Que reforma y deroga disposiciones del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el diputado Amado Olvera Castillo, del grupo parlamentario del PAN

«Señor presidente, señoras y señores diputados: de acuerdo con el artículo 71 fracción 11 de la Constitución General, a nombre de mi partido, vengo a proponer una adición y una reforma al artículo 2o. A, fracción I, inciso b), numeral siete de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como derogación de la fracción II del artículo 2o. b), en base a la siguiente.

En el pasado reciente algunos países con altos índices de inflación optaron por la reducción de su gasto público y en forma importante por la desgravación de impuestos, entre otras alternativas para reordenar sus economías, objetivos que muchos de ellos han logrado.

Pero yo vengo a proponer esta adición y reforma a la Ley de Impuesto al Valor Agregado, no sólo por razones de reordenación económica; sino por elemental obligación que como miembro de esta legislatura tengo al igual que ustedes, de defender los intereses de los mexicanos, no sólo a la clase trabajadora, sino a los subempleados y a los desocupados o desempleados y de todos los mexicanos a quienes afecta este injusto impuesto indirecto al consumidor a partir del gobierno de Luis Echeverría, continuando después con el gobierno López portillista, se adoptaron teorías Keynesianas que consisten básicamente en lograr altos crecimientos de Producto Interno Bruto a través del gasto público.

Esa fue una de las razones por las que entre 1970-1976 se crearan mas fideicomisos y paraestatales, que en cualquier época de la historia económica de nuestro país, sin embargo los crecimientos menos firmes y más ilusorios son los que se han dado entre 1970-1976, 1976-1982 ya que estuvieron fundamentados en altas tasas inflacionarias, pues las características de la etapa 1977-1980 fue que los precios al consumidor se elevaron en 119%. El gasto público real, creció en un promedio de 46.2% entre 1978 y 1980, contrastando con el período de 1962-1964 cuando el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 8% y el promedio anual de incremento en los precios fue de 2.1%.

El crecimiento del gasto público y el aumento de circulante. (Este último que en el período de 1976-1982 creció cuatro veces), no es el camino del auge económico, porque es ficticio.

Fue entre 1970 y 1982 cuando el gobierno recurrió más al endeudamiento y a la fecha, todavía no se ha dado solución al problema y es muy seguro, que la situación económica se agrave a causa de la deuda. No podemos crecer y pagar, a menos que los acreedores acepten que los pagos queden condicionados a la fluctuación del petróleo, tasas bajas de interés y plazos mas largos.

Con política de altos crecimientos a través del gasto público, lo único que se logró, fue aumentar los millones de mexicanos marginados porque el aumento de la demanda y el consumo que provocaron dicho crecimiento, solamente favoreció al sector público y a pequeños grupos del sector privado ligados al auge del sector público, a costa de disminuir la demanda del consumo de la clase media y humilde, porque ya los economistas opinaban, que de no frenarse el aumento de la demanda y la dinámica del crecimiento del sector público, era casi seguro que al terminar el sexenio de López Portillo, los desequilibrios económicos y la inflación iban a ser mayores.

Esto desafortunadamente sucedió, pero en mayores proporciones porque la política errática de ese gobierno, creó un clima de desconfianza al grado de provocar una tremenda y millonaria fuga de dólares, que descapitalizó al país, dejando casi sin reserva de divisas al Banco de México, obligando a los financieros de Hacienda y Programación y Presupuesto a solicitar más crédito extra para restituir la reserva, lo que dio en llamarle créditos forzados (para los acreedores, por supuesto).

Debemos de reconocer que a partir del 1984 se han tomado alguna medidas favorables, como depuque aún falta mucho por hacer, para evitar el derroche de los dineros, hace falta una depuración a fondo de las nóminas en las paraestatales, secretarías, direcciones y departamentos, para acabar con los miles de los llamados aviadores que ahí cobran sin prestar ningún servicio. Hace falta que haya austeridad en los gastos de representación de los funcionarios públicos.

En el sexenio de López Portillo se implantó lo que dio en llamarse la Reforma Administrativa; se fusionaron algunas secretarías y se crearon otras nuevas. El objetivo teórico era reducir el papeleo, acabar con la duplicidad de funciones, una mayor racionalidad en el presupuesto del sector público, pero fracasaron también.

En aquel entonces para alcanzar una mejor programación del gasto público, se creó una nueva secretaría, la de Programación y Presupuesto, cuya función era lograr la elaboración científica de presupuestos y programas de ahorros y agilidad en los gasto públicos, sin embargo, el sistema de presupuestos y programa que funciona con eficiencia en otros países, a diez años de creada la Secretaría de Programación Presupuesto en México, ha fracasado y solo ha logrado aumentar el papeleo, y burocratizar más el gasto público y también ha servido, para crear pugnas entre secretarios en las que sólo el pueblo ha salido perración del sector paraestatal; pero consideramos diendo y es que hay incongruencia entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Programación y Presupuesto.

En realidad la única que ha cambiado es la presentación de los presupuesto por cada una de las dependencias, pero en el fondo las decisiones presupuestales están basadas en factores políticos y no en verdaderas necesidades económicas; muchas dependencias, organismos y empresas del sector público, cuentan con enormes presupuestos sin ninguna justificación, su único problema al final de cada ejercicio, por consigna, es agotar el presupuesto e inventar nuevos gastos para lograr aumentos al siguiente año.

En realidad la Secretaría de Programación y Presupuesto es la causante de que continuamente se modifiquen las leyes hacendarias para lograr mayor tributación, pues gasta indiscriminadamente sin tomar en cuenta si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene los recursos, ¡Qué diferencia cuando Hacienda ejercía las dos funciones!

Connotados economistas han opinado, que no se puede planear sin estabilidad de precios y como en nuestro país el principal problema es la inflación, el Gobierno debe ponerse a combatir primero la inflación, lo que implica necesariamente la planificación racional y equilibrada de sus finanzas, esto es que haya austeridad en el gasto, que se acabe con el derroche y para que no sigan incurriendo en déficit que después hay que compensar aplicando nuevas cargas tributarias, lo cual quieran o no, es inflacionario y además terminar de vender el sector paraestatal, que con las cantidades multimillonarias que recibe ha hecho deficitario al gobierno y la mayoría no tienen sentido de existir, la mayoría son ineficientes y operan con números rojos.

En materia tributaria debe de llevarse a cabo una verdadera reestructuración, tomando como principio la ampliación de la base, es injusto que se siga dando nuevas cargas fiscales a los contribuyentes cautivos en vez de aumentar el número de contribuyentes, todavía hay cientos de miles de ciudadanos que no pagan impuestos.

Las autoridades hacendarias, no deben olvidar que llegará el momento, (como lo señala Arthur Laffer en su famosa curva de Laffer), en que los aumentos de impuestos ya no se traduzcan en una mayor recaudación, pues una de las formas de terminar con la actividad económica en cualquier país, es la aplicación de altos impuestos, que por otra parte ya dije, que son altamente inflacionarios.

Un ejemplo clásico de como pueden incidir los impuestos en la inflación, es el Impuesto al Valor Agregado, este impuesto indirectos, que es impuesto al consumo y que lo pagan todos los mexicanos, es injusto e impopular, porque afecta a los principales grupos marginados que se localizan en el sector rural y que son campesinos, jornaleros agrícolas y en general, los trabajadores asalariados del campo, así como a los habitantes urbanos que viven en las ciudades perdidas o en los cinturones de miseria, establecidos alrededor de los núcleos importantes de población, afecta también a los subempleados y desempleados lo cual hace al Impuesto al Valor Agregado, mas injusto todavía.

Resulta demagógico que se diga al pueblo, al común de los ciudadanos, que no pasa nada, que todo está muy bien y que el país ha crecido y que seguirá creciendo a un ritmo del 3% ó 4% entre 1986 y 1987.

Para el común de los mexicanos, lo único que cuenta es que cada día adquiere menos con su salario, como resultado de que en los últimos cinco años el incremento de precios fue de 350% en contra de un incremento salarial del 205% teniendo que cargar la clase trabajadora con un diferencial acumulado del 145%

Hace falta proteger el salario del trabajador eliminando en intermediarismo comercial, cuando no sea necesario, para disminuir costos; falta también que se agreguen más productos a la canasta básica y que estos queden exentos de impuestos.

Que los salarios no se sigan rezagando en relación con los precios, para lo cual urge que el Gobierno dé apoyo a la planta productiva, para que estos no caigan en recesión y que posteriormente no solo no pueda pagar incremento de salarios, sino que además tenga necesidad de reajustar personal creando mayor desempleo.

La Canacintra, acaba de comunicar que en los últimos dos años, se han despedido a 50 mil trabajadores por el cierre de 400 empresas, y dicen los representantes de dicha agrupación, que peligra la subsistencia de la planta productiva por falta de capital, de trabajo y la carga financiera que hace muy difícil su posición.

El Gobierno no ha dado el suficiente apoyo a la planta productiva, porque usa todos los recursos económicos incluso los de la banca, en el financiamiento de su gasto público, por lo que el problema del desempleo desembocará en el despido de trabajadores.

Nosotros sostenemos la tesis de que el apoyo a la planta productiva, contención de la escalada de precios y una desgración fiscal, son buenas alternativas para impedir la recesión en la planta productiva, que por consecuencia ayudaría a combatir el desempleo y una mayor inflación.

Estamos de acuerdo en que cuando el presidente De la Madrid dice que el pueblo ha sufrido y soportado con heroísmo la crisis económica, dice una gran verdad, nosotros agregaríamos que el pueblo de México, ha sido muy solidario con su gobierno y que ya no puede pedírsele mayor sacrificio.

Bueno sería que el Gobierno, en un acto de reciprocidad al pueblo y también en un acto solidario y en respuesta al sacrificio de la sociedad civil, sea quien se apriete el cinturón y ponga el ejemplo de austeridad, reduciendo su gasto público y en esto no queremos decir que se despidan trabajadores productivos, sino acabar de una vez por todas con los vicios de dualidad, de funciones y y otros a que me referí al principio de esta intervención y que proceda a una desgravación de impuestos de alimentos y medicinas y contener la escalada de precios que deterioran el irrisorio salario mínimo.

Es cierto que estas medidas pueden significar menores ingresos para el Gobierno ya que por concepto de Impuesto al Valor Agregado se recaudaron dos y medio billones de pesos durante 1986; pero si el pueblo ha sufrido, con heroísmo la crisis, al Gobierno le toca ser solidario, ¿O es que acaso no merece el pueblo trabajador, un pequeño sacrificio económico de su gobierno?

Numeral 7. Café, sal común, azúcar, mascabado, y piloncillo y todo tipo de alimentos, (incluidos los elaborados), salvo los contemplados en el artículo 2o. C, fracción I, inciso A.

Adicionando además al artículos 2o. A, fracción I, en inciso F, en los siguientes términos.

Inciso F. Medicinas de Patente.

Artículo 2o. Se deroga la fracción II, del artículo 2o. B.

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados a 23 de septiembre de 1986.- Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional: diputado Amado Olvera Castillo.»