Acuerdo relativo al procedimiento para el desahogo de la discusión del dictamen
Dictamen con proyecto de decreto
Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de Hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, de la Ley de Coordinación Fiscal, y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
María Sanjuana Cerda Franco, PNA
Fernando Donato de las Fuentes Hernández, PRI
Temas reservados por los grupos parlamentarios
Asimetría fiscal y renta petrolera
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes (10:39 horas): Señoras y señores diputados, diputadas de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía. Vamos a reanudar los trabajos de esta reunión permanente de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, instalada el 29 de mayo del presente año 2014.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Solicito a la Secretaría en la persona del señor diputado don Tomás Torres Mercado, someter a la consideración de ambas el orden del día.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Orden del día a la letra, señoras y señores diputados.
El diputado Carol Antonio Altamirano: Señor presidente.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Señor diputado don Carol Altamirano.
El diputado Carol Antonio Altamirano: Muchas gracias, presidente. Solicité la palabra para hacer una moción de procedimiento y pedir una explicación, presidente, sobre todo en un tema que tiene que ver con el respeto a los acuerdos que asumimos, y sobre todo también al respeto que tenemos que tener entre nosotros.
Señor presidente, quiero solicitarle que nos dé cuenta sobre el seguimiento y qué pasó con los acuerdos de las juntas directivas de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Energía relativos a la celebración de reuniones de trabajo con servidores públicos, dependencias del Ejecutivo federal, para el análisis en comisiones de las iniciativas con proyecto de decreto por las que se expide, reforman adicionan y derogan diversos ordenamientos en materia energética presentadas por el Ejecutivo federal y remitidas a la honorable Cámara de Diputados.
En el numeral 5 del acuerdo, señor presidente, todos lo acordamos y está firmado, la integración de una subcomisión de dictamen integrada con representantes de los grupos parlamentarios. Fue un acuerdo a propuesta del PRD que asumieron las comisiones unidas.
Quiero solicitarle nos dé cuenta, presidente, primero, que hable con la verdad. ¿Se conformó o no se conformó la subcomisión? Si se conformó, ¿cuándo y cuántas veces se reunieron, presidente?
Lo expresamos porque el día de ayer al cuarto para las doce se nos entrega un dictamen que trae modificaciones muy importantes, pero sobre todo también modificaciones que representan un retroceso al federalismo fiscal. Para construir el federalismo fiscal significó un proceso, presidente, y al cuarto para las doce nos presentan un dictamen con modificaciones que lo trastocan y que representa un retroceso.
Por eso, presidente, quiero pedirle una explicación ajustada a la verdad, presidente. Aquí tengo el acuerdo. Sí le solicito que nos dé una explicación y nos dé cuenta de los acuerdos que tomamos en las comisiones.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Muchas gracias, señor diputado. Debo explicar a ambas comisiones unidas aquí, que fue público y notorio los trabajos que desarrollamos con la presencia de funcionarios públicos de dos secretarías, con expertos independientes también y con la presencia del gobernador del Banco de México.
Paralelamente se estableció –como hemos discutido este tipo de asuntos– una mesa de discusión con las diferentes dependencias y los diferentes implicados en las iniciativas enviadas por el presidente de la República.
En este momento, para la explicación que pide el diputado, vamos a dar a conocer en el orden del día, a establecer en el orden del día, el acuerdo tomado por las mesas directivas de ambas comisiones, en las que por sí mismo trataría de explicarse el procedimiento de la discusión de hoy.
Yo sí creo que estrictamente hablando, se hizo la mesa de construcción de los dictámenes con las secretarías técnicas y con la presencia de diputados y funcionarios. Puedo hacer un resumen brevísimo de las reuniones que tuvimos con los funcionarios aquí presentes y, finalmente las discusiones que llevamos en esta mesa durante mucho tiempo, tienen aquí sus resultados y las modificaciones.
Le hemos entregado a todos y cada uno de los diputados en este momento los dictámenes desde ayer, con las modificaciones que se hicieron en esta mesa. Un derecho comparado de los artículos uno por uno, de los artículos que fueron también discutidos y modificados. No se entrega el derecho comparado de lo que no fue modificado por considerarlo como obvio.
Esta explicación le daría yo, señor diputado; creo que ha sido ampliamente debatido de manera pública y en esta mesa que ya he explicado que ha existido, en la que por cierto el señor coordinador de los diputados del PRD, en la que no se pudieron integrar los diputados del PRD y no vieron algunas cosas. Esta explicación doy, señoras y señores diputados, a las inquietudes del señor diputado.
El diputado Silvano Blanco Deaquino: Presidente.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Diputado Silvano Blanco.
El diputado Silvano Blanco Deaquino: Efectivamente el día de hoy nos encontramos nuevamente con una situación bastante irregular, derivada de que se nos hace llegar un dictamen totalmente distinto al que había turnado el Ejecutivo, porque hay modificaciones de fondo.
Y yo como secretario de la Comisión de Hacienda, nunca fui convocado por usted como presidente, para ninguna mesa de trabajo y participar en la misma y nosotros hacer nuestras aportaciones en su momento; independientemente de que como ustedes saben muy bien, nosotros no compartimos el hecho de que se afecte gravemente al país.
Pero sí estaba usted obligado como presidente de la mesa a convocarnos a estas reuniones de trabajo en las cuales se modifica sustancialmente este dictamen, presidente.
Entonces eso es lo que nosotros estamos reclamando, efectivamente, de que en ningún momento consta por escrito que fuimos convocados para participar en el análisis de este nuevo dictamen.
Y platicando previamente con ustedes, o sea, derivado de esto, nosotros no tenemos información precisa en términos numéricos, de la afectación que va a impactar este nuevo dictamen, precisamente en los estados de la república.
Si el dictamen anterior ya tenía una afectación cercana a los 11 mil millones de pesos, nosotros consideramos en un análisis somero, de que este impacto va a ser duplicado para los estados de la república.
Entonces no es cosa menor lo que vamos a discutir el día de hoy; pero sí es una grave deficiencia de parte de usted como presidente de esta comisión, de que no nos convocaran a los integrantes de la mesa directiva para analizar este dictamen.
El diputado Carol Antonio Altamirano: Señor presidente.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Diputado Altamirano.
El diputado Carol Antonio Altamirano: Presidente, lo que usted informó, esto también forma parte del acuerdo, presidente. Si usted lo lee, lo revisa, la explicación que me da a una pregunta concreta, falta a la verdad.
Lo que usted dijo viene contenido y son compromisos acordados en el numeral primero, segundo, tercero; esta reunión con funcionarios no tiene nada qué ver, presidente, nada que ver con el numeral cinco.
Le estoy preguntando, presidente, de manera concreta, y no falte a la verdad, hay un acuerdo que dice, lo leo textualmente: “integración de una subcomisión de dictamen integrada con representantes de los grupos parlamentarios”. Así está, presidente.
Lo que le estoy pidiendo es una explicación ajustada a la verdad. ¿Se conformó o no se conformó? Y si se conformó ¿cuántas veces, cuántas reuniones tuvieron? Presidente, de manera concreta le estoy preguntando. Muchas gracias.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Presidente.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Diputado Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Coincido con mi compañero Carol Altamirano y con el compañero Silvano Blanco. Creo que es el primer caso que se da a esta situación, al menos durante toda la semana que hemos venido trabajando, primero como Comisión de Energía, el día de ayer Comisiones Unidas de Presupuesto y Energía, y hoy en este caso como comisiones unidas de hacienda y energía, porque tienen mucha razón. Es un nuevo dictamen y aunque no cambia el fondo, siguen privilegiando a las empresas transnacionales, siguen entregando la renta petrolera, sí, por cuestiones de rigor profesional y parlamentario, es un nuevo dictamen donde hicieron modificaciones de fondo.
Nos parece que esto se debió haber circulado cuando menos desde hace dos días, pero parece que había una subcomisión unipersonal que estaba metiéndole mano a este documento y no un ejercicio colegiado que pudiera determinar cuál era el alcance.
En realidad, las reuniones con funcionarios no sirvieron de nada. Les preguntamos varias veces la cuestión de cuántos dólares por barril por cada uno que exploten los privados, y ni siquiera eso pudieron contestar.
Yo pediría que se deje el dictamen y, toda vez que vamos a estar emplazados a partir del lunes al período extraordinario, que en el curso de la semana, ya impuestos del contenido del dictamen, se pueda volver a convocar a reunión de las comisiones unidas de hacienda y de energía.
Hacerlo ahorita sería un albazo porque incluso el cuadro comparativo nos lo entregaron hace unos minutos y un tema tan relevante, que tiene que ver con los ingresos del Estado mexicano, con el tema del fondo mexicano del petróleo, no se puede desahogar de esa manera.
Pediría, presidente, que sometiera a la consideración que se decretara un receso, para que pudiéramos analizarlo a detalle. Porque no se está cuestionando el formato que se ha seguido en las reuniones, hay que decirlo: el que se haga la presentación, el que fijen los posicionamientos, que se debata sobre temas, tres temas, como se ha venido haciendo; ese no es el tema.
El punto es que hay un documento nuevo que apenas se está entregando y que tiene modificaciones sustanciales de forma. Pediríamos que ya que se circuló el documento, nos emplazaran a sesión, una vez que empiece el período extraordinario. Al cabo ya hay suficiente materia. Hemos ya prácticamente desahogado cinco dictámenes y creemos que ya estaríamos en actitud de poderlo sacar y no cometer este atropello legislativo. Es cuanto.
El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena: Presidente.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Diputado Alejandro Cuevas.
El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena: Gracias, diputado. Dos cuestiones. Coincido con lo que plantean los diputados que me han antecedido en la palabra en función de lo comentado por el presidente de la comisión de hacienda que aclara, sin dejar lugar a dudas, lo que comentaba en la discusión de la ley de hidrocarburos, que estas leyes fueron discutidas en un mercado por el PAN, PRI y el gobierno y de manera institucional no conoce esta Cámara.
Hay el acuerdo explícito de haber creado esta subcomisión, la cual no se integró, cuando menos aquí está nuestro coordinador y aquí estamos los integrantes de la comisión de hacienda –yo formo parte también de la de energía–, y nunca se nos convocó para integrar esta subcomisión para generar el dictamen.
Pero además hay una flagrancia en su dicho, presidente, de reconocer una violación al reglamento y que está plasmado en el mismo acuerdo al citar que el día de ayer nos fue entregado el dictamen, cuando el reglamento y el propio acuerdo plantean que sea con cinco días de anticipación.
Por eso pedimos que se decrete un receso y que nos convoquemos para el martes o miércoles de la próxima semana, ya una vez evaluado este dictamen, que es totalmente distinto al presentado originalmente por el Ejecutivo. Claro, como dice el diputado que me antecedió en la palabra, es totalmente distinto, pero en contra del federalismo, en contra de los estados y va a ir en detrimento de los estados y de las mexicanas y los mexicanos. Muchas gracias.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: ¿Alguna otra diputada o diputado quiere intervenir? Bueno, escuchando a los diputados y asumiendo también la explicación que esta Presidencia dio, y no teniendo más que el mandato de las comisiones, primero sus mesas directivas en la sesión de hoy, y en la sesión de estas comisiones unidas, esta Presidencia se va a sujetar a lo que la asamblea, que es la máxima instancia, decida.
Por lo tanto, le pido al señor secretario Tomás Torres que someta a consideración de las asambleas el orden del día...
El diputado Silvano Blanco Deaquino: Presidente, hay un planteamiento muy concreto, en el cual estamos totalmente de acuerdo, del diputado Mejía que tiene que ser, que hay condiciones –digo– derivado de que no tenemos la información suficiente, para decretar un receso, señor presidente. Creo que es lo primero que se tiene que someter a consideración.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Muy bien. Esta Presidencia somete a consideración de las diputadas y diputados de ambas comisiones si se acepta la propuesta del diputado Ricardo Mejía Berdeja, de que se abra un receso. Señor secretario, la tomamos, por favor.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Atendiendo a la instrucción del señor presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, pregunto a las señoras y señores diputados si están de acuerdo que se abra un receso para el análisis del dictamen que abordan estos cuatro ordenamientos jurídicos.
Les voy a pedir –como se estila y como el Reglamento lo establece– los que estén en contra favor de levantar la mano (votación). Los que se encuentran a favor de la propuesta favor de manifestarlo de la misma manera (votación). Mayoría, señor presidente, en contra de la propuesta.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Señor secretario, por favor, sometemos a consideración la orden del día. Diputado Tomás Torres.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Con el propósito de atender la instrucción del señor presidente, doy lectura a la orden del día.
1. Reanudación de los trabajos de la reunión permanente de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, instalada el 29 de mayo del presente año.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura del acuerdo de las juntas directivas de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, relativo al procedimiento para el desahogo de la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo.
4. Presentación del dictamen, reseña, con proyecto de decreto por el que se expiden y se reforman los ordenamientos que hemos señalado en el punto inmediato anterior.
5. Análisis y discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la ley que se ha señalado de Ingresos sobre Hidrocarburos. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, de la Ley de Coordinación Fiscal y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo.
Es cuanto, señor presidente.
Atendiendo la instrucción del señor presidente, pongo a consideración del orden del día cuya lectura se ha hecho. En votación económica se consulta si se aprueba el orden del día. Los que estén a favor, favor de levantar la mano (votación). En contra (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Muchas gracias, señor secretario.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Le doy la instrucción al señor secretario, don Tomás Torres, también dar lectura al acuerdo de las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Literalmente, señor presidente. Acuerdo de las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, relativo al procedimiento para el desahogo de la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de Hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, de la Ley de Coordinación Fiscal, y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
Se introducen con la base legal y reglamentaria los siguientes puntos
1. El proyecto del dictamen se debatirá en lo general y las reservas se discutirán en el pleno de la Cámara de Diputados.
2. Podrá hacer uso de la palabra para fijar su posición hasta por siete minutos un orador por cada uno de los grupos parlamentarios en orden creciente.
3. Se abrirá una ronda de intervenciones de hasta seis oradores en cada sentido, en pro y en contra, o en contra, quienes harán uso de la palabra hasta por tres minutos cada uno.
4. Las Juntas Directivas de las comisiones dictaminadoras han acordado profundizar en los siguientes temas, propuestos por los grupos parlamentarios:
a) Ley de Coordinación Fiscal.
b) Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
c) Asimetría fiscal y renta petrolera.
Cada diputado que presente un tema tendrá el uso de la palabra hasta por cinco minutos. Una vez presentado un tema podrá hacer el uso de la palabra hasta dos oradores en pro y dos en contra hasta por tres minutos. En el caso del primer tema, es decir Ley de Coordinación Fiscal, seis oradores a favor y seis oradores en contra.
5. Una vez concluida la ronda de intervenciones alrededor de los temas mencionados la Presidencia preguntará si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. De ser afirmativa la respuesta se someterá el dictamen a votación en lo general.
Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Muchas gracias, señor secretario.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Y para efecto de dar a conocer a la asamblea de ambas comisiones le solicitaría a la Comisión de Energía, en persona del secretario diputado Juan Bueno Torio, que haga una explicación de los cambios que se dieron en relación con la iniciativa y con el dictamen que actualmente estamos discutiendo.
El secretario diputado Juan Bueno Torio: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, buenos días. Hoy estamos ante la posibilidad de realizar una transformación de fondo en el sistema fiscal, vinculado a la industria de la energía de nuestro país.
Los cambios que, estoy seguro, serán la base para que nuestra economía crezca, que se generen más inversiones y que se refleje en más y mejores empleos para buena parte de la población de nuestro país, particularmente en aquellas regiones en donde se realizarán las actividades petroleras y estados en donde se cuenta con una gran vocación petrolera tanto en la exploración y producción de crudo y gas como de la industria de la refinación y la petroquímica.
Hoy tenemos ante nosotros un paquete que ha sido enriquecido mediante el proceso de análisis legislativo que incorpora una gran cantidad de modificaciones, que van en la dirección de fortalecer las finanzas públicas y establecer mecanismos claros para garantizar el mejor ingreso para la nación, derivado de la renta petrolera por un lado, y al mismo tiempo poner el piso parejo para todos los participantes en este nuevo esfuerzo.
A continuación me permitiré exponer brevemente los principales cambios que estamos discutiendo.
De la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se está concibiendo un nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos, que sin duda es una demanda de todos los grupos parlamentarios y de buena parte de la sociedad que ha exigido que a Pemex se le deje de sangrar tanto, para que sea capaz de realizar sus propias actividades. Este régimen que se está planteando ahora reduce de manera notable la carga fiscal que va a tener Petróleos Mexicanos.
Se elimina también, y es otro de los elementos que se han debatido aquí en estas mismas mesas durante todo el proceso de esta semana, se elimina el límite de costo que se le pone a Petróleos Mexicanos. Si recuerdan ustedes teníamos un costo únicamente de 6.50 dólares por barril, se elimina ese tope y se establece un mecanismo vinculado como límite en el porcentaje de los ingresos de Pemex, permitiendo deducir en periodos posteriores lo que no pueda deducir en un año determinado. Esto es un gran esfuerzo para que Pemex se fortalezca financieramente.
Contiene elementos comunes a los del régimen de los contratos, para que Pemex esté en condiciones de competir al igual que las otras empresas que vengan a realizar actividades productivas en nuestro país, con lo que se cambia también el sentido de la iniciativa que consideraba un régimen diferenciado para Petróleos Mexicanos.
Contiene también la simplificación de la carga administrativa de la empresa, pues en lugar de que como hoy paga 11 derechos que debe de cubrir en todo el proceso, solamente en el futuro le aplicarán tres derechos de los 11.
También se modifica de como venía la iniciativa, se modifica el régimen fiscal de los contratos. Es lo que será con las empresas que vengan a participar en el sector en el país. La propuesta del Ejecutivo federal era que para efectos del impuesto sobre la renta, las pérdidas en un contrato por ejemplo por la perforación de un pozo que resultara no productivo o no comercial, no podían ser acreditadas contra las ganancias de otro contrato de exploración dentro de las mismas actividades productivas.
Ahora, para fomentar una mayor inversión de los participantes en exploración de hidrocarburos, el dictamen prevé cambiar esta condición y se permitirá que un contratista que registre pérdidas en un contrato de exploración y producción pueda acreditarla contra las ganancias de otro contrato que esté ya en etapa de producción. Esto es, se relaja en cierta medida el cerco fiscal que se había establecido únicamente contrato por contrato.
Siempre este esquema tiene que darse dentro de la misma actividad productiva, con el ánimo de que no vayan a mandar pérdidas a otros tipos de contratos.
Sí se mantiene, sin embargo, la prohibición para que un contratista pueda acreditar las pérdidas generadas por otras actividades que realice dentro del país. Es decir, si un contratista genera utilidades en un pozo, por decir, o en actividad productiva y también esa empresa se dedica a actividades de refinación o de petroquímica en nuestro país, no podrá cargarle o deducir las pérdidas de refinación, por ejemplo, en sus utilidades que tenga por la explotación o la producción de recursos petroleros.
No va a poder consolidar ese resultado de actividades distintas, ya que ello minaría la capacidad del Estado para capturar la mayor renta petrolera en nuestro país.
Habrá también –como se consideró– distintas variables para la adjudicación de los contratos. La iniciativa planteaba que se utilizaría como única variable para determinar al ganador de una licitación y que esta variable debería de ser de carácter económico. Con ello se buscaba garantizar que las licitaciones fueran adjudicadas de manera transparente y que el Estado capturara al máximo los recursos de la renta petrolera.
El dictamen que ahora está a nuestra consideración propone diferenciar esta restricción, permitiendo al Estado utilizar más de una variable de adjudicación. Sin embargo y para salvaguardar los principios de claridad y transparencia en las licitaciones se aclara que dichas variables deberán estar asociadas solamente al monto o porcentaje de recursos que reciba el Estado, así como el monto que el contratista comprometa en la inversión. Esto implica la parte de la tecnología.
Al incorporar la inversión como variable de adjudicación se busca tomar en cuenta no sólo a quien ofrezca el menor costo, sino también a quien ofrezca mayor inversión a valor presente, para desarrollar de manera eficiente los campos, reforzando la capacidad del Estado para capturar mayor renta petrolera.
Se establece también en el dictamen un impuesto a favor de las entidades federativas y municipios petroleros, el derecho de explotación de hidrocarburos. Es decir, es un derecho que pagarán las empresas por la ocupación que hagan de tierras en los estados en donde se está desarrollando la actividad productiva y que por esta actividad le paguen un derecho a los estados y a los municipios, reconociendo que en los estados y municipios en donde se llevan a cabo las actividades para explorar y extraer los hidrocarburos, se generan también afectaciones al ambiente y necesidades adicionales de infraestructura, particularmente infraestructura urbana, que muchas veces los municipios no cuentan con los recursos para poderlas realizar.
El dictamen propone también una nueva contribución. Este impuesto será aplicable a las áreas en exploración y producción y consiste, como decía, en el pago de la superficie en exploración o en explotación por el contratista o por el asignatario, que en este caso es Petróleos Mexicanos.
La recaudación de este impuesto se destinará de manera proporcional a la producción de hidrocarburos en cada estado y municipio, y se canalizará íntegramente a los estados y municipios en donde se efectúen actividades productivas.
Se reorganizan también las atribuciones del Fondo Mexicano del Petróleo. Además de las facultades ya propuestas en la iniciativa, en el dictamen se establece que el Fondo será el encargado de la administración de los aspectos financieros de los contratos y será el encargado de recibir toda la renta petrolera, en particular será el encargado de realizar los cálculos correspondientes para determinar la contraprestación que sea en favor de los contratistas, mientras que la Secretaría de Hacienda únicamente será la responsable de verificar dichos cálculos como el principal interesado en que se capte para la nación la mayor parte de la renta petrolera.
Se establece un vehículo financiero para que el público en general pueda invertir en proyectos del sector. Además de las facultades propuestas en la iniciativa, en el dictamen se establece que el fondo será el encargado de la administración de los aspectos financieros de los contratos y también le va a corresponder al fondo generar este vehículo financiero que le permitirá a la sociedad en general poder participar en el sector.
Es decir, se establece un mecanismo para que Nacional Financiera cree un fondo de inversión que pueda asociarse a los recursos que vaya a invertir la Secretaría de Energía, a través de un vehículo financiero, en los proyectos de exploración y producción de crudo, que considere pertinentes el Estado mexicano ir asociado con cualquiera de las empresas, ya sea Pemex o cualquiera otra de las empresas que quieran invertir recursos en nuestro país.
Podrá este fondo, que estará fondeado –valga la redundancia– con recursos limitados de los ciudadanos mexicanos que quieran participar en este esfuerzo de los proyectos productivos en petróleo.
Y también, dentro de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, en consistencia con las nuevas atribuciones que se le están dando al fondo, también se confieren y se establecen posibilidades de establecer la estructura mínima con la que deba contar al fondo para poder cumplir con las nuevas atribuciones que se le están dando.
Finalmente, en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Derechos se realizan algunas modificaciones en los ordenamientos, únicamente para reflejar, en el dictamen y los demás dictámenes del paquete de la legislación secundaria, las adecuaciones que se hicieron en el caso de los fondos en donde van a participar estados y municipios, etcétera.
Con estas modificaciones se considera que damos un gran paso en el fortalecimiento financiero de Petróleos Mexicanos y se abre la posibilidad a que nuevos operadores participen en la producción de hidrocarburos.
Se garantiza que los excedentes del petróleo, en estos ingresos excedentes petroleros, se administren de una forma distinta a como ha venido siendo el día de hoy. Y como lo manda la propia Constitución, los excedentes del petróleo se destinen a la parte de ahorro, de inversión productiva, a becas, al fortalecimiento de la investigación y el desarrollo tecnológico y, desde luego, un 10 por ciento de ese sobrante a las pensiones de las mismas que ayer tuvimos un gran debate.
Consideramos que este paquete es un paquete benéfico para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias, por su atención. Es todo, presidente.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Gracias, diputado Juan Bueno Torio.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: A continuación vamos a tener las intervenciones y los posicionamientos de los partidos políticos de los grupos parlamentarios, iniciando por la señora diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Partido Nueva Alianza.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, buenos días. El dictamen que hoy discutimos aborda uno de los aspectos centrales de la reforma energética, me refiero a la renta petrolera y a la mejor forma de garantizar que sea capturada a favor de la nación.
El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza considera que en términos generales, el proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía cumple en gran parte con este objetivo y con los mandatos establecidos en la reforma constitucional en materia energética.
Es preciso señalar, que el dictamen propone un drástico cambio de régimen en la relación a las asignaciones, ya que reduce la carga fiscal impuesta a través de los nueve derechos que se le cobran actualmente a Pemex, que contenía la iniciativa, pasando a cobrar solamente tres derechos, y para compensar lo anterior los asignatarios se verán obligados a pagar el impuesto sobre la renta que genere, así como un impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos.
Con este dictamen se fortalecen las atribuciones del Fondo Mexicano del Petróleo y se precisa que tanto la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el propio Fondo deberán trabajar de manera coordinada.
A propuesta de mi grupo parlamentario, el dictamen incluye la disposición de que en la migración de asignaciones a contratos se deberá garantizar como mínimo, que los ingresos serán equivalentes a lo que se hubiera obtenido bajo la figura de asignación.
El proyecto de dictamen establece también las modalidades de contratación, delineando las características de los contratos de licencia de utilidad compartida, de producción compartida y de servicios, estableciéndose también los ingresos que obtendrá el Estado, derivados de las actividades de exploración y extracción de petróleo.
Tales ingresos serán la cuota contractual para fase exploratoria, las regalías, el bono a la firma del contrato y un porcentaje de la utilidad operativa, que es el ingreso más importante.
El dictamen señala las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer las condiciones económicas y fiscales en licitaciones y contratos, así como las funciones de administración y supervisión que tendrá materia de cumplimiento de obligaciones de los contratistas y asignatarios, de supervisión de costos y pago de contraprestaciones.
Queremos resaltar la disposición que prohíbe la práctica de la consolidación fiscal porque evitará que las empresas consoliden pérdidas de un área contractual con las ganancias obtenidas en otra.
Nueva Alianza impulsó que se acote al máximo la consolidación fiscal durante la reforma hacendaria.
Estos elementos del dictamen fundamentan el voto a favor de nuestro grupo parlamentario, pero ahora es importante también señalar una serie de aspectos que suscitan todavía inquietudes al interior de nuestro grupo.
Hemos planteado que es fundamental garantizar que la renta petrolera se capture en favor de la nación. En la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se establece que en el caso de los contratos de utilidad y de producción compartida se determinará una utilidad operativa y que esa utilidad se distribuirá entre el Estado y la empresa contratista.
Sin embargo, no contiene salvaguardas para que en la distribución de la utilidad operativa se fije un piso mínimo para el porcentaje que corresponde al Estado y un tope máximo en el porcentaje que se llevará la empresa contratista.
Dado que se trata de la parte sustancial de la renta petrolera, consideramos que la Secretaría de Hacienda tendría que diseñar mecanismos eficaces para establecer que la utilidad operativa de los contratos de utilidad y de producción compartida se distribuirá de manera racional, justa y sostenible, de tal forma que las empresas contratistas no se lleven porcentajes excesivos.
Por otra parte, nos parece importante que el Estado desarrolle en el corto plazo la suficiente capacidad institucional para realizar de forma eficaz la fiscalización de los contratos de producción de hidrocarburos.
Es igualmente fundamental contar con un sólido sistema de control de costos, de tal manera que se evite que por esa vía se escapen porciones importantes de la renta petrolera. Que los contratistas recuperen los costos estrictamente necesarios.
Finalmente, nos preocupa que el dictamen establezca reducciones en los montos de la cuota contractual para la fase exploratoria, porque afectan directamente los ingresos del Estado. Sin embargo, consideramos oportuno se compensen con el impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos.
Y en cuanto a la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el dictamen establece que el Fondo será un fideicomiso público, con el objeto de garantizar un manejo responsable y transparente sobre el uso de los ingresos petroleros de... Y el dictamen dispone también el orden en que se deben transferir los recursos, a fin de cumplir con el pago a los asignatarios y contratistas, la transferencia a distintos fondos y la aportación a presupuesto federal.
Un aspecto que llama la atención y fundamental, es que se deberá integrar la reserva del Fondo Mexicano del Petróleo, con el objeto de cumplir el mandato constitucional de garantizar ingresos y ahorro con miras a largo plazo.
En función a lo anterior mi grupo parlamentario tiene una serie de observaciones cuyo objeto es fortalecer el proyecto de dictamen. Es preciso que la política de inversiones de los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo cuente con medidas de seguridad en materia del portafolio de inversión y de derivados financieros, a través de la opinión o la autorización de la Secretaría de Hacienda o de la Cámara de Diputados.
Por último, es indispensable que se revisen las disposiciones en materia de responsabilidades y sanciones de los miembros del comité técnico, dado que en el dictamen se establece que será excluyente de responsabilidad el haber actuado a su leal saber y entender, situación que podría generar expectativa de ineficacia e impunidad.
En conclusión, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza apoya el presente dictamen con las salvedades ya mencionadas y precisadas, siempre con el propósito de contribuir al debate fundamentado y al diálogo constructivo a fin de que la reforma energética sea en realidad un detonante de desarrollo nacional incluyente, sustentable y democrático. Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias compañeras y compañeros.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Muchas gracias, señora diputada.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: A continuación el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado, don Ricardo Cantú Garza.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputado presidente. Antes de iniciar mi intervención quiero unirme al descontento de los legisladores del PRD y de Movimiento Ciudadano porque entremos al debate de un documento que no hemos tenido tiempo de conocer y que apenas ayer las cúpulas del PRI y el PAN negociaron.
Primero voy a abordar este tema en cuanto al contexto general que tiene dos grandes orientaciones equivocadas. En primer lugar obedecen estas reformas a la implementación de lo que es el Consenso de Washington, es decir del modelo neoliberal que promueven las privatizaciones, es decir un estado débil y por el otro lado grandes corporaciones transnacionales fuertes acumulando la riqueza en unas cuantas manos a costa de grandes sectores de la población en la miseria y la pobreza.
Ése es el objetivo fundamental de la estrategia globalizadora, donde los gobiernos de los países imperialistas se ponen al servicio de las grandes corporaciones transnacionales, llegando incluso como lo ha hecho el gobierno norteamericano a desatar guerras preventivas violentando el derecho internacional para explotar la riqueza petrolera de otros países.
Y, lamentablemente, mientras países sudamericanos como Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador, aprendiendo a sus experiencias ya no siguen las instrucciones del Consenso de Washington o del Fondo Monetario Internacional, México con estas reformas continuamos por el camino equivocado.
Argentina es el caso más claro en las enseñanzas que su experiencia nos da, fue el país más aplicado en seguir las indicaciones del Fondo Monetario Internacional y el Consenso de Washington, durante el gobierno de Menem y eso lo hizo entrar en una gran crisis de la cual solo pudo salir reorientando sus políticas en sentido contrario, por eso ha tomado entre otras medidas el control de sus recursos energéticos expropiándole a Repsol su participación en Argentina, donde México por ser socio Repsol jugó un triste papel en lugar de solidarizarse con el gobierno argentino.
Nuestro gobierno tuvo que ponerse de lado de Repsol, por tener Pemex acciones en esta empresa. No corresponde a nuestra historia ser un país que ante otros respondamos a los intereses de las corporaciones trasnacionales porque somos un país que también expropió su riqueza petrolera a empresas extranjeras, como lo hizo Argentina recientemente.
También se ha dado un proceso de rescate de la renta petrolera en países como Bolivia, Venezuela, Ecuador, que por cierto hemos visto cómo por hacer esto, estos países han sido víctimas de campañas mediáticas en su contra y han desarrollado estas empresas petroleras, junto con sus gobiernos, políticas desestabilizadoras en estos países, porque aspiran a seguir teniendo los grandes porcentajes que tenían de la renta petrolera que ahora ya no tienen.
Y eso es lo que nosotros queremos para México; que teniendo adentro a estas grandes corporaciones trasnacionales cada vez quieran mayor tajada de la renta petrolera, y si los gobiernos no se doblegan a sus intereses van a financiar a quienes sí se dobleguen y van a crear desestabilización social, como lo están haciendo en estos países sudamericanos.
Creo que no es lo mejor para nuestro país, pero lamentablemente creo que se está respondiendo a otros intereses que no son los de México. Otra gran orientación equivocada es que con estas reformas el gobierno pretende dar en bandeja de plata a todas las corporaciones trasnacionales petroleras bloques territoriales de México, para que de la manera más rápida posible, se extraiga nuestra riqueza petrolera y se venda al extranjero.
Esto corresponde al modelo que los países imperialistas imponen a los países subdesarrollados como el nuestro, de exportar materia prima a los países imperialistas y después que les compremos productos elaborados con valor agregado manteniéndonos así en el atraso tecnológico e industrial, y de paso convirtiéndonos en esquiroles de la OPEP, para que bajen los precios del petróleo.
Los gobiernos mexicanos de los últimos 30 años ya venían trabajando con este propósito. Por eso no se han construido refinerías en México; Calderón aunque lo prometió solamente construyó la barda del terreno, donde supuestamente se iba a construir la refinería. Entonces, por eso actualmente vendemos a Estados Unidos la materia prima, y les compramos alrededor del 50 por ciento de la gasolina que consumimos y otros derivados del petróleo.
Hemos tenido y tenemos gobiernos miopes sin visión de futuro; llegan al gobierno para hacerse ricos, para hacer negocios y no hay en México, no ha habido en México mejores negocios que las privatizaciones. Y si no me creen pueden preguntarle a cualquiera de los dos Carlos, a Carlos Slim o a Carlos Salinas.
En estas y en cualquier dictamen que aprobemos estamos obligados a hacer un estudio de impacto presupuestal. En este caso, que los ingresos del petróleo impactarán fuertemente en el presupuesto, no existe este estudio, y estamos seguros de que traerá un fuerte impacto en detrimento del pueblo de México, y de las entidades federativas, que si bien algo recibimos, seguramente ahora algo recibían las entidades federativas, seguramente ahora ya no lo harán en los montos que han venido recibiendo asestando un fuerte golpe al federalismo fiscal.
Para terminar, solamente queremos refrendar, que cuando se expropió el petróleo hubo un gran movimiento popular en apoyo a esta decisión del presidente Lázaro Cárdenas. Y esto consistió también en que el pueblo pagara de manera directa, con sus animales, con sus joyas, parte de la indemnización que se les dio a las empresas extranjeras.
Y ahora, sin hacer una consulta pública, la cúpula del Ejecutivo y del Legislativo está dando marcha atrás a ese proceso de nacionalización. Creemos que esto va a traer en México confrontaciones sociales fuerte porque la mayoría de los mexicanos no está de acuerdo con que la cúpula política en México les quite lo que ya les pertenece por derecho, por pleno derecho.
Vamos a continuar luchando con las demás fuerzas progresistas para que el derecho constitucional que se tiene a la consulta pública se ejerza en 2015, porque no podemos permitir que en México, una vez ganada esa conquista democrática, se mantenga solamente en el papel y cuando no convenga a los intereses del gobierno no se lleve a cabo.
Por lo tanto nuestro partido votará en contra este dictamen y vamos a seguir luchando a pesar de que se prevé que como siempre, sin suficientes elementos se debata, si discuta y se apruebe, el pueblo de México sea el que tenga la última palabra en ese tema tan trascendental para nuestra patria. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Muchas gracias, señor diputado don Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: A continuación el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, tiene su intervención y su posicionamiento.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Nos vamos enterando de algunos rasgos del dictamen de la subcomisión unipersonal integrada por tres miembros, Juan Bueno Torio, que fue el que hizo seguramente el dictamen del que nos estamos enterando. Es parte de las negociaciones ocultas del prian, del pacto de impunidad donde también están vinculados temas como Oceanografía. Todo es parte de un mismo reparto.
Con tal de entregar el petróleo, los hidrocarburos y la electricidad a las transnacionales, el gobierno de Enrique Peña Nieto y sus aliados han cometido un sinnúmero de atrocidades. La legislación secundaria compuesta por 21 leyes es todo un catálogo de disposiciones que permiten el saqueo, la entrega de la renta petrolera a los extranjeros, la opacidad, la corrupción y en general el daño al interés nacional.
Por si algo faltara, ayer el PRI, el PAN, el Verde y Nueva Alianza, aprobaron convertir pasivos de Pemex, en concreto el multimillonario pasivo laboral en deuda de todos los mexicanos.
Esta decisión grave de suyo, viene a confirmar que la intención del gobierno es que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad mueran de inanición e incluso, como se advierte, se proceda paulatinamente a su liquidación.
Si el discurso oficial que se machaca todo el tiempo fuera cierto, de que Pemex como empresa productiva del Estado va a ser competitiva, no entendemos por qué convertir sus pasivos en deuda pública.
Repasemos algunas decisiones de las cuales hoy es parte este Pemexproa. El tema del Fobaproa, convertir las deudas de los bancos en deuda pública. El rescate carretero infructuoso que tuvo que pagar y ha tenido que pagar el pueblo y éste tercer rescate.
En todo ese escenario, ahora querer venir a propagandizar que se aminoran las cargas tributarias a Pemex y venderlo como un gran logro, nos parece una gran hipocresía sobre todo cuando se le despojará en septiembre por medio de la ronda cero de yacimientos que hoy explota, de sus reservas probadas, de su acervo estratégico que se le entrega a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y, sobre todo, algo muy importante, podrá haber un nuevo régimen fiscal pero siempre estará, como la espada de Damocles el tema del dividendo por medio del cual van a saquear a Petróleos Mexicanos.
¿Qué estamos procesando en este dictamen unipersonal? Un glosario confuso para la sociedad que esconde la privatización del petróleo y la pérdida de la renta petrolera.
Las definiciones son variadas y tienen la misión de hacer inaccesible a la interpretación de los ciudadanos esta ley que está envuelta en un tecnicismo tecnocrático y en una jerga privatizadora con términos como: precio contractual del petróleo, regalías, valor contractual del petróleo, punto de medición y algunos otros más que pretenden envolver y confundir.
Y sin embargo en todo su articulado no responde a una pregunta fundamental: ¿cuántos dólares por barril que extraigan los privados ingresará a las arcas del país?
Además el tema que haya una definición de regalías, contraprestaciones hacia el Estado, contrato por contrato, es un llamado a la corrupción, es un llamado a que haya moches y negociaciones de los funcionarios de Hacienda, de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para definir cuánto va a fijarse por cada contrato con cada trasnacional.
Y esta preocupación se advierte en un artículo, el artículo 63 que es un monumento al cinismo, porque con cargo al erario se va a afianzar a los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, que van a fiscalizar y a determinar los términos de los contratos, previendo desde ahora su impunidad y que ante eventuales demandas estarán protegidos por el propio presupuesto del país.
Dice este artículo que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Energía crearán anualmente previsiones presupuestarias para establecer fianzas y cauciones y para los montos de las indemnizaciones, por aquellos funcionarios que cometan tropelías en la actividad que estamos regulando. Es decir, es un pasaporte a la impunidad.
Por otro lado nosotros diríamos, aunque a Pemex le bajen los impuestos, Hacienda se los va a quitar a través del dividendo estatal.
Queremos llamar la atención, por ejemplo, de lo que dice el artículo 42; propondríamos por ejemplo que en los contratos a particulares se pague cuando menos, pero que se fije explícitamente, la misma tasa de utilidad compartida del 68 por ciento que se fija en las asignaciones.
De esta manera se estaría asegurando que los participantes privados paguen los mismos impuestos que pagaría Pemex si estuviera explotando ese yacimiento.
Hablan de que los particulares tendrán un gran incentivo para invertir pero les están dando facilidades fiscales y están al mismo tiempo generando una gran discrecionalidad que nosotros desde ahora reprobamos.
Con esta reforma y con este dictamen no solamente pierde Pemex, sino que también pierden las entidades federativas que a partir del nuevo reparto fiscal van a ver mermadas sus haciendas públicas.
Se les va a quitar también recursos a los mexicanos a partir del rescate del Pemexproa y entonces por esas razones nosotros no podemos avalar este robo a la nación.
Nosotros consideramos que una legislación tan importante como la que fija los ingresos de hidrocarburos y la del fondo mexicano del petróleo, debía ser motivo de una mayor discusión y no en un dictamen que estuvo procesado en la clandestinidad, porque al menos reconoceremos que los otros estuvieron a disposición de los integrantes de la Comisión de Energía y de presupuesto, en el caso correspondiente. Pero este dictamen fue prácticamente secuestrado y operado en la clandestinidad porque implica un grave robo a los ingresos del país. Es cuanto, diputado.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Gracias, señor diputado don Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Intervendrá el diputado Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, presidente. Nosotros ponemos la discusión, el análisis del dictamen que ahora nos ocupa en el contexto de un consenso previo, si no de unanimidad sí de mayoría y de legitimidad política que logró reformas constitucionales justamente para modificar el marco en lo que hacia fuera se ha conocido como la reforma energética.
Ahora, y porque es competencia de la Cámara de Diputados, la parte fiscal se discute en cuatro ordenamientos, cuatro leyes: una nueva, que es la de ingresos de hidrocarburos, y dos que se modifican, que se reforman, que se adicionan, que se derogan partes, la de derechos y la de coordinación fiscal, y se expide una nueva ley del fondo mexicano del petróleo.
Queremos destacar con toda puntualidad que al trabajo de dictaminación le ha precedido un esfuerzo que tiene que ser reconocido. La Comisión de Energía fundamentalmente, pero también y no le restaría mérito a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, abrieron un intenso programa de discusión, de debate en donde acudieron funcionarios de las áreas técnicas del gobierno de la república particularmente vinculadas con la parte hacendaria, de ingreso y de gasto.
También acudieron especialistas, los propios consejeros de Petróleos Mexicanos, a propuesta de todos los grupos parlamentarios. También, y por lo que corresponde a la institucionalización del fondo mexicano del petróleo, acudió el doctor Carstens en su carácter de gobernador del Banco de México.
Decimos y lo reiteramos que México pasa en efecto por un conjunto de reformas sustanciales, trascendentes para la vida nacional: telecomunicaciones, educativa, de competencia, y no dejemos de lado una que ahora parece que se diluye, pero es de medular importancia en la vida de la comunidad nacional en temas de procuración y administración de justicia.
Déjenme comentarlo a manera de anécdota. Un servidor estila conducir su vehículo automotor de la Ciudad de México a la capital de este país, que por cierto a veces alegan desventajas de la capital; a ver si nos mandan unas, a ver si nos llevamos las sedes de algunos organismos constitucionales autónomos, en fin, hay que derramar la riqueza nacional, el pago de la burocracia también; es una forma de llevar recursos y de dinamizar las economías locales.
Les decía esta anécdota porque ya puedo circular con mayor tranquilidad. Esto quiere decir que la estrategia de seguridad pública del gobierno federal, dígase lo que se diga, está funcionando, más en estados en donde estaba fracturada, rota, la tranquilidad y la paz ciudadana. Y lo digo, pues, porque en el marco de esas reformas lo que la gente espera es que esto se repercuta en su bolsillo y en la mesa.
Nosotros estamos absolutamente convencidos de que tomar una decisión política de este tamaño para administrar el eje del debate político y el eje de la discusión, con toda honestidad compañeros es, de que se apertura la explotación de hidrocarburos a los particulares; ese el centro.
Y la materia de estas leyes en lo que hace a ingreso es, qué vamos a hacer con el ingreso derivado de las asignaciones y de los contratos. Dicho de otro modo, el dinero que se obtenga por los trabajos de exploración o de explotación de Pemex o en el caso de energía eléctrica, de Comisión Federal y de los contratos que eventualmente se celebren con los particulares, en el eje hay que poner el destino coordinado y que no se afecte –como aquí se ha señalado- el fondo general de participaciones.
Nosotros debemos dejar en reserva una buena parte. Si se modifica el fondo para las entidades del país, tenemos que poner por delante el equilibrio de las entidades federativas. Algunas entidades aportan petróleo, pero otras aportan conocimiento o minerales, pero sin desestimar la esencia en la construcción del Estado federal mexicano, nosotros tendremos algunas reservas, pero vamos a reflexionarlas y vamos a aplazarlas también en la discusión del paquete económico.
Por lo demás, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista ha evidenciado con claridad su respaldo a la propuesta de reforma y a las nuevas disposiciones en el tema de derechos a la institucionalización del Fondo Mexicano del Petróleo, a la de Derechos, y por cierto que tiene que ser cuidada a virtud a que uno de los componentes fundamentales del presupuesto nacional está en el petróleo.
Reclamamos una vez más, como principio de la actuación de las autoridades de Pemex, pero también del gobierno de los estados o de la República de un municipio, la observancia de la ley con base a principios de honestidad, de lealtad, que en términos legales son rendición de cuentas y son transparencia.
Y, finalmente, algo que no es ajeno ni a los diputados ni a los senadores ni a ningún servidor público, a refrendar un compromiso, un pacto político, ético de poner por delante a nuestro país y a las necesidades de la gente. Muchas gracias por su atención.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Muchas gracias a usted señor diputado don Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Tiene su intervención del señor diputado don Guillermo Sánchez Torres, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Guillermo Sánchez Torres: Gracias, presidente de la Comisión. Con todo respeto creo que los presidentes de estas comisiones ya no deberían de existir, ya que los dictámenes no se discuten en las mesas; se procesan en otros lados y se aprueban vía fastrack. Es decir, los vampiros trabajan de noche y los diputados, si conocer los dictámenes, los aprobamos de día.
La posición de las y los diputados del PRD es en contra del dictamen que hoy presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y de Energía, entre otros aspectos, porque a diferencia de lo que afirman, en el sentido de salvaguardar los intereses económicos que debe perseguir el Estado, las dictaminadoras consideran un aumento en el monto de las regalías de 10 a 14 dólares, qué generosos, un 40 por ciento más.
Nuestra posición es en contra porque el dictamen señala que las comisiones consideran adecuado que los contratos se asignen a través de licitación pública, como debiera ser, sin embargo estimas apropiado incluir la posibilidad de prever más de una variables de adjudicación, como siempre no nos dicen cuál.
No coincidimos tampoco con los argumentos de las comisiones en el sentido de que dado los tiempos esperados para el inicio de producción del petróleo en aguas profundas los 10 años establecidos para las reducciones de las inversiones en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta podrían ser insuficientes.
Según el dictamen en virtud de que el tiempo para lograr la primera producción de este tipo en regiones se duplica o triplica en algunos casos, en comparación con las demás regiones, ya que por lo general es hasta el noveno o décimo año cuando se inicia la producción. ¿Qué proponemos? Se considera necesario para que en aguas profundas los costos, gastos e inversiones asociados a las operaciones tengan una vigencia de 15 años para ser deducibles.
A juicio de estas comisiones la excepción de la PTU que se introduce no vulnera los derechos de los trabajadores, es decir, no importa si no tienen derecho a las utilidades, pues no se prohíbe que a las empresas les permitan obtener beneficios adicionales en su ingreso laboral, conforme lo estimen conveniente. Es decir, si el patrón piensa que ha trabajado bien, pues hay que darle una lanita, ¿no?, porque la ley nos permite no dar utilidades.
Y a fin de mejorar la competitividad y eficacia de las respetivas empresas la iniciativa establece que las disposiciones que regulan los fideicomisos públicos de la administración pública federal no serán aplicables al Fondo Mexicano del Petróleo. No se fundamenta la excepción, sólo se refiere a que el Banco de México realizará la encomienda fiduciaria y quedará sujeto a lo dispuesto en la propia iniciativa de ley.
Por el contrario, la Constitución señala que el fondo estará sujeto a las obligaciones en materia de transparencia, la iniciativa que establece que los recursos del fondo forman parte de la hacienda pública federal, por tanto el establecimiento de un fideicomiso con propósitos específicos de recibir, administrar y asignar recursos públicos de la hacienda federal debe someterse a las regulación de transparencia establecidas por la legislación para los fideicomisos de la administración pública federal.
Establecer la excepción para el fondo, el FMP, conlleva a múltiples consecuencias, entre otras limitar la actuación de la Auditoría Superior de la Federación con todo lo que ello implica en materia de transparencia.
De manera análoga corresponde también eliminar de la iniciativa la restricción para hacer del conocimiento público las actas de la reunión del Comité Técnico del fidecomiso, cuando éste determine que las mismas podrán ser reservadas de manera total o parcial.
La iniciativa de ley regula la creación del FMP para ejercer dos funciones principales respecto a los ingresos petroleros provenientes de las asignaciones y contratos para la explotación de hidrocarburos, excluidos los impuestos, tesorería y administración de recursos que aseguren su destino al ahorro de largo plazo.
La inversión de activos financieros y la aplicación en propósito y naturales de inversión. Sistema de pensión universal. Proyecto de inversión en ciencia, tecnología e innovación de proyectos petroleros, y de infraestructura y becas. Proyectos en mejora de la conectividad y desarrollo regional de la industria.
Es evidente que la intención constitucional de crear el FMP no es desplazar, duplicar o interferir las atribuciones que en materia de tesorería y administración de recursos públicos le corresponde cumplir a la hacienda ni las atribuciones que otorgan las leyes del Congreso, incluidas las consideraciones mencionadas respecto de la Auditoría Superior de la Federación.
Se apunta por tanto incluir ahí en la Ley del Fondo una disposición expresa que precise el contenido y el alcance de éste en relación a las atribuciones del Ejecutivo federal y el Congreso, en beneficio de la transparencia, eficacia y deslinde de responsabilidades que deba reunir la nueva institución para el manejo de los recursos del erario público.
El Congreso deberá actuar con cautela en los procedimientos para autorizar gastos con cargo al Fondo Mexicano del Petróleo, pues el cumplimiento de sus objetivos se puede tornar precario al menos en el corto y mediano plazo. Es decir, la regulación del Fondo Mexicano del Petróleo no debería dar lugar a erogaciones en estructuras administrativas que puedan ser excesivas e inútiles, debiendo establecer un límite cuantitativo a esas erogaciones.
Lo anterior no impedirá cumplir con el mandato constitucional de establecer el FMP y prepararse institucionalmente para el momento en que alcance los resultados esperados.
Las condiciones prevalecientes en el ámbito petrolero y nacional y global hacen aconsejable que el Congreso actúe con antelación sobre la posibilidad realista de alcanzar los niveles establecidos para sufragar con ingresos petroleros el Presupuesto de Egresos de la Federación y generar ahorros de largo plazo.
A pesar de que el mandato constitucional especifica que el Fondo Mexicano del Petróleo tiene una naturaleza especial, al ser un fideicomiso público consideramos que el Fondo pudo ser parte de la estructura del Banco de México. El cuantioso manejo de los recursos públicos relacionados con esta figura ha sido caracterizado por la opacidad, la estructura de este tipo de figuras legales ha sido aprovechado indebidamente en un considerable porcentaje de los casos como cobertura de una serie de operaciones, desde cuestionables hasta abiertamente fraudulentas.
Con motivo de las funciones que de conformidad con la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se encuentran al Fondo Mexicano del Petróleo en materia de administración financiera y cálculo de las contraprestaciones que se deban pagar a los titulares de los contratos para la explotación y extracción de los hidrocarburos, las Comisiones proponen que el Comité Técnico encomiende a un delegado fiduciario especial que se denominará coordinador ejecutivo, la realización de los actos necesarios para llevar a cabo dichas funciones.
Por otra parte, se propone establecer un mecanismo adicional de vigilancia con el Comité Técnico, sobre las funciones que éste encomiende al coordinador ejecutivo mediante la figura del contralor interno encargado de estas funciones. Sin embargo, mi fracción parlamentaria considera que el Comité debería estar integrado además por el auditor superior, por un auditor especial financiero de la Auditoría Superior de la Federación, por un auditor de la Secretaría de la Función Pública y un observador ciudadano.
Otro aspecto que no se debe omitir es que las fuertes cantidades en el PIB han sido una constante en México, aunque la reforma energética no define parámetros sobre en qué porcentaje deben caer los ingresos públicos para ser considerados una reducción significativa.
La estructura de gobernabilidad del Fondo Mexicano del Petróleo no separa las responsabilidades entre las autoridades políticas y administrativas operativas, existe un conflicto de intereses que generará la omnipresencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al presidir el Consejo Técnico del Fondo y ser el administrador principal de las asignaciones de los montos para cubrir faltantes del presupuesto del gobierno federal.
Compañeras y compañeros, estamos a favor de un régimen federalista. No vayamos en retroceso, no queremos estados cada vez más pobres y un gobierno federal que centralice los recursos y los utilice política y electoralmente.
Qué bueno que el PAN haga suyas estas iniciativas, qué malo que el PRI le haga caso a este partido y que se suban a la magia petrolera que tanto daño causará a los miles y millones de mexicanos. Muchas gracias.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Gracias a usted, diputado Guillermo Sánchez Torres, del Partido de la Revolución Democrática.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: A continuación el diputado Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan Bueno Torio: Muchas gracias, presidente. Nosotros queremos compartir nuestra aprobación a este dictamen, porque a diferencia de nuestros compañeros del PRD, consideramos que esta reforma traerá grandes beneficios para el desarrollo de México.
Sin duda con esta reforma seremos capaces de incrementar la plataforma de producción de petróleo y con ella incrementar los ingresos para la nación, que es de lo que se trata el dictamen el día de hoy.
Con este dictamen consideramos que se consolida el esfuerzo o el planteamiento que hay desde la reforma constitucional de generar un nuevo modelo de la gestión energética en nuestro país. Y este nuevo modelo sin duda –y lo reiteramos– consideramos, estamos seguros que le traerá beneficios a México.
Con este dictamen concluimos este modelo que inició con la Ley de Hidrocarburos, Ley de Industria Eléctrica, el fortalecimiento de los órganos reguladores y ahora estamos en la parte fiscal, con el Presupuesto, en donde a Petróleos Mexicanos y CFE se les da fortaleza.
Ahora con esta parte de los ingresos consideramos que viene a reforzar ese planteamiento de que Petróleos Mexicanos sea verdaderamente una empresa competitiva y que tenga la capacidad, no sólo de enfrentar la competencia en nuestro país, sino también de salir allende nuestras fronteras a buscar otras posibilidades de negocio y otras posibilidades de agregar valor a las finanzas públicas de México.
En este sentido, nosotros queremos resaltar que un anhelo de todos los partidos —como les decía hace un rato— es el régimen fiscal de Pemex. Y este régimen fiscal se equipara con lo que sucederá cuando vengan los nuevos contratos con las otras empresas.
Hoy a Pemex se le reduce el derecho que está pagando este año de 71.5 por ciento del valor del petróleo a un 68 por ciento, como un nuevo derecho de utilidad compartida, ¿con quién? Con el Estado mexicano, que es el dueño del petróleo de nuestro país.
También –como lo mencioné hace un momento– se sube el tope de costo que le reconocía a la Secretaría de Hacienda al 11.5 por ciento del valor del precio del petróleo. Eso sin duda le dará a Petróleos Mexicanos ingresos adicionales para que pueda competir y pueda trascender como una empresa trasnacional.
Quiero ver a Pemex como una empresa trasnacional, que le compita al tú por tú en el mundo a cualquiera de las grandes petroleras que realizan las mismas actividades que Pemex.
Consideraciones se han hecho sobre los recursos que puedan ir para los estados. Quiero aquí ser enfático en que el diseño fiscal que se ha dado no afecta el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, ese se mantendrá en sus mismas proporciones, vendrá un beneficio a ese fondo cuando incremente la producción de crudo, de 2.5 millones, que se estima terminaremos este año en promedio, cuando lo vayamos subiendo en los próximos cinco o 10 años a tres millones de barriles y tres y medio de millones de barriles diarios con la nueva producción que se sume a partir de esta reforma. Y ahí se beneficiarán los estados.
Particularmente los estados petroleros se beneficiarán a partir ya —el año próximo— de esta reforma, porque en el fondo de extracción de hidrocarburos, que es para los estados petroleros, estamos creciendo con una aportación de prácticamente mil 150 millones de pesos, trae beneficios, por ejemplo, para Campeche que sube de mil 700 a 2 mil 700 millones, para Tabasco de mil 200 a mil 920 millones, de Chiapas de 251 a 398, Tamaulipas de 350 millones a 555, mi estado de Veracruz de 414 millones a 657 millones, estimados. Entonces, el diseño fiscal que se crea beneficia a todos los que están involucrados en este esfuerzo.
Quiero mencionar también, que necesitamos resolver el tema de las dudas que existen por cómo pagarán las empresas a diferencia de Pemex. Y el diseño que se ha creado es que en las mismas condiciones en los contratos de licencia o de utilidad compartida, las empresas paguen lo mismo que Pemex.
Y las empresas tendrán que realizar pagos de entrada, para conocer los esquemas de la licitación, que la Comisión Nacional de Hidrocarburos le pondrá un precio para que conozcan las bases geológicas sin las interpretaciones de Petróleos Mexicanos, porque ése es un secreto propio de la nación.
Luego tendrán que pagar un bono para la entrada a la propia licitación, luego tendrá que pagar una regalía, luego la contraprestación o lo que implica el valor del petróleo, de crudo, que administrará el Fondo Mexicano del Petróleo y que caerá al Fondo Mexicano del Petróleo, que ése es el filete –por así decir- del pago de la renta petrolera, y posteriormente las empresas deberán pagar un impuesto sobre la renta de las utilidades que tengan en nuestro país, porque todas tendrán que constituirse bajo las leyes mexicanas y deberán sacar su Registro Federal de Causantes.
Con esto consideramos que se hace un esfuerzo adecuado. Yo estimo también, que lo que tenga que hacer el Fondo Mexicano del Petróleo será muy importante para recuperar la renta petrolera.
Y como se cuestionaba aquí, indudablemente es el fondo quien administrará los recursos de la renta petrolera, con apoyo del fiduciario quien será el responsable de hacer las cuentas y los números, que es el Banco de México.
Es así pues, que consideramos que se cierra el círculo, sólo faltando un elemento dentro de este círculo, la Ley para la Transición Energética, que es una iniciativa que presentamos en el Partido Acción Nacional, y que como todavía no vence el plazo para poderla consolidar, vence el 21 de diciembre de este año, consideramos que iniciará su análisis, su discusión y debate para que la estemos aprobando dentro del próximo periodo ordinario de sesiones.
Es la parte de transición energética, energías renovables y todo lo que implica dar ese paso, para tener un mejor ambiente, lo que cerrará todo este círculo del modelo de gestión energética que hemos diseñado para el futuro del país. Muchas gracias, por su atención.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Muchas gracias, diputado Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Y tiene su oportunidad el diputado Fernando de las Fuentes Hernández, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández: Gracias. Compañeras y compañeros diputados, las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI votaremos convencidos a favor del dictamen de la legislación fiscal que hoy discutimos, porque son temas de trascendental importancia que configurarán la nueva estructura del sector energético de nuestro país, así como las condiciones fiscales que aplicarán a los nuevos contratos de explotación y extracción y que son, sin lugar a dudas, el aspecto medular de la reforma energética.
Ahora bien, partiendo de las premisas más básicas, ¿qué es lo que debemos de busca en un régimen fiscal para hidrocarburos? Sin duda el objetivo primordial, y que los legisladores del PRI hemos privilegiado, es asegurar que el Estado capture la renta petrolera.
Sin embargo, no hay que perder de vista que también debemos ofrecer condiciones competitivas para atraer las mejores empresas, aquellas con la mayor experiencia, el acceso a las mejores tecnologías y a las cadenas de suministro más eficientes. Es decir, debemos buscar un equilibrio fino entre estos dos objetivos.
Es precisamente este equilibrio el que alcanza con el nuevo régimen fiscal para Pemex, el gran cambio que todos queríamos ver. Un régimen fiscal moderno para Pemex, que no distorsiona las decisiones en inversión de Pemex y que reduce significativamente la carga fiscal que se le aplica a la empresa.
Éste es el régimen fiscal que se le aplicará a Pemex cuando realice sus actividades mediante asignaciones.
En primer lugar hay que apuntar que la propuesta de régimen fiscal para Pemex cuenta con elementos que se aplican en el resto del mundo.
En ese sentido, hay que ser ciertos, tenemos que aprovechar tal vez la única ventaja de haber mantenido cerrado nuestro sector petrolero en este tiempo, porque la experiencia internacional ha madurado y tenemos una buena idea de qué ha funcionado y qué no ha funcionado para otros países petroleros y esta legislación recoge esas experiencias.
El primer pilar del nuevo régimen fiscal de Pemex propuesto, es el pago de los impuestos que normalmente paga cualquier empresa inmersa en nuestra economía, de manera destacada el impuesto sobre la renta.
No podría ser de otra maenera, todos los operadores están sujetos al pago del impuesto sobre la renta bajo las mismas reglas que cualquier otra empresa y eso es lo que precisamente queremos para Pemex.
El segundo pilar lo compone una serie de derechos cuya estructura estará predeterminada en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Dicho pago conformará el grueso de los recursos que el Estado reciba por la extracción de los hidrocarburos de Pemex y para asegurar su manejo claro y transparente serán depositados y administrados en el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
Estos derechos establecen distintos montos que recibirá el Estado, dependiendo de la fase y de la rentabilidad del proyecto.
Primero se incluye una cuota por kilómetro cuadrado del área de explorar por el contratista, lo cual no solo busca que el Estado comience a recibir de inmediato recursos sino también genera incentivos a no acaparar zonas y alcanzar una producción temprana.
Segundo. Se incluye el pago de una regalía, mediante el cual el Estado recibirá una proporción del valor bruto de los hidrocarburos producidos, con lo cual se garantiza que reciba recursos desde el momento en que inicie la producción.
El tercer pilar se trata de un componente fiscal adicional para capturar la renta petrolera. El derecho por la utilidad compartida, como su nombre lo indica, se trata de un pago que se realizará en base de la utilidad neta de Pemex. Es decir, por primera vez en su historia se le reconocerán los costos reales en que incurre para explorar y para extraer los hidrocarburos.
Este mismo régimen es el que se aplicará para definir los elementos económicos que se aplicarán para contratos. Estos elementos fiscales son los que aplicará a Pemex cuando participe en las licitaciones de los contratos de exploración y extracción.
Para el caso de los contratos de exploración y extracción, el principal componente para capturar la renta petrolera dependerá del tipo de contrato que se utilice para un área particular.
En el caso de los contratos de licencia se plantea que dicho pago se sobre el valor de los hidrocarburos producidos. Para los contratos de utilidad y de producción compartida se contempla el pago sea en proporción de la utilidad del proyecto, ya sea en efectivo o en especie, respectivamente.
Cada contrato incluirá, además, un mecanismo de ajuste a los pagos del contratista, generando un régimen altamente progresivo a favor del Estado.
En otras palabras se asegura que el Estado se quede con mayor porción de los beneficios cuando la rentabilidad de un proyecto aumente, ya sea porque los precios aumentaron o porque se descubrieron yacimientos más productivos.
Los contratos se adjudicarán siempre, mediante una licitación pública, a quien ofrezca las mejores condiciones para el Estado. Ello no solo garantiza que los contratos sean adjudicados con total transparencia sino que también el Estado capturará la renta petrolera.
En las licitaciones los distintos postores competirán en su oferta económica, de tal manera que la oferta que resulte ganadora refleje únicamente el pago normal a su inversión sin que se apropien del valor intrínseco de los hidrocarburos en el subsuelo, es decir, de la renta petrolera.
Gran parte del éxito de la reforma radicará en la confianza de la sociedad en el nuevo arreglo institucional; es por ello que se establece la obligación al Estado de poner a disposición de manera oportuna de todos los mexicanos la información necesaria para dar seguimiento puntual a los resultados de cada contrato, así los mexicanos podremos saber para cada contrato cuánto se produce, cuánto se le paga al contratista y cuánto recibe el Estado mexicano.
Finalmente debemos de señalar que ningún otro propósito nos motiva para realizar la reforma energética que está en proceso, como no sea maximizar los ingresos que obtiene el Estado por la explotación de su riqueza y distribuirlos de manera que generen bienestar para toda la población; eso es lo que estamos garantizando con las dos iniciativas que hoy se debaten; lo primero de estos propósitos se concreta con la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y en segundo con la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Muchas gracias.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Muchas gracias, señor diputado De las Fuentes.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Esta Presidencia informa que para la discusión en lo general del proyecto de decreto, se abrirá una ronda de oradores en contra y a favor, hasta por tres minutos cada uno.
Se han anotado para esta parte en contra: el diputado Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Javier Salinas Narváez, del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. Don Ignacio Samperio en lugar de Ricardo Mejía Berdeja y el diputado Silvano Blanco Deaquino del Partido de la Revolución Democrática.
En favor: el diputado Ricardo Villarreal García, del Partido Acción Nacional, el diputado Salomón Juan Marcos Issa, del Partido Revolucionario Institucional y la diputada Irazema González Martínez, del Partido Revolucionario Institucional y el diputado Tomás Torres, del Partido Verde.
El diputado Tomás Torres Mercado: Yo declino, presidente.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: El diputado Tomás Torres declina su participación. Don Ricardo Cantú, en contra. Tiene su intervención en primer orden, el diputado, don Silvano Aureoles Conejo, coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros, diputadas, diputados, buenas tardes ya. Agradezco y saludo a los presidentes de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y al presidente de la Comisión de Energía.
Quisiera, en primer lugar, compañeras y compañeros, expresarles nuestra preocupación de fondo con el tema de la reforma. Aquí hemos escuchado en intervenciones de nuestros colegas y compañeros de las fracciones parlamentarias que apoyan esta reforma puras virtudes en torno a la misma. Creo que si hiciéramos un ejercicio secreto y se pudiera votar y no se supiera quién lo hace, la mayoría de las diputadas y diputados aquí presentes estarían votando en contra de la reforma a la Constitución de la reforma energética.
Escucha uno —y hay que tener comprensión de ello— a compañeras y a compañeros que en otros espacios también expresan su preocupación coincidente con nosotros, de que la reforma a la Constitución en materia de energía eléctrica y de petróleo no le sirve al país, y no le sirve al país porque es una decisión equivocada, compañeras y compañeros, que el Estado mexicano renuncie a ser el rector de dos recursos estratégicos para la nación como es el petróleo y la energía eléctrica; el rumbo es incorrecto.
Segundo, las experiencias vividas en nuestro país en los últimos 30 años de la implementación de un modelo neoliberal económico, empobrecedor, injusto que sólo ha empleado la brecha entre los que más tienen y los que no tienen ni siquiera para el día, cada vez ha sido mayor.
En los últimos 30 años hemos visto cómo con los mismos argumentos que prometen esperanzas y cambios favorables para la población se han entregado a manos particulares los bienes nacionales. Díganos qué pasó con Teléfonos de México, díganos qué ha pasado con Ferrocarriles Nacionales de México; el mismo argumento que hoy escuchamos se escuchó en su momento para entregar los Ferrocarriles Nacionales a manos particulares.
Hoy, 16 años después, los ferrocarriles se convirtieron en un monopolio, en un duopolio, donde no solamente no le sirven al país, sino sólo se dedican a engrosar las riquezas de unos cuantos; de dos empresas, de manera particular. Y que en 16 años de propiedad particular de los Ferrocarriles Nacionales sólo han logrado construir 16 kilómetros de vías férreas y que han limitado no solamente eso, la posibilidad de que el sector del transporte ferroviario se convierta en un detonante del crecimiento y el desarrollo nacional.
Y así podríamos seguir señalando muchos ejemplos que han sido catastróficos para el país, porque la ilusión de que con estas reformas, de que con estos cambios se va a beneficiar al país no ha llegado. Entonces, si esto fuera cierto, esto que hoy se anuncia con la reforma energética, que bajarán los precios del gas, que bajará el precio de la energía eléctrica; que habrá precios más competitivos en el futuro de la gasolina.
Y muchos beneficios más, compañeras y compañeros, con mucho respeto esto es incorrecto, porque no va a suceder. En el mejor de los casos, si se pudiese ver algún cambio en esta materia lo estaríamos viendo en 10 años, y eso, con un cálculo muy alentador. En consecuencia, la reforma que hoy se anuncia como la que va a generar muchos beneficios para los mexicanos, no lo será. Espero que el tiempo y las circunstancias nos permitan estar vivos para corroborarlo, para volverlo a recordar en su momento, que lo que hoy se anuncia con la reforma es impreciso.
Con relación al tema de los dictámenes –y agrego a esta reflexión– si fueran ciertas también las virtudes que en su momento se expresaron en torno a otras reformas, entre ellas, la reforma al 27 en torno a la tenencia de la tierra, si fuera cierto todo ello, por ejemplo –y aquí hay quienes conocen del campo– no estaría hoy el campo mexicano sumido en una de sus peores crisis de la historia.
Y si esto fuera cierto también, tampoco vivirían en México hoy, 53 millones de mexicanos en condición de pobreza, y la mitad de irse a pobreza extrema. Y así podríamos seguir unas dos, tres horas dando elementos, compañeros, que estoy seguro de que en su interior confirma también, el deseo de muchas y muchos de ustedes, de también votar en contra de esta reforma que ahora nos ocupa.
Los dictámenes de ahora, los tres dictámenes, yo me resisto a creer lo que se ha dicho aquí; que el dictamen solamente lo hizo un diputado, porque yo no creo en ese hecho que ha señalado aquí el diputado Mejía, porque creo que en estas comisiones se ha cuidado de manera puntual, el procedimiento, las reglas y el cuidado de que sean las diputadas y los diputados de las comisiones correspondientes quienes participen en la elaboración de los dictámenes.
Junto con ello, también diría que sería oportuno, y yo felicitaría, si así se hace, a los dos presidentes de las comisiones, para que se reconsiderara la posibilidad de un receso para la votación de los mismos. ¿Por qué? Porque cambió el contenido del dictamen original, y ese dictamen se acaba de entregar a las diputadas y a los diputados.
Por un asunto de elemental respeto y reconocimiento a nuestros pares debería de darse la oportunidad para que pueda ser revisado y, en su caso, modificado con las observaciones que puedan hacer los legisladores.
Si no fuera el caso de sus pender la reunión de las comisiones –que sería lo mejor–, por lo menos que quedara anotado, señores presidentes, de que pudiesen convocarse lunes o martes para sesión de las comisiones y poder revisar las modificaciones –si fuera el caso- al contenido de los mismos, sobre todo lo que tiene que ver con las cifras, con los datos, con las proyecciones, con las corridas que, estoy seguro, nadie las ha podido revisar por obvias razones. Son temas complejos, difíciles de digerir en pocos minutos. Dejo esa propuesta, señores presidentes de las comisiones.
Dos. También yo pediría que es oportuno hablar con los señores gobernadores, con la Conago. ¿Qué dirán cuando vean los gobernadores –que me imagino deben de estar al tanto de lo que está sucediendo– la tabla –espero les hayan entregado y quisiera hacerlo a mis compañeras y compañeros– cómo queda la disminución de las participaciones con la modificación a la Ley de Coordinación Fiscal?
Todos los estados de la República pierden recursos por esta modificación, por el ajuste que se hace al coeficiente que sólo se calcula con relación al ejercicio de 2013 y no se toma el histórico de por lo menos tres o cuatro años para que pudiera ser más objetivo.
Por eso considero entonces que hoy la discusión en torno a los dictámenes tanto de la Ley de Ingresos sobre hidrocarburos, como la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley que crea el Fondo Mexicano del Petróleo debiesen discutirse con mayor detenimiento.
¿De qué nos va a servir –esto es importante dejarlo asentado–, de qué nos sirve, qué les vamos a decir a los mexicanos, qué les vamos a decir a los habitantes de cualquier entidad de la República? Que la reforma que hoy estamos aprobando les va a significar, por un lado, que los mexicanos carguen con una parte de los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos yd e la Comisión Federal de Electricidad y, por el otro lado, que las entidades de la República van a ver disminuidas sus participaciones por los ajustes que se están haciendo en la fórmula de la Coordinación Fiscal. Ojo, compañeras y compañeros, con esto.
Dejo esas reflexiones. Agradezco la comprensión y su tolerancia, señor presidente, y muchas gracias por escucharme.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Muchas gracias, señor coordinador de los diputados del PRD, don Silvano Aureoles. Queda registrada la observación y la petición que la habíamos hecho inclusive ya con el señor presidente de la Comisión de Energía, y en el tono de la discusión de ésta y lo que se haga en el pleno, se estará en comunicación para los efectos que usted acaba de decir.
Le pido al señor diputado don Tomás Torres Mercado si auxilia a la presidencia en la conducción del debate en lo general y en lo particular.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor presidente por la delegación. Siguiendo con el listado, corresponde ahora al diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hablar a favor del dictamen y en contra de la propuesta. Por favor, diputado Villarreal.
El diputado Ricardo Villarreal García: Muchas gracias, señor secretario. Con su permiso, señor presidente. Antes que nada quiero decir que para todos y cada uno de los integrantes del Grupo Parlamentario Acción Nacional hoy culmina un proceso de gran transformación en comisiones para este país. Hoy, después de seis largos días de trabajo, estamos ya en la discusión de los últimos dictámenes de la que sin duda alguna será la reforma en materia de transformación económica de este país más importante en muchísimos años.
No tengo ninguna duda que en más de 50 años no habíamos tenido una transformación tan importante como ésta. Sin duda alguna una transformación como ésta va a tardar tiempo en que se den los resultados concretos, pero tenemos que empezar ya.
Para Acción Nacional la reforma energética era una deuda pendiente desde hace muchísimos años. En los 12 años que el PAN gobernó, siempre estuvo dentro de su agenda política lograr una reforma constitucional y legal en esta materia tan de hondo calado como ésta.
Sin embargo las condiciones políticas, por qué no decirlo también, el egoísmo del partido que hoy nos gobierna no quiso que se diera ese cambio antes, si no ya estaríamos viendo los grandes resultados.
Sin embargo tampoco podemos decir que los cambios no hay que hacerlos porque tardarán tiempo en surtir efectos, porque si tardamos 10 años más, 10 años más tardaremos en ver los resultados.
Estoy convencido de que esta reforma sí beneficiará a México por muchos factores. Por supuesto que habrá disminuciones muy importantes, sobre todo en materia de gas y de energía eléctrica.
Lo hemos comentado en muchas ocasiones, tenemos que llevar a cabo un debate serio y decirles a los mexicanos por qué disminuirá el costo de los energéticos; no van a disminuir por decreto, no van a disminuir por arte de magia; sí van a disminuir porque tendremos acceso a gas barato, al gas que tenemos enterrado en nuestro subsuelo, al gas que tenemos en el norte de México y en muchas zonas del golfo. Ese gas que tanto necesitamos para poder sacar y generar energía eléctrica barata.
Y les voy a dar un ejemplo: en este país se genera el doble de energía hoy con combustóleo y con diésel que con gas. Y el costo de la generación de esa energía eléctrica es casi cinco veces más que el costo que se genera con gas. Por eso si pasamos a generar energía con gas y dejamos de generar esa energía con combustóleo que es más contaminante y más caro, en automático bajaremos los precios.
La única manera de bajar los precios de los productos es produciendo esos productos más baratos. En Estados Unidos, por ejemplo, que tienen gas como nosotros, que sí lo están sacando, hoy vemos que los precios en energía eléctrica sin un centavo de dólar de subsidio, valen cerca del 40 por ciento de lo que valen aquí; y aquí en México cada año le tenemos que meter dinero a la Comisión Federal de Electricidad. Por eso no podemos seguir con este modelo.
En lo particular estos dictámenes que estamos discutiendo el día de hoy, ampliarán enormemente la renta petrolera para todos y cada uno de los mexicanos.
No solamente para Pemex como en el pasado y para la Secretaría de Hacienda, porque por eso el PAN promovió la creación del Fondo Mexicano del Petróleo, porque lo que queremos es que por primera vez en la historia de este país todos y cada uno de los mexicanos seamos beneficiarios directos de la renta petrolera y no solamente un Pemex y quienes están dentro de él que muchas veces vemos con prácticas deshonestas, poco transparentes y demasiado corruptas, sino que también sean los mexicanos.
Y no solamente que sea la Secretaría de Hacienda la que dilapide, como ha sucedido en el pasado, la renta petrolera sin tomar en cuenta el futuro de esta nación.
Los mexicanos necesitamos que la renta petrolera se quede para muchos años, se vea en beneficios específicos a largo plazo, porque al final del día, como todos sabemos, amigas y amigos, el petróleo es un recurso finito y tenemos que preparar este país para el día de mañana que no lo tengamos.
Quisiera solamente leerle al pueblo de México una parte específica de la ley que crea el Fondo Mexicano del Petróleo y que establece algunos de los temas para los cuales el Banco de México que por cierto es una de las instituciones más reconocidas por todos y cada uno de los mexicanos por ser una institución extraordinaria que ha logrado mantener el equilibrio económico de este país, va a poder administrar este Fondo del Petróleo para temas tan importantes como el sistema de pensión universal; para financiar proyectos de inversión a ciencia, tecnología e innovación; para generar energías renovables; para fondear un vehículo de inversión especializada en proyectos petroleros que coordinado con la Secretaría de Energía y en su caso en inversiones en infraestructura para el desarrollo nacional; también para llevar a cabo becas para la formación de capital humano en universidades y postgrados; en proyectos que lleven a cabo la mejora de la conectividad; así como para el desarrollo regional de la industria.
En fin, compañeros ¿cuándo hemos visto un mexicano que sea becado, por ejemplo, en una universidad para llevar a cabo su carrera o su maestría? Cuándo hemos visto que directamente veamos apoyo a la industria regional, a la generación de una infraestructura que nos permita avanzar hacia el día de mañana.
Creo que con la creación de este Fondo Mexicano del Petróleo finalmente los mexicanos de a pie, no solamente los que trabajan en Pemex o en la Secretaría de Hacienda, verán beneficios directos y concretos en su vida diaria.
Por eso, amigas y amigos, estoy convencido como joven, como mexicano, como panista, que esta reforma sí verá frutos concretos y los verá dentro de muy corto tiempo. El tiempo al final del día nos dará la razón. Muchas gracias.
El diputado secretario Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Solamente quiero recordar con respeto a las diputadas y a los diputados, reconociendo la importancia y el interés que despierta la reflexión de las participaciones, que esta junta directiva ha sido en exceso tolerante con relación al tiempo.
Por respeto al acuerdo tomado por todos los grupos parlamentarios en las propias juntas directivas, rogarles por favor, recordarles el respeto del tiempo preestablecido de tres minutos en cada una de las participaciones.
En esa dinámica le otorgamos ahora la palabra y lo saludamos con respeto también, al diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que es presidente de la Comisión de Seguridad Social. Por favor, adelante.
El diputado Javier Salinas Narváez: Muchas gracias, señor diputado secretario. Señoras y señores diputados: desde el Partido de la Revolución Democrática hemos dejado clara nuestra firme oposición a la privatización de la industria de los hidrocarburos.
Lo hemos señalado en diferentes foros y en esta sesión de comisiones unidas de dictamen señalamos, en primer lugar, ausencia de reglas para determinar la procedencia de la modalidad contractual y de remuneración aplicable a cada caso en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
Una de las cuestiones más graves del dictamen por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal, es la ausencia de mecanismos para determinar, de manera objetiva y transparente, las diferentes hipótesis en que procederá una u otra modalidad contractual y uno u otro mecanismo para remuneración aplicable en cada caso.
El esquema propuesto pretende que la burocracia de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos contará con toda la libertad para determinar modalidades de contratación y pago de cada uno de los contratos a adjudicar. Dicho margen de flexibilidad permitirá que la burocracia podrá convenir libremente con los contratistas las modalidades que permitan asegurarles una participación por encima de lo aceptable y justo en el negocio petrolero, a cambio por supuesto de una propina, como estila Walmart u otras transnacionales.
Esta situación se traducirá en el hecho de que cada contrato podrá ser diferente de los otros, habrá tantos tipos de contratos como posibilidades puedan plantear, lo cual se traducirá en que no existirá en el mundo un órgano capaz de fiscalizar tan amplio rango de posibilidades contractuales y de remuneración y mucho menos de sancionar a los servidores públicos, empleados e industriales infractores por prácticas que no se encuentran debidamente reguladas, limitadas o prohibidas, cuestión que sin duda derivará en una corrupción incontrolable.
Sobre el otorgamiento de privilegios fiscales en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos en materia de deducción de costos queremos manifestar nuestro absoluto rechazo al otorgamiento de privilegios para unos cuantos.
El dictamen de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos pretende introducir una serie de privilegios para los inversionistas nacionales y extranjeros del ramo de los hidrocarburos mediante el establecimiento de reglas especiales en materia de deducción de costos, que pretenden excluir las disposiciones aplicables en la Ley de Impuesto sobre la Renta con deducciones de inversiones hasta por el 100 por ciento, así como la posibilidad de deducir el excedente en los siguientes 10 años.
Resulta increíble que año con año las autoridades del Servicio de Administración Tributaria acudan a esta soberanía con su propuesta de reformas fiscales bajo la supuesta pretensión de reducir los llamados regímenes especiales o de excepción.
Así, por ejemplo, nos han propuesto eliminar la regulación excepcional del campo, del transporte y de los pequeños contribuyentes, entre otros; pero ahora sin ningún recato pretenden hacer lo propio para sus amigos, los grandes capitalistas nacionales y extranjeros.
La supuesta participación de las diferentes dependencias y entidades del Ejecutivo federal y los llamados testigos sociales en favor de los propietarios en la Ley de Hidrocarburos, no son garantía de nada.
En efecto, la intervención del Ejecutivo y los testigos sociales es inútil, pues a través de la historia la Secretaría de la Reforma Agraria –hoy Sedatu– directa o a través de la Procuraduría Agraria ha mostrado su absoluta ineficacia en la defensa de los intereses sociales de las comunidades indígenas y ejidales, así como de los pequeños propietarios. Esa misma situación se ha observado en los tribunales del Poder Judicial de la Federación, lo que resulta inocua la propuesta de sumarnos al proceso para legitimar las ocupaciones y servidumbres forzosas.
Por tal motivo, es necesario considerar la existencia de un ente autónomo del gobierno y de los grandes inversionistas con capacidad de representación activa en defensa de los intereses indígenas, comunales, ejidales y privados, incluso mediante acciones colectivas en la materia, de tal suerte que se asegure una asociación equitativa y ágil para asegurar la mejor distribución equitativa de la riqueza nacional.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hemos manifestado una y otra vez, y hoy en este trágico día, nuestra oposición a entregar a los grandes capitales nuestra mayor fuente de ingreso.
¿Por qué tienen que enriquecerse sólo unos cuantos? Los inversionistas, los capitalistas, los ricos, por qué no permitir que nuestros pueblos indígenas, comunidades y pequeños propietarios participen también de la riqueza de los hidrocarburos y no sólo como rentistas precarios y empleados de las petroleras extranjeras.
Compañeras y compañeros, según el Banco Mundial, el ingreso per cápita en nuestro país ronda los 10 mil 689 dólares por debajo de los países como Chile, Brasil, Argentina, Venezuela y Uruguay, o bien de las economías en crisis financieras como Portugal, Irlanda, Grecia, Italia o España.
Luego entonces señala el propio Banco Mundial, es necesario establecer políticas fiscales efectivas para lograr una distribución más igualitaria del ingreso, a fin de fortalecer el mercado y consumo doméstico.
Señoras y señores de la derecha, los que se ufanan ser padres de esta reforma y padrastros de esta contrarreforma de privatización. ¿Cómo moral, social y políticamente justifican con estas reformas privatizadoras el enriquecimiento de hombres como Slim, Larrea, Bailleres, Salinas Pliego, Gonda de Rivera, Arámbula Zavala, Del Valle, Arango Azcárraga, Peñaloza, que tienen ingresos del orden de los 1.5-2.3 millones de dólares diarios, el mexicano promedio tiene un ingreso de 30 dólares diarios?
¿Cómo justifican el enriquecimiento de financieros y empresarios que sólo representan el 1 por ciento de la población y millones de mexicanos y de mexicanas están en la pobreza extrema sin tener un ingreso remunerable?
El presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Salinas, le ruego por favor que concluya su intervención.
El diputado Javier Salinas Narváez: Concluyo, señor diputado.
El presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias.
El diputado Javier Salinas Narváez: En ese sentido rechazamos la privatización de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, porque significa despojar el 99 por ciento de la población de los mexicanos en continuar enriqueciendo al 1 por ciento. El hecho de que ustedes estén justificando convertir en deuda pública los pasivos y la deuda de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad implica más carga a los mexicanos.
¿Por qué no una vez encarrerados también convierten en deuda pública los pasivos del Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Por qué le regatean a los adultos mayores el apoyo de un salario mínimo? ¿Por qué lo hacen? Porque son cómplices de los inversionistas extranjeros y porque están en contra de la mayoría de los mexicanos. Muchas gracias, señor secretario.
El presidente diputado Tomás Torres Mercado: A usted, diputado. Para hablar a favor del dictamen ahora tiene el uso de la palabra el diputado Salomón Juan Marcos Issa, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Salomón Juan Marcos Issa: Muchas gracias, secretario. Muy buenas tardes. Con el permiso de los presidentes de la Comisión de Energía y de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Hoy discutimos uno de los temas más trascendentales para la nación, que hemos tenido el honor de discutir como miembros de esta LXII Legislatura.
Mi voto y el de mis compañeros diputados de mi partido, el PRI, será a favor porque se trata de una reforma a la altura de lo que México necesita para acelerar su crecimiento y alcanzar por fin el bienestar que todos deseamos.
No me alcanzaría el tiempo para enlistar todas las ventajas que tienen estas reformas que discutimos, pero una de las de mayor importancia con la reforma es que Pemex contará con un nuevo régimen fiscal, con el régimen fiscal que necesita para poder competir en igualdad de condiciones con el resto de las compañías petroleras.
Todos conocemos que los problemas que tiene el actual régimen fiscal de Pemex son:
1. Que establece una carga fiscal excesiva a Pemex.
2. No le permite generar utilidades con las cuales financiar la inversión que requiere.
3. Es excesivamente complejo, basta decir que Pemex enfrenta cuatro regímenes fiscales distintos: el régimen general, para aguas profundas y Chicontepec, para gas no asociado, y para campos marginales.
4. No se le reconocen los costos verdaderos en que incurre para explorar y extraer el crudo y el gas.
Todos estamos de acuerdo en que no podemos dejar en desventaja a Pemex aplicándole este régimen fiscal al tiempo que el exigimos que compita con las grandes petroleras que vendrán con la reforma energética en nuestro país. No es justo pedirle esto a Pemex y no es lo que nos conviene como mexicanos.
Por ello, en el dictamen que hoy discutimos se plantea un nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos con este régimen:
1. Se reduce significativamente la carga fiscal a Pemex.
2. Al pagar menos impuestos al gobierno federal generará más utilidades, con las cuales aumentará su inversión.
3. Se reduce la carga administrativa y ya no pagará de acuerdo a cuatro regímenes distintos, sino que púnicamente se le aplicará un régimen común, y
4. Se le reconocerán en su totalidad a través del tiempo sus verdaderos costos de exploración y extracción de hidrocarburos.
Pemex tendrá para las actividades que realiza al amparo de asignaciones un régimen con elementos similares a los del régimen de un contrato.
1. Pagará el derecho por la exploración análogo a la cuota por la superficie bajo contrato.
2. Una regalía en los mismos términos, es decir, aportará una proporción del valor de la producción del erario.
3 Un derecho por la extracción calculando como una proporción de la utilidad operativa que alcance cada periodo.
4. Se le reconocerán sus costos verdaderos, únicamente se le aplicará un límite por periodo, calculando como un porcentaje de sus ingresos.
5. Pagará el impuesto sobre la renta como cualquier otro contratista, y
6. Aportará un dividendo al Estado, cuyo monto se establecerá a través de un proceso claro y democrático en el que participarán Pemex, el gobierno federal, el Fondo Mexicano del Petróleo y la Cámara de Diputados.
Como podemos ver, no se trata de un cambio cosmético, se trata de un cambio de gran magnitud que estamos seguros que será un parte-aguas para Pemex. Con este nuevo régimen fiscal Pemex pagará sus contribuciones bajo un marco moderno, eficiente y transparente, junto con la autonomía presupuestal y de deuda y su régimen especial de contratación.
Estamos seguros que estamos dotando a Pemex con todas las herramientas que necesita para poder competir de manera eficaz en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. En otras palabras, con esta reforma tendremos un Pemex más fuerte, un Pemex del que nos sintamos aún más orgullosos como mexicanos. Es cuanto, señor secretario.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Issa Salomón. En contra del dictamen, tiene el uso de la palabra el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Gracias, señor secretario. Con la venia de los señores presidentes.
Las leyes que hoy se discuten se encuentran relacionadas entre sí, por lo que existe una interdependencia de las mismas y una asimetría en los ingresos petroleros y fiscales que afectarán el presupuesto de los próximos años en virtud de que los ingresos que se tenían de la explotación y venta de los energéticos ahora se verá afectados, porque las empresas particulares sólo aportarán el 30 por ciento de sus utilidades en impuesto, cuando anteriormente se aportaba el 85.71 por ciento.
Se establece en términos de la reforma constitucional, que corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la administración y supervisión de los aspectos financieros de los contratos relacionados con las prestaciones y demás elementos previstos en la nueva ley, y que la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional de Hidrocarburos deberán aplicarse en la administración y supervisión de los contratos.
En virtud de lo anterior, a la Secretaría de Hacienda se le amplían las atribuciones a fin de que supervise y determine las bases, reglas y firme contratos, supervise los mismos, otorgue los contratos y la información de los contratistas y verifique...
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Samperio, perdóneme pero no quiero yo ser el causante de la distracción principal.
Yo quiero rogarles a mis colegas diputadas, diputados, y a quienes nos acompañan en la asesoría o por otras razones de interés en el desarrollo de este trabajo, que nos permitan las condiciones para que sea de la mejor manera, guardando silencio para que esto pueda desarrollarse adecuadamente. Perdón, estimado diputado Samperio, por favor adelante.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Le agradezco, señor secretario. En virtud de lo anterior, a la Secretaría de Hacienda se le amplían atribuciones a fin de que supervise y determine bases y reglas, se firmen contratos, se otorguen los contratos y la información de los contratistas y también verifique la información y documentación que se deberá de entregar a los mismos, además de verificar el correcto pago de regalías y cuotas contractuales de los nuevos operarios, que serán los que extraigan nuestros recursos naturales.
De igual forma, administra y controla el Fondo Mexicano del Petróleo, por lo que es manifiesta su discrecionalidad en la distribución de la renta petrolera.
Bajo esta reforma energética, en vez de ampliar los ingresos para el Estado y su debida aplicación en el desarrollo económico del país, se observa un deterioro en los ingresos no tributarios que traerá un déficit fiscal aunado a un incremento de la deuda interna al absorber los pasivos laborales de los trabajadores de Pemex y perder el control de los recursos energéticos del país.
Los funcionarios que estuvieron con nosotros, representantes de diversas instituciones, nunca nos pudieron dar o decir en qué porcentaje iba a bajar el costo de los energéticos en beneficio de la sociedad, a lo más que llegaron fue a definirnos que el incremento a los precios de los energéticos se mantendrían hasta estabilizarlos a los precios internacionales, cuando sabemos que estos están fijados por los grandes consorcios internacionales, que siempre están a favor de obtener mayores ganancias, sin importarles la pobreza de los pueblos.
Asimismo la integridad de la plantilla laboral que formó Pemex durante 76 años y de los 56 años que tienen los trabajadores electricistas mexicanos, se encuentran en alto riesgo y sus derechos se irán por la borda, por no haber garantías laborales ni mucho menos la posibilidad de asegurar sus prestaciones y seguridad social, ni de los trabajadores actuales ni de los que serán contratados por las nuevas empresas.
El campo se verá afectado gravemente, no sólo con las rentas de los terrenos, sino de manera fundamental con la contaminación de las aguas, de las tierras y de la modificación genética de los alimentos, lo que llevará a la pérdida de la economía interna, de los ingresos de la población y a la migración acelerada de la gente del campo hacia las ciudades o al extranjero.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano se manifiesta en contra de la entrega de los recursos de la nación a las empresas trasnacionales, en deterioro del medio ambiente y del patrimonio nacional.
Esta reforma viene a concluir el desmembramiento de los activos del Estado y su dependencia a los intereses internacionales, por no canalizar los recursos a un desarrollo armónico y sustentable en beneficio de todos los mexicanos y las mexicanas. Por lo anterior, nuestro voto será en contra. Es cuanto, señor secretario, muchas gracias.
El secretario diputado Juan Bueno Torio: Gracias a usted, diputado. Del Partido Revolucionario Institucional, tiene ahora la palabra la diputada Irazema González Martínez. Por favor, adelante, diputada.
La diputada Irazema González Martínez Olivares: Gracias. Con el permiso de los diputados presidentes. Compañeros legisladores, medios de comunicación y ciudadanos, aquí estamos los diputados del PRI y las diputadas del PRI, como siempre dando el debate de manera organizada, institucional y, sobre todo, muy respetuosa dentro de las instituciones formales y fuera de ellas.
En este sentido, valoramos mucho que el gobierno actual, el Ejecutivo, haya presentado por primera vez a diferencia de otros Ejecutivos en años anteriores una propuesta de iniciativa de reforma constitucional. Eso lo celebramos y sobre todo celebramos que de una vez hayamos decidido enfrentar el problema de nuestras empresas estatales, en este caso paraestatales y ojalá pronto nuestras empresas productivas del Estado.
En ese sentido, me gustaría señalar tres cosas por las que votaremos a favor de esta propuesta de dictamen. Se refiere especialmente a la observación que se hace en esta propuesta con respecto al Fondo Mexicano del Petróleo y cómo éste ahora administrará o será el encargado de los aspectos financieros para calcular las contraprestaciones de los contratos.
Esta diferencia me parece fundamental porque esto le dará no solamente ya el tratamiento especial que estamos buscando para nuestras empresas productivas del Estado, sino además le dará pues lo que estamos buscando también, que es una más y mejor inversión a nuestras empresas y, por supuesto, en una mayor inversión.
Por eso también me es muy importante señalar que en el Capítulo II de nuestra Ley de Ingresos de Hidrocarburos, que estamos discutiendo en este momento, en el artículo 26, en el tercer párrafo, que no solamente las variables de adjudicación de los contratos va a ser quien le dé la mayor renta al Estado, sino también quien deje la mayor inversión. Eso me parece muy importante señalar, porque es lo que puede marcar la diferencia en nuestra inversión, tanto en capital humano como en nuestra inversión en ciencia y tecnología.
En ese sentido, también me gustaría señalar que dentro de las propuestas que nos ha hecho el Ejecutivo y que han sido avaladas por el Poder Legislativo para la inversión, por ejemplo, en ciencia y tecnología, en donde hemos podido observar un incremento ya en la inversión correspondiente a un 0.51 por ciento del PIB especialmente para ciencia y tecnología, eso no hace más que respaldar nuestra preocupación y nuestra ocupación por la que se haga mayor inversión no solamente en infraestructura, sino también en ciencia, tecnología e innovación, que va a ser lo que haga la diferencia en nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Irazema González. Le otorgamos el uso de la palabra, sí está listado, a nuestro amigo el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, se desató con dinero de todos los mexicanos una campaña mediática donde, desde el Ejecutivo, se manifestaba que bajarían los precios de la gasolina, el gas, la electricidad, para que el pueblo de México aceptara y no se opusiera a esta reforma.
No lo van a cumplir. La ambición de los privados no tiene límite. Ya en los dictámenes a discusión se quitan los subsidios, lo que representará, sin duda, en más aumento en las tarifas eléctricas de gasolina y gas.
También se prometió con la privatización de Teléfonos de México que bajarían las tarifas. No cumplieron. También se prometió con la privatización de ferrocarriles que bajarían las tarifas y mejoraría el servicio. No sucedió.
Con la reforma laboral, que también es parte de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional para implementar el modelo neoliberal, prometieron más y mejores empleos. No ha sucedido.
Así sucedió también con la privatización de los bancos. ¿Qué sucedió? Se tuvieron que rescatar y tenemos de las tarifas más altas del mundo y sus utilidades abandonan el país. También sucedió con la privatización de las carreteras, que se tuvieron que rescatar.
Se menciona que ahora vamos a poder ser socios de las grandes corporaciones, como si fuera un gran logro. Ése no es un logro de Pemex. Ése es un logro de las corporaciones trasnacionales, que no querían ser simples contratistas, querían pasar a ser socios para tener una tajada más grande de las utilidades y de la explotación de nuestra riqueza petrolera, y al hacernos socios de ellos nos va a pasar lo que nos pasó con Argentina al ser socios de Repsol, que en vez de estar del lado del gobierno que estaba rescatando su soberanía energética, nos pusimos al lado de Repsol, como lo hizo el gobierno español defendiendo a su empresa.
O nos vamos a poner al lado de las empresas trasnacionales con la que está peleando el gobierno ecuatoriano porque no le quieren indemnizar los daños graves que están cometiendo en su ecología.
¿Eso es lo que queremos para México? Que nos convirtamos en cómplices de quienes invaden países para explotar la riqueza petrolera de los países subdesarrollados, que no creo que en esos casos nos quieran como socios. Ellos quieren ser socios para explotar la riqueza petrolera de México, no para que seamos socios de ellos explotando la riqueza petrolera de otros países. Lo que ellos quieren es acumular el mayor posible del mercado nacional.
¿Qué pasó aquí con los bancos? Acuérdense que al principio no podían participar aquí los extranjeros. Después se les permitió que no más del 49 por ciento. Y ahora tienen más del 80 por ciento del mercado nacional los bancos. Así nos va a pasar con el petróleo. Mientras tengamos gobiernos que en vez de defender el interés nacional defienden el interés de las grandes corporaciones.
Los beneficios que se llevarán las empresas privadas al acaparar la renta petrolera, en la Ley de Ingresos de Hidrocarburos se plantea que por concepto de regalías el Estado mexicano recibirá el 7.5 por ciento y aumentará a razón de 0.125 por ciento anual, a partir de que el precio contractual del petróleo supere los 48 dólares por barril.
Es decir, cuando el precio contractual se establezca en los 100 dólares el Estado apenas recibirá un 14 por ciento de regalías. Esto es nada en comparación con lo que recibirán las empresas, ya que no solo es el 86 por ciento restante sino el sobre precio que obtengan en el mercado interncional del petróleo.
Ya aquí habíamos comentado anteriormente que los países sudamericanos, cuando llegaron gobiernos nacionalistas aumentaron el porcentaje de la regalía para el gobierno. En Venezuela llegó alrededor del 50 por ciento cuando daban antes el 1 por ciento.
¿Y qué ha sucedido? Que las empresas petroleras no se van de ahí porque todavía la ganancia sigue siendo jugosa para ellos pero se convierten en una fuerza de facto, económica y política para desestabilizar al gobierno y poner un gobierno títere que les permita volver a tener las grandes utilidades que tenían en el pasado. Eso nos va a pasar en México si se aprueba esta reforma.
Ahora, también en el dictamen se señala que las prestaciones a favor del Estado mexicano las determinará Hacienda. Que las negociará por contrato, lo que deja en el aire el monto real que el Estado mexicano tendrá por este concepto. Y por tanto, el monto total de ingresos petroleros o la parte de la renta petrolera que obtendrá el país es indudable que esta discrecionalidad señalada es negativa para el Estado mexicano. O si no, acordémonos qué pasó con Zedillo, que después del rescate banquero se fue a trabajar con bancos transnacionales o después de la privatización de Ferrocarriles igualmente lo hizo. O con la ex secretaria de Energía o con el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe.
Vamos a querer que Videgaray posteriormente está trabajando con estas empresas extranjeras...
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Cantú, le ruego redondee su participación para concluir. Es con imparcialidad absoluta.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Para terminar vamos a señalar que se le exige a Pemex, por derecho de utilidad compartida un 68 por ciento de sus utilidades, mientras que las corporaciones transnacionales van a pagar lo que paga cualquier empresa que anda alrededor del 30 y tantos por ciento; entonces cómo queremos que compita Pemex si le ponemos una tasa impositiva tan alta en relación a las otras empresas.
Es claro que es falso que queremos construir una empresa competitiva, aunque no sé si este porcentaje ya lo negociaron ayer y aparezca otro porcentaje en el nuevo dictamen, no ha habido oportunidad de checarlo; pero si acaso se negoció no creo que sea mucha la diferencia. Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Trabajo se manifiesta totalmente en contra del presente dictamen.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Cantú Garza. En contra también, el señor diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; en contra de los términos del dictamen, por favor. Adelante.
El diputado Silvano Blanco Deaquino: Con el permiso de la mesa, de las compañeras diputadas, compañeros diputados. Creo que esta reforma bien pudiéramos nosotros cambiarle el nombre, es decir, no viene siendo una reforma energética, sino es la reforma de la ineficiencia y de la corrupción. Así debe de llamarse esta reforma que estamos aprobando, por todo lo que nosotros hemos venido comentando acá.
Estamos en contra de esta iniciativa de reforma, de entrada porque se violenta totalmente el estado de derecho del mismo articulado de la reforma constitucional que fue promulgada el 20 de diciembre del año anterior, de 2013. En su artículo transitorio cuarto maneja con mucha puntualidad, dice tal transitorio, que la adecuación al marco jurídico de las leyes secundarias tiene un término y ese término era de 120 días naturales. Es decir, dicho término legal venció el 20 de abril de este año, digo peccata minuta, digo al gobierno federal eso no le interesa; pero un abogado que se precie de haber ido a la escuela o un simple estudiante de derecho sabrá que se está violentando el marco del estado de derecho, porque efectivamente feneció ese plazo y todo lo demás aprobado tiene que ser nulo, pero bueno, eso va a ser materia de una controversia jurídica posteriormente.
Por eso nosotros planteamos con mucha precisión y léanlo pues normalmente, ustedes, diputadas y diputados, en ocasiones con tanto documento que hay a veces no pueden leer correctamente y si no lo interpretan, bueno pues alguien que conozca de leyes que les expliquen precisamente esto que estamos planteando.
En segundo lugar el artículo 34 de la Ley de Ingresos plantea un articulado que habla en la forma de contrataciones totalmente distinto a lo aprobado en la reforma constitucional de 2013; esto también es violatorio, es decir, una ley secundaria no puede ser por encima de lo aprobado anteriormente y que está dentro del texto constitucional, donde permite una serie de contratos que no están contemplados inicialmente y da margen precisamente a esa discrecionalidad que nosotros decimos que se va a prestar a la corrupción.
Es común ya en el término de este tipo de reformas que al inicio se plantee una cosa y que a final de cuentas nos encontremos con novedades como la de ayer y hoy tenemos otra. Pero el día de ayer el PAN le hace el trabajo sucio al PRI y plantea que el pueblo mexicano cargue como deuda pública prácticamente nada; hablamos entre el pasivo laboral de Pemex que es algo así como un billón 200 mil millones de pesos, más 504 mil millones de pesos de la Comisión Federal de Electricidad, estamos hablando de una deuda pública de cerca de un billón 700 mil millones de pesos.
Y se dice: bueno, el Estado mexicano no va absorber todo ese pasivo laboral, no el cien por ciento va a estar sujeto a que la empresa y el sindicato se pongan de acuerdo, y yo les pregunto, si no es el cien por ciento, ¿cuánto va a ser? ¿El cincuenta por ciento?, ¿el veinte por ciento? ¿El cuatro por ciento?
¿Y cuánto va a impactar? Porque ahí no está claro, pero supongamos que efectiva y generosamente fuera el veinticinco por ciento del total del pasivo laboral estaríamos hablando de más de 400 mil millones de pesos de deuda pública, que les está endosando esta legislatura a los mexicanos.
Esto, si lo comparamos con el tema de Fobaproa, Fobaproa es cosa de niños, aquello era algo así, como 80 mil millones de pesos, y que por cierto, ustedes y nosotros aprobamos para este año, para la deuda de Fobaproa, 11 mil millones de pesos. ¿Cuántos años más estaríamos pagando el pasivo laboral?
Pero lo hacen de una manera muy simplista, y dicen es que como ya está el problema tenemos que resolverlo. Ajá, ¿y los responsables del problema? Es decir, Calderón, Fox, y los presidentes anteriores; sus secretarios respectivos, los directores de áreas, los integrantes del sindicato, ¿no son responsables estos? Por supuesto.
Entones, primero tenemos que crear una comisión que investigue a todos estos responsables, y que todos estos, a final de cuentas rindan cuentas al pueblo de México. Y si realmente el actual presidente quisiera trascender –cosa que creo que no va a hacer, porque no podría enjuiciar a Calderón, porque a final de cuentas pactaron entre Calderón y él, que él llegara también a la presidencia– fue una de las formas de cómo llegó a la presidencia.
Pero si él lo hiciera así, si se procediera a que se hiciera la comisión ésta, se investigara y se deslindaran responsabilidades, y todos aquellos que propiciaron este quebranto, a final de cuentas estuvieran en la cárcel, yo votaría a favor de esa iniciativa, pero como no va a ser así, por supuesto que nosotros vamos a votar en contra.
Pero el día de hoy nos encontramos con una nueva joya, y precisamente de nuevo es el PAN quien participa en esto. Es decir, el dictamen hablaba de un porcentaje de repartición a los estados, y en el artículo Sexto Transitorio se propone que se modifique, y que de ese 79-73 queda a final de cuentas, un 73 por ciento.
Y dice Hacienda, y dicen los panistas, no afecta a los estados. Nosotros nuevamente volvemos a decir que están falseando, y que por supuesto que nosotros, si ya anteriormente había una disminución –decíamos– de poco más de 11 mil millones de pesos que se les tenían que entregar a los estados, con esto va a ser mayor; se va a duplicar esa afectación que van a tener los estados.
Y los retamos a que realmente den un debate serio, y que crucemos información entre ustedes, y entre los técnicos que tenemos nosotros, para demostrarles efectivamente, que de nuevo van a afectar a los estados. Y afectando a los estados, ¿a quién afectan? Afectan directamente a los ciudadanos.
Es totalmente falso el planteamiento de que esta reforma va a permitir que México tenga un crecimiento económico. Totalmente falso, y eso ustedes lo saben con mucha razón. Este presidente sí va a pasar a la historia, pero va a pasar a la historia emulando a Antonio López de Santa Anna, porque a final de cuentas está traicionando al país, está traicionando a la Patria por impulsar este tipo de reformas que lesionan gravemente a los mexicanos.
Y por eso nosotros vamos a votar en contra, es decir, los medios de comunicación masivos intelectuales que están al servicio del sistema, por supuesto que van a hablar bondades, y ustedes también diputados y diputadas que votan por consigna lo van a hacer. Pero así lo hacían en los regímenes totalitarios.
Así lo hacían los diputados y diputadas que estaban con Victoriano Huerta, así lo hacían en otros países, como con Pinochet. Efectivamente votaban a favor del sistema, por eso nosotros estamos con la idea de seguir luchando, y el tema de la consulta popular, ahí es donde millones y millones de mexicanos se van a expresar y van a coincidir con nosotros, y no van a permitir este atraco a la nación. Muchas gracias.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Con la intervención del diputado Silvano Blando Deaquino, se concluye la ronda relacionada con las participaciones a favor y en contra del dictamen.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Esta Secretaría, con la autorización de las presidencias, recuerda a ustedes que en términos del acuerdo aprobado por las Juntas Directivas la discusión del dictamen será dividida en los temas siguientes. Uno, Ley de Coordinación Fiscal; dos, Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo; y el número tres, Asimetría Fiscal y Renta Petrolera.
Con ese propósito le otorgamos el uso de la palabra al señor diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para fijar la propuesta, hasta por cinco minutos, con un recordatorio comedido para las siguientes participaciones de tres minutos. Por este lapso, señor diputado, haga uso de la palabra.
El diputado Carol Antonio Altamirano: Muchas gracias, señor secretario. Diputadas y diputados. En primer lugar, debe decirse que en el tema de la recaudación federal participable no deberíamos poner por delante las diferencias partidarias, por eso celebro la postura que ha asumido el diputado Tomás Torres –lo escuché muy atentamente; te felicito, Tomás-, una postura inteligente y sensata. Ojalá todos los diputados que conformamos estas comisiones tengamos la misma postura de revisar este tema.
Una definición correcta de la recaudación federal participable beneficia a todas las entidades y municipios porque incluye más recursos; y a la inversa, una definición más corta o a la baja de la recaudación federal participable, significa menos fuentes de recursos. Por eso los alerto, como representantes populares, de los cambios que se han incluido de última hora en la Ley de Coordinación Fiscal.
Si ya de por sí los términos de la iniciativa eran negativos para las entidades, ahora empeoran con el transitorio sexto que está en la página 199 del dictamen. Creo que todos coincidimos en que, como propuso el Ejecutivo en su exposición de motivos y en las audiencias, lo mínimo que debe garantizarse es que de perdida los montos que hasta ahora reciben las entidades y municipios yo disminuyan.
Quiero especificar que ninguna entidad debe perder respecto de lo realmente observado – repito-, de lo realmente observado en los últimos años. Las proyecciones sobre estimaciones de Ley de Ingresos pierden relevancia, porque lo único que debe contrastarse es si lo observado –repito- se mantendrá igual o no con la propuesta del Ejecutivo o con el dictamen.
Hemos revisado el tema en el PRD y hemos concluido que no se cumple con lo ofrecido y que sí hay una afectación de los montos participables tanto con la iniciativa y, todavía peor, con el artículo sexto transitorio que se incorpora al cuarto para las doce.
El Ejecutivo propuso incluir en la recaudación federal participable un porcentaje de 79.73 de los ingresos petroleros, según eso, para no afectar a las entidades. Eso coincide con lo recibido en 2013 y hasta ahí parecería correcto. Pero si comparamos ese porcentaje respecto de lo realmente recibido en los últimos cuatro años, encontramos una diferencia que promedia 7.7 por ciento. Eso quiere decir que el porcentaje no garantiza lo que se prometió y ese es un engaño que terminará perjudicando a todas las entidades del país.
Vean la tabla que les estamos entregando. Les hemos distribuido una tabla. La de la primera columna vienen las cifras de la iniciativa del Ejecutivo, que coincide con el 2013.
Después hay una propuesta alternativa que hemos presentado tomando en cuenta un factor de los últimos años, que el factor sería 86.39, a diferencia del factor que plantea el Ejecutivo de 79.73 por ciento.
Si nosotros revisamos esta tabla, aquí se compara la iniciativa del Ejecutivo que no muestra diferencias, si se utiliza sólo un año como referencia con un cálculo considerando el promedio realmente observado en los cuatro años.
Aquí queremos ser muy claros. En nuestro cálculo no estamos tomando el mejor año para las entidades federativas, lo que nosotros estamos tomando y nos parece sensato, es un promedio a diferencia de cuatro años, a diferencia de lo que se plantea en la propuesta de Hacienda.
La conclusión es que las entidades tendrían afectaciones. Con la iniciativa, en los términos de la iniciativa del Ejecutivo, la afectación sería de 11 mil 779 millones de pesos.
Ahora bien, con el artículo transitorio sexto, la afectación sería como de 23 mil 600 millones de pesos, es decir, al doble.
En los tres estados más pobres; les voy a poner un ejemplo: el costo sería así: Oaxaca perdería, con la iniciativa del Ejecutivo, 331, con el sexto, más de 600; Chiapas con la iniciativa del Ejecutivo pierde 486; Guerrero 275.
Qué absurdo, las entidades más pobres de México en vez de recibir apoyo, terminan perdiendo casi 2 mil millones de pesos con el artículo sexto.
Pero la afectación incluye a todos por igual, de todos los partidos y de todos los niveles de ingreso porque todos usamos la recaudación federal participable.
Por ejemplo: Veracruz perdería 722; Hidalgo 243; EdoMex mil 577; Jalisco 739; Nuevo León 519; D. F., mil 313 y Sonora 335.
Por esa razón hemos propuesto elevar el componente de los ingresos petroleros que pueden participarte a 86.39 en vez de 79.73, partiendo del promedio observado realmente de los últimos cuatro años.
Pero compañeras y compañeros, quiero decirles y alertarles que en el dictamen, con el transitorio sexto, el cálculo es todavía peor; en vez de que el dictamen elevara el porcentaje de los ingresos petroleros a participar, resulta que los disminuye. Pasa de 79.73 a 73 por ciento para el 2015 y solamente lo va a incrementando para que esa proporción apenas alcance 79.73 de la iniciativa original hasta el 2019. Vean la tabla que está incluido en el artículo sexto transitorio, en la página 199.
Esto significa que el cálculo que ya de por sí era negativo, empeora. La recaudación federal participable efectiva será todavía más baja durante los últimos cuatro años; si el cálculo apretaba a las entidades, ahora de plano las va a asfixiar.
Y luego por fin en el 2019 llegaríamos a un escenario en que de todos modos recibiríamos menos que el promedio observado en los últimos años. Esa es una injusticia y un desequilibrio brutal.
Si se acepta el transitorio sexto, las pérdidas que estimamos se quedarán cortas; serían prácticamente el doble. La distancia entre incluir el promedio histórico observado y lo que nos propone el dictamen en su transitorio sexto, es de más, como les digo, 23 mil 600 millones de pesos para el conjunto de las entidades.
En vez de estar en un escenario de mejora con el dictamen, las pérdidas se incrementarían porque en vez de calcularse, como les he dicho, sobre el factor del 79.73 se hará en 2015 sobre 73 por ciento. Esto quiere decir que durante los cuatro años el gobierno federal se va a quedar con una parte mayor de los ingresos petroleros precisamente durante el tiempo en que esperan que lleguen los contratos.
Están usando recursos que en su mismo diseño original les correspondían a las entidades como un colchón para esperar qué ocurre y a ver si las estimaciones les cuadran. Eso, compañeros y compañeras, se llama infamia.
Les pregunta por qué los estados y los municipios tenemos que ver reducido aún más el porcentaje de la recaudación participable. No hay ninguna razón y explicación y es totalmente injusto que, si desde el gobierno federal quieren cubrirse las espaldas durante cuatro años, lo hagan con los recursos que en su proyecto original debieran ser de las entidades.
Los alerto sobre este tema porque debemos ser cuidadosos y responsables por encima de todas nuestras diferencias. Aquí todos nos debemos a nuestros electores de las entidades y municipios. No es posible que una reforma que promete no afectar a las entidades lo termine haciendo con nuestro consentimiento.
Tengamos dignidad, tengamos seriedad. Si el gobierno ofreció que con el 79.73 no afectaban, entonces no tiene sentido el transitorio sexto porque equivale aún más, bajo la misma lógica del gobierno, a que durante cuatro años los estados y municipios vamos a ver que el dinero no llega porque el Ejecutivo lo usa para protegerse.
Compañeras y compañeros diputados, no aceptemos esta infamia y este retroceso. No puede ser que la visión del federalismo fiscal, construida durante años y que es clave en nuestra historia, sea afectada de un plumazo.
Desde esta comisión debemos exigir que el promedio observado en los últimos años sea la base del cálculo y de ninguna manera podemos convalidar que en el dictamen, en vez de avanzar, signifique ir para atrás.
Es inaceptable que como no le salen las cuentas al gobierno y tiene temor de que el recurso de los grandes contratos no llegue, el gobierno federal use a las entidades para protegerse y nos agarre como una salida fácil en la que primero promete no afectar y luego, con todo descaro, establece porcentajes de verdadero agravio para lo que resta del sexenio.
De verdad, es el colmo que entreguen la riqueza nacional y que además toda la población de los estados y municipios termine maltratada. Con responsabilidad los convoco a que corrijamos este entuerto, a que aprovechemos todo el tiempo que sea posible para que revisemos el tema, para que encontremos alternativas que sean congruentes con la intención de no afectar a las entidades y con pleno respeto al federalismo.
El PRD en este tema no presenta demagogia; presentamos cifras, hemos hecho cálculos, hemos sido responsables. Esperamos que la secretaría de hacienda le entregue a algún diputado sus cifras y que podamos pedirles a los dos presidentes que podamos convocar a una nueva sesión de esta comisión, presidente de hacienda, presidente de energía, para que podamos, con toda seriedad y responsabilidad, revisar las cifras, los montos. Muchas gracias por su atención.
El diputado secretario Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Carol Antonio Altamirano. Para hacer sus comentarios a favor en términos de la propuesta amplia por cierto del señor diputado, le otorgamos el uso de la palabra a la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier.
La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier: Gracias, diputado. Antes constitucionalmente estaba prohibida la utilidad compartida. Hoy el PRIAN la ha eliminado para poder asociar empresas privadas y a lo mejor le toque alguna parte a Pemex, muy pequeña y nuestras ganancias, las de los mexicanos, ya hoy serán compartidas con los particulares. Cabe mencionar que de las ganancias ellos se llevan la mayor parte. Olvidémonos de más escuelas, de más hospitales y de mejor educación.
En la iniciativa que expide la nueva Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y se reforma la ley Federal de Derechos y la de Coordinación Fiscal, se propone agregar un párrafo tercero al artículo 2o de esta ley, con el fin de determinar la parte de los ingresos derivados de los nuevos contratos para la explotación de hidrocarburos que será participable a las entidades federativas.
En la exposición de motivos de esta citada iniciativa se propone establecer un coeficiente para que estos ingresos sean participables en un 79.73 por ciento, y con ello se minimiza el impacto sobre el monto que se transfiera a las entidades federativas por sus participaciones en los ingresos petroleros.
Si se compara para el año 2013 la recaudación federal participable originada en los ingresos petroleros, la cual seguirá operando de la misma manera para las asignaciones a Pemex con la que se obtendría aplicando el nuevo régimen fiscal diseñado para los contratos, parece no haber problema.
La diferencia entre los montos aprobados utilizando los dos métodos, resulta 10.1 por ciento a favor del nuevo régimen, y si se usan los datos realmente registrados al fin del ejercicio incluyendo los ingresos excedentes, la diferencia se reduce a sólo 0.9 por ciento, todavía a favor del sistema.
El coeficiente del 79.73 propuesto en la iniciativa efectivamente minimizaría el impacto sobre el monto de los participantes a las entidades federativas si los resultados aprobados inicialmente y observados al cierre del ejercicio para 2013 fuera una suerte de montos típicos obtenidos cada año.
Sin embargo, ese supuesto implícito utilizado por la Secretaría de Hacienda para justificar la magnitud del coeficiente propuesto no resulta cierto. Si se revisan los datos de los tres años anteriores a 2013; o sea, 2012, 2011 y 2010, ejercicios que junto con 2013 pueden considerarse como típicos o normales.
Si se comparan los montos calculados, utilizando este régimen fiscal actual y el que se propone el resultado, sería de un pérdida de 8.15 por ciento para las entidades federativas. Para los datos observados para 2011, la aplicación del nuevo sistema hubiere implicado también pérdidas, lo mismo para el 2010.
Si se calcula un promedio de los resultados antes simulados para los cuatro años, la utilización del coeficiente propuesto en la iniciativa significaría una pérdida de 7.71 para las entidades federativas, y como decía el compañero Carol, esto implica entidades federativas, o sea, no estamos haciendo diferencias ni de colores ni de partidos.
Para corregir este evidente sesgo a favor de la Secretaría de Hacienda y en contra de las haciendas de las 32 entidades federativas, se propone sustituir el coeficiente de 79.73 por uno de 86.39, con ello la diferencia promedio resultado de aplicar los dos regímenes se convertirá en cero, en promedio, para los cuatro años señalados, eliminando cualquier sesgo. Así, el impacto sobre las participaciones a participaciones de entidades federativas, realmente se minimizaría.
Nosotros, precisamente atendiendo a esto, primero decimos que Tabasco no se conformará con limosnas. La gran pérdida de la reforma de 2008 nos ha dejado en desventaja. Nosotros necesitamos un trato equitativo, no estamos pidiendo preferenciales, simplemente queremos, que de acuerdo a la producción y lo que le aportamos al país, eso también nos regresen a nosotros porque nosotros nos quedamos con todas consecuencias de poder ser un estado productor de hidrocarburos.
El recurso del impacto ambiental se le queda a la Federación y nosotros seguimos con el impacto ambiental en territorio. Hacemos un llamado a todos los gobernadores, a las 32 entidades federativas, a que tenemos que checar cuál va a ser, a que tenemos que analizar realmente cuál será la pérdida de cada uno de sus estados y tomar una postura de defensa y de lucha para que podamos tener mejores resultados, mejores participaciones de acuerdo a la producción que tengamos y también de acuerdo a la demografía.
No estamos en contra de que los estados de que hoy han sido beneficiados por su demografía, no sean tomados en cuenta, sino todo lo contrario, que además de ellos, también a los que somos productores de petróleo, sobre todo Tabasco, que es el primer lugar como productor de hidrocarburos en tierra, tenga un trato equitativo y su participación sea igual a la producción de hidrocarburos que tenemos. Muchísimas gracias, presidente.
El presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada. Para que realice sus comentarios en contra, en contra de la propuesta, el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Partido Acción Nacional, hará uso de la palabra.
El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente: Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes. En referencia a los comentarios del diputado Carol me parece que nadie estamos en contra de que haya más participación, en eso evidentemente Acción Nacional y los demás partidos no estamos en contra de eso.
Por lo tanto queremos que quede claro que si hay que hacer otra reunión para revisar estas cosas es absolutamente necesario, sin embargo me salta una duda. Me da la impresión que están tomando la base de cálculo de los últimos cinco años y son de las cosas que tendríamos que revisar en este ejercicio, porque todos sabemos que la base petrolera ha venido descendiendo.
Entonces, creo que es necesaria la reunión para que una y otra parte aclaren las dudas y lleguemos al mejor término de esta parte. En eso creo que todos estamos de acuerdo, que no podemos dejar en el aire pensar que el Ejecutivo quiere perjudicar a las entidades federativas y es responsabilidad de todos que aclaremos esto.
Por otro lado, en el caso del Fondo de Extracción de Hidrocarburos inicialmente la propuesta –el factor de cálculo es el punto 60, hoy ya subió al punto 80 y queda plasmado en el artículo 91 de la Ley de Presupuesto, si no me equivoco, y sí celebro que se haya hecho. Evidentemente no es suficiente, pero sí debo reconocer que hubo voluntad de la Secretaría de Hacienda de al menos subir este porcentaje y que en el caso de Tabasco, que es el estado que represento, subió aproximadamente 600 millones.
Otro tema que creo que es importante puntualizar. Hoy hay un nuevo impuesto por exploración y extracción, y ahí va a haber una petición de nuestra parte a la Secretaría de Hacienda. Son mil 500 pesos por kilómetro cuadrado de exploración y 6 mil por kilómetro cuadrado de explotación. Hoy, nadie sabemos cuánto le va a corresponder a cada estado. Pero el problema no es sólo eso, en teoría hay por ahí de manera informal un cálculo, que se va a hacer un fondo que va a valer 2 mil 500 o 2 mil 200 millones.
Lo que realmente nos preocupa –bueno, vamos por partes–, primero, en el artículo 57, fracción IV, nos habla que estos fondos tendrán que ser etiquetados para infraestructura, cosa que vemos totalmente correcto, y que un 3 por ciento de estos recursos pondrán usarse para hacer proyectos que luego se dan de infraestructura. Todo está correcto.
La única petición –y esperaría el apoyo de todos– es que creo que sin perder el espíritu de la ley, que sean para infraestructura, podríamos modificar ahí y agregarle que pudiéramos usar estos proyectos para pari passo de infraestructura, que esto potencializaría el capital, el dinero, y para Fonden cuando sea caso de infraestructura, porque hoy nos vemos los estados rebasados por tanto evento que hay con el cambio climático. Y, realmente, si bien es cierto que la federación apoya los estados y los municipios tienen que poner partes que no les alcanza, entonces ahí solicitaría la posibilidad de cambiar esto.
Pero aunado a este impuesto hay otra parte que sí es preocupante, la incertidumbre de no saber cuánto es lo que vamos a recibir. En la fracción IV, en el último párrafo, me voy a permitir leerlo, dice: para recibir los recursos a que se refiere este artículo las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal no establecerán ni mantendrán gravámenes locales o municipales en materia de protección, preservación o restauración de equilibrio ecológico, y la proyección y control del ambiente, que incidan sobre actos o actividades de exploración, extracción de hidrocarburos ni sobre las prestaciones o contraprestaciones que se deriven de los contratos o asignaciones.
En pocas palabras, lo que le estamos pidiendo a los estados y municipios es que renuncien a su potestad de poder cobrar impuestos en impacto ecológico. Nos parece loable, lo que creo que aquí tenemos que dejar claro es que no está claro cuánto va a recibir de este famoso impuesto predial, que le llamamos predial petrolero, los estados y los municipios para que podamos nosotros a su vez exigirles o pedirles a ellos que renuncien a su potestad de tener este tipo de ingresos.
En general yo creo que vamos avanzando, pero sí es importante que afinemos esto. Esto para Acción Nacional no es letra muerta, creo que se puede mejorar de aquí al tramo al que autoricemos la ley en pleno y estamos en esa disposición.
No puedo dejar de comentar en complemento del comentario de mi compañera Claudia Bojórquez, soy del estado de Tabasco. Los grandes perdedores en la nueva fórmula de distribución que se autorizó en 2007 son Tabasco y Campeche. Tabasco les quiero decir que tiene un 6 por ciento menos de ingresos que el año pasado, Campeche el 8.5. Todas las demás entidades ganan, nosotros perdemos, mientras más producimos petróleo más perdemos con este esquema que hay otro.
Si bien es cierto, con este nuevo esquema compensaremos parte, no vamos a compensar todo lo que necesitamos, y entonces sí es importante dejar plasmado, tenemos algunas condiciones que el cálculo lo vuelven perverso, por ejemplo no accedemos al fondo de pobreza porque estamos en el cuarto lugar de producto interno bruto per cápita, pero si le quitas la parte petrolera nos vamos al lugar 27, entonces sí tenemos condiciones específicas que tendremos que revisar en su momento, y lo digo respetuosamente, para poder compensar esta parte. En cuanto a mi participación es todo. Muchas gracias.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Muchas gracias al señor diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Partido Acción Nacional, y a continuación tendríamos la intervención del señor diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor de la propuesta.
El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena: Buenas tardes, compañeros diputados, compañeras diputadas. Diputado Cáceres, quiero entender que con esto usted y su partido estarían apoyando la propuesta de hacer esta revisión. Ojalá no lo haya hecho a título personal, sino como partido.
Quisiera hacer un recuento de lo que han estado haciendo estos días. Hemos estado discutiendo de todas las o de parte de algunas de las cuestiones que llaman mucho la atención y que van en detrimento de la soberanía nacional.
Desde el lunes estuvimos discutiendo, iniciamos con la Ley de Hidrocarburos, una serie de temas y hemos señalado temas que van en contra de toda lógica de las y los mexicanos. Se pierde la soberanía nacional al dejarle al gobierno federal la propiedad de todo, él es dueño de las tierras, de las empresas, de todo, poder absoluto.
Los derechos laborales son vulnerados, ahí está su reforma laboral que aprobaron el PRI y el PAN para que cuando vengan estas empresas trasnacionales la puedan aplicar con contratos por hora, contratos a prueba, sueldos bajos. Incluso en esta propuesta que estamos discutiendo el día de hoy plantean que los que trabajen para estas empresas, no sólo para Pemex que ya es una empresa productiva del Estado, según ustedes, los trabajadores deberían de gozar de las utilidades que deja esta riqueza.
Como lo diría una compañera, es una cuestión conceptual de entre el capitalismo y el comunismo. O sea, el capital es sólo para los empresarios y los trabajadores que se chinguen nada más trabajando. O sea, está esta propuesta un daño al medio ambiente con esta cuestión del fracking, contaminación de aguas, contaminación de tierras, o sea, la están dando acabando con el medio ambiente.
Aquí escuchamos que proponía el diputado Cáceres que se fuera también para el Fonden esta parte del ingreso petrolero, pues esto es parte del daño ecológico que se está haciendo a nivel mundial y que hoy vamos a pasar con esta propuesta –que avala por cierto el Partido Verde– de ser el basurero de Estados Unidos con sus contaminantes a producir nosotros nuestros propios contaminantes.
Muy lamentable. Se ataca al medio ambiente y se le despoja a los ejidatarios, a los campesinos, a los pequeños propietarios o grandes propietarios, se les despoja de su tierra, de su propiedad, se les despoja con esta ocupación temporal. Ocupación es invasión, es invadir un territorio y luego, cuando ya le hayan extraído toda la riqueza que está en el subsuelo, cuando ya les hayan contaminado sus tierras seguramente se las dejarán, pero ya no servirán para nada.
Ayer o antier discutíamos igual, el pasivo laboral de Pemex y de la CFE, que están alrededor de 1.7 billones de pesos, que se lo quieren cargar al pueblo mexicano. –No, no todo, Juan, pero tú fuiste responsable en parte de eso, tú y otros líderes sindicales–. Hay que aclararlo.
Los exfuncionarios de Pemex y los líderes charros de Pemex, que hoy están también en esta Cámara, están queriendo que el pueblo de México pague su irresponsabilidad, pague sus chanchullos. Eso no lo debemos de permitir, de verdad, compañeras y compañeros.
Lo decía: no hay problema, que se lo carguen al Estado, le han cargado muchas cosas al Estado, el Fobaproa, otras cosas le han cargado al Estado. Pero que haya responsables, que metan a la cárcel a Calderón, a Fox, a los ex directores de Pemex, así estaríamos de acuerdo. El problema es cargarle la mano al pueblo, cargarle la mano a la gente, mientras los responsables andan en Ferrari de lujo, yates, etcétera.
Y hoy nos están recetando una disminución en los ingresos de las entidades federativas. O sea, nos están recetando de las participaciones derivadas de los ingresos petroleros una disminución significativa de los ingresos de las entidades federativas.
Y allá el PAN maneja una fórmula, que no sé por qué dice que se aumenta. Nosotros mantenemos, de acuerdo a la propuesta, una fórmula donde en la misma pretensión de la iniciativa del gobierno federal planteaba el 79.73 como coeficiente para realizar la operación y con el transitorio Sexto, si mal no recuerdo, la reducen al 73 por ciento este coeficiente. Lo cual es una disminución y va en contra de los estados.
Y ahí, diputado Cáceres, perdería Tabasco alrededor de 800 millones de pesos, con la fórmula que nosotros estamos aplicando. O sea, más carga para los que está más cerca la gente y menos recursos que se maneja.
He estado revisando con varios compañeros y todavía no nos queda clara una pregunta que hicimos desde el inicio de los debates, de las discusiones, una pregunta muy sencilla, ¿cuánto le va a dejar a México el barril de petróleo extraído por estas empresas trasnacionales o mexicanas? ¿Cuánto? Hasta hoy, con esta propuesta le dejan a discreción a la Secretaría de Hacienda el manejo cuantioso de estos recursos, sin que la gente sepa cuánto le va a dejar.
Concluyo, presidente, diciendo: no van abajar los costos de la luz y la electricidad, no va a bajar el costo del gas, no van a bajar las gasolinas ni el diésel, dejen de mentirle a la gente, háblenle claro, díganle que esto es un negocio y es un monumento, lo que están haciendo, a la corrupción, al entreguismo, al desnacionalismo, a no ser patriota.
Invitamos a los ciudadanos y ciudadanas a estar pendientes, que chequen estos debates, veamos quién tiene la razón, y lo van a ver en sus bolsillos que esta reforma mal llamada reforma energética no es más que para dar más al que más tiene y quitarle lo poco a la gente, despojándole de sus tierras. Muchas gracias.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Gracias, diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del PRD. Tiene su intervención, para hacer un comentario en contra, el diputado Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado presidente. Miren, si me dan la licencia de hacerlo con franqueza, debo hacerlo. Creo que todos, de todos los grupos parlamentarios, tenemos que reconocer que hay bondades y que pueden venir cosas buenas para México, producto de estas reformas.
Es importante, en efecto, decirle a la gente que, y esas partes le quitan la bondad a lo que puede tener de bueno el reconocimiento, la asunción, como deuda pública de los pasivos laborales. Es decir, lo que Pemex le debe a los trabajadores y a sus familias.
Sobre ese particular yo veo necesario hacer una puntualización, compañeros. Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Sociedad Anónima y de Capital Variable, ¿cuál es su problema hoy día en el marco de un proceso de extinción? Justamente la asunción de los pasivos.
Ferrocarriles Nacionales de México, más de 10 años después, y no sólo son los pasivos reconocidos, sino también los del litigio, después de 10 años pasivos laborales contingentes obligan a cubrir con recursos fiscales los mismos.
Y tenemos, un servidor lo ha señalado, en el país nuestro problema financiero serio y de verdad es ése. Tenemos problemas con las universidades públicas, con los gobiernos de los estados, sus trabajadores, y de los municipios, pero yo quisiera, con todo afecto y con cariño, decir: compañeros, si en la historia el debate izquierda y reformas ha sido pasar de cuentas solidarias en los sistemas de seguridad social a cuentas individuales.
La diferencia, y por eso no se reconoce como deuda pública, los pasivos del ISSSTE y del IMSS, en el caso del IMSS es por la naturaleza jurídica, es un organismo público descentralizado, y no se reconocía la de Pemex porque se va una transición a una sociedad productiva del Estado, que por cierto en la tradición del derecho administrativo es una figura administrativa innovadora, sui géneris, que no reconocía la doctrina mexicana.
¿Cuáles son los temas de fondo? Hay que decirlo con claridad. Francia va por su tercera reforma, ya fue a su tercera reforma de seguridad social. Irlanda y Grecia y Estados Unidos, 72 años o 75 años de edad para el retiro laboral. Nosotros seguimos con figuras de años de servicio. Un servidor que les habla, y no lo haré por moral personal, estaría dos veces jubilado por años de servicio. Digo, ya tengo más de una década arriba de los 43, pero con 25 años de servicio ya estaba en condiciones de una jubilación dinámica, ya estoy para 65 y más.
Entonces, vamos a compartir con ustedes, me parece, tres dimensiones del tema de coordinación fiscal. No afectación al Fondo General de Participaciones, reconociendo que la composición del gasto nacional tiene un aporte de casi el 40 por ciento de Pemex. Hay que cuidar eso.
Pero los modelos ahora de recaudación van a ser impuestos, es decir, derechos e ISR y en el tema contractual son contraprestaciones.
Equidad, por supuesto, es una cimbra que tiene que reconocerse en la estructura nacional. Eso le ha dado origen y destino a México. Y también el otro, con toda franqueza, y lo compartimos. No sigamos tragando el producto del petróleo y dejémosle para el futuro a las delegaciones que vienen. Muchas gracias.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Gracias, señor diputado, don Tomás Torres Mercado, del Partido Verde. Para hacer un comentario a favor tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: A favor de la propuesta de Carol Altamirano y en contra del dictamen. Lo que acaba de decir nuestro amigo Tomás Torres es muy ilustrativo. Habló de que se asumieron pasivos laborales de Ferrocarriles, de la Compañía de Luz y Fuerza y evidentemente se asumieron porque estas empresas ya no existen.
¿Qué quiere decir esto? Que a confesión de parte, relevo de pruebas. Y quieren que Pemex siga el mismo camino que Ferrocarriles Nacionales y que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Para extinguir a Pemex hay que asumir sus pasivos. Yo me refiero particularmente a estos dos casos. Aquí hemos estado hablando del régimen de participaciones, pero me parece que lo primero es ver cómo van a dejar la hacienda pública, cuántos ingresos va a tener el país, porque no se puede repartir lo que no se tiene y el problema es, primero, que se está trasladando a deuda pública el pasivo laboral de Petróleos Mexicanos en un nuevo rescate, un tercer rescate en la historia reciente del país, que va a impactar, definitivamente, a las finanzas nacionales.
También hay que señalar que la deuda del sector público ha venido incrementándose con Enrique Peña Nieto. Hasta marzo de 2014 la deuda aumentó cuatro puntos del producto interno bruto. Con esto, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público pasó de 36.44 por ciento del PIB, en 2012, a 40.29 por ciento, según datos de la Secretaría de Hacienda.
El incremento más acelerado de la deuda se explica, en buena medida, por el mayor déficit que el gobierno federal solicitó al Congreso de la Unión para financiar su gasto público. Y el problema ahora es que viene el desmantelamiento de Pemex. Vamos a ver qué le dejan a Pemex después de la ronda cero, que se definirá hasta septiembre.
Y estamos viendo, además, que hay total opacidad de lo que vendrá de los contratos con los privados, y hay una gran discrecionalidad.
Yo quiero leer ahorita la cláusula de la impunidad, que apenas la subimos a redes sociales y ha generado verdadera indignación, que es el artículo 63. Que dice lo siguiente: los servidores públicos de la Secretaría, se refiere a los de Hacienda, lo cual desmiente, compañero Bueno, que no está metida hasta el tuétano la mano de la Secretaría de Hacienda. Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, responsables de determinar y verificar las condiciones económicas relativas a los términos fiscales, así como los servidores públicos de la Secretaría de Energía, responsables de adjudicarles asignaciones o del diseño técnico de los contratos, así como de los lineamientos técnicos que deberán observarse en el proceso de licitación de dichos contratos, contarán en términos de los lineamientos que emita la secretaría –nuevamente Hacienda– con seguros, fianzas o cauciones que cubran el monto de la indemnización por los daños que cause su actuación en el ejercicio de sus atribuciones o bien seguros para asumir los servicios de defensa y asistencia legal de dichos servidores públicos. Dichos seguros, fianzas o cauciones no formarán parte de las prestaciones de los servidores públicos mencionados.
Para tal fin la secretaría –se refiere a Hacienda– y la Secretaría de Energía, crearán anualmente provisiones presupuestarias correspondientes en su presupuesto de gasto de operación. Ésta es la cláusula de impunidad que se está dejando en la Ley de Ingresos para Hidrocarburos, para tener una discrecionalidad total en la negociación de cada uno de los contratos; por eso no puede haber certeza en los ingresos que vendrán, más bien lo que hay certeza es de las pérdidas que se generarán en los ingresos nacionales y de los nuevos pasivos productos de la reforma energética.
Y aquí lo más grave, hablando de los estados pobres, es que el gobierno de Peña Nieto está al revés que Robin Hood, le quita a los pobres para darle a los ricos; y este esquema de reparto fiscal es totalmente inequitativo.
Y aquí preguntaríamos, ¿dónde está el sindicato de gobernadores que boicoteo que hubiera un INE total en el país? Y aquí nos los vemos, a menos que estén también en el ajo con los negocios con las transnacionales y no les importe el tema de las haciendas de sus estados. Por eso varios están promoviendo el fracking en sus estados como los de Nuevo León, en Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua.
Yo diría para concluir, presidente, vemos –compañero, Juan Bueno– que hay mucho orgullo del PAN por esta reforma, los vemos como una derecha confesa y orgullosa de su conservadurismo extremo y de esta victoria cultural que corona la larga marcha de la que hablaba Gómez Morín y que finalmente surge cuando Lázaro Cárdenas expropia el petróleo después de la lucha por los derechos agrarios y hoy ustedes ven coronados estos esfuerzos; pero lo que nos extraña es del PRI que participa como una derecha vergonzante y clandestina en estos acuerdos y no la vemos –como decía ayer el diputado Camarillo– defendiendo estas grandes reformas que están promoviendo en teoría para el país.
Por otro lado, vemos como sí se ha dilapidado la renta petrolera y esto fue a partir del periodo de Vicente Fox, cuando se da el incremento de 30 dólares el barril a 100 y ahí ser dilapidó la renta petrolera del país. Y hoy lo que están haciendo en sus complicidades es pasar la renta petrolera a las transnacionales.
Esta ley es un poco como la Ley de Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente, que nunca habla del fracking, ésta ley tampoco habla de la renta petrolera, solo la esconde a través de –insistimos– términos tecnocráticos, utilidad operativa, pero en realidad lo que están haciendo es un crimen a las finanzas del país con total opacidad.
Y sigue la pregunta en el aire también que dijo el diputado Cuevas, y que no respondió ningún funcionario. ¿Díganos cuánto va a ingresar al país por cada contrato y por cada barril de petróleo? Lo están escondiendo porque definitivamente no hay certeza de lo que va a ingresar y simplemente están entregando y dilapidando el patrimonio nacional y los servidores públicos ya se están cubriendo con seguros, fianzas y cauciones para todos sus atracos. Es cuanto.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Gracias, señor diputado Ricardo Mejía Berdeja. A continuación para hablar en contra de la propuesta, la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Partido Nueva Alianza.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros diputados; medios de comunicación. Como ya lo ha mencionado mi coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos de acuerdo en lo general con el dictamen a discusión, salvo las posiciones que hemos de hacer para contribuir, para fortalecer el mismo.
Para Nueva Alianza, el federalismo fiscal es y será una prioridad en nuestra agenda. Sabemos que existen inequidades en la distribución de ingresos entre las entidades federativas, problemas que son materia de una reforma profunda al Sistema de Coordinación Fiscal de nuestro país.
Consideramos, desde nuestro punto de vista, que la reforma energética debe de traer consigo beneficios a los estados y municipios, sobre todo a aquéllos que en su territorio cuenten con los recursos naturales en el subsuelo.
La reforma a la Ley de Coordinación Fiscal constituye un método para compensar el daño de estos mismos estados y municipios en donde se lleve a cabo la explotación. Por ello observamos en la reforma a esta ley, posibilidades para mejorar las finanzas públicas en las entidades.
Resulta positivo actualizar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en relación a las entidades federativas, así como en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas dados los cambios en el tratamiento de los ingresos derivados de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.
A pesar de lo anterior es necesario que planteemos la inquietud acerca de los recursos que se recauden sobre el impuesto sobre la renta no sean participables. La armonización que en esta ley se plantea como parte del paquete de reformas de leyes secundarias en comento modifica particularmente el monto de recursos que se destinarán al Fondo de Extracción de Hidrocarburos, y a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos.
Lo anterior, como consecuencia de que los ingresos petroleros ahora no solamente proveerán de los derechos sobre hidrocarburos. Por último, en este dictamen existen dos reformas vinculadas al cambio de la estructura del sector del petróleo.
La primera trasfiere la obligación de informar los montos y municipios a la Comisión Nacional de Hidrocarburos en concordancia con las nuevas atribuciones que se le confiere a dicho órgano regulador dentro del sector.
La segunda, la aplicación de la base de responsables de enterar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las entidades recaudadas por concepto de impuestos especiales sobre producción y servicio, en términos de la Ley de Hidrocarburos.
Compañeras y compañeros diputados, resaltamos en este dictamen su objeto, que es el de equilibrar de manera gradual los recursos a las entidades federativas a través de las participaciones de los ingresos petroleros, para que con ello no se vulnere la estabilidad de las finanzas públicas. Es cuánto, diputado presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Muchas gracias a usted, diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Partido Nueva Alianza. Y tendría su comentario, don Ricardo Cantú Garza, diputado del Partido del Trabajo. ¿No?
El diputado Ricardo Cantú Garza: Perdón.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Declina su participación. Entonces, vendría la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del PRI, por tres minutos para hablar en contra de la propuesta.
La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales Buenas tardes compañeras y compañeros. Con permiso, diputados presidentes. Como todos sabemos, la explotación de los recursos petroleros ha sido uno de los pilares fundamentales de las finanzas públicas en nuestro país. La renta petrolera se ha traducido en escuelas, en carreteras, hospitales, becas; apoyos a la población más vulnerable, entre muchos otros beneficios, como también es ampliamente conocido que la renta petrolera también ha sido un apoyo fundamental para las finanzas públicas de las entidades federativas y de los municipios.
Para ponerlo en términos claros, sin la renta petrolera no se podrían proporcionar muchos de los beneficios públicos de nuestras ciudades y municipios, o bien tendrían que cobrarse impuestos más altos para ello.
Por lo tanto, una de las profundas preocupaciones de nosotros, en nuestro papel de legisladores es el de garantizar que con la reforma energética cuidamos de que las haciendas estatales y locales no se vean afectadas. Si bien, los ingresos petroleros están sujetos a una fuerte variedad por los precios internacionales, y por la plataforma de producción de hidrocarburos de nuestro país debemos asegurar que todos los cambios fiscales que hoy discutimos, los cuales apoyamos, benefician a los estados y los municipios. En este sentido, creemos que los cambios fiscales no sólo los incluidos en la Ley de Coordinación Fiscal, sino en todo el paquete fiscal y presupuestal, son los correctos.
Actualmente no todos los derechos petroleros son participables. Es decir, no todos se comparten con los estados. Únicamente son participables los derechos grandes, principalmente el derecho ordinario sobre hidrocarburos, los cuales representan alrededor del 85 por ciento de los derechos petroleros totales. Estos derechos con participables con el coeficiente de cerca de 85 por ciento. Es decir que actualmente el 33 por ciento; es decir el 85 por ciento del 85 por ciento de los derechos petroleros, son participables.
La iniciativa del Ejecutivo proponía mantener los mismos coeficientes para los estados y municipios. Es decir que para las asignaciones, los ingresos eran participables al 73 por ciento. Para los ingresos por los contratos se proponía un porcentaje de 79 por ciento. Es decir, seis puntos porcentuales más.
El dictamen propone que sin distinguir la fuente de los recursos, es decir si son por asignación o por contrato, se mantenga el porcentaje de 79 por ciento. Se propone que este cambio se haga gradualmente partiendo del coeficiente actual del 73 por ciento en 2015.
Es decir, analizando con cuidado los números, comprobamos que han sido calculados con sumo cuidado para no sólo garantizar que no haya afectaciones a los estados y municipios, sino que se les otorga un tratamiento más favorable. Cuando los ingresos petroleros alcancen el 4.7 por ciento del PIB, independientemente de que dichos ingresos sean producidos por asignaciones o por contratos, los estados y municipios recibirán el 79 por ciento de dichos ingresos, lo que se compara con el 73 por ciento de no haber modificado la Ley de Coordinación Fiscal.
Por estas razones, en mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, votaremos a favor de los cambios a la Ley de Coordinación Fiscal. Vistas en conjunto con las demás modificaciones que se encuentran en otras leyes, se garantizan más recursos para las entidades y los municipios. Ello se traducirá en gobiernos estatales y locales más fuertes, que es lo que todos en esta mesa buscamos. Por su atención, muchísimas gracias.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Para continuar con los términos del acuerdo, ahora corresponde abordar el tema Fondo Mexicano del Petróleo. El proponente es el diputado Ricardo Mejía Berdeja; por cinco minutos, señor diputado. Hemos sido muy comedidos en el llamamiento en cuanto al tiempo. Que se nos evite por favor hacerlo nuevamente. Diputado Mejía Berdeja, adelante.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Muy bien, me ajusto al tiempo. Gracias, presidente. Creemos que es una simulación, una nueva simulación y un engaño al pueblo de México la creación de este Fondo Mexicano del Petróleo y su comité, con el fin de transparentar –entre comillas- el manejo de los recursos que provengan de los ingresos sobre hidrocarburos, si al final de cuentas estará maniatado en los hechos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
¿Para qué crear más burocracia de la que ahora existe? Supuestamente para manejar y administrar un ahorro de posibles excedentes que se generen por la extracción y comercialización de nuestros hidrocarburos, si se sabe que a corto y mediano plazo no van a existir estos excedentes, sino hasta cuando se alcanzara una producción diaria de 3.5 millones de barriles y cuando además no hubiesen mermas en los ingresos por la extinción de Pemex y que se traspase todo a los privados.
El objetivo fundamental de estos fondos soberanos, de acuerdo a como están planteados en otros países, es utilizar el recurso proveniente en un activo no renovable como son los hidrocarburos, en otros y no convertirlo en gasto público que se inyecte a la economía y que pueda llamar el mal llamado: holandés.
Presidente, pido un llamado al orden. Bueno, llamamos al orden en ausencia del presidente. El mal holandés es llamado así porque tuvo su origen en Holanda derivado del descubrimiento de yacimientos de gas en los 70s. Este país no tuvo una estrategia para sacar esos dividendos de la economía; hubo más entradas de divisas provocando una revaluación de la moneda, misma que provocó el quiebre de la industria, dando como resultado que cuando se acabó este recurso no renovable ya era muy tarde y habían quebrado a la planta productiva de ese país.
Pero más grave aún es que estos recursos se eroguen en gasto corriente, como se ha venido haciendo en México desde hace 32 años ante la incapacidad recaudatoria de los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN.
Afirmamos que este fondo es una simulación porque a fin de cuentas estos ingresos los va a utilizar Hacienda como caja grande para garantizar ingresos del orden de 4.7 por ciento del producto interno bruto y así generar ingresos para cubrir el Presupuesto de la Federación.
Coincidimos con algunos especialistas que vinieron a esta Cámara, donde decían que es utópico pensar que van a haber excedentes en el fondo para financiar actividades que tienen que ver con la ciencia y tecnología o con cuestiones de seguridad social, si a duras penas el fondo va a poder cubrir las necesidades inherentes a estar pagando a los contratistas su contraprestación.
Por esa razón también advertimos que hay un conflicto de intereses y nuevamente hay opacidad. No se modificó, a pesar de que lo señalamos en reiteradas ocasiones, en que incluso estuvo aquí el gobernador del Banco de México, que el auditor externo de esta institución, del Banco de México, sea a su vez el auditor del fondo y que éste sea propuesto y prácticamente nombrado por la Secretaría de Hacienda. Sí hay un mecanismo por ahí de simulación, pero en realidad quien lo nombra es la Secretaría de Hacienda.
La Secretaría de Hacienda preside el fondo y nombra al auditor; es juez y parte. Por eso decimos que la Secretaría de Hacienda va a tener el control total del Fondo Mexicano del Petróleo.
Por otro lado advertimos de igual manera que en esa cláusula infame de la impunidad del artículo 63 que señalábamos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, apreciamos que hay su correlativo en esta Ley del Fondo Mexicano del Petróleo. Otra perla de la impunidad.
El artículo 25 dice, se refiere a los miembros independientes y no independientes del comité. Dice: Los miembros del comité no se considerarán responsables por daños y perjuicios cuando se actualicen los supuestos siguientes: actúen conforme a sus facultades; tomen sus decisiones con base a la información disponible al momento de la decisión, y hayan seleccionado la alternativa más adecuada a su leal saber y entender.
En los procedimientos de responsabilidad que en su caso se lleven a cabo en contra de estos miembros será necesario que se acredite el dolo o mala fe para fincar responsabilidades. Es decir, están estableciendo una serie de salidas para la impunidad de estos integrantes del Fondo Mexicano del Petróleo.
Estos señores van a fincar el destino de miles y miles de millones de dólares y en este artículo 25 se les está dejando prácticamente en la irresponsabilidad. Si sumamos el artículo 63 de la Ley de Ingresos, que es una cláusula de impunidad para los servidores públicos, si sumamos este artículo y además lo que dice la Ley de Petróleos Mexicanos y de la CFE que no son responsables si cometen una vez al año sus latrocinios, estamos armando un traje a la medida de la impunidad. Por eso decimos que la reforma energética se puede resumir en dos palabras: más corrupción.
El diputado secretario Tomás Torres Mercado: Para hablar a favor de la propuesta del diputado que ha hecho la presentación, la diputado Aleida Alavez Ruiz, por tres minutos, del Grupo Parlamentario del PRD.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado presidente. Antes quiero también sumarme a la petición de mis compañeros del Grupo Parlamentario del PRD para que esta discusión que hoy se da en comisiones unidas sobre diferentes leyes que tienen que ver con esta reforma energética no se quiera concluir en una sola sesión y se atiendan estas observaciones que se están haciendo con respecto a las modificaciones que se hicieron del dictamen que hoy discutimos y que no han dado ni siquiera la explicación de por qué cambian así las fórmulas, sobre todo lo que tiene que ver con la Ley de Coordinación Fiscal.
La Ley del Fondo Mexicano del Petróleo. La joya de la corona, la renta petrolera, la razón por la que las empresas extranjeras voltean a México, será entregada al capital privado.
El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo constituye un monumento a la ineficiencia y la inoperancia del gobierno mexicano para cumplir con sus funciones tributarias de rectoría económica del Estado y para generar una economía de bienestar para la población.
Este modelo de apertura es un modelo fallido desde su creación. Han dilapidado recursos extraordinarios y generado un paupérrimo crecimiento económico que ha lanzado a la pobreza a más de la mitad de los mexicanos.
Queda claro, como el Partido de la Revolución Democrática lo denunció en su momento, que la mayoría de las reformas estructurales tuvieron el objetivo de allanar el camino para la entrega de la industria petrolera. Se generó este ambiente de negocios y subasta al mejor postor de nuestra riqueza nacional, sin corregir la política pública de petrolización de la economía.
El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo no tiene como prioridad el ahorro a largo plazo, como en Noruega, en Emiratos Árabes, o en Chile, que fue concebido con este propósito. El verdadero propósito del Fondo Mexicano del Petróleo, de acuerdo con el artículo 7, fracción II, es obtener recursos que garanticen el pago de los contratos, lo que lo convierte en una simple pagaduría que tendrá, entre sus objetivos principales, el pago de los contratos y sostener el flujo de recursos a las entidades federativas y a la federación.
Este fideicomiso que se plantea como un instrumento de ahorro a largo plazo es una garantía de pago a los contratos bajo el que depositan todos los ingresos de los contratos y las asignaciones. Aquí a cada contratista no sólo se le está garantizando su pago mediante los flujos de su propio contrato, sino por los de todos los contratistas y las asignaciones.
Una vez más, el interés social, el beneficio de más de 100 millones de mexicanos es lo que menos le interese al gobierno peñista. En el papel, este fondo será un fideicomiso responsable de salvaguardar los intereses de la nación en el manejo de los recursos que generan las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Sin embargo, su verdadero objetivo es privilegiar el pago de los contratistas, por lo que el ahorro a largo plazo, es la última de sus prioridades.
La planeación a largo plazo del Estado mexicano es una serie de ensayos literarios que el gobierno es incapaz de traducir en instrumentos reales de planeación. Un ejemplo de ello, es que en México y Noruega tienen una producción muy parecida, pero el país europeo no tiene la mitad de sus habitantes en situación de pobreza.
Les importa tanto el ahorro y la planeación a largo plazo que ya eliminaron la estrategia nacional de energía que debía proyectarse con un horizonte de 15 años, prefirieron desparecerlo como facultad de la Secretaría de Energía y perder un mecanismo consultivo y de participación ciudadana, algo que este fondo no tiene.
El pueblo de México, al que nos debemos ustedes y nosotros, no es beneficiario de esta reforma energética. Las empresas petroleras regresan con todo el apoyo del gobierno peñista a depredar nuestros recursos naturales.
Por último, quiero señalar que el general Lázaro Cárdenas no estaba equivocado, el PRI lucró políticamente con la expropiación petrolera durante 70 años.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Alavez Ruiz. Para hablar en contra de la propuesta, tiene el uso de la palabra la diputada María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Gracias, señor secretario. Para hablar en contra sin descalificar.
Para nosotros es importante resaltar que el dictamen establece atribuciones adicionales del Fondo Mexicano del Petróleo, en lo que respecta a las funciones de administración y supervisión de los aspectos financieros de los contratos.
Esta modificación complementa las atribuciones del fondo a fin de que cuente con más elementos e información para que pueda cumplir con sus tareas de órgano receptor de los ingresos derivados de la exploración y producción de hidrocarburos, así como de ejecutor de pagos y transferencia hacia los distintos rubros que establece la ley.
La reforma constitucional que aprobamos en materia energética contiene ya las coordenadas generales para la integración, los objetivos y el funcionamiento del Fondo Mexicano del Petróleo. Y hay un aspecto fundamental en este fondo, que es la integración de una reserva que permite al Estado mexicano desarrollar una política de ahorro a largo plazo. Este mecanismo será de gran utilidad para que los ingresos petroleros y los excedentes se canalicen de forma racional y con sentido estratégico.
Otro rasgo del Fondo Mexicano del Petróleo que Nueva Alianza destaca, es el de la existencia de un comité técnico. Este comité tiene el potencial de apuntalar la transparencia, dado que contará con una mayoría de miembros independientes avalados por el Senado en mayoría calificada.
El comité técnico representa un contrapeso importante al interior del Fondo Mexicano del Petróleo, que puede generar dinámicas positivas en el proceso de las estratégicas decisiones que ahí se adopten.
Reconocemos en este dictamen que se incorporan reservas de mi grupo parlamentario, que tienen por objeto fortalecer la independencia de los miembros independientes del comité técnico.
Propusimos, entre otros, que los requisitos para ser miembro independiente del comité se estableciera que no hayan sido servidores públicos de cualquier nivel de gobierno, ni haber ocupado cargos de elección popular o directivos en partido político alguno durante al menos los dos años anteriores al día de la designación.
Cabe señalar, también, que la ley establece una ruta precisa para distribuir los ingresos petroleros del Estado, situación que aporta certidumbre respecto al destino que se le dará a la renta petrolera.
En conclusión, la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo tiene aspectos que pueden mejorarse, pero en lo general cumple con el mandato constitucional de integrar un organismo encargado de administrar los ingresos petroleros de la nación y fortalecer el ahorro de largo plazo. Por su atención, muchas gracias.
El presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Sanjuana, y sobre todo por respetar también el tiempo convenido. Para escuchar los comentarios a favor, a favor de la propuesta, tiene la palabra la diputada Karen Quiroga Anguiano, del PRD. Adelante, por favor.
La diputada Karen Quiroga Anguiano: Gracias y buenas tardes a todos. Aquello que no pueda ser medido difícilmente podrá ser evaluado. En este sentido la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público sirven para contrastar los objetivos planteados por el gobierno contra la distribución del gasto gubernamental. De esta forma, además de evaluar la eficiencia del erario, puede detectarse más fácilmente los casos de corrupción.
Para concretar lo anterior las Leyes de Acceso a la Información Pública han establecido el criterio de máxima publicidad como la herramienta conceptual más importante para interpretarlas. La noción de máxima publicidad está justificada porque la información generada y controlada por el Estado no es del interés privado, sino de interés público por definición, además de que ha sido generada y conservada con recursos públicos.
Adicionalmente ha sido criterio reiterado del Instituto Federal del Acceso a la Información y protección de Datos que las dependencias y entidades no pueden reservas información relativa a operaciones fiduciarias y bancarias que se lleven a cabo con recursos públicos federales, cuando coinciden en un mismo sujeto las figuras de fideicomitente, fiduciario y fideicomisario.
En abono a lo anterior el secreto fiduciario tiene como fin la protección de los intereses del público; es decir, busca proteger la información relacionada con las operaciones de crédito que realizan los usuarios de este sistema financiero, es una disposición principalmente dirigida a particulares y por su naturaleza no tendría por qué trasladarse al terreno gubernamental, que en esa esencia debe ser árbitro transparente. Cuando un fideicomiso se constituye dentro de la administración pública centralizada o paraestatal o con recursos públicos la información debe estar disponible.
No obstante lo anterior en el dictamen de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, según sus consideraciones, tiene por objeto garantizar el manejo responsable, transparente sobre el uso de ingresos petroleros. Pero al momento de desarrollar el capítulo relativo a este tema en los artículos 19, 20 y 21 se sujeta al ordenamiento, no a transparentar la información o por lo menos establecer obligaciones de transparencia, sino a sujetar el secreto fiduciario, la actividad, y a reservarla aun cuando en términos del artículo 5o. del proyecto en cuestión del Banco de México funge como fiduciaria la Secretaría de Hacienda, como fideicomitente, constituyen el fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo, esto es por entidades públicas, de ahí que la transparencia de los recursos debería de plasmarse bajo el criterio de máxima publicidad y no en catálogo de reservas, como ocurre en el proyecto.
En el proyecto de dictamen, en el artículo 7o., fracción V, dice que el coordinador ejecutivo autorizará la reserva de información en posesión de él mismo y de su personal. O sea, él puede autoautorizarse la secrecía. Esto es totalmente alentar la discrecionalidad de los actos de esta nueva figura, que es el coordinador ejecutivo, que hoy aparecen este proyecto de dictamen.
Más adelante el Comité se autodesigna contralor. Él mismo se va a auditar, establece como único requisitos para este coordinador ejecutivo el ser trabajador del Banco de México, sin ninguna otra condición para poder ocupar este puesto, un puesto al que se le atribuyen funciones en las que ya nadie va a querer ser gobernador del Banco de México, nadie va a querer ser presidente de México, todos van a querer ser coordinador ejecutivo de este Comité, ya que será quien tendrá en sus manos la opinión, los estudios, el decir cuándo se paga a las empresas. Es un súper puesto creado a la medida y sin ninguna condición. Es alarmante esta situación...
El presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Quiroga, rogarle por favor el respeto al tiempo para que concluya.
La diputada Karen Quiroga Anguiano: Sí, diputado secretario. Es imposible en cinco minutos poder exponer todo. Sé que forma parte de un acuerdo y trataré de recortar el tema.
El presidente diputado Tomás Torres Mercado: Estimada diputada y para todos los colegas diputados y diputadas. Cinco minutos para la presentación que hizo el diputado Mejía, como en todos los casos, y tres minutos para hablar en favor o en contra de la propuesta. Le ruego redondee su intervención. Gracias.
La diputada Karen Quiroga Anguiano: Sí, claro. Continúo. Ya mencionaba el diputado Ricardo Mejía acerca del artículo 63 y 25, en donde no solamente se hace el traje a la medida sino que se otorga casi un fuero, un fuero a los funcionarios que tienen que ver tanto con el Comité como a los funcionarios que tienen que ver con la Secretaría de Hacienda y que estarán manejando los recursos petroleros de este país.
Presentaremos reservas, reservas contundentes y quisiera abordar un tema más. Decía el diputado que ya no veo aquí, no sé dónde está, desde hace muchas horas no lo veo, el diputado Ricardo Villarreal García, decía dentro de las noblezas del Fondo que el 3 por ciento del producto interno bruto se podrá asignar a la pensión de adultos mayores, etcétera, pero se olvida que en los detalles está el diablo.
Dice: Recomendar a la Cámara de Diputados cuando la reserva del Fondo sea mayor al 3 por ciento del producto interno bruto del año previo, por conducto de su presidente, la asignación a recursos a los siguientes rubros. Y menciona todos los rubros.
Con la disminución esto es el fracaso cantado de Pemex, el fracaso cantado de la CFE y no podemos ignorar esto. En el diablo están los detalles y difícilmente llegaremos a completar los recursos necesarios como para invertir en estos rubros...
El presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Quiroga, por favor concluya.
La diputada Karen Quiroga Anguiano: Concluyo agradeciendo su importante aportación, diputado secretario, en que habla de autofinanciar el retiro. Qué de vanguardia se ve usted, nada más que la OIT dice que se deben de tener empleos dignos. En México no existen empleos dignos para autofinanciarse un retiro. Y dejaría una pregunta al air, ojalá me la pueda contestar después, diputado Tomás. ¿Quiere que la gente se vaya a una Afore para autofinanciarse? Por su respuesta posterior, muchísimas gracias.
Reservaremos varios artículos, es imposible hacerlo en cinco minutos. Utilizaremos el tiempo que sea necesario para ampliar este debate y ojalá se tenga la tolerancia para poder escuchar a la oposición. Es cuanto.
El presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Quiroga. Y sólo agradecerle el reconocimiento del esfuerzo para que un servidor, en su carácter de secretario, coadyuve en la conducción de esta sesión. Le otorgamos el uso de la palabra al diputado Astudillo Suárez, que seguramente será ejemplo de respeto al tiempo dado y acordado por los grupos parlamentarios.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Así lo haré, secretario, con su permiso. Hemos tenido ya estos seis días –como lo han comentado algunos compañeros– el tiempo suficiente para poder hablar de este tema, específicamente del Fondo Mexicano del Petróleo, en el cual nosotros estamos a favor del dictamen, en contra de la propuesta.
Para nosotros es muy importante el hecho de que podamos estar trabajando en este nuevo régimen fiscal y que logremos esta transformación en el ámbito que vamos a tener la realidad inmediata en nuestro país. Es decir, la participación privada en lo que tiene que ver con la explotación y explotación de hidrocarburos y que en la figura de este fondo, que realmente podamos tener las garantías de que el Banco de México es el que fungirá como fiduciario.
Ahí no coincido con el proponente de esta propuesta, que es en contra, que dice que Hacienda es quien realmente tendrá el control del Fondo Mexicano del Petróleo, bueno, pues creo que aquí hay que ser muy puntuales.
Nuestro amigo y compañero, el diputado Ricardo Mejía, expuso que hemos tenido diferentes acercamientos, diferentes exposiciones, diferentes propuestas de cómo se ha venido construyendo este proyecto y todas estas propuestas están reflejadas en la propia ley que de alguna forma nos vienen a dar esta certidumbre a lo que va a ser el manejo del Fondo Mexicano del Petróleo.
Se ha hablado aquí también de que difícilmente habrá excedentes. Nuestro punto de vista es que todo lo contrario, toda la semana que hemos estado analizando los diferentes dictámenes, específicamente estamos trabajando precisamente para que exista esta mayor cantidad de producción en lo que tiene que ver con los hidrocarburos de nuestro país.
Ha habido una lucha de muchos años, en el tema muy importante y trascendental para nuestro partido –que no puedo dejar de mencionarlo– y me refiero al tema del medio ambiente, al tema de las energías renovables. Y es una lucha que se ha venido dando para poder etiquetar los recursos.
Las dos grandes luchas en nuestro país en el tema ambiental, bueno, pues primero es respetar las áreas naturales protegidas, que se decreten en los gobiernos estatales, en los municipios, que sean respaldadas por las autoridades correspondientes, por los particulares, productores, etcétera. Pero también una de las principales luchas que se han tenido es que los recursos económicos puedan estar etiquetadas al rubro en donde en nuestro país difícilmente se invierte, sobre todo en los municipios, en donde tienen mayores carencias, específicamente en los rubros que hoy están etiquetados en este fondo y que van a estar garantizados por parte de un auditor externo, que también aquí se ha mencionado y que presentarán el reporte ante esta Cámara y ante el Ejecutivo federal, para nosotros sin duda es un gran avance. Es cuanto, señor presidente.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Astudillo. Para escuchar sus comentarios a favor de la propuesta, se le concede la palabra a Javier Orihuela García, diputado del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Javier Orihuela García: Muchas gracias. Compañeras y compañeros, este día va a ser un día memorable, porque... No, no memorable, un día del cual nos vamos a acordar todos, porque creo que la grabación de todo lo que se ha dicho es exactamente lo que corresponde a una de las políticas más nefastas para el desarrollo del planeta, lo que llamamos el neoliberalismo.
El neoliberalismo es aquella política que le apuesta a las leyes del mercado y deja al Estado sin su función, sin la función de regular y de promover el equilibrio de las diversas fuerzas sociales en un país, y eso es sumamente grave, compañeros.
Sin embargo, ya estamos en esta discusión y yo lo que quiero llamar la atención, compañeros y compañeras diputadas y diputados, que independientemente de este daño que estamos ocasionando e independientemente de esta política neoliberal que hoy se habrá de aprobar, creo que es necesario que reflexionemos acerca de que esta política en lo particular requiere que incorporemos algunas medidas que nos permitan frenar el daño ambiental que vamos a provocar, frenar el desequilibrio económico que vamos a provocar en el país.
Por ello, yo quiero proponer concretamente, antes de que se me acabe el tiempo, que en el artículo 1 el Fondo Mexicano para la Estabilidad y el Desarrollo se le agregue dos palabras, si es que quiere tomar nota, secretario. ¿Qué queremos que se le agregue? Que se llame Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización, el Desarrollo, el Resarcimiento de Daños Ambientales y la Transición Energética.
Queremos agregar estas dos cosas, señores, porque no estamos nosotros previendo lo que ha pasado en otros países, lo que ha pasado en mismo Estados Unidos con la British Petroleum que contaminó las aguas del Golfo de México, o lo que hizo la otra petrolera en Ecuador de acabar con selvas, y no prevén ningún fondo para resarcir los daños. Ellos van y se amparan ante cortes internacionales y les vale, les vale gorro lo que pase en esos países. Y en nuestro país eso va a pasar, compañeros, se los garantizamos.
Y segundo. No estamos previendo que el petróleo se va a acabar. El petróleo, por ahí las previsiones de nuestro país se van a cavar muy pronto. Es una desgracia esto, pero yo creo que en ese tiempo que nos falta para –vamos a decirle así– disfrutar el petróleo, creo que es necesario que invirtamos para impulsar un nuevo paradigma energético que se llama transición energética y que es invertir en todos aquellos proyectos que aprovechen las energías renovables. Eso no lo estamos previendo ampliamente, por ello mi propuesta es que a este fondo se le agreguen estos dos comentarios.
Y segundo. Al artículo 4º el patrimonio del Fondo Mexicano del Petróleo se constituirá, ¿con qué? El uno, dos y tres, yo le agrego cuatro párrafos, que es, cuatro, del 10 por ciento del producto neto derivado por asignaciones sin contratos. Este Fondo del 10 por ciento deberá utilizarse para resarcir daños ambientales, independientemente de la responsabilidad en que incurran las empresas que ocasionen daños ambientales.
Y el quinto ingreso es, que el 30 por ciento del ISR que pagará Pemex, que corresponde a Pemex, se canalice, precisamente, para invertir en acciones que nos permitan hacer esa transición energética.
De ahí que agrego al artículo 7 del mismo ordenamiento, una fracción seis que diga: autorizar los recursos, en cuanto a las funciones del coordinador mencionado, autorizar los recursos necesarios para ejecutar acciones para resarcir los daños ambientales ocasionados por la operación de las asignaciones sin contratos, independientemente de la responsabilidad en que incurran los que han hecho daños ambientales.
Y una fracción VII. Autorizar un plan de inversiones para ejecutar un plan que nos permita fomentar la transición energética a ejecutarse por estados y municipios.
En virtud del daño que hoy les estamos haciendo a los estados y municipios porque les vamos a quitar recursos, presidente secretario, la idea es que el 30 por ciento del ISR que paga Pemex se canalice para este Fondo de Transición Energética y lo ejecuten los estados y municipios en proyectos que les permitan evitar el pago de energía eléctrica, que les permitan tener recursos económicos, compañeros.
Ésa es mi propuesta y ojalá sea tomada en cuenta. Yo quisiera que los diputados del PRI y del PAN la consideraran, porque nos parece importante, compañeros, que hoy no estemos tomando en cuenta estos dos aspectos de los daños y la transición energética.
El petróleo se nos va a acaba, y como decimos, secretario, el petróleo es un legado que el diablo nos dio. Vamos a utilizar el legado que el todo poderoso nos da y que no tenemos que hacer grandes inversiones porque lo tenemos a la vista, el sol, el aire, la biomasa. Muchas gracias.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Para hablar en contra de la propuesta y a favor del dictamen, el diputado Adolfo Bonilla Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hará uso de la palabra. Adelante, por favor, paisano.
El diputado Adolfo Bonilla Gómez: Gracias, paisano. Con el permiso de las presidencias de ambas comisiones. Compañeros, uno de los objetivos fundamentales de la reforma constitucional en materia de energía fue que los ingresos que el Estado obtenga por las actividades de exploración y extracción deben servir para fortalecer las finanzas nacionales con una visión de largo plazo, en beneficio de las generaciones presentes y futuras de mexicanos.
Atendiendo a este objetivo se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo como medio de recepción y administración de los aspectos financieros de los contratos y las asignaciones.
Yo estoy seguro que ninguno de los presentes está plenamente conforme con el destino que le hemos dado a nuestros ingresos petroleros. Por ello, la creación del Fondo Mexicano del Petróleo reviste gran importancia en el diseño global de la reforma energética, porque no confundamos, la reforma que hoy discutimos no es una reforma petrolera ni una reforma eléctrica ni una reforma fiscal, sino una reforma energética integral, una reforma que México necesita.
Por ello, en estos días hemos tenido y escuchado discusiones amplias y profundas acerca de prácticamente todos los aspectos del sector energético.
Lo primero que hay que resaltar es la configuración institucional del fondo. Desde la Constitución se previó que su órgano rector, es decir, el Comité Técnico, estaría conformado por 7 integrantes, 4 de los cuales serán miembros independientes cuyos nombramiento serán aprobados por el Senado.
Otro miembro será el gobernador del Banco de México, una institución autónoma. Y el Ejecutivo federal únicamente contará con dos miembros: el secretario de Hacienda y Crédito Público y el secretario de Energía.
Es decir, este órgano será una institución autónoma. Esto es muy importante que lo tengamos claro.
El fondo transferirá recursos al presupuesto hasta por un monto equivalente al 4 punto 7 por ciento del producto interno bruto.
Esta decisión establecida ya en la propia Constitución es una decisión responsable con las generaciones actuales y futuras de México, ya que si bien evita que continúe creciendo la dependencia de las finanzas públicas en los ingresos petroleros, también reconoce que los ingresos petroleros son uno de los pilares sobre los que descansa el gasto público.
Una vez que la producción incremental que se espera por la reforma aumente los ingresos petroleros por encima de este nivel, el total de dichos ingresos adicionales se destinarán a una cuenta de ahorro de largo plazo en el propio fondo.
Esto contrasta con la situación actual, en la que en automático los ingresos petroleros se asignan a gasto en el Presupuesto de Egresos y únicamente una parte se destina a los fondos de excedentes.
Para asegurar que se acumulen suficientes recursos en beneficio de las generaciones futuras o para hacer frente a imprevistos significativos a la economía nacional, se establece que únicamente cuando el ahorro de largo plazo supere el 3 por ciento del PIB se podrán utilizar los recursos del fondo para otros destinos claramente definidos, inclusive cuando el ahorro de largo plazo haya superado el umbral del 3 por ciento del PIB.
Se establece que por lo menos el 40 por ciento de los recursos adicionales que ingresen al fondo se destinen al ahorro de largo plazo; del 60 por ciento restante de los recursos adicionales, el Congreso podrá decidir destinarlos a financiar la nueva pensión universal, a proyectos de inversión en el sector petrolero o a infraestructura general, a proyectos de ciencia, tecnología e innovación que incrementen el acervo de conocimiento en el país y a becas para educación universitaria y de postgrado contribuyendo al acervo de capital humano de los hogares mexicanos.
Se propone también que los fondos de estabilización sean el primer mecanismo para cubrir contingencias de finanzas públicas y que el ahorro de largo plazo del Fondo Mexicano del Petróleo únicamente se use en casos extraordinarios en que las finanzas públicas enfrenten choques severos que pudieran perdurar por más de un ejercicio fiscal.
Es así que con los cambios de escritos se reducirá la dependencia de las finanzas públicas en los ingresos petroleros; se fomentará el ahorro de largo plazo en beneficio de las generaciones futuras de mexicanos; se incrementará la capacidad de la hacienda pública frente choques adversos y se destinarán mayores recursos a la formación de capital físico, humano y de ideas promoviendo el desarrollo sostenible de largo plazo de nuestra economía. Es cuanto.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Bonilla Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI. Para cerrar esta ronda relativa al tema Fondo Mexicano del Petróleo, escucharemos al diputado Germán Pacheco Díaz, del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.
El diputado Germán Pacheco Díaz: Buenas tardes, compañeros diputados; mi buen amigo, diputado Tomás, no se preocupe vamos a ser breves. Creo que gran parte de aquí, de las bondades de este Fondo Mexicano del Petróleo, ya lo dijeron gran parte de compañeros que me antecedieron.
Coincido también con gran parte de compañeros del PRD, que le faltó algo a este fondo, me quiero ir también a la propuesta del diputado Orihuela, donde tenemos que ser bien claros de mandar fondos con lo que respecta a la atención petrolera.
A mí nada más lo único que me resta decirles que los legisladores del Partido Acción Nacional estamos de acuerdo en esta Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, es de suma importancia para la administración, eficiente y transparente de los ingresos petroleros; por eso la bancada del Partido Acción Nacional, tanto en las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía hicimos una sugerencia, un reclamo a la modificación de esta iniciativa, como lo hizo el Partido Acción Nacional en más de 700 artículos de esta reforma energética que hoy estamos discutiendo.
Donde veíamos bien claro que este Fondo Mexicano del Petróleo más que nada se veía como una chequera abierta para la Secretaría de Hacienda, pero a la vez también agradecemos por más de tres días la discusión y propuesta del Partido Acción Nacional, a la Secretaría de Hacienda, de dejar esos candados para ese eficiente desarrollo de la transparencia.
Por eso el Partido Acción Nacional se suma a este Fondo Mexicano del Petróleo que es un mecanismo idóneo para la óptima administración de los ingresos petroleros derivada de las asignaciones y de los contratos. Señor presidente, cumplimos con el tiempo como le dije.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: No solo muy bien, se lo reconocemos, diputado Germán Pacheco Díaz.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Daríamos inicio a la siguiente ronda –gracias de verdad, por el respeto a las reglas–. Relativa a Asimetría fiscal y renta petrolera. La propuesta la presentará la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Tiene usted la palabra, hasta por cinco minutos.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Pero yo me sumo a quien está señalando que realmente es imposible en tan poco tiempo discutir tantas leyes, y que además no se tenga el cuidado de explicar el porqué de las modificaciones en el dictamen.
Nada más injusto que iniciar una competencia con los árbitros y reglas a modo. Ése es el caso de Petróleos Mexicanos, que enfrentará la apertura del sector energético con la inercia y vicios de un régimen fiscal que depreda sus ingresos, para solventar la ineficiencia del gobierno mexicano.
Para el caso de la Asimetría Fiscal y Renta Petrolera quiero resaltar que el régimen para asignatarios, es decir, Pemex y sus empresas subsidiarias mantiene la actual figura fiscal que coloca a la paraestatal en el segundo lugar en el ranking mundial de empresas con utilidades, antes de pago de impuestos.
Pero la baja, al lugar 86 después de pagar impuestos. A pesar de esto, lejos de apoyar a la todavía paraestatal se sostiene el candado de la Reforma de 2005, en el sentido de que sólo puede deducir 6.5 dólares por barril, independientemente del precio en el mercado.
Esta medida le cuesta a Pemex 100 mil millones de pesos anuales, lo que significa una enorme desventaja frente a sus futuros competidores, a quienes se ofrece un régimen fiscal a modo, conforme al contrato, y donde se reconocen los costos. Si no hay una auténtica autonomía fiscal, lo que estamos discutiendo es simplemente una declaración.
Es importante señalar que el régimen tributario derivado de este nuevo esquema de explotación de hidrocarburos, con participación del sector privado y del actual sector público ha llevado al Ejecutivo a proponer dos esquemas de tributación diferentes para uno y para otro.
Por un lado mantiene el actual esquema de la Ley Federal de Derechos Aplicable a Pemex, como empresa productiva del Estado, y por otro, establece un ventajoso régimen de ISR y contraprestaciones para el sector privado, donde el cobro de la renta petrolera se vuelve una relación entre particulares en el que el Estado mexicano renuncia a sus facultades como autoridad fiscal, para establecer una nueva relación entre privados.
Esto genera una situación única entre la Secretaría de Hacienda y un particular respecto de las regalías y cualquier otra contraprestación establecida en el contrato. Incluso con las modificaciones de los artículos 9 y 14 de la Ley de Ingresos del dictamen que analizamos, el denominado Aligeramiento fiscal de Pemex, no es significativo, ya que la Secretaría de Hacienda decidirá si al migrar a contratos, las asignaciones de Petróleos Mexicanos se mantienen el actual régimen empobrecedor de la empresa.
Por eso decimos ¿cuál fortalecimiento a Pemex? El mismo Ejecutivo reconoce que el modelo que hasta el momento ha sido exclusivo para Petróleos Mexicanos no resulta adecuado a la nueva organización de la industria petrolera que estableció la reforma constitucional, por lo que decide, el Estado debe renunciar a sus facultades como autoridad fiscal, y se convierta en un particular más, para asegurar el cobro de la renta petrolera.
Otra vez, o una vez más, este dictamen insulta a los mexicanos, porque parte de una base inconstitucional bajo la figura de contratos, pero que también se formula para cubrirles los gastos a los inversionistas privados, y repartir las ganancias adquiridas a su favor.
El problema más grande, con la recuperación de costos es que se presta al abuso por los contratistas. Es imposible supervisar los costos de exploración de un yacimiento petrolero, y por lo mismo es muy fácil que los contratistas inflen estos costos para hacerse de renta petrolera, que no les corresponde y sobre la que no pagarán las contribuciones correspondientes.
Ya lo hemos dicho, y lo reitero hoy: son concesiones disfrazadas de contratos, lo que es una descarada violación a la Constitución. Y no son descalificaciones son descripciones de lo que estamos encontrando en el contenido de estas leyes.
Voy a referirme en particular, al artículo 21 de la Ley de Hidrocarburos, dada su vinculación a la Ley de Ingresos que nos ocupa. Dicho artículo establece que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y los contratistas no se someterán en ningún caso, a las leyes extranjeras, incluso, en el procedimiento arbitral, conforme al Código de Comercio o tratados internacionales en materia de Arbitraje y Solución de Controversias, de los que México sea firmante.
Es decir, no se puede acudir a tribunales internacionales, aunque no podemos descartar que mediante artimañas legales para satisfacer los intereses de las grandes trasnacionales encuentren la manera de llevarnos ante estos, como sucede, muy lamentablemente en países como Argentina, Ecuador y Bolivia.
Las bases y reglas que se incorporen a los contratos, y a los que se encuentren obligados los contratistas no serán consideradas disposiciones de carácter general, y tendrán efectos contractuales, por lo que sólo podrán requerirse su cumplimiento en términos que se establezcan entre los contratos.
Cabe resaltar, que en materia fiscal, de los impuestos y contribuciones comunes, no se afecta la relación autoridad-contribuyente, pero sí merma la autoridad su capacidad de cobro, de las contraprestaciones pactadas en los contratos, ya que se renuncia a la figura de autoridad fiscal, por lo que su recuperación, en caso de controversia de cobro resultará más costoso, poco efectivo y sin efectos coercitivos.
A pesar de establecer como obligación la transparencia y rendición de cuentas para el sector público en materia de recursos sería conveniente solicitar que los particulares que participen en los contratos a los que se subcontraten con empresas públicas tengan la obligación de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, por lo cual deberán ser Sociedades anónimas bursátiles de capital variable, e informar a sus accionistas de manera pública, a través de los reportes y regulación de dicha bolsa.
Ello para corroborar la información que publique la Secretaría de Hacienda sobre los ingresos derivados de la renta petrolera, y el Fondo Mexicano del Petróleo, además, en caso de ser extranjeras, se comprometan a transferir la tecnología y desarrollar polos de ciencia y tecnología en el país.
Es importante resaltar que la cotización en la bolsa los obligará a ser evaluados por el público inversionista incluyendo al capital mexicano, para evitar que simulen entregar información, como si cotizaran en la bolsa. Incluso hay ideas en torno a la renta petrolera, en donde se señala se deben considerar, para que a cada familia mexicana se les otorguen acciones de las empresas públicas y privadas y tengan acceso a los beneficios de la renta petrolera.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: ...diputada Alavez...
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Ya concluyo, presidente...
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Gracias.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Un punto. Otro más, y no menos importante es el que propone exceptuar el pago de la participación de utilidades a todas las empresas que realicen actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, con la burla de maximizar los ingresos de la nación.
Resulta increíble, por decir lo menos, que la sociabilización de las utilidades dañe el ingreso del país y no la participación de empresas privadas. Además, no se observan compromisos para que el personal contratado sea mexicano, incluso en los mandos directivos.
En conclusión, esta legislación se consolida a la apertura del sector energético al capital privado, impide el crecimiento y desarrollo de Pemex y compromete el desarrollo del país y, por ende, el bienestar de los mexicanos. Es cuanto.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Aleida Alavez Ruiz. Para hablar a favor de la propuesta presentada por usted, tiene ahora el uso de la palabra la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos. Adelante, diputada.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Muy buenas tardes. Trataré de acelerar lo más posible para que no se haga el llamado del tiempo. Lamentablemente este modelito, diseñado por las mesas directivas, acota la posibilidad de argumentar con mayor puntualidad cada uno de los señalamientos, observaciones que pudiéramos tener.
Primero decirles que no es un proyecto de decreto de alguno de los diputados aquí presentes como Trejo o Bueno Torio o Bernal. Yo creo que estarían mucho más contentos. Este proyecto de decreto, como los demás, han sido cocinados fuera de comisiones que tenemos la responsabilidad de analizar, discutir y debatir lo que en su momento plantearon las iniciativas del Ejecutivo. Ésta no es la excepción de que se presentó de una manera y posteriormente, al calor de diferentes presiones, se hacen sus modificaciones correspondientes.
Fue entregado ayer el dictamen, tuvimos conocimiento en medio magnético y posteriormente si no es a raíz de la solicitud en mesas directivas de un comparativo de lo que había entregado el Ejecutivo con lo que ustedes estaban planteando, que se hizo no sé dónde, fue que entregaron este comparativo.
Hay una solicitud expresa muy puntual por parte de las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD respaldadas por el compañero de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo, donde se puedan hacer llegar a la brevedad posible las proyecciones, las observaciones, el soporte, las justificaciones, el impacto cuantitativo que les permitió a quienes cocinaron ese proyecto de decreto determinar los porcentajes en las diferentes tablas y fundamentalmente las del sexto transitorio.
¿Por qué insistimos en esa solicitud? Porque este proyecto de decreto que engloba –desde mi punto de vista y sin demérito de los demás- el decreto de mayor soporte, de mayor importancia porque estaríamos determinando de qué manera se fortalecerá nuestro Estado mexicano en sus finanzas. Estamos hablando de lo que estaríamos previendo que pudiera tenerse de ingreso.
Considero que si bien es cierto hayan participado algunas o algunos de manera indirecta, quienes fundamentalmente le han abonado a las determinaciones tomadas y que traen como resultado este proyecto de dictamen, pues es lo que en su momento han presionado a quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos de nuestro país, que es Peña Nieto, pero no con las voces de quienes han estado viviendo constantemente y tienen claridad de la situación que se vive no solamente en lo que ustedes ahora llaman empresas productivas del Estado, sino lo que se ha vivido en este país por decisiones equivocadas en cuanto a cómo administrar, en cuanto a cómo distribuir, en cuanto a cómo decidir cómo se hace el Estado mexicano de mayores ingresos y cómo se definen también los egresos mismos.
Considero que éste proyecto de dictamen es fundamental y lamentablemente aparte de lo acotado de la discusión, hay un desinterés mostrado por muchos y muchas de los aquí presentes.
Estamos discutiendo algo que en su momento nos pudiera dar una visión de que en serio estamos pensando en cómo fortalecer las finanzas públicas de nuestro Estado mexicano tan deteriorado hasta este momento y que no ha sido posible las definiciones tomadas tanto en la definición del Paquete Económico de Ingresos y Egresos de este sexenio, ya no me voy a referir a los anteriores, que han tomado una decisión equivocada de plantearlos siempre de manera inercial, sin tener un diagnóstico; aunque tengan el diagnóstico no pensando que ese diagnóstico de deterioro económico social de este país requiere de otra visión distinta de política económica en el país.
Entonces lamento mucho que haya un desinterés y que se pongan de nueva cuenta solamente a repetir que avalan y que avalan y que avalan.
Muchos de ustedes, estoy casi segura, que no participaron en abonarle en lo que está expresado en este decreto que de último momento se llegó.
Ahora bien por qué, por señalar solamente un...
El presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada...
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: ...asunto, por qué en la parte de...
El presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada, diputada Socorro Ceseñas...
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: ...derechos, si están viendo que el asunto de los expendios de gasolina van a estar en otras empresas, por qué sostienen una cuota fija de cobro...
El presidente diputado Tomás Torres Mercado: Procure, estimada diputada redondear.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Voy a procurar terminar y lamento mucho redondear y voy a terminar. Insisto, es muy importante que estas comisiones unidas y las y los legisladores que aunque no pertenecemos a las mismas pero tenemos una alta responsabilidad como representantes populares, tengan a bien los que hicieron este proyecto de decreto, presenten a la brevedad posible estas justificaciones, esas proyecciones, ese análisis puntual que nos permita decir por qué definieron esos porcentajes, por qué bajaron inclusive la propuesta en el sexto transitorio de lo que había en la iniciativa. Dígannos cuáles son los soportes que a ustedes les permitieron aceptar a ciegas o al menos que desde ayer les hayan entregado con mucha más anticipación que a nosotros esas proyecciones que nosotros no tenemos.
Argumentos, proyecciones financieras, que realmente nos permitan soportar si es o no es. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Solamente obedecen y están al guana, guana; esta reforma energética y su reglamentaria que fundamentalmente tendrían que apostarle, ésta en particular de cómo fortalecer las finanzas públicas de nuestro Estado mexicano, están hechas al vapor y obedeciendo mandatos de otros y no de lo que está mandatando la situación de este país. Piénsenle...
El presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada...
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: ...reaccione, reaccionen, reaccionen y reaccionen.
El presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias por su participación. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carol Antonio Altamirano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Si no está el diputado Carol Antonio, le cedemos la palabra al diputado Ricardo Mejía.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente, Todo este rompecabezas que se ha construido para el despojo, para el saqueo y para la impune corrupción. Vemos con indignación esta prisa por sacar ya el último dictamen, cuando se están definiendo los ingresos que representan entre el 35, el 40 por ciento del presupuesto federal.
Es tal la ligereza y la prisa que incluso ya vemos que han bajado los oradores del Partido Revolucionario Institucional, del PAN, del verde y de Nueva Alianza para dejarnos, según ellos, es un monólogo.
El tema de fondo y lo grave es que representan a sus distritos, a sus regiones, y el pueblo de México va a ver que hay total desinterés.
Volvemos a insistir en que tendría que revisarse este dictamen en una nueva sesión de las comisiones unidas de hacienda y de energía. Lo veríamos como la presentación del dictamen Bueno Torio, pero no puede ser ya un dictamen que avalemos nada más así; como quiera, los otros dictámenes prácticamente fueron las minutas que venían del Senado, el del fondo prácticamente es el mismo, pero éste tuvo cirugía mayor y no precisamente para beneficio del pueblo, sino para pegarle a las finanzas de los estados y para seguir consumando la impunidad y la opacidad.
También queremos denunciar algo que nos parece muy grave y que va en contra de los trabajadores. Aquellos trabajadores que sean empleados de las transnacionales –y esto es muy grave–; por un lado, están los despojos a través de la figura ominosa de la ocupación temporal, que son expropiaciones de facto y que vienen en la Ley de Hidrocarburos y que se mantiene en los artículos de esta ley y, por otro lado, en el artículo 62 están señalando que no tendrán derecho los trabajadores al reparto de utilidades.
Imagínense ustedes, se le otorga con toda opacidad un contrato a Chevron para que explote un yacimiento. Tendrá de entrada una disposición que lo obliga a una migaja de contenido nacional para los proveedores de esa región donde se explote, pero además los trabajadores que contraten no van a tener derecho a las utilidades. Por eso insistimos que es el saqueo de los recursos del país.
Si además de ello vemos que no se precisa cuántos ingresos o qué cuota será de ingresos fijos por cada contrato, estamos viendo que se van a llevar prácticamente todos nuestros recursos energéticos como un botín. Por eso no podemos estar de acuerdo.
Este fondo sí lo controla la secretaría de hacienda. Mentira quien diga que es lo contrario. La secretaría de hacienda preside el comité del fondo mexicano del petróleo. El gobierno nombra a su vez a los cuatro independientes que los va a ratificar. Ya termino, presidente.
El diputado secretario Tomás Torres Mercado: Les ruego a los cuatro diputados que ayuden a esta secretaria a la conducción adecuada de la asamblea, pero además a respetar las reglas dadas por la Junta Directiva de la que usted ha formado parte. Concluya, por favor.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Sí secretario. Nosotros no apoyamos ese acuerdo porque es un tema tan delicado, y volvemos a insistir, que se regrese el dictamen o que volvamos a citar para otra reunión. ¿Cuál es la prisa? Va a haber período extraordinario a partir del lunes, ya hay cinco dictámenes aprobados. ¿Cuál es la prisa de consumar este saqueo? ¿Cuál la prisa de despojar al país de sus riquezas? ¿De no fijar mayor tiempo para que se delibere sobre el Fondo Mexicano del Petróleo, sobre la Coordinación Fiscal, sobre los Ingresos de la Entidades Federativas, sobre reglas claras de cuánto va a ingresar por cada barril y cada contrato?
Jamás dice específicamente cuánto va a entrar. Establecen parámetros discrecionales amplísimos que se van a prestar a los moches, a la corrupción y más con esas cláusulas de impunidad que hay en el artículo 63 de la Ley de Ingresos que hay en el artículo 25 del Fondo Mexicano del Petróleo y que hay en la ley de Pemex y de CFE, y quieren que votemos así de rápido y se desesperan por el tiempo.
Nosotros vamos a insistir en que este dictamen se pueda deliberar a partir del lunes, martes, de semana que entra, como lo hemos planteado varios legisladores, el de la voz, varios compañeros, el propio diputado Aureoles, que lo puedan en un gesto –si es les quedan todavía- de apertura para que se pueda discutir sobre este tema tan importante como son los ingresos energéticos del país. Es cuanto.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Ahora corresponde a la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hablará a favor de la propuesta a que hemos hecho alusión. Por favor, adelante.
La diputada Joaquina Navarrete Contreras: Muy buenas tardes. Con la venia de la mesa, muy buenas tardes a los medios, a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan.
En el campo del derecho social también tiene lugar una simetría del ingreso pero hacia la industria en perjuicio de los derechos de los trabajadores que siguen golpeando los derechos de la ley y en los trabajadores del sector energético, a pesar que ayer se denunciaba como el pasivo laboral de la exclusiva responsabilidad de Pemex. Se pagará ilegal e injustamente a costa de los recursos presupuestales, sino a cargo de la afectación de las prestaciones contractuales de los trabajadores, destacadamente de sus pensiones y jubilaciones.
Ahora en el marco de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, a los trabajadores se les priva del derecho de respeto de utilidades, una de las pocas ventajas que tendrán los trabajadores por la condenable reforma energética, beneficiándose indebidamente a los contratistas y asignatarios. Esto en franca violación de los artículos 1o y 123 constitucionales.
Más condenables es la razón de que se refiere como justificación el impulsar la investigación de capitales de lo que se deduce, el fin es seguir abaratando el costo de la fuerza de trabajo sin importarles el bienestar, los derechos humanos y laborales de los trabajadores y sus familiares, y mucho menos de toda la clase trabajadora mexicana que ustedes y nosotros sabemos qué clase de salarios mínimos tenemos en todo nuestro país, no les importa.
Por lo que hace al argumento de que la fracción IX del apartado A del artículo 123 constitucional, señala que puede haber excepciones para el reparto de utilidades; no es aplicable, pues las excepciones ya están debidamente reglamentadas en el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, que es la ley especial sobre la materia para contener las excepciones procedentes.
Por lo que el artículo 62 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que se comenta resulta ser inconstitucional. A lo más conforme a la fracción III del artículo 126 se les podría liberar no a todos los contratistas y asignatarios, sino únicamente a las empresas a cargo de actividades extractivas de nueva creación, pero sólo durante el periodo de exploración.
En el caso de Pemex, a quien también se le libera del reparto de utilidades, esto es totalmente inaceptable, pues desde el momento en que se han privatizado sus actividades bajo el carácter de una empresa productiva esto da base jurídica para el reparto de utilidades a favor de sus trabajadores. No es posible que a Pemex hagan valer su carácter de empresa productiva cuando les conviene y los desconozcan cuando le conviene. El cumplimiento de la ley no es discrecional.
Por tanto, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos no puede suprimir el derecho constitucional al reparto de utilidades y sustituirlo por una mera facultad discrecional patronal para otorgar en su caso a los trabajadores algún incentivo, compensación o equivalente. Sí actualmente en que se pague la utilidad de una obligación para los patrones. Sólo una minoría cumple con lo mismo, con mayor razón cuando un pago queda a la decisión de las empresas.
Además, cuando un derecho se pasa a una mera facultad discrecional se afecta la dignidad de los trabajadores y se puede usar para impulsar el índice de explotación de los trabajadores y la división entre estos, siendo por otra parte que la lucha contra el reparto de utilidades sigue también fines ideológicos.
Finalmente no hay que olvidar que en el marco de la reforma constitucional en el 2012 se buscó quitar el derecho al reparto de utilidades en beneficio de los banqueros y de más empresas del sector financiero. La acumulación a favor de los que más tienen no puede ser la lógica de este país.
Vamos a tener empresas transnacionales en México que estén haciendo toda la cadena productiva del petróleo y lo increíble es que no se necesita. Lo que se pretende es muy simple, compartir la petrolera, y lo que sucede es que el dinero público se invierte en una situación de riesgo.
La pregunta es: ¿Cómo se debe administrar de manera correcta la renta petrolera? La renta petrolera es la ganancia entre lo que se explota y lo que se renta. Con el petróleo hay enormes ganancias, cuesta cerca de 10 dólares explorar el barril y se vende a 100 dólares, entonces sin tantos discursos.
El presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Navarrete
La diputada Joaquina Navarrete Contreras: Hoy tenemos una renta o ganancia de 90...
El presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Navarrete...
La diputada Joaquina Navarrete Contreras: Sí, permítame tantito.
El presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya. Auxílienos, por favor, respetando el tiempo.
La diputada Joaquina Navarrete Contreras: Y hasta ahora, con esta claridad hasta antes de que se abra el mercado a las contratistas, tenemos datos concretos. Pero la propuesta que pretenden aprobar es tan difusa, por decir lo menos, que sus promotores. No han dado nunca una cifra de la ganancia que tendrá nuestro país, ni la darán.
Más aún, el concepto es tan simple que todos aquí sabemos que más barriles de petróleo no significan más ingresos para el Estado. Si la renta se comparte la iniciativa privada se va a llevar parte de esos recursos, la ganancia que debe ser para todas las mexicanas y para todos los mexicanos. Aquí reflexionemos. Así de simple es, porque técnicamente los argumentos que tratan de justificar la propuesta son difusos, contrarios e insuficientes.
La privatización de las actividades de extracción, refinación, petroquímica, transporte, por ejemplo, elevan los costos de producción. Es falso que los disminuya, el petróleo por tanto no es cualquier bien para compartir su renta. Es un recurso natural de enorme influencia a la economía nacional y en la vida de todos los mexicanos.
Por favor reflexionen, y ojalá que este dictamen –lástima que ya no me permitan terminar–. Y ojalá todos los mexicanos y mexicanas escuchen que sólo unos cuantos votan este dictamen, estos dictámenes que ya se votaron cinco y con este va a culminar, y que qué pena, que ojalá y escuchen y que esto sirva para que en 2015 todos y todas salgan a participar con la consulta popular y digan no para revocar esto que ustedes están votando a favor, que es lesivo para el país.
México no merece esto, los mexicanos no merecen esto. Qué casualidad que hora empresas trasnacionales van a competir con nuestra empresa mexicana. No debería ser eso. El petróleo es de los mexicanos y para los mexicanos.
El presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Navarrete Contreras, gracias por la participación de usted. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hará uso de la palabra para hablar el contra de la propuesta, el diputado Javier Filiberto Guevara González. Por favor, adelante.
El diputado Javier Filiberto Guevara González: Con la venia de los presidentes de las Comisiones, tanto de Hacienda y Crédito Público y de Energía. Compañeras y compañeros diputados.
El petróleo es una materia prima que se convierte en gasolina, en todo tipo de plásticos, en combustibles para la generación de energía eléctrica, en solventes, en otros muchos usos que le damos, por lo tanto el petróleo tiene un valor elevado en el mercado, ya que además puede ser transportado con cierta facilidad a través de ductos o de buques, por lo que se trata de un bien comerciable en todo el mundo, sin embargo, para que el Estado mexicano pueda aprovechar este hidrocarburo y recibir la renta petrolera es necesario extraer el petróleo del subsuelo, para lo cual se debe pagar distintos costos como la mano de obra, la renta de la maquinaria que tiene que emplearse, el costo de la tecnología y cualquier otro costo financiero en que Pemex haya incurrido por endeudamiento.
La diferencia entre el valor del petróleo y el costo de extraerlo es la renta petrolera. Por ejemplo, si un barril de petróleo puede venderse en 100 dólares, pero el costo de extraerlo es de 15 dólares, entonces la renta petrolera sería de 85 dólares por barril. Este costo depende, además, de las propias condiciones geológicas de los yacimientos en donde se encuentran los hidrocarburos, sobre las que no se tiene control de las tecnologías que se usen, de los costos de los insumos y de la eficiencia con la que las empresas realicen las actividades necesarias.
Es claro que si no se hubiera extraído de nada hubiera servido el petróleo y no se hubiera materializado en beneficio para el país, como se conoce como la renta petrolera, por lo que es necesario incurrir en el costo de extracción para recibir el beneficio. De hecho, la reforma energética busca aumentar la renta petrolera que recibimos los mexicanos, lo cual puede dejarse claro con el mismo ejemplo.
Si llega otra compañía y puede extraer el petróleo, pero como tiene acceso a una mejor tecnología, sólo le cuesta 10 dólares por barril, entonces la renta petrolera se vuelve 90 dólares por barril.
En otras palabras, al abrir la competencia y a la innovación tecnológica los costos de extracción pueden bajar y con eso el Estado mexicano recibe más recursos por cada barril que extraiga de crudo. Más aún, existen ciertos tipos de yacimientos para los que simplemente no tenemos la tecnología para extraer el crudo a un costo que lo haga rentable.
En estos casos el Estado mexicano no tiene la capacidad de recibir ninguna renta petrolera en esos campos, por lo que hay que tener acceso a tecnologías que ya se han desarrollado y que permiten explotar estos yacimientos, que también aumentan la renta petrolera de la nación.
Pero, ¿cómo aseguramos que la reforma vaya a resultar en la mayor renta petrolera para el Estado mexicano? Por un lado, Pemex va a quedarse con la mayoría de los campos donde tiene bastante experiencia y donde sus costos son iguales o menores a los de las compañías internacionales.
También mantendrá algunos campos para los cuales ya está desarrollando tecnología que le pueda permitir alcanzar esos estándares. El resto de los campos se explotarán mediante contratos que se asignarán a quienes entreguen el crudo al gobierno mexicano a cambio de la contraprestación más pequeña.
Para asegurar eso, se estarán haciendo licitaciones públicas con plena competencia, de forma que aseguremos que únicamente el Estado capture la renta petrolera. Este proceso competitivo donde además podrá participar Pemex, de hecho asegura que no sólo mantengamos la renta petrolera que recibiremos, sino también se incremente ésta. Estos procesos han sido empleados con éxito con muchos países, como Brasil, Colombia, Irak, Libia, Venezuela, etcétera.
Para concluir, estamos seguros de que la reforma energética y, en particular, el paquete fiscal que discutimos hoy contienen todos los elementos para permitirle al Estado mexicano generar los recursos que nuestro país necesita para su desarrollo. Es cuanto.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Para hablar en favor de la propuesta tiene el uso de la palabra el diputado Jhonatan Jardines Fraire, del Grupo Parlamentario del PRD.
Del propio Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hará uso de la palabra el diputado Miguel Alonso Raya. Por favor, diputado.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Compañeras y compañeros, la base de la discusión en el transcurso de esta semana de las diferentes minutas y dictámenes que llegaron del Senado hasta las que tenemos aquí ha sido el respeto.
En el caso de la nueva iniciativa presentada hoy por Messmacher y los inversionistas extranjeros –que junto con él elaboraron– vulnera el respeto que entre todos nos hemos dado en estas comisiones. No es lo mismo, no es una situación cualquiera.
Es decir, el asunto es conocimos, estuvimos tratando. Tenemos discrepancias, pero pudimos en todo caso leer, discutir, revisar los documentos. Esta no es una corrección, un agregado a lo que ya estaba, es prácticamente una nueva iniciativa y eso debemos reconocerlo todos para efecto de que esto no suceda.
Segundo. Compañeras y compañeros, revisemos parte de las medidas expresadas y de las ocultas, parte de las fórmulas que se plantean para reducir los recursos a los estados tiene que ver con un panorama que no es nada halagador para el 2015.
Sugiero respetuosamente prendamos velas para que no baje el precio del petróleo, porque podríamos tener problemas. Y vamos a enfrentar problemas para poder completar el 4.7 por ciento del PIB que establece la Constitución para efectos de completar el asunto de la cuota petrolera como tal en el 2015. No está garantizado eso.
Tercero. Compañeras y compañeros, la afectación, esto va a repercutir y va a tener indiscutiblemente una afectación con las entidades, con los municipios y con el Presupuesto en general.
El nuevo régimen fiscal de Pemex mantiene un trato asimétrico y discriminatorio hacia la empresa pública, favorece a las empresas privadas y terminará entregándolas fraccionadas al capital extranjero.
El Fondo Mexicano del Petróleo de ninguna manera es un mecanismo de ahorro de largo plazo, mantiene la petrolización de las finanzas públicas y posterga el financiamiento para el desarrollo que debiera provenir de la renta petrolera de los recursos que son propiedad de todos los mexicanos.
La reforma no traerá beneficios inmediatos para la población, no bajarán los costos de los combustibles ni de la energía eléctrica. Los supuestos para que esto suceda son endebles y nadie puede asegurar, y que desmientan en todo caso los principales empresarios o el empresario que es cabeza del Consejo de Hombres de Negocios, dice que en última instancia y en el mejor de los casos en 5 años podríamos estar viendo eso y en un periodo de 10 a 15 años ver los posibles beneficios de las reformas estructurales, si es que los hubiera.
Lo que quiere decir que no está garantizado el abasto de energéticos ni la seguridad energética misma. Los empleos que supuestamente se generarán están sujetos a un bajo porcentaje de contenido nacional de hidrocarburos y a ningún compromiso en electricidad.
Al contrario, el rescate de los sistemas de pensiones planteado en la reforma vuelve a demostrar que el pueblo de México es el que paga los excesos de la burocracia y de liderazgos corporativos.
Las reformas pensionarias eran, se dijo, para aligerar su costo financiero. Hoy se erogan cerca de 500 mil millones de pesos anuales para el pago de las pensiones públicas en curso, incluyendo el costo de reformas y liquidaciones.
En 2012, a valor presente de los pasivos laborales a nivel nacional, ascendió a 6 billones 289 mil millones de pesos, monto que representó el 40.6 por ciento del PIB y significa 13 veces el endeudamiento neto del sector público presupuestario.
El absorber los pasivos que se están planteando a las finanzas públicas indiscutiblemente, compañeros, que va a reducir el margen de maniobras de las mismas en el presupuesto, para poder atender parte de lo que se absorba, como se atiende el resto de los pasivos contingentes que tenemos que asumir de las finanzas o que se financian con recursos públicos.
Finalmente, en defensa del federalismo fiscal. Debe hacerse un compromiso para que los ingresos de las entidades y municipios no sean menores a los realmente observados. Debemos comprometernos a revisar el tema para construir una alternativa con la condición de que la recaudación federal participable no sea afectada.
Si el argumento del Ejecutivo fue no afectar a los estados, hagamos efectivo el planteamiento respecto a lo que reciben realmente. La reforma debe garantizar que no se afecta la hacienda pública, estatales y municipales, y a construir mecanismos para que eso sea efectivo.
Compañeras y compañeros, lo menos que podemos tomar en cuenta el día de hoy y hacer un compromiso, honrando nuestra palabra, es lo que hemos venido estableciendo, tanto en la reforma constitucional con todo y nuestros cuestionamientos, como lo que se ha establecido en la legislación y el compromiso que públicamente se ha hecho, de no afectar a las entidades y a los municipios en la recaudación federal participable.
Que si las tablas y los datos, los factores que se han entregado no son claros, tengamos la oportunidad el lunes mismo de revisarlo con Hacienda y presentar antes del dictamen una propuesta que concilien estas comisiones, para efectos de poder llegar al pleno con la certeza de que tenemos un problema resuelto. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Miguel Alonso Raya. Corresponde la participación final al señor diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en contra de la propuesta que se está abordando, por favor.
El diputado Jorge Rosiñol Abreu: Sí, buenas tardes. Para los legisladores de Acción Nacional, el esquema fiscal que se aplica al nuevo modelo de contrataciones y asignaciones en el sector de hidrocarburos es de la mayor relevancia para el país, ya que en él se sientan las bases para propiciar una amplia competencia que redunde en mayores recursos petroleros para la nación.
En Acción Nacional estamos seguros que con los esquemas propuestos en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se podrá maximizar la riqueza petrolera a favor de los estados y municipios.
Esto, por fin, para los estados que producen y que generan los hidrocarburos, que son los del Golfo de México, podrán llegar mayores recursos tal y como proporcionalmente a lo que se genera y lo que se produce para el país.
En el estado de Campeche somos de los estados que mayores afectaciones ha tenido en ingresos y esto se podría lograr con el... que se platicó con la Secretaría de Hacienda y se acordó que ya llegara el punto 80 por ciento.
Aun así es bajo pero vamos a recibir, con este nuevo esquema de participación, mayores recursos directos a los estados que generan estos hidrocarburos.
Consideramos de gran trascendencia el esquema de asignaciones, mismo que trata de una figura administrativa por la que el Estado concede a una empresa productiva del Estado el aprovechamiento de los hidrocarburos que son de la nación.
En dicho esquema se reconoce un pago de derechos menor al que actualmente paga Pemex, el cual pasa, incluidos otros derechos, del 80 por ciento al 68. O sea, se fortalece a la empresa.
Asimismo, se establece un reconocimiento de costos de manera gradual, de hasta el 11 punto 78 por ciento de áreas marítimas con tirante de agua inferior a 500 metros.
Lo anterior significa que Pemex bajo el esquema de asignaciones ahora tendrá utilidades y recursos excedentes, mismos que podrán ser utilizados en inversión física.
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que hoy en día los estados reciben participaciones asociadas solo a una parte de los ingresos petroleros, y además con un coeficiente que no es del 100 por ciento sino del 85 punto 31 por ciento.
Para los ingresos derivados de contratos, dado que los pagos que se reciben son distintos, pero se asegura que el monto que se destina a participaciones aumente históricamente, el monto participable ha sido del 73 por ciento de los ingresos petroleros.
Con la propuesta, dicho monto representará 6 por ciento más, o sea, el 79 por ciento de los ingresos petroleros.
Un aspecto a destacar es que se establece que el Estado mexicano podrá capturar la rentabilidad extraordinaria que en su caso se genere por la mayor inversión en la extracción de los hidrocarburos, las tasas sobre la utilidad operativa o sobre el valor de los hidrocarburos. Según el tipo de contrato que se trate serán modificadas a través de un mecanismo de ajuste que se incluirá en las bases de la licitación para su adjudicación en los contratos que sean resultado de una migración.
Es decir, dependiendo del tipo de contrato, ya sea de utilidad o de producción compartida o de licencias, si en alguno de estos casos los contratistas obtuvieran mayor producción o ingresos, el Estado mexicano aplicará un mecanismo de ajuste que redunde en mayores ingresos o producción para la nación y no para el contratista.
Con ello garantizamos que se maximice la renta petrolera en cada contrato a favor del Estado mexicano.
En Acción Nacional estamos ciertos que la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos es el mecanismo idóneo para impulsar más inversión, más empleo en el desarrollo competitivo de la industria, y sobre todo, es una legislación efectiva para maximizar la renta petrolera. Muchas gracias.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Rosiñol. Tomará la conducción el señor presidente de la Comisión de Hacienda. Adelante.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Señoras y señores diputados de ambas comisiones, ha concluido la ronda de oradores. Por consiguiente, solicito a la Secretaría consulte a la asamblea si el dictamen en lo general se encuentra suficientemente discutido.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse, como se estila, de manifestarlo (votación). Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Los diputados y diputadas que se abstengan exprésenlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Muchas gracias, señor secretario. Se considera suficientemente discutido. Esta Presidencia reitera que las reservas serán discutidas en el pleno como fue establecido en el acuerdo del análisis y discusión de los dictámenes de las minutas en materia energética.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: En consecuencia, solicito a la Secretaría proceda a recabar la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Solo por economía en el procedimiento legislativo y atendiendo a la instrucción del señor presidente, voy a rogarles que de la izquierda de donde se encuentra un servidor, vayan expresando su nombre, el sentido de su voto y la comisión a la que pertenecen; en la inteligencia de quienes formen parte de ambas Comisiones de Hacienda y de Energía podrán emitir un voto por cada una de ellas. Le ruego a las secretarías técnicas su auxilio para hacer el conteo correspondiente. Adelante, señor diputado.
El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena: De Hacienda y Crédito Público, en contra y también de la Comisión de Energía, en contra.
El diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente: De la Comisión de Energía, a favor.
El diputado Germán Pacheco Díaz: De la Comisión de Energía, a favor.
El diputado Jorge Rosiñol Abreu: De la Comisión de Energía, a favor.
El diputado Alfredo Anaya Gudiño: De la Comisión de Energía, a favor.
La diputada Regina Vázquez Saut: De Hacienda, a favor.
El diputado Jorge del Ángel Acosta: De Energía, a favor.
El diputado Noé Hernández González: De Energía, a favor.
El diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos: Comisión de Energía, a favor.
El diputado Abel Octavio Salgado Peña: Comisión de Energía, a favor.
El diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez: Comisión de Energía, a favor. Perdón. Y Comisión de Hacienda, a favor.
La diputada Elsa Patricia Araujo de la Torre: Comisión de Hacienda, a favor.
El diputado Javier Orihuela García: Javier Orihuela García, de la Comisión de Energía, en contra.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Comisión de Energía, a favor.
La diputada Blanca María Villaseñor Gudiño: Comisión de Energía, a favor.
La diputada Irazema González Martínez Olivares: Comisión de Energía, a favor.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez: Comisión de Energía, a favor.
La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier: Comisión de Energía, en contra.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Comisión de Energía, en contra.
El diputado Luis Ricardo Aldana Prieto: Comisión de Energía, a favor.
El diputado Juan Bueno Torio: Comisión de Hacienda, a favor; Comisión de Energía, a favor.
El diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez: Comisión de Energía, a favor; Comisión de Hacienda, a favor.
El diputado José Isabel Trejo Reyes: De la Comisión de Hacienda, a favor
El diputado Tomás Torres Mercado: A favor.
El diputado Javier Treviño Cantú: A favor.
La diputada María Sanjuana Cerda Franco: A favor.
La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales: A favor.
El diputado Fernando de las Fuentes: A favor.
La diputada Paulina Alejandra del Moral Vela: A favor.
El diputado Salomón Juan Marcos Issa: A favor.
El diputado José Luis Márquez Martínez: A favor.
La diputada Mirna Velázquez López: A favor.
El diputado Javier Filiberto Guevara: Comisión de Hacienda, a favor.
El diputado Alberto Curi Naime: Comisión de Hacienda, a favor
El diputado Ricardo Cantú Garza: Comisión de Hacienda, en contra.
El diputado Adolfo Bonilla Gómez: Comisión de Hacienda, a favor.
El diputado Ignacio Duarte: Comisión de Hacienda, a favor.
El diputado Arturo de la Rosa Escalante: Comisión de Hacienda, a favor.
El diputado Jhonatan Jardines Fraire: Comisión de Hacienda, PRD, en contra.
El diputado Carol Antonio Altamirano: Comisión de Hacienda, PRD, en contra.
El diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Comisión de Energía, en contra.
El diputado Fernando Cuéllar Reyes: PRD, Comisión de Hacienda, en contra.
El diputado Javier Salinas Narváez: Comisión de Hacienda, en contra.
El diputado Silvano Blanco Deaquino: Aun con la idea de que el PAN y el PRI puedan rectificar en el tema de la afectación a los estados, Silvano Blanco, del PRD, en contra.
El diputado Guillermo Sánchez Torres: Comisión de Hacienda, PRD, en contra.
La diputada Karen Quiroga Anguiano: PRD Comisión de Hacienda, a favor de mayores recursos para los estados, y en contra del dictamen.
El diputado Jaime Chris López Alvarado: Comisión de Hacienda, a favor.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: ¿Falta algún diputado o alguna diputada de emitir su voto? Adelante.
El diputado David Pérez Tejada Padilla: Partido Verde, de ambas comisiones, Hacienda y Energía, a favor.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Señor presidente, sólo para los efectos del cómputo correspondiente. He observado, y además él así lo ha solicitado, el señor diputado Marco Bernal sólo preside la Comisión de Energía, pero no forma parte de la Comisión de Hacienda, entonces la Secretaría Técnica que retire el voto por lo que corresponde a la Comisión de Hacienda. Espontáneamente el señor diputado ha rectificado, y voluntariamente.
Para los efectos reglamentarios correspondientes a la asamblea informo, señores presidentes, señor presiente, por lo que corresponde de manera independiente que una de las comisiones se han registrado 22 votos en pro, 9 en contra y 0 abstenciones, votación de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En lo que toca a la Comisión de Energía 18 votos en pro y 5 en contra, 0 abstenciones. Señor presidente, mayoría absoluta en pro.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Muchas gracias, señor secretario.
El secretario diputado Tomás Torres Mercado: Adiciono, señor presidente, son 20 votos a favor por lo que toca a la Comisión de Energía y 5 en contra. Y hago, para los efectos reglamentarios correspondientes, la precisión de que en votación de comisiones conjuntas es preciso hacer la solemne declaración de mayoría absoluta de los integrantes de ambas comisiones. Muchas gracias.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes: Muchas gracias, señor secretario. Señoras diputadas y señores diputados de ambas comisiones se considera aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal, y se expide la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
El presidente diputado José Isabel Trejo Reyes (15:55 horas): Señoras diputadas y señores diputados, toda vez que en esta reunión se han agotado los temas del orden del día para el que fue convocado, se da por concluida la sesión. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos.
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