Con proyecto de decreto de prórroga en la vigencia de los contratos de arrendamiento, presentada por el diputado Adner Pérez de la Cruz, del grupo parlamentario del PPS

«Con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 103 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto de prórroga en la vigencia de los contratos de arrendamiento.

El problema de la vivienda es uno de los que más agudamente afectan a las capas populares de la población y constituye una clara expresión a la vez de la insuficiencia de recursos - característica en toda sociedad semidependiente como la nuestra - y de la injusta distribución de la renta nacional.

Dos tendencias se han enfrentado respecto a la vía para atacar el problema de la falta de acceso a vivienda digna y decorosa que enfrentan millones de compatriotas. Estas tendencias son las mismas que se enfrentan en todos los campos de la lucha social y política de México. Una trata de copiar las formas del capitalismo clásico y, como es natural que ocurra dada la posición que ocupa nuestro país en el actual contexto de la economía mundial, sólo logra resultados que son expresión de un capitalismo tardío, dependiente, subordinado y neocolonial. La otra propone formas propias de desarrollo, soluciones derivadas de nuestra realidad concreta, sin recurrir a copias extralógicas, sino a otras enraizadas en nuestro pasado histórico y orientadas a abrir nuestra perspectiva; esta última es la vía del nacionalismo revolucionario.

En el caso del problema de la vivienda, los seguidores de la vía del capitalismo clásico insiste en buscar soluciones en el marco de la economía de mercado. Proponen la realización de acciones que repercutan sobre la oferta y la demanda, que las regulen. Afirman que si se estimula la inversión en el renglón de la construcción de vivienda de arrendamiento de manera adecuada, entonces cuantiosos capitales fluirían hacia esa actividad; en pocos años de construcción viviendo en abundancia, la suficiente para resolver el problema actual e histórico de extrema insuficiencia en ese renglón y para cambiar de manera automática las condiciones del mercado y abaratar los precios de los alquileres.

La teoría y la práctica demuestran lo equivocado de esa concepción. En efecto, en la etapa actual de la economía del capitalismo mundial, cuando un puñado de gigantescos consorcios dominan los mercados mundiales, estos comercios ejercen un definido control que altera a fondo las condiciones del marcado de manera global. Así, en los años recientes, sobre todo a partir de 1981, el negocio más lucrativo para los capitalistas de todos los países económicamente dependientes y semidependientes, y aún para los de alto desarrollo, ha sido el traslado de sus recursos hacia la banca norteamericana para especular con el doble desnivel creado por la sobrevaluación del dólar y las elevadas tasas activas de interés. Este ha pasado a ser, con mucho el renglón de mayor rentabilidad descapitalizando otras actividades de la economía. La gravísima fuga de capitales que ha sufrido y sufre nuestro país, muestra que los capitalistas mexicanos no constituyen ninguna excepción.

Otro argumento incontestable en el mismo sentido lo aporta la experiencia concreta de nuestro caso en: efecto, de 1976 a 1984, el total de licencias solicitadas para construir viviendas en arrendamiento no llega a 15, menos de dos por año. Múltiples acciones de carácter fiscal y de otro tipo promovidas por quienes tratan de estimular la inversión en este campo han demostrado su ingenuidad teórica y su inoperancia práctica. La realidad es que el mercado de la vivienda de alquiler, que hace varias décadas estaba encarecido, ahora está colapsado, valga el termino de moda, y sin la más remota posibilidad de restauración.

Para los inquilinos, entre tanto, el problema se ha vuelto gravísimo. La suma de la tendencia inflacionaria con la nula competitividad de este tipo de inversión frente a otros, mucho más rentables, aunados ambos factores a la agudización del desnivel entre crecimiento demográfico y la parálisis total de la construcción de vivienda de alquiler, vino a desembocar en una desmesurada carrera alcista en los precios. La inexistencia de una ley que proteja los derechos de los inquilinos los ha dejado en una situación de absoluta indefensión frente a los abusos de la contraparte. Las cifras son elocuentes: 3.3 millones de habitantes de la ciudad de México carecen de vivienda propia o alquilada; una de cada seis familias vive en condiciones de hacinamiento con todas las secuelas de insalubridad, de inexistencia de las condiciones mínimas de dignidad y decoro.

Esta situación, que no lograron aliviar las superficiales reformas al Código Civil y a otras leyes que en materia inquilinaria se llevaron a cabo por la LII Legislatura del Congreso de la Unión, continuó agravándose. Cifras del mes de agosto pasado demuestran que en muchos casos, de los ingresos familiares llegó a destinarse hasta dos terceras partes del pago de alquileres por la vivienda.

El terremoto del 19 de septiembre vino a gravitar sobre esta situación. A los 3.3 millones de capitalinos que de tiempo atrás carecían de vivienda se sumaron varias decenas de miles que la perdieron de manera trágica y muchos otros más que están seriamente amenazados, ya sea por los daños físicos que sufrieron en sus moradas o por la voracidad de los arrendadores que recurren a falsos peritajes, al soborno de funcionarios y a otras maniobras, y que aprovechan la tragedia como un nuevo punto de apoyo para lucrar.

Para el Partido Popular Socialista está claro que la congelación de los precios de los alquileres no pueden ser una solución definitiva ni de largo plazo; que se requiere una ley que, en el campo del derecho público, regule las relaciones en materia de arrendamiento de inmuebles, en la que se estipule la obligación por parte del Estado de tutelar los derechos de los inquilinos; que se requiere, además, una forma urbana integral orientada por el espíritu que guió a la Reforma Agraria: que establezca límites a la propiedad privada del suelo en las ciudades; que defina las funciones y responsabilidades del Estado como único fraccionador del suelo urbano y como el único constructor de vivienda en renta - a precios bajos - para uso de las clases y sectores sociales populares; que impida al Estado otorgar en contrato a constructoras particulares la tarea de la edificación que éste deba realizar, entre otras medidas de fondo, orientadas a avanzar hacia la consecuencia de lo que postula el artículo 4o. de la Constitución.

Sin embargo, el Partido Popular Socialista estima que después de la tragedia del 19 de septiembre sería imperdonable dejar a los inquilinos - damnificados o no - sin más protección que la muy superficial - casi nula - que otorgan las leyes en vigor, y que, como medida de emergencia, en tanto se legisla para atacar el fondo del problema, urge frenar las maniobras especulativas que de manera ilegítima realizan los casatenientes.

Por las razones expuestas, los suscritos, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, ponemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Artículo 1o. A partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y por un período de seis meses, contratados a partir de esa fecha se prorroga la vigencia de los contratos de arrendamientos que se refieran a vivienda.

Artículo 2o. El período de seis meses se renovará de manera automática las ocasiones que sea necesario si al momento de su vencimiento no existe legislación inquilinaria de tipo nuevo que proteja de manera adecuada los intereses de los inquilinos.

Artículo 3o. En este período no podrán darse por terminados los contratos de arrendamiento, ni podrán incrementarse o reducirse el monto de la renta acordado por las partes.

Artículo 4o. Se declaran subsistentes las causales de rescisión de los contratos de arrendamiento solamente en los siguientes casos: porque el inquilino haya cambiado el destino o el uso del inmueble sin el consentimiento del propietario.

Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 8 de octubre de 1985.

La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputados: Indalecio Sáyago Herrera, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Héctor Morquecho Rivera, Adner Pérez de la Cruz, Hildebrando Gaytán Márquez, Vicente Calvo Vázquez, Manuel Fernández Flores, Francisco Hernández Juárez, Víctor Manuel Jiménez Osuna, Gabriela Guerrero Oliveros, Martín Tavira Urióstegui.»