Mesa 4. Regulación en relación con la seguridad pública

Apertura

Introducción del diputado José Everardo López Córdova

Intervención de Catalina Pérez Correa González

Intervención de Amaya Ordorika Ímaz

Intervención de Fernando Gómez Mont

Ronda de preguntas y respuestas

Conclusiones de la diputada Daniela de los Santos Torres

Ronda de preguntas y respuestas

Clausura de la mesa 4

El maestro de ceremonias Alfonso Ruelas Hernández: Muy buenos días. La LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos les da a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a la cuarta Audiencia Pública para las Alternativas de Regulación de la Marihuana. Esta mesa lleva por título Regulación en relación con la seguridad pública.

En el presídium de este acto nos acompañan el diputado José Everardo López Córdova, la diputada Daniela de los Santos Torres; y destacamos y agradecemos la presencia de los ponentes de esta cuarta audiencia: la doctora Catalina Pérez Correa, del Centro de Investigación y Docencia Económica, y de Amaya Ordorika Ímaz, investigadora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC. En un momento más se incorporarán a esta mesa de trabajo la senadora María del Pilar Ortega y el abogado Fernando Gómez Mont. Dejamos en el uso de la palabra al diputado José Everardo López Córdova, quien fungirá como moderador de esta cuarta audiencia pública. Por favor.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: Muy buenos días, Agradezco a cada una y a cada uno de ustedes que se dieron la oportunidad de estar en esta audiencia de un tema transcendental para el país y que el día de hoy nos tiene reunidos realizando estas audiencia con distintos sectores de la sociedad y desde luego agradecer la presencia grandes compañeras y distinguidas personalidades en el tema, a mi compañera diputada y a cada uno de ustedes en breve se incorporarán otro compañero, el licenciado Fernando Gómez Mont, y sobre la marcha vamos a ir comentando y desde luego que sea una audiencia como tal, que nos sintamos cómodos, que podamos participar tanto el público presente como quienes también nos están viendo en el canal del Congreso y desde luego los ponentes.

Saludo a los miembros integrantes del Consejo Técnico, al público en general, agradezco ola presencia de los oradores invitados. Es un verdadero honor estar aquí con cada uno de ustedes. En primera instancia nos acompaña la doctora Catalina Pérez Correa González. Ella es profesora-investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Maestra y doctora en derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California. Estudia temas como la procuración de justicia en México, el funcionamiento delo sistema de justicia penal, la política de drogas en américa Latina, la observancia de normas sociales y legales, así como el castigo penal y sus efectos. Ha sido investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM e investigadora visitante de la Universidad de Georgetown. Actualmente es integrante del Programa de Política de Drogas y coordinadora del colectivo de Estudios Drogas y Derecho y próximamente también publicará un libro.

El día de hoy también ahorita haremos la presentación del licenciado Fernando Gómez Mont. También nos acompaña el doctor Raúl Benítez. Vamos a hacer... –les pediría por favor el currículum de la señorita Amaya, por favor– No está aquí en este momento, Vamos a Hacer una dinámica de presentación de los oradores y vamos a hacer una dinámica donde vamos a ceder el uso de la voz a nuestros ponentes para posteriormente pasar a la sesión de preguntas y respuestas. –Gracias.

Amaya Ordorika Ímaz es investigadora en derechos humanos y política de drogas en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Desde diciembre de 2011 forma parte de la organización Hacia una vida digna para todas las personas. Reverdecer colectivo AC, una organización de jóvenes que busca impulsar una transformación en la actual política de drogas. Por su trabajo en Reverdecer colectivo, Amaya forma parte de diversas organizaciones y proyectos entre los cuales destacan familiares en búsqueda, una organización dedicada al fortalecimiento de las familias que se encuentran en la búsqueda de personas desaparecidas y en proyecto de análisis de sustancias, un proyecto de reducción de riesgos y daños en el uso de sustancias ilícitas.

También trabaja en la contribución de la consolidación de un estado democrático de derecho basados en la cultura de respeto, protección y garantía de los derechos humanos desde una perspectiva integral y multidisciplinaria que impulse cambios estructurales.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: Agradecemos su asistencia y también, desde luego, cedemos el uso de la voz a la doctora para que nos guste comentar los temas relacionados.

La doctora Catalina Pérez Correa González: Muchas gracias, diputado. Les agradezco mucho la invitación a esta audiencia y a los organizadores de este foro les agradezco mucho la invitación. Me disculpo también, ayer no pude estar aquí por cuestiones de salud, espero que hoy no les falle por eso en algún momento.

Les tengo una presentación, no sé si la pueden, okey perfecto. Les voy a presentar unos datos que hemos estado recabando en el Programa de Políticas de Drogas y en el colectivo de Estudios, Drogas y Derecho, tratando de entender este gran rompecabezas que es el procesamiento de delitos contra la salud en nuestro país.

Quisiera iniciar nada más con unos datos y unas explicaciones para quienes no conocen tanto cómo funcionan las leyes de drogas en el país. De 2006 a 2014 fueron detenidas 453 mil 69 personas por delitos contra la salud, solo instancias federales.

Esto quiere decir que fueron detenidas, no necesariamente terminaron en prisión, simple y sencillamente fueron detenidas y remitidas ante el Ministerio Público. De estas 175 mil 993 fueron detenidas por posesión y 156 mil 189 por consumo. Esto quiere decir que 73 por ciento de lo que hizo la procuraduría en materia de delitos contra la salud entre el 2006 y el 2014 fue por posesión y por consumo.

Les voy a explicar ahí por qué es importante este dato de posesión y no sólo de consumo. Pero de entrada estos 156 mil personas y solamente estamos hablando a nivel federal, nos muestra que el consumo sí está criminalizado, no se sanciona con cárcel en nuestro país sí está criminalizado y los consumidores están criminalizados en nuestro país.

Aquí sí me parece importante al paralelo que está llevando a cabo estas audiencias en este recinto legislativo, están también las audiencias que organiza presidencia. Ayer se decía que en nuestro país no se criminaliza el consumo ni a los consumidores, los datos de la procuraduría demuestran que sí se criminaliza a los consumidores en nuestro país.

En 2009, y esto es el antecedente legal de dónde estamos y de los datos que luego le voy a enseñar, se aprobó la Ley de Narcomenudeo, esta fue una reforma para tratar de dividir las competencias en materia de delitos contra la salud entre lo que hacen los estados y lo que hace la federación. Entonces, esta reforma, por cierto, aunque se aprobó en el 2009, fue hasta el 2012 que la reforma entro en vigencia plena.

 A los estados, a partir de esta reforma les corresponde el consumo y perseguir los delitos de suministro, comercio y posesión y posesión simple y con fines de venta cuando las cantidades involucradas no rebasan los límites que están fijados en la Ley General de Salud y cuando, además, no están algunos de los supuestos que establece el artículo 474.

Es decir, que no se trata de delitos de delincuencia organizada, que el tipo de sustancia está contemplada. Por ejemplo, esto es algo bien relevante, el medicamento, la sustancia clonozepam, que muchos de ustedes seguramente han oído hablar de ella, es un medicamento que lo producen las farmacéuticas, el rivotril no está contemplado dentro de esta tabla de la Ley General de Salud, por lo tanto, si alguien es encontrado con pastillas de rivotril sin una receta médica no está dentro de los supuestos de la jurisdicción local y se procesa como un delito federal.

Por esto se explica por qué hay personas en las Islas Marías detenidas por posesión de rivotril, que es algo que con una receta usted puede ir a la farmacia a comprar. Eso es lo que le correspondía a los estados y los demás delitos, pero en sí una de las tablas y en estos supuestos le corresponden a la Federación.

¿Cuáles fueron los objetivos a grandes rasgos de la nueva narcomenudeo? La nueva narcomenudeo buscaba era sacar a los consumidores del sistema penal, eso es una de las cosas porque no se criminalizara a los consumidores, despresurizar el sistema federal. Como ven los datos de arriba muestran que gran parte de lo que estaba haciendo en la procuraduría tenía que ver con delitos entonces estaba esperando se enfocaran en cuestiones más importantes, que las instituciones federales se focalizaran en delitos más graves.

Podrían ayudarme a mover la maceta, muchas gracias. Entonces, esta gráfica lo que muestra son las personas detenidas, las averiguaciones previas iniciadas y las personas consignadas por los delitos contra la salud a nivel federal.

La línea roja son los detenidos, la línea azul son las averiguaciones previas iniciadas, la línea amarilla son las consignaciones. Qué nos dice esta gráfica, bueno, que primero la Ley de Narcomenudeo ha servido para hacer uno de sus objetivos que es despresurizar el sistema federal, incluso, antes de la aprobación ya veíamos desde el 2007 que hay menos averiguaciones previas y menos detenidos por este tipo de delitos, pero especialmente se ve la caída a partir de 2012, en pleno vigor la reforma de narcomenudeo.

Algo que preocupa de estos datos, pueden ver que están casi iguales la línea roja y la línea azul. Esto lo que probablemente quiera decir, habrá que constatarlo, quiero decir que casi todas las averiguaciones previas se inician con un detenido, lo que significa que son probablemente detenidos en fragancia, entonces eso explicaría los datos de posesión, porque es gente que los detienen teniendo las drogas consigo mismo y en ese momento son remitidos al Ministerio Público y así se inicia la averiguación previa y el proceso penal.

Esto preocupa, porque está mostrando algo que sabemos cómo se investigan los delitos en nuestro país, porque no es porque hay una investigación abierta que se elaboran ordenes de aprensión en contra de personas que se conoce, que están cometiendo estos delitos y entonces se ejecutan estas órdenes de aprensión, sino que probablemente se trata de personas que son detenidas con estas sustancias y que son llevados al Ministerio Público. Entonces, no hay una investigación del delito en materia de delitos contra la salud.

Esta gráfica enseña los detenidos indiciados en la averiguación previas federales por distintos conductos delictivas. El rojo son delitos de posesión, el azul son consumo y el tercero que más vemos es otros delitos que se reporte muchas veces, seguramente a quienes estuvieron aquí lo pudieron ver en lo que presentó Tania Ramírez, hay una bolsa que siempre se reporta como delitos contra la salud general, no sabemos si es transporte, comercio, suministro, posición o qué. Simplemente van a estar catalogados para ver qué tipo de conducto se trata.

Pero, en cualquier caso lo que sí muestra esta gráfica es que están bajando el número de delitos procesados a nivel federal. En todos han disminuido contra la salud que son procesados a nivel federal, así como la proporción que representa los delitos contra la salud del total de delitos procesados a nivel federal, mientras que en 2010, los delitos contra la salud, representaron 41 por ciento de los delitos investigados  a nivel federal. En 2014, había bajado a 8 por ciento.

Sin embargo, el consumo sigue en la posición siguen siendo la parte más importante del trabajo que hace la procuraduría en materia de drogas. En 2014, dio un total de 13 mil 500 detenciones, 4 mil 800 fueron por consumo y 4 mil por posesión y esto representó el 65 por ciento de los delitos contra drogas.

Aquí, claro, la pregunta es ¿Por qué siguen persiguiendo desde la procuraduría estos delitos que desde 2009 corresponden a las procuradurías locales?, ésa es una, y la otra, ¿Por qué siguen reportando como delitos la conducta de consumo? Cuándo se repite y se repite que supuestamente el consumo no es un delito. Entonces, ¿Por qué lo reportan como un delito? y ¿por qué lo están además poniendo como averiguaciones previas? Eso tiene que ver con el hecho –que ya les decía–, la ley de narcomenudeo lo que hace, lo que establece es que los delitos de consumo, se detiene a la persona, se lleve ante el ministerio público, se abre la averiguación previa y en el ministerio público se determina si el efecto es para consumo o no es para consumo, entonces se libera a la persona.

Esto lo que está mostrando es que, por supuesto que son criminalizados los consumidores en nuestro país. Ese mismo año fueron consignados 3 mil 392 personas por posesión, todavía más preocupante, fueron consignados 3 mil 426 por consumo. Supuestamente los tenían que liberar, pero aquí la procuraduría está reportando que los consignan.

De un total de 2 mil 763, lo que representó el 63 por ciento de los casos consignados por delitos entre la salud a nivel federal.

Entonces, la posesión de consumo, perdón, de sustancias ilícitas para fines de consumo es delito, aun cuando el consumo no es la posesión sino sí es un delito, no se sanciona siempre y cuando dicha posesión esté dentro de los umbrales establecidos en la tabla de orientación de la Ley General de Salud, se trata de las sustancias establecidas.

Pero aún en esos casos, como les decía, se ordena la detención de la persona y el inicio de la averiguación previa. Por encima de las dosis o se involucra alguna sustancia no contemplada, se acredita el delito de posesión.

Esto lo que quiere decir es que si alguien trae –esto seguramente ya lo han escuchado aquí en otras de las mesas– más de cinco gramos, en el caso de marihuana, que es como cigarrillo y medio o dos cigarrillos de marihuana, en ese momento se tiene por comprobado el delito de posesión simple  y se procesa a esa persona como narcomenudista.

El delito de posesión simple se acredita según la Ley General de Salud cuando una persona pese uno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidades menores a las que resulten de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla y cuando, por las circunstancias del hecho, tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos. Es decir, la intención de la persona no importa, no importa que la intención no sea la venta de la sustancia, el simple hecho de poseer 5.5 gramos de marihuana se considera un delito y eso significa que la persona iría a prisión, recibiría una sanción que va de diez meses a tres años de prisión  y hasta 80 días de multa.

Entonces los datos de posesión, sobre todo los de posesión simple, tenemos que preguntarnos, cuántas personas son que el ministerio no les pudo comprobar la intención y están ahí, que son narcomenudistas pero están ahí porque no se les pudo comprobar la intención y cuántos son consumidores, y que simplemente se pasaron de las dosis permitidas, entonces ahora están cumpliendo una pena de prisión de hasta tres años.

Por eso son importantes los datos de posesión, en general los de posesión simple en específico.

Nosotros pedimos la información en los estados para saber qué es lo que está sucediendo, cada estado contestó como quiso, unos consideran delitos unas cosas, otros consideran otra, hay muchas diferencias en cómo se procesan los delitos de drogas, los delitos contra la salud en nuestro país. No todos nos dieron información de algunas cosas, otros no.

Aquí no les puse de qué estados vienen, porque eran demasiados, pero cada una de esas líneas a quien le interese, con mucho se los puedo proporcionar, pero estos son los datos de las personas detenidas por delitos contra la salud, como 17 entidades federativas, las averiguaciones previas iniciadas y las consignaciones.

Lo que podemos ver es que en términos generales está aumentando y eso es evidente, el procesamiento de este tipo de delitos a nivel de los estados.

Si nosotros graficamos esto, podemos ver en términos de las averiguaciones previas. Ahí están, por ejemplo, cuáles son las entidades que dieron la información acerca de averiguaciones previas iniciadas por delitos contra la salud.

Lo que vemos es que si bien la línea azul representa las averiguaciones previas federales, van bajando, pareciera, ahora ya podemos pedir los datos de 2015 para ver cómo se está comportando el procesamiento de este tipo de delitos en los estados, pero parece que va aumentando.

¿Cuáles son los delitos de los detenidos? Les preguntamos a la procuradurías, ¿por qué detienes a las personas? Como pueden ver, ahí... no alcanzo a ver, perdón, es 52.1 por ciento es posesión simple –como les decía– posesión simple quiere decir que no se comprobó la intención de ventas, simplemente traían por encima de la dosis permitida, probablemente se trate de consumidores. Luego está el naranja, que es posesión con fines de venta.

Estas son las razones por las cuales se detiene... a veces son detenidos a los que se les inicio averiguación previa. Si contamos 63.7... perdón, posesión simple, más posesión para consumo, el 63.7 por ciento de lo que reportaron estos estados, es básicamente consumidores.

En caso de posesión simple, este 52 por ciento correspondía a 6 mil 321 personas, para consumo, mil 412 personas, de solamente estas entidades.

No sabemos qué pasa en el resto del país, pero si hiciéramos el ejercicio, platicaba ahorita con el diputado Llerenas, que habría que hacer el ejercicio para ver si las demás entidades se comportan igual, cuántas personas estamos hablando, que además son personas que cada año las detienen, las sueltan y se vuelve a tener una cantidad similar.

¿Qué sustancias? Este es un dado que es muy relevante, esto es para 2014, esas son las procuradurías que contestaron, de cinco mil 13 personas, en los ocho estados que sí dieron esa información, porque como les digo, no todos los estados reportan cuál es la sustancia por la cual están deteniendo a las personas. El 58 por ciento fue por marihuana y la siguiente sustancia es cocaína.

No solamente estamos hablando de que el 63.7 por ciento son consumidores, sino que pareciera que son... de marihuana. Aquí sí me parece que esto demuestra que lo que estaba ayer diciendo el subsecretario de Gobernación, acerca de que México no se criminaliza, ni se detiene a los consumidores, es falso y esto lo demuestran las mismas cifras de las procuradurías.

Por si alguien le interesa, estos son los delitos de los procesados en el Distrito Federal, casi todo es posesión simple, como pueden ver, la línea verde son, cuántas mujeres fueron procesadas; la morada, es cuántos hombres son procesados. Esto es información del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal,

En términos de la posesión simple son 3 mil 238... que por cierto, ellos recuerdan a los internos, estas personas estaban detenidas en centros de readaptación social en el Distrito Federal, lo que representaba el 52 por ciento de la población interna por delitos contra la salud, en el Distrito Federal, posesión simple, de nuevo.

Posesión simple, habrá algunos que son narcomenudistas, pero muchos otros que son consumidores. Las drogas, los delitos de drogas representan el 16 por ciento del total de los delitos que reportó el Tribunal, ese año.

En los juzgados vemos lo mismo, a partir de 2011 hay una disminución en los expedientes abiertos por delitos contra la salud, en cambio a nivel local, vemos lo contrario.

Es de los juicios iniciados en las entidades que otorgaron información, en 2014, 71 por ciento fueron por posesión simple de drogas. Van saliendo personas y resulta que los que quedan a nivel de juicio, son los de posesión simple, seguido por posesión con fines de... suministros, el 12 por ciento.

La mayor parte de los casos que llegan a juzgados a nivel de las entidades, que entregaron de nuevo, esto es solamente para las entidades que entregaron información, que son las que están ahí marcadas, 71 por ciento es posesión simple.

En la población penitenciaria vemos que no ha habido una disminución del número de personas que están pode delitos contra la salud. Ahora, esto se explica porque se construyeron muchos penales a final de la administración del presidente Felipe Calderón y muchas de las personas que estaban internas por delitos de drogas en centros locales, fueron trasladadas a los centros federales.

Entonces no hay una disminución que se vea en los centros federales, porque ahora hay más personas, pero ese es el número de personas que había por delitos contra la salud en el 2014.

En los centros estatales, de los estados que reportaron, encontramos en el 2014, 18 mil 464 personas. De nuevo, tomamos en cuenta quiénes son estas personas, es posesión simple principalmente por marihuana.

Esto es lo que nos contestaron a nivel de marihuana... perdón, a nivel de cárceles, es principalmente marihuana, 62 por ciento de las personas... Estos datos, por cierto, son internos. Les preguntamos cuáles son las sustancias por las cuales están internos. Creo que Tania presentó esta gráfica ayer... 62 por ciento marihuana, seguido por cocaína y metanfetaminas.

Y aquí sí encontramos, de los estados que entregaron información, importantes diferencias. Por ejemplo, Chiapas también marihuana, aunque cocaína tiene una participación mayor. En Michoacán, en cambio, hay metanfetaminas. Las personas son perseguidas por metanfetaminas. Nuevo León... tenemos que la principal sustancia es marihuana.

Entonces algunas conclusiones, nada más para terminar... Espero no haberme pasado mucho... el tiempo. Esta información acerca de los estados nos demuestra que la política de drogas no puede ser uniforme para todo el país. Tenemos que pensar bien qué sucede en cada uno de los estados y cuáles son los problemas que tiene cada uno de los estados. Entonces pensar en una solución única como política de drogas a nivel nacional es difícil. Pero a la vez lo que también vemos es que la Ley de Narcomenudeo... la forma en que se estableció ha dado pie a que haya diferencias importantes en su aplicación en el país.

La Ley de Narcomenudeo puso a los consumidores en riesgo y comienza a marcar los sistemas locales. Cada vez vemos más delitos contra la salud. Ayer Tania presentaba... 34 por ciento. Aunque a nivel nacional representa el 10 por ciento lo que hacen los delitos contra la salud en... Perdón... A nivel nacional los delitos contra la salud representan el 10 por ciento de los delitos que se castigan... o de los internos que están en los centros penitenciarios. Sin embargo, también vemos diferencias importantes. En Baja California representa 34 por ciento y no el 10 por ciento. Entonces eso también es importante. No es verdad que los delitos contra la salud representan muy poco en todos los estados.

Lo cierto es que a partir de las disposiciones de la Ley de Narcomenudeo, los consumidores son detenidos por la policía y llevados ante el Ministerio Público, y es una gran cantidad de personas. Y lo que muestran los datos es que es falso el que en México no se criminalice y sancione a los consumidores. Los datos muestran que desde... el nivel de las policías hacia las prisiones... Además existe un desperdicio de recursos de seguridad pública... seguridad ciudadana, que es el tema de esta mesa. Todos los recursos que se están utilizando para los delitos contra la salud... para perseguir, detener a los poseedores simples de marihuana en nuestro país, pues son recursos que no se están utilizando para perseguir delitos de secuestro, de extorsión, de violación, de robo con violencia, etcétera.

Y entonces una de las conclusiones que provocan estos datos es pensar en realmente cuál es la forma más racional de utilizar los recursos institucionales que tenemos en materia de seguridad. Por ejemplo, aquí les pongo un dato. El costo promedio nacional por persona en las cárceles es de 6 mil 414 pesos. Y esto nos está costando para tener a personas que hoy son encarceladas por posesión simple de marihuana. ¿Es racional, es eficiente, y qué estamos tratando de lograr con eso?

Y lo otro es que la marihuana sí importa, que la marihuana está presurizando el sistema y es, por lo menos de los datos de las procuradurías que entregaron, la principal sustancia por la que se procesa, juzga y sanciona a las personas, y representa el 62 por ciento de lo que sanciona en nuestro país a nivel nacional.

Yo con eso los dejo... Yo sé que es mucha información. Muchas gracias por su atención.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: Agradecemos en esta primera intervención a la doctora Catalina. También aprovecho para hacer la distinción... que ya se encuentra con nosotros el licenciado Fernando Gómez Mont. Si gusta acompañarnos.

Aprovecho para leer la trayectoria. Es licenciado en derecho por la Escuela Libre de Derecho, y maestro en derechos humanos por la Universidad Iberoamericana. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, AC, y catedrático en la Escuela Libre de Derecho, así como en la Universidad Iberoamericana. Fundador del despacho de consultoría Análisis y Desarrollo, SC, especializado en asesoría a dependencias gubernamentales y entidades privadas. Es exdiputado federal de la LV Legislatura, donde ocupó la Presidencia de la Comisión de Justicia. Fue titular de la Secretaría de Gobernación durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, de noviembre de 2008 a julio de 2010. Y actualmente es socio del despacho Zínser, Esponda y Gómez Mont. Bienvenido, licenciado.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: A continuación cederé el uso de la voz a la señorita Amaya Ordorika, para que también haga uso de la voz y la presentación sobre este tema.

La licenciada Amaya Ordorika Ímaz: Hola. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a los organizadores, por este espacio. Yo hablo a nombre de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, desde donde representamos a víctimas de violaciones graves a derechos humanos, en particular tortura, detenciones arbitrarias como el arraigo, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento interno forzado cometidas en el marco de la guerra contra las drogas.

Hoy también hablo como una persona joven, aunque no pretendo hablar por la diversidad de las juventudes mexicanas. Y como joven que trabajo en política de drogas, constantemente me tengo que enfrentar a que la política de drogas se justifique bajo el lema de protegernos a jóvenes, niños y niñas. Pero los jóvenes, niños y niñas somos de las principales víctimas de las violaciones graves a derechos humanos cometidas en el marco de la guerra contra las drogas y de la espiral de violencia que ésta ha generado.

Solamente entre el 2006 y el 2010, 994 personas entre 12 y 17 años perdieron la vida en el marco del combate a las drogas, según el relator de Naciones Unidas de Ejecuciones Extrajudiciales. De igual manera, la tasa de homicidios de personas jóvenes se triplicó, convirtiéndose el asesinato en la principal causa de muerte, rebasando incluso las muertes por accidentes de tráfico, que había sido históricamente la principal causa de muerte en jóvenes.

Sumado a esto, la concentración geográfica de los homicidios de personas jóvenes refleja el impacto de la estrategia militarizada de combate a las drogas. Mientras que en el año 2005 los homicidios de personas jóvenes se concentraban principalmente en los estados centrales del país, en el 2010 el 52 por ciento de los homicidios se llevaron a cabo en estados donde hubo importantes despliegues del Ejército. Lejos de protegernos, la política prohibicionista nos pone a las niñas, los niños y los jóvenes en muchos y mayores riesgos. Esto, sumado a la vulnerabilidad que nos presentan frente al mercado negro de sustancial ilícitas y a la falta de información y educación sobre drogas. Sin embargo, rara vez somos convocados a participar del diseño e implementación de estos programas.

Quiero aprovechar este espacio para destacar que, a pesar del enorme esfuerzo que implica la realización de estas audiencias y los espacios para algunas voces jóvenes que se han abierto, aún faltan espacios para que la diversidad de voces de jóvenes de México expresemos nuestras opiniones. Es necesario que construyamos la visión adultocentrista, que de manera tutelar busca proteger nuestros intereses, para pasar a nuestra inclusión en este debate.

Pasando al tema particular de la mesa, desde la comisión mexicana, y como muchos otros también han estado trabajando, hemos podido identificar cómo las políticas de drogas basadas en el enfoque prohibicionista han resultado en el surgimiento de mercados ilícitos altamente redituables que, a falta de una regulación legal, se regulan a través del uso de la violencia y se relacionan con el incremento de tráfico de armas, las disputas territoriales, la corrupción y el debilitamiento de las instituciones democráticas.

El avance de esta amenaza de las drogas ha funcionado como la excusa perfecta para la aplicación de políticas de seguridad de mano dura. En las Américas, las respuestas estatales se han basado en implementar estrategias de seguridad militarizadas para el combate al narcotráfico. En México, desde los años ochenta, el narcotráfico fue señalado como una amenaza para la seguridad nacional. No obstante, no fue hasta administración del presidente Vicente Fox que se comenzó a perfilar la militarización como eje central del combate.

La estrategia de combate al crimen organizado y el narcotráfico implementada desde el 2006, sexenio en que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, nuestra aportación mexicana: La guerra mundial contra las drogas, ha privilegiado el enfoque militarizado que se propone a las premisas de seguridad nacional para el... y la vigencia de los derechos humanos, incluso la de aquellos que no pudieron ser sorprendidos.

Según el informe de la misión en México, el relator especial sobre la tortura y otros tratos... crueles e inhumanos y degradantes en el marco de la Guerra contra el narcotráfico, el despliegue de las Fuerzas Armadas cumpliendo funciones de seguridad pública, llevó a 50 mil efectivos en el 2012.

De acuerdo con el mismo informe, más de 32 mil militares continuaban cumpliendo tareas propias de corporaciones civiles a momento de su publicación en marzo de 2015. Esto, sumado a la creación de una gendarmería con entrenamiento militar es más clara la continuación de una estrategia de seguridad militarizada.

Tal ha sido la magnitud de la intervención del Ejército en operaciones que le corresponden a la política que de 2006 a 2012, la Sedena registro entre 51 mil 568 civiles detenidos por militares y de 2012 a 2015, se han registrado 12 mil 840 civiles detenidos por la Secretaría de la Defensa Nacional.

La participación de las Fuerzas Armadas... de Seguridad Pública, sin una estrategia clara, sin imposición de límites y plazos, así como la falta de análisis sobre sus resultados ha contribuido en la creación de espiral de violencia, así como el aumento considerable de violaciones a derechos humanos.

Una de estas violaciones son las ejecuciones extrajudiciales. Según cifras oficiales, la guerra contra las drogas rompió una tendencia de casi 20 años de la tasa de homicidio nacional, la cual había disminuido año con año llevando un record de ocho homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2007.

Según el informe de la visita a México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para el año 2011, la tasa de homicidios había alcanzado 24 por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con el informe de la visita a México del alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, 151 mil 233 personas fueron asesinadas, esto equivale a 48 homicidios al día.

La falta de investigación, los índices de impunidad en estos casos hacen imposibles saber cuántos de estos homicidios se han perpetrado a manos del crimen organizado y cuántos han sido por agentes del Estado.

Sin embargo, desde la implementación de esta estrategia de combate a las drogas han incrementado las ejecuciones extrajudiciales a manos de las Fuerzas Armadas. De enero de 2007 a abril de 2014, 3 mil 976 civiles muriendo en enfrentamientos armados en manos del Ejército, esta cifra supera las detenciones de civiles reportadas en los enfrentamientos que son de 3 mil 946.

De 2006 a 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitió 60 recomendaciones por privación de derecho a la vida con respecto al homicidio de 161 personas, aproximadamente tres de cuatro recomendaciones fueron dirigidas a las Fuerzas Armadas.

Otra de estas violaciones a los derechos humanos es la desaparición forzada, la cual ha resurgido con una fuerza impactante como resultado de la guerra contra las drogas. Hay una falta de precisión y coherencia en las cifras de personas desaparecidas en el país, no obstante se une el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hay un total de 27 mil 638 personas desaparecidas.

Sin embargo, no hay claridad sobre si esta cifra corresponde a desapariciones realizadas por agentes del Estado o por actores criminales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha declarado haber recibido evidencias que confirma la participación de agentes estatales en la práctica de desaparición forzada y ha expresado sus preocupaciones sobre la magnitud de este problema a nivel nacional.

A la par de 2006 al 2014, la CNDH ha registrado 78 quejas de desaparición forzada, involucrando 158 víctimas y en este periodo emitió 11 recomendaciones, de estas 11 recomendaciones se registró la participación de las Fuerzas Armadas de la comisión, según la comisión en siete de ellas como autoridad responsable.

Otra de las violaciones a derechos humanos es la tortura. A pesar de que México ha ratificado la mayoría de los Tratados Internacionales de derechos humanos la tortura, incluyendo violencia sexual continúa con una práctica común a nivel nacional y es utilizada como una herramienta para investigar crímenes, para obtener confesiones e información incriminaste.

De acuerdo con la información de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en México, alrededor de 10 mil personas son torturadas al año. Es decir, un promedio de 27 personas son torturadas al día.

La Comisión Nacional reporta que de diciembre de 2006 a enero de 2014, se recibieron 4 quejas por tortura y se emitieron 79 recomendaciones. Se recibieron además 4 mil 400 quejas por tratos crueles e inhumanos o degradantes. Asimismo las comisiones estatales de Derechos Humanos de diferentes estados reportaron 4 mil 366 quejas por tortura.

Por su parte, la Procuraduría General de la República, reportó 4 mil 055 denuncias por torturas de diciembre de 2006 a diciembre de 2014 y solamente 11 consignaciones. De éstas, mil 273 son denuncias contra militares. Estas cifras altas y preocupantes, y aun así no incluyen numerosos casos de tortura que no son denunciados por miedo a represalias.

Después de su visita a México en el 2014, el relator especial sobre tortura en Naciones Unidas, declaró que la tortura es una práctica generalizada y sistemática en nuestro país, hizo hincapié que el número de quejas por tortura no se refleja en el número de investigaciones y sentencias, lo cual es una muestra preocupante de impunidad.

El gobierno mexicano reportó cinco ascendencias por tortura entre 2005 y 2013, de las cuales solamente dos son definitivas. Así menos del 2 por ciento de las quejas presentadas  ante la CNDH entre el 2005 y 2015, resultaron en recomendaciones y ninguna llegó a sentencias.

Una situación que agrava el uso de la tortura es la existencia de un régimen constitucional de la emergencia para el combate del crimen organizado. Este régimen se traduce en disposiciones legales como el arraigo, la prisión preventiva automática para ciertos crímenes y la incorporación del Ejército en tareas civiles sin supervisión.

Las víctimas de tortura son acusadas frecuentemente de posesión de drogas y vínculos como el crimen organizado a pesar de ser declaradas inocentes de los cargos imputados. Posteriormente son torturadas y forzadas a firmar confesiones para incriminar a otras personas.

El arraigo –como se mencionó ahorita–, es resultado de diversas enmiendas a la Constitución que se realizaron en el 2008 por decreto presidencial. Aunque esto incluye algunas mejoras importantes como la transición a un sistema de justicia adversaria que fortalece la presunción e inocencia, la reforma también introdujo prácticas abusivas y antidemocráticas como el arraigo que es una forma de tensión arbitraria.

El arraigo es una medida cautelar federal que priva de la libertad a personas sospechosas de participar en el crimen organizado, esta figura pretende ser una herramienta para la investigación de personas de las cuales se sospecha han cometido algún delito. Sin embargo, en la práctica es utilizada como una forma de vigilancia pública que dota de tiempo a las autoridades para establecer si la persona detenida es inocente o culpable, el arraigo puede ser aplicado por una duración de 40 días, lo cual puede extenderse a 80 días.

Esta medida es una forma de atención arbitraria que es claramente contradictoria con las obligaciones de derechos humanos en México, viola, entre otros los derechos a la libertad persona, a la presunción de la inocencia y al debido proceso. Sumado a esto aumenta los riesgos de que la persona detenida sea sometida o a otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Es necesario recalcar que el objetivo del arraigo no es determinar si una persona es inocente o culpable, sino privar a una persona de su libertad para obtener información que puede ser utilizada en un juicio. Esto quiere decir que no se realiza una investigación para detener a una persona, sino que la persona es víctima de una detención arbitraria para ser investigada. Esto implica la inversión del funcionamiento de un sistema de justicia criminal de un país democrático.

Este sistema de aplicar un castigo antes de una sentencia culpatoria debilita las garantías judiciales y deja a las personas en una situación de incertidumbre legal, en la mayoría de los casos, las personas son detenidas con base de testigos anónimos.

Entre el 2009 y el 2014, un total de 523 solicitudes de arraigo fueron emitidas por la PGR y de las 8 mil 595 personas detenidas bajo la figura de arraigo entre 2008 y 2011, solo el 3.2 por ciento fueron sentenciadas. 7 mil 943 de estas detenciones fueron por crímenes relacionados con drogas.

En algunos estados, el uso de esta medida es particularmente preocupante. En Baja California fueron detenidas bajo esta figura en instalaciones militares y en hoteles, mientras que en Nuevo León, la Suprema Corte del Estado, repartió remisiones seis meses y siete órdenes de detención bajo la figura de arraigo, solamente entre el 2011 y el 2014.

Algunas fuentes reportan una disminución de esta medida desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación restringió su aplicación en el 2014 y algunos estados han... y terminado su uso. No obstante la Constitución aun permite esta práctica.

Finalmente la última violación grave a los derechos humanos, a lo que quiera hacer mención es el desplazamiento interno forzado. La política de confrontación armada contra el narcotráfico y el uso de operativos conjuntos con la participación del Ejército, la Marina y la Policía tanto Federal como local, dentro del marco de la guerra contra las drogas, sumado a la disputa territorial del crimen organizado, ha resultado en el desplazamiento interno forzado de comunidades enteras.

Basándonos en un monitoreo sistemático de los desplazamientos forzados registrados en la prensa nacional y local de 2011 a la fecha, en trabajo de campo realizado en 7 estados de 2011 a 2015, en más de 300 entrevistas realizadas y estudios más focalizados en el desplazamiento, en Chiapas, Ciudad Juárez y Sinaloa, podemos afirmar que México y al menos 287 mil 358 personas desplazadas al interior del país.

Desde 2011 a la fecha se han dado 154 episodios de desplazamientos masivos en 15 estados. Se considera desplazamiento masivo cuando 10 o más familias de la misma comunidad se desplazan debido al mismo evento de violencia.  Todo lo anterior, nos permite inferir en la comisión mexicana, que en México el asesinato, la desaparición forzada o la tortura, forman parte de los medios empleados, para las autoridades referidas, para alcanzar la política de seguridad de combate al narcotráfico, o como actualmente se define, para lograr u México en paz.

Dentro de este marco, la comisión mexicana reconoce como urgente, primero, desmilitarizar las estrategias de seguridad en materia de política de drogas, habiéndose comprobado que la incursión de las fuerzas armadas para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado ha tenido un alto costo en los derechos humanos, sin lograr reducir la oferta de drogas, así como la necesidad de retirar definitivamente a las fuerzas militares de labores relacionadas con la seguridad pública. 

Segundo, es necesario garantizar que las políticas en materia de droga y seguridad, no consisten en la erosión de los derechos humanos y el debido proceso, y que se haga efectiva la prohibición absoluta de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, las detenciones arbitrarias, incluida el arraigo, la fabricación de culpables y los impedimentos de acceso a la justicia y el uso arbitrario de la fuerza.

Tercero. Es necesario realizar una efectiva despenalización del consumo de la posesión simple de drogas, así como la modificación de la legislación penal para ajustar las penas de manera proporcional, particularmente cuando se trata de delitos no violentos relacionados con drogas.

Cuarto. Es urgente regular la siembra, el cultivo, la cosecha, la preparación, el acondicionamiento, la posesión y el transporte de marihuana en nuestro país.

Cinco. Es necesario desarrollar mejores indicadores para evaluar la efectividad de las intervenciones policiales como parte central de la política de drogas nacional, así como su impacto en el respeto de los derechos humanos y en las comisiones de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Seis. Hay que promover que las políticas de drogas se fundamenten en los lineamientos de salud mínimos existentes y emergentes, haciendo énfasis en que los tratamientos por uso de drogas cuando sean problemáticos van a ser siempre voluntarios, gratuitos, laicos y de acceso universal.

Asimismo, deben regirse bajo estrictitos controles de los sistemas de salud públicos, con particular atención y deben contemplar la ambientación de programas para la atención diferenciada de poblaciones en situación de vulnerabilidad, los cuales deberán atener su... multiculturalidad y respetar sus derechos económicos, sociales y culturales.

Y finalmente, es necesario garantizar que todas las instituciones y personas encargadas de trabajar en la prevención y el tratamiento del uso problemático de sustancias estén capacitadas y sensibilizadas para realizar estos trabajos a fin de garantizar que no se reproduzcan conductas... estigmatizadoras y discriminatorias. Gracias.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: Agradecemos la presentación de la señorita.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: A continuación cederemos el uso de la voz al licenciado Fernando Gómez.

El licenciado Fernando Gómez Mont: Muy buenos días. Agradeciendo el espacio de reflexión que se abre con estos foros. Debemos de empezar por reconocer que es el momento de que no sea un espacio social más de discusión y reflexión, sino que sea un punto de inflexión más intenso para el reconocimiento de una realidad compleja que requiere de políticas públicas serias, consistentes y verificables, alternativas a lo que se ha venido haciendo ahora en México y en el mundo, para encontrar mejores resultados.

Ya decía Einstein que la definición de la locura es seguir el mismo procedimiento una y otra vez, esperando miles de resultados. Lo que dice Einstein es que nosotros en el mundo constante estamos buscando y experimentando, a través de la políticas públicas, a través de la toma de decisiones, mejores resultados, y que ese proceso pasa por un aprendizaje. Es lo que ha sucedido en el mundo.

Hoy tenemos que decir que después a casi 50 años de la... del enfoque prohibicionista del mundo de las drogas, este modelo esta ahotado y ha encontrado sus insuficiencias claras. ¿Por qué? este es un presupuesto esencial que tiene que ser adoptado, asumido en alguna medida por los tomadores de decisiones de política pública, si realmente se quieren encontrar alternativas.

El modelo actual está agotado y se utilizaron todas las herramientas posibles para darle el máximo de eficacia. Y hoy en el tiempo ha demostrado ser contraproducente, tenemos que asumirlo y reconocerlo como parte de un proceso que nos permita encontrar nuevas salidas a un problema que es, digamos, sostengamos su carácter problemático a un tema que es problemático, que no es de respuestas fáciles, que tiene distintos defectos positivos y negativos, que es un tema de riesgos y que como tal exige un análisis mucho detallado en su enfoque.

Desde el punto de vista del problema de la regulación de las drogas y la seguridad, partamos primero por tratar de entender que es una seguridad democrática rectamente entendida. La seguridad es la construcción de un espacio social donde se pueden ejercer libertades y derechos en forma pacífica y ordenada. No es un estado de quietud en donde se comprometen esas libertades y esos derechos, la finalidad de la seguridad es posibilitara a todos y cada uno la adopción de decisiones legitimas para escoger un proyecto de vida que permita desarrolla su personalidad y permita una integración en su contexto valiosa y valida.

Así las cosas, empezar el discurso de la seguridad mediante el reconocimiento de derechos, es fundamental para un enfoque adecuado a este tema. la resolución de la corte recientemente reconociendo el derecho de los mayores de edad al consumo de marihuana como una decisión que corresponde a su autonomía moral, que tiene que estar regulada en cuanto al efecto que pueda tener a los demás. Es un principio que no debiera desconocerse en la construcción de alternativas.

No desconozco que la resolución carece de la fuerza formal para obligar al Congreso a un reconocimiento absoluto de las medidas que tome, que en cualquier caso, como jurisprudencia está en proceso de discusión y validación por la corte, y que hoy por hoy sus efectos son relativos a las personas que pidieron la protección.  A lo que... a la fortaleza de los principios contenidos en esa resolución.

Y es un principio en el cual, en una sociedad democrática, una persona mayor de edad puede y debe tomar decisiones sobre su propio enfoque personal, sobre su propio cuerpo, sobre su propio espacio, siempre y cuando no genere un riesgo o una afectación a terceros. ¿Por qué mayor de edad? Porque se presupone que ha desarrollado todos los elementos necesarios para un juicio razonable y porque ya está en la posibilidad de responder a los demás plenamente sobre los efectos que sus decisiones tienen sobre ellos.

Así pues, vinculándose libertad y responsabilidad se construye el núcleo de una asignación y un reconocimiento de derechos que es central. Esto quiere decir, que deben quedar excluidos del reconocimiento del derecho menores de edad, discapacitados. Y como lo veremos posiblemente, el suministro de estas medidas a adictos que requieren un enfoque distinto.

Es fundamental el reconocimiento de este principio tan bien por alguna presión. A los que han tendió la posibilidad de leer la resolución, toca un tema que es de una dimensión muy profunda para los teóricos del derecho y de la democracia, y es cuando la ineficacia de una ley afecta a su validez, es decir, en principio una ley que no es obedecida por un amplio número de población no deja de ser validad, no puede quedar la disposición y el valor de una ley a voluntad de sus destinatarios, tiene el rango legítimo y legal y constitucional para poder ser impuesta en caso de desacato. Ese es el principio democrático del estado del derecho.

Sin embargo, cuando una ley está siendo ineficaz, debemos de tratar de reconocer que factores son los que están haciendo ineficaz a la ley. Debilidad institucional, corrupción, un problema de falta de penetración en la mentalidad social sobre el alcance dimensión-importancia de la prohibición, o una falta clara de legitimidad de la prohibición en amplios sectores de la sociedad. Una ambigüedad moral y social frente a una prohibición. Y detectar estas causas es central para ver cuál es la alternativa democrática frente a las mismas o la posición democrática frente al cumplimiento de esas leyes.

La resolución de la corte reconoce que la ineficacia no puede ser un factor para determinar la invalidez de la ley, sin embargo, sí obliga a una reflexión, si detrás de esta invalidez no hay un conflicto de derechos; si hay una parte importante, la población que no se siente obligada a la prohibición establecida en la ley, porque lo considera una intrusión a sus espacios personales de decisión y al mismo tiempo no hay un contexto social que exija la aplicación de la ley, porque no se ve amenazada por la conducta de ese usuario, en determinadas condiciones.

Y llegamos al peor de los mundos, en términos de un estado de derecho democrático. Una ambigüedad ya no solo moral, ya no solo política, sino institucional frente a la prohibición, eso genera los espacios naturales para la corrupción y para la violencia.

¿Quién arbitra la posibilidad de acercar las medidas que contempla la ley, a una prohibición, en donde no hay un respaldo social institucional creado para la aplicación de la media? Pues los agentes de la autoridad más cercanos a los hechos, policías, y a veces, Ministerios Públicos, y en la medida de que no hay una clara prioridad para sostener este tipo de prohibiciones, a ellos se les deja el espacio social para decir qué se procesa y qué no; qué se lleva a la delegación y qué no; qué se tolera y qué no.

Generando un espacio de arbitraje normalmente regulado por la corrupción, no siempre por un criterio razonable del propio agente de la autoridad o buscando el bien de la situación social o de pensar que puede haber decisiones de policía, en el sentido de no intervención, para no generar un clima mayor o de mayor daño.

Normalmente está arbitrado por la corrupción, y en cualquier caso, su buen criterio puede ser nutrido por incentivos económicos y legales. Si queremos reforzar los mecanismos de la seguridad e incentivar una mayor cultura de la legalidad es tiempo de ajustar las prohibiciones contempladas en el derecho, a la sensibilidad del espacio social donde se apliquen. Es tiempo de construir alternativas para generar solo aquéllas prohibiciones que tienen un sólido respaldo social, un sólido respaldo político; un amplio nivel de legitimidad que permitan, que obliguen a los operadores institucionales a tener un mínimo de discreción en la aplicación de las medidas de persecución, sin perjuicio de la discrecionalidad que puede fijar para la verificación de las pruebas, y la aplicación de la pena los jueces, que son proceso más blancos.

Precisamente, por el carácter especialmente delicado y grave y analítico que reviste. La falta de ambigüedad en este sentido genera mandatos más claros a la autoridad, y con ello nos permite un mejor control institucional de la implementación de las decisiones y de la integridad institucional a este respecto.

Hoy eso no existe. Hoy frente al agotamiento del modelo, frente al hecho innegable de que la política prohibicionista simple y sencillamente no redujo la demanda del consumo de estupefacientes, y no lo ha reducido. Se sostiene, y en algunos mercados, especialmente presenta un incremento en el mismo.

¿Por qué no se ha podido hacer esto? Se ha subestimado la autonomía moral de los usuarios, se ha subestimado que se trata de mercados donde oferta y demanda colaboran y participan para la subsistencia del espacio social donde se intercambian estos estupefacientes, es decir, hay víctimas que desacatan la protección, que supuestamente el Estado da en su favor, y no solo la cuestionan y la retan, salen a buscar estos elementos.

Y lo hacen en unas condiciones brutales de desprotección y de violencia, porque son zonas negras. Reconocer estos espacios, reconocer que se trata de mercados en los que participan oferta y demanda, donde hay un espacio social que se sostiene a pesar de las prohibiciones del Estado es un primer paso para la regulación.

Esto no significa que en otros casos tengamos que hacer el mismo reconocimiento. No hay un mercado para los homicidios, no hay un mercado para la violencia sexual, no hay un mercado para los secuestros, hay la intrusión tiránica de un grupo frente a la vulnerabilidad de otro que exige la intervención del Estado para proteger al más débil. Punto. En este caso, no. Buena parte de los demandantes colaboran con los referentes en sostener este espacio social, de una manera estable en el tiempo, eso tiene que ser reconocido, y tiene que ser regulado.

Segundo. El hecho de que la existencia de estos mercados negros subsista genera grandes márgenes de ganancia. Las organizaciones delincuenciales se sostienen en dos aspectos fundamentales: Uno. Son asociaciones humanas de esquemas de colaboración para comentar fines prohibidos por las leyes penales, no tienen otras finalidades más que colaborar en la producción de fines, es decir, es el Legislativo, el que genera el espacio social sobre el cual van a operar la delincuencia organizada, cuando dice –estas actividades están prohibidas señala el espacio de oportunidades sobre el cual actúan estas organizaciones.

Por ello ha de ser muy cuidadoso en la delimitación de ese espacio social, y ver si hay alternativas para que el Estado pueda procesar este tipo de actividades en espacios sociales distintos. Al criminalizar una actividad genera natural e inequívocamente el espacio sobre el cual va a operar una organización criminal. No es una tautología, aunque lo parezca.

Dos. Estas organizaciones son permanentes, eso es lo que las diferencia de asociaciones virtuales, o relativas o eventuales entre personas para cometer un fin ilícito; su carácter esencial es la permanencia, y la permanencia sólo se sostiene en su capacidad de evitar la interferencia del Estado en su operación. Desarrollan elementos, ya sea por la vía de la inducción de la autoridad mediante la corrupción, por la vía de su presencia en un espacio social, por la vía de la intimidación o de la cooptación o por su capacidad de resistir la acción de los agentes de la autoridad por la vía de la violencia genera su permanencia.

Sin permanencia y actividad criminal, no hay organización delincuencial. Es un fenómeno constantemente relacionado con la acción del Estado y con la política pública, la política pública la define y la política pública o la ineficacia de la política pública la sostiene. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser cuidadoso.

¿Y cuál es la política pública que va a determinar el espacio social? Y dos, que sea una política pública que sea capaz de sostenerse y de interferir; la prohibición –repito– genera grandes márgenes de ganancia, porque excluye a un gran número de gente que no quiere realizar actividades ilegales de la oferta, es decir, la pura prohibición ya excluye a varios.

Y ya dentro de ese espacio social se genera una lucha por obtener el mayor margen de oportunidad para la ganancia. Paradójicamente, en este esquema, una acción eficiente del Estado, sobre todo cuando se trata de aproximar a mercados, no otro tipo de actividades ilegales, sino a mercados puede generar un resultado contraproducente; una colaboración involuntaria con las organizaciones más eficientes, al desplazar la competencia.

Cuando el Estado interviene, y es eficiente va desplazando competencia, y los que son capaces de quedarse en ese mercado obtienen una mayor ganancia. A mejor nivel de prohibición, en la medida en la que no se interrumpe y se sostiene ese mercado, más ganancia para que el que se queda o es capaz de permanecer en esa oferta.

Esto es real, esto es parte de la dinámica por la cual el prohibicionismo no ha podido ser eficaz, y no tiene, salvo en la experiencia internacional, un caso que requiere mayor estudio, como el sueco, no ha tenido resultados efectivos, en términos de la reducción del problema de la demanda de drogas.

Dos. Si se reconoce que ésta es una decisión individual que representa riesgos, lo que toca en una nueva regulación es reconocer cuáles son los riesgos para terceros, cuáles son los riesgos para el usuario, y a quién le toca evitarlos y procesarlos.

Hablemos de riesgos sobre terceros. La resolución de la Corte es interesante en señalar que debe hacerse un análisis de la marihuana, en este caso, respecto a otros estimulantes o enervantes que tienen un reconocimiento legal, léase tabaco y alcohol. Y señala, de acuerdo a la prueba científica disponible, que en términos de sus ingestas máximas, por ejemplo, la cannabis es notoriamente menos perjudicial que el alcohol y el tabaco, en términos, por ejemplo que su dosis máxima en salud, unos generan necesariamente la muerte, mientras que en el otro caso no está documentado, inclusive que se pueda generar ese riesgo.

Las tazas adictivas en tabaco y alcohol son muy superiores a las tasas que se presentan en la adicción para el cannabis. Donde hay una diferencia notable, es en la ingestión moderada. En la ingestión moderada de tabaco y alcohol no hay intoxicación, en la de cannabis siempre hay un grado de intoxicación, lo que señala que el consumo de esta sustancia en el espacio social exija de una regulación especial que presuponga que siempre hay un estado de intoxicación que tiene que ser reconocido para regular el espacio social donde esta OPEP.

Es en sus dosis mínimas donde representa una diferencia notable que obliga a una regulación distinta a las otras, que no puede tener ni el carácter indiscriminado de los otros, pero que debe reconocerse el espacio mediante el cual este derecho pueda ser ejercido, porque su prohibición va consignada.

En este sentido, debemos aprender a reconocer que no puede ser ni permitida ni tolerada el suministro, el consumo de este tipo de narcótico en actividades de riesgo que no puede ni debe ser regulada en la misma, en espacios sociales, en donde interactúan varias personas en tanto, pero que sí se puede establecer o visualizar espacios privados donde las personas que van a consumir o acuden a ese espacio están plenamente conscientes de que va a existir el consumo de este tipo de sustancias y por ende, reconoce los modos y condicionamientos que significa liberación social en esas condiciones, porque es distinta a aquella que preside de cualquier grado de intoxicación. Estos son elementos que tienen que ser reconocidos.

Segundo. La regulación debe evitar el contacto, nadie debe está proponiendo que la regulación se establezca un contacto entre menores de edad o discapacitados mentales con este tipo de situaciones, no se reconoce ni para el alcohol ni para el tabaco, no se debe reconocer para la Cannabis o en cualquier caso otro tipo de estupefacientes en la medida de la profundidad de esto.

Tercero. La adicción. La adicción es un problema médico, la criminalización ha tapado el acceso o constantemente ha obstruido el acceso de los adictos a los centros de rehabilitación, quitándoles presupuesto y estableciendo un portal de estigmatización para el acceso a medidas de rehabilitación.

La adición es una negación de una parte importante de la libertad humana, eso no debe quedar a discusión, el adicto en la medida de que quede sometido a su compulsión, ve restringida sus opciones por motivos fisiológicos.

El adicto es una, la adicción es una situación superable en la gran mayoría de los casos, pero exige la visibilización del tema y exige una nueva prioridad en el acercamiento de los tratamientos de la adicción por encima de la criminalización.

Hoy, en algunos espacios se ha establecido que no tenemos recursos para atender el problema de la adicción en estos casos. Primero tenemos la obligación legal de hacerlo, es parte de los servicios de salud pública y es parte de las obligaciones en los centros penitenciarios de atender todos los casos de adicción.

Segundo. ¿Cómo es posible que sostengamos que tenemos los recursos para querer analizar, pero no los recursos para aliviar o curar? El cambio de prioridad es el central.

Tercero. Hay espacios sociales ya desde hace décadas operando en terrenos grises para auxiliar la salidas a los temas de la adicción, es tanto el dolor que se genera en la adicción y es tanta la necesidad de interacción social para poder estar constantemente en contacto con aquellos incentivos que impiden la recaída hacía la adicción, que se generan redes sociales de apoyo muy importantes, pero marginadas de los espacios de la política pública, marginadas en los apoyos sociales, institucionales y presupuestales que pudieran potenciar este ejercicio y, sobre todo, marginarlas como salidas muy importantes a los mecanismos de reclutamiento de las organizaciones criminales.

Los Centros de Rehabilitación Social, son una alternativa seria a los esquemas de reclutamiento de las organizaciones delincuenciales, especialmente para sus sicariatos y tenemos tapadas las puertas, tenemos que actuar en este...

Por último, el tema da para mucho, el tema en materia de alcohol y tabaco hemos generado impuestos especiales para que sean los productores y los consumidores los que tengan una carga fiscal para atender los problemas o financiar los problemas o el impacto que tienen ese tipo de consumo sobre los sistemas de salud, esa es una de las justificaciones especiales de los impuestos especiales sobre alcohol, sobre tabaco, etcétera. Ésta es una lógica que se pudieran correr en el tiempo, ya se está corriendo en otros países.

Por último, en cuanto al ambiente internacional. Hay que decir que los tratados, uno, están sometidos a una discusión, a un análisis desde hace varias décadas, salidas como la portuguesa o la uruguaya o la alemana o la canadiense han venido tensionando la visión que venía siendo dominante, más ahora, uno de los que sostenía la visión dominante, la prohibición como Estados Unidos, ya tiene algunos estados con un enfoque de aceptación de uso prohibicional, el número para el uso médico de la cannabis cada vez es mayor, etcétera.

En este sentido, el reconocer que el derecho a consumir cannabis para un mayor de edad es un derecho que corresponde  a su autonomía moral y personal y que solo está obligado a aquellas restricciones que pongan en riesgo a terceros, es el conocer una excepción valida al derecho internacional sobre la criminalización para el consumo.

El último tratado establece que aunque se pueden tomar medidas de criminalización del consumo de estupefacientes, estas están sometidas a los usos y tradiciones jurídicas de cada uno de sus testados y a su régimen constitucional.

Luego, si se reconoce como se ha reconocido en México y e ha reconocido en Argentina y se ha reconocido en Europa y se va reconociendo en algunos lugares de Estados Unidos y Canadá, que esto está en el ámbito de la decisión de las personas, se reconoce una excepción perfectamente valida a las obligaciones internacionales derivadas de los tratados Léase: 

“Se puede generar un espacio interno de regulación, distinta a la prohibición, siempre y cuando la parte de comercio internacional reconozca las obligaciones de los estados para que los efectos de esos espacios no se trasladen a esos países”.

Es lo que pasa con las armas. En Estados Unidos se reconoce un espacio social valido para su intercambio, pero está completamente prohibida su exportación a países que no reconoce esa misma política.

Todos estos esquemas ya están operando en la historia, el diagnóstico de agotamiento cada vez es más dominante. México, podemos discutir o no las cifras, o no los contextos y sobre todo las fechas de la intervención, por ejemplo, de las fuerzas armadas –es falso que sea una adicción de 2006–, hay invocación de las fuerzas armadas en la época de Echeverría, de López Portillo, de Zedillo, con el no gran Salinas, en el sentido de involucrar a las fuerzas armadas en este tipo de operaciones, sí es cierto que se intensifico. Pero ojo con las prioridades, eh.

En los años recientes las prioridades obedecieron a la debilidad institucional de las fuerzas de seguridad aceptada como un diagnóstico compartido por todos, no solo como uno de los espacios políticos, se tomaron medidas legislativas y medidas presupuestales para llevar a condiciones de desarrollo institucional que  ciertamente saquen a los militares de una tarea que no les es natural ni propia.

La intervención subsidial en los militares es respetuosa, de obligaciones internacionales y de resoluciones internacionales en materia de derechos humanos, siempre y cuando sea provisional, siempre y cuando hay un ejercicio serio para fortalecer las capacidades institucionales de seguridad ciudadana que tengan como fin que sea servicios civiles de seguridad los que se encarguen de este tipo de hectáreas y eso es central, es importante y es un... imperativo. Político claro al que están obligadas todas las fuerzas que han actuado en el Congreso, así lo han sostenido y supuestamente están tomando las decisiones legislativas y presupuestales para que podamos sustraer a nuestras fuerzas armadas en el tiempo de este tipo de tareas.

Pero, por qué entraron. O sea, no podemos dejar de reconocer que cuando estas decisiones de intensidad se dieron, estaba habiendo operaciones de organizaciones delincuenciales con una alta capacidad de armamento que tenía neutralizada a fuerzas de seguridad del Estado, donde no estaban cooptadas por la corrupción.

Que recuperar los espacios institucionales para hacer valer el principio de autoridad era una prioridad que de no acometerse comprometía toda posibilidad institucional de presencia del estado, que es una condición sine qua non por el respeto a los derechos fundamentales, los derechos fundamentales deben ser respetados fundamentalmente y hechos... por la autoridad.

Ese es uno de sus destinos y de sus justificaciones más importantes, la necesidad de ocupar esos espacios institucionales y generar ese tipo de políticas, estaba presente y hoy todavía está presente, hay espacios en el país que están en ese sentido gravemente comprometidos y que exigen una reconstrucción institucional a la velocidad necesaria para que sea estable en el tiempo, más allá de la ilusión con la fortaleza y la prioridad necesaria para que se... en el tiempo.

Esto es central en la lucha por los derechos humanos y por las libertades políticas.

Por eso, sintetizo mi posición y tomo una... ofrezco una disculpa si me paso del tiempo, a este sentido.

La seguridad ciudadana es el espacio social pacífico sobre el cual se ejercen libertades y derechos. Ese espacio social debe estar excluido de prohibiciones que no tengan una legitimidad democrática suficiente, pues se requiere no sólo de capacidades institucionales, sino de un respaldo social importante para hacer valer esas prohibiciones. Es claro que hay prohibiciones que tienden a proteger al más débil de intervenciones... como aquellas que tienen como objeto fundamental la protección de la vida, la libertad y el desarrollo sexual de las personas, especialmente los grupos más vulnerables como mujeres o el patrimonio y la propiedad.

Estas son las prohibiciones que se deben sostener... de la clandestinidad para visibilizar un proceso e ir encontrando las modulaciones de política pública que nos permitan evitar la criminalización o la trivialización del consumo, que nos permitan información cierta para que los mayores de edad puedan tomar sus elecciones personales, que nos permitan una regulación del espacio social para que no haya una introducción indebida entre la decisión del consumidor y terceros a su alrededor, que permita un fortalecimiento de la aproximación terapéutica médica a los casos de adicción.

En esa medida, yo creo que es tiempo de hacerlo ahora, no hay excusa, la evidencia que del modelo prohibicionistas está agotado, cada vez es más contundente, se mide en vidas, se vida en libertades, se mide en presupuesto, se mide en el indicador de felicidad y tranquilidad de las personas, por ende, debemos encontrar alternativas basadas en estudios empíricos que nos permitan romper los problemas de visivilización que implica la clandestinidad.

Hoy por hoy, uno de los problemas para la regulación, de ahí que tengan que estar sometidos –regreso– a las curvas de aprendizaje, debe ser cierta prudencia porque la información dura es poca, porque la mayor parte de la información es altamente especulativa, y porque exige que vayamos ensayando espacios sociales y políticas públicas que puedan ir siendo modificadas, modulas, profundizadas en el tiempo. Gracias.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: Agradecemos estas nutridas participaciones de los panelistas, es importante recordar que esta audiencia está siendo transmitida por el Canal del Congreso.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: Ahora cederemos el uso de la voz para quien guste realizar una pregunta. Adelante. Nada más pediría que me ayudaran con el orden. Georgina, me ayudas, por favor, a mantener el orden, para llevar una secuencia, por acá empezó... los micrófonos por acá, por favor.

El ciudadano Rafael Estrada Michel: Muchas gracias. Gracias, diputado. Del Consejo Técnico. Mi pregunta es para la doctora Pérez Correa, felicitando a todo el panel, por supuesto.

En relación con esta ambigüedad a la que se refería el maestro Gómez Mont, no sólo en cuanto a cifras, sino en cuento a políticas, incluso penalidades. Yo le hago una pregunta técnica y desde la ignorancia, que no puede ser más que eso, porque me da la impresión que a la hora de tipificar posesión simple y posesión para consumo, tenemos una serie de fórmulas que hacen prácticamente inoperantes o inoperables, salidas alternas, criterio de oportunidad, lo que nos referíamos ayer.

Es decir, esta multiplicación por mil del gramaje, etcétera, a lo que usted se refería, cómo es que se establece y a cuánto ascienden las penas privativas de la libertad en uno y otro caso, porque eso determinaría la posibilidad de salidas distintas a la estrictamente judicial. Muchas gracias, por su ponencia.

La doctora Catalina Pérez Correa González: Muchas gracias por esa pregunta. Me parece que es fundamental.

No todos los países tienen, aunque en América Latina hay varios países que tienen este delito de posesión simple, se ha criticado mucho teóricamente porque de entrada, viola el principio de inocencia, se asume que hay una cuestión en la cual el simple hecho de poseer es peligroso, de la misma forma que manejar un auto en estado de ebriedad, no importa que cause un daño, simplemente con el hecho de hacerlo una razón o justificación suficiente para castigar penalmente, además a través de penas de prisión a una persona.

Ese es precisamente como el punto central que habría que atender al analizar la política de drogas.

Nosotros lo que hemos visto en los países en los que se regula de otra forma, que nos parece más razonable es que estos umbrales de las dosis permitidas, se utilicen como techos... diciendo: a ver, si traes más de esta cantidad... perdón, si traes menos de esta cantidad, no se te puede procesar penalmente, se usan como pisos, pero por encima de esa cantidad, las instituciones penales deben de comprobar que la intención era la venta.

En ese sentido, la recomendación es que el delito de posesión simple no debería de existir, porque tiene muchísimos problemas en términos de justificación para criminalizar a una persona. La idea es que los umbrales se utilicen como un piso por debajo de los cuales no se pueda castigar o criminalizar una persona, pero por encima de los cuales no se tenga por comprobada los elementos del delito, sino que se tiene aún que demostrar que la intención era para la venta.

Me parece que es central, si nosotros no atendemos cómo se regula la posesión, los consumidores van a seguir criminalizados, porque no existe consumidor que pueda consumir una sustancia sin poseerla. Entonces, decir que el consumo no es un delito, pero poseer sí es un delito, eso implica que los consumidores siguen siendo criminalizados y tratados a través de los canales penales. Muchas gracias, por esa pregunta.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: Pediría nada más, si nos permiten, quienes levantaron la mano, para llevar un registro, para posteriormente las personas que se adhieran, llevar un control. Adelante.

El ciudadano : Muy buenos días. Mi participación es simplemente para platicar un poco en relativo a cómo está definida la mesa, el tema de la regulación y la asociación a la seguridad pública y la posición del Inegi en materia de simplemente dar información, para que ustedes hacedores de política pública estén más informados, identificando, por cierto, por eso fue mi participación, por la referencia del licenciado Gómez Mont, respecto a esta especulación por falta de información.

Sí, efectivamente, la hay en ese tema, nada más le refiero la cartera de información que tenemos como estado mexicano.

En materia de consumo tenemos un fuerte desconocimiento, es decir, no sabemos cuál es el comportamiento de consumo de Baja California respecto a Chiapas, no lo sabemos, no hay un instrumento para que nos pueda dar eso de manera periódica, continua, sí hay ejercicios, se ha estado trabajando en algunos proyectos, como en la Encuesta Nacional de Adicciones, pero no hay un instrumento conforme a la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica que nos permita perfectamente monitorear el fenómeno de las adicciones y su consumo, como puede ser el empleo, la seguridad pública, el ingreso en los hogares. No tenemos eso. Eso en materia de consumo.

En materia de cómo los hogares viven esa interrelación de los padres con los hijos, relativo a las adicciones y al consumo, si tenemos en el 2014 a través de la Secretaría de Gobernación, se financió para monitorear el tema de factores de riesgo en jóvenes de 12 a 22 años, conforme lo marca la ley, para medir –insisto– diferentes factores de riesgo, dentro de ellos uno que... cómo interactúan con la temática de las drogas.

De pronto ahí se están monitoreando como es la disciplina respecto a esa situación, respecto a los jóvenes con sus mejores amigos, su entorno muy, muy cercano, cuál es el efecto que tienen respecto a las drogas. Es decir, cómo los están influenciando sus amigos a ellos. Y ahí vemos una alta asociación de que los jóvenes que consumen droga... es casi inherente que a su amigo se la va a ofrecer. Ésa es la parte que tenemos medida con un instrumento que se llama Ecopred... Encuesta de... Social... para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia.

Y por otro lado, y con la que realmente yo quería abordar este tema, es la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que es el instrumento rector de la política de seguridad en el país, declarada en más información internacional, en la cual va dictando cómo va avanzando el tema de la delincuencia en nuestra nación.

En ese tenor... Y de hecho, los indicadores están dentro del Plan Nacional de Desarrollo, de hecho es con el que se mide el México en Paz, además de estar en los programas sectoriales de seguridad pública... Uno de los elementos que dentro de este instrumento se contempla es la atestiguación de conductas delictivas y antisociales respecto a si los hogares... en los alrededores de su vivienda... pueden identificar la venta y el consumo de drogas.

En ese sentido, el promedio ha ido evolucionando ligeramente a la alza. La atestiguación del consumo de drogas inició en 41 por ciento, bajó ligeramente a 36 por ciento en el 2012 y llegó en 2015 a 43 por ciento de hogares que identifican en los alrededores de su vivienda el consumo de drogas. Respecto a la venta de drogas pasó de 2011, que fue la primera medición, de casi 27 por ciento bajó a 20 por ciento en 2012 y hubo un incremento paulatino a 2015 al 27 por ciento.

Pero una cosa que les proporcionamos en este foro, por primera vez –no lo habíamos publicado dentro de los tabulados que tradicionalmente maneja el instituto– es el porcentaje de víctimas que estuvieron presentes en la comisión del delito que sufrieron, y que lograron identificar que el victimario iba bajo los efectos de alguna droga. En ese sentido traemos una evolución de 2010 del 17 por ciento de los delitos, donde la víctima estuvo presente, que pudo identificar que el delincuente venía bajo los efectos de la droga, hasta alcanzar su máximo en 2013 con 20 por ciento por ciento. Es decir, 1 de cada 5. Y en 2014 tener un 17 por ciento.

Eso es muy genérico, porque habría que analizarlo por delito. No es lo mismo, dependiendo del delito es que el delincuente puede venir con estos efectos. Y en el documento que les hicimos llegar les desagregamos al menos los tres principales delitos donde se está presentando eso, que es el robo a casa habitación, que inició siendo el tercero más frecuente, a pasar de 2012 a 2014, que encuentra sus máximos, a ser el primer delito donde el delincuente va con algún efecto de droga.

Estamos hablando que alcanzó un 28 por ciento en 2013 respecto a los delitos de robo a casa habitación. Ése fue el que fue evolucionando hacia la alza. Uno que se mantuvo intermedio fue el de lesiones. Inició de hecho como primer lugar, con 30 por ciento, y actualmente se encuentra en 24 por ciento de los delitos de lesiones. El victimario iba bajo los efectos de alguna droga.

Y el tercer delito que voy a referir es el robo o asalto en la calle o en el transporte público, que inició con un 25 por ciento. Es decir, 1 de cada 4 delitos donde la víctima estuvo presente, la víctima tuvo que enfrentar a una persona que iba bajo los efectos de la droga. Para 2014 tenemos que esta cifra es 1 de cada 5.

Dónde se acentúa más por estado. Eso es lo que tendríamos que ver, que éste es uno de mis puntos, y ya se ha referido en esta mesa. Tenemos un país extremadamente heterogéneo en muchos temas, y no es la excepción en el tema de la seguridad pública y estos datos. Tenemos los casos de Baja California, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato, Nayarit, Quintana Roo, por decir algunos, donde se alcanzan las mayores proporciones. El ejemplo es en Sonora. La población víctima del delito identificó en un 37 por ciento que los delincuentes iban bajo los efectos de las drogas.

Que valdría la pena decir que me llama mucho la atención, va muy asociado al Ecopred, que también confirma que es de las entidades donde el joven más consume drogas, y donde en el registro administrativo, bueno, más que registro administrativo, en los censos que tenemos de gobierno, en la parte de intervenciones de la policía estatal, delitos contra la salud, Sonora sale con una detección alta de este tema.

Digamos que el documento se los estamos otorgando. Esto en materia de seguridad pública. En materia de consumo la mayor aproximación que tenemos, insisto, es la Ecopred. Y lo digo porque a nivel nacional es el instrumento más reciente en materia de medir eso. Advierto que no es un instrumento especializado en consumo de drogas, porque lo que buscaba medir era factores de riesgo de violencia que sufre el joven en diferentes entornos. Y uno de ellos simplemente se abordó. El del consumo como tal, insisto, ustedes lo saben perfectamente. La última medición que se tiene es 2011. Es decir, ya es un caso histórico. Pero bueno, sí queríamos compartirles estos datos, sobre todo para esta discusión que interesa mucho por ser tema de seguridad pública. Y éste, que es el instrumento rector en materia de eso. Muchas gracias.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: Muchas gracias. La doctora Catalina quiere comentar al respecto.

La doctora Catalina Pérez Correa González: Gracias por la intervención. Yo sí me preocupo un poco cuando se dice esta cuestión de la relación entre la violencia y el consumo de sustancias. Y académicamente lo que hemos visto es que hay tres formas en las cuales las drogas se relacionan con la violencia. Una es cuando el consumo mismo ocasiona que la persona tenga comportamientos violentos. Otra es cuando alguien es tan dependiente a una sustancia que comete delitos, especialmente delitos patrimoniales para hacerse de dinero para conseguir una sustancia. Y el tercer rubro es la violencia que se genera para el control de los mercados ilícitos de drogas. Que éste es el principal que tenemos ahorita en el país.

En el CIDE nosotros acabamos de publicar un libro, en donde uno de los capítulos es sobre el consumo de sustancias, hecho por la investigadora Laura Tuesta, del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Y ella lo que encontró es que en las personas que habían consumido sustancias, y que estaban sentenciadas en el sistema penal, la mayoría de las personas que había consumido sustancias ilícitas cometieron delitos contra la salud. Mientras que las personas que habían consumido alcohol cometieron delitos como violaciones, secuestros y delitos patrimoniales.

Entonces, primero, cuáles son las sustancias que producen un comportamiento violento. Y luego también, este sistema de medir los delitos y el consumo me parece que es bastante riesgoso. Porque cómo sabe usted o quien sea si alguien ha consumido clonazepam, si ha consumido marihuana, si ha consumido MDMA, o si ha consumido alcohol. Entonces hay unas sustancias, el consumir unas sustancias que son muy evidentes, como el alcohol, porque la persona huele a alcohol. Pero ni siquiera ahí me atrevería a decir: yo sé que esa persona consumió alcohol sin una prueba más contundente que la simple percepción. En el caso del consumo de la marihuana yo dudo que alguien por, simplemente verlo, y más si te están asaltando, decir: yo creo que fue marihuana lo que consumió.

Entonces me parece que es una forma muy poco objetiva de decir que hay una relación positiva entre delitos patrimoniales y delitos violentos y consumo de marihuana. Entonces habría que ver cuáles son estas sustancias y si simplemente es percepción. En el caso de la información que tenemos sobre personas sentenciadas en el sistema penal federal, el delito que normalmente comenten las personas que consumen sustancias ilícitas son delitos contra la salud, y son delitos de posesión o de transporte. Entonces no es tanto que el consumo esté haciendo que las personas delincan, sino que el consumo es razón suficiente para que delincan y por eso están en prisión. Simplemente quería hacer esa acotación. Gracias.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: Muchas gracias. Cedemos el uso de la voz al licenciado Gómez Mont.

El licenciado Fernando Gómez Mont: A ver, yo de entrada tengo que reconocer que es muy importante el aporte estadístico con las insuficiencias que tenga en el enfoque en que debemos de tener esto. Y luego, bajo qué filtros tratar de validar qué información, para llevarla al mayor grado de dureza posible para que sea base de decisiones de política pública.

Coincido con Catalina en el sentido de que la percepción de la víctima sobre el estado en el que está el agresor es insuficiente para determinar: Uno, que está injiriendo, qué efectos tiene, y en qué medida afectó el comportamiento en ese momento. Puede ser un factor que concurre con muchos otros. Los factores que detonan las actitudes violentas son múltiples, van desde, es más, todas las intervenciones que se han generado en los últimos años en Tijuana, Juárez, ahora otros estados de la república, que tienden a reconstruir el tejido social, aceptan el carácter multifactorial de este tipo de procesos desde alternativas de educación, de nutrición, de deporte, de salidas sanitarias, etcétera, etcétera.

Entonces, yo creo que es importe el ejercicio siempre y cuando el ejercicio reconozca la insuficiencia de la información que arroja, y que como tal, para reconocerlo debieran estar registrando otros factores que concurren esos hechos. Hacerlo, estrictamente desde el punto de vista de la percepción de la víctima, es un dato de insuficiencia tal que obliga a incorporar otros elementos de información o abandonar el ejercicio. Cuidado con eso, porque construye o establece las bases de las prohibiciones.

El hecho de que en materia federal la mayor parte de los delitos cometidos en estado de estupefacción sea federal, sea de delitos contra la salud, puede tener un problema de competencias legales, no un problema de análisis criminológico de la realidad, simple y sencillamente los otros tipos de delitos contra la propiedad, contra la vida todos está en el ámbito local.

Segundo. Parte de la toma, o sea, a mí me ha llegado información incompleta a través de los estados porque la heterogeneidad del sistema federal también hay diferencia de intensidad en la colaboración para la captación de la información. No todo el mundo colabora igual, igual el indicador  de Sonora es un acto de candor, y no es un brinco estadístico. Y otros no colaboran con el suministro de la información, o porque no tiene herramientas para captarlo o porque simple y sencillamente se maneja con una opacidad.

Entonces, parte del problema que seguimos teniendo en la toma de información estadística es que, sí esta no es controlada centralmente, sus márgenes de error son amplísimos y obedecen a muchos factores.

Tercero, la imposibilidad. Lo que sí es un hecho es que en los estudios que se han hecho, otra vez por aproximación, con un alto grado especulativo, cuando menos el consumo de cannabis no se detona como un agente concurrente a actitudes violentas, la criminalización del mercado de suministro de cannabis es lo único que hace violento ese mercado. No está claro que concurra como un factor de violencia, y sí está claro que la política pública hacia ese mercado sí está generando violencia. En una sociedad democrática al primero que le toca rectificar en ese sentido es el Estado, el Estado es el que tiene que entrar en ese proceso de revisión.

Por último a este respecto. Sí hay un análisis relevante en la política pública a adoptar, entre la diferencia del consumo de marihuana con otros, cuando menos hay dos factores que tiene que ser analizados, uno que a mí me parece un mito, que es el efecto portal, el consumo de marihuana lleva al consumo de otros estupefacientes. En el caso empírico con amigos y gente que me he metido cuando hemos visto temas de adicciones, no es necesario, son dos tipos de personalidades las que sí creemos. Y a lo mucho si hay un efecto portal no es que se derive del consumo de uno a otro que por eso se da, seria del mercado en donde van a satisfacer su consumo.

Está más claro que el efecto portal obedece al mercado negro donde se suministra la entrega de marihuana con otras drogas porque concurren en el mismo punto de oferta. El dealer, el vendedor de marihuana y otro tipo de drogas, y el contacto en ese mercado con otro tipo de drogas, pudiera ser un factor detonante para el cambio de consumo.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: Gracias. Diputado Llerenas.

El diputado Vidal Llerenas Morales: Yo tendría básicamente dos preguntas para Catalina. Primero, una petición de abundar en lo que vimos ayer y buena parte de tu investigación tanto la de ayer como la de tu libro que toma las encuestas del CIDE, que tiene que ver con el tema: mujeres, criminalización, drogas, encarcelamiento. A mí realmente me parece escandaloso el número de mujeres básicamente que están por drogas, la poca peligrosidad de las mismas y como la legislación actual y nuestra aproximación al sistema de la droga, han convertido a las cárceles en unas máquinas de criminalizar mujeres. Creo que sería muy importante ahondar en el tema.

Y segundo, en un tema que ahorita vino a colación y que tiene que ver con nuestra pobre capacidad de generar datos precisos en el tema de política de drogas. Ayer el gobierno saca una encueta que dejó de hacer 11 años, la compara, quien sabe si las preguntas eran comparables, una encuesta además de opinión en donde le pregunta a la gente ¿usted consume drogas o no? Y que tan tanto esto no está impidiendo tener política pública de calidad. Las propias críticas que has hecho a la Encuesta nacional de adicciones, que no es una encuesta de consumo de drogas, sino una encuesta de adicciones, y como toda esta falta de información está impidiendo que podamos hacer política pública de drogas más completa. Gracias.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: Adelante.

La                                                               : Muchas gracias. Disfrute mucho estas ponencias de la mañana, pero me quedo con dos dudas y una pregunta. ¿Cómo explicarnos el procedimiento de la policía, la conducta policial? Es decir, porque la Secretaría de Gobernación sostiene que no se criminalice el uso o el consumo, y sin embargo, Catalina, creo que con la evidencia suficiente sostiene que sí. Este policía que se lanza en forma tan masiva y arbitraria, hay que decir puesto que la ley no lo obliga en ese sentido a lanzarse contra los usuarios ¿Cómo compaginar esa conducta policial con lo que se ha invertido en capacitación de policías? Y sobre todo con lo que nos recuerda el licenciado Gómez, a sabiendas de que se trata de un delito consensual, el que vende, el que compra de acuerdo y voluntariamente ¿me explico? Explíquele a la policía su comportamiento ¿quién lo decide? ¿Quién lo manda? ¿Se manda solo? como explicar esto. Esa es la primera.

La segunda es ¿existe algún ejemplo que podríamos seguir? Yo coincidiría plenamente que hay que, con prudencia, para ir midiendo, puesto que no tenemos suficiente información. ¿Qué consecuencias podría tener una regulación alternativa? ¿Existe algún ejemplo en otros países, en algún estado de la república, en el pasado quizás, que pudiéramos tomar como referencia?

Y última ¿Qué está pasando con los productores, con la siembra de marihuana en el país? ¿Se les está penalizando, se está detenido? Me acorde por lo que nos recordaba el licenciado Gómez, de la participación del ejército en la criminalización de este mercado, la provisión. De la época de Echeverría en que el ejército entró masivamente a lo que hoy llamamos o desde entonces llamamos el triángulo dorado, y el extraordinario atropello de los derechos de los campesinos, o como se llenaron las cárceles de sembradores de marihuana, de amapola.

Qué pasa en términos relativos ¿a quién se está penalizando en el mercado de la marihuana en términos penales?

La doctora Catalina Pérez Correa González: Muchas gracias. Yo quisiera contestar, son muchas preguntas, pero el tema de mujeres encarceladas me parece que es un tema bien importante. Ayer Ana Pecova daba datos interesantes, voy a repetir aquí algunos de estos datos. Los delitos de drogas fueron la principal razón por la cual las mujeres están encarceladas en el sistema federal, 80 por ciento en los últimos datos que conseguimos en el... 80 por ciento de las mujeres sentenciadas estaban en el sistema federal, internas por delitos contra la salud, de ellas 90 por ciento eran primeras delincuentes, más del 90 por ciento no tenían concurso de delitos, eso quiere decir que solo habían estado acusadas por el delito de drogas. Más del 90 por ciento eran madres y entonces estaban en prisión y habían dejado a sus hijos, que a veces eran 3, 4, 5 hijos afuera encargados o desamparados.

Y una de las cosas que encontramos es que mientras a los hombres se les acusa más por delitos de posesión, a las mujeres se les acusa por delitos de transporte, porque muchas veces las utilizan para llevar las drogas desde los estados en los que viven a las ciudades grandes. Entonces, cuando las agarran están cometiendo un delito de transporte que es un delito que no es violento, simplemente llevaban uno o dos kilos de marihuana.

El problema es que el delito de transporte lleva de 10 a 25 años de cárcel como sanción. Entonces, se les está metiendo a la cárcel por un plazo larguísimo a estas mujeres y es muy cuestionable si realmente merecen, si es proporcional al delito que están cometiendo y si sirve de algo, porque además lo que sabemos es que los grupos de la delincuencia organizada inmediatamente toman a otra mujer porque les prometen un ingreso que les puede ayudar con sus familias, y que además ellas no tienen educación, no pueden conseguir trabajos, entonces esta es una forma de poder proveer para sus familias.

Entonces, es dramático realmente lo que sucede con las mujeres acusadas por delitos contra la salud. Ese es un tema –nada más rapidísimo– en el tema de los datos, es cierto, los datos que tenemos sobre consumo, ya lo mencionaban antes, son datos muy pobres, casi toda la información que tenemos viene o de la Encuesta nacional de adicciones, que como el nombre ya lo menciona, sería una encuesta nacional de adicciones no de consumo. La encuesta asume que todo tipo de consumo es una adicción y no hace la distinción entre consumos problemáticos y consumos no problemáticos.

Entonces, tiene una forma muy peculiar de medir el uso de sustancias ilícitas. El resto de la información viene de los hospitales en los cuales llegan las personas que realmente tienen un problema, y con base en esa información estamos formulando toda la política de drogas en el país, lo cual es muy preocupante porque no está sustentado sobre evidencia científica y empírica, la política de drogas que tenemos en el país.

Nada más un tema sobre por qué se criminalizan. Bueno, tenemos que entender que la política de drogas que tenemos, la va a implementar las instituciones penales que tenemos y la van a implementar las policías que tenemos y los ministerios públicos que tenemos y los centros penitenciarios que tenemos, cuando pensamos en la formulación de la política de drogas, tenemos que realmente estar conscientes, en manos de quienes estamos dejando a los consumidores, las policías de Veracruz que detienen a los chavos y los entregan al crimen organizado; la policía de Guerrero que detienen a los estudiantes y los entregan al crimen organizado.

Estos son, también, yo sé que no todos los policías, hay policías muy honrados que hacen bien su trabajo, pero también hay un gran problema de corrupción de las policías y estas son las instituciones a las que les estamos encargando la implementación de la política de drogas y en manos de ellos estamos poniendo a los consumidores, que supuestamente no están cometiendo ningún delito.

Es muy contradictorio y yo creo que en realidad tiene que ver con enormes prejuicios que tenemos acerca de que el consumo genera violencia, los consumidores son delincuentes, los consumidores merecen ir a la cárcel, hay que separarlos de la sociedad, si algo enseña la... es que hay una gran cantidad de consumidores en el país y la mayoría no generan ningún daño y tienen vidas perfectamente funcionales, tienen además, como decía, el licenciado Gómez Mont, tienen derecho a consumir cuando no genera un daño, nadie.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: Adelante.

El licenciado Fernando Gómez Mont: Sólo algunas precisiones. Una regulación de los mercados, cuando menos de cannabis, puede permitir un aislamiento de las organizaciones criminales. El hecho es que un mercado negro avienta a los consumidores a las organizaciones criminales y genera tejido social en relación a estos.

Si nosotros establecemos una regulación que admita un mercado legal, excluimos en buena medida a las organizaciones criminales esa oportunidad de ingreso. Eso significa aislar, evitar colaboración social y generar un aislamiento, una debilitación gradual, en alguna medida, a este tipo de organizaciones.

Dos. Tenemos sobrestimada la cárcel en términos de seguridad, la cárcel implica contención, pero también tiene un factor criminógeno, si no cuidamos que gente de escasa peligrosidad esté pasando por los circuitos de aleccionamiento y reclutamiento que implican los centros de encarcelamiento, estamos otra vez colaborando, involuntariamente, con las organizaciones criminales al establecer espacios institucionales sobre los cuales adiestran y reclutan a miembros. Y en cantidades tales que normalmente salen al poco tiempo, pero ya comprometidos, reclutados, contratados.

Yo creo que, siempre he sostenido, la política penal de un estado debe tener claridad en lo que prohíbe para poder sostenerse, si el estado democrático no tiene un mínimo de humildad para decir, esta es la prohibición que yo puedo sostener a este nivel de drasticidad, y tengo que utilizar otras herramientas porque no se sostienen fácilmente, con ello se diluyen los mensajes ambiguos, se fortalecen las capacidades institucionales, se concentra el estado en la medida de su fuerza real, renuncia a un carácter simbólico –y en mi opinión– opresivo de la prohibición penal persé.

Sólo se castiga lo que se puede castigar, no lo que se debe castigar y se buscan otras alternativas, y para poder castigar necesitamos legitimidad política, respaldo social y capacidad institucional. Desconocer estos factores es seguir generando unas contradicciones entre el estado de derecho y la democracia, que son gravísimos.

Hoy por hoy, la impunidad y la corrupción son fuentes generadoras de violencia, que debilitan al estado democrático, en México de manera muy transparente, que es nuestra patria, pero también a nivel mundial. Debemos reconocer, el sistema interamericano ha venido reclamando esto, toda la OEA, a través de sus asambleas generales, especialmente temáticas en materia de la prohibición, dice, esta aproximación está debilitando a los estados, a los estados de producción y tránsito.

Tenemos que encontrar un enfoque distinto, esto ya no es un tema sólo de salud, es un tema de seguridad nacional y de seguridad hemisférica. Su comité de expertos ha buscado plantear ante la asamblea, mecanismos de descriminalización y reconocimiento de este tipo de derechos.

¿Por qué lo ha debilitado? No sólo generando incentivos de renta para que los violentos se encarguen, partamos de un hecho claro, la prohibición es causa generadora de violencia. Sin prohibición, estos intercambios se darían de manera no violenta.

Ese es un dato que no podemos omitir ¿qué intercambios vamos a permitir de manera pacífica y regulada? ¿Y qué intercambios van a estar regulados en la clandestinidad haciendo proclive al ejercicio de la violencia? Son discusiones serias y son discusiones valientes.

Nos tenemos que atrever, pero contabilicemos los costos presentes que tiene nuestra política actual. Por último, la política institucional rara vez es vertical, eso sólo en determinadas... está el comandante y dice: salgan, agarren consumidores, sáquenle una lana y me dan una comisión. Eso no funciona así.

La institucionalización de la corrupción es porque hay espacios difusos sobre los cuales se generan oportunidades de ingreso ilegal para los policías. Esta dispersión, esta difusión lo que genera esta posibilidad de corrupción. La falta de controles eficaces y la existencia de espacio de oportunidad que quedan bajo la discreción y conocimiento de las policías.

En la medida de que ellos tengan la posibilidad de discernir si la cantidad es o no es, y poner del conocimiento del Ministerio Público para que toma la decisión, tenemos que buscar un mecanismo mucho más claro, donde no puedan intervenir y lo regulado está en los espacios reales de reacción y respuesta del estado. Que no se sature en la dispersión.

Una de las cuestiones en donde tenemos que aprender de los temas de seguridad pública y tenemos que revisar, si la política territorial de seguridad pública que tendió a criminalizar la fragancia de este tipo de delitos, fue exitosa o no fue nada más una dispersión de los esfuerzos, el estado tiene que ser muy selectivo en lo que ataca, que no puede llegar y dispersar los recursos, sino concentrarlos en la medida, porque siendo escasos, porque compite con otras necesidades –educación, cultura, salud y más con las restricciones presupuestales que hoy tiene el sistema económico mexicano–, debemos ser mucho más inteligentes y utilizar de una manera mucho más selectiva la fuerza del estado.

En este sentido abatir los espacios de corrupción, abatir los espacios institucionales de colaboración legal con la delincuencia organizada, tenemos que repensarlo de manera mucho más pragmática.

Si la impunidad es el discurso del cínico, este tipo de cuestiones puede ser el discurso del hipócrita, ya no alcanza ni para el cinismo ni para la hipocresía.

El ciudadano : Agregando a lo que se ha vertido, que hemos escuchado de los participantes, si nos quedaba claro que el modelo prohibicionista en este país queda completamente agotado, eso nos abre un nuevo panorama hacia la mejora continua.

También es importante mencionar el dato que ahorita compartió la doctora Catalina, cuesta 6 mil 400 pesos mensuales, un interno, cuando tenemos en el país 242 mil reclusos en el 2014. Sacando cuentas, el 60 por ciento de éstos tiene que ver con el consumo simple. Entonces definitivamente coincido con el licenciado Gómez Mont de priorizar el gasto y eficientarlo en ese sentido. Entonces, adelante, por favor.

El ciudadano : Gracias. En primer lugar, una felicitación a todos los expositores. Brillante exposición de cada uno de ellos. Yo quisiera referirme más bien al génesis. El modelo de país que tenemos, el modelo de gobierno que tenemos, acuérdense que las alternativas de la gente joven, principalmente, no le queda más alternativa que los ninis, el trabajo informal, trabajar de sicarios o pasar a Estados Unidos.

Porque, según lo que informa el secretario de Trabajo y Previsión Social, sólo se crean 280 mil empleos al año. Quiere decir que –todo mundo lo sabemos– los sicarios siempre andan drogados, y les pagan más y bien, a algunos hasta en dólares. Precisamente por eso levantan la mano y dicen: a quién hay que matar. Por lo mismo, porque no tienen otra alternativa.

Y también me preocupa mucho la externalidad. La licenciada Amaya mencionó algunos detalles. A mí me preocupa sobremanera que, como país periférico, siempre, más tarde o más temprano, lo aprobado en el Norte se discute y se aprueba en México. Eso es un hecho, como país periférico. Por otro lado, los intereses de las armas son fundamentales. Acuérdense que las estadísticas dicen que el gobierno ha comprado 3 mil millones de dólares en armas, y que nos cuesta más de 200 mil millones de pesos el combatir la criminalidad.

Entonces si se aprueba, como lo hizo Uruguay, el seguimiento de un decreto desde Cárdenas –precisamente lo menciona el presidente de Uruguay– el gobierno se hace cargo de las drogas, abate el consumo y desde luego el precio, y los sistemas, ya sea seguridad, perdón, el ISSSTE o la dependencia que corresponda les dosifica la droga hasta su eliminación total. Lo que me preocupa es, vamos a pensar positivamente, aprobado ya el trato que se le está dando a la marihuana, que el gobierno se encargue de la misma, ¿va a ser suficiente para que ya no se compren armas? ¿Si se va a cerrar la frontera para que no pase al crimen organizado? ¿O va a ser necesaria otra batalla para que Estados Unidos finalmente apruebe la soberanía de las decisiones que toma México?

Esto me gustaría que el licenciado Gómez Mont, si no tiene inconveniente, hiciera un comentario. Gracias.

El licenciado Fernando Gómez Mont: No hay soluciones mágicas. La política pública pasa por una curva de aprendizaje en la que debe ir midiendo la intensidad de sus resultados, los efectos positivos y negativos que va produciendo en la realidad al hacerlo.

Ciertamente tanto la parte de armamento, como violencia, como mercados negros están muy vinculados. Pero también hay otros factores que generan este tipo de violencia y que tienen que ser atacados: oportunidades económicas, de educación, salud, etcétera.

O sea, al final la criminalidad o la delincuencia es un indicador de eficiencia de una sociedad democrática. Al final, en alguna medida la delincuencia nos señala los desajustes de un proceso de un sistema. Las democracias tienen su delincuencia, las tiranías tienen su delincuencia; todo modelo social acaba teniendo un efecto residual ahí. Por eso, como sociedades democráticas, regulamos especialmente las respuestas penales, porque están llenas de contradicciones éticas, políticas, sociológicas, y están nutridas. Es la parte que no resultó.

Y siempre está el riesgo de que sea el tapete en el cual echamos todo lo que no queremos procesar. Y que se vuelva un indicador claro de si estamos en una sociedad democrática o tiránica. En la medida en que el tapete es más grande y más indiscriminado, o mejor regulado, estará hablándonos del talante de un sistema o de un régimen político. Es decir, el problema es internacional pero también es nacional. El problema es multifactorial, pero en el cual la política pública y la prohibición están teniendo un efecto importante que tiene que ser revisado. Y también es un problema de desarrollo eh.

Ahora, una de las cosas que están pasando en el mundo, hablando del aspecto internacional, que no hemos aquilatado bien, porque todavía estamos con la visión del narcotraficante que transportaba y metía drogas en los Estados Unidos, que era el mercado; lo del trampolín y la alberca. Eso ha cambiado.

Hoy por hoy sólo, hasta donde yo entiendo, hay una droga que por cuestiones microclimáticas tiene que ser transportada porque no puede ser producida o reproducida en cualquier parte. Pero uno de los problemas donde los grandes mercados están cambiando su regulación, es porque están siendo susceptibles de producir la droga que consumen.

Hoy la mayor parte de la marihuana que se consume en Estados Unidos se produce en Estados Unidos. La cocaína sí es importada, pero también está habiendo un efecto de sustitución de estupefacientes por sintéticos para tener un efecto similar, que eso se produce cerca del mercado. Igual con otro tipo de drogas. Y eso está cambiando la dinámica internacional. Ya no alcanza para tener la misma aproximación. Ya es un problema de las culturas que a sí mismas se suministran ese tipo de estupefacientes.

Y de algo mucho más profundo, añejo y novedoso. La manera en que los seres humanos interactúan con su conciencia es milenaria eh. Esto no es un problema nada más de la modernidad. Lo que es moderno es que estamos viviendo en una sociedad cada vez más química y cada vez más ágil para obtener satisfactores de placer superficiales e inmediatos, o de conocimientos superficiales e inmediatos. Wikipedia sustituyendo la investigación, los videojuegos sustituyendo, las sociedades químicas, con una pastilla arreglas esto, con otra arreglas esto. Y que nos está llevando a revisarnos como humanidad.

O sea que el problema no nada más está, ojo, en demonizar al consumidor –que fue la parte que nos preocupa– diciendo que simple y sencillamente droga y violencia son fenómenos... siempre. Que cualquier consumo de droga es proclive a la violencia, que cualquier consumo de droga nos acerca a la ilegalidad. Y no es cierto.

La sociedad viene experimentando con estas cosas a través de mecanismos químicos y no químicos de interacción con la conciencia desde hace siglos. Ésta es parte de la esencia de la naturaleza humana en su propia exploración. Tenemos que encontrar los espacios sociales para que eso suceda, y encontrar los espacios sociales para procesar los riesgos de lo que viene sucediendo.

En el análisis que se hizo en la Comisión de Expertos Latinoamericanos la conclusión era ésa: la prohibición no ha abatido el consumo o la demanda de drogas porque ha subestimado los incentivos personales que la sostienen, los usos tradicionales que la sostienen y los incentivos económicos que la rodean. Por qué no lo vamos visibilizando y lo aproximamos a un lugar distinto. O nos cuestionamos desde un lugar distinto como sociedad. No aventándolo al tapete de la cárcel.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: Adelante, por favor.

El licenciado Salomón Cortés: Muchísimas gracias. Soy el licenciado Salomón Cortés. Mi pregunta es la siguiente, y coincido con el licenciado Gómez Mont. Vivimos una ambigüedad moral en nuestra sociedad. Entendiéndose de que un individuo requiera una sustancia para sentirse pleno, lleno, claro está en el uso lúdico, pues nos habla de pérdida de principios y valores, y sobre todo de una ambigüedad moral.

Tengo dos preguntas para quien guste responderlas, de este panel. La primera es cómo asegurarnos de que intereses superiores, como el interés superior de la niñez, o el interés público propiamente, no se vea vulnerado por un interés privado. Es decir... o verbigracia, el caso más claro del uso de pormenores del alcohol, del tabaco... que basta ver con los accidentes de tránsito con eso basta saber que la ineficacia de las normas de que hablaba el licenciado Gómez Mont, el hecho de decir “no a la venta de cigarrillos a menores, no a la venta de alcohol a menores” es una burla en este país. ¿Cómo asegurarnos de que esto no va a suceder con la regulación de la marihuana?

Y segundo punto ¿no responderá esta regulación a derechos e intereses hegemónicos? derechos de moda, como lo pregunta el participante anterior. Y sobre todo, como saber que son realmente derechos humanos y asegúranos de que no se le quite humanos a esos derechos. Esa es mi pregunta y muchas gracias.

La licenciada Amaya Ordorika Ímaz: Yo quiero responder las dos preguntas. La primera, es un poco por donde empecé mi participación, justo se ha planteado que en el interés de la protección de jóvenes, niños y niñas, existe esta prohibición, pero eso funciona bajo  una premisa falsa de que la prohibición evita el acceso a estas plantas y sustancias, actualmente ilícitas, de estas poblaciones, cuando en realidad eso no es real, jóvenes niños y niñas hoy en día tienen acceso, pero tienen acceso a estas plantas y sustancias a través de mercados ilegales en donde estas plantas y sustancias son adulteradas, a veces son vendidas con sustancias diciendo que son una cosa y son otra.

No tienen dosis especificadas y claras. No hay instrucciones de consumo. Las políticas de educación prohibicionista no dan información para quienes sí interaccionan con estas drogas, sobre cómo hacerlo reduciendo al máximo posible los riesgos y daños de este consumo. Y genera una marginación de los espacios de consumo, haciendo que jóvenes, niños y niñas tengan que consumir en espacios de mayor riesgo. Muchas veces en los espacios donde se compran las sustancias o en la calle, que aumentan no solamente la interacción con los riesgos de violencia que hay en la calle, sino con la policía misma.

Además ha generado un clima de violencia que fue con lo que empecé, que ha resultado, sobre todo, en muerte, índices de homicidios altísimos, tanto de niños y niñas como de jóvenes. Entonces, lo que hay que preguntarnos es si la prohibición no pone en mayor riesgo a estas poblaciones en lugar de estar protegiendo. Que además la prohibición parte de la necesidad de que estas poblaciones no deciden por sí mismas, no tiene la capacidad de ser informadas y tratadas como personas, sino que tiene que ser tuteladas, a las que se les tiene que decir lo que pueden y no pueden hacer en lugar de decirles y darles herramientas para tomar decisiones informadas.

Entonces, hay que cambiar nuestra visión acerca de los jóvenes, los niños y las niñas. Que tenemos una posibilidad de actuar informadamente dentro de nuestra vida y dentro de una sociedad. Ese tiene que ser el punto de partida para un cambio en la política de drogas.

Por otro lado, sin duda, hay muchos intereses, sobre todo, se ve claramente en el negocio de la marihuana. En Estados Unidos hay estados en donde la formación de regulación puede ser cuestionable para algunas personas porque son modelos que van a generar enriquecimiento importante para quienes emprendan en esta industria, pero ahí el asunto es ¿Cuál es nuestra regulación y cuáles son los intereses que nos aseguramos de proteger en la regulación que implementemos en México?

El modelo uruguayo cuida, por ejemplo, la importancia de que haya acceso medicinal, de que haya la posibilidad de producir tu propio cultivo y de que las producciones para venta estén limitadas a cierta cantidad de plantas, que sean productores locales. Tiene una serie de candados que se pueden implementar, candados, por ejemplo, que no hay en Estados Unidos.

En Estado Unidos además hay un cobro de intereses altísimo y una serie de reglamentaciones que solamente puede cubrir quien ya tiene dinero, mucho dinero para hacer una inversión inicial para poner un dispensario de marihuana. Entonces, eso limita a que pequeños productores puedan entrar al negocio.

El asunto es pensar cuales son los intereses y los derechos que nosotros queremos proteger. Por eso una propuesta que se ha estado circulando y que vale la pena retomar, es la iniciativa de los clubes cannábicos, que implican no la venta y no la generación de grandes negocios de marihuana, sino la asociación entre personas que usan esta planta para cultivarla a de manera colectiva para el auto consumo.

Entonces, no se está promoviendo un negocio, sino se está abriendo la posibilidad de acceder a un consumo que ya existe sin tener que hacerlo por la vía del mercado negro.

La doctora Catalina Pérez Correa González: Yo quisiera agregar algo a lo que ya dijo Amaya, perdón. Ahora aquí, cuando hablamos del interés superior de los niños, habría que revisar las estadísticas que mencionaba el diputado Llerenas de esta encuesta que se presentó aquí. Los datos muestran que la política no está protegiendo a los jóvenes del consumo. Yo le aseguro a usted que si sale de la puerta principal y trata de conseguir ahorita marihuana, la va a conseguir en un periodo de media hora, una hora, pero la consigue.

El punto es, que la política actual no protege la salud de nadie y no está deteniendo a nadie de consumir, ahí está la marihuana disponible para quien la quiera, solo que lo que tiene que conseguir en una forma muy riesgosa. Para llegar aquí a la Ciudad de México, muchas veces la marihuana tiene que transportase en tráiler que viene desde Guerrero, Chiapas u otras partes del sur del país. Para que no se pudra le tienen que además agregar químicos como fibras de vidrio, pesticidas, etcétera, y eso es lo que se fuma el consumidor que lo compra en una ciudad como la Ciudad de México o Guadalajara, Monterrey.

Entonces, además del riesgo que podría presentar el consumo de cualquier sustancia, está el riesgo que implica comprar esta sustancia en un mercado ilícito. El punto es, que no es cierto que la política actual protege la salud ni de los jóvenes ni de las personas que están consumiendo. Ya hay formas mucho más inteligentes, mucho más efectivas para proteger la salud, y creo que es hora de explorar esas otras posibilidades, porque como ya lo decía el licenciado Gómez Mont, lo cierto es que toda la evidencia apunta y demuestra que lo que hoy tenemos no funciona.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: Sí, claro.

El ciudadano : Yo un día estando en un debate cuando abrimos hace años, cinco de nosotros abrimos la necesidad de entrarle con mayor diligencia a estos debates, estaba en la radio y una señora me dice: “imagínese que su hija llega drogada a su casa”, igual si llega borracha. Sí llega borracha no voy a llegar y voy a decir “cierren todas las cantinas” “cierren todos los bares”. No. hay instancias de responsabilidad en relación a los menores que no pueden activarse sin una política pública que las reconozca y las potencie.

Y hay la autoridad parental, la comunicación intrafamiliar es esencial. El recurso al final de que a mí hijo, este tema fundamental de mi hijo lo resuelva el gobierno, no me lo puede agravar el gobierno, pero me toca resolverlo a mí. No puedo descansar en una política pública que me absuelva de la responsabilidad fundamental de comunicar con mis hijos, de orientar a mis hijos, informar a mis hijos a un mundo que está abierto.

El dato fundamental es que el consumo y el mercado están existiendo. En qué condiciones dejamos que el tema sea tabú para que se aproximaran, resuelto con evidencia y con información seria para disponer al menor, que al final tendrá que ser un mayor que acoja responsabilidades sobre su vida con las herramientas necesarias para no quedar atrapado en salidas falsas. Y el tabú es una salida falsa, no solo el consumo de estupefacientes.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: Agradezco la participación.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: Por respeto a la diputada Daniela de los Santos, que tiene que retirarse, le vamos a ceder el uso de la voz para las conclusiones, para posteriormente seguir. Veo dos manos levantadas, veo algunas más, ya se animaron más, pero con gusto cedemos el uso de la voz, diputada.

La diputada Daniela de los Santos Torres: Muchas gracias. Sin duda éste tema es un tema que se tienen que tomar decisiones analizando muchos factores, por lo cual, la Cámara de Diputados, y nosotros como diputados agradecemos a todos los participantes sus opiniones. Por supuesto, al Consejo Técnico, y agradezco al diputado José Everardo López por su intervención y por mediar este panel.

Yo daría, más que una conclusión y un juicio personal, un resumen de lo que se ha tratado aquí. Hay algunas personas que se fueron integrando en el transcurso del panel y es importante que sepan lo que trató cada uno de los expositores. Trataré de ser muy breve, y espero que todos queden conformes con el resumen que daré a continuación.

Iniciamos con la doctora Catalina Pérez Correa, del CIDE, quien destaca el procesamiento de los delitos contra la salud, que es un gran rompecabezas. Marca como antecedente legal de lo que ha ocurrido en el país es la aprobación de la implementación de la Ley de Narcomenudeo, a través de la cual se dividen las competencias en materia de salud, entre lo que hacen los estados y la federación.

El objetivo de la ley es sacar a los consumidores del sistema penal, que no se criminalice a los consumidores, y despresurizar al sistema federal, sin embargo refiere cifras de detención por posesión de sustancias ilícitas e indica que el número de detenidos es de 453 mil; de estos, 176 mil han sido detenidos por posesión simple, y 156 mil por consumo.

Ofrece como premisa, que en México y las entidades federativas sí se criminaliza a los consumidores. Para ello recurre a la información estadística sobre delitos a nivel federal y en los estados. Si bien aclara que no hay homogeneidad en la información recabada en los estados, ello no impide constatar que en los estados y en la federación se criminaliza la posesión simple y el consumo.

De los juicios por delitos contra la salud en las entidades, 71 por ciento son por posesión simple de drogas seguidos por posesión con fines de suministro. Constata que la Ley de Narcomenudeo sí ha despresurizado al sistema al sistema federal, no obstante, persiste la persecución a nivel federal de delitos que corresponden a los estados, poniendo en riesgo a los consumidores.

Finaliza haciendo dos propuestas. Una. Que la política pública de drogas no puede ser uniforme para todos los estados; no se puede pensar en una solución única a nivel nacional, la misma Ley de Narcomenudeo ha dado pie a diferencias importantes en su aplicación en las entidades del país.

Y dos. Todos los recursos para perseguir a los delitos contra la salud son recursos que no se utilizan para prevenir y perseguir otros delitos, y se pregunta ¿cuál es la forma más racional de utilizar los recursos institucionales de seguridad?

La licenciada Amaya, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC. El tema de su presentación fueron los costos, precisamente, de la guerra contra las drogas, en materia de derechos humanos; habló en representación de la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos AC.

Enfatizó que los jóvenes, niñas, niños y adolescentes son víctimas graves de violaciones a derechos humanos, en el marco de la guerra contra las drogas. Considera que los jóvenes y niños son excluidos del diseño de la implementación y evaluación de las políticas y programas; la política pública contra el narcotráfico representa una amenaza contra la seguridad social, ya que se enfrenta con un enfoque militarizado.

El Ejército haciendo funciones de policía, con más de 12 mil detenciones de civiles en 2012, caracterizado por violaciones a los derechos humanos. Entre las violaciones, ella destacó las ejecuciones extrajudiciales, donde se registraron más de 150 mil, en un periodo de 7 años; en lo que respecta a la desaparición forzada destacó el número de desaparecidos, que fueron 27 mil personas.

Destacó que la tortura es otra forma de violación a los derechos humanos es una práctica nacional, alrededor de 10 mil personas son torturadas al año, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos.

Respecto al arraigo comenta que es una medida cautelar federal por sospecha de delitos, que en la práctica es una forma de detención arbitraria que viola los derechos humanos, ya que se detienen a personas, en base a testimonios anónimos. De los detenidos bajo la figura de arraigo sólo una pequeña proporción son sentenciados.

Otra forma de violación de derechos humanos es el desplazamiento interno forzado de comunidades enteras. De 2011 a la fecha, en varios estados y ciudades en México existen más de 287 mil desplazados. El combate al narcotráfico se acompaña de violaciones a los derechos humanos. Aunque no se logra reducir la oferta de drogas la tortura, el arraigo y las detenciones arbitrarias deben evitarse en las políticas antidrogas.

Y al final de su presentación propone desmilitarizar la estrategia de seguridad en política de drogas, garantizar que las políticas no consistan en la erosión de los derechos humanos. Una efectiva despenalización, regular la siembra y cosecha, tener mejores indicadores en nuestro país, y lineamientos de salud mínimos, voluntarios, gratuitos, laicos y de acceso universal, y que no se estigmatice ni discrimine.

Y finalmente, el licenciado Fernando Gómez Mont comenta que se requieren políticas serias y confiables e indica que nosotros experimentamos, a través de las políticas públicas, y generamos aprendizajes. Hoy el modelo prohibicionista está agotado, ya se utilizaron el máximo de herramientas existentes para instrumentarlos, y precisa que necesitamos encontrar nuevas salidas a un tema problemático.

Define que seguridad es la construcción de un espacio social donde pacíficamente se pueden ejercer libertades y derechos y remarca que la finalidad de la seguridad es la de posibilitar tomar decisiones legítimas que permitan la libertad y la construcción de proyectos de vida.

Refiere al fallo de la Suprema Corte, el cual indica que abre un tema muy profundo en derecho y democracia. Éste es si la ineficacia de una ley afecta su validez; responde que la ineficacia no valida la ley, pero sí obliga a la reflexión sobre qué factores hacen ineficaz una ley, la debilidad institucional, la corrupción, la falta de legitimidad de la prohibición y la ambigüedad moral.

Precisamente, la ambigüedad moral política e institucional frente a la prohibición es un espacio natural para la corrupción y la violencia, y se pregunta ¿quién arbitra donde faltan las instituciones? Plantea que si queremos incentivar la seguridad y la legalidad es tiempo de construir alternativas para contar sólo con aquellas previsiones que tienen un amplio respaldo social, sin perjuicios de la discrecionalidad de la aplicación de la ley.

Menciona que hay alternativas que permitan tener un mínimo de discreción. La política prohibicionista no redujo la demanda como tal, reconoce que hay un mercado que se tiene que regular, y que es el Legislativo el que señala el espacio social en el que va a operar una organización criminal. Cuál es la política pública que va a definir cómo opera ese espacio.

Que desafortunadamente, al momento de intervenir la policía se quita a algunos criminales, pero los pocos que quedan reciben más ganancia. Los riesgos sobre terceros, investigación moderada y un estado de intoxicación que tienen que ser regulados. Como ejemplo puso las actividades de riesgo, la regulación debe de evitar el contacto con menores de edad, con respecto a la adicción, la criminalización ha impedido que los adictos puedan acudir a centros de rehabilitación. Las redes sociales de apoyo están marginadas de las políticas y de los apoyos. La alternativa de reclutamiento, y que son una alternativa además de reclutamiento para el crimen organizado.

En relación con el contexto internacional, indica que si bien se pueden tomar medidas en criminalización, estas están sujetas al régimen constitucional de cada país. Se puede generar un espacio interno distinto a la prohibición, siempre y cuando no se traspasen sus efectos a otros países.

En resumen, el modelo prohibicionista está agotado, por lo que tenemos que encontrar alternativas para evitar la clandestinidad. Ése sería el resumen de este panel. Muchas gracias.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: Muchas gracias, diputada por estas conclusiones.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: Seguiremos agregando las opiniones. Vamos con las dama por acá, por favor, ahorita le llega el micrófono... Muy bien.

El ciudadano : ... la gente, debido a que mi área es en salud, agradezco toda esta investigación sobre la parte de seguridad. Aquí, mi cuestionamiento sería con respecto a si el problema no está realmente en el sistema, no tanto en la norma, porque al parecer hay problemas de implementación, de aplicación, de leyes, y al final no sé qué tanto la regularización es realmente una solución al problema porque por lo que estoy viendo en las cifras el problema es de raíz y no tanto en ver si ya regularizamos y todos tienen lo que quieren y ya hay menos violencia.

A mi parecer, la violencia no va a bajar, debido a que el mismo sistema es el que va a platicar esa norma nueva que estamos proponiendo aquí en esta mesa.

Con respecto al área de salud, creo que para los niños y los adolescentes, realmente es que esta regulación no conviene, desde una perspectiva de salud, debido a que los chavitos van a consumir y va a incrementar el consumo debido a que la prohibición continente el consumo, eso no quiere decir que la prohibición sea una solución, ya está muy claro que nuestra ley actual no está funcionando, pero realmente la regularización o más bien la legalización a largo plazo va a funcionar, porque al final la gente que va a regular va a hacer son los policías, o la gente que hace las leyes.

Entonces, al final sí se van a aplicar todas las cosas que decimos que se van a hacer, en el sistema que actualmente no está funcionando, esa es una perspectiva de salud, pues al final, como especialista en adicciones les digo que las adiciones solo es una enfermedad crónica, desde que empieza la gente la padece hasta que se muere. Punto.

Entonces, desde si un chavito empieza a consumirla desde joven no la va a dejar de padecer hasta que se muera y no sé si 6 mil 200 pesos sea lo que cueste un tratamiento para las adicciones porque es mucho mayor. Claramente el sistema de salud en México es deplorable y hay unos esfuerzos, pero al parecer no hay una investigación, no hay implementación de programas adecuados. No hay...

Ahí es donde hay que ver, ponerlos a ver sobre los derechos humanos de las personas, que tanto nuestros tratamientos, nuestros servicios de salud. Realmente si regulamos vamos a hacer ese cambio en la regulación de la salud, en cuanto a programas y prevención, a dónde va a ir ese dinero y si ya de plano ya estamos a un paso de la regulación, echando a perder se aprende.

De plano ya se va a regular y se va a regular en todos los estados, no vamos a hacer un piloto si funciona o no, evidenciar qué es lo que va a pasar con esta regulación que es inminente y si ya se va a hacer un cambio en la ley, ver si va a funcionar o no, no aventarnos como El Borras, o sea literal, ver, darle especificaciones a esta regulación que al final es algo que va a suceder que estemos de acuerdo o no, ya nos está presionando Estados Unidos.

Por último, en Estados Unidos el consumo es mucho mayor que en México, mucho mayor. Y allá tienen instituciones que hacen investigación de calidad y que implementan programas de calidad, no como aquí que las instituciones que se dedican a esto son, la verdad, en mayoría de baja calidad y son muy pocas las que tienen de alta calidad. Entonces esta es como una conclusión o mejor dicho un comentario desde la perspectiva de alguien que observa todas estas cifras con respecto a la seguridad.

El licenciado Fernando Gómez Mont: Perdón, pero para hacer algunas precisiones a tus afirmaciones.

Uno. No es lo mismo consumo que adicción. Hay un porcentaje en el consumo que es adictivo, que es a lo que se refiere a usos problemáticos y que tiene que ser atendido como un problema de salud. Vincular consumo con adicción, simplemente estadísticamente es una información falsa. Ciertamente, no hay adicción sin consumo, eso sí, solo el consumo detona la adicción.

En el caso – ya no recuerdo las cifras, pero son arriba del 20 por ciento–, de tabaco o 30 por ciento alcohol o al revés, 9 por ciento de marihuana, tal y como está documentado la adicción en frecuencia, etcétera.

Dos. Parte de la clandestinidad ha logrado la debilidad institucional del Sistema de Salud al privilegiar al Sistema de Policía. Si tú estás, tú como terapeuta de la adicción, quién prefieres que sea la primera aproximación a un adicto, tú o un policía. Tú.

Entonces hay que cambiar el enfoque, porque tú sabrás si se trata de un consumo no problemático que puede ser contextual que puede ser atendido desde el punto de vista de la información y del tejido familiar o ya se trata de un consumo adictivo que requiere una intervención.

Tercero. El carácter crónico de la adicción no significa que no sea superable en términos de responsabilidad y calidad de vida para el adicto. El adicto en actividad sí está en un problema, pero el adicto en recuperación puede superar la condición de su adicción estando alerta toda la vida, porque es incurable. Pero aguas con la definición de crónico, porque hay etapas en las cuales los efectos de la adicción pueden ser superados por los propios procedimientos.

No son lugares sin retorno, son lugares ineficaces porque no les hemos dado la fuerza, porque están las soluciones entramadas en una actitud de solidaridad social, de legos alimentados por su propia experiencia de dolor con falta suficiente de apoyo de política pública y de institución, pero hay una red importantísima constantemente trabajando la adicción, igual no con tu preparación, pero constantemente activa y si eres experto en ello, constantemente debes estar viendo desde centros de control de adicciones hasta las famosas clínicas que son –¿cómo se llaman?–, los refugios, los anexos que entran en el borde del tratamiento médico de la aproximación. Pero que están activados por la clandestinidad en la que se está viviendo el proceso.

El otro día el Consejo de los centros contra adicción me fue a ver diciendo que estaban confundidos de cuál era la respuesta real frente a las posibilidades de regulación, pues entrar a privilegiar y a reclamar los espacios públicos y los apoyos públicos para que ustedes sean el actor privilegiado de este nuevo enfoque. No salgan así, sigamos igual. Si se sienten discriminados porque se ha privilegiado otro tipo de instituciones de policiales y de justicia, reclamen su responsabilidad y su posibilidad de resolver.

Por último, toda política pública es una puesta al futuro. Lo que sí conocemos es el pasado y el pasado nos aconseja cambiar de estrategia.

La licenciada Amaya Ordorika Ímaz: Yo, perdón, sí. Solo quería agregar algo muy corto, muy en línea con lo que está diciendo Fernando, o sea, la prohibición más que contener el consumo lo vuelve más peligroso, primero porque lo invisibiliza, no tienes acceso a saber realmente quiénes, cuántos, qué edades, conocer realmente los patrones y la información de cómo está el consumo a nivel nacional para hacer una planeación de política pública cuando ese consumo está en un contexto de criminalizaciones, prácticamente imposible, lo vuelve tabú.

Entonces, hablar de eso con tus padres, con tus maestros, con tus médicos, ser honesto sobre tu consumo con justo las personas que te proveen servicios de salud se vuelve imposible. Los centros de tratamiento se vuelven también centros de violaciones a derechos humanos, donde muchas veces el tratamiento está pensado sobre estos mismos estigmas de castigo a las personas adictas. Los vínculos al mercado negro con sustancias adulterantes que mencionamos previamente y sobre todo una cosa muy importante, no se piensa en servicios de salud para personas usuarias de drogas con uso no problemático.

La prohibición lo que no permite es pensar en servicios de salud para las personas que no requieren entrar a un centro de tratamiento, pero sí requieren otros servicios de salud adecuados a su consumo de sus sustancias y eso los excluye de un servicio especializado a una población en particular. Entonces, más que contener lo margina que no es lo mismo y la marginación genera una serie de problemas muy preocupantes.

La doctora Catalina Pérez Correa González: También para agregar, muchas gracias por su pregunta. A ver, son distintas cosas, una es, la pregunta tendría que ser qué tipo de regulación se está proponiendo, porque pareciera que lo que se está diciendo es bueno, ya vamos a empaquetar la marihuana y venderlo en los puestos de dulces afuera de las escuelas y con eso vamos a estar bien.

Por lo menos, sé que la mayor parte de los que hemos estado trabajando en eso no es lo que proponemos. Lo que proponemos es que se forme en la cual se controle y que no entre en la lógica capitalista de ganancias, entre más ventas haya en términos de la producción y venta del consumo de la marihuana.

Y quería hacer énfasis en una de las cosas que decía Amaya, y que decía hace rato. La legislación actual no protege a los jóvenes. O sea, nosotros vemos cómo ha aumentado el consumo en jóvenes, y no es una legislación que esté disminuyendo el consumo. Cada vez es menor la edad del consumo y es mayor el número de jóvenes que reportan haber consumido marihuana y otras sustancias.

Creo que ésa es una parte que es importante. La pregunta sería: qué nos hace pensar que si nos quedamos como estamos va a funcionar mejor. Y así empezó su intervención el licenciado Gómez Mont. Es como de locos decir “pues hay que hacer más de esto”. Cuál es la propuesta en el régimen en el cual estamos funcionando. ¿Poner a los militares ahora a que detengan a los consumidores menores de edad para que los remitan al Ministerio Público? ¿Y eso va a ser una mejor respuesta para prevenir el consumo de estos jóvenes? A mí me parece que no, que hay formas mucho más inteligentes.

Hoy las instituciones de salud reciben alrededor del 3 o el 4 por ciento del presupuesto las instituciones de seguridad pública. Frente a un problema de salud, lo que hacemos es: militarizamos, lo ponemos en manos de los policías. Por qué. Por qué no estaría mejor en manos de médicos, de especialistas como usted, de Hacienda, que utilice los impuestos como una forma de regulación. Tenemos todo un espectro de posibilidades regulatorias, y en el que estamos ha mostrado que es muy ineficiente. Y por alguna razón decimos “no, no, hay que seguir en esa misma forma”.

Y nada más para cerrar. Usted inició diciendo: “es que la violencia no se va a disminuir si cambiamos la regulación”. A ver, no sabemos cómo se va a disminuir o no la violencia si se regula de forma distinta la marihuana, pero un tipo de violencia.

Sabemos que la violencia que está en contra de enormes sectores de la población, especialmente los jóvenes, que son los que nos están preocupando, sí va a disminuir. Porque si no es la marihuana la excusa para detenerlos y meterlos a prisión, si no es la marihuana la excusa para meter a las madres solteras a la cárcel y dejando a sus hijos afuera, o metiéndolos a la cárcel con ellas, a que estén hasta los cinco o seis años en la cárcel. Eso también es una forma de violencia que también hay que reconocer y tomar en cuenta.

Ahora, si quitamos esa parte del trabajo que hacen las instituciones de seguridad pública –y eso es parte de lo que yo intenté hacer con mi exposición– todos esos recursos que hoy se están utilizando para perseguir a la gente que consume marihuana. Pues qué pasa si ya no tienen eso, en qué dedican su tiempo. Pues yo quisiera pensar que en cosas que sí nos afectan en términos de violencia, como la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, las extorsiones a los comerciantes, el secuestro, etcétera.

Creo que hay que también precisar esta cuestión de que no va a funcionar nada en términos de violencia. Hay distintos tipos de violencia. Y creo que sí se puede afectar la violencia.

Y por último, los inhalantes. Si nosotros revisamos el consumo de sustancias en jóvenes aparecen los inhalantes. Y ahí sí qué miedo los efectos que producen. Y usted lo debe saber muy bien. Los inhalantes producen en el cerebro efectos realmente desastrosos. Estamos ahora diciendo: bueno, ahora hay que prohibir y poner un policía en cada tienda de pintura porque los inhalantes son un grave problema de salud. Pues no.

Cómo podemos regular eso y prevenir. Bueno, las estrategias que tenemos para prevenirlo no las estamos utilizando. No se da información acerca del problema, no se han hecho campañas de prevención, no se habla con las mamás y los papás. Por qué. Y creo que ésas son unas de las preguntas que falta contestar también, y que tienen que ver de nuevo con todos los prejuicios que existen en torno a este tema.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: Muchas gracias. Veo algunas manos levantadas. Solicitaría de manera muy respetuosa que busquemos hacer bloques de tres participaciones, enfocarnos en la pregunta, para que los ponentes puedan responder por cuestión de tiempo.

Aprovecho para hacer una invitación. Que el día 2 de febrero en el Senado de la República va a haber otro foro, en este mismo tema sobre la regulación, con relación a uso medicinal y terapéutico. Así que rogaría también que pudiéramos ser muy precisos en la pregunta, para poder concluir ya esta participación. Adelante. Vamos a hacer grupos de tres preguntas, para que contesten los panelistas.

El ciudadano : Quiero ser muy breve y, sobre todo, clarificar la intervención que tuvo el Inegi en esta temática. Y sobre todo porque desde las primeras reuniones que tuvimos se han estado dando intervenciones sobre números. Ahorita se acaba de hablar que –la investigadora Catalina– que ha incrementado el consumo. No, no es cierto. No lo sabemos, porque no hay una encuesta continua que pueda afirmar eso.

Hay una relación con los delitos. No. No es cierto. No lo sabemos, porque no hay una encuesta que esté midiendo el consumo, y la invite a que dijera: ah, como aparentemente las víctimas dicen que esa persona la vio como en un estado de efecto de drogas, concluyamos eso. No. Nada de eso se puede afirmar, porque no hay información. Eso es lo que está trasmitiendo el Inegi. Porque no hay información para hacer esas aseveraciones.

Inclusive por eso pusimos la cartera de información y el estatus. O sea, el Inegi les está diciendo cuál es el estatus de estadística que hay en materia de información. Es decir, no sabemos el consumo. Hay una encuesta que es especializada en temas de delitos. Que una pregunta –porque es un estándar internacional– el si la víctima detectó esa situación, nada más. Pero no se pueden hacer conclusiones. O sea, tendrán que allegarse mucha más información que ésa para hacer conclusiones.

Efectivamente, es irresponsable que un hacedor de política pública, con un solo instrumento, como por cierto está sucediendo en estas situaciones, que con el registro administrativo en cualquier parte del planeta sabemos, en el mundo estadístico, que jamás el registro administrativo va a reflejar la realidad de un fenómeno. No refleja la realidad del delito. No refleja la realidad del consumo de drogas. No refleja la realidad del ingreso de los hogares ni del empleo. No refleja ningún registro administrativo. Muchas presentaciones veo y se sustentan en eso. Pues déjenme decirles que todo eso no refleja la realidad de los fenómenos que se están dando.

Qué refleja la realidad. Tampoco la reflejan las encuestas. Eso también quiero advertirlo. O sea, no es la panacea. La realidad la va a tratar, y remarco esa palabra, la va a tratar de reflejar la combinación de las encuestas, del registro administrativo y de los censos que se tengan sobre ese fenómeno que se pretenda estudiar. La combinación de esos tres instrumentos, insisto, remarco, va a tratar de reflejar eso. Y ustedes, como hacedores de política pública van a tener que hacer un análisis profundo.

Efectivamente, como decía la doctora Catalina, diciendo, ah caray, esta pregunta que habla de que la víctima dice que venía drogado. Okey, la tengo aquí. Y por eso lo aclaré, es una percepción. La víctima nunca le hizo un estudio sanguíneo para determinar eso. Tendrán que ver la encuesta, y por eso ponía un menú diverso, el Ecopred, de cómo los padres les hablan de drogas, o cómo, más bien, los jóvenes se están refiriendo, si sus padres les hablan del tema de drogas, que era lo que comentaba hace un momento el licenciado Gómez Mont. Eso sí lo tenemos medido, de si hay una cultura de que los padres efectivamente estén hablando de eso. Ustedes harán las conclusiones sobre eso. No el Inegi.

Y efectivamente, vuelvo a lo mismo, no tenemos encuesta de adicciones. Hablar del consumo es la cosa más etérea de referir ahorita en el país. Entonces simplemente queremos dejar muy en claro es la cartera que se tiene de información, sí, con variables que aproximen ese fenómeno, nada más. Porque, como tal fenómeno medido no se tiene.

Segundo, el día que se tenga una encuesta de consumo, como bien lo refiere, y que por cierto lo estamos trabajando con el CIDE, para más que dar un enfoque de adicciones, un enfoque de fenómeno de consumo. Y este año o a finales, esperemos, o si no, a principios del siguiente estaremos detonando una prueba piloto para hacer un estudio, pero ya desde el enfoque de consumo, que abra la puerta a que los hacedores de política de salud financien, como en el caso del Ecopred, que la financiera es la responsable de la materia de prevención del delito, y diga –ah bueno, necesitamos ahora sí ya formalizar este instrumento para empezar a medir eso.

Que por cierto, eso va a tener un reto increíble, como no se imaginan, porque las encuestas de consumo, de adicciones, o como se le quiera estar refiriendo dependiendo del enfoque que se quiera detonar, tiene un reto grandísimo, que es cómo lograr que el informante diga la verdad, dado que partimos de que no es lo mismo preguntar por víctima, donde la gente sí está deseosa de manifestar lo que sufrió, porque no tuvo ningún espacio por parte del Estado para decir eso, a reportar una situación en la cual, por definición es un estigma.

Y que lo sabemos, la gente oculta eso, así como cuenta sus preferencias sexuales, así como oculta sus hábitos en materia de consumo de drogas legales o ilegales, ése es el siguiente paso, y por eso de hecho hay que trabajar muchísimo –que nunca se ha hecho, al menos en este país– en materia de empezar a diseñar el instrumento adecuado que científica y verdaderamente refleje cuál es ese consumo O sea, se tiene una historia de medir este fenómeno bastante complejo.

Insisto, ahorita ése es el menú que hay como Estado mexicano, que tenemos en materia de estadística, y quiero enfatizar, con los riesgos de cada uno de ellos. El registro administrativo tiene un riesgo, y es gravísimo que queramos hacer conclusiones como lo que estábamos viendo de presentaciones, etcétera, con eso. Es gravísimo que con sólo un dato de una encuesta; es gravísimo que tan sólo con un dato de una encuesta de un censo hagamos conclusiones, sino que va a ser la combinación de eso, y con un profundo estudio de demostrar hipótesis.

Eso es lo único que podríamos decir en materia de estadística, y sólo para que vaya a quedar claro que no es una posición hacia decir que esto es el efecto de esto otro, no. La función del INEGI no es esa, es simplemente proveerles de la información que se tenga hasta el momento.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: Muchas gracias. Agradecería. Vamos por respeto al tiempo de los panelistas, que agradecemos también su asistencia, y valoramos esa parte vamos a hacer dos grupos de tres preguntas, para finalizar, porque veo que cada vez hay más manos levantadas, y esto podría desbordarse en el tiempo. Así es que por favor, les pediría si pudiéramos ser muy exactos en la pregunta.

El ciudadano Miguel Villegas: Sí, claro, muchas gracias. Miguel Villegas, de Reverdecer Colectivo.

Quisiera retomar una idea que propuso el señor Gómez Mont, acerca de que las políticas públicas se hace aprendizaje, y voy a la pregunta, nada más déjenme armarla un poquito. En los años 60 se implementó la operación Cóndor, en la que el Ejército fue utilizado, con la Dirección Federal de Seguridad, para hacer detenciones de líderes de movimientos sociales. Cosa que sigue pasando hoy día, con los muchachos de Ayotzinapa, con los que están ahora desaparecidos en Veracruz, con todos los desaparecidos del país, en los que están documentadas graves violaciones a derechos humanos.

En Colombia vimos que la guerra declarada contra Pablo Escobar y contra los grandes cárteles no sirvió de nada. Desde los 60, como también dijeron, se ha venido implementando el uso de las fuerzas armadas para combatir al narcotráfico, no es algo nuevo, pero es algo que se ha venido intensificando.

Entonces, por un lado, creo que no se ha hecho un aprendizaje ahí, y pregunto, ¿cuál es el aprendizaje que se tendría que hacer? Y por otro lado, como dijo el señor Gómez Mont, para que la intervención de las fuerzas armadas sea respetuosa de los convenios internacionales de derechos humanos tiene que ser temporal.

De los 60 para acá, es una cosa que se ha mostrado como algo permanente, entonces pregunto ¿qué es lo que se tendría que hacer; se tiene que hacer un plano o un cronograma o establecer objetivos temporales a corto o mediano plazo, o qué hacer para empezar a desmilitarizar al país, porque como ha estado, no está en cumplimiento de esos convenios internacionales?

Ésas son las preguntas, ¿cuáles son los aprendizajes que hay que hacer? Y ¿qué hay que hacer para desmilitarizar al país y cumplir esos convenios internacionales? Y por último, comentario, celebrar la reflexión del señor Gómez Mont, lástima que sea cuando ya no está en funciones como secretario de Gobernación en un periodo en el que se intensificó de tan gran manera esta guerra que hoy nos ha destrozado el tejido social. Pero celebramos la reflexión actual.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: A ver, por acá.

La ciudadana Aura Rivera: Aura Rivera, de la Fundación Miguel Estrada Iturbide. Yo quería mencionar, que si estamos hablando de regulación, en relación con la seguridad pública, creo que también hace falta ver cuál es el efecto en las organizaciones criminales, es decir, creo que la discusión se centró mucho en la violencia derivada de la criminalización del consumidor, pero creo que se dijo poco del otro lado, que sería de la parte de la oferta.

Muy puntualmente mi pregunta es, cuando estamos hablando de la cannabis, me gustaría saber su opinión sobre estos argumentos que se han esbozado en la opinión pública, que se refieren primero, a que los ingresos derivados de la venta de marihuana en México, no son tan significativos para la fortaleza de los grupos criminales. Y segundo, que dicen que incluso una nueva regulación no prohibicionista para la cannabis podría derivar en más violencia, resultado de que haya más lucha entre grupos criminales en la disputa por estos mercados que van a estar más restringidos. Ésa es mi pregunta, ¿qué opinión merecen estos argumentos?

El moderador diputado José Everardo López Córdova: Gracias, pasamos para allá, por favor.

El ciudadano Aldo Contró: Mi nombre es Aldo contró del Colectivo Por una política integral hacia las drogas. Voy a tratar de ser muy breve, aunque es muy difícil, porque son muchos temas, pero noto desde ayer, antier, y hoy que hay mucha preocupación por el tema de la juventud, la niñez, y me gustaría señalar –desde mi perspectiva– que es muy importante aclarar que uno de los principales argumentos a favor de la reforma a la política de drogas es limitar el acceso de los menores de edad, particularmente de los niños, que es una limitación que al día de hoy no existe, porque los ofertadores de mercado negro no piden IFE.

Y si bien es cierto que no existe una regulación perfecta y al día de hoy, menores de edad pueden comprar alcohol y pueden comprar cigarros, muchas personas que venden estos productos prefieren no hacerlo porque no quieren enfrentarse a una multa de 180 mil o 200 mil pesos, y la ganancia de una cerveza no va a ser tanta, que pueda alcanzar a cubrir esta multa.

Entonces sí, regulación perfecta no va a haber, pero es mejor una mala regulación, que una falta total de regulación eso es claro –me parece– y ése sería un comentario. Me gustaría, sobre la última participación que hubo, ahondar un poco más sobre ese tema, con una pregunta que sería precisamente, para disipar las dudas que existen en mucha gente sobre la violencia que pueda generar la disputa de los mercados, en una supuesta regulación. ¿Cuál es la opinión de los panelistas sobre la regulación del cultivo de cannabis, ya que éste un foro específicamente sobre cannabis? Gracias.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: Si gustan responder.

El licenciado Fernando Gómez Mont Urueta: Uno. En términos de si estamos entrándole a este debate con palos de ciego. Yo creo que la información estadística es importante para entender de magnitudes, pero sí tenemos información dura, para entender disfuncionalidades, o sea, ahí están los presos, ahí está por qué están presos, cómo está contribuyendo esto a la estadística delincuencial, es decir, no hay una falta de información absoluta.

Sí en ciertos temas delicados la clandestinidad nos tiene en un problema para tomarnos las tensiones más cortas. Pues sí, parte de lo que tenemos que vencer en este esfuerzo de regulación frente a la criminalización es abrir espacios y visibilizar procesos para entrarle, en los términos en los que están y salir de actitudes dogmáticas, que presuponen ciertos hechos sociales, a partir de discursos políticos.

El chiste es quitarle la cobija al tema, y empezarlo a ver sacarlo del rostro de lo oculto, del espacio de lo oculto, para visibilizarlo, y con ello ir magnificando o dándole magnitud y cuantificando las intensidades y los grados de inversión y las cosas que tenemos que hacer como sociedad para mejorar nuestro escenario presente.

Segundo. En términos de lo que es la política de seguridad pública del Estado mexicano de los 60 para acá, ha sido una política que ha ido cambiando, inclusive con el régimen político tal y como está. No es lo mismo el Estado de los 60 ni la intervención de los ejércitos, no sólo en términos de la persecución del narcotráfico, sino en términos de la criminalización de la protesta en los sesenta, de los setenta, a cómo se ha venido desarrollando esto en los ochentas, noventas y presentes.

Ciertamente le puedo decir que como secretario de un gobierno uno no cambia de manera de pensar, sólo establece en qué espacios dice una cosa y en qué espacios otra. En mi récord está que yo nunca hice de la reconstrucción de la política de seguridad del Estado un problema de drogas. Lo hice como un término de habilitar al Estado a interferir en los procesos de violencia donde están expuestos los más débiles, frente a la opresión de los delincuentes. Lo hice en términos de paz, de seguridad y derechos.

Y ese era el discurso dominante cuando menos del 2008 al 2010. Se fue retirando el espacio de que por las drogas y que para tus hijos no consumas drogas para hablar de paz, de generar capacidades para prevenir y evitar la violencia, de construir capacidades y de establecer en tiempos reales una salida de los militares de los espacios de seguridad para que entrara en manos de policías profesionales.

El problema está que durante tantos años se desatendió la generación de esquemas de seguridad civil en el país, por una razón muy clara, déjenme decirles, esta es mi hipótesis: la pacificación que pasa después de la Revolución pasa por la profesionalización del Ejército, el destino de recursos públicos para la profesionalización del Ejército y ante un principio, de un país más o menos en paz, el no ver o anticipar la necesidad de generar alternativas de seguridad civil.

Simple y sencillamente los recursos que necesitábamos para el uso de la fuerza se lo estábamos poniendo a nuestras Fuerzas Armadas, como parte de nuestra propia tradición postrevolucionaria, hasta que las insuficiencias de ese proceso se hicieron patentes en los sesentas, en los setentas y en los ochentas. Pero el discurso hacia la protección civil, a la construcción de un sistema nacional de seguridad pública empieza hasta los ochenta, hasta los ochenta, con el régimen de De la Madrid.

Todo eso sucede en términos históricos muy recientemente, hace 30 años. Pues claro que en un momento de emergencia te agarras de lo que hay, mientras ves cómo produces lo que no hay, pero lo que debe claro es una salida transitoria y de emergencia. No puede nadie, ni los propios militares están interesados en la perpetuación de este esquema. Compromete a la integridad del cuerpo el estar expuesto a ese tipo de dilema todos los días.

Y sí es un Ejército con una tradición popular, sí tiene en términos de sus propios incentivos éticos y morales, como principal patrimonio, sostener un nivel de legitimidad y aceptación social constante, no lo quiere perder, es parte de sus nutrientes esenciales.

En este término, ¿qué tenemos que hacer? Sustituir fuerza existente, superando las explicaciones históricas que vengan al caso, con las exigencias de un Estado democrático hoy estamos discutiendo cómo aplicar de mejor manera esos recursos.

Están las discusiones en el propio Poder Legislativo, sobre mando único, que en el fondo es esta discusión, ¿a qué aplicamos la fuerza? ¿Cómo aplicamos la fuerza? ¿Quién la controla? ¿Qué podemos sostener desde el punto de vista de la fuerza para abatir la violencia, para generar un espacio social de paz, libertad y respeto? Y esta es una discusión que no sólo pasa por la regulación, de alternativas a la regulación, pasa también por cómo nos concebimos institucionalmente como régimen político y Estado democrático.

Tercero. En cuanto a las discusiones sobre las alternativas que nos planteaban en los dos institutos. Sólo quiero establecer, ¿por qué es importante y por qué se puede creer que va a haber una incidencia en los comportamientos de violencia con la regulación del cannabis, y qué tiene que ver con las organizaciones criminales?

Uno. El mercado de la cannabis es el mayor en número, sustancialmente mayor al mercado de otras drogas. Luego entonces, te habla de un espacio de la magnitud de un espacio social. De un espacio social en la clandestinidad. Modificar ese espacio social para visibilizarlo y regularlo genera un aislamiento, o genera el pronóstico razonable de un aislamiento de una buena parte de ese grupo social que implica la demanda de una oferta vinculada hoy a organizaciones criminales;

Segundo. Debe atentar contra su ingreso.

Tercero. La hipótesis que pueda venir una mayor violencia. A ver, la experiencia internacional nos dice que al principio en un cambio regulatorio hay picos. Es decir, algunos de los costos se incrementan en el corto plazo y luego se establecen en el mediano y largo plazo. Nos pasa con cualquier medida correctiva de cierta profundidad: aumento de impuestos, devaluaciones, todo ese tipo de medidas tienen un impacto de corto plazo y luego tienden a estabilizar en el tiempo y a ser absorbidas o asumidas por la sociedad de una manera más razonable.

Eso sí, gratis no va a ser. En la curva de aprendizaje podemos enfrentarnos en el corto plazo en algunos campos, a costos mayores, o porque estamos viendo más –y es un tema de visibilización– o porque sí se puede dar una trivialización del consumo en función de que se abren los espacios sociales. Se experimenta con eso.

Es posible y por eso hay que ser prudentes en cómo lo vamos haciendo y llenándonos de información al consumidor en estos casos sobre los riesgos que tiene ese consumo sobre su persona y sobre su desempeño económico y social. Pero a él le toca al final asumir esa decisión, no a gobierno, a él le toca, al gobierno le toca acercarle la información pertinente. Es tan un error trivializar el consumo de drogas, hasta de la cannabis, como criminalizarlo en términos absolutos. La regulación está en medio de los dos.

La licenciada Amaya Ordorika Ímaz: Sí. Sobre la misma línea de la pregunta sobre el involucramiento de las Fuerzas Armadas y lo que significan las salidas. Creo que hay una afirmación que es muy importante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realizaban en el último periodo de audiencias, justo en una audiencia que se realizó sobre el impacto de la política de drogas en el respeto de los derechos humanos en México, donde afirmaron que, siempre que ha habido un uso de las Fuerzas Armadas para tareas de corporaciones civiles, se ha visto un aumento exponencial de violaciones a derechos humanos, y que eso no tiene que ver con México, sino que se ha visto en la región, a través de los años.

Esto está vinculado a lo que significa la formación militar, a la asignación de la formación militar a un enemigo que tiene que ser abatido, que tiene que ser eliminado y que funciona en su mayor parte también a través de la ocupación territorial, y no a través de la construcción ciudadana de seguridad. Entonces, es un modelo de seguridad contrario a la implementación de estrategias de respeto a los derechos humanos.

En ese sentido, lo que es realmente preocupante es que no estamos viendo un proyecto de salida de las Fuerzas Armadas en realidad. Entonces, me parece que la creación de la Gendarmería, una división de la Policía Federal con formación militar no es una salida a la estrategia de seguridad militarizada, es un reacomodo institucional de la estrategia de seguridad militarizada.

La seguridad militarizada no es solamente tener elementos del Ejército en las calles, es tener titulares de seguridad pública con trayectoria militar, es tener también policías con formación militar; entonces, la Gendarmería es una continuación del modelo de seguridad militarizada.

Ahora, se enmarca también dentro de un proceso internacional, en el que la narrativa internacional sobre el problema mundial de las drogas implica que los países productores y de tránsito somos responsables, por medio de la seguridad y de una estrategia de seguridad, de minar a las organizaciones de narcotráfico.

 O sea, parte de la narrativa internacional pone la responsabilidad en los países de tránsito y de producción de combatir a estos grupos de narcotráfico y con una narrativa muy bélica, que hemos asumido en nuestro país, pero que es de combate, que es de eliminación, que es de guerra contra las drogas O sea, es un discurso sumamente bélico. Y no sólo es un discurso, es promovido a través de financiamiento internacional que ha permitido la expansión de esa estrategia militarizada y no solamente en México.

Nosotros necesitamos una alternativa que haga frente a ese discurso y a esa presión internacional y esa alternativa –respondiendo a la pregunta de Aldo– necesita pasar necesariamente por el cultivo. México no puede pensar una alternativa como Portugal, no puede pensar una alternativa sólo de descriminalización, porque es el mercado completo el que tiene que ser regulado para sacarlo de la situación de ilegalidad, y de regulación por medio de la violencia en la que se encuentra ahora.

Entonces, una alternativa para hacer frente y para limitar la misma violencia, que es otra violencia generada por el Estado, como mencionaba Cata, que es la violencia generada por las instituciones de seguridad pública y por las fuerzas armadas que de las cifras que contenía mi ponencia inicialmente.

Esa es una violencia también que puede ser limitada si México decide cambiar su aproximación y regular, en lugar de criminalizar y combatir por medio de la fuerza a estos grupos.

El moderador diputado José Everardo López Córdova: Como lo habíamos comentado, agradecemos muchísimo la participación de los panelistas, a cada una de las opiniones vertidas en esta audiencia, que sin duda viene desarrollándose en distintos esquemas.

Les volemos a reiterar que el 2 de febrero en el Senado de la República existirá otro foro, al cual están cordialmente invitados, y que esta agenda siga trabajándose a su vez.

Agradecemos a la diputada Daniela de los Santos por las conclusiones. Desde luego a la doctora Catalina, al licenciado Gómez Mont, a Maya, a cada uno de ustedes. Decirles que desde el Congreso de la Unión estamos en esta agenda para dar participación tanto del sector académico en especialidades en este tema, como a os ciudadanos para legislar en una gran parte en este año y llegar a una gran conclusión que nos permita, desde luego, verter todas as ideas aquí expresadas y que sigan desarrollándose estos foros, que sin duda son una celebración a un país democrático abierto, que escucha y que desde luego buscamos ponernos de acuerdo para que sea lo mejor para México. Muchas gracias. Que tengan todos muy buena tarde.

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