilidad, y qué bueno que dejemos el precedente también que la Comisión de Movilidad sea una comisión ordinaria.
Eso sería dar un paso adelante, como este es el caso de la iniciativa del diputado Edgar Romo, que viene argumentando y que viene a ampliar los derechos de accesibilidad universal que tienen todos los usuarios del transporte público, en este caso de pasajeros foráneos. Aplaudo esta iniciativa y aplaudo mayormente que se hable de movilidad.
El transporte público no solamente es trasladar a una persona de un sitio A a un sitio B, sino de las condiciones de calidad, de comodidad y de precio en el ajuste de su tarifa de transporte en nuestro país. Eso es lo que debemos de legislar, legislar de los beneficios y de los derechos que tienen los pasajeros de un transporte como este, de transporte de pasajeros foráneos.
Muchos de nosotros nos transportamos por avión, pero también hay muchos que nos transportamos vía terrestre y sufrimos toda la inclemencia de lo básico, de lo básico que es tener un espacio de higiene como son los sanitarios.
Pero también de otra cosa hablamos en esta iniciativa, que es algo importante que debemos destacar: de un transporte multimodal. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona pueda llegar a una central camionera y pueda dejar su vehículo, pueda dejar su bicicleta, pueda transportarse por otro medio de transporte público como el Metro, Tren Ligero o transporte público férreo, y llegar a este lugar en total seguridad y comodidad. Esa es la movilidad urbana sustentable que tanto he impulsado en esta Legislatura, y que también teneos un pendiente.
Y quero también aprovechar esta tribuna, además de apoyar esta iniciativa que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano vamos a votar a favor, también ampliarlo. Estos pasajeros deben de movilizarse de manera segura, y tenemos una iniciativa congelada hasta este momento en la Comisión de Gobernación, de la Ley General de Seguridad Vial, que sigue ahí sin ser dictaminada y que aprovecharíamos esta coyuntura tanto legislativa y que nos quedan muy pocos meses de esta administración para aprobar esta Ley General de Seguridad Vial que dotará de beneficios y de seguridad a que estos pasajeros que hoy vamos a aprobar un derecho para ellos, que estos pasajeros tengan esa condición de seguridad de llegar en bienestar a sus lugares de origen o destino.
También quiero agregar que es un tema complejo la política pública cuando se habla de movilidad. Es muy complejo porque se habla de integrar sistemas del transporte, se habla de procurar la máxima calidad en el servicio al menor precio posible, de disminuir los tiempos de desplazamiento, de disminuir el mínimo posible las incidencias y accidentes, hechos de tránsito. También hablamos de esa accesibilidad que, reitero, es muy importante, que personas con discapacidad, que niños, niñas, adolescentes, que mujeres y hombres podamos llegar seguros a nuestros destinos y a nuestros lugares de residencia. Es cuanto, señor presidente, y en buena hora esta buena iniciativa que seguramente se va a aprobar en esta tarde. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, el diputado Samuel Rodríguez Torres, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Samuel Rodríguez Torres: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados. Los usuarios de los medios de transporte se han manifestado en incontables ocasiones reclamando sus derechos como consumidores, lo cual ha generado que autoridades y concesionarios se mantengan trabajando de manera paralela a fin de satisfacer las necesidades de quienes pagan por un servicio.
En México, el medio de transporte más utilizado es el terrestre, a través de éste se moviliza aproximadamente el 98 por ciento de los pasajeros, quienes a su vez representan el 75 por ciento del total registrado respecto al uso de servicios de traslado, tanto de personas como de mercancías.
El número de personas que obtienen su sustento realizando actividades relacionadas con el autotransporte federal, es otro indicador importante, éste respalda la prevalencia de este medio de transporte.
Lo anterior ha quedado demostrado en cifras señaladas en el dictamen, mismas que se basan en información de carácter público generada por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la cual reportó la generación de 3.5 millones de empleos directos e indirectos relacionados con el sector de autotransporte en nuestro país.
Cabe señalar que la importancia de los medios de transporte no se concentra únicamente en el número de viajes realizados para trasladar pasajeros o mercancías, sino que se trata de elementos que permiten el fortalecimiento de las relaciones sociales, económicas y políticas del país.
Demostrando en cifras lo que significa el transporte terrestre para México, el tema referente a las demandas de los usuarios toma mayor relevancia, pues son ellos quienes aportan económicamente el sostenimiento de empleos, infraestructura y desarrollo del sector.
En este sentido, la propuesta inscrita en el dictamen que hoy se pone a nuestra consideración, se concentra en la mejora de los servicios que se ofrecen a los usuarios que hacen uso de las terminales de autobuses tan para iniciar un viaje, como para llegar a su destino.
En la actualidad, contar con instalaciones tan básicas como las sanitarias suficientemente equipadas y limpias en los términos, no se considera un requisito para obtener un permiso que autorice la prestación del servicio de autotransporte de pasajeros.
Tampoco se considera en el marco normativo la obligación para los espacios designados en las terminales para el ascenso, espera y descenso de los pasajeros, cuenten con el mínimo de comisiones adecuadas para la estancia de las personas que transiten por dichas instalaciones, lo cual no debería ser permisible en un país que aspira a convertirse en una potencia.
Se trata de involucrar a los particulares, autoridades relacionadas con el ramo en relación de las acciones necesarias para satisfacer las demandas de los consumidores y brindarles un servicio de calidad. Reconocer la exigencia de los usuarios por contar con instalaciones adecuadas en las terminales no es una ocurrencia sino una obligación, la cual debemos de cumplir.
En congruencia, el Grupo Parlamentario del Partido Verde ha presentado diversas propuestas para defender las condiciones de servicios que se ofrecen a los usuarios, de manera que sus derechos como consumidores sean respetados y tengan el apoyo jurídico necesario para reclamarlos.
Por lo anteriormente expuesto nuestra bancada votará a favor de la aprobación del dictamen. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos para fijar la posición del Grupo Parlamentario Morena, la diputada Concepción Villa González.
La diputada Concepción Villa González: Gracias, diputado presidente. Con su permiso. Diputadas, diputados, todas las grandes centrales de transportes foráneos de pasajeros han concesionado el servicio sanitario, lo que genera un costo para el usuario.
Desde hace varios años se ha cuestionado el cobro del servicio, los argumentos que lo apoyan sostienen que el dueño del lugar solo está obligado a construir baños en instalaciones y no está obligado a encargarse del servicio. También argumentan que el cobro es razonable para obtener recursos y poder dar mantenimiento a los servicios sanitarios, de manera que estos se mantengan en condiciones sanitarias aceptables.
Señalan que la tarifa por el uso del servicio sanitario en una terminal de autobuses es independiente de la tarifa por el uso de las unidades de transporte, es decir, solo se cobra si se usa el servicio. Sin embargo, en Morena estamos convencidos que el propietario o concesionar debe de estar obligado a proporcionar el servicio gratuito y mantener limpio y en buenas condiciones.
Consideramos que no necesitan cobrar el servicio para mantenerlo en óptimas condiciones, ya que el arrendamiento que cobran a los transportistas y comercios, y necesariamente incluye los costos del mantenimiento de toda la terminal. Así, en cada artículo y boleto que compran los usuarios, pagan de manera anticipada el uso de los servicios sanitarios y las salas de espera, entre otras instalaciones.
Exigir un pago para usar el servicio, argumentando que es para el mantenimiento de limpieza, es pedirle que pague otra vez lo que ya pagó en su consumo. Es cuanto y gracias por su atención.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la diputada María Cristina Teresa García Bravo.
La diputada María Cristina Teresa García Bravo: Con su venia, diputado presidente. Contar con infraestructura e instalaciones para quienes viajan de una ciudad a otra dentro del país, tanto para el ascenso y descenso de pasajeros, como las instalaciones sanitarias, constituyen una garantía de la calidad con que el Estado asegura la adecuada movilidad de las personas.
En este sentido, el párrafo que se adiciona al artículo 53 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal hace objetivo lo que el reglamento respectivo ya consideraba.
Así, el razonamiento de la comisión es correcto, en la medida que asegura que aquello que se regula tenga una base legal y su imperativo provenga de un mandato de la ley.
Por supuesto, consideramos que dicho mandato podría ser más ambicioso que solo contar con baños públicos y debería proveer servicios de cuidado sanitario asociados a la preservación de la salud de pasajeros, animales de compañía y consumo de alimentos, de forma tal que las terminales de autotransporte federal cuenten con las instalaciones adecuadas para la preservación de la salud del viajero.
Por supuesto, se podría ser más explícito en la definición de instalaciones adecuadas de ascenso y descenso, al incluir nociones como acceso universal y movilidad sin restricciones, lo que favorecerá contar con terminales amigables a la movilidad de personas con discapacidad.
Pensar en una terminal de autotransporte federal ideal, nos permite imaginar el trayecto legislativo que deberá recorrer para dotar a una política de movilidad la calidad necesaria que todos los usuarios del servicio merecemos.
Por lo pronto, el dictamen en discusión se encuentra en el camino correcto, alcanzar la calidad en el marco de una política de movilidad que incluye el autotransporte federal de pasajeros.
En este sentido, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de la presente iniciativa, con el fin de asegurar la base legal que las disposiciones reglamentarias requieren. Dar este primer paso es importante para asegurar la calidad del servicio, pero no queremos dejar pasar la oportunidad de hacer los señalamientos que hemos expuesto, con el fin de dar una idea clara del efecto que tiene esta adición a la ley, el avance que se logra, pero sobre todo las tareas que quedan pendientes por realizar.
Debemos mostrar que el compromiso con la calidad es un asunto que tomaremos muy en serio y que esta reforma forma parte de un camino que debe llevarnos a contar con terminales limpias, con acceso universal y con la seguridad a las personas, sus bienes y su salud.
Así el Grupo Parlamentario del PRD refrenda su compromiso con el establecimiento de una política de movilidad que incluya aspectos sustantivos de calidad y seguridad necesaria para los usuarios. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos para fijar la posición del Partido Acción Nacional, el diputado Víctor Odín Castillo Ávila.
El diputado Víctor Odín Castillo Ávila: Con la venia de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, el presente dictamen tiene como objetivo adicionar un tercer párrafo al artículo 53 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para establecer que las terminales de origen y destino de pasajeros cuenten con instalaciones para el ascenso, la espera, el descenso de pasajeros, así como con instalaciones sanitarias de uso gratuito, de conformidad con el reglamento respectivo.
El dictamen atiende a un reclamo de la ciudadanía respecto a las condiciones que presentan algunas terminales de autotransporte, las cuales se encuentran en malas condiciones al no contar con los espacios suficientes para el ascenso, descenso y espera de los viajeros.
De igual forma, hay terminales de pasajeros donde los servicios sanitarios presentan serios problemas de higiene y de salubridad. O en su caso, se cobra por dichos servicios. Y que de acuerdo al Reglamento vigente deberían de ser gratuitos.
Es una realidad que las terminales deben de ser supervisadas de forma estricta por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esto a razón de que cumplen con las disposiciones normativas, con el fin de garantizar la seguridad y comodidad de los propios usuarios.
El Reglamento es claro, en el sentido de que las terminales deben de contar con taquilla, servicios sanitarios con instalaciones adecuadas y gratuitas. Equipos y sistemas contra incendios, equipos de comunicación para el anuncio de llegada y salida. Señales necesarias para la fase y localización de los servicios, instalaciones, alumbrado, andenes para maniobras de ascenso, descenso y circulación de pasajeros.
Deben de contar con estacionamiento para la salida y llegada de los vehículos de autotransporte federal. Patio de maniobras, sala de espera acordes con la capacidad de la propia terminal. Rampas de acceso, asientos reservados, sanitarios acondicionados, casetas telefónicas, áreas destinadas para las salidas y llegadas de pasajeros. Área para la entrega y recepción del propio equipaje.
Y tratándose de terminales centrales deberán de tener los espacios adecuados para que a los conductores se les practiquen exámenes médicos.
Estamos convencidos que el tema es trascendente, por la magnitud de personas que se trasladan a través de estos servicios.
De acuerdo a cifras de 2006, de la propia Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en el país se registraron un total de 905 terminales, de las cuales 596 corresponden a terminales individuales y 309 a centrales camioneras que atienden de forma cotidiana un número importante de ciudadanos.
Por lo tanto, Acción Nacional votará a favor del dictamen, toda vez que el servicio del transporte de pasajeros es elemental para los ciudadanos. Y por lo tanto, debemos de legislar en pro de la seguridad, la calidad, la higiene y la salubridad, a fin de generar certidumbre jurídica y satisfacción generalizada a todos los usuarios. Es cuanto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. Continúa con el uso de la tribuna el diputado Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, por parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para fijar posición hasta por cinco minutos.
El diputado Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia: Con la venia de la Presidencia. Como usuarios, y sobre todo como personas, los mexicanos merecemos transportes seguros y confiables. Seguros, que nos brinden tranquilidad a lo largo de nuestros trayectos hacia nuestros destinos. Y confiables, que garanticen que los servicios por los que pagamos cumplan con las mejores condiciones y con los más altos estándares de calidad.
Invertir en infraestructura y seguridad en el transporte es garantizar la construcción de un mejor país para todos. Así lo ha dicho el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y por eso con determinación y compromiso emprendió el Programa Nacional de Infraestructura más ambicioso de las últimas décadas.
A poco menos de un año de que concluya su administración, lleva un avance del 84 por ciento y para finales de este año habrá logrado construir más de 6 mil 500 kilómetros de nuevas autopistas y carreteras. Así como avanzar en la construcción del nuevo Puerto de Veracruz, que será 4 veces más grande que el actual. Los trenes interurbanos México-Toluca y el ligero de Guadalajara. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y la ampliación de las terminales portuarias de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.
Si una infraestructura de calidad va a caracterizar al gobierno en turno, es menester que los servicios vinculados con la movilidad sean también de calidad. En otras palabras, resuelto lo cuantitativo, nos corresponde trabajar para atender lo cualitativo.
Durante los últimos años un México más conectado y una población cada vez mayor han incrementado significativamente la demanda por el servicio de autotransporte por vía terrestre. Este representa un factor estratégico para la actividad económica del país, ya que es el medio de transporte más utilizado, movilizando al 98 por ciento de pasajeros a lo largo y ancho del país, generando más de 3.5 millones de empleos directos e indirectos.
De esta manera, los permisionarios del autotransporte terrestre proporcionan este servicio de manera continua, uniforme, regular y permanente. Sin embargo, muchas de las terminales del autotransporte tienen espacios limitados para los usuarios, desde salas de espera con pocas comodidades, hasta áreas de ascenso y descenso deficientes. Carecen de la seguridad requerida para garantizarles tranquilidad a los pasajeros. Cobran por el acceso a sanitarios, causándoles un perjuicio económico a los viajeros.
Aunado a lo anterior, aunque la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece que los prestadores del servicio de pasajeros deben contar con terminales de origen y destino para el ascenso y descenso de los mismos, no considera la especificación de los elementos mínimos con los que debe contar dichas terminales, tales como la taquilla para venta de boletos, alumbrado adecuado y sanitarios, entre otros.
Si bien el Reglamento del Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares menciona dichos elementos, resulta necesario que cuenten con una mayor referencia legal para garantizar que los usuarios gocen de instalaciones dignas y seguras, así como que tengan conexiones de salubridad que satisfagan sus necesidades de movilidad.
En ese sentido, es la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal la que debería establecer esos elementos, pues esta tiene por objeto regular la construcción, operación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes federales, así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan.
Derivado de lo anterior, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen, que tiene origen en una iniciativa del diputado presidente Edgar Romo, para establecer que las terminales del autotransporte de origen y destino de pasajeros deberán contar, al menos, con instalaciones para el ascenso, espera, descenso de pasajeros, así como una infraestructura sanitaria de uso gratuito.
Compañeras y compañeros, para hacer las cosas bien no basta con prestar un servicio, este debe ser sin lugar a dudas de calidad, tiene que satisfacer a los usuarios que en este caso somos millones de mexicanos que así lo merecemos. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Suficientemente discutido.
El presidente diputado Edgar Romo García: En consecuencia, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? El sistema aún se encuentra abierto. El sistema se encuentra aún abierto. Pregunto nuevamente, si algún diputado o diputada falta por emitir su voto. El sistema aún se encuentra abierto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 318 votos a favor, 1 abstención y 3 en contra, diputado presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado en lo general y en lo particular por 318 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 53 de la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Edgar Romo García: Pido a la Secretaría dar cuenta con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.
La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política en relación a cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules. En votación económica se consulta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobadas, comuníquense.
El presidente diputado Edgar Romo García: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El presidente diputado Edgar Romo García (14:59 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 27 de febrero de 2018, a las 11 horas.
---o0o---