Que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Graco Ramírez Garrido Abreu, del grupo parlamentario del PST
«Se discute - y en su caso se aprobará - con las modificaciones a que haya lugar, en el actual período extraordinario de sesiones de la H. Cámara de Diputados de la LIII Legislatura, una iniciativa de Ley Federal sobre Entidades Paraestatales, enviada por el C. Presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, en uso de sus facultades legales, con el propósito fundamental de robustecer la estructura jurídica y el marco normativo a que se deben ajustar en el futuro las empresas públicas en México.
En dicha iniciativa, se guarda congruencia con la rectoría económica que otorgan al Estado las reformas a los artículos 26 y 28 de la Constitución, al regular de manera específica la intervención de éste, dentro de la economía mixta, y estableciendo de manera clara el manejo de las áreas estratégicas que la Carta Fundamental reserve al Gobierno Federal y de las áreas prioritarias en las que el Estado puede concurrir con el capital privado o social.
En la fracción parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores, reconocemos la necesidad de sujetar a normas jurídicas cada vez más precisas, el desarrollo del sector estatal de la economía, pues con frecuencia se han producido, en el pasado reciente, deformaciones o insuficiencias que no sería correcto mantener por un tiempo más o menos prolongado.
Por lo que al participar en la discusión de esa iniciativa de ley, nuestra fracción parlamentaria la consideró un avance apreciable en relación con la legislación hasta hoy vigente. Y en comisiones, hicimos proposiciones concretas para mejorar, según nuestro criterio, el contenido de la misma.
Sin embargo; no creemos que la sola aprobación de esta iniciativa de ley, agote las necesidades existentes, ni que supere las insuficiencias y dificultades actuales del sector estatal de la economía: aunque se garantiza el carácter avanzado y dinámico del Estado como rector de la economía.
Teniendo esto a la vista, habíamos propuesto en diciembre 5 del año pasado durante el período ordinario de sesiones de la H. Cámara de Diputados, una iniciativa de decreto para modificar el artículo 28 constitucional, incluyendo a la industria siderúrgica, dentro del listado de áreas estratégicas definidas en este artículo como exclusivas del Estado.
En esa iniciativa, insistíamos en la urgencia de integrar la industria siderúrgica nacional en una sola empresa estatal, bajo una sola dirección y con claros objetivos patrióticos y nacionalistas; pues sin tales medidas no se podría proceder a su modernización integral, de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo fijados al respecto.
Queremos ahora insistir en nuestra proposición, que hasta la fecha no ha sido dictaminada, por las comisiones correspondientes de la H. Cámara de Diputados Sin embargo, ante la nueva situación, creada por la segura aprobación de la Ley Federal sobre Entidades Paraestatales, hemos decidido ampliar nuestra iniciativa del pasado mes de diciembre, para agregar a la industria alimentaria y a la químico - farmacéutica, como nuevas áreas estratégicas que deben ser incluidas en el listado del artículo 28 constitucional.
Esta ampliación a nuestra iniciativa, queremos fundamentarla en las siguientes consideraciones:
Industria Alimentaria: con toda justicia, en el Programa Nacional Alimentario, que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo, se propone como objetivo general el procurar la soberanía alimentaria y alcanzar condiciones de alimentación y nutrición que permitan el pleno desarrollo de las capacidades y potencialidades de cada mexicano. La industria alimentaria ha alcanzado un alto dinamismo en las últimas décadas, pero su evolución ha generado una gran concentración en grandes empresas que representando el 1% por su número, elaboran el 65% de la producción global, desplazando a las pequeñas plantas, subordinando a los productores primarios y alternando la composición de la demanda. Dentro de estas grandes empresas, las trasnacionales obtienen más del 50.5% del total de las ventas (dato de 1983), las que a su vez se concentran en la Compañía Nestlé, y Anderson Clayton and Co.
No es Casual, por tanto, que desde hace tiempo en el programa de acción del Partido Revolucionario Institucional, se diga en su punto número 48 que dicho partido: "trabajará por la nacionalización de la industria alimentaria en el país, por considerarla factor vital a la nutrición y a la salud del pueblo".
Otros partidos, tales como el nuestro, también contemplan en sus programas de acción demandas semejantes. Lo mismo ocurre con organizaciones de trabajadores tan representativas como el Congreso del Trabajo y la Confederación de Trabajadores de México, que también demandan incorporar al sector estatal y a eliminar la participación del capital extranjero, en industrias como la alimentaria.
Industria químico - farmacéutica: la expansión de esta industria estuvo en manos de inversionistas nacionales, con escasas diferencias respecto a los extranjeros, hasta los años treinta. Después, se inició un proceso de cambios tecnológicos que repercutió intensamente en la actividad de las empresas nacionales, las cuales se vieron forzadas a recomponer sus líneas de productos.
Paralelamente, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se produjo una intensificación en la entrada de las empresas farmacéuticas extranjeras, fenómeno que respondió especialmente, a la expansión de firmas norteamericanas, basadas en gran parte en la producción de antibióticos.
En nuestro país, de los 30 laboratorios que ocupaban los primeros lugares en ventas en 1983, todos ellos eran de capital extranjero y contaban casi con el 70% del mercado farmacéutico nacional, lo cual habla del desplazamiento de los inversionistas nacionales y del enorme peso que esta situación, ha significado tanto en la inversión básica como aplicada, así como en el control del mercado.
Un estudio oficial de la industria señaló como sus principales problemas estructurales los siguientes: su carácter trasnacional, alto grado de atomización de la industria nacional, escasa integración vertical de la rama, dependencia tecnológica del exterior, poca y desvinculada investigación y preponderancia de nombres comerciales en productos de similar acción terapéutica.
Por ello, aquí encontramos también planteamientos muy definidos de parte de varios partidos políticos nacionales. Por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional en el punto 43 de programa de acción plantea: "El Partido está consciente de la necesidad de que el país cuente con una industria químico - farmacéutica al servicio del pueblo. En consecuencia se declara a favor de su nacionalización".
"Este paso correlativo al derecho a la salud que los mexicanos tenemos, permitirá poner al alcance de las grandes mayorías los medicamentos esenciales para su bienestar físico y mental".
Planteamientos parecidos son hechos también por organizaciones sindicales como el Congreso del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de México etcétera.
Por todo lo anteriormente expresado, y con fundamento en el artículo 71 constitucional, fracción II, el grupo parlamentario del Partido Socialista de los Trabajadores propone a esta soberanía, el siguiente
Proyecto de Decreto
Unico. Se modifica el artículo 28 constitucional, párrafo cuarto, para quedar como sigue:
"No constituirán monopolios las funciones que el Estado, ejerza de manera exclusiva, en las áreas estratégicas a las que se refiere este precepto; acuñación de moneda; correos; telégrafos; radiotelegrafía y la comunicación vía satélite; emisión de billetes por medio de un solo banco organismo descentralizado del Gobierno Federal; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad, de ferrocarriles; industria siderúrgica; industria alimentaria; industria químico - farmacéutica; y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión"
Fraternalmente.
"Por un Gobierno de los Trabajadores"
Graco Ramírez Carrido Abreu Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Socialista de los Trabajadores.»
Turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.