Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Manuel Fernández Flores, del grupo parlamentario del PPS

«Los que suscriben, diputados del Partido Popular Socialista, miembros de esta LIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del Artículo 71 de la Constitución General de la República y del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa que modifica y adiciona la fracción VI del apartado A de la fracción IV del apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República, para establecer la escala móvil de los salarios.

Fundamos esta iniciativa en las siguientes

Nuestro partido , al igual que numerosas organizaciones sindicales de nuestro país, ha venido advirtiendo con profunda inquietud como de manera acelerada y constante se deteriora el poder adquisitivo de los salarios de todos los que, en una u otra forma, intervienen en el proceso de la producción. Instados por la burguesía voraz a moderar sus demandas salariales y prestaciones sociales, los trabajadores, al igual que la población en general, están siendo víctimas de una incontrolada y desenfrenada alza de los precios, no sólo de los artículos fundamentales para su subsistencia, sino de todos aquellos que se han vuelto imperativos por las condiciones de trabajo y las condiciones generales de vida.

Esta agresiva campaña de elevación de los precios -criminales en un período inflación, de recesión, de estancamiento de la producción y de desorden monetario- y la constante fuga de los recursos hacia el exterior del país, y frente al derroche y despilfarro de los recursos por diversas vías, además de la cada vez más exagerada acumulación de las ganancias, del engaño al consumidor, de una política de austeridad, dirigida contra los trabajadores las masas populares, tiene como resultado el deterioro del salario, la pérdida de su poder adquisitivo y la reducción masiva del consumo, con lo que, al tratar de superar la coyuntura económica, se descargan sobre los asalariados y las masas populares las consecuencias de una política económica aberrante, como si ellos fueran los responsables de la crisis que sacude los cimientos del sistema capitalista.

Los hechos que constituyen esta realidad social son tan evidentes que no pueden ya disimularse con subterfugios los fuertes impactos que ellos producen en la economía familiar. Afectan por igual no sólo a los que viven exclusivamente de un ingreso fijo, incluyendo a determinadas categorías de trabajadores como los empleados de confianza y también a los pequeños campesinos productores de artículos básicos sujetos a un precio de "garantía", a los jubilados y pensionados. El resultado más dramático de esta situación se refleja en el hecho de que el 70% de la población, no alcanza siquiera a disfrutar de la dieta mínima para su desarrollo físico y mental. En el año que está por concluir, se anuncia que el incremento de los precios llegará a mas del 100%, en tanto que el aumento salarial ha sido muy inferior y cuya capacidad para satisfacer las nuevas necesidades sociales derivadas de los cambios económicos producidos, arroja una pérdida notable en contra de los asalariados.

Especulación desenfrenada con necesidades apremiantes.

El abatimiento del poder adquisitivo de los salarios se agudiza con la intervención de otros factores, igualmente graves para la economía individual y el desarrollo progresivo del país. Entre esos otros factores esta la extrema especulación que se hace en forma oprobiosa, con el negocio de arrendamiento en virtud del alza brutal de los alquileres, a la que no escapan la modesta vivienda, los cuartuchos redondos y las barracas carentes de todos los servicios y de las mínimas condiciones de comodidad e higiene. La vivienda, que junto con la alimentación es una necesidad vital -una parte de la subsistencia-, queda de esta manera forma sujeta a la más desenfrenada especulación. Lo mismo ocurre con los terrenos urbanos, que alcanzan precios prohibitivos; sus mejores áreas, por esta razón, se han convertido en fraccionamientos lujosos, exclusivos de las restringidas capas privilegiadas, terrenos urbanos a cuyo aumento de valor contribuye la extensión de todos los servicios públicos. Los elevados precios de los materiales para la construcción no sólo carecen y dificultan las obras públicas de carácter social, sino que hacen prácticamente imposible su empleo por los sectores propietarios de modestos recursos. Los crecientes intereses de los préstamos en garantía inmobiliaria o hipotecaria hacen que su hipoteca funcione muchas veces como medio de despojo, ante la imposibilidad de pagar, las actuales circunstancias, el crédito y sus intereses.

Negar que todos estos factores absorben ya una parte muy considerable del ingreso de los trabajadores, sería pretender desconocer que esta situación real orilla a restringir otros gastos igualmente importantes para la subsistencia, entre ellos el volumen y la calidad tan precarios de los alimentos; a buscar la solución en el hacinamiento de varias familias que contribuyan al pago de los altos alquileres, o refugiarse en las zonas insalubres o en las concentraciones urbanas indebidamente llamadas "colonias proletarias", como si los trabajadores no tuvieron derecho a una vivienda decorosa, digna de su calidad humana y de su carácter de productores de todas las riquezas. La mínima aportación de los patrones al Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores, deducible por otra parte, y que finalmente recae sobre el pueblo, impide resolver el problema de la vivienda. La falta de una secretaría de Estado que asuma las tareas de planeación, programación y construcción de vivienda para los trabajadores de manera masiva, ha agravado este problema.

Educación, cultura y salud plena, fuera del alcance de los trabajadores.

La inflación, la especulación, la política de austeridad y el descenso del poder adquisitivo de los salarios, tienen muy graves repercusiones, que se traducen en detrimento de la salud y de la educación del pueblo. El alza exorbitada de los precios de las medicinas y de los productos químicos farmacéuticos, impuesta por la fuerza mediante la rebelión de las empresas multinacionales de esas ramas que operan en nuestro país, y como consecuencia, la reducción de los cuadros básicos de los medicamentos tiende a restringir, o más bien restringe ya, la eficacia de los servicios médicos y la pronta recuperación de la salud. Para la población no asegurada, que constituye todavía una parte muy importante del total, no hay posibilidad de acceso a las atenciones médicas y hospitalarias, al igual que le está vedado o muy restringido el uso de los medicamentos. Debido al incremento de la población cada vez más numeroso, aumenta el porcentaje de los accidentes de trabajo, se multiplican las enfermedades nerviosas, mentales y cardiacas, y se acentúa el desgaste físico prematuro de los trabajadores.

El aumento a los precios de los libros escolares de la segunda enseñanza y de la enseñanza superior, de los artículos escolares y de los libros de cultura general, no tiene límite alguno. Las ocasionales publicaciones que hace el Instituto Nacional del Consumidor en la prensa nacional no dejan la menor duda respecto a la anarquía en los precios y la voracidad capitalista. En las condiciones de vida impuestas hoy por el progreso de técnica y el desarrollo de la sociedad, la actividad intelectual representa para el trabajador un esfuerzo cada vez más difícil de realizar, no tan sólo por el agotamiento provocado por la intensidad del trabajo, sino por la abusiva elevación de los libros de consulta.

Por todo ello, una gran masa de trabajadores está condenada a permanecer al margen de las luces de la cultura.

No es exagerado decir que para millones de mexicanos jamás han figurado en su presupuesto familiar por los bajos salarios y el constante descenso del poder adquisitivo de estos gastos como los correspondientes a la lectura y las distracciones educativas o recreativas. La asistencia a los espectáculos deportivos, al teatro, y a otras diversiones honestas, igualmente populares, esta excluida de sus posibilidades económicas.

En el deterioro de poder adquisitivo inciden también de forma no menos perjudicial, los aumentos correspondientes a los gastos del gas, de la electricidad, del agua, de los impuestos prediales, de los seguros por préstamos hipotecarios y los relativos a los artículos llamados de línea blanca y de manejo de casa. No menos impacto tienen los aumentos de precios de bebidas refrescantes y gaseosas, inclusive de aquellas de elaboración doméstica que tradicionalmente han constituido para nuestro pueblo un complemento de su raquítica alimentación. Mientras que muchas empresas gozan de exenciones y transigencias fiscales de diversos tipos, los trabajadores como causantes cautivos ven mermados notablemente sus salarios por los crecientes impuestos al producto del trabajo, que junto con los impuestos indirectos exacerban muchos más la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, de las pensiones y jubilaciones. No es raro que en las negociaciones sobre contratos colectivos los patrones se resistan a incluir en el presupuesto familiar, considerándolos como gasto "suntuarios", los transportes el automóvil, etcétera, imprescindible en la vida moderna. El nivel de vida tradicional conduce a sacrificar algunas necesidades físicas -alimentarias, por ejemplo - , en provecho de ciertas exigencias sociales, por otra parte difícilmente evitables: empleadas de comercio o de oficinas que se "alimentan" al mediodía con una torta y un refresco, o no hacen más que una comida al día, para poder vestir como los empresarios o su profesión los exigen, ya que de otra forma perderían su empleo.

En algunos casos, el salario menos bajo permite luchar contra el incremento de los gastos requeridos para la compra de ropa y calzado del trabajador y de su familia, cuyos precios se han multiplicado en los últimos meses, haciéndolos que duren el mayor tiempo posible mediante el zurcido y el remedio de esos indispensables artículos, y con el mantenimiento minucioso o el incremento de los gastos de tintorería y de lavado de ropa, que tampoco han conservado un nivel tolerable. En los casos de salario inferior, la compra de esos efectos se limita a los de más baja calidad, para preservarlos del desgaste rápido y sin remedio. En ambos casos se da esta realidad para cubrir el mínimo de los gastos no alimentarios exigidos por la vida cotidiana, se hace necesario reducir la calidad de los alimentos, y no sólo de su cantidad.

Los dueños del dinero revierten su responsabilidad.

Porque no ha habido hasta hoy ninguna fórmula para resolver esta dramática situación creada por la degradación de las condiciones de vida, y la pérdida constante del poder adquisitivo de los salarios, la familia trabajadora que cuenta con ciertas posibilidades de empleo y de ingreso tiene que absorber, mediante su solidaridad, cargas que siendo de la exclusiva responsabilidad de los dueños del dinero, la revierten éstos sobre la sociedad, entre ellas el desempleo. En el seno de cada familia - en las condiciones actuales de crisis, de inflación, de especulación y de afán de ganancias desmedidas- no existe un lugar en el que no haya, cuando menos, uno o dos desempleados, y uno o dos inactivos, sin contar a quienes cursan estudios por el alto índice de población joven que caracteriza a nuestro país.

Pero esta forma de obligada solidaridad a llegado también a su punto crítico, en la medida en que el empobrecimiento relativo y absoluto ha cancelado, o ha dificultado las posibilidades de renovación de la fuerza de trabajo en las condiciones exigidas por la salud y el bienestar de la familia obrera.

Añadamos a todo esto que algunas prestaciones sociales de alto contenido humano, establecidas en la constitución de nuestro país e incorporadas en la legislación laboral y en los contratos colectivos de trabajo, como por ejemplo las vacaciones instituidas para posibilitar la recuperación de la energía gastada en el trabajo y proteger la salud de los trabajadores, han llegado a ser ya para muchos trabajadores inoperantes, no sólo porque el dinero recibido por el trabajador por ese concepto es destinado a pagar deudas e intereses apremiantes, sino porque los altos precios que imperan en los centros de recreación, en los restaurantes y en los transportes, hacen prohibitivo su disfrute. Una reciente encuesta realizada por un canal metropolitano de la televisión sobre el destino que los interesados darían a los dineros provenientes de los aguinaldos, puso en relieve que el monto de esta prestación estaba ya, con mucha antelación, destinado a cubrir los múltiples gastos derivados, asimismo del alza del costo de la vida.

Hoy es más evidente que nunca la diferencia entre miseria y opulencia.

Estos son los hechos de la realidad social y de sus tendencias en el momento actual que vive nuestro país. Con el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, debida fundamentalmente a la elevación exagerada de los precios, a la agudizada explotación de los trabajadores y de las masas populares, a la inflación y a la especulación, y a la desmedida rapacidad y a la afán de lucro excesivo, se ha acentuado aún más el drama nacional que desde hace tiempo vive nuestro pueblo; hoy es más evidente que nunca la diferenciación y la división de la sociedad mexicana en sus dos polos: por un lado, la miseria, con su correlativa relación, el hambre, y, por el otro la opulencia creciente de un pequeño grupo de multimillonarios. Lo que indigna es que al lado de tan pocos multimillonarios, haya millones de desposeídos, burlados en sus intereses, carentes de los más indispensables medios para subsistir, porque la existencia de los primeros implica, como relación de causa a efecto, la existencia de los segundos.

Es hora de decir que en nuestro medio no puede haber solución que permita satisfacer, a la vez, los intereses de los grandes monopolios adueñados de sectores vitales de nuestra economía, como el de la alimentación y el de los medicamentos, y los de los sectores que penosamente pueden apenas subsistir.

En estas circunstancias sin la menor exageración que la persistencia de esta situación esbozada no permita ya la plena renovación física de la fuerza de trabajo de la gran mayoría de los trabajadores mexicanos. En este contexto histórico en el que hay que situar la institucionalización de la escala móvil de los salarios. Es indispensable cuando menos, si no liquidar, en todo caso y contra todos los intereses con tener y limitar las agresiones del poder adquisitivo de los salarios para, mediante la adopción de las medidas necesarias, impedir que por los canales del alza de los precios y la degradación de las condiciones de vida de los trabajadores, los capitalinos recuperen lo que los asalariados hubieren conseguido por medio de los aumentos de las renumeraciones.

El mecanismo mediante el cual se propone proteger y mantener el nivel del poder adquisitivo de los salarios, es y debe ser independiente de la lucha económica, de la lucha reivincadora que los trabajadores llevan a cabo, la cual tiene por objeto obtener mejores condiciones de venta de la fuerza de trabajo; esta lucha está en relación con las oscilaciones de los salarios en función de las diversas fases de la acumulación capitalista, de la intensificación del trabajo, del incremento de la productividad, de la aplicación en la producción de las conquistas de la ciencia y de la técnica, y de las condiciones mismas del trabajo.

En ese sentido es como el valor de la fuerza de trabajo llega a ser una magnitud variable, de la cual dependen las necesidades históricamente definidas de la clase obrera, y se expresan el salario nominal, es decir, en la suma por lo cual el trabajador vende su fuerza de trabajo.

La escala móvil de los salarios legítima aspiración de los trabajadores.

La iniciativa de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, presenta a la consideración de esta honorable asamblea, no es original, no constituye una novedad, ni es tampoco una medida extraña a la salvaguarda de los intereses nacionales. Popularizada desde hace muchos años en el mundo del trabajo con el nombre de "Escala Móvil de los Salarios", se haya actualmente en funcionamiento en numerosos países donde los salarios son menos bajos que en el nuestro. No sólo es una legítima aspiración de los trabajadores, sino una necesidad impostergable para detener la degradación del nivel de vida de los asalariados.

En nuestro país, de acuerdo con las referencias escritas que se conocen, comenzó a plantearse esta reivindicación desde 1934, en el Congreso Extraordinario de la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM). Su planteamiento, independientemente de las condiciones concretas de entonces, significaba ya la preocupación por dotar a los trabajadores de un instrumento que impidiera a los capitalistas seguir arrebatando a los trabajadores, mediante los aumentos de los precios, lo que con duros sacrificios y acosta de prolongadas y difíciles luchas lograron arrancar a sus explotadores.

Más tarde en los congresos nacionales de derecho del trabajo, convocados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en los años de 1949 y 1952, representantes de diversas organizaciones sindicales de nuestro país reiteraron iguales planteamientos. Alarmados por los incesantes aumentos de los precios que los despojan de una cantidad mayor de mercancías y de recursos propios para subsistir decorosamente, se puede decir que en ningún momento de la acción en defensa de los trabajadores ha dejado de plantearse la escala móvil de los salarios, con este o con cualquier otro nombre, como instrumento para detener los abusos contra el nivel de vida de los trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, somete a consideración de esta asamblea la siguiente

Sala de Sesiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Manuel Fernández Flores.»