Comunicaciones
Proposiciones con punto de acuerdo
Iniciativas
Dictámenes a discusión
Votación en lo general y lo particular
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación de los artículos segundo, tercero, cuarto y quinto transitorios en términos del dictamen
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Votación en lo general y lo particular
Acuerdo de la Junta, con cambios en comisiones
Turno a comisiones de iniciativas y de proposiciones
La presidente diputada Martha Sofía Tamayo Morales (12:07 horas): Se abre la sesión. Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 294 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se informa a la asamblea que el orden del día se encuentra publicado en la Gaeta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: En virtud de que el acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Aprobada el acta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Proceda la Secretaría a dar cuenta con las Comunicaciones.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Se recibieron solicitudes de retiro de iniciativas de los diputados: Arlet Mólgora Glover, César Alejandro Domínguez Domínguez y Jesús Sesma Suárez, que se encuentra publicadas en la Gaceta Parlamentaria.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Se recibieron de diversas dependencias ocho contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria con su trámite.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Remítase a las comisiones correspondientes y a los promoventes, para su conocimiento.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: La Cámara de Senadores remite acuerdo de la Mesa Directiva para la realización de una sesión solemne para otorgar el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto a la C. María Elena Chapa Hernández.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Remítase a la Mesa Directiva, para su conocimiento.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Se recibió oficio del coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, por el que comunica la integración del diputado Erick Arturo Figueroa Ovando, a ese grupo parlamentario.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: De enterado, comuníquese. Actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Se recibió del Banco de México, el informe por el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre octubre-diciembre de 2017, así como la ejecución de la política monetaria y las actividades del Banco de México, en el contexto de la situación económica nacional e internacional.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento. Se recibió comunicación de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Pido a la Secretaría dar cuenta.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presente.
Por instrucciones del doctor Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del Consejo General del Instituto, y con fundamento en el artículo 51, párrafo 1, inciso w) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, me refiero a su oficio D.G.P.L. 63-11-8-5688, de veintisiete de febrero de este año, mediante el cual solicita se le informe los nombres de los diputados federales propietario y suplente integrantes de la fórmula que sigue en el orden de la lista regional de la quinta circunscripción, registrada por el Partido Encuentro Social para la conformación de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.
Lo anterior, en virtud de que los ciudadanos Alejandro González Murillo y Raúl Badillo Ramírez, solicitaron licencia para separarse del cargo y declinación respecto al ejercicio del cargo de diputado federal, respectivamente, por lo cual se considera vacante dicha fórmula, de conformidad con el acuerdo de la Mesa Directiva, del veintisiete de febrero del presente año.
Al respecto, con fundamento en el artículo 23, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, informo a esa soberanía que la fórmula del Partido Encuentro Social que sigue en el orden de la lista regional, correspondiente a la quinta circunscripción, se encuentra integrada por los ciudadanos Abel Cruz Hernández y José Luis Barradas Rodríguez, propietario y suplente, respectivamente.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Secretario Ejecutivo, licenciado Edmundo Jacobo Molina. 6 de marzo del 2010.
Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: De enterado, comuníquese. Voy a rogar con toda atención y respeto a los representantes de los medios de comunicación, procedan a ocupar los lugares que tienen asignados para que cumplan con su importante labor informativa.
Nuevamente y con toda atención, esta Presidencia invita cordialmente a los representantes de los medios de comunicación a ocupar los lugares asignados en este recinto, agradeciéndoles su puntual correspondencia a esta solicitud. No podemos continuar con la sesión si no proceden a pasar a sus lugares, señores de los medios. Gracias por su atención.
Esta Presidencia informa que se han recibido solicitudes de licencia. Pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo respectivos.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Número 1. Se concede la ampliación de licencia por tiempo indefinido, a la diputada Jisela Paes Martínez, para separarse de sus funciones como diputada federal electa por el primer distrito electoral del estado de Baja California Sur, a partir de esta fecha.
2. Se concede licencia por tiempo indefinido, al diputado Pablo Gamboa Mier, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por el tercer distrito electoral del estado de Yucatán, a partir de esta fecha.
3. Se concede licencia por tiempo indefinido, al diputado Abel Murrieta Gutiérrez, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por el sexto distrito electoral del estado de Sonora, a partir de esta fecha.
4. Se concede licencia por tiempo indefinido, al diputado Jesús Antonio López Rodríguez, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por el cuarto distrito electoral del estado de Sinaloa, a partir de esta fecha.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarse (votación). Señora presidente, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Aprobadas. Comuníquese y llámese a los suplentes.
Honorable asamblea, se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Jorge de Jesús Gordillo Sánchez...
El diputado Francisco Martínez Neri (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: ¿Con qué objeto, diputado Martínez Neri? Sonido ahí en la curul del diputado.
El diputado Francisco Martínez Neri (desde la curul): Sí, presidenta, para manifestar lo que cualquier diputado tiene derecho a expresar en un momento de inicio de una sesión y que tiene que ver con los hechos ocurridos el jueves pasado.
La fracción parlamentaria del PRD hace un extrañamiento al señor presidente de la Mesa Directiva –que hubiéramos querido que estuviera aquí para escucharnos– en el sentido de que el manejo de una Mesa Directiva de manera oficiosa, como lo hizo el presidente en la sesión del jueves, no contribuye a que haya armonía en el trabajo que debe desarrollarse en esta Cámara.
Permitir de manera partidista que ingresaran al pleno una serie de elementos materiales para denostar a una persona, no contribuye a que las cosas se manejen de una manera correcta en esta Cámara. La sesión había terminado y no fue para en ese momento tomar una decisión y no permitir que a través de la denostación se hiciera un insulto a personas.
Nosotros pensamos que esa no es la forma de conducir. Conducir facciosamente a una Cámara de Diputados como la nuestra, no va a traer ningún resultado positivo. De modo tal que hacemos un extrañamiento al presidente y le pedimos que se conduzca con probidad.
Me hubiera gustado que estuviera aquí el diputado Edgar Romo, para decirle de frente estos planteamientos. Pero, ya que no está, por su conducto, presidenta, quisiera que le hiciera llegar nuestra posición categórica, en el sentido de que el diputado se conduzca con probidad en el manejo de la Mesa Directiva. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Sus opiniones quedarán asentados en el Diario de los Debates.
El diputado Armando Luna Canales (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: El diputado Armando Luna Canales, ¿con qué objeto, diputado?
El diputado Armando Luna Canales (desde la curul): Gracias, presidenta. Sencillamente para dejar en claro que la conducción que se hizo el día jueves, incluso creo que tuvo de nuevo una carga de mayor tiempo para los diputados del PRD, para los diputados del PAN, como también sucedió el martes, en el número de intervenciones.
Entonces, yo lo que creo es que la conducción se está haciendo ya de una manera imparcial, pero sobre todo parcial hacia ellos, donde le están dando una cantidad mayor de espacios.
Yo creo que hay que volver otra vez al orden del día y sencillamente dejar esto claro. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Igualmente se asientan sus comentarios en el Diario de los Debates.
El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Diputado Agustín Basave, ¿con qué objeto, diputado?
El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez (desde la curul): Solo para recordar que el jueves pasado en esta infausta sesión en la que, efectivamente, el presidente de la Cámara se comportó de manera facciosa y partidista, yo reclamé que no haya agenda política en esta legislatura, pedí que hoy se pusiera en la agenda una discusión, un debate de altura en la tribuna sobre la situación política del país, sobre esto que el presidente Peña Nieto llama dimes y diretes, que creo que es mucho más que eso. Y que la Junta de Coordinación Política simplemente desdeñó esa propuesta.
Quiero reiterarla hoy, que se agende el debate político, para eso es esta Cámara, además de para legislar y para otras cosas, también es una caja de resonancia de la agenda nacional, la agenda política nacional. Gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Su petición también queda inscrita en el Diario de los Debates, haciendo énfasis, como usted lo reconoce, que estos temas se ventilan en la Junta de Coordinación Política.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Enseguida ha solicitado la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández su participación de un minuto.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (desde la curul): Haciendo eco y seguramente si es que el presidente llega, como acostumbra, cinco minutos antes de que termine la sesión, se lo podamos decir directamente a él, quisiera señalar de manera directa la información que los enviados del gobierno mexicano a la sesión en Colombia, donde se dio precisamente la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto buscará cerrar el caso Ayotzinapa antes de que termine este sexenio, que cuenta ya con información para corroborar sus hipótesis, esas hipótesis de esa verdad histórica que se ha caído a pedazos.
Y quiero señalar que eso lo plantean los señores del gobierno federal cuando las propias organizaciones y la propia Comisión han señalado que el 80 por ciento de las peticiones que se realizaron sobre información del caso no han sido atendidas por el gobierno mexicano cuando en esta propia Cámara de Diputados la Comisión Especial la han metido en una congeladora, tiene un año y un poquito más que no sesionamos, que no hay presidente, que no se da ningún tipo de informes.
Y también, cuando curiosamente está atendida por una persona que es encargada de campaña de José Antonio Meade y que no ha podido tener al frente un titular que asuma con responsabilidad estas tareas.
Es por ello que yo pido a eta Cámara de Diputados que responsablemente reinstalemos la Comisión Especial que tenemos, que nos dimos, que nos autorizamos y también al gobierno mexicano que evite, o que quite de sus intenciones el darle también un uso político, rumbo al cierre de este sexenio, a la investigación de Ayotzinapa.
No puede ser posible que durante más de 40 meses no hayan tenido ninguna respuesta, que no haya responsables directos, que no haya un proceso al que puedan confiar los familiares y también las personas que estuvieron involucradas. Y por el contrario, a Enrique Peña Nieto ya le urja cerrar, seguramente con una más de sus mentiras y con el uso faccioso que ha hecho de las instituciones este caso.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Ha concluido su tiempo, diputada.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (desde la curul): Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Por el contrario, quedan asentadas sus manifestaciones y esta Presidencia considera pertinente aclarar que todas las diputadas y diputados que han ejercido el cargo de Presidencia, también ejercen su responsabilidad en representaciones a diversos eventos que nos mantiene en ocasiones fuera de esta presencia física.
Sin embargo, los elementos que se han expresado aquí, tanto por el diputado Martínez Neri, como por el diputado Basave y otros compañeros, me parece que son temas claramente materia de que se tomen acuerdos que permitan conciliar este tipo de situaciones en la Junta de Coordinación Política, a lo que los insta esta Presidencia.
A continuación la diputada Mirza Flores Gómez, también por un minuto.
La diputada Mirza Flores Gómez (desde la curul): Buenas tardes, presidenta, gracias. Seré muy breve. Solamente para hacer del conocimiento del compañero del Revolucionario Institucional, quien dice que la sesión pasada tuvieron más participaciones ciertas fracciones parlamentarias. A eso venimos, es la acción de hablar, de debatir. Para eso somos parlamentarios, no para venir circos ni protagonizar actitudes ridículas que denostan la actividad de los legisladores.
Tenemos el alto honor de representar a nuestro país, no de venir a hacer el ridículo. Debemos venir a hacer nuestro trabajo, que es debatir política pública dirigida a los que están afuera esperando a que seamos su voz. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Sus manifestaciones igualmente irán a Diario de los Debates. Y desde luego esta Presidencia se compromete a mantener esta pluralidad que usted ha hecho expresión y este deseo de participación y de libertad en la manifestación.
Muy bien. Esta Presidencia informa que el diputado Abel Murrieta Gutiérrez, a quien le acabamos de aprobar una solicitud de licencia, acaba de retirarla y solicita que se retire tal solicitud. Por lo que, en consecuencia, solicito que se actualicen los registros parlamentarios.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación procederemos a protestar a los compañeros que se encuentran a las puertas de este recinto, que son los ciudadanos: Jorge de Jesús Gordillo Sánchez, Domitilo Carballo Cámara y Omar Corzo Olán, diputados federales electos por el III distrito electoral de los estados de Chiapas y Yucatán, y de la tercera circunscripción plurinominal, para rendir la protesta de ley en entrar en funciones como diputados.
Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta a los siguientes diputados y diputados: diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán, diputada Rosa Isela Rojas Luna, diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, diputada María Cristina Teresa García Bravo, diputada Natalia Karina Barón Ortiz, diputado Mario David Mex Albornoz, diputado Ángel Santis Espinoza, diputada Georgina Paola Villalpando Barrios y diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su encargo)
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Ciudadanos Jorge de Jesús Gordillo Sánchez, Domitilo Carballo Cámara y Omar Corzo Olán, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Los ciudadanos Jorge de Jesús Gordillo Sánchez, Domitilo Carballo Cámara y Omar Corzo Olán: Sí, protesto.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. Felicidades.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Siguiendo con el orden del día, tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, en coordinación con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, continúe instrumentando las acciones y medidas necesarias para promover que las instituciones financieras cuenten con mecanismos eficaces que permitan prevenir la realización de cobros indebidos, derivados de movimientos operativos automatizados, conocidos como domiciliaciones bancarias.
La diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta: Con el permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Las domiciliaciones bancarias son un método de pago automático de una cantidad determinada a un tercero respecto a un bien o servicio contratado y autorizado por el usuario de una institución bancaria.
Esta forma de pago puede cargarse a cuentas de nómina cheques, débito o crédito, y proporciona al cliente diversos beneficios entre los que destacan ahorrar tiempo evitando ir hasta las sucursales, tener mayor seguridad al no trasladarse con dinero en efectivo, ejecutar el pago de manera puntual evitando el corte del servicio o cobros adicionales de intereses moratorios, entre otros.
A pesar de las ventajas antes señaladas, las domiciliaciones bancarias se han convertido en un problema para los usuarios ya que ha derivado en cobros indebidos no autorizados y fraudulentos, toda vez que los bancos realizan el pago a un tercero aunque no cuenten con la aceptación expresa de los usuarios.
En los últimos años se han incrementado las quejas de los ciudadanos ante la Condusef por cobros domiciliados de servicios que no fueron contratados, así como por seguros que sin previa consulta ni autorización les cobran mes con mes.
Los usuarios no siempre se dan cuenta de manera inmediata de los cobros, sin embargo cuando lo hacen es casi imposible realizar la cancelación del servicio y obtener el reembolso porque las instituciones bancarias se niegan a asumir la responsabilidad, remitiendo al usuario con la empresa que supuestamente contrataron el servicio, empresa que en la mayoría de las ocasiones tiene sus instalaciones en lugares lejanos o sólo da atención telefónica, teléfonos que nunca contestan o que tardan horas o incluso días en atender la llamada del quejoso.
Desde luego, la resolución de la queja en muy pocas ocasiones surte efecto porque a lo que tienen que acudir es a otras instancias obligándolos a invertir tiempo y ocasionándoles más pérdidas económicas debido a los traslados y a que tienen que distraerse de sus actividades productivas cotidianas.
Para tener una idea de la magnitud del problema, es de señalar que de acuerdo a los datos publicados por la Condusef en 2016, la primera causa de reclamación de los usuarios fue por el pago automático mal aplicado de las domiciliaciones con un total de 265 mil 494 quejas.
El presidente de la Condusef, en agosto del año pasado, señaló que en el primer trimestre de 2017 se reportaron 554 mil 855 inconformidades por movimientos operativos automatizados por los bancos. Es decir, 100 mil quejas más que las recibidas en el mismo trimestre de 2016.
De estas 166 mil 508 fueron quejas por domiciliaciones mal aplicadas, siendo este el principal reclamo por encima de la de los cobros no reconocidos de comisiones y la entrega incorrecta de efectivo en cajeros automáticos.
En razón de lo anterior es urgente atender dicha problemática que sufren miles de ciudadanos, a fin de proteger sus derechos y su economía.
Por ello es importante que en nuestra calidad de representantes populares exijamos servicios bancarios de calidad y responsables socialmente.
En tal virtud es menester exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que de conformidad con sus atribuciones y en coordinación con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, instrumenten las acciones y medidas necesarias para promover que las instituciones bancarias y financieras cuenten con mecanismos eficaces que permitan prevenir la realización de cobros indebidos derivados de movimientos operativos automatizados, conocidos como domiciliaciones bancarias. Es cuanto, diputada presidenta. .Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución.
La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se considera de urgente resolución. Consecuentemente de conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, concederemos el uso de la voz a los diputados que se han registrado para la discusión de la proposición, hasta por tres minutos, teniendo el primer turno el diputado Jesús Federico Escobedo Miramontes, del Partido Encuentro Social.
En tanto, saludamos a los estudiantes de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, invitados a esta sesión por su servidora. Muy bienvenidos.
Adelante, diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, hasta por tres minutos, diputado, por favor.
El diputado Justo Federico Escobedo Miramontes: Con su venia, diputadas y diputados. El punto de acuerdo que se propone es muy relevante para millones de usuarios de la banca, en especial, a todos aquellos que aprovechamos la diversidad de beneficios bancarios que otorgan las instituciones. En este caso, para domiciliar en nuestra cuenta el pago de servicios recurrentes contratados con terceros.
Domiciliar pagos tiene muchas ventajas. Sin embargo, los informes de Condusef indican que el número de quejas presentadas por los usuarios de la banca en este servicio, se ha incrementado en forma sustancial por cobros indebidos por parte de los propios bancos para pagar a terceros servicios que no fueron contratados por los usuarios.
E incluso, para pagar al propio banco, servicios o productos financieros ofertados por la misma institución en la propaganda que insertan en los estados de cuenta, pero que nunca fueron aceptados o convenidos con el cliente.
Esos son los casos en que el banco promociona, ofrece a sus clientes esta diversidad de productos, sobre todo en el ramo de seguros, y cobra para sí en forma mensual, sin que exista voluntad expresa de aceptación del usuario, causándole un daño patrimonial que tiene que ser reclamado por el cliente posteriormente mediante un procedimiento muy engorroso ante la Condusef, pues la institución bancaria resuelve generalmente las quejas en forma negativa y por eso se tiene que pasar a la siguiente instancia, que es Condusef.
Lo mismo ocurre cada vez con más frecuencia en los retiros, como mencionó la diputada, efectuados en cajeros automáticos que entregan en efectivo una cantidad menor a la requerida, pero registran el retiro total de lo solicitado.
En resumen, el sistema de pago automático diseñado por los bancos para simplificar la cobertura periódica de los usuarios sobre servicios contratados con terceros, se han convertido en un instrumento de abuso fraudulento por parte del sistema bancario, que afecta el patrimonio de los cuentahabientes.
Esta práctica dolosa exige que las instituciones bancarias estén obligadas a garantizar cada pago domiciliado mediante documento expresamente autorizado y firmado por el usuario. En virtud de lo anterior, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social votará a favor el punto de acuerdo propuesto por la diputada Rosa Guadalupe Chávez, pues resulta verdaderamente urgente frenar esta práctica dolosa de los bancos y proteger a los ciudadanos que hacen uso de este método de pago. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias a usted, diputado. Llamamos a continuación a la diputada Angélica Reyes Ávila, del Partido Nueva Alianza, para que dé su posicionamiento hasta por tres minutos en torno al tema.
La diputada Angélica Reyes Ávila: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, les saludo con respeto.
La domiciliación bancaria es un servicio de cobranza automática, por el cual una empresa prestadora de servicios puede realizar cargos a la cuenta bancaria de sus clientes para el pago de sus recibos o facturas, sin importar el banco en el que se encuentre la cuenta.
Este mecanismo proporciona beneficios que permiten a los usuarios ahorrar tiempo y hacer pagos de manera puntual, evitando así un mayor gasto por comisiones derivadas de un pago tardío.
Si bien es un servicio práctico por las ventajas que puede llegar a proporcionar, también se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para muchos usuarios, quienes se han visto lastimados en su patrimonio, tiempo e historial crediticio al recibir cobros indebidos y no autorizados. Por ello, son frecuentes las quejas originadas por alteraciones en cargos sobre pagos automáticos.
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en 2016 la primera causa de reclamos de usuarios fue por movimientos u operaciones de domiciliación mal aplicadas, con un total de 265 mil 494 quejas, en tanto que en el primer trimestre de 2017, se reportaron 166 mil 508 reclamaciones por la misma causa.
Lamentablemente, una vez que los usuarios se percatan de los cobros, es casi imposible realizar la cancelación del servicio y obtener el reembolso, ocasionando al usuario mayores molestias y perjuicios.
Para Nueva Alianza, el principal y mayor compromiso es con los ciudadanos, por ello creemos adecuado que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores continúe instrumentando las acciones y medidas que garanticen la protección de los usuarios de servicios financieros ante los cobros derivados de la domiciliación bancaria.
El objetivo es hacer que los bienes y servicios sean de mayor calidad y con mayor responsabilidad hacia los consumidores. Todo ello en aras de que dejen de encontrarse en estado de indefensión frente a estos abusos, como hasta ahora ha sucedido por no existir medidas preventivas que los protejan.
Por ello es pertinente que las instituciones financieras cuenten en todo momento con la aceptación expresa del cliente, antes de realizar el pago a un tercero.
En Nueva Alianza entendemos la importancia de garantizar servicios financieros confiables que respeten los derechos de los usuarios. En ese sentido, seguiremos apoyando acciones encaminadas a ello. Por su atención, muchas gracias, es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. A continuación le concedemos el uso de la voz a la diputada Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, también por tres minutos para dar su participación en este tema.
La diputada Mirza Flores Gómez: Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Presidenta, con su venia. Esta tarde se está debatiendo y discutiendo un tema que me congratula muchísimo que esta soberanía se permita poner sobre esta mesa de debate, que es el hecho de los abusos de la banca en México en contra de todos los usuarios que siempre quedan en estado de indefensión.
Felicito a esta soberanía y a la diputada Guadalupe que haya presentado este punto de acuerdo, que es de absoluta representación de un ejercicio verdadero de representación de los mexicanos y mexicanas.
Esta si bien es cierto también es una agenda que desde Movimiento Ciudadano hemos puesto especial hincapié, que es la defensa de los usuarios y de los consumidores de diversos servicios en este país contra los abusos que estos reciben.
Quiénes en esta sala, en este pleno soberano, y los incluyo a todas y a todos, no hemos sido víctimas de algún abuso de orden financiero, de algún cobro indebido por alguna institución bancaria. Seguramente todas y todos.
Los cargos automáticos o programados son operaciones que realizan las instituciones bancarias con anuencia, con permiso, con la voluntad expresa y tácita de sus cliente, en todos estos en donde se presentan errores y la banca no se hace responsable y se genera una afectación directa a sus usuarios que derivan en cientos de miles de quejas. Esta problemática es una situación del sistema financiero, que se deriva en abuso total, abuso e indefensión a los consumidores.
Consideramos pertinente, absolutamente pertinente respaldar este punto de acuerdo. Los diputados y las diputadas de Movimiento Ciudadano estamos a favor de que se vote este acuerdo de urgente u obvia resolución.
No son los bancos quienes tienen que hacer estos cobros, sino la empresa. Si el cliente no reconoce el cobro, el banco tiene que respaldar a su cliente, no a la empresa que está haciendo el cobro.
Aquí el banco se lava las manos porque a quien defiende es a la empresa, fíjense nada más, en vez de defender a su cliente, al usuario que hace uso de un servicio, que encima en este país es caro.
Es por ello que solicitamos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros presten con especial seriedad y atención, ya que estas instituciones promueven que las instituciones financieras cuenten con mecanismos eficaces que permitan prevenir la realización de cobros indebidos derivados de movimientos operativos automatizados, conocidos como domiciliaciones bancarias.
Es imperativo que esta soberanía hable en defensa de las mexicanas y mexicanos. Muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Saludamos la presencia de alumnos del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas, invitados por el doctor Óscar César Augusto Romero Pérez.
Igualmente, personal de la Escuela de Estatus Jurídico y de la Escuela también de Estatus Jurídico, invitados por el diputado Héctor Barrera Marmolejo. Muy bienvenidos sean.
A continuación tiene el uso de la voz la diputada Georgina Villalpando Barrios, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos, diputada.
La diputada Georgina Paola Villalpando Barrios: Buena tarde. Con la venia de la Presidencia. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde coincidimos plenamente en que este servicio, así, entre comillas, de la domiciliación de cobros, se ha convertido para una gran cantidad de consumidores en una pesada carga económica y una constante preocupación para el usuario de servicios financieros.
En efecto, este proceso de domiciliación, que consiste en ordenar al banco que pague de manera periódica y automática algún servicio o adeudo, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para miles de cuentahabientes, así lo revelan los datos de la Condusef contenidos en el presente punto de acuerdo.
De las poco más de 2 millones de reclamaciones que presentaron contra la banca en el primer trimestre del 2017, alrededor de 554 mil 855 fueron a causa de movimientos operativos de la banca, y de ellas 166 mil 508 fueron reclamaciones por domiciliaciones mal aplicadas, siendo esta la principal inconformidad.
Lo anterior implica que una vez que los usuarios se percatan de esos cobros es casi imposible realizar la cancelación del servicio y obtener el reembolso de los cobros indebidos.
Casi siempre los bancos se niegan a asumir la responsabilidad remitiendo al usuario con la compañía con la que supuestamente contrataron el servicio, la cual en la mayoría de las ocasiones tiene sus instalaciones en lugares muy lejanos. Ello significa que el usuario tiene que invertir días, semanas e incluso meses para poder cancelar el servicio o lograr el reembolso, teniendo que acudir, en el peor de los casos, a otras instancias legales.
Podemos asegurar que incluso algunos de los que nos encontramos hoy aquí hemos padecido estos errores de los bancos, los cuales, en lugar de brindar beneficios, se convierten, repito, en verdadero viacrucis con los bancos para demostrar su improcedencia.
Por ello, estamos de acuerdo en la propuesta que hoy se presenta a nuestra consideración para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la propia Condusef, con base en sus atribuciones, instrumenten las acciones y medidas necesarias a efecto de garantizar que las instituciones bancarias y financieras protejan a los usuarios de cobros indebidos derivados de movimientos operativos automatizados, conocidos como domiciliaciones bancarias.
Vale la pena recordar que hemos avanzado en la defensa de los usuarios de los servicios financieros. Por ejemplo, desde 2015 la propia Condusef ha puesto en marcha el registro de despachos de cobranza, que es un sistema electrónico que permite al público conocer la información relativa a este tipo de organizaciones, las cuales actúan como intermediarios entre la entidad financiera y el deudor con el propósito de requerir extrajudicialmente el pago de una deuda, así como negociar y reestructurar los créditos, préstamos o financiamientos.
Gracias a lo anterior se ha logrado poner un freno a las arbitrariedades que este tipo de empresas realizaba con la finalidad de que los deudores saldaran sus deudas. Sin embargo, aún hace mucho por hacer para proteger integralmente a los usuarios de los servicios financieros de los abusos o errores que comenten los bancos.
La magnitud de las consecuencias negativas que la domiciliación ha generado en miles de usuarios de los servicios financieros exige asumir medidas concretas específicas y eficaces para evitar que esta actividad se convierta en una práctica verdaderamente fraudulenta. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. El saludo para las personas y estudiantes de la escuela Estatuto Jurídico, y vecinos de la colonia Ciudad Jardín, de Coyoacán, invitados del diputado Héctor Barrera Marmolejo. Muy bienvenidos. Ahora tiene el uso de la voz el diputado David Mex Albornoz, de Morena, hasta por tres minutos, diputado.
El diputado Mario David Mex Albornoz: Con su permiso, compañeras diputadas, compañeros diputados. Estamos aquí para exponer el posicionamiento frente al punto de acuerdo de urgente u obvia resolución ya expresado.
El sistema financiero mexicano puede definirse como un sistema heterogéneo, debido a que en ciertos aspectos es moderno y eficiente, pero en otros adolece de varias fallas que perjudica notablemente a los pequeños y medianos usuarios, concentrándose aún más la riqueza en pocas manos en este país que ya de por sí es así.
Uno de los servicios bancarios que otorga múltiples ventajas a los usuarios es el de la domiciliación bancaria, sin embargo de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros señala que los fraudes cibernéticos que son los que utilizan el Internet para realizar transacciones ilícitas han ido en aumento y dentro de ellos destacan los cobros por domiciliación.
Las reclamaciones hechas al sistema bancario entre enero y marzo de 2017, ascendieron a 554 mil 855. Cabe señalar que de ellas el 27 por ciento tuvo su origen en movimientos operativos de la banca, es decir, fueron responsabilidad de los bancos. Asimismo del total de las querellas el 30 por ciento, 166 mil 508 correspondió a domiciliaciones mal aplicadas ocupando de esa manera el primer lugar de las reclamaciones.
De esas 166 mil 508 quejas, el 80 por ciento, es decir, 132 mil 680 correspondió a tarjetas de crédito, el 8 por ciento a cuentas de depósitos a la vista, el 7 por ciento a tarjetas de débito, el 4 por ciento a cuentas de nómina y el 1 por ciento a otros.
A su vez, de las 132 mil 680 demandas por domiciliaciones correspondientes a tarjetas de crédito, 65 por ciento se hicieron a Bancomer, 31 a Citibanamex, 2 por ciento a American Exprés y 2 por ciento a Banorte. La Condusef tiene dos propósitos principales: informar a los usuarios a fin de que tomen decisiones adecuadas y protegerlos mediante la supervisión y regulación de las instituciones financieras.
Sin embargo, como lo señala el propio punto de acuerdo a discusión, y cito aquí una parte de dicho punto de acuerdo. Desafortunadamente las y los ciudadanos usuarios de la banca, a pesar de la normatividad y de los esfuerzos realizados por la Condusef, se encuentran en estado de indefensión ya que no existen medidas preventivas que los protejan de posibles abusos –fin de la cita en este caso.
Adicionalmente la Condusef se ha limitado a recomendar al sector bancario a –cito el punto de acuerdo de nuevo– invertir en sistemas operativos más eficientes y seguros para garantizar que la automatización de las operaciones sea la correcta y acorde con la solicitud del usuario.
Por lo anterior, sorprende que el resolutivo que discutimos se haya modificado y presente una redacción simulada en donde llama a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Condusef a continuar instrumentando las acciones y medidas necesarias para promover que las instituciones financieras cuenten con mecanismos eficaces que permitan prevenir la realización de dichos cobros indebidos.
Con el objeto de evitar fraudes de este tipo y de que las cifras nacionales sigan incrementándose, esta Cámara de Diputados debe avanzar en la regulación de los servicios financieros y bancarios. En consecuencia, y bajo protesta, el Grupo Parlamentario de Morena aprueba el punto de cuerdo que nos ocupa. Muchas gracias, es cuanto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna el diputado Arturo Bravo Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado Arturo Bravo Guadarrama: Gracias. Buenas tardes. Con su permiso, con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Voy a dar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en torno al exhorto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que proteja a los usuarios de los indebidos cobros de domiciliación bancaria.
En los últimos años, la economía nacional no ha podido despegar más allá del dos por ciento en su crecimiento. El empleo formal, a contracorriente de la economía, tuvo un avanza favorable del 3.5 por ciento en promedio que se explica por la formalización de empleos ya existentes aunque con salarios muy bajos, entre dos y tres salarios mínimos, además la tóxica reforma laboral de 2013 que auspició la contratación de terceros con el llamado outsourcing, con prestaciones laborales menores y muy acotadas.
Así el aumento del empleo formal con un avance del 4.3 por ciento al cierre del 2017 según las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, se convirtió en el impulsor más importante del consumo. En consecuencia la creación de nuevos empleos brindó a los empleados crédito en todas sus modalidades a través del sistema financiero mexicano, que era uno de los objetivos de la reforma financiera del 2013, y que al cierre del tercer trimestre del 2017, creció en un 9 por ciento, según la Asociación Nacional de Banqueros.
Sin embargo la inflación en México en el 2017 fue del 6.77 por ciento, registrando su nivel más elevado desde el 2000, provocando una caída del poder adquisitivo sustancial.
Asimismo se ha contraído el ritmo del crecimiento tanto del crédito como de la captación bancaria, motivado por la desaceleración en la actividad económica y del poder adquisitivo.
En esta dinámica se han incrementado las queja ciudadanas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, llamada Condusef, por cobros domiciliados de servicios que no fueron contratados, así como por seguros de diversas empresas o de las propias instituciones bancarias, las cuales sin previa consulta ni autorización del titular de la cuenta terminan siendo o convirtiéndose en una bola de nieve en las deudas adquiridas con un tercero.
Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, en agosto del 2017 reportó 554 mil inconformidades, además de algunos otros datos muy drásticos para esta situación.
Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática exhortamos a la Comisión Bancaria Nacional y de Valores a instrumentar las medidas pertinentes en aras de proteger a los usuarios de servicios financieros de cobros indebidos tales como las domiciliaciones bancarias. Es cuanto, muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Bien, diputado. Continúa con el uso de la tribuna la diputada María Olivia Picazo Olmos, del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.
La diputada María Olivia Picazo Olmos: Buenas tardes compañeras diputadas y compañeros diputados, en el año 2013 el Congreso de la Unión aprobó una serie de reformas estructurales en beneficio de nuestro país, y una de estas reformas fue en el ámbito financiero, que entre otros cambios al marco jurídico secundario, modificó sustancialmente la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
Por disposición de esta ley y con el objeto de crear y fomentar entre los usuarios una cultura adecuada del uso de las operaciones y servicios financieros, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros debe encargarse de difundir entre los mismos la información relativa a los distintos servicios que ofrecen dichas instituciones.
A efecto de cumplir con lo anterior, la Condusef puede solicitar a las instituciones financieras la información referente a las características generales de los distintos productos, tasas de interés y en general, sobre los servicios que ofrecen a los usuarios.
La reforma a la Ley para Proteger y Defender a los Usuarios de Servicios Financieros empoderó aún más a los ciudadanos para ejercer a cabalidad sus derechos frente a los excesos o abusos que pudieran cometer las instituciones bancarias o financieras en su contra.
Es inadmisible que con toda la tecnología y la infraestructura con la que cuentan las instituciones bancarias o financieras, se presenten errores en los cobros de las domicializaciones, o sea hagan cobros por servicios o productos no contratados o no adquiridos por los usuarios.
Resulta sumamente preocupante y grave que en los últimos años se hayan incrementado las quejas de los ciudadanos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros por cobros domiciliados de servicios o de productos que no fueron contratados, sin previa consulta ni autorización del titular de la cuenta. La reincidencia en este tipo de malas prácticas en los servicios bancarios solo puede reflejar una falta total de supervisión y aplicación de la ley por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Coincidimos en señalar que las cifras dan cuenta de que estos abusos no son casos aislados, sino una constante que va en aumento, por lo que esta soberanía debe exigir servicios bancarios de calidad donde la responsabilidad social de estas instituciones esté manifiesta, así como la solidaridad y compromiso con sus usuarios.
Como representantes populares debemos frenar estas prácticas francamente fraudulentas que dañan el patrimonio de quienes representamos. Por estas razones, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado. Comuníquese.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar los procedimientos administrativos y de carácter penal necesarios, en contra de los funcionarios responsables de determinar la fórmula y los volúmenes de venta de etano.
La diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, presidente. El Grupo Parlamentario de Morena presenta hoy un punto de acuerdo muy importante.
Primero decirles que antes de subir a esta tribuna ya habíamos presentado cinco puntos de acuerdo de este tema: el primero fue el 5 de abril de 2017. Posteriormente, en la Permanente pusimos uno. Después mandatamos otro. Todo sobre el proyecto del Etileno XXI, donde está involucrada la empresa Odebrecht, a través de su filial Braskem.
¿Qué es lo que pasó? En el 2010, Pemex Gas y Petroquímica Básica acordaron con la empresa Braskem entregarles 66 mil barriles por día de gas etano a precio preferencial. Dicho contrato contó con los testigos de honor, como fue el propio Felipe Calderón y el presidente Lula.
Desde un momento se dijo que no había suficiente gas etano y que eso iba a dejar a los complejos petroquímicos de Pemex sin materia prima, aparte de que incurrían en dumping.
Sin embargo, se entregó el contrato, ya está el complejo Etileno XXI, está trabajando Braskem, y hoy la Auditoría Superior de la Federación entrega un reporte, muy interesante, donde nos comenta las observaciones que hace notar que este contrato fue amañado, que este contrato fue ventajoso y que este contrato nunca debió de proceder tal cual.
Pero, no nada más indica que no debió de proceder, sino que tan solo en un año Pemex perdió dos mil millones de pesos por surtir este gas. ¿De qué manera? Bueno, pues muestra una pérdida, porque sin contar el gasto de transportación, Pemex tuvo que hacer un ducto, se le llama etanoducto, para llevar la materia prima a los brasileños.
Pemex tuvo que dejar de darle materia prima a Cangrejera, Pajaritos y a Morelos, que están en Coatzacoalcos, el distrito que represento muy honrada, y sin embargo se ha perdido miles de empleos porque los consejos no tienen carga, pero eso no es todo, sino que también no hay suficiente etano para los brasileños y Pemex les tiene que pagar multas y compensaciones.
Aquí hay responsables, ¿quiénes? Pues quienes firmaron el contrato, la Comisión Reguladora de Energía que emitió los lineamientos y la fórmula del propio gas etano, del propio combustible.
¿Quién más tiene responsables? Los funcionarios de Pemex, que a sabiendas de que en el balance energético no teníamos suficientes reservas de dicho combustible entregaron un contrato.
Hoy perdemos todos, pierde la nación, pierde la empresa del Estado, pierden los inversionistas, aquellos que les dijeron que iban a tener certeza están perdiendo y todo por la corrupción.
Entraron mal, hicieron las cosas mal y hoy la Auditoría Superior de la Federación en su reporte reciente indica una serie de anomalías, desde la firma del contrato hasta el último momento que ha entregado Pemex, los barriles, por día, del gas etano.
¿Qué tenemos qué hacer? Estamos pidiendo que proceda penalmente la Auditoría Superior de la Federación. Estos son los tipos de negocios que tienen hundido a México, estos son los tipos de negocio que nos cuestan mucho.
No hay dinero para refinerías, pero miren sí hay dinero para esto. No hay dinero para implementar en infraestructura básica, pero sí hay dinero para esto. Creo que ya es hora que la impunidad termine en nuestro país. Que los funcionarios sepan que tienen una responsabilidad cuando hacen algo mal y que van a tener consecuencias.
Por ello, de manera amable y respetuosa, les pido, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, que nos acompañen en este punto de acuerdo, para que la propia Auditoría Superior de la Federación actúe penalmente y de acuerdo a la ley. Es cuanto, compañeros, muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
La diputada Norma Rocío Nahle García: La promovente está pidiendo que sea a través del tablero.
El presidente diputado Edgar Romo García: Diputado Triana, desde su curul.
El diputado Jorge Triana Tena (desde su curul): Gracias, diputado presidente. Primero para manifestar que nos encontramos profundamente extrañados porque este punto de acuerdo haya sido presentado por Morena. Y les voy a decir por qué.
Apenas la semana pasada, su candidato presidencial, ya saben quién, dijo públicamente que no iba a enjuiciar a nadie, que no iba a enjuiciar al presidente de la República ni siquiera por este tema de Odebrecht y de todos los temas relacionados con la corrupción que ya se expuso en tribuna.
Número dos, independientemente de que el Reglamento de la Cámara de Diputados establece cuáles son las causales para que se abra el tablero electrónico de votación para llevar a cabo la misma de manera nominal, consideramos que este asunto es de la suficiente relevancia para que así se lleve a cabo.
La sociedad merece saber. Los mexicanos merecen conocer quiénes son los que están ocultando algo, quiénes son los que de facto están obsequiando amnistía a los corruptos y quiénes son los que queremos transparencia plena para México.
Exigimos que se abra el tablero electrónico y que proceda la votación nominal.
El presidente diputado Edgar Romo García: Secretaría, dé lectura por favor, con orden. Orden, por favor. Dé lectura al artículo 139 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por favor.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Fracción V. Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
Fracción V. Persista duda del resultado de una votación económica, aun cuando esta se haya repetido o sea impugnada por un grupo, a través de su coordinador o por la Secretaría.
El presidente diputado Edgar Romo García: En virtud del fundamento del artículo 139, fracción V, repetiremos la votación. En caso de persistir duda, se abrirá el tablero. Por favor repita la votación, secretario.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Silencio, por favor. La votación es clara, no obstante, ábrase el tablero de votación.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Por cuánto tiempo?
El presidente diputado Edgar Romo García: Por tres minutos.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación.
(Votación)
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: De viva voz se le pregunta. Permítanme un segundo, diputados, por favor. Diputados, permítanme un segundo, por favor. De viva voz se pide al diputado Jorge de Jesús Gordillo Sánchez, el sentido de su voto.
El diputado Jorge de Jesús Gordillo Sánchez (desde la curul): En contra.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En contra, diputado. Al diputado Domitilo Carballo Cámara, ¿el sentido de su voto?
El diputado Domitilo Carballo Cámara (desde la curul): A favor.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: A favor, diputado. El diputado Omar Corzo Olán, ¿el sentido de su voto, diputado?
El diputado Omar Corzo Olán (desde la curul): En contra.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En contra, diputado. El diputado Julián Nazar, ¿el sentido de su voto?
El diputado Julián Nazar Morales (desde la curul): En contra.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Se confirma, diputado. En contra. ¿Algún diputado o diputada falta por emitir su voto? Diputada Elizabeth Hernández, ¿el sentido de su voto?
La diputada Elizabeth Hernández Calderón (desde la curul): En contra.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En contra, diputada Elizabeth. Gracias. ¿Diputada Cecilia Soto? Desde ahí, diputada. Lo entendemos.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): A favor.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Diputado, ¿el sentido de su voto?
El diputado Manuel de Jesús Espino (desde la curul): A favor.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: A favor, diputado. Okey. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputado presidente, diputada Karina Sánchez Ruiz.
La diputada Karina Sánchez Ruiz (desde la curul): En contra.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Diputado presidente, se emitieron 160 votos a favor, 1 abstención y 182 en contra.
El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para dictamen.
El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Desde su curul el diputado Jorge Triana.
El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Nada más para dejar de manifiesto quiénes son los enemigos de la transparencia y la rendición de cuentas en este país.
Todos los nombres que aparecieron en el tablero pintados de rojo ocultan algo, son tapadera de corruptelas. Lo dejaron ver primer negándose a que hubiera agenda política el día de hoy y lo han dejado de manifiesto también votando en contra de un punto de acuerdo.
El presidente diputado Edgar Romo García: Diputado, el asunto ya fue votado. Gracias.
El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Ya lo sé, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para la discusión de la proposición hasta por tres minutos los siguientes grupos parlamentarios.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Edna González Evia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con la SEP, para que analicen –orden por favor– y propongan mecanismos de flexibilización laboral que permitan a las madres y padres trabajadoras asistir a las actividades escolares convocadas por las autoridades de las escuelas de sus hijos sin que su salario se vea afectado.
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Un segundo, diputada. Antes que pase la diputada a tribuna tiene el uso de la palabra desde su curul la diputada Rocío Nahle.
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Nada más quiero ver a qué comisión va. Estoy solicitando que vaya a Transparencia y a la de Auditoría Superior, por favor, porque lo turnaron a Trabajo.
El presidente diputado Edgar Romo García: Lo turno a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde su curul): Y a la Auditoría Superior.
El presidente diputado Edgar Romo García: A Auditoría Superior no. Es a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul). A Vigilancia, pues. A Vigilancia y Transparencia. Gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Adelante, diputada.
La diputada Edna González Evia: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Buen día, compañeras y compañeros legisladores. El Partido Verde ha sido enfático en que la educación es una de las principales herramientas para empoderar así a los mexicanos en el mundo interconectado en el que vivimos.
El presidente diputado Edgar Romo García: Diputados –un segundo, diputados–, ya terminó el uso de la tribuna anterior. Favor de retirar expresiones en el pleno. Está hablando una oradora de otro grupo parlamentario. Continúe, diputada.
La diputada Edna González Evia: Por ello, desde el origen de la reforma educativa hemos impulsado diversas propuestas para armonizar nuestro marco legal con los planteamientos del nuevo modelo educativo y con las exigencias del entorno actual.
Coincidimos en que cada uno de los ejes de la reforma educativa es fundamental para alcanzar una educación de calidad, acorde al siglo XXI.
En la recta final del sexenio nos podemos sentir orgullosos de los logros alcanzados. No obstante es importante continuar la implementación de acciones en favor de la calidad educativa y consecuentemente en favor de la infancia mexicana para garantizar que el proceso de formación de nuestros hijos e hijas, sea integral. Es indispensable centrar nuestra atención en las madres y padres de familia trabajadores.
La participación dinámica, colaborativa e influyente de la familia, es uno de los principales factores para el desarrollo académico y social de las y los alumnos, según el Consejo Nacional de Fomento Educativo.
La educación que se imparte en la escuela y la que se recibe en casa, son complementarias, por lo tanto la participación de los padres en el proceso educativo de su hija o hijo, resulta por demás necesaria...
El presidente diputado Edgar Romo García: Permítame, diputada. Secretario, le pido dé lectura al artículo 8o., del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Artículo 8o., fracción XVIII.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Obligaciones de los diputados y diputadas. Artículo 8. Serán obligaciones de los diputados y diputadas... Facción XVIII, retirar cualquier expresión material que haya utilizado para su intervención en el pleno, una vez que esta haya concluido.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, secretario. Hago un llamado a los grupos parlamentarios para que respetemos el Reglamento. Sírvanse, favor de retirar las expresiones que no les corresponden en su turno. Gracias, diputados. Continúe, diputada.
La diputada Edna González Evia: Gracias. Es necesario fortalecer la relación entre familia, profesores y alumnos. Una muestra de ello son los resultados de la prueba PISA que asocian el trabajo de las y los estudiantes con madres y padres, con un mayor rendimiento escolar.
Las y los estudiantes que escuchan hablar sobre política o temas sociales en casa, tienen en promedio 28 puntos de ventaja sobre los que no.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, realizada por la Secretaría de Gobernación, madres y padres de familia reportan no participar activamente en las actividades escolares, 78 por ciento indicó no ser miembro de la Asociación de Padres y 74.6 ni siquiera asiste a las reuniones escolares.
Consideramos que estos bajos índices de participación están directamente relacionados con las escasas facilidades que otorgan los centros de trabajo a sus trabajadores; es decir, madres y padres, lo que se refleja en su ausencia como parte de la comunidad educativa.
Con el objetivo de revertir tal situación, las y los integrantes del Partido Verde hacemos un respetuoso llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que en el marco de sus atribuciones y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública propongan mecanismos de flexibilización laboral que permitan a madres y padres trabajadores asistir a las actividades escolares convocadas por las autoridades de las escuelas de sus hijos, sin que su salario se vea afectado.
Hago un llamado a su sensibilidad con la familia y la infancia mexicana. Agradezco su amable atención. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Para los efectos del artículo 100 de la Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para la discusión de la proposición, hasta por tres minutos, los grupos parlamentarios: Partido Encuentro Social, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Morena, PRD y PAN.
Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social.
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muy buenas tardes, compañeros legisladores. La materia que nos ocupa en relación a este punto de acuerdo es una materia fundamental para nuestro grupo parlamentario. Sobre ella nos hemos pronunciado en diferentes momentos.
Inclusive promovimos una reforma a la Constitución, precisamente para hacer valer el derecho que tienen los padres, preferente, de educar a sus hijos conforme a sus convicciones, de educar convenientemente a sus hijos.
En esa iniciativa establecíamos inclusive la necesidad de una participación activa de los padres de familia en la elaboración de planes, en los contenidos, en todo lo que tiene que ver con lo referente a los padres más allá de la propuesta que hoy existe, que es solo de opinión, cuando su papel es protagónico o debe de ser protagónico desde la misma visión del Estado.
La iniciativa fue desechada, porque la presentamos el año pasado, fue desechada por la Comisión de Puntos Constitucionales y hoy la hemos vuelto a presentar. De hecho está en el turno 88 de la agenda parlamentaria del día de hoy, porque creemos que es de interés público que este tema se tome muy en serio y se dé cauce correcto dentro de esta legislación.
Nos hemos caracterizado en esta legislatura, Encuentro Social, por ser un grupo parlamentario que es una oposición responsable. No creemos y no respaldamos propuestas simplistas, que engañan a la ciudadanía y hacen pensar que, respondiendo a los anhelos más profundos de su corazón, a los deseos más grandes, ¿qué padre de familia no quiere participar en los eventos de las escuelas? ¿Qué padre de familia no se ve afectado profundamente en su afectividad cuando en el trabajo no se le permite acudir a uno de estos eventos?
Respondiendo a ese anhelo de los ciudadanos, particularmente padres y madres de familia, es que una propuesta simplista pudiera hacer pensar que ya va a resolver esa inquietud. En ese sentido, el Grupo Parlamentario Encuentro Social no está de acuerdo en engañar a la ciudadanía con propuestas, que más allá de generar spots publicitarios en un tiempo de campaña, no vendrán a resolver lo que verdaderamente son inquietud de los padres de familia, a ser una presencia constante y de impacto en lo que tiene que ver con la educación de sus hijos.
Nuestra fracción considera que el resolutivo contenido en este punto de acuerdo no va al fondo de la problemática de esta ausencia dolorosa de los padres de familia dentro de las escuelas. Además, habría que agregar muchos otros temas que están relacionados y en los que la Cámara no se ha pronunciado, como por ejemplo el tema de la jornada laboral, el tema de mejoras salariales, la reducción de esta jornada, los permisos especiales. Esos temas los han olvidado.
Por tanto, les propondría que más allá de hacer una simulación con un punto de acuerdo que no va a responder a la inquietud y las necesidades de los padres de familia, generemos acuerdos que verdaderamente respondan estas inquietudes, aceleremos la dictaminación de las propuestas que ya están ahí en las comisiones, con la que hoy volvemos a presentar y que por una terrible indolencia no ha llegado a feliz término.
Esta es la petición que hacemos, hagámoslo nosotros, es nuestra responsabilidad y los ciudadanos mexicanos esperan que nosotros hagamos caso a sus peticiones. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Bien diputada. Tiene el uso de la tribuna la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.
La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza somos los primeros en subrayar la importancia de la educación en la vida y el desarrollo de nuestro país, ya que es un factor fundamental para elevar la productividad de los trabajadores y sus familias.
Nuestro propósito es contribuir a mejorar y fortalecer el sistema educativo. Pero, para que eso ocurra, es imprescindible la participación activa de las madres de familia y los padres de familia en todo el proceso educativo.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), han sido consistentes en promover la articulación familiar, dado que los padres de familia son los primeros educadores desde la más temprana edad de sus hijos e hijas. Asimismo afirma el impacto positivo que puede tener una educación temprana de calidad en el desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños, ya que la familia contribuye un espacio privilegiado para lograr una ampliación de la cobertura de la educación en la primera infancia.
Dichos organismos recomiendan promover políticas intersectoriales respecto a la relación entre familias y educación en las diferentes etapas o ciclos de la vida de las niñas y niños. A pesar de lo anterior, es una realidad que hoy las madres de familia y padres de familia que quieran participar en las actividades escolares de sus hijas e hijos se ven imposibilitados por su situación laboral.
La tarea educativa nos incluye a todos, por esa razón estamos convencidos de que es preciso hacer un llamado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, para que se analicen y propongan mecanismos que den flexibilidad laboral que permitan a las madres y padres de familia trabajadores asistir a las actividades escolares de sus hijos, que se vean involucrados, que abracen la tarea educativa y que acompañen a los maestros que realizan esa noble labor como una forma de vida, sin que se vean desde luego afectados su sueldos.
Esa es una situación muy, muy importante para el pueblo de México, solo unidos podremos consolidar las metas de un modelo educativo que está en tránsito, pero que debemos arropar y fortalecer todos, por México, por nuestros niños y niñas. Es cuanto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Angie Dennisse Hauffen Torres... Diputada Angie Denisse Hauffen Torres, de Movimiento Ciudadano.
La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres: Bien, gracias. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Antes de iniciar con esta proposición con punto de acuerdo, quisiera también ser muy clara al respecto de la manera tan facciosa en la que se ha comportado el presidente de esta Mesa.
Y lo digo aquí, porque cuando a mí, cuando he pedido la palabra en la curul, el señor se ha atrevido a callarme y como lo dijo mi amiga Mirza, aquí venimos a hablar, somos parlamentarios, para eso nos pagan, para hablar. Se le olvida, señor presidente, que las mujeres de México requerimos respeto y que el día de la mujer mexicana pedí la palabra y me calló.
Las mujeres no necesitamos que nos feliciten, las mujeres necesitamos que nos escuchen y nos respeten, porque aquí, señor presidente, está la voz de todo un país. Me extraña, señor presidente, que en un tema tan importante para la nación se invisibilice con solamente una votación de algunos de los que están en este pleno. De 500 diputados, y se los digo aquí a la gente que me está escuchando por la televisión, de 500 diputados el día de hoy, solamente estamos casi 340 diputados.
Hemos hecho diversas propuestas, de parte de mi amigo, el diputado Maynez, que ya seamos productivos. Y que sí, que tanto que me están callando aquí. Le voy a pedir un favor, usted no me vuelve a callar, porque para eso me pagan.
El presidente diputado Edgar Romo García: No la estoy callando, diputada. Simplemente avóquese, tal fue...
La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres: Le voy a pedir que me respete, porque usted y yo aquí somos iguales.
El presidente diputado Edgar Romo García: Le pido respeto al Reglamento, diputada, por favor. Le pido respeto al Reglamento.
La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres: Así es de que me va a dejar terminar. Porque me he cansado ya, durante todo este tiempo, de estar escuchando y cómo algunos, muchos de los que aquí estoy viendo solamente obedecen a intereses de muy pocos en este país.
Los dictámenes que hoy estamos discutiendo, claro que son importantes, pero creo que hay temas mucho más torales para el país en donde existe la corrupción. Este pacto de la impunidad pronto se va a acabar, señoras y señores.
Y para poder comenzar con este dictamen, este punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, para que analice y proponga mecanismos de flexibilización laboral que permitan a las madres y a los padres acudir a las reuniones que tanto les llaman en las escuelas, nosotros los diputados ciudadanos, los y las diputadas ciudadanas estamos de acuerdo en este punto de acuerdo.
Pero queremos también ir más a fondo. Señores, también se nos olvida ir a las causas a raíz del problema educativo en México, como lo es a nivel nacional. Solo 9.2 años son los años escolares que registran el promedio de los mexicanos.
Parece que algunos ya no recuerdan los recortes al presupuesto educativo que impactan en las acciones de mejoramiento del nivel de nuestros niños y jóvenes.
En consecuencia, la reflexión que debemos de tener es si con la vendeta de algunos partidos, como es el Verde Ecologista al decir que logró cero cuotas escolares debemos estar tranquilos.
Estos temas, señores, solamente para ellos son taquilleros, porque si en realidad nos preocupáramos, nos preocupáramos por los presupuestos en las instituciones públicas.
Desde aquí decimos claro y fuerte, muchas, pero muchas de las reuniones escolares que aún se suscitan en centros escolares públicos a nivel federal y estatal, son originadas para atender este tema de cuotas y otras tantas, las menos, se enfocan al nivel de aprovechamiento de sus hijos.
Como mexiquense lo digo, nuestros niños y jóvenes desean aprender más y no necesitamos subejercicios en fondos federales como el FONE o engañar a la Auditoría Superior de la Federación con el ejercicio de los recursos destinados para la educación inicial, básica, media, media superior o universitaria, pasando de una bolsa al recurso para tener el observado. Elevemos la discusión en esta Cámara de Diputados. No nos distraigamos...
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiempo, diputada.
La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres: ...en levantar la voz para solicitar que se haga algo para autorizar permisos...
El presidente diputado Edgar Romo García: Concluya, diputada.
La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres: ... a los padres. Antes, juntas, vayamos a los asuntos que realmente impactan a diario su ingreso, el cual está ya mermado por los gasolinazos y decisiones clientelares. Es cuanto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Le pido a la Secretaría que dé lectura al artículo 23, fracción I, inciso c).
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Artículo 23, numeral 1. Son atribuciones del presidente de la Mesa Directiva las siguientes.
c) Conceder el uso de la palabra, dirigir los debates, discusiones y deliberaciones. Ordenar se proceda a las votaciones y formular las declaraciones correspondientes.
Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, secretaria. Esta Presidencia en todo momento ha dado libertad a las expresiones que aquí se han efectuado, incluso más a otros grupos parlamentarios distintos de los diversos.
Les pido por favor respetemos los debates. En esta sesión se abrió el tablero, se votó dos veces de manera económica y se abrió el tablero en una votación controvertida. En las sesiones pasadas se le dio oportunidad a otros grupos parlamentarios de actuar y con la libertad de expresarse en este pleno, incluyendo al Partido de la Revolución Democrática, quien tuvo más participaciones que los demás.
Les pido y les hago un exhorto a los grupos parlamentarios que nos conduzcamos con civilidad y podamos llevar un debate en orden, como lo establece nuestro reglamento.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene el uso de la tribuna la diputada Cristina Gaytán. Desde su curul.
La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (desde la curul): Aclarando, diputado presidente, que el otorgar el uso de la palabra y el que nosotros como diputados pidamos el uso de la palabra no es una concesión que usted nos hace, es una obligación que tiene. Primero.
Segundo, el comportamiento que usted tuvo la sesión pasada no fue en absoluto institucional, en absoluto imparcial. Fue un actuar a favor de su grupo parlamentario para venir a montar un teatro cuando la sesión ya estaba terminada.
Entonces, ojalá que así como ha pedido el día de hoy la lectura de dos artículos de esta propia Cámara, lo relea usted también en sus tiempos libres para que actúe apegado a la institucionalidad a la que está obligado cuando nosotros votamos y usted esté sentado en esa Presidencia.
La diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene el uso de la tribuna, desde su curul, la diputada Candelaria.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene el uso de la palabra, desde su curul, la diputada Candelaria.
La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Gracias, presidente. Con todo respeto para usted y para cada una y cada uno de los diputados, le pido que no haga uso faccioso del Reglamento, que se comporte como el presidente de esta Cámara que es, y que respete a cada y a cada uno de nosotros. Gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Desde su curul la diputada Gloria Himelda.
La diputada Gloria Himelda Félix Niebla (desde la curul): Presidente, compañeras y compañeros, yo creo que todos hemos sido testigos de la conducción de esta Mesa Directiva, como hemos sido testigos de la conducción del primer año de esta legislatura y del segundo de la misma, en donde sí hubo acontecimientos que habría que reclamar a todas nuestras compañeras y compañeros diputados por no hacer y no cumplir la ley como lo marca.
Hagamos, en consecuencia, el pleno respeto, no solo al presidente de la Mesa sino a todos los integrantes de la misma, puesto que fueron electos por nosotros, por los parlamentarios, hombres y mujeres que venimos primero a dar respeto, no solo a las instituciones sino a la vida parlamentaria que diariamente estamos en debate permanente, estamos legislando en favor de la sociedad mexicana.
Yo creo que tenemos que hacer un pacto de civilidad y que en este momento y en este proceso que está viviendo México, el proceso electoral se viva de manera paralela y que no afecte el trabajo parlamentario. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene el uso de la palabra, desde su curul, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (desde la curul): Efectivamente, solamente para pedirle, señor presidente, que sí hay que privilegiar el debate, que sí hay que abrirlo en los temas que son importantes para la nación, y efectivamente como lo dijo quién me antecedió en el uso de la voz, sí hay un pacto, pero es un pacto de impunidad firmado por quién sabe quién en este Congreso, en este país.
Nosotros vamos en contra de la corrupción y usted nos limitó para poder debatir sobre el tema. Creo que es un uso faccioso, no nada más de esta Presidencia, sino de este gobierno en turno. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Esta Presidencia, insiste. Todos han tenido oportunidad de participar, todos los grupos parlamentarios. Se ha cumplido con el Reglamento y no hay ningún uso faccioso de la Presidencia. Todo lo contrario, creo que el debate ha sido incluyente y plural.
Continuamos con la lista de oradores. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, hasta por tres minutos.
El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Este posicionamiento que hacemos el Grupo Parlamentario de Morena que es sobre la flexibilización de los horarios de las y los trabajadores que son cabezas de familia para asistir a reuniones de escuelas de los hijos, viene debidamente fundamentado en el artículo 3o. de nuestra Constitución, porque establece que toda persona tiene derecho a recibir educación y que el Estado garantizará la infraestructura educativa para garantizar con en ello el máximo logro de los educandos.
Sin embargo, sabemos que el papel que desempeña la familia en la educación de sus hijos es tan importante como la realizada por el propio centro educativo. En los últimos años la participación de los padres y madres en la educación ha sido tema de discusión por varias razones.
Una de ellas es la relación que existe entre la articulación familia y escuela, pues cuando se da aparece una mejor evaluación en el aprendizaje de los menores. Otra es que se ha demostrado que ha y un impacto positivo que puede tener una educación de calidad en el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas y que sólo en la familia se puede dar. Una más es que las investigaciones señalan que la familia aparece en un espacio privilegiado para lograr una amplia cobertura de la educación de primera infancia.
En este contexto, varias instituciones y organismos internacionales de educación están desarrollando proyectos que tienen como finalidad fortalecer la participación y la educación de madres y padres como principales educadores de los pequeños.
Para cumplir con este objetivo de que todos los menores tengan una educación de calidad, este punto de acuerdo exhorta a las autoridades laborales a que se encuentren mecanismos que permitan que la madre o el padre de familia puedan participar en actividades propias de la escuela de sus hijos para que sean mejores evaluados y darle una mejor educación y por consiguiente seguimiento a las actividades y conducta de los niños.
Morena votará el punto de acuerdo a favor pues debemos de garantizar la articulación de la familia escuela y la no afectación del salario de las y los trabajadores, de por sí ya muy mermado. Sin embargo, queremos puntualizar que el problema de la educación va mucho más allá que este punto de acuerdo.
Los números no mienten. México ocupa los últimos lugares en calidad educativa a nivel mundial. El Estado está muy lejos de cumplir su obligación de destinar el ocho por ciento del producto interno bruto a la educación como lo establece el artículo 25 de la Ley General de Educción.
Esta falta de inversión, de interés se materializa en deplorables condiciones de trabajo de los maestros en las escuelas sin agua, sin techos, sin mobiliario, sin material didáctico. Esto no permite que los procesos de enseñanza se lleven a cabo adecuadamente, limitando las posibilidades de que los alumnos desarrollen sus habilidades y amplíen sus conocimientos.
No hay que perder de vista que la pobreza provoca que 40 por ciento de los niños de seis a doce años se encuentran en rezago educativo y que México ocupe vergonzosamente el lugar 32 de 34 con la mayor deserción escolar. Por eso en Morena estamos a favor de que todos los menores tengan acceso a la educación pública y de calidad. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Enviamos desde aquí la más cordial bienvenida a los alumnos del Instituto Juventud, del estado de México, a los estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudio Superior de APAN, a estudiantes, padres de familia y maestros de quinto grado de primaria del Colegio Cumbres de Saltillo, y a los alumnos de la Universidad del Valle de México Campus San Rafael que se encuentran en las Galerías de este recinto. Un saludo a todos.
Continua el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD, con el uso de la tribuna, hasta por tres minutos.
El diputado Julio Saldaña Morán: Muy bien. Diputado presidente, con su permiso, con el permiso de las diputadas y diputados. Desde luego que en el Grupo Parlamentario del PRD estamos de acuerdo con la participación de los padres y madres, con sus hijos en las áreas donde van a educarse, las escuelas.
Quién podría estar en contra de algo que demanda tanto, porque ahí está la base de la sociedad, una sociedad que hoy demanda mucho más vínculos entre padre, hijo y maestro.
Es un tema desde luego muy importante el que propone el Partido Verde, pero necesitamos ir más allá. Hay otros temas muy relevantes, los temas de mayor importancia que también ayudan a los padres. Basta de salarios por debajo de la línea de bienestar, basta de seguir violando la Constitución en materia de salarios mínimos, basta de que la gente siga trabajando para ser pobre con estos salarios raquíticos.
Y también hay temas relevantes. Invito a todos estos grupos parlamentarios. El caso de Odebrecht está impune, está sin que nadie lo toque, y hoy lo vimos, en el tablero cada quien mostró de qué lado está. Y le pido, diputado presidente, que esa votación se haga pública para que los mexicanos sepan de qué lado está cada quien.
Nosotros, el Frente, estamos del lado de que se acabe la impunidad y combatir la corrupción. El tema de la casa blanca también está sin hacerse nada. La estafa maestra que estamos hablando, más de 7 millones de pesos, es un tema nada menor y que lastima a los mexicanos.
Les invito a que también hagamos de estos temas algo relevante. El tema de Sedesol, aquí está la lona, aquí están los señores presentados, bien fotogénicos, necesitamos combatir esta corrupción, que es el cáncer de este país, solapado por este gobierno federal.
Tenemos un ejemplo, Emilio Lozoya, no se toca con el pétalo de una rosa. Nadie quiere meterse con él, quién lo encubre, quién lo protege, esos son temas relevantes. Amigos y amigas diputados de todos los grupos parlamentarios, claro que apoyamos a la vinculación de padres de familia, sus hijos, pero también debemos de atender las altas demandas que hoy tienen los mexicanos por esta bandera tan alta de este gobierno federal que es la corrupción, que nos han empañado y nos avergüenza ante otros países que la combaten. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: En votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
El secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Antes de la aprobación, desde su curul, el diputado Jesús Marcelino Buendía Rosas. No nos comunicaron su intervención. Adelante, diputado.
El diputado Jesús Marcelino Buendía Rosas: Buenas tardes a todos, diputados y diputadas. Con el permiso de todos, compañeros diputados.
Asimismo, en Acción Nacional coincidimos con el espíritu de este punto de acuerdo. Acompañamos de él la idea de esta propuesta, porque creemos firmemente y así hemos impulsado en nuestros gobiernos y desde el Legislativo, que para consolidar este proceso de mejora sustancial en la calidad educativa es necesaria la participación de los padres de familia en los distintos procesos que conforman el plan educativo.
La participación de los padres es esencial en la toma de decisiones respecto al diseño de los programas de estudio en lo que se refiere los contenidos de los mismos. Esta participación es la que brinda el carácter democrático en la educación en nuestro país, como se reconoce el artículo 3o constitucional, pero no basta con ello, también es necesario e indispensable el acompañamiento de los padres de familia en actividades que realizan los hijos en las escuelas, pero tampoco basta por solicitar al gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo y de Educación Pública, que coordinen esfuerzos de proponer esquemas de participación que no afecten la relación laboral de las personas que acuden a las actividades escolares.
A nosotros nos parece conveniente que este tipo de propuestas queden impresas en la legislación, porque lo decidimos, porque la flexibilidad laboral para participar en estas actividades escolares no pueden quedar en un mero asunto de política pública, el trabajador no tendría un instrumento legal que le pudiera amparar ante una falta aunque justificara que se trató de una actividad de sus hijos.
De igual forma, creemos que ante la cultura laboral burocratizada de México, solicitar este tipo de permisos haría que muchos trabajadores abusaran de esa dicha flexibilidad laboral para ausentarse de sus labores. De tal forma que es necesario que este tipo de propuestas, tanto el empleado como el empleador cuenten con la certeza jurídica para la situación laboral que no se vea comprometida por ningún motivo alguno.
En Acción Nacional estamos a favor de esta propuesta para que sirva para mejorar las relaciones entre padres y el apoyo delos padres y de los hijos. Asimismo, no obstante, el PAN consideramos que la propuesta es loable y votaremos a favor, sin dejar pasar e insistimos en ello, que no basta con buenas intenciones, sino que hay que poner manos a la obra en lo que a nosotros corresponde, como todos nosotros, los legisladores.
Asimismo, sí me gustaría que seamos todos nosotros, como Acción Nacional, que estamos apoyando esta propuesta, asimismo todos los grupos parlamentarios lo hagan. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado. Comuníquese.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 y 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
El diputado Oscar Valencia García: Con su permiso, diputado presidente. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos hemos preocupado por la salud de los mexicanos, así como un derecho que se establece en los artículos 1o., 4o., 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Hablo en relación a las instituciones de seguros y fianzas. En México existen diferentes compañías de seguros en relación a seguros médicos, nos ha pasado de que cuando queremos contratar un seguro para las enfermedades existentes, queremos contratar un seguro cuando estamos enfermos con enfermedades preexistentes o terminales estas empresas se han negado para la contratación, vamos a hablar de diabetes, cáncer, obesidad, trastornos mentales, se niegan a contratarnos.
Y si bien es cierto, ha habido contratos antes de estas enfermedades, pero nos han engañado porque primeramente nos dicen que sí, pero posteriormente no nos conceden con el contrato, no nos cumplen con el contrato.
Por eso es que es la preocupación de este grupo parlamentario, y reformar el artículo 25, 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, porque existe una laguna, una cuestión obscura dentro de estos dos artículos para que no nos discriminen, porque hemos, ha habido personas particulares, privadas que queremos contratar el seguro y nos han negado para nuestra curación, cuando ya estamos con una enfermedad grave nos rechazan. Entonces, ¿dónde está nuestra Constitución que nos vela como mexicanos?
También sabemos que el gobierno de los distintos gobiernos, pues en nuestro país se ha creado el IMSS, el ISSSTE, el ISSFAM, el Seguro Popular, la propia Secretaría de Salud, cuando vamos a los hospitales y cuando ya traemos una enfermedad grave ya no nos cumplen con toda esta seguridad de la salud.
Nosotros como provincianos, como gente humilde que vivimos en las comunidades llegamos a los hospitales y nos dicen: tu seguro no cubre con tu enfermedad tendrías que cooperar. O porque no tenemos la medicina o porque no tenemos los instrumentos para tu operación te trasladamos a otro hospital.
Es lastimoso. Por eso es que vengo ante esta soberanía, que hagamos este cambio y reforma en los artículos 25, 27, que lo reclama nuestra gente más humilde que existe en México, lo reclama la gente en las ciudades, porque hablaba yo del IMSS, del ISSFAM, del ISSSTE, pues uno de los patrones a favor de los trabajadores, parte del gobierno a favor de los empleados nos han dicho que tenemos un seguro, y el seguro dónde queda, nos ha dejado fuera de nuestros derechos.
Por eso es que desde el día de hoy, desde esta Cámara le pido de favor a todos mis compañeros, los diputados, para que se incluya a estos artículos el vacío que existe para que nos tomen en cuenta a nuestros enfermos, a nuestros familiares cuando tenemos una enfermedad terminal y que seamos tratados como seres humanos y no como extraños o como extraterrestres, como lo han hecho las instituciones de seguros que nos han negado, nos han discriminado, porque nos ha pasado. Por eso subo ante esta tribuna a hacer ese reclamo. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 3 de la Ley General de Turismo, a fin de que se defina en la misma el concepto de turismo de bajo impacto.
Asimismo, se presentará iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 y se adiciona un artículo 11 Bis a la Ley General de Turismo. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 3o. a la Ley General de Turismo, a fin de que esta se defina claramente en los conceptos de desarrollo turístico y desarrollo turístico sustentable. Y proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4, 7 y 64 de la Ley General de Turismo. Así como iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Ley General de Turismo. Es cuanto.
La diputada Gretel Culin Jaime: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el turismo es un sector fundamental para la economía del país y el desarrollo regional, siendo importante generador de empleos, de divisas, que representa una derrama económica significativa para las poblaciones.
El turismo es la tercera fuente más importante de ingresos para el Estado, apenas por detrás del petróleo y las remesas.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo, en el cuarto trimestre de 2017 la población ocupada en el sector fue de 4 millones 95 mil empleos directos, lo que significó un máximo histórico y representó el 8.6 por ciento del empleo total del país.
Por tal importancia que tiene el turismo para nuestro país no podemos pensar que basta con la regulación y normas que tenemos hasta la fecha. Es por ello que el día de hoy propongo a este pleno cinco iniciativas que estoy segura que llegarán a la legislación turística, para que tenga mayor claridad en los conceptos y nuestro país esté en capacidad de brindar mejores servicios a sus visitantes.
En primer término, propongo establecer en la Ley General de Turismo el concepto de turismo de bajo impacto, que es aquel cuyas actividades e infraestructura respetan la capacidad de carga, intensidades de uso establecidas y/o límites de cambios aceptables determinados para la zona o sitio donde se desarrollan y, por consecuencia, sus impactos negativos son mitigados y compensados.
En esos mismos términos y con la exigencia que nos imponen los nuevos tiempos de cuidado al ambiente y los ecosistemas propongo que se defina en la ley el concepto de desarrollo turístico, entendido como el crecimiento sostenido de la actividad turística, con el propósito de obtener mejores niveles de vida para la población.
Y por supuesto, en el concepto de desarrollo turístico sustentable, definido como el crecimiento sostenido de la actividad turística, que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras económicas, sociales y medioambientales con una perspectiva integral que permita satisfacer a las necesidades de los visitantes, de la industria del entorno de las comunidades anfitrionas.
En tercer lugar, me parece necesario que la Ley General de Turismo contemple a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, orientados a este sector y que se puedan promover en conjunto del Conacyt, como parte de una estrategia integral de enseñanza e investigación, para no solo pensar en la promoción turística como estrategia del crecimiento sino en ver al turismo como una actividad mucho más completa e integral.
En cuarto lugar, algo que me parece de particular importancia es de establecer la obligación a los prestadores de servicios turísticos, de realizar la clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, de cumplimiento obligatorio en toda la República.
Lo que se busca con esta reforma es ordenar, estandarizar y homologar a través de los procesos y un instrumento de clasificación la categoría o categorías de los establecimientos hoteleros del país y publicar información que permita al turista realizar un consumo responsable e informado sobre la calidad de los servicios hoteleros y de hospedaje.
Con este tipo de acciones ganamos todos. Ganan los prestadores de servicios turísticos al brindar la mayor información sobre las alternativas que ofrecen. Ganan los turistas al conocer el detalle de los establecimientos de hospedaje y de las diferentes opciones de servicio con gran detalle. Gana también el gobierno al estar en posibilidad de analizar la información para conocer las tendencias por tipo de servicio a nivel local, regional o nacional y de esa manera poder tener la capacidad de generar programas adecuados o realizar ajustes en lo que ya están en operación.
Por último, decir que todas las políticas y programas que se desarrollan en beneficio del sector requieren estar coordinadas para lograr su máxima efectividad, de lo contrario se corre el riesgo de que solo se obtengan beneficios aislados.
Es por ello que la quinta reforma que propongo en la Ley General del Turismo, se enfoca en que la comisión ejecutiva del turismo sea un mecanismo de trabajo de carácter permanente, exclusivamente multisectorial y multigubernamental, que tenga como objetivo el análisis y la toma de decisiones ejecutorias a nivel federal para lograr el desarrollo integral del turismo a nivel nacional.
Lo que necesitamos es que todos los actores que intervienen en la actividad turística estén en la misma sintonía. Lo que necesitamos es que cada uno de los procesos se encuentre bien definido. Lo que necesitamos es impulsar el turismo, que este involucre a un mayor número de sectores económicos y sociales.
Nuestro país, como todo el planeta, es una fuente de recursos tendientes a agotarse. Necesitamos, por ende, contar con una legislación proclive al cuidado de los recursos, los lugares y los vestigios que hacen de nuestro país uno de los lugares más activos a nivel mundial.
Necesitamos emprender acciones para que esta actividad no se agote. Necesitamos un turismo sustentable, necesitamos un turismo que sea parte de la conciencia global del cuidado de los recursos y del medio ambiente.
Necesitamos un sector turístico ordenado, un sector que atienda las exigencias de la sustentabilidad ambiental y social de las comunidades del país. Un turismo responsable, un turismo de vanguardia. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputada. Túrnense las cinco iniciativas presentadas a la Comisión de Turismo para dictamen.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra por diez minutos la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Fomento y Desarrollo Artesanal, y reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.
La diputada Araceli Saucedo Reyes: Gracias, presidente, con su venia. Acudo a esta máxima tribuna de la nación a presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Fomento y Desarrollo Artesanal, misma que tiene como propósito establecer un nuevo paradigma institucional propicio para el progreso y protección de esta importante actividad, considerado como el contexto de una nueva dinámica económica, social y cultural de nuestro país.
Amigos diputados, la artesanía constituye parte de nuestra cultura porque su obra reúne la sensibilidad artística y utilitaria de nuestro origen y habilidad manual de los autores. Su obra nos identifica con cada uno de los artesanos de nuestro país. En México los estados, las regiones, los municipios se distinguen y se identifican por su producción artesanal, cada uno con características muy propias de cada región.
Tallar la madera, golpear el cobre, tejer las fibras, esculpir la piedra, pulir una gama, soplar el vidrio, bruñir el metal, modelar la cerámica o confeccionar un fino bolso de piel, son actividades en las que se combina la tradición de los viejos oficios con las adaptaciones que exige cada época.
La artesanía, como parte de las industrias culturales, es un factor importante a considerar en las economías modernas ya que no sólo contribuye en el crecimiento económico generando empleo e ingresos a cada uno de los hogares, sino que también ayuda a transmitir de manera natural sus raíces culturales e identificar la nación propia, como es nuestro país.
La artesanía es una de las manifestaciones más visibles de la diversidad cultural de nuestra sociedad, y por ello posee un valor propio material e inmaterial.
La actual Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, para los artesanos, hoy resulta ya incompleta e inoperante.
El propósito de la presente iniciativa es brindar mayor protección y certeza para los artesanos a través de una promulgación de una nueva ley que considere de manera separada la actividad artesanal y que no sea de manera forzada, como fue el origen de esta ley, que originalmente se estaba, se pensó y se planeó para apoyar únicamente la actividad artesanal.
Esta iniciativa propone crear el Instituto Nacional de las Artesanías, sectorizado a la Secretaría de Economía, con capital y patrimonio propio, en sustitución de lo que hoy es Fonart, porque la actividad artesanal es una actividad económica y no es un asunto de tema de desarrollo social.
La propuesta que presentamos define su objeto formal de competencia de la actividad artesanal estableciendo con claridad que la organización para la producción, la capacitación, el financiamiento, la comercialización, el reconocimiento legal del artesano, a la artesanía y a la auténtica protección de sus obras, que genera cada uno de ellos.
Asimismo establece la creación de un padrón de artesanos con un registro de artesanos y sus organizaciones, que define con claridad qué beneficios pueda obtener cada artesano o cada organización, otorgándole la procuración necesaria ante las autoridades competentes, en comercialización, en reconocimientos de derecho de autor y protección de cada una de sus obras que va creando cada artesano en nuestro país, en el financiamiento, en la capacitación y en la sustentabilidad de los procesos artesanales para que la ley no sea declarada y propositiva, sino sea realmente una realidad jurídica.
La importancia económica de las artesanías es fundamental toda vez que contribuye con el 20 por ciento del PIB cultural, casi un punto porcentual del PIB nacional.
La actividad artesanal genera más ingresos que las artes escénicas, que los espectáculos, que las artes plásticas y que la industria editorial en su conjunto. Asimismo es una fuente de vida para más de los ocho millones de mexicanos que la desarrollan y que tienen como su principal fuente de ingresos y se constituye como el único medio de vida para poder hacer llegar a su hogar el pan y el alimento diario, y de hasta los 12 millones de mexicanos que la tienen como una actividad también complementaria en las actividades diversas de su entorno y de su economía familiar.
Como se puede apreciar, la artesanía es una actividad económica prioritaria en nuestro país, pero uno de sus contrastes es el claro y manifiesto rezago en el impulso de esta, ya que un gran número de artesanos se encuentran en una realidad muy lamentable hoy en día, sin acceso a la gran mayoría de los créditos, a los programas de capacitación para mejorar e innovar sus propios productos, y mucho menos en los procesos de producción no cuentan con los recursos suficientes para poderlos implementar, y el respaldo formal para la protección y comercialización de estos productos, pues en muchos de los casos es casi nulo.
El contexto en el que se producen las artesanías son generalmente de pobreza con recursos obtenidos con ellas, solamente sirven para sufragar en otros sectores de la economía familiar, no generando derramas económicas como debía de generarse para que las familias tengan y se vea realmente como un verdadero sustento en la familia.
Los esquemas producción y comercialización y la falta de acceso a los apoyos gubernamentales generan un ambiente de baja rentabilidad, lo que aumenta el riesgo de masificar la producción y crear artículos sin cargas simbólica, es decir, sin el bagaje cultural propio de la producción artesanal.
Por ello resulta fundamental establecer un nuevo marco jurídico para el fomento y el desarrollo de los artesanos, todo acorde a la realidad que hoy se vive en nuestro país, que se tenga como resultado final una mejora en las condiciones de producción, sobre todo en la calidad de vida de las familias artesanas de nuestro país.
Por lo anterior, diputadas y diputados, los invito para que apuntalemos en este importante sector de la sociedad, apoyando esta presente iniciativa, que sin duda significará mucho para los millones de familias que hoy se dedican a esta importante actividad. Es cuanto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Diputado Ralis Cumplido, desde su curul.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (desde la curul): Sí. Muchas gracias, presidente, únicamente para solicitar a la proponente, si me permite adherirme a su iniciativa, ya que vengo de un municipio, San Pedro Tlaquepaque, que tiene gran relevancia en la artesanía a nivel internacional. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Le pregunto a la proponente si es su deseo que se adhieran a esta iniciativa.
La diputada Araceli Saucedo Reyes (desde la curul): Claro que sí, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Muy bien, diputado, queda la iniciativa a su disposición. Adelante, continúe diputado.
El diputado Miguel Alva y Alva: ¿Que non mo panoltihtzino? On chicahuticateh ica miac paquilestli no mechon tlahpalohua on nochi omehuantzi tzintih.
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Esta vez traigo ante el pleno una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas fracciones de los artículos 5, 7, 11, 12, 13, 14 y 16 de la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 3, 6, 9, 14, 19 y 50 de la Ley General de Desarrollo Social, y los artículos 2, 6, 9 y 11 de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Comento. Hace un tiempo, en un autobús hablo con una señora ya de edad, la saludo y platico con ella en náhuatl. A ella le emocionó y me dijo: Qué bueno que me habla en nuestro idioma, porque mis nietos se avergüenzan. Ellos me callan, me lo dijo ya llorando, me callan y me dicen: Cállate, abuela, van a pensar que todos hablamos igual que tú.
Otra situación. Saludo a un paisano y me dice: ¿Qué es eso?, yo ya no me críe allá arriba, yo ya me crie acá abajo. Es decir, esto es la realidad y es una razón por la que se están perdiendo las lenguas nacionales, las lenguas indígenas, las lenguas maternas.
El punto de acuerdo, más bien la iniciativa que traigo ante ustedes, compañeros y compañeras, se trata de considerar ante esta soberanía buscar modificar, mediante estas tres leyes que inciden en la causa indígena y que pretendo que fortalezcan la preservación de las lenguas maternas.
En este propósito, el papel que pueden jugar los padres –como ya se comentó y se manifestó en el punto de acuerdo que acabamos de aprobar– los padres son el eslabón, son la clave para la preservación de las lenguas indígenas.
Durante generaciones de padres a hijos se han transmitido estas lenguas y ahora el problema es ese, porque un indio se ve mal, uno de la sierra se ve mal por la vestimenta, por nuestro aspecto y también por como hablamos. Entonces, a los hijos ya no les vamos a enseñar, porque los discriminan.
La discriminación es la razón por la que estas lenguas se están perdiendo, son 69 lenguas que todavía existen en nuestro país. Hay una lengua en un estado del norte, donde solo dos personas lo hablan, muriendo esas dos se pierde para siempre.
En la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas busco modificar en este sentido para que las diferentes órdenes de gobierno implementen y aseguren las políticas, programas y acciones tendientes a preservar las lenguas indígenas y, en este sentido, la familia tiene una mayor participación e involucramiento.
Por su parte, en la Ley General de Desarrollo propongo modificar los artículos 3, 6, 9, 14, 19 y 50, en el sentido de que los pueblos y comunidades indígenas no solamente tienen necesidades, méritos y posibilidades, sino sobre todo derechos consagrados en la Constitución y protegidos por pactos internacionales.
De la misma manera considero indispensable que en esta Ley se considere la preservación de las lenguas indígenas como un derecho igual que la salud, la educación o el disfrute de un medio ambiente sano.
Para el caso de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas propongo la modificación de los artículos 2, 6, 11, en el sentido de que, por ejemplo, el director general de dicho organismo tenga facultad de implementar, ejecutar políticas públicas y estratégicas transversales de preservación de las lenguas maternas, que involucren a la familia.
Estimo que estas modificaciones puntuales pueden contribuir a que nuestras lenguas maternas y originarias no solamente se preserven, sino que sean la estrategia medular para que los pueblos y comunidades indígenas mantengan su identidad cultural. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Desarrollo Social para dictamen.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Adelante, diputada, desde su curul.
La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Solicito al diputado nos haga favor de darnos la anuencia para que nos inscribamos a su iniciativa. Gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Le pregunto al diputado si acepta la propuesta de adhesión. Adelante, diputada, la iniciativa estará a su disposición en esta Secretaría.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 159 y 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Jonadab Martínez García: Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Esta iniciativa que hoy vengo a presentar a esta honorable Cámara de Diputados parte de mucha sensibilidad y estoy seguro que va a generar eco, porque muchos de nosotros que estamos en la calle, que constantemente tenemos relación con nuestro electorado y con la sociedad, que está fuera de este Congreso, hemos escuchado el gran hartazgo político electoral que la gente reclama.
La gente está harta de ver publicidad electoral invasiva por televisión y por radio, y mayormente la gente está harta de este proceso electoral, porque la gente no milita en un partido político.
Según El Economista y según el INE solamente el 17 por ciento de la población participa activamente en un partido político. Es decir, aproximadamente el 85 por ciento de los mexicanos no participa en un partido político y los procesos internos de selección de candidatos de las precampañas que acaban de concluir, que son procesos internos, que su palabra lo dice, son procesos internos de los partidos políticos para seleccionar a candidatos que representarán a esas agrupaciones política-electorales en los procesos electorales.
Por qué el 85 por ciento de la población que no participa activamente en un partido político se tiene –valga la expresión– que chutar o que ver todos los spots, escuchar todos los spots en radio y televisión de todos los partidos políticos.
Creo que esto quien me quiera revirar o reiterar también en esta proposición es, la gente está harta, debemos de hacer eco y de escuchar la voz de la ciudadanía, está harta de escuchar tanta publicidad electoral en medios de comunicación e informativos en nuestro país.
Por eso es que en esta tarde propongo esta iniciativa que reforma diferentes artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para prohibir el acceso a los partidos políticos y a los precandidatos a espacios de televisión y radio en procesos de precampaña.
Créanmelo que validar y encontrar eco en esta iniciativa va a dar esa solución o al menos ese reclamo va a tener eco y respuesta de lo que hemos escuchado en la gente.
Solamente los diputados y diputadas que no escuchan a la ciudadanía estarán en contra de esta propuesta, porque esta propuesta es un reclamo ciudadano de diferentes organizaciones no gubernamentales, asociaciones y en general de la ciudadanía.
Por eso es que busco colocar esta discusión, este debate, que ojalá en el análisis y discusión en las comisiones en las que se turne encuentre solución, y en este mismo proceso legislativo, en este periodo, ojalá ya se discuta rápidamente y encontremos eco y pronto estemos votando a favor de este dictamen que da mucha respuesta al hartazgo electoral y político que existe en los mexicanos.
Y sobre todo, si fueran spots, si fuera comunicación positiva, posiblemente encontraríamos un eco o un consentimiento de la gente. ¿Pero qué hemos visto en estos procesos internos? Guerra sucia de todos los colores y sabores, es lo que la gente no quiere ver y está harta. Escuchemos bien, la gente está harta de la publicidad electoral en radio y televisión.
Por eso es que propongo y reitero, propongo se elimine todo el acceso a la publicidad, el spot de radio y televisión en nuestro país en los procesos de precampaña.
Obviamente, el autorizar y aprobar esta iniciativa correría su ejecución en el siguiente proceso electoral, dado que en este ya culminaron los procesos de precampaña de nuestro país.
Es cuanto, señor presidente. Y apelo a la sensibilidad real de una democracia participativa y de una voluntad y de un hartazgo que la sociedad nos reclama todos los días. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Karina Sánchez Ruíz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación.
La diputada Karina Sánchez Ruiz: “La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz”. Rigoberta Menchú.
Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en la agenda legislativa de Nueva Alianza se establece un eje estratégico denominado educación de calidad, en el cual nos comprometimos a garantizar la inclusión total de los alumnos en las instalaciones escolares, para que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros para las personas con discapacidad y grupos vulnerables de la sociedad.
Derivado de lo anterior, pongo a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Educación, que pretende definir en dicho precepto qué se entiende por discriminación.
Con la presente iniciativa se busca armonizar el texto de la ley vigente con las disposiciones de la Carta Magna, lo cual permitirá que el Estado mexicano perfeccione su obligación de implementar programas y políticas públicas tendientes a erradicar la discriminación que sufren las personas, sobre todo en la edad temprana, como son los educandos del nivel básico.
La Constitución establece en el tercer párrafo de su artículo 1o. que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.
La reforma que hoy propongo pretende que en el espacio educativo se generen valores, como el del respeto a los demás a través de la no discriminación, y de este modo formar una niñez más propositiva, solidaria, pero sobre todo, respetuosa, a fin de consolidar una sociedad más justa e igualitaria.
En Nueva Alianza estamos convencidos de que para poder avanzar hacia estadios de vida armónicos y de convivencia pacífica se requiere impulsar una educación basada en valores, espíritu de servicio y amor a la patria.
Por ello, es preciso desterrar la discriminación, la confrontación, denostación y desprestigio, tan comunes en la vida escolar. En este sentido se impone la necesidad de promover y hacer respetar los derechos humanos que son la base y el fundamento de nuestro marco constitucional.
En aras de lo anterior, las y los diputados de Nueva Alianza propiciamos mejores oportunidades de educación, así como de acceso de las niñas y niños del país al deporte, el arte y la cultura. Esa es la única manera de salir del círculo vicioso de la violencia y fomentar el respeto entre las personas. De esta manera se intenta dar una visión preventiva desde las escuelas para abatir todas las formas de discriminación que aquejan a nuestra sociedad, que es uno de los grandes problemas a los que nos hemos enfrentado por años.
Queremos garantizar el pleno desarrollo de la niñez e instrumentar más y mejores oportunidades, que les permita tener éxito en el futuro. Para ello trabajamos y estamos confiados en que acompañarán esta iniciativa. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen. Procedemos a saludar y dar la bienvenida a estudiantes de ingeniería de la FES. Invitados por la diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, que se encuentran en la galería. Al igual que alumnos de las licenciaturas de pedagogía y periodismo del Centro Universitario Tlacaélel, del estado de México. Invitados por la diputada Dalila Rodríguez García. Sean bienvenidos.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: A continuación tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 12 y 14 de la Ley de Asociaciones Público Privadas.
El diputado Abdies Pineda Morín: Honorable asamblea, la generación de empleos, la llegada de inversión, el incremento de inversión pública, la creación de polos de progreso regional y otras razones que se argumentaron para expedir la Ley de Asociaciones Público Privadas, omitieron el factor de la manifestación del gobierno de estar en imposibilidad de emprender una obra o brindar un servicio.
En esta ocasión, ocupo esta tribuna para poner a su consideración, a nombre propio y de mi grupo parlamentario, un mecanismo para determinar si es de admitirse una propuesta para someter al procedimiento de asociaciones público privadas un servicio o una obra.
Queremos detener que se den obras o se concesionen servicios a amigos, familiares, cómplices o prestanombres. Lo queremos hacer mediante la declaratoria de imposibilidad de realización, concebida esta como la manifestación del Estado de que no cuenta con los recursos financieros, técnicos o de otra índole que justifiquen la procedencia de la solicitud del proyecto.
Asimismo, ponemos a su consideración que los proyectos de asociación público privadas sean viables cuando así lo determine la dependencia o entidad interesada mediante dictamen y la declaratoria de imposibilidad de realización. Este procedimiento ya se aplica a nivel estatal y municipal. En el nivel estatal se denomina declaratoria de necesidad para la prestación de servicio.
En materia legislativa el artículo 184 de la Ley Orgánica Municipal para el estado de Guanajuato, señala que el otorgamiento de las concesiones municipales se sujetará al acuerdo del ayuntamiento sobre la imposibilidad de prestar por sí mismo el servicio público o la conveniencia de que lo preste un tercero.
En el marco municipal este mecanismo se llama declaratoria de imposibilidad para la prestación de servicio. Con esta reforma pretendemos fortalecer el marco jurídico en materia de anticorrupción que permita el cumplimiento del artículo 134 constitucional en lo relativo a la administración de los recursos públicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
En el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social nos pronunciamos porque la corrupción deje de ser el flagelo de la nación, y que los corruptos sean quienes sean, paguen por sus actos. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Procedemos al capítulo de declaratoria de publicidad. Continúe la Secretaría con ese tema.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules, los siguientes dictámenes:
1. De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
2. De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
3. De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral cuatro al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
Se ha acordado que sea sólo una la interviniente en el tema, y de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara, le damos el uso de la voz a la proponente del mismo tema, la diputada Melissa Torres Sandoval, del Partido Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
La diputada Melissa Torres Sandoval: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en el mes de enero del año 2016, fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación dos decretos que reformaron de manera significativa el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En ellos se ordenó el cambio de la denominación del Distrito Federal por el de Ciudad de México, y la desindexación del salario mínimo como unidad de medida.
Con esa reforma constitucional se desvinculó el salario mínimo del pago de multas, cuotas y contribuciones. En su momento, resultaron claros los efectos legales y económicos que se pretendían mediante el uso del salario mínimo como unidad de cuenta. Dichos efectos se expresan claramente en más de 140 ordenamientos legales de carácter federal, cuya modificación debía realizarse con base en la reforma constitucional citada.
En tales ordenamientos, aún se emplea el término salario mínimo para calcular el pago de sanciones y el cumplimiento de obligaciones de carácter administrativo con efecto patrimonial.
No obstante que han transcurrido más de dos años desde la promulgación de la reforma constitucional, aún no se han realizado de manera expresa las adecuaciones legales y reglamentarias.
En virtud de que la Ley General de Salud regula bienes y servicios fundamentales para el ejercicio del derecho a la protección de la salud, la presente iniciativa propone la adecuación de su contenido con apego a la reforma constitucional citada.
Para tales efectos, la iniciativa cuyo dictamen positivo ha tenido a bien emitir la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados, propone el cambio del término “salario mínimo”, por el de “unidad de medida y actualización”, en el texto de dicho ordenamiento jurídico. Con esta adecuación se evitarán imprecisiones jurídico-administrativas que podrían generar efectos negativos de carácter económico en el ámbito de la salud.
Por lo anterior, resulta necesario que se cumpla con el mandato, a fin de garantizar que los efectos de la reforma constitucional se concreten y proporcionen certeza jurídica. Para ello, es indispensable que el texto de la Ley General de Salud exprese claramente la desindexación del salario mínimo como Unidad de Medida y la actual denominación de la Ciudad de México.
La relevancia constitucional de ese ordenamiento jurídico exige que se garantice su actualización permanente de conformidad con los esfuerzos legislativos que realiza el Congreso de la Unión.
En Nueva Alianza ratificamos nuestro compromiso con el desarrollo de la legislación en salud como instrumento para incorporar aquellos elementos de justicia social que son fundamentales para la construcción efectiva de la ciudadanía y para el ejercicio del derecho a la protección de la salud. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidente, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Suficientemente discutido.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Se pide consecuentemente a la Secretaría, abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 114, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular.
(Votación)
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron a favor 340 votos, 0 abstenciones, 0 en contra. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Aprobado en lo general y en lo particular por 340 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos transitorios segundo; tercero, primer párrafo; cuarto, primer párrafo; quinto y se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de juicios orales mercantiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017.
Para tal efecto, tiene la palabra por la comisión para fundamentar el dictamen, el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, por cinco minutos.
El diputado Jorge Enrique Dávila Flores: Muy buenas tardes. Con su permiso, diputada presidente. Honorable asamblea, en representación de la Comisión de Economía, que me honro en Presidir, presento ante esta soberanía el dictamen de la Comisión de Economía a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos segundo; primer párrafo del artículo tercero; primer párrafo del artículo cuarto y quinto. Se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de juicios orales mercantiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017.
Si bien, como ustedes recordarán, en esta Cámara aprobamos, el pasado 15 de diciembre de 2017, un dictamen de esta comisión, que adicionaba un artículo sexto transitorio al referido decreto, para que este entrara en vigor seis meses después de los plazos previstos en los transitorios segundo, tercero, cuarto y quinto.
Sin embargo, por cuestiones de tiempo para cuando llegó al Senado de la República, aquella Cámara ya había concluido su periodo legislativo y tomando en cuenta que el primer segmento de juicios orales mercantiles ya entró en vigor el 26 de enero del presente año, es necesario adecuar el régimen transitorio del referido decreto.
El dictamen a la minuta tiene por objeto modificar los artículos transitorios al mencionado decreto, que incorporó la oralidad en materia mercantil dentro del Código de Comercio, a fin de ajustar su entrada en vigor a las circunstancias que enfrentan los tribunales locales y de esta manera encaminar la consolidación de la justicia mercantil, para que sea depurada y efectiva.
Para la ejecución exitosa de la justicia oral mercantil, por parte de los poderes judiciales estatales, se requiere en primer término de la adecuación de la infraestructura inmobiliaria, a la par es necesario capacitar a los diversos operadores que participan en el entramado judicial mercantil, porque resultaría incongruente contar con nuevas normas, instituciones y procedimientos, si los jueces, peritos, abogados, docentes, investigadores y estudiantes de derecho continúan pensando y actuando conforme a la justicia mercantil escrita.
Las anteriores preocupaciones fueron expuestas ante el entonces presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, ante su servidor como presidente de la Comisión de Economía, que es la dictaminadora, y ante otros diputados presidentes de otras comisiones, por el doctor Marcos Alejandro Celis Quintal, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, la Conatri.
Así también, estuvieron presentes diversos presidentes de tribunales locales, miembros de dicha asociación, quienes solicitaron una prórroga para la entrada en vigor de los nuevos lineamientos.
Como bien señalaron los representantes de la Conatri, sin la debida implementación de las reformas que incorporar a la oralidad a nuestro sistema jurídico, la carga de trabajo de los poderes judiciales locales hará que los juicios se alarguen, por lo tanto, no se lograrían los objetivos buscados en la impartición de justicia, vulnerando con esto los derechos humanos de los gobernados y obstaculizando, además, el objetivo de celeridad buscado con la incorporación de la oralidad en el Derecho positivo mexicano.
Ante los nuevos retos de la justicia local, derivados de la incorporación de la oralidad en nuestro sistema jurídico, y con el propósito de lograr su debida implementación, mucho les agradeceremos su voto a favor del dictamen presentado. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar posición por su grupo parlamentario diversos diputados, y por ello le damos el uso de la voz a la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos, para fijar la posición por su partido.
La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, como todos sabemos, la reforma para establecer los juicios orales en materia penal tuvo repercusiones en materia procesal civil, familiar, mercantil y laboral. Derivado de lo anterior, el 25 de enero del 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio en Materia de los Juicios Orales Mercantiles.
Dicho decreto establece las reglas procedimentales con las que se llevarán a cabo los juicios mercantiles orales. Desde la fijación del litis, las audiencias y pruebas, hasta la ejecución de las sentencias.
Ahora bien, en los artículos transitorios del referido decreto se establecieron disposiciones relativas a su implementación, señalando diversos plazos para su entrada en vigor, los cuales resultaron insuficientes para la correcta instrumentación de las reformas.
La modificación que estamos discutiendo tiene como finalidad ajustar los tiempos a las circunstancias a las que se enfrentan los tribunales y, de este modo, orientar la consolidación de la justicia mercantil.
En Nueva Alianza estamos comprometidos a crear normas jurídicas claras, que contribuyan a una efectiva impartición de justicia en el país. Ello no se puede conseguir si no entendemos y asumimos, al mismo tiempo, las enormes diferencias y rezagos que se presentan en esta materia a nivel local.
Comprendemos que la justicia local enfrenta enormes retos, como la especialización de los tribunales, la capacitación, la transparencia y la rendición de cuentas. El manejo creciente de las diversas cargas de trabajo y el ajuste de recursos económicos presupuestales, etcétera.
Es por eso que con este motivo consideramos pertinente ajustar los artículos transitorios del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de juicios orales mercantiles, a fin de adecuar los plazos y los términos relativos a la entrada en vigor de los diferentes juicios orales en la materia, y contribuir de este modo a que los Poderes Judiciales de las entidades federativas realicen los esfuerzos necesarios para su correcta implementación. Es todo. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. A continuación le damos el uso de la voz al diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Partido Movimiento Ciudadano, también hasta por cinco minutos, diputado.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, es verdad que el problema del país es la justicia o la falta, el acceso a que cualquier ciudadano pueda tener justicia en este país. Por eso el tema que hoy discutimos no es menor, es parte de lo que está viviendo el país, de seguir rezagando la modificación y los cambios que requiere nuestra nación y nuestras instituciones.
Es cierto, ninguna reforma puede ir si no hay recursos, y hoy hay que dejarlo con claridad. Se trata de recursos. Se trata de ponerle dinero a esta reforma parlamentaria, a esta reforma que implica que las instituciones tengan los recursos suficientes para enfrentarla, por eso, Movimiento Ciudadano la apoyará.
Pero desde hoy hacemos un llamado al legislativo y al Ejecutivo para que emprendan la búsqueda de los recursos necesarios, se tome el tiempo suficiente y no estemos en el 2019 y en el 2020 con los mismos problemas otra vez aplazando la entrada en vigor de algo tan importante como es la justicia mercantil en materia oral.
En ese sentido, desde el 2008 que hubo la reforma constitucional para que los juicios orales penales, se llevaran a cabo, se implementó y se empezaron a hacer las reformas para que poco a poco en otras materias como la civil y ahora también la mercantil.
Se implementaran los principios que distinguen la justicia oral, que es publicidad, inmediación, contradicción, continuidad. Principios que buscan que la justicia sea rápida y expedita, uno de los grandes problemas que enfrenta el país es que la justicia no solamente no tienen acceso la mayoría de los ciudadanos, sino que la justicia es solamente para aquellos que la pueden pagar y eso en un país implica una debilidad institucional enorme.
Por eso el hecho de que se pueda combatir la corrupción porque hoy los juicios, sobre todo en materia mercantil pueda haber este principio de publicidad, implica que cualquier ciudadano pueda tener acceso a observar cómo son estos juicios y que esa publicidad combata la opacidad que se traduce en corrupción.
Pero también el principio de inmediación es romper este esquema donde los jueces ni cuenta se dan en su mayoría de qué estaba pasando en sus juzgados y muchas veces los que llevan adelante esos juicios son los secretarios, son los actuarios y eso implica no nada más el rezago sino también la corrupción.
Hoy lo que se pretende con estos principios fundamentales, es que el juez esté al pendiente, que pueda tener en primera mano, ver lo que está ocurriendo, cómo se desahogan las pruebas y pueda emitir una resolución apegada estrictamente a derecho. Por eso el llamado es no sólo a aplazar la reforma, sino a buscar los recursos, como ya decíamos.
Recién estuvieron los representantes de la Conafid, los presidentes de los supremos tribunales de todo el país y hablaban que esta reforma, al igual que la reforma laboral y la reforma oral en materia familiar, ocupan algo así como entre 50 y 60 mil millones de pesos para que se lleven adelante.
El llamado es a la responsabilidad que necesitamos tener todos los legisladores para que la justicia ya no sea una esperanza ni siga siendo el gran problema del país, sino que aparejado con las reformas también busquemos que los recursos lleguen.
Porque esta reforma también necesita una capacitación debida de todos los operadores de la justicia como son los jueces, los litigantes, los estudiantes de derecho, los expertos, los peritos, al igual como también se requiere la infraestructura necesaria para llevarla adelante, la tecnología, la implementación, etcétera y no es solamente las reformas en las leyes, lo que implica también es el modelo de justicia que necesita cambiar.
Por eso, compañeras y compañeros diputados, a la par de llevar adelante este aplazamiento de esta reforma, lo que les invitamos es que cada uno desde nuestra trinchera y sobre todo también quienes están inmersos en las comisiones que tienen que ver con recursos, que busquemos cómo los recursos lleguen a esta reforma tan necesaria. Por decirlo con toda claridad, el problema en el país es la justicia.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. Antes de dar el turno al Partido Verde, pedimos a la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, por el Partido Encuentro Social, su participación.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. A nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social hago uso de esta tribuna para fijar el posicionamiento referente al dictamen de la Comisión de Economía a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de juicios orales mercantiles.
En junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que incorporó el sistema penal acusatorio en la Constitución Política. La aprobación de esta reforma tuvo como finalidad el mejorar el funcionamiento de las diferentes instituciones que integran el sistema de justicia penal en el país.
En consecuencia, se realizaron diversas modificaciones constitucionales para que las legislaciones en materia procesal civil, familiar, mercantil y laboral transitaran hacia la oralidad en sus procedimientos.
Una de las modificaciones tiene que ver precisamente con la reforma de diversas disposiciones del Código de Comercio en Materia de Juicios Orales Mercantiles. En este decreto se establecen las reglas procedimentales para la realización de los juicios orales mercantiles.
Sin embargo en el apartado de los artículos transitorios de este decreto, se señalaron diversos plazos para su entrada en vigor, los cuales resultaron insuficientes por la gran cantidad de instituciones que es necesario transformar y por las carencias de infraestructura mobiliaria, capacitación de los funcionarios y recursos económicos suficientes.
Por tanto existe una fundada preocupación de que los cambios establecidos en el decreto no se alcancen a concretar en los plazos señalados. En tal virtud se requiere la adecuación de la infraestructura de los tribunales locales y profesionalización de los diversos actores capaces de garantizar la eficacia en la impartición de justicia oral mercantil para así ganar la confianza de la sociedad.
Por lo anterior el Grupo Parlamentario de Encuentro Social votará a favor del presente dictamen, esperando que los encargados de impartir la justicia mercantil sean responsables con la ciudadanía y cumplan con su anhelo de justicia. Por lo anterior, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputada. A continuación cedemos el uso de la voz al diputado Cándido Ochoa Rojas, del Partido Verde Ecologista de México, también para que posicione a su partido, hasta por cinco minutos.
El diputado Cándido Ochoa Rojas: Gracias. Con el permiso de los presentes. Compañeras y compañeros, como se habrán dado cuenta en esta Legislatura hemos sido testigos de cambios importantes en el tema legal. Empezó ya al 100 por ciento el funcionamiento de los juicios orales penales.
Hicimos aquí la reforma a la materia laboral que ahora la va a impartir el Poder Judicial. Y ahorita nos estamos ocupando del tema mercantil, los juicios orales mercantiles en forma oral.
He escuchado a mis compañeros que aducen que implica el aplazamiento de la entrada en vigor de este rubro a temas de infraestructura, y es verdad. Pero también considero que es importante que tengamos en consideración que trae consigo un cambio de cultura tanto de los ciudadanos como de los implementadores del nuevo esquema de juicios orales.
Los juicios orales nos traerán transparencia y rapidez, pero también tenemos que tener la madurez para hacerle frente a las consecuencias de la celeridad con la que se resolverán los mismos.
El aplazamiento se refiere a dos rubros: uno, a cuándo son apelables y cuándo no serán apelables los juicios mercantiles. Y otro, ¿cuándo conocerán los tribunales, dependiendo de la cuantía, estarían entrando en vigor en el 2019 y en el 2020 se irá ampliando? Para entonces, sin lugar a duda que tendremos ya una madurez cultural los mexicanos, y también los implementadores, entendamos por esto a los jueces.
Por ello, el Partido Verde Ecologista de México está de acuerdo en apoyar este dictamen, porque necesitamos, nosotros los legisladores facilitarle el hacer a los jueces, para que finalmente los ciudadanos tengan una justicia pronta, transparente y lo más cercano a la realidad de lo que ocurre en su entorno.
Me da mucho gusto participar en esta reforma, como lo hemos hecho, lo he señalado en el tema penal, en el tema laboral. Por lo tanto, felicito a todos mis compañeros por haber participado en estas reformas importantes. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias a usted, diputado. Llamamos al compañero diputado Juan Romero Tenorio, de Morena, para posicionar a su partido.
El diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Mesa Directiva. Diputadas, diputados, en lo personal presento algunas reservas. La posición de mi grupo parlamentario, entendemos la preocupación del diputado Jorge Enrique Dávila, no hay capacidad para instrumentar los juicios orales. El asunto es que no estamos acostumbrados a exigir rendición de cuentas. Juicios orales está legislado en el Código de Comercio desde el 27 de enero de 2011, 27 de enero de 2011 se establecen los juicios orales como un medio para resolver los problemas en la materia.
Han pasado siete años y ni el Poder Judicial federal ni los Poderes Judiciales de las entidades se han aplicado para implementar los mecanismos que garanticen la viabilidad de juicios orales. Siete años.
En diciembre del año pasado aprobamos una reforma en la cual se modifican algunos procedimientos y disposiciones de juicios orales. En esa reforma se establece un proceso por etapas para darle viabilidad a los juicios orales. Los transitorios de la reforma publicada en el Diario Oficial el 25 de enero de 2017 establecen un año para la implementación de los juicios orales, y aún más, gradualmente se establecen tres etapas para atender estos juicios en función de la cuantía.
La primera cuantía está cerca de los 650 mil pesos, primer año. Segundo año se eleva la cuantía a un millón y medio de pesos para atender este tipo de jucios, y tercer año, que sería 2020, se deja ya libre los juicios orales para cualquier cuantía en la materia.
No obstante de que se establece un año para ejercer las prácticas administrativas o procedimentales que garantizaran estos juicios, como lo señala el diputado Jorge Enrique Dávila, los tribunales superiores de los estados plantean una problemática en su ejecución. Lo entendemos, el problema es que la iniciativa que presenta el mismo diputado presidente de la Comisión de Economía señalaba una prórroga de seis meses para la implementación de estos juicios en los estados.
El Senado hace mal la tarea y la hace pésima, modifica todo el sistema para aplicar juicios orales y establece tres fechas diferenciadas. Tenemos un problema de aplicación de esta reforma que estamos por aprobar, porque entiendo que la mayoría lo va a aprobar, de su operación.
La reforma del año pasado ya entró en vigor el 21 de enero de este año, a partir del 26 de enero los tribunales han recibido juicios que entran en el supuesto de la cuantía menor a un millón de pesos. Con la reforma que proponemos queremos regresar la cuantía menor, que es de 650 mil pesos y establecemos una gradualidad que es confusa.
La propuesta que viene del Senado, párrafo segundo, tercero y cuarto, son confusos con lo que dispone el párrafo Tercero, Cuarto y Quinto transitorio, establecen fechas diferenciadas y montos diferenciados para los mismos asuntos. Esa parte fina de estas observaciones las haremos cuando presentemos nuestras reservas.
Es un problema de aplicación de la ley, que no solo es responsabilidad de esta Cámara, es responsabilidad de los poderes judiciales. Siete años que en la ley se estableció juicio oral como un medio de garantía para los gobernados, no es posible aplicarla aún. No es cuestión de recursos, es cuestión de responsabilidad de los operadores de la ley.
En esta parte los tribunales federales y locales han sido omisos en cumplir con lo que aprobó esta Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en 2011. Ahora, de nueva cuenta, se pretende una nueva prórroga. Nueve años vamos a requerir para aplicar juicios orales en nuestro país. Esto es absurdo. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Gracias, diputado. A continuación, llamamos al diputado Erick Arturo Figueroa Ovando, del Partido de la Revolución Democrática, para que establezca el posicionamiento por su partido.
El diputado Erick Arturo Figueroa Ovando: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy nos ocupa reviste una importancia especial para esta Cámara de Diputados, en virtud de que durante los últimos años que hemos transitado por un sinuoso y accidentado proceso de reformas que ha buscado mejorar el estado de la justicia cotidiana en nuestro país y convertir así el sistema de justicia penal en uno realmente expedito, certero, asequible y no discriminatorio.
No es ningún secreto que uno de los mayores lastres que sigue arrastrando México tiene que ver justamente con el elevadísimo nivel de impunidad que prevalece en las relaciones sociales que impide al Estado cumplir con su obligación fundamental de otorgar una justicia cercana a las personas que promuevan y facilite la convivencia armónica y la paz social.
Como es sabido, las reformas constitucionales de 2008, que incorporaron el sistema acusatorio adversarial penal, abrieron el camino para la introducción de los juicios orales.
En el mismo orden de ideas, el 25 de enero de 2017 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de juicios orales mercantiles.
Mediante estas reformas a la legislación en la materia mercantil se ha venido transitando hacia la justicia oral en este ámbito, buscando incentivar el cumplimiento de obligaciones en las transacciones mercantiles mediante procedimientos mucho más eficientes, eficaces y expeditos para solucionar de manera eficaz las controversias derivadas de dichas relaciones mercantiles.
Así, los artículos transitorios del decreto mencionado establecieron en su momento las reglas procedimentales para la implementación de los juicios orales en materia mercantil.
No obstante, la realidad ha demostrado que los plazos que se consideraron para la adecuada implementación de la ambiciosa reforma, han resultado estrechos y se han presentado diversas dificultades y contratiempos que podrían impedir que los cambios propuestos se alcancen a concretar en los plazos señalados.
En este orden de ideas, la reforma que hoy nos ocupa busca justamente modificar los artículos transitorios del decreto referido, con el fin de otorgar tiempo suficiente para la instrumentación de la reforma y disponer así de los recursos necesarios para llevarla a cabo, incluidos, entre otros, la adecuación de la infraestructura de los tribunales locales y la profesionalización de los impartidores de justicia oral mercantil.
Por lo anterior, las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD vamos a acompañar la aprobación del presente dictamen, pues consideramos que con los nuevos plazos y términos que se establecen en los artículos transitorios y de la reforma de 2017 se da mayor certeza y seguridad jurídica para la implementación de la reforma en materia de juicios orales mercantiles.
La propuesta de reformas considera esquemas temporales más acordes con las nuevas realidades y busca ajustarse de mejor manera a los tiempos y circunstancias específicas que enfrentan los tribunales en esta materia. Por su atención, muchas gracias.
La presidenta diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Es el turno para el diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Partido Acción Nacional.
El diputado Miguel Ángel Salim Alle: Buenas tardes, compañeras y compañeros, el día de hoy nos corresponde la discusión del dictamen que nos presenta la Comisión de Economía, a efecto de realizar las pertinencias y ajustes al proceso de implementación y transición a la oralidad en materia procesal-mercantil en nuestro país.
En la medida en la que el foro mexicano y la academia profundizan y avanzan a la maduración del paradigma de la oralidad en nuestro país en las diversas materias en las que se complementa la sociedad, la igualdad, en la que se valora y se justiprecia la importancia del nuevo sistema procesal, sin duda dicho sistema exige de todos los operadores, abogados, jueces y peritos para desarrollar capacidades y conocimientos para incrementar la calidad de la justicia y los niveles de satisfacción social, orden y armonía que conlleva dicho modelo.
Sin embargo, como también se ha observado, el proceso de implementación del nuevo sistema de oralidad requiere de procesos de evaluación, calibración y ajuste.
Para su correcta aplicación el sistema requiere de incrementar recursos en materia de capacitación, entrenamiento, equipamiento y procesos logísticos que deben ser oportunos y satisfechos.
La materia mercantil deberá y podrá beneficiarse de la oralidad plena. Los particulares seguramente se beneficiaran de procesos transparentes, expeditos y horizontales para el desahogo de las contiendas litigiosas del nuevo sistema.
Todo lo anterior se visualiza en el dictamen que hemos votado en favor en la Comisión de Economía y que reiteramos en el pleno. El dictamen es consecuente con la realidad de nuestros órganos jurisdiccionales y, en todo caso, el Poder Legislativo federal está llamado a dar seguimiento puntual a los resultados de esta modificación y las subsecuentes acciones que deriven de ella.
Por ello, el Partido Acción Nacional votará a favor del dictamen y los invita a proceder de la misma manera. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor, del Partido Revolucionario Institucional, para fijar la posición de su grupo parlamentario.
El diputado Alejandro Juraidini Villaseñor: Con su venia, diputado presidente. Estimados compañeras y compañeros diputados, como ya se ha expresado en otras ocasiones, gran parte de la actividad judicial de los tribunales del país se concentra en resolver cantidades y contiendas de carácter mercantil.
Lo anterior se explica por el tamaño de la actividad económica que caracteriza nuestros mercados y que, dicho sea de paso, demanda procedimientos rápidos de bajo costo que den certidumbre jurídica y que eleven la competitividad del país.
El dictamen que hoy se presenta a consideración de este pleno tiene la finalidad de que el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de juicios orales mercantiles, que fue promulgado en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2017, amplíe su entrada en vigencia.
Con esta reforma se brinda mayor tiempo a los Poderes Judiciales para la adopción del sistema oral en materia mercantil, y que puedan sortear las exigencias propias de los tiempos actuales, mejorando así el sistema de impartición de justicia mercantil y cumplir con los objetivos de la misma.
Toda vez que la realidad que ha encontrado el Poder Judicial para la implementación de los juicios orales mercantiles son de carencias e insuficiencias. Las enormes presiones financieras, la capacitación y la formación judicial impiden incentivar el cumplimiento de la reforma mercantil que introdujo la oralidad en nuestro país.
De esta manera se permitiría que el Poder Judicial resolviera en desarrollo pleno de su capacidad económica, sus múltiples limitaciones que le impiden tener un desarrollo pleno en la impartición de justicia oral mercantil.
Con esta reforma se hacen más eficientes los procedimientos judiciales mercantiles, así mismo se le da sentido a esta norma desactualizada, permitiendo que los mexicanos puedan tener acceso a los juicios orales en plenitud, de manera que se garantizaría al pueblo mexicano y específicamente a quienes se imparte la justicia oral, nuestro compromiso de encaminarnos a una consolidación de la justicia oral mercantil consistente en reducir dificultades y contratiempos de su implementación y hacerlos protagonistas del fortalecimiento de la justicia oral mercantil, que es un pilar fundamental para el crecimiento del sistema de impartición de justicia en materia económica.
Por lo anterior, los invito a votar a favor de esta reforma. Muchas gracias. Con su venia, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Agotada la lista de oradores. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular, los siguientes artículos. Segundo transitorio, suprimir, tercer transitorio, cuarto transitorio, quinto transitorio, suprimir. A cargo del diputado Juan Romero Tenorio, de Morena.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Compañeros diputados, ¿hay alguien que falte de votar?
La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (desde la curul): A favor.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron a favor 337 –con el de la diputada–, abstención 3, en contra 1.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado en lo general y en lo particular y los artículos no reservados por 337 votos.
El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputaos, tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Juan Romero Tenorio, de Morena, para presentar su propuesta de reserva.
El diputado Juan Romero Tenorio: Gracias, presidente. Diputadas, diputados. La reserva pretende quitar la confusión que presentan las reformas a los artículos segundo, tercero, cuarto y quinto transitorios de la minuta que remite el Senado.
¿Por qué hay confusión? Hay confusión porque en el artículo segundo transitorio el Senado adicionó tres párrafos, párrafos que crean confusión con los siguientes transitorios. Parto del ejemplo más visible. Ojalá quien tenga la minuta o el dictamen pudiera seguir la lectura porque eso daría claridad a lo que presentamos.
El artículo segundo del dictamen que se aprobó ya en lo general, establece que a partir del 26 de enero de 2020, las contiendas cuyos montos sea igual o superior a la cantidad que establece el artículo 1339, esto es 633 mil pesos, hasta 4 millones de pesos.
A partir del 26 de enero los tribunales van a conocer juicios mercantiles entre 630 mil a 4 millones de pesos, es lo que establece el segundo párrafo del artículo segundo transitorio.
El artículo quinto transitorio que también modifica el Senado, establece que a partir del 26 de enero de 2020, o sea, en la misma fecha que decimos que conoce de juicios entre 630 a 4 millones de pesos, a partir del 26 de enero de 2020 en los juicios mercantiles previstos en el artículo 1390 Bis (juicios orales) se tramitarán todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía.
El segundo transitorio establece una cuantía, 630 a 4 millones. Y el quinto transitorio dice que cualquier cuantía. Hay confusión en las cuantías que determina tanto el segundo como el quinto transitorio.
Estamos proponiendo eliminar el tercer párrafo del artículo segundo transitorio para que prevalezca únicamente el quinto. Citamos la confusión.
Otra confusión, párrafo segundo del mismo artículo segundo: a partir del 26 de enero de 2019 se conocerán juicios cuya cuantía sea superior a 630 hasta 1 millón de pesos. Es lo que dice el párrafo segundo del artículo segundo.
Artículo cuarto: a partir del 26 de enero de 2019, la misma fecha, en los juicios orales mercantiles previstos en el artículo 1390 Bis, juicios orales, se tramitarán todas las contiendas mercantiles cuyo monto sea hasta 1 millón de pesos.
En el segundo transitorio señalamos de 630 a 1 millón, y en el cuarto señalamos hasta 1 millón, puede ser de cinco pesos a 1 millón de pesos, genera confusión, estos dos párrafos del segundo transitorio.
Estamos proponiendo en nuestra reserva, en el artículo 2o., eliminar el párrafo segundo, tercero y cuarto para dejar solamente la subsistencia del transitorio tercero, cuarto y quinto y quitar esta confusión.
Es una propuesta de reserva que no modifica el objeto de prorrogar la aplicación de juicios mercantiles y clarifica qué tipos de juicios se pueden conocer tanto en tribunales federales como locales.
Se garantiza el espacio que se pide para la implementación de estos juicios, pero se genera claridad en la aplicación de los transitorios. Quizá no pase esta reserva, pero estoy cierto que pronto tendremos de vuelta estos transitorios para hacer los ajustes pertinentes, que estoy seguro que los tribunales federales y locales nos van a señalar que hay una confusión entre lo que se presentó al Senado por parte de esta Cámara, y lo que la Cámara remite.
Estamos confundiendo los montos con los cuales en 2019 y 2020 conocerán los tribunales en juicios orales en materia mercantil. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Se desecha. Se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos de dictamen.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consecuentemente consulte la Secretaría a la asamblea la votación de los artículos no reservados.
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos segundo, tercero, cuarto y quinto, transitorios en términos del dictamen.
(Votación)
La secretaria diputada Verónica Bermúdez Torres: Diputados, ¿falta alguien de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron a favor 275, abstención 2, en contra 57.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobados los artículos reservados, en términos del dictamen, por 275 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto por el que se reforman los artículos transitorios segundo, tercero primer párrafo, cuarto primer párrafo, quinto, y se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo segundo transitorio, del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de juicios orales mercantiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Edgar Romo García: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Jorge Enrique Dávila Flores: Muy buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, presento ante esta soberanía el dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Este dictamen fue aprobado por unanimidad en el seno de la Comisión de Economía.
Esta iniciativa fue sometida a consideración de esta soberanía por el presidente de la República, y deriva de la facultad otorgada por el Constituyente Permanente al Congreso de la Unión mediante la reforma al artículo 25 y adiciones al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mejora regulatoria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017, la cual todos nosotros votamos a favor.
La reforma constitucional de referencia estableció la obligación del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de emitir una Ley General de Mejora Regulatoria, que considerara al menos los siguientes aspectos: un catálogo nacional de regulaciones, trámites y servicios federales, locales y municipales, con el objetivo de generar seguridad jurídica a los particulares, principalmente a los ciudadanos y a las empresas; la inscripción obligatoria en dicho catálogo para todas las autoridades, en los términos en que la misma disponga; la obligación para las autoridades de facilitar los trámites y la obtención de servicios, mediante el uso de las tecnologías de la información.
Podemos señalar como sus antecedentes que entre 2015 y 2016 se conformaron grupos de trabajo denominados diálogos por la justicia cotidiana, con la finalidad de construir soluciones para los problemas más relevantes que afectan a los particulares.
En julio de 2017, en un ejercicio sin precedentes a nivel nacional, se presentaron los resultados de la encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental de empresas 2016, que permite la toma de decisiones de política pública destinadas a mejorar la calidad en las regulaciones municipales, estatales y federales.
Derivado de este trabajo, el Ejecutivo federal generó el proyecto de Ley General, lo anterior fortaleciendo el compromiso del Estado mexicano por una política pública en materia de mejora regulatoria. Una vez recibida la iniciativa de la Ley General de Mejora Regulatoria en la Comisión de Economía, nos dimos a la tarea de solicitar la opinión sobre la misma a los representantes del sector empresarial, académico y gubernamental, como un ejercicio de apertura, diálogo y retroalimentación, con miras a su dictamen.
En ese sentido, fueron consultados el Consejo Coordinador Empresarial, la Concanaco Servytur, la Concamin, la Coparmex, Canacintra, ANTAD, la Asociación Mexicana de Bancos, recibiendo del sector empresarial el apoyo a la iniciativa en sus términos.
Otro ejercicio de la Comisión de Economía, en aras de enriquecer el trabajo de dictamen, se llevó el 14 de febrero de 2018, en esta sede legislativa realizamos el foro “La necesidad de una Ley de Mejora Regulatoria”, con más de 300 asistentes y la participación de especialistas, académicos, funcionarios públicos, líderes de organismos empresariales y legisladores, quienes coincidieron en la urgencia de generar un ordenamiento en esta materia, con ello se logró el consenso sobre los términos en que el Ejecutivo federal planteó la iniciativa.
Compañeras diputadas y diputados, en la actualidad las barreras regulatorias se traducen en impedimentos para la realización de las metas y objetivos de desarrollo de nuestro país.
En esta perspectiva, la mejora regulatoria tiene como objetivos claros el propiciar la creación de espacios de desarrollo y competencia económica en el que se supriman las excesivas cargas regulatorias, garantizar la creación de reglas claras, contribuir al perfeccionamiento integral y permanente del marco jurídico y regulatorio a nivel federal, estatal y municipal, y que se brinde certeza jurídica a todos los ciudadanos y sectores de desarrollo para la realización en libertad de su potencial productivo.
Tenemos la certeza de que la Ley General de Mejora Regulatoria significará un parteaguas en pro del dinamismo y la competitividad del país, al facilitar, reunir y simplificar en un Catálogo Único Regulatorio para los tres niveles y órdenes de gobierno, en beneficio de todos los mexicanos.
Por último, se presenta también ante esta soberanía una adenda que modifica el dictamen original, con el objetivo de que los sujetos obligados de la ley en los trámites y servicios no puedan fijar requisitos abiertos adicionales ni podrán requerir a los ciudadanos documentación que ya tengan en su poder.
Mucho les agradeceremos su voto a favor del dictamen y la adenda presentados. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Jorge Enrique Dávila, a nombre de la Comisión.
La secretaria diputada Sofía del Sagrario de León Maza: En votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas a nombre de la Comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea.
El presidente diputado Edgar Romo García: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados se han registrado para fijar la posición, hasta por cinco minutos, los siguientes grupos parlamentarios: Partido Encuentro Social, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, Morena, PRD, PAN y PRI. Está a discusión en lo general.
Tiene el uso de la tribuna la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos, para fijar su posición.
La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social hago uso de esta tribuna para fijar el posicionamiento al dictamen de la Comisión de Economía por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria, mismo que votaremos a favor por las razones que enseguida enumeraré.
Como sabemos, uno de los principales obstáculos para que los mexicanos puedan emprender negocios tiene que ver con la gran cantidad de trámites que se deben de realizar.
Ante ello, esta reforma propone centrar la política de mejora regulatoria en la simplificación administrativa y reducción de trámites.
Uno de los efectos inmediatos que atraerá la presente reforma es la reducción de espacios a la corrupción, considerando que el estado actual de las cosas sirve de incubadora para estas malas prácticas.
De conservar el statu quo se seguirá frenando a los emprendedores y esto en razón de que, como tal, lo indica el índice de competitividad global del año 2017-2018, realizado por el Foro Económico Mundial, que viene siendo la ineficiencia en la burocracia gubernamental y se mantiene como en tercer lugar de factor más problemático para hacer negocios en México, solo por debajo de la corrupción y del crimen.
Así como también lo advierten los datos de la Coparmex –perdón–, el 52.6 por ciento de las empresas incurre en gastos económicos directos para cumplir con el marco regulatorio actual. De estas, el 95 por ciento son microempresas que gastan actualmente alrededor de 22 mil pesos.
Los retos regulatorios a los que nos enfrentamos actualmente no tienen precedentes, en gran medida debido al desarrollo que han tenido las tecnologías de la información. Las nuevas formas de proveer servicio son ejemplos de cómo la función regulatoria del Estado es de la mayor relevancia para promover un ambiente propicio para la innovación, protegiendo aspectos como la seguridad, la salud y la inclusión.
Una regulación inteligente es aquella que permita crear un Estado de derecho, de derecho pleno, donde se incentiva la iniciativa y se promueve la competencia, tal como ocurre con el presente dictamen. Lo que remitirá a crear condiciones para que las empresas que emerjan bajo la ley puedan rápidamente volverse competitivas y crear mercados más competidos.
Por lo anterior, el Partido Encuentro Social votará a favor el presente dictamen. Por su atención, muchísimas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna el diputado Luis Manuel Hernández León, del Partido de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos para fijar posición.
El diputado Luis Manuel Hernández León: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, todos sabemos lo complejo que resulta hacer trámites en este país, desde el municipio hasta los estados y en la federación. Por este motivo el 5 de febrero de 2017 fue publicado el decreto por el que se adiciona el último párrafo al artículo 25 y al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mejora regulatoria.
Mediante dicha reforma se faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General de Mejora Regulatoria en donde se asienten los principios y las bases para el establecimiento e implementación de una política pública de Estado en este rubro, basándose en el respeto a los principios de legalidad, reserva de ley y jerarquía normativa. El día de hoy damos cumplimiento al mandato constitucional
De acuerdo con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Cofemer, en México existen aproximadamente 150 mil regulaciones vigentes y más de 130 mil trámites, aunado a una evidente falta de coordinación entre los distintos Poderes y órganos de gobierno.
Todo ello conduce en primera instancia a que se genere incertidumbre jurídica y confusión, dada la desigualdad en cuanto a los avances para implementar mejoras regulatorias entre las entidades federativas y los municipios. Por otro lado, se abren espacios para la corrupción ante la falta de normas claras, trámites y servicios simplificados e instituciones más eficaces.
Lo que se pretende con esta ley es precisamente otorgar seguridad jurídica. A las personas, establecer reglas claras. Contar con la sensibilidad tecnológica y robustecer a las instituciones con trámites simples y procedimientos transparentes y predecibles. La complejidad regulatoria de nuestro país nos aleja de la competitividad requerida para un crecimiento realmente sostenido.
Con la nueva ley se busca crear un sistema nacional de mejora regulatoria, cuyo objeto será coordinar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno a través de una estrategia nacional, normas, principios, objetivos, planes, directrices, órganos, instancias y procedimientos y una política nacional para la materia.
De igual manera, se creará un catálogo nacional de regulaciones, trámites y servicios que será la herramienta tecnológica que compilará las regulaciones con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las personas –insisto–, fortalecer la transparencia y facilitar su cumplimiento y asimismo fomentar el uso de las tecnologías de la información.
En este marco normativo, también se pretende homologar la implementación de la política de mejora regulatoria en todo el territorio nacional, y de este modo abatir la brecha que existe actualmente entre distintas dependencias y distintos niveles de gobierno e instituciones.
Incentiva la participación de la ciudadanía al fortalecer mecanismos de consulta pública y de igual manera al intentar y simplificar los trámites se contribuye al crecimiento económico y se cierran los espacios para la corrupción.
Las y los diputados de Nueva Alianza estamos comprometidos en generar condiciones favorables para el crecimiento de México. Contar con un sistema nacional que establezca la complejidad regulatoria que existe actualmente, es un gran paso para lograrlo. Por la atención prestada, muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeros diputados, diputadas. La regulación parte del principio de corregir abusos y de evitar actividades que conlleven a combatir acciones que afecten los derechos de los terceros o provoquen efectos negativos al entorno comercial, industrial, medioambiental para las personas y obviamente para la comunidad.
En nuestro país existe una plataforma de sobrerregulaciones, la cual se traduce en falta de coordinación entre los distintos poderes y vacíos legales entre las entidades federativas tanto en el ámbito de la administración pública, así como su relación propiamente con la iniciativa privada. La creación de esta ley es de suma importancia, ya que obliga a los ayuntamientos a realizar acciones sobre la materia.
Movimiento Ciudadano se asume a favor de las propuestas que contribuyan a facilitar la gestión pública, en particular lo relacionado a normar con transparencia las pesadas reglas de operación de los programas federales que hasta ahora sólo han significado un manejo parcial y a conveniencia, muchas veces, de los funcionarios públicos.
Un catálogo nacional de regulaciones, trámites y servicios federales como el que se propone, no es un tema menor.
Por la importancia del impacto en los mercados y en la productividad local, Movimiento Ciudadano impulsará estos cambios porque el ejercicio anual del Presupuesto observa cada año como uno de los primeros cuellos de botella, la famosa publicación de las reglas de operación de cada programa. Ahí inicia el tema de mejora regulatoria.
El retraso de esta publicación siempre es justificado por el tiempo que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la Cofemer tarda en dictaminar las reglas de operación que serán aplicadas para aprobar los diferentes proyectos que se presentan.
En realidad esto funciona como un espacio burocrático que necesitaba ser regulado a cabalidad, y sobre todo con mucha rapidez. Sin embargo la potestad regulatoria de los tres órdenes de gobierno en nuestro país también conlleva la posibilidad de generar una sobrerregulación que en lugar de incentivar provoquen freno al desarrollo económico y social, y que en los hechos, termine fomentando oligopolios y la propia corrupción.
Por ello vemos con buenos ojos el presente dictamen que propone crear un sistema nacional de mejora regulatoria, que evite duplicidad de requisitos, de trámites, que tampoco son pocos, o en la propia Comisión Federal de Mejora Regulatoria ha contabilizado, como ya se dio aquí, más de 150 mil regulaciones vigentes en todo el país.
Compañeras y compañeros, para Movimiento Ciudadano ni ausencia ni exceso de regulación. Por ello encontramos en este dictamen, por el cual se expide la Ley General de Mejora Regulatoria, una propuesta que busca armonizar y depurar la regulación entre los tres órdenes de gobierno.
Y también que sea la oportunidad de sentar las bases para fomentar y desarrollar nuestra economía mediante estrategias de mejoras regulatorias, garantizando a nuestros sectores productivos, empresa, industria, comercio, servicios, un Estado de derecho claro, específico que le dé cobertura, incentivos al desarrollo y a la competitividad, combate a la corrupción que es un tema fundamental, rendición de cuentas, elementos de fomento como es la propia gobernanza electrónica, la tecnología al servicio del Estado, competitividad y productividad, y sobre todo, generación de empleos que es lo que está pidiendo nuestro país.
Eso es lo que nosotros tenemos también como promoción de nuestra propia agenda legislativa, y nosotros aplaudimos que esta ley entre en vigor lo más rápido posible. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Tiene el uso de la tribuna la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, del Partido Verde Ecologista de México, para fijar posicionamiento, hasta por cinco minutos.
La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez: Con la venia de la Presidencia. La regulación es, de acuerdo con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la facultad que tiene el Estado de emitir reglas que normen las actividades económicas y sociales de los particulares.
A través de dichas reglas se pretende garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados, certeza jurídica para los agentes económicos respecto a los derechos de propiedad y evitar atenuar o eliminar daños eminentes a la salud o bienestar de la población y al medio ambiente.
En la actualidad, las regulaciones se han constituido en auténticas barreras para la realización de las metas nacionales en materia de democratización de la productividad y la competitividad, igualdad de oportunidades, sana competencia entre empresas y fomento económico.
Nuestro país enfrenta un serio problema de sobrerregulación, a la fecha se encuentran vigentes 150 mil regulaciones y cerca de 130 mil trámites entre los tres niveles de gobierno, cuyo cumplimiento genera un costo equivalente al 2.63 por ciento del producto interno bruto, es decir, 310 mil millones de pesos anuales aproximadamente.
Un ejemplo de lo anterior es el resultado obtenido en el reporte Doing Business del Banco Mundial correspondiente al año 2016, el cual mide la calidad y la eficiencia de los sistemas regulatorios y su impacto en la facilidad para hacer negocios.
Dicho reporte ubica a nuestro país en el lugar 47 de 190 naciones participantes. Asimismo, el julio de 2017 el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas, la cual señaló que 20 por ciento del total de las unidades económicas, manifestó que el marco regulatorio representa un obstáculo para el alcance de sus objetivos de negocio.
En promedio, cada unidad económica gasta alrededor de 48 mil 871 pesos por cargas administrativas. Por si esto fuera poco, la encuesta mostró también que a mayor número de trámites y regulaciones impuestas por el Estado, mayores son las facilidades para propiciar actos de corrupción.
El 64 por ciento de las unidades económicas consideró que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites, 39 por ciento señaló que los desembolsos irregulares que hacen las empresas tienen como propósito evitar multas o sanciones, y el 30 por ciento afirmó que estos se destinaron a la obtención de licencias o permisos.
En atención a dicha problemática y a la necesidad de adecuar los procesos de regulación administrativa, el Ejecutivo federal remitió a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dicha propuesta tiene como objetivo establecer los principios rectores en materia de mejora regulatoria a nivel nacional, identificar con claridad a los sujetos obligados, definir las competencias de la Federación, entidades federativas, municipios y alcaldías.
Propiciar la reducción de los costos de transacción, aplicar políticas de revisión normativa que conduzcan a la simplificación y homologación de trámites, y fomentar el uso de herramientas tecnológicas para el cumplimiento de estos y otros fines.
La iniciativa en comento propone la creación del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, además crea un Consejo Nacional que será el órgano rector de la política de mejora regulatoria, en el que podrán participar todos los actores involucrados. Fortalece a la Cofemer al expandir sus alcances a nivel nacional, obliga al gobierno federal a formular una estrategia nacional de largo plazo.
Establece los sistemas estatales de mejora regulatoria, incluye a otros sujetos obligados como los Poderes Legislativos, Judiciales y organismos autónomos en las entidades federativas.
Funda el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, instaura el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, así como un Registro Nacional de Visitas Domiciliarias, y finalmente, genera mecanismos de protesta ciudadana en los que, además, se podrán hacer denuncias por casos de corrupción.
Por las razones expuestas, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen, porque estamos de acuerdo en que nuestro país requiere hacer de la mejora regulatoria una política de Estado. Estamos convencidos que con la entrada en vigor de la nueva Ley de Mejora Regulatoria estaremos coadyuvando a impulsar el crecimiento de la productividad y competitividad de la economía nacional, para que ello se traduzca en un mayor crecimiento para nuestro país y, a su vez, se cierren los espacios para la corrupción que tanto ha obstaculizado el desarrollo. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias. Diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos para fijar el posicionamiento de su grupo.
El diputado Jesús Serrano Lora: Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Con el permiso de la Mesa Directiva. Que una economía nacional cuente con mayores y mejores leyes e instrumentos en mejora regulatoria, constituye sin duda un acierto.
En México, los múltiples, heterogéneos y hasta caprichosos trámites que debe cumplir una empresa para poder iniciar actividades, implican tiempos y costos excesivos, que en muchas ocasiones llevan a los emprendedores, principalmente de las micro, pequeñas y medianas empresas a abandonar su proyecto.
Si la mejora regulatoria que se propone corrige eficientemente muchas de las fallas que hasta ahora se tienen, estaremos hablando de un incremento en la productividad, de la toma de mejores decisiones de los consumidores y, en una disminución de la corrupción, la impunidad y la inoperancia del gobierno mexicano, que es la característica de Enrique Peña Nieto.
No obstante, consideramos que el dictamen presenta serios problemas desde la concepción de la iniciativa, impulsa un aparente mayor regulación, cuando lo que se observa es la intención de una nueva ola de desregulación, cuyo objeto es que los mercados funcionen libremente, concepción de desarrollo con la que no coincidimos en absoluto, por implicar la continuidad en el abandono de las políticas que buscan un desarrollo económico sostenido, equilibrado e integral, que persiguen contrarrestar las fuerzas del mercado, las cuales llevan a la hiperconcentración de la riqueza y el ingreso.
Por ello, el dictamen propone que las regulaciones no impongan barreras al comercio internacional, a la libre concurrencia y a la competencia económica, dejando de lado de manera sorprende el impulso al mercado interno y suponiendo, erróneamente aun cuando la evidencia lo contradice, que el comercio internacional es la única opción para el desarrollo de nuestra economía.
Si bien no proponemos un regreso al proteccionismo, no debemos olvidar que países como Estados Unidos, Inglaterra e Italia están perfilando su política al proteccionismo de su economía.
En el mismo sentido, el dictamen presenta por objeto garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos, sin delinear cuáles serán los criterios a aplicar y olvidando una vez más que el Estado debe garantizar el interés general y no sólo de un grupo favorecido por el mercado.
Como ejemplo de lo anterior, observamos que los invitados especiales del Consejo Nacional, representantes del sector empresarial, cuentan con una amplia participación a través de sus confederaciones, cámaras, asociaciones, colegios y barras.
En tanto, que para el sector social el dictamen solo considera la participación de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de consumidores. Es decir, que no concibe al sector social como un sector productivo viable.
Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena propone considerar a todas las formas de organización social que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, entre ellas, ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades y empresas que pertenezcan mayoritariamente o exclusivamente a los trabajadores. Asimismo, se verifica que el dictamen propone, en varios de sus artículos, modificar el orden de los sectores productivos que participarán en el desarrollo económico.
En el artículo 25 de la Constitución se señala al sector público, al sector social y al privado, en ese orden, sin menoscabo de otras formas la actividad económica, como los sectores que concurrirán al desarrollo de la nación.
De igual manera, es necesario señalar que el sector académico no es un sector productivo, en consecuencia Morena propone corregir en el dictamen el orden de los sectores productivos y eliminar al sector académico como uno productivo.
La participación ciudadana a través del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria supone un avance democrático, sin embargo el Consejo Nacional, el encargado del nombramiento de los cinco ciudadanos que conformarán la actividad de los integrantes es confusa, debido a que el dictamen dispone que no podrán tener empleos, salvo cargos o comisiones académicas o de investigación científica, al tiempo que señala que la participación de los integrantes será honoraria.
Adicionalmente, el dictamen deja como atribución de los integrantes del observatorio excusarse de seguir participando en el caso de que se presentara un conflicto de interés cuando se requieren garantías en esa instancia.
Desde nuestro punto de vista, el observatorio debería contar con más herramientas, más dientes para poder cumplir con un papel más crítico y más efectivo.
De manera inquietante se observa en el dictamen una marcada intervención de entidades de la administración pública que no se justifica, y que en cambio implicaría un retroceso en la vida democrática de nuestro país.
El dictamen propone que sea la Secretaría de Gobernación y no la de Economía, la responsable de administrar y de publicar la información en el Registro Nacional de Regulaciones.
Empero, ese criterio resulta extremadamente parcial si recordamos que al mismo tiempo la libertad de las fuerzas del mercado es el objetivo mayor, y que estas no sean parciales.
Por lo anterior, y a pesar de muchas inconsistencias, el Grupo Parlamentario de Morena votará el dictamen a discusión a favor, debido a que si bien es necesario dar coherencia y homogeneidad al conjunto de medidas y disposiciones que requiere el desarrollo económico, el dictamen a discusión no conforma una regulación que garantice el desarrollo integral y equilibrado que dice buscar. Es cuanto.
El presidente diputado Edgar Romo García: Continúa con el uso de la tribuna el diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
El diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla: Compañeras y compañeros legisladores, hoy discutíamos un tema de gran trascendencia para la construcción del andamiaje institucional y jurídico en el ámbito de la mejora regulatoria, cuyo contenido dispone un conjunto de reglas y principios al que habrá que someter los tres niveles de gobierno, al tiempo de crear las instancias que velarán por su cumplimiento.
La iniciativa propuesta por el Ejecutivo fue discutida en la Comisión de Economía y contiene aspectos relevantes, como la configuración de todo un sistema nacional para la mejora regulatoria, que incluye los distintos órdenes de gobierno.
Es destacable la expedición de la Ley General para la Mejora Regulatoria, la creación del Consejo Nacional de la Mejora Regulatoria, así como la Comisión Nacional de la Mejora Regulatoria.
Todos estos órganos confeccionados, cabe enfatizar, no tienen precedente pero en adelante habrán de enfrentar los retos regulatorios que impone el veloz desarrollo con el que avanza la tecnología. Particularmente los referidos a los medios electrónicos e informáticos, que han transformado los modelos de negocios, de prestación de servicios, medios de pago, etcétera.
Las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD estamos convencidos de la impostergable necesidad de modernizar las reglas y principios en temas y aspectos novedosos, resultantes del avance en diversas áreas al hoy asiste la sociedad, tales como: la discusiones relacionadas con el uso neutral de la red, común en materia de telecomunicaciones, la regulación de empresas Fintech –empresas que ofrecen productos y servicios financieros, haciendo uso de tecnologías de la información–, o las nuevas formas de proveer servicios de transporte y hospedaje a través de plataformas como Uber o Airén.
Todas estas son ejemplo de cómo la función reguladora de los estados será de la mayor relevancia para promover un ambiente regulatorio, propicio para la innovación, protegiendo aspectos como seguridad, salud e inclusión.
No obstante y a pesar de los importantes retos regulatorios antes referidos, la iniciativa en comento centra el núcleo de la política de mejora regulatoria en la simplificación administrativa y reducción de trámites.
Muestra de ello es que la única obligación que es aplicable de todos los sujetos obligados por la ley es la relacionada con el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, dejando de lado aspectos tan relevantes como la ley general, una agenda regulatoria, realizar una evaluación del impacto regulatorio, diseñar un programa de mejora regulatoria, entre otros.
Si bien el Grupo Parlamentario del PRD comparte en gran medida el contenido de la Ley de Mejora Regulatoria y acompañará elementos favorables del presente dictamen, existen elementos para señalar lo limitado del planteamiento. Lo acotado de su alcance da pie a que se esfume la oportunidad de erigirse esta ley como un control externo o referente para mejorar la calidad de la regulación que emiten estas autoridades, así como contar con herramientas para monitorear el seguimiento y evaluación de los resultados de su función.
Por tal motivo, el PRD pugnará en lo sucesivo se retome la política de regulatoria en una ruta amplia e integral, toda vez que hasta ahora su evolución ha sido de forma fragmentada y a diferentes velocidades a nuestro país, lo que ha inhibido su ineficacia. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Partido Acción Nacional, para fijar posición hasta por cinco minutos.
El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar: Buenas tardes, señor presidente. Compañeros diputados. A los amigos que nos ven por el Canal del Congreso. Buenas tardes. Señoras y señores. En la política de mejora regulatoria, ya tiene muchos años en nuestro país, desde finales de 1989 ante la creciente y descontrolada ola de normas administrativas de tercer y cuarto orden se instrumentó el primer programa de regulación económica y se creó la Unidad de Desregulación Económica.
Pero no fue hasta el año 2000 cuando la mejora regulatoria como una política tuve un auge y un compromiso real de la parte del gobierno federal para promover la transparencia y la rendición de cuentas y la elaboración y aplicación de las regulaciones y verificar, en la medida de lo posible, que dichas regulaciones generaban más beneficios que el costo que tenían.
Hoy tenemos en nuestras manos la importante tarea de revisar y, en su caso, aprobar, el presente dictamen que da no solo un paso adelante, sino un salto importantísimo hacia la efectiva y eficiente política de desregulación del aparato administrativo del Estado.
El control desmedido dispar, costoso y excesivo en muchos casos del aparato estatal ha hecho que la actividad productiva se vea limitada, por no decir acosada por la sobrerregulación de cada uno de los entes encargados de normar y aplicar dichas normas a los sectores productivos de este país.
Es un hecho conocido por todos, que nuestra economía se ha estancado. En este sexenio México ha crecido escasamente a un 2 por ciento en promedio anual. El gobierno federal no ha tenido la capacidad para llevar nuestra economía a mejores escenarios y el exceso de regulación es una de las causas de esta problemática.
Hoy, con la aprobación y eventual entrada en vigor de la presente ley general, se establecen los principios de mejora regulatoria y se crea la base de coordinación de los distintos órdenes de gobierno.
Como ya se dijo aquí, esta ley va para los tres poderes: El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. También de la misma manera va para los tres órdenes de gobierno: El federal, el estatal y el municipal. Esta es una ley transversal que aplica a todos los órdenes de gobierno.
Es así para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, se consolide una política de mejora regulatoria a nivel nacional con el fin de hacer que la regulación administrativa deje de ser un obstáculo para el crecimiento económico y la prestación de servicios se simplifique y armonice con los distintos entes encargados de generar la normatividad aplicable y tenga más facilidad y acceso para los ciudadanos.
La presente ley en materia de mejora regulatoria es por mucho la reforma de mayor trascendencia en el ámbito económico y administrativo de los últimos años. Si los objetivos de la ley se cumplen acorde a lo planteado en la presente iniciativa, servirá directamente como un incentivo económico y de inversión a corto y mediano plazo, que repercutirá en mayor crecimiento económico y mayores oportunidades de negocio en el territorio nacional.
Como se ha pedido, más y mejores oportunidades de negocio, más y mejores empleos, simplificación administrativa y menos trámites. Eso es lo que se está proponiendo esta tarde.
Quiero reconocer aquí a los compañeros diputados por su sensibilidad y colaboración para lograr los cambios y las adecuaciones que se propusieron. Recibimos siempre un espaldarazo y la buena voluntad para poder acordar estos cambios.
Por todas estas razones, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, acompañaremos el sentido del dictamen y votaremos a favor del mismo con la finalidad de consolidar la política pública de mejora regulatoria en este país. Esperemos que esto sea respaldado por todos los grupos parlamentarios esta tarde. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna el diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado Fernando Uriarte Zazueta: Muchas gracias, presidente. Compañeras diputadas y diputados, voy a ser breve en razón de que los diferentes grupos parlamentarios ya han expresado las bondades y las ventajas de esta Ley General de Mejora Regulatoria.
Pero sí quiero resaltar que una vez que hagamos la votación, presumiblemente aprobatoria, nos sintamos satisfechos, porque esto es lo que se espera de nosotros, que elaboremos leyes, buenas leyes que le sirvan a la gente, que hagan más amable el día a día de las personas y que las vinculen de una mejor manera con sus autoridades.
La excesiva regulación que tenemos actualmente impide el desarrollo en todo su potencial tanto de las personas como de las empresas, sobre todo de las pequeñas empresas.
La complejidad regulatoria dificulta la armonización de las políticas públicas y la burocracia, esta Burocracia con “B” mayúscula en su faceta más cruda, propicia un ambiente para la corrupción, desincentiva a los emprendedores, no permite el crecimiento armónico de las entidades, ni de las personas, ni de las empresas en general del país.
Esta ley, entre sus beneficios, se advierten la creación de un catálogo nacional de regulación de trámites y de servicios que nos van a permitir mejorarlos. Hay que saber con qué contamos para poder mejorarlos.
Esta ley que es una ley transversal, nos obliga a todos, esta ley contempla además todo un ciclo de la gobernanza regulatoria que va a permitir normas más claras, procedimientos transparentes y predecibles. Esta ley está diseñada para reducir trámites, para bajar costos, para incentivar la productividad, para fomentar la participación ciudadana, para que el día a día, como lo dije anteriormente, de las personas, sea más amable. Esta es una buena ley.
Yo diría que es una auténtica reforma estructural, pero silenciosa, sin estridencias. Esta ley constituye un faro que nos va a guiar hacia mejores estadios de bienestar. Muchas gracias.
El presidente diputado Edgar Romo García: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Suficientemente discutido en lo general.
El presidente diputado Edgar Romo García: En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para su discusión en lo particular, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
(Votación)
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Ciérrese el sistema de votación electrónico. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Adelante.
El diputado J. Apolinar Casillas Gutiérrez (desde la curul): A favor.
El diputado Alfredo Miguel Herrera Deras (desde la curul): A favor.
El diputado Wenceslao Martínez Santos (desde la curul): A favor.
El diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge López Martín (desde la curul): A favor.
El diputado Silvino Reyes Téllez (desde la curul): A favor.
La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (desde la curul): A favor.
La diputada María Olimpia Zapata Padilla (desde la curul): A favor.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron a favor 280 votos, 0 abstención, 0 en contra. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobado en lo general y en lo particular por 280 votos, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Pasa al Senado de la República para su efectos constitucionales.
El presidente diputado Edgar Romo García: Continúe la Secretaría con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.
La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibió el oficio de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones, que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules. En votación económica, se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Edgar Romo García: Aprobadas. Comuníquese.
El presidente diputado Edgar Romo García: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
El presidente diputado Edgar Romo García: (17:01 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 8 de marzo de 2018, a las 11 horas.
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